Con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1987, presentada por el Ejecutivo federal

«Escudo Nacional de los Estado Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.

CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presente.

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Políticas de los Estado Unidos Mexicanos, me permito enviar a ustedes proyecto de presupuesto e iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1987.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 14 de noviembre de 1986.- El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz..»

«CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presente.

De conformidad por lo dispuesto en el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo a mi cargo, por su digno conducto, somete a la consideración de esa H. representación nacional la iniciativa de decreto y el proyecto de Presupuesto de la Federación para 1987 para su examen y, en su caso, aprobación.

Cumplo así con la obligación constitucional de informar al pueblo de México, a través de esa honorable Cámara de Diputados, sobre el proyecto de presupuesto que, de merecer su aprobación, ejercerá la Federación en 1987. Este proyecto, sus prioridades, metas y asignaciones derivan del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y de los programas sectoriales de mediano plazo, y se inscriben en el marco del Programa de Aliento y Crecimiento así como de los lineamientos expuestos en el documento de "Criterios Generales de Política Económica para 1987", que se envía por separado a esa H. representación nacional.

Desde el inicio de la presente administración, se fijaron, a partir de un diagnóstico profundo de los problemas del país y de un amplio proceso de discusión, participación y diálogo, objetivos y metas en los aspectos fundamentales del desarrollo nacional. Se definieron las acciones necesarias para superar la emergencia económica y se delinearon, dentro del Sistema Nacional de Planeación, los cambios estructurales del país. La política económica con los ajustes asociados a modificaciones objetivas de corto plazo, se ha enmarcado permanentemente en la estrategia congruente de reordenación y de cambio estructural que fue propuesto a la nación desde diciembre de 1982.

Durante 1986, como se señala en el documento de "Criterios Generales de Política Económica para 1987", la economía mexicana enfrentó en el ámbito externo un "choque" adverso de enorme proporción, al desplomarse de manera brutal el precio internacional del petróleo, nuestro principal producto de exportación y fuente importanstísima de los ingresos del sector público, y reducirse también el volumen exportado. Como consecuencia de ello, el país registró una pérdida de ingresos por 8 mil 200 millones de dólares en relación al año anterior, lo que equivale al 24% de los ingresos públicos y cerca del 6% de la producción nacional.

Al sumarse adversidades económicas y calamidades naturales, se ha conformado una nueva situación de considerable complejidad, que ha adquirido el perfil de una crisis distinta. A partir de ello, ha surgido un cuadro macroeconómico diferente, en donde las causas fundamentales de inestabilidad financiera y de la inflación dejaron de ser un exceso de demanda interna y han sido, en mucho mayor medida, los efectos del considerable "choque" de origen externo que afectó severamente los costos internos. Esto llevó a modificar la estrategia planteada inicialmente como se señaló en el mensaje del 21 de febrero de este año en el marco de los mismos propósitos generales.

Por ello, a partir de las acciones tomadas desde esa fecha se enfrentó la problemática de escasez de divisas y posteriormente el 23 de junio, se anunció el Programa de Aliento y Crecimiento, que fijó como propósitos el crecimiento económico, el control de la inflación, la generación de empleos, la atención a las necesidades sociales básicas, el aliento a la inversión privada, el fomento a las exportaciones no petroleras y el fortalecimiento de las áreas estratégicas del estado.

Dentro de la Estrategia del Programa de Aliento y Crecimiento para 1987 se han planteado cuatro objetivos:

- Alentar el crecimiento económico moderado pero con alta generación de empleos, mediante una mayor disponibilidad de crédito a los sectores privado y social, estímulos fiscales permanentes a la inversión productiva y una reactivación ordenada y selectiva de la inversión pública.

- Renovar el combate a la inflación, mediante un esfuerzo adicional de saneamiento de las finanzas públicas y un conjunto de medidas que reduzcan presiones de costos y factores de inercia.

- Consolidar y ampliar el proceso en marcha de cambio estructural, mediante el fortalecimiento y la reconversión de las áreas estratégicas y prioritarias del sector público, la desincorporación de las entidades que no lo son y la modernización de la planta industrial nacional.

- Impulsar la descentralización de la vida nacional, mediante el fortalecimiento del pacto federal, la promoción de programas especiales de vivienda y de dotación de infraestructura en las regiones prioritarias y la reducción, paulatina pero firme, de los altos costos de la concentración urbana.

Para contribuir al logro de estos objetivos, la política presupuestal tiene como propósito general impulsar la modernización del sector público en sus áreas de servicios y en su estructura industrial, en un marco de estricta disciplina presupuestal que continúe el saneamiento de las finanzas públicas y que apoye la estabilidad financiera y la recuperación de la economía.

De acuerdo a este propósito general y en el marco de los objetivos de política económica expuestos en el documento "Criterios Generales de Política Económica para 1987" la acción presupuestal se ordenará de acuerdo a ocho líneas de acción:

En contraste con la política de gasto en los últimos años, para 1987 se prevé un aumento en la inversión pública en términos reales de 15%. Para financiar esta expansión sin presiones inflacionarias, a la vez que se reduzca de manera relativa el uso de recursos crediticios por parte del sector público, se disminuirá el gasto corriente en un punto porcentual del PIB. De esta forma el gasto programable, que asciende a un monto de 33.5 billones de pesos, caerá en 0.5% como proporción del PIB y el superávit fiscal antes del pago de intereses se duplicará, al pasar de 3.3% en 1986 a 6.6% del PIB el año próximo.

Asimismo, se han establecido mecanismos que protegen y dan continuidad a los proyectos prioritarios del programa de inversiones dentro de las posibles modificaciones en el marco macroeconómico, condición básica para lograr un crecimiento moderado pero sostenido.

El proyecto de presupuesto para 1987 profundiza las acciones de cambio estructural en sus dos directrices, revisión del tamaño del sector público y mejoramiento de la eficiencia y productividad de las áreas en que su presencia se justifica.

Así, con el fin de liberar los recursos requeridos para fortalecer las áreas fundamentales y necesarias a la rectoría económica del Estado se continuará el proceso de venta, liquidación, fusión y transferencia de entidades quedando finiquitado el retiro del sector público en ciertas ramas económicas, no estratégicas ni prioritarias. Se asignan recursos igualmente para profundizar la estrategia de modernización de los procesos productivos en las empresas sujetas a reconversión industrial como Sicartsa, Azúcar, y en 1987 se extenderá a Dina, Inmecafé, Banpesca, Propemex y los sectores ferroviario y de ciencia y tecnología.

El proyecto de presupuesto de 1987 se propone reducir el gasto corriente de las dependencias a través de la reasignación y mejor utilización de los recursos, mediante la limitación de puestos para acomodar en lo fundamental el crecimiento de plazas en las áreas de salud, educación, defensa, marina e impartición de justicia. Asimismo, se continuará con la simplificación de los procesos administrativos.

El proyecto de presupuesto incorpora la identificación de recursos para apoyar la descentralización administrativa del sector público. Las acciones a realizar serán convenidas con los gobiernos de los estados a fin de no producir desequilibrios en las ciudades receptoras y de garantizar los servicios básicos de vivienda digna, salud y abasto a los trabajadores que se trasladen.

Por otra parte, se amplían los recursos canalizados a alentar el crecimiento de las economías estatales y aprovechar mejor sus potenciales productivos.

La política de gasto busca un doble impacto en la generación de empleo: uno a través de su inversión directa y el otro mediante el impulso a la inversión privada y social. Dentro del presupuesto se orienta la inversión hacia los sectores de infraestructura básica intensivos en mano de obra; asimismo, se amplían sustancialmente los recursos para el Programa Regional de Empleo y se pone en marcha otro especial para la vivienda.

Dentro del proyecto de presupuesto aumenta la participación de los recursos destinados a las áreas de mayor contenido social. Los servicios de educación y salud amplían su cobertura y mediante un impulso especial a los programas de desarrollo regional y urbano se reduce los rezagos de vivienda, agua potable, alcantarillado, caminos y electrificación. Se continúa asimismo el apoyo al Programa de Abasto de Productos Básicos para proteger el poder adquisitivo de las mayorías.

El crecimiento real de la inversión pública planteado en el proyecto de presupuesto de 1987 tendrá un efecto multiplicador sobre los demás sectores de la economía. Al demandar bienes y servicios producidos en el país, aumentará la producción y la inversión de los particulares con lo que se crearán más empleos y se impulsará la reactivación de toda la actividad económica nacional.

Para garantizar los efectos directos de la inversión pública, se instrumentarán mecanismos que simplifiquen y mejoren el proceso de contratación y pago de la obra.

Una asignación y ejercicio cuidadoso del gasto, justo al estricto cumplimiento de las prioridades marcadas, permitirán compatibilizar el esfuerzo adicional de saneamiento requerido de las finanzas públicas con la reactivación de las inversión pública. Se observará una estricta calendarización del gasto corriente; se mantendrá el proceso de convenir con las empresas paraestatales metas de déficit o en su caso, superávit financiero mensual y trimestral; y se simplificará el sistema de ejercicio presupuestal para el gasto de inversión a fin de abatir costos y mejorar las condiciones en la contratación de obras.

En suma, el proyecto de presupuesto de egresos para 1987 que se somete a su consideración busca consolidar los esfuerzos de reordenación de las finanzas públicas y el crecimiento económico con estabilidad financiera, al mismo tiempo que garantiza la atención a las necesidades de bienestar social de la mayorías.

El entorno económico en que se sustentaba la política de gasto para 1986 fue bruscamente alterada por la caída dramática de los ingresos petroleros y la nula disponibilidad de recursos financieros externos. Como consecuencia, el país sufrió una escasez de divisas y una fuerte presión sobre la disponibilidad de los recursos internos que repercutieron en un mayor deslizamiento en el tipo de cambio, que a su vez aceleró la inflación y también propició alzas en las tasas de interés domésticas. Las alteraciones macroeconómicas antes descritas, modificaron sustancialmente el ejercicio del presupuesto para 1986. Pese a ello, el gasto programable en términos reales se mantuvo en las premisas del presupuesto aprobado por esa H. Cámara, lo que evitó un desbordamiento de la inflación, debido a que existió control y disciplina en el quehacer público, al mismo tiempo que se cumplieron con los propósitos fundamentales de carácter social y en áreas estratégicas.

A pesar del drástico aumento de la inflación propiciado por la caída de los precios del petróleo, el gasto programable ejercido al cierre 1986, sólo será superior en 14.4% al autorizado. Por su parte, el gasto total se vio impactado sensiblemente por el pago de intereses, los cuales superaron en 56.3% la previsión original, lo que aunado al aumento moderado del gasto programable explica la diferencia de 30.0% en el gasto total esperado frente al original. De los 9 577.6 mil millones de pesos de diferencia, 7 590.5 mil millones se explican por el mayor pago de intereses y amortización de la deuda.

En la elaboración del proyecto de presupuesto de 1986, se anticipaba una reducción adicional promedio del precio de exportación del petróleo mexicano de entre 2 y 2.5 dólares por barril sobre los niveles de por sí deprimidos de fines del mes de septiembre del año pasado; la caída anticipada para el proyecto de este año era el doble de la registrada en 1984 y se asemejaba a las proyecciones utilizadas entonces por la mayoría de los países productores. Así, se solicitó autorización al H. Congreso de la Unión para un endeudamiento neto externo de 4 mil millones de dólares, lo que significaba mantener constante el saldo de la deuda externa en términos reales.

Ante la caída del petróleo el 21 de febrero, el gobierno de la República anunció la necesidad de adecuar la política económica al cambio de circunstancias. Dado el esfuerzo considerable ya realizado por todos los sectores desde 1983, se consideró que no era posible ni conveniente absorber interna y permanentemente la totalidad de la pérdida de los ingresos petroleros; en este sentido, no se podría acomodar la enorme caída del ingreso mediante ajustes proporcionales de gasto público, debido a que el nivel de gasto autorizado ya suponía un importante ajuste. Absorber internamente un "choque" del tamaño de la pérdida de los ingresos petroleros -que llegaría a significar el 6% del PIB - hubiera puesto en grave riego la capacidad de operación y de mantenimiento de la infraestructura productiva del país y hubiera provocado estragos mayores sobre los niveles de bienestar de la población.

Hacia el interior, se dedicó buscar márgenes adicionales de acción, mediante un mayor impulso al cambio estructural en el ámbito del sector público y la racionalización de la protección comercial. en el exterior se afirmó la corresponsabilidad de la comunidad financiera internacional en la superación de la crisis derivada de la situación petrolera, por ser partícipes en el nivel de endeudamiento del país.

En materia de gasto público se volvieron a revisar todos los presupuestos institucionales, a fin de mantener las prioridades más altas y posponer las secundarias. Se modificaron las metas físicas para adecuar la acción a la menor disponibilidad de recursos y pese a que se estaba cerca de alcanzar los límites en el proceso de reducción del gasto, se decidió realizar un nuevo esfuerzo para reducirlo en alrededor de 500 mil millones de pesos. Por el lado de ingresos, se solicitó a ese H. Congreso, modificaciones tributarias que significaron aumentos en alrededor de 150 mil millones de pesos, a la vez que se continuó con una política de precios y tarifas de ajustes graduales para evitar rezagos frente a la inflación. También se avanzó en la política de eliminar subsidios no prioritarios, sin desatender el abasto del consumo básico.

Paralelamente y, en forma acentuada a partir del anuncio del Programa de Aliento y Crecimiento, el Gobierno introdujo modificaciones en el ritmo y nivel del gasto que permitiera la defensa selectiva de programas y proyectos prioritarios para el mantenimiento de la planta productiva del país y de los servicios sociales que demanda la sociedad mexicana.

En primera instancia y con objeto de compensar parcialmente la erosión inflacionaria, producto del mayor deslizamiento cambiario -recuérdese que el presupuesto aprobado suponía una inflación diciembre - diciembre del 50.0% -hubo necesidad de dotar de recursos adicionales a los programas de alto contenido social. Por ello, se revisaron los presupuestos nominales de las obras de reconstrucción y rehabilitación de hospitales, escuelas, viviendas y los sistemas de agua y telecomunicaciones dañados por los sismos de 1985.

También resultó impostergable mantener el apoyo real a la producción de alimentos, lo que implicó elevar los presupuestos de Banrural y Fertimex para cubrir el alza de costos. De la misma forma, Pemex, las empresas ferroviarias y las siderúrgicas requirieron de ampliaciones nominales, para garantizar el abastecimiento de insumos y servicios estratégicos. En el caso de Comisión Federal de Electricidad, las empresas siderúrgicas y el Departamento del Distrito Federal, el Gobierno Federal asumió casi la totalidad de sus pasivos respectivos, con el fin de continuar con la política de saneamiento financiero de las entidades públicas, previo al inicio de la política de cambio estructural y de reconversión industrial de las mismas.

Con estas modificaciones, el gasto programable estimado al cierre del año será de 17 mil 589 millones de pesos, que representa un crecimiento de 67.8% respecto a 1985.

En términos reales refleja una caída de 10.0%, equivalente a más de dos veces a la registrada por la economía en su conjunto. Para apreciar el significado de este esfuerzo en el gasto programable, habría que sumarlo a lo realizado en los tres años anteriores, con lo que en cuatro años, el gasto programable del sector público se ha reducido en más de ocho puntos del PIB y una caída acumulada en términos reales de casi 45.0%

La necesidad de cubrir los aumentos en los salarios y el incremento en los costos de insumos indispensables para mantener los servicios fundamentales, hizo que el gasto programable del Gobierno Federal aumentará en 64.2% respecto a lo ejercido en 1985. lo que refleja una caída en términos reales de 11.0%. Pese a los aumentos salariales y en especial el de octubre pasado, los servicios personales del Gobierno Federal sólo fueron superiores a los montos aprobados por esta Cámara en 4.1%

La política de revisión de subsidios, junto con los programas de saneamiento financiero de las empresas paraestatales, han permitido que en 1986 las erogaciones por concepto de transferencias del Gobierno Federal aumentaron un sólo 69.0% con respecto a 1985, o sea un decremento de 8.5% en términos reales.

El gasto programable de los organismos y empresas con un crecimiento de 70.2% fue el renglón de mayor dinamismo, fundamentalmente por Pemex. En términos reales registró un decremento de 7.8%. La mayor parte de las modificaciones al gasto de organismos y empresas se debe al aumento en los costos de las materias primas y demás insumos, conceptos que en conjunto crecieron 86.1% sobre las erogaciones de 1985; igualmente el pago de servicios personales y la inversión física aumentaron en 48.8% y 53.1%, respectivamente.

La política de gasto para el año 1987 responde al propósito de apoyar el crecimiento moderado de la economía en su contexto de estabilidad financiera, a la vez que persigue los objetivos de fortalecer la generación de empleos; atender las necesidades sociales y proteger el salario real de los trabajadores; fortalecer las empresas productivas y las áreas estratégicas a cargo del Estado en el marco de la reconversión industrial y el cambio estructural; apoyar la recuperación sostenida de las exportaciones no petroleras y consolidar el saneamiento de las fianzas públicas.

La estrategia para alcanzar estos objetivos se basa en el imperativo de continuar reduciendo el gasto corriente para poder financiar una reactivación no inflacionaria de la inversión pública. Esto es, la inversión deberá crecer en medio punto del PIB, en tanto que el gasto corriente se reducirá en un punto, para que en conjunto, el gasto programable contribuya al saneamiento de las fianzas públicas.

La política que se plantea para 1987 representa un enorme esfuerzo de jerarquización y concentración, que sólo puede obtenerse mediante medidas profundas y decididas de cambios estructurales y de reordenación de actividades, ya que no es fácil compatibilizar un crecimiento de la inversión pública con las necesidades del gasto corriente de los programas de prestación de servicios fundamentales para la sociedad mexicana, que han experimentado decrementos en términos reales en los últimos años.

Consecuentemente, para alcanzar la magnitud y la composición del ajuste propuesto, el gasto corriente destinado a la administración se ejercerá con estricta disciplina y orden, imprimiéndole mayor eficiencia y productividad, por lo que se insistirá en la aplicación de medidas que limiten los puestos en la administración pública para acomodar en lo fundamental el crecimiento de plazas en áreas prioritarias (educación, salud, procuración de justicia y defensa) así como racionalizar las compras de materiales y suministros, con un manejo adecuado de los inventarios.

En cuanto al programa de inversiones, se aplicarán criterios estrictos de selectividad y jerarquización. Para ello, los proyectos de inversión utilizarán preferentemente la mano de obra y los recursos naturales locales, limitando al mínimo indispensable las importaciones; asimismo, se concluirán los proyectos y las obras en proceso que impulsen la oferta interna de bienes y servicios, sustituyan importaciones, propicien el uso de la capacidad instalada, apoyen la descentralización, el desarrollo regional y estimulen las exportaciones.

En el caso del sector paraestatal, se mantiene el criterio de fortalecer las entidades estratégicas y prioritarias en un entorno de recursos escasos. Las restantes seguirán desincorporándose del sector público en forma ordenada y mediante los procesos de venta, liquidación, fusión y transferencia a las entidades federativas. Asimismo, se introducirán medidas de reconversión industrial, de renovación tecnológica y de cierre de procesos productivos obsoletos.

El proyecto de presupuesto para 1987 asciende a 86 mil 211 millones de pesos; el gasto programable será de 33 mil 550 millones de pesos, que representa un crecimiento de 90.7% respecto al cierre esperado para 1986. Su estructura y composición procurará elevar los niveles de ahorro, de productividad y su componente corriente descansará en los recursos propios. Con recursos frescos, se favorecerá el gasto de inversión; y se reducirán las transferencias corrientes, a fin de contar con recursos complementarios al ahorro directo para atender el servicio de la deuda, sin que constituyan presiones para el gasto programable .

El gasto no programable absorberá el 61.1% del presupuesto total, proporción mayor a la observada en el esperado de 1986. Los intereses continuarán siendo el renglón más significativo, con un monto de 28 mil 707 millones de pesos. Las participaciones y estímulos ascenderán a 4 mil 424 millones de pesos, elevando su participación en el gasto. La amortización y el pago de Adefas serán de 18 mil 780 millones de pesos y 750 mil millones, respectivamente.

La erogaciones por servicios personales crecerán principalmente por los pagos salariales, según los incrementos fijados en las revisiones contractuales de las entidades públicas y las repercusiones salariales en septiembre y octubre. Además, se tiene previsto un paquete salarial que logre resarcir el poder adquisitivo de los servidores públicos, el que estará sujeto a la política general sobre los salarios que se apliquen a la economía.

Las transferencias que el Gobierno Federal destinará a las entidades públicas, observarán crecimientos nominales moderados y una disminución en términos reales. Se pretende favorecer los apoyos fiscales a los sectores y entidades ligadas estrechamente con las actividades estratégicas y a las prioridades sociales, eliminando los que no se justifican para su reasignación a actividades productivas.

En lo que respecta a su asignación sectorial, el proyecto de presupuesto para 1987 está orientado hacia el cumplimiento de los objetivos de cambio estructural y reactivación económica, a fin de impulsar el empleo, dar continuidad a los programas de reconstrucción y descentralización, fortalecer el gasto en bienestar social, preservar y ampliar la infraestructura básica y proteger las asignaciones en los campos estratégicos y productivos.

El criterio fundamental de asignación sectorial de recursos ha sido mantener el apoyo a las prioridades en materia de educación, salud, desarrollo regional, comunicaciones y transportes, abasto, desarrollo rural, así como de producción de bienes y servicios estratégicos.

Dentro de este marco, el sector educación contará con un impulso importante durante 1987; el proyecto presupuestal contempla como acciones sustantivas, elevar la calidad de la educación, ampliar el acceso de los grupos de menores ingresos a los beneficios de la educación y avanzar en la descentralización de la educación. Asimismo, se terminará de reconstruir la infraestructura dañada por los sismos; y se procurará una mayor participación de los tres órdenes de gobierno, una mayor concurrencia de los sectores privado y social y de la colectividad en su conjunto.

En materia de salud y seguridad social, se dará continuidad con carácter prioritario a la recuperación de la infraestructura médica perdida por el sismo y al reordenamiento de las instalaciones. En forma paralela, se atenderán las áreas básicas en medicina preventiva, curativa y en seguridad social, para asegurar el derecho a la salud de los mexicanos.

En el sector desarrollo regional y urbano se fortalecerán los proyectos de uso intensivo de mano de obra, dando prioridad a la construcción de vivienda y a la inversión en las zonas con mayores desequilibrios. También se avanzará en el cumplimiento de los programas regionales estratégicos de la zona metropolitana de la ciudad de México y región centro, frontera norte, Mar de Cortés, zonas áridas, sureste y frontera sur.

El programa de comunicaciones y transportes para 1987 permitirá el mayor impulso a los programas de conservación y reconstrucción de la infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria, con lo que se logrará en el corto plazo elevar la capacidad y eficacia de las distintas modalidades de transporte, así como impulsar el crecimiento de las telecomunicaciones.

En cuanto al sector de abasto y comercio, se dará prioridad a las acciones que incidan en el equilibrio y articulación entre los procesos y fases de producción - consumo; se propiciará un sistema de acopio y almacenamiento moderno y más equilibrado entre centros productores y consumidores; asimismo se ampliará la producción de básicos y se suscribirán convenios de conversión con gobiernos estatales y los sectores social y privado.

En materia agropecuaria, las prioridades se orientan al logro de la soberanía alimentaria, al aumento de las exportaciones agropecuarias, al abasto de materias primas para la industria y al mejoramiento de las condiciones de bienestar social de la población del medio rural. Para ello, se programan recursos a fin de apoyar el incremento de la producción, en especial la de granos básicos; apoyar la organización de productores; consolidar y rehabilitar la agroindustria campesina integrada y continuar con el reparto y regularización de la tierra.

En el sector pesca, se orientarán las acciones en 1987 al mantenimiento y ampliación de la infraestructura portuaria y acuícola, asegurando la operación de los centros acuícolas y granjas piscícolas en beneficio de grupos ejidales, comunales y de población de escasos recursos.

