Con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1986, presentada por el Ejecutivo federal

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.

CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

En cumplimiento en lo que establece la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, me permito someter a su consideración, examen y en su caso aprobación de la exposición de motivos e iniciativa de decreto del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1986.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México D.F. a 15 de Noviembre de 1985.- El secretario Lic. Manuel Bartlett Díaz.»

CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados.- Presentes.

En ejercicio de la facultad que concede al Ejecutivo Federal el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 73, fracción VII y en cumplimiento del artículo 74 fracción IV del mismo ordenamiento, así como el del artículo 7o. de la Ley de Planeación, por su digno conducto, someto a la consideración de esa honorable Cámara de Diputados la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente el ejercicio de 1986.

Las políticas hacendaria y financieras para el año entrante, han sido diseñadas con base a los lineamientos establecidos por el Plan Nacional de Financiamiento del Desarrollo, así como en los criterios generales de política económica para 1986, documento que, por separado, acompaña a la presente iniciativa. En este último, se precisan las acciones necesarias para continuar en la tarea de reordenar la economía, en conjunción con las medidas que buscan promover el cambio estructural. De igual forma se analizan los resultados obtenidos durante 1985, con el propósito de precisar los avances lo grados, así como detectar, reconocer y corregir las desviaciones y problemas que han surgido.

Hace tres años la actual administración enfrentó el desafío de retomar un rumbo que garantizará el desarrollo sostenido en largo plazo. Desde entonces ha habido logros importantes, así como estancamientos y retrocesos. Por ello, es necesario ponderar con equidad los resultados, para ubicar las decisiones políticas y las acciones a realizar.

La crisis que hoy vivimos no surgió por generación espontánea, ni en forma súbita. Se forjó a lo largo de los últimos lustros, como resultado de una evolución donde se rebasaron etapas de crecimiento y conjugaron factores internos y externos desfavorables.

Ante esto, a partir de una concepción integral, la actual administración presentó un programa de Gobierno para enfrentar las condiciones críticas de la economía y del ambiente social que imperaba en 1982. Así, se inició una tarea de reordenación y cambio, con plena conciencia del gran esfuerzo que se requería y de la magnitud de los problemas.

México ha desarrollado su estrategia en un clima de paz y estabilidad política y social, no obstante las condiciones adversas. Al tiempo que se enfrentan constantes obstáculos de origen externo, han surgido nuevas dificultades internas y se han hecho evidentes los grandes desequilibrios estructurales de nuestra sociedad.

Con esa perspectiva conviene realizar la evaluación sobre el camino recorrido en materia económica. hay que examinar, de manera serena y objetiva, las circunstancias actuales, considerar la situación internacional, analizar las acciones que se han realizado y los resultados observados, a fin de definir los cambios que se habrán de imprimir en materia hacendaria y financiera.

Los alcaldes del proceso de ajuste muestran que, hasta mediados de 1984, las tendencias negativas se habían logrado revertir y la mayoría de las variables evolucionaban en la dirección correcta.

Entre la situación económica que prevalecía en 1982 y la de ahora, existe una diferencia significativa. La infracción se ha abatido de niveles que llegaron a tasas anualizadas de 120%, a alrededor del 60%. Se recuperó la capacidad de crecimiento de la economía, lo que permitió, entre otras cosas,, disminuir el índice de desocupación abierta que hace tres años presentaba tendencias ascendentes; continuó el saneamiento de las finanzas públicas, habiéndose reducido a casi la mitad del nivel del déficit en relación al producto interno bruto; mejoró el sector externo y se restableció el prestigio crediticio del país; la deuda pública externa disminuyó en términos reales y se reestructuró a plazos más largos y se reconstituyeron las reservas de divisas.

Sin embargo, algunos cambios fueron más acelerados de lo previsto, se presentaron desigualdades de los logros e incumplimiento de algunas metas y el costo social ha sido elevado. De hecho, lo alcanzado en 1983 y 1984 generó también, a la postre, algunas manifestaciones negativas para el año en curso, derivadas de los ajustes y nuevos problemas internos y externos, que impactaron severamente a una economía en recuperación. En efecto, la mayor dinámica de la economía al cierre de 1984 trajo secuela, de manera paradójica, gran parte de los problemas 1985. El gasto global, público y privado, se expandió en forma rápida, resultando benéfico para el empleo, pero también provocó fuertes presiones sobre los precios, la balanza de pagos y el mercado cambiario. A su vez, los elevados niveles de inversión y consumo de bienes durables, aumentaron la demanda de crédito bancario en forma extraordinaria.

De esa manera, al inicio de 1985 la inflación resultó mayor a lo programado, derivado de ese mayor gasto, del repunte de la actividad económica en el segundo semestres de 1984, de la elevación de algunas tarifas públicas y precios privados, así como el déficit público y de su impacto en los costos financieros. No fue sino hasta febrero del presente año cuando se confirmó plenamente este acelerado crecimiento de la economía, lo que implicó diferencias con los supuestos utilizados, al cierre de 1984, en la elaboración de los programas para 1985; en consecuencia, la aplicación de las políticas se enfrentó a un escenario distinto. Este desfase, entre la oportunidad del diagnóstico y el uso de los instrumentos, trajo problemas adicionales en una economía compleja y convaleciente. Baste señalar que, para el mes de enero, el alza de precios llegó al 7%, abatiendo las expectativas de alcanzar la meta anual desde el principio.

