Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Beatriz Gallardo Macías, del grupo parlamentario del PST

«Señoras y señores diputados:

Hablar de la política social de un gobierno, es referirse a los resultados de las acciones emprendidas para elevar los niveles de vida de las mayorías. La permanencia y agudización de la crisis económica, nos lleva a la necesidad de impulsar determinaciones profundas en todos los terrenos, tendientes a fortalecer a los sectores mayoritarios del país, tales como el obrero y el campesino, que cada día ven menguados sus ingresos reales.

Queremos en esta exposición de motivos, enfocar nuestra mirada a los temas alimentación, producción, distribución y abasto de alimentos; así como su correcta comercialización a todos los niveles.

La economía es aquella actividad humana que tiene que ver con la producción, distribución, abasto y consumo de los satisfactores del ser humano, entre los cuales está en primer lugar el alimento.

Nuestra Constitución Política, modelo de muchas obras, una de las más avanzadas del mundo capitalista, le asigna al Estado, entre otros, el papel del rector de la economía.

Si esa función tan importante del Estado la debe ejercer siempre en estos momentos de crisis, en que las mayorías se ven constantemente agredidas en sus intereses, y menguadas en las posibilidades de satisfacer sus necesidades aun las elementales, debe resaltarse e impulsarse con fuerza.

No hace falta insistir en la dificultad cada vez mayor, que la mayoría de mexicanos tenemos día a día para alimentarnos adecuadamente. A reserva de aportar datos que prueben indubitablemente esa dificultad, baste mencionar por ahora de paso, los aumentos de alimentos básicos de ayer y antier nada menos.

Las razones que dificultan una correcta alimentación son muchas, señalemos algunas: mayor demanda que oferta o escasez de alimentos, exagerando intermediarismo, acaparamiento en vez de acopio, distribución irracional, etcétera. Si todos esos son pasos de un proceso económico y el Estado es rector de la economía nacional, es evidente que el Estado debe intervenir en esos procesos, aunque amplios sectores de la iniciativa privada, minoritarios por lo demás frente a obreros campesinos y demás clases populares, giman , griten o muestren su descontento.

Para garantizar una alimentación sana, nutritiva y suficiente a todo mexicano, el Estado debe organizar la producción e intervenir en la distribución y comercialización de los alimentos.

Siguiendo el rumbo marcado por Morelos, el Insurgente, debe sin temor a intervenir para moderar opulencia e indigencia y salvaguardar la soberanía alimentaria.

No es por pobreza de nuestro territorio y menos por apatía de nosotros, sus habitantes, que no tengamos autosuficiencia alimentaria. Todos sabemos que una de las causas de la inestabilidad o el estancamiento de la producción agropecuaria para el consumo nacional, es el irrefrenable deseo de ganancias de empresarios privados y empresas transnacionales que han logrado que las mejores tierras del país, se dediquen a cultivos de alta rentabilidad, hortalizas para exportación en el noroeste, fresa y zempazúchil en el bajío, ganado de exportación en las huastecas y Chiapas, etcétera; en lugar de producir para el consumo interno. Quien está dirigiendo la producción en el campo es cada vez más la empresa privada y transnacional. El Estado debe recuperar su rectoría.

El establecimiento de una Secretaría de abastos, vieja demanda de partidos como el nuestro, sería una medida material que reconstruiría las obsoletas estructuras de comercialización de nuestra Patria, a favor del pueblo. Una modernización del comercio sobre la base de que los particulares preparados lo hagan, sólo significará privilegiar a unos cuantos y permitir mayor enriquecimiento de unos pocos grandes monopolistas privados, mediante la supresión del enorme número de intermediarios con los que ahora contamos.

En cambio, un gobierno de reconstrucción nacional puede y debe modernizar las estructuras comerciales, mediante el fortalecimiento de instituciones como Conasupo, Impecsa, Inmecafé, etcétera, todas ellas vigiladas y coordinadas por una Secretaría de Estado.

Para garantizar una correcta alimentación al mexicano, se deberán tomar muchas medidas. Ese derecho no se garantizará por decreto. El camino es largo, pero hay que iniciarlo. La mayor y mejor intervención del Estado en la producción y comercialización de alimentos, será un paso obligado y habrá que dar otros en lo relativo a control de precios y vigilancia de su cumplimiento.

También tiene que ver con el derecho de todo mexicano a alimentarse sanamente, la posibilidad de empleo estable para quien sostiene económicamente a la familia, la igualdad real dentro de la estructura salarial de la mujer con el hombre, la relación entre producción, - salario - precios y la materialización del concepto de salario remunerador.

