Con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1986, presentada por el Ejecutivo federal

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo Federal.- México, D. F.- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- Presentes.

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos me permito enviar a usted, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercito fiscal de 1986.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 15 de noviembre de 1985. El C. Secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz.»

«CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados. Presentes.

Con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo a mi cargo, por su digno conducto, somete a consideración de esa H. representación nacional la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 1986 para su análisis y en su caso aprobación.

Cumplo así la obligación constitucional de informar al pueblo de México, a través de esta H. Cámara de Diputados, sobre el proyecto de presupuestos que, de merecer su aprobación, ejercerá la Federación en 1986. Las prioridades, metas y asignaciones de los programas contemplados en este proyecto, encuentran sustento y orientación en el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, en los programas sectoriales de mediano plazo y en los lineamientos expuestos en el documento de "Criterios Generales de Política Económica para 1986", que se envía por separado e esa H. representación nacional.

En materia de política económica y presupuestal, el período 1983 - 1985 se ha caracterizado por un esfuerzo sostenido para corregir los agudos desequilibrios macroeconómicos y fiscales que enfrentan la economía en 1982. Este esfuerzo se ha llevado a cabo en un contexto internacional adverso que ha provocado un deterioro de nuestros términos de intercambio, reduciendo los ingresos presupuestales y deteriorando las expectativas sobre la evolución a corto plazo de la balanza de pagos.

A pesar de las condiciones difíciles que han prevalecido en la economía internacional, el esfuerzo conjunto del gobierno y de la sociedad mexicana ha permitido revertir la tendencia al deterioro económico. Entre la situación prevaleciente en 1982 y la actual existen así diferencias importantes: el producto y el empleo han vuelto a crecer, incluso a un ritmo superior al previsto; la inflación de ha reducido a la mitad con relación a las tasas de finales de 1982; se ha corregido el déficit público a la mitad del de ese año; se ha contraído la deuda interna del sector público en términos reales en alrededor de 30% y se han reconstituido las reservas internacionales del país. Aun cuando el balance global sea positivo, debemos reconocer que en la segunda mitad de 1984 y durante 1985, se detuvo el proceso de saneamiento macroeconómico general por razones de carácter tanto interno como externo, como se explica en el documento de "Criterios".

El presupuesto público por su importancia, refleja la evolución de otras áreas de la economía y, a su vez, influye en su desarrollo. El detenimiento en la corrección del desequilibrio fiscal en 1985 ilustra esta interdependencia; el estancamiento de las tasas de inflación y tasas de interés en niveles mayores que los anticipados ejercieron presiones, junto con la caída de los ingresos petroleros, sobre el déficit público. A finales de 1984 el gasto público no se redujo en la medida de lo necesario ante el considerable dinamismo de la demanda de los particulares.

Hubo necesidad que estas condiciones, de redoblar esfuerzos de ajuste en el gasto para absorber durante 1985, sin modificar las líneas básicas del programa económico, la caída en los precios del petróleo, la de mayor carga en los intereses, las presiones de costos derivados de una mayor inflación y los efectos de situaciones de emergencia. Frente a la evolución desfavorable de los fenómenos externos y a la situación económica interna, el Gobierno de la República mantuvo, a lo largo del presente año, la decisión de preservar en la estrategia adoptada e incluso de intensificar su instrumentación.

Este esfuerzo de contención permitió que el gasto programable crecería en sólo 5% con respecto al monto aprobado por la H. Cámara de Diputados; esta diferencia es la más baja en los últimos 15 años y sólo es comparable con el resultado de 1983.

Durante 1985, no hubo avances significativos en el proceso de reordenación económica, pero tampoco hubo deterioro o retroceso. No se logró una reducción adicional del déficit público como porcentaje del PIB, pero frente a una agudización de las dificultades, se evitó que se revirtieran la tendencia de su saneamiento.

Sobre la base de los avances logrados en el período 1983 - 1985 y frente a la naturaleza estructural de los problemas que estrechan los márgenes de manejo de las finanzas públicas y considerando los objetivos fijados para 1986 en materia de política económica general, la política presupuestal propuesta para 1986 tiene diez características fundamentales:

1. Apoya el saneamiento de las finanzas públicas y el abatimiento de la inflación. El proyecto de presupuesto contribuye de manera destacada al esfuerzo adicional de reordenación planteado por la política económica. El déficit se reduce de 9.6% del PIB en 1985 a 4.9% en 1986; el ajuste del gasto programable contribuye con más de la mitad del ajuste total. El gasto programable para 1986 crecerá en 43% y ascienda a 15.4 billones de pesos. El ajuste planteado requiere generar un superávit antes del pago de intereses de 8.2% del PIB y permite una reducción de valor real de la deuda pública interna en 13% y una estabilización de la deuda pública externa en términos reales.

El servicio de la deuda crecerá en 71.3% y en total, el gasto programable más servicio de la deuda y participaciones y estímulos ascienden a 32.2 billones, con crecimiento de 56.5%.

Este considerable esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas además de reducir a futuro la carga del servicio de la deuda y abrir así espacio para la atención de necesidades sociales y productivas, contribuye a corto plazo a disminuir los requerimientos financieros gubernamentales, a estabilizar el sistema financiero y reducir la inflación.

2. Propone un nivel total de gasto adecuado a supuesto y metas. El presupuesto se ajusta estrictamente a los recursos disponibles y considera supuestos realistas de inflación, tipo de cambio y tasas de interés. Por lo tanto considera una provisión suficiente para cubrir los intereses de la deuda pública, que mantiene con relación a 1985 su participación en 12.5% del PIB; propone un nivel adecuado de gasto programable, es decir en bienes y servicios no financieros, inferior en 2.4% del PIB al de 1985. Habrá opiniones que pretenden un menor nivel de gastos y otras lo contrario. La política propuesta no se basa en consideración subjetivas, sino concilia y equilibra las necesidades ineludibles y las responsabilidades fundamentales del Estado con las restricciones agudas de recursos no inflacionarios. Es ese sentido, el gasto no puede ser menor, pero tampoco mayor.

3. Atiende las necesidades asociadas al esfuerzo de reconstrucción. El proyecto de presupuesto para 1986 incluye una partida especial referente al presupuesto de reconstrucción por 300 mil millones de pesos que atiende con prioridades sociales, las necesidades más urgentes en salud, educación, vivienda e infraestructura básica relacionada con los efectos de los sismos de septiembre pasado.

4. Protege la inversión en áreas estratégicas. A diferencia de los anteriores, el ajuste presupuestal propuesto para 1986 afecta más el gasto corriente que al de inversión, ya que la reducción se distribuye en proporciones de 70 y 30%, respectivamente. Esta estrategia permite que, aun cuando la inversión presupuestal disminuya en términos reales, se pueden concluir proyectos en procesos y se mantengan niveles mínimos adecuados en sectores estratégicos destacando, por su monto absoluto, PEMEX Y CFE.

5. Protege el gasto en bienestar social. La estructura del presupuesto obedece a las prioridades que fija el Plan Nacional de Desarrollo. En consecuencia, favorece a los sectores de educación, salud y desarrollo rural cuya participación en el gasto total se eleva o se mantiene.

Dentro de la restricción de recursos prevalecientes, se mantiene la cobertura de servicios básicos.

6. Avanza, dentro de la estrategia propuesta de cambio estructural, en la reconversión de áreas críticas del sector paraestatal. Se propone seguir elevando de manera significativa la productividad de ciertos sectores que, a raíz de cambios tecnológicos, modificaciones en el patrón de la demanda o acumulación de deficiencias a lo largo de décadas, requieren reformas profundas en su modo de operación. Se revisarán inversiones, readecuarán plantas y reducirán subsidios, respetando en todo momento los derechos de los trabajadores, para liberar gradualmente recursos que pueden atender prioridades sociales y productiva más apremiantes.

7. Avanza, dentro de la estrategia propuesta de cambio estructural, en la revisión del tamaño del sector público. El proyecto de Presupuesto para 1986 continúa con el proceso de redimensionamiento del sector público en la economía, manteniendo su participación en las áreas estratégicas que señala la Constitución y su presencia en los sectores prioritarios para el desarrollo nacional.

8. Avanza, dentro de la estrategia propuesta de cambio estructural, en la simplificación y descentralización de la administración pública. Junto con la simplificación de trámites y procedimientos, se someterá la creación de plazas y a ocupación de vacantes a una estricta evaluación. Paralelamente, se impulsará la descentralización administrativa, transfiriendo recursos y facultades.

9. Reduce los diferentes de sueldo al interior de la Administración Central. En 1986 el sueldo del Secretario de Estado será equivalente a 15 veces el salario mínimo burocrático, frente a 33 veces que representaba en 1982. Se seguirá avanzando en esa dirección, en particular manteniendo la reducción de prestaciones y el congelamiento de sueldos a partir del nivel del Oficial Mayor, que se viene aplicando desde el 24 de julio del presente año.

10. Se enmarca dentro de un sistema fortalecido de seguimiento, evaluación y control. La estricta calendarización del gasto del gobierno federal es un elemento fundamental del control presupuestal. Lo nuevos artículos que se introducen en el proyecto de decreto aprobatorio permitirán tener un seguimiento más estricto presupuestal, asegurar disciplinas en el uso de recursos particularmente escasos e introducir sanciones en el caso de desviaciones injustificadas.

Como se evidencia en los puntos anteriores, la política presupuestal para 1986 pretende articular las restricciones derivadas de la escasez de recursos y de un esfuerzo adicional de reordenación, con las orientaciones de las prioridades del proceso de reconstrucción y cambio estructural. Seguir avanzado con un vigor renovado en el saneamiento de las finanzas públicas es un objetivo fundamental, ya que no hay crecimiento duradero económico bajo condiciones de alta inflación e inestabilidad financiera.

Las nuevas necesidades derivadas de los sismos recientes habrá que enfrentarlas conjunta y ordenadamente sin menoscabo del esfuerzo continuo de reordenación económica. La mayor injusticia que podría hoy cometerse será permitir que se diluyeran los avances alcanzados en los últimos tres años y que resultara vano el sacrificio de todos los que contribuyeron a su logro.

La reconstrucción, sin modificar los objetivos fundamentales de nuestra política de desarrollo, obliga a revisar el orden de las prioridades, profundizar en acciones ya emprendidas y postergar otras que no son estrictamente necesarias. Será necesario acelerar decisiones del cambio estructural o de reconversión económica que liberan recursos para actividades fundamentales y al mismo tiempo, resuelven problemas de eficiencia básica de la economía.

En suma, el proyecto de presupuesto para 1986 que se somete a su consideración persigue contribuir, en su ámbito, al cumplimiento del triple reto que se plantea la política económica; enfrentar simultáneamente las tareas de la reordenación, de la reconstrucción y del cambio estructural.

En materia de política económica y presupuestal, los tres primeros años de esta administración se han caracterizado por un esfuerzo sostenido para corregir los agudos desequilibrios macroeconómicos y fiscales que enfrentaba la economía en 1982.

Este esfuerzo se ha llevado a cabo en medio de condiciones difíciles de la economía internacional que han provocado un deterioro de nuestros términos de intercambio, reducido los ingresos presupuestales y deteriorado las expectativas sobre la evaluación de la economía interna.

En materia económica, se han revertido a lo largo de los tres últimos años, las tendencias negativas imperantes en 1982. Entre la situación económica de entonces y la que prevalece en la actualidad existe un fuerte contraste. La inflación, que alcanzó tasa de 120% anual, se ha abatido a niveles de alrededor de 60%; se ha avanzado en el saneamiento de las finanzas públicas, habiéndose reducido alrededor de la mitad del déficit fiscal de 1982; equivalente al 17.4% del producto nacional; se cuenta con monto significativo de reservas internacionales, frente a su agotamiento al inicio de la actual administración; la actividad económica que se encontraba en franco proceso recesivo, ha demostrado un gran potencial de recuperación, incluso superior al previsto; los puestos de trabajo han vuelto a expanderse, cuando durante 1982 se había casi duplicado la tasa de desempleo abierto y la tendencia era de continuo deterioro.

Dentro de este balance globalmente positivo, existe desigualdad en los avances y en el grado de cumplimiento de las metas propuestas. Se han alcanzado e incluso superado, los objetivos fijados en materia de crecimiento del producto y del empleo. Por dos años consecutivos, la actividad económica ha crecido a tasas cercanas al 4%. Después de haberse protegido las fuentes de trabajo y creado empleos transitorios en el momento más agudo de la recesión durante 1983, el empleo permanente en el sector moderno de la economía ha crecido en 4.0% en el período 1984 - 1985.

Durante el período 1983 - 1985 se ha avanzado significativamente en el saneamiento macroeconómico de las finanzas públicas. Después de aumentar 60% en 1982, la deuda pública interna real se redujo en 23% en 1983, en 1% en 1984 y en 4.3% en 1985. De esta forma, la deuda interna del sector público se ha reducido en 30% en términos reales durante el trienio 1983 - 1985. La deuda pública externa neta se reservas se redujo igualmente, aunque en menor proporción: en dólares constantes se contrajo en 6.4%. Estas cifras de desendeudamiento real reflejan la verdadera magnitud del saneamiento que se ha logrado en las finanzas públicas. La evolución del déficit como porcentaje del PIB, que se utiliza generalmente para medir el saneamiento fiscal, no constituyen el mejor indicador, ya que se incluye dentro del pago de intereses sobre la deuda pública interna un competente considerable correspondiente a la depreciación inflacionaria de la misma; en un esquema adecuado de contabilidad económica, este componente no debería formar parte del gasto neto del sector público sino considerarse como una amortización de deuda. La contabilidad tradicional de las finanzas públicas magnifica así las cifras del déficit fiscal, en relación con lo que indica la medición económica del desendeudamiento público en términos reales.

Sin embargo, después de los considerables avances logrados durante 1983, el proceso de saneamiento de las finanzas públicas y de abatimiento de la inflación se detuvo en el período 1984 - 1985 y no se alcanzaron las metas fijadas al respecto. El proceso de reducción de déficit se ha estancado por la evolución desfavorable tanto de los ingresos como del gasto, aun cuando no se ha revertido. La recaudación tributaria no ha crecido lo necesario por la dinámica adversa de las circunstancias internas y externas. El gasto programable del sector público corriente y de inversión, si bien ha disminuido, no se ha reducido lo suficiente para poder acomodar el mayor crecimiento del pago de intereses sobre deuda interna.

Por otra parte, la inercia inflacionaria de la economía, afectada por la elevación de algunas tarifas públicas y apoyada por la protección que ha permitido precios altos ante la ausencia de competencia del exterior, no ha cedido frente al crecimiento de la demanda ocasionando por la notable recuperación del gasto privado y el mayor déficit público.

La evolución conjunta de gastos e ingresos explica así que se haya detenido el avance en el saneamiento de las finanzas públicas y que no se haya podido alcanzar las metas fijadas en este ámbito, ya que después de la reducción observada en 1983 del uso total de recursos financieros por parte del sector público a 9.4% del PIB, a partir del nivel de 17.4% alcanzando en 1982, este se mantuvo prácticamente constante en 9.1% en 1984 y según se estima en alrededor de 9.6% en 1985. El gasto programable en bienes y servicios no financieros se redujo en 24.8% del PIB en 1983 a 23.0%. en 1985. Por su parte, los ingresos presupuestales cayeron de 34.5% del PIB en 1983 a 30.3% en 1985 y la carga de los intereses de la deuda, que significó 14.4% del PIB en 1983, se redujo a 12.4% en 1985.

El ajuste fiscal de 1983 dependió fundamentalmente, junto con la corrección de precios y tarifas, las caída del rubro de servicios personales y la contracción de la inversión pública, del hecho de que el gobierno a raíz del sobreajuste del tipo de cambio, pagó tasas reales de interés negativas sobre su deuda interna. Al agotarse esa posibilidad durante 1984 y 1985, se redujeron considerablemente los márgenes de maniobra en el manejo de las finanzas públicas. Estos márgenes incluso se revierten cuando las tasas de interés se tornan positivas en términos reales, como ocurrió en 1985. A partir de este momento, sólo cambios estructurales en el control de la evasión fiscal, el redimensionamiento del tamaño del sector público y la elevación de su productividad, pueden abrir los márgenes requeridos para mantener al sector público dentro de su restricción presupuestal.

En 1983, la política de gasto enmarcada en el programa de Reordenación Económica, contribuyó a reducir el déficit presupuestal, disminuyendo el gasto de administración y redefiniendo prioridades en el programa de inversiones.

El déficit de las finanzas públicas, medido por el uso total de recursos financieros, pasó de 17.4% del PIB en 1982 a 9.4% en 1983 como resultado de una disminución en el gasto y de un aumento en el ingreso presupuestal, especialmente por una revisión importante en los precios y tarifas del sector paraestatal. Durante 1984, el déficit en un sentido amplio se redujo marginalmente. En 1985, la corrección del déficit fiscal se ha estancado, debido parcialmente a un deterioro de los ingresos petroleros, al mantenimiento de los pagos de interés en niveles relativamente altos y a que la reducción del gasto programable, en 1.0% del PIB aproximadamente, no fue suficiente para compensar la evolución adversas de los dos primeros factores. Las reducciones futuras del gasto, deben llevarse a cabo sobre la base de reformas de fondo que aumenten la productividad de la administración gubernamental y de empresas públicas. La disminución adicional de la inversión pública como principal variable de ajuste, comprometería seriamente el desarrollo futuro de áreas estratégicas o prioritarias como el sector energético, transporte e infraestructura social.

En 1985, ante la necesidad de continuar este proceso de corrección que enfrentaba dificultades crecientes y con el propósito de mantener el esfuerzo de reordenación económica, el Gobierno de la República actuó con realismo, al tomar la firme decisión de realizar un mayor esfuerzo de contención del gasto público, llevando a cabo cambios de fondo en el área administrativa principalmente. En dos ocasiones se realizaron ajustes de importancia en la estructura del gasto de administración y operación que abren espacio para continuar con el saneamiento de las finanzas públicas en 1986.

Estas medidas de cambio en la estructura del gasto se realizaron de manera selectiva y consistieron, en la primera etapa del 6 de febrero, en la cancelación de 15 490 plazas de confianza, 4 355 en las dependencias y 11 135 en las entidades; en la congelación de 48 311 de base, 14 301 en el Sector Central y 34 010 en el Sector Paraestatal y por último en la cancelación de 7 080 contratos de honorarios; así como la reducción de las estructuras administrativas del Gobierno Federal, revisión de programas y proyectos de inversión y en la liquidación, venta o fusión de aquellas entidades públicas cuya operación no es prioritaria.

Posteriormente, el 24 de julio se decidió continuar con las medidas para abatir el crecimiento del gasto corriente mediante la reducción de estructura, tanto del Sector Central como del Paraestatal, sometiendo su capacidad de acción a una estricta revisión y disciplina financiera.

Así, se suprimieron en las dependencias 146 áreas organizaciones 15 Subsecretarías, 2 Oficialías Mayores, 8 Coordinaciones Generales y 121 Direcciones Generales), de las 649 existentes previamente, lo que significa un decremento del 22%. En el caso del Sector Paraestatal, se han suprimido a la fecha 945 áreas organizacionales de las 4 440 dictaminadas, lo que significa un decremento del 21%. Paralelamente se han cancelado 30 026 plazas de confianza, 20 550 en el Sector Central y 9 476 en el Sector Paraestatal hasta la fecha; asimismo, se han reducido los gastos de honorarios en todos los niveles, se congelaron sueldos y prestaciones a servidores públicos superiores y se contrajeron sensiblemente los gastos de viaje, representación y publicidad.

La liberación de recursos de áreas no prioritarias podrá permitir una mayor atención en la prestación de los servicios del sector público en materia de salud, educación y bienestar social, así como en los apoyos al campo y a la producción de bienes y servicios estratégicos.

Poco después de introducir el paquete de política del 24 de julio, la difícil situación económica se vio afectada negativamente por los efectos de los sismos del 19 y 20 de septiembre. Estos produjeron daños humanos y materiales de gran magnitud. Las erogaciones necesarias para atender situaciones de emergencia y restaurar servicios fundamentales presionaron al gasto público y el crédito.

De manera preliminar, se estima que los daños materiales totales causados por los sismos ascienden al 2% del PIB incluyendo daños a la construcción y a la infraestructura social, así como pérdidas de capital y de ingresos ocurridos en los sectores vinculados con la actividad económica.

Las decisiones del gobierno se orientaron a ejecutar las tareas necesarias para superar la etapa de emergencia, para normalizar los servicios públicos, limpieza de las zonas afectadas, la ubicación temporal en espacios disponibles de las oficinas públicas y la atención a los damnificados, utilizando la disponibilidad de vivienda del sector público, instalando parques de materiales, otorgando crédito a través del ISSSTE a los empleados públicos damnificados, aplicando vacunas, la reinstalación del servicio de agua potable, telefónico y de comunicaciones en general. Todo ello implicó esfuerzos adicionales de gasto público.

En razón de las presiones al gasto derivadas de aumento de costos por una inflación superior y el desastre natural y aun cuando se instrumentaron efectivamente las reducciones programadas a lo largo del año, el efecto neto de los ajustes no fue significativo. Se estima así, que el gasto programable aumentará al cierre del año en 515.7 mil millones de pesos, 5% mayor en relación con lo previsto, en términos reales cae ligeramente respecto a 1984 y su participación se reduce en 0.8 puntos porcentuales del PIB en relación con el presupuesto original. El pago por intereses crece 34% respecto a la estimación de salida y su participación aumenta en 2.5 puntos porcentuales del PIB en relación con la proyección original. Por su parte, los ingresos presupuestales se deterioraron en 2.7 puntos porcentuales del PIB, con los que la evaluación conjunta de gastos e ingresos implicó que se haya detenido el avance en el saneamiento de las finanzas públicas y que no se alcanzaran las metas fijadas en este ámbito.

Como resultado de todo lo anterior, después de la reducción observada en el déficit financiero neto de 1983 a 9.4% del PIB a partir del nivel del 17.4% alcanzando en 1982, éste bajó ligeramente a 9.1% en 1984 y se estima que para 1985 en alrededor de 9.6%.

El gasto programable crecerá 58% en relación con el año anterior, con lo que su proporción respecto al PIB será de 23.0%, que se compara con 24.8% del PIB en 1983. Por su parte, la inversión pública disminuyó en 11% respecto al presupuesto original y observará un decremento de 15% en términos reales, contra un crecimiento del 4% que se había establecido como meta en el presupuesto.

La reserva presupuestada para el Programa de Empleo a fin de apoyar a la población trabajadora, se ejerció adecuadamente y permitió atender preponderantemente los problemas de zonas críticas y marginadas de las ciudades, especialmente en el Distrito Federal. Con estos recursos se han realizado obras públicas en los campos del transporte colectivo, agua potable y drenaje, permitiendo financiar parte de los gastos originados por los daños ocasionados por los sismos del mes de septiembre.

En el rubro de servicios personales, las revisiones salariales efectuadas en enero, el incremento presidencial de septiembre y el aumento de emergencia otorgada en el mes de junio propiciaron que este rubro rebasara en 5% el presupuesto aprobado. En materia de creación de plazas, la política se orientó a crear las estrictamente necesarias que demandó la prestación de los servicios de educación, salud y seguridad nacional.

Debe destacarse que la reestructuración administrativa del 24 de julio, originó en su momento erogaciones adicionales asociadas al pago por servicios prestados al Estado, lo que significa que el ahorro obtenido por la medida se reflejará hasta 1986.

El gasto en transferencias se situó en los niveles aprobados, ciudadano que su ejercicio no rebasara el 7% del PIB; éstas se canalizaron especialmente a los sectores de abasto, educación y salud, quienes absorbieron importantes recursos, principalmente para hacer frente a las mayores presiones de costos y mantener la cobertura de servicios; asimismo, se canalizaron fondos para el saneamiento financiero de las empresas públicas.

El gasto es un instrumento fundamental de la política económica. Su manejo y composición constituyen elementos de singular importancia para continuar avanzando en la reordenación económica y en el cambio estructural, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo.

En 1986, la política de gasto público apoyará el propósito de la política económica de articular la estrategia de cambio estructural definida en el Plan Nacional de Desarrollo, con las exigencias de un esfuerzo adicional de saneamiento macroeconómico y los requerimientos y orientaciones del programa nacional de reconstrucción y descentralización.

En las actuales circunstancias, el Estado Mexicano enfrentara necesidades crecientes de recursos y restricciones en el áreas de los ingresos, que dificultan la corrección del déficit público. Por ello, los avances futuros en el saneamiento de las finanzas deberán basarse en reformas de fondo, tanto en el área del gasto como en la de ingresos.

Ante esta situación, la estrategia presupuestal para 1986 busca compatibilizar los objetivos de asignación de recursos, de acuerdo a las prioridades establecidas, con la exigencia de un esfuerzo continuando de saneamiento macroeconómico. La política de gasto se orientará entonces al cumplimiento de las prioridades de los programas nacionales y mantenimiento del gasto social, a la restauración de los servicios de salud y educación e infraestructura básica dañados por los sismos del 19 y 20 de septiembre; y a la elevación del nivel de ahorro público como condición necesaria para superar los problemas que enfrentaran al país. El reto es, por tanto, que la política de asignación del gasto, definida tanto por su monto por su distribución, sea instrumento de desarrollo y reconstrucción y ala vez, responda al propósito de reducir el Déficit presupuestal.

Ello implica que, a partir de un crecimiento moderado del gasto, se profundice en el esfuerzo de cambio estructural que posibilite elevar la eficiencia del sector público, reasignar recursos hacia los programas de máxima prioridad y cancelar o diferir gastos y proyectos no indispensables en la consecución de las metas fijadas en la programación estratégica de corto y mediano plazos, así como continuar con el proceso de revisión de aquellas actividades que no son estratégicas ni prioritarias para los grandes objetivos nacionales.

Solamente mediante la instrumentación firme y decidida de estas medidas de cambio estructural, será posible conciliar los montos presupuestales asignados con el cabal mantenimiento de los programas prioritarios.

