Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por instrucciones del Ciudadano Presidente de la República y en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a ustedes, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1989.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 15 de diciembre de 1988. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.
 

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo a mi cargo, por su digno conducto, somete a la consideración de esa honorable representación nacional para su examen, discusión y, en su caso, aprobación, la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1989.

Cumplo así con la obligación constitucional de presentar a esta honorable Cámara de Diputados, el proyecto de presupuesto, que de merecer su aprobación, ejercerá el sector público federal durante 1989. Este proyecto, con sus prioridades, metas y asignaciones, se deriva de los propósitos y programas de gobierno que anuncié a la nación en mi discurso de toma de protesta como Presidente Constitucional, y de los lineamientos expuestos en el documento de Criterios Generales de Política Económica para 1989 que por separado se envía a esa honorable representación nacional.

La composición y monto del gasto de este proyecto de presupuesto reflejan los esfuerzos de cambio estructural y atención a las demandas sociales a que se ha comprometido mi administración, los cuales harán más eficaz la contribución del gobierno a la satisfacción de las aspiraciones nacionales, al mismo tiempo que se mantiene una política financiera sana.

La política de gasto se inscribe en la estrategia de transición. Las erogaciones públicas serán moderadas, mientras se consolida el abatimiento de la inflación y se negocia, desde una posición de fortaleza interna, la reducción de la transferencia de recursos al exterior, por concepto del servicio de la deuda externa. Por ello, entre otras razones, es urgente obtener resultados rápidos en la negociación.

En este contexto en el que se da el llamado del Ejecutivo Federal a realizar el esfuerzo adicional para sentar las bases del crecimiento sostenido, con equidad y sin inflación, sin una disciplina reforzada en la conducción de la política económica durante la negociación externa, el país sería altamente vulnerable y susceptible a desequilibrios en la balanza de pagos, antes de haber asegurado la reducción de la salida de divisas por servicios de la deuda externa. En esas condiciones, la posición del país en la negociación con los acreedores se debilitaría.

Debemos sumarnos todos al esfuerzo especial requerido durante la transición. Es un momento de solidaridad nacional, en el que la falta de participación nos debilitaría ante el resto del mundo.

Debido a las restricciones actuales, no podemos recuperar de inmediato las tasas de crecimiento de la actividad económica que se requieren para el desarrollo social del país, compatible con las metas trazadas. Pero existen rezagos sociales que no pueden esperar a que volvamos a crecer para ser atendidos. A pesar de la escasez de recursos, el presupuesto que el Ejecutivo propone para 1989 incluye acciones importantes para aliviar los extremos de la pobreza, y avances importantes en rubros sociales prioritarios, como salud, educación, seguridad pública y alimentación.

En 1989, la estrategia de gasto apoyará los propósitos y objetivos de la política económica plasmados en el documento de Criterios Generales de Política Económica para 1989 y que son:

Consolidar la estabilidad de precios.

Crear las bases para la recuperación gradual y firme de la actividad económica.

Reducir la transferencia de recursos al exterior.

Proteger el poder adquisitivo de los salarios y el nivel de empleo, y

Fortalecer, mediante la concertación, el compromiso de los sectores de apoyar la estabilidad interna y la negociación de la deuda externa.

En este sentido, la política de gastos tendrá como prioridades básicas la de atender el gasto social y la producción de bienes y servicios básicos y estratégicos, así como la de mantener su monto en los niveles compatibles con el esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas. Por ello la estrategia de gasto se ha estructurado en torno a las siguientes líneas de acción.

1o. Abatir las presiones inflacionarias, reforzar la estabilidad de precios e iniciar la recuperación gradual de la economía

Con el objeto de contribuir a la estabilidad de precios, que es factor indispensable para el desarrollo sostenido, se propone un gasto programable presupuestal de 83.6 billones de pesos, con una reducción en términos reales de 2.8% respecto al cierre estimado de 1988. Esta disminución, equivalente a 0.7 puntos porcentuales del producto interno bruto, compensará de manera importante la pérdida de ingresos por la exportación de petróleo que se espera para 1989; y permitirá que el sector público alcance un superávit primario congruente con el propósito de estabilidad de precios.

Pero es preciso insistir en que esta reducción del gasto no es ni debe ser obstáculo para, mediante una gran selectividad y amplios esfuerzos de productividad, fortalecer la acción del sector público en proyectos estratégicos y prioritarios, e incrementar el presupuesto destinado a elevar el bienestar de la población.

Es así que, en este proyecto, el gasto programable de los sectores de desarrollo regional, educación, salud y laboral, desarrollo urbano y comercio y abasto aumentan en conjunto 3.9% real, respecto de la estimación de cierre para 1988. Sin embargo, este incremento del gasto social se logra mediante la reducción de otros que, aunque de menor prioridad relativa, son de gran importancia. El ajuste tiene un costo inevitable. Entre las restricciones para aumentar el gasto público sin recurrir al financiamiento inflacionario, se encuentra el servicio de la deuda pública externa, que absorbe el 12.8% del gasto bruto presupuestal. Esto destaca la necesidad de reducir la transferencia de recursos reales al exterior.

2o. Atender las demandas de la población en el contexto del Programa Nacional de Solidaridad, en apoyo del bienestar de los grupos más desprotegidos.

Dentro del acuerdo nacional para el mejoramiento productivo del bienestar popular y el Programa Nacional de Solidaridad, se canalizarán prioritariamente recursos a programas que eleven el nivel de vida de los indígenas y de las clases populares y campesinas de menores ingresos. La selección, ejecución y evaluación de las acciones y programas a realizar en 1989 serán producto de la concertación y participación de las comunidades y los grupos sociales involucrados.

Sin caer en esquemas de subsidios indiscriminados que perpetúan la iniquidad y aminoran la posibilidad de superar la pobreza desde sus raíces, el Estado asume su responsabilidad de erradicar la pobreza extrema con programas de alimentación, vivienda popular, procuración de justicia, apertura y mejoramiento de espacios educativos, electrificación de comunidades, agua potable, infraestructura agropecuaria, salud, reforestación y otros proyectos de inversión.

Es difícil por ahora precisar los recursos totales con que contará el programa, ya que se pretende comprometer aportaciones de los demás niveles de gobierno y contar con la mano de obra de los grupos beneficiados; así como las aportaciones en dinero, trabajo o especie de organismos sociales y grupos diversos. Las partidas de gasto presupuestal que, en principio, se reorientarían para inscribirse en los alineamientos del programa suman alrededor de 1.6 billones de pesos.

3o. Ampliar y mejorar los servicios fundamentales de educación, salud y seguridad pública.

A pesar de las restricciones en el monto del gasto global, se da una marcada prioridad a los recursos para operar los servicios médicos, educativos y de seguridad pública, en un esfuerzo por mejorar la calidad de los servicios que presta el gobierno. De este modo, el gasto de operación de los sectores educativo, salud y seguridad pública aumenta 5.0% en términos reales, con lo que la participación del sector educación en el total del gasto programable se aumenta de 14.9% en 1988 a 16.6% en 1989; la del sector salud y laboral de 14.8% a 15.6%, y se otorga un importante apoyo presupuestal a las dependencias encargadas de la seguridad pública.

En congruencia con estas prioridades, los subsidios a las entidades del sector educativo se elevan a 11.4% en términos reales, principalmente los destinados a financiar las actividades en las universidades e instituciones de enseñanza superior. Por su parte, la prioridad que se confiere al apoyo de alimentación se refleja, por ejemplo, en el gasto programable de Conasupo, que aumenta 3.7% real, respecto de 1988. Este aumento representa, en las condiciones de restricción presupuestal prevalecientes, un importante esfuerzo de reasignación selectiva del gasto público.

4o. Estimular la inversión social y privada como motor de la recuperación económica gradual.

De acuerdo con el propósito básico de este gobierno de fomentar la actividad de los demás agentes económicos, el programa de inversión pública está formulado, con proyectos de alta prioridad social y económica. Para aumentar los recursos destinados a la inversión, se abrirán espacios para la participación productiva de los sectores social y privado. Se efectuarán acciones que promuevan esta participación en todas sus formas y en toda clase de obra, desde los grandes proyectos hasta las obras comunitarias, en los casos en que la ley lo permita. Cabe destacar que en este contexto se adoptarán mecanismos que permitan a las comunidades aprovechar la infraestructura gubernamental para realizar sus obras.

La concesión de obras públicas, en los casos que la ley lo permite y que sean compatibles con la estrategia de desarrollo, tiene beneficios importantes: se cubren insuficiencias de la inversión, pública, se generan empleos, se propicia la cooperación entre sectores y una vez prescrita la concesión, las obras pasan al patrimonio nacional.

5o. Mantener la infraestructura básica y concluir obras en proceso.

Ante las expectativas de bajas en los ingresos petroleros, será necesario un gran esfuerzo de selectividad de los programas y proyectos de inversión; dando preferencia al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones y transportes, educación, salud y desarrollo regional, así como la terminación de obras en proceso en estos sectores.

6o. Elevar la eficiencia y fortalecer la reestructuración del sector público.

Se efectuarán acciones para que, mediante una mayor eficiencia y productividad, el sector público pueda aumentar el rendimiento social de los recursos que utiliza. Se continuarán las acciones para racionalizar las estructuras administrativas del sector central, redimensionar el sector paraestatal y reforzar las entidades en las áreas estratégicas y sociales para continuar liberando recursos que permitan apoyar la inversión pública para elevar la calidad y cobertura de los servicios de salud, educación y seguridad pública. En virtud de que en el gasto del gobierno federal se concentran los programas sociales, su gasto programable directo aumenta en términos reales, mientras que el de los organismos y empresas decrece.

7o. Mantener el estricto control del gasto público.

El programa de modernización de la gestión pública, que constituye parte importante del proyecto de gobierno de este régimen, busca aumentar la autonomía de los administradores públicos junto con un incremento en su responsabilidad frente a los objetivos que les sean encomendados. Se exigirá un control y disciplina absolutos en el manejo del gasto público, a fin de asegurar que éste responda en cada instancia al propósito básico de lograr un crecimiento económico sostenido, con mayor equidad, estabilidad de precios y seguridad en nuestro porvenir.

Política de gasto 1989

La política de gasto para 1989 buscará hacer compatible el propósito de concentrar recursos y esfuerzos en las prioridades sociales del programa de gobierno, con la necesidad de continuar el saneamiento de las finanzas públicas para apoyar la estabilidad de precios y la recuperación gradual de la actividad económica nacional.

De este modo y ante el panorama desfavorable y errático del mercado internacional del petróleo, la estrategia de gasto incluye una reducción real del mismo que permite alcanzar una superávit presupuestal primario congruente con la disponibilidad de recursos y la lucha contra la inflación.

Así, el gasto programable del sector público se reduce de 17.5 a 16.8 puntos porcentuales del producto interno bruto, lo que significa una disminución en términos reales, congruente con el objetivo de mantener el saneamiento de las finanzas públicas y el de que la recuperación económica se base fundamentalmente en la eficiencia y orientación de la inversión pública, más que en su monto, así como en la reactivación del gasto de los sectores social y privado.

La disminución del gasto público afecta especialmente al gasto del sector paraestatal como consecuencia del cambio estructural y el redimensionamiento de las actividades en este sector en tanto que el gasto del gobierno federal se incrementa en términos reales.

Importancia fundamental se dará a la calidad de la atención educativa, de la salud y seguridad dentro del presupuesto para 1989, la que se ve reflejada en aumentos reales en los gastos para operar las instituciones de enseñanza, los hospitales y centros de salud, así como los cuerpos de protección de la población. Por ejemplo, el gasto programable total en educación crece 8.3% en términos reales.

Asimismo, se asignan recursos adicionales a los programas y proyectos especiales como los que integran el Programa Nacional de Solidaridad Social; el proyecto para concluir el programa de reconstrucción de vivienda en la ciudad de México, y los proyectos que se concertarán con los estados y municipios en obras de beneficio social y comunitario y en donde se aprovechará la capacidad de autogestión de los mismos y la participación activa de las comunidades.

En este contexto, el proyecto de presupuesto para 1989 asciende a 246.6 billones de pesos; el gasto programable propuesto es de 83.6 billones, lo que representa un incremento nominal de 16.6% sobre el cierre estimado de 1988, y el gasto no programable de 163.0 billones de pesos, de los cuales 146.3 billones corresponden al pago del servicio de la deuda; 14.6 billones a las participaciones y estímulos y 2.1 billones a los adeudos fiscales de años anteriores.