Con el alza de precios y costos, las modificaciones del desliz cambiario y ante la insuficiencia de los cambios estructurales, el gasto público se incrementó fuertemente. En efecto, los elevados niveles de inflación, aunados a mayores necesidades de financiamiento, influyeron en las tasas de interés y, por ende, en los costos financieros de la deuda pública interna. Simultáneamente, los ingresos se vieron afectados al descender el precio y la demanda de los hidrocarburos. Estos va a provocar un déficit superior a lo estimado para 1985, como resultado de mayores gastos y menores ingresos en términos reales.

La evolución del sistema financiero se caracterizó por una gran demanda de recursos y una insuficiente generación de los mismos. Así, los flujos de crédito del sector privado resultaron considerablemente altos en la primera parte de este año, para contraerse posteriormente con la colocación de los bonos de regulación monetaria y la absorción de los aumentos en la captación bancaria. Estas medidas restrictivas buscaron reducir la corriente crediticia, pero al mismo tiempo adecuar la derrama de recursos hacia las actividades prioritarias y al financiamiento del sector público.

Por su parte, las mayores necesidades de financiamiento de este último hicieron indispensable recurrir a colocaciones adicionales de valores gubernamentales, lo que provocó, junto con la inflación, alzas en los niveles de las tasas de interés. Se ha referido absorber costos y tasas interés más altos, que propiciar una expansión descontrolada de la base monetaria. Los efectos de esto serían desastrosos para los propósitos de combatir la inflación.

El entorno internacional sigue siendo desfavorable. Además del petróleo, han disminuido los precios de las materias primas que exportamos, tales como fibras textiles, gas natural, minerales, productos agropecuarios y pesqueros, entre otros. Las políticas proteccionistas y la recesión de los países industrializados, la poca disponibilidad de financiamiento externo, así como las altas tasas de interés reales que aún prevalecen, completan panorama adverso.

Consecuencia de los anterior, son los resultados en las cuentas del exterior que se deterioraron durante 1985, en relación con la evolución observada en los dos años anteriores. La balanza comercial sufrió una reducción de superávit y la de cuenta corriente alcanzó el equilibrio después de dos años de superávit lo que junto a un deterioro de la cuenta de capital, derivado fundamentalmente de la autorización de deuda externa privada, originó una disminución en el nivel de las reservas internacionales del Banco de México. En tal sentido, el ascenso de las importaciones como reflejo de la reactivación económica; el menor dinamismo de las exportaciones no petroleras; menores gastos de turistas extranjeros en el país; y, el impacto de la reducción de ingresos del petróleo, son algunas de las principales variables que contribuyeron a ese fenómeno.

El otro ámbito en el que los desajustes recientes se expresan con mayor fuerza es el mercado cambiario. Aquí se resumen y reflejan los problemas expertos e internos y lo que sucede en el resto de la economía.

Este mercado todavía se encuentra presionado por la incertidumbre y la especulación que han llevado al tipo de cambio libre a niveles excesivamente altos. En efecto, el mayor ritmo inflacionario, los nubarrones en el mercado petrolero, y otros factores internos y externos, aumentaron la presión sobre dicho tipo de cambio.

Sin embargo, hay que insistir que el 80% de las transacciones en el exterior se rigen por el mercado controlado; sólo la quinta parte se encuentran en el libre, esto es, turismo, transacciones fronterizas, remesas, etcétera. Es en este contexto que se han tomado las acciones indispensables para adecuar la política cambiaría a las condiciones prevalecientes.

Las medidas de ajuste económico adoptadas en febrero, marzo y julio, se encargaron dentro de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el documento correspondiente a los Criterios Generales de Política Económica para 1985. Se mantuvieron la estrategia y los propósitos fundamentales planteados desde el inicio, aun cuando se moduló o aceleró su instrumentación.

En suma, durante 1985 no se ha podido avanzar con la velocidad deseada en el proceso de reordenación económica, ya que algunas de las metas planteadas para este año no podrán cumplirse plenamente. Sin embargo, frente a la agudización de las dificultades, se ha logrado hacer crecer el empleo y mantener la planta productiva, al tiempo que se evitó que lo alcanzado en materia de saneamiento económico durante los dos años anteriores se diluyeran o revierten. Aquí está el verdadero sentido del balance económico de este año. No se ha perdido el rumbo ni el control de la economía. Frente a fenómenos adversos, se han tomado medidas enérgicas que permiten enfrentar la situación y crear las condiciones para continuar hacia adelante. Se está actuando con firmeza y responsabilidad para proteger los avances de la reorientación, evitar una recaída mayor y fortalecer los simientos que permitirán nuevos progresos a futuro.