Al mismo tiempo, se dará un alta prioridad al gasto destinado a los programas de reconstrucción, especialmente aquellos que se relacionen con la edificación de vivienda, la reconstrucción de las instalaciones hospitalarias, de educación y abasto y el restablecimiento de la infraestructura básica de comunicaciones. Por ello, de manera explícita y separada del presupuesto normal se establece una partida especial de reconstrucción, que permitirá dar transparencia al manejo de los recursos; esta partida no constituye una reserva, sino líneas de gasto precisas etiquetadas para ese fin.

La canalización de estos recursos se hará con base en las orientaciones y estrategias definidas en los programas sectoriales de mediano y corto plazo, a fin de dar continuidad y garantizar los objetivos de cambio estructural en la actividad económica.

En el presupuesto de reconstrucción se dará prioridad a los programas de construcción de escuelas y hospitales, así como a la dotación de infraestructura de agua potable y comunicaciones, en tanto que los programas de vivienda se financiarán en su mayoría con recursos crediticios que no forman parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Debe enfatizarse que la consecución de estos objetivos, hace necesario que se profundice en la revisión de prioridades en la asignación de recursos, reordenando proyectos, adecuando las estructuras administrativas y disminuyendo gastos de carácter no sustantivo. Debe continuarse el proceso de liquidación, fusión y venta de organismos y empresas, cuyas características no justifiquen su permanencia en el área del sector público y liberar recursos que puedan orientarse a áreas de mayor prioridad social.

El presupuesto normal incorpora los recursos fiscales que permiten al Estado mantener la atención de salud y seguridad social, educación y seguridad; proporcionar apoyo sustantivo a la planta productiva y sostener los programas de empleo para zonas marginadas de las ciudades y en el medio rural.

En el caso del sector paraestatal, la asignación del gasto busca una mayor eficiencia en su operación, con un máximo de utilización de su capacidad instalada, jerarquizando sus proyectos de expansión de acuerdo con su impacto social y económica, su tiempo de maduración y los montos implícitos en su conclusión.

En 1986, el menor crecimiento del gasto recaerá principalmente en el rubro de transferencias que sólo incrementará en una tasa del 38.2%. Los montos que por este concepto se otorguen estarán invariablemente asociados a la producción en las áreas o sectores estratégicos, al abasto de bienes básicos y a aquéllos en los que el deficiente de operación sea resultado de la canalización de beneficios tangibles a la mayoría de la población.

Las empresas paraestatales continuarán consolidando la presencia estatal en las áreas estratégicas con el fomento a la producción interna, vía sustitución de importaciones al canalizar en forma eficiente al mercado doméstico la mayor proporción de sus adquisiciones.

De esta forma, las prioridades básicas del presupuesto en 1986 continuarán siendo asegurar el abasto de productos básicos a la población, la atención a la demanda de servicios sociales prioritarios de salud, educación, procuración de justicia y vivienda; mantener un desarrollo adecuado de la infraestructura básica, así como la de la oferta estratégica en áreas de responsabilidad directa del Estado. En este contexto, el Proyecto de Presupuesto fue elaborado bajo los siguientes lineamientos:

- Elevar los niveles de ahorro, de productividad y sustentar la previsión y ejercicio presupuestal en una mayor proporción de recursos propios, a través de adecuar permanentemente estructuras y programas.

- Favorecer el gasto de inversión, disminuyendo relativamente el gasto corriente principalmente de los sectores vinculados con las tareas administrativas no sustantivas.

- Previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se aprobarán nuevos puestos de trabajo indispensables para ampliar los servicios directos de educación, salud, fuerzas armadas, seguridad social e impartición de justicia.

- Se cuidará que las transferencias corrientes disminuyan la carga que representan para el Gobierno Federal, otorgándose sólo aquellas que se canalicen a cubrir el déficit de operación que resulte de una política expresa de mantener los precios y tarifas por debajo de los costos de producción, en los casos en que sea de estricto beneficio social.

- Revisar las transferencias a entidades dedicadas a actividades de menor prioridad; en otros casos, plantear alternativas de generación de recursos propios con el propósito de disminuir a lo estrictamente indispensable el uso de recursos fiscales, para apoyar a entidades públicas.

- Continuar con mayor ritmo las acciones orientadas a la descentralización administrativa, aprovechando al máximo los recursos y el potencial que ofrecen otras regiones.

- Utilizar los Convenios Únicos de Desarrollo para fortalecer las acciones de bienestar social, inducir el desarrollo regional y descentralizar funciones que pueden hacerse con mayor productividad y eficiencia a nivel local.

La aplicación de estos lineamientos significa un esfuerzo que apoyará el cambio estructural para aumentar la productividad en el sector público, reasignar recursos hacia los programas de máximo prioridad y cancelar o diferir gastos y proyectos que no tienen un impacto importante en la consecución de las metas estratégicas de corto y mediano plazo.

La utilización más eficiente de los recursos debe ser una exigencia permanente para el conjunto del sector público; en el caso del Gobierno Federal mejorando las estructuras administrativas y en los organismos y empresas los sistemas productivos que tendrán a elevar productividad del gasto de operación.

El gasto programable del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir las erogaciones que atienden los servicios y acciones bajo la responsabilidad del Estado, asciende a 15 391.0 mil millones, con un crecimiento nominal de 43.1% respecto al cierre estimado de 1985. Si a este monto le aumentamos el servicio de la deuda, las participaciones y estímulos fiscales, el gasto total del proyecto asciende a 32 214.8 mil millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 56.0%.

El programa de inversión en presupuesto será de 3 671.1 mil millones de pesos, 46.5% por arriba de la estimación del cierre de 1985, de los cuales 300 mil corresponden al ramo de reconstrucción. El programa de inversiones absorberá el 11.4% del presupuesto total y el 23.8% del gasto programable, lo que representa un aumento en relación a las proporciones del cierre estimado de 1985.

El gasto no programable o comprometido absorberá el 52.1% del presupuesto total, proporción mayor a la observada en el esperado de 1985. Los intereses continúan siendo de renglón de mayor significación siendo de 9 380.3 mil millones de pesos. Las participaciones ascenderán a 1 992.0 mil millones de pesos, con lo que también elevarán su participación en el gasto. La amortización y el pago de ADEFAS serán de 4 716.5 y 695.0 mil millones de pesos, respectivamente.

Las erogaciones por servicios personales crecerán principalmente por el complemento a la anualidad de las revisiones salariales de 1985, así como por el impacto del paquete salarial para 1986 del personal federal y de las revisiones contractuales en las entidades públicas que se rigen por el "Apartado B".

Las transferencias que el Gobierno Federal destinará a las entidades públicas observarán el crecimiento nominales moderados y una disminución en términos reales. Se pretende favorecer con apoyos fiscales a los sectores y entidades cuyas actividades están íntimamente relacionadas con las prioridades de los programas nacionales y de reconstrucción.

En 1986 se continuará con el proceso de saneamiento financiero de las empresas públicas. Para ello, las transferencias o aportaciones de capital, ya sea con recursos frescos o mediante la asunción de pasivos, estarán sujetas a la instrumentación de programas integrales ligados a metas de cambio estructural, eficiencia y modernización, que serán dictaminados por la Comisión Gasto-Financiamiento. En los rangos presupuestales de 1986 están considerados recursos para estos fines.

Seguir reduciendo el déficit fiscal, protegiendo el gasto de bienestar social y abriendo espacio para el crecimiento de la inversión en áreas estratégicas y prioritarias, obliga a utilizar con mayor eficiencia y equidad los recursos disponibles y, para ello, inducir cambios en la estructura de las finanzas públicas. Del lado de los ingresos se ha perseguido fundamentalmente controlar la evasión y la elusión tributaria, así como mejorar la eficiencia y equidad del sistema impositivo. Del lado del gasto, ha sido necesario acelerar las reformas en marcha según tres líneas de acción: la reconversión industrial, el redimensionamiento del sector público y la elevación de la eficacia y productividad de la administración gubernamental.

Existen áreas en la industria paraestatal que, por cambios tecnológicos ocurridos a nivel internacional o modificaciones en el patrón de la demanda, no son viables económicamente sin realizar reformas profundas que modernicen y reestructuren su modo de operación. No hacerlo implicará incurrir en costos sociales mucho mayores que aquellos, de corto plazo, asociados a su reconversión. Entre estas áreas destacan: la industria siderúrgica, la azucarera, la de fertilizantes, los astilleros y otras menores.

El redimensionamiento del sector público ha requerido realizar un reacomodo ordenado de las formas de participación del sector público en la economía, atendiendo con mayores recursos las áreas estratégicas que marca la Constitución y las actividades sectoriales prioritarias.

Elevar la productividad de la administración pública es un propósito permanente. La creación de plazas y la ocupación de vacantes se someterá a una evaluación estricta y se dará prioridad a las áreas educativas, de salud, de seguridad nacional y de impartición de justicia. Así se seguirá revisando las estructuras y los modos de operación de las áreas reguladoras de comercio y transporte, así como las relacionadas con el sector agropecuario, entre otras.

Los sismos de septiembre trajeron consigo, además de los sufrimientos humanos, una gran destrucción material. Se llevará varios años reponer las pérdidas materiales y se requerirá del esfuerzo conjunto del gobierno y la sociedad. Pero no sólo se trata de reponer lo destruido, sino de cobrar conciencia sobre la necesidad de profundizar cambios estructurales impostergables al demostrarse la vulnerabilidad de la concentración en el Valle de México. La reconstrucción implica renovación; obliga a revisar el orden de prioridades, a profundizar en acciones que se venían realizando y a modificar otras, siempre aprovechando y promoviendo la participación de la sociedad y su enorme vitalidad.

Aunque básicamente el programa se llevará a cabo en la capital de la República, repercutirá en todo el país. La magnitud de las tareas que habremos de enfrentar implican el concurso de la creatividad y disciplina. La filosofía política que sustenta el Plan Nacional de Desarrollo constituye el plano sobre el que fincamos esta labor.

Durante 1986, no obstante las severas restricciones económicas, se cuenta con importantes recursos para hacer frente a las acciones más urgentes de la reconstrucción.

Se ha hecho un gran esfuerzo de reasignación de recursos dentro de los límites requeridos para avanzar en el saneamiento de las finanzas públicas y el combate a la inflación. Se han previsto por diversas fuentes de financiamiento recursos que alcanzan 500 mil millones de pesos para 1986 y que atenderán de manera estricta las prioridades sociales y de funcionamiento de la ciudad y sus servicios y las descentralizaciones requeridas por los efectos del sismo. De éstos, 300 mil millones de pesos tienen un origen fiscal, (259 mil millones se consignarán en un nuevo Ramo del Presupuesto Gobierno Central y 41 mil millones en el presupuesto del IMSS y el ISSSTE), en tanto que los 200 mil millones de pesos restantes, apoyarán un programa de crédito especial de vivienda para las zonas afectadas y en apoyo a la descentralización. Con este esfuerzo de asignación de recursos se busca reducir los sufrimientos y los impactos adversos que han resentido los mexicanos afectados directamente en sus casas, en sus trabajos y en el acceso a los servicios públicos

Por lo que concierne a los recursos fiscales, 25 mil millones de pesos serán para apoyar directamente acciones de renovación habitacional como complemento a recursos crediticios; 50 mil millones para la reparación del drenaje profundo, del emisor central y del abasto de agua a la zona oriente, acueductos, redes primarias y secundarias de agua, demoliciones dictadas por razones de seguridad y recolección de escombros, reposición de infraestructura de alumbrado público y acondicionamiento de vialidades dañadas.

Se han previsto recursos para hacer frente a diversos compromisos surgidos por los efectos del sismo que no corresponden a los programas del DDF, pero se desarrollan en la ciudad de México en apoyo de acciones de vivienda, sedes federales y apuntalamiento de sitios históricos por 37 mil millones. Para el restablecimiento de instalaciones de salud y seguridad social se cuenta con 56 mil millones y para apoyar la descentralización de la administración pública federal con 82 mil millones que incluye los gastos directos e inversiones en agua, comunicaciones y apoyo a la vivienda. Los programas regionales de empleo se adecuarán a las nuevas necesidades en apoyo a la población afectada en la ciudad de México y en los estados de Jalisco, Michoacán y Guerrero.

El programa especial de vivienda se concentra en las zonas más dañadas de la ciudad de México y en las ciudades que recibirán impactos de la descentralización. En todos los programas se promoverá la participación de la comunidad, del sector social y del sector privado. La vivienda se hará con la sociedad, impulsando a una industria intensiva en la generación de empleos y que no requiere de insumos importados; aprovechando el trabajo de la población afectada para resolver su situación social y evitar inducir nuevas migraciones.

En las colonias populares del centro de la ciudad se respetará la identidad cultural y la voluntad de las comunidades para restablecer las condiciones mínimas de su vivienda, adecuando las acciones a las condiciones socioeconómicas de sus habitantes. Se descansará fundamentalmente en la autoconstrucción o la autoadministración, con los mecanismos de vigilancia que la comunidad promueva y establezca. El programa especial de vivienda con apoyos crediticios constituye un estímulo a la participación de la comunidad en las colonias populares, respondiendo de esta forma a la demanda más sentida por la población; en otras colonias dañadas constituirá un estímulo adicional a la movilización de capitales nacionales, tanto para la construcción de vivienda, como de otras instalaciones que resultaron severamente afectadas. Asimismo, se han previsto recursos para atender compromisos y necesidades de los conjuntos habitacionales, y en cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas correspondientes.

Para los distintos programas de acción reconstructora de vivienda localizados en la ciudad de México, se contará con 100 mil millones de pesos en sus diversas modalidades. Simultáneamente se concentrarán acciones de vivienda en las ciudades de recepción de la descentralización de las entidades del sector público que fueron afectadas por los sismos con la cual se estimula el desarrollo regional, se reducen las cargas sobre la ciudad y se liberan espacios de vivienda y oficinas en la ciudad de México.

Como parte de estos esfuerzos se mantendrán y adecuarán los programas regionales de empleo, procurando realizar acciones de concertación tanto con el sector social como con el sector privado, de tal manera que se restablezcan a la mayor brevedad empleos perdidos en la industria del vestido, las artesanías, diversos oficios, el pequeño comercio y los servicios en general.

Dada la importancia que tienen las acciones de reconstrucción para toda la nación, se llevará un seguimiento especial de las mismas, informando periódicamente al Congreso sobre su avance y la aplicación de los recursos, tanto los de origen fiscal y crediticio, como los de diversos donativos. Se invitará, asimismo, a los diversos comités de la Comisión Nacional de Reconstrucción para que coadyuven al mejor diseño de los programas y a su seguimiento.

El Fondo Nacional de Reconstrucción que se ha constituido a partir de las donaciones a la cuenta especial de Nacional Financiera, S. A., mantendrá su autonomía; sus recursos serán a los previstos en este programa y seguirá siendo un instrumento fundamental de la solidaridad de la sociedad en las tareas de la reconstrucción.

1 Los recursos de este presupuesto son exclusivamente los apoyos fiscales, y son diferentes de los apoyos crediticios fuera de presupuesto y de los recursos del Fondo Nacional de Reconstrucción.

La congruencia entre plan, programa y presupuesto se expresa en un proceso único dirigido al cumplimiento de las políticas, objetivos, estrategias, metas y acciones públicas. En este proceso, la programación-presupuestación anual se constituye en un mecanismo para planear y conducir en forma coherente y homogénea la orientación del gasto público tanto a nivel global como sectorial.

Con la experiencia de los últimos años, se ha enriquecido la programación administrativa de las dependencias y entidades, lo que ha dado como resultado mejores criterios para definir acciones y calcular recursos. La función de los comités técnicos para la instrumentación del plan se ha afianzado y fortalecido, a fin de mejorar la coordinación entre las dependencias involucradas en la ejecución de los programas nacionales.

En concreto, se ha logrado reducir significativamente los distintos pasos de la formulación e integración del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que ha traducido en un volumen considerablemente menor de recursos materiales y financieros utilizados. Además, se eliminó el rezago metodológico del instrumento operativo del proceso, logrando una mejor articulación de la programación operativa anual con la formulación e integración del presupuesto, con lo cual las coordinadoras de sector y dependencias fortalecen su participación en el proceso.

Paralelamente a lo anterior, se ha registrado los siguientes avances en el proceso programación-presupuestación:

- La precisión de las líneas prioritarias de acción del programa operativo anual que justifica y orienta las acciones y metas programáticas que se realizan a através la vertiente obligatoria.

- La realización de esfuerzos de coparticipación con los sectores social y privado.

- La especificación de las acciones que en el marco de los Convenios Únicos de Desarrollo llevarán a acabo estados y municipios.

En materia del ejercicio presupuestal, también se han logrado avances importantes. En 1985, se puso en operación el sistema de pago de compromisos de la administración pública centralizada por conducto de las sociedades nacionales de crédito. Con ello se eliminan las pagadurías a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se contribuye así a la reducción de instancias administrativas, imprimiéndole mayor agilidad y oportunidad al trámite de pago.

Por el lado normativo, sustituyeron al manual de corresponsabilidad en el Gasto Público Federal los manuales de normas y de procedimientos para el ejercicio presupuestario, que se orientan a fortalecer la figura del coordinador de sector mediante la consolidación del principio de corresponsabilidad en el ejercicio del gasto público, al eliminar procedimientos innecesarios e instancias redundantes de decisión. Sus principales innovaciones, además del pago por red bancaria mencionado anteriormente son las siguientes:

- Mayor flexibilidad para efectuar traspasos de recursos entre diferentes programas, siempre y cuando no se altere la naturaleza económica del gasto.

- Mayor capacidad administrativa a las dependencias para autorizar el programa de inversión.

- Mayor claridad y precisión en las disposiciones, al incorporar diagramas de flujo, con sus unidades responsables, para la totalidad de los temas expuestos.

Dado que este enfoque de gestión presupuestaria se basa fundamentalmente en una mayor delegación de facultades conforme a los principios de descentralización y simplificación administrativa, se torna indispensablemente mejorar los sistemas de información que existen actualmente a fin de que la generada por las dependencias y entidades fluya de manera oportuna y confiable para sustentar la toma de decisiones en los niveles institucional, sectorial y global.

En tal virtud, está en proceso de instrumentación un Sistema Integral de Información que permita homogeneizar la captura, procesamiento y emisión de información de las dependencias y entidades del sector público hacia las dependencias globalizadoras, en un marco de simplificación administrativa que establece canales únicos de información. El sistema contempla el diseño de interconexiones entre los sistemas de cómputo de las dependencias con la Secretaría de Programación y Presupuesto y entre ésta y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación; la vinculación con el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental y el Registro Único de Transferencias y el desarrollo de un subsistema de seguimiento del gasto de las entidades paraestatales.

Aunque estos esfuerzos todavía requieren fortalecer frente a la filosofía política que plantea el Ejecutivo Federal en materia de modernización administrativa del proceso de programación-presupuestación, se considera que han permitido simplificar las tareas de registro y control, precisar la normatividad específica según la naturaleza del gasto e identificar la atribuciones y responsabilidades de las dependencias coordinadoras y globalizadoras.

En 1986, la asignación sectorial del gasto estará determinada por la profundización del esfuerzo de reordenación económica y cambio estructural, con el fin de abrir espacio a los programas de reconstrucción y descentralización, mantener el gasto en bienestar social y proteger las asignaciones en los campos estratégicos de petróleo y electricidad.

Dentro del presupuesto normal, la línea fundamental de asignación será mantener con un gasto moderado, a através de reasignaciones y esfuerzos de optimización, el apoyo a las prioridades en materia de educación, salud, desarrollo regional, comunicaciones y transporte, abasto, desarrollo rural, así como de producción de bienes y servicios estratégicos.

La exigencias de austeridad y disciplina imponen la necesidad de evaluar nuevamente, con precisión, cada uno de los programas, planes y proyectos sectoriales que realiza la administración pública federal a fin de reordenarlos a las nuevas condiciones y necesidades. Asimismo, habrá que idear nuevas fórmulas de participación de los sectores privados y social para ampliar la base de dichos programas y proyectos.

Dentro del marco de objetivos descrito anteriormente, el sector educación recibirá mayor impulso en 1986; la asignación presupuestal contempla como acción primordial restablecer la infraestructura básica dañada en el Distrito Federal y entidades federativas. Se procurará una participación más equitativa entre los tres órdenes de gobierno, una mayor concurrencia de los sectores social y privado y de la colectividad en su conjunto. Asimismo, se continuará mejorando la calidad de la educación, sin dejar de atender la demanda de los servicios, concentrando esfuerzos en los aspectos sustantivos del quehacer educativo. Por otra parte, en el sector salud y seguridad social, tendrá prioridad la restitución de la infraestructura hospitalaria y el restablecimiento de la atención médica al nivel de cobertura alcanzado antes de los sismos; paralelamente se pretende no descuidar la áreas básicas en medicina preventiva curativa y en su seguridad social, para asegurar el derecho a la salud de los mexicanos.

El sector desarrollo regional, además de sus programas normales para impulsar los planes estatales de desarrollo y los programas regionales estratégicos, se verá fortalecido con los recursos para la reconstrucción, que se canalizarán hacia obras y proyectos que sustentan las acciones de descentralización de la vida nacional.

El programa de comunicaciones y transportes para 1986, se dirige a establecer una mayor coordinación entre las distintas modalidades de transporte y los sistemas de comercialización y abasto, a través de la construcción y conservación de infraestructura básica, así como la fabricación nacional de equipos de transporte, financiando la adquisición de equipo y tecnología que eleven la productividad y eficiencia de los servicios.

En cuanto al sector de abastos y comercio, se dará prioridad a la consolidación de la red nacional de acopio, transporte y distribución de granos, oleaginosas y perecederos, concertando acciones con los gobiernos estatales, municipales y los sectores social y privado para la instalación de plantas procesadoras de productos básicos. En forma paralela, se pretende contribuir a mejorar la competitividad de la industria, impulsar las exportaciones no petroleras, acelerar el desarrollo tecnológico e integrar las cadenas productivas de los bienes prioritarios.

En materia agropecuaria, las prioridades emanan del Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral y se orientan a fomentar la producción de cultivos básicos, mejorar el nivel de vida de la población rural y elevar la productividad en el uso de los recursos. Para ello, dando atención especial a las zonas de temporal, se programan recursos a fin de dar la asistencia técnica requerida, promover la organización campesina, consolidar el otorgamiento de seguridad en la tenencia de la tierra y ampliar la cobertura de los servicios públicos básicos. Asimismo en especial, se buscará una participación más amplia y activa de los grupos involucrados directamente en la actividad del sector. En el programa de reconstrucción, el sector desarrollo rural jugará un papel importante al asegurar el abasto de alimentos en las zonas afectadas.

En el sector pesca, se orientarán las acciones en 1986 a la ampliación de la infraestructura, utilizando en especial programas de financiamiento, así como el estímulo a la aplicación de tecnologías nuevas en la captura e industrialización, mediante programas específicos de organización y capacitación de productores.

En 1986, los sectores industriales y energéticos plantean aprovechar la vinculación productiva que existe entre las distintas empresas públicas para apoyar el uso de la planta y el empleo. Asimismo, se dará prioridad a la producción de bienes exportables, cuidando el abastecimiento de insumos para el mercado nacional.

La acción del sector turismo en 1986 se orientará al reto de superar los daños causados por los sismos como por la pérdida de competitividad en algunos servicios. Para ello, se establecerán programas y campañas de orientación, protección y ayuda al turismo, se racionalizará el apoyo financiero para la ampliación de las obras de infraestructura, además se mejorarán los sistemas de reservación, promoción y administración.

Las dependencias y entidades agrupadas en el sector administración enfrentarán el mayor reto de la política de resignación del gasto público, buscando concentrar sus esfuerzos en programas de alta prioridad y con un uso más eficiente de los recursos.

Para llevar a cabo estas acciones, se ha presupuestado un gasto programable total que asciende a 15 391 mil millones de pesos, 43.1% superior al cierre estimado para 1985. De este monto, 15 091 mil millones corresponden a los programas normales y 300.0 mil millones al programa de reconstrucción. Destacan los recursos canalizados al sector desarrollo social que eleva su participación dentro del total de 23.6% en el cierre estimado para 1985, a 25.7% en el proyecto de Presupuesto para 1986. Asimismo es de notar la reducción de la participación del sector administración a 10.2 a 7.0%.

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo, durante los tres años transcurridos en la administración actual, se han atendido con especial cuidado las prioridades sociales, buscando como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida de la población.

Las condiciones económicas adversas y las importantes restricciones financieras y presupuestales, han obligado a realizar una selección más rigurosa de acciones y metas, procurando que los ajustes afecten en menor medida las prioridades sociales. Así, se ha dado preferencia a los programas dirigidos a proteger el empleo y el consumo básico y a reforzar los servicios de salud y educación, en especial para la población más desprotegida.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 1986 contempla los programas prioritarios y de operación normal de los sectores de salud, educación y trabajo, además de considerar las acciones necesarias para enfrentar la situación causada por los recientes sismos.

La infraestructura de estos sectores fue una de las más afectadas. Los más graves daños fueron resentidos en diversos hospitales del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital General y el Juárez de la Secretaría de Salud, así como un número considerable de escuelas de preescolar, primarias, secundarias y bachillerato. Asimismo, las oficinas administrativas de las secretarías de Salud, Educación y Trabajo, sufrieron pérdidas.

Dentro del Sector Educación, las prioridades para 1986 están definidas en función de continuar los cambios estructurales y de fortalecer el sistema educativo. Al mismo tiempo se concentrarán esfuerzos para avanzar en las áreas sustantivas de la educación, se prestará atención a las tareas de construcción y reconstrucción de los centros escolares y edificios administrativos afectados por el sismo.

Los objetivos del Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988 constituyen la base de la política educativa actual y orientan las acciones del sector en su conjunto. Empero a la luz de los avances realizados en los tres años, anteriores y de las restricciones económicas prevalecientes, respetando las prioridades, será necesario revisar y adecuar las metas planteadas. Sin embargo, el sector pondrá en juego todos los medios e instrumentos de que dispone para avanzar hacia el logro de los compromisos contraídos.

Lograr las modificaciones necesarias y el cambio estructural del Sector Educativo, plantea para 1986 como tarea prioritaria, seguir mejorando la calidad en los distintos niveles educativos, así como fortalecer la atención de la demanda de todos los servicios.

