Con proyecto de decreto por el que se ordena se practiquen auditorias a los capitalistas privados que defraudan al fisco y saquean la economía nacional, presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del PPS

«Iniciativa de decreto por el que se ordena se practiquen auditorías a los capitalistas privados que defraudan al fisco y saquean la economía nacional.

Uno de los grandes problemas que han agobiado a la Nación Mexicana ha sido el de la anemia financiera.

La carencia de capitales de inversión, resultado del sistemático e incisivo saqueo de recursos al que históricamente se nos ha sujetado, ha impedido un desarrollo adecuado de nuestras fuerzas productivas.

De igual manera que ha ocurrido con todos los demás países dependientes y semidependientes del mundo, hemos visto cómo se ha ahondado cada vez más el abismo que separa nuestro exiguo desarrollo económico del de los países imperialistas y de los que desenvuelven su economía con independencia y con organización social más avanzada.

Nuestros esfuerzos por impulsar nuestra economía han tropezado una y otra vez con las barretas que nos han impuesto nuestros explotadores y que a veces nos dan la impresión de ser infranqueables.

Recurrir a las inversiones extranjeras directas, con la pretensión de que por esa vía podríamos suplir nuestra carencia de recursos propios, nos ha enseñado a través de la historia que es un cambio de la economía y, a la vez una creciente dependencia tecnológica por lo que, finalmente, conduce a la Nación a una creciente dependencia general y al pueblo a una mayor miseria.

La vía del endeudamiento externo ha resultado igualmente negativa. Más de trece millones de compatriotas, tomando como base estimativa el salario mínimo en vigor, se daría que trabajan gratuitamente, sólo para generar los casi 14 mil millones de dólares anuales que se nos sustraen por conceptos de pago de intereses de la deuda.

Hace tiempo que las fuerzas del campo democrático, patriótico y antiimperialista han venido expresando la concepción de que el financiamiento del desarrollo económico debe sustentarse en lo fundamental en recursos propios, si queremos conservar, consolidar y profundizar nuestra calidad de Nación independiente y soberana.

Sin embargo, a pesar de los tenaces esfuerzos de las fuerzas positivas, en lo reciente en este campo no se han logrado avances. Han predominado los intereses del imperialismo y la gran burguesía reaccionaria y contrarrevolucionaria por lo que la tendencia, en los últimos quince años, ha sido la de reducirse la parte del financiamiento que se origina en recursos propios, en tanto ha crecido la parte que proviene del exterior. Y todavía más, la parte de financiamiento que tiene como origen la carga fiscal sobre productos del capital a su vez se ha reducido, en tanto ha crecido la carga que descansa sobre los hombros de los trabajadores, ya sea por concepto de impuesto directo al salario, como también por vía del impuesto directo que grava el consumo.

Varias veces, en los últimos años, las autoridades hacendarías han promovido lo que han llamado "adecuaciones fiscales", orientadas por un criterio privatista. Así, los impuestos sobre el producto del capital han sido aligerados una y otra vez, al mismo tiempo que se han puesto en operaciones constantes transferencias de recursos del Estado hacia los grandes capitalistas por vía de excenciones y estímulos diversos.

Las autoridades hacendarias declaran que las mueve el propósito de salvaguardar la planta productiva, de inducir, por la vía de elevar la rentabilidad, el que se realicen grandes inversiones en las ramas productivas que convienen al país. Lo cierto es que esas inversiones no se producen sino que, en vez de eso, los grandes capitalistas privados utilizan los recursos que se han apropiado-además de los que les transfiere el Estado-en maniobra puramente especulativa, sobre todo, en los últimos tiempos, en la especulación con divisas, creando así un enorme flujo de capitales en fuga permanente hacia el exterior.

Así, la situación financiera del país empeora cada vez más. Los recursos propios se estrechan y se acude en mayor demanda al exterior, de inversiones de tipo directo e indirecto, lo que nos descapitaliza, al mismo tiempo que también lo hacen los capitalistas privados "mexicanos"

Pero la insuficiente captación fiscal tiene otra causa, además, que es de muy elevadas proporciones: la evasión fiscal.

Es sabio que opera como una regla general, tal vez con muy escasas y honrosas excepciones, el hecho de que los grandes empresarios manejen el registro contable de sus operaciones en dos o más versiones; una, estrictamente confidencial para su uso directo, y otra u otras, parcial o totalmente fiscalizadas, para efectos fiscales y laborales.

Es conocida la habilidad que han desarrollado sus contadores y asesores fiscales para evadir sus responsabilidades en materia tributaria, habilidad que se apoya también en la capacidad de ambos, patrones y asesores, para inducir acciones de corrupción en lo concreto, las que, por cierto, de manera permanente condenan en lo abstracto, a la vez que cumplan, de manera unilateral y generalizada, a todos los funcionarios públicos, acusándolos de practicarla.

Existen diversos métodos para calcular el monto de la evasión fiscal global, por armas de la producción y aún de manera individualizada, aunque estas son veladas de múltiples maneras.