En cuanto a su asignación sectorial, destaca la incorporación de los objetivos de fortalecer a la sociedad civil mediante el aliento de la organización social y el sector privado, y la aplicación de criterios de equidad y bienestar social, en un marco de eficiencia y disciplina presupuestal.

Así, durante 1989 se continuará el impulso creciente al sector educación, con especial énfasis en el apoyo para material didáctico y de investigación. Las acciones del sector se orientarán fundamentalmente a lograr la continuidad y consolidación de los programas sustantivos y prioritarios en materia de educación, cultura, deporte y recreación.

En el sector salud y seguridad social, se pondrán en operación nuevas unidades de atención médica, se incrementará el material necesario para el buen funcionamiento las existentes y aumentará la dotación de los servicios de alimentación complementaria, que permitan consolidar el modelo de atención a la salud de la población abierta y fortalecer el sistema nacional de salud.

En el sector trabajo y previsión social son prioritarias las acciones encaminadas a reforzar la impartición de justicia y vigilancia de la legislación laboral; promover la generación de empleo y proteger el existente e incrementar los niveles de bienestar de la población trabajadora.

Para atender las demandas de la sociedad y elevar la calidad de vida de la población en materia de vivienda, ecología y desarrollo urbano, se enfatizarán las acciones de construcción, promoción y mejoramiento de vivienda, a través de los programas especiales y emergentes de vivienda progresiva, destinados a los estratos de población social y económicamente más desprotegidos y a reparar los daños ocasionados en 1988 por fenómenos meteorológicos adversos, como el huracán Gilberto. Asimismo, se dará prioridad a las acciones de control y mejoramiento del medio ambiente y de dotación de servicios urbanos básicos.

En el sector desarrollo rural, la estrategia tiene como propósito fundamental contribuir a preservar la soberanía alimentaria del país, garantizar mejores niveles de bienestar social y apoyar el desarrollo económico del país, al atender preferentemente los proyectos prioritarios de corta maduración que permitan reactivar la producción agropecuaria y el fortalecimiento de la capitalización rural, con especial atención en las áreas y regiones económica y socialmente más rezagadas.

El sector pesca orientará sus acciones a proseguir con el proceso de redimensionamiento del sector paraestatal, aumentando paralelamente la participación de los sectores social y privado. Asimismo, se concluirán las obras en proceso que permitan incrementar la producción, empleo y la captación de divisas, además de elevar las condiciones de vida de las comunidades pesqueras.

En 1989, el sector desarrollo regional realizará acciones en el contexto del Programa de Solidaridad Nacional tendientes a asegurar una mayor autonomía de los gobiernos estatales en la asignación de los recursos, dando preferencia a la conclusión de proyectos en proceso que propicien una mayor participación de los gobiernos locales y los beneficiarios en el financiamiento de las obras. Para abatir los rezagos sociales en las entidades de menor desarrollo relativo, se realizarán programas de atención a la pobreza rural y se proseguirá el otorgamiento de becas y estímulos a trabajadores, a hijos de familias campesinas y de clases populares.

Las acciones del sector comunicaciones y transportes se encaminarán a lograr un sistema de transporte y comunicación que permita una mayor integración del territorio nacional, fortalecer la unidad nacional y propiciar el desarrollo regional a la vez que asegurar las bases para un desarrollo firme y sostenido de la actividad económica. Con este fin, se dará prioridad a la conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera, férrea y aeroportuaria.

El sector comercio y abasto tendrá, como acciones prioritarias, contribuir al abatimiento de la inflación, proteger el consumo básico y el poder adquisitivo de la población, a través del equilibrio y articulación entre los procesos y fases de la producción y el consumo, así como de la consolidación de la infraestructura que apoya el abasto nacional de productos básicos. Asimismo, se fortalecerán los acuerdos de comercio internacional en apoyo al sector productivo y se continuarán impulsando las exportaciones no petroleras y la racionalización de las medidas de protección a la planta productiva nacional.

En el sector industrial se continuará el proceso de desincorporación de entidades públicas no estratégicas ni prioritarias, a la vez que se concretan las acciones pendientes acordadas con anterioridad, así como garantizar la autosuficiencia nacional en materia de bienes y servicios básicos, incrementar la productividad y eficiencia operativa y financiera de las entidades, inducir un mejor aprovechamiento de los recursos materiales y fomentar la producción y exportación de los productos no petroleros.

En cuanto al sector energético, se dará prioridad a la conservación y mantenimiento de la infraestructura existente, alcanzar una producción suficiente para satisfacer la demanda interna y los compromisos de exportación e incrementar la productividad y eficiencia de la planta industrial energética, a fin de propiciar el ahorro interno y reorientar los recursos hacia la inversión.

En el sector turismo, se realizarán acciones para la atención adecuada a turistas nacionales y extranjeros. Se enfatizarán los esfuerzos de promoción, publicidad y relaciones públicas en el extranjero y se reforzará la vigilancia para el cumplimiento de precios y tarifas, de tal manera que se eleve la demanda nacional y la captación de divisas, la generación de empleo y el desarrollo regional mediante el uso intensivo de la capacidad instalada y la consolidación de los centros integralmente planeados.

Las dependencias y entidades que integran el sector administración impulsarán, dentro de su ámbito de competencia, las acciones de modernización, simplificación, racionalización y descentralización de normas y estructuras administrativas, tendientes a coadyuvar a la recuperación de la actividad económica, en un marco de disciplina presupuestal y atención a las prioridades sociales.

RESUMEN SECTORIAL ECONÓMICO

(Miles de millones de pesos)

Sector Esperado Proyecto Variación Particip.%

1988 1989 % 1988 1989

TOTAL

GASTO PROGRAMABLE 71,667.6 83,557.5 16.6 100.0 100.0

DESARROLLO RURAL 4,016.5 4,761.0 18.5 5.6 5.7

PESCA 426.7 153.5- 64.0 .6 .2

DESARROLLO SOCIAL 22,630.5 28,598.7 26.4 31.6 34.2

EDUCACIÓN 10,647.3 13,833.6 29.9 14.9 16.6

SALUD Y LABORAL 10,618.4 12,997.2 22.4 14.8 15.6

SOLIDARIDAD SOCIAL (DESARROLLO REGIONAL) 1,226.4 1,645.9 34.2 1.7 2.0

DESARROLLO URBANO 1,364.8 1,767.9 29.5 1.9 2.1

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5,298.8 5,510.4 4.0 7.4 6.6

COMERCIO Y ABASTO 5,007.8 6,077.1 21.4 7.0 7.3

TURISMO 135.8 110.5 18.6 .2 .1

ENERGÉTICO 19,155.2 21,540.1 12.5 26.7 25.8

INDUSTRIAL 7,165.9 7,873.3 9.9 10.0 9.4

ADMINISTRACIÓN 6,604.0 7,287.0 10.3 9.2 8.7

Desarrollo social

Durante esta administración, el desarrollo social constituye la prioridad vertebral del programa de gobierno; por ello, pese a las restricciones de gasto de este año de transición, como lo es 1989, los recursos destinados a educación, salud, vivienda, mejoramiento del ambiente y la solidaridad social, aumentarán en forma sustancial. El gasto global que se propone para este sector de desarrollo social asciende a 28,598.7 mil millones de pesos, lo que significa un aumento con respecto a 1988 de 26.4% en términos nominales, ó 5.4% en términos reales. De esto, la asignación al sector educación crece 29.9%, la de salud 22.4% la de solidaridad social y desarrollo regional 34.2%, y la de desarrollo urbano 29.5%.

Educación

En el presupuesto de 1989, los objetivos y prioridades del sector educación se orientarán a lograr la continuidad y consolidación de los programas sustantivos a fin de asegurar a la población demandante el mejoramiento de los servicios educativos, culturales, deportivos y recreativos.

Las acciones del sector educativo tenderán a la consecución de los siguientes objetivos: mejorar la calidad de la educación en todos los niveles e incrementar la eficiencia terminal; ampliar el acceso a los servicios educativos a toda la población demandante; vincular la educación, la investigación científica, la tecnológica y el desarrollo experimental con los requerimientos del país; consolidar la regionalización y descentralización de la educación básica y normal, así como la desconcentración de la educación superior, la investigación y la cultura; mejorar y mantener los servicios en las áreas de educación física, deporte y recreación, y hacer de la educación un proceso permanente y socialmente participativo.

Con el propósito de apoyar los cambios estructurales y de fortalecer el sistema educativo nacional, el sector racionalizará y optimizará los recursos asignados y promoverá la participación de los sectores social y privado.

En relación con la atención a la demanda de servicios educativos, en educación preescolar se dará prioridad a la población de las zonas rurales, indígenas y urbano marginadas. La educación primaria se continuará ofreciendo a todos los niños que la demanden. Se fortalecerán las acciones tendientes a elevar la eficiencia terminal, reduciendo la deserción y reprobación y mejorando la calidad de los servicios. En educación secundaria se mantendrá la cobertura de atención lograda en el ciclo escolar 1988-1989.

En educación media superior se apoyará preferentemente la educación terminal sobre la propedéutica, a fin de preparar a técnicos profesionales calificados. Se mantendrá la cobertura de atención de la educación media superior buscando que su organización y contenido sean congruentes con las necesidades nacionales.

En la educación superior se orientará el flujo de los escolares hacia las carreras relacionadas con las ciencias exactas y naturales, de ingeniería y de carácter tecnológico.

En la educación superior pedagógica se buscará consolidar un sistema integral de formación de maestros, complementado con los servicios de actualización y capacitación de los docentes en servicio.

En el área de investigación se dará prioridad a la generación de tecnología para la producción de bienes de capital, formación de reservas de materiales y sustancias estratégicas y a la producción de bienes destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Se promoverá la cooperación interinstitucional e internacional en esta materia.

Se continuará el apoyo a la desconcentración de la investigación científica y tecnología; para ello, se apoyará la creación y consolidación de centros regionales o estatales de investigación con la participación coordinada de las universidades e instituciones de educación superior tecnología.

Por lo que respecta a la educación extraescolar, se mantendrá la cobertura de atención en la educación inicial y especial. En los sistemas abiertos, se procurará que los servicios que se proporcionen correspondan a las características y necesidades de la población demandante.

En el sistema de educación para adultos se instrumentarán nuevas estrategias de alfabetización para reducir el analfabetismo funcional y se brindará mayor apoyo a la educación primaria y secundaria para adultos.

Como instrumentos de apoyo a la educación, se mantendrá el mismo número de becas para estimular a los estudiantes sobresalientes y de escasos recursos de todos los niveles educativos y se estimulará el intercambio educativo interinstitucional y con otros países. Se proporcionarán libros de texto gratuitos para la educación preescolar y primaria, así como otros materiales didácticos para mejorar la calidad en estos niveles educativos y se consolidará la elaboración de libros de texto para la educación secundaria.

Se promoverá un mayor participación de los gobiernos estatales y de los particulares a fin de mantener la cobertura de atención a la demanda en todos los niveles.

Para fortalecer la acción educativa y cultural, se transmitirán diversos programas a través de la radio y de la televisión utilizando para ello el tiempo disponible del gobierno federal en los medios masivos de comunicación.

En materia de cultura se promoverá el hábito de la buena lectura, para lo cual se consolidará la red nacional de bibliotecas públicas, se fortalecerá la Biblioteca México de reciente remodelación; se continuará con el programa editorial dando preferencia a la producción de libros de carácter técnico, científico y humanístico destinado a los niños y jóvenes en edad escolar, y se enfatizarán las acciones encaminadas a promover, rescatar y conservar las manifestaciones culturales, las tradiciones populares y las labores artesanales, mediante la realización de eventos artístico - culturales y exposiciones.

En el ámbito histórico y antropológico se apoyará el rescate, la conservación y vigilancia de los sitios y monumentos históricos, la formación de profesionales en ese campo y la difusión del patrimonio cultural.

En deporte y recreación, se seguirá apoyando a los jóvenes para canalizar su tiempo libre hacia actividades productivas y a la práctica de actividades deportivas y recreativas.

En materia de infraestructura física, se dará prioridad a las obras en proceso y a la creación de espacios educativos en los niveles y entidades federativas que más lo requieran.

En congruencia con las líneas de acción descritas, el sector se propone alcanzar las siguientes metas para el ciclo escolar 1989-1990.