Aquí cabe agregar que los problemas adicionales que enfrentamos durante 1985, así como los logros que durante este lapso se registran, no son responsabilidad única del Gobierno. En unos y otros han intervenido todos los sectores de la sociedad. Así mismo, es necesario reconocer que las formas estructurales en que estamos empeñados desde 1982 y que pretenden superar rezagos acumulados desde hace décadas, no es fácil que den frutos en el corto plazo. A pesar de los claros esfuerzos y de la voluntad política, hay inercias difíciles de eliminar y mucha resistencia al cambio. Es imperativo insistir en la lucha contra estos fenómenos para alcanzar los objetivos propuestos.

Sobre esa base y considerando la naturaleza estructural de los problemas, que estrechan los márgenes de maniobras de la economía y podrían frenar el desarrollo del país, así como atendiendo los nuevos retos que han surgido a raíz de los sismos recientes, se definió la política económica para 1986.

Por ello, se introducen modificaciones a la estrategia y meta, para adecuarlas a las nuevas condiciones y problemas, tanto el país como del exterior. Sólo así se podrá continuar con los cambios de fondo ya emprendidos, tendientes a consolidar la estabilidad económica y fortalecer la estructura productiva.

En este sentido, la política económica para 1986 tiene como propósito fundamental articular las exigencias de un esfuerzo adicional de reordenación económica, con las orientaciones del proceso de reconstrucción y cambio estructural.

Se evaluaron diversas opciones de política económica, presentadas por los distintos grupos de la sociedad, desde expandir el gasto con poca atención al volumen de ingreso disponible, lo que llevaría a un proceso altamente inflacionario, hasta la de hacer ajustes drásticos en el gasto y elevaciones excesivas en los precios, con graves costos y sacrificios para la mayoría de la población. Escogimos la que se puede ofrecer con responsabilidad y realismo atendiendo los problemas macroeconómicos y las principales demandas de la sociedad.

Para lograr avances significativos en el saneamiento de la finanzas públicas y reducir la inflación, es imperativo entender que no se puede gastar más de lo que se tiene. Por ello, y tomando en cuenta un contexto internacional que seguirá siendo adverso, se ha integrado un esquema de política económica centrado en la disminución del déficit presupuestal, tanto por la vía del gasto como de los ingresos, la regulación monetaria, la mayor apertura comercial, la sincronización de ajustes en precios y tarifas entre si y con otros instrumentos y, en cuanto las condiciones objetivas de la economía lo permitan, el descenso de las tasas de interés y del ritmo de deslizamiento de nuestra moneda.

Es en ese contexto de política económica que cobran sentido los objetivos y cambios que se proponen en esa soberanía en materia de financiamiento del desarrollo.

Las modificaciones a las leyes fiscales persiguen cuatro objetivos centrales: lograr una recaudación adecuada para un financiamiento sano del gasto público, propiciar, en el ámbito de su acción, el cambio estructural de la economía; simplificar y ajustar las disposiciones tributarias para hacer más efectiva la lucha contra la evasión y la elusión; y, finalmente, allegarle al erario recursos adicionales para los trabajos de la reconstrucción.

Ello exigiría un esfuerzo contributivo de toda la sociedad, pero, en especial, de aquellos que cuentan con una mayor capacidad para hacerlo. Esta es una manera esencial de lograr el saneamiento de la finanzas públicas y reducir la inflación, con lo que se disminuirán sus efectos sobre el poder adquisitivo de la población de escasos recursos.

Tradicionalmente se ha considerado al Impuesto sobre la Renta como la columna vertebral del sistema impositivo nacional, por su capacidad recaudatoria y características de equidad y eficiencia. Para avanzar en su perfeccionamiento es necesario estudiar nuevos esquemas para el tratamiento de algunos rubros que conforman la base gravable de las sociedades mercantiles. Esta propuesta, por su importancia, tiene que ser objeto de cuidadosos análisis por parte de los diversos integrantes de la sociedad, antes de presentarla ante esa soberanía, en el próximo período ordinario de sesiones.

Es imperativo establecer esquemas que otorguen un trato más adecuado a ciertos renglones y transformen la carga fiscal de las empresas, con el objeto de hacerla más equitativa, fortalecer la estructura financiera y evitar distorsiones en el sistema tributario. Ligado a lo anterior, y en concordancia con la modificación de la base gravable de las sociedades mercantiles que se enviará al Congreso de la Unión el año entrante, se propone que al cambio en el método de dividendos, del de deducción al de acreditamiento, entre en vigor en 1987, junto con el de la nueva base gravable de las sociedades.

Como lo ha venido haciendo esta Administración en años anteriores, se plantea en esta iniciativa, ajustar la tarifa de personas físicas, a fin de que los aumentos en los salarios nominales no se traduzcan en una carga fiscal superior a la deseada. Esta medida favorecerá, básicamente, los grupos de menores ingresos, sobre quienes ha recaído la mayor parte del costo de la crisis.

