Con proyecto de decreto de Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, presentada por el Ejecutivo federal

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- México, D. F.

CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presente.

Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente envío a ustedes, iniciativa de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, documento que el propio Primer Mandatario de la Nación propone al H. Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes.

Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No reelección.

México, Distrito Federal, a 3 de noviembre de 1987. - El Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.- México, D.F.

CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presente.

El Ejecutivo Federal, en uso de la facultad que le concede el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esa representación nacional, por su digno conducto, esta iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.

La iniciativa que someto a su consideración, se funda en una concepción integral del problema ecológico y en la decisión política de hacerle frente, sumando los esfuerzos del Estado y la sociedad

En este campo, mi preocupación ha sido actuar de acuerdo con los mejores diagnósticos y soluciones técnicas, preparar decisiones con adecuado sustento financiero, sistematizar acuerdos con la sociedad, a través de la concertación de voluntades y, en forma paralela, institucionalizar nuevos enfoques y prácticas para hacer de la protección del equilibrio ecológico y el ambiente principio y norma esencial de nuestra política de desarrollo.

Desde el inicio, hemos combinado las reformas institucionales con el cambio en los enfoques para atender los problemas, y con esa interacción, entre normas y acción, hemos ido fortaleciendo la política ecológica y precisando los cambios que requiere el marco jurídico vigente.

Una de las primeras iniciativas de ley que sometí a la consideración de ese H. Congreso, incluyó la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. El Plan Nacional de Desarrollo consideró la protección ecológica, como un principio ordenador de la política de desarrollo y sus orientaciones sectoriales quedaron plasmadas en el Programa Nacional de Ecología. En diciembre de 1983 presenté una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Protección al Ambiente para ampliar su objeto y superar sus principales limitaciones de aplicación. Para fortalecer la coordinación institucional se estableció la Comisión Nacional de Ecología que dio seguimiento al cumplimiento del decreto de veintiún puntos para la atención de problemas agudos de contaminación en el Valle de México y fue marco para poner en marcha las cien acciones necesarias de ecología para el bienio 1987 - 1988, que han terminado por completar el proceso de planeación y la definición de una política ecológica iniciada desde 1982.

En consonancia con estos avances, consideré necesario profundizar lo realizado elevando a rango constitucional la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, mediante la reciente reforma a los artículos 27 y 73, fracción XXIX - G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que proporcionan fundamento necesario para un cambio sustancial de la legislación vigente en la materia que, como el que propongo mediante esta iniciativa, obedece a los cambios ocurridos en nuestro desarrollo, población y territorio durante las últimas décadas y a la necesidad de superar las limitaciones al marco jurídico vigente.

En las últimas décadas, han ocurrido, simultáneamente, una rápida modernización de la economía y un crecimiento acelerado de la población. Durante este período, se consideró que, con la urbanización y la industrialización, mejoraría automáticamente la calidad de vida de la población, sin considerar el impacto que tendrían, tanto la expansión de las nuevas actividades económicas como la concentración de la población en grandes ciudades.

Actualmente el país enfrenta, simultáneamente el reto de proseguir su modernización, adoptando los cambios estructurales que garanticen el crecimiento en el largo plazo y, a la vez, el de prever los impactos que tendrá ese crecimiento sobre los recursos naturales y el ambiente. Enfrentamos, a la vez, tanto los problemas de un país que está consolidando su desarrollo económico, en las nuevas condiciones de la economía mundial, como los desequilibrios provocados por el uso de tecnologías, asociadas con esa modernización y por la concentración poblacional, en forma semejante a lo que ocurre en las sociedades desarrolladas.

En las últimas décadas, para responder a las nuevas necesidades sociales y el crecimiento poblacional se hizo énfasis en la diversificación de la economía, pero se atendió, en forma suficiente, la conservación de los recursos naturales y la protección al ambiente. El país no podía proseguir, en esa tendencia, por los impactos adversos que ella implica sobre el bienestar de la población, sus condiciones de salud y la disponibilidad, a largo plazo, de recursos naturales. Por ello, en los últimos años, tanto en las ciudades como en el campo, se ha cobrado mayor conciencia de los problemas ecológicos, y su atención se ha convertido en una de las prioridades de la sociedad.

La solución a estos problemas no está, desde luego, en sacrificar el desarrollo, menos aún, en una situación como la que enfrenta el país, con tantas necesidades pendientes de alimentación, empleo y vivienda. La solución está en lograr un mejor equilibrio ecológico, prevenir los impactos adversos de las actividades económicas y aprovechar, en forma racional, los recursos naturales de que disponemos.

Hemos llegado a una situación, en la que con frecuencia, la mejor solución ecológica, es también la mejor solución económica. Es decir, que resulta más conveniente intercambiar y tratar las aguas residuales que continuar transportando el agua de una cuenca a la otra; que es una mejor solución, perfeccionar los procesos de combustión, que pagar los costos adicionales que implica un mayor consumo de combustible, en las industrias. Aunque desde luego, llevar a cabo un número importante de acciones de protección ecológica puede representar un costo adicional para la sociedad, por lo que éstas requieren ser evaluadas dentro del conjunto de las prioridades de nuestro desarrollo.

Por lo que toca a la acción institucional de atención al problema y a la legislación en la materia, se aprecia un proceso claro de evolución. En la década de los años setenta, el interés de la norma jurídica se centraba en corregir los defectos de la comunidad sobre la salud humana, sin considerar, de manera integral, las causas que la originaban.

De este hecho se siguen un conjunto de consecuencias que tienen que ver, de manera principal, con las limitaciones que presenta actualmente la vigente Ley Federal de Protección al Ambiente, entendida como el instrumento jurídico más importante de que disponemos en la actualidad en función de la política nacional para la protección al ambiente. Estas limitaciones son las que se pretenden superar con la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que ahora se somete a la consideración de esa representación.

Quizá la limitación más profunda que presenta la ley cuya situación se propone a través de esta iniciativa, consiste en que como resultado del enfoque prevaleciente en la época de su promulgación, se avoca exclusivamente a la prevención y control de la contaminación ambiental y por lo general, lo hace a través de normas que se limitan a establecer sanciones para corrección de conductas que producen efectos indeseables, es decir, no identifica las causas económico - sociales que están en la base de la problemática ecológica que vivimos y, en consecuencia, trata este fenómeno como el resultado de un conjunto de conductas individuales que deben ser corregidas a través de castigos.

Por tanto, la ley vigente es insuficiente para resolver adecuadamente los problemas derivados de la contaminación; por otra parte, dichos problemas si bien ocupan un lugar principal no son los únicos que nuestra sociedad debe enfrentar en el ámbito ecológico. De la mayor importancia es también avanzar hacia un aprovechamiento racional de los recursos naturales y asegurar el equilibrio de los ecosistemas de ahí que la legislación en la materia deba considerar ambas vertientes, en forma integral.

La reforma a los artículos 27 y 73 constitucionales, ha abierto el cauce a una nueva legislación, permite por lo pronto y a partir de una concepción amplia de lo que implica la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, que las numerosas disposiciones constitucionales que se refieren a aspectos diversos de la problemática ecológica, sean reglamentadas de una manera orgánica, considerando las relaciones existentes entre equilibrio ecológico, ambiente y desarrollo.

Esta reforma constitucional debe considerarse como una etapa más de proceso que se inicia en 1917, con la inclusión en el artículo 27 de nuestra Constitución Política del principio sobre conservación de los recursos naturales, para profundizarse más tarde con la disposición del artículo 73 constitucional sobre prevención y control de la contaminación ambiental, y del artículo 25 constitucional sobre el uso de los recursos productivos y el cuidado de su conservación y el medio ambiente.

El conjunto de estas disposiciones muestra una evolución del pensamiento del Constituyente Permanente, que ahora culmina con la consagración en nuestra Carta Fundamental de una concepción integral, que es el fundamento constitucional que se requiere para la expedición de una ley como la que ahora se propone a esa representación.

La reforma constitucional también dispone que se procedía a la descentralización en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, mediante un sistema de concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. El sistema de concurrencia que propone el proyecto de ley, está presidido por dos ideas fundamentales: Primero, la transferencia de las facultades que hasta ahora han estado radicales en la Federación, debe ser materia de un proceso gradual sujeto a la existencia de condiciones necesarias para que la descentralización opere exitosamente; segundo, es necesario que estas condiciones cuando no existan, sean creadas por el concurso de la Federación, a través de un cuidadoso pero también vigoroso impulso de los convenios de coordinación y delegación, de modo que paulatinamente pueda irse ampliando el campo de las facultades a transferirse a las entidades federativas y municipios.

Por eso, el proyecto de ley dispone que sean descentralizadas a las entidades federativas y a los municipios las facultades de prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera; de participar en la prevención y control de la contaminación de las aguas, especialmente en lo que se refiere al agua para el uso o consumo humano en los centros de población; de prevenir y controlar la contaminación por ruido, energía térmica, vibraciones, olores y luces; de crear zonas de reserva ecológica de interés estatal o municipal; de establecer sistemas de evaluación del impacto ambiental para los casos que no están comprendidos en la esfera federal; y de establecer y aplicar las sanciones en el ámbito de su competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto prevé que facultades que queden reservadas a la Federación, puedan ser objeto de convenios de coordinación con las entidades federativas y los municipios, lo que deja abierto el camino para ir ensanchando de manera paulatina pero segura su participación en la política ecológica.

Todo eso implica un cambio significativo, pues hasta ahora las entidades federativas y los municipios carecen prácticamente de facultades en la materia; se trata de ampliar sustancialmente dichas facultades.

El proyecto de ley establece las bases de la política ecológica nacional y pone a su disposición no sólo instrumentos diseñados específicamente para su ejecución, sino también los instrumentos más generales del desarrollo. Entre los primeros, se encuentran el ordenamiento ecológico, la evaluación del impacto ambiental y las normas técnicas ecológicas entre los segundos, la planeación, la regulación de las actividades productivas y de servicios, los estímulos fiscales y los financiamientos.

La política ecológica y sus instrumentos ocupan un lugar importante dentro de esta iniciativa, porque se estima que un ordenamiento jurídico de esta naturaleza debe ser un repertorio de políticas y de mecanismos para su ejecución, como lo son las leyes más avanzadas de otros países en la materia. En lo que toca a la política ecológica, se establece un conjunto de principios que deberán observarse en la formulación de la misma y de los que la propia iniciativa es su primera expresión.

En lo que respecta a los instrumentos para su ejecución, se privilegian los que tienen por objeto prevenir la ocurrencia de situaciones ecológicamente nocivas, con base a la consideración de que por lo general, la eliminación del daño ecológico tiene un costo más alto para la sociedad que su prevención e incluso, no siempre esa eliminación es posible.

La iniciativa se ocupa también de la gestión de la política ecológica, procurando perfeccionar el marco jurídico existente, dentro del cual ésta se lleva a cabo. Uno de los elementos claves para esto, consiste en la claridad que debe haber respecto de las competencias de cada uno de los organismos públicos que participan en ella, pero también en el establecimiento de un sistema de coordinación que haga más eficaz sus actividades; por eso, el proyecto de ley precisa el campo de las atribuciones de las dependencias y organismos públicos que tienen a su cargo funciones en la materia, procurando por otra parte la acción coordinadora de los mismos.