Otra acción fundamental para 1986, será la consolidación de la descentralización educativa, dentro de la cual destaca la reubicación geográfica de diversas entidades del sector, con lo que se elevará la eficiencia y eficacia de los servicios educativos.

También en 1986, se pretende mantener la oferta de atención primaria y ampliar la de educación preescolar y secundaria, impulsando especialmente la secundaria técnica y la telesecundaria.

Asimismo, se pondrá especial énfasis en la educación terminal dentro del nivel medio superior.

Para combatir el analfabetismo se realizarán esfuerzos a fin de cubrir a la mayor población posible, particularmente la que habita en las zonas más desfavorecidas y de difícil acceso. Paralelamente, se buscará la permanencia del alumnado en el sistema educativo a la vez que se combatirá el analfabetismo funcional.

Como parte de la política cultural del Estado, se instalarán nuevas bibliotecas a todo lo largo de la República, con el objeto de continuar fomentando el hábito del estudio y la cultura. Dentro de los programas culturales se pondrá especial atención en preservar las diversas manifestaciones de la cultura popular y artesanal, dando impulso a la divulgación de nuestra historia, especialmente en las zonas fronterizas.

Entre las principales actividades y metas que se emprenderán, destacan la continuación de programas orientados a elevar sustancialmente la calidad en la formación de los maestros de educación básica, implantar otras opciones a nivel licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional para profesores en servicio, así como mantener los procesos de capacitación a directivos de escuelas.

Con el propósito de mejorar la atención en las áreas rurales, se contempla la educación de calendarios, asignación de maestros y canalización de apoyos adicionales a las escuelas unitarias o incompletas. Se ampliará el programa de aprovechamiento escolar a otras tres entidades, con lo que se cubrirán 26 estados; se otorgarán 9 mil becas a niños y jóvenes ubicados en las zonas sin servicios educativos, posibilitando con ello el acceso a la primaria y secundaria a más de 83 mil educandos fuera de programas regulares.

A nivel nacional, en educación preescolar se atenderá a 2.6 millones de niños, absorbiendo el 72% de los de cinco años y al 43% de los cuatro años.

Se mantendrá la satisfacción de la demanda al 100% en educación primaria y se elevará su eficiencia terminal en dos puntos porcentuales, atendiéndose a 14.8 millones de niños.

En educación secundaria se cubrirá a 4.4 millones de educandos. De esta matrícula 66% corresponde a las secundarias generales, 24% a las secundarias técnicas y 10% a las telesecundarias.

En educación media superior y terminal se atenderán 1.7 millones de educandos en el bachillerato, con un crecimiento del 11.5% y se dará mayor impulso a la educación terminal que alcanzará 476 mil alumnos, con un crecimiento del 18.6%. La cobertura de este nivel será de 84%.

La matrícula en el nivel de educación superior ascendente a 1.2 millones, manteniéndose el índice de absorción observado en el ciclo anterior. Con la participación de los sistemas universitarios y tecnológicos, se impulsarán los programas de postgrado, incrementándose la meta de atención en 33% con respecto al ciclo anterior, llegando a 51 mil profesionales.

El programa de educación para adultos canalizará mayores recursos a las zonas urbanas y rurales marginadas; se implantarán nuevas modalidades de alfabetización; se utilizarán los medios masivos de comunicación y se dará mayor atención a la capacitación para el trabajo. Como resultado del programa se alfabetizarán a 750 mil personas.

Los servicios de capacitación para el trabajo atenderán a 316 mil personas en las áreas industriales y de servicios, así como a 700 mil productores agrícolas.

Se fortalecerá el proceso de descentralización de la educación básica y normal, a través de la concertación de 12 convenios adicionales con gobiernos estatales y se operarán 31 Convenios Únicos de Desarrollo para realizar acciones conjuntas de desarrollo educativo.

Dentro de las acciones de cultura y recreación, se proseguirá con la ampliación del Sistema Nacional de Bibliotecas, poniéndose en operación 376 e iniciando el servicio de bibliotecas móviles para atender a municipios de menos de 30 mil habitantes.

Con el fin de proporcionar programas educativos y culturales a la mayoría de la población, se promoverá su difusión a través del Sistema de Satélites "Morelos". Asimismo, se ofrecerán actividades de recreación a 3.5 millones de jóvenes.

Para atender adecuadamente el crecimiento de la demanda educativa, se construirán 25 526 aulas, laboratorios, talleres y anexos en los niveles de preescolar, secundaria general y técnica, bachillerato técnico y general, media terminal y superior.

La asignación presupuestal del sector educación y cultura para 1986, asciende a 2 119.3 mil millones de pesos, 56.5% más al estimado en 1985. De esta asignación, 1 350.1 mil millones corresponden al gasto directo de SEP, 567.3 mil millones a entidades educativas, culturales, de recreación e investigación coordinadas por esta dependencia y 201.9 mil millones a apoyo para los servicios educativos de los estados en enseñanza básica, media superior y superior.

La integración del Sistema Nacional de Salud lograda hasta el momento ha permitido avanzar en la descentralización de los servicios hacia las entidades federativas, la modernización y simplificación administrativa y la coordinación intersectorial.

En 1985, la cobertura de los servicios de salud, benefició a 67 millones de mexicanos, de los cuales el 56.7% correspondió a los sistemas de seguridad social y el 43.3% a los sistemas de población abierta.

Los avances en la cobertura fueron logrados gracias a la rehabilitación y ampliación de 3 400 centros de salud y 53 hospitales, la incorporación de 584 nuevos centros destinados a rehabilitación, recreación y bienestar social, entre otros, así como la construcción de 20 nuevos hospitales y el inicio de 26 más.

Los avances en el sector Salud y Seguridad Social en 1985 se reflejan en la población atendida por la Secretaría de Salud y el Departamento del Distrito Federal, que asciende a 13 millones de personas, a lo cual se suma la población cubierta por el programa IMSS-COPLAMAR, que representa 11 millones y la que atiende el DIF que cubre a 6 millones de personas. Asimismo, la población adscrita a regímenes de seguridad social supera los 31 millones en el IMSS y 6.2 en el ISSSTE.

En apoyo a los programas de descentralización y desconcentración, destaca la formación de 1212 sistemas municipales, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la descentralización de los servicios de salud a población abierta hacia cinco entidades federativas.

No obstante que los resultados han sido alentadores, el Gobierno Federal se ha empeñado en que los logros alcanzados no se vean mermados como consecuencia de los sismos del mes de septiembre.

Existe la conciencia plena de que además de las tareas de reconstrucción necesarias para mantener el acceso de la población a los servicios de salud, es preciso instrumentar estrategias que permitan elevar la calidad de los insumos para el bienestar de los habitantes.

Dentro de este contexto, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1986 del sector Salud, en concordancia con los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley General de Salud y el Programa Nacional de Salud, pretende lograr los siguientes objetivos:

- Proporcionar servicios médicos a la población, en mayor número y mejor calidad, atendiendo los problemas prioritarios con énfasis en la atención preventiva.

- Mejorar el nivel de salud de la población, abatiendo la incidencia de las enfermedades transmisibles y limitando las no transmisibles, así como las relativas a los accidentes de trabajo.

- Incrementar las acciones tendientes a lograr la participación activa de la población en el autocuidado de la salud individual, familiar y social.

- Introducir la disminución de los niveles de fecundidad con pleno respeto a la decisión y dignidad de la pareja, a fin de coadyuvar al logro de un mayor equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y el crecimiento demográfico, mejorando en especial, las coordinaciones de la población materno-infantil.

- Aumentar los niveles de asistencia social, otorgando atención a menores en estado de abandono, ancianos desamparados, minusválidos, madres gestantes de escasos recursos e indigentes.

- Fomentar la incorporación a los sistemas de seguridad social de la totalidad de trabajadores con una relación formal de empleo y de manera paulatina a los no asalariados, mejorar el nivel de prestaciones y las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.

Para el logro de estos objetivos se debe continuar con los esfuerzos realizados en material de reconstrucción, rehabilitación y adaptación de unidades médicas y servicios, para subsanar las pérdidas ocasionadas por los recientes sismos.

Se pretende también ampliar la cobertura de la población en los programas de vacunación preventiva; reestructurar y perfeccionar los programas de educación para la salud y establecer una más estrecha coordinación con los sectores social y privado, particularmente en materia de asistencia social.

Entre las metas más importantes para 1986 destacan: contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad general a menos de 6 defunciones por cada mil habitantes; reducir las tasas de morbilidad de las enfermedades prevenibles por vacunación a 0.16 por cada 100 mil habitantes en poliomielitis, a 6.24 en sarampión y en 1.45 en tosferina; aplicar 90.4 millones de dosis de vacunas, 24.8% más que en 1985; otorgar 6.6 millones de consultas de planificación familiar, 114 millones de consultas generales y especializadas, con un crecimiento de 11.1% respecto a 1985 y producir 95 millones de reactivos y biológicos.

Por otra parte, se brindará protección a 614 mil niños, ancianos y madres en estado de abandono, así como a minusválidos y se otorgarán 366.8 millones de raciones alimenticias.

Se fortalecerán los programas orientados a garantizar al trabajador y su familia las atenciones básicas en salud y prestaciones con una ampliación de su cobertura al 27.3% de la población económicamente activa y al 94% de los trabajadores al servicios del Estado.

Se incrementará en 30% la cuantía mínima de las pensiones que otorga el IMSS y respecto al ISSSTE se aumentarán éstas al 67.1% del salario mínimo burocrático vigente. Además se ampliarán los servicios sociales para la población en general, en cuanto a capacitación y adiestramiento en 13% y en la integración familiar en 6.1%.

Los programas de vivienda de estas instituciones permitirán terminar 7 mil 194 unidades y otorgar 12 mil créditos para la adquisición. Asimismo, se proporcionarán 340 mil préstamos a corto y mediano plazo. En general, se buscará mantener el nivel actual de subsidio y ayudas otorgadas por el sector salud.

Para el logro de las metas mencionadas, la inversión global del sector ascenderá a 193 mil millones. Destaca en esta cifra el Programa de Reconstrucción con 56.0 mil millones de pesos, que ejercerá la Secretaría de Salud, el IMSS e ISSSTE.

Dentro de los proyectos a desarrollar, sobresale la continuación de obras en 23 hospitales generales y el inicio de cinco más. Asimismo, se incluyen ocho hospitales generales y el Centro Médico Nacional, correspondientes al Programa de Reconstrucción.

Adicionalmente, dentro del Programa Nacional de Inversiones, se contempla la construcción de 12 clínicas hospitales de campo y cinco unidades médicas rurales, la rehabilitación de 50 unidades del primer nivel y 24 del segundo, así como la dotación de equipo a 1 mil 21 unidades más.

Se redoblarán las acciones para aumentar la eficiencia y depurar los servicios personales, los generales y materiales, así como los suministros, a fin de dar continuidad a las medidas de ajuste instrumentadas en 1985, lo cual redundará en un mejor uso de los recursos humanos, físicos y financieros. Además, se racionalizará el otorgamiento de transferencias, al mantener una proporción del 13.8% en las asignaciones canalizadas por este concepto a los organismos coordinados directamente por la Secretaría de Salud.

Conforme a estos principios básicos, la asignación presupuestal de Salud y Seguridad Social asciende a 1811.2 mil millones de pesos; de los cuales corresponde el 12.6% a la Secretaría de Salud y entidades coordinadas; el 67.6% al IMSS, y el 19.7% al ISSSTE.

La óptima canalización de los fondos debe ir acompañada de una serie de cambios profundos, que en forma conjunta modifiquen la estructura del Sector Salud en aras de una mayor eficacia. Es por ello que dentro de los cambios estructurales se deberá.

- Hacer más racional y eficiente la operación del servicio, evitando desperdicios de medicamentos, recetas y análisis, abatiendo los días-estancia del paciente.

- Utilizar de manera óptima la capacidad instalada, tanto dentro del sector público como el sector privado, antes de construir unidades nuevas.

-Consolidar la descentralización de los servicios de salud a la población abierta.

- Reforzar la capacitación de los recursos humanos del sector salud a todos sus niveles reorientando la filosofía de la medicina familiar como el principal instrumento del bienestar y la salud de la población.

- Evitar el uso de tecnologías médicas sofisticadas y aprovechar al máximo los conocimientos y recursos del país en función de sus necesidades.

La estrategia y acciones instrumentadas en el Sector Laboral han contribuido a mantener el equilibrio entre los factores de la producción, en beneficio de la tranquilidad social, la producción y la productividad.

Asimismo, a través de los programas de empleo y de organización para el trabajo, el sector ha colaborado a los objetivos de proteger la ocupación y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

En el marco del Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento, durante 1985 se integraron 4 mil 182 comisiones mixtas, se registraron 3 mil 136 planes y programas y se emitieron 57 mil 182 constancias de habilidades laborales, además de proporcionarse 1 mil 412 asesorías. Asimismo, el proceso de capacitación fue apoyado por un Programa de Becas de Capacitación para trabajadores desempleados , a través del cual se otorgaron 10 mil 68 becas en diferentes especialidades.

En medicina y seguridad en el trabajo, se elaboraron documentos para orientar la autorehabilitación de obreros disminuidos para promover el uso de los servicios preventivos. Paralelamente se instrumentó una campaña para la salud y la formación de cuadros técnicos en medicina del trabajo y se está desarrollando un sistema de información de salud y seguridad en el trabajo.

Con objeto de contribuir a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, el Fonacot otorgó créditos por 16 mil millones de pesos.

La estrategia para 1986 del Sector Laboral busca seguir preservando el equilibrio entre los factores de la producción a través de la acción conciliatoria, que bajo condiciones de cordialidad y entendimiento, coadyuven al logro de los objetivos de la política económica y a promover la impartición de justicia en las relaciones laborales conforme a derecho.

Se dará continuidad a las actividades de capacitación y adiestramiento para y en el trabajo, como factor sustantivo en la elevación de la productividad; asimismo, se promoverá la generación de empleos y la protección de los existentes, promoviendo la participación de los sectores privado y social. En este sentido será reforzado el Servicio Nacional de Empleo.

Particular atención se dará al fomento y la promoción de la organización social para el trabajo y en especial al cooperativismo, como instrumento de apoyo para la producción, el empleo y la distribución del ingreso.

Las principales acciones de la estrategia laboral serán; atender el 100% de las demandas de conciliación de conflictos obrero-patronales, revisar nueve contratos ley y 42 colectivos; ampliar la cobertura de la previsión social en las relaciones formales de trabajo, realizando 12 mil 730 visitas de inspección a centros de trabajo; y apoyar la integración y registro de comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, así como de seguridad e higiene en el trabajo.

En materia de organización social para el trabajo se atenderán las consultas y se brindarán 200 asesorías a sociedades cooperativas en operación y por constituirse; se autorizará el funcionamiento de 800 sociedades y se impartirán 73 cursos de formación sindical y cooperativas.

Para mejorar el bienestar de los trabajadores se fijarán los salarios mínimos generales y profesionales para 1986 y en apoyo al consumo de los trabajadores se otorgarán 270 mil créditos a través del Fonacot.

Para el cumplimiento de sus metas se asignará al Sector Laboral un presupuesto de 23.5 mil millones de pesos, superior en 14.6% al de 1985, considerando un 19% de transferencias a entidades no controladas.

La estrategia instrumentada para impulsar el Desarrollo Rural Integral se ha orientado a vincular con mayor eficiencia las actividades primarias con las de transformación, mejorando los sistemas de distribución y comercialización de los productos agropecuarios.

Asimismo, se ha dirigido a reducir la desigualdad entre los distintos agentes productivos y las regiones del país. Las políticas y acciones del sector públicos, la situación de los productores así como las buenas condiciones climatológicas, han tenido como resultado tasas positivas de crecimiento, sobre todo en cultivos básicos, durante los tres últimos años.

Si bien es cierto que ha habido avances en la generación de empleo rural, en la disponibilidad de alimentos y en la mejoría de las condiciones de vida de los campesinos, aún persisten problemas de baja productividad en algunas zonas del país, de reducido acceso al crédito y a la infraestructura de acopio.

Dentro del contexto del Plan Nacional de Desarrollo y la política de gasto para 1986, el desarrollo rural continúa siendo una prioridad para alcanzar los objetivos del bienestar social.

En 1986 se encaminarán las acciones de las entidades e instituciones que conforman el sector a reforzar la integración de las actividades y procesos agrícolas, pecuarios y forestales a fin de propiciar una mayor articulación de la planta productiva. Por otro lado, la estrategia se orientará a fortalecer la participación de los productores campesinos y a propiciar su mayor organización.

A través de los programas específicos de Apoyo a las Áreas de Temporal, de Desarrollo Rural del Trópico Húmedo y de Producción de Maíz, se sistematizarán y reordenarán las acciones de asistencia técnica, de construcción de infraestructura e investigación aplicada, para desarrollar las áreas más desfavorecidas y los cultivos básicos.

Por otro lado, en 1986 se avanzará en el programa de descentralización y regionalización de las actividades agropecuarias, acciones que incluyen las orientadas a proporcionar los servicios de educación, vivienda y salud para mejorar el nivel de vida de la población.

El presupuesto asignado para 1986 al desarrollo rural ascenderá a 1 293.6 mil millones de pesos cifra que incluye 38.3 mil millones de pesos adicionales a los programas normales y cuyo propósito primordial será el coadyuvar a un rápido restablecimiento para abastecer de agua potable a la Zona Metropolitana de la ciudad de México y para apoyar el proceso de descentralización y de producción de alimentos.

Conforme a las directrices de racionalidad en el gasto público y a las necesarias modificaciones de fondo para alcanzar la eficacia de las acciones agropecuarias, se plantean los siguientes cambios estructurales:

- No se iniciarán obras nuevas de gran envergadura que no tengan una plena justificación socioeconómica. Se apoyarán, en cambio, aquellas que presenten los mayores avances, propiciando su inmediata operación.

- Se promoverá el financiamiento de obras tales como desmontes, subsuelos, nivelación y despiedres, por la vía del crédito refaccionario y aportaciones de los usuarios, en tanto que en la construcción de obras de riego se buscará la participación de los productores, de acuerdo a su capacidad de pago.

- Se disminuirá el subsidio a la operación y conservación de los sistemas de riego y abastecimiento de agua potable en bloque, solicitando una mayor participación de los productores, de las industrias, de los gobiernos estatales y municipales, a fin de lograr la autosuficiencia financiera y el óptimo aprovechamiento del recurso.

- Se procurará que los recursos para la ampliación de la capacidad productiva del sector paraestatal, provengan de financiamientos y de mayores ingresos propios, resultado de la revisión de los precios de sus productos y de una mayor productividad. A través de estos mecanismos, se logrará su equilibrio financiero.

- En el otorgamiento de subsidios a los insumos generados por las entidades paraestatales, se profundizarán las medidas selectivas para lograr su equilibrio financiero, concertando la participación de los gobiernos estatales y municipales, además de las organizaciones de productores en su consecución.

- Se adecuará la política de precios de referencia y de garantía para que se estimule a los productores y se fomente el desarrollo agropecuario.

Se buscará desarrollar y expandir la cobertura del mercado interno, tanto de productos básicos como de materias primas, así como concurrir en mayor medida al externo, para lo cual se establecerá una coordinación más estrecha de las acciones del PRONADRI con las del PRONAL, el Sistema Nacional para el Abasto y el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior.

En cuanto a metas, se prevé la siembra de 22.2 millones de hectáreas (73% de temporal), lo cual representa un crecimiento de 6.2% en relación a 1985 y permitirá una producción de 21.3 millones de toneladas, que hará posible reducir las importaciones de granos básicos y de oleaginosas. Las acciones específicas a desarrollar durante 1986 serán:

- Avanzar en la construcción y rehabilitación de obras de infraestructura, principalmente de pequeña irrigación y para apoyar el desarrollo de las áreas de temporal. Se realizarán 1 mil 101 obras que beneficiaran a 9 mil productores, lo que permitirá incorporar 46 mil 300 hectáreas al riego, 61 mil 900 de temporal y la rehabilitación de 23 mil 700 hectáreas.

- Las entidades paraestatales aportarán a la consecución de estos resultados 232.7 miles de toneladas de semilla certificada, 350.5 miles de toneladas de granos básicos, el proceso de 21.5 miles de toneladas de productos oleaginosos y 15.7 miles de toneladas de diversas frutas. Por su parte en INMECAFE comercializará 2.7 millones de quintales de café.

En relación con las metas originales del PRONADRI para 1986, se alcanzará a cubrir el 90% en temporal, el 80% en rehabilitación, en tanto que para el riego se llegará al 55%, lo que implicará efectuar los ajustes correspondientes al mencionado programa de mediano plazo.

Las acciones del subsector serán apoyadas a través de los organismos financieros que habilitarán 11.2 millones de hectáreas, de las cuales el Banco Nacional de Crédito Rural atenderá 7.2 millones, y se otorgarán 1 292.2 millones de pesos para créditos de avío y refaccionario.

En apoyo a las actividades agropecuarias, la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A., cubrirá contra siniestros 10.4 millones de hectáreas y 2.5 millones de cabezas de ganado. Por otra parte, otorgará seguro de vida a 2.3 millones de productores.

Con un uso racional y óptimo de los recursos, se pretende incrementar la producción de leche, huevo, carne de bovinos y aves, así como contribuir a incrementar el consumo de proteína de origen animal, sin que esto implique competir con las actividades agrícolas en el uso del suelo.

En el vértice de la estrategia del subsector, está la transformación cualitativa y gradual de las actividades que permitan, en el mediano plazo, cambiar de una ganadería extensiva a una de tipo intensivo. Asimismo, se estimulará la participación de la ganadería de especies menores, la avicultura rural y la producción de miel.

Las metas pecuarias contemplan una producción de huevo, leche y carne en canal superiores a las de 1985, en 6.5, 3.5 y 2.9%, respectivamente.

Para la consecución de estas metas que permitan incrementar la producción pecuaria para consumo interno se establecen como acciones básicas, las siguientes:

- Impulsar la investigación científica y tecnológica para encontrar fuentes alternas de alimentación animal, principalmente en la porcicultura y avicultura, así como fomentar la calidad genética de las especies y sus condiciones sanitarias.

- Fomentar la explotación de especies menores en áreas de temporal, así como estimular la ganadería lechera a nivel familiar en zonas productoras de forrajes, esquilmos, praderas de temporal y la avicultura rural, para promover la industrialización de huevo en época de alta postura, a efecto de incidir en la regulación de la oferta y controlar desequilibrios en los precios.

- De forma conjunta, consolidar la ganadería lechera especializada altamente tecnificada, principal abastecedora de leche pasteurizada de los centros urbanos, así como apoyar la ganadería tropical de doble propósito y propiciar la integración horizontal y vertical del proceso.

El desarrollo de la actividad forestal articula los criterios de aprovechamiento racional de los recursos, con los de conservación y protección de bosques y selvas en contribución al equilibrio ecológico. Para ello se han establecido programas de protección e índice de extracción, que permitirán avanzar en la satisfacción de la demanda interna de productos maderables y no maderables.

La consecución de estos propósitos, requiere de la participación de los gobiernos estatales en la promoción de programas de reforestación y conservación y explotación racional, así como el financiamiento, de créditos, gasto público y estímulos fiscales.

De igual manera será necesaria la participación de los poseedores del bosque en los programas de explotación racional de los recursos. Con ello se logrará incrementar las posibilidades de ocupación, ingreso y bienestar de los productores y también se podrá reducir el subsidio de operación a las empresas forestales.

Las acciones a realizar durante 1986 serán:

- Realizar una explotación maderera racional que apoye la generación de empleo y preserve adecuadamente el recurso.

- Fomentar la participación de los posesionarios de bosques en la transformación y comercialización de productos maderables y no maderables.

- Incrementar la producción de celulosa y aumentar la exportación de productos maderables.

En términos cuantitativos, se espera obtener una producción maderable de 10 millones 664 mil metros cúbicos rollo y de no maderables por 70 mil toneladas; mientras que en celulosa crecerá en 9% la producción nacional.

La actividad de las empresas paraestatales forestales participarán extrayendo 1.2 millones de metros cúbicos rollo y produciendo 94.7 millones de pies tabla y 5.6 millones de metros cuadrados de triplay. Estas metas permitirán disminuir el déficit de la balanza comercial forestal en celulosa y papel principalmente.

Con el propósito de contribuir a la solución de los diversos problemas que afronta el campo, la política agraria en el marco de la estrategia rural se orienta a fortalecer la organización de los diversos grupos campesinos, así como continuar con el otorgamiento de la seguridad jurídica y el reparto de la tierra legalmente afectable.

En este contexto y a fin de avanzar en la instrumentación de la política de Reforma Agraria Integral, para 1986 se realizarán las siguientes acciones:

- Promover el establecimiento de los convenios de coordinación interinstitucional, a fin de otorgar los servicios de infraestructura económica y social para apoyar el proceso de formación y consolidación de los núcleos agrarios.

- Proseguir el proceso de organización y capacitación campesina a través del apoyo a la formación de Unidades de Desarrollo Rural y Asociaciones Rurales de Interés Colectivo.

- Continuar con el reparto agrario, a través de la ejecución de las resoluciones presidenciales; la simplificación de procedimientos agrarios y el apoyo a organizaciones y campesinos en la realización de los trámites ante las dependencias de la administración pública.

- Avanzar en la regulación de la tenencia de la tierra, principalmente en los ejidos y comunidades con problemas de asentamientos humanos.

En lo referente a las metas que se han establecido para el cumplimiento de las acciones propuestas, en materia de seguridad jurídica se otorgarán 185 mil documentos de reconocimiento de derechos agrarios a ejidatarios y através del Programa de Catastro Rural se otorgará seguridad jurídica en una superficie de 53 millones de hectáreas, con lo que se dará continuidad al programa en 19 estados y se culminará en 10.

En cuanto a organización y capacitación se integrarán y se consolidarán 2 500 unidades de desarrollo rural y se promoverá el aprovechamiento de los recursos disponibles en 1 700 núcleos agrarios. Finalmente, en lo que al reparto agrario se refiere, se ejecutarán resoluciones presidenciales en 550 mil hectáreas.