Por otro lado, a raíz de los problemas financieros creados por el terremoto y dada la necesidad de que el Gobierno Federal obtenga recursos complementarios para la reconstrucción, se proponen cargas impositivas adicionales, de manera temporal, a los contribuyentes con ingresos medios y altos. Estas se estructurarán de manera progresiva, con el fin de que las personas aporten a la reconstrucción conforme tenga mayor capacidad contributiva, y se recaudarían proporcionalmente a lo largo del año, haciéndolas menos gravosas.

Ha sido propósito permanente reducir las desigualdades tributarias y eliminar las distorsiones que las tasas impositivas han sufrido en los últimos años; por ello, se formula la transformación de la tarifa a una que abarque 20 grupos de ingreso en lugar de los 28 actuales. Se prevé que una vez concluido el esfuerzo de recaudación adicional que demanda la reconstrucción, esta modificación logrará ajustar la carga fiscal de las personas físicas.

La existencia de un amplio grupo de contribuyentes con características muy particulares, ha hecho necesario otorgarle tratamientos fiscales como los de los contribuyentes menores y las bases especiales de tributación. Sin embargo, existe un abuso importante por parte de contribuyentes que se acogen a estos esquemas sin reunir los requisitos necesarios. Por tanto, se proponen algunos ajustes y controles a estos tratamientos, de forma tal que se le facilite a la administración tributaria distinguir entre los que necesitan estar en estos ficiados y a los que tienen capacidad contributiva normal.

En el caso de las bases especiales de tributación, se propone incorporar a todas las sociedades mercantiles agrícolas al régimen general de ley, con la convicción de que el desarrollo de este grupo de contribuyentes les permite contribuir de manera normal, aun cuando lleven contabilidad simplificada. Sin embargo, para el resto de los contribuyentes de este sector productivo se seguirán aplicando las mismas bases de tributación.

Por lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se plantea un incremento de tasas de aquellos bienes y servicios que por sus características pueden ser catalogados como de consumo indispensable. Los recursos provenientes de esta recaudación adicional se destinarán íntegramente a las partidas de reconstrucción. En el caso de Teléfonos de México, se canalizarán totalmente para su capitalización , con el fin de que esté en aptitud de proporcionar un servicio adecuado a la demanda nacional y las necesidades de su propio programa de reconstrucción .

Debido a la constante transformación de la industria automotriz, se plantean modificaciones al Impuesto sobre Automóviles Nuevos; se considera conveniente establecer tasas ad valorem y cambiar la base gravable. Se plantea iniciar su vigencia con los modelos automotrices de 1987. Además, como apoyo a la reconstrucción, durante dos años estos bienes verían incrementada su carga impositiva. Por otra parte, se propone de en 1986 el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos sea de 1.25% del precio, en el caso de automóviles nuevos, y de 1% en el de automóviles de modelos anteriores.

En lo que corresponde a la Ley Federal de Derechos, se intenta aumentar el derecho extraordinario de hidrocarburos, incrementando su tasa del 6% a 12%. Ello se considera factible en términos de la situación financiera y la capacidad de pago de Pemex, ya que la política de precios y tarifas racionalizará y aumentará los ingresos de la paraestatal.

Para los demás derechos se proponen modificaciones que buscan sólo mantener la recaudación correspondiente en términos reales. Sin embargo debe subrayarse que para racionalizar el uso del agua, uno de los recursos más escasos del país, y considerando los altos costos de la infraestructura necesaria para suministrarlo, del mantenimiento de las plantas así como el valor del líquido en sí mismo, se propone establecer una contribución de mejoras y un derecho por servicio, adicionales al que actualmente existe por consumo de agua. esto permitiría continuar la expansión de esta infraestructura vital para el bienestar de las mayorías.

En apoyo al proceso de simplificación y lucha contra la evasión y elusión fiscales se efectúan una serie de planteamientos como la obligación de aquellas empresas, con facilidades de cómputo, de presentar listados de retenciones y otros conceptos en cintas magnéticas; la introducción de máquinas de comprobación fiscal que registren las operaciones de los comercios y establecimientos de servicios con el público.

De aprobarse la iniciativa que se presenta a esa soberanía, se espera alcanzar en 1986, un ingreso total del Gobierno Federal de 14 billones 100 mil 793 millones de pesos, cifra superior en un 77% a la que se estima se captara como total en 1985.

La política de precios y tarifas de los bienes y servicios que proporciona el sector público, constituye un instrumento para promover el desarrollo en un contexto de mayor eficiencia y equidad. Su ejecución se orientará, como lo han hecho durante los últimos tres años, a propiciar la conformación de una estructura de precios relativos consiste con la estrategia económica y social de esta administración: reducir las transferencias y racionalizar los subsidios para fortalecer el ahorro público; defender el consumo básico de la población, en especial de los sectores de menores ingresos; e, inducir nuevos patrones de consumo, en función del nivel de desarrollo del país de la disponibilidad de recursos y de los requerimientos de los grupos mayoritarios.

Para establecer las bases de crecimiento y fortalecer el combate a la inflación, es indispensable un avance definitivo en el saneamiento de las finanzas públicas. Por tal razón, la política de precios y tarifas del sector público que se plantea para 1986, tiene el propósito ineludible de continuar con la consolidación de niveles de precios más realistas, eliminando los rezagos derivados de aumentos de precios inferiores al ritmo de inflación que se generaron en el presente año; avanzar en la rehabilitación financiera de las empresas públicas, así como la reducción y racionalización de los subsidios.