Para 1987, los sectores industrial y energético plantean continuar con el esfuerzo para alcanzar niveles de productividad y eficiencia que permitan la reactivación económica en condiciones de estabilidad. Se dará prioridad a la producción de bienes exportables, sin descuidar el abastecimiento de insumos para el mercado nacional. Asimismo, se consolidarán los avances en materia de saneamiento financiero y reconversión de la planta productiva.

La acción del sector turismo se orientará a promover el uso eficiente de la capacidad instalada y la competitividad internacional de la oferta de servicios. En este sentido, se proseguirán las campañas promocionales en el extranjero; se establecerán programas de protección y ayuda al turismo y se promoverá una mayor participación de los inversionistas nacionales y extranjeros.

ANÁLISIS SECTORIAL DEL GASTO PROGRAMABLE

Avanzar hacia una sociedad más igualitaria implica un combate abierto a la marginación y la pobreza, así como un gran esfuerzo por satisfacer las necesidades básicas de la población.

Durante los últimos cuatro años, la presente administración ha otorgado un carácter prioritario a los programas que inciden de manera directa en el desarrollo social, ajustando otras áreas del quehacer público a fin de poder hacer frente a las demandas de una población creciente. De esta manera se han logrado avances significativos en educación, salud y seguridad social.

Para 1987, los recursos propuestos ascienden a 8 mil 056.5 millones de pesos, 97.9% superior al de 1986, los que se orientarán a proteger el empleo y el consumo básico, así como para reforzar e impulsar los servicios de salud y educación, en particular para los grupos poblacionales más rezagados.

Promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana; ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación y mejorar la calidad en la prestación de estos servicios, constituyen los propósitos fundamentales sobre los que se desarrolló la acción del sector dentro del marco de Programa Nacional de Educación.

No obstante, las restricciones presupuestales, la estrategia desarrollada en dicho programa ha permitido avances y resultados significativos, de manera que durante el ciclo escolar 86-87 se atiende en el sistema educativo formal a casi 25.8 millones de alumnos, lo que significa que uno de cada tres mexicanos se encuentra dentro de alguno de los niveles del sistema.

En educación básica se atienden a 22.0 millones de alumnos, 2.6 en preescolar, 15.0 en primaria y 4.4 en secundaria.

En educación especial se da atención a 198 500 niños con problemas de aprendizaje y con aptitudes sobresalientes.

Por su parte, el nivel medio superior alberga en la actualidad cerca de 1.9 millones de alumnos, el 7.5% del sistema nacional escolarizado.

Respecto a la educación superior, la matrícula escolar fue de un millón 178 estudiantes, los cuales son atendidos a través de los sistemas universitario, tecnológico y normal.

En capacitación para y en el trabajo se da atención a cerca de 700 mil personas, en vinculación con los requerimientos del desarrollo nacional.

Para mejorar la prestación de los servicios se descentralizó la educación básica y normal, se instalaron consejos de educación y direcciones generales de servicios de educación pública en 18 entidades. Asimismo, continúan las pláticas conducentes a la firma de convenios con las entidades restantes.

La estrategia para 1987 permitirá, por un lado, consolidar las acciones realizadas y, por el otro, avanzar en el desarrollo de la educación, ya que se sustenta en la continuidad y cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Educación.

Así, en 1987 las acciones se dirigirán a elevar la calidad de la educación; racionalizar los recursos disponibles; ampliar el acceso a la educación, sobre todo a las zonas y grupos desfavorecidos; regionalizar y desconcentrar la educación superior; mejorar y ampliar los servicios en las áreas de educación física, deporte y recreación y vincular la educación y la investigación científica y tecnológica con las necesidades del país.

Dentro de éstas, se plantean de manera prioritaria las que permiten mejorar la calidad de la educación en sus distintos niveles, avanzar en la descentralización y fortalecer la atención a la demanda de todos los servicios.

Se seguirá ampliando la oferta de educación preescolar, dando preferencia a las zonas rurales e indígenas y urbano - marginadas.

Se buscará que las localidades y zonas que aún carecen, de infraestructura escolar, se incorporen a los servicios educativos mediante las distintas opciones que el sector ofrece. Se disminuirá el número de escuelas incompletas y se avanzará en la conservación de escuelas unitarias a bidocentes e incluso tridocentes.

En educación preescolar se atenderán a 2.9 millones de niños, 9.5% más que el año anterior, con lo que aumentará la atención al 74.5% de los niños de cinco años y al 49.4% de los de cuatro años.

Se mantendrá al 100% la satisfacción de la demanda de educación primaria, alcanzando una matrícula de 14.8 millones de niños.

En educación secundaria se atenderán a 4.6 millones de estudiantes en todas las modalidades: general, técnica, telesecundaria y para trabajadores, con lo que el índice de absorción se incrementará al 87%.

Respecto a la educación media y terminal, se atenderán a 2.3 millones de jóvenes, de los cuales el 23.1% corresponde al nivel terminal. Asimismo, se pretende elevar la eficiencia terminal a 64% en bachillerato y al 61% en la modalidad terminal.

En el nivel superior se atenderán a 1.2 millones de alumnos, enfatizando las áreas tecnológicas, de ciencias exactas naturales y de ingeniería.

Se continuará con el esfuerzo por abatir el índice de analfabetismo. Para ello, se alfabetizarán a 800 mil personas, utilizando nuevas modalidades de alfabetismo, así como los medios masivos de comunicación.

En lo que respecta a primaria y secundaria para adultos se atenderán a 1.4 millones de adultos y se capacitarán a 830 mil personas en las áreas agropecuarias, industriales y de servicios.

Se avanzará en el proceso de descentralización de la educación básica y normal, a través de la concertación de convenios con gobiernos estatales y la operación de convenios únicos de desarrollo para realizar acciones de desarrollo educativo.

Se instalarán 410 bibliotecas, con lo que su número llegará a 1 mil 697. Asimismo, la producción editorial alcanzará la cifra de 125 millones de ejemplares, incluyendo los libros de texto gratuitos.

La preservación y difusión del patrimonio artístico de la nación requerirá la formación de personal, difusión de las artes y realización de trabajo de investigación. Además, se reforzará durante 1987 el programa de seguridad y vigilancia de los museos propiedad de la Nación y se fortalecerá el contenido cultural en la enseñanza; se continuará la difusión de la educación y la cultura a través de los medios electrónicos de comunicación; se preservarán y difundirán las culturas regionales y se seguirá impulsando el programa cultural de las fronteras.

Para continuar atendiendo adecuadamente el crecimiento de los servicios educativos, se construirán 28 mil 681 espacios educativos. De este total, 13 mil 468 son de preescolar, 7 mil 855 de secundaria, 3 mil 903 de media superior, 1 mil 871 de superior y 1 mil 584 de otros, lo que representa un incremento del 12% con respecto a 1986.

Elevar la calidad de la educación implicará continuar con los programas destinados a la formación de los maestros de educación básica, así como incrementar los procesos de capacitación a los directores de escuela.

En congruencia con los propósitos, la estrategia y las metas planteadas, el sector educación propone un presupuesto de 4 mil 298.9 millones de pesos.

Durante los últimos años el sector salud ha consolidado esfuerzos en torno a los propósitos de mejorar el nivel de salud de la población, particularmente de los sectores rurales y urbanos rezagados; tender hacia una cobertura nacional de los servicios de salud; contribuir a un crecimiento demográfico concordante con el desarrollo económico y social del país y promover la protección social, especialmente de los menores, ancianos y minusválidos.

En 1986, los retos se agravaron por la necesidad de superar los daños tan extensos que sufrió la infraestructura médica por los sismos de 1985. No obstante, se logró ampliar la cobertura de servicios médicos, asistenciales y de seguridad social en 3 millones de habitantes durante el año, al pasar de 67.5 a 70.5 millones.

Es importante señalar que el crecimiento de los servicios de salud fue mayor que el de la población total durante 1986, lo que es resultado de un esfuerzo conjunto de las dependencias y entidades que conforman el sector salud y seguridad social.

El incremento en la cobertura fue logrado mediante la rehabilitación y ampliación de 43 unidades médicas y 75 hospitales, así como la continuación de obra en 106 unidades de primer nivel y en 58 hospitales generales y de especialización, de los cuales 14 corresponden a nuevos hospitales de segundo nivel y 6 de especialidades.

En concordancia con las estrategias básicas para la consolidación del Sistema Nacional de Salud, se han definido acciones específicas para la descentralización, tanto de los servicios a población abierta, como para los de salud que prestan las instituciones de seguridad social. En tal sentido, se ha logrado la descentralización de servicios a población abierta en 12 entidades federativas con lo que se han integrado 3 mil 540 unidades médicas y 8 mil 564 camas, así como 39 mil 306 trabajadores de la salud. Ello ha permitido que los sistemas estatales de salud atiendan al 43.0% de la población total de esos estados.

En las instituciones de seguridad social, ha persistido la estrategia fundamental de regionalizar los servicios médicos, incorporando al sistema los servicios de rehabilitación ubicados en las principales ciudades del país.

Para 1987, la estrategia se lleva a cabo en torno a tres aspectos básicos: la consolidación del Sistema Nacional de Salud, la reorganización y modernización de los servicios y el mejoramiento del nivel de vida de la población.

Esta estrategia permitirá avanzar en la sectorización, descentralización, modernización administrativa, coordinación intersectorial, así como en la participación de la comunidad, pretendiendo que ésta se constituya en un complemento operativo de los programas del sector.

Asimismo, incidirá en los aspectos de ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios; prevención y control de los daños transmisibles, los no transmisibles y los accidentes; continuación de las acciones de regulación y control sanitario; impulso a los servicios de planificación familiar; apoyo al desarrollo científico y tecnológico en colaboración con instituciones relacionadas con la salud, tanto nacionales como extranjeras; distribución de raciones alimenticias, especialmente a niños mujeres gestantes y en lactancia, en particular las que habitan en zonas deprimidas y marginadas; ampliación de la cobertura de las prestaciones económicas y sociales; e intensificación del control y vigilancia sobre la seguridad e higiene en los centros laborales.

El proceso de descentralización, como una de las estrategias fundamentales del sector que persigue el cambio estructural continuará llevándose a cabo en los servicios de atención a población abierta en las entidades federativas, así como la desconcentración de los sistemas federales de seguridad social, integrándose sistemas estatales de salud.

Se continuará con un aumento selectivo de la inversión en programas y proyectos que permitan hacer frente a la demanda creciente de servicios médicos y de seguridad social, dando prioridad a la consolidación de la infraestructura existente.

Entre las metas más importantes para 1987 destacan: aplicar 69.6 millones de dosis de vacunas, 13.8% menos que en 1986; otorgar 189.3 millones de consultas médicas, tanto como general como especializada, 5.3% mayor a 1986; producir 90.2 millones de biólogos. Se brindará asistencia social a 29.5 millones de personas, incluyendo servicios culturales, deportivos y turísticos, así como asistenciales a niños, ancianos, madres en estado de abandono y minusválidos y se otorgarán 341.6 millones de raciones alimenticias.

Con lo anterior se disminuirá la tasa de morbilidad por 100 mil habitantes entre 1986 y 1987, por poliomielitis de 0.16 a 0.13; sarampión de 6.24 a 5.25; tosferina de 1.45 a 1.34 y tétanos de 0.38 a 0.35. Se disminuirá la tasa de morbilidad por tuberculosis en todas sus formas a 7.48; la prevalencia de lepra a 19.56 y la fiebre tifoidea de 1.10 a 1.03.

Se abatirá la mortalidad por diarrea por 100 mil habitantes de 42.40 a 40.20; por brucelosis de 0.029 a 0.027; por rabia, de 0.0571 a 0.0534 y por fiebre reumática 0.080 a 0.075.

En materia de seguridad social, se fortalecerán los programas orientados a garantizar al trabajador y su familia las atenciones básicas en salud y prestaciones, ampliando su cobertura. Se otorgarán subsidios y ayudas a 5.1 millones de personas, 6.1% más que en 1986; se pagarán pensiones y jubilaciones a 1.1 millones de personas, 4.4% superior a 1986, aumentando la cuantía mínima de las pensiones hasta en un 50%.

Para alcanzar estas metas, se propone un presupuesto para el sector de 3718.2 mil millones de pesos.

En congruencia con las estrategias de reordenación económica y cambio estructural, la política laboral se ha orientado prioritariamente hacia la defensa de la planta productiva y el empleo, el incremento de la productividad y la capacitación, así como a proteger el salario y el bienestar social de la población trabajadora.

Para ello, las acciones del sector se han dirigido hacia la preocupación de la justicia laboral, de manera pronta y expedita, con el propósito de mantener el equilibrio de los factores productivos y la estabilidad social. Paralelamente se han apoyado y esforzado los instrumentos del sector, que brindan protección al poder adquisitivo del salario, a la orientación del consumo y al financiamiento para el consumo de bienes básicos duraderos.

Para el ejercicio de 1987, los objetivos del sector se dirigen a preservar el equilibrio, entre los factores de la producción, a través de la acción conciliatoria; procurar e impartir las justicia laboral de conformidad al marco jurídico establecido; incorporar a todos los trabajadores con relación formal de trabajo al régimen de seguridad social; ampliar la cobertura de las acciones de capacitación y adiestramiento para y en el trabajo; promover la generación de empleos, proteger los existentes y coadyuvar a dar mayor racionalidad a los mercados regionales de trabajo; fomentar y promover la organización social para el trabajo a través de la orientación y apoyo financiero al consumo.

Para la consecución de estos objetivos, la estrategia del sector plantea ampliar la cobertura de la previsión social dentro de las relaciones formales de trabajo, brindar asesoría a sindicatos y trabajadores en la defensa de sus derechos, resolver a través de la acción conciliatoria los conflictos laborales, reforzar los organismos procuradores de justicia, así como el Servicio Nacional de Empleo y los sistemas de capacitación y seguridad e higiene.

Asimismo, se dará continuidad al Programa de Capacitación y Productividad y se forzarán los referentes a la descentralización y simplificación administrativa.

Para la concreción de las acciones anteriores, el sector tiene como metas: atender todos los conflictos obrero - patronales que se presenten, realizar 12 mil 000 visitas de inspección a empresas y elaborar el mismo número de dictámenes, impartir 85 cursos de formación sindical y cooperativa y capacitar a 150 técnicos en trabajo social.

En materia de productividad y capacitación, se apoyará la formación de instructores, programadores, administradores y supervisores de la capacitación; se apoyará el funcionamiento del Consejo Consultivo de Empleo, capacitación y adiestramiento; se fomentará el establecimiento y operación de Comités Mixtos de productividad en las empresas públicas, y se instrumentarán los programas estatales de capacitación y productividad, de acuerdo a los lineamientos y estrategias del Programa Nacional de Capacitación y Productividad.

Para promover el empleo y la organización social para el trabajo, se continuará la operación del servicio nacional de empleo y el programa de becas de capacitación para trabajadores. De igual manera se seguirá apoyando la organización, constitución, registro y funcionamiento de sociedades cooperativas.

Para proteger el salario, se promoverá el establecimiento de mecanismos de comercialización social, a través del Fonacot y se otorgarán 300 mil créditos para bienes de consumo, duradero por un monto de 54 mil millones de pesos.

Para lograr los objetivos y metas señalados, se propone un presupuesto de 39.4 mil millones de pesos para el subsector.

El programa Nacional de Desarrollo Rural Integral constituye un importante instrumento de la política social, al buscar la generación de empleos en el campo, la elevación del ingreso de los productores y el mejoramiento de las condiciones del bienestar social de la población del medio rural, en especial de los campesinos temporaleros.

Además de los aspectos sociales tiene como objetivos el logro de la soberanía alimentaria, el aumento de las exportaciones agropecuarias, el abasto de materias primas para la industria y constituirse en una de las principales vertientes de la recuperación económica.

Al logro de lo anterior, contribuyen las acciones de política agraria: el reparto de la tierra; la regularización de la tenencia; la documentación de los derechos agrarios; la organización campesina y la articulación de la producción agropecuaria, forestal y pesquera a fin de promover la transformación gradual de la estructura productiva y social en el campo.

La estrategia del gasto público en este sector, ha desarrollado mecanismos de coordinación, que fortalecen la participación de los sectores social y privado y encauzan las acciones interinstitucionales hacia la consecución del desarrollo rural integral. Destacan, entre ellos, el Sistema Integral de Estímulos a la Producción Agropecuaria (SIEPA), que promueve la participación de productores organizados y gobiernos estatales y municipales en las decisiones para incrementar la producción y productividad en el medio rural, así como los programas de apoyo a las áreas de temporal, de desarrollo rural del trópico húmedo y producción de maíz, entre otros.

En 1987, el conjunto interinstitucional orientado al desarrollo rural integral instrumentará una estrategia que consolide logros obtenidos y sustente la reactivación productiva con avances firmes en líneas prioritarias de cambio estructural. Entre éstas, destacan las siguientes:

Apoyar la organización de productores, atendiendo preferencialmente al sector social, mediante la capacitación técnica y divulgación de los avances científicos y tecnológicos para aumentar la productividad en el agro.

Intensificar el proceso de descentralización y desconcentración funcional y operativa hacia los distritos de desarrollo rural para imprimir mayor eficacia a las acciones de promoción y fomento.

Apoyar el incremento de la producción, en especial la de granos básicos, para garantizar la disponibilidad alimentaria y satisfacer los requerimientos de la industria.

Proseguir con la construcción de la infraestructura hidroagrícola destinada a fortalecer la capacidad productiva, principalmente en las áreas de temporal y continuar las obras de pequeña irrigación, a fin de incorporar nuevas superficies al cultivo en menor tiempo.

Incrementar la participación de los usuarios en la operación y mantenimiento de los distritos de desarrollo rural y proseguir las actividades de rehabilitación.

Impulsar la construcción de obras para el abastecimiento de agua potable a ciudades intermedias.

Proteger, consolidar y aumentar la eficiencia operativa de las empresas que actúan en líneas de producción cuya importancia económica sea estratégica, desincorporando las que no asumen este carácter.

Consolidar y rehabilitar la agroindustria campesina integrada, especialmente las unidades productivas cuyo impacto social sea significativo.

Continuar con el reparto y regularización de la tierra y la incorporación de los campesinos al desarrollo a través de su organización participativa.

El proyecto de presupuesto para el sector desarrollo rural integral asciende a 2 mil 920.5 millones de pesos, de los cuales le corresponde a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 909.7 mil millones de pesos, a la Secretaría de la Reforma Agraria 92.0 mil millones, a Banrural 525.1 mil millones y a otros programas 1 mil 393.7 millones de pesos.

En este subsector, para 1987 se espera una producción de 14.1 millones de toneladas de maíz, 1.2 millones de toneladas de frijol, 1.4 millones de toneladas de oleaginosas, entre otros productos. Se pretende mantener la autosuficiencia en la producción de arroz y trigo y continuar con el apoyo a la producción temporalera de frijol y maíz.

Asimismo, se promoverá una mayor captación de divisas mediante la ampliación de la cobertura de los cultivos de exportación. Los programas de financiamiento al campo a través de Fira y Banrural, habilitarán 11.2 millones de hectáreas de las cuales 68.0% serán de cultivos básicos y 32.0% de oleaginosas y otros cultivos.

Con el propósito de mejorar los ingresos de los productores, se avanzará en el perfeccionamiento de las prácticas agrícolas, sustentadas en la aplicación de tecnologías generadas por los centros de investigación, dando prioridad a zonas de temporal con proyectos específicos a nivel regional.

En la administración paraestatal, el Inmecafe comercializará 2.5 millones de quintales, Conafrut apoyará a la comercialización de 90 mil toneladas de frutas, Pronase abastecerá 192 mil toneladas de semilla certificada, mientras que en el Firco habilitará con crédito 154.2 mil hectáreas y sufragará parte del costo de los insumos en 662 mil hectáreas a fin de fomentar su uso, dando prioridad al cultivo de maíz en temporal y atención a 228 mil hectáreas en zonas de alta siniestralidad.

El subsector agrícola será de los más beneficiados con la reactivación de la inversión pública. El programa de infraestructura hidráulica continuará apoyando el programa de desarrollo integrado del trópico húmedo, el Plan Chiapas, el de Ometepec, en Guerrero y el de San Fernando, en Tamaulipas. Asimismo, continuarán los trabajos en las obras de grande irrigación: Vicente Guerrero, en Tamaulipas; Andrés Figueroa, Hermenegildo Galeana y Nexpa, en Guerrero y Río San Lorenzo II, Elota, Piaxtla y Ocoroni en Sinaloa.

Se proseguirán las obras de rehabilitación, acentuando una mayor aportación de recursos por parte de los productores usuarios, destacando los proyectos de Delicias, Autlán el Grullo, Río Fuerte y Cupatitzio - Tepalcatepec En el caso de obras para suministro de agua en bloque, se continuará con la tercera etapa del Sistema Cutzamala y los acueductos Chapala - Guadalajara y Uxpanapa - La Cangrejera. Se iniciarán los abastecimientos para las zonas rurales de La Laguna y Oriental - Puebla; respecto al tratamiento de aguas residuales se continuará con la construcción de la planta de Texcoco.

Se impulsarán cuatro programas de fomento a la reactivación productiva: el Proyecto Estratégico del Maíz, el Programa de Desarrollo de la Región Lagunera, el Programa Nacional de Desarrollo Agroindustrial y el Programa de Impulso a la Producción de Yuca.Pecuario

El subsector pecuario inducirá una adecuada complementariedad con la agricultura, procurando el aprovechamiento de los pastizales, cultivos forrajeros y esquilmos para la alimentación pecuaria. Se continuará con el fomento a la producción de material genético y las campañas de sanidad animal, incluyendo la de la abeja africana. Se fortalecerá la investigación científica y tecnológica para encontrar fuentes alternas de alimentación animal, especialmente en la porcicultura y avicultura.

Se promoverá la producción de 7 mil 813 millones de litros de leche, 947 mil toneladas de huevo, 55 mil toneladas de miel y 2.7 millones de toneladas de cárnicos entre bovinos, porcinos y aves.

Para el logro de estas metas Banrural y Fira habilitarán 2.5 millones de cabezas de ganado, dando prioridad al sistema cría - engorda y a la producción de leche. Por su parte, Anagsa asegurará 3.8 millones de cabezas de ganado mayor y Albamex producirá 518 mil toneladas de alimentos balanceados.

Las actividades de este subsector se dirigen a fomentar la participación de los poseedores de bosques en los programas de explotación racional, transformación y comercialización de productos forestales, sin descuidar el equilibrio ecológico, a fin de lograr incrementos sustantivos en la ocupación, el ingreso y el bienestar de la población rural.

Asimismo, se seguirá promoviendo la participación de los gobiernos estatales en los programas de reforestación, conservación y explotación racional.

Con las medidas anteriores, se prevé que en 1987 las actividades forestales aporten una producción maderable de 10.8 millones de metros cúbicos rollo, 1.4% más que en 1986. De productos no maderables se generarán 70.6 mil toneladas, destacando la producción de 38.8 mil toneladas de resinas para utilización industrial.

Las prioridades en materia agraria, estrechamente vinculadas a la estrategia de desarrollo rural integral, apuntan hacia la distribución de la superficie legalmente afectable en favor del campesino, así como a garantizar su tenencia y usufructo y mejorar la organización, capacitación y el empleo en el campo.

La concertación directa con los gobiernos estatales a través de los programas estatales de desarrollos y los convenios únicos de desarrollo, así como la acción de las Comisiones Agrarias Mixtas y el Cuerpo Consultivo Agrario, han sido elementos claves en la solución de los problemas en esta materia.

Las acciones más relevantes del subsector agrario están encauzadas hacia:

- Continuar el apoyo a la organización y la capacitación campesina, fomentar las organizaciones básicas e impulsar las formas superiores.

- Apoyar la unidad agrícola industrial para la mujer y mejorar los instrumentos de apoyo a la pequeña propiedad, principalmente.