En educación básica se atenderá a 15 millones 875.1 mil alumnos, de los cuales en preescolar se brindará el servicio a 2 millones 140.7 mil, en educación primaria a 10 millones 426.1 mil y en educación secundaria a 3 millones 308.3 mil.

En educación física y artística para educación básica, se dará atención a 3 millones 747.8 mil y 698.0 mil alumnos, respectivamente.

En el sistema de educación media superior, la matrícula en todas las modalidades ascenderá a 1 millón 292.0 mil alumnos, de los cuales 315.2 mil corresponderán a educación media superior general, 558.3 mil a la universitaria, 404.2 mil a la tecnologíca y 14.3 mil a la pedagógica. En la educación media terminal, se atenderán a 280.6 mil alumnos.

En el nivel de educación superior, la atención será de 1 millón 54.6 mil alumnos; de éstos 7.7 mil corresponderán a la educación superior general, 773.1 mil a la superior universitaria, 162.3 mil a la superior tecnológica y 111.5 mil a la educación superior pedagógica. En el postgrado, la atención total será de 33.1 mil alumnos, y en materia de investigación se realizarán 7 mil 48 proyectos.

Los servicios de educación extraescolar atenderán, en educación inicial vía centros de desarrollo infantil, a 19.9 mil niños y a 255.3 mil mediante capacitación a padres de familia. En educación especial, la atención será de 226.3 mil niños.

Para 1989 se espera alfabetizar a 400.0 mil adultos y proporcionar la primaria a 2 millones 102.1 mil, la secundaria a 459.9 mil y en capacitación para el trabajo a 963.5 mil.

En el área de capacitación a servidores públicos, se atenderá a 267.2 mil personas, de las cuales 99.0% corresponden a docentes en servicio de los diferentes niveles educativos.

Como apoyo a los servicios educativos, se otorgarán 114.8 mil becas a alumnos sobresalientes y de escasos recursos de todos los niveles educativos. Se producirán y distribuirán 1 millón 800.0 mil libros de texto gratuitos para preescolar, 71 millones 600.0 mil para la educación primaria, 2 millones 200.0 mil monografías estatales para alumnos de sexto grado de primaria y 15 millones de ejemplares de otros materiales didácticos; en educación rural e indígena, se atenderán a 80.1 mil niños en albergues.

En el área de cultura, se apoyarán los servicios educativos con la transmisión de 6 mil 20 horas de televisión educativa y cultural y 8 mil 760 horas de radio educación; se fortalecerán los contenidos culturales de la educación mediante la realización de 14.8 mil eventos artístico - culturales en planteles escolares; se consolidará la operación de 3 mil 547 bibliotecas públicas incluyendo 500 que se crearán en 1989; se editarán 22.4 millones de ejemplares educativos y culturales, orientados principalmente a los niños y jóvenes en edad escolar; se realizarán 19.1 mil eventos artístico - culturales en todo el territorio nacional; se atenderán a 698.0 mil alumnos con educación artística, y se continuará apoyando a 20 talleres artesanales en operación.

En el campo de la recreación, deporte y esparcimiento se atenderá a 27.7 mil deportistas y 15.8 millones de jóvenes con diversos servicios de apoyo, como son paquetes turísticos, tarjetas plan joven, formación de autoempresas y orientación juvenil, entre otros.

En infraestructura física, se construirán 22.7 mil espacios educativos para atender la demanda educativa de los diferentes niveles y se equiparán 3.5 mil espacios educativos.

Los programas de inversión del sector se enfocan básicamente a la construcción y equipamiento de aulas, laboratorios, talleres y anexos para la atención de la demanda de los diversos niveles educativos, exceptuando la educación primaria y secundaria general que son realizados en el marco de los convenios únicos de desarrollo.

Dentro de este contexto, los principales proyectos de inversión son: en educación preescolar los jardines de niños urbanos, rurales e indígenas; en educación media básica, las telesecundarias y las secundarias técnicas; en educación media superior, los colegios de bachilleres y las escuelas de bachillerato pedagógico; en educación media terminal, los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y los centros de bachillerato tecnológico industrial y de servicios; en educación superior las universidades de provincia y los institutos tecnológicos regionales, y en el área de capacitación los planteles destinados a esta actividad.

La cobertura de estos proyectos comprende las zonas urbanas, rurales e indígenas del país y en la construcción de los diversos espacios educativos se continuarán utilizando los materiales y la mano de obra propia de cada región, con lo cual se generan empleos para la población de las comunidades beneficiadas.

El proyecto de presupuesto del sector educativo para 1989 que se propone es de 13,833.6 mil millones de pesos.

Salud y seguridad social

En 1989 el sector salud y seguridad social se propone avanzar en la consolidación del modelo de atención a la salud de la población abierta, fortalecer el sistema nacional de salud, incrementar la eficiencia institucional, afianzar la operación de los servicios descentralizados y mejorar el poder de compra de los trabajadores a través de las prestaciones económicas y en especie.

En esta forma, los objetivos del sector se orientan a abatir la incidencia de las enfermedades transmisibles, especialmente en el grupo materno infantil; a contribuir a la disminución de los daños que derivan del deterioro del ambiente; a reducir los perjuicios a la salud ocasionados por las enfermedades crónica - degenerativas, accidentes y violencia; a favorecer el armónico crecimiento demográfico, y a promover el saneamiento básico, la regulación sanitaria, la educación para la salud y el mejoramiento nutricional de las mujeres embarazadas y en período de lactancia y de los menores de cuatro años, así como el reforzamiento de los servicios de planificación familiar.

Las principales líneas de acción en las que se apoya el cumplimiento de objetivos y prioridades del sector, consisten en el desarrollo de programas encaminados al control de las enfermedades prevenibles por vacunación, así como los programas para abatir la farmacodependencia, el alcoholismo y los accidentes; en continuar los trabajos dirigidos a la detección temprana y el tratamiento oportuno de las enfermedades crónicadegenerativas, y en extender la cobertura e incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios.

Para llevar a cabo estas acciones, el sector recibirá apoyos presupuestales que le permitirán poner en operación nuevas unidades de atención médica, proporcionar a la población servicios de salud en los términos de calidad y oportunidad requeridos y mejorar el nivel de abasto de medicamento y materiales de curación, así como equipar las unidades correspondientes al primer nivel de atención y aumentar la dotación de los servicios de alimentación complementaria.

Asimismo, se pretende estimular la descentralización del sistema de regulación sanitaria, estimular el desarrollo de la investigación, perfeccionar el sistema de compras consolidadas para garantizar en todas las entidades del sector salud, el abasto oportuno de medicamentos e insumos, requeridos para la operación de los servicios, otorgar prelación a la conservación y al mantenimiento de la mayor parte de la infraestructura médica, así como a la terminación de las obras en proceso y mantener la continuidad del programa de construcción de centros de salud.

Para proteger el salario, las instituciones de seguridad social desarrollarán programas de precios bajos para productos básicos, así como de ampliación permanente del sistema de tiendas y farmacias.

En concordancia con los objetivos propuestos, se pretende que para 1989 las tasas de morbilidad y mortalidad, presenten niveles inferiores a los registrados en 1988.

Para 1989, se pretenden aplicar 65.6 millones de dosis de vacunas a menores, embarazadas y población en riesgo para abatir la morbimortalidad causadas por poliomielitis, sarampión, tuberculosis, paludismo, difteria, tosferina y tétanos, y otorgar 41 millones de consultas preventivas.

Asimismo, se cuenta con programas para brindar 10.6 millones de consultas para el control del embarazo y puerperio, otorgar 1 billón 767.3 millones de raciones para mejorar la alimentación de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, así como de los menores de cuatro años y proporcionar 15.2 millones de pláticas para mejorar la educación en salud.

En materia de regulación sanitaria se tiene la meta de expedir 949 mil licencias, efectuar 46 mil inspecciones, emitir 152 mil dictámenes y 39 mil registros.

Por otra parte, se proporcionarán 88.6 millones de consultas generales, 20.3 millones de consultas especializadas y se pretende atender a 2.3 millones de egresos en hospitalización general y a 0.6 millones en hospitalización especializada.

En rehabilitación física y psíquica, se realizarán 6.2 millones de consultas y se otorgarán 12.0 millones de consultas en los servicios de urgencias.

En 1989, se incorporarán 356.3 mil trabajadores a los cursos de capacitación y se llevarán a cabo 204.5 investigaciones; asimismo, se asistirá a 533.8 mil jóvenes en torno a problemas de la farmacodependencia y se brindará asistencia integral a 183 mil ancianos. Se procurará 96 millones de dosis de biológicos, 51.8 kilogramos de reactivos y 7 mil ayudas funcionales.

En materia de seguridad social, se pagarán 1.4 millones de pensiones y jubilaciones, así como 5.1 millones de subsidios por incapacidades médicas; se canalizarán 312 mil préstamos a corto y mediano plazos y 12.5 mil créditos hipotecarios para servidores públicos, y se atenderán 34.6 millones de personas en eventos culturales, deportivos y de recreación. Además, se dará servicio a más de 50 mil niños en estancias infantiles en las instituciones de seguridad social.

Por lo que respecta a inversión, se terminarán 79 centros de salud y se iniciará la construcción de 160 más; se reforzarán 4 mil 791 unidades médicas; se concluirá el equipamiento del Hospital Juárez; se terminará la construcción de cinco hospitales generales, con 330 camas; se continuará la construcción de ocho más, y se concluirá el equipamiento del Instituto Nacional de Salud Pública.

Especial atención se brindará a los programas de conservación y mantenimiento para continuar operando la infraestructura física existente, sobre todo a la afectada por los fenómenos meteorológicos en el sureste.

Por otra parte, se concluirá la construcción de un centro comercial en Naucalpan que dará servicio a una población de 36 mil derechohabientes, se terminará una clínica hospital en Zamora, Michoacán, que atenderá a 16 mil derechohabientes y se contará con 6 mil 720 nuevas viviendas en varios estados del país.

El gasto total propuesto para el ejercicio de 1989 asciende a 12,673.4 mil millones de pesos.

Trabajo y previsión social

Para 1989, los objetivos del sector trabajo y previsión social se encaminan a procurar e impartir justicia laboral en las relaciones productivas; ampliar las acciones de capacitación y adiestramiento; promover la generación de empleo y proteger los existentes; fomentar y promover la organización cooperativa; incrementar los niveles de bienestar de la población, trabajadora y canalizar recursos financieros a los trabajadores; esto debido a que constituyen elementos claves para poder transformar el crecimiento económico en desarrollo social.

Las líneas prioritarias de acción estarán orientadas a reforzar los programas de impartición de justicia y vigilancia de la legislación laboral, el empleo y la organización social para el trabajo. Se llevarán a cabo acciones que tiendan a abatir el desempleo y subempleo, a través del programa de becas y la operación del Servicio Nacional de Empleo; incrementar la productividad de las empresas, mediante la capacitación y productividad y garantizar un mejor nivel de vida de los trabajadores con el otorgamiento de créditos para adquirir bienes de consumo duradero y perecedero.

En lo que corresponde al programa de defensa del trabajo y del cooperativismo, se pondrá al alcance de los trabajadores y sindicatos, mecanismos y acciones de tutela y protección que les permita preservar sus derechos.

Con el programa de política salarial, se vigilará la observancia y aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 constitucional al fijar los salarios mínimos. Por último, en el programa de seguridad e higiene en el trabajo, se fortalecerá la investigación que contribuya a disminuir los altos índices de riesgo en el trabajo.

En cumplimiento a sus objetivos, el sector ha programado alcanzar las siguientes metas: resolver a través de la conciliación el 100% de los conflictos obrero - patronales y realizar 13 mil visitas de inspección; proporcionar capacitación a un millón de personas; atender 290 mil solicitudes y captar 260 mil vacantes mediante el Servicio Nacional de Empleo; otorgar 40 mil becas de capacitación para trabajadores desempleados; organizar 700 sociedades cooperativas de consumo y producción para el beneficio de 30 mil 310 socios, y proporcionar 330 mil créditos para productos básicos de consumo duradero y otros servicios.

Para realizar sus objetivos al sector trabajo y previsión social se propone asignarle un presupuesto que asciende a 223.8 mil millones de pesos para 1989.

