La estrategia económica del imperialismo norteamericano sobre los países subdesarrollados como el nuestro, ha tenido objetivos muy claros, de los cuales se derivan una serie de medidas que en su conjunto integran las recetas de la política económica que se imponen a nuestras naciones cuando no encuentran resistencia alguna en la clase que las gobierna.

En el caso particular de nuestra patria, la aplicación de las medidas monetaristas y neoliberales impuestas por el fondo Monetario Internacional han conducido a lograr en muy breve plazo los objetivos imperialistas; éstos son los principales:

En primer término, trasladar los efectos negativos de la crisis económica hacia la clase trabajadora, lo cual se ha logrado con creces, pues México es uno de los países cuya mano de obra es la más barata del mundo, en virtud de la pérdida del poder adquisitivo del salario, el cual en los últimos seis años asciende a más del 60%, y la reducción del gasto del gobierno en servicios sociales fundamentales como lo es la educación, que en los últimos seis años tuvo apenas un promedio de 2.0% respecto al producto interno bruto; en salud, dado que más de 40 millones de mexicanos padecen desnutrición seria; en vivienda cuyo déficit afecta a más de 5 millones de familias; y en la inversión, pues la reducción del gasto público en este sentido ha estimulado el crecimiento de desempleo, el cual asciende a más del 20% de la población económicamente activa.

Sin lugar a dudas, al igual que al interior, el imperialismo ha logrado el éxito en sus propósitos de dominación de nuestra economía, tan sólo en seis años de aplicación radical de las medidas monetaristas, neoliberales han logrado adueñarse de la mayor parte de las empresas estatales que fortalecían al Estado mexicano, han impuesto la liberalización de nuestro comercio incorporándolo al GATT y han logrado eliminar las escasas medidas arancelarias que protegían las fuerzas productivas nacionales; México se ha constituido así en mercado seguro para los productos industriales de las empresas transnacionales, pues hoy el 70% de nuestras importaciones provienen de Estados Unidos.

El cuadro de los efectos negativos de esa política se complementa con la medida antinacional de abrir las puertas del capital extranjero; en tan sólo seis años, éstas se incrementaron en 130%, así, el imperialismo aseguró a México un lugar entre los países a los cuales saquea y descapitaliza por la vía de la obtención de ganancias al más bajo costo a través de las siguientes medidas: la superexplotación de la mano de obra mexicana, el saqueo de nuestras materias primas que obtienen a precios bajos, y el privilegio de invertir en un país en el que la carga fiscal es de las más bajas del mundo.

Y finalmente convertir a México en país exportador de capitales, en virtud de la enorme carga que representa el pago del servicio de la deuda.

Los defensores de esta política global de sometimiento y dominación, de saqueo y rapiña, no pueden tener un solo argumento válido para continuar aplicándola, pues todos los objetivos con los cuales se ha tratado de justificar su aplicación han fracasado rotundamente; lo mismo al crecimiento qué respecto al combate de la inflación, las propias cifras oficiales constituye un argumento en su contra.

En diciembre de 1987, cuando los altos indicadores inflacionarios se reflejaban en un brutal empobrecimiento del pueblo, se aplicó una medida de emergencia cuyo objetivo no fue de ninguna forma el de cambiar al esquema económico imperialista impuesto a nuestro país, sino garantizar su continuidad sobre la base de crear un ambiente artificial de control estabilidad económica, pero sin concesiones respecto al deterioro del nivel de vida del pueblo, de la reducción del gasto público, de la reprivatización de las empresas, del pago de los altos intereses de la deuda y de la continuidad y profundización de la injusta distribución del ingreso; a esta medida se le llamó, Pacto de Solidaridad Económica.

El Pacto de Solidaridad Económica suscrito por los dirigentes de empresarios, obreros campesinos, ha sido valorado por éstos como un instrumento efectivo para el control de la inflación, pero con ello se trata de ignorar que en realidad sólo un cambio en los tiempos para la reducción del poder adquisitivo del salario, al hacerlo de un solo golpe y al inicio del señalado pacto, pues el gobierno decretó en ese momento un incremento de los bienes y servicios que produce entre un 85% y un 100%; los empresarios por su parte se anticiparon a la anunciada reducción de la inflación elevando sus precios enormemente en el mes de enero, haciendo que la misma alcanzara el mayor índice de la historia. A pesar de todo, la inflación durante 1988 creció alrededor del 50%.