Las principales metas de resultados para 1987 son: repartir 750 mil hectáreas que representan el 80.0% de lo realizado durante 1986; investigar 350 mil hectáreas de presuntos fraccionamientos simulados, que es igual a la meta esperada en el presente año; declarar terrenos nacionales susceptibles de reparto en 500 mil hectáreas, cifra igual a la meta de 1986; entregar 229 mil documentos de reconocimiento, certificación o titulación, de los cuales 140 mil se destinarán a ejidatarios, 80 mil a pequeños propietarios, 2 mil a nacionaleros y 7 mil a comuneros. En organización, se realizarán acciones de promoción y apoyo en 2 mil 500 núcleos agrarios tendientes a hacerles operar como auténticas unidades de desarrollo rural integral y se consolidarán 60 uniones de ejidos y 10 asociaciones rurales de interés colectivo.

El fortalecimiento del desarrollo regional y urbano es un imperativo para descentralizar la vida nacional, lograr un mejor equilibrio territorial y una adecuada integración de las regiones, estados y municipios al desarrollo del país, de acuerdo a las estrategias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, los programas regionales estratégicos, planes estatales y de reordenamiento urbano.

El presupuesto que se propone para este sector asciende a 1 mil 728.5 millones de pesos, que representa un incremento del 92.6% respecto al año anterior.

Dentro del proceso de recuperación económica que ha puesto en marcha el Gobierno de la República, la política regional se orientará a alentar el crecimiento de las economías estatales y propiciar la elevación de los niveles de ocupación y bienestar a través del fortalecimiento de los programas de desarrollo regional, una mayor selectividad de los proyectos y la mejor ejecución de la inversión pública regional.

A partir de esta orientación, se enfatizará un crecimiento con una clara dimensión social para impulsar la creación de empleos en forma generalizada y mejorar los niveles de ingreso de la población beneficiaria de las acciones regionales. Para ello se privilegiará la realización de proyectos de uso intensivo de mano de obra y se concentrará la inversión en las áreas urbanas y rurales con los mayores desequilibrios.

En el marco del convenio único de desarrollo, el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados, convendrán una política de gasto regional que tendrá como criterios básicos, realizar proyectos estratégicos que vinculen las economías regionales, atiendan rigurosamente las prioridades estatales y aprovechen las potencialidades productivas para ampliar la base económica de los estados.

Los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Estados, reforzarán las tareas de programación - presupuestación para concentrar la inversión en proyectos en proceso, que permitan terminar etapas operativas. Los nuevos proyectos que se emprendan tendrán un alto contenido de mano de obra y se orientarán básicamente a promover actividades productivas, ampliar los servicios sociales y la infraestructura básica y de apoyo.

Para instrumentar adecuadamente esta política se pondrán en práctica medidas encaminadas a vigorizar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la concertación de acciones con los grupos sociales. Para ello se consolidarán los sistemas estatales de planeación a través de la adecuación de los marcos jurídicos, la promoción de convenios de desarrollo municipales y la creación de nuevas áreas técnicas en el seno de los Coplades.

El fortalecimiento de los instrumentos y mecanismos de la planeación estatal permitirá una mayor articulación de las inversiones sectoriales, regionales y estatales para propiciar un mayor impacto social de la inversión; así como mejorar los niveles de ejecución de la obra pública y las tareas de supervisión, seguimiento y control del gasto.

Para profundizar en el proceso de descentralización de la vida nacional, se continuarán impulsando las acciones del Programa de Descentralización de la Administración Pública Federal y la desconcentración de la actividad económica fuera de la zona metropolitana del Valle de México. Durante 1987, se seguirán transfiriendo facultades y decisiones a las representaciones federales de los estados, se avanzará en la relocalización de organismos y empresas públicas en las áreas de producción y se transferirán unidades operativas y de servicio a las entidades federativas .

La reordenación de la actividad económica se promoverá mediante el fortalecimiento de la infraestructura urbana, industrial y de servicios en las ciudades medias que se han definido para la relocalización de la actividad industrial. Con base en ello, se realizarán acciones puntuales en el sistema de ciudades constituido por Querétaro, Guadalajara y Manzanillo; el integrado por las ciudades de Saltillo, Linares, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico y Altamira; así como el sistema que interconecta a Veracruz, Coatzacoalcos, Villahermosa y Mérida. De esta manera se promoverá una descentralización económica con prioridades territoriales claras.

A través de la inversión regional, se instrumentarán las líneas de acción de los programas regionales estratégicos y planes estatales, así como de los programas de desarrollo regional, empleo y de coordinación especial, con base en las siguientes orientaciones:

Apoyar la ejecución de proyectos para ampliar la infraestructura agropecuaria, agroindustrial y pesquera, con el propósito de aumentar la producción de básicos y de productos agrícolas de exportación, así como mejorar las condiciones alimentarias de la población, especialmente en las áreas rurales. Apoyar la construcción de obras hidráulicas para tecnificar las áreas de cultivo y atender necesidades urbanas, sobre todo aquellas que fomenten la producción de básicos y que satisfagan requerimientos de agua potable en las ciudades con mayores índices de crecimiento de la población.

Fomentar la ampliación de la infraestructura básica y urbana con la finalidad de establecer condiciones que permitan la expansión de la pequeña y mediana industria y, en zonas fronterizas, la industria maquiladora y selectiva de exportación.

Fortalecer la infraestructura de comunicaciones y transportes para mejorar los intercambios comerciales e integrar las economías regionales y estatales, mediante la construcción y rehabilitación de caminos rurales, la conservación de carreteras estatales y la terminación de puentes internacionales y de aeropuertos en zonas prioritarias del país.

Propiciar un desarrollo urbano más equilibrado que evite el crecimiento excesivo de las áreas metropolitanas, fortaleciendo la infraestructura de servicios de las ciudades medias, a través del mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y drenaje, el apoyo de las acciones de vivienda y el establecimiento de reservas territoriales para usos habitacionales.

Conservar y preservar el equilibrio ecológico de las regiones, realizando obras para el tratamiento y alejamiento de aguas negras, apoyando la construcción de plantas de tratamiento de desechos sólidos, la protección de parques y reservas ecológicas y el control de la contaminación del medio ambiente, así como la instalación de redes de monitoreo de la calidad del aire en las zonas metropolitanas del país.

Intensificar las acciones de desarrollo que permitan incrementar la cobertura de los servicios de educación, cultura y salud, así como ampliar la infraestructura de abasto, electrificación y de prevención social en ciudades con desequilibrios y rezagos sociales.

Impulsar proyectos de uso intensivo de mano de obra para satisfacer las necesidades de ocupación de los principales centros urbanos. Asimismo, se continuarán atendiendo los programas de becas de servicio social, de capacitación y para hijos de trabajadores. Se proseguirán los programas de incorporación de la mujer al desarrollo.

Fortalecer la capacidad administrativa y de ejecución de la obra pública de los ayuntamientos, mediante su incorporación a los sistemas estatales de planeación, la transferencia de recursos para realizar programas de empleo y una capacitación permanente de los servidores públicos municipales.

Atender oportuna y eficazmente las situaciones derivadas de emergencias y siniestros.

Durante 1987, el gasto regional permitirá avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los programas regionales estratégicos de la zona metropolitana de la ciudad de México y región centro, frontera norte, Mar de Cortés, zonas áridas, sureste y acciones para la frontera sur.

En la zona metropolitana de la ciudad de México, se apoyarán las obras de ampliación de los sistemas de transporte, agua y drenaje profundo y se fortalecerán los programas de empleo para atender las demandas de ocupación. En la región centro se dará especial atención al desarrollo de las ciudades medias, a través de obras de mejoramiento urbano, agua potable y unidades de control de la contaminación. Destaca el apoyo a la infraestructura urbana en las localidades de crecimiento más reciente como Chalco y Chimalhuacán; asimismo se fortalecerá el desarrollo rural integral de la región, mediante el aprovechamiento intensivo de áreas agrícolas y la promoción de desarrollo frutícola, agropecuario y agroindustrial.

El programa de Desarrollo de la Frontera Norte propiciará la diversificación de la actividad económica en los municipios de la región, mediante acciones agropecuarias y agroindustriales, el apoyo a los procesos de industrialización y la modernización de los sistemas de abasto y comercialización. Se fortalecerá el sistema de comunicaciones y transportes para mejorar la integración de la zona y vincularla con el resto del país, mediante programas de ampliación y modernización de la red de caminos.

Se continuará la construcción de puentes internacionales y la remodelación de aeropuertos fronterizos.

Se proseguirá la construcción de los sistemas de acueductos para abastecer de agua a los centros urbanos, el establecimiento y rehabilitación de sistemas de agua potable y alcantarillado, así como la construcción de plantas de tratamiento y alejamiento de aguas negras y de procesamiento de residuos sólidos en las principales ciudades de la zona de influencia de la frontera. Asimismo, se mantendrán las prioridades de atención a la población de salud, educación, vivienda y cultura.

En la Región del Mar de Cortés se reforzará la infraestructura hidráulica para ampliar las áreas de riego y dotar de agua a las ciudades; se fortalecerá a la infraestructura de comercialización para las actividades pesqueras y se rehabilitarán desaladoras de agua. Se impulsará la modernización de la red de carreteras, aeropuertos y la construcción de puertos de abrigo, así como la infraestructura turística. Se apoyará la ampliación de los servicios sociales para atender las nuevas demandas de la población.En las zonas áridas se avanzará en el fortalecimiento de las obras hidráulicas, mediante la terminación de presas de almacenamiento, la perforación , rehabilitación y electrificación de pozos, en la realización de obras de pequeña irrigación y en la ampliación de la infraestructura pecuaria. Asimismo, se intensificarán los trabajos de recuperación de sueldos y reforestación, se construirán obras de electrificación rural, equipamiento urbano y se atenderán los problemas de contaminación del agua.

En la Región del Sureste, se continuará apoyando el proyecto hidráulico de la costa de Chiapas, se fomentarán proyectos productivos en los distritos de rehabilitación agraria y en la selva lacandona; se ampliará sustancialmente el programa de caminos rurales y se realizarán acciones para dotar de servicios sociales a las zonas indígenas, intensificándose las actividades de apoyo a la nutrición en comunidades rurales.

En Yucatán se reforzará el ritmo de las obras de Puerto Progreso, las actividades de diversificación agropecuaria en la zona henequenera y de desarrollo agropecuario en el sur del estado. Se fortalecerá el equipamiento para la industrialización selectiva en el corredor Mérida - Progreso y se impulsarán proyectos pesqueros y turísticos en todo el estado. En Quintana Roo, se consolidará la estructura urbana de Cancún, los programas lecheros, forestales y de producción de arroz. Se promoverán proyectos productivos agrícolas y pecuarios en el estado de Campeche.

En la Frontera Sur, se ejecutarán obras y proyectos que beneficiarán a los municipios fronterizos. Se proseguirán las acciones para fomentar actividades agropecuarias, ampliar y modernizar la red de transporte y comunicaciones, los sistemas de abasto y comercialización, y se incrementará la cobertura de los servicios de salud, educación y cultura.

Los programas de desarrollo regional y empleo apoyarán los proyectos definidos en el seno de los Coplades, dando énfasis al cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes estatales de desarrollo. Actualmente están en ejecución los planes convenidos con los estados de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

En 1987, los programas regionales de empleo promoverán la generación de puestos de ocupación en los estados y municipios, a través de obras de beneficio social, de mejoramiento de los servicios públicos y de proyectos productivos; asimismo se apoyarán los programas orientados a incorporar a la población juvenil y a la mujer campesina a las actividades económicas.

De esta se atenderán las necesidades municipales en materia de infraestructura urbana y servicios públicos, se promoverán proyectos que impulsen las actividades económicas de alta generación de empleo, que propicien el arraigo de la población en sus lugares de origen e incrementen la producción y productividad.

Se apoyarán los programas de capacitación de trabajadores, de becas a escolares de familias de obreros, campesinos y clases populares, de atención a los jóvenes pasantes de instituciones de educación superior, y los que promuevan la integración de la mujer al desarrollo.

Se propone una asignación para este subsector de 1 465.8 mil millones de pesos.

La acción sectorial se orientará fundamentalmente a mantener la atención a zonas urbanas consideradas como críticas y a proteger regiones ecológicas prioritarias así como a coadyuvar a atender el déficit de vivienda. Por lo anterior, el sector se ha propuesto como objetivos generales reforzar de manera decisiva el fomento a las acciones de descentralización, impulsar el equilibrio urbano, así como la protección ecológica y la generación ecológica y la generación de empleos,

Para ello, se seguirán ordenando y seleccionando las acciones sectoriales a fin de ampliar el impacto social de las inversiones; se reforzará el equipamiento urbano de las ciudades con potencial de desarrollo; se mantendrá el ritmo indispensable de reordenación de asentamientos con graves carencias de infraestructura y servicios y se protegerá la ecología y el ambiente en zonas críticas y cuencas prioritarias.

Se continuará promoviendo la articulación de los recursos fiscales con los del convenio único de desarrollo, los crediticios, los propios de los organismos del sector y de los estados y municipios, así como los correspondientes a las aportaciones de la comunidad de acuerdo a la capacidad financiera de las poblaciones beneficiadas, Se dará énfasis a la concertación de las inversiones, promoviendo la corresponsabilidad de las entidades participantes en la ejecución de la obra pública sectorial.

Las acciones en esta materia se dirigirán en 1987 a la formulación de proyectos para propiciar la creación de reservas de sueldo urbano y la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento, particularmente agua potable y alcantarillado, así como al otorgamiento de apoyo técnico, asesoría y capacitación a los organismos operadores de los servicios locales.

Se dará atención especial a las necesidades de desarrollo urbano en las ciudades con desequilibrios, como Acapulco, Coatzacoalcos - Minatitlán, Manzanillo, Mazatlán, y Progreso, así como a las ciudades medias con capacidad de apoyar la descentralización; y de la Frontera Norte , como Tampico - Madero- Altamira, Hermosillo, Mexicali, Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez.

Además se continuarán acciones de protección del patrimonio cultural, mediante la atención de sitios y monumentos históricos; se propiciará el aprovechamiento y la administración de los bienes inmuebles y el mantenimiento de los edificios públicos.

El sector dará un impulso especial a la vivienda en todo el territorio nacional, dirigiendo a sus acciones a la constitución de reservas territoriales y su habilitación para programas habitacionales, la constitución de lotes con servicios para vivienda progresiva y mejorando, así como de vivienda terminada.

El programa de vivienda que realiza el fondo nacional de habitaciones populares, permitirá efectuar en 1987, 41 mil 100 acciones de vivienda y la terminación de 38 mil 611. Los mayores montos de recursos se canalizarán a los estados de Nuevo León, Michoacán, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Aguascalientes y Veracruz.

Además se continuarán los programas de vivienda en el Distrito Federal que comprenden los de renovación habitacional popular, el emergente de vivienda fase II y el de reconstrucción democrática de Tlatelolco.

En materia de cambio estructural, se prevén las siguientes acciones:

Reducir y simplificar trámites para construcción y adjudicación de vivienda. Consolidar el funcionamiento de los comités estatales de normas y promoción de vivienda y de los institutos estatales de vivienda.

Capacitar y asesorar a las organizaciones e institutos regionales de vivienda.

Apoyar la constitución y operación de parques de materiales y de cooperativas de construcción.

Desarrollar mecanismos de financiamiento, operación, recuperación crediticia e incentivos fiscales que apoyen la construcción de vivienda tipo medio y de interés social para venta y arrendamiento.

Asimismo, es conveniente destacar que adicionalmente a las acciones de vivienda apoyadas con recursos fiscales, se realizarán otras con créditos que no están concluidos en este proyecto de presupuesto.

La estrategia en este ámbito propiciará acciones que permitan el control de la contaminación del aire, agua y suelo en zonas críticas del país; el cumplimiento a las 21 medidas decretadas para reducir la contaminación atmosférica en el Valle de México y la instrumentación en caso de requerirse del Plan de Contingencia Ambiental para la zona metropolitana de la ciudad de México.

Por otra parte, continuarán las acciones de saneamiento de las principales cuencas hidrológicas, la reforestación y restauración, así como la preservación y el desarrollo de parques y áreas ecológicas; la construcción y operación de estaciones de aprovechamiento de la vida silvestre y la instrumentación de acciones para la protección de especies en peligro de extinción y el fomento a la conciencia ecológica y la participación corresponsable de la sociedad en los problemas ambientales.

Los recursos presupuestales que se proponen para el subsector ascienden a 262.7 mil millones de pesos.

La promoción y el impulso al desarrollo pesquero ha tenido un carácter prioritario dentro del contexto nacional, debido a su contribución a la oferta de alimentos de alto contenido protéico, a la generación de empleos productivos en zonas rurales, a la capacitación de divisas por concepto de exportaciones pesqueras y al fomento del desarrollo regional descentralizado.

La acción conjunta de los sectores público, social y privado permitió que el sector pesquero obtuviera para 1986 una producción de 1 millón 350 mil toneladas en peso vivo, que presentó un 7.0% más que el año anterior, lo que significó un consumo aparente de 13 Kilómetros por habitante. De la producción total, correspondió 1 millón 210 mil toneladas a captura y 140 mil toneladas a acuacultura.

La industrialización total de materia prima ascendió a 646 mil 939 toneladas destacando los procesos de congelados y enlatados. Se comercializaron 771 mil 190 toneladas de productos pesqueros, que incluyen presentaciones de frescos; del total, 639 mil 190 toneladas fueron para el mercado interno y 132 mil toneladas para el externo representando una captación de divisas de 509.2 millones de dólares.

Para 1987, se estima una captura de 1 millón 389 mil toneladas de la que se contempla industrializar un volumen semejante a la meta alcanzada en el presente año.

En la fase de comercialización de productos pesqueros se prevé alcanzar un volumen de 863 mil 482 toneladas, compuesto por 536 mil 041 toneladas de producto fresco y 326 mil 441 en otras presentaciones. De este volumen se prevé colocar 710 mil 447 toneladas en el mercado interno y 153 mil 035 toneladas en el mercado exterior, estimándose una captación de divisas de alrededor de los 537.7 millones de dólares.

Se estima que para 1987 el consumo total de productos pesqueros sea de 1 millón 129 mil 450 toneladas, correspondiendo 816 mil 950 toneladas a consumo humano directo y 312 mil 500 toneladas a consumo humano indirecto y de uso industrial. Con este nivel de producción se aumentará en 800 gramos el consumo por habitante y se dará empleo a más de 250 mil trabajadores de la pesca.

La estrategia de gasto público pesquero tiende a racionalizar y optimizar los recursos, en especial los corrientes, a fin de abrir espacio a la inversión bajo un criterio selectivo en su composición.

En el rubro de inversión, se proponen recursos para el mantenimiento de la planta industrial, programas de reparación, mantenimiento y reposición de embarcaciones, así como para la capacitación e investigación pesquera.

En cuanto a la infraestructura portuaria, las acciones se orientarán a la terminación de las obras en proceso con alto grado de avance que aumenten la productividad en el corto plazo, así como aquéllas que son necesarias a efecto de poner en funcionamiento importantes inversiones realizadas con anterioridad

En materia de infraestructura acuícola, la inversión pública asegurará la operación de los centros acuícolas y granjas piscícolas en beneficio directo de grupos ejidales, comunales y de población de escasos recursos. Las obras de infraestructura básica acentuarán el cultivo de especies para el consumo local y regional, dando prioridad a acciones en áreas rezagadas.

El proceso de reconverción industrial se expresará en la terminación de cuatro modernas plantas industriales, en la rehabilitación de las líneas de producción de enlatados, en la renovación tecnológica en el tratamiento de productos congelados y en el mantenimiento y reparación de la planta industrial.

Para 1987, se prevé un presupuesto al sector pesca de 491.5 mil millones de pesos.

El desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transportes constituye un elemento estratégico en la política de reactivación económica, para lo cual se plantean dos líneas de acción fundamentales: la primera consiste en un incremento en términos reales del gasto en inversión para 1987, que se canalizará prioritariamente a programas de conservación y reconstrucción de la infraestructura y a la terminación de obras en proceso. Con ello, se logrará elevar a corto plazo la capacidad y eficiencia del sistema y contribuir de manera importante a la generación de empleo.

La segunda prevé acelerar la aplicación de las medidas de cambio estructural en la prestación de servicios, con una perspectiva de mediano plazo, entre las que destacan la reconversión industrial del sistema ferroviario y del transporte aéreo.

En cuanto al sistema de comunicaciones, las medidas de cambio estructural se orientan principalmente a impulsar el crecimiento de las telecomunicaciones, en especial la telefonía e incrementar la infraestructura de apoyo que permita optimizar la utilización del Sistema de Satélites Morelos, así como la consolidación de los nuevos organismos descentralizados: Sistema Postal Mexicano y Telégrafos Nacionales.

En atención a estos grandes lineamientos, se ha asignado al sector un presupuesto de 3 mil 133.3 millones de pesos, un aumento de 98.0% sobre 1986.

El transporte por carretera, seguirá siendo fundamental en la movilización de bienes y servicios del país. Se estima que para 1987 se transportarán por este medio 300 millones de toneladas y 1 mil 670 millones de personas a través de los 226 mil kilómetros que conforman la red.

De acuerdo con la prioridades establecidas, se dará apoyo extraordinario a la rehabilitación y conservación de la red carretera. Se han considerado asimismo, medidas tendientes a elevar a corto plazo la capacidad de la red y apoyar las regiones señaladas como prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo.

Al respecto, puede mencionarse la ampliación a cuatro carriles de diversos tramos de la red troncal que presentan problemas de congestionamiento, entre los que destacan las carreteras Querétaro - San Luis Potosí, Guadalajara - Colima - Manzanillo, Pátzcuaro - Morelia - Salamanca, México - Toluca, Reynosa - Matamoros y Guaymas - Nogales.

La construcción de carreteras incluye, a su vez, diversas obras que contribuyen a mejorar los enlaces transversales, entre las que se pueden mencionar la Fronteriza del Sur, la Chihuahua - Culiacán, la Chihuahua - Hermosillo y Maravatío - Atlacomulco.

Se propone asimismo, reforzar el sistema de carreteras de cuota, ampliando tramos de dos de las más importantes como son la Querétaro - Celaya - Irapuato y la Puebla - Orizaba. Es este rubro se considera también la terminación del Puente de Tampico.

Los ferrocarriles constituyen el eje principal de la estrategia de cambio estructural en transporte, planteándose elevar su eficiencia y lograr una mayor incidencia en el funcionamiento del sistema.

Para 1987 se estima que su participación en el movimiento de carga ascenderá a 73.7 millones de toneladas y que el número de pasajeros alcance los 24.9 millones.

El proyecto más importante en este renglón lo constituye la terminación de la vía doble electrificada México - Querétaro, con lo que se concluirá una de las obras más ambiciosas en la modernización de los ferrocarriles, que permitirá aprovechar las inversiones previamente realizadas y aumentar la capacidad y eficiencia en la principal vía del sistema ferroviario. Cabe mencionar asimismo, la reconstrucción de la vía México - Veracruz y la construcción de la nueva vía directa Guadalajara - Monterrey, que constituyen importantes ejes transversales.

Por otro lado, se dará atención prioritaria a los programas emergentes de reconstrucción de equipo tractivo y de rehabilitación de tramos críticos de la infraestructura férrea, que resultan indispensables para lograr una eficiente operación del sistema ferroviario.

Se propone asimismo, avanzar en el saneamiento financiero de los ferrocarriles, mantenimiento una política realista de tarifas y apoyando su capitalización, mediante transferencias del Gobierno Federal para inversiones en infraestructura. Se aceleran además los cambios administrativos y operativos del servicio que permitan elevar la eficiencia, entre los que sobresalen la fusión de las cuatro empresas ferroviarias y la de Servicios de Coches Dormitorio con Ferrocarriles Nacionales de México.

Para 1987 el transporte marítimo mantiene su importante papel en el manejo de nuestro comercio exterior. Se espera que para tal año el tráfico de altura llegue a los 131 millones de toneladas y a 56 millones de toneladas el de cabotaje.