Las actividades del Sector Desarrollo Urbano y Ecología para 1986 se realizarán considerando las acciones urbanas y ecológicas ya iniciadas, adecuando sus programas para apoyar la reconstrucción de la ciudad de México, el proceso de descentralización de la administración pública federal y de la actividad económica.

El sector apoyará acciones de vivienda, infraestructura básica y equipamiento urbano; mantendrá las tareas de conservación de edificios, espacios públicos, centros culturales e históricos del patrimonio inmobiliario federal; asimismo, fortalecerá los trabajos de control y supervisión de las condiciones ecológicas de las distintas regiones y localidades del país.

A partir de estas orientaciones, el sector llevará a cabo actividades de normatividad, supervisión, control, apoyo técnico, asesoría y capacitación para fortalecer la presencia del gobierno federal e impulsar la ejecución de obras y proyectos por parte de los gobiernos estatales y municipales.

Dadas las condiciones económicas del país y los efectos derivados de los sismos del mes de septiembre, las prioridades del sector serán las siguientes

: - Apoyar las acciones de reconstrucción, rehabilitación, readecuación de los inmuebles y servicios de la ciudad de México, así como otras poblaciones afectadas por los sismos, mediante la prevención y estimación real de la demanda de servicios, vivienda e infraestructura de apoyo.

- Coadyuvar al esfuerzo de descentralización de la vida nacional, a través de acciones integrales que atiendan los requerimientos de la población en materia de equipamiento urbano, servicios y vivienda.

- Impulsar los programas de dotación de servicios, equipamiento urbano básico y vivienda, orientados primordialmente a la población de escasos recursos.

- Orientar la inversión del sector hacia obras y proyectos generadores de empleo, dando prioridad a aquellos que utilicen en forma intensiva mano de obra y contribuyan en forma directa al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

- Jerarquizar y racionalizar la utilización de los recursos presupuestales del sector, garantizando su eficaz, estricta y rigurosa aplicación en programas y proyectos de prioridad social e impulsar la promoción de nuevas fuentes de financiamiento.

Para 1986 se canalizarán al sector un total de 92.1 mil millones de pesos, de los cuales 62.8 mil millones se destinarán al programa directo y 29.3 mil millones a los organismos y entidades coordinadas.

Conforme a los compromisos establecidos en los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano, Vivienda y de Ecología 1984-1988, las principales metas a alcanzar en 1986 son:

- Establecer las decisiones que den sustento normativo a los planes, programas, estudios y esquemas rectores de urbanización y ordenamiento territorial de los centros de población prioritarios del Sistema Urbano Nacional, para apoyar el proceso de descentralización.

- Proseguir con la constitución de reservas territoriales y con las acciones de regularización de la tenencia de la tierra correspondiente a los programas de desarrollo urbano, vivienda y ecología en las ciudades medias receptoras que se definan en el programa de descentralización.

- Mantener las actividades normativas del sector en materia de agua potable y alcantarillado, mediante actividades de capacitación, asistencia técnica y elaboración de proyectos, en apoyo a los organismos operadores en los estados.

- Avanzar en la reconstrucción de 16 edificios públicos, realizar 60 acciones de conservación y mantenimiento en Palacios Federales, oficinas de SEDUE a nivel central y foráneas y continuar con 120 obras de restauración de monumentos y centros históricos.- Desarrollar en forma integral la zona federal marítimo-terrestre y los terrenos ganados al mar, mediante la realización de obras de infraestructura.

- Aprovechar integralmente el patrimonio federal a través de 31 acciones de regularización jurídica y administrativa de inmuebles federales y realizar igual número de acciones para inventariar los recursos inmobiliarios, así como las obras de conservación y aprovechamiento. Vivienda

- Apoyar el programa especial de vivienda para la reconstrucción de la ciudad de México y la descentralización de la administración pública federal, canalizando las acciones de los distintos organismos públicos, entidades de los sectores privado y social en un mismo marco de actuación, mediante apoyo técnico, promoción financiera, asesoría y capacitación.

- Impulsar las acciones de apoyo técnico y financiero contenidas en los programas de autoconstrucción y regeneración de viviendas, coadyuvando con las organizaciones vecinales a la definición de criterios técnicos, a través de FONHAPO, para gestionar recursos crediticios que permitan acelerar los trabajos de reconstrucción.

- Apoyar mediante nuevos financiamientos la construcción de 2 426 viviendas terminadas, la dotación de 21 900 lotes con servicios, 1 360 acciones de autoconstrucción y de 53 000 acciones de vivienda terminada y progresiva.

- Apoyar los programas de mejoramiento de la vivienda mediante procesos de autoconstrucción, realizando aproximadamente 14 000 acciones de ampliación y rehabilitación e impulsar asimismo, el establecimiento de 8 parques de materiales y cooperativas para la producción de insumos para la construcción.

- Continuar los trabajos sobre normas y legislación en materia de contaminación ambiental; instalar, mantener y operar las redes manuales de monitoreo atmosférico en las áreas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Coatzacoalcos-Minatitlán, Tijuana, Nacozari-Cananea, puertos industriales y aumentar a 25 las estaciones de la red automática de monitoreo.

- Desarrollar los programas en materia de confinamientos controlados que den apoyo al sector industrial para el desecho de residuos peligrosos y normar actividades en las cuencas hidrológicas más contaminadas.

- Realizar acciones en plantas de tratamiento de aguas municipales y desarrollar preferentemente los sistemas regionales de control de la contaminación en los ríos Blanco, Zacahuapan, Pánuco y Balsas.

- Apoyar por medio de la coordinación con las diversas áreas del Gobierno y mediante la concertación con la sociedad, acciones de restauración ecológica en sectores y sitios críticos.

Las actividades pesqueras adquieren particular relevancia dentro de la estrategia general de desarrollo por su capacidad para ofrecer alimentos de alto contenido protéico, su contribución en la captación de divisas y la promoción del desarrollo regional.

Durante los últimos años el sector ha mantenido un ritmo de crecimiento mayor a la dinámica de otras ramas de actividad; sin embargo, debe reconocerse que al mismo tiempo enfrenta problemas de ineficiencia organizacional y de aprovechamiento de capacidad instalada, tanto de la flota de captura como en las instalaciones de procesamiento.

Para este año, la estrategia del sector pesquero se caracteriza por una combinación integral y equilibrada de las diversas actividades, necesidades y prioridades; en un marco de reconversión industrial, que permita elevar la eficiencia y productividad en los diversos procesos de captura, industrialización y comercialización pesquera, incluyendo la acuacultura.

Las acciones sectoriales para 1986, se orientarán a estimular la aplicación de tecnologías adecuadas a los procesos de captura e industrialización; promover la capacitación y organización de productores, así como establecer programas integrales de financiamiento.

De acuerdo al Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar, los objetivos del sector buscan contribuir a mejorar la ocupación, ingresos y alimentación de la población, modernizar el aparato productivo pesquero y mantener en condiciones de uso la infraestructura existente, a fin de incrementar y promover la industrialización de productos que atiendan con eficiencia la demanda nacional y del mercado externo.

Las dificultades por las que atraviesa la economía del país, limitarán los niveles de gasto previstos en el Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar para el trienio 1986-1988. Con los recursos que se asignan para 1986, la meta de captura representará sólo un 77%, mientras que la producción de acuacultura será de 62%, la industrialización y comercialización destinada al mercado interno alcanzará el 68% en relación a lo previsto originalmente en el programa.

En este sentido, el Sector Pesca orientará sus acciones al reordenamiento integral, orgánico y operativo que le permita a la vez, lograr los objetivos precisados por el Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar y revisar las metas a mediano plazo cumpliendo el compromiso de proveer de alimentos pesqueros a la población y promover el desarrollo regional y comunitario.

Para ello, se habrá de fortalecer la participación de los sectores social y privado en la acuacultura; mejorar la coordinación de la comercialización con las entidades especializadas del sector público; revisar los precios para asegurar el acopio y la sana operación de las empresas paraestatales pesqueras y utilizar óptimamente los activos de planta, flota y transporte pesquero para propiciar un equilibrio entre los volúmenes producidos y su comercialización.

Los lineamientos de acción propuestos para 1986, se orientan mediante la acción coordinada de los sectores público, social y privado, a la consecución de los siguientes aspectos.

- Ampliar la infraestructura y estimular el uso de la tecnología que permita incrementar la captura e industrialización.

- Se promoverá el programa de reparación, mantenimiento y reposición de embarcaciones camaroneras, de flotas atuneras y escameras, así como de programas de financiamiento para la adecuada operación de las mismas.

- Se asegurará la operación de centros acuícolas y granjas piscícolas; siendo prioritarias las actividades acuícolas en beneficio de grupos ejidales, comunales y de la población de escasos recursos.

- Se concentrarán esfuerzos en el Programa de Regulación y Vigilancia.

Acorde con la estrategia y lineamientos de acción, se estima una producción para 1986, de 1.5 millones de toneladas en peso vivo, 18% mayor a la obtenida en 1985; de ésta corresponden a captura 1.4 millones de toneladas y el resto a acuacultura. En la fase de industrialización se prevé procesar 825 mil toneladas, de las que el 56.9% se destinarán a congelado y enlatado, de esta forma se observa que un mayor volumen de materia prima se destina al consumo humano.

Se comercializarán 695.8 mil toneladas en sus diferentes presentaciones de las cuales el volumen destinado al mercado interno será de 539.7 toneladas y 156.1 mil toneladas se exportarán, lo que permitirá captar, aproximadamente, 603 millones de dólares.

La orientación de la población hacia el mercado interno hará posible incrementar sustancialmente el consumo per cápita a 16.9 kilogramos, de los cuales 10.2 serán de consumo humano directo y 6.7 de productos industrializados.

Estas metas de producción apoyarán la generación de empleos, creando un total de 21.226 puestos laborales; 1,189 en la fase de captura, 4,980 en programas de fomento, 5,990 en la fase de industrialización y 8,430 en programas de beneficio directo a comunidades de pescadores.

Para el cumplimiento de estas metas y la consecución de los objetivos del sector, se asigna un presupuesto de 272.1 mil millones de pesos, 43.2% más que el esperado en 1985.

Las estrategias de modernización y descentralización económica, aspectos relevantes del cambio estructural que el país requiere, hacen necesario consolidar los sistemas integrales de comunicaciones y transportes.

En dicho sentido, no se soslaya la existencia de problemas sin resolver que demandan atención. Tal es el caso de la infraestructura de transporte que presenta deficiencias y requiere montos importantes de inversión. También, el subsector comunicaciones muestra una centralización de servicios que genera problemas de saturación y consecuentemente, rezagos en algunos medios de comunicación.

Ante esta situación, el presupuesto del sector contiene ajustes para optimizar el gasto, procurando asignar recursos a todos aquellos proyectos estratégicos que apoyan la reactivación económica del país. Además, se consideran recursos adicionales para la reconstrucción de los daños causados por los pasados sismos.

Lograr una pronta operación de los sistemas dañados y continuar con la tarea de ampliar la cobertura en los servicios, permitirá un avance gradual en la articulación de los distintos medios de transporte y comunicaciones en apoyo al programa de modernización del aparato productivo y distributivo.

La política de gastos se dirige a establecer mayor coordinación entre el transporte y los sistemas de comercialización y abasto, mediante la construcción y conservación de infraestructura básica, así como el equipo de transporte. En comunicaciones la orientación básica es la expansión y adecuación de la red de telecomunicaciones para optimizar la utilización del Sistema del Satélite Morelos.

Entre las principales acciones del sector para 1986, se encuentra el apoyo a las representaciones estatales, otorgándoles atribuciones y facultades en el manejo de los recursos presupuestales, que se ejercerán en forma local y gradual conforme se requiera.

Se imprimirá mayor coordinación y control en las actividades de la Federación hacia los gobiernos estatales en congruencia con el desarrollo de los programas de inversión, a través del Convenio Único de Desarrollo.

A fin de garantizar el saneamiento financiero, se procurará redoblar los esfuerzos de racionalidad y disciplina en el manejo del gasto, elevando los niveles de eficiencia y productividad en los organismos y empresas del sector. La adecuación gradual de tarifas permitirá ampliar y preservar la autosuficiencia financiera y contribuir a la disminución global del déficit presupuestal.

Con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos y acciones para 1986, el presupuesto asignado al Sector Comunicaciones y Transportes asciende a un total de 1,354.4 mil millones de pesos. Corresponde a gasto de inversión el 36% y a gasto corriente el 64%.

Destacan en la asignación presupuestal las prioridades establecidas en el Programa Nacional de Comunicaciones y Transportes, orientadas a fortalecer la infraestructura, superar los rezagos de la red troncal básica, modernizar el sistema ferroviario y mejorar la operación prontuaria fundamentalmente.

El presupuesto total del subsector asciende a 220 mil millones de pesos, de los cuales 179.0 mil millones corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 41.0 mil millones a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Se da prioridad a la continuación de obras en proceso, la modernización de la red troncal básica y la ampliación de las carreteras de cuatro carriles.

Para dar cumplimiento a movilizar el 80% de carga y el 97% de los pasajeros que se desplazarán entre las ciudades durante 1986, se procurará conservar adecuadamente la red de 225.000 kilómetros de carreteras y caminos.

En este sentido, se proseguirá con obras que incluyen 22 nuevas carreteras troncales con una longitud de 2,185 kilómetros, destacando por su importancia estratégica la fronteriza del Sur, Chihuahua-Culiacán, Maravatío-Atlacomulco y Teotitlán-Tuxtepec. En 1986 se terminarán tramos operativos con un total de 220 kilómetros.

Se canalizarán recursos al programa de infraestructura carretera, mediante las acciones de modernización de la red troncal, continuándose 54 obras en proceso que en total suman 2,409 kilómetros y entre las cuales destacan: la ampliación a 4 carriles en la Irapuato-León, Coatzacoalcos-Villahermosa, Querétaro-San Luis Potosí y Guadalajara-Colima-Manzanillo. Dentro de este rubro, se continúa con la ampliación de las carreteras de cuota Puebla- Orizaba y Querétaro-Irapuato. Asimismo con el nivel de gasto para carreteras, se logrará la meta de conservación y reconstrucción prevista en el Programa Nacional de Comunicaciones y Transportes. El ritmo de ejecución de obra en construcción y modernización se reduce en forma importante en relación a lo programado, obligando a concentrar recursos en forma selectiva para terminar tramos operativos.

Para la regulación y el fomento al autotransporte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asigna recursos para el gasto de operación y apoyos al Programa de Desarrollo de Autotransporte Federal.

Las principales acciones en le transporte ferroviario se orientan a lograr el saneamiento financiero de las empresas, modernizar la infraestructura, mejor la operación del servicio, conservación y rehabilitación de instalaciones, buscando su expansión mediante proyectos que complementen los ejes transversales y los patios para operaciones multimodales.

Dentro del programa de modernización ferroviaria se mejorará la organización en los talleres, agilizando la requisición y control de materiales, para elevar la disponibilidad de locomotoras y cuidar que los niveles de importación de refacciones y materiales se reduzcan.

Se espera que en 1986, se logre movilizar a 79.3 millones de toneladas netas de carga para lo cual se operará una flota de 1,857 locomotoras. Asimismo, se avanzará en la modernización y consolidación de la reconstrucción de carros.

En materia de señalamiento y conservación de la red férrea, se rehabilitarán 750 kilómetros de vía, se continuará la modernización y ampliación de la infraestructura destacando la doble vía electrificada México-Querétaro, Guadalajara Monterrey, las vías dobles de Querétaro- Irapuato, el tramo Los Reyes Paso del Macho de la México-Veracruz y las rectificaciones en tramos críticos de las vías México-Lázaro Cárdenas y Veracruz-Coatzacoalcos.

Se mantendrá una política tarifaría que cubra en el corto plazo los costos de operación y permita la autosuficiencia financiera, y se establecerán programas de capacitación y modernización en los procesos operativos y administrativos que propicien el incremento en la productividad.

El objetivo básico en el subsector es mejorar el funcionamiento de los puertos en general, consolidar los puertos industriales como apoyo al desarrollo regional e impulsar a la Marina Mercante Nacional, mediante la capacitación de personal y abanderamiento de buques mexicanos, coordinando acciones con el sector público para captar el total de carga de cabotaje y en porcentaje creciente el de altura.

Para el cumplimiento de estos objetivos se espera movilizar durante 1986, 115 millones de toneladas en tráfico de altura, 60 millones de toneladas de cabotaje y propiciar el crecimiento de 400 mil toneladas de peso muerto de la Marina Mercante Nacional. Se estima asimismo, transportar 4.4 millones de pasajeros y 1.4 millones de vehículos a través del sistema de transbordadores.

Dentro del Programa de Puertos Industriales, se contemplan los proyectos de equipamiento e infraestructuras del puerto de Lázaro Cárdenas.

Por otro lado, en el ámbito regional se tiene asegurada una importante inversión a diversas obras que se estima contribuirán al desarrollo regional, entre las que destacan los trabajos de ampliación y rehabilitación en Manzanillo, Ensenada, Tuxpan, Guaymas y obras complementarias en los principales puertos.

Es importante mencionar que la entidad Servicios de Transbordadores, se reestructurará administrativamente, reubicándose en La Paz, B.C.S. para concentrar sus servicios en el Mar de Cortés. De igual forma, se seguirá fortaleciendo a las empresas de servicios portuarios a fin de que consoliden su autonomía operacional y financiera, mediante la transformación de la estructura de derechos a tarifas.

Mantener una infraestructura moderna y garantizar la prestación de los servicios con la seguridad y eficiencia, es objetivo primordial en el transporte aéreo durante 1986.

En lo relativo a la infraestructura, las metas trazadas se dirigen principalmente a continuar pequeñas obras de remodelación o ampliación para resolver problemas de saturación en los aeropuertos de Tijuana, Cancún y León. Se proseguirán las obras en proceso correspondientes a la terminación de la primera etapa de los aeropuertos de Aguascalientes, Morelia y San Luis Potosí, y se avanzará con los de Puebla, Colima y los aeropuertos turísticos de Puerto Escondido y Huatulco en Oaxaca.

Por lo que respecta a las empresas aéreas, se espera que las dos líneas nacionales movilicen a 16.7 millones de pasajeros, de los que 9.5 millones corresponden a Mexicana de Aviación y 7.2 millones a Aeroméxico, estimándose un crecimiento de 3% en el tráfico con respecto a 1985, con lo que se busca impulsar el turismo y lograr un enlace eficiente entre las principales ciudades del país.

Se destinarán importantes recursos para el mantenimiento de la flota aérea. En el renglón de operación se plantea la utilización más eficiente del equipo de vuelo, mediante mejoras a los sistemas operativos y de rutas, de mantenimiento y despacho de vuelo en los aeropuertos.

Es importante destacar que a la luz del cambio en las condiciones económicas del país, se ha tenido que diferir la ampliación del Aeropuerto de la Ciudad de México y reducir el ritmo de modernización de la flota e infraestructura aérea.

La eficiencia en el servicio de las comunicaciones es pieza fundamental para la vinculación entre los diferentes sectores productivos y constituye una base para alcanzar objetivos que permitan fortalecer la identidad nacional.

De ahí que en 1986 el presupuesto de Teléfonos de México, otorgue prioridad al restablecimiento de la infraestructura telefónica, para dar respuesta a la tarea de reparación de los daños causados por los sismos y apoye la ampliación de la cobertura, con la construcción de una nueva red descentralizada de larga distancia en la ciudad de México, con 5 centrales interconectadas para su soporte mutuo en caso de falla. Con dicha ampliación se estimulará la descentralización de actividades y se mejorará la prestación de servicios.

En telefonía rural la asignación de recursos permitirá incorporar a 142 localidades a la red nacional.

En lo referente a otros sistemas, se adaptarán 16 enlaces de microondas para telefonía y se instalarán 2,760 nuevas líneas de abonados de telex. En materia de control y vigilancia de telecomunicaciones se avanzará en la modernización de 2 estaciones radiomonitoras.

Las acciones de modernización del servicio postal, proseguirán con la adquisición e instalación de 2 centros de clasificación automatizada, complementadas con la remodelación de 343 administraciones postales distribuidas en el país.

Respecto al servicio telegráfico, se continuará avanzando en el proceso de modernización, operando 2,352 administraciones y remodelando 150; asimismo, se continuará con la construcción de la segunda etapa de la central de la ciudad de México y se instalarán 2 centrales automáticas de telegrafía.

Se señala en particular la necesidad de expandir y habilitar el soporte en tierra del Sistema del Satélite Morelos que requiere contar con una red de estaciones terrenas de dimensión y capacidad suficiente, por lo que se amplía la red de 201 a 242 estaciones, como apoyo a la red de microondas y al proceso de modernización de telefonía.

Se procurará que el Centro para Seguimiento, Control y Monitoreo de los Satélites realice estudios de optimización de las operaciones y se convierta en el soporte de dichos servicios.

Reducir la dependencia del exterior en materia de tecnología es también un objetivo del sector, para lo cual en 1986, se contemplan estudios y proyectos en ingeniería de sistemas del desarrollo tecnológico en la industria de equipos de comunicación que permitan avances en el área de investigación científica y tecnológica.

La tarea de conformar, en el mediano plazo, un desarrollo equilibrado y articulado de los procesos y fases del abasto-producción-distribución-consumo, requiere avanzar en la modernización del sector, no de manera aislada, sino en función de una clara determinación de interrelaciones sectoriales, a fin de apoyar la integración de la economía nacional y darle mayor dinamismo.

Lo anterior será posible a través de la regulación de los mercados de bienes y servicios necesarios y estratégicos, así como de los precios de artículos sujetos a control oficial, para promover la oferta de productos de consumo popular e incidir en la disminución de importaciones, con el apoyo y participación directa o indirecta de los sectores público, privado y social.

Los grandes propósitos nacionales de modernización comercial y abasto popular se mantienen inamovibles y con ellos los objetivos de fomentar la producción intersectorial de básicos; ejercer un papel determinante en la reorientación de hábitos de consumo; mejorar la distribución regional de acopio y almacenamiento, así como de abasto a través de la red de tiendas del sector público y las afiliadas a IMPECSA; reducir los márgenes de comercialización e intermediación; apoyar la organización de productores con el objeto de que se integren de manera directa en los procesos de distribución.

En la estrategia de la política de gasto para 1986, se mantiene el carácter prioritario del desarrollo del sector, con el objeto de revertir el crecimiento desmesurado y desordenado de las actividades comerciales, modificar la polarización de los sistemas de distribución en el medio urbano y rural, de mejorar las condiciones de intercambio en el exterior y fortalecer el consumo popular.

Durante este ejercicio presupuestal, el sector ha delimitado su campo de acción en dos vertientes generales; una de concertación, consistente en establecer acciones directas con las empresas o grupos sociales que demanden servicios; y la de inducción, que se basa en la aplicación de todos aquellos instrumentos de política económica con que se cuenta para orientar el comportamiento de los agentes económicos.

En materia de comercio exterior, se racionalizarán las medidas de protección y se fomentarán las exportaciones desarrollando las franjas fronterizas y zonas libres, con el objeto de apoyar el equilibrio de las cuentas externas, esto propiciará mejorar las condiciones de intercambio para el país, buscar una mayor participación en los mercados limítrofes y reorientar las exportaciones.

Las entidades coordinadas del sector participarán en la promoción y comercialización de productos en los ámbitos interno y externo. Por otra parte, el compromiso de consolidar las acciones de concertación entre los sectores privado y social, se mantiene a fin de determinar acciones específicas para cada sector y poder satisfacer las necesidades de abasto.

La estrategia sectorial ha establecido actividades tendientes a fomentar la oferta de productos, combatir la inflación, control y racionalización de los precios con el fin de no deteriorar el consumo de la población, entre otras acciones que destacan:

- Compatibilizar la política de precios controlados con los aranceles y controles del comercio exterior, mediante la coordinación de los mecanismos de control y registro, a fin de racionalizar la política de protección y estimular la inversión de los sectores privado y social.

- En el marco de la instrumentación del Programa para la Operación y Desarrollo del Sistema Nacional para el Abasto (SNA), se coordinarán y concertarán acciones con los gobiernos estatales, municipales y los sectores social y privado, a fin de racionalizar los procesos de acopio, normalización, envase y embalaje; modernizar la infraestructura de almacenamiento, transporte, distribución y comercialización; ello permitirá garantizar un consumo de productos básicos que mejore el nivel nutricional de la población.

- En materia de protección y orientación al consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor e Instituto Nacional del Consumidor, difundirán los instrumentos jurídicos que operan en la materia e intensificarán las campañas de orientación al consumidor. Por su parte, las entidades coordinadas asistirán al consumidor, intensificando la inspección y vigilancia sobre los procesos de producción y comercialización, a fin de evitar distorsiones en los precios y proteger el poder adquisitivo del salario

. - La comercialización y el abasto interno tendrán especial atención, sobre todo en las acciones que contribuyan a avanzar en la integración del SNA, como son el desarrollo de una red nacional de acopio, transporte y distribución de granos, oleaginosas y perecederas.

Dada la importancia del Sistema CONASUPO, (organismo matriz y ANDSA, BORUCONSA, ICONSA, LICONSA, MINSA, TRICONSA, IMPECSA Y DICONSA) y conforme a la estrategia de cambio estructural en la regulación y abasto de básicos, para 1986 se proseguirá fortaleciendo su función reguladora de la oferta y los precios e insumos básicos de consumo generalizado, así como su intervención en la racionalización de la aplicación de los subsidios, de manera tal que se pueda continuar avanzando en su selectividad y transparencia.

Para ello, en el ámbito agropecuario se mantendrá la participación de las ramas industriales usuarias de maíz, trigo, sorgo y oleaginosas, y de las filiales industriales de CONASUPO en las compras nacionales de las cosechas y las importaciones complementarias, mediante compromisos que asuman dentro de sistemas participativos de comercialización por producto, bajo la coordinación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la presencia reguladora del organismo.

En el ámbito industrial y de distribución, se intensificará la concertación y coordinación de acciones con los sectores social, privado y con los gobiernos estatales y municipales para la instalación de plantas de los principales productos básicos; así como de unidades comerciales para la distribución de los mismos y de artículos de consumo generalizado.