Para que los temas tratados en los dos párrafos anteriores reciban un fuerte impulso; para que desde la más alta de nuestras normas, el resto de leyes y demás estructuras jurídico - políticas se vean en la obligación de iniciar y seguir el camino que nos lleve hasta una correcta alimentación para todo mexicano, es necesario incluir en nuestra Constitución, el derecho a la alimentación como un derecho fundamental e inalienable del hombre. No sólo como postura jurídica encomiable, sino como necesidad urgente e inaplazable.

No es tiempo ya de lamentos ni diatribas, debemos tomar medidas materiales. En los últimos cuatro años, México se ha convertido a nivel mundial, en un país de desnutridos, A pesar de algunos subsidios indirectos, la demanda de alimentos se ha desplomado en un 40% aproximadamente a causa del constante deterioro del poder adquisitivo de la población. Se estima que actualmente en nuestro país, más del 60% de los menores de cinco años, padecen desnutrición en cualquiera de sus tres grados. Los datos que aportan DIF e INCO, indican que la desnutrición es directa o indirectamente responsable de aproximadamente el 50% de la mortalidad infantil.

Algunos investigadores de la UNAM afirman que en México, se padece un índice global de desnutrición que supera ya la tercera parte de nuestra población y que tiende a crecer en las actuales circunstancias.

Estos datos reflejan que el problema alimentario de nuestra población, presenta perfiles altamente preocupantes y que la desnutrición crónica afecta a acerca de 20 millones de mexicanos.

Las causas las apuntamos arriba, producción de alimentos enfocada a las "altas ganancias" y a la exportación, en vez de encaminarse a obtener la soberanía alimentaria de nuestro pueblo; obsoletas y viciadas estructuras de acopio y distribución; pérdida de poder adquisitivo del salario; inflación y encarecimiento desenfrenados. Sobre esto último, es necesario añadir algo más.

Si la mayor inflación se registrara en artículos suntuarios o superfluos, el daño que causara no sería tan grave, pero su peor rasgo es que afecta más a los artículos básicos. Los 10 principales alimentos que se consumen en el país, han incrementado su precio en los ocho meses de 1987 en un 99.6%, rebasando el 81.2% de la inflación acumulada en el mismo período. En el colmo de la aberración a la que lleva el inmoderado deseo de ganancias de los grandes productores y/o comerciantes privados, esta decena de alimentos de la canasta básica ha tenido aumentos de precios superiores a los de artículos suntuarios, que no se compran tanto y mayores también, a la de artículos no sujetos a control de precios; estos datos los ha establecido la Asociación Nacional para la Defensa del Consumidor.

El resultado de esa situación, es una reducción real en el consumo alimenticio global y una sustitución de productos de mayor precio y contenido en proteínas, por otros de menor costo y valor nutricional.

Ya ni para qué hablar de los últimos aumentos, algunos aparentemente no autorizados del pan y la tortilla.

Por todo ello, haciéndonos eco, los diputados del PST, no sólo de los militantes de nuestro partido, sino de la mayoría de la población y de los pronunciamientos, que representantes de importantísimas fuerzas organizadas como la CTM, han hecho últimamente; proponemos una adición al artículo 4o. de la Constitución, que abra el camino de una serie importante de medidas, pero también permita iniciar por la vía constitucional la lucha organizada del pueblo, para conquistar efectivamente su derecho a la alimentación. Repetimos, esta propuesta no la hacemos solos; junto con Miguel de la Madrid afirmamos que: "La alimentación constituye la base para elevar el bienestar de la población y sus condiciones de vida", tal y como lo dijo en su V informe de gobierno. Junto con los Constituyentes y los revisores permanentes de la Constitución, afirmamos que si en nuestra Carta Magna se garantizan derechos como el de libertad de creencias, manifestación, prensa, tránsito, etcétera, uno de los primarios como es el de la alimentación, también debe estar garantizado en el mismo estatuto.

Por lo anteriormente expuesto, con las facultades que nos otorga la fracción II del artículo 71 de nuestra Constitución Política, los diputados del Partido Socialista de los Trabajadores nos permitimos proponer por su conducto a la consideración del soberano Constituyente Permanente, la presente iniciativa de adición de un párrafo, que será el tercero, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para el efecto, proponemos se expida el siguiente

Único. Se adiciona como tercero, un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Toda persona tiene derecho a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. La ley dictará cuantas disposiciones sean necesarias para garantizar ese derecho.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente.

Por la fracción parlamentaria del PST.- Rúbricas.»