Los recursos asignados a este sector permitirán mantener el ritmo de las obras en proceso e incorporarlas a la operación a corto plazo. Al respecto pueden mencionarse las ampliaciones de Manzanillo y Progreso. Se incluye asimismo, una importante partida para la conservación y reconstrucción de puertos, entre las obras más importantes a realizar, cabe citar las de Guaymas y Veracruz.

También se han previsto recursos destinados a fortalecer el funcionamiento de las autoridades portuarias y en particular para la consolidación del organismo Tampico - Altamira.

Dentro de las acciones previstas para 1987, destaca además la adquisición de equipo de dragado para la empresa recientemente constituida, Servicios de Dagrado, lo que permitirá su consolidación y superar la insuficiencia existente en este renglón.

Se considera que durante 1987, el transporte aéreo mantendrá su ritmo de crecimiento, estimándose que se movilizarán 11.5 millones de pasajeros en tráfico nacional y 4.0 millones en el internacional. Asimismo, se otorga prioridad a la terminación de obras en proceso y a la rehabilitación de la red aeroportuaria. Dentro de las principales obras, cabe citar los aeropuertos de Colima, Colima; Manzanillo, Colima; Huatulco, Oaxaca; Ixtepec, Oaxaca y Tepic, Nayarit.

Por su parte, aeropuertos y servicios auxiliares llevará a cabo la conservación de los 56 aeropuertos a su cargo, atendiendo diversas obras de rehabilitación en edificios, pistas y plataformas, que permitirán garantizar la seguridad en las operaciones que para 1987 se estima en 1.3 millones.

Por lo que respecta al Transporte Aéreo Nacional, éste continuará sus programas de productividad y saneamiento financiero. Aeroméxico sustituirá cinco aeronaves obsoletas tres modernos aviones con mayor alcance, lo que permitirá estructurar las rutas de manera más eficiente.

La modernización e impulso de las telecomunicaciones, con especial énfasis en la telefonía, representan las orientaciones básicas para este subsector. Para 1987, la prioridad es el fortalecimiento de la infraestructura complementaria que permita optimizar el aprovechamiento del Sistema de Satélites Morelos. Con este propósito, se ha considerado la ampliación y modernización de la red de estaciones terrenas.

Se continuará asimismo, con la modernización de los enlaces de la red de microondas para facilitar la conducción de señales a larga distancia; se ampliará la red de telex y los servicios públicos de teleinformática y transmisión de datos.

En lo que se refiere a telefonía, se contempla un ritmo moderado de expansión, estimándose que se incrementará en 8.2% el número de líneas de operación. Se continuará asimismo, con las medidas reorganizativas que permitan elevar la productividad y desconcentrar el servicio.

Por otro lado, se mecanizará el servicio postal y se automatizará el servicio telegráfico, que llegará a su etapa de instalación, al mismo tiempo que se reestructuran los servicios bajo una concepción moderna administrados a través de los organismos descentralizados recientemente constituidos.

Durante el actual régimen, se ha promovido una profunda reestructuración del sector comercio y abasto, dentro de la estrategia de cambio estructural y reconversión industrial, la cual persigue la modernización industrial y comercial y el aumento de la infraestructura productiva de básicos.

En este sentido, en 1986 se concretaron avances muy importantes, de los cuales destacan:

Se aprobó el protocolo de adhesión al GATT y se avanzó en la racionalización de la protección, liberando el 90.0% de las fracciones que conforman la tarifa general.

Se impulsaron las exportaciones no petroleras con la introducción de la Carta de Crédito Doméstica y ampliación simplificación del sistema de importaciones temporales para exportación.

Se continuó fortaleciendo la función reguladora y el apoyo a los sistemas mixtos de acopio abasto participativo de maíz, trigo, granos forrajeros, frijol y productos /oleaginosos, eliminando los subsidios indirectos al arroz, frijol, sorgo, oleaginosas, aceites y derivados. En el segundo semestre se canceló el subsidio directo a la harina de trigo, destinada a la elaboración de pan blanco.

Se consolidó el programa social de leche y se transformó el subsidio directo a la industria nixtamalera y el indirecto al maíz para hacerlo selectivo y transparente, aplicándolo al consumo a través del sistema venta de cupones dentro del programa de distribución de la tortilla subsidiada, en respuesta a la solicitud del Congreso del Trabajo.

Se racionalizó la estructura del sector liquidando el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, cuyas funciones fueron absorbidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y el Banco Nacional de Comercio Exterior; asimismo transfirió tapetes mexicanos al Gobierno del estado de México.

En 1987, el sector continuará priorizando las acciones que promuevan el equilibrio y articulación entre los procesos y faces de producción - abasto - distribución - consumo.

Así, se preservará en el fomento a la inversión privada y social, en el impulso a la productividad, en la inducción a una mayor oferta, en la integración, ordenación y modernización del proceso comercial y en la regulación de los mercados y precios de bienes y servicios necesarios y estratégicos. Además se orientará al consumidor para inducirlo a ejercer su gasto por encima de influencias distorsionadoras, lo que permitirá continuar en la corrección de los desequilibrios estructurales del aparato productivo y distributivo, incidir en la disminución de importaciones superfluas y elevar el poder adquisitivo del salario.

La estrategia para el año, mantiene las políticas fundamentales y fortalece los logros alcanzados en los últimos cuatro años, bajo los siguientes lineamientos:

En la comercialización agropecuaria sólo se participará con los volúmenes necesarios para una eficaz función y consolidará la operación de los comités mixtos participativos de comercialización, para incrementar la intervención de las ramas industriales incluyendo las filiales de Conasupo en las compras de las cosechas nacionales y en las importaciones complementarias. Asimismo, se propiciará un sistema de acopio y almacenamiento más moderno y equilibrado entre centros productores y consumidores y se mejorará la coordinación entre almacenadoras oficiales y privadas.

En materia de transformación industrial, se ampliará la producción de básicos directamente y mediante fuentes alternativas de financiamiento. La suscripción de convenios de conversión con gobiernos estatales y los sectores social y privado, será prioritario.

Se continuará con el apoyo técnico y financiero y se impulsará la creación de cadenas productivas, vinculando su oferta con los requerimientos del exterior.

Igualmente, se instrumentarán e impulsarán medidas que vigoricen al sector industrial, productor de bienes y de capital, estimulando factores que incrementen producción y competitividad.

En el ámbito de la distribución, se continuará con la descentralización de las compras y se intensificará la concertación de convenios con comunidades y grupos organizados de productores y consumidores y se consolidará la atención a la población de menores recursos, reubicando la infraestructura de distribución hacia zonas prioritarias con el apoyo de los gobiernos estatales. La transformación y relocalización de la red de tiendas y almacenes permitirá integrar un sistema de unidades que hagan viable el establecimiento de circuitos locales y regionales de producción - consumo.

La capacitación y difusión de información para orientar a comerciantes y consumidores será reforzada, así como la normalización, inspección y vigilancia sobre los procesos de producción y comercialización, a fin de evitar distorsiones en los precios, proteger el poder adquisitivo y garantizar un consumo de productos básicos que mejore el nivel nutricional de la población.

Respecto al comercio exterior, se llevarán a cabo acuerdos de comercialización internacional en apoyo al sector productivo frente a convenios celebrados con compradores extranjeros, aprovechando el poder de negociación del Estado, así como las ventajas de acuerdos ampliados con países miembros del GATT. Se continuará con la racionalización de las medidas de protección mediante la sustitución del permiso previo por el arancel, adecuándolo a los factores prioritarios del comercio nacional respecto al internacional.

En el fomento a las exportaciones se cuidará el desarrollo de las franjas fronterizas y zonas libres, el mejoramiento de las condiciones de intercambio y el equilibrio de las cuentas externas.

El conjunto de lineamientos reflejan la acción del sector en las vertientes obligatoria, de coordinación, concertación e inducción, mismos que se fundamentan en varios programas, entre los que se encuentran el de Fomento y Regulación al Comercio Interior y al Abasto, al Comercio Exterior, a la Industria y a la Inversión Extranjera, así como el de Producción Directa de Productos Básicos de Consumo Popular y de Servicios de Abasto, Regulación y Comercialización; de Distribución de Productos de Consumo Popular; Promoción de la Modernización Comercial y Acopio y Almacenamiento para el Abasto.

Para 1987 se han fijado objetivos con base en el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior y en el de Sistema Nacional para el Abasto, siendo estos:

- Evitar prácticas especulativas y distorcionantes en precios, calidad y cantidad de los productos básicos de consumo generalizado para proteger a la población, en especial la de escasos recursos.

- Lograr la incorporación creciente y participativa de los sectores privados y social en el acopio, almacenamiento e industrialización de básicos, así como apoyar la modernización de su participación en el comercio detallista.

- Promover la eficiencia y competitividad de la industria, la integración de cadenas productivas, la sustitución selectiva de importaciones y el apoyo a las exportaciones, así como avanzar en la reconversión industrial.

En relación a las acciones, se prosigue con la consolidación de la infraestructura que asegure el abasto nacional de productos básicos y con las acciones de un claro impacto económico - social; se fortalece la programación financiera para la atención de actividades industriales y comerciales prioritarias y la modernización de las estructuras de abasto popular.

En este sentido y dentro de los proyectos prioritarios de inversión destacan la instalación de las líneas de secado de leche en Aguascalientes y de producción de leche ultrapasteurizada en la planta de Tláhuac en el Distrito Federal, el establecimiento de un centro de mejoramiento genético y de transplante de embriones, al concluir la 2a. etapa del molino de oleaginosas en Matamoros, Tamaulipas y ampliar la capacidad del de Ciudad Obregón, Sonora: así como continuar la instalación de plantas harinizadoras de maíz en Atlacomulco, estado de México y en Huamantla; Tlaxcala; instalar 42 tiendas sindicales en diferentes estados convenidas con el Congreso del Trabajo y concluir 2 si los de concreto en Guadalajara, Jalisco y en Apizaco, Tlaxcala, con capacidad de 25 mil toneladas cada uno.

Durante 1987, Conasupo comprará 6.6 millones de toneladas de maíz, trigo, frijol, arroz, sorgo y oleaginosas en el mercado nacional y 3 millones de toneladas de importación de maíz, sorgo, frijol y leche en polvo, y venderá 8.9 millones de toneladas.

Andsa y Boruconsa calculan almacenar y manejar, considerando la revolvencia, 66 millones de toneladas de productos básicos. Liconsa producirá 1,669 millones de litros de leche; Iconsa y Miconsa 1,020 millones de toneladas de harinas de maíz y trigo, aceites y mantecas, entre sus principales productos. El sistema Diconsa distribuirá productos por un valor de 869 mil millones de pesos, con especial atención a comunidades rurales y zonas marginadas; Impecsa consolidará atención a 145 mil pequeños comerciantes a los que vendrá 310 mil millones de pesos.

Las entidades de orientación y protección al consumidor difundirán sobre bienes y servicios de consumo generalizando, a través de 8.2 millones de periódicos y revistas y 3 mil 409 mensajes por radio y televisión; capacitarán y asesorarán a 488 grupos consumidores organizados y atenderán 355 mil reclamaciones, 280 mil controversias y 13 mil 500 arbitrajes.

En el fomento industrial se prevé canalizar créditos por 97 mil millones de pesos a través del PAI y apoyar 80 pequeñas y medianas industrias por parte del FOMIN; por su parte LANFI elaborará 1 mil 800 estudios para resolver problemas tecnológicos a la industria.

Se propone un presupuesto para el sector de 1, 897.2 mil millones de pesos, de los cuales 1, 728.8 millones corresponden a Conasupo, 73.2 mil millones a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y 95.2 mil millones a otras entidades.

La rectoría del Estado en la vida económica, que por mandato constitucional le reserva su intervención en sectores estratégicos de la economía, se expresa fehacientemente en las empresas públicas que conforman el sector industrial paraestatal, concebidas éstas como instrumento prioritario para el equilibrio regional, como mecanismo de apoyo para la capacitación de divisas y como vehículo fundamental para reordenar la economía y superar la dependencia tecnológica.

Desde el inicio de la presente administración, se reconoció la imperiosa necesidad de racionalizar el sector, a fin de fortalecerlo. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo estableció con claridad los propósitos fundamentales de la industria pública: fortalecer el carácter mixto de la economía; participar en la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios; consolidar la articulación de las cadenas productivas; apoyar la integración del aparato reproductivo, modernizar su organización, elevar sus niveles de productividad y propiciar su reestructuración; promover el desarrollo regional del país; contribuir al sano financiamiento del desarrollo, mediante la generación de ahorro corriente y mayor disponibilidad de divisas; y adoptar mecanismos y políticas que garanticen el cumplimiento de sus objetivos y la responsabilidad en su manejo.

La coyuntura actual exige redoblar esfuerzos en aras de lograr propósitos, por lo que el sector industrial paraestatal plantea una estrategia que les da continuidad, a la vez que busca la reactivación económica en condiciones de estabilidad. Sus principales líneas de acción son:

- Continuar la política de saneamiento financiero de las entidades, redoblando los esfuerzos de racionalización del gasto, productividad, rehabilitación financiera e incremento de ingresos propios bajo un marco realista de precios y tarifas.

- Profundizar el proceso de revisión de la participación del Estado de la industria para concentrar esfuerzos en los campos estratégicos y prioritarios, procediendo a la venta, liquidación o transferencia de aquellas entidades que no lo son. Ello permitirá incrementar la eficiencia de la economía y canalizar el ahorro a la atención de las prioridades nacionales.

- Intensificar la estrategia de reconversión industrial del sector paraestatal, como parte integrante del cambio estructural previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, dando especial énfasis a las ramas siderúrgica, azucarera, fertilizantes, naval, ferroviaria y autotransportes.

- Promover las exportaciones no petroleras del sector.

- Continuar con el esfuerzo sistemático para alcanzar niveles de productividad y eficiencia que permitan un ritmo sostenido de desarrollo.

Para el cumplimiento de los anteriores propósitos y líneas de acción, se propone un presupuesto para el sector que alcanza la suma de 4,167.9 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 96.5% en relación a 1986.

Durante 1987, la ejecución de las distintas acciones en el subsector minero tendrán al fortalecimiento de su papel como proveedor de materias primas para la planta industrial y como contribuyente importante en la generación de divisas y empleo.

En este sentido, se reactivará la exploración de áreas potencialmente factibles y se intensificará la explotación de aquellos minerales rentables a nivel de pequeña y mediana empresa; asimismo, se continuarán los trabajos de investigación y cuantificación de los depósitos y reservas minerales metálicos y no metálicos actualmente localizados.

Por otra parte y a fin de lograr una mayor eficiencia en la operación y una reducción de costos por la vía de escalas de producción y por efectos del transporte, se procurará el equilibrio de la capacidad extractiva con la correspondiente a las plantas de beneficio.

Se propiciará una mejor integración del subsector, mediante la exportación de minerales con mayor valor agregado, el impulso para el desarrollo de una base tecnológica propia y una mayor vinculación con las cadenas productivas de bienes de capital y otras ramas.

Sobre estas bases, se espera alcanzar niveles de extracción del orden de 1,415 mil toneladas de mineral para recuperar oro y plata, 1,283 mil toneladas de minerales no ferrosos, 13,921 mil toneladas de minerales siderúrgicos, 8,252 mil toneladas de minerales no metálicos y 3,839 mil toneladas de combustibles minerales.

Las anteriores metas de producción se verán reflejadas en la comercialización de 1 mil 221 kg de oro, 82 mil 407 kg de plata, 1 mil 280 toneladas de plomo, 1 mil 780 toneladas de zinc, 4 mil 352 toneladas de cobre, 550 mil toneladas de concentrados de roca fosfórica, 3,011 mil toneladas de carbón coquizable, entre otros.

Las entidades que integran la rama minerometalúrgica cuenta con un programa de inversión que significa un crecimiento de 102.6% respecto a 1986, incluyendo las inversiones financieras que se dan como aportaciones al capital social de empresas filiales. Entre los proyectos que se desarrollarán en el programa de inversiones, sobresalen los proyectos de MICARE en Carbón II, vinculando al abastecimiento de la carboeléctrica del Río Escondido; el de San Juan de la Costa, para la obtención del concentrado de roca fosfórica para Fertimex; el de Otapan, para la producción de azufre destinado al abastecimiento interno y al mercado de exportación; y la continuación de la plata piloto de bromo en Guerrero Negro, Baja California Sur.

La siderúrgica paraestatal ha iniciado un programa de reestructuración a fondo, cuyo objetivo central es disponer de una industria cada vez más vinculada con el resto de la planta industrial y que le permita el aprovechamiento integral de las materias primas del país en la producción acerera. Esto es una respuesta impostergable a la caída que experimentó la industria como consecuencia de la contracción de los mercados y de la baja de los precios internacionales del acero, así como la quiebra de Fundidora Monterrey.

Este programa de reestructuración integral, convenido en septiembre de 1986, significa el redimensionamiento de la industria, la racionalización de su estructura de costos, la autonomía de gestión de las empresas, la adecuación tecnológica de las instalaciones, y un sensible aumento en la eficiencia, productividad y utilización de la capacidad instalada.

En consecuencia, la política del subsector para 1987 incorpora los objetivos antes referidos, lo que se traduce en una reducción real de los costos unitarios y en un incremento sustancial en el gasto de inversión, orientado básicamente a la rehabilitación. optimización y reconversión tecnológica de la industria siderúrgica paraestatal.

La producción siderúrgica de AHMSA y Sicartsa será del orden de 3 millones 242 mil toneladas de productos terminados, que representan un crecimiento del 5% respecto a la esperada al cierre del presente ejercicio. Por su parte, las metas de comercialización reflejan un crecimiento del 12% respecto a 1986, como resultado del desplazamiento de una parte importante de los inventarios en existencia y de metas de exportación más agresivas, que persiguen lograr la presencia permanente del acero mexicano en los mercados internacionales.

En cuanto a su programa de inversiones, se prevé la reanudación del proyecto Sicartsa II, el cual se constituye como pivote de la reconversión tecnológica de la industria siderúrgica, mejora radicalmente la rentabilidad del subsector en su conjunto y permite alcanzar niveles elevados de productividad y eficiencia.

Asimismo, se aumentará sustancialmente la inversión en conservación y mantenimiento de la capacidad instalada en todas las plantas, así como los recursos destinados a la reconversión industrial con la apertura de nuevas líneas de producción en rieles, lo que permitirá abatir importaciones a partir de 1989.

En materia de investigación y desarrollo, destacan los proyectos de desarrollo de tecnología mexicana para la instrumentación del soplo combinado en los convertidores al oxígeno de Altos Hornos de México y la construcción de una estación de metalurgia de olla y de desgasificación al vacío para la producción de grados de acero, aún no fabricados en el país.

Igualmente se seguirán apoyando los programas de investigación aplicada, orientados a mejorar la productividad de dicha industria. Durante 1987 se prevé el arranque de la primera planta piloto para metalurgia en polvos, que coloca a la siderurgia nacional en una posición de avanzada en la investigación y desarrollo de tecnologías consideradas como de punta.

Por último, dentro del proceso de reestructuración del sector paraestatal, se continuará con la desincorporación de aquellas filiales del Grupo Sidermex que trascienden el objetivo básico de la industria siderúrgica.

En los últimos años, la industria azucarera no sólo ha recuperado su capacidad para satisfacer el mercado doméstico, sino que se ha ubicado nuevamente en posibilidad de exportar y generar divisas.

Para 1987, se continuará con los programas de aprovechamiento, modernización y redimensionamiento de la capacidad instalada de los ingenios para dar mayor impulso a las acciones de reconversión industrial, mediante el cierre de algunos de ellos y el mejoramiento de procesos de comercialización y de distribución, reforzándose la campaña de racionalización del consumo popular.

Asimismo, se optimizará la superficie sembrada y se introducirán prácticas que aumenten el rendimiento por hectárea. Se intensificará la comercialización interna y externa de azúcar mieles incristalizables y alcohol, y se buscará incrementar las ventas totales con procesos de mejoramiento en la distribución de los sectores público y privado.

En este contexto, durante 1987 se prevé elevar la producción de los ingenios estatales a 2.9 millones de toneladas de azúcar, 905,800 toneladas de mieles incristalizables y 70 millones de litros de alcohol, con lo que se espera exportar 200 mil toneladas de azúcar y 100 mil de mieles.

En cuanto a la reconversión industrial y racionalización, destacan las acciones siguientes:

- Efectuar ajustes en la dimensión y funcionamiento de la industria para elevar su eficiencia y mantener su competitividad técnica y económica.

- Avanzar en la instrumentación de la descentralización a nivel regional y gerencial en los ingenios.

- Establecer políticas que desestimulen el excesivo consumo interno actual y el contrabando de exportación.

- Establecer un programa de investigación y desarrollo de productos sustitutos y promover el uso eficiente de los subproductos del azúcar.

- Actuar en función de una política de precios basada en costos reales, orientada a promover la eficiencia productiva y la autonomía financiera.

- Revisar y adecuar las tarifas del corte de la caña, de forma tal que esta labor resulte económicamente atractiva a los cortadores.

En materia de inversiones, se pondrá especial atención en la conclusión de proyectos de ampliaciones de capacidad en los ingenios Tres Valles, S. A., e Independencia, S. A., en Veracruz, y el de Pujiltic, S. A., en Chiapas, así al programa normal de rehabilitación y mantenimiento de los 50 ingenios en operación. Los aspectos fundamentales se centran en la sustitución de equipo obsoleto, nivelaciones departamentales, instrumentación general de fábrica, ampliaciones y equilibrio de capacidades entre campo y fábrica y obras de mecanización de bodegas.

Esta industria se orienta a cumplir el compromiso social de satisfacer íntegramente los requerimientos de fertilizantes de la agricultura mexicana y coadyuvar a lograr las metas en materia alimentaria. Esta situación obliga a redoblar los esfuerzos para ampliar y modernizar la infraestructura de producción y distribución de estos insumos.

En 1987, la estrategia para el subsector se encauzará al apoyo e integración de la planta productiva, fundamentalmente a través del mejor aprovechamiento de la capacidad instalada, de manera que le permita impulsar la producción y ofrecer productos de mejor calidad y abatir el contenido importado. Ello se logrará a través de diversas obras de inversión en mantenimiento mayor y mediante el mejoramiento de los controles de calidad de las materias primas y los servicios auxiliares.

Para incrementar la productividad y disminuir la contaminación ambiental, se continuarán los trabajos relacionados con el aprovechamiento de desechos.

Con base en esta estrategia, se programa comercializar 5.9 millones de toneladas de fertilizantes insecticidas y productos químicos, con abatimiento en gran medida de inventarios existentes.

A fin de apoyar la conversión industrial, se realizarán las siguientes acciones:

- Continuar con los proyectos de inversión iniciados para producir fertilizantes de alta concentración.

- Elevar la productividad mediante la modernización técnico - productiva y la capacitación.

- Consolidar y expandir la capacidad distributiva para satisfacer la demanda interna y contribuir a la autosuficiencia alimentaria, concentrando la distribución de productos en las 100 bodegas reguladoras. Asimismo, se pretende lograr mantener la suficiencia nacional en fertilizantes nitrogenados y fosforados y avanzar en la producción de potásicos.

Con la terminación del complejo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en su primera etapa, durante 1987 se incrementará la capacidad total instalada a 5.4 millones de toneladas de fertilizantes y, al concluir el proyecto a finales del año, aportará 600 mil toneladas adicionales. El complejo también producirá 1.9 millones de toneladas de productos intermedios.

En materia de comercialización, se incluirán los proyectos de la tercera etapa del Plan Nacional de Bodegas, con lo que se dispondrá de una capacidad de almacén adicional de 600 mil toneladas, y la segunda etapa de las terminales de amoníaco de 40 mil toneladas en diversos estados, lo que permitirá en el corto plazo reducir costos de transporte.

Las acciones a realizar en este subsector están orientadas a disminuir la elevada dependencia del exterior en lo relativo a insumos, partes, componentes y equipos indispensables en la articulación de cadenas productivas.

