Que reforma el artículo 5o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Pablo Álvarez Padilla, del grupo parlamentario del PAN
«Existe en nuestro país una grave lacra social, bajo pretexto de afiliación a un partido político o central gremial, se reduce la voluntad de las personas aprovechando en forma criminal la necesidad que estos tienen de conseguir el sustento para su hogar y se les coacciona moralmente a renunciar a su libertad obligándolos a pertenecer al partido oficial, bajo pena de represalias en caso de negarse, represalias que van desde la pérdida del empleo, amenazas personales y a la familia, molestias hasta agresiones físicas a veces mortales, situaciones que casi nunca trascienden al conocimiento público ya que se trata de verdaderas y criminales mafias que tienen absoluto control sobre dichos actos.
Parece poco creíble que en plenos albores del siglo XXI ocurran abusos de tal naturaleza, solamente explicables por la falta de ética con que se conducen el gobierno y su apéndice partidista.
La razón de todo ser pensante, capaz de deducir de su esencia y de su existencia un mínimo de normas fundamentales de convivencias, se revela contra dichos atracos perpetrados con la persona humana.
El gobierno, órgano ejecutivo y elemento importante del Estado, ha instaurado un régimen pragmático, al margen de ideologías, tal parece que su única teleología es y significa el aberrante principio, "de conservar el poder", conservándolo a como dé lugar y sin importar la licitud de los medios. Se ha olvidado que la meta fundamental del Estado es el establecimiento de un orden jurídico justo, dando al derecho positivo sentido y creando y conservando la seguridad y eficacia que le son necesarios para poder regir imperativamente la convivencia humana.
Aun cuando pudiera parecer paradójico, es este gobierno, el que haciendo un acto reflexivo de autocrítica debe a corto plazo promover leyes, modificarlas, adecuarlas, a efecto de corregir el grave cáncer político ya descrito.
Es a través de una reforma constitucional en primera instancia y las correspondientes reformas a las constituciones de los estados, como el gobierno puede buscar una verdadera y benéfica solución que permita lograr el establecimiento del respeto a la eminente dignidad de la persona humana.
Construyamos nuestra patria sobre bases firmes, sobre atributos de verdad, honestidad, trabajo y recíproco respeto, México necesita, está urgido de la labor de mexicanos conscientes, de ciudadanos ejemplares que estén dispuestos a esforzarse a transformar esta sufrida patria, nuestra, postrada, a elevarla y restablecer en ella las condiciones necesarias para lograr el bien común, ese que a algunos no gusta y del que hermosamente se expresara Morelos, llamándolo bien general en sus "Sentimientos de la Nación".
Es además, con sinceridad y con ilusión de una mañana mejor para nuestra patria y sus moradores, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, que proponemos ante esta soberanía la presente
Iniciativa de ley que complementa lo dispuesto por el artículo 5o. de la Constitución Federal para quedar como sigue:
Artículo 5o. "... el Estado no debe permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida del irrevocable sacrificio de la libertad de la persona, ya sea por causa de trabajo, de educación, de afiliación a partidos políticos, de voto religioso u otras.
Sin que en ningún caso pueda hacer coacción sobre su persona.
Los gobiernos de los estado propondrán leyes y reglamentos tendientes a dar plena efectividad a estas disposiciones, y vigilarán celosamente su exacto cumplimiento..."
Palacio Legislativo, 31 de octubre de 1985.
Diputados: Pablo Alvarez Padilla, Xavier Abreu Sierra, Carlos Arturo Acosta González, Juan Alcocer Bernal, Gonzalo Altamirano Dimas, Víctor Guillermo Alvarez Herrea, Consuelo Botello de Flores, Manuel M Bribiesca Castrejón, Alejandro Cañedo Benítez, Juan de Dios Castro Lozano, José Angel Conchello Pávila, Jaime Delgado Herrera, Franz Ignacio Espejel Muñoz, Cristóbal Figueroa Nicola, Edeberto Galindo Martínez, Jesús Galván Muñoz, Ricardo García Cervantes, Jesús González Schmal, Ma. del Carmen Jiménez de Avila, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Salvador Landa Hernández, Federico Ling Altamirano, Ubaldo Mendoza Ortiz, Sergio Teodoro Meza López, María Esperanza Morelos Borja, Amado Olvera Castillo, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Javier Paz Zarza, Héctor Pérez Plazola, Humberto Ramírez Rebolledo, Humberto Rice García, Oscar Luis Rivas Muñoz, Cecilia Romero Castillo, Alfonso Joel Rosas Torres, Rubén Rubiano Reyna, María Esther Silva Alvarez, Germán Tena Orozco, Héctor Terán Terán, Eduardo Turati Alvarez, Pablo Ventura López, Héctor Mejía Gutiérrez.»
Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.