En el proyecto de ley es fundamental la idea de que la acción ecológica no es una cuestión que competa sólo a los poderes públicos, sino que ella debe involucrar profundamente a la sociedad. Esta idea corresponde con la política general de mi administración, de avanzar en la democratización de la vida nacional y de responder a las demandas de participación de la sociedad; pero también tiene que ver con la necesidad de asegurar el éxito de la política ecológica, mediante el concurso de aquellos sectores de la sociedad cuya colaboración resulta indispensable. Por eso a lo largo de todo el proyecto, se prevé que las acciones de los poderes públicos se concierten, en la medida de lo posible, con la sociedad y en su caso se adopten las medidas necesarias para inducir las conductas que sean apropiadas en función del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Es también preocupación del proyecto de ley, la información y vigilancia sobre la evolución del equilibrio ecológico y la protección del ambiente en todo el país y en cada una de las localidades. Pero lo primero, se establece que periódicamente se elabore un informe sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional; para lo segundo, se prevé un sistema de visitas de inspección, que permitirán detectar oportunamente los desequilibrios ecológicos que deben prevenirse o corregirse sin dilaciones.

El énfasis que este proyecto pone en los mecanismos preventivos, no excluye el perfeccionamiento de sus mecanismos correctivos, que son también indispensables para tutelar apropiadamente el equilibrio ecológico y la protección al ambiente. De allí que se destinen algunos preceptos a las sanciones administrativas y penales a aplicarse en los casos de contravención de los mandatos contenidos en la ley, tipificándose con precisión los ilícitos que dan lugar a esas sanciones, las que por otra parte se gradúan de acuerdo con la gravedad de la ofensa que las respectivas conductas implican para los intereses de la sociedad.

El sentido político del proyecto, es pasar de una visión sectorial de las acciones de gobierno hacia fórmulas de coordinación más eficaces; de una alta centralización en las decisiones, a la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la solución y prevención de los problemas ecológicos; de una acción estatal fundamental limitativa a la corresponsabilidad de gobierno y sociedad, a la concertación de compromisos en torno a acciones, para canalizar adecuadamente demandas y contribuir a la solución efectiva de los problemas.

Se ha prestado especial atención para que la coordinación asegure coherencia pero no incurra en la paralización de la acción pública; para que la descentralización no signifique dispersión o impida la realización de políticas generales y para que la normatividad indispensable no se convierta en tramitaciones excesivas o en requisitos de difícil observancia para la sociedad que inhiban el desarrollo del país.

Al recoger los consensos de la sociedad y responder a sus preocupaciones, asegurando que la acción pública incida sobre la mayor parte de los procesos que determinan la problemática ecológica, tengo la certeza que México fortalecerá su política ecológica y contará con mejores instrumentos para preservar su base de recursos naturales y elevar en forma sostenida, la calidad de vida de la población.

La iniciativa que someto a consideración de esta representación nacional está estructurada en seis títulos. El primero destinado a establecer las disposiciones generales; el segundo regula las áreas naturales protegidas; el tercero se refiere al aprovechamiento racional de los elementos naturales; el cuarto de la protección al ambiente; el quinto a la participación social y el sexto a las medidas de control, seguridad y sanciones.

El Título Primero está integrado por cinco capítulos. En el primero, de las normas preliminares, se establece el carácter reglamentario de la presente iniciativa, respecto de las disposiciones constitucionales en la materia, se precisa el objeto de la ley sus conceptos fundamentales.

En lo que se refiere a la naturaleza jurídica del ordenamiento que se propone, cabe señalar que en el artículo primero se define a la iniciativa, en consonancia con la naturaleza integral del problema resolver, como una ley marco que coexiste y se complementa con otras leyes vigentes, que regulan asuntos específicos relacionados con el equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Siguiendo el espíritu de la ley en el sentido de propiciar el aprovechamiento racional de los elementos naturales y proteger el ambiente, sin interrumpir o interferir en forma excesiva en los procesos productivos, se definen en el artículo segundo las causas de utilidad pública, evitando la repetición de conceptos y definiciones ya establecidas en otros ordenamientos vigentes.

El artículo tercero define los conceptos fundamentales de la iniciativa, entre los que destaca el de equilibrio ecológico que da cuenta de la naturaleza integral del proyecto de la concepción que lo fundamenta.

El Capítulo II en sus artículos cuarto, quinto y sexto, define el sistema de concurrencia entre los tres niveles de gobierno para los propósitos de la iniciativa. El proyecto dispone la descentralización a las entidades federativas y los municipios de las facultades para prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, la contaminación generada por aguas vertidas a los sistemas de drenaje y alcantarillado y de la producida por ruido energía térmica, lumínica y vibraciones; de crear y administrar áreas naturales protegidas de interés estatal y municipal; de realizar las evaluaciones de impacto ambiental que no se reserven a la Federación en la iniciativa; y de establecer y aplicar las sanciones por infracción a las disposiciones que se refieren a asuntos de su competencia.

Con esta distribución de competencias, se busca un cambio radical en la gestión de los asuntos ecológicos del país, ya que hasta ahora las entidades federativas y los municipios carecían casi totalmente de facultades para resolver los problemas ecológicos que más afectan a la población y la base de recursos naturales en el área de su jurisdicción. Se evita así que la concentración de facultades y atribuciones, que fue necesaria en un principio para orientar la acción del gobierno y de encauzar el de la sociedad, se convierta en un obstáculo para la resolución de los desequilibrados y la prevención de otros, más graves, en el futuro.

El Capítulo III está dedicado a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y a la coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la materia.

Se busca clarificar las competencias de cada una de las dependencias y entidades que participan en la aplicación de la política ecológica, y establecer un sistema de coordinación que asegure la eficacia y la convergencia de esfuerzos del sector público, en el propósito de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente.

Este esfuerzo incluye también la organización de la acción pública en la ciudad de México, por cuanto que es indispensable traducir a la legislación los avances logrados en los últimos años por las autoridades del Departamento del Distrito Federal y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en materia de coordinación de acciones, para hacer frente a graves desequilibrios ecológicos.

El proyecto enfatiza también en su artículo 12, la decisión de que la gestión de los asuntos ecológicos considere además de una estrecha coordinación del sector público, una participación efectiva de la sociedad. Este propósito se deriva de la política general de esa administración de fortalecer la corresponsabilidad social y atender las demandas y propuestas de los numerosas organizaciones sociales, que han venido integrando para contribuir a la solución de los problemas ecológicos del país.

Asimismo, con el propósito de asegurar la oportuna información a la opinión pública sobre la evolución del medio ambiente, se establece en el artículo citado que la Comisión Nacional de Ecología presentará un informe bianual al Ejecutivo Federal que dé cuenta de los desequilibrios, de su evolución, y también de lo avanzado por gobierno y sociedad en el período.

En los capítulos IV y V se definen los principios de la política ecológica y para asegurar su cabal aplicación, se precisan instrumentos específicos para su ejecución, y se vinculan con otros instrumentos y decisiones de la estrategia de desarrollo que tienen un impacto considerable en el equilibrio ecológico y en el ambiente.

El Título Segundo, considerado lo establecido en la fracción V del artículo 115 constitucional, señala que las áreas naturales del territorio nacional podrán ser materia de protección como reservas ecológicas. De esta manera, bajo el concepto reserva ecológica, quedan comprendidas las áreas naturales protegidas objeto del presente título, relacionadas expresamente en el artículo 46 de la iniciativa, bajo nueve categorías diversas.

Es de mencionarse que las disposiciones contenidas en este título consideran los ordenamientos legales vigentes en la materia, sin alterar las previsiones que en los mismos se contemplan, como lo dispone el artículo 1o. de esta ley, conservando la distribución de competencias existentes en la materia entre las diversas dependencias del Ejecutivo Federal. El título entonces, debe entenderse en consonancia con las leyes vigentes que tienen objetos de regulación semejantes.

En el Capítulo I, dividido en dos secciones, se establecen los propósitos de las áreas naturales protegidas y el principio de la participación de las comunidades en su establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia.

Con un criterio integrador, se definen las áreas naturales objeto de este título y se regulan especialmente aquéllas que no están definidas en otros cuerpos legales, así como las que correspondan a categorías creadas por la presente ley. Tal es el caso de las reservas de la biosfera, que hallan fundamento en el artículo 33 de la Ley Forestal, sin que en dicho ordenamiento encuentre mayor regulación; las reservas especiales de la biosfera, creada en esta iniciativa; los parques nacionales y los monumentos naturales, igualmente mencionados en la Ley Forestal; los parques marinos nacionales, que recientemente encontraron sustento legal en la Ley Federal del Mar, cuya regulación amplia y detallada se entiende objeto de esta ley; y los parques urbanos y las zonas sujetas a conservación ecológica, cuyos fundamentos encuentran estas últimas en la Ley General de Asentamientos Humanos.

Mención especial cabe hacer respecto de las áreas de protección de recursos naturales, en donde se comprenden las reservas forestales, reservas forestales nacionales, zonas protectoras forestales, zonas de restauración y propagación forestal y zonas de protección de fuentes de abastecimiento de agua. Se reconoce esta categoría como formada por el conjunto de áreas destinadas a la preservación y restauración de zonas forestales y a la conservación de suelos y aguas reguladas en otras leyes, principalmente la Ley Forestal.

En la Sección II de este capítulo, se contienen las normas para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas.

Como garantía de seguridad jurídica, se precisan los elementos que deben contener las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas de interés federal; asimismo, el artículo 47 dispone que en el establecimiento, administración y desarrollo de las áreas naturales protegidas participaran sus habitantes, asegurando así que las comunidades rurales sean debidamente consideradas cuando se trate de dichas áreas.

En forma novedosa, se prevé asimismo la elaboración obligatoria de un programa de manejo del área de que se trate, a cargo de la dependencia o dependencias del Ejecutivo Federal que hubieren propuesto el establecimiento de dichas áreas. En la elaboración de dicho programa, podrán participar otras dependencias competentes y las autoridades locales.

Hasta la fecha existe una diversidad de áreas sujetas a protección, creadas por otros tantos ordenamientos. Con el fin de dar congruencia a este conjunto, la iniciativa contempla agruparlas en el Capítulo II en un sistema de áreas naturales protegidas, en donde la administración y manejo de las áreas que lo integran, quedan bajo la responsabilidad de las dependencias que hasta ahora las tienen a su cargo, o de los gobiernos estatales y municipales en su caso, pero incorporando criterios y reglas comunes que provean eficazmente a un manejo integral de todas las áreas naturales sujetas al régimen de protección especial.

El Capítulo III del Título Segundo se refiere a la flora y fauna silvestre y acuática, se fijan los criterios ecológicos generales que deberán considerarse para la protección y aprovechamiento de la flora y la fauna, se indica que dichos criterios habrán de considerarse en las principales actividades públicas y privadas que afectan esos elementos naturales.

Se prevé asimismo, que la secretaría de desarrollo Urbano y Ecología pueda establecer o en su caso promover ante otras autoridades competentes, el establecimiento de vedas y la modificación de las mismas; se indica que el aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que conformen el hábitat de especies de flora o fauna silvestre, debe llevarse a cabo de manera que no se alteren las condiciones para la subsistencia, desarrollo y evolución de dichas especies.