Para 1987, se prevé el inicio de las operaciones productivas del proyecto industrial NKS, ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, habiendo iniciado la curva de aprendizaje en 1986. Se contempla la fabricación de turbogeneradores para la CFE con un 40% de integración nacional, así como de diversas partes y componentes para múltiples industrias como la siderúrgica, minera, petroquímica, ferroviaria, naval y cementera, entre otras. El programa de producción implica utilizar aproximadamente el 42.0% de su capacidad instalada.

Adicionalmente, se seguirá apoyando a las industrias automotriz, ferroviaria y agrícola, mediante la fabricación de productos de fundición, motores y tractores, principalmente en Siderúrgica Nacional, S. A. Con ello, se consolidará su posición como principal abastecedor de tractores agrícolas y sus partes en el mercado nacional (40% en forma directa y 60% en forma indirecta).

Las metas previstas incluyen la producción de 2 mil 090 tractores agrícolas, 6 mil motores y partes, así como la fabricación de equipo pesado, partes y componentes de piezas forjadas y fundidas para las industrias mencionadas.

Los proyectos de inversión programados para 1987 incluyen la conclusión de las instalaciones de la planta industrial de Grupo NKS, que contará con los talleres de acería, fundición forja y maquinado pesado.

El Plan Nacional de Desarrollo destaca la importancia del Sistema Integral de Transporte como instrumento prioritario para el desarrollo social y económico del país.

En consecuencia, la industria automotriz paraestatal plantea para 1987 promover la integración vertical y horizontal de la planta productiva, sustituir importaciones y actualizar la tecnología de sus líneas de camiones pesados y tractocamiones, lo que le permitirá incursionar en los mercados internacionales. Con respecto a autobuses foráneos, DINA prevé exportar unidades a los mercados de Centro y Sudamérica.

Para disminuir la contaminación ambiental, se continuarán empleando en mayor proporción los motores Big. Cam., en autobuses urbanos y suburbanos, los cuales reducen en forma considerable la emisión de humo y ruido.

Las metas de producción y comercialización se estiman en 750 autobuses integrales, 740 camiones ligeros (minibus), 3,477 camiones medianos, 2 mil 404 camiones semipesados, 379 tractocamiones y 2 mil 977 motores v 6 / v 8.

Por su parte, la industria fabricante de equipo de transporte colectivo abastece los necesarios para mejorar el desplazamiento de grandes volúmenes de carga y pasaje. En esta importante rama industrial se ubica la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, que orienta su producción fundamentalmente a la satisfacción del mercado interno.

Esta empresa realiza esfuerzos para diversificar sus líneas productivas, haciéndolas extensivas a la fabricación de carros metro con ruedas de acero. Asimismo, la entidad agregará nuevas tecnologías a sus procesos productivos para la fabricación de boogies con ruedas de acero, para un nuevo modelo de coches de pasajero modular y para la modernización y fabricación de locomotoras.

Con los programas operativos previstos, se continuará fomentando la industrialización mediante el apoyo e impulso de una amplia red de proveedores tanto de empresas públicas como privadas.

Las metas operativas para 1987 incluyen la rehabilitación y modernización de 700 unidades de carga y tres locomotoras, mismas que forman parte de los programas y proyectos prioritarios que apoyarán la reconversión industrial iniciada por Ferrocarriles Nacionales de México; además, construirá 201 coches metro.

Este programa de producción, basado en una nueva mezcla de productos con mayor valor agregado, como es el caso del coche pasajero, permitirá mayor eficiencia en las líneas productivas, aprovechándose la capacidad instalada en un 80.0% promedio.

La industria naval paraestatal constituye una rama prioritaria de la economía al generar un importante número de empleos directos e ingresos indirectos, impactar otras ramas industriales como la de bienes de capital y demandar una gran cantidad de servicios. Aunado a lo anterior, las embarcaciones que construye y los servicios que realiza, ahorran y generan divisas para el país.

En 1987, este subsector centrará sus acciones para continuar incrementando el uso de la capacidad instalada y promover la participación del sector financiero en el desarrollo de la industria. Con ello, se sentarán las bases para iniciar un proceso de modernización y cambio estructural, el cual requiere de la tecnología y el financiamiento adecuados para poder dotar a la marina mercante nacional de las embarcaciones necesarias, en iguales niveles de calidad y precio obtenidos en el extranjero.

Se prevé la determinación de un granelero de 22 mil tmp, dos buques de 45 mil tmp y 4 remolcadores en Astilleros Unidos en Guaymas, Veracruz y Mazatlán, respectivamente, así como la ampliación de la capacidad de reparación de los Astilleros de Veracruz.

Asimismo, se contempla dotar de tres embarcaciones adicionales a la naviera paraestatal NAVIMIN con lo cual ampliará sus servicios de transportación a empresas públicas que actualmente los contratan del extranjero.

Elemento básico para la recuperación de la actividad económica es la capacidad del sector energético de mantener un ritmo de crecimiento de la oferta de energía suficiente para satisfacer los requerimientos del aparato productivo y superar desfases y estrangulamientos.

Para ello este subsector plantea como estrategia, avanzar en la instrumentación del Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía, promoviendo el desarrollo de sus fuentes alternas, a fin de conformar, en el mediano plazo, un patrón de consumo más racional de nuestros energéticos y acorde a la disponibilidad de un recurso escaso y no renovable.

Asimismo se continuará con la política de saneamiento de las empresas del subsector, redoblando los esfuerzos de productividad y saneamiento financiero, bajo una política de precios y tarifas realistas, sin descuidar los esfuerzos de inversión que sean necesarios para consolidar el desarrollo de la capacidad productiva, prerequisito para un crecimiento dinámico y sostenido de la economía en el mediano y largo plazos.

En cuanto al desarrollo regional y protección del medio ambiente, se apoyará la integración económica de las regiones y el desarrollo social, mediante la incorporación de fuerza de trabajo local y aprovechamiento de la infraestructura productiva y de servicios existentes, sin descuidar la protección de la ecología en las áreas productivas donde se encuentren asentadas las instalaciones del sector.

En electrificación rural, las acciones se orientarán a la incorporación progresiva de nuevos núcleos de población a los beneficios que conlleva la disponibilidad de energía.

Para realizar las acciones anteriores, se propone un presupuesto para el sector energético de 8,632.7 millones de pesos, lo que significa un incremento de 88.9% en relación a 1986.

Frente a la crisis actual del mercado internacional de hidrocarburos, el subsector ha respondido con una política activa que permita concretar los esfuerzos de cooperación internacional, a fin de lograr en el corto plazo, maximizar los ingresos dentro de una reducción de 10.0% de la plataforma de exportación, en el mediano contribuir a la estabilidad del mercado y en el largo plazo preservar los recursos de la nación.

Para 1987, la estrategia mantiene como propósitos fundamentales mantener la autosuficiencia nacional, mejorar la posición de México en el mercado externo mediante la cooperación internacional, sostener una conveniente estructura financiera, elevar la reserva patrimonial y mejorar sus indicadores de eficiencia y liquidez.

Con base en estas acciones, se prevén las siguientes metas operativas: producción de 2 mil 525 mbd de petróleo crudo que permitirá satisfacer la demanda nacional y cubrir la meta de exportación de 1 mil 300 mbd. El nivel de producción de gas natural ascenderá a 3 mil 346 mmpcd que se destinará al consumo interno.

El volumen de ventas de petrolíferos se estima que será de 1 mil 200 mbd y 5 mil 644 mta de petroquímicos básicos, los cuales pretenden continuar una política comercial tendiente a mantener diferenciales reducidos entre los precios nacionales y los internacionales. Los incrementos previstos en el programa operativo para 1987, pretenden evitar el consumo inmoderado de los hidrocarburos, así como el deterioro de las finanzas de Pemex.

En relación al programa de inversión y dada la importancia que tienen los programas de exploración, se ha programado perforar 152 pozos, en su mayoría agrupados en la Sonda de Campeche y el Mesozoico Chiapas -Tabasco. Para fortalecer la infraestructura existente en el sistema para la extracción de crudo y gas, se instalarán 32 plataformas: 18 de perforación, tres de producción, dos de compresión, siete tetrápodos y trípodos y dos habitacionales.

A su vez se continuará con la construcción de oleoductos, oleogasoductos y gasoductos que permitan aprovechar y facilitar el manejo del crudo y del gas, evitando la quema de éste a los mínimos niveles permisibles.

Se proseguirá en la zona sur con la expansión de las plantas de proceso para recuperación del gas a fin de incrementar la capacidad de procesamiento. Para ello, se considera la conclusión de las obras para el sostenimiento de la extracción de los campos de gas no asociados entre las cuales está las del proyecto Matapionche y las de comprensión en los distritos frontera noreste y ciudad Pemex.

En lo correspondiente a transformación industrial, se continuará con la construcción de las plantas de dodecilbenceno y acrilonitrilo en San Martín Texmelucan, Pue.; la de etileno, butadieno, acetaldheino, propilenom, óxido de etileno polipropileno, isopropanol, metil terbutil - Éter, acroleína, acrilonitrilo, polietileno A. D. y ácido acrílico en el Complejo Petroquímico Morelos, Ver.

También son propietarias las obras que se realizan para aumentar la capacidad de proceso en la segunda etapa de la refinería de Tula, Hgo., continuar con el proyecto de la refinería petroquímica y realizar algunas ampliaciones en los centros existentes con el objeto de satisfacer la demanda esperada en el mediano plazo.

Con la finalidad de asegurar el abasto de energéticos y petroquímicos al litoral del Pacífico y disponer de la infraestructura para exportar crudo hacia oriente, se desarrollará el proyecto Petrolero del Pacífico que comprende obras para incrementar la capacidad de proceso y conducción, almacenamiento y distribución de crudo y derivados.

Se aumentará la capacidad de almacenamiento de productos petrolíferos en las agencias y terminales de venta del sistema de destacado por su importancia la de Pajaritos, Ver., Ensenada, B.C.N., Y San Juan Ixhuatepec, Méx., y la de petroquímicos se incrementará en Pajaritos, Ver.

La red de poliductos se incrementará a fin de reforzar el sistema de distribución interno y apoyar las exportaciones e importaciones de los productos.

El gasto propuesto asciende a 5, 487 mil millones de pesos, incluyendo 300 mil millones para el proyecto Petróleo del Pacífico.

Dada la dinámica en el comportamiento del mercado eléctrico, se ha exigido desarrollar acciones de profunda transformación, de tal forma que sea factible armonizar la disponibilidad de recursos financieros, tecnológicos y humanos con las necesidades de los usuarios y consumidores.

Es importante señalar que en virtud de la alta dependencia que el subsector tiene del uso de hidrocarburos para la generación de energía secundaria, en 1987 se continuará avanzando en la diversificación de fuentes alternas de energía, lo que indirectamente propiciará traer al interior del país una derrama económica.

Paralelamente a las acciones de reestructuración del servicio y el saneamiento financiero de la rama eléctrica, se reafirma el compromiso de abatir las deficiencias de abasto en las zonas marginadas y deprimidas e incrementar la electrificación del medio rural, por consiguiente, se llevará a cabo la electrificación de 195 colonias y 715 poblados.

El subsector pretende alcanzar una generación bruta de 96 mil 312 gigawatts / hora producidos en 61.0% a base de hidrocarburos, 26.0% por hidroeléctricas, 8.0% por carboeléctricas y 5.0% por geotermoeléctricas; comercializar 79 mil 460 gigawatts / hora incrementar la capacidad instalada a 24 mil 062 megawatts. Lo anterior permitirá hacer frente a un crecimiento de la demanda que se estima en 5.8%.

Asimismo, se incrementarán los sistemas de transmisión durante 1987, al instalarse 2 mil 615.2 km. de líneas, 1 mil 395.9 de redes de distribución, así como transformar 6 mil megavoltios amperes a diferentes tensiones en subestaciones eléctricas.

De conformidad con los objetivos del Programa Nacional de Energéticos 1984 -1988, respecto a la reconversión de fuentes primarias y promoción de fuentes alternas de energía, se busca incrementar la eficiencia y orientar en el mediano plazo las inversiones hacia hidroeléctricas y carboeléctricas. Para 1987 se orienta a consolidar los proyectos en desarrollo y la promoción de ahorros en el uso de energía, así como la utilización de fuentes alternas y evaluar el potencial de generación geotérmica y de la disponibilidad de yacimientos de carbón para generación eléctrica.

En este sentido, se plantea incrementar la capacidad instalada en 2 mil 090 mw aproximadamente y aumentar la generación en 6 mil 302 gwh; elevar los índices de productividad y asegurar el mantenimiento oportuno de instalaciones y continuar con programas de diversificación de fuentes primarias.

Por ello, las inversiones se orientan básicamente a continuar las unidades en proceso, previendo iniciar las unidades de Agua Milpa, Zimapán, Temascal II, con base hidráulica; y Mérida II, Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, con base en hidrocarburos.

Con el propósito de coadyuvar al saneamiento de las finanzas del subsector eléctrico, se promueve una política tarifaria encaminada a equilibrar gradualmente la relación precio /costo, al ajustarse la tarifa eléctrica en el marco de su política de realismo económico.

Para el logro de los objetivos que el subsector eléctrico se plantea para 1987, el proyecto de presupuesto asciende a 3, 123.8 millones de pesos. Turismo

El sector turismo tiene como objetivo fomentar y promover el turismo nacional y extranjero, a fin de contribuir a la generación de empleos, la captación de divisas y el desarrollo regional.

Bajo este marco, durante los cuatro primeros años de la presente administración, el sector turismo evolucionó satisfactoriamente. Los resultados obtenidos en este período no tiene precedentes en la historia del turismo en México, a pesar de que en 1985 las campañas de desprestigio hacia nuestro país difundidas en el extranjero y la imprecisa información sobre los sismos de septiembre en el exterior, provocaron una declinación en la tendencia de desarrollo de la actividad turística.

Para recuperar la afluencia hacia nuestro país de turistas extranjeros, fue necesario intensificar las campañas de información y promoción turística en el exterior, así como instrumentar el Programa de Acción Inmediata de Fomento al Turismo, en coordinación con el sector privado.

Con el diseño de paquetes proporcionales a bajo costo y la orientación e información turística, se ha propiciado la reactivación del mercado nacional y recuperado la confianza en nuestro país como destino turístico. Ello permite establecer perspectivas favorables en el esfuerzo de consolidación del mercado turístico.

La estrategia de gasto para 1987 inducirá acciones que permitan promover el uso eficiente de la capacidad instalada y la competitividad internacional de la oferta de servicios. Se orienta, ademas, a la promoción del turismo interno, propiciando el acceso y satisfacción turística a estratos más amplios de la población .

El fomento de la demanda se verá fortalecido con sustanciales apoyos a las campañas promocionales en el extranjero para incrementar el volumen de turismo receptivo.

Asimismo, se continuará con la campaña "México te da a escoger" para promover balnearios, poblaciones atractivas, zonas arqueológicas, parques nacionales y la gastronomía regional, y se ampliará la campaña hacia el interior del país de "México una aventura a tu alcance".

Por el lado de la oferta, se apoyará la terminación de proyectos en proceso con alto grado de avance, elevada generación de empleo y uso de insumos nacionales, canalizando recursos a la ampliación y fortalecimiento de los centros turísticos de Cancún e Ixtapa y a acelerar el desarrollo del corredor turístico Loreto - Napoló - Puerto Escondido y los Cabos de Baja California Sur. Por otra parte, se dará especial énfasis a las obras de infraestructura básica en Bahías de Huatulco, Oax. Asimismo, se promoverá una mayor participación de los inversionistas nacionales y extranjeros.

Para ello, se apoyará con financiamientos la construcción de 4 mil cuartos nuevos y la remodelación de 2 mil 500 en diferentes modalidades.

Se optimizará el servicio de auxilio turístico y se fortalecerá el programa de seguridad en las principales carreteras del país; además, se continuarán los esfuerzos de coordinación con las demás entidades públicas, estados y municipios en todos los frentes del servicio.

Especial importancia reviste el proceso de transferencia a las autoridades estatales de las obras de infraestructura y servicios a cargo de entidades coordinadoras, en el marco de un mayor fortalecimiento de la programación regional del turismo en el seno de los Coplades.

Se fortalecerán los sistemas y mecanismos de supervisión del servicio; la información y capacitación de profesores e instructores, para la capacitación del personal de la planta turística; la formulación de convenios y programas de intercambio tecnológico con otros países; el apoyo al visitante en la resolución de reclamaciones por los servicios deficientes, y la campaña de concientización entre los prestadores de servicio y la ciudadanía.

En 1987 el sector estima atraer 4.7 millones de turistas extranjeros, captar 2 mil millones de dólares, y generar 4 mil empleos directos y 10 mil indirectos.

Para la realización de estas acciones, el proyecto de presupuesto para el sector turismo asciende a 64.6 mil millones de pesos.

Para 1987, las acciones de este sector serán enfocadas a defender la soberanía del país, encauzar la política interior y asegurar la instrumentación adecuada de la política económica y financiera, dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Aliento y Crecimiento. Estas acciones se apoyarán en los programas de modernización, simplificación, descentralización y desincorporación administrativa.

El proyecto de presupuesto para este sector asciende a 2, 457.3 mil millones de pesos, 57.9% superior a 1986.

Esta dependencia ejerce actividades en materia de asuntos jurídicos, comunicación social, coordinación de gabinetes, asesoría, atención de quejas, seguridad, organización y apoyo aéreo para las actividades del C. Presidente de la República.

Para 1987, esta dependencia ejercerá un presupuesto de 39.9 mil millones de pesos que se destinará a lo siguiente:

-Analizar y opinar sobre los proyectos de iniciativas presentadas por el Poder Legislativo; por las legislaturas de los estados y del Poder Ejecutivo Federal.

- Analizar y opinar sobre reglamentos, acuerdos y resoluciones presidenciales, así como proporcionar apoyo jurídico al C. Presidente de la República.

- Informar oportunamente a la opinión pública sobre las actividades realizadas por el C. Presidente de la República a través de los medios de comunicación

- Coordinar los asuntos presidenciales y realizar el seguimiento de los acuerdos tomados en los gabinetes.

- Atender peticiones, quejas y sugerencias de las ciudadanía al C. Presidente.

- Proporcionar transporte aéreo y apoyo logístico en los eventos en que participe el titular de Ejecutivo Federal.

La política interior del Estado mexicano tiene como objetivos esenciales, entre otros, preservar la democracia y el respeto recíproco entre los poderes, garantizar los derechos de los ciudadanos, partidos y asociaciones; y fomentar la participación política a través de la consulta popular para propiciar el desarrollo armónico del sistema político mexicano. Asimismo, es responsable de garantizar el ejercicio de las libertades públicas de prensa, expresión, reunión, y manifestación; la seguridad nacional y paz pública y el control y regulación de los flujos migratorios y la política de población.

En este sentido, en 1987 el sector continuará con las acciones que garanticen la paz y seguridad nacional y el régimen de libertades, la consolidación y fortalecimiento del pacto federal y el impulso al municipio libre. Se continuará vigilando la observancia de la legalidad en los procesos electorales y la atención oportuna a problemas de seguridad nacional, y se dará especial atención a la política de comunicación social, así como a la de servicios migratorios.

Para fortalecer la participación política, la Comisión Federal Electoral aumentará sus campañas para informar a la ciudadanía sobre las actividades del Registro Nacional de Electores, misma que renovará convenios con los estados de Coahuila, Hidalgo, Nayarit, México, Quintana Roo y Yucatán, para realizar acciones vinculadas a los procesos electorales.

En materia de protección civil, se establecerán coordinaciones en los estados para apoyar a la población en caso de desastre. En materia de población se crearán oficialías del Registro Civil en las instituciones hospitalarias y se concertarán acciones con el Instituto Nacional Indigenista, Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, para prestar estos servicios a la población indígena en todo el país.

Se llevarán a cabo acciones de coordinación con los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo, a fin de garantizar los servicios de salud y la construcción de obras de infraestructura a los refugiados en el país.

En relación con las entidades coordinadas por la Secretaría de Gobernación, se continuará apoyando el fortalecimiento de la radio, televisión y cinematografía para consolidar la presencia del Estado en estas actividades. Asimismo, apoyará a los subsectores prensa y noticias para informar a la población en las actividades de interés nacional. Para ejecutar las acciones del subsector, se asigna un presupuesto de 97.5 mil millones de pesos.

La política exterior del Gobierno mexicano tiene como propósito fundamental, impulsar y defender los intereses nacionales y sus principios básicos como nación soberana e independiente.

En este sentido, se han ampliado y profundizado los lazos bilaterales con varios países, así como incrementado las relaciones con países de la región mediante programas y convenios de cooperación económica, intercambio de tecnologías y comercio.

De igual modo, se han ampliado las acciones del Programa de Protección a Mexicanos en el Exterior y en el ámbito multilateral se ha participado activa y destacadamente en materia de desarme, derechos humanos, solución de controversias y cooperación internacional.

Para 1987, la política exterior de México, seguirá siendo un punto de confluencia y protección de intereses vitales del país. En los foros internacionales serán sostenidas las tesis de libre autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, no intervención en los asuntos internos, soluciones pacíficas a las controversias e igualdad jurídica de los estados.

Entre las acciones más importantes destaca la intensificación de las relaciones políticas, económicas, culturales y científico - tecnológicas; así como el fortalecimiento de la presencia de nuestro país ante los organismos internacionales, profundizando en la racionalización de los gastos en el exterior.

El subsector dispondrá de un presupuesto de 131.5 mil millones de pesos para el logro de sus objetivos.

Con el fin de mejorar la administración de justicia y de seguridad pública, objetivos básicos de la Procuraduría General de la República, se ha impulsado la reforma jurídica integral, buscando reorientar y reestructurar las instituciones y consolidar la renovación moral de los servidores públicos que procuran e imparten justicia.

La estrategia para 1987 marca la continuidad en la reforma jurídica, por implicar ésta un proceso de revisión permanente. Se intensificarán como acciones prioritarias, las tendientes a combatir la producción y comercialización de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como a prevenir la farmacodependencia, fortaleciendo la autonomía del Gobierno Federal, en el financiamiento de los aspectos sustanciales de la campaña, utilizando los apoyos del exterior por convenios bilaterales solamente en operaciones especiales que determine nuestro Gobierno. Se avanzará en la concertación de acciones entre la Federación y los estados, para la desconcentración y la descentralización de funciones en materia de impartición de justicia.

También se promoverá ajustar los ordenamientos legislativos a las exigencias de la sociedad, elevar la calidad profesional de los servidores públicos de la dependencia, simplificar las instancias de trámite en la procuración e impartición de justicia y efectuar eventos de participación social para la revisión integral y actualización del sistema jurídico nacional.

Para la ejecución de sus acciones, se propone un presupuesto de 47.8 mil millones de pesos.

La Secretaría de la Defensa Nacional realiza acciones dirigidas a proteger las instalaciones estratégicas, el espacio aéreo, los recursos naturales y las instalaciones de comunicaciones, así como aquellas de alto contenido social al defender y proteger a la población en casos de desastres naturales, cooperando con las autoridades civiles.

En 1987, las acciones sustantivas se avocarán a continuar el combate al cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes; modernizar permanentemente el ejército y la fuerza aérea; al adiestramiento y educación castrense a fin de capacitar a sus miembros para hacer frente a cualquier contingencia, y participar en la vigilancia de las instalaciones de Pemex y Comisión Federal de Electricidad.

Las inversiones del sector se canalizarán a la adquisición de equipo de seguridad nacional, la instalación del laboratorio de medidas y precisión de la fuerza aérea, al equipamiento de la base de Santa Lucía, estado de México y a la construcción de instalaciones complementarias por el 1er. Batallón de Materiales de Guerra.

El presupuesto para el subsector es de 683.8 mil millones de pesos.

Garantizar la independencia y soberanía de la nación, a través de una eficaz vigilancia del mar territorial, zona económica exclusiva y faja costera nacional, es objetivo fundamental de este subsector.

En 1987, serán prioridades la formación y capacitación de los elementos de la armada, así como el desarrollo de la industria naval y de la investigación oceanográfica. Asimismo, se vigilarán 201.0 mil millones de millas náuticas cuadradas en el mar territorial y zona económica exclusiva y 3.5 millones de kilómetros cuadrados en la faja costera nacional.