Si bien el programa de precios y tarifas del sector público, para el próximo año, considera adecuar los precios de algunos productos específicos, al propio tiempo busca minimizar su impacto de las expectativas inflacionarias, estableciendo ajustes periódicos de los precios de algunos insumos intermedios para la producción industrial, lo que facilitará la planeación de las empresas y, a la vez, garantizará los recursos previstos en la iniciativa de la Ley de Ingresos.

Además, el programa persigue mejorar tanto la estructura de precios del sector público en relación con la del resto de la economía como los precios relativos entre grupos de productos. Por ejemplo, los precios de los combustibles se ajustarían conforme a su equivalencia en términos de poder calorífico y el de los fertilizantes con base a su contenido de nutrientes, entre otros.

Por otra parte, dentro de la política de subsidios se considera eliminar, gradualmente, las transferencias de recursos entre las entidades del propio sector paraestatal, a fin de hacer transparentes dichos subsidios. Además, de continuará aplicando estrictamente el criterio de equidad al terminar las modificaciones de los precios de los bienes básicos.

En materia de promoción fiscal, se ha configurado una política selectiva que se enfoca a apoyar las principales áreas prioritarias del sector productivo nacional y el desarrollo regional. De tal forma, para 1986 se plantea un nuevo esquema de estímulos fiscales que fomenten el empleo y la inversión en actividades industriales, la investigación tecnológica, así como el desarrollo y comercialización de tecnología nacional.

Asimismo, se pretende mantener los estímulos fiscales a la producción primaria y pasteurización de leche; al desarrollo de la actividad forestal; a los gastos de prospección y exploración de yacimientos minerales; a ciertas actividades del sector pesquero y desarrollo de la marina mercante; la remodelación de establecimientos turísticos de bajo costo; y, ante la actual situación, para favorecer la construcción de vivienda de bajo precio que se destine al arrendamiento. Finalmente, para facilitar la acción promocional de los incentivos, se propone que estos no sean acumulables para el pago del Impuesto sobre la Renta durante 1986, al igual que el año pasado.

Por último con el fin de responder adecuadamente a las necesidades que impone la dinámica de las transacciones comerciales con el exterior, se han propuesto adiciones a la Ley Aduanera, tendientes a la modernización del conjunto de procedimientos y trámites en la materia. Esta medida tiene objeto de simplificar y agilizar el despacho de mercancías por medio de sistemas computarizados, permitiendo fiscalizar la legalidad de las operaciones que se realicen.

Se han precisado dos ámbitos de acción para las políticas financieras de 1986. Por una parte, habrán de seguirse orientando hacia la consecución de los objetivos macroeconómicos de corto plazo, a partir de una política fiscal que avance con firmeza en la reducción del déficit presupuestal. Simultáneamente, los instrumentos financieros se dirigirán a lograr el difícil equilibrio entre el ajuste del tipo de cambio y las tasas internas y externas de interés, frente a la inflación observada y esperada. El reto es formidable, en la medida que la política de tasas de interés habrá de buscar propiciar el ahorro financiero en un contexto de una inflación relativamente alta, sin obstaculizar que se alcance el ajuste fiscal propuesto.

Por otra parte, las políticas financieras habrán de continuar buscando el logro de los objetivos de mediano plazo en materia de ahorro interno, asignación de recursos, reorientación de las relaciones económicas con el exterior, y la reestructuración de las instituciones del sistema financiero, se plantean en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1984-1988.

En 1986, las acciones se seguirán dirigiendo a fortalecer el ahorro interno y orientar su canalización eficiente en apoyo a la actividad económica. En lo que se refiere a la política de tasas de interés, se continuará buscando que los instrumentos de captación ofrezcan rendimientos razonables superiores al crecimiento esperado de los precios, para alentar una mayor intermediación real del conjunto de sistema financiero, que permita abatir la inflación a través de un incremento del ahorro. Además, la política de tasas de interés deberá aprovechar toda oportunidad que proporcione la mejoría objetiva de la situación económica para contribuir a reducir las erogaciones financieras del sector público en términos reales.

En ese sentido se proseguirá fortaleciendo al papel fundamental del sistema bancario de la instrumentación de la política de financiamiento del desarrollo, aumentando su eficacia como medio de enlace entre los ahorradores y los inversionistas. La banca redoblará sus esfuerzos para promover el ahorro interno, intensificará la captación por el sistema financiero y promoverá su canalización eficiente hacia las actividades social y económicamente prioritarias.

Por otra parte de acuerdo con los lineamientos de política planteados, se buscarán ampliar la participación de los intermediarios financieros no bancarios, para cubrir mejor, en un marco de sana competencia y complementariedad, las distintas necesidades de los usuarios. En este sentido, se intenta aumentar las opciones e instrumentos disponibles para los ahorradores y los inversionistas, a fin de satisfacer con eficiencia las demandas que impone un sistema económico cada vez más grande y complejo.