Por otra parte, se señala que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial establecerá medidas de regulación y restricción a la exportación e importación de especímenes de la flora y fauna silvestre, con el propósito de evitar el comercio de aquellas consideraciones como endémicas, raras o en peligro de extinción. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología queda facultada para participar en el proceso estableciendo restricciones a la circulación o tránsito de la flora y fauna silvestre procedentes del y destinadas al extranjero.

Se consideró indispensable establecer la regulación del aprovechamiento de especies de la fauna silvestre en actividades económicas, indicando que dichas actividades requerirán de autorización previa, la que se otorgará únicamente cuando se garantice su reproducción controlada y desarrollo en cautiverio, y se proporcionen ejemplares en cantidad suficiente para el repoblamiento de la especie; ello con el fin de complementar las disposiciones de carácter restrictivo con otras de naturaleza indicativa como ésta, que han demostrado gran capacidad para incidir en las decisiones de los particulares, en beneficio de las especies sujetas a protección.

En la medida en la que se genere una oferta suficiente de especies bajo la reproducción controlada, se abatirán los incentivos económicos al tráfico ilegal de especies.

En ningún caso esta autorización podrá otorgarse para aprovechamiento de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

El Título III comprende las regulaciones sobre el aprovechamiento racional de los elementos naturales, siguiendo el contenido de los conceptos que define la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En este título se integran tres capítulos relativos al aprovechamiento racional del agua y los ecosistemas acuáticos, del suelo y sus recursos, así como a los efectos de la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico.

En el capítulo I se señalan los criterios ecológicos generales que deberán observarse para el aprovechamiento racional del agua y los ecosistemas acuáticos, así como las principales actividades en las que deberán considerarse dichos criterios.

Asimismo, el capítulo contiene normas relacionadas con el establecimiento y manejo de zonas de protección de fuentes de abastecimiento de agua, para el servicio de las poblaciones; el otorgamiento de autorizaciones para afectar el curso o cauce de corrientes de agua; para asegurar, mediante la promoción de técnicas de tratamiento de reutilización, la disponibilidad de agua destinada a consumo humano; para evitar procesos de eutroficación, salinización y otros de contaminación de aguas de propiedad nacional; para la exploración, explotación y administración de los recursos acuáticos vivos y no vivos; la realización de estudios de impacto ambiental previos al otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones en la realización de actividades pesqueras; para la protección de los ecosistemas acuáticos; y la concertación de acciones de protección y restauración de dichos ecosistemas acuáticos, con las comunidades y los sectores productivos.

En el Capítulo II de este título, Aprovechamiento Racional del Suelo y sus Recursos, se detallan los criterios ecológicos generales que deberán observarse en esta materia y aquellas actividades en las que inciden, entre las que destacan los apoyos a las actividades agrícolas que otorgue el Gobierno Federal directa o indirectamente, de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promuevan la progresiva incorporación de cultivos compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas.

Se establece asimismo, que los permisos de aprovechamiento forestal implican la obligación de hacer un uso racional de los recursos forestales, en consonancia con el propósito de fortalecer la corresponsabilidad social en la materia.

Las zonas selváticas del país requieren de la atención de los tres niveles de gobierno y de la participación responsable de la población; por ello, se contienen orientaciones especiales encaminadas a garantizar la preservación de dichas zonas. Asimismo, se sujeta a los criterios y disposiciones que establece la ley, el otorgamiento de todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo en tales zonas selváticas, o el equilibrio ecológico de sus ecosistemas.

Se establece la obligación para quienes realicen actividades agrícolas y pecuarias, de llevar a cabo prácticas de conservación y recuperación para evitar deterioro de los suelos y del equilibrio ecológico, y se prevé la promoción de prácticas para la protección y recuperación de los suelos en las actividades agropecuarias.

Innovación importante del proyecto constituye la creación de los programas especiales para la restauración del equilibrio ecológico que formule el Gobierno Federal, para la atención de aquellas zonas del país que presenten graves desequilibrios ecológicos. Se traduce así a la legislación la experiencia de coordinación intersectorial, combinación de instrumentos y recursos, y corresponsabilidad social que se ha derivado de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal, para hacer frente a casos críticos como el de la baja cuenca del Coatzacoalcos o el de la región de La Laguna.

Cuando así se requiera, por estarse produciendo procesos graves de desertificación o pérdidas de recursos de muy difícil reparación, se prevé que el Ejecutivo Federal pueda expedir declaratorias para regular por causa de utilidad pública los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales y la realización de actividades en las zonas afectadas. Este mecanismo se ha concebido para estar en posibilidad de hacer frente en forma inmediata y eficaz a situaciones de grave desequilibrio ecológico, sometiendo zonas limitadas a regulaciones especiales de carácter estrictamente temporal. Como en todos los casos previstos en la iniciativa, en éste se garantiza el derecho de audiencia de los interesados.

El Capítulo III, de los efectos de la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico, prevé la formulación de normas técnicas ecológicas para prevenir y controlar los efectos nocivos de la exploración y explotación de dichos recursos. Se protegen las aguas utilizadas o que sean resultado de esas actividades, para que puedan ser objeto de otros usos, así como los suelos y la flora y la fauna; sin establecer regulaciones que pudieran significar un obstáculo a dichas actividades prioritarias para el desarrollo nacional.

La protección al ambiente, materia que establece en forma expresa el texto del artículo 73 constitucional, en su fracción XXIX - G, es objeto de regulación en el Título Cuarto de la iniciativa.

En el Capítulo I, relativo a la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, se introducen importantes avances en el proceso de descentralización de facultades a los gobiernos estatales y municipales, que hoy día permanecen en el ámbito de la competencia exclusiva de la Federación. A partir del inicio de la vigencia de este nuevo ordenamiento, serán las entidades federativas, y en su caso los municipios, con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, quienes tengan la facultad de prevenir y controlar la contaminación del aire, generada por fuentes emisoras de las zonas de jurisdicción local. La gran mayoría de las fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera, quedarán de esta forma sujetas a regulación local, observándose en todos los casos las normas técnicas que expida la Federación para ese efecto. Dentro de las facultades de prevención y control que se descentralizan, quedan comprendidas las de inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones legales. Estados, y en su caso municipios, contarán con los instrumentos necesarios para actuar frente a uno de los problemas ecológicos que más afecta a la población local, y en el que con mayor claridad resulta indispensable asegurar la correspondencia entre el lugar donde se genera el problema, y aquél en el que se toman las decisiones.

Es forma paralela a la descentralización de facultades, se definen los instrumentos indispensables para asegurar la coherencia de la política general para hacer frente a la contaminación de la atmósfera. Se establece por ello que las normas técnicas ecológicas para determinar los niveles permisibles de emisión, para el establecimiento y operación de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire y aquéllas que deberán ser observadas por la industria automotriz, tendrán vigencia nacional y serán expedidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Por lo que se refiere a la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos, se establecen los criterios para prevenir y controlar su contaminación y se especifican con una visión integral, todos aquellos instrumentos y procedimientos en los que las autoridades habrán de aplicar dichos criterios.

Asimismo, el artículo 114 establece con toda claridad las competencias exclusivas de cada dependencia federal en la materia, así como aquellas que serán ejercidas de manera coordinada entre éstas. Se evita así la confusión que dificulta la convergencia de esfuerzos de las diversas dependencias, que en el caso particular de la contaminación de las aguas, pudiera suscitar la diversidad de ordenamientos vigentes.

A esta sistematización de atribuciones dentro del Gobierno Federal, corresponde la precisión de las facultades que en este rubro competen a estados y municipios. A partir de la voluntad de fortalecer la descentralización en la materia, se resolvieron en favor de estados y municipios vacíos legales que limitaban sus acciones, y se les hace partícipes en el ámbito de su jurisdicción, en el ejercicio de atribuciones que anteriormente eran conferidas a dependencias federales en disposiciones reglamentarias. Asimismo, se establece un conjunto de disposiciones para prevenir y controlar la contaminación de las aguas marinas.

En el Capítulo III se fortalecen las disposiciones previamente existentes, para la prevención y el control de la contaminación de los suelos. Destacan las disposiciones relativas a plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, en las que se incorporan los más recientes avances de coordinación en la materia, que han permitido contar con un control efectivo sobre la importación y exportación de materiales de esa naturaleza.

El Capítulo IV, dedicado a las actividades consideradas como riesgosas, constituye una de las innovaciones más importantes de la iniciativa. Las disposiciones que lo integran, recogen las experiencias derivadas de las acciones que ha puesto en marcha el Gobierno Federal para evitar riesgos al equilibrio ecológico y al bienestar de la población, resolviendo por esta vía un vacío jurídico, que de no haberse superado, tendría graves repercusiones para los propósitos de este ordenamiento.

Asimismo, resultan de la mayor importancia las disposiciones del Capítulo V, orientadas a regular el manejo de los materiales y residuos peligrosos. Se incorporan a la legislación restricciones sobre el manejo de todo tipo de materiales y residuos peligrosos, para evitar los efectos que en el bienestar de la población y el equilibrio ecológico traería consigo su uso indiscriminado o inadecuada utilización. En ello, se presta especial atención a la importación o exportación de estos materiales o residuos, consagrando en la iniciativa los avances logrados a partir de la firma del acuerdo respectivo con los Estados Unidos de América, para proteger la zona fronteriza mexicana de dichos efectos negativos. Por lo que se refiere a su exportación, se precisa también que no procederá en ningún caso sin la autorización del país receptor.

En el Capítulo VI, de la energía nuclear, se establece que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología deberá realizar la evaluación del impacto ambiental en los casos de instalaciones nucleares o radioactivas, sin perjuicio de las facultades que conforme a otros ordenamientos legales le corresponden a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

Finalmente en el Capítulo VII, del ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores, la regulación correspondiente se limita a las zonas de jurisdicción federal, y sobre todo a las normas técnicas en la materia, ya que corresponde a las autoridades estatales o municipales, en su caso, aplicar las medidas correspondientes dentro de sus circunscripciones territoriales.

El Título Quinto tiene como propósito establecer una participación permanente de la sociedad en las acciones ecológicas. En los artículos 157 a 159, se regulan las vías de participación previstas en otros títulos de la iniciativa, desde la consulta en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática y la celebración de convenios de concertación, hasta la presentación de opiniones y propuestas en el seno de la Comisión Nacional de Ecología. Se define así una gestión democrática de la política ecológica, y con ello la base para fortalecer crecientemente la corresponsabilidad social en la materia.

En el Título Sexto, de las medidas de control y de seguridad y las sanciones, se establece que en los actos de inspección, vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, imposición de sanciones, procedimientos y recursos administrativos, se estará a lo dispuesto en esta ley, cuando se trate de asuntos de jurisdicción federal regulados por el propio ordenamiento, salvo en el caso de que otras leyes regulen dichas cuestiones en forma específica, en relación con las materias de que trata este ordenamiento. Este precepto es consecuente con las diversas disposiciones vigentes que inciden en la materia que regula.

En los asuntos de jurisdicción local, los gobiernos de los estados o los ayuntamientos aplicarán lo dispuesto en este título, las leyes que expidan las legislaturas locales o, en su caso, en los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno. Con ello, se hace extensivo el propósito descentralizador a los contenidos coercitivos de la iniciativa.