El conjunto de lineamientos en sus vertientes específicas se fundamentan en varios programas, entre los que se encuentran el de Fomento y Regulación; Racionalización de la Protección; Fomento al Comercio Exterior; Abasto y Comercialización de Básicos y Hortofrutícolas; de Distribución de Productos de Consumo Popular; Promoción de la Modernización Comercial y el de Acopio y Almacenamiento para el Abasto.

De esta forma se avanza en la tarea de planeación para aumentar la eficiencia en la actividad del sector, dando sustento a sus tareas y acciones y delimitando los aspectos específicos más álgidos a resolver de manera congruente con la estrategia del cambio estructural.

Para este año, se establecen metas y objetivos concretos que se circunscriben en la estrategia general de modernización y de abasto popular, entre las que se encuentran:

- Proteger el consumo básico de la población, en especial la de escasos recursos.

- Implantar una política de precios que interrelacione y equilibre los requerimientos de los sectores industrial y comercial.

- Apoyar la modernización del comercio detallista, proporcionando capacitación y asistencia técnica, financiera y aprovisionamiento de servicios, para mejorar la operación de las tiendas de los sectores público, privado y social.

En cuanto a las metas del sector para este año, se continuará con la creación de infraestructura que garantice el abasto nacional de productos básicos, se racionalizará el gasto y las transparencias y se orientará a la consecución de objetivos, programas y metas con un claro impacto económico- social, priorizando los gastos de inversión. Asimismo, se establecerá una programación financiera para la atención de las actividades comerciales prioritarias y la modernización de estructuras de comercio exterior y de abasto popular.

En este contexto, se terminará la línea de secado de leche en Aguascalientes y Jalostotitlán y se ampliarán los centros de recría; se concluirán los silos de concreto en Apizaco, Tlaxcala y Guadalajara; se mecanizarán seis bodegas en diferentes partes de la República; y se calcula almacenar y manejar, considerando la revolvencia, 70.8 millones de toneladas de productos básicos; asimismo, para orientar el comercio rural, se realizarán 6,280 estudios sobre información de precios y volúmenes de frutas, hortalizas y cárnicos. Para el cumplimiento de la estrategia, el Sector Abasto dispondrá de una asignación presupuestal de 1 018.5 mil millones de pesos.

Durante el año, CONASUPO participará en el mercado nacional comercializando 14% de sorgo; 22% de maíz y de arroz pulido, así como 15% de frijol de soya. Se comprarán 8.8 millones de toneladas de alimentos prioritarios, 5.7 en el mercado nacional y 3.1 millones de importación.

Las empresas filiales de CONASUPO producirán y comercializarán 1 471.1 millones de litros de leche, lo cual beneficiará a 1.2 mil millones de familias; la producción de harina de maíz será de 655 mil y 1.2 millones de toneladas, de otros básicos, entre ellos se producirán 159 mil toneladas de harina de trigo, 15 mil toneladas de pastas y 139.4 mil toneladas de aceites. Se elaborarán 405.1 millones de piezas de pan popular en beneficio de 552 mil familias del área metropolitana. A través del Programa de Apoyo a la Comercialización Ejidal se beneficiarán a 400 mil productores agrarios.

La distribución de productos básicos, en especial las pequeñas comunidades rurales y zonas marginadas a través de la red de tiendas CONASUPO beneficiará a 50 millones de personas el Programa de Maíz-Tortilla tendrá una comercialización de 325 mil toneladas de tortillas anuales.

El Instituto Nacional del Consumidor orientará los hábitos de consumo de la población mediante la difusión de 7.4 mil mensajes; se integrarán mil 600 grupos de compra en común y se realizarán 408.7 mil visitas de inspección y vigilancia a empresas que producen, distribuyen o comercializan bienes o prestan servicios.

Se mantendrá el fomento a las exportaciones de productos manufacturados no petroleros, especialmente aquellos que prestan mayor competitividad en el mercado externo y en productos agroindustriales e industriales se prevé que generarán un ingreso de 3 mil 700 millones de dólares.

Para lo anterior, la asignación presupuestal para el sector asciende a 1 018.5 mil millones de pesos, 32.7% mayor con respecto a 1985.

Las acciones promovidas para inducir la reactivación económica, así como la reestructuración y reconversión industrial, han permitido avanzar en los procesos sustitutivos de importaciones. Pese a estos avances, la persistencia de capacidad ociosa, el limitado acceso a los mercados de capital y los bajos niveles de competitividad externa, derivados de la recurrente inflación interna, obligan a profundizar las acciones de cambio estructural.

En este contexto, las entidades del sector industrial paraestatal se han abocado a intensificar las acciones de modernización productiva, establecer sistemas eficientes de comercialización y distribución, racionalizar sus estructuras administrativas e implantar programas de saneamiento financiero.

Tales acciones coadyuvarán a mejorar los índices de eficiencia y productividad, superar los problemas financieros de las entidades paraestatales, así como utilizar su poder de compra para propiciar una mejor articulación productiva con las empresas de los sectores social y privado.

Durante 1986, se afianzarán los programas de saneamiento financiero, dentro de los cuales se pondrá particular atención al flujo de transferencias y subsidios, al manejo de los niveles de liquidez y del servicio de la deuda para no afectar negativamente los capitales de trabajo y los niveles de inversión . Se continuará el proceso de revisión y depuración de las entidades no enmarcadas en áreas estratégicas exclusivas del Estado.

La estrategia del sector, además de poner énfasis en la producción de bienes e insumos estratégicos, apoyará con acciones específicas los programas de Descentralización y Reubicación de las Actividades Pruductivas.

Para la instrumentación de la estrategia sectorial industrial, se prevé un presupuesto de 1 877.2 mil millones de pesos, 40.5 superior al de 1985.

La integración de los procesos de extracción, beneficio y comercialización, constituye la estrategia medular para continuar enfrentando el rezago tecnológico, las dificultades en el comercio exterior y la incosteabilidad de la pequeña y mediana minería. Con esto, se trata de propiciar las condiciones que permitan la gestación de tecnologías propias, abatir costos para enfrentar el mercado externo contraído y altamente competitivo y en consecuencia, superar los problemas financieros del subsector .

El dinamismo observado por las actividades mineras en los últimos años, se deriva tanto de los estímulos fiscales y crediticios otorgados, como del permanente esfuerzo de modernización de sus empresas.

Durante 1986, la ejecución de las distintas acciones se encaminarán a asegurar la autosuficiencia de minerales estratégicos para el desarrollo del país, así como a reactivar la exploración de áreas potencialmente factibles y la explotación de aquellos minerales que sean rentables a nivel de pequeña y mediana empresa. Resulta igualmente prioritario continuar los trabajos de investigación de los depósitos y reservas minerales actualmente localizadas, como también la cuantificación de las reservas de los metálicos y no metálicos.

Los trabajos de exploración e investigación de depósitos comprenden levantamientos geológicos para ubicar reservas mineras; se proseguirá con la extracción mineral procurando tener la máxima eficiencia y seguridad en la obtención de 4 308 miles de toneladas que permitirán recuperar mil 726 kgs. de oro, 89 mil 770 kgs. de plata y 4 mil 603.0 toneladas de cobre, 831 mil toneladas de carbón coquizable y 550 mil toneladas de roca fosfórica.

Adicionalmente se proyecta procesar 1 425 miles de toneladas métricas en las plantas destinadas para apoyar a los pequeños y medianos mineros.

Por otro lado se comercializarán 13.9 miles de toneladas de concentrados de minerales no ferrosos; 28.7 miles de toneladas de concentrados de minerales preciosos; 15.7 miles de toneladas de concentrado de minerales no metálicos; 831.0 miles de toneladas de carbón lavado; 500 miles de toneladas de concentrado de roca fosfórica, así como 2 900 miles de onzas plata, 55.5 miles de onzas troy de oro y 4.6 miles de toneladas de cobre.

Se continuará adoptando medidas de cambio estructural como el retiro de la participación estatal en empresas en que ya haya cumplido su función, tales como la suspensión total de operaciones en la Cía. Minera Santa Rosalía y la venta de Sonocal, S. A.

Promover e incidir la eficaz reconversión del aparato productivo nacional, ha exigido revisar y adecuar la estrategia de desarrollo de la industria siderúrgica nacional, misma que enfrenta serios retos como el proceso generalizado de sustitución de productos siderúrgicos por otros materiales; la utilización de tecnologías altamente productivas en los países desarrollados; la persistencia de prácticas proteccionistas en el mercado mundial del acero y las crecientes necesidades de la industria nacional de bienes de capital.

En este sentido, la estrategia adoptada se aboca a propiciar un mayor uso de la capacidad instalada; a la revisión de los métodos y procesos que permita corregir el rezago tecnológico y ajustar su evolución a las nuevas determinantes tanto del mercado externo como de la propia economía.

El objetivo básico de la rama siderúrgica es atender bajo condiciones de competitividad los requerimientos de la industria de bienes de capital, construcción, metalmecánica, automotriz y petrolera, entre otras, así como adecuar su producción al proceso de sustitución de importaciones, fomento a las exportaciones y mejorar la balanza de divisas del sector.

Para 1986, las empresas del conglomerado Sidermex proyectan producir cerca de 5.0 millones de toneladas de acero-líquido, con las cuales se prevé comercializar 3.8 millones de toneladas de productos terminados; de los cuales se exportarán 327.0 mil toneladas y el resto se comercializarán internamente.

Para alcanzar estas metas, se asigna un presupuesto de 566.3 mil millones de pesos. Con el fin de conservar los niveles de operación en planta y continuar desarrollando la explotación adecuada de los yacimientos de hierro, el programa de inversiones ascenderá a 87.0 mil millones, orientándose particularmente a la rehabilitación, conservación y mantenimiento de las instalaciones actuales

Cabe indicar que por problemas de contracción en la demanda interna, la sobreoferta internacional de acero y en particular, el creciente proteccionismo de la economía internacional, la continuación del proyecto SICARTSA II ha sido diferido, por lo cual únicamente se atenderán dentro de la inversión, los compromisos contraídos con anterioridad a esta medida.

Con objeto de racionalizar la actividad estatal en la industria siderúrgica, el Grupo Sidermex ha propuesta la reorganización de sus filiales y la reducción del número de razones sociales mediante acciones de difusión, liquidación y venta de empresas, manteniendo las filiales de una alta prioridad para Sidermex.

Lograda la autosuficiencia de azúcar, esta rama se aboca a su consolidación y fortalecimiento, con lo que se abre la posibilidad de convertirse nuevamente en una industria generadora de divisas.

Durante 1986, se continuará con las acciones de modernización y reconversión industrial, con el mejoramiento de los procesos administrativos, de comercialización y de distribución de las unidades públicas y privadas; para ello, se consolidarán los mecanismos de planeación, dirección y evaluación operados por Azúcar, S.A.

Particular atención tendrá la conclusión de proyectos de ampliación en los ingenios de Atencingo en Puebla; y el Higo, La Gloria, El Modelo y Tres Valles en Veracruz, así como las nivelaciones en los procesos productivos de cinco ingenios y la continuación de obras de mecanización en bodegas de almacenamiento.

Como parte del Programa de Modernización y Rehabilitación Financiera de la Industria Azucarera, se promoverán campañas para racionalizar el consumo familiar e industrial de azúcar y se establecerá una política integral de precios de productos finales y en materias primas basada en costos de producción y operación.

En este marco, durante 1986 se prevé producir 2.6 millones de toneladas métricas de azúcar, 996.9 mil toneladas de mieles incristalizables y 75.5 millones de litros de alcohol; comercializar 3.3 millones de toneladas de azúcar, 820 mil toneladas de mieles y 125 millones de litros de alcohol, exportándose 111.3 mil toneladas de azúcar y 50 mil toneladas de mieles.

El presupuesto asignado a las entidades públicas de este subsector es de 516.4 mil millones de pesos, de los cuales el 87.6% lo administra directamente Azúcar, S.A.

Los avances alcanzados en la autosuficiencia alimentaria en el último trienio, han tenido como soporte la dinámica expansión registrada por este subsector, para satisfacer los requerimientos de insumos que coadyuvan a mejorar los niveles de producción y productividad de las actividades agropecuarias.

Alcanzar las nuevas metas en materia alimentaria, obliga a redoblar los esfuerzos para ampliar y modernizar la infraestructura de producción y distribución de este tipo de insumos.

En consecuencia, se propiciará la integración de la planta productiva en esta rama, fundamentalmente a través del mejor aprovechamiento de la capacidad instalada para abatir la importación de estos productos.

La estrategia para el subsector en el aspecto financiero es continuar con la revisión de sus precios, con el objeto de disminuir los subsidios de los productos importados; determinar precios diferenciales acordes con el contenido de nutrientes en los de fabricación nacional y establecer una mayor congruencia entre los precios de insumos agrícolas del sector público y los de garantía.

Con la conclusión del complejo industrial de fertilizantes Lázaro Cárdenas en Michoacán, considerado en su género como el más grande de Latinoamérica, se incrementará la capacidad instalada de fertilizantes en 1.3 millones de toneladas. Se pondrá a disposición una oferta total para 1986 que ascenderá a 4.5 millones de toneladas de fertilizantes, insecticidas y productos químicos. La meta de comercialización de estos productos alcanza 5.6 millones de toneladas, abatiendo con ello los inventarios existentes.Dentro de las acciones de cambio estructural, se ha previsto el cierre de las unidades industriales de San Luis Potosí y Cuautitlán con más de 30 años de existencia y la cancelación de la producción de fertilizantes nitrogenados de baja concentración, como el sulfato de amonio, por las desventajas económicas que tiene la urea de alta concentración.

La asignación de gastos para este subsector es de 407.4 mil millones de pesos, de los cuales 49.3% se destinarán a la producción directa, 21.6% a fortalecer la estructura de comercialización y el resto será destinado a los programas de inversión e investigación.

Las empresas y los proyectos de este subsector, son objeto de una reestructuración y revisión profunda a fin de hacer compatibles sus líneas de producción con las estrategias para inducir la reconversión industrial y apoyar eficientemente el proceso substitutivo de importaciones.

Para tal efecto, las empresas paraestatales están comprometidas a lograr una mayor penetración en el mercado de bienes de capital, desarrollar nuevos productos y establecer sistemas efectivos para la absorción de tecnología moderna.

Durante 1986, se pondrá énfasis en la implantación de niveles de producción rentables, el desarrollo de programas de capacitación, productividad, saneamiento y rehabilitación financiera de las empresas, así como en el establecimiento de convenios específicos con las distintas cámaras de industria a fin de articular los programas de producción con los requerimientos del mercado nacional.

En este contexto, Sidena prevé producir 20.4 mil toneladas de piezas fundidas para satisfacer la demanda de la industria automotriz, ferroviaria y metalúrgica, así como fabricar y ensamblar poco más de 5 mil tractores, 3 mil 463 partes y componentes y 9 mil 413 automotores de diferente potencia, lo que coadyuvará a capitalizar el agro mexicano y generar divisas por exportación.

La consolidación operativa del grupo industrial NKS, permitirá fabricar piezas forjadas y fundidas de 5 a 80 toneladas por el equivalente a 20.1 mil toneladas de acería y 6.5 mil de forja, producir 19.4 mil toneladas de herramental y 6 mil de fundición, para lo cual se invertirán 110.7 mil horas/ maquinando anual.

Acorde con las transformaciones en la red carretera y ferroviaria iniciadas por la actual administración y las nuevas leyes tendientes a corregir la balanza comercial del ramo automotriz en general, las empresas del subsector proseguirán con las acciones tendientes a lograr una mayor producción integrada; incorporar nuevas tecnologías; reducir el contenido importado de la industria; diversificar e incrementar sus exportaciones y coadyuvar a la modernización de los sistemas de transporte y ferroviario.

La política del subsector estará orientada a lograr un alto grado de diversificación productiva, con el propósito de hacer eficiente el desplazamiento de grandes volúmenes de carga y pasaje en los diversos centros operativos y regionales del país.

Dentro de las metas establecidas para Diesel Nacional, destacan la producción de mil 76 autobuses integrales, mil 270 camiones ligeros y 11 mil 630 camiones y tractocamiones de diferentes capacidades. En el caso de la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, derivado del convenio establecido con Ferronales, se producirán mil 354 carros de ferrocarril; asimismo, proyecta fabricar 3 mil juegos de partes automotrices, ocho aeropuentes, mil 100 juegos de refacciones para equipo ferroviario y refacciones para 70 choches pasajeros, rehabilitación de 10 locomotoras, 135 coches-metro y 27 carros para el pre- metro. Para el logro de estas metas el subsector ejercerá un presupuesto de 389.5 mil millones, 25.5% más que en 1985.

Durante 1986, las acciones en la industria naval se encamina a procurar atender la demanda en la reparación de embarcaciones pesqueras y de servicios de acuerdo a los requerimientos de carga marítima nacional.

La coordinación de acciones de los diferentes organismos permitirá un mayor control en las operaciones a efecto de lograr el uso racional de los recursos materiales y humanos disponibles, lo cual posibilitará el cumplimiento de compromisos adquiridos en la reparación de embarcaciones de buques nacionales y extranjeros.

Por otra parte, mejorar e incrementar el uso de la capacidad instalada permitirá el saneamiento de la industria naval y proseguir con las acciones previstas para la consecución de los objetivos del subsector.

Durante 1986, se prevé concluir la construcción de un buque tanque de 45 mil toneladas, cuatro remolcadores para Pemex, dos graneleros para la Cía. Naviera del Golfo; continuar con la construcción de tres buques-tanques de 45 mil toneladas e iniciar la de otro buque similar, en granelero de 22,000 toneladas y un petróleo de 29,900 toneladas.

En lo que se refiere al programa de inversiones del subsector naval, cuya asignación es de 22.7 mil millones de pesos, destacan las acciones destinadas a la terminación de las obras en la ampliación de la capacidad productiva de los astilleros de Guaymas que comprende la construcción de los talleres de preparación de acero, de ensamble, de tuberías, parque de acero y muelle marginal, así como mejorar las instalaciones de reparación de Santa Rosalía, todo esto con el propósito de incrementar la capacidad instalada.

Son propósitos básicos de las entidades de este subsector contribuir de manera eficiente a satisfacer los requerimientos nacionales de papel y sustituir importaciones e inducir la racional explotación de bosques y selvas.

Para ello, durante 1986 se pondrá énfasis en la revisión y ajustes a la planta productiva, la incorporación de procesos que utilicen fibras secundarias en la producción de celulosa; así como en el establecimiento de convenios con otras empresas a fin de programar la variedad, el nivel y ritmo de la producción de acuerdo a las necesidades internas para sólo efectuar importaciones estrictamente complementarias.

En este contexto, Productora e Importadora de Papel, S. A. proyecta constituir reservas de seguridad de papel diario equivalentes a tres meses/venta, en papel retrograbado de seis meses/venta y papel desperdicio tres punto cinco meses/consumo; para tal efecto adquirirá 401.8 mil toneladas de papel para impresión y 162.7 mil toneladas de papel desperdicio. Durante este año prevé comercializar 389.8 mil toneladas de diversos papeles para apoyar a la industria editorial nacional.

Por su parte, Mexicana de Papel Periódico, S.A., Productora Nacional de Papel Destintado, S.A. y Fábricas de Papel Tuxtepec, S. A. habrán de producir y comercializar 359.8 mil toneladas de papel periódico y educación.

La asignación presupuestal para este subsector es de 133.6 mil millones, de los cuales 6.5 mil millones corresponden a inversión y el resto a programas de operación, comercialización y capacitación.

La estrategia instrumentada en los últimos años ha permitido equilibrar el desarrollo del sector energético a las necesidades generales del país. Entre sus avances más significativos destacan la racionalización de los programas de inversión, la diversificación y desarrollo de fuentes alternas de energía así como el establecimiento de un programa integral de ahorro energético.

No obstante los logros alcanzados a la fecha, la inestabilidad del mercado mundial de hidrocarburos ha limitado el flujo de divisas hacia el país y reducido la disponibilidad de recursos del sector público. Las difíciles circunstancias en el ámbito interno como externo, obligan al sector a centrar sus acciones en dos retos fundamentales en el corto y mediano plazo: en el plano interno, responder a las demandas que plantea el desarrollo del país; en el externo, ajustándose a un ambiente complejo y cambiante.

En este contexto, la estrategia del sector energético para 1986, se orienta a incrementar la productividad, garantizar la autosuficiencia energética, promover la reactivación económica, propiciar el ahorro de energía y continuar el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan la diversificación de fuentes alternas.

Para el logro de estos objetivos, las entidades del sector continuarán con las acciones de modernización y simplificación administrativa, a fin de lograr el pleno aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros: asimismo, instrumentará las acciones que proponga el comité de ahorro de energía del que forman parte.

Para el cumplimiento y desarrollo de estas acciones, el sector tendrá una asignación presupuestal de 3822.8 mil millones de pesos, monto superior en 51.6% en relación a 1985.

Durante 1985, el país en su conjunto enfrentó difícil situación propiciada por las considerables bajas en los precios internacionales del petróleo y la pérdida de mercados; en consecuencia se adoptaron medidas correctivas para adecuar los volúmenes de producción interna y racionalizar las de exportación; y aun cuando Pemex vio disminuidos sus ingresos y por ende, tuvo que ajustar su gasto corriente y de inversión, ello no implicó modificar los objetivos de continuar con el saneamiento financiero de la entidad.

Con el propósito de corregir algunos problemas graves que enfrenta la producción, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, la política de gasto del subsector petrolero dará prioridad durante 1986 a las inversiones que consoliden y continúen los proyectos de producción, exploración, así como los vínculados a los sistemas de almacenamiento y red de ductos.

Dentro de estas acciones, las metas operativas que se llevarán a cabo prevén la extracción de 2725 MBD de crudo, producir 1 415 MBD de petrolíferos y 13 816.9 millones de toneladas anuales de petroquímicos.

Con la anterior plataforma de producción se estará en condiciones de comercializar externamente 1 500 MBD de crudo, 142.9 MBD de petrolíferos y 495 MT anuales de petroquímicos que representan un 4.2, 5.2 y 52.3% más respecto a 1985.

Por otra parte, se espera comercializar internamente 1 141.3 MBD de petrolíferos, 6 886.5 MTA de petroquímicos y 1 502.4 MMPC de gas natural.

Las acciones y metas señaladas, aunadas a otras de menor significación, demandan un presupuesto para Petróleos Mexicanos de 2419.1 mil millones de pesos.

El programa de inversión alcanza los 950 mil millones de pesos, 57.5% arriba de lo presupuestado el año anterior. Dicho programa se destinará fundamentalmente a la perforación de 80 pozos exploratorios, 183 de desarrollo y 25 de inyección de agua, con el propósito de mantener el potencial petrolero. Con la misma finalidad, se instalarán 25 plataformas marítimas de perforación, producción, habitación, enlace y módulos de comprensión.

Se prevé la terminación del puerto de abastecimiento en Dos Bocas, Tabasco, considerado estratégico por su capacidad de almacenamiento y suministro de materiales.

Se continuarán las ampliaciones de las refinerías de Salina Cruz, Oaxaca, y Tula, Hidalgo. Adicionalmente, se avanzará en la conclusión de importantes obras en proceso como el Centro Petroquímico Nuevo Pemex en Tabasco; Centro Petroquímico Morelos, en Coatzacoalcos, Veracruz y el Puerto Petrolero de Salina Cruz Oaxaca, así como los puertos petroquímicos y petrolíferos Dos Bocas en Paraíso, Tabasco.

El cambio estructural en Petróleos Mexicanos se ha orientado a intensificar la explotación de las zonas con mayores posibilidades de localización de yacimientos, que permitan incrementar o por lo menos mantener el nivel de reservas, así como a las actividades de perforación marina, porque las posibilidades de éxito son mayores que en las del macizo continental.

Con la capacidad de compra de Pemex se busca, además, apoyar a otros sectores para proteger, entre otras: a la industria siderúrgica, las empresas tuberas y los astilleros nacionales, a fin de fomentar de manera indirecta la generación de empleos y evitar la salida de divisas. También se ha propuesto incluir dentro del FICORCA todas sus compras a crédito en el exterior, y a consolidar la conducción por ductos a fin de requerir menos transporte ferroviario y carretero, con objeto de que quede disponible para el resto de las actividades económicas.

Los crecientes requerimientos de electricidad planteados por el desarrollo económico del país, exigen desarrollar acciones de profunda transformación en el subsector eléctrico de tal forma de que sea factible armonizar la disponibilidad de recursos financieros, tecnológicos y humanos con las necesidades de los usuarios y consumidores.

En virtud de que el subsector aún depende en gran medida del uso de hidrocarburos para la generación de energía secundaria, es imprescindible continuar con el desarrollo de fuentes alternas de energía, incluyendo la nuclear dadas las enormes inversiones que a la fecha se han efectuado en este campo.

Paralelamente a las acciones de reestructuración del servicio y el saneamiento financiero de las entidades, se reafirma el compromiso de abatir las deficiencias de abasto en las zonas urbanas e incrementar la electrificación del medio rural, por consiguiente se llevará a cabo la electrificación de 70 colonias y 225 poblados.

Con el presupuesto que se le asigna al subsector integrado por la Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro., será posible una generación bruta de 92 251 Gigawatts hora producidos en un 71% por termo eléctricas, en un 26% por hidroeléctricas y 3% por geotermo eléctricas y comercializar 77 732 Gigawatts hora e incrementar la capacidad instalada a 23 055 Megawatts. Lo anterior permitirá hacer frente a un crecimiento de la demanda que se estima del 7.5% promedio anual.

En materia de distribución, durante 1986 se pretenden instalar 2 098 Km. de líneas de transmisión y 618 Km. de redes de distribución, así como transformar 7 156 MVA a diferentes tensiones en subestaciones eléctricas.

De conformidad con los objetivos del Programa Nacional de Energía para la reconvención de fuentes primarias y promoción de fuentes alternas de energía se busca incrementar la eficiencia y orientar en el mediano plazo las inversiones hacia hidroeléctricas y carboeléctricas. Para 1986 se orienta a consolidar los proyectos en desarrollo y la promoción de ahorros en el uso de energía, así como la utilización de fuentes alternas y evaluar el potencial de generación geotérmica y de la disponibilidad de yacimientos de carbón para generación eléctrica.

