Con proyecto de decreto que reforma las leyes de: Obras Públicas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles; General de Bienes Nacionales; y General de Deuda Pública, presentada por el Ejecutivo federal

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- México, D. F.

CC. secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente envió a ustedes iniciativa de decreto que reforma las leyes de Obras Públicas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles; General de Bienes Nacionales, y General de Deuda Pública, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 26 de octubre de 1987.- El Secretario. licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.- México, D.F.

CC. secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Durante la presente administración, hemos sostenido que en la medida en que las leyes respondan a nuestra realidad social y económica, avanzaremos en el cumplimiento de los propósitos que alientan la actividad del Estado para sentar las bases que permitan un desarrollo más justo y equilibrado.

En este contexto, las reformas a nuestros ordenamientos deben significarse por el propósito de hacer más eficientes y productivas nuestras instituciones; convertirlas en instrumentos de apoyo para el logro de las metas del desarrollo del país. En la administración pública, las reformas deben llevare implícita una renovación que se traduzca en la gestión eficaz y honesta de los recursos públicos y en su empleo ordenado y transparente.

Es por ello que el Ejecutivo a mi cargo, como parte de las acciones que ha emprendido para modernizar y actualizar nuestro régimen jurídico, ha sometido a la consideración de esa honorable representación nacional, iniciativas de leyes, reformas y adecuaciones a los ordenamientos legales, cuando se ha estimado que con ello se cumple con el propósito fundamental de hacerlos acordes con la realidad política, social y económica del país.

En esta perspectiva y a fin de garantizar al Estado que los recursos de que dispone sean administrados con eficacia y honradez, en el año de 1983, el Constituyente Permanente, a propuesta del Ejecutivo Federal, reformó el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de establecer la licitación pública como regla general en las operaciones que llevan a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en materia de Obra Públicas, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles, así como en las operaciones de enajenación de los propios bienes.

Consecuente con la reforma al citado artículo constitucional, el Ejecutivo a mi cargo propuso de la Unión reformas a la ley de Obras Públicas, y posteriormente en 1984, la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, y nuevas reformas a la ley de Obras Públicas y al capítulo de los bienes muebles del dominio privado de la Federación contenido en la ley General de Bienes Nacionales. Estos cuerpos de disposiciones reglamentarias del artículo 134 constitucional, han cumplido con el propósito esencial ya mencionado, permitiendo al Estado obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en las operaciones que cada orden normativo se encarga de regular.

Desde el punto de vista administrativo, y ya en la práctica los propios ordenamientos ha permitido que los actos que componen los respectivos procesos se lleven a cabo con mayor agilidad; que los servidores públicos responsabilizados de estas operaciones, cuenten con un marco normativo orientado por principios de honestidad y eficiencia. Asimismo, han preservado los principios de legalidad y certeza jurídica en favor de los particulares, establecer con precisión el contenido y alcances de las atribuciones que los órganos del poder público tiene conferidas en cada una de estas materias.

En lo que toca a la Ley General de Deuda Pública que regula las operaciones del financiamiento público, que se requiere para la realización de programas y proyectos específicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el año de 1983 el Ejecutivo a mi cargo propuso reformas a dicha ley para sujetar a la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinadas operaciones de financiamiento que realizaran las entidades paraestatales, considerando entre estas a las sociedades nacionales de crédito, con la finalidad de lograr una adecuada coordinación en la obtención de mejores condiciones crediticias generales.

En el marco de estas acciones y con el objeto de avanzar en la modernización del orden jurídico administrativo y, particularmente, con el propósito de propiciar el cabal cumplimiento de los fines y el eficiente desempeño de las entidades que componen la Administración Pública Federal paraestatal, en el año de 1986 el Ejecutivo a mi cargo sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de la ley Federal de las Entidades Paraestatales, misma que habiendo sido enriquecida y aprobada por esa honorable representación nacional, tiene hoy plena vigencia y constituye un notable avance en el ámbito de la administración pública, al innovar y transformar los conceptos tradicionales del control al que las propias entidades se encontraban sujetas y hacer más eficaces y actuales los sistemas y procedimientos relativos.

