Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada pro el diputado Genaro José Piñeiro López, del grupo parlamentario del PST

«La fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores se permite presentar a esta soberanía, la siguiente iniciativa de decreto, que modifica el artículo 28 constitucional, en su párrafo cuarto, para incluir entre las ramas estratégicas de la economía nacional, exclusivas del Estado, a la industria siderúrgica.

Como es conocido, el artículo 25 constitucional establece claramente que: "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar; que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleado y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución."

Y más adelante, en su párrafo sexto, el mismo artículo señala que: "bajo criterio de equidad social y productividad se apoyará e implicará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente."

Finalmente, el artículo 28, en su párrafo cuarto, define con exactitud cuáles son las ramas estratégicas de la economía, en manos exclusivas del Estado, cuando señala: "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: acuñación de moneda; correos; telégrafos; radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; emisión de billetes por medio de un solo banco, organismo descentralizado del Gobierno Federal; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles; y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión."

Es decir, claramente se deja anotado, en el último párrafo señalado, que el Congreso de la Unión podrá en todo tiempo aumentar o disminuir el listado de las áreas estratégicas de la economía en interés, como lo señala el párrafo sexto del artículo 25, "A las modalidades que dicte el interés público."

Ahora bien, estos avanzados mandatos constitucionales son cuestionados fuertemente en estos meses, a pretexto de la grave crisis que afecta a nuestra economía, por los sectores y grupos ligados a la gran empresa privada nacional y transnacional, e incluso, con gran descaro, por parte de organismos económicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que demanda al Estado mexicano el abandonar esos preceptos, como condición para continuar "apoyando" los esfuerzos nacionales para vencer la crisis.

Así, cuando en el Plan Global de Desarrollo y en otros documentos oficiales de Gobierno mexicano se establece como uno de los objetivos a conseguir en este sexenio, el "cambio estructural", estos grupos pretenden imponer el criterio de que esto significa la renuncia a continuar desarrollando el sector estatal de la economía, el abandonar el incipiente sector social de la misma, para favorecer en todo el crecimiento del sector privado, tanto nacional como extranjero.

Para nosotros, los militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, los cambios estructurales que es preciso alcanzar en esta etapa tiene que ver con el cambio, a favor de la mayorías, de las actuales relaciones de propiedad capitalista, las cuales, como lo expresó el Co. Rafael Aguilar Talamantes el pasado 19 de noviembre, en el V Encuentro Nacional de los Trabajadores de la Ciudad y del campo, ante el C. licenciado Miguel de la Madrid Hurtado Presidente Constitucional de la República:" cuando... se acapara en unas cuantas manos, cuando se privatiza en exceso, se vuelve injusta porque ataca y destruye la propiedad nacional que es sustento material de la soberanía popular."

Y más adelante agregó el Co. Talamantes: "La reconstrucción nacional es la vía para reparar injusticias". A 75 años de la Revolución, la inmensa mayoría de los mexicanos , los obreros, los campesinos, los trabajadores intelectuales, las mujeres trabajadoras y la absoluta mayoría de la juventud, somos víctimas de la injusticia.

"La causa fundamental, desde nuestro punto de vista, es que las actuales relaciones de propiedad han terminado por contravenir el mandato constitucional vulnerando la propiedad nacional al conceder en exceso privilegios a los grandes propietarios privados. La concentración de la propiedad, lo mismo en la ciudad que en el campo, ha generado polos de riqueza y de pobreza que además de ser injustos, resultan incompatibles con el espíritu constitucional."

"La Ley Fundamental de nuestro país, que es programa para la emancipación nacional y social del pueblo de México, contiene las bases para reparar las injusticias que se derivan de la mala distribución de la riqueza."

Finalmente, el Co. Talamentes afirmó:

"La reconstrucción de las relaciones de propiedad implica dar impulso al desarrollo de la propiedad social, elevar el elevar el peso especifico de ésta en la economía nacional, para que los trabajadores eleven su peso político y social. Implica también la tarea de reivindicar la propiedad nacional desarrollándola como propiedad social, de organizarla y hacerla productiva y eficiente colocándola bajo custodia directa de los trabajadores organizados.

La propiedad social, junto con la propiedad social, junto con la propiedad estatal deben constituir un frente común para que en el terreno de la economía puedan superar y limitar a la gran propiedad privada. La clase obrera, en alianza con el Estado, tiene capacidad real para imponerle condiciones al gran capital y para derrotar sus intentonas de establecer su hegemonía sobre la sociedad y sobre el propio Estado mexicano."

Debemos reconocer que en los últimos años, estos grupos ligados a la gran empresa privada nacional, y transnacional, han logrado sensibles éxitos en sus propósitos, pues, han conseguido que el Gobierno Federal venda o liquide un número importante de empresas estatales, algunas de las cuales tenían una innegable significación dentro de la economía nacional. Lamentablemente, se anuncia todavía que en los meses próximos, se continuara esa política antinacional, y así, por ejemplo, se pondrán a la venta o se liquidarán 18 ingenios que forman parte de la industria nacional de azúcar. Toda esta línea política se justifica con el argumento de que no debemos tener un Estado obeso, excesivamente involucrado en las actividades económicas, pues estas son privativas de los particulares. Sin duda alguna, el eventual ingreso próximo al GATT, refrendará esta tendencia antinacional, contraria a la letra y al espíritu de nuestra Constitución.