Con el propósito de contribuir al saneamiento de las finanzas del sector eléctrico, se promueve una política tarifaría encaminada a equilibrar gradualmente la relación precio/costo simultáneamente al incremento de productividad.

Para el logro de los objetivos que el subsector eléctrico se plantea para 1986, el presupuesto asignado ascenderá a 1 403.7 mil millones de pesos.

Las acciones de apoyo al sector turismo se han dirigido a consolidar su papel en la generación de divisas y de empleos, mantener la competitividad de los servicios, coadyuvar al desarrollo regional y contribuir al desenvolvimiento de otras actividades económicas.

Para tal efecto, se han fortalecido las tareas de coordinación de los sectores público, privado y social a través de los convenios únicos de desarrollo con los estados; asimismo, se ha avanzado en la regulación de los servicios turísticos y en la actualización y clasificación hotelera.

No obstante, la actividad del sector se ha visto afectada por una reducción de la afluencia turística a los centros vacacionales más importantes del país, tanto por la pérdida de competitividad en algunos servicios, como por los efectos de los recientes fenómenos naturales.

En este contexto, la política de gasto para el sector turismo en 1986 busca racionalizar el apoyo financiero, propiciar el uso más intensivo y eficiente de la capacidad instalada y consolidar los proyectos de centros turísticos estratégicos, así como establecer programas y campañas de orientación, protección y ayuda al turismo, con el fin de incrementar su afluencia.

Entre los objetivos del sector, se encuentran continuar con la modernización y ampliación de las obras de infraestructura y remodelación, promover la diversificación de los servicios turísticos y superar la obsolescencia de los sistemas de reservación, promoción y administración.

Asimismo, se continuará con la tarea de establecer nuevos centros que promuevan el empleo y el desarrollo regional, a través de la urbanización que genera la actividad turística; en este sentido, se continuará con el programa de inversiones previsto para apoyar la realización de obras físicas como son las de Huatulco, Oaxaca; Cancún, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; Loreto y San José del Cabo, Baja California; así como la realización de obras de equipamiento, urbanización e infraestructura.

Se fomentará la afluencia del turismo extranjero mediante el establecimiento de nuevos sistemas de comercialización; continuará también el impulso a la educación y capacitación de los recursos humanos, a fin de mejorar la eficiencia de los servicios turísticos y se estrechará la coordinación con las demás entidades públicas, estados y municipios con el objeto de consolidar la oferta turística.

De particular relevancia en la estrategia del sector, esta el facilitar y propiciar el ejercicio a la recreación y esparcimiento de los trabajadores, por medio de paquetes y programas recreativos-culturales orientados al turismo social.

Conforme a los convenios establecidos en los distintos COPLADES, se continuará el proceso de transferencia de las obras de infraestructura, equipamiento y de servicios públicos a las autoridades de los estados de Guerrero, Quintana Roo y Baja California Sur; también se reforzarán las acciones de racionalización y organización de las diferentes entidades públicas asociadas a la prestación de servicios turísticos.

En 1986, será concluido el Programa de Descentralización y Desconcentración del sector que dará mayor efectividad a las funciones operativas y administrativas de la secretaría, mismas que serán delegadas a sus representaciones regionales y estatales.

Con un crecimiento de la actividad turística similar al de la economía en su conjunto, en 1986 el sector prevé generar 7 000 ocupaciones en forma directa y 17 500 en forma indirecta, además de mantener al personal ahora ocupado en esta actividad; también se estima atraer 4.6 millones de turistas extranjeros y captar 2 200 millones de dólares por este concepto.

Se considera que el turismo social y recreativo nacional permitirá que 21 millones de turistas nacionales que utilizan servicios de hospedaje comercial viajen por el país.

Para la instrumentación de la estrategia sectoral y la realización de estas metas, el sector turismo tendrá una asignación presupuestal de 29.0 mil millones.

En aquellas entidades o activos turísticos en que la participación estatal haya cumplido con su finalidad, se proseguirá con su enajenación a los sectores privado o social, a fin de centrar la acción en el desarrollo o consolidación de los proyectos turísticos existentes. Asimismo, se continuará en la extinción de fideicomisos no prioritarios.

Con el propósito de racionalizar y eficientar la gestión pública, se intensificarán las acciones del Programa de Modernización, Simplificación y Descentralización Administrativa, que además de permitir incrementar la oportuna coordinación de las entidades públicas en la ejecución de las tareas nacionales, permitirá redimensionar las estructuras orgánicas, mejorar su eficiencia y racionalizar los recursos disponibles.

La magnitud de las tareas de reconstrucción exigen estimular y coordinar eficazmente la participación de la sociedad civil; por consiguiente, a través de los diferentes comités que integran la Comisión Nacional de Reconstrucción, se establecerán los compromisos para organizar y ejecutar las acciones requeridas, así como para evaluar los recursos destinados a tal fin.

Esta dependencia brinda apoyo y asesoría técnica, jurídica, económica y administrativa al C. Presidente de la República, para organizar y dirigir las acciones de Estado. Asimismo, es responsable de coordinar y proporcionar seguridad y apoyo logístico en las diversas actividades y eventos en que participa el Ejecutivo Federal e informa a la opinión pública nacional e internacional de las actividades del Primer Mandatario.

La perseverante aplicación de la normatividad establecida para modernizar los sistemas, métodos y procedimientos de la Presidencia, han permitido agilizar sus operaciones e incidir en la racionalización de los recursos asignados.

Durante 1986 se consolidará su reestructuración orgánica funcional y con el propósito de efectuar la eficaz coordinación de las tareas establecidas por la Comisión Nacional de Reconstrucción, su Programa de Modernización y Simplificación ha sido ajustado y compatibilizado con las actividades encomendadas a la dependencia.

La asignación presupuestal asciende a 14.6 mil millones de pesos.

Es responsabilidad de la secretaría garantizar el respeto al ejercicio de las libertades individuales y colectivas el establecimiento del mecanismo que fomentan la activa y responsable participación ciudadana en la vida política del país, así como promover la convivencia social y la impartición de justicia conforme a los principios del Derecho Constitucional.

En este contexto, la ejecución de su Programa de Descentralización y Simplificación permitió durante 1985 la reestructuración del esquema orgánico institucional, definir con mayor precisión las responsabilidades de los servidores públicos y ahondar en la racionalidad y manejo eficiente de los recursos asignados.

Durante 1986, se pondrá énfasis en las acciones encaminadas a fomentar el desarrollo político del país, fortalecer el federalismo y la unidad nacional, así como asegurar la estricta observancia de los preceptos constitucionales que garantizan la paz y la seguridad pública.

También se fortalecerá la coordinación con los diferentes niveles de gobierno y autoridades del país a fin de salvaguardar con plenitud las garantías individuales, las prerrogativas constitucionales a las organizaciones políticas, el ordenado desarrollo de procesos electorales estatales y municipales, además de la modernización de los sistemas de prevención y readaptación social.

La política de comunicación social del Gobierno de la República priorizará la difusión sobre derechos y responsabilidades civiles, así como el establecimiento de programas que coadyuven a fomentar y fortalecer la soberanía y la conciencia de la identidad nacional.

Continuará orientándose a la población en materia de planificación familiar, y se atenderán los asuntos migratorios sobre refugiados, asilados y protección de nuestras leyes a las personas de distintas nacionalidades.

En relación a los sistemas de comunicación estatal, se proseguirá con su reorganización a fin de delimitar funciones y evitar duplicidades que afecten las finanzas públicas; asimismo, se establecerá una más eficiente programación para apoyar los servicios de educación y capacitación a nivel nacional y regional.

En estricto apego a los principios de racionalidad y austeridad en el gasto, el presupuesto de la Secretaría de Gobernación es de 44.5 mil millones de pesos

Durante 1986, la secretaría continuará fortaleciendo los vínculos diplomáticos, así como los acuerdos bilaterales y multilaterales en materia económica, comercial, tecnológica y cultural.

En los diferentes foros internacionales se reafirmarán las tesis mexicanas sobre las libre autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, solución pacífica de las controversias, en igualdad jurídica de los estados. En el marco de las tareas asignadas al Comité de Auxilio Internacional de la Comisión Nacional de Reconstrucción, la Secretaría continuará reafirmando la necesidad de flexibilidad la cooperación para el desarrollo ante los distintos organismos internacionales.

Se disminuirá el número de delegaciones, representaciones y oficinas en el exterior, así como las cuotas conforme a tratados, por lo que sus recurso presupuestales ascienden a 46.1 mil millones de pesos.

Con estricto apego a sus atribuciones, la Procuraduría General de la República ha promovido el mejoramiento de la procuración e impartición de justicia a través del reordenamiento de las instituciones y procedimientos judiciales, la promoción de una reforma jurídica integral y la prestación de servicios favorables, dignos y eficientes.

En el marco del Programa Nacional de Procuración e Impartición de Justicia, se continuará concertando acuerdos con los diversos poderes y niveles de gobierno a fin de armonizar los distintos marcos jurídicos secundarios, modernizar y descentralizar los sistemas administrativos, así como agilizar la ejecución de la justicia federal; acciones que redundarán en beneficio de la población que utiliza estos servicios, ya que se reducirá el costo y la prolongación innecesaria de los procesos.

Asimismo, se reforzará la campaña contra el narcotráfico, se agilizará la atención de averiguaciones previas de delitos del ámbito federal y se concluirá el Registro Nacional del Personal adscrito a las diferentes corporaciones policiales.

Para la ejecución de las acciones de la Procuraduría General de la República se presupuestas 17.2 mil millones de pesos.

La modernización del Ejército y la Fuerza Aérea, constituyen una permanente exigencia para garantizar la seguridad nacional y el desarrollo de programas de elevado impacto social.

Durante 1986, esta secretaría continuará con la adecuación de sus estructuras organizacionales de mando y equipo, así como con la capacitación y actualización del personal militar que coadyuvará a incrementar su eficacia en las tareas de seguridad y fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Paralelamente a las acciones de salvaguarda de la integridad territorial, se incrementarán las campañas de combate al narcotráfico y destrucción de estupefacientes y se proseguirá con la prestación de servicios para la reforestación, el desarrollo de campañas sanitarias y de alfabetización, así como la construcción de viviendas y la ayuda a la población civil en zonas y en casos de desastre.

El presupuesto para la Defensa Nacional asciende a 287.2 mil millones de pesos

MARINA

Salvaguardar los derechos de la Nación sobre la zona económica exclusiva y efectuar una eficaz vigilancia de la faja costera nacional plantean modernizar la armada de México y apoyar sus programas de infraestructura marítima portuaria, al igual que las de educación e investigación oceanográfica.

Para 1986, la Secretaría de Marina prevé continuar con la construcción de las bases navales en Manzanillo y Lázaro Cárdenas, así como con la de cuatro guardacostas "Águila" y cuatro buques patrulla "Olmeca", lo que en el mediano plazo le permitirá incrementar su capacidad naval de operación. Con la conclusión de los varaderos de gran y pequeño calado en Tampico, Tamaulipas y Ciudad del Carmen, Campeche, se mejorarán las actividades de construcción y reparación naval a bajo costo de las unidades de la Armada de México y otras entidades públicas.

En 1986, las tareas de vigilancia marítima abarcarán 140 millones de millas náuticas cuadradas; se continuará la integración del inventario de los recursos de la plataforma continental, mar territorial y la zona económica exclusiva; del sistema de educación naval, egresarán más de 1 500 alumnos.

El presupuesto asignado a esta secretaría asciende a 87.5 mil millones de pesos.

Hacer frente a los graves rezagos sociales y ejecutar las tareas de reconstrucción, requiere el diseño e instrumentación de nuevas modalidades de financiamiento para el desarrollo; ello con el propósito de apoyar y avanzar en el reordenamiento de la economía y el saneamiento de las finanzas públicas.

Durante 1986, la política de financiamiento buscará equilibrar los recursos disponibles con los requerimientos del desarrollo, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fortalecerá las acciones orientadas a recobrar la capacidad de generación de ahorro interno, propiciar la canalización y asignación eficiente de los recursos crediticios, reordenar las relaciones económicas y financieras con el exterior, así como fortalecer y consolidar desde el punto de vista institucional al sistema financiero.

Dentro de las acciones para reconstituir el ahorro interno del sector público se proseguirá con la simplificación de los procedimientos de recaudación tributaria y se reforzarán los sistemas de fiscalización a fin de reducir significativamente el índice de evasión y elusión fiscal; estas medidas permitirán que la recaudación fiscal, exceptuando la generada por Pemex, se ubique en 9.3% del PIB.

Asimismo, se revisará la política de precios y tarifas del sector público con el propósito de obtener financiamiento complementario para las tareas prioritarias a cargo del Estado. Ello se efectuará de acuerdo a los principios de equidad y equilibrio con las presiones inflacionarias. La meta para este año es lograr que los ingresos de organismos y empresas lleguen a un nivel mínimo de 22.5% respecto al PIB.

Paralelamente a la aplicación descentralizada de estímulos fiscales para la reconstrucción, la promoción fiscal y crediticia a las actividades económicas y la descentralización continuará siendo prioritarias, por lo que se ampliarán las facultades ejecutivas de las distintas Delegaciones Regionales y se proseguirá con la reestructuración de los servicios de banca y crédito; ello coadyuvará a apoyar con efectividad los programas de inversión productiva y abatir los gastos administrativos que inciden en la determinación de tasas activas de interés.

Para reorientar las relaciones económicas con el exterior se consideran fundamentalmente tres ámbitos de acción: la cuenta corriente, el manejo de la deuda externa y la rehabilitación de la capacidad crediticia de México en el exterior; dentro de las metas de la estrategia de financiamiento para 1986, a este respecto se plantea un superávit moderado de la cuenta corriente.

Para el desarrollo de estas acciones se asigna a esta Secretaría un presupuesto de 687.6 mil millones de pesos.

De acuerdo a los retos que plantea la configuración del Proyecto Nacional, es necesario que la administración pública federal fortalezca y mejore sus estructuras orgánicas y adecúe sus procedimientos funcionales a fin de responder adecuadamente a los compromisos contraídos con la sociedad.

Con la puesta en marcha del Sistema Integral de Control y Evaluación de la administración pública federal, se ha dado un gran paso para supervisar la correcta aplicación de los recursos federales, así como para simplificar y hacer más eficiente las tareas de fiscalización y evaluación gubernamental.

Durante 1986, esta Secretaría buscará el fortalecimiento de las funciones de control, dentro de un enfoque integral de actuación, estableciendo orientaciones específicas para cada uno de sus instrumentos, a fin de lograr su efectiva complementación y ampliar los vínculos de coordinación y su presencia en el sector público. Para ello, se enfatizarán los aspectos preventivos del sistema de control, se apoyará la integración y funcionamiento de las Contralorías Internas, con la adecuación del marco normativo que rige su operación y se fortalecerá la actuación de los Comisarios y Delegados ante los consejos de administración u órganos equivalentes de las entidades públicas.

Asimismo, se continuará con la realización de 339 auditorías directas, la contratación y control de 700 externas y se verificará el cumplimiento de los procedimientos de auditoría interna a través de 19 auditorías, un programa y 20 informes. Como responsable de coordinar la ejecución del Programa de Simplificación Administrativa, asegurará su expedita realización eliminando trámites y procedimientos innecesarios, así como la amplia difusión de las acciones realizadas y la aplicación de nuevas modalidades de control y evaluación de la acción gubernamental.

En el marco de las tareas de reconstrucción, atenderá de manera prioritaria el desarrollo de las actividades asignadas al Comité de Supervisión de Donativos, por lo que verificará y comunicará a la sociedad el uso y aplicación de la ayuda interna y externa, otorgada a los damnificados de los sismos con los recursos del Fondo Nacional de Reconstrucción.

En el ámbito de los Convenios Únicos de Desarrollo, la Secretaría proseguirá prestando su apoyo técnico para el diseño y establecimiento de Sistemas Estatales de Control; ello permitiría promover una mayor participación de los gobiernos locales en los propósitos de asegurar la honesta aplicación de los recursos encomendados por la sociedad.

El monto asignado a esta dependencia del Ejecutivo Federal es de 7.8 mil millones de pesos.

Ajustar y perfeccionar los mecanismos e instrumentos del Sistema Nacional de Planeación Democrática, de acuerdo a los requerimientos del desarrollo y las tareas de reconstrucción, constituye un compromiso ineludible para optimizar los recursos disponibles, así como para establecer una mayor coordinación, entre los sectores público, privado y social.

En este contexto, durante 1986 la Secretaría reforzará sus funciones normativas para acelerar la modernización y descentralización de la administración pública federal; perfeccionará los sistemas de formulación, ejercicio y control presupuestas y promoverá la escrupulosa aplicación de los criterios de reestructuración, austeridad, racionalidad y eficiencia en el gasto público, mediante la estricta aplicación de la normatividad en materia programática presupuestal, de obra pública, de adquisiciones, de servicio civil y de contabilidad gubernamental.

Como responsable de diseñar y coordinar las acciones encomendadas al Comité de Descentralización de la Comisión Nacional de Reconstrucción, supervisará el traslado y efectuará los estudios para determinar el número de servidores y entidades públicas que habrán de descentralizarse a partir de 1986, así como para evaluar el impacto socio-económico de tales medidas en la regiones seleccionadas.

Por otra parte, propondrá y ejecutará las acciones de su competencia que coadyuven a sanear las finanzas públicas, reestructurar y redimensionar el sector público, así como el otorgamiento de trasferencias y subsidios vía gasto, como también mejorar el funcionamiento y organización de los fideicomisos públicos.

Asimismo, diseñará y coordinará la ejecución de las políticas de desarrollo tecnológico y científico, de desarrollo regional, la actualización de los Convenios Únicos de Desarrollo y la realización del Censo Económico 1986.

Por lo anterior, esta dependencia dará mayor prioridad al fortalecimiento del proceso de Planeación Nacional de Desarrollo, vía diseño e instrumentación de acciones de política económica, coadyuvando al saneamiento y reestructuración de las finanzas públicas. Por otra parte, se ajustará la normatividad y procedimientos en la integración del PEF 1987; se promoverá el desarrollo rural integral; el fortalecimiento de las actividades de investigación; así como la captación, concentración y análisis de información estadística para la planeación y programación económica.

A través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se definirán y coordinarán medidas que coadyuven a disminuir la dependencia en materia científica y tecnológica, para lo cual se promoverá la formación de recursos humanos de alto nivel, vinculados a los Sistemas de Ciencia, Tecnología y Producción, otorgando 4 mil 958 becas, así como la realización de cinco programas y 57 proyectos específicos.

El presupuesto asignado para la Secretaría de Programación y Presupuesto asciende a 71.3 mil millones de pesos.

En la presente administración, la política de desarrollo regional se ha orientado a sentar bases firmes para impulsar el proceso de descentralización de la vida nacional. Se promovieron cambios en la legislación para redistribuir competencias entre los tres niveles de gobierno, se fortalecieron las normas de planeación y coordinación entre la Federación, Estados y Municipios, se desconcentraron funciones a las delegaciones federales y en forma paulatina, se han transferido servicios y recursos a los gobiernos de los estados.

Con base en la Ley de Planeación y en el Plan Nacional de Desarrollo se han ordenado las acciones de gobierno para propiciar un mejor equilibrio entre las regiones y articular con mayor eficacia las inversiones sectoriales con las regionales y se han puesto en práctica nuevas formas de concertación social. En el Convenio Único de Desarrollo se incluyen compromisos específicos de inversión pública, acciones para impulsar la descentralización y fortalecer a los municipios, así como mecanismos de seguimiento, control y evaluación de las inversiones convenidas.

Los gobiernos de los estados han avanzado en la programación y ejecución del gasto regional y participan en la definición de las prioridades del gasto sectorial. Son significativos los logros en la simplificación del proceso de programación y del ejercicio del gasto mediante nuevos mecanismos de liberación de recursos a las entidades federativas.

A partir del Programa de Descentralización de la Administración Pública Federal, se ha consolidado la transferencia de los servicios de educación y salud a los gobiernos de los estados, así como de empresas, fideicomisos y programas de construcción y operación de obras que tenía bajo su responsabilidad el Gobierno Federal.

Asimismo, se reubicaron fuera de la ciudad de México, comisiones federales, centro de investigación, oficinas administrativas de empresas públicas y se desconcentraron facultades a las delegaciones federales, facilitando el desarrollo de las actividades productivas y acercando los servicios gubernamentales a la población en los estados.

Estos esfuerzos deben mantenerse y profundizarse para revertir las tendencias concentradoras en la Zona Metropolitana del Valle de México. Para ello se avanzará en dos frentes; por un lado, impulsando la desconcentración de la administración pública federal y por otro, estimulando la relocalización de la actividad económica en sistemas urbanos industriales que conforme conglomerados económicos y demagógicos regionales en escala suficiente para contrarrestar efectivamente el crecimiento de la zona.

Durante 1986, la descentralización de la administración pública federal continuará sustentándose en tres acciones fundamentales: la delegación de facultades y decisiones a las representaciones federales en las entidades federativas; traslado de organismos, empresas, fondos y fideicomisos a las áreas de producción y descentralización de áreas operativas y de servicios a los gobiernos de los estados.

Para ello se continuarán estableciendo acuerdos de coordinación específica con los gobiernos estatales donde se fijarán los alcances, tiempos y responsabilidades de los tres niveles de gobierno, así como la participación de los organismos sociales en el proceso de descentralización.

Para apoyar la nueva localización de la actividad económica, la política regional apoyará el fortalecimiento de sistemas urbanos industriales con posibilidades de modificar la desmesurada concentración en la ciudad de México y reorientar los flujos migratorios del campo hacia las ciudades medias seleccionadas que apoyen el desarrollo rural.

Estos esfuerzos para resolver los problemas de la zona metropolitana, deberán ser acompañados de una revisión profunda de los aspectos de ingreso-gasto para fortalecer las finanzas de la ciudad de México y replantear a los grandes proyectos de inversión.

Por otra parte se concentrarán esfuerzos en el desarrollo rural integral, porque éste es un factor de articulación de las zonas rurales con los nuevos requerimientos urbanos y las alternativas para incidir en una redistribución del ingreso y de las oportunidades de ocupación que contribuirán a retener población productiva en el campo.

Desde esta perspectiva, es fundamental enmarcar las acciones de corto plazo en un planteamiento más amplio que permita iniciar la redefinición de los instrumentos y prioridades sectoriales, que puedan orientar el nuevo crecimiento económico como parte de la estrategia de descentralización.

Para ello, será necesario concentrar inversiones sectoriales y regionales en zonas estratégicas y concertar nuevos proyectos de inversión con los sectores privado y social, que permitan consolidar las decisiones iniciales de descentralización pública federal.

En este sentido, el gasto regional atenderá las prioridades que marca la descentralización, reorientando los programas de desarrollo regional, empleo y de coordinación especial y adecuando los programas regionales y los planes estatales a la estrategia de reordenamiento económico territorial.

Para 1986, los recursos del Ramo XXVI se ejercerán a través de los Programas de Desarrollo Regional y de Empleo. La asignación al ramo asciende a 363.4 mil millones de pesos, de los cuales 162.1 mil millones son gasto directo y 201.3 mil millones son transferencias. De estas últimas, se destinarán 133.5 mil millones de pesos a apoyar la operación de los organismos del transporte urbano coordinados por el Departamento del Distrito Federal.

Los Programas de Desarrollo Regional coadyuvarán en el proceso de descentralización, mediante inversiones convenidas con los gobiernos de los estados, atendiendo a las siguientes prioridades.

- Impulsar el desarrollo de las ciudades, ampliando la cobertura de los servicios de educación, salud, agua potable, electrificación, abasto, regulación y comercialización de productos, que permita recibir a los organismos que se van a descentralizar, sin que ello provoque desequilibrios en las zonas receptoras.

- Apoyar la terminación y ampliación de la infraestructura económica para estimular la descentralización de la actividad industrial y los servicios, fomentar el desarrollo de la tecnología, la reconversión de ramas industriales, el replanteamiento de las prioridades en las comunicaciones y la relación ente la industria nacional y los mercados regionales.

- Coordinar con los gobiernos de los estados a través de anexos de ejecución del Convenio Único de Desarrollo, las acciones y los recursos para impulsar la descentralización tanto de la ciudad de México a la provincia como de las capitales de los estados hacia los principales municipios.

- Propiciar nuevos mecanismos de concertación con los grupos social y privado para apoyar las acciones de la descentralización de la administración pública federal y de la actividad económica y educativa.

- Promover proyectos productivos agrícolas, agroindustriales y pesqueros para aumentar la producción de alimentos y ampliar los sistemas regionales de abasto, apoyando la elevación de los niveles de empleo rural y mejorar las condiciones de vida en el campo.

- Profundizar la atención a las regiones que presentan los mayores desequilibrios sociales mediante la ampliación de la cobertura de los servicios urbanos básicos.

- Atender situaciones de emergencia provocadas por fenómenos naturales y programas especiales.

Los Programas Regionales de Empleo, constituyen un instrumento importante para mantener los niveles de ocupación y generar empleos adicionales, a través de la ejecución de obras de beneficio social y proyectos productivos con uso intensivo de mano de obra.

Durante 1986, por las circunstancias que atraviesa la zona metropolitana de la ciudad de México, se concentrarán esfuerzos en la restitución de empleos productivos de quienes resultaron afectados por los sismos, empleando los programas de autoconstrucción dirigidos a abrir nuevas alternativas de empleo y reforzando acciones de mejoramiento urbano en las zonas populares de la ciudad.

Asimismo, los Programas Regionales de Empleo atenderán necesidades municipales derivadas de las decisiones de descentralización, con la finalidad de maximizar su impacto en las ciudades receptoras de personal de dependencias y entidades federales.

Los Programas de Coordinación Especial que se ejecutan con recursos transferidos por las diversas dependencias del Ejecutivo Federal a los gobiernos de los estados, junto con los programas regionales estratégicos de la zona metropolitana de la ciudad de México y Región Centro, Frontera Norte, Mar de Cortés, Zonas Áridas y Sureste, continuarán siendo el marco de programación y ejecución de proyectos estratégicos para impulsar el desarrollo urbano y de transporte y comercialización, con el propósito de crear las condiciones que impulsen y faciliten la descentralización de la vida nacional.