Por otra parte, para garantizar la seguridad jurídica de los particulares, se establece en el capítulo segundo el procedimiento que deberán agotar las autoridades en el ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia.

En el Capítulo IV se establece que las violaciones a los preceptos de esta ley y sus disposiciones reglamentarias serán sancionadas administrativamente por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en asuntos de competencia federal no reservados expresamente a otra dependencia. En los casos de competencia local, dicha facultad corresponderá a las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias.

En el artículo 176 y siguientes se contienen las disposiciones relacionadas con el recurso de inconformidad que pueda ser interpuesto por quienes resulten afectados por los actos y las resoluciones que se dicten con motivo de la aplicación de esta ley y las disposiciones que de ella deriven en asuntos de competencia federal.

Para la redacción del Capítulo VI se revisaron exhaustivamente los ordenamientos vigentes que pudieran incidir en las conductas descritas como delitos en esta ley, procurando no afectar tipos penales ya previstos, con las consecuencias que ello hubiera ocasionado. En el caso de aquellas conductas que se consideró indispensable tipificar, se establece una graduación de las penas, bajo el principio de que no toda infracción, implica los mismos daños a los intereses de la sociedad.

Asimismo, se estableció como requisito para la procedencia de la acción penal por los delitos previsto en este capítulo, la denuncia que previamente deba formular la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, salvo en los casos de flagrante delito.

En el Capítulo VII se retoma de la legislación vigente la denuncia popular, señalando plazos precisos para su resolución por parte de las autoridades responsables de su cumplimiento, y estableciendo que quienes sufran daños o perjuicios derivados de infracciones a este ordenamiento, podrán solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la formulación de dictamen técnico que tendrá valor de prueba pericial ante las autoridades judiciales. De esta forma, se perfecciona este procedimiento que, hasta ahora, no consideraba tiempos de resolución de las denuncias presentadas por personas físicas o morales y se apoya a quienes resulten afectados para demandar la reparación del daño sufrido.

Finalmente, se consideró necesario prever un plazo suficientemente amplio para la iniciación de vigencia del presente ordenamiento, toda vez que la aplicación y observancia de la ley implicará un gran esfuerzo previo de organización, coordinación y de expedición de nuevas normas técnicas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esa honorable representación nacional, la siguiente

CAPÍTULO I
Normas Preliminares

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer las bases para:

Las disposiciones de esta ley se aplicarán sin perjuicio de las contenidas en otras leyes sobre cuestiones específicas que se relacionan con las materias que regula este propio ordenamiento.

Artículo 2o. Se consideran de utilidad pública:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

CAPÍTULO II
Concurrencia entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios

Artículo 4o. Las atribuciones que en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente tiene el Estado y que son objeto de esta ley, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas y los municipios, con sujeción a las siguientes bases:

Artículo 5o. son asuntos de alcance general en la nación o de interés de la Federación:

Artículo 6o. Compete a las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus circunscripciones territoriales y conforme a la distribución de atribuciones que se establezca en las leyes locales:

Artículo 7o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, y en su caso con la intervención de otras dependencias, podrá celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, y con su participación, con los municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan, para la realización de acciones en las materias objeto de esta ley.

CAPÍTULO III
Atribuciones de la Secretaría y Coordinación entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal

Artículo 8o. Corresponde a la Secretaría:

Artículo 9o. En el Distrito Federal la Secretaría ejercerá las atribuciones a que se refiere el artículo anterior y el Departamento del Distrito Federal ejercerá las que se prevén para las autoridades locales, sin perjuicio de las que competan a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, ajustándose a las siguientes disposiciones especiales:

Artículo 11. Las diversas dependencias del Ejecutivo Federal ejercerán las atribuciones que les otorgan otras leyes, en materias relacionadas con el objeto de este ordenamiento, observando lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 8o. de esta ley.

Artículo 12. La Comisión Nacional de Ecología es un órgano permanente de coordinación intersecretarial, que fungirá además como instancia para promover la concertación entre la sociedad y el Estado en la materia.

Dicho órgano tendrá la naturaleza de comisión intersecretarial, y se integrará y funcionará de acuerdo con lo que disponga el Ejecutivo Federal.

La comisión analizará problemas y propondrá prioridades, programas y acciones ecológicas. Para el eficaz desempeño de sus trabajos, podrán participar en la comisión las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto propio de la comisión. Los representantes de los gobiernos de los estados y municipios serán invitados a participar cuando se trate de fenómenos de impacto ambiental considerable en la entidad o municipio correspondiente, y por acuerdo de la comisión, también lo serán miembros de los sectores social y privado, organizaciones civiles e instituciones educativas, así como otros representantes de la sociedad.

La comisión presentará bianualmente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, un informe detallado de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente en el país.

Artículo 13. En caso de emergencias ecológicas, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría, y las demás autoridades competentes, propondrán en forma coordinada al Ejecutivo Federal las medidas necesarias.

Artículo 14. Las dependencias y entidades de la Administración Pública se coordinarán con la Secretaría en los casos de ejecución de las obras públicas a que se refiere el artículo 56, fracción II, de la Ley de Obras Públicas, cuando exista peligro para el equilibrio ecológico de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, o por caso fortuito o de fuerza mayor.

CAPÍTULO IV
Política Ecológica

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ecológica y la expedición de normas técnicas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

Artículo 16. Las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus competencias, observarán y aplicarán los principios a que se refieren las fracciones I al XI del artículo anterior.

CAPÍTULO V
Instrumentos de la Política Ecológica

SECCIÓN I
Planeación Ecológica

Artículo 17. En la planeación nacional del desarrollo, será considerada la política ecológica general y el ordenamiento ecológico que se establezcan de conformidad con esta ley y las demás disposiciones en la materia.

Artículo 18. El Gobierno Federal promoverá la participación de los distintos grupos sociales en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, según lo establecido en esta ley y las demás aplicables.

SECCIÓN II
Ordenamiento Ecológico

Artículo 19. Para el ordenamiento ecológico se considerarán los siguientes criterios:

Artículo 20. El ordenamiento ecológico será considerado en la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales, de la localización de la actividad productiva secundaria y de los asentamientos humanos, conforme a las siguientes bases:

SECCIÓN III
Criterios Ecológicos en la Promoción del Desarrollo

Artículo 21. En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a sus respectivas esferas de competencia, que se relacionen con las materias objeto de este ordenamiento, se observarán los criterios ecológicos generales que establezcan esta ley y demás disposiciones que de ella emanen.

Artículo 22. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

SECCIÓN IV
Regulación Ecológica de los Asentamientos Humanos

Artículo 23. La regulación ecológica de los asentamientos humanos consiste en el conjunto de normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de los asentamientos humanos con los elementos naturales y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población, que lleven a cabo el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios.

Artículo 24. Para la regulación ecológica de los asentamientos humanos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal considerarán los siguientes criterios generales:

Artículo 25. Los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos serán considerados en:

Artículo 26. En el programa sectorial de desarrollo urbano se incorporan los siguientes elementos ecológicos y ambientales:

Artículo 27. El programa sectorial de vivienda y las acciones de vivienda que ejecute o financie el Gobierno Federal, promoverán:

SECCIÓN V
Evaluación del Impacto Ambiental

Artículo 28. La realización de obras o actividades públicas o privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones señalados en los reglamentos y las normas técnicas ecológicas emitidas por la Federación para proteger al ambiente, deberán sujetarse a la autorización previa de los gobiernos federal, por conducto de la Secretaría o de las entidades federativas o municipios, conforme a las competencias que señala esta ley, así como al cumplimiento de los requisitos que se les impongan una vez evaluado el impacto ambiental que pudiere originar, sin perjuicio de otras autorizaciones que corresponda otorgar a las autoridades competentes.

Artículo 29. Corresponderá al Gobierno Federal evaluar el impacto ambiental a que se refiere el artículo 28 de esta ley, particularmente tratándose de las siguientes materias:

Artículo 30. En la realización de estudios y en el otorgamiento de permisos y autorizaciones para los aprovechamientos forestales, cambio de uso de terrenos forestales y extracción de materiales de dichos terrenos, deberán considerarse los dictámenes generales de impacto ambiental por regiones, ecosistemas territoriales definidos o para especies vegetales, que emita la Secretaría en los términos previstos por el artículo 23 de la Ley Forestal.

Artículo 31. Corresponde a las entidades federativas y a los municipios evaluar el impacto ambiental en materias no comprendidas en el artículo 29 de este ordenamiento, ni reservadas a la Federación en ésta u otras leyes.

Artículo 32. Para la obtención de la autorización a que se refiere el artículo 28 del presente ordenamiento, los interesados deberán presentar ante la autoridad correspondiente, una manifestación de impacto ambiental. En su caso, dicha manifestación deberá ir acompañada de un estudio de riesgo de la obra, de sus modificaciones o de las actividades previstas, consistente en las medidas técnicas preventivas y correctivas para mitigar los efectos adversos al equilibrio ecológico durante su ejecución, operación normal y en caso de accidente.

Artículo 33. Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental y satisfechos los requerimientos formulados por la autoridad competente, cualquier persona podrá consultar el expediente correspondiente.

Los interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva información que haya sido integrada al expediente, y que de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, o intereses lícitos de naturaleza mercantil.

Artículo 34. Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría en los casos previstos en el artículo 29 de esta ley, o en su caso el Departamento del Distrito Federal, dictará la resolución correspondiente.

En dicha resolución podrá otorgarse la autorización para la ejecución de la obra o la realización de la actividad de que se trate, en los términos solicitados; negarse dicha autorización, u otorgarse de manera condicionada a la modificación del proyecto de obra o actividad, a fin de que se eviten o atenúen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la operación normal y aun en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría o en su caso el Departamento del Distrito Federal señalará los requerimientos que deban observarse para la ejecución de la obra o la realización de la actividad prevista.

Artículo 35. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, prestará asistencia técnica a los gobiernos estatales y municipales que así lo soliciten, para la evaluación de la manifestación de impacto ambiental o del estudio de riesgo en su caso.

SECCIÓN VI
Normas Técnicas Ecológicas

Artículo 36. Para los efectos de esta ley, se entiende por norma técnica ecológica, el conjunto de reglas científicas o tecnológicas emitidas por la Secretará, que establezcan los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes, que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente, y, además que uniformen principios, criterios, políticas y estrategias en la materia.

Las normas técnicas ecológicas, determinarán los parámetros dentro de los cuales se garanticen las condiciones necesarias para el bienestar de la población y para asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Artículo 37. Las actividades y servicios que originen emanaciones, emisiones, descargas, depósitos, que causen o puedan causar desequilibrio ecológico o producir daño al ambiente o afectar los recursos naturales, la salud, el bienestar de la población, o los bienes propiedad del Estado o de los particulares, deberán observar los límites y procedimientos que se fijen en las normas técnicas ecológicas aplicables.

SECCIÓN VII
Medidas de Protección de Áreas Naturales

Artículo 38. La Federación, las entidades federativas y los municipios, establecerán medidas de protección de las áreas naturales, de manera que se asegure la preservación y restauración de los ecosistemas, especialmente los más representativos y aquellos que se encuentren sujetos a procesos de deterioro o degradación.