Es indudable también que el pacto de solidaridad económica ocasionó una severa recesión de la economía incremento del desempleo en forma severa.

Ahora el gobierno, en el intento de garantizar aún más el logro de los objetivos de la política imperialista propone, contando con la complacencia de los dirigentes obreros, campesinos y desde, luego empresariales, la puesta en marcha de un nuevo pacto sobre las mismas bases y objetivos que el anterior, pero con el agregado de que ahora se pretende sacrificar aún más al pueblo mexicano y con el supuesto objetivo de que está orientado a lograr el crecimiento económico.

El Partido Popular Socialista, al igual que otras fuerzas políticas progresivas democráticas y patrióticas de México, se pronuncia radicalmente en contra de este nuevo Pacto de estabilidad y Crecimiento Económico y expresa la conveniencia de que en el momento actual, frente a las dificultades, peligros y asechanzas sobre nuestra soberanía e independencia, las principales fuerzas políticas y económicas de México suscribamos en contrapacto del que propone el gobierno, pero no orientado a la continuidad o profundización de la política económica de los últimos seis años, sino a lograr el verdadero crecimiento y desarrollo de las fuerzas productivas de México, con elevación real del nivel de vida del pueblo y a consolidar la independencia económica de la nación; el contrapacto para lograr la estabilidad y el crecimiento y desarrollo de México que propone el Partido Popular Socialista, consta de siguientes medidas:

Primera. Combate a la inflación, suspender de inmediato el pago del servicio de la deuda externa, por ser ésta la principal causa inflacionaria; establecer un estricto control de precios, sancionando con energía a los que especulan con el hambre del pueblo; establecer un rígido control de cambios para frenar la fuga de divisas.

Segunda. Lograr el crecimiento económico sobre las siguientes bases: destinar recursos suficientes para impulsar la producción agropecuaria, otorgando crédito barato y oportuno a los campesinos de México, principalmente a los ejidatarios y pequeños propietarios; impulsar el desarrollo del mercado interno mediante el abatimiento del rezago que muestra los salarios, incrementándolos hasta que alcancen el poder adquisitivo que tenían en 1976; e impulsando la creación de los empleos que el pueblo necesita, otorgando estímulos a la pequeña y mediana industria lo mismo que incrementando el gasto público en inversiones y en la atención a los problemas más urgentes del pueblo mexicano, como lo son vivienda, educación y salud.

Establecer un incremento a los precios de garantía, que restituya el rezago que muestra desde hace años; orientar la política económica a rescatar las fuerzas productivas en manos del capital extranjero, iniciando con la nacionalización de la industria hulera, de la industria quimicofarmacéutica y la de la industria alimentaria, deteniendo el proceso de reprivatización de las empresas estatales; impulsar el desarrollo de una tecnología propia destinado recursos suficientes para las investigaciones en este aspecto.

Tercera. Finanzas públicas: Orientar el financiamiento sobre la base de la obtención de recursos propios y de una más justa distribución de la riqueza, para la cual se propone:

Aplicar una reforma fiscal a fondo que grave las utilidades de las grandes empresas, elimine el impuesto al trabajo, reduzca los impuestos a pequeñas y medianas empresarios, e incremente aquellos que aplican las grandes capitalistas nacionales y fundamentalmente extranjero, eliminando los impuestos indirectos que afectan al pueblo como el impuesto al Valor Agregado.

Honorable Cámara de Diputados: la aplicación de estas medidas en forma inmediata, garantizaría realmente no sólo el combate eficaz a la inflación y el crecimiento económico de México, sino la posibilidad real de alcanzar un grado de desarrollo en la que la elevación del nivel de vida del pueblo y la consolidación de la independencia económica serían las principales resultantes.

La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista iniciará a partir de hoy junto a esta preposición, la presentación de una serie de iniciativas orientadas a los fines señalados, por lo que, en uso de las facultades que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados de esta LIV Legislatura, miembros de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, presentamos a consideración la presente.