Vivienda, ecología y desarrollo urbano

Con el propósito de atender las demandas prioritarias de la sociedad, abatir las desigualdades regionales e incrementar la calidad de vida de la población, la política del sector se orientará fundamentalmente a enfrentar los retos del proceso de urbanización, a través de la dotación de servicios y satisfactores urbanos básicos; reorientar la concentración y dispersión de los asentamientos humanos; fomentar la construcción de vivienda; evitar la contaminación del medio ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales.

Para el logro de estos propósitos, en materia de vivienda se ampliarán los programas y la capacidad de atención del sector público; se fortalecerán las reservas de tierra para evitar la especulación y ordenar los procesos de asentamiento poblacional en las ciudades; se ampliarán y ajustarán los esquemas financieros vigentes; se apoyarán los mecanismos que permitan abatir tiempos y costos de construcción de vivienda rural.

Para evitar el deterioro ambiental, las acciones a realizar exigen la participación y el esfuerzo de todos los sectores de la población, por lo mismo, se reforzará la aplicación de los instrumentos normativos, y se realizarán acciones de prevención y control ambiental en las principales ciudades, cuencas, ríos, lagos y bahías y se protegerán las especies amenazadas de extinción.

Las acciones en materia de desarrollo urbano se encaminarán a fortalecer la política de descentralización y desconcentración de la vida nacional; regular el crecimiento de los centros de población y equilibrar socialmente las localidades con graves carencias; ampliar y mantener la cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, fomentando el uso racional del agua; obtener el máximo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal; atender a los requerimientos de inmuebles del sector público federal y de los gobiernos estatales y municipales; y rescatar, conservar el patrimonio histórico y cultural de la nación.

El proyecto de presupuesto 1989 para este sector es de 1,767.9 mil millones de pesos.

Vivienda

En esta materia, el gasto del sector se orienta a las tareas de construcción, promoción, inducción y regulación de proyectos, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, y como complemento del apoyo que el gobierno federal otorga a la construcción de vivienda popular a través del Fondo de Vivienda y Fondo Nacional para la Habitación Popular, que llevarán a cabo ambiciosos programas crediticios que por su naturaleza no están registrados en el gasto del sector.

Para 1989, los proyectos de vivienda en presupuesto continuarán apoyándose básicamente en ciudades medias y zonas rurales, mediante acciones de construcción, mejoramiento de vivienda e incremento de reservas territoriales.

Las metas más importantes para 1989 son:

Concluir los programas de reconstrucción democrática de Tlatelolco y Emergente de Vivienda Fase II, así como la rehabilitación de viviendas afectadas por el huracán Gilberto.

Realizar 4 mil 400 acciones de vivienda rural para beneficio de 26 mil 400 habitantes; adquirir 500 hectáreas de reserva territorial.

Financiar, a través del Fondo Nacional para la Habitación Popular, la terminación de 20 mil acciones que comprenden 3 mil 905 lotes con servicios; 8 mil 570 de vivienda progresiva y 7 mil 525 de mejoramiento de vivienda; asimismo, iniciar 21 mil 237 acciones de vivienda progresiva; 10 mil 281 de mejoramiento de vivienda, y 7 mil 349 lotes con servicios.

Ecología

A fin de reducir los efectos del deterioro ambiental, se definen los siguientes objetivos; ordenar ecológicamente el territorio nacional; prevenir y controlar la contaminación ambiental; proteger y conservar los recursos naturales y ampliar los niveles de participación comunitaria.

Las acciones de gasto más significativas para el logro de estos objetivos durante 1989 son:

Operar, mantener y ampliar los sistemas de monitoreo atmosférico en el Valle de México y en el Distrito Federal, así como las unidades móviles de medición y diagnóstico y el Centro de Emisiones Vehiculares; construir, equipar y operar el Laboratorio Central de Control de la Calidad de Agua. En Guadalajara y Monterrey se equipararán y operarán las unidades de diagnóstico y emisión vehicular y los sistemas de monitoreo del aire.

En relación a las cuentas de atención prioritaria, se realizarán estudios y y proyectos para la captación, conducción y tratamiento de aguas residuales en los ríos Lerma Santiago, Balsas y Pánuco.

Se conservarán y vigilarán 45 áreas naturales protegidas, destacando la biosfera de Calakmul; Manantlán y Sian Kaán y las reservas ecológicas Mariposa Monarca y Río Lagartos.

Se operarán 15 viveros para el ecodesarrollo municipal en trece entidades federativas; se protegerán las áreas donde habitan las tortugas, flamencos, paloma de ala blanca, águila real y ballena gris.

Desarrollo urbano

Los objetivos propuestos requieren de una estrategia de gasto que amplíe el impacto de los recursos canalizados a satisfacer las demandas sociales, sobre todo en el ámbito regional y zonas con potencial de desarrollo.

En este sentido, las metas más importantes son:

Concluir en Acapulco, Guerrero, la urbanización para 1 mil 300 lotes, así como incrementar en 1 mil hectáreas la reserva territorial de Fideaca.

Continuar con la introducción de la red general de drenaje en el distrito industrial de Altamira, Tamaulipas.

A través del Fideicomiso Lázaro Cárdenas, se continuarán las obras de urbanización de 39 hectáreas, la construcción de 500 pies de casa y la construcción del primer módulo de la planta de tratamiento de aguas, residuales en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Elaborar 47 estudios y proyectos técnicos para realizar obras de agua potable y alcantarillado, concluir la construcción de diez obras de agua potable para su entrega al estado de Guerrero; conservar y mantener 70 equipos de perforación de pozos y fabricación de tubería en apoyo a organismos operadores.

Conservar y mantener inmuebles de la administración pública; restaurar y conservar 20 inmuebles del patrimonio histórico y cultural.

Solidaridad social

El Programa Nacional de Solidaridad se inscribe dentro de los tres acuerdos propuestos por el Presidente de la República a la nación. Por su alto sentido social, se nutre de la esencia de cada uno de ellos, tiene su base en el Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo del Bienestar Popular, por ser uno de los temas críticos que será prioridad del gobierno de la República; la erradicción de la pobreza extrema.

Por la estrategia de su realización, basada en una alta participación social en las decisiones, ejecución y evaluación de las acciones a realizar, tiene un profundo sentido democrático, por su propósito de integrar a los grupos empobrecidos a las actividades productivas, será un importante apoyo para la recuperación y estabilidad económica del país.

El Programa Nacional de Solidaridad, se conformará con acciones de efectos inmediatos, que gradualmente permitirán erradicar las condiciones que produce la pobreza extrema.

El universo al que se orientará el Programa Nacional de Solidaridad está formado por los indígenas, los campesinos con escasos recursos y difíciles condiciones naturales para realizar su trabajo y los grupos populares que enfrentas en toda su crudeza los problemas de las grandes aglomeraciones.

Los aspectos en los que se incidirá son: alimentación, vivienda popular, procuración de justicia, apertura y mejoramiento de espacios educativos, electrificación de comunidades, agua potable, infraestructura agropecuaria, salud, reforestación y proyectos de inversión recuperable, tanto en el campo como en la ciudad. En materia de alimentación se comprenden acciones de abasto de productos básicos a bajos precios, suministro de desayunos escolares, instalación de cocinas populares en el medio urbano y en los campos de trabajo de los jornaleros agrícolas, así como un impulso a la producción de alimentos para la comercialización y de economía familiar de traspatio.

En la definición de acciones, de modos y de la forma en que se operarán las obras para un real beneficio de la comunidad, sea rural o urbana, el diálogo será el pilar fundamental. Se abre así un espacio democrático más, en el que las personas de escasos recursos podrán decidir y participar en las tareas dirigidas a su propio beneficio.

Tomando como premisa la continuidad de las acciones y los logros alcanzados el desarrollo regional a partir de la consolidación de los sistemas estatales de planeación democrática, para 1989 se continuará apoyando la vigencia de los mecanismos e instrumentos de la planeación regional. Será prioritario fortalecer a los comités de planeación para el desarrollo estatal como órganos de concertación entre las instancias de gobierno y los sectores social y privado, para que en ellos se dedica la orientación e impacto del gasto regional en las entidades federativas.

Asimismo, factor esencial de la modernización del país lo constituye la ampliación de la capacidad del municipio para promover su propio desarrollo; en este sentido, se promoverá su integración a las tareas de planeación apoyando la creación de los sistemas municipales de planeación, induciendo una mayor participación social y comunitaria en el desarrollo.

Al incorporar a la instancia básica de gobierno al Sistema Nacional de Planeación Democrática, se sentaron las bases para que la formulación de las políticas sectoriales se determine de acuerdo a las necesidades regionales, permitiendo de esta manera avanzar en la erradicación de las prácticas centralistas en la orientación del gasto.

Con el propósito de mejorar la coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, continuará el impulso al fortalecimiento del Convenio Único de Desarrollo, constituyéndolo en el instrumento mediante el cual se precisen las prioridades de desarrollo estatal y se definan las acciones y compromisos para atenderlas.

Paralelamente, se promoverá la aplicación de mecanismos descentralizadas que coadyuven a agilizar la operación del gasto regional y con base en la concertación, los proyectos prioritarios serán atendidos a través de la aplicación de recursos provenientes de inversión federal, local y financiamientos.

En el marco del Convenio Único de Desarrollo, los programas financiados con el recursos federales se orientarán a atender las prioridades estatales y a combatir los rezagos sociales, mediante la ejecución de programas de infraestructura para el desarrollo social, de infraestructura básica de apoyo y de proyectos productivos.

Mediante los programas de desarrollo regional, se atenderán la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, educación, vivienda, agua potable y alcantarillado; se ejecutarán programas de seguridad pública y readaptación social; se apoyará la modernización de las comunicaciones y transportes para favorecer una mayor integración regional así como de los sistemas de abasto y comercialización; continuará el impulso al equipamiento urbano en las ciudades medias; y se fomentarán las actividades productivas, fundamentalmente las del sector agropecuario.

De manera similar proseguirá el otorgamiento de becas y estímulos a trabajadores, a hijos de familias campesinas y de clases populares, así como para la prestación del servicio social de pasantes de educación superior.

Adicionalmente, se han considerado recursos para la ejecución del programa emergente que permitirá subsanar los daños ocasionados en 1988 por el huracán Gilberto; así como para el de gasto corriente que en su carácter de transitorio permitirá complementar, por última ocasión, los requerimientos de los gobiernos estatales en este aspecto.

En 1989, se impulsará el desarrollo de los estados y municipios, privilegiando la ejecución de programas de inversión, la atención de obras estrictamente prioritarias, la conclusión de proyectos en proceso y propiciando una mayor participación de los gobiernos locales y los beneficiarios en el financiamiento de las obras, propiciando mayor mezcla de recursos fiscales y crediticios.

Los programas contemplados en el ramo XXVI se ejecutarán conforme a los siguientes lineamientos:

Ampliar la cobertura y mejorar los servicios de educación y salud, mediante la construcción de espacios educativos, bibliotecas, centros de salud, clínicas y hospitales.

Apoyar el fortalecimiento de la infraestructura urbana, principalmente en las cabeceras municipales y ciudades medias, con la construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable y alcantarillado, la ejecución de obras de equipamiento urbano, acciones de vivienda y de electrificación de poblados.

Impulsar la modernización del sistema de abasto y comercialización de productos básicos, con la construcción e instalación de almacenes, bodegas y tiendas rurales.

Coadyuvar a elevar los niveles de ocupación, bienestar e ingreso de la población, principalmente en las áreas urbanas y rurales de los estados menos desarrollados, con la ejecución de proyectos de asistencia social, de servicios básicos y de infraestructura agropecuaria. Continuarán programas de becas de servicio social, de capacitación de trabajadores y estímulos a hijos de campesinos.

Fortalecer la ejecución de proyectos para consolidar la infraestructura agropecuaria, con el fin de incrementar los niveles de productividad y alentar una adecuada oferta de básicos.

Impulsar la conclusión de obras hidráulicas en proceso, para ampliar las áreas de cultivo bajo riego y satisfacer los requerimientos de agua potable en los centros urbanos que han registrado un acelerado crecimiento.

Profundizar en el fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones y transportes que facilite el desarrollo de los mercados locales y regionales y su vinculación con los principales centros consumidores del país. Se efectuarán obras de construcción y rehabilitación de caminos rurales; de conservación en las redes carreteras de los estados y se consolidará la infraestructura aérea y portuaria.