Se continuará con la construcción de cuatro buques guardacostas clase "Águila", seis buques patrulla clase "Olmeca", así como la terminación de un remolcador versátil Rv - 23. Se concluirá la base naval de Manzanillo, Colima y se proseguirá con las instalaciones de la de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La Secretaría de Marina, participará en el Programa de Protección Civil, que brinda auxilio a la población en casos de desastre, así como en los planes dirigidos a combatir el tráfico ilegal de armas y estupefacientes.

En apoyo a los propósitos de preservación del medio ambiente marino y desarrollo de los recursos marítimos, se continuará con las acciones para la prevención y control de la contaminación marina causada por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas.

El presupuesto planteado para el subsector marina asciende a 209.7 mil millones de pesos.

Ante la difícil coyuntura económica por la que atraviesa la economía mexicana, la política de financiamiento del desarrollo para el ejercicio 1987, se orientará fundamentalmente a recobrar y fortalecer el ahorro interno, reforzar el sistema financiero mexicano, así como, reorientar las relaciones económicas con el exterior.

Se desarrollarán acciones para consolidar y ampliar los sistemas de fiscalización existentes, a fin de hacerlos más eficientes y equitativos; se continuará fortaleciendo la aplicación de una política de precios y tarifas realista, enfocada hacia la reestructuración y saneamiento financiero de las empresas del sector paraestatal; se buscará modernizar los instrumentos de captación de largo plazo y se establecerá una política de tasas de interés congruente y acorde a la realidad económica.

Es de fundamental importancia continuar con la racionalización y descentralización del sistema bancario nacional, sanear su economía y funcionamiento; y orientar esfuerzos para disminuir el costo y los márgenes de intermediación en el otorgamiento de créditos de la banca múltiple.

A fin de cubrir los requerimientos de divisas de la economía, la política de duda se enfocará hacia la utilización racional del financiamiento externo, de tal suerte, que se convierta en un verdadero instrumento de cambio estructural que permita impulsar y mejorar la capacidad de pago del país.

Se continuarán canalizando recursos crediticios en forma creciente, y flexible hacia los sectores privado y social para fortalecer el aparato productivo y distributivo en las ramas agropecuaria, pesquera, desarrollo urbano y obras públicas e industrial, principalmente.

Se perfeccionarán los mecanismos que alienten las exportaciones no petroleras mediante programas de apoyo financiero y fiscal, poniéndose especial atención en las acciones e instrumentos que coadyuven a mejorar sustancialmente la competitividad de los productos y servicios en el exterior.

En síntesis, la política financiera y crediticia se orientará a los objetivos y propósitos de estimular la inversión productiva, que aliente el crecimiento económico y el cambio estructural. En especial, deberá apoyar aquellos sectores con capacidad de ampliar la infraestructura básica y los que instrumenten procesos de reconversión industrial.

A fin de estar en condiciones de instrumentar esta estrategia, se propone un presupuesto para el subsector que asciende a 281.7 mil millones de pesos.

Desde su creación, esta Secretaría se ha consolidado paulatinamente como un instrumento del Estado para promover el apego de las dependencias y entidades a los criterios de racionalidad, eficiencia y honestidad en el manejo del patrimonio de la nación.

Dentro de este marco, los objetivos básicos para 1987, consistirán en mejorar los controles de la situación patrimonial de los servidores públicos, proseguir con la vigilancia de las medidas administrativas y acuerdos presidenciales, mantener las acciones de mejoramiento de servicios públicos, mejorar el sistema integral de control y evaluación gubernamental, continuar las auditorías externas y fortalecer las internas; así como promover el Programa de Simplificación Administrativa a nivel central y paraestatal.

En el ámbito regional se mantendrán las medidas para vigilar el correcto ejercicio del gasto público federal transferido a los estados y de la inversión federal directa en programas prioritarios y especiales.

Para el logro de estos propósitos, se propone para el subsector un presupuesto de 21.1 mil millones de pesos.

La Secretaría de Programación y Presupuesto, como dependencia globalizadora, tiene a su cargo la conducción del Sistema Nacional de Planeación Democrática, así como la programación, control y evaluación del gasto público federal.

En materia de planeación para 1987, orientará sus acciones a asegurar una mayor vinculación del plan y sus programas estratégicos con las acciones y montos presupuestales programados; a vincular la planeación estatal y municipal con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, y a atender los servicios nacionales de información estadística, geografía y de política informática.

En 1987, en materia presupuestaria se reforzará la estricta disciplina y vigilancia; se formulará de manera multianual los programas de inversión estratégicos, y se continuará con la desincorporación de organismos y entidades del sector paraestatal no prioritarios.

Se profundizará la descentralización mediante programas del Convenio Único de Desarrollo y de los programas regionales de empleo, intensificando paralelamente la descentralización de la administración pública.

Se continuará con el proceso de descentralización del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática a la ciudad de Aguascalientes.

Destacan también las tareas referentes a la consolidación de la infraestructura básica en materia de información estadística y geográfica; así como, el procesamiento de la información de los censos económicos levantados en 1986, y los trabajos preparatorios para el XI Censo General de Población y Vivienda que se realizará en 1990.

Por último, se mantendrá el apoyo a las investigaciones básicas, tecnológicas y aplicadas, así como el Programa de Becas y Postergado Nacional con el objeto de incrementar el número, la calidad y la diversidad de los científicos y tecnológicos.

El presupuesto que se propone para 1987 es de 104.5 mil millones de pesos.

Los sismos de septiembre de 1985 ocasionaron la perdida de gran número de hogares y destruyeron en minutos una amplia infraestructura que se había construido en varias décadas.

Una vez superado el estado de emergencia, el Gobierno Federal instrumentó el Programa de Reconstrucción que planteó no solo reponer lo destruido sino, además, reordenar la distribución de los servicios públicos y acelerar el proceso de descentralización y desconcentración.

Para apoyar estas acciones, se creó dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación en 1986, el Ramo XXXI, para identificar los recursos presupuestales destinados a la reconstrucción, descentralización y rehabilitación de los servicios urbanos, de salud y seguridad social, educación y vivienda.

Además, la comunidad nacional e internacional realizó importantes donativos que fueron depositados en el Fideicomiso Fondo Nacional de Reconstrucción, recursos que han sido destinados casi en su totalidad a rehabilitar y reordenar los servicios de atención a la salud y a la educación.

Dentro de las acciones realizadas destacan la reconstrucción y rehabilitación de 1 mil 658 escuelas a cargo del Departamento del Distrito Federal. El 92.0% se concluirá en 1986 y el resto en los primeros meses de 1987. El 67.5% de su costo ha sido cubierto con recursos fiscales y el 32.5% a través del Fondo Nacional de Reconstrucción. Es importante señalar que fueron construidas 2 mil 500 aulas provisionales, a fin de que el proceso de enseñanza de los educandos no se viera afectado.

Por otro lado, el CAPFCE tiene a su cargo la rehabilitación, construcción y reforzamiento, según el caso de 126 planteles en el D.F. y 317 en los estados de Colima, Guerrero. Jalisco, México, Michoacán y Morelos. El 78.0% de estas escuelas estarán terminadas en 1986 y el 22.0% restante en los primeros meses de 1987.

En cuanto a las instalaciones de educación superior, resultaron dañados 45 inmuebles del IPN, de los cuales el 60% se terminarán en 1986.

El sector salud sufrió daños en una tercera parte de su capacidad hospitalaria del área metropolitana al resultar afectadas 5 mil 625 camas.

Por medio de la ejecución de obras de remodelación, ampliación, rehabilitación y construcción se pretende recuperar y sustituir la totalidad de las camas perdidas, así como ampliar la capacidad hospitalaria en 2 mil 161 camas adicionales.

En cuanto a la reposición, rehabilitación y construcción de las instalaciones dañadas por los sismos, la Secretaría de Salud rehabilitó 26 unidades de primer nivel y dos hospitales de segundo y tercer nivel para población abierta; repondrá el hospital Juárez con capacidad de 400 camas y construye seis nuevos hospitales, tres de los cuales se concluirán en 1986 y tres más en 1987.

El IMSS en 1986 inició los trabajos para la reconstrucción del Centro Médico "Siglo XXI" que finalizará en 1988. Asimismo, principió obras para el traslado de 838 camas a cinco estados de la República y para la adaptación de hospitales de segundo nivel en el valle de México con lo que se recuperarán 1 mil 180 camas.

En lo que respecta al ISSSTE se han rehabilitado 23 clínicas de adscripción e iniciado obras para el reforzamiento de estructuras en las clínicas hospital dañadas y para la construcción de un hospital de 144 camas en el oriente de la ciudad de México, que se concluirá en 1987.

Por su parte, el DDF realizó trabajos de ampliación y remodelación en ocho hospitales que llevan un avance físico de 55% en promedio, obras que se concluirán en 1987. Adicionalmente se continuarán realizando obras para adaptar y transformar la infraestructura hospitalaria a fin de incrementar los servicios a población abierta.

En materia de vivienda, entre 1986 y 1987 los programas gubernamentales beneficiarán a 80 mil 420 familias. El denominado Emergente de Vivienda Fase I se encuentra concluido, habiendo favorecido a 13 mil 262 familias. El Emergente de Vivienda Fase II beneficiará, en 1987, a 15 mil 940 familias. El Programa de Reconstrucción Democrática Tlatelolco beneficiará a 9 mil 218 familias y se concluirá en 1987. El Programa de Reconstrucción Habitacional Popular favorecerá a 42 mil familias, previéndose su total terminación para los primeros meses de 1987. En este programa se han realizado acciones de alojamiento provisional en campamentos para 22 mil 082 familias y 17 mil 133 ayudas económicas para fines de mudanza y renta.

Por lo que respecta al agua potable, se repararon las redes primaria y secundaria de distribución. También fueron realizadas obras necesarias en el drenaje profundo y el emisor central. Se restauró el servicio público de vialidad urbana y alumbrado y se procedió a la demolición de varios inmuebles que representaban riesgos a la población y a la recolección y retiro de escombros.

El servicio telefónico logró no sólo reponer la pérdida sino ampliar un 70.0% la capacidad instalada, a través de la instalación de cinco centrales nuevas de telefonía intercomunicadas entre sí.

Las acciones del proceso de descentralización desconcentración se continuarán orientando e intensificando en forma ordenada para posibilitar el desarrollo de los estados.

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS

Dentro del gasto público, la inversión juega un papel primordial por su impacto social y productivo así como por su contribución al impulso de la inversión de los particulares.

Así, el proyecto de presupuesto para el próximo año, supone un crecimiento de 15.0% en términos reales de la inversión pública presupuestal, al incrementarse de 3,779 mil millones de pesos en 1986 a 8,167 mil millones de pesos en 1987, este aumento equivale a 0.5% del PIB.

Para apoyar este propósito fundamental se desarrollarán diversas acciones con el fin de garantizar el impacto social de la inversión pública, hacer mas racional el uso de los recursos y agilizar los trámites y procedimientos. Ante el rezago de necesidades no atendidas que se han acumulado en estos años de restricción financiera, se realizó un esfuerzo riguroso para jerarquizar los proyectos de inversión adoptando técnicas de evaluación con criterios de rigurosa selectividad para orientar la reactivación de la inversión pública hacia la generación de empleo en áreas y proyectos prioritarios, en el contexto del cambio estructural y de combate a los problemas de dispersión que han limitado su impacto.

Para 1987, se dará prioridad al mantenimiento de la capacidad instalada de infraestructura y oferta de bienes básicos; concluir proyectos en proceso con un alto grado de avance y que tengan un importante efecto multiplicador en los sectores social y privado; impulsar proyectos que tengan un uso intensivo de mano de obra con un alto grado de integración nacional; promover aquellos proyectos para la modernización tecnológica e incremento de la productividad o bien aquellos que contribuyan al esfuerzo de descentralización de la actividad económica.

Con el objeto de agilizar y dinamizar el ejercicio de la inversión pública y el pago de compromisos que permitan abatir costos y mejorar en general las condiciones de la contratación de obras, para 1987 se está simplificando el sistema de ejercicio presupuestario, eliminándose trámites y procedimientos innecesarios, todo esto dentro de los esfuerzos de modernización administrativa que se han venido realizando desde el inicio de este Gobierno.

Asimismo, para asegurar que la ejecución de proyectos de inversión prioritarios y estratégicos se realice conforme a lo programado, durante el próximo ejercicio se establecerá un riguroso sistema de seguimiento para verificar los avances y detectar oportunamente posibles desviaciones.

En la distribución sectorial de la inversión pública, destaca el impulso de los programas y proyectos de reconversión industrial y desarrollo energético; los de desarrollo social, que incrementan la infraestructura hospitalaria y los espacios educativos; los de desarrollo rural y comercio y abasto, en donde se incrementará el apoyo a la producción de alimentos y la oferta de productos básicos.

A continuación se presenta un resumen de los principales proyectos prioritarios y estratégicos a nivel de sector:

En el Programa de Desarrollo de Temporal se reactivarán principalmente los proyectos de San Fernando, Tamps., Proderith y Plan Chiapas. En el de riego, se impulsarán los proyectos de Elota Piaxtla, Sin., de Coahuayana, Col., y de los ríos Sinaloa y San Lorenzo II, también en Sinaloa.

En el Programa de Protección de Obras Productivas y Cauces Federales, se reactivará el proyecto Cerro de Oro. En el Programa de Captación y Conducción de Aguas para Usos Múltiples, resalta el impulso a los proyectos de los sistemas Cutzamala y Linares - Monterrey (2a etapa), así como de los acueductos Chapala - Guadalajara, Comarca Lagunera, Río Colorado - Tijuana y el Oriental de Puebla.

En el Programa de Rehabilitación se reactivarán los proyectos de Cupatitzio - Tepalcatepec en Mich., Río Fuerte en Sin., Autlán el Grullo en Jalisco y Delicias - Chihuahua, entre otros.

Dentro de los programas de desarrollo regional se impulsarán los proyectos productivos y de infraestructura básica y servicio social en regiones prioritarias. Se ejecutarán proyectos de construcción de escuelas primarias y secundarias, clínicas centros de abasto popular, caminos rurales, carreteras estatales, infraestructura hidráulica, obras urbanas y de preservación del medio ambiente.

En el Distrito Federal se impulsarán los proyectos de la línea nueve del Metro y se iniciará la construcción de la línea del Metro ligero Santa Martha - Pantitlán. Se adquirirán 120 carros para la línea del tren ligero Huipulco - Xochimilco. Se continuará la construcción del drenaje profundo y semi - profundo, el acueducto perimetral, así como la red primaria y secundaria de agua potable en la ciudad de México. Asimismo, se avanzará con los programas de renovación habitacional y de vivienda a damnificados de Tlatelolco.

A nivel nacional se impulsará el Programa Especial de Vivienda para reducir el déficit en el país y coadyuvar a la reactivación de la economía en los estados y municipios, y al proceso de descentralización de las actividad económica a las ciudades medias del país. Por su parte, los programas regionales de empleo serán realizados en los estados y municipios con los mayores índices de desempleo abierto y rezagos sociales.

En el subsector salud y seguridad social, la Secretaría de Salud dará prioridad a proyectos para terminar obras en proceso en 16 unidades hospitalarias y para reforzar 19 unidades mas, entre éstas sobresalen: los hospitales generales de Guadalajara, Jal., Cuernavaca, Mor., Jojutla, Mor., Culiacán, Sin. y Puebla, Pue.

El IMSS continuará con la reconstrucción del Centro Médico Nacional, ampliará y remodelará 36 hospitales generales de zona y 20 de especialidades, cinco centros médicos regionales y un hospital de tercer nivel.

El ISSSTE terminará seis unidades médicas de primer nivel, 12 clínicas hospitales de segundo nivel y tres hospitales regionales. En materia de vivienda, el FOVISSSTE terminará 6 mil 074 casas e iniciará 3 mil 217; se otorgarán 7 mil 400 créditos hipotecarios y se rehabilitarán 1 mil 749 viviendas.

En el subsector educación sobresale el impulso de los proyectos de inversión para construir aulas, laboratorios, talleres e instalaciones necesarias en 28 mil 681 espacios educativos, de los cuales 13 mil 468 corresponden al nivel preescolar, 7 mil 855 a secundaria, 3 mil 903 al nivel medio superior, 1 mil 871 al superior y 1 mil 584 a otros niveles.

En el subsector carretero se reactivarán los proyectos de Chihuahua - Culiacán; Guadalajara - Colima - Manzanillo; México - Toluca; Querétaro - Irapuato y Puebla Orizaba, y el Puente de Tampico.

En el ferroviario, se dará especial impulso a la rehabilitación de vías y modernización de la infraestructura, sobresaliendo los proyectos de construcción y electrificación México - Querétaro; Manzanillo - Guadalajara Monterrey y México - Veracruz.

Asimismo, se dinamizarán los proyectos marítimos en Manzanillo, Col. y Progreso, Yuc. y los de los aeropuertos de Huatulco en Oaxaca y Colima, Col.

En el Programa de Inversiones Petroleras destaca el proyecto del pacífico, por su importancia en el desarrollo petrolero de nuestro país al permitir incrementar la plataforma de producción de crudo. También se impulsarán los proyectos de la Sonda Campeche y el Mesozoico de Chiapas y Tabasco; incrementará la capacidad instalada en transformación industrial para cubrir la demanda de productos petrolíferos y petroquímicos; se ampliará la capacidad de almacenamiento y de distribución de productos; y fortalecerá la infraestructura de transporte.

En relación al subsector eléctrico, se continuará con el proyecto de Laguna Verde, concluyéndose la construcción de la primera unidad. Se concluirá la tercera unidad hidroeléctrica del Caracol, Gro.,; la primera y segunda de la Amistad, Coah.,; la primera y segunda de Bacuarato, Sin. y la tercera y cuarta unidades de Peñitas en Chiapas.

Se incorporarán al sistema interconectado nacional las unidades primeras y segunda de la geotermoeléctrica de los Azufres y la segunda de Cerro Prieto en Michoacán y Baja California Norte, respectivamente. Se incorporará la cuarta unidad de la carboeléctrica Río Escondido, Coah., y la segunda unidad de vapor en San Luis Potosí.

En este sector se impulsarán de manera especial los programas de reconversión industrial y los proyectos estratégicos en sus diferentes ramas. En la rama de siderúrgia el impulso de los proyectos de Sicartsa II y los programas de rehabilitación, optimización y reconversión tecnológica de AHMSA y Sicartsa I. En fertilizantes se concluirá el proyecto del Complejo de Fosfatos en Lázaro Cárdenas, Mich.,; se continuará la construcción de las plantas de urea en Chihuahua y Michoacán y el Complejo de Soluciones Nitrogenadas en Coatzacoalcos, Ver.

En el subsector azúcar se dará prioridad a la conclusión de la ampliación de la capacidad de los ingenios Tres Valles e Independencia en Veracruz y Pujiltic en Chiapas. Se continuará la rehabilitación integral del ingenio de San Cristobal y con la modernización de seis ingenios y el uso eficiente de energía en 49 unidades industriales.

De acuerdo con los principios de la renegociación de la deuda externa y con la carta de intención del Gobierno de México al FMI, se prevé que en 1987 podrían desembolsarse créditos por un monto de hasta 500 millones de dólares provenientes de la banca comercial y adicionales al financiamiento externo neto total por 4.5% mil millones de dólares previsto para el próximo año en caso de la actividad económica no mostrara signos de recuperación en el primer trimestre de ese año, que permitieran alcanzar la meta de crecimiento del PIB proyectada.

Esos recursos externos adicionales se utilizarían para financiar proyectos de inversión específicos del sector público no incluidos, total o parcialmente, en el presupuesto de egresos correspondientes a 1987; es decir, sería inversión adicional a la prevista para el próximo año.

Esta previsión, en caso de utilizarse, financiará proyectos de inversión que cumplan con las siguientes características: que fomenten la creación de empleos, una elevada tasa de retorno, un alto contenido de componentes nacionales, un impacto significativo en la actividad económica de los sectores privado y social.

Para ese efecto se realizó una rigurosa selección de proyectos de distintos sectores de la administración pública, integrándose un paquete de proyectos prioritarios debidamente jerarquizados y evaluados, siendo susceptibles de instrumentarse en forma inmediata. Sus montos y destino se relacionan en el cuadro respectivo.

Las adquisiciones del sector público tienen especial relevancia en la reactivación de la economía del país para el año de 1987, al constituir un factor determinante en la generación de un multiplicador económico más alto. En este sentido, se han establecido claros criterios de utilización de bienes o servicios de procedencia nacional antes que los importados, así como de aquellos de la región. De igual manera es importante que en las adquisiciones del sector público se considere la inclusión de insumos, materiales, equipos, sistemas y servicios que tengan incorporada tecnología nacional.

En acatamiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles, como apoyo al programa de simplificación Administrativa del Gobierno Federal, se ha promovido la descentralización de funciones que las dependencias y entidades lleven a cabo en estas materias, con el objeto de que los trámites se ejecuten y resuelvan en los mismos lugares en que se originan las operaciones, promoviendo una eficaz delegación de facultades en servidores públicos subalternos, a efecto de propiciar mayor oportunidad en la toma de decisiones y flexibilidad en la atención de los asuntos.

En este orden de ideas y con la finalidad de reducir instancias innecesarias y agilizar el proceso de abastecimiento del sector público, queda bajo la responsabilidad de las propias dependencias y entidades elaborar la convocatoria y bases para la realización de licitaciones públicas que tengan por objeto la adquisición de bienes y servicios de procedencia extranjera, previo permiso de importación que debe expedirse al efecto.

Por otra parte, en apoyo a la planta productiva nacional y con la utilización del poder de compra del sector público como instrumento de promoción a la industria, se emitieron lineamientos a las dependencias y entidades para que dentro de sus posibilidades, cubrieran oportunamente pagos a proveedores y evitar con ello la paralización de dicha planta productiva.

En virtud de la entrada en vigor de la Ley de las Entidades Paraestatales, instrumento jurídico que da autonomía de gestión a dichas entidades, el reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles, que será expedido en los primeros meses del próximo año, contemplará aspectos relativos al ejercicio de facultades de los órganos de Gobierno y autonomía de gestión de las entidades paraestatales.

Para 1987 se continuará apoyando la consolidación de compras, a fin de pactar las adquisiciones en óptimas condiciones; de igual manera, seguirán funcionando los comités de compras de las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, con objeto de asegurar la transparencia y honestidad de las acciones inherentes, así como mantener la política de instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, como foros de concertación permanente entre el Gobierno Federal y sus proveedores, y para sustituir los bienes o servicios de procedencia extranjera cuando los proveedores nacionales garanticen competitividad en precios, calidad y oportunidad lo que permitirá incrementar el contenido nacional del gasto.

Las necesidades imperantes en la economía, requieren que durante 1987 se continúe con la política de sujetar las adquisiciones a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina.

La reordenación económica y el cambio estructural establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, reconocía la necesidad de realizar una revisión integral de los subsidios que otorga el sector público.

Con este propósito, las transferencias dentro del gasto público se ejercieron atendiendo a tres elementos básicos: una política realista y flexible de precios y tarifas que permitiera reducir gradualmente los subsidios implícitos; una depuración y precisión de los beneficiarios con el fin de eliminar aquellos que no ameritan tratamiento preferencial; y un serio esfuerzo de producción y eficiencia vinculado al Programa de Saneamiento Financiero de las empresas públicas estratégicas.

El esfuerzo realizado ha permitido bajar el monto de las transferencias totales como proporción del producto de 8.3% que representaba en 1982 a 6.2% en 1986, en tanto que su participación dentro del gasto programable del sector público ha bajado de 30.0% en 1982 a 27.7% en 1986. De este resultado cabe destacar:

- El monto de transferencias destinadas a cubrir subsidios de operación de las empresas productoras de bienes y servicios para el mercado se han reducido sustancialmente.