Se continuará con la racionalización de la política de crédito preferencial, a través de ajustes en las tasas, que otorguen agilidad de respuesta, disminuyan distorsiones innecesarias del amparo productivo y contribuyan al saneamiento de las finanzas públicas, al reducirse la necesidad de apoyos fiscales por parte del Gobierno Federal. La derrama de crédito preferencial buscará fomentar el desarrollo y la descentralización regional, así como el fortalecimiento de la actividades prioritarias, conforme a la estrategia económica y social.

Pese a la gravedad de la situación económica, durante los últimos tres años no se han dado quiebras de empresas por falta de apoyo financiero justificado. Las sociedades nacionales de crédito continuarán dando prioridad al fortalecimiento financiero de unidades productivas con problemas de liquidez. La reestructuración de adeudos vencidos y los financiamientos preferenciales, se vinculará a metas de empleo y consolidación productiva.

La banca promoverá una selectividad en el uso de fuentes alternativas de financiamiento, racionalizando el crédito otorgado a empresas que dispongan de otras opciones viables en corto plazo, tales como el mercado de valores, la reinversión de utilidades con las nuevas aportaciones de capital de los socios nacionales o extranjeros.

Se hará un mayor uso de la capacidad que tiene el sistema bancario para propiciar la formación de capital. La banca puede realizar inversiones en capital de riesgo de empresas industriales, comerciales y de servicios hasta por el 5% de los recursos captados del público. Este potencial es muy importante.

Así, en asociación en particulares y de acuerdo a la ley Bancaria se buscará consolidar y crear nuevas empresas de actividades y regiones prioritarias. La banca profundizará su papel de promotor en la formación de capital. Se dará preferencia a proyectos que impulsen la modernización productiva y fortalezca la capacidad exportadora de la economía. Estas orientaciones serán incluidas en los programas operativos anuales de las sociedades nacionales de crédito.

Los recursos crediticios, particularmente los de la inversión obligatoria, se canalizarán preferentemente hacia proyectos y actividades claramente vinculados con la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos y con la dotación de la infraestructura necesaria para la descentralización.

De otra parte, en la medida que aumente el ahorro financiero y disminuya el uso de recursos ajenos por parte del sector público, se logrará un desarrollo más armónico de la actividad económica, permitiendo reducir el diferencial entre el costo del crédito y el rendimiento pagado a los ahorradores. Al mismo tiempo, aumentarán los recursos financieros disponibles para los sectores privado y social.

Se prevé que la promoción del ahorro financiero y la adecuada regulación de los agregados monetarios deben contribuir a estabilizar el ritmo de crecimiento de la demanda agregada nominal y, sobre todo, al abatimiento gradual de la inflación. Para ello de estima que, a efecto de que se satisfaga la demanda por activos financieros y no exista liquidez redundante en la economía, será imprescindible continuar determinando con gran cuidado el crecimiento del financiamiento interno del Banco de México.

De otro lado, durante el presenta año se han instrumentado diversas medidas para ordenar el funcionamiento del mercado de divisas, como el establecimiento de las casas de cambio bancarias y las nuevas disposiciones de flotación regulada, que combinan la participación de las autoridades y de las entidades del sistema financiero. Se estima que la actual política cambiaria y las características del régimen de control de cambios, propiciarán el aumento de la oferta de divisas, para cubrir los requerimientos de la economía y su uso racional por parte de los sectores público y privado. Las políticas financieras para el próximo año, en especial la cambiaria, se dirigirán a garantizar las importaciones necesarias para la operación de la planta productiva y los recursos para sufragar el servicio de la deuda externa.

Simultáneamente, se aumentará la coordinación entre las instituciones de la banca múltiple, de la banca de desarrollo y de los fondos financieros del fomento. La insuficiencia de fondos prestables y la necesidad de canalizarlos con la máxima efectividad así lo demandan. Los programas coordinados de financiamiento, los comités especiales de crédito sectorial y las comisiones regionales de asuntos financieros, darán tratamiento preferencial a los problemas crediticios de empresa pequeñas y medianas.

La infraestructura bancaria instalada, las sucursales y las ventanillas de las instituciones de banca múltiple, se utilizarán de manera más intensiva, para promover el ahorro del público también para canalizar recursos crediticios preferenciales que corresponden a los fondos de fomento.

Se mantendrá la rentabilidad y autosuficiencia financiera de la banca, como medida indispensable para su capitalización y sano crecimiento, en beneficio de una intermediación más sólida.

En 1986, los programas operativos anuales contendrán una política de gasto que combine austeridad, modernización, desarrollo tecnológico y eficiencia en la prestación del servicio bancario, así como una estrategia de intermediación que dé mayor impulso a la función crediticia y a la colocación de capital de riesgo. Se enriquecerán los mecanismos de evaluación propiciando una mayor participación de los consejos directivos.

Al transformar su estructura y modo de operación, la nueva banca también cambia su imagen ante la sociedad. La publicidad bancaria se mantendrá como parte fundamental en la creación de hábitos bancarios adecuados, de una mayor cultura financiera y como elemento de la estrategia de sana competencia entre las instituciones .