Coadyuvar a proteger el equilibrio ecológico mediante la realización de obras para el tratamiento y alejamiento de aguas negras.

Enfatizar en la creación de los sistemas de planeación municipal y fortalecer la capacidad de los ayuntamientos para ejecutar la obra pública. Se fortalecerá la transferencia de programas y recursos hacia los municipios y se mantendrá la capacitación de los empleados municipales.

Asimismo, proseguirá apoyándose la ejecución de los planes estatales de desarrollo, para lo cual se otorgará una mayor autonomía a los gobiernos estatales en la asignación de los recursos. Mediante la acción coordinada del gobierno federal y los de los estados, se intensificarán los esfuerzos para lograr el desarrollo de las regiones consideradas estratégicas para el futuro del país.

Para apoyar estos propósitos, se propone un presupuesto de 1,645.9 mil millones de pesos.

Desarrollo rural

La participación del gobierno federal en el desarrollo rural tiene como propósito fundamental contribuir a preservar la soberanía alimentaria del país, garantizar mejores niveles de bienestar social y apoyar el desarrollo económico del país. Para el logro de estas acciones, será necesario aumentar el empleo y el ingreso rural, así como elevar la producción y productividad.

Conforme a los objetivos antes planteados, la estrategia de gasto público sectorial para 1989 se orientará fundamentalmente a reactivar la producción agropecuaria y forestal a través del fortalecimiento de la capitalización rural con énfasis en las áreas y regiones económica y socialmente más rezagadas y en los productores rurales con menos posibilidades tecnológicas.

Particular importancia tendrá en este sentido el logro de una adecuada coordinación entre las acciones de gasto público sectorial y la orientación de la política macroeconómica que desarrolla el gobierno federal, así como con los otros instrumentos de política sectorial como son los precios de garantía, el crédito y seguro agropecuario y estímulos fiscales.

Con el propósito de hacer más eficaz la actuación institucional en el logro de la modernización rural, se tratará de enfatizar el sentido social del gasto agropecuario considerando criterios de concertación social que permitan la participación activa de los productores en la planeación y programación de las metas a obtener.

De acuerdo a la estrategia de cambio estructural del gasto sectorial, dentro de los criterios de racionalización se fortalecerá a la inversión, atendiendo preferentemente los proyectos prioritarios de corta maduración.

Simultáneamente, el programa de inversiones enfatizará las acciones vinculadas con la capitalización rural, como es el caso de la investigación tecnológica, el fomento de la agroindustria integrada, la producción de insumos y la incorporación de equipos y maquinaria que estimulan los niveles de producción y productividad. Asimismo, se dará preferencia a la rehabilitación y modernización de los distritos de riego, a fin de mantener en óptimas condiciones la capacidad instalada más importante de que dispone el país para la producción rural.

Para el cumplimiento del conjunto de estas acciones, el presupuesto total que se propone asignar al sector de desarrollo rural integral, asciende a 4,761.0 mil millones de pesos.

Agrícola

Los objetivos específicos del subsector se orientan a incrementar la producción y productividad agrícola en niveles que permitan consolidar la autosuficiencia lograda en productos básicos como son el frijol, trigo y arroz, y reducir en el corto plazo las importaciones de maíz. También se apoyará la producción de cultivos de oleaginosas y granos forrajeros para satisfacer los requerimientos industriales y reducir la dependencia del sector externo.

Para fomentar la producción agrícola, se realizarán acciones de asistencia técnica en 12 millones 557.5 mil hectáreas, para beneficiar a 1 millón 528.7 mil personas; se apoyará la asociación de 181.8 mil personas y se fomentará la integración de 12 mil 617 agrupaciones. Las medidas fitosanitarias tendrán una cobertura de 7 millones 423 mil hectáreas y se realizarán prácticas de conservación de suelo y agua en 1 millón 155 mil hectáreas.

Mediante estas acciones se ha programado la producción de un total de 27.8 millones de toneladas de los diez cultivos principales: se les producirán en 15.5 millones de hectáreas, las que representan 283 mil hectáreas más que el nivel programado para 1988.

Se estima que la producción de maíz se incremente en 1.8% respecto a lo programado en 1988.

En las principales oleaginosas se estima una producción de 1.1 millones de toneladas en 1.0 millones de hectáreas, destacando los incrementos en la producción de la soya en 68.2% y del cártamo en 12.2% respecto a lo programado en 1988.

De otros gramos se espera una producción de 6.3 millones de toneladas, que significan una reducción de 0.1% respecto al año anterior.

Por otra parte y con relación a los otros veinte cultivos importantes se espera una producción de 70.1 millones de toneladas, correspondiendo 3.6 millones; a cultivos alimenticios; 219 mil a otras oleaginosas; 42 millones a industriales; 19.0 millones de forrajeros, y 5.3 millones a frutales de ciclo largo en una superficie sembrada que asciende a 3.12 millones de hectáreas.

Los proyectos prioritarios que integran el programa de inversión sectorial se orientan a la modernización del aparato productivo agropecuario e inciden directamente en las prioridades y metas sectoriales vinculadas con la autosuficiencia alimentaria, la reactivación productiva y la capitalización rural. Entre ellos cabe destacar el desarrollo de áreas de temporal y la conservación y rehabilitación de la infraestructura hidráulica.

Los recursos asignados a los proyectos prioritarios de fomento a la producción y productividad se canalizan fundamentalmente a los programas estratégicos de maíz y el uso eficiente de la inversión rural ociosa, así como al proyecto de organización, capacitación, asistencia técnica e investigación, y del servicio nacional de inspección y certificación de semillas, entre otros de importancia.

En lo que se refiere a las áreas de temporal, se apoyarán los proyectos San Fernando, Tamaulipas; Ometepec, Guerrero; Plan Chiapas y Proderith, además del proyecto estratégico de maíz que también absorbe recursos destinados a zonas temporaleras.

Entre los proyectos prioritarios para el desarrollo de la áreas de riego destacan: Elota, Piaxtla, Río Sinaloa y San Lorenzo segunda etapa en Sinaloa y Andrés Figueroa Guerrero.

Para impulsar el desarrollo agroindustrial se dará asesoría a 9 mil 300 personas en la administración y operación de 33 plantas agroindustriales.

En las entidades paraestatales, Inmecafé brindará asistencia técnica, 36.8 mil hectáreas y se comercializarán 1 millón 350 mil quintales de café de grano; Conafrut comercializará 16.9 mil toneladas de productos hortofrutículas; Proformex y Fovigro apoyarán la extracción de 1.1 mil metros cúbicos de madera en rollo y la producción de casi 21 millones de pie tabla de madera aserrada; Pronase producirá 113.1 mil toneladas de semilla; Sesa realizará servicios de mecanización en 341.0 mil hectáreas; Foir habilitará 1.4 mil hectáreas de temporal, y Firco habilitará más de 66 mil hectáreas.

Pecuario

Mejorar la producción y productividad de las tierras destinadas al aprovechamiento ganadero es el objetivo específico del subsector, apoyando prioritariamente la producción y el consumo de carne y leche de bovinos.

Dentro de las actividades de fomento pecuario, se proporcionará asistencia técnica a 991.2 mil personas en el manejo de 1 millón 842.7 mil hectáreas de agostadero y en la atención de 1 millón 315.9 mil cabezas; en lo referente a campañas zoosanitarias se combatirá al gusano barrenador en 196 millones 716.0 mil hectáreas y se dará protección y vigilancia contra enfermedades a 59 millones 716 mil cabezas; se instalarán 182 mil piezas (trampas) y se sustituirán 260 mil especies de abeja reina para el combate de la abeja africana.

En la producción de carne en canal se espera una producción total de 2.9 millones de toneladas, de las cuales el 43.0% será de bovinos; 30.8% de porcinos; 24.0% de aves, que incluyen pollos de engorda, desecho de ave de postura y guajolotes; y el restante 2.2% lo aportarán el ganado ovino y caprino.

Respecto a la producción de leche, ésta se ha estimado en 6 mil 587 millones de litros, que representan 74 millones de litros más que lo previsto en 1988; sin embargo y a pesar del incremento, el consumo interno será complementado con importaciones.

La producción de huevo para 1989, tendrá un incremento del 5.2% respecto al año anterior, ya que se espera una producción de 1.1 millones de toneladas. En apoyo al desarrollo pecuario, Albamex producirá 355.5 mil toneladas de alimentos balanceados en distintas formulaciones para porcinos y aves, principalmente.

Forestal

En materia forestal se continuará la política de aprovechamiento racional de recursos mediante la incorporación de los productores a través del fortalecimiento de sus organizaciones, con el propósito de propiciar su intervención en todas las fases del proceso productivo, generando así mayor valor agregado en sus acciones; asimismo, se aplicarán técnicas adecuadas a las características del recurso que mejoren las acciones de fomento y preservación del mismo.

Se realizarán programas de impacto directo en la producción, como son la asistencia técnica en 2 millones 932.8 mil hectáreas; la organización de 533 agrupaciones de productores forestales. Para preservar y fomentar el recurso se desarrollarán las siguientes acciones: diagnóstico y control de plagas y enfermedades forestales en 1 millón 800.8 mil hectáreas; producción en vivero de 33 millones 678.0 mil plantas; prevenir y combatir incendios forestales en 4 millones 963.0 mil hectáreas, y aplicar las disposiciones de la Ley Forestal y su reglamento mediante la vigilancia forestal en 36 millones 630.7 mil hectáreas.

Con respecto a la producción maderable de 1989, se espera alcanzar un total de 10.3 millones de metros cúbicos, destacando los giros de escuadría con el 58.1% y el de celulósicos con el 26.8%. Por lo que se refiere a los no maderables, se estima una producción total de 77.8 millones de toneladas, de las cuales 59.6% corresponde a la producción de resina y el resto a diferentes productos.

Proformex y Fovigro apoyarán la extracción de 1.1 millones de metros cúbicos de madera y la producción de 21 millones de pie de tabla de madera aserrada y 1.3 millones de metros cuadrados de triplay.

Abastecimiento de agua potable

Respecto a la entrega de agua en bloque a ciudades y zonas industriales, se continuará con el apoyo a los acueductos que conforman la operación del sistema nacional hidráulico, dentro de los que destacan el Sistema Cutzamala, Sistema Regional Linares - Monterrey, y el Plan de Acción Inmediata, además de otros que abastecen a ciudades de tamaño medio y de zonas rurales. Para la ampliación de la capacidad, se destinarán recursos que permitan la continuación de la construcción, principalmente de los acueductos que asegurarán el suministro a Huajuapan de León, Chihuahua, Ciudad Victoria y Guadalajara, así como a las poblaciones del medio rural en el desierto del Vizcaíno. Especial atención se da al programa de uso eficiente del agua en ciudades con la finalidad de eficientar el aprovechamiento de la misma.

Reforma agraria integral

El sector reforma agraria mantiene como objetivos prioritarios la organización y capacitación de los productos rurales, la promoción del aprovechamiento integral de los recursos con que cuentan los núcleos agrarios, el mantener permanentemente actualizados los derechos agrarios individuales y colectivos y la culminación de los expedientes agrarios en trámite.

Las prioridades señaladas implican las siguientes líneas de acción: la organización agraria básica; la incorporación del núcleo agrario en una forma de organización superior; la organización de campesinos sin tierra y de los pequeños propietarios; la instrumentación de programas de capacitación a productores rurales; la promoción de unidades de explotación multiactiva, la agilización y simplificación administrativa y procedimental agraria, y la continuidad de los programas de seguridad jurídica a los diferentes regímenes de la tenencia de la tierra.

Las metas de operación más relevantes para el ejercicio 1989, son las siguientes: fortalecer la organización agraria básica en 7 mil 500 núcleos agrarios del país; propiciar la integración de 200 uniones de ejidos y asociaciones rurales de interés colectivo; promover 200 contratos de asociación con terceros para la explotación de recursos no renovables, propiedad de los núcleos agrarios; constituir 3 mil 730 unidades económicas de producción agrícola, forestal, pecuaria, acuícola y/o artesanal y promover la comercialización de sus productos; mantener actualizado el catastro rural en 32 entidades federativas; otorgar seguridad jurídica a los diferentes regímenes de tenencia de la tierra con la emisión de 167 mil certificados.

Como principales proyectos de inversión que realizará el sector, se encuentran el desarrollo turístico residencial "Flamingos Nayarta" del Fideicomiso Bahía de Banderas, con un avance global del 62.0% y la urbanización del fraccionamiento turístico náutico "Nuevo Vallarta" de la entidad del mismo nombre, con un avance total del 79.0%.