Creemos ha llegado el momento de que los sectores obrero y socialistas del país, pasen a una contraofensiva en esta materia, utilizando todos los recursos a su alcance, por más modestos que sean. En este propósito, la fracción parlamentaría del Partido Socialista de los trabajadores propone el presente decreto, con un llamado muy especial a los diputados obreros, campesinos y socialistas de esta soberanía, pues de ello depende la suerte que pueda correr nuestro iniciativa.

Entramos en materia, propiamente dicha: Para cualquier país en desarrollo, como es nuestro caso, la industria siderúrgica es vital por más de un concepto, pues de ella dependen muchas de las otras ramas industriales. Incluso, se suele medir el grado de desarrollo de un país dado, por la importancia alcanzada en la economía por la industria siderúrgica.

En México, la siderurgia ha tenido un importante crecimiento en los últimos lustro y actualmente aparece organizada en dos grandes ramas: por un lado, aproximadamente un 80% de la misma, es propiedad estatal ha través del consorcio SIDERMEX, que integra las plantas de Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas y Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. El restante 20% es propiedad privada, en manos del consorcio regiomontano ALFA, propietario de la planta Hojalata y Lámina, S. A., con matriz en aquella ciudad norteña y una subsidiaria en Puebla, Puebla.

Se recordará que el Grupo ALFA, el más importante consorcio privado del país, tuvo un impresionante desarrollo en los últimos años de la pasada década, durante el auge petrolero. Sin embargo, en 1981, en gran parte debido a groseros errores de cálculo cometidos por sus directivos, el grupo entró en una profunda crisis económica de la cual pudo sobrevivir gracias a un cuantioso préstamo que aprobó ese año en su favor el Gobierno Federal, de 23 millones de pesos, a través de Banobras.

En la actualidad, según los últimos datos, el Grupo Alfa debe 267 mil 234 millones de pesos, y esta cantidad aumenta día a día, pues al estar concertados la mayor parte de los préstamos en dólares con bancos extranjeros, el deslizamiento de tipo de cambio aumenta el monto global de la deuda de manera inevitable.

Para resolver este conflicto, los directivos del grupo están proponiendo a sus acreedores internacionales el transformar la mayor parte de su deuda en acciones comunes a favor de dichos acreedores, de tal forma que se calcula el 30% de las mismas pasarían a propiedad extranjera, principalmente norteamericana. Se sabe que los bancos exigen que estas acciones sean de las correspondientes a Hojalata y Lámina, S. A., pues esta empresa es por sí misma el 40% de todo el consorcio.

A mayor abundamiento, si para 1991 el Grupo ALFA no ha podido pagar el préstamo a Banobras, pasarías a propiedad de este otro 34.1% de las acciones de Hojalata y Lámina, S.A., aunque ya desde ahora, representantes de este banco estatal participan en el Consejo de Administración del Grupo, aunque sin derecho a voto todavía.

Al mismo tiempo que todo este proceso tiene lugar en el seno del Grupo ALFA, el Estado mexicano se propone, en su Plan Global de Desarrollo y ahora, en el Presupuesto de 1986, pasar a una política de modernización de esta industria, con el propósito de colocarla en condiciones de superar sus actuales limitaciones tecnológicas, que la hacen poco competitiva a nivel internacional.

Consideramos que ante esta necesidad resulta totalmente contraproducente para los más altos intereses nacionales el seguir manteniendo de manera artificial el supuesto carácter privado de la empresa Hojalata y Lámina, S.A., pues sin apoyo del Estado, que lo proporciona cuantiosos subsidios en energéticos, electricidad, etcétera, ésta no podría sobrevivir un solo minuto. A mayor abundamiento, existe el grave peligro de que una parte importante de la misma pueda caer en manos de bancos norteamericanos, como producto de las negociaciones ya referidas.

De aquí porque planteamos la urgencia de integrar la industria siderúrgica nacional en una sola empresa estatal, bajo una sola dirección y con objetivos patrióticos y nacionalistas, para lo cual el primer paso sería modificar el artículo 28 constitucional, para agregar al listado de las industrias estratégicas, en manos exclusivas del Estado, a la industria siderúrgica.

Con ello, garantizaremos el carácter nacional de esta vital rama de la economía y se podrá proceder a su modernización integral, de acuerdo con un plan único, sin golpear a los trabajadores de la rama, pues hasta ahora los planes parciales de las diversas plantas han significado, en el caso de HYLSA, el despido en 1984 de 445 trabajadores, y en la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, hoy se negocia el despido de otros 387 obreros.

Muchas gracias por su atención, señores diputados.

Atentamente.

México, D. F., diciembre 5 de 1985.

La fracción parlamentaria del PST, diputados: César Augusto del Ángel Fuentes, Graco Ramírez Garrido Abreu, Jesús Heriberto Noriega Cantú, José Felipe Flores Gutiérrez, Máximo, De León Garza, Genaro José Piñeiro López.»