Los planes estatales convenidos con los estados de Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, continuarán siendo los instrumentos que dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática, integren ordenadamente los recursos y acciones de los tres niveles de gobierno para realizar las obras prioritarias de los estados.

Durante la presente administración la inversión pública ha sido objeto de un proceso permanente de revisión y reestructuración, que se ha sustentado en la implantación de nuevos y oportunos mecanismos de programación y criterios explícitos de selectividad. Ello ha permitido reorientar sectorialmente los recursos de inversión para mantener, conservar e incrementar la utilización de la capacidad instalada de las actividades industriales, energéticas, comerciales y turísticas, así como avanzar en la construcción de la infraestructura agropecuaria y de comunicaciones y transportes.

En estos sectores se han seleccionado programas y proyectos, reduciendo a lo estrictamente necesario el contenido importado y eliminando la dispersión de esfuerzos al concentrarlos en pocos frentes y proyectos.

En 1985, se procuró que los recursos de inversión fluyeran con la agilidad y oportunidad con que el aparato productivo del Estado lo demandaba. La ministración de estos recursos atendió a criterios explícitos de generación de empleo, siempre buscando impulsar prioritariamente la sustitución de importaciones y fortalecer las exportaciones, en aquellos sectores y productos en los que existe posibilidad para lograrlo. Así, aunque hubo necesidad de ajustar el monto global, no se modificaron las líneas fundamentales que sustentan su asignación, al acelerarse el proceso de eliminación de proyectos de menor prioridad, procurando no afectar los prioritarios; se disminuyó el ritmo del ejercicio de algunos proyectos y se efectuó el diferimiento parcial o total de otros.

Así, la inversión pública se canalizó en función de los programas sectoriales de mediano plazo con mayor prioridad y con una más alta relación de mano de obra por peso invertido. Asimismo, se puso énfasis en aquellos proyectos que se identifican en forma directa con la oferta de bienes y la prestación de servicios estratégicos de responsabilidad del Estado. En el sector paraestatal industrial se puso especial cuidado en que la asignación de recursos de inversión, contribuyera a una mayor integración de los procesos productivos.

Para 1986 el ejercicio de la inversión pública continuará manteniendo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; aprovechamiento de la mano de obra e insumos locales; empleo máximo de la capacidad instalada para el abatimiento de costos; uso preferente de tecnologías nacionales; así como la atención prioritaria a proyectos con mayor avance relativo y de obra complementaria que permitan la integración efectiva de los procesos productivos.

Asimismo, se jugará un papel preponderante en los programas de reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas por los sismos y en los de descentralización de la vida nacional, los cuales serán compatibilizados con la estrategia de mediano plazo, a fin de continuar avanzando en la consecución de los objetivos que establece el Plan Nacional de Desarrollo.

En este sentido, el Programa de Inversión Pública se vinculará con la estrategia de reconstrucción por medio de la asignación de recursos para la reconstrucción de las instalaciones hospitalarias y de educación, construcción de viviendas y rehabilitación de la infraestructura en comunicaciones, además con la desconcentración y descentralización de las actividades de la administración pública, a través del reforzamiento de los programas concertados con los gobiernos locales.

Se continuarán los programas normales de ampliación de la oferta de productos básicos y de servicios sociales; se reducirán al mínimo indispensable las erogaciones por concepto de contratación de asesoría, estudios e investigaciones, aplicándose de manera más enérgica el proceso de selección y evaluación social de los proyectos de inversión, con el fin de liberar recursos para los proyectos de reconstrucción nacional. De igual forma se revisará el otorgamiento de transferencias de inversión, evitándose la autorización de aquellas que no tengan claramente especificados sus objetivos, metas e impacto en la producción de bienes y servicios estratégicos o elevado contenido social.

El presupuesto de inversión para 1986, se vincula a la estrategia de reordenación y cambio estructural, con ese propósito el monto de inversión en presupuesto ascenderá a 367.1 mil millones de pesos, 46.5% por encima del monto esperado en 1985. De esta cifra 300 mil millones de pesos corresponderán al programa de reconstrucción y 3371.1 mil millones al programa normal de las dependencias y entidades.

La inversión del Gobierno Federal crecerá en 51.3% respecto a la esperada en 1985, debido principalmente a la inclusión de previsión que se destinará a las tareas de la reconstrucción por un total de 259.0 mil millones de pesos. En el caso de organismos y empresas, la inversión pública del programa normal por su impacto inmediato en la actividad económica, crecerá en 42.7%. Las entidades IMSS e ISSSTE destinarán de su presupuesto 41.0 mil millones de pesos al programa de reconstrucción de sus instalaciones hospitalarias.

Debe mencionarse que en febrero en este año fue expendido el Reglamento de la ley de Obras Públicas, el cual recoge las opiniones de los sectores involucrados, así como las experiencia de las dependencias y entidades que ejecutan obra pública, motivo por el cual es el resultado de un proceso exhaustivo de consulta, análisis de opiniones y propuesta, que responden cabal y congruentemente a las disposiciones de la ley que reglamenta y pretende ser el instrumento que apoye la evolución de la administración publica federal hacia una gestión más responsable y oportuna, acorde con los principios del Programa de Simplificación Administrativa.

Por otra parte, su contenido pretende en su conjunto dar continuidad a los principios que orientan la Ley de Obras Públicas, al establecer los mecanismos y procedimientos administrativos de regulación para dar agilidad y oportunidad a la realización de las obras con las mejores condiciones para el Estado, en un plano de equidad cuando éstas son realizadas por particulares.

La estrategia del sector público en materia de adquisiciones ha sido la de revisar permanentemente los montos, normas, y procedimientos que permitan la instrumentación de los cambios requeridos por la economía nacional, proteger la planta productiva y el empleo, así como asegurar la prestación de los servicios sociales básicos.

En este sentido, reviste una importancia de primer orden la publicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, reglamentaria del artículo 134 constitucional; ya que con su expedición se proporcionan los elementos necesarios para un manejo eficiente, eficaz, honesto y transparente de los recursos públicos, dentro de un marco de racionalidad y disciplina presupuestales; además de que permite la integración del proceso de planeación, programación, presupuestación y control de adquisiciones. arrendamientos y presentación de servicios relacionados con bienes muebles, así como la regulación de los actos y contratos inherentes a estas materias.

Dentro de lo más relevante que incorpora la nueva ley, se encuentra el desarrollo del procedimiento de licitación pública, además de las pautas para definir y regular los casos de excepción de este procedimiento. Por otra parte, al permitir que las dependencias y entidades de la administración pública federal realicen en forma planeada y uniforme sus acciones en materia de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles. Se ha dado respuesta con la emisión de esta ley al Programa de Simplificación Administrativa del Gobierno Federal, ya que elimina trámites e instancias innecesarias y agiliza procedimientos.

Asimismo, como una medida adicional para facilitar y simplificar las acciones que en esta materia realizan las dependencias y entidades, en la primera mitad del próximo año se publicará el Reglamento de la ley citada, en cuya elaboración se tomará en cuenta la problemática específica de cada sector de la economía.

En esta línea de estrategia, en 1986 se habrá de continuar apoyando los procesos de consolidación de compras, a fin de pactar las adquisiciones; en óptimas condiciones; de igual manera, seguirán funcionando los comités de compras de las dependencias y entidades de la administración pública federal, con objeto de asegurar la transparencia y honestidad de las acciones inherentes, así como mantener la política de instalar las Comisiones consultivas mixtas de Abastecimiento, como foros de concentración permanente entre el Gobierno Federal y sus proveedores.

A fin de favorecer la sustitución de importaciones y ejercer el poder de compra del Gobierno Federal para obtener mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, se ha previsto mejorar y complementar la elaboración del programa Anual de Adquisiciones 1986, de tal forma que este instrumento programático permita articular los procesos de producción y distribución. con los volúmenes de compra del sector público bajo condiciones óptimas de precio y calidad.

Con lo anterior, se apoyará y fortalecerá aún más el mercado interno. para cumplir con las metas trazadas por el Ejecutivo Federal como son: la defensa de la planta productiva y el empleo, así como el desarrollo de la industria nacional y el fomento de comercio exterior.

Con el propósito de apoyar el Programa de Simplificación Administrativa del Gobierno Federal, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, se contemplan principios tendientes a reducir, agilizar y dar transparencia a los procedimientos y trámites que de ellos se derivan. Asimismo, ha quedado prevista la realización de acciones para descentralizar las funciones que las dependencias y entidades llevan a cabo en esta materia, procurando que los trámites se ejecuten y resuelvan en los mismos lugares en que se originan las operaciones.

La estrategia de simplificación promueve también la efectiva delegación de facultades en servidores públicos subalternos. a efecto de garantizar mayor oportunidad y flexibilidad en la toma de decisiones.

En cuanto a la administración de los bienes muebles del dominio privado de la Federación, se simplificó el procedimiento para operar la baja y el destino final de los mismos, toda vez que esta función se descentralizó a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a través del "Decreto de Reforma y Adiciones a la Ley General de Bienes Nacionales", y de las "Normas de Procedimientos para la Afectación. Baja y Destino Final de los Bienes Muebles", publicados en el Diario Oficial de la Federación de los días 21 de enero y 29 de mayo del presente año, respectivamente, en donde precisan las responsabilidades que en la materia les compete a los titulares y el establecimiento de mecanismos de control de los recursos.

Las condiciones imperantes en la economía, exigen que durante 1986 se continúe con la política de sujetar las adquisiciones a criterios de racionalidad y austeridad y disciplina. ajustándose a lo estrictamente necesario y cancelando aquellas que no correspondan a las prioridades establecidas en el proyecto de presupuesto.

De igual forma, se proseguirá con las acciones tendientes a la sustitución de importaciones en aquellas adquisiciones en que los proveedores nacionales garanticen competitividad en precios, calidad y oportunidad, lo que permitirá incrementar bajo condiciones competitivas el contenido nacional del gasto.

EN 1986, uno de los propósitos de la política de gasto es el de profundizar en la revisión del sistema de asignación de recursos que se canalizan al resto del sector público, así como los sectores social y privado, para compatibilizar su monto y ritmo con las exigencias del cambio estructural y a las nuevas tareas de reconstrucción nacional.

La estrategia consiste en disminuir las transferencias que destinan a las entidades de control presupuestal indirecto, como resultado de la fusión, venta a liquidación de aquellas entidades cuya existencia no se justifique y a la mayor eficiencia de las entidades estratégicas y prioritarias.

El menor monto de transferencia afectará principalmente a los programas normales de desarrollo regional, a la intermediación financiera y las del sector industrial, con excepción de las relacionadas con el saneamiento financiero de las empresas públicas prioritarias.

La decisión de acelerar la revisión de la participación del Estado conforme al precepto constitucional de rectoría económica, constituye el elemento de apoyo para la asignación y ministración de subsidios a entidades paraestatales hecho que permitirá reducir la carga de estos recursos sobre las finanzas gubernamentales, al mismo tiempo que se mejora su aplicación en la instrumentación de las estrategias sectoriales y regionales defendidas en los programas operativos anuales de 1986.

El proyecto del presupuesto para 1986 contempla transferencias totales por un monto de 4211.3 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 38.1% sobre el cierre estimado de 1985. Las transferencias y subsidios corrientes significan el 63%, mientras que las transferencias de capital representan el 37% restante.

Aunque el monto global se divide casi en partes iguales entre organismos y empresas dentro del presupuesto, así como los no controlados, el destino es sustancialmente distinto.

Para las entidades controladas, el 60.8% de los recursos recibidos se destinan al servicio de la deuda -intereses más amortización-, mientras que sólo el 2.2% de las transferencias a no controlados se utilizan para este fin. En cambio, el 67.4% de los recursos a estos últimos se canalizan a cubrir gastos de operación, frente a sólo 19.9% en el caso de las entidades en presupuesto. Esta estructura se debe , por un lado, a la participación elevada de las instituciones de educación media superior, y de organismos de presentación de servicios comunitarios, por otro, a la carga financiera de las principales empresas paraestatales.

Para 1986, las transferencias a los organismos y empresas en presupuesto se han enmarcado en los requerimientos concentrados y previstos en los Programas de Rehabilitación y Saneamiento Financiero: sin incluir los estatuarios al IMSS e ISSSTE, estos recursos ascienden a 1972.8 mil millones de pesos, dicho monto es nominablemente mayor al de 40.8%.

Los subsidios a precios u operación de las entidades controladas aumentarán en 33.5%, debido básicamente a la mejoría en los ingresos y en la racionalización de los gastos de las principales empresas beneficiarias.

Con objeto de apoyar a la planta productiva, las transferencias de capital a empresas y organismos dentro del presupuesto, se incrementarán en 826.1 millones de pesos, un aumento de 59.7% sobre el cierre esperado para 1985. Las entidades con mayor aumento son, Comisión Federal de Electricidad, las empresas ferroviarias, Azúcar, S.A., y Conasupo.

Los subsidios para operación y transferencias para inversión en las entidades paraestatales fuera de control directo de presupuesto, se incrementarán en 32% respecto a 1985, debido a los avances logrados en la racionalización y redimensionamiento del sector.

Así, los recursos presupuestales en este renglón suman 2002.7 mil millones de pesos, de los cuales el Sector Educativo recibirá 558.2 mil millones, destacando como beneficiarios la UNAM, UAM y universidades estatales con 272.4 mil millones y el CAPFCE, con 95.2 mil millones.

Por su parte, el Sector Desarrollo Rural tendrá transferencias por 519.3 mil millones de pesos, más de la mitad se canalizarán a subsidiar el crédito agropecuario, principalmente a través de Banrural, con 250 mil millones de pesos y FICART y FEGA con 13.2 mil millones. También destaca el apoyo dado a ANAGSA con 39.8 mil millones, a Servicios Ejidales S.A., 13.4 mil millones y al Fideicomiso de Riesgo Compartido 11.1 mil millones.

Las transferencias al Sector Industrial registran un presupuesto de 95.7 mil millones de pesos, un incremento de 31.9% respecto a 1985. Son ya palpables los resultados de los programas de la productividad, así como de las acciones de vender, liquidar o fusionar empresas no prioritarias y concretar esfuerzos en áreas de importancia nacional, ya que a pesar del aumento moderado será posible asignar 14.2 mil millones al Grupo Industrial NKS para iniciar operaciones en esta planta de bienes de capital; 33.5 mil millones al fomento minero y 14.1 mil millones a la industria naval.

La reducción absoluta y relativa en las transferencias al Sector Comunicaciones y Transportes, se debe a la descentralización de las juntas locales de caminos y la reducción del subsidio a las líneas aéreas nacionales.

Finalmente, cabe señalar que para 1986 la ministración y ejercicio de transferencia habrán de ajustarse en la medida en que las entidades beneficiarias obtengan mayores ingresos propios y eleven su productividad; al mismo tiempo se reforzarán los mecanismos de control para suspender apoyos en caso de incumplimiento en la consecución de objetivos y metas.

La modernización administrativa constituye uno de los instrumentos del Ejecutivo Federal para fortalecer y dar congruencia a las acciones del sector público, en un marco de racionalidad, descentralización y disciplina financiera como apoyo para elevar los niveles de eficiencia y productividad. El proceso de transformación de la administración pública federal se concatena de esta manera a los objetivos, prioridades y estrategias del desarrollo nacional mediante políticas y directrices de carácter global, sectorial e institucional.

La magnitud de la tarea obliga a que ésta se lleva acabo de manera firme, ordenada y gradual. Para ello se desarrollan acciones coordinadas, tanto con las dependencias como con las entidades del sector público en los ámbitos de organización, sectorización , descentralización, personal y sistemas. Así, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Ejecutivo Federal, se procedió, durante los meses de febrero y julio del presente año, a compactar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades, lográndose reducir 146 áreas organizacionales entre subsecretarias, oficialías mayores, coordinaciones generales y direcciones generales de las 649 anteriormente existentes.

De esta manera , la dimensión de la administración pública se adecúa a las necesidades del esfuerzo de reordenación, del cambio estructural y de ningún modo afecta la rectoría del Estado en el desarrollo, ni a la cobertura de presentación de los servicios básicos bajo su responsabilidad.

Consolidar las acciones de modernización realizadas durante ejercicios anteriores y agilizar las que deberán emprender en el futuro, constituye un imperativo al que el Estado esta comprometido a realizar. Por tal motivo, a fin de uniformar criterios e instrumentos técnico-administrativos, se emitieron los lineamientos y la metodología para el registro y modernización de estructuras organizacionales, así como para la elaboración de manuales de organización, que permitirán contar con la información sistemática y actualizada para dar a conocer a la ciudadanía en forma clara y concisa la estructura, atribuciones y funciones de las dependencias y entidades del Gobierno Federal.

En relación al sector paraestatal, se han efectuado importantes esfuerzos para la depuración de las entidades que la integran, a fin de eliminar aquéllas cuya permanencia ya no se justifique, bajo los siguientes criterios: vender liquidar o extinguir aquéllas cuyo objetivo ya ha sido cubierto o que no se abocan a actividades estratégicas o prioritarias; fusionar a las que son compatibles desde los puntos de vista técnico y económico; transferir a los estados las que tienen ámbito y vocación local, y finalmente, abreviar el trámite de liquidación y extinción de las entidades que se encuentren en este proceso.

Para 1986, se continuará con el proceso de reestructuración administrativa bajo criterios de compactación de áreas y disciplina presupuestal, buscando vincular las estructuras orgánicas a los requerimientos planteados por el proceso de descentralización, a fin de que las decisiones se tomen en el ámbito geográfico donde se demanden los servicios y que éstos se otorguen con la misma calidad e intensidad en todas las regiones del país.

El proceso de descentralización implicará una adecuación de la organización a nivel central, de tal forma que evite la duplicidad de funciones y la creación de estructuras paralelas, por lo que se promoverá que la desconcentración de personal conlleve la descentralización de las funciones, decisiones y recursos inherentes, conservándose a nivel central las funciones de planeación, control y evaluación global: lo que redundará en un fortalecimiento de la capacidad de servicios del Gobierno Federal.

Con el propósito de continuar promoviendo el cambio estructural en el sector paraestatal, se proseguirá con el proyecto de depuración de las entidades buscando que las que permanezcan se constituyan en verdaderos instrumentos de política para el desarrollo económico y social del país. Asimismo, se consolidará la coordinación sectorial vinculado en mayor medida a las entidades paraestatales con el logro de los objetivos sectoriales; y se profundizarán las acciones orientadas a integrar las dependencias y entidades en un todo armónico y estructurado, de tal forma que sin perder el control sobre las mismas, éstas cuenten con la libertad de acción requerida para su sana operación.

La política de administración y desarrollo de personal del Gobierno Federal se ha encauzado a la formación de servidores públicos profesionales, capaces y honestos que coadyuven a la obtención eficaz y oportuna de los objetivos institucionales. Por consiguiente, ha sido y es propósito permanente del Ejecutivo Federal, ofrecer a sus empleados, como un acto de justicia social, mejores condiciones de vida a través del otorgamiento de sueldos y prestaciones que permitan por una parte, el acceso a mejores niveles de bienestar a que social y laboralmente tienen derecho, y por otra, ofrecer mayores posibilidades de desarrollo dentro de la administración pública federal.

En este sentido, la política salarial del Gobierno Federal tiene como objetivo fundamental mantener el poder adquisitivo de los servidores públicos dentro de un marco de equidad y de acuerdo con las posibilidades económicas del Estado. Por ello, la aplicación de los incrementos salariales más significativos, se han otorgado a los trabajadores de menores ingresos y aquellos que tenían un mayor rezago salarial; salvaguardando siempre los derechos laborales y el respeto irrestricto a la libertad sindical.

La compactación de sueldos del personal federal se realizó tomando en cuenta los planteamientos por la Federación de Sindicatos de trabajadores al Servicio del Estado a la Comisión Intersecretarial de Servicio Civil. Esta compactación permitió el incremento de sus percepciones reales, al elevarse el monto de las prestaciones reales, al elevarse el monto de las prestaciones vinculadas al sueldo como son, el aguinaldo y la prima vacacional.

Las acciones especificas más relevantes del paquete salarial de 1985 se enfocaron a los siguientes aspectos:

- Actualización de las remuneraciones del personal federal en relación con los incrementos al salario mínimo general, de enero y junio, que beneficiaron exclusivamente al personal de menores ingresos.

- Incremento de los haberes del personal de las Fuerzas Armadas como parte del proceso iniciado en 1984 para reducir el regazo salarial que existía.

- Aumento del 1o. de septiembre con objeto de preservar el poder adquisitivo de los Trabajadores al Servicio del Estado de más bajos ingresos.

- Otorgamiento de incrementos significativos a las prestaciones de seguro de vida, al seguro de retiro, despensa y prima quinquenal, en apoyo a las políticas de seguridad social y económica para los trabajadores.

- Avance en la retabulación de los puestos del personal docente y del sector salud, a fin de contar con un esquema salarial congruente con las características específicas de estos sectores. Asimismo, se continuó con la implantación del modelo de educación superior que permitirá una administración de sueldos más equitativa y mejor estructurada. De igual modo por razones de equidad y justicia fueron asignadas plazas presupuestales al personal a lista de raya y obrero base con mayor antigüedad en el Gobierno Federal.

- Actualización de los catálogos de puestos tanto del Gobierno Federal como de los institucionales, y de tabuladores de sueldos de dependencias y entidades, como parte del proceso constante de mejoramiento de los instrumentos y mecanismos en materia de administración de personal.

Por otra parte, como apoyo a las medidas de racionalización del gasto público y de conformidad con los lineamientos emitidos por el Ejecutivo Federal el 6 de febrero y 24 de julio de 1985, se redujo el número de personal de asesoría y apoyo a servidores públicos superiores y mandos medios, definiéndose además los lineamientos para el control de plazas vacantes existentes.

Con el propósito de propiciar el desarrollo técnico e intelectual de los trabajadores, elevar la calidad de los servicios e incrementar la productividad se han promovido y fomentado las acciones de capacitación de personal, en el marco del Programa Nacional de Capacitación y Productividad.

Para 1986, al igual que en años anteriores, el Ejecutivo Federal, conjuntamente con la representación de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, definirá un paquete salarial que permita en lo posible, conservar el poder adquisitivo de los trabajadores y continuar avanzando en la conformación de una estructura salarial congruente y equitativa. Se procura asimismo, la aplicación de medidas para apoyar el ingreso de los servidores públicos, a través del incremento en el monto de sus prestaciones.

La política salarial del Gobierno Federal para 1986 seguirá la línea general que favorece a los puestos inferiores acortando la brecha entre el salario mínimo burocrático y el sueldo correspondiente al Secretario de Estado así en 1982 la diferencia entre ambos era de 33 veces; en 1985 de 17 veces se espera que para 1986 sea de 15 veces; asimismo conformará un paquete que tendrá como característica principal el apoyar a los trabajadores ubicados en los niveles salariales más bajos y la promoción de estímulos a la productividad del personal.

Cabe destacar que como parte de las medidas del programa de reestructuración económica del Gobierno Federal, los sueldos de los Servidores Públicos del Presidente de la República y del oficial Mayor permanecerán congelados durante dieciocho meses (1o. de enero de 1985- junio de 1986) por lo que hasta julio de 1986 se actualizarán los mismos y el porcentaje que se aumenten será similar al otorgado al salario mínimo burocrático.

Del mismo modo, se continuará propiciando la racionalización del gasto público en materia de servicios personales, a través de la realización de acciones que favorezcan la utilización más eficiente de los recursos presupuestales.

Finalmente para 1986 es propósito fundamental coadyuvar a la descentralización del personal, mediante la instrumentación de medidas que faciliten su traslado al interior de la República, respetando a todos los casos los derechos laborales adquiridos.

En 1985, la Nación reafirmó la vigencia de los postulados revolucionarios al constituir la LIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, es meritorio reconocer que ello se efectuó en circunstancias de evidente paz social, de respeto a las instituciones y reconocida vigencia de los procedimientos electorales.

Indudablemente la concurrencia de diversas corrientes ideológicas y políticas en este H. Cuerpo Colegiado, coadyuvará a enriquecer y perfeccionar el marco jurídico que sustenta nuestro estado de derecho.

A fin de apoyar las actividades, así como las funciones de supervisión y vigilancia consagradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Proyecto de presupuesto del Poder Legislativo para 1986 asciende a 12.2 mil millones de pesos.La expedita administración y correcta impartición de justicia constituye una reiterada demanda social, razón por la cual el Poder Judicial participa activamente en la revisión, actualización y perfeccionamiento de los mecanismos y sistemas de procuración de justicia, garantizando con ello salvaguardar el orden constitucional y resolver las controversias que atentan contra el sistema federal.

Con el propósito de preservar las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como apoyar la descentralización a través de la creación de nuevos juzgados y tribunales de circuito, el Proyecto de Presupuesto 1986 del Poder Judicial asciende a 22.4 mil millones de pesos.

Para 1986 el Presupuesto de Administración Pública Central asciende a 8236.3 mil millones de pesos, con un incremento de 37.2% respecto al esperado de 1985. La mayor racionalidad y las adecuaciones de planes y programas sectoriales, permitirán que con este gasto se apoye la canalización de recursos a las actividades gubernamentales de más alta prioridad en materia de educación, salud, vivienda y seguridades jurídica y nacional, al mismo tiempo que se destinarán 259.0 mil millones a las tareas de reconstrucción nacional.

Con el propósito de transparentar la ejecución y la evaluación de las estrategias básicas del Plan Nacional de Desarrollo, se ha procedido a diferenciar los recursos destinados a la instrumentación de los programas de Mediano Plazo y las líneas prioritarias de acción de los programas operativos anuales, de aquellos que se destinen expresamente a las actividades de reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos, razón por la cual se crea un nuevo ramo de gasto denominado Reconstrucción, que no constituye una reserva, sino líneas de gastos precios y etiquetados para ese fin.

El Ejecutivo Federal mantiene como objetivo fundamental racionalizar y lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos del erario, a fin de incrementar el nivel de ahorro público que coadyuve a superar los problemas financieros que enfrenta el país.