La nueva ley ha consagrado el principio de autonomía y gestión y apoyado el fortalecimiento de las atribuciones de los órganos de gobierno de las citadas entidades, como los elementos que deben sustentar y estructurar su transparente funcionamiento y operación y la correcta y expedita toma de decisiones en los actos que lleven a cabo.

En efecto, la nueva Ley Federal de las Entidades Paraestatales constituye el elemento para completar y profundizar la reforma estructural del sector paraestatal, al dotar a las entidades de las bases jurídicas que sustentan su real autonomía de gestión y establecer los controles mínimos, pero suficientes para su regulación y evaluación. Es así como la ley busca elevar la eficiencia y productividad de las propias entidades para robustecer su compromiso frente al Estado y la sociedad.

La consolidación de estos logros imponer la necesidad de continuar avanzando en el perfeccionamiento de las disposiciones legales que norman la vida institucional de las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal, en función del nuevo régimen jurídico administrativo que les es propio. Es en este contexto en el que se inscribe la iniciativa que ahora proponemos a esa honorable representación nacional procurando, con las modificaciones que se plantean a las leyes de Obras Públicas; Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles; General de Bienes Nacionales, y General de Deuda Pública, que sus disposiciones, en lo concerniente a las materias que cada una regula, incorporen los criterios que permitan a los órganos e gobierno de las entidades paraestatales ejercer cabalmente las funciones que por ley les corresponden.

Con la iniciativa se pretende precisar los alcances de las facultades que dichos órganos tiene asignadas en cada una de las referidas materias, a fin de que sean estos últimos los que de acuerdo con los fines, objetivos y metas de cada entidad, decidan sobre las consideraciones que resulten más convenientes para llevar a cabo sus operaciones, preservando incólumes los postulados generales contenidos en el artículo 134 constitucional, concretamente el principio de la licitación pública, y la exacta aplicación de los criterios fundamentales en materia de financiamiento de tales operaciones.

Mediante las adecuaciones que se proponen, se busca asimismo sistematizar la información que las entidades paraestatales deben producir, establecimiento procedimientos sencillos y consistentes que reflejen su actividad sustantiva, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo; para tal fin, se plantean reformas a las disposiciones que en cada cuerpo normativo prevé obligaciones para las entidades de proporcionar información, ya sea a las dependencias globalizadoras o a las coordinadoras de sector, preservándose sólo aquéllas que se justifican para efectos de congruencia y uniformidad.

En tanto que las reformas de 1986 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que acompañaron a la ley Federal de las Entidades Paraestatales y cuya promulgación fue simultánea, consolidaron desde el punto de vista legal el concepto que debe prevalecer para calificar a las propias entidades, como auxiliares del Ejecutivo Federal en el manejo de las áreas estratégicas y de las actividades prioritarias, las reformas que ahora se proponen recoger esa concepción, al precisar que las disposiciones de cada uno de los ordenamientos que se pretenden reformar serán aplicables a las entidades paraestatales, siempre que tengan ese carácter de acuerdo a la citada Ley Orgánica y a la propia Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Con ello se superan los criterios formales que hasta ahora contiene a este respecto las leyes de Obras Públicas, Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, y general de Bienes Nacionales.

En efecto, apartir de la consideración que el artículo 90 constitucional hace de la Administración Pública en centralizada y paraestatal, y de que las citadas leyes abarcan en su ámbito de aplicación a los dos sectores, resulta indispensable, conforme al nuevo marco jurídico de la administración paraestatal, precisar los supuestos de aplicación, en lo que a las entidades a las que dichas leyes se refieren, ya que algunas de ellas han dejado de tener la naturaleza de paraestatales y por ende, ya no deben ser sujetos de aplicación de la norma.