Se propone continuar la integración del régimen jurídico del sistema bancario mexicano. En efecto, durante este período de sesiones, se han enviado iniciativas de leyes orgánicas de los bancos de desarrollo, con el fin de adecuar sus estructuras y funciones a las tareas nacionales y de rectoría del Estado. Ahí se determina el tipo de la especialización en la promoción y financiamiento de los diferentes sectores y actividades; la integración de sus órganos de gobierno, así como las modalidades operativas.

De esa manera la banca de desarrollo, brazo financiero de los programas prioritarios, tanto sectoriales como regionales, estará en mejor aptitud de coadyuvar el reordenamiento de la economía y al cambio estructural. Destacan sus esfuerzos en materia de descentralización; producción agropecuaria y pesquera; fomento de la pequeña y mediana empresa; así como vivienda, turismo y comercio.

La política de endeudamiento para 1986 persigue los objetivos de complementar el financiamiento público conforme a los niveles del presupuesto de egresos del sector gubernamental y reducir paulatinamente el peso relativo de la deuda en la economía, la inversión del Estado y la balanza de pagos.

En tal sentido, por lo que respecta al saldo de la deuda pública interna, ésta ha venido disminuyendo como proporción del PIB, de 39.7% en 1982 a 33.4% en 1983, 27.4% en 1984 y 25.4% en 1985. Para 1986, se estima que la reducción se mantendrá, lo que permitirá lograr paulatinamente, el descenso de las erogaciones financieras como proporción del presupuesto y del producto.

Hay que señalar que hoy el país se encuentra, en términos reales, menos endeudado que hace unos años, tanto interna como externamente.

Por su parte, uno de los propósitos esenciales de la política de deuda pública en 1985 fue consolidar la reestructuración del perfil de pagos de la deuda externa del país. Los logros en esta materia permitieron avanzar en la normalización de las relaciones económicas de México con el exterior. En el mes de agosto culminó la reestructuración de 48,700 millones de dólares de créditos que originalmente vencían entre 1985 y 1990; como resultado de este acuerdo, el perfil de amortizaciones se hizo compatible con la capacidad de pago previsible del país.

Vale la pena reiterar que, en este año, el compromiso de pago de principal de la banca comercial, que era de cerca de 9 mil millones de dólares, se redujo a sólo 1,300 millones y el saldo será distribuido en los próximos catorce años. Esta renegociación permitirá ahorras poco más de 5 mil millones de dólares de intereses durante el tiempo que durará la reestructuración, como resultado de la sustitución de la tasa preferencial norteamericana (prime) por una que refleje, efectivamente, los costos de fondeo de los bancos, así como por la reducción de los diferenciales y la eliminación de las comisiones pagaderas de los bancos acreedores.

Se considera que esta reestructuración es sólo un primer paso en la solución del problema de la deuda externa, en la medida en que abrió espacios y márgenes de maniobra, que permitirán orientar la economía hacia una ruta de crecimiento sostenido y amplio.Dados los trágicos sucesos del pasado mes de septiembre, el Gobierno de México negoció con la comunidad financiera internacional su apoyo al esfuerzo nacional de reconstrucción, requiriendo se difiriera el pago de 950 millones de dólares que vencían en octubre y noviembre de este año. Dicha proposición fue aceptada por un plazo de seis meses. Hasta entonces se reconsiderará el calendario y las condiciones para el cumplimiento de esa obligación.

A pesar de esta medida, se prevé que en 1985 el endeudamiento externo neto del sector público será inferior al aprobado por el H. Congreso de la Unión, como ha sucedido en los tres años de esta administración. Debe subrayarse que los financiamientos obtenidos se pactaron en las mejores condiciones de costo y plazo, sobre todo porque se recurrió con mayor intensidad a recursos provenientes de organismos financieros oficiales y multilaterales y se ha iniciado, paulatinamente, el acceso a los mercados internacionales de capital de largo plazo.

Se estima que en 1986 el ahorro externo disponible permitirá cubrir más de 40% del déficit público, lo que dejará disponibles recursos internos suficientes para atender las necesidades del sector privado y social sin presionar las tasas de interés. Además, el país tendrá capacidad para importar bienes indispensables al desarrollo y cubrir las obligaciones contraídas en el exterior.

En virtud de las consideraciones expuestas y en cumplimiento del artículo 10 de la Ley General de Deuda Pública, se solicita al honorable Congreso de la Unión que, de aprobar la Ley de Ingresos de la federación correspondiente al año de 1986, autorice un endeudamiento adicional de 3 billones 693 mil millones de pesos. Esta solicitud incluye un endeudamiento externo neto de hasta un monto equivalente a un billón 720 mil millones de pesos - o sea 4,000 millones de dólares - y un endeudamiento neto interno adicional suficiente para cubrir la diferencia entre los requerimientos netos totales y el endeudamiento externo neto que se contrae. De este monto 2 billones 568 mil millones de pesos se destinarán a financiar el déficit neto del Presupuesto de Egresos de la Federación y 415 mil millones de pesos al sector paraestatal no incluido en el presupuesto. Por otra parte, se estima que la intermediación financiera ascenderá a 710 mil millones de pesos; este renglón representa el endeudamiento neto del sistema financiero de fomento para otorgar créditos a los sectores privado y social.