Pesca

El sector pesca orientará su presupuesto al fomento, desarrollo y consolidación de las actividades pesqueras y acuícolas.

Para tal efecto se instrumentarán programas tendientes a concluir las obras de infraestructura que se encuentren en proceso y a la ampliación y/o construcción de aquéllas, que en el corto plazo permitan incrementar los niveles de producción, empleo y divisas, así como las que incidan directamente en la elevación de las condiciones de vida en las comunidades pesqueras.

Se apoyarán, con el objeto de alcanzar el mejor aprovechamiento de los recursos pesqueros de origen marino, los programas de reparación, mantenimiento y reposición de embarcaciones dedicadas a la investigación y capacitación.

En materia de acuacultura se continuarán las acciones de conservación, mantenimiento y ampliación que aseguren la óptima operación de los centros de producción acuícola y se dará impulso al desarrollo de infraestructura básica para el cultivo de peces.

Para asegurar que el aprovechamiento de los recursos pesqueros se viertan a favor de los sectores productivos menos favorecidos, se continuarán y fortalecerán los programas de organización y capacitación y en el caso específico de la acuacultura, el gasto para investigación se orientará hacia la búsqueda de mejores tecnologías y métodos de cultivo.

La inversión pública se orientará también a promover acciones en materia de comercialización, distribución y abasto con el objeto de dar atención prioritaria al mantenimiento de la oferta de alimento de origen pesquero, que por su alto valor proteico y por la capacidad de cobertura nacional, puedan llegar a la mayoría de la población.

Las metas de operación más relevantes de 1989, son alcanzar una producción de 1 millón 550 mil toneladas en peso vivo, de las cuales 200 mil provendrán de la acuacultura; en materia de industrialización, el total de materia prima a procesar en planta asciende a 785 mil toneladas; en la fase de comercialización de productos pesqueros, se prevé un volumen de 925.5 mil toneladas.

Entre los proyectos de inversión del sector se destacan como prioritarios los siguientes: dragado del canal de comunicación de La Joya - Buenavista con la obra de San Marcos, Chiapas y Puente Carretero Chiapas; continuación de las obras de estabilización del sistema lagunario en San Francisco, Oaxaca; escolleras y dragado en Santa Isabel, Tamaulipas; reconstrucción del arranque de las escolleras en Boca Ciega, Tamaulipas; construir, conservar y mantener obras de infraestructura portuaria y pesquera, así como introducir servicios y dragar diversos puertos pesqueros del país.

De acuerdo con los lineamientos de austeridad emitidos, el presupuesto total propuesto para el sector asciende a 153.5 mil millones de pesos.

Comunicaciones y transportes

La modernización y descentralización de los servicios que demanda el país para avanzar sólidamente en su desarrollo, está condicionada a la disponibilidad de una infraestructura de transportes y comunicaciones confiable, amplia y eficiente que se constituya como la plataforma básica para apoyar las actividades comercial, industrial y de servicios.

Una infraestructura física moderna, una organización eficiente y una regulación que promueva eficazmente la expansión del sector, fortalecerá nuestra capacidad de autodeterminación y de defensa ante presiones del exterior y asegurará las bases para un desarrollo firme y sostenido en la actividad económica.

Los sistemas de transporte y comunicación que permiten la integración de nuestro territorio y fortalecen la unidad nacional, abren oportunidades para el desarrollo regional con un mejor aprovechamiento de nuestros recursos y favoreciendo la competitividad interna y con el exterior.

Los avances en comunicaciones y transportes del país son importantes pero aún insuficientes, el sector está en un proceso de modernización y cambio estructural que durante el siguiente año tendrá que acelerarse para responder a las necesidades y al reclamo de la sociedad. Para ello se plantea fortalecer en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las funciones normativas, de fomento y coordinación sectorial; transferir a las entidades diversas funciones operativas que viene realizando directamente; e impulsar una mayor participación de la inversión privada en la modernización de la infraestructura.

La magnitud de las tareas a realizar impone asimismo la necesidad de una mayor concertación y diálogo entre autoridades, empresas, trabajadores y usuarios que permitan establecer compromisos sólidos para avanzar en la transformación de los sistemas de comunicaciones y transportes como factor estratégico en la modernización y descentralización del país.

Para 1989, se propone asignar al sector un presupuesto total de 5,510.4 mil millones de pesos.

Transporte carretero

El transporte carretero atenderá en 1989, una demanda estimada de servicio público de 1 mil 818 millones de pasajeros y 310 millones de toneladas de carga, aproximadamente el 97.0% y 80.0%, respectivamente del movimiento total por vía terrestre.

Se apoyará la renovación del equipo con esquemas de financiamiento adecuados, vinculados a una mayor productividad del servicio, y se avanzará en una modernización de la regulación en materia de autotransporte público de carga en forma concertada entre usuarios y prestadores de servicio para fomentar el transporte multimodal.

En la infraestructura carretera, se asigna la mayor prioridad a la conservación y reconstrucción de la extensa red con que cuenta el país: 47 mil kilómetros de carreteras federales, incluyendo la red de cuota; 56 mil kilómetros de carreteras estatales y 133 mil kilómetros de caminos rurales y brechas mejoradas, para recuperar gradualmente el rezago que se vio agudizado por los daños causados por los huracanes Gilberto, David y Cristina, los cuales se han atendido en lo más urgente con cargo al presupuesto de 1988.

Las obras de modernización y nuevos enlaces se distribuyen entre más de 40 obras, donde destacan las carreteras transversales de Chihuahua a Hermosillo, Chihuahua a Culiacán y Sayula - Cintalapa, así como la ampliación a cuatro carriles que se pretende financiar en forma complementaria con inversión privada y estatal, destacando los proyectos de estación Don - Guaymas, Chihuahua - Ciudad Juárez; Monterrey - Tampico y Pátzcuaro - Morelia.

Asimismo, se contempla continuar con las carreteras de cuota en proceso, destacando la de Guadalajara - Colima, México - Toluca, Acutzingo - Córdoba y Querétaro - Irapuato.

El programa de construcción, reconstrucción y conservación de caminos rurales y alimentadores que se realizará a través de los gobiernos estatales con apoyo y asesoría del gobierno federal, constituye parte de la estrategia de lucha frontal contra la pobreza del campo mexicano y de lograr, mediante la comunicación de caminos, reactivar económicamente las zonas rurales.

Transporte ferroviario

Las ventajas comparativas del ferrocarril sobre otros modos de transporte, junto con la necesidad de contar con una herramienta para apoyar la recuperación económica y el fortalecimiento de la rectoría del Estado en los procesos de producción, distribución y consumo, hará que en el futuro se haga un uso más generalizado del ferrocarril como la columna vertebral de un sistema de transporte eficiente y coordinado.

En el movimiento de mercancías, el ferrocarril tiene costos de operación del orden de un 30.0% inferiores al autotransporte y energéticamente es cuatro veces más eficiente; las inversiones en infraestructura son mayores en las vías férreas en un 40.0%; sin embargo, la capacidad de transporte es tres veces la de las carreteras.

El servicio de pasajeros se ha modernizado y seguirá una nueva trayectoria, mejorando sustancialmente la calidad del servicio. En 1989, se adquirirán 40 coches nuevos y se renovarán 50 más que permitirán atender en ese año un total de 25 millones de pasajeros, que representa un crecimiento del 2.0%.

Con objeto de disponer de la fuerza tractiva necesaria, se dará prioridad a la reconstrucción de 50 locomotoras, que se complementarán con la compra de otras 50; además se otorgará especial atención al mejoramiento de talleres y sistemas de mantenimiento preventivo.

En vías férreas se rehabilitará la red en 500 kilómetros con el riel nuevo y 190 kilómetros con riel de recobro y se continuarán diez obras en proceso, entre las que destacan la vía doble México - Veracruz, el libramiento de Monterrey, la vía corta Monterrey - Guadalajara y la electrificación de la vía doble México - Querétaro.

Transporte marítimo

México está entrando aceleradamente en la competencia de los mercados internacionales no petroleros. En el transporte de carga internacional durante 1988, casi el 90.0% se realizó por vía marítima, en tanto que la flota mercante mexicana sólo transportó el 5.0% de estas cargas. En el movimiento interno de carga, el cabotaje sólo participó con el 5.0% del total.

Los puertos y el transporte marítimo constituyen un elemento fundamental para el desarrollo y modernización de nuestro país por ser uno de los sistemas de transporte más económicos, en el cual se sustenta en gran medida el comercio exterior. Además, los litorales representan una localización estratégica para la instalación de nuevas industrias que contribuyan a la descentralización nacional.

Se dará un impulso decidido a la reestructuración de la administración portuaria, fortaleciendo la capacidad de gestión de las empresas de servicios portuarios, además de aumentar la mecanización de las maniobras en los puertos y ampliar la gama de servicios que prestan, donde destaca el servicio de combustible y remolque.

En 1989 se operará y dará servicios portuarios a 16.7 mil millones de toneladas de carga, se conservará y renovará el equipo portuario y se construirán instalaciones para suministro de combustible en Ensenada, Guaymas, Manzanillo, Salina Cruz y Tampico.

Se racionalizará el servicio de dragado, indispensable para garantizar la confiabilidad de nuestros puertos, que se persigue pueda ser autofinanciable mediante una actualización de los precios de los servicios portuarios.

Durante el ejercicio se dragarán 11 millones de metros cúbicos para la conservación de profundidades portuarias, y 1 millón de metros cúbicos para construcción de la dársena de Altamira.

En infraestructura portuaria, destaca la continuación del Puerto Progreso, la terminación del segundo muelle de Altamira y otro en Topolobampo, la reconstrucción de muelles del Caribe dañados por el ciclón Gilberto y la continuación de las escolleras de Tuxpan y de Puerto Madero.

Asimismo, se continúa con la promoción de los tres puertos industriales en proceso, resaltando las acciones para instalación de industrias en Lázaro Cárdenas y Altamira de los quince puertos pesqueros y de cinco marinas y puertos de abrigo.

Transporte aéreo

El transporte aéreo en México es un servicio fundamentalmente estratégico para apoyar la modernización y crecimiento del sector turístico en el país: de los 5.4 millones de turistas que anualmente se desplazan, el 67.0% lo hace por vía aérea, siendo el potencial turístico en México uno de los más grandes del mundo.

Para consolidar la red nacional de aeropuertos, se terminarán los de Colima Y del Bajío, además de llevar acabo obras complementarias en otros aeropuertos; y se promoverá que las ampliaciones en los edificios terminales se realicen con la participación del sector privado, iniciando con Cancún y Mazatlán.

Se continuará el proceso de cambio estructural en las líneas aéreas troncales, con objeto de dar producción y calidad de servicio a nivel competitivo internacionalmente. No se prevé ningún subsidio ni aportación a las líneas aéreas que deberán continuar su saneamiento financiero y proceso de modernización con sus propios recursos.

El transporte aéreo federal se redimensionará para atender exclusivamente el servicio ejecutivo, desincorporado los equipos excedentes.

Turborreactores, S.A. de C. V. ha logrado consolidarse y su capacidad instalada le permite satisfacer las necesidades de reparación de sus turbinas para aviones de mediano alcance; actualmente está ampliando su campo de acción a las turbinas industriales para atender el mercado de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

La compañía Mexicana de Aviación, profundizará el cambio estructural, aumentando sus niveles de eficiencia y productividad, modernizando su administración. Se prevé reponer los tres aviones turborreactores que fueron vendidos en 1988.

Comunicaciones

La modernización del sistema de comunicaciones partirá de lo mucho que se ha avanzado. México cuenta actualmente con 8.8 millones de teléfonos y se ha iniciado la digitalización de los mismos; los servicios postal y telegráfico están dentro de un proceso de cambio estructural, para lograr su autosuficiencia financiera, el mejoramiento de la calidad del servicio y su expansión para atender los requerimientos de un amplio sector de la población.

En la infraestructura troncal de telecomunicaciones se realizó un cambio estructural importante con la instalación del Sistema de Satélites Morelos, que aún tiene un enorme potencial por aprovechar, mientras que la red federal de microondas se ha rezagado en su modernización, lo que limita la calidad y capacidad de los servicios.