Por lo que toca a las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles y dada la simetría estructural que hay entre ambos ordenamientos, se proponen reformas en tres rubros genéricos:

- Determinación del ámbito de aplicación de las leyes, a fin de que en tratándose de entidades, se circunscriba su aplicación a las que tienen la naturaleza de paraestatales;

- Adecuación de las disposiciones que en ambas leyes prevén la intervención de las dependencias globalizadoras y de las coordinadoras de sector, principalmente en lo que hace a la información que deben proporcionar, y a los supuestos en que dicha información deba rendirse, ya por tratarse de entidades paraestatales incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación o del Departamento del Distrito Federal, o ya porque reciban transferencias con cargo a dichos presupuestos; supuestos congruentes con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y

- Precisión del alcance de las atribuciones de los órganos de gobierno de las propias entidades en las materias que cada ordenamiento regula.

En cuanto a la determinación del ámbito de aplicación de ambas leyes, se propone la modificación de las normas que en cada caso establecen los sujetos destinatarios de sus disposiciones; a tal efecto y en congruencia con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se prevé que tanto la ley de obras Públicas como la de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, se aplicarán a los organismos descentralizados, así como a las empresas de participación estatal mayoritaria y a los fideicomisos públicos.

Las adecuaciones que se sitúan en el segundo rubro, tienden a clarificar la mecánica operativa de las propias entidades, en cuanto a los requerimientos de información en materia presupuestaria. A tal fin, se plantean reformas que delimitan con certeza qué entidades habrán de sujetarse a las normas programáticas y de integración de los presupuestos de egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, y a la obligación de rendir información acerca de las erogaciones que realicen con motivo de las operaciones que cada ley regula, en función de que estén incluidas en los citados presupuestos o cuando reciban transferencias con cargos a los mismos. De esta suerte, en lo sucesivo solamente las entidades controladas o apoyadas presupuestalmente se sujetarán a los requerimientos de información mencionados, mientras que los órganos de gobierno de las entidades no incluidas en los presupuesto de egresos establecerán las medidas de control que requieran a este respecto, en los términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Las educaciones del tercer grupo se refieren a la precisión del alcance de las atribuciones de los órganos de gobierno de las entidades paraestatales. Al efecto, las reformas que se proponen se encuentran referidas tanto en la Ley de Obras Públicas como en la de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, a la facultad que en Términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales corresponde ejercer a dichos a dichos órganos para expedir las políticas, bases y programas que en cada entidad deban aplicarse.

Así, y sin perjuicio de la observancia de los principios rectores del artículo 134 constitucional, las entidades paraestatales podrán establecer sus propias reglas operativas y de administración en las materias que cada ley regula, mediante las políticas, bases y lineamientos que los respectivos órganos de gobierno expidan, y en cuyo contenido se considerarán de manera principal la naturaleza, fines y metas de cada entidad, con el propósito de que efectivamente respondan a sus requerimientos particulares.

En adelante, se expresan los motivos se las reformas y adiciones específicas que se proponen a los ordenamientos que comprende la iniciativa.

Se establece en las leyes de Obras y de adquisiciones en favor de los proveedores y contratistas, la posibilidad de promover la intervención de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, cuando a juicio de aquéllos existan irregularidades en el fallo de adjudicación de algún contrato o pedido, conservándose por razones de seguridad y certeza jurídicas, la incompatibilidad por la vía del recurso administrativo, de la resolución que contenga el fallo dictado en los concursos de que se trate.

Para que en lo sucesivo la normatividad que emitan en los términos de las leyes de Obras y de adquisiciones, las secretarías de Programación y Presupuesto de la Contraloría General de la Federación y de Comercio y Fomento Industrial, sea homogénea y permita su adecuando cumplimiento, se propone que en los reglamentos de dichas leyes se determinen los aspectos sobre los que podrán ejercer tal atribulación.