SECCIÓN VIII
Investigación y Educación Ecológicas

Artículo 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud. Asimismo, propiciarán el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de los medios de comunicación masiva.

Artículo 40. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, promoverá el desarrollo de la capacitación y adiestramiento en y para el trabajo en materia de protección al ambiente, y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, con arreglo a lo que establece esta ley y de conformidad con los sistemas, métodos y procedimientos que prevenga la legislación especial. Asimismo, propiciará la incorporación de contenidos ecológicos en los programas de las comisiones mixtas de seguridad e higiene.

Artículo 41. El Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.

SECCIÓN IX
Información y Vigilancia

Artículo 42. La Secretaría mantendrá un sistema permanente de información y vigilancia sobre los ecosistemas y su equilibrio en el territorio nacional; para lo cual, podrá coordinar sus acciones con las entidades federativas y los municipios.

Artículo 43. La Secretaría editará una gaceta en la que se publicarán las normas técnicas ecológicas que expida en los términos de esta ley y cualquier otra información de interés que determine la propia dependencia, independientemente de que el titular resuelva su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

CAPÍTULO I
Categorías, Declaratorias y Ordenamiento de Áreas Naturales Protegidas

SECCIÓN I
Tipos y Caracteres de las Áreas Naturales Protegidas

Artículo 44. En los términos de ésta y de las demás leyes aplicables, las áreas naturales del territorio nacional a que se refiere el presente capítulo, podrán ser materia de protección, como reservas ecológicas, para los propósitos y con los efectos y modalidades que en tales ordenamientos se precisan, mediante la imposición de las limitaciones que determinen las autoridades competentes para realizar en ellas sólo los usos y aprovechamientos social y nacionalmente necesarios. Las mismas son consideradas en la presente ley como áreas naturales protegidas y su establecimiento es de interés público.

Artículo 45. La determinación de áreas naturales protegidas tiene como propósito:

Artículo 46. Se consideran áreas naturales protegidas:

Para los efectos de lo establecido en el presente título son de interés de la Federación las áreas naturales comprendidas en las fracciones I a VII anteriores, y de jurisdicción local las comprendidas en las fracciones VIII y IX de este artículo.

Artículo 47. En el establecimiento, administración y desarrollo de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, participarán sus habitantes de conformidad con los acuerdos de concertación que al efecto se celebren con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección de los ecosistemas.

Artículo 48. Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas representativas biogeográficas relevantes, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre, y al menos, una zona no alterada, en que habiten especies consideradas endémicas, amenazadas, o en peligro de extinción, y cuya superficie sea mayor a 10 mil hectáreas.

En tales reservas podrá determinarse la existencia de la superficie o superficies mejor conservadas, o no alteradas, que alojen ecosistemas, o fenómenos naturales de especial importancia, o especies de flora y fauna que requieran protección especial, y que serán conceptuadas como zona o zonas núcleo. En ellas podrá autorizarse la realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y educación ecológica, y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas.

En las propias reservas podrán determinarse la superficie o superficies que protejan a la zona núcleo del impacto exterior, que serán conceptuadas como zonas de amortiguamiento, en que podrán realizarse actividades productivas de las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, así como actividades educativas, recreativas, de investigación aplicada y de capacitación. Tales actividades deberán sujetarse a las normas técnicas ecológicas y a los usos del suelo que establezcan las declaratorias que constituyan las reservas.

En las reservas de la biosfera no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población.

Artículo 49. Las reservas especiales de la biosfera se constituirán del mismo modo que las de las biosfera, en áreas representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre, en que habiten especies que se consideren endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, pero que por su dimensión en relación con dichas reservas de la biosfera, sea en superficie o en diversidad de especies, no corresponda conceptuarlas dentro de este tipo.

Artículo 50. Los parques nacionales se constituirán conforme a esta ley y la Ley Forestal, en terrenos forestales, tratándose de representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo o de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna de importancia nacional, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones de interés general análogas.

Dichas áreas serán para uso público y en ellas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y, en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación y educación ecológicas.

En estas áreas sólo la Secretaría podrá realizar aprovechamientos forestales, en los términos de la Ley Forestal, procurando ocupar en sus trabajos a los residentes de la zona donde se realice el aprovechamiento.

Corresponde a la propia Secretaría la organización, administración, conservación, acondicionamiento y vigilancia de los parques nacionales, la que podrá coordinarse con las demás dependencias de la Administración Pública Federal y con los gobiernos locales e instituciones públicas y privadas no lucrativas, para la conservación, fomento y debido aprovechamiento de los mencionados parques.

Artículo 51. Los monumentos naturales se establecerán conforme a esta ley y a la Ley Forestal en áreas que contengan uno o varios elementos naturales de importancia nacional, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo.

En los monumentos naturales únicamente podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación.

Artículo 52. Los parques marinos nacionales se establecerán en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional, y podrán comprender las playas y la zona federal marítimo - terrestre contigua.

En estas áreas sólo se permitirán actividades relacionadas con la preservación de los ecosistemas acuáticos y sus elementos, las de investigación, recreación y educación ecológicas, así como los aprovechamientos de recursos naturales que hayan sido autorizados, de conformidad con lo que disponen esta ley, la Ley Federal de Pesca, la Ley Federal del Mar, las demás leyes aplicables y sus reglamentos, así como las normas vigentes del derecho internacional.

Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos en estas áreas quedarán sujetas a lo que dispongan las declaratorias de creación correspondientes.

Artículo 53. Las áreas de protección de recursos naturales, son aquellas destinadas a la preservación y restauración de zonas forestales y a la conservación de suelos y aguas. Se consideran dentro de esta categoría de manejo las siguientes áreas.

El establecimiento, administración y organización de las áreas de protección de recursos se llevará a cabo conforme a lo dispuesto por esta ley, la Ley Forestal, la Ley Federal de Aguas y los demás ordenamientos aplicables.

Artículo 54. Las áreas de protección de la flora y la fauna silvestres y acuáticas, se constituirán de conformidad con las disposiciones de esta ley, de las leyes Federal de Caza y Federal de Pesca y de las demás aplicables, en los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres y acuáticas.

En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio e investigación de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia.

Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulten posibles según los estudios que se realicen, el que deberá sujetarse a las normas técnicas ecológicas y usos del suelo que al efecto se establezcan en la propia declaratoria o en las resoluciones que la modificaren.

Artículo 55. Los parques urbanos son aquellas áreas, de uso público, constituidas por las entidades federativas y los municipios en los centros de población para obtener y preservar el equilibrio en los ecosistemas urbanos industriales, entre las construcciones, equipamientos e instalaciones respectivos y los elementos de la naturaleza, de manera que se proteja un ambiente sano, el esparcimiento de la población y valores artísticos, históricos y de belleza natural que se signifiquen en la localidad.

Artículo 56. Las zonas sujetas a conservación ecológica son aquellas constituidas por las entidades federativas y los municipios en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, en las que existan uno o más ecosistemas en buen estado de conservación, destinadas a preservar los elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar general.

SECCIÓN II
Declaratorias para el Establecimiento, Conservación, Administración, Desarrollo y Vigilancia de Áreas Naturales Protegidas

Artículo 57. Las áreas naturales protegidas se establecerán mediante declaratoria que expida el Ejecutivo Federal conforme a ésta y a las demás leyes aplicables, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios respectivos, según proceda, cuando se trate de áreas naturales protegidas de interés de la Federación; y por las entidades federativas y los municipios conforme a esta ley y las leyes locales, en los casos de áreas naturales protegidas de jurisdicción local.

Artículo 58. En la realización de los estudios previos que den base a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas de interés de la Federación, podrán participar las entidades federativas y los municipios en cuyas circunscripciones territoriales se localice el área natural de que se trate.

Artículo 59. La Secretaría propondrá al Ejecutivo Federal, la expedición de declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas de interés de la Federación, en los casos en que otras leyes no lo atribuyan a dependencias diversas, y promoverá ante las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Pesca y las demás según su competencia, lo propongan al propio Ejecutivo Federal. Asimismo, podrá proponer a los gobiernos de los estados y municipios, según sea el caso, el establecimiento de áreas naturales protegidas de jurisdicción local.

Artículo 60. Las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de interés de la Federación contendrán, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes, los siguientes elementos:

Artículo 61. Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario se hará una segunda publicación, la que surtirá efectos de notificación. Las declaratorias se inscribirán en él o los registros públicos de la propiedad que correspondan.

Artículo 62. Una vez establecida un área natural protegida sólo podrá ser modificada su extensión, y en su caso, los usos del suelo permitidos, por la autoridad que la haya establecido, de conformidad con los estudios que al efecto se realicen.

Artículo 63. Las áreas naturales protegidas establecidas por el Ejecutivo Federal podrán comprender, de manera parcial o total, predio sujetos a cualquier régimen de propiedad y quedarán sujetas a la condición de inafectables a que se refiere el artículo 249 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en los casos que ahí se prevén.

Artículo 64. En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetaren la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas, se observarán las disposiciones de la presente ley, de las leyes en que se fundamenten las declaratorias de creación correspondiente, así como las prevenciones de las propias declaratorias.

El solicitante deberá en tales casos demostrar ante la autoridad competente, su capacidad técnica y económica para llevar a cabo la exploración, explotación o aprovechamiento de que se trate, sin causar deterioro al equilibrio ecológico.

Las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria, prestarán a ejidatarios y comuneros la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

La Secretaría, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, podrá solicitar a la autoridad competente, la cancelación o revocación del permiso, licencia, concesión o autorización correspondiente, cuando la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico.

Artículo 65. La dependencia o dependencias del Ejecutivo Federal que hubieren propuesto el establecimiento de un área natural protegida de interés de la Federación elaborarán el programa de manejo del área de que se trate, con la participación de las demás dependencias competentes y las autoridades locales, en el plazo que señale la declaratoria correspondiente.

En los casos de las áreas naturales protegidas de jurisdicción local, se estará a lo que dispongan las normas estatales y municipales.

Artículo 66. Las declaratorias para el establecimiento de reservas de la biosfera y de reservas especiales de la biosfera, se expedirán por el Ejecutivo Federal, conforme a lo que disponen esta ley, la Ley Forestal y las demás aplicables. En estos casos la Secretaría promoverá ante las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Pesca, y de las demás que tuvieren atribuciones relacionadas con las materias de protección a establecer, la elaboración de los estudios que se requieran, y tendrá a su cargo la coordinación de los mismos.

En las declaratorias se determinará la forma como deben realizarse las actividades y medidas de conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las reservas de la biosfera, conforme a lo dispuesto en ésta y otras leyes, las que serán coordinadas por la Secretaría. La propia Secretaría, con la participación de las demás dependencias competentes, de la Comisión Nacional de Ecología, y en su caso de la Comisión Nacional Forestal, propondrá la celebración de acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales y municipales y convenios de concertación con los sectores social y privado, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Artículo 67. Los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo anterior regularán las materias que se estimen necesarias, entre otras:

Artículo 69. Las medidas que el Ejecutivo Federal podrá imponer para la protección de las áreas de reservas de la biosfera o reservas especiales de la biosfera, serán las que establecen, según las materias respectivas, la presente ley, las leyes Forestal, Federal de Aguas, Federal de Pesca, Federal de Caza, Orgánica de la Administración Pública Federal y las demás que resulten aplicables, las cuales podrán consistir en restringir o prohibir actividades que puedan alterar los ecosistemas, imponer modalidades a la propiedad privada; y regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Quedan comprendidas en dichas medidas las vedas temporales o indefinidas, totales o parciales.

