Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Martín Tavira Urióstegui, del grupo parlamentario del PPS

«La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista desea llamar la atención de todos los ciudadanos legisladores del campo democrático revolucionario y nacionalista, sobre algo que hemos estado discutiendo durante los últimos tiempos: la suerte de la Revolución Mexicana, el camino que nuestro movimiento social trazó a través de su Constitución y de los gobiernos que han sido fieles a este proceso.

Hace unos días, apenas antier, el Ejecutivo Federal ante la Canacintra expresó que su política económica en gran parte ha tomado en cuenta las opiniones de la iniciativa privada.

Nosotros hemos dicho siempre que la política económica de un gobierno revolucionario tiene que tomar en cuenta los intereses del pueblo, del pueblo trabajador y tomar en cuenta los sagrados intereses de la nación, su autodeterminación económica.

El Presidente ha dicho que la política implementada sobre lo que se llama modernización y reestructuración, es irreversible, es decir, que lo que se ha hecho con las empresas paraestatales, será la tónica que siga el gobierno hasta el fin del mandato sexenal.

Quiere decir que seguirá la desincorporación, la privatización de empresas paraestatales, que el Estado seguirá adelgazando, que el patrimonio del pueblo seguirá sufriendo reducciones drásticas, es decir, en suma que la vía revolucionaria no se seguirá de una manera fiel y estricta.

Estas tesis del Ejecutivo, han sido reiteradas por el antiguo Secretario de Programación y Presupuesto. Significa que hay un cambio esencial en la política mexicana. Que el proceso descolonizador que se inició con el Presidente Cárdenas, ha pericitado y que ahora se pretende que la empresa privada sea el eje en torno del cual gire.

No estamos llamando a una convergencia electoral, no estamos aprovechando la coyuntura del cambio de gobierno para tratar de aglutinar a diversas fuerzas con una actitud oportunista, estamos ante graves peligros para la independencia nacional y para el cumplimiento fiel de los mandatos de nuestra Revolución.

El Partido Popular Socialista sabe muy bien que hay sectores, inclusive dentro del PRI, que no comparten esta política; si nosotros leemos atentamente las tesis contenidas en el documento de la Confederación de Trabajadores de México sobre política económica, nos daremos cuenta de que hay espíritu nacionalista y revolucionario que es necesario tomar también como bandera.

Nosotros estamos conscientes de que si las fuerza avanzadas del país, de las fuerzas nacionalistas, la clase obrera, las organizaciones campesinas, apretamos filas y decimos cuál es el sentir, cuál es el querer, cuál es la voluntad de las fuerzas avanzadas de México, será posible detener una política que nos parece contrarrevolucionaria, nos parece que va a llevar a México a la dependencia o a mayor dependencia al pueblo mexicano, a mayor empobrecimiento.

Hechas estas consideraciones, como una especie de prolegómenos, señoras y señores diputados, queremos presentar a la consideración de esta honorable asamblea, una iniciativa de reformas al artículo 28 de la Constitución General de la República, precisamente con el fin de detener una política que en la práctica ha demostrado su ineficacia, y no tan solo su ineficacia, sino que ha demostrado que nos lleva a una mayor dependencia respecto del extranjero y a un declive de las condiciones de vida de nuestro pueblo.

Esta iniciativa contiene estos razonamientos:

"Las luchas del pueblo mexicano desde la Revolución Insurgentes hasta nuestro movimiento social de la segunda década de este siglo, han tenido como divisa fundamental la independencia económica y política de la Nación.

Como país que sufrió el colonialismo durante 300 años y el neocolonialismo después de lograda su independencia política, ha perseguido afanosamente con cruentos sacrificios, el rescate de sus riquezas, para incorporarlas a su patrimonio y poder enfrentar con fuerza las amenazas y presiones del exterior.

La Revolución Mexicana trazó una vía que no es copia extralógica de ningún movimiento de afuera, sino consecuencia del propio desarrollo histórico de la Nación. Este camino se ha construido obedeciendo a intereses superiores de la Patria y no a caprichos circunstanciales de gobernantes o caudillos.

La Constitución General de la República es el genuino producto de una revolución y un documento elaborado por un congreso que había recibido el mandato de un pueblo en armas.

Esta ley fundamental abandonó las teorías clásicas sobre los derechos individuales y plasmó en sus líneas una nueva filosofía política: la que sostiene que la Nación es la titular originaria de las riquezas y que la propiedad privada está sujeta al interés social y nacional. Esta tesis sirvió de base para que la Nación rescatara su patrimonio que había sido usufructuado por los monopolios extranjeros.

Quienes han interpretado fielmente este mandato constitucional y han sido leales a la Revolución, han puesto en práctica las políticas necesarias, a fin de que la Nación en sus manos las palancas del desarrollo y las conserve como patrimonio del pueblo, que por tener esa categoría deber ser inalienable e imprescriptible.

El Estado mexicano revolucionario no puede seguir las pautas de los países capitalistas clásicos que han fincado su desarrollo en la empresa privada. Si algo distingue al proceso revolucionario de México es la creciente intervención del Estado en la económia. A partir del decreto del 18 de marzo de 1938, que puso la piedra angular de la descolonización de México, esta intervención iba en crecimiento y tenía el carácter de irreversible. Dos líneas paralelas fijaban de rumbo avanzado del país: la política de nacionalizaciones y la política de una intervención directa del Estado en la producción y en la distribución de bienes y servicios.

Ha sido precisamente la posición de los gobernantes de México ante estas dos vertientes, las que han definido con claridad, los responsables de la conducción del Estado han sido puntuales en dar las respuestas adecuadas ante este impulso de la Revolución.La historia postrevolucionaria no había registrado hasta antes de 1982, una política que estuviera en abierta contradicción con estas líneas ascendentes de nuestra vida institucional progresista y nacionalista.

Ningún régimen anterior se había atrevido a enajenar bienes y empresas que constituyen el patrimonio del pueblo mexicano y que el Estado está obligado a conservar, como un escudo y como un muro infranqueable frente al imperialismo. No pueden entregarse conquistas legítimas de nuestro pueblo, realizadas durante largos años, a la burguesía privada vulnerable siempre, como la historia lo demuestra, ante los embates de los consorcios foráneos.

Ante la reiteración grave del Ejecutivo de la Unión de que la "política de desincorporación de las empresas paraestatales es irreversible" y de que esa plataforma se seguirá aplicando en el futuro inmediato, las fuerzas progresistas y nacionalistas tenemos que tomar medidas urgentes para clausurar un camino ajeno a la Revolución Mexicana.

Por todo lo expuesto y con base en la disposición constitucional invocada, proponemos la siguiente

Artículo primero. Los párrafos del primero. al quinto del artículo 28 constitucional, quedan igual.

Artículo segundo. Al párrafo sexto del artículo 28 mencionado, se le agrega lo siguiente para quedar en estos términos:

Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Sesiones Del H. Congreso de la Unión, a 29 de octubre de 1987. - Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Martín Tavira Urióstegui.»