En congruencia con los propósitos que animaron la iniciativa de reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, recientemente aprobada por la honorable Cámara de Diputados, se plantea respecto de la Ley de obras Públicas la supresión, como causa de excepción a la licitación pública, del supuesto relativo a la presencia de circunstancias extraordinarias o imprevisibles, con el fin de evitar que en lo sucesivo puedan aducirse tales circunstancias en perjuicio de la transparencia y objetividad de las operaciones.

También en tratándose de obras públicas, y por lo que hace a la información que con motivo de la suspensión o rescisión de los contratos deban rendir las dependencias y entidades, se proponen ajustes para que sólo aquéllas cuyos presupuestos se encuentren incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o en el del Departamento del Distrito Federal o que reciban transferencias con cargo a ellos, estén obligadas a informar de tales hechos a las secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, ya que no hay razones financieras o administrativas que hagan necesaria tal obligación para las demás entidades. Tampoco es necesario bajo la misma consideración, que estas últimas informen sobre la terminación de las obras; en consecuencia, se propone que cumplan con esa obligación sólo las entidades controladas presupuestalmente. Quedará bajo la responsabilidad de las demás entidades el que se verifique el adecuado cumplimiento de los contratos que celebren.

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles, en cuanto a las atribuciones de los órganos de gobierno, se proponen otras adecuaciones que simplifican los procedimientos actuales; así, se propone que dichos órganos tengan las facultad de establecer los comités que prevé la ley, cuando ello sea necesario.

También por razones de congruencia con las acciones de simplificación administrativa y con el nuevo régimen jurídico aplicable a las entidades paraestatales, se propone que los criterios orientadores para la obtención de mejores condiciones en cuanto aprecios o importes de los bienes y servicios que actualmente corresponde emitir a la Secretaría de Comercio y Fomento industrial, sólo tengan aplicación respecto de los productos básicos que determine la propia Secretaría, de manera selectiva.

En cuanto a las autorizaciones previas que la propia Secretaría otorga actualmente para llevar a cabo las adquisiciones de bienes de importación, se propone que dichas autorizaciones sólo rijan en los sucesivo para las dependencias, a fin de que las entidades paraestatales estén en igualdad de condiciones con respecto a las empresas privadas. En los casos de operaciones de derivadas de acuerdo celebrados con gobiernos extranjeros, las autorizaciones previas se expedirán al demostrarse que las contrataciones se realizarán conforme a los términos específicos establecidos en dichos acuerdos.

Igualmente dentro del marco de las acciones de simplificación administrativa, se plantea en la iniciativa la conveniencia de eliminar las obligación a cargo de los proveedores de bienes y servicios, de informar tanto a las dependencias y entidades como a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sobre los precios vigentes que ofrezcan; mediante esta supresión se fortalece la aplicación irrestricta del principio de licitación pública.

En cuanto a la Ley General de Bienes Nacionales y atendiendo también a las orientaciones del nuevo marco jurídico aplicable a las entidades paraestatales, se propone reformar el artículo 82, a fin de otorgar a los órganos de gobierno de las mismas, la facultad de dictar sus propias normas y bases generales que regulen los actos de transmisión de dominio, destino y baja de bienes muebles que lleven a cabo, tratándose de bienes muebles que estén a su servicio o formen parte de sus activos fijos. Por las mimas razones, se plantea la supresión del aviso del baja a que alude el artículo 79 y al que actualmente está obligadas las propias entidades.

Conforme a la filosofía y objetivos de la ley Federal de las Entidades Paraestatales, a fin de liberar a las empresas públicas de determinados trámites relacionados con la función administrativa del financiamiento, se estableció en su artículo 58, fracción II como facultad de los órganos de gobierno, la aprobación de los programas financieros.

Esta circunstancia. dados los términos de la Ley General de Deuda Pública que regula la gestión de los financiamientos que requiere la administración pública y por razones de congruencia, hace que sean necesarios ajustes y modificaciones a diversos artículos de dicho ordenamiento, en lo que se refiere a la regulación de los programas financieros de las entidades paraestatales.