De conformidad con el artículo 61 de esta ley, las declaratorias contendrán los motivos y fundamentos de las medidas que se impongan y citación a los interesados, a fin de que la Secretaría reciba las manifestaciones que éstos le formulen por escrito dentro del término que se establezca en las mismas declaratorias y resuelva fundadamente dentro de los treinta días siguientes. Para este efecto, cada una de las dependencias que hubieren intervenido en los estudios previos y propuestas de declaratoria, desahogará por conducto de la Secretaría la parte de las peticiones que corresponda a sus atribuciones.

Artículo 70. Cuando se determinen zonas núcleo en las reservas de la biosfera, o en las reservas especiales de la biosfera, quedará expresamente prohibidos:

Artículo 71. Los parques marinos nacionales se establecerán mediante declaratoria del Ejecutivo Federal a propuesta, en forma coordinada, de la Secretaría y de las Secretarías de Pesca y Marina.

Artículo 72. Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas de interés de la Federación, previstas en las fracciones III, IV, VI y VII del artículo 46 de esta ley, se expedirán por el Ejecutivo Federal conforme a lo que disponen la Ley Forestal, la Ley Federal de Pesca, la Ley Federal de Caza y las demás leyes relativas, a propuesta de las dependencias en ellas señaladas, aplicándose en lo no previsto en tales ordenamientos, las disposiciones de la presente ley.

Artículo 73. La Secretaría promoverá y coordinará la realización de los estudios previos y la propuesta al Ejecutivo Federal de tales áreas, particularmente cuando concurran en ellas materias de la competencia de varias dependencias.

Artículo 74. Para el establecimiento de las áreas de protección de flora y fauna silvestres, la Secretaría realizará los estudios previos necesarios y propondrá al Ejecutivo Federal la expedición de las declaratorias correspondientes. La conservación, Administración, desarrollo y vigilancia de dichas áreas corresponderá a la Secretaría.

Artículo 75. Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas deberán contener referencia de la declaratoria correspondiente, y de sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos sólo podrán autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan, cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente artículo.

CAPÍTULO II
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Artículo 76. Las áreas naturales protegidas que sean consideradas como de interés de la Federación, constituyen en su conjunto el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Artículo 77. La Secretaría llevará el registro de las áreas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el que se consignen los datos de su inscripción en los registros públicos de la propiedad correspondientes.

Artículo 78. Con el propósito de preservar el patrimonio natural de la nación, y con arreglo a las bases de coordinación que al efecto se celebren en los términos del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las dependencias competentes de la Administración Pública Federal incorporarán en las reglas de manejo de las áreas naturales protegidas cuya administración les competa, aquellas que determine la Secretaría para proveer eficazmente a la protección de los ecosistemas y sus elementos. La propia Secretaría promoverá ante las autoridades locales la adopción por parte de éstas de las bases de manejo que regulan la conservación, administración, desarrollo y vigilancia de áreas naturales en el sistema nacional.

Podrá celebrar asimismo, convenios de concertación con grupos sociales y particulares interesados, para facilitar el logro de los fines para los que se hubieren establecido las áreas naturales del sistema nacional.

CAPÍTULO III
Flora y Fauna Silvestres y Acuáticas

Artículo 79. Para la protección y aprovechamiento de la flora y fauna silvestres y acuáticas, se considerarán los siguientes criterios:

Artículo 80. Los criterios para la protección y aprovechamiento de la flora y fauna silvestres y acuáticas, serán considerados, entre otros, en los siguientes casos:

Artículo 81. La Secretaría establecerá o, en su caso, promoverá ante las autoridades competentes, el establecimiento de vedas de la flora y fauna silvestres y acuáticas y la modificación o levantamiento de las mismas.

Las vedas que se decreten tendrán como finalidad la conservación, repoblación, propagación, distribución, aclimatación o refugio de los especimenes, principalmente de aquellas especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

Los decretos de veda deberán precisar su naturaleza y temporalidad, límites de las áreas o zonas vedadas y las especies de la flora o la fauna comprendidas en ellas.

Dichos decretos deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el de la entidad o entidades federativas donde se ubique el área vedada.

Artículo 82. Las disposiciones de esta ley son aplicables a la posesión, administración, conservación, reprobación, propagación y desarrollo de la flora y fauna silvestres las personas físicas o morales que se dediquen a las expresadas actividades, deberán sujetarse a las normas técnicas ecológicas que expida la Secretaría.

Artículo 83. El aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que sean el hábitat de especies de flora o fauna silvestres, especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, deberá hacerse de manera que no se alteren las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y evolución de dichas especies.

Artículo 84. La Secretaría, en coordinación con las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Pesca, expedirá las normas técnicas ecológicas de conservación y aprovechamiento del hábitat de la flora y fauna silvestres y acuáticas.

Artículo 85. Cuando así se requiera para la protección de especies, la Secretaría promoverá ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el establecimiento de medidas de regulación o restricción, en forma tal o parcial, a la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna silvestres e impondrá restricciones necesarias para la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del y destinadas al extranjero.

Artículo 86. A la Secretaría le corresponde aplicar las disposiciones que sobre aprovechamiento y conservación de especies de la fauna silvestre establezcan ésta y otras leyes, y autorizar su aprovechamiento en actividades económicas, sin perjuicio de las facultades que correspondan a otras dependencias, conforme a otras leyes.

Artículo 87. El aprovechamiento de especies de animales terrestres de la fauna silvestre en actividades económicas podrá autorizarse cuando los particulares garanticen su reproducción controlada y desarrollo en cautiverio y proporcionen un número suficiente para el repoblamiento de la especie.

No podrá autorizarse el aprovechamiento sobre poblaciones naturales de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, excepto en los casos de investigación científica.

CAPÍTULO I
Aprovechamiento Racional del Agua y los Ecosistemas Acuáticos

Artículo 88. Para el aprovechamiento racional del agua y los ecosistemas acuáticos, se consideran los siguientes criterios:

Artículo 89. Los criterios para el aprovechamiento racional del agua y de los ecosistemas acuáticos, serán considerados en:

Artículo 90. La Secretaría, en coordinación con las de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud, expedirá las normas técnicas ecológicas para el establecimiento y manejo de zonas de protección en ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones e industrias.

Artículo 91. El otorgamiento de las autoridades para afectase el curso o cauce de las corrientes de agua, su sujetará a los criterios ecológicos contenidos en la presente ley.

Artículo 92. Para asegurar la disponibilidad del recurso destinado a consumo humano, las autoridades competentes promoverán el tratamiento de aguas residuales y su reutilización, así como el abatimiento de los niveles de desperdicio, y llevarán a cabo programas para sustituir progresivamente a el uso de agua potable en las actividades productivas, por aguas con tratamiento adecuado.

Artículo 93. La Secretaría y la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en sus respectivas esferas de competencia, realizarán las acciones necesarias para evitar, y en su caso controlar procesos de eutroficación, salinización y cualquier otro proceso de contaminación en las corrientes y cuerpos de aguas de propiedad de la nación.

Articulo 94. La exploración, explotación y administración de los recursos acuáticos vivos y no vivos, se sujetará a lo que establecen las leyes de la materia y a los criterios y demás disposiciones que establece esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Artículo 95. La Secretaría podrá solicitar a la Secretaría de Pesca, la realización de estudios de impacto ambiental previos al otorgamiento de concesiones, permisos y en general, autorizaciones para la realización de actividades pesqueras, cuando el aprovechamiento de las especies ponga en peligro su preservación o pueda causar desequilibrio ecológico.

Artículo 96. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Pesca y, en su caso, con la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, expedirá las normas técnicas para la protección de los ecosistemas acuáticos y promoverá la concertación de acciones de protección y restauración de los ecosistemas acuáticos con los sectores productivos y las comunidades.

Artículo 97. La Secretaría establecerá viveros, criaderos y reservas de especies de la flora y fauna acuática en su caso, con la participación de la Secretaría de Pesca.

CAPÍTULO II
Aprovechamiento Racional del Suelo y sus Recursos

Artículo 98. Para la protección y aprovechamiento del suelo se considerarán los siguientes criterios:

Artículo 99. Los criterios ecológicos para la protección y aprovechamiento del suelo, se considerarán en:

Artículo 100. Los permisos de aprovechamiento implican la obligación de hacer un uso racional del recurso. Cuando las actividades forestales deterioren gravemente el equilibrio ecológico, la Secretaría promoverá ante la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos la revocación, modificación o suspensión del permiso respectivo, en los casos previstos por el artículo 56 de la Ley Forestal.

Artículo 101. En las zonas selváticas, el Gobierno Federal atenderá en forma prioritaria, de conformidad con las disposiciones aplicables:

Artículo 102. Todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo en las zonas selváticas o el equilibrio ecológico de sus ecosistemas, quedan sujetas a los criterios y disposiciones que establecen esta ley y demás aplicables.

Artículo 103. Quienes realicen actividades agrícolas y pecuarias deberán llevar a cabo las prácticas de conservación y recuperación necesarias para evitar el deterioro de los suelos y del equilibrio ecológico, en los términos de lo dispuesto por ésta y las demás leyes aplicables.

Artículo 104. La Secretaría promoverá ante la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y las demás dependencias competentes, la introducción y generalización de prácticas de protección y recuperación de los suelos en las actividades agropecuarias, así como la realización de estudios de impacto ambiental previos al otorgamiento de autorizaciones para efectuar cambios del uso del suelo, cuando existan elementos que permitan prever grave deterioro de los suelos afectados y del equilibrio ecológico en la zona.

Artículo 105. En aquellas zonas que presenten graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría con la participación de las demás competentes, formulará los proyectos de programas especiales para la restauración del equilibrio ecológico que resulten convenientes, y promoverá su aprobación por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la Secretaría de Programación y Presupuesto, conforme a lo dispuesto por la Ley de Planeación.

Cuando los fenómenos de desequilibrio ecológico en tales zonas lo requieran en forma inminente, por estarse produciendo procesos de desertificación o pérdidas de recursos de muy difícil reparación o aun irreversibles, el Ejecutivo Federal, por causa de interés público, a propuesta que la Secretaría formule en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y otras dependencias competentes, y previa audiencia de los interesados, podrá expedir declaratorias para regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades. Las declaratorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, y expresarán:

Artículo 106. Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con bienes inmuebles, ubicados en las zonas que fueren materia de las declaratorias a que se refiere el artículo 105, quedarán sujetas a la aplicación de las modalidades sobre el uso o aprovechamiento de los mismos, previstas en la declaratoria correspondiente.

Los notarios y cualesquier otros fedatarios públicos, harán constar tal circunstancia al autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan.

Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo que en la mencionada declaratoria se establezca.