INICIATIVA DE ADICIONES Y REFORMAS AL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el manejo de la economía, desde el punto de vista monetarista y neoliberal impuesta por el Fondo Monetario Internacional a los países donde ejerce influencia y control, cuatro son los principales precios sobre los cuales descansan la estrategia económica para hacer que los efectos de la crisis se trasladen a las grandes masas de trabajadores, sin tocar los intereses de la burguesía nacional y transnacional, éstos son: el precio de la fuerza del trabajo o salario, el precio del dinero expresado en tasas de interés, el precio del dólar, y los precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público; todos ellos tienen la característica común de ser fijados por el gobierno.

El manejo arbitrario y unilateral de los precios y tarifas del sector público ejercido por el Ejecutivo a través de las facultades que le confieren a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el artículo 31 en su fracción XV de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se ha orientado, según la muestra de experiencia de los últimos años, a cumplir los objetivos económicos del imperialismo mediante el otorgamiento de subsidios enormes al gran capital nacional y extranjero, en precios bajos y tarifas preferenciales de los mencionados bienes y servicios, a la vez que se incrementan los de aquellos que requiere la población.

El incremento permanente de los precios referidos se ha tratado de justificar para supuestamente reducir el déficit del sector público del Estado en la economía, sin embargo, ello no ha ocurrido, pues al aumentarse los precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público, pero sin aplicar un control del resto de los precios, los capitalistas resuelven el problema trasladando el aumento a las mercancías y bienes que producen, de tal forma que al final del ajuste conserva la diferencia, dando como resultado final que los bienes y tarifas del sector público se encuentran nuevamente en desventaja y, por añadidura impulsaron un proceso inflacionario en el que el único perjudicado resultó ser el pueblo.

El papel de los precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público en la economía, tiene, como se ha visto, una importancia más de carácter cualitativo, que cuantitativo, pues se puede utilizar, por una parte como un instrumento valioso para estimular la producción en las ramas económicas que el país necesita para consolidar su independencia económica, y también como instrumento de redistribución de la riqueza, imponiendo tarifas diferenciales que permitan obtener recursos de aquellos sectores que más ganancias obtienen, a la vez que favorece a los más desposeídos con precios y tarifas subsidiadas, a fin de reducir la injusticia.

También se puede utilizar, como se ha hecho en los últimos 12 años, para profundizar la concentración de la riqueza, favoreciendo y estimulando a los grandes capitales nacionales y extranjeros, a quienes se ha otorgado precios bajos a los bienes que produce el sector público, y tarifas de privilegio en los servicios, en tanto al pueblo mexicano, no sólo no se le otorga ninguna preferencia, sino al contrario, se le cobran precios y tarifas excesivas.

Esta situación no debe continuar ante las posibilidades de que los precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público se sigan manejando con base en las tesis monetarista y neoliberal para incrementar la injusticia y favorecer la concentración de la riqueza, afectando a la mayoría de los mexicanos; la Cámara de Diputados debe asumir el papel que le otorga la Constitución, de representar auténticamente los intereses de la nación y el pueblo mexicano, tomando en sus manos la facultad de fijar los precios y tarifas del sector público, adicionando a la fracción IV del artículo 74 de nuestro código político fundamental, un párrafo en los siguientes términos:

"Fijar los precios y tarifas de los bienes y servicios que produce y presta el Estado, directamente a través de sus empresas".

Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista: Belisario Aguilar Olvera, Lucio Bermúdez Aristeo, Rafael Campos López, Modesto Cárdenas García, Jesús Antonio Carlos Hernández, Héctor Colio Galindo, Jorge Cruickshank García, Abigaíl Cruz Lázaro, Tomás Gutiérrez Narváez, Paloma Hernández Oliva, Armando Ibarra Garza, Luis Jacobo García, Julio Jácome López, Heray Lescieur Molina, Marcela Lombardo Otero, Gregorio Lorenzo Domínguez, Jesús Luján Gutiérrez, José Marín Rebollo, Herón Maya Anguiano, Carmen Mercado Téllez, Félix Mercado Magdaleno, Luis Miranda Reséndiz, Crescencio Morales Orozco, Francisco Ortíz Mendoza, Sergio Quiroz Miranda, Román Ramírez Contreras, Alfredo Reyes Contreras, Ernesto Rivera Herrera, Gloria Rodríguez Aceves, y Mario Vázquez Martínez.

Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.