Al efecto, la presente iniciativa de reformas preserva el supuesto fundamental de que las entidades paraestatales siempre requieran de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la contratación de financiamientos externos; ello obedece a la necesidad de mantener un estricto control de las operaciones relativas bajo criterios, que garanticen la adecuada supervisión y vigilancia de las mismas.

Respecto a los financiamientos internos, de manera coincidente con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se establece que bastará la autorización de los órganos de gobierno de las respectivas entidades, y por una necesidad de control global, se consigna que dichos endeudamientos estarán sujetos a las previsiones contenidas en los convenios periódicos que en su caso se celebran con las dependencias globalizadoras en materia de gasto y financiamiento.

De esta manera se pretenden conciliar, por una parte, la consolidación de la autonomía de gestión que corresponde a las entidades paraestatales y por otra, el necesario control que corresponde ejercer al poder público sobre la composición y montos del endeudamiento que fuere indispensable para el desarrollo de las entidades.

Por último, las demás adecuaciones que propone la iniciativa y que son consecuentes con las que ya han sido comentadas o complementarias de ellas, o bien que derivan de la experiencia administrativa de la aplicación de los ordenamientos legales en cuestión, conllevan en general, el propósito de proseguir en la integración del marco jurídico que regula la creación, operación y funcionamiento de las entidades paraestatales y sus relaciones con la administración pública centralizada.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad que confiere al Ejecutivo a mi cargo la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente

Artículo primero. Se reforman los artículos 1o., fracción VI; 3o., fracción IV; 60; tercer párrafo; 60 Bis. Primer párrafo; catorce, párrafo final; 29, fracción I; 36, cuarto párrafo, 41, tercer párrafo; 42; 44; 47, tercer párrafo; 52; 56, último párrafo, 59, tercer párrafo; 61; 61; 71 y 73, fracciones IV, VI, VII y VIII de la Ley de Obras Públicas. Se adicionan los artículos 1o., con un segundo párrafo; 6o.; con un cuarto párrafo. 6o. bis, con un penúltimo párrafo; 34, con un segundo párrafo de la propia ley, y se adiciona a la misma los artículos 58 bis y 65 bis, para queda como sigue:

Artículo segundo. Se reforman los artículos 1o., fracciones I y II; 2o., fracción IV; 5o.; 6o., primer párrafo; 15; 17; 30; 31; 34, quinto párrafo; 39, fracciones II y III; 50; 51, primer párrafo; 53; 54, fracción I; 58; 61; 66 y 67, fracciones VI, VII y VIII y se adicionan el artículo 1o. con un segundo párrafo; Quinto con un segundo y tercer párrafo; sexto con un penúltimo párrafo; 15 con un segundo párrafo 31 con un cuarto párrafo y 34 con los párrafos sexto y séptimo de la ley de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, para quedar como sigue:

Artículo tercero. Se reforma el artículo 82 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo cuarto. Se reforman los artículos 4o., fracción III; 50., fracción IV; 12; 17, segundo párrafo, 19, Primer párrafo; 20 y 22 segundo párrafo y se adicionan los artículos 3o., con un segundo párrafo; 6o., con un tercer párrafo, y 22 con un tercer párrafo de la ley general de deuda pública, para quedar como sigue:

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan:

Artículo tercero. Al entrar en vigor este decreto, el Ejecutivo Federal procederá a revisar las normas reglamentarias y administrativas que se hubieren expedido con anterioridad sobre las materias a que se refiere este ordenamiento, y realizará respecto de dichas normas, las adecuaciones y derogaciones que resulten pertinentes, las cuales surtirán efectos, en lo que hace a las entidades paraestatales, una vez que los órganos de gobierno de estas hayan expedido las políticas, bases y lineamientos a que se refiere este decreto, para lo cual el Ejecutivo Federal establecerá el plazo necesario.

Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 26 de octubre de 1987.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado.»