Artículo 107. En los estímulos fiscales que se otorguen a las actividades forestales, deberán considerarse criterios ecológicos de manera que se promuevan el desarrollo y fomento integral de la actividad forestal, el establecimiento y ampliación de plantaciones forestales y las obras para la protección de suelos forestales, en los términos de esta ley y de la Ley Forestal.

CAPÍTULO III
Efectos de la Exploración y Explotación de los Recursos No Renovables en el Equilibrio Ecológico

Artículo 108. Para prevenir y controlar los efectos nocivos de la exploración y explotación de lo recursos naturales no renovables en el equilibrio e integridad de los ecosistemas, la Secretaría expedirá las normas técnicas ecológicas que permitan:

Artículo 109. Las normas técnicas ecológicas a que se refiere el artículo anterior, serán observadas por los titulares de concesiones, autorizaciones y permisos para el uso, aprovechamiento, exploración y explotación de los recursos naturales no renovables.

CAPÍTULO I
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera

Artículo 110. Para la protección a la atmósfera, se considerarán los siguientes criterios:

II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la Secretaría:

Artículo 112. En materia de contaminación atmosférica, los gobiernos de los estados y de los municipios en los ámbitos de sus respectivas jurisdicciones:

Artículo 113. En todas las emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las normas técnicas ecológicas expedidas por la Secretaría; cuando dichas emisiones contengan materiales o residuos peligrosos, se requerirá de la previa autorización de la Secretaría.

Artículo 114. Las autoridades competentes promoverán, en las zonas que se hubieren determinado como aptas para uso industrial, próximas a áreas habitacionales, la instalación de industrias que utilicen tecnologías y combustibles que generen menor contaminación.

Artículo 115. La Secretaría promoverá que en la determinación de usos del suelo que definan los programas de desarrollo urbano respectivos, se consideren las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas, para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes.

Artículo 116. Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes considerarán a quienes:

CAPITULO II
Prevención y Control de la Contaminación del agua y de los Ecosistemas Acuáticos

Artículo 117. Para la prevención y control de la contaminación del agua, se considerarán los siguientes criterios:

Artículo 118. Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua, serán considerados en:

Artículo 119. Para la prevención y control de la contaminación del agua. corresponderá:

Artículo 120. Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación federal o local:

Artículo 121. No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso o autorización de la autoridad federal o de la autoridad local, en los casos de descargas en aguas de jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población.

Artículo 122. Las aguas residuales provenientes de usos municipales, públicos o domésticos y las de usos industriales o agropecuarios que se descarguen en los sistemas de alcantarillado de las poblaciones o en las cuencas, ríos, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes de agua, así como las que por cualquier medio se infiltren en el subsuelo, y en general, las que se derramen en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir:

Artículo 123. Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua y los derrames de aguas residuales en los suelos o su infiltración en terrenos, deberán satisfacer las normas técnicas ecológicas que para tal efecto se expidan, y en su caso, las condiciones particulares de descarga que determine la Secretaría o las autoridades locales. Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el tratamiento previo requerido.

Cuando dichas descargas, derrames o infiltraciones contengan materiales o residuos peligrosos, deberán contar con la autorización previa de la Secretaría.

Artículo 124. Cuando las aguas residuales afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua potable, la Secretaría lo comunicará a la Secretaría de Salud y promoverá ante la autoridad competente la negativa del permiso o autorización correspondiente o su inmediata revocación, y en su caso, la suspensión del suministro.

Artículo 125. La Secretaría, considerando los criterios sanitarios que en materia de salubridad general establezca la Secretaría de Salud, así como los usos de las cuencas de aguas nacionales determinados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, determinará las condiciones particulares de descarga y los sistemas de tratamiento que deberán instalar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para descargar aguas residuales.

Artículo 126. Los equipos de tratamiento de las aguas residuales de origen urbano que diseñen, operen o administren los municipios, las autoridades estatales o el Departamento del Distrito Federal, deberán cumplir con las normas técnicas ecológicas que al efecto se expidan.

Artículo 127. La Secretaría y las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud, emitirán opinión con base en los estudios de la cuenca y sistemas correspondientes, para la programación y construcción de obras e instalaciones de purificación de aguas residuales de procedencia industrial.

Artículo 128. Las aguas residuales provenientes del alcantarillado urbano, podrán utilizarse en la industria y en la agricultura, si se someten en los casos que se requiera al tratamiento que cumpla con las normas técnicas emitidas por la Secretaría, en coordinación con las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salud.

En los aprovechamientos existentes de aguas residuales en la agricultura, se promoverán acciones para mejorar la calidad del recurso, la reglamentación de los cultivos y las prácticas de riego.

Artículo 129. El otorgamiento de asignaciones, autorizaciones, concesiones o permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas en actividades económicas susceptibles de contaminar dicho recurso, estará condicionado al tratamiento previo necesario de las aguas residuales que se produzcan.

Artículo 130. La Secretaría resolverá sobre las solicitudes de autorización para descargar aguas residuales, sustancias o cualquier otro tipo de residuos en aguas marinas, fijando en cada caso las normas técnicas, ecológicas, condiciones y tratamiento de las aguas y residuos, de acuerdo al reglamento correspondiente. Cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles o de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Marina para la expedición de las autorizaciones correspondientes.

Artículo 131. Para la protección del medio marino, el Ejecutivo Federal emitirá los criterios para la explotación, conservación y administración de los recursos naturales, vivos y abióticos, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, así como los que deberán observarse para la realización de actividades de exploración y explotación en la zona económica exclusiva.

Artículo 132. La Secretaría se coordinará con las secretarías de Marina, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Pesca, a efecto de que dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan para prevenir, controlar, vigilar y abatir la contaminación del medio marino, y preservar y restaurar el equilibrio de sus ecosistemas, con arreglo a lo que se establece en la presente ley, la Ley Federal del Mar, los demás ordenamientos aplicables y las normas vigentes del derecho internacional.

Artículo 133. La Secretaría y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con la participación que en su caso corresponda a la Secretaría de Salud conforme a otros ordenamientos legales, realizarán un sistemático y permanente monitoreo de la calidad de las aguas, para detectar la presencia de contaminantes o exceso de desechos orgánicos y aplicar las medidas que procedan, o en su caso promover su ejecución. En los casos de aguas de jurisdicción local, se coordinarán con las autoridades de los estados y municipios.

CAPITULO III
Prevención y Control de la Contaminación del Suelo

Artículo 134. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:

Artículo 135. Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo, se considerarán en los siguientes casos:

Artículo 136. Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:

Artículo 137. Queda sujeto a la autorización de los gobiernos de los estados o en su caso de los municipios, con arreglo a las normas técnicas ecológicas que para tal efecto expida la Secretaría, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento reúso tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales. Los materiales y residuos peligrosos, se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo V de este mismo Título.

Artículo 138. La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y asesoría con los gobiernos estatales y municipales, para:

Artículo 139. Toda descarga, depósito o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en los suelos, se sujetará a lo que dispongan esta ley, sus disposiciones reglamentarias y las normas técnicas ecológicas que para tal efecto se expidan.

Artículo 140. Los procesos industriales que generen residuos de lenta degradación, se llevarán a cabo con arreglo a lo que disponga el reglamento correspondiente.

Artículo 141. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá mediante estímulos fiscales, la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permiten reducir la generación de residuos sólidos.

Artículo 142. En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier tratamiento para su destrucción o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Las autorizaciones para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra nación, sólo podrán otorgarse cuando exista previo consentimiento de ésta.

Artículo 143. Los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, quedarán sujetos a las normas oficiales mexicanas y a las normas técnicas que expidan en forma coordinada la Secretaría y las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Salud y de Comercio y Fomento Industrial, para evitar que se causen desequilibrios ecológicos.

El reglamento de esta ley establecerá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación deba observarse en actividades relacionadas con dichas sustancias o productos, incluyendo la disposición final de sus residuos, empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.

Artículo 144. Atendiendo a lo dispuesto por la presente ley, la de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la Secretaría coordinadamente con las secretarías de Salud, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Comercio y Fomento Industrial, participará en el examen de las tarifas arancelarias relativas a importación o exportación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.

La Secretaría promoverá ante las autoridades competentes, el establecimiento de requisitos especiales para la fabricación en el país de dichas sustancias y productos, cuando su uso pueda causar desequilibrios ecológicos.

CAPITULO IV
Actividades Consideradas como Riesgosas

Artículo 145. La Secretaría promoverá que en la determinación de los usos del suelo, se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados riesgosos, por la gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o en el ambiente, tomándose en consideración:

Artículo 146. La Secretaría, previa la opinión de las secretarias de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y con la participación de la Secretaría de Gobernación, determinará y publicará en el Diario Oficial de la Federación los listados de las actividades que deban considerarse riesgosas, para efecto de lo establecido en la presente ley.

Artículo 147. La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios clasificados como riesgosas, se sujetarán a las normas técnicas ecológicas de seguridad y operación expedidas por las Secretaría, previa opinión de las secretarías de Salud, de Comercio y Fomento Industrial, y del Trabajo y Previsión Social y las demás dependencias competentes. En los respectivos establecimientos se deberán incorporar los equipos e instalaciones que corresponda con arreglo a dichas normas, y deberá contarse con personal debidamente capacitado para su aplicación.

Quienes realicen actividades riesgosas, elaborarán, actualizarán y someterán a la aprobación de la Secretaría, programas de contingencia para hacer frente a cualquier posible accidente y evitar daños al equilibrio ecológico. Cuando dichas actividades se realicen o vayan a realizarse en el Distrito Federal, el Departamento del Distrito Federal participará en el análisis, y en su caso, aprobación de los programas de contingencia correspondientes.

Artículo 148. Las entidades federativas y los municipios, regularán la realización de actividades que no sean consideradas como riesgosas, cuando éstas afecten al equilibrio de los ecosistemas o al ambiente de la entidad federativa en general, o del municipio correspondiente.

Artículo 149. La regulación a que se refiere el artículo anterior, corresponderá a los municipios, cuando los residuos que no sean considerados como peligrosos sean vertidos al alcantarillado o integrados a la basura o cuando provengan de los servicios públicos, cuya regulación o manejo corresponda a los propios municipios o se relacionen con dichos servicios.

CAPITULO V
Materiales y Residuos Peligrosos

Artículo 150. La Secretaría, previa la opinión de las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Gobernación, de determinará y publicará en el Diario Oficial de la Federación los listados de materiales y residuos peligrosos, para efecto de lo establecido en la presente ley.

Artículo 151. la instalación y operación de sistemas para la recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos, requerirá de la autorización previa de la Secretaría.

Artículo 152. Los materiales y residuos que se definan como peligrosos para el equilibrio ecológico, deberán ser manejados con arreglo a las normas técnicas ecológicas y procedimientos que establezca la Secretaría, con la participación de las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Artículo 153. La importación o Exportación de materiales o residuos peligrosos, se sujetará a las restricciones que establezca el Ejecutivo Federal; en todo caso, deberán observarse las siguientes disposiciones:

CAPITULO VI
Energía Nuclear

Artículo 154. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con la participación que en su caso corresponda a la Secretaría de Salud, cuidarán que la exploración, explotación y beneficio de materiales radiactivos, el aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos de la energía nuclear, la industria nuclear y en general las actividades relacionadas con la misma, se lleven a cabo en apego a normas de seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares o radiactivas, de manera que se eviten riesgos a la salud humana y se asegure la preservación del equilibrio ecológico, correspondiendo a la Secretaría realizar la evaluación de impacto ambiental.