En 1989 se atenderá la mitad del proyecto de digitalización de la red de microondas; se adquirirán ocho nuevas estaciones terrenas, se habilitarán 150 estaciones ya existentes, y se iniciará el proyecto de asignación computarizada de frecuencias radioeléctricas.

En Telégrafos Nacionales se continuará el proceso de reestructuración de los servicios, buscando eliminar el subsidio cruzado entre los servicios télex y telegráfico nacional e internacional. Se contempla continuar la modernización de los servicios tradicionales y la creación de nuevos servicios como el correo electrónico, el telefax y girofax.

En el organismo descentralizado Servicio Postal Mexicano, se buscará consolidar el proceso de modernización y autosuficiencia financiera mediante la incorporación de nuevos servicios que compitan en eficiencia y calidad con los servicios privados existentes.

En Teléfonos de México se dará un decidido impulso a las acciones que en el corto plazo eleven la calidad del servicio y la productividad. Tendrá especial énfasis la modernización de la planta telefónica en base a centrales digitales y redes de fibras ópticas, mismas que darán mayor confiabilidad a la red y se sentarán las bases para el crecimiento acelerado de la infraestructura telefónica, en donde se prevé aumentar en 468 mil 261 líneas el número existente y en más de 1 millón el número de aparatos telefónicos, lo cual significa un crecimiento del 12.0%; asimismo se pondrán en operación nuevos servicios como la transmisión de datos y la red superpuesta para atender las necesidades de los grandes usuarios.

Comercio y Abasto

Durante 1989, las acciones de fomento industrial y comercio exterior, así como de modernización comercial y abasto popular, se orientan a consolidar tantos los esfuerzos de reordenación como los avances en materia de cambio estructural. Con ello, se contribuirá al abatimiento de la inflación, a proteger consumos básicos y el poder adquisitivo de la población y a establecer las condiciones que permitan recuperar la capacidad de crecimiento de la economía nacional.

El sector dará prioridad al equilibrio y articulación entre los procesos y fases de la producción y el consumo, así como la consolidación de la infraestructura que apoya el abasto nacional de productos básicos.

Se fortalecerá la programación financiera para la atención de actividades industriales y comerciales prioritarias y la modernización de las estructuras de abasto popular; además se orientará al consumidor para inducirlo a ejercer su gasto por encima de influencias distorcionadoras.

En el ámbito del fomento industrial se promoverá la modernización de la industria privada y paraestatal para fortalecer su capacidad operativa, tecnológica, administrativa y financiera, a fin de que pueda atender la demanda del mercado interno e incorporarse a un contexto internacional de avanzada tecnología, alta competitividad y prácticas proteccionistas.

De la misma manera se vigorizará al sector industrial productor de bienes básicos y de capital para que puedan elevar sus niveles de producción y productividad.

Se promoverá descentralización territorial de la actividad industrial y su operación con la utilización preferente de insumos y componentes nacionales. Asimismo se estimulará el crecimiento y desarrollo de las industrias medianas, pequeñas y microindustrias en ramas prioritarias.

Respecto al comercio exterior, se fortalecerán los acuerdos de comercialización internacional en apoyo al sector productivo, aprovechando el poder de negociación del Estado, así como las ventajas de acuerdos ampliados con países miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

Se continuarán impulsando las exportaciones no petroleras y la racionalización de las medidas de protección, adecuándolas a los factores prioritarios del comercio nacional respecto al internacional y se cuidará el desarrollo de las franjas fronterizas y zonas libres.

En el ámbito de la inversión extranjera y de transferencia de tecnología, las acciones tenderán a incrementar la generación neta de divisas, la protección del empleo y la incorporación de innovaciones coherentes con las necesidades del país.

Se promoverá la inversión extranjera que en complemento con la nacional, contribuya al desarrollo de las actividades y zona prioritarias, igualmente se promoverá la vinculación tecnológica de las empresas con los institutos y centros de investigación para la concertación y desarrollo de proyectos específicos.

De manera selectiva y mediante la concertación de acciones con los sectores privado y social y los gobiernos de los estados, se promoverá la producción, acopio, distribución y abasto de productos básicos y de consumo generalizado para regular el mercado, proteger los consumos populares y el poder adquisitivo de la población.

En la comercialización agropecuaria sólo se continuará participando con los volúmenes necesarios para una eficaz función reguladora de la oferta y los precios de los productos básicos como maíz, trigo, sorgo, frijol, arroz y leche en polvo, entre otros. Igualmente se promoverá la consolidación de los comités mixtos participativos de comercialización, para incrementar la intervención de las ramas industriales y las filiales de Conasupo en las compras de las cosechas nacionales y en las importaciones complementarias del abasto nacional.

Asimismo, se propiciará un sistema de acopio y almacenamiento más moderno y equilibrado entre centros productores y consumidores y se mejorará la coordinación entre almacenadoras oficiales y privadas, para que con una utilización más racional de la capacidad puedan reducirse tiempos, mermas, costos y la movilización innecesaria de los productos.

En la distribución al medio mayoreo se continuará impulsando la modernización de los pequeños comerciantes y la venta de productos básicos a través de estos canales; en el ámbito de la distribución al menudeo, se promoverá la descentralización de la red de tiendas y almacenes a las entidades federativas y una mayor participación de los estados en los aspectos operativos del abasto para que apoyen el fortalecimiento de los circuitos locales y regionales de producción - distribución - consumo.

Asimismo, se continuará con la concertación de convenios con comunidades y grupos organizados de productores y consumidores y se consolidará la atención a la población de menores recursos, reubicando la infraestructura de distribución hacia zonas prioritarias urbanas y rurales.

La capacitación y difusión de información para orientar a productores, comerciantes y consumidores será reforzada. También lo será la normalización, inspección y vigilancia sobre los procesos de producción y comercialización, a fin de evitar distorsiones en los precios, proteger el poder adquisitivo y garantizar un consumo de productos básicos que mejore el nivel nutricional de la población.

Para cumplir con su función reguladora de la oferta y los precios; hacer vigente el precio de garantía y proteger el ingreso campesino; atender oportunamente requerimientos de abasto y mantener las reservas reguladoras en un nivel adecuado, durante 1989, Conasupo comprará 4.8 millones de toneladas de maíz, trigo, frijol, arroz, sorgo y oleaginosas en el mercado nacional y 3.9 millones de toneladas de importación de maíz, sorgo y leche en polvo, y venderá 7.7 millones de toneladas de productos para mantener inventarios por 4.1 millones de toneladas.

En apoyo a las acciones de regulación y abasto, Andsa y Boruconsa calculan almacenar y manejar, considerando la revolvencia, 69 millones de toneladas de productos básicos. Liconsa producirá y comercializará 1 mil 761 millones de litros de diversos tipos de lácteos y 9 mil 500 toneladas de complementos; Iconsa y Miconsa, 1 millón 500 mil toneladas de harinas de maíz y trigo, aceites y mantecas, entre sus principales productos.

Las distribuidoras Conasupo comercializarán productos básicos y de consumo generalizado por un valor de 2 billones 711 mil millones de pesos, con especial atención a comunidades rurales y zonas marginadas; Impecsa consolidará la atención a 145 mil pequeños comerciantes a los que venderá 834 mil millones de pesos. El Fia otorgará créditos a la pequeña y mediana industria proveedora del subsistema oficial de distribución al menudeo por 150 mil millones de pesos.

En el ámbito de fomento industrial y comercio exterior, se canalizarán créditos a las pequeñas y medianas industrias prioritarias por un monto de 60 mil 550 millones de pesos; se realizarán 617 estudios de desarrollo tecnológico, 430 de promoción industrial y desarrollo regional y 11 mil 374 en materia de inversión extranjera; se comercializarán en el exterior 16 millones 170 mil toneladas de cacao y sus derivados y se venderán en el mercado nacional 31 millones 694 mil toneladas.

Las entidades de orientación y protección al consumidor difundirán información sobre bienes y servicios de consumo generalizado, a través de 34 mil 257 estudios sobre oferta - demanda de productos básicos; 7 mil 483 programas y 96 estudios sobre precios; capacitarán y asesorarán a 814 mil consumidores, y atenderán 1 mil 462 controversias.

Las inversiones del sector se orientarán al fortalecimiento de los sistemas de información comercial a nivel nacional y a mejorar la infraestructura de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías; a la rehabilitación y modernización de la capacidad de almacenamiento y de distribución y al mantenimiento de las plantas industrializadoras de productos básicos y de consumo generalizado.

Entre los proyectos prioritarios destacan la terminación del almacén general de Conasupo en Nuevo León, para ampliar la capacidad de recepción de las cosechas del noroeste del país y la ejecución de obras de rehabilitación en la terminal granelera de Veracruz que apoya la internación de las importaciones complementarias que realiza el organismo.

Para el almacenamiento de granos y semillas básicos se continuará con la modernización de las instalaciones de Andsa y Boruconsa mediante la mecanización y reposición de equipos.

Para la producción de básicos industrializados se modernizarán los equipos de la planta pasteurizadora de Liconsa de Jiquilpan, Hidalgo, y se continuará la planta harinizadora del maíz de Miconsa en Guerrero; asimismo, Iconsa continuará con la modernización de procesos y la reposición de equipos en sus instalaciones.

En la distribución se continuará con la rehabilitación y modernización de las tiendas en todo el país.

Para apoyar una adecuada integración del comercio interior del país y conocer la situación de los mercados internacionales, se ampliará la cobertura de los sistemas de información de mercados y de los mecanismos de comercialización; asimismo, se modernizarán los equipos necesarios para la investigación y desarrollo de proyectos tecnológicos.

Se propone un presupuesto para el sector de 6,077.1 mil millones de pesos.

Industrial

La política en el sector industrial paraestatal se orienta al desarrollo de programas tendientes a promover transformaciones tecnológicas de carácter productivo y comercial, que hagan posible su modernización e incrementen su contribución al fortalecimiento de la actividad productiva y del empleo nacional; a garantizar la oferta y el abasto oportuno de bienes y servicios básicos; y a la elevación de la productividad y la eficiencia.

Las relaciones económicas con el exterior han sido también línea fundamental para una política internacional activa y responsable, a través de la negociación y la concertación que permita coadyuvar a la formación de una base de exportaciones no petroleras y continuar avanzado en el proceso de sustitución de importaciones.

Para apoyar esos propósitos, se instrumentaron programas específicos por rama económica y entidad, estrechamente vinculados a las políticas de modernización, saneamiento financiero y apoyo a las finanzas públicas federales.

En 1989, la actividad sectorial en su conjunto se orientará a las siguientes acciones:

Continuar el proceso de desincorporación de entidades públicas no estratégicas ni prioritarias, concretando en paralelo las iniciadas en 1988.

Garantizar la autosuficiencia nacional en materia de bienes y servicios básicos.

Incrementar la productividad y eficiencia operativa de las entidades, para consolidar su estructura financiera.

Inducir un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, para una mayor integración productiva y tecnológica en la economía nacional.

Fomentar la producción y exportación de los productos no petroleros.

Para alcanzar los objetivos y emprender las acciones necesarias, se propone para el sector un presupuesto de 7,873.0 mil millones de pesos.

Minería

La política de gasto en el subsector ha venido apoyando su fortalecimiento como proveedor de materias primas para la industria nacional y como contribuyente en la generación de divisas. Para ese propósito se han instrumentado acciones de modernización, tendientes a abatir costos derivados de obsolescencias en instalaciones y equipos y de exceso de personal. Las inversiones se dirigieron al reforzamiento de las plantas industriales y a modificar los sistemas de explotación hacia un aprovechamiento racional de los minerales.

En 1989 se espera alcanzar niveles de producción del orden de 715 mil toneladas de minerales preciosos; 614 mil toneladas de minerales no ferrosos; 16 millones 919 mil toneladas de minerales siderúrgicos; 9 millones 172 mil toneladas de minerales no metálicos, y 4 millones 560 mil toneladas de minerales combustibles.

Las producciones minerometalúrgicas se verán reflejadas en la comercialización de 12 mil 300 onzas de oro; 2 millones 755 mil onzas de plata; 550 mil toneladas de concentrados de roca fosfórica, 2 millones 200 mil toneladas de azufre; 5 millones 150 mil toneladas de sal; 2 millones 712 mil toneladas de carbón lavado; 4 millones de toneladas de carbón térmico; 2 millones 446 mil toneladas de concentrados de hierro y 2 millones 950 mil toneladas de pelet de hierro, entre otras.