Durante 1986, habrán de continuar las acciones para abatir las erogaciones corrientes prescindibles, por lo que persistirá la revisión y reconstrucción de las áreas administrativas, así como la depuración de entidades paraestatales no prioritarias y no estratégicas, con lo que se reafirma el compromiso de ajustar el tamaño del sector público en correspondencia con sus responsabilidades legales y de promoción selectiva y prioritaria del desarrollo.

Dada la escasa disponibilidad de recursos y los compromisos para abatir la inflación e inducir una reactivación económica más equilibrada, el nivel de actividad del sector público habrá de ajustarse a las posibilidades reales de financiamiento sano.

La posibilidad de atender oportuna y satisfactoriamente las acciones y metas de los programas básicos y estratégicos, se sustenta en la reasignación de recursos hacia programas de máxima prioridad, cancelando o difiriendo gastos y proyectos no indispensables en la consecución de los objetivos establecidos en los programas de Mediano Plazo y programas operativos anuales.

No obstante la reestructuración administrativa y la depuración de entidades y programas no prioritarios o estratégicos, se atenderá y responderá a la necesaria y natural expansión de los servicios básicos a cargo del Estado; por ello, El presupuesto 1986, considera la indispensable creación de plazas en los sectores de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.

Los esfuerzos de austeridad y racionalidad efectuados por la administración central en años precedentes, se reflejan positivamente en la reestructuración y composición de las erogaciones presupuestales para 1986.

Las dependencias del Ejecutivo Federal orientarán al ejercito de su gasto de administración, a los requerimientos estrictamente indispensables para el desarrollo de sus funciones sustantivas y a las exigencias del programa de reestructuración y descentralización administrativa.

Así, el gasto corriente de las dependencias de la administración pública central crece en 33.0% respecto al esperado de 1985, en tanto que los gastos de capital se incrementan en 46.1%, la mayor parte del aumento se canalizará a los proyectos de inversión en reconstrucción y rehabilitación de hospitales, escuelas, viviendas, infraestructura de comunicaciones y agua potable, entre otros.

En el marco de la reestructuración del sistema de subsidios y transferencias, tanto las que reciben las entidades bajo control presupuestal, directo, como las de control presupuestal indirecto, observan un crecimiento menor al total del gasto programable debido al propósito de seguir reduciendo los niveles de subsidios a entidades que en los momentos actuales no se justifican y en congruencia con el rendimiento del tamaño del sector público.

En 1986, las transferencias han sido presupuestadas, con base en los requerimientos y compromisos estipulados en los programas de reestructuración y saneamiento financiero de las entidades paraestatales, se ha procedido a suspender la presupuestación a entidades que se incorporan a procesos de fusión, liquidación, transferencia o venta.

El proyecto de gastos para 1986 no considera el impacto del paquete salarial en el gasto asignado a las dependencias que está incluido en el Ramo Erogaciones no Sectorizables que se va distribuyendo en el curso del ejercicio, en tanto que en 1985 se incluye por ser gasto ejercido.

Los organismos y empresas que conforman el sector paraestatal representan un instrumento en el desarrollo de la estrategia de reactivación económica, a través del apoyo a la producción de bienes y servicios prioritarios y a la prestación de servicios de seguridad social.

Para 1986 los criterios de la política de gasto son elevar el impacto social y productivo de los organismos y empresas, así como fortalecer el saneamiento de las finanzas públicas. También se reforzará la autonomía de gestión de los organismos y empresas, concentrándose su control sobre resultados globales en términos de endeudamiento, superávit y metas de producción y productividad.

En consecuencia, la estrategia se orienta primordialmente a evitar la dispersión de esfuerzos y recursos, elevar la productividad de las empresas públicas y proseguir en la reducción de sus costos de operación, necesidad de financiamiento y transferencia, ajustando estas últimas a lo estrictamente indispensable.

Lo anterior, en un contexto de reactivación, moderna y descentralización de la actividad económica, que permite avanzar en la desconcentración regional de funciones y propicie un mayor avance en el redimiensionamiento de la administración pública paraestatal.

En Materia de inversión, adquiere carácter prioritario los proyectos orientados a la conservación y mantenimiento que eleven la productividad física en los procesos de operación, así como aquéllos en ejecución en áreas prioritarias y estratégicas cuyo impacto sea positivo en la absorción de mano de obra y aprovechamiento de los recursos locales de las regiones.

Respecto a los subsidios y transferencias, sólo se otorgarán aquellos que tengan efectos redistributivos y una efectiva promoción y fomento a las actividades productivas. En este sentido, los organismos y empresas se ajustarán a la racionalización de los subsidios de acuerdo con las economías generadas por las acciones de los programas de Modernización, Rehabilitación Productividad y Saneamiento Financiero, lo que implica no presupuestar niveles de operación que comprometen incrementos reales en las transferencias del Gobierno Federal.

La política de adquisiciones de bienes y servicios se orientará preferentemente hacia el mercado interno, sin dejar de aprovechar las ventajas que en precio, calidad y oportunidad ofrecen los proveedores externos.

Con ello, se pretende continuar el apoyo a las acciones básicas de carácter productivo, orientadas a fortalecer al Sector Energético e Industrial; a este último, en materia de fertilizantes, por su impacto en la producción agrícola. Además se enfatizará la atención a los programas de abasto de bienes de consumo popular.

Para el logro de estas acciones, el monto total del presupuesto del sector paraestatal durante 1986 será de 9331.8 mil millones de pesos, 45.0% mayor con respecto al de 1985.

La inversión ascenderá a 1992.0 mil millones de pesos, orientándose a apoyar la mejor utilización de la capacidad instalada y a la consolidación de los proyectos en ejecución; en tanto que el gasto de operación tendrá un monto de 7134.6 millones de pesos, suficiente para sostener y mantener la operación de la planta productiva bajo criterios y programas que eleven la productividad y la racionalización de la administración pública paraestatal.

En los tres años de esta administración se han observado avances en la reestructuración financiera de las empresas del sector paraestatal, a través de ajustes periódicos programados de los precios y tarifas que por muchos años había quedado rezagados y de racionalizar la asignación y uso de subsidios, transferencias y de divisas, pero sobre todo, de la reprogramación de su deuda, estrategia que segura durante 1986, con el propósito de continuar con las acciones tendientes a dotar de autonomía financiera a las empresas.

El entorno económico internacional y las dificultades crecientes para recurrir al ahorro externo, plantea la necesidad de adecuar las modalidades de financiamiento del desarrollo, a través del fortalecimiento del ahorro interno y de su canalización más eficiente hacia los grandes objetivos nacionales.

Así, en 1986 se intensificarán los esfuerzos que permitan imprimir una modificación en la estructura del financiamiento del programa de inversiones, mediante un aumento de la participación del ahorro público. Para este efecto, se propone combatir los rezagos en la política de precios y tarifas y se continuará en el propósito de modular el crecimiento del gasto corriente, particularmente en el renglón de transferencias. Asimismo, se adecuará la inversión pública a los niveles de ahorro que pueda generar el sector público, sin presionar excesivamente los recursos prestables del sistema financiero.

Se profundizará las acciones tendientes a incrementar la eficiencia en el quehacer público y se fortalecerá el proceso iniciado desde el principio de la presente administración, de rehabilitación financiera de las entidades públicas, a fin de que éstas estén en condiciones de impulsar y orientar al desarrollo del país sobre bases más sólidas.

Dentro de este marco, el ahorro corriente antes de transferencias de la administración pública, central ascenderá en 1986 a 11240.9 mil millones de pesos, monto que duplica a la estimación de cierre de 1985. Este resultado obedece al efecto asociado de un mayor dinamismo en la captación de ingresos y al esfuerzo continuado de la racionalización del gasto corriente por su parte, el ahorro después de transferencias e intereses ascenderá a 1368.8 mil millones de pesos, monto que contrasta con el desahorro de 775.8 que se espera al cierre del ejercicio presupuestal de 1985.

Las entidades que conforman al sector paraestatal en presupuesto obtendrá un superávit en operación de 2650.5 mil millones de pesos 63.8% por encima del esperado para 1985, como resultado de mayores ingresos por la venta de vienes y servicios, principalmente el efecto de la actualización de los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos y de las exportaciones de crudo. El ahorro después de transferencia e intereses ascenderá a 1690.0 mil millones de pesos, superior en 47.7% respecto al monto esperado. Los resultados anteriores permitirán utilizar el crédito externo de manera complementaria de los ingresos internos, por una parte; y por otra, continuar avanzando en la reordenación económica y en el cambio estructural

El nivel de endeudamiento real del sector público es el resultado de la política presupuestal e indirectamente, de la evolución general de la economía. Una de las causas profundas de la crisis económica actual la constituye el sobreendeudamiento del sector público originado por déficit recurrentes de las finanzas públicas. En consecuencia, entre los principales objetivos de la reordenación económica y corrección de los desequilibrios macroeconómicos iniciados en 1983, se encuentran el de lograr un desendeudamiento real como condición necesaria para una estabilidad duradera y un crecimiento sano y permanente de la economía.

En el período 1983-1985 se ha logrado reducir en forma importante la deuda pública real, lo que refleja la corrección llevada a cabo en el área de las finanzas públicas.

1981 1982 1983 1984 1985 1986

Interna -3.3 60.0 -23.0 -1.0 -4.3 13.0
Externa¹ 38.7 14.3 -0.1 4.0 -4.2 0.0
¹ En dólares constantes de 1980.

El cuadro anterior muestra la evolución de la deuda pública interna y externa en pesos y dólares constantes, respectivamente. En 1985, a pesar de haberse registrado un déficit similar al de 1984, continuó reduciéndose la deuda pública real tanto interna como externa.

La política presupuestal de 1986 que propone una reducción importante del déficit público, implica una baja adicional y significante de la deuda real y mantener constante la deuda externa real, esto implica un endeudamiento en dólares corrientes del orden de 4.0 mil millones de dólares que permitirá obtener una transferencia de recursos reales provenientes del exterior, a través de mayores aportaciones provenientes del exterior, a través de mayores aportaciones. Esto a su vez, permitirá ejercer menor presión sobre las tasas de interés internas. En este sentido, la política de la deuda pública constituye un componente importante de la política económica general; dentro del propósito de continuar reduciendo la deuda total real del sector público se propone una combinación de endeudamiento interno y externo que contribuye a otros objetivos de política económica.

El propósito de continuar reduciendo la deuda del sector público es fundamental; sólo de esta forma podrá reducirse en forma permanente la pasada carga de interés y corregir a fondo el desequilibrio de las finanzas públicas. Después de la reestructuración de la deuda externa los mayores márgenes para reducir la carga del servicio de la deuda se sitúan en el corto plazo en la reducción de la deuda interna cuyo servicio es muy sensible a las tasas de inflación.

El servicio de la deuda del sector presupuestal para 1986, ascenderá a 14791.8 mil millones de pesos, de los cuales 10966.7 mil millones de pesos corresponden al Gobierno Federal (47%) y 3825.1 (26%) al Sector Paraestatal.

Dentro del Proyecto de Presupuesto, el servicio de la deuda representa el 45.9% de los gastos totales y los intereses, cuyo monto asciende a 9380.3 mil millones de pesos, constituye el 29.0% del mismo gasto.

En resumen, la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación que aquí someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados presentada, con el vigor y claridad que demanda el pueblo mexicano, el reto y la estrategia de solución que mi Gobierno considera coadyuvará a corregir los problemas estructurales de nuestro desarrollo.

La tragedia que significaron los sismos del pasado mes de septiembre, constituyen motivo para un esfuerzo redoblado de la sociedad y el Gobierno, que exige el concurso de la creatividad y disciplina en la ejecución de los programas y proyectos.

En este sentido, las actividades del sector público en el año de 1986, tal y como se refleja en el proyecto, conjuga reordenación económica, cambio estructural y reconstrucción, como estrategia para superar los problemas financieros y económicos a los que se enfrenta el país.

El Gobierno se responsabilizará de dirigir con oportunidad y realismo, la ejecución de esta estrategia hacia los objetivos y metas que demandan los problemas, pero será el esfuerzo conjunto de los sectores público, privado y social, así como la participación activa de todos los mexicanos, lo que de validez al programa y reafirme los postulados sociales y políticos de nuestro proyecto nacional.

Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración más distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, noviembre 15 de 1985.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H.»

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1986, se sujetarán a las disposiciones de este decreto y a las aplicables a la materia.

Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los Ramos de Aportaciones a Seguridad Social, Erogaciones no Sectorizables y Reconstrucción para el año de 1986, importan la cantidad de $7.912,923.000,000 (siete billones novecientos doce mil novecientos veintitrés millones de pesos, moneda nacional), y se distribuyen de la siguiente manera:

Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el Desarrollo Regional y Participaciones a Estados y Municipios para el año de 1986 importan la cantidad de $2.355,373.400,000 (dos billones trescientos cincuenta y cinco mil trescientos setenta y tres millones cuatrocientos mil pesos, moneda nacional), y se distribuyen de la siguiente manera:

00026 Desarrollo Regional 363.373.400.000

00028 Participaciones a Estados y Municipios 1.992.000.000.000

Artículo 4o. El presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1986 importa la cantidad de: $12,213.300,000 (doce mil doscientos trece millones trescientos mil pesos, moneda nacional).

Artículo 5o. El presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1986 importa la cantidad de: $22,401.800,000 (veintidós mil cuatro cientos un millones ochocientos mil pesos, moneda nacional.)

Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el año de 1986 correspondieron a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:

Artículo 7o. El gasto asignado a la Deuda Pública del Gobierno Federal para el año de 1986 importa la cantidad de $10.966,706.900,000 (diez billones novecientos sesenta y seis mil setecientos seis millones novecientos mil pesos, moneda nacional), y se distribuye de la siguiente manera:

Artículo 8o. Las previsiones del Ramo de Reconstrucción se orientará a la atención de las necesidades de reconstrucción, rehabilitación y reposición de los hospitales, viviendas, comunicaciones, escuelas y, en general, de los bienes y servicios que resultaron afectados por los sismos ocurridos en el mes de septiembre de este año, así como a la profundización de las acciones de descentralización que con lleva la reconstrucción.

Para su autorización, los proyectos de reconstrucción deberán estar suficientemente integrados y especificados.

Las previsiones de gasto del Ramo de Reconstrucción serán adicionales a los donativos provenientes de los sectores público, privado y social, tanto nacionales como internacionales, captados por el Fondo Nacional de reconstrucción o por otros mecanismos.

Las erogaciones que se realicen con cargo a los recursos indicados se someterán a los controles presupuestales correspondientes y se incluirá en la Cuenta de Hacienda Pública Federal de la información respectiva.

Artículo 9o. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.

La Secretaría de Programación y presupuestos verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con los objetivos y prioridades del plan y de los programas de desarrollo, así como los proyectos de reconstrucción a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la Administración Pública Federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinen.

Artículo 10. Se faculta al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1986, otras entidades paraestatales, además de las señaladas en el artículo 6o. de este decreto.

Artículo 11. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se sujetarán estrictamente a los calendarios de pagos que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Salvo lo previsto en los artículos 14 y 44 no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de pagos que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos así como ampliaciones líquidas a los presupuesto; en consecuencia las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pagos.

Artículo 12. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá reservarse la autorización para ministrar fondos a las dependencias y en su caso solicitar a los coordinadores de sector la revocación de las autoridades que hayan otorgado a su entidades coordinadas, en los siguientes casos:

Artículo 13. La Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio del presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se hayan autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.

Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como del Titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizar dichos compromisos, salvo en lo previsto en el artículo siguiente.

Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional. sólo serán comprendidas en el concepto 8100 del Ramo XXIII del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 14. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a programas prioritarios o estratégicos del Gobierno Federal, con cargo a:

Asimismo. se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el Gobierno Federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas específicos para los que hubieren sido contratados.

El Ejecutivo Federal al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1986, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición y hará el análisis de su aplicación.

Artículo 15. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, efectuará las reducciones o ajustes de los importes de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados.

Para los efectos del párrafo, anterior deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate.

Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva, procurando que no se afecten programas estratégicos ni prioritarios, optando preferentemente, en los casos de programas de inversión, por aquellos de menor productividad e impacto social y económico.

Del ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Federal dará cuenta a la Cámara de Diputados al rendir los informes trimestrales a que se refiere el artículo 49 de este Decreto y al presentar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Artículo 16. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales, no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Progamación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.

Artículo 17. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambios, quedarán definitivamente como economías del Presupuesto y en ningún caso se podrá hacer uso de ellos.

Artículo 18. La administración, control y ejercicio de los Ramos de Erogaciones no Sectoriales, aportaciones a Seguridad Social, Desarrollo Regional y Reconstrucción a que se refiere el presente Decreto, se encomiendan a la Secretaría y Presupuesto.

La administración, control y ejercicio de los Ramos de Deuda Pública. de Participaciones a Estados y Municipios y de Erogaciones para Saneamiento Financiero será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 19. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto. oyendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará el incremento de los fideicomisos constituidos para el fomento de las exportaciones de productos manufacturados y para el equipamiento industrial, así como para el organismo oficial que tenga como fin la promoción del comercio exterior del país, su fomento y la prestación de asesoría en esta materia. Para este efecto, los incrementos se hará con cargo al impuesto sobre la importación en los términos del artículo 8o. fracción I, párrafo primero de la Ley de Ingresos de la Federación.

CAPITULO SEGUNDO
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales

Artículo 20. Sin perjuicio de lo que establece el presente Decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables en los términos de este capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales.

Artículo 21. Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de realizar las acciones previstas en sus proyectos de reconstrucción y programas de descentralización y simplificación administrativas. dentro de los montos de sus presupuestos aprobados.

Artículo 22. Las dependencias y entidades llevarán a cabo sus respectivas acciones en materia de descentralización con base en los criterios siguientes

Artículo 23. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no podrán, bajo ninguna circunstancia, crear nuevas plazas. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud expresa del titular respectivo, podrá autorizar la creación de las que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.

A la designación o contratación de personal para ocupar las plazas a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá dársele efectos retroactivos a la fecha de la autorización correspondiente.

Las dependencias y entidades no podrán modificar sus estructuras orgánica básica aprobada en el ejercicio de 1985. Cualquier adecuación se hará previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuestos, sin que ello implique transferencia o ampliación alguna al capítulo de servicios personales, ni incremento en el número de plazas.

La contravención a lo dispuesto por este artículo dará lugar al financiamiento de responsabilidad conforme a la ley.

Artículo 24. Las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales deberán:

Artículo 25. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal aplicarán y ejercerán dentro de los límites de sus presupuestos y calendarios aprobados, las erogaciones por concepto de materias y suministros de servicios generales, y podrán, cuando a su juicio lo requieran las condiciones de ejecución de sus programas, realizar traspasos entre estas asignaciones, debiendo informar a la Secretaría de Programación y Presupuesto de los movimientos respectivos, en los términos y plazos que ésta determine.

Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de reducir selectiva y eficientemente el gasto de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este decreto y las que resulten aplicables a la materia.

Artículo 26. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la federación para el año de 1986 no se podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:

Cualquier erogación por los conceptos previstos en las fracciones anteriores, requerirá de la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto en forma específica y previa al ejercicio del gasto correspondiente.

Artículo 27. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o entidad correspondiente:

Asimismo, las dependencias y entidades serán responsables de que las erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios, directamente vinculados al desempeño de las actividades y funciones que tengan encomendadas.

Artículo 28. En el Ejercicio del gasto público y del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1986, las dependencias y entidades que tengan representaciones, delegaciones u oficinas en el exterior, no podrán llevar a cabo adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, pago de remuneraciones, horarios, viáticos, gastos de representación, donativos y cualesquiera otras erogaciones, si no cuentan con un registro, una autorización específica y un calendario de ministración de recursos, para dichas representaciones, delegaciones u oficinas, los cuales serán sancionados previamente por la Secretaría de Programación y Presupuesto, dentro del total de recursos autorizados, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante el ejercicio de 1986, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector, en función de las disponibilidades de recursos, podrá establecer medidas de racionalización de los presupuestos y calendarios autorizados, así como de la utilización de los bienes que tengan asignados las representaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior.

Las secretarías de Programación y Presupuesto y de Relaciones Exteriores, con la participación de las dependencias coordinadoras de sector, adoptarán las medidas administrativas necesarias para instrumentar los registros y diseñar los sistemas de información que requieran para verificar que la administración de los recursos asignados y el ejercicio de los presupuestos y calendarios se realicen conforme a lo autorizado a las representaciones, delegaciones y oficinas en el exterior en los términos de este artículo.

Las dependencias y entidades procederán a revisar las aportaciones que actualmente realiza el Gobierno Federal a organismos internacionales, con cuyos fines se relacionen sus respectivas atribuciones y funciones, y presentarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores los resultados de dicha revisión a efecto de que está presente a la consideración del Ejecutivo Federal los casos en que se justifique continuar efectuando dichas aportaciones.

Artículo 29. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1986;

Artículo 30. Los coordinadores del sector quedan facultados para aprobar a sus entidades coordinadas las inversiones a nivel de proyecto y en su caso, las adecuaciones en el transcurso del ejercicio, sujetándose a las autorizaciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto y a las normas y lineamientos que esta expida.

Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de informar trimestralmente a la Secretaría de Programación y Presupuesto sobre los avances de ejecución de las obras públicas, para su inclusión en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados, a que se refiere el artículo 49 de este decreto.

Artículo 31. Las erogaciones por concepto de subsidios y aportaciones con cargo al presupuesto de egresos de la Federación se sujetarán a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:

Artículo 32. La Secretaría de Programación y Presupuesto autoriza las transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos a las dependencias coordinadoras del sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales, bajo su coordinación verificando previamente:

Artículo 33. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría d Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.

Artículo 34. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación en el seno de la Comisión Gasto-Financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades paraestatales convenios para el establecimiento de metas de déficit financiero o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado, de conformidad con los lineamientos que expidan estas dependencias.

Artículo 35. Las transferencias que se otorguen con cargo al Presupuesto de Egresos de la federación por el costo financiero derivado de las asunciones de pasivo de las entidades paraestatales se realizarán siempre que se trate de entidades estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a las prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas las entidades beneficiarias.

Las erogaciones por este concepto se efectuarán con cargo al ramo XXIX "Erogaciones para Saneamiento Financiero" del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1986, observando lo siguiente:

En el caso de dependencias, se requerirá la autorización previa y por escrito del titular, y tratándose de las entidades, del órgano de gobierno correspondiente.

Artículo 37. La Secretaría de Programación y Presupuesto se abstendrá de autorizar subsidios y las dependencias y entidades, donativos y ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social. así como aquellos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan de éste.

Artículo 38. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre transferencias que hubiese otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha secretaría la analice e integre al registro único de transferencias.

Artículo 39. El Ejecutivo Federal podrá determinar ajustes, reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gastos de las dependencias y entidades que no les resulte indispensables para su operación, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las Propias dependencias y entidades.

El propio Ejecutivo resolverá sobre la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo o, en su caso, el que los mismos se reflejen como economías presupuestales.

Artículo 40. Las secretarías de Programación y Presupuestos y de Hacienda y Crédito Público determinarán conjuntamente los lineamientos a que se deberán sujetarse las dependencias y entidades respecto de las disponibilidades financieras con que se cuenten durante el ejercicio presupuestales. Para tal efecto, unificarán los flujos de información financiera que requieran de las propias dependencias y entidades.

A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal informarán a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto y a la dependencia coordinadora de sector, de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias.

Artículo 41. Los subsidios con cargo a impuestos federales, las devoluciones de impuestos, los estímulos fiscales, así como las participaciones que sobre impuestos y productos federales correspondan a los estados, al Distrito Federal o a los municipios en los términos que fijen las leyes de Ingresos, la de Coordinación Fiscal y las demás disposiciones legales aplicables, se deberán comunicar a la Secretaría de Programación y Presupuesto, a fin de que realice la afectación presupuestal correspondiente.

Artículo 42. El Ejecutivo Federal podrá abstenerse de ministrar subsidios y de concertar programas de coordinación de servicios e inversiones con las entidades federativas que graven con impuestos locales los sueldos y salarios de los empleados de la Federación, de las entidades paraestatales y de las que operen mediante concesión federal.

Articulo 43. El Banco de México en función del monto de divisas requerido para el Presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará, a petición de las dependencias y entidades, las divisas necesarias para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera.

Artículo 44. La Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan en tipos de cambios en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de pago en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales, y de las alternativas de financiamiento que se presenten.

Artículo 45. Las dependencias y entidades quedan obligadas a informar a las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen en divisas de acuerdo con los flujos reales establecidos.

Artículo 46. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1986, serán los siguientes:

Artículo 47. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Presentación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres u ocho personas, según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1986. serán los siguientes:

Artículo 48. Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y presentación de servicios, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.

Artículo 49. La Secretaría de Programación y presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en fundición de los objetivos y metas de los programas aprobados. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución del gasto público aprobado para 1986 y hará asimismo, las aclaraciones que éste le solicite a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de responsabilidades correspondientes.

Artículo 50. La Secretaría de Programación y Presupuesto, con bases en dictámenes de la Comisión Gasto-Financiamiento tomará las medidas conducentes a promover la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatales que no cumplan sus fines u objeto social. o cuyo funcionamiento no sea ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o de interés público. Igualmente propondrá la transferencia a los estados y municipios de las entidades cuyas funciones contribuyan directamente al desarrollo regional, la enajenación de la Participación estatal en favor de los sectores social y privado, respecto de aquellas que no sean estrategias no prioritarias, y la función de aquellas otras, cuya actividad combinada redunde en un incremento de su eficiencia y productividad.

El Ejecutivo Federal informará a la Cámara de Diputados de las Razones y criterios específicos que fundamenten el ejercicio de estas atribuciones.

Artículo 51. La Secretaria de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para estos efectos. podrá requerir de las dependencias y entidades la información que resulte necesaria y comunicará a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.

Artículo 52. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la ley, comprobará el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las obligaciones derivadas de este decreto.

Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La propia secretaría pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contraloría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados

Artículo 53. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de 1986.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México D. F., 15 de noviembre de 1985. El presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid H.»