- Los subsidios a través de Conasupo se han reestructurado, eliminando aquellos que se otorgaban vía industriales o intermediarios, con lo que se ha obtenido transparencia y se asegura que el beneficio del subsidio llegue a los consumidores de bajos ingresos.

- Se han mantenido los apoyos a la producción de alimentos básicos, concentrando los subsidios en los productores de bajos ingresos.

- Se han incrementado las transferencias a las instituciones prestadoras de servicios en materia de educación, salud y bienestar social.

- Se han incrementado las transferencias que apoyan al Programa de Saneamiento Financiero de las empresas públicas.

Para 1987, las transferencias seguirán constituyendo un elemento esencial en el proceso de racionalizar la actividad pública para liberar recursos para la reactivación del Programa de Inversiones.

Los principales lineamientos aplicados para definir la propuesta de presupuesto continúan siendo los que emanan de los planteamientos de cambio estructural como son:

- Mantener una estructura flexible de precios y tarifas para los bienes y servicios producidos por el sector público que gradualmente vaya eliminando subsidios implícitos, abatiendo el impacto de la inflación en la estructura financiera de las empresas públicas.

- Sujetar las transferencias a organismos y empresas en presupuesto a los compromisos de saneamiento financiero establecidos en los convenios, con objeto de no subsidiar la ineficiencia u obsolescencia.

- Acelerar el proceso de desincorporación de organismos y empresas no prioritarios ni estratégicos, cancelando los apoyos que anteriormente recibían.

- Establecer compromisos y criterios de racionalidad y transparencia con los organismos y empresas no controlados, a fin de justificar plenamente los recursos recibidos.

- Promover el establecimiento de tarifas diferenciales para servicios públicos que resultan casi gratuitos para usuarios con suficiente capacidad de pago.

- Fortalecer los programas que directamente mejoran el nivel nutricional de la población marginada, particularmente la infantil.

- Asegurar la producción de alimentos básicos.

Para 1987, las transferencias ascienden a 7,277.9 mil millones de pesos, con un incremento de 49.2% respecto al cierre estimado de 1986, lo que significa una importante reducción en términos reales. Respecto al gasto programable representarán sólo el 21.7%.

Cabe resaltar que las transferencias a organismos y empresas en presupuestos crecen en sólo 17.7% nominal, como consecuencia de las políticas adoptadas durante los últimos años para sanear sus finanzas.

En contraste, las transferencias a los organismos y entidades públicas fuera de presupuesto observarán un incremento de 77.6%; Este crecimiento obedece al propósito del Estado de continuar apoyando las actividades vinculadas a la educación media y superior, a la salud y bienestar social de la población, y la promoción de la producción agropecuaria y al mantenimiento de la capacidad productiva de las empresas estratégicas.

En la distribución por sectores económicos destaca la proporción destinada al sector desarrollo social que se beneficia del 24.6% comparado con 19.3% de 1986; el sector comunicaciones y transportes con el 11.0% frente a 8.4% de 1986; y el desarrollo rural integral, que eleva su participación de 14.6% al 18.3%. En cambio, las transferencias al sector energético disminuyen de 15.0% en 1986 a 4.7% en 1987 como consecuencia de la disminución de los apoyos a la Comisión Federal de Electricidad por la asunción de pasivos convenidos recientemente.

El aumento que se observa en el sector administración se debe fundamentalmente a las medidas adoptadas para elevar el ingreso de los pensionados civiles, militares y de gracia.

En la estructura económica de las transferencias se observan que el 43.9% se canaliza a financiar el gasto de operación de las entidades públicas, especialmente a las que prestan servicios de educación media y superior, salud y aquellas productoras de bienes y servicios estratégicos y prioritarios. El 24.2% apoyará la inversión física especialmente en la construcción de escuelas y viviendas e impulsará la reconversión industrial de Fertimex, Ferronales y Sicartsa II, entre otras.

Al pago del servicio de la deuda de las entidades, principalmente las del sector industrial y de comunicaciones y transportes, se canalizará el 21.8% porcentaje inferior al 28.8% estimado para el cierre de 1986.

De las transferencias a entidades de la administración pública paraestatal destaca la disminución que observa en los apoyos a la Comisión Federal de Electricidad, que del 31.8% que absorbía al cierre de 1986, baja a 12.0% para 1987. Esta reducción es resultado de la asunción de sus pasivos por parte del Gobierno Federal con lo que se abate el pago de intereses de manera significativa. En cambio, sube la participación de los Ferrocarriles de 10.1% en el cierre de 1986 a 18.9% en el proyecto para 1987, como consecuencia de los mayores apoyos que le canalizará el Gobierno Federal para reconstrucción y rehabilitación de vías férreas, de acuerdo al compromiso de cambio estructural.

Preocupación constante de la presente administración ha sido instrumentar las acciones que permitan alcanzar un desarrollo estatal integral que fortalezca el pacto federal y el municipio libre, una mejor integración de las regiones al desarrollo nacional, y revertir la tendencia concentradora de la zona metropolitana de la ciudad de México.

Con esta orientación las acciones emprendidas se han enfocado a promover la descentralización de facultades y decisiones a las representaciones federales, la transferencia de áreas operativas y de servicios a los gobiernos de los estados y la reubicación de personal y oficinas fuera de la Ciudad de México.

La Secretaría de Salud ha transferido la operación de los servicios a población abierta a 12 entidades federativas; se han trasladado los servicios de educación básica y normal a 18 estados y se han instalado 10 comités consultivos para la descentralización en otras entidades. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte ha transferido a siete estados la administración de los programas de la Junta Local de Caminos y se ha ejecutado en forma coordinada con los gobiernos de los estados el traslado de ocho empresas paraestatales y seis fideicomisos.

En los últimos meses se han establecido centros regionales de decisión en los estados de Jalisco y Nuevo León, Dentro de esta modalidad de la descentralización, se integraron paquetes de acciones y decisiones que atienden necesidades locales y que ahora pueden resolverse en las ciudades de los estados. Estos centros son el resultado de una reorganización administrativa que evita duplicidad de funciones y aprovecha las estructuras ya existentes y los recursos financieros programados.

En todos los casos, el traslado de servidores públicos se realiza conjuntamente con las representaciones sindicales y con la participación de los gobiernos locales para lograr las mejores condiciones tanto para el trabajador como para la propia ciudad receptora, cubriendo los aspectos de habitación digna, educación y pleno disfrute de los servicios urbanos.

Conforme a la propuesta de descentralización, se estima que serán reubicados durante esta administración un total aproximado de 70 mil servidores públicos, de los cuales 45 mil pertenecen al sector central y 25 mil al paraestatal. Estas acciones buscan reinstalar un 15% del personal federal del sector central ubicado en la ciudad de México. En lo que respecta a los organismos del sector paraestatal, la propuesta calcula el traslado del 25% del total de sus trabajadores. Desde luego, tal proceso se realiza en forma ordenada y gradual, conforme a las disponibilidades de vivienda, de infraestructura urbana y de espacios educativos.

Del total previsto de 70 mil trabajadores, a la fecha se han trasladado 31 mil 500 a diferentes entidades federativas. En este contexto en avance en cada uno de los sectores de la administración pública federal es el siguiente:

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos ha reubicado 7 mil 762 trabajadores que laboraban en la ciudad de México y ha procedido a constituir cerca de 800 centros de apoyo al desarrollo rural mediante el traslado de 4 mil servidores públicos. En 1987 se pretende consolidar el proceso de descentralización con la reubicación de 20 mil trabajadores.

En el sector paraestatal agropecuario se ha iniciado el traslado de las oficinas centrales de la Forestal Vicente Guerrero, Nutrimex, Comisión Nacional de Fruticultura, Alimentos Balanceados de México, el Fondo Ganadero, el Fideicomiso para Obras de Infraestructura Rural y el Centro Nacional de Investigaciones Agrarias. Para 1987 se concluirá la reubicación de las entidades mencionadas y se iniciará la de la Productora Nacional de Semillas, La Promotora de Maguey y del Nopal, el Fideicomiso de la Palma, el Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, la Promotora Nacional para la Producción de Granos Alimenticios, Servicios Ejidales, S. A., Tabacos Mexicanos, El Fideicomiso de Riesgo Compartido, el Fondo Forestal y Fermentaciones Mexicanas.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ha iniciado su desconcentración hacia la ciudad de Aguascalientes y a sus 10 unidades regionales; se ha avanzado en la construcción de las viviendas para los trabajadores y se estima que en 1987 se habrán trasladado 2 mil 300 servidores públicos.

En el sector pesca se procedió a desconcentrar la Dirección General de Acuacultura a la ciudad de Pachuca, Hidalgo; para apoyar la infraestructura portuaria en los litorales mexicanos se está reubicando la Dirección General de Infraestructura Pesquera en Baja California Sur y en Yucatán; para fortalecer el programa de flota se traslado personal a Salina Cruz, Oaxaca y a Guaymas, Sonora. El Instituto Nacional de Pesca se desconcentra a sus 13 Centros Regionales de Investigación Pesquera y se procede a constituir los Centros de Coordinación de Investigaciones Pesqueras del Litoral del pacífico en Manzanillo, Colima, y el del Golfo y Caribe en Yucalpetén, Yucatán. El proceso se estima concluirlo en 1987 con lo cual sólo permanecerán en la ciudad de México 9% de los servidores públicos del sector.

Por su parte, la Secretaría de Marina ha iniciado su desconcentración mediante el traslado de diversas áreas de investigaciones oceanográficas, prevención de la contaminación marina e hidrográfia, a Manzanillo, Colima; el área de talleres generales a Tampico, Tamaulipas; construcción naval e ingeniería de planta, a Salina Cruz, Oaxaca y trabajadores con funciones administrativas de las Jefaturas de Operaciones Navales a siete diferentes localidades.

La Secretaría de la Reforma Agraria ha iniciado paralelamente a su desconcentración un amplio programa de reorganización administrativa que permitirá que las decisiones y trámites se puedan realizar en los diversos estados del país. En este sentido se han establecido las Coordinaciones Regionales de Revisión y Dictamen de Asuntos Agrarios y se han fortalecido las representaciones estatales, con la delegación de nuevas funciones. Para 1987 se pretende concluir el traslado de 2 mil 252 servidores públicos.

En 1986 se inició la constitución del Centro Minero Nacional en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, mediante la reubicación de la Comisión de Fomento Minero, del Fideicomiso de Minerales no Metálicos, el Consejo de Recursos Minerales y la Dirección General de Minas. Se procede a la construcción de instalaciones, así como a la terminación de las viviendas de los trabajadores.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha reubicado aproximadamente a 3 mil trabajadores de una meta propuesta de 6 mil. En este sector se concluyó el traslado de Caminos y Puentes Federales de Ingreso y se inició la reubicación de la Dirección de Proyectos de Carreteras y la Gerencia Regional de Servicios de Dragado.

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comercio y Fomento Industrial, Educación Pública, Salud y Desarrollo Urbano y Ecología, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, han fortalecido sus instancias de decisión regionales y estatales mediante la transferencia de nuevas facultades y la reubicación de servidores públicos fuera de la ciudad de México. En 1986 se han trasladado alrededor de 15 mil servidores públicos, con lo que es factible acercar las decisiones a los lugares en donde se demandan.

Para 1987 las acciones de descentralización se continuarán desarrollando de conformidad con los gobiernos estatales y municipales para determinar los alcances, tiempos y responsabilidades de los tres niveles de gobierno, así como las repercusiones de las formas de vida de la ciudad receptora. En este proceso adquiere gran importancia la participación de los sectores social y privado.

La descentralización de la Administración Pública Federal apoya el desarrollo regional al acercar la toma de decisiones a los lugares en donde se soliciten los servicios. Con esto, la población obtiene en forma más directa y rápida los servicios que requiere, al mismo tiempo que la administración optimiza el uso de los recursos humanos, materiales y financieros.

Para los gobiernos estatales, la descentralización se traduce en un incremento de su capacidad de respuesta a los planteamientos directos que reciben. Asimismo, les significa la oportunidad de modernizar sus administraciones al incorporar a sus estructuras nuevas funciones y recursos.

Para continuar con el proceso de descentralización administrativa que ha puesto en marcha el Gobierno Federal, se apoyarán las acciones para el traslado de personal, el movimiento de equipos, la instalación y readaptación de oficinas, así como para construcción de vivienda destinada a los servidores públicos que se trasladan.

La descentralización administrativa ha adquirido una dinámica propia para el para el impulso que ha recibido durante los cuatro primeros años de la presente administración, así como por el apoyo otorgado por los sectores social y privado. El proceso ha adquirido un carácter irreversible por el consenso que ha alcanzado entre la población. Esto compromete aún más al Gobierno Federal al continuar apoyando al programa para responder a las expectativas que existen en los gobiernos estatales y municipales como en toda la población.

El Ejecutivo Federal, desde el inicio de la presente administración, ha impulsado de manera decisiva la modernización de la administración pública a nivel global, sectorial e institucional, a fin de contar con la infraestructura administrativa que permita apoyar el logro de los objetivos, prioridades, estratégias y políticas del desarrollo nacional, bajo criterios de racionalidad, simplificación, productividad y disciplina financiera.

Con base en estos propósitos, el Ejecutivo Federal ha venido realizando una serie de medidas tendiendo a reducir el tamaño de la administración pública federal con objeto de reforzar lo prioritario. Se ha profundizado en el esfuerzo de redimensionamiento del aparato administrativo del Gobierno Federal y de los organismos y empresas paraestatales conformes a las necesidades de reordenación económica y cambio estructural, sin afectar la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, ni la cobertura de los servicios que presta.

Por ello, en 1985 las estructuras orgánicas básicas del Gobierno Federal se redujeron en 146 unidades administrativas, esfuerzo que ha sido constante ya que, para 1986, no se permitió crecimiento alguno de las estructuras orgánicas; por el contrario, hubo una disminución de áreas que ha permitido, durante estos dos últimos años, un decremento de 152 unidades administrativas (17 Subsecretarías 2 Oficialías Mayores, 8 Coordinaciones Generales y 125 Direcciones Generales), quedando únicamente 519, lo que implica en números relativos una disminución de 23%

Asimismo, en lo correspondiente a estructuras no básicas (Dirección de Área a Departamento incluyendo órganos desconcentrados) y como parte también del esfuerzo de redimensionamiento que ha venido experimentando el sector público, se han reducido a la fecha 1872 unidades administrativas de diferentes niveles organizacionales, lo que representa una disminución de aproximadamente 16%. Cabe señalar en este sentido, que las reducciones se realizaron sin afectar áreas prioritarias o estratégicas y cuidando que las estructuras orgánicas tengan una mayor congruencia funcional y operativa, a fin de que las mismas promuevan un mejor aprovechamiento de sus recursos.

En el sector paraestatal y como parte del mencionado proceso de racionalización del sector público, las entidades procedieron a compactar sus estructuras orgánicas, dando lugar a una disminución promedio del 14%.

Por lo que se refiere a la desincorporación de entidades de la Administración Pública Federal, el proceso parte del reconocimiento de que las entidades paraestatales han sido un instrumento fundamental con el que cuenta el Estado Mexicano para el logro de sus objetivos. En el tiempo, han impulsado el desarrollo social y tecnológico, la productividad y el empleo, han contribuido al equilibrio regional y se han convertido en vehículo para reordenar la economía.

Desde 1983 se reconoció la necesidad de modernizar, reestructurar y depurar al sector paraestatal a fin de fortalecerlo. De acuerdo con ello, uno de los programas fundamentales ha sido la desincorporación de entidades paraestatales, entendida ésta como las acciones de liquidación, fusión, venta o transferencia a los estados para concentrar los recursos y esfuerzos en las actividades estratégicas y prioritarias; en virtud de lo anterior, se ha decidido el retiro de algunas áreas bajo los siguientes criterios.

Liquidar o extinguir entidades que ya cumplieron con sus objetivos, que carecen de viabilidad económica o cuyas actividades conviene realizar, por razones de mayor eficiencia, en otras entidades paraestatales o dependencias de Gobierno.

Fusionar entidades para mejorar el uso de recursos con la integración o complementación de procesos productivos, de comercialización y de gestión administrativa.

Transferir a gobiernos de los Estados empresas de importancia regional o local vinculadas con sus programas de desarrollo.

Vender empresas que no son prioritarias ni estratégicas y que por sus condiciones de viabilidad económica son susceptibles de ser adquiridas por los sectores privado o social.

Con base en estos criterios, se ha realizado una revisión a fondo del tamaño y cobertura del sector público. De 1 155 entidades que existían a diciembre de 1982, se han sometido a procesos de desincorporación 459 entidades, de las cuales 96 fueron sometidas a proceso de venta, 168 a liquidación, 110 a extinción, 46 a fusión y 39 a transferencia a los gobiernos estatales; asimismo, cabe señalar que sólo se han creado 48 entidades de servicio tales como: Servicios Portuarios y Marítimos, Servicio Postal Mexicano, Telégrafos, Instituto Nacional de Perinatología, Centro de Enseñanza Técnica e Industrial, y los Institutos Mexicanos de la Radio, Televisión y Cinematografía, con lo cual el saldo actual es de 744 entidades.

A raíz de la caída de los ingresos petroleros se ha vuelto imperativo profundizar y acelerar el cambio estructural en el sector público. Dentro de este contexto de escasez de recursos, resulta impostergable consolidar el proceso de desincorporación de entidades, con el objeto de abrir paso a nuevas inversiones y de continuar realizando proyecto de ampliación de áreas de alta trascendencia para el país.

De acuerdo a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, promulgada en mayo pasado, de las 774 entidades actualmente en operación se excluyen 36 empresas de participación estatal minoritaria y 28 fideicomisos de mandato, quedando un total de 680 entidades vigentes.

Adicionalmente, el gobierno ha iniciado una segunda etapa de revisión de las 680 entidades existentes, habiéndose determinado la desincorporación de 178 entidades en donde no se justifica la presencia del Estado.

Es conveniente reiterar que el Estado no se desprenderá de las empresas estratégicas que señala el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como por ejemplo: petróleo e hidrocarburos, energía nuclear, ferrocarriles, emisión de moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía y comunicaciones vía satélite.

Se mantendrán, asímismo, las entidades estratégicas del servicio público social, amén de aquellas que tengan fines de asistencia y seguridad social, cuya creación y funcionamiento deriven de Ley o Decreto del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal, como son los organismos de vivienda, educación, abasto, salud y privación social. El estado continuará fortaleciendo su presencia en aquéllas entidades consideradas como prioritarias particularmente las tendientes a la satisfacción de los intereses nacionales o de interés público.

Paralelamente a los esfuerzos por depurar el sector paraestatal, se continuarán realizando acciones tendientes a modernizar la organización y niveles de productividad de las entidades que permanecerán bajo la tutela del Estado, para que se constituyan en importante instrumento para el logro de los objetivos nacionales; reforzando la rectoría del Estado y dando apoyo a la política económica social que le corresponde instrumentar al sector público.

La administración de los recursos humanos se ha orientado a elevar la eficiencia y productividad de los servidores públicos, así como a asegurar a los trabajadores el acceso a mejorar niveles de bienestar socio - económico y a mayores posibilidades de desarrollo, a través de la operación de sistemas adecuados de administración y desarrollo de personal.

La política salarial del Gobierno Federal, tomando en cuenta los planteamientos presentados por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado a la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, ha mantenido como objetivo fundamental el restituir, en lo posible, el poder adquisitivo de los salarios y el ampliar las medidas de seguridad social, favoreciendo a los trabajadores de menores ingresos.

Por lo que corresponde a la política salarial de 1986, las acciones más relevantes que se llevaron a cabo versaron sobre los aspectos siguientes:

Actualización de las remuneraciones del personal federal, en relación a los incrementos de enero, junio, septiembre y octubre al salario mínimo burocrático, que benefició fundamentalmente al personal de menores ingresos; asimismo, se compactaron las zonas económicas del tabulador general para ser congruentes con las zonas económicas que maneja la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Homologación funcional y salarial de las ramas médica, paramédica y afines del sector salud, medida que permitirá incrementar de manera sustancial la productividad, calidad y eficiencia de los servicios de salud.

Incremento en los haberes del personal de las fuerzas armadas, a fin de reducir el rezago salarial que existe en relación al nivel de responsabilidad de este personal.

Avance en la retabulación de los puestos del personal docente, con objeto de establecer una estructura salarial y de prestaciones acorde con las características del sector educación. También se ha continuado con la instrumentación del modelo de educación superior, y la homologación de universidades de provincia, con el propósito de simplificar y dar congruencia a la administración de sueldos y salarios del sector.

Actualización de los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos de las dependencias y entidades, como parte del proceso continuo para mejorar la administración de personal.

Otorgamiento de 100% de incremento a las prestaciones de seguro colectivo de vida y de retiro y de 67% de despensa.

Establecimiento del seguro colectivo capitalizable "Provida" que permite la constitución de un capital importante a mediano plazo, como complemento a la jubilación o como respaldo económico para iniciar actividades productivas al retirarse del Servicio. De la misma manera, se instrumentó el seguro familiar con cuotas que faciliten la protección del patrimonio familiar.

De igual forma, del marco del Programa Nacional de Capacitación y Productividad, se ha mejorado sustancialmente la operación de los sistemas de enseñanza abierta para los niveles de primaria, secundaria y bachillerato, así como el de becas para especialización y postgrado.

Todas estas acciones han constituido un avance significativo de la infraestructura administrativa que soporta la aplicación del sistema integrado de administración y desarrollo de personal.

Por otra parte, apoyo a las medidas de racionalización y austeridad en el gasto, se optimizó la utilización de las plazas a fin de absorber las nuevas necesidades de los sectores prioritarios de salud, educación, procuración e impartición de justicia y seguridad nacional, con lo cual se crearon únicamente las mínimas indispensables.

Para 1987 el Ejecutivo Federal, conjuntamente con la representación de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, definirá un paquete salarial que permita, en buena medida, conservar el poder adquisitivo de los trabajadores y proseguir en la conformación de un esquema salarial y congruente, justo y equitativo; así como incrementar el valor real de los sueldos, a través de un sistema más amplio de prestaciones económicas de seguridad social.

Por lo que respecta a la política de sueldos de los servidores públicos superiores y mandos medios, se otorgarán aumentos en las mismas fechas en que se modifique el salario mínimo burocrático y el porcentaje en que se incrementen será similar al porcentaje en que se modifique el salario mínimo mencionado.

Finalmente, con el propósito de fortalecer el desempeño de las actividades que realizan las instituciones y auspiciar el cambio estructural, se continuarán promoviendo y fomentando acciones en materia de capacitación de personal, que coadyuvarán al desarrollo técnico e intelectual de los servidores públicos y que redundarán en la elevación de la calidad de los servidores en el incremento de la productividad y en el mejoramiento de los niveles de bienestar.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

El respeto recíproco entre los poderes, constituye una garantía para la organización interdependiente y de distribución de funciones para alcanzar los objetivos del Estado y el fortalecimiento de la República.

En este contexto, las funciones Legislativas ejercidas en el ámbito de facultades que la Constitución le confiere al H. Congreso de la Unión, coadyuvan el desarrollo de la democratización integral de la sociedad al permitir la total concurrencia del pluralismo político e ideológico.

El trabajo desarrollado por H. Cámara de Diputados y el Senado de la República, cuyas comisiones y comités despliegan importantes acciones para transformar la nación en una sociedad más igualitaria y justa a través del perfeccionamiento de su marco jurídico y político, reviste una singular importancia, toda vez que fortalece la democracia y la corresponsabilidad de los Poderes de la Unión.

Con el propósito de apoyar los objetivos que en materia legislativa y de política interna y externa le competen al Poder Legislativo, el proyecto de presupuesto para 1987 asciende a 22.6 mil millones de pesos.

El Poder Judicial tiene como responsabilidad fundamental, preservar la libertad y la paz social conforme al régimen de derecho y el orden jurídico de la nación.

La expedita administración y procuración de justicia para respetar las garantías individuales y sociales, constituyen una demanda social que obligan al Poder Judicial a revisar, actualizar y perfeccionar los mecanismos y sistemas para reafirmar el orden constitucional que da vigencia y salvaguarda los derechos humanos.