Un estudio de carácter estadístico comparativo entre el Producto Interno Bruto y la suma de la recaudación fiscal, realizado recientemente por el Partido Popular Socialista, llega a la conclusión de que el monto de la evasión fiscal ha crecido de manera espectacular en los últimos 10 años, pasando, por lo que se refiere solamente al renglón del Impuesto Sobre la Renta, de aproximadamente 24 mil 565 millones de pesos, en 1975, a 516 mil 748 millones en 1984.

La suma estimada de la evasión fiscal durante este lapso de 10 años, según este mismo estudio, asciende, solamente por lo que hace al Impuesto Sobre la Renta, a la cantidad de 1 billón 353 millones de pesos. Si se añaden las cifras de evasión correspondientes a otros rubros, la suma se multiplica varias veces.

Es indudable, por otra parte, que exista una íntima relación entre dos conceptos que reflejan a la vez la ilimitada avaricia de la gran burguesía y su total carencia de escrúpulos de orden ético o patriótico: la evasión fiscal y la fuga de divisas; es claro que una alimente a la otra. Según el estudio del Partido Popular Socialista la cifra de lo saqueado del país hacia el exterior por parte de capitalistas privados, para ser depositado en la banca extranjera o invertido en la adquisición de bienes inmuebles a 42 mil millones de dólares sólo en los últimos cinco años, o sea, tanto como el 43.75% del total de la deuda externa de nuestro país a esta fecha.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene entre sus atribuciones la de vigilar que los particulares cumplan adecuadamente con sus obligaciones de carácter fiscal y está facultada para realizar auditorías de manera discrecional a los causantes. Si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estuviera cumpliendo con su deber, en esta materia, es evidente que el problema financiero de México tendría características en mucho diferentes de las dramáticas que ahora posee. Es claro que el volumen de la deuda externa sería de menor magnitud y que los recursos de origen interno, captados por el Estado, podrían haber generado inversiones productivas en manos del Estado mismo, impulsando el desarrollo de las fuerzas productivas con independencia generando empleos e impulsando el desenvolvimiento de un mercado; es claro que la carga por concepto de intereses que nos exige como tributo internacional sería mucho menos; es claro que el proceso redistributivo de la renta nacional que ha operado en favor de la gran burguesía empobreciendo cada vez más a los trabajadores del campo y la ciudad, no hubiera alcanzado las proporciones sumamente graves que ahora tiene.

Es claro que estos renglones, evasión fiscal y fuga de divisas, están causando un gravísimo daño en materia económica a la Nación.

El artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declara que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, fracción IV, "Examinar, discutir y aprobar anualmente al Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlos...", y el artículo 73, fracción VII, señala que es facultad del Congreso la de imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. Sin embargo, la negligencia a incapacidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para vigilar y exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales que decreta el Congreso resta efectividad a esa importante facultad del Poder Legislativo al efectuar en muchas ocasiones de manera sustancial el monto de lo recaudado y, por ende, el sentido esencial, de fondo, de la voluntad expresada por el H. Congreso de la Unión en su momento.

Por otra parte, la fracción XXX del propio artículo 73 faculta al Congreso "para expedir todas las leyes que sean necesarias, a efecto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión.

Por lo expuesto, y en ejercicio de las facultades que nos concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista ponemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Artículo primero. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejercerá una estricta vigilancia sobre los particulares, causantes del Impuesto sobre la Renta y de otras contribuciones, a efecto de exigir y garantizar el exacto cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo en el caso de los causantes mayores.

Artículo segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará auditorías periódicas, por lo menos semestrales, en los domicilios de las empresas y oficinas, y en los domicilios particulares de los grandes capitalistas.

Artículo tercero. El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rendirá un informe semestral detallado al H. Congreso de la Unión, acerca de la recaudación fiscal, de las acciones realizadas para exigir su cumplimiento y de los resultados de las auditorías llevadas a cabo.

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 31 de octubre de 1985.

La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputados: Indalecio Sáyago Herrera, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Hildebrando Gaytán Márquez, Víctor Manuel Jiménez Osuna, Manuel Fernández Flores, Francisco Hernández Juárez, Héctor Morquecho Rivera, Vicente Calvo Vázquez, Gabriela Guerrero Oliveros, Martín Tavira Urióstegui y Ander Pérez de la Cruz.

Se acompaña a esta iniciativa de decreto una relación específica de personas físicas de las que existe pública evidencia de que realizan acciones de defraudación fiscal, a modo de denuncia pública, a efecto de que la Cámara de Diputados se dirija el Ejecutivo Federal en demanda de que sean los primeros auditados por el personal especializado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

Manuel J. Clouthier, Alfonso Bustamante, Arcadio Valenzuela, José Luis Coindreau, Miguel Mancera Aguayo, Jacobo Zaidenweber, Emilio Goicochea Luna, Alfredo Sandoval, Jacobo Zabludovsky, Gabriel Alarcón, Manuel Espinoza Iglesias, Rómulo O'farril, Jr., José Basagoiti, Alberto Baillieres, Bernardo Garza Sada, Eloy S. Vallina, Miguel Marcelo Sada, Fernando Canales Clariond, Miguel Alemán Velasco, Norberto Corella, Nicolás Madahuar Cámara, Eugenio Elorduy, Emilio Azcárraga Milmo.»