En atención a las consideraciones que contiene la presente exposición de motivos y a efecto de que el H. Congreso de la Unión tenga conocimiento de los recursos con el que se financiará el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1986, me permito someter a esta representación nacional la estimación que aparece parcialmente en las distintas fracciones del artículo 1o. de la Ley de Ingresos, integrando el total de dichos recursos.

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 1986, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

De la recaudación proveniente del impuesto sobre producción y servicios, 13,300 millones de pesos serán para aportaciones de capital del Gobierno Federal en la empresa de participación mayoritaria, Teléfonos de México, S. A.

Artículo 3o. Se autoriza al Ejecutivo Federal , por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar, ejercer y autorizar créditos, empréstitos u otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, que no rebasen los montos de 1,973 miles de millones de pesos de endeudamiento neto interno y 1,720 miles de millones de endeudamiento neto externo, en los términos de la Ley General de Deuda pública, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1986. En caso de que los recursos externos sean inferiores a lo expresado, se podrá contratar endeudamiento interno por el monto de la diferencia.

Asimismo, se faculta al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando, a juicio del propio Ejecutivo se presenten circunstancias extraordinarias que así lo exijan.

También queda autorizado el Ejecutivo Federal para que a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinaciamiento de obligaciones del Erario Federal o con propósitos de regulación monetaria, en los términos de la referida Ley General de Deuda Pública.

Del ejercicio de esta facultades, dará cuenta el Ejecutivo Federal oportunamente al Congreso de la Unión, especificando las características de las operaciones realizadas.

Artículo 4o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda facultado para:

Artículo 5o. Petróleos Mexicanos estará obligado al pago de contribuciones y sus accesorios, de productos y de aprovechamientos, de acuerdo con las disposiciones que los establecen, exceptuando el impuesto sobre la renta, y de conformidad con la reglas que a continuación se señalan:

Artículo 6o. En los casos de prórrogas para el pago de créditos fiscales se causarán recargos al 5. 5% mensual sobre saldos insolutos durante el año de 1986.

Artículo 7o. Se ratifican los acuerdos expedidos en el Ramo de Hacienda, por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

Artículo 8o. Durante el año de 1986, en materia de impuestos al comercio exterior se aplicarán las siguientes disposiciones:

El impuesto señalado en el párrafo anterior no se pagará por la mercancías a que se refieren las siguientes fracciones de la Ley del Impuesto General de Importación:

Tampoco se pagará el impuesto de referencia por la importación de mercancías provenientes y originarias de países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, cuando le sean aplicables las fracciones con tratamiento en virtud del Tratado de Montevideo, hasta en tanto subsiste dicho tratamiento y, en su caso, las mercancías provenientes de la Asociación Latinoamericana de Integración, si a su aportación le son aplicables las fracciones que gocen de preferencias arancelarias conforme al tratado que instituyó a esta última asociación.

Artículo 9o. El impuesto a la exportación y sus adicionales se aplicarán, invariablemente, en los casos del algodón, café y camarón, con base en su precio oficial .

Artículo 10. Los ingresos que se recauden por lo diversos conceptos que establece esta ley, se concentraran en la Tesorería de la Federación y deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los que podrán ser recaudados por la oficinas de los propios institutos y por las instituciones del crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables respectivos y reflejarse en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Tampoco se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de los abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, los que podrán ser recaudados por la oficinas del propio Instituto y por las instituciones de crédito que autorice la citada Secretaría, debiendo cumplirse con los requisitos a que se refiere la última parte del párrafo anterior. Artículo 11. Se aplicará el régimen establecido en la presente ley, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, a los ingresos que perciban organismos des centralizados y empresas de participación estatal mayoritaria que estuvieran sujetos a control presupuestal en los términos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1986, entre las que comprende a:

Artículo 12. Cuando los organismos descentralizados y las empresas propiedad del Gobierno Federal, incrementen sus ingresos como efecto de aumentos de la productividad o modificación en sus precios y tarifas, los recursos así obtenidos serán aplicados prioritariamente a reducir el endeudamiento neto del organismo o empresa de que se trate, o a los programas a que se refiere el Presupuesto de Egresos del Federación para el ejercicio fiscal de 1986.

Artículo 13. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que pueda otorgar los siguientes:

Artículo primero. Esta Ley entrará en vigor en toda la República el 1o. de enero de 1986.

Artículo segundo. Se aprueban las modificaciones a las Tarifas de los Impuestos Generales a la Exportación y a la Importación efectuadas por el Ejecutivo Federal durante el año 1985; a las que se refiere el informe que en cumplimiento de los dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional y su Ley Reglamentaria, ha rendido el propio Ejecutivo al H. Congreso del la Unión.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo no Reelección.

México D. F. , a 15 de Noviembre de 1985.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H.»