A fin de avanzar en la desconcentración y descentralización de los órganos judiciales y administrativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Juzgados y Tribunales de Circuito, el presupuesto para 1987 del Poder Judicial ascenderá a 46.6 mil millones de pesos.

El Presupuesto de la Administración Pública Central para 1987 asciende a 16,200.8 mil millones de pesos, que con respecto a 1986, representa 73.8% de incremento.

Con este gasto se pretende apoyar la actividad gubernamental y canalizar los recursos para atender con suficiencia las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, los programas nacionales y programas operativos anuales, sobre todos en materia de educación, salud, vivienda, seguridad nacional e importación de justicia.

La reestructuración permanente del gasto del Gobierno Federal reitera el compromiso de abatir la participación del gasto corriente para aumentar selectivamente el gasto de inversión, a fin de asegurar el crecimiento económico definido en el Programa de Aliento y Crecimiento para 1987 y 1988 e impulsar y avanzar en los programas de descentralización, reconstrucción, reestructuración administrativa, rehabilitación y fortalecimiento de la infraestructura económica, desarrollo científico y tecnológico y la atención de los servicios sociales básicos.

El Ejecutivo Federal está en empeñado en elevar la eficiencia y la productividad de su aparato administrativo, a fin de liberar recursos que permitan acomodar el crecimiento impostergable de plazas y el mayor gasto que requieren las áreas que prestan servicios fundamentalmente en materia de educación, salud, defensa, marina e impartición de justicia.

Para ello, las dependencias del Ejecutivo Federal, ejercerán el gasto con orden y disciplina, orientando su ejercicio a los requerimientos indispensables de sus funciones administrativas y sustantivas y no habrá creación de nuevas plazas fuera de los sectores prioritarios mencionados arriba.

Así, el gasto corriente de las dependencias de la Administración Pública Central, incluyendo transferencias corrientes crece sólo en 73.7% en comparación con el gasto de inversión física que se incrementa en 90.9%, conforme a la intención de reactivar el crecimiento económico. La mayor parte de la inversión se canalizará a proyectos de reconstrucción y rehabilitación de hospitales, escuelas, viviendas, infraestructura de comunicaciones y agua potable entre otros.

Las transferencias en el marco de la reestructuración de los subsidios, observan nuevamente un crecimiento menor en relación al gasto total programable como consecuencia de la profundización en la política de desincorporación, principalmente las canalizadas al sector paraestatal en presupuesto.

En 1987, política de transferencias es más selectiva y apoya fundamentalmente actividades productivas bajo criterios explícitos de transparencia, temporalidad y condicionalidad. Al respecto las entidades que reciben apoyos para su rehabilitación y saneamiento financiero, deberán cumplir conforme a la Ley de Entidades Paraestatales los compromisos adquiridos.

El sector paraestatal continúa siendo objeto de reestructuración, mayor integración y adecuación de sus actividades a las prioridades estratégicas para la economía y de apoyo a la producción de bienes y servicios para el bienestar social.

Las exigencias de apoyar la recuperación económica y alcanzar una mayor eficiencia productiva, derivan en lineamientos de política de gasto en 1987 para avanzar en la reconversión industrial del sector paraestatal. De igual manera el imperativo de consolidar su saneamiento obliga a perseverar en la disciplina presupuestal.

Por ello, para 1987 se profundizará la estrategia de modernización de los procesos productivos; de adecuación de las escalas de operación; y de superar la actual integración de los encadenamientos tanto en la producción paraestatal como en el resto de la economía, tratando de optimizar los efectos multiplicadores del programa de inversión pública hacia el interior de la economía.

La permanente reducción de los costos de operación en la empresa pública constituye un factor fundamental, junto a la asunción de pasivos por el Gobierno Federal para consolidar la rehabilitación financiera del sector paraestatal.

Por lo anterior los subsidios y transferencias quedarán subordinados a los objetivos señalados y a una mayor transparencia para garantizar efectos redistributivos y de apoyo a los objetivos nacionales de la recuperación productiva y fomento al empleo.

La inversión paraestatal constituye un instrumento de fundamental importancia para promover el crecimiento y la modernización de la planta productiva del sector público. Por ello se reforzarán las acciones de reconversión industrial en Sidermex, Azúcar, Ferrocarriles, Conasupo y Fertimex, entre otras entidades.

Los proyectos de inversión se sujetarán a una exhaustiva revisión para adecuarlos a las nuevas exigencias, caracterizándose por un menor contenido importado. En consecuencia, la política de adquisiciones de bienes y servicios quedará subordinada a los objetivos de mayor contenido doméstico e integración horizontal. Las adquisiciones externas tendrán prioridad únicamente cuando induzcan a procesos de modernización y desarrollo tecnológico propio.

El presupuesto que ejercerá el sector paraestatal en 1987 en congruencia con los objetivos antes planteados, ascenderá a 20, 253.2 mil millones de pesos, 89.7% mayor que en 1986, en donde la inversión constituye el renglón de mayor crecimiento.

La inversión que ejercerá el sector paraestatal alcanzará 4,866.2 mil millones de pesos significando un crecimiento de 127.7% respecto a 1986. Destacan los proyectos de Pemex; CFE; AHMSA; Sicartsa; Fertimex; Concarril; Conasupo; Y Propemex principalmente. El gasto de operación por su parte, alcanza un monto de 14,900.7 mil millones de pesos, monto que reduce su participación en el gasto programable y que apartir del abatimiento de los costos de operación, permitirá atender la demanda de bienes estratégicos y de consumo popular.

Como se ha señalado en el documento de "Criterios Generales de Política Económica para 1987", se plantea para el próximo año, un esfuerzo adicional de saneamiento de las finanzas públicas, compatible con una reactivación moderada de la inversión pública y un régimen tributario que estimule la actividad económica de los particulares.

Entre 1986 y 1987 se propone elevar el superávit primario, o sea el déficit fiscal antes del pago de intereses, de 3.3% a 6.6% del PIB y abatir el uso total de recursos financieros por parte del sector público de 16.8% a 13.8%. El aumento del superávit primario, concepto que mide el verdadero esfuerzo de ajuste fiscal, proviene de incrementos en los ingresos y de una disminución en el gasto programable como porcentaje del PIB.

El déficit operacional, es decir, el déficit económico menos el componente inflacionario de los intereses sobre la deuda pública interna, se reduce en una proporción menor que el aumento del superávit primario, ya que se prevé un aumento de las tasas reales de interés en moneda nacional.

La expresión en términos de ahorro del Gobierno Federal y el sector paraestatal en presupuesto, se presenta en los cuadros siguientes.

Como se observa, el ahorro corriente de la administración pública central ascenderá en 1987 a 15, 937.5 mil millones de pesos, monto superior en 178.7% respecto a lo observado en 1986. Corresponde esta meta a una reducción muy sustancial del gasto directo de administración; al sumar el pago de intereses, el resultado se transforma en un desahorro de 9,609.6 mil millones de pesos, 37.5% superior al estimado para 1986.

Por su parte, el sector paraestatal muestra un ahorro de operación de 5,126.8 mil millones de pesos, casi igual a tres veces al obtenido al cierre de 1986; incluyendo el pago de intereses este superávit se reduce a 1,966.4 mil millones de pesos, en 1986. El ahorro de operación después de incorporar el pago de intereses se eleva a 3,373.8 mil millones al sumarle las transferencias que el Gobierno les otorga a las entidades para apoyar su expansión productiva.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE DEUDA

La política de deuda pública en 1987 se deriva de los propósitos generales de política económica y finanzas públicas y responde al objetivo de continuar reduciendo la deuda interna real y, apoyándose en la mayor disponibilidad de recursos externos, reducir, en forma coordinada con la política de cambios, las tasas de interés internas y ampliar la disponibilidad de créditos a particulares.

El proyecto de presupuesto de deuda pública para 1987 asciende a 48,237.6 mil millones de pesos, cifra que representa un incremento del 116.0% en relación al cierre esperando de 1986.

Del total del servicio de la deuda, el Gobierno Federal participa con 40,803.9 mil millones de pesos, lo que representa el 84.6%; al sector paraestatal, le corresponde 7,433.7 mil millones, el 15.4% restante, Por sus componentes, el pago de intereses, gastos y comisiones absorbe el 59.5%, con una erogación de 28,707.5 mil millones de pesos, correspondiendo el 69.5% a interno y el 30.5% a externo. Por su parte, las amortizaciones ascienden a 18,780.1 mil millones de pesos y las Adefas a 750.0 mil millones, lo que representa participaciones de 38.9% y 1.6% respectivamente.

Por último, cabe subrayar que el servicio de la deuda, por su magnitud, es sumamente sensible a la tasa de inflación por su repercusión en las tasas nominales de interés internas, ya que incluye la parte correspondiente a la reposición del capital que la tasa de inflación erosiona. En este sentido su contabilidad como gasto corriente, distorsiona los resultados de finanzas públicas, toda vez que en términos económicos corresponden a una reposición del principal y no a un pago por servicios derivados del endeudamiento del ejercicio. Por esta razón, se ha introducido el concepto de déficit operacional tradicional en términos apropiados desde el punto de vista económico.

En resumen, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1987 que someto a la más alta y honorable representación del pueblo de México, conjuga crecimiento con estabilidad financiera y vincula cambio estructural, reconversión industrial y desarrollo social, como elementos fundamentales para alcanzar una sociedad más justa, renovada y de mayores oportunidades para la población.

El esfuerzo que habrá de realizarse por recuperar la capacidad de crecimiento sostenido de la economía nacional en los años venideros, debe darse dentro de un marco que permita asegurar que dicho crecimiento se sustente sobre bases y permanentes.

Con este propósito de presupuesto para 1987 reafirma los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y se orienta a impulsar el empleo y la inversión de los particulares, acelerar la descentralización, fortalecer el gasto en bienestar social, preservar y ampliar la infraestructura básica, proteger las áreas estratégicas y productivas, y fomentar las exportaciones no petroleras. Con ello, se da respuesta al compromiso que el Gobierno de la República mantiene con su pueblo para servirlo.

Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración más distinguida.

Sufragio Efectivo. No reelección.

Palacio Nacional, noviembre 15 de 1986.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado.»

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1987, se sujetarán a las disposiciones de este decreto y a las aplicables a la materia.

Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los ramos de aportaciones a Seguridad Social, Erogaciones no Sectorizables y Reconstrucción y Descentralización para el año de 1987, importan la cantidad de $15.279,233.200,000 (quince billones doscientos setenta y nueve mil doscientos mil pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:

00002 Presidencia de la República. $ 32,514.100,000
00004 Gobernación 71,506.000,000
00005 Relaciones Exteriores 123,142.600,000
00006 Hacienda y Crédito Público 971,951.400,000
00007 Defensa Nacional 481,083.800,000
00008 Agricultora y Recursos Hidráulicos 1.058,493.000,000
00009 Comunicaciones y Transportes 1.351,964.000,000
00010 Comercio y Fomento Industrial 870,282.800,000
00011 Educación Pública 2.669,229.000,000
00012 Salud 396,755.600,000
00013 Marina 144,870.000,000
00014 Trabajo y Previsión Social 39,367.100,000
00015 Reforma Agraria 65,504.000,000
00016 Pesca 64,071.400,000
00017 Procuraduría General de la República 39,577.700,000
00018 Energía, Minas e Industria Paraestatal 1.358,599.500,000
00019 Aportaciones a Seguridad Social 227,893.500,000
00020 Desarrollo Urbano y Ecología 142,694.000,000
00021 Turismo 54,869.8000,000
00023 Erogaciones no Sectorizables 4.500,637.500,000
00025 Programación y Presupuesto $ 112,849.000,000
00027 Contraloría General de la Federación 12,377.400,000
0031 Reconstrucción y Descentralización 485,000.000,000

Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para Desarrollo Regional y Participaciones a Estados y Municipios y otros para el año de 1987 importan la cantidad de $5.281,246.600,000 (cinco billones doscientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y seis millones, seiscientos mil pesos, moneda nacional) y se distribuye de la siguiente manera:

00026 Desarrollo Regional $ 931,000.000,000
00028 Participaciones a Estados y Municipios y otros 4.350,246.600,000

Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1987 importa la cantidad de: $21,680.300,000 (veintiún mil seiscientos ochenta millones trescientos mil pesos, moneda nacional).

Artículo 5o. El presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1987 importa la cantidad de: $42,810.800,000 (cuarenta y dos mil ochocientos diez millones ochocientos mil pesos, moneda nacional).

Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el año de 1987 correspondientes a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluídos en este presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:

00637 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado $ 783,400.000,000
00641 Instituto Mexicano del Seguro Social 2.314,653.500,000
04460 Productora e Importadora de Papel, S. A. de C. V 185,848.800,000
06750 Lotería Nacional para la Asistencia Pública 206,332.400,000
08355 Forestal Vicente Guerrero 8,900.000,000
08400 Instituto Mexicano del Café 309,628.300,000
08490 Productos Forestales Mexicanos 19,711..100,000
09055 Aeronaves de México, S. A 589,353.400,000
09120 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 118,750.000,000
09195 Ferrocarriles Nacionales de México 1.160,104.600,000
10125 Compañía Nacional de Subsistencias Populares 1.728,789.800,000
16375 Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V 444,000.000,000
18082 Altos Hornos de México, S. A 767,234.000,000
18164 Comisión Federal de Electricidad 2.789,378.400,000
18180 Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A. (en liquidación) 334,406.400,000
18234 Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S. A 87,804.000,000
18242 Diesel Nacional, S. A 264,690.000,000
18296 Fertilizantes Mexicanos, S. A 843,000.000,000
18572 Petróleos Mexicanos 5.487,000.000,000
18632 Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S. A 556,462.600,000
18634 Siderúrgica Nacional, S. A $ 36,337,800.000
18692 Azúcar, S. A. de C. V 1,128,821.300.000
Suma 20,253,230,400.000

Menos Transferencia incluidas en el Gasto del Gobierno Federal 2,903,974,700.000
Importe Financiero con recursos propios y créditos 17,349,255,700.000

Artículo 7o. el gasto asignado a la Deuda Pública del Gobierno Federal para el año de 1987 importa la cantidad de $40,803, 933.900,000 (cuarenta billones, ochocientos tres mil novecientos treinta y tres millones, novecientos mil pesos moneda nacional) y se distribuye de la siguiente manera:

00024 Ramo de Deuda Pública $ 38,415,283,300,000
Amortización 13,807.283.300.000
Intereses y gastos 23,858,000.000.000
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 750,000,000.000
0029 Erogaciones para saneamiento financiero 2,388,650,600,000
Amortización 699,510,700,000
Intereses y gastos $ 1,689,139,900,000
La Deuda Pública correspondiente a las entidades paraestatales cuyos programas están incluidos en este presupuesto será la siguiente:
Amortización $ 4,273,351,800,000
Interese y gastos 3,160,352,000.000
Suma 7,433,703,800.000

Artículo 8o. Las previsiones del ramo XXXI se orientarán a los programas y proyectos de reconstrucción y descentralización que llevarán a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Para su autorización, los programas y proyectos de reconstrucción y descentralización deberán estar suficientemente evaluados, integrados y especificados.

Las erogaciones que se realicen con cargo a los recursos indicados se someterán a los controles presupuestales correspondientes. El ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, informará trimestralmente a la H. Cámara de Diputados del manejo que se haga de las mismas y al rendir la Cuenta de Hacienda Pública Federal correspondiente a 1987.

Artículo 9o. Si los indicadores económicos observados durante el primer trimestre observados durante el primer trimestre de 1987 no muestran signos de recuperación de la economía del país y en caso de que exista acceso al financiamiento externo correspondiente, se autoriza para el ejercicio de 1987, la aplicación de recursos hasta por un monto de $635,000,000.000 (seiscientos treinta y cinco mil millones de pesos 00/100 M. N.) Dichos recursos serán adicionales a los previstos en los programas y proyectos de inversión tendrá por objeto apoyar la reactivación económica y se destinarán a proyectos prioritarios, principalmente de infraestructura hidráulica, ferroviaria y de carreteras, para el programa especial de vivienda, la atención de necesidades de salud, educación, transportación colectiva y para la industria de fertilizantes.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asignará en los términos de este artículo los recursos mencionados, los cuales podrán ejercerse a partir del segundo trimestre de 1987, e informará a la Cámara de Diputados del manejo que se haga de los mismos, trimestralmente y en la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1987.

Artículo 10. Los titulares de las dependencias así como los órganos de gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, en el ejercicios de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten son oportunidad y eficiencia las acciones previstas a sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.

La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con los objetivos y prioridades del plan, de los programas de desarrollo y del Programa de Alimento y Crecimiento, así como de los proyectos de reactivación económica y de reconversión industrial a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas, igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la Administración Pública Federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinen.

Artículo 11. se faculta al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1987, otras ciudades paraestatales, además de las señaladas en el artículo 6o. de este decreto.

Artículo 12. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1987, se sujetarán estrictamente a los calendarios financieros que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto y las demás entidades paraestatales se sujetarán a los que aprueben sus respectivos órganos de Gobierno, con base en los lineamientos generales que emita la propia Secretaría.

Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en presupuesto de Egresos de la federación

Salvo en los artículos 15 y 39 no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de pagos que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos así como aplicaciones líquidas a los presupuestos; en consecuencia las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.

Artículo 13. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá reservarse la autorización para ministrar fondos a las dependencias y en su caso solicitar a los coordinadores de sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas, en los siguientes casos:

Artículo 14. La Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio del presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas i erogaciones efectuadas en contravención a los dispuesto en este artículo.

Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, así como de los órganos de Gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no emitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como el titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizar dichos compromisos, salvo en lo previsto en el artículo siguiente.

Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del ramo XXIII del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 15. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a programas prioritarios o estratégicos del Gobierno Federal, con cargo a:

Artículo 16. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados.

Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de los órganos de gobierno de las propias entidades.

Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva, procurando que no se afecten programas estratégicos ni prioritarios, optando preferentemente, en los casos de programas de inversión, por aquéllos de menor productividad e impacto social y económico.

Del ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Federal dará cuenta a la Cámara de Diputados al rendir los informes trimestrales a que se refiere el artículo 42 de este decreto y al presentar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Artículo 17. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales, no podrán destinarse a fines específicos, y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.

Artículo 18. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así Con las diferencias en cambios, quedarán definitivamente como economías del presupuesto y en ningún caso se podrá hacer uso de ellos

Artículo 19. La administración, control y ejercicio de los ramos de Erogaciones no Sectorizables, Aportaciones a Seguridad Social, Desarrollo Regional y Reconstrucción y Descentralización a que se refiere el presente decreto, se encomienda a la Secretaría de Programación y Presupuesto.

La administración, control y ejercicio de los ramos de Deuda Pública, de participaciones a estados y municipios y de erogaciones para sanamiento financieros será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CAPITULO SEGUNDO
Disposiciones de racionalidad, a usteridad y disciplina presupuestales

Artículo 20. Sin perjuicio de lo que se establece el presente decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal serán responsables en los términos de este capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales. Su inobservancia o incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que se haya lugar conforme a la ley.

Artículo 21. Las dependencias y entidades llevarán a cabo sus respectivas acciones en materia de descentralización con base en los criterios siguientes:

Artículo 22. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no podrán crear nuevas plazas. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud expresa de titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar la creación de las que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional. Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello garantice el incremento de su productividad, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de gobierno.

A la designación o contratación de personal para ocupar las plazas a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá dárseles efectos retroactivos a la fecha de la autorización correspondiente.

La dependencias y entidades no podrán llevar a cabo conversiones de sus plazas autorizadas, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cual deberá recabarse la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto, para el caso de las dependencias y del órgano de gobierno, tratándose de entidades paraestatales.

Las dependencias y entidades no podrán modificar su estructura orgánica básica aprobada en el ejercicio de 1986. Cualquier adecuación sólo podrán hacerla las dependencias, previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y las entidades paraestatales, previa autorización de su órgano de gobierno, conforme a los lineamientos que se dicten para tal efecto, de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tales adecuaciones no podrán implicar traspaso o ampliación a las previsiones presupuestales por las dependencias y entidades por concepto de servicios personales, ni incremento en el número de plazas.

Artículo 23. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales deberán:

Artículo 24. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto a pego a las demás disposiciones de este decreto y las que resulten aplicables a la materia.

Artículo 25. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1987 no se podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:

Artículo 26. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia correspondiente:

Artículo 27. Las dependencias y entidades en ejercicio de sus presupuestos sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior, para las representaciones en, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados.

Durante el ejercicio de 1987, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Coordinadora de Sector, en función de las disponibilidades de recursos, establecerá medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores que tengan asignados las representaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior, así como para verificar que la administración de los recursos asignados y el ejercicio de los presupuestos y calendarios se realicen conforme a lo autorizado.

Las dependencias y entidades en coordinación con las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Programación y Presupuesto, continuarán revisando las aportaciones que actualmente realizan a organismos internacionales con cuyos fines se relacionen sus respectivas atribuciones y funciones, a efecto de avanzar en la disminución o cancelación de aquéllas que, en el contexto actual de las prioridades nacionales, no se justifiquen.

Artículo 28. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1987:

Artículo 29. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo de Presupuesto de Egresos de la Federación se sujetarán a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:

Artículo 30. La Secretaría de Programación y Presupuesto autorizará las transferencias con cargo al presupuesto de egresos a la dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales, bajo su coordinación verificando previamente:

Artículo 31. Cuando se debe diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.

Artículo 32. Las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Interestatal Gasto Financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades paraestatales convenientes para:

Artículo 33. La Secretaría de Programación y Presupuesto se abstendrá de autorizar subsidios y las dependencias y entidades, donativos y ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquéllos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan de éste.

Artículo 34. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicios presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre el Registro Único de Transferencias.

Artículo 35. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gastos de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades.

El propio Ejecutivo, por conducto de la citada Secretaría, resolverá sobre la aplicación de los remanentes que generen con tal motivo o, en su caso, el que los mismos se reflejen como economías presupuestales.

Artículo 36. Las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y de Crédito Público determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades respecto de las disponibilidad financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal. Para tal efecto, unificarán los flujos de información financiera que requieran de las propias dependencias y entidades.

A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal informarán a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y a la dependencia coordinadora del sector, de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias.

Artículo 37. El Ejecutivo Federal podrá abstenerse de ministrar subsidios y de concertar programas de coordinación de servicios e inversiones con las entidades federativas que graven con impuestos locales los adeudos y salarios de los empleados de la Federación, de las entidades paraestatales y de las que operen mediante concesión federal.

Artículo 38. El Banco de México en función del monto de divisas requerido para el Presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará, a petición de las dependencias y entidades, las divisas necesarias para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera, debiendo las mismas informar a las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen al respecto, de acuerdo con los flujos reales establecidos.

Artículo 39. La Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambios en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de pago en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales, y de las alternativas de financiamiento que se presenten.

Artículo 40. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y de los adjudicación mediante la convocatoria a cuando menos tres personas, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1987, serán las siguientes:

Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.

Artículo 41. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo considerado previamente por lo menos tres u ocho propuestas, según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1987, serán los siguientes:

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.

Artículo 42. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.

El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio y hará asimismo, las aclaraciones que ésta le solicite, a través de la secretaría de Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.

Los informes trimestrales deberán ser presentados a más tardar 45 días después de terminado el trimestre de que se trate.

Artículo 43. Las propuestas que en ejercicio de sus atribuciones legales formule la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios, enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto informará a la Cámara de Diputados de las razones y criterios específicos que fundamenten el ejercicio de estas atribuciones.

Artículo 44. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Decreto así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para estos efectos, podrá requerir de las dependencias y entidades la información que resulte necesaria y comunicará a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.

Artículo 45. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, y los órganos internos de control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la ley, comprobarán el cumplimiento, por parte de las propias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las obligaciones derivadas de este Decreto.

Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Artículo 46. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación

Artículo único. El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero de 1987.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, D. F., 15 de noviembre de 1986.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado.»