CAPITULO VII
Ruido, Vibraciones, Energía Térmica, Lumínica y Olores

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores en cuanto rebasen los límites máximos contenidos en las normas técnicas ecológicas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes, deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes.

Artículo 156. Las normas técnicas ecológicas en materias objeto del presente capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica lumínica y olores y fijarán los límites de emisión.

La Secretaría de Salud realizará los análisis, estudios, investigaciones y vigilancia necesarias, con el objeto de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, magnitud y frecuencia de las emisiones para determinar cuándo se producen daños a la salud.

La Secretaría, en coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, integrará la información relacionada con este tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma.

CAPITULO ÚNICO

Artículo 157. El Gobierno Federal promoverá la participación y responsabilidad de la sociedad, en la formulación de la política ecológica, la aplicación de sus instrumentos en acciones de información y vigilancia, y en general, en las acciones ecológicas que emprenda.

Artículo 158. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría:

Artículo 159. La Secretaría propondrá a la Comisión Nacional de Ecología, la participación de representantes de los principales sectores de la sociedad, así como de organizaciones, instituciones y particulares con quienes hubiere celebrado convenios de concertación, en los términos de esta ley.

CAPITULO I
Observancia de la ley

Artículo 160. Las disposiciones de este Título se aplicarán en la realización de actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y de comisión de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta ley, salvo que otras leyes regulen en forma específica dichas cuestiones, en relación con las materias de que trata este propio ordenamiento.

Cuando se trate de asuntos de competencia local, los gobiernos de los estados o los ayuntamientos aplicarán lo dispuesto en el presente Título, en las leyes que expidan las legislaturas locales, o en su caso, en los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que expidan los ayuntamientos.

CAPITULO II
Inspección y Vigilancia

Artículo 161. Las entidades federativas y los municipios, podrán realizar actos de inspección y vigilancia, para la verificación del cumplimiento de esta ley en asuntos del orden federal. Para tal fin, la Federación y las entidades federativas y con la intervención de éstas, los municipios celebrarán los acuerdos de coordinación pertinentes.

Artículo 162. Las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento.

Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá estar previsto del documento oficial que lo acredite como tal, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta.

Artículo 163. El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.

En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de al inspección.

Artículo 164. En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia.

Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para manifestar lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en el acta.

A continuación, se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado.

Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

Artículo 165. La persona con quien se entienda la diligencia, estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a la ley. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva si así lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial.

Artículo 166. La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la vista de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación, fundando y motivando el requerimiento, y para que dentro del término de diez días hábiles a partir de que surta efectos dicha notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con el acta de inspección, y ofrezca pruebas en relación con los hechos u omisiones que en la misma se asienten.

Artículo 168. Una vez oído al presunto infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que ofreciere, o en caso de que el interesado no haya hecho uso del derecho que le concede el artículo anterior dentro del plazo mencionado, se procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda, dentro de los treinta días hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado.

Artículo 169. En la resolución administrativa correspondiente, se señalarán o, en su caso, adicionarán, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables.

Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas. éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento respectivo.

Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la autoridad competente podrá imponer la sanción o sanciones que procedan conforme al artículo 171 de esta ley.

En los casos en que proceda, la autoridad federal hará del conocimiento del Ministerio Público la realización de actos u omisiones constatados que pudieran configurar uno o más delitos.

CAPITULO III
Medidas de Seguridad

Artículo 170. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes, o la salud pública, la Secretaría promoverá la ejecución ante la autoridad competente, en los términos de las leyes relativas, de alguna o algunas de las medidas de seguridad que en dichos ordenamientos se establecen.

CAPITULO IV
Sanciones Administrativas

Artículo 171. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Secretaría en asuntos de competencia de la Federación, no reservados expresamente a otra dependencia y, en los demás casos, por las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus competencias, y conforme a las disposiciones locales que se expidan, con una o más de las siguientes sanciones:

Artículo 172. Cuando la gravedad de la infracción amerite, la autoridad solicitará a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción.

Artículo 173. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta ley, se tomará en cuenta:

Artículo 174. Cuando proceda como sanción la clausura temporal o definitiva, total o parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, siguiendo para ello los lineamientos generales establecidos para las inspecciones.

Artículo 175. La Secretaría podrá promover ante las autoridades federales o locales competentes, con base en los estudios que haga para ese efecto, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente o causar desequilibrio ecológico.

CAPITULO V
Recurso de Inconformidad

Artículo 176. Los actos y las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de esta ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser recurridos por los interesados en el término de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Artículo 177. El recurso de inconformidad se interpondrá por escrito ante el titular de la unidad administrativa que hubiere dictado la resolución recurrida, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, en cuyo caso se tendrá como fecha de presentación la del día en que el escrito correspondiente se haya depositado en el servicio postal mexicano.

Artículo 178. En el escrito en el que se interponga el recurso se señalará:

Artículo 179. Al recibir el recurso, la autoridad del conocimiento verificará si éste fue interpuesto en tiempo, admitiéndolo a trámite o rechazándolo.

Para el caso de que lo admita, decretará la suspensión, si fuese procedente, y desahogará las pruebas que procedan en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir de la notificación del proveído de admisión.

Artículo 180. La ejecución de la resolución impugnada se podrá suspender cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Artículo 181. Transcurrido el término para el desahogo de las pruebas, si las hubiere, se dictará resolución en la que se confirme, modifique o revoque la resolución recurrida o el acto combatido. Dicha resolución se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado.

CAPITULO VI
De los Delitos del Orden Federal

Artículo 182. Para proceder penalmente por los delitos previstos en este capítulo, será necesario que previamente la Secretaría formule la denuncia correspondiente, salvo que se trate de casos de flagrante delito.

Artículo 183. Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que, sin contar con las autorizaciones respectivas o violando las normas de seguridad y operación aplicables a que se refiere el artículo 147 de esta ley, realice, autorice u ordene la realización de actividades que conforme a este mismo ordenamiento se consideren como riesgosas, que ocasionen graves daños a la saluda pública, la flora o la fauna o los ecosistemas.

Cuando las actividades consideradas como riesgosas, a que se refiere el párrafo anterior, se lleven a cabo en un centro de población, se podrá elevar la pena hasta tres años más de prisión y la multa hasta 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 184. Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y multa por el equivalente de 1 mil a 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que sin autorización de la Secretaría o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, fabrique, elabore, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, use, reúse, recicle, recolecte, trate, deseche, descargue, disponga o en general realice actos con materiales o residuos peligrosos que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, a los ecosistemas o sus elementos.

Igual pena se impondrá a quien contraviniendo los términos de la autorización que para el efecto hubiere otorgado la Secretaria, importe o exporte materiales o residuos peligrosos.

En los casos en que las conductas ilícitas a que se refiere el presente artículo, se relacionen con las sustancias tóxicas o peligrosas a que alude el artículo 456 de la Ley General de Salud, con inminente riesgo a la salud de las personas, se estará a lo dispuesto en dicha ley.

Artículo 185. Se impondrá pena de un mes a cinco años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que con violación a lo establecido en las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas aplicables, despida, descargue en la atmósfera, o lo autorice o lo ordene, gases, humos y polvos que ocasionen o puedan ocasionar daños graves a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas.

Artículo 186. Se impondrá pena de tres meses a cinco años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que sin autorización de la autoridad competente y en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas aplicables, descargue, deposite o infiltre o lo autorice u ordene, aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción federal que ocasionen a graves daños a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas.

Cuando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a centros de población, la pena se podrá elevar hasta tres años más.

Artículo 187. Se impondrá pena de un mes a cinco años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien en contravención a las disposiciones legales aplicables y rebasando los límites fijados en las normas técnicas, genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, en zonas de jurisdicción federal, que ocasionen graves daños a la salud pública, la flora o la fauna o los ecosistemas.

Artículo 188. El Congreso de la Unión, en tratándose del Distrito Federal, y las legislaturas de los estados, en lo relativo a su jurisdicción, expedirán las leyes que establezcan las sanciones penales y administrativas por violaciones a esta ley, en las materias del orden local que regula. Las disposiciones locales que se expidan de acuerdo con la distribución de competencias previstas en este mismo ordenamiento, señalarán las sanciones por violaciones a las mismas. Los ayuntamientos regularán las sanciones administrativas por violaciones a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno, que a su vez expidan en la esfera de su respectiva competencia.

CAPITULO VII
Denuncia Popular

Artículo 189. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, o ante otras autoridades federales o locales según su competencia, todo hecho, acto u omisión de competencia de la federación, que produzca desequilibrio ecológico o daños al ambiente, contraviniendo las disposiciones de la presente ley de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Si en la localidad no existiere representación de la Secretaría, la denuncia se podrá formular ante la autoridad municipal o, a elección del denunciante, ante las oficinas más próximas de dicha representación.

Si la denuncia fuera presentada ante la autoridad municipal y resulta del orden federal, deberá ser remitida para su atención y trámite a la Secretaría.

Artículo 190. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando para darle curso, el señalamiento de los datos necesarios que permitan localizar la fuente, así como el nombre y domicilio del denunciante.

Artículo 191. La Secretaría, una vez recibida la denuncia, procederá por los medios que resulten conducentes, a identificar el denunciante y, en su caso, hará saber la denuncia a la persona o personas a quienes se imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida.

Artículo 192. La Secretaría efectuará las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, así como para la evaluación correspondiente.

Si los hechos fueren de competencia local, hará llegar la denuncia ante la autoridad competente y promoverá ante la misma la ejecución de las medidas que resulten procedentes.

Artículo 193. La Secretaría, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de una denuncia, hará del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado aquélla y, dentro de los treinta días hábiles siguientes, el resultado de la verificación de los hechos y medidas impuestas.

Artículo 194. Cuando por la infracción a las disposiciones de esta ley se hubieren ocasionado daños o perjuicios, el o los interesados podrán solicitar a la Secretaría, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá el valor de prueba pericial, en caso de ser presentado en juicio.

Primero. Esta ley, entrará en vigor el día primero de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.

Segundo. Se abroga la Ley Federal de Protección al Ambiente, de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de mil novecientos ochenta y dos.

Hasta en tanto las legislaturas locales dicten las leyes, y los ayuntamientos las ordenanzas, reglamentos y bandos de policía y buen gobierno, para regular las materias que según las disposiciones de este ordenamiento son de competencia de estados y municipios, corresponderá a la Federación aplicar esta ley en el ámbito local, coordinándose para ello con las autoridades estatales y, con su participación, con los municipios que corresponda, según el caso.

Tercero. Mientras se expiden las disposiciones reglamentarias de esta ley, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora, en lo que no la contravengan. Las referencias legales o reglamentarias a la Ley Federal de Protección al Ambiente, se entienden hechas en lo aplicable, a la presente ley

Cuarto. Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta Ley, que se hubieren iniciado bajo la vigencia de la Ley Federal de Protección al Ambiente, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones de dicha ley que se abroga.

Reitero a ustedes CC. secretarios, mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 3 de diciembre de 1987.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado.»