Entre las inversiones sobresalen la de Carbón II de Micare, vinculadas al abastecimiento de las carboeléctricas de Río Escondido y las de la modernización de la terminal de carga y descarga de azufre en Coatzacoalcos, que permitirá operar con una comercialización confiable y eficiente, así como abatir los niveles de contaminación existentes en el área. El Consejo de Recursos Minerales intensificará las exploraciones de zonas potencialmente factibles y de instrumentación inmediata e incrementará los inventarios nacionales de minerales estratégicos. Asimismo, se continuará apoyando a la pequeña y mediana minería, a través de la promoción de crédito del Pecam.

Dentro de los programas del subsector, se propone continuar con los esquemas de cambio estructural, reforzando las acciones de descentralización de la industria, modernización de plantas y racionalización de estructuras operativas.

Siderurgia

La siderurgia paraestatal se significa por su apoyo a sectores prioritarios de la economía: el agropecuario, el de bienes de capital, el de minería, el de transporte y el de construcción, entre otros.

Con las asignaciones presupuestales para 1989, se atenderán los requerimientos de productos siderúrgicos en el mercado interno y se destinarán excedentes a la exportación. Igualmente se asignarán recursos para el mantenimiento de la planta productiva y para la continuación de proyectos de inversión que contribuyan a asegurar el abasto interno de productos que no se fabrican en el país y la consolidación de la plataforma exportadora. En función de la apertura comercial, el objetivo básico será el proteger la posición de la industria siderúrgica en el mercado nacional.

Dentro de la estrategia de modernización se determinará la forma de optimizar la operación de la siderurgia paraestatal. Asimismo, el sector siderúrgico reforzará las medidas de racionalización del gasto y la elevación de la productividad.

Para ello, se intensificará el redimensionamiento de la industria; se llevará a cabo la adecuación tecnológica de sus instalaciones y se incrementará la eficiencia y productividad, atendiendo los compromisos que asumió para su rehabilitación financiera.

En 1989, la producción siderúrgica de Ahmsa y Sicartsa serán del orden de 3 millones 200 mil toneladas de productos terminados, con la incorporación de la producción de 300 mil toneladas de planchón de Sicartsa II. Decrece 3.0% respecto al presente ejercicio. Las metas de comercialización decrecen 4.0% respecto a 1988.

El programa de inversiones imprimirá un ritmo moderado al proyecto Sicartsa II para avanzar 5.0% en 1989 y lograr un avance global del 84.0%. Este proyecto fungirá como pivote del cambio tecnológico; mejorará la rentabilidad de la industria siderúrgica paraestatal en su conjunto y permitirá alcanzar elevados niveles de productividad y eficiencia. Asimismo, se destinarán recursos a la conservación y mantenimiento de la capacidad instalada en todas las plantas.

Por último, dentro del proceso de reestructuración del sector paraestatal, se concluirá la desincorporación de aquellas filiales del grupo Sidermex que trascienden en el objetivo básico de la industria siderúrgica.

Azúcar

La política de gasto en esta rama se ha orientado a alcanzar la autosuficiencia productiva, el redimensionamiento de la participación estatal, la modernización de la planta productiva y su saneamiento financiero.

La autosuficiencia azucarera y las cifras récord de producción alcanzadas en los últimos años, han elevado las exportaciones a 1 millón de toneladas en 1988.

Para superar crecientes deficientes de operación de la agroindustria azucarera se han venido intensificando acciones para su cambio estructural, mediante la modernización de la planta productiva, del sistema de comercialización y de la administración, con el paralelo redimensionamiento de la participación estatal en esta rama y la reactivación de la de carácter social y privada.

Como resultado de las acciones de cambio estructural para 1989 operarán en el subsector paraestatal, la Corporativa Azúcar, S.A. como responsable de la regulación de distribución y comercialización del dulce, así como 31 ingenios que tendrían el carácter de mayoritarios y que, con la intensificación del proceso de desincorporación, podrían reducirse a un número menor, con la disminución subsecuente de los esfuerzos financieros del Estado.

Para evitar que la falta de corrección de los precios signifique, eventualmente, la necesidad de que el Estado se vea precisado a intervenir nuevamente, en forma directa en la producción de azúcar, se promoverá el establecimiento de una política integral de precios que reconozcan los costos reales del cultivo de la caña, de la producción y comercialización de productos, con la modificación del decreto cañero en vigor y la eliminación de la diferencia de precios existentes entre el azúcar refinada y estándar.

Dentro del programa de inversiones, se destinarán recursos para continuar con el programa de ahorro y uso suficiente de energía, así como los programas de investigación agrícola y operación administrativa.

Fertilizantes

La política de gasto se ha orientado a apoyar los requerimientos de la agricultura nacional y a incrementar la productividad del agro mediante el abasto de fertilizantes a precios accesibles para coadyuvar a la autosuficiencia de alimentos.

El cambio estructural se ha centrado en el crecimiento y modernización industrial, comercial y administrativa, así como en su rehabilitación financiera, para abatir costos de operación, distribución y financiamiento, con la reducción de subsidios y una mayor participación a los sectores campesino, social y privado en la distribución de productos.

La capacidad instalada es de 5.2 millones de toneladas y se ha logrado la autosuficiencia en fertilizantes nitrogenados y fosforados. La producción de fertilizantes de baja concentración se ha venido sustituyendo por las de alto contenido de nutrientes, con abatimiento de los costos de producción y distribución. Paralelamente se ha cancelado la operación de 23 plantas que carecían de viabilidad, para centrar la producción en las existentes, lo que coadyuvó a incrementar el aprovechamiento de la capacidad instalada. Para 1989, se concluirá el cierre de tres plantas más.

La infraestructura de almacenamiento y comercialización se ha fortalecido, habiéndose concluido la construcción de 28 bodegas de almacenamiento en diversos estados de la República con capacidad de 490 mil toneladas. En 1988 se inició el saneamiento financiero de la entidad al haber asumido el gobierno federal el 25.0% de su deuda, previéndose asumir para 1989 y 1990 50.0% y 25.0% respectivamente.

El presupuesto 1989 apoya la producción de 4.7 millones de toneladas de fertilizantes, insecticidas y productos químicos y la comercialización de 5 millones 300 mil toneladas, siendo superior ésta última en 6.0% en relación a 1988. Por su parte, el programa de comercialización permitirá cubrir una superficie de 15.3 millones de hectáreas, buscando satisfacer en primera instancia el mercado nacional y exportar los excedentes.

Para apoyar la modernización industrial, se continuará apoyando la consolidación del sistema de almacenamiento y distribución primaria y se concluirá dos bodegas de almacenamiento capacidad total de 20 mil toneladas, así como la construcción de dos terminales de con almacenamiento de amoniaco en Nayarit y Sinaloa, que incrementarán la capacidad en 7 mil toneladas.

Igualmente, se avanzará en la construcción del complejo de nitrogenados en Coatzacoalcos, con capacidad de 479 mil toneladas anuales, que tendrá un avance acumulado a finales de 1989 del 61.0%. Asimismo, se proseguirá la Planta de Urea en Lázaro Cárdenas, con capacidad de 495 mil toneladas/año que logrará un avance acumulado del 25.0%. Esas nuevas instalaciones se concluirán en 1991 y 1992 respectivamente.

Construcción de carros de ferrocarril

Las actividades de la industria de construcción ferroviaria, han coadyuvado de manera sustancial al desarrollo de la producción nacional de equipo de transporte masivo de carga y de pasajeros. El sector paraestatal, a través de Concarril, cubre la totalidad de la demanda nacional de equipo ferroviario nuevo y tiene la capacidad para reducir de manera considerable la importación de equipo usado o rentado.

Concarril ha establecido en los últimos años un programa integral de modernización de su planta productiva, orientado a la diversificación de líneas y procesos con base en la integración de nuevas tecnologías; a la promoción de exportaciones de equipo ferroviario y de transporte urbano y suburbano que contribuyan a la generación de divisas; y al desarrollo de nuevos sistemas de comercialización que permitan una mayor penetración de mercados.

Las políticas de gasto para 1989, apoyarán demandas no satisfechas en el mercado nacional como el tren ligero articulado para las ciudades de Guadalajara y Monterrey y el metro con ruedas de acero para el Distrito Federal Se atenderán las necesidades de los Ferrocarriles Nacionales a través de la fabricación de coches pasajero primera regular y equipo de carga y de la rehabilitación de locomotoras.

Con el propósito de lograr la participación optima de Ferrocarriles Nacionales de México en el sistema integral de transporte, así como apoyar el desarrollo del transporte regional y urbano, Concarril estima fabricar y rehabilitar 75 unidades ferroviarias;fabricar 104 unidades entre ligero y carros metro con ruedas de acero; y fabricar 120 carros tanque y 100 tolvas balasteras para exportación.

Naval

La política de gasto para 1989 pretende consolidar los esfuerzos para impulsar el desarrollo de la industria naval nacional, con objeto de responder a los requerimientos de la industria petrolera y al movimiento general de mercancías. El programa de cambio estructural incluyó, entre sus objetivos de mediano plazo, vincular la demanda con la capacidad instalada y promover la participación de astilleros extranjeros , obteniendo a cambio recursos financieros y tecnológicos. En su instrumentación se alcanzó una capacidad para construir embarcaciones de hasta 80 mil TPM, cuando en 1982, sólo se construirán embarcaciones de hasta 1 mil TPM.

El presupuesto del subsector apoya a los Astilleros Unidos de Veracruz y de Mazatlán, que atenderán las necesidades del mercado de acuerdo a las tendencias previsibles de la demanda.

Los astilleros cuentan con instalaciones, maquinaria y equipo moderno y personal capacitado y han concluido en los últimos años los dos primeros buques tanque de 45 mil TPM, de un paquete de cuatro para Petróleos Mexicanos y dos buques graneleros de 22 mil TPM para Navimin.

En 1989, se estima terminar en Veracruz los dos restantes buques tanque de 45 mil TPM para Petróleos Mexicanos; iniciar la construcción de dos buques tanque de 10 mil TPM par Navimin; y 11 barcos arrastreros y dos barcazas para exportación. En Mazatlán, construir nueve remolcadores: cuatro para Petróleos Mexicanos, tres para la Comisión Coordinadora de Puertos y dos para Transportadora de Sal.

En materia de reparación naval, se prevé atender un total de 200 embarcaciones de diversas dimensiones.

Energético

La política de gasto reconoce el papel preponderante del sector en la administración de la energía necesaria para el funcionamiento y expansión del aparato productivo y para el bienestar social. Asimismo se orienta a apoyar el suministro de los insumos destinados a la producción de petroquímicos y el impulso a las industrias de bienes de capital, productos intermedios y otras ramas que forman parte de cadenas productivas.

Igualmente destaca su importancia en las áreas de coyuntura por su capacidad para la captación de divisas, para contribuir al erario público y para impulsar el desarrollo científico y tecnológico.

En una conciliación racional y equilibrada de objetivos económicos y sociales, para 1989 el subsector, en un horizonte de corto, mediano y largo plazos, continuará cubriendo sus objetivos de proveer la energía necesaria y generar recursos para el Estado, a la vez que demandará insumos y servicios para su funcionamiento.

En el ámbito externo las perspectivas del mercado petrolero se caracterizan por exceso de capacidad de producción, signo que puede perdurar hasta mediados de la próxima década, con su consecuente desequilibrio estructural y presión sobre los precios. El sector mantendrá una política internacional de negociación y concertación con los principales países productores y consumidores, para colocar su plataforma de exportación y apoyar la captación de divisas que contribuyan al fortalecimiento de las finanzas públicas.

En el ámbito interno se buscará romper discontinuidades y rigidez e incrementar la eficiencia y productividad en la producción, generación, transformación y comercialización de los energéticos para elevar la calidad de los productos y los servicios, abatir costos, consolidar la integración del propio sector y racionalizar la demanda de energía.

Para 1989, dentro del marco señalado, la Inversión permitirá, en el contexto de recursos financieros limitados, dar prioridad a la conservación y mantenimiento, alcanzar una producción suficiente para cubrir la demanda interna y cumplir compromisos de exportación. Se buscará incrementar la productividad y eficiencia de la planta industrial energética, a fin de que se incremente el ahorro interno y se reorienten recursos para la inversión.

Para el logro de las acciones anteriores, se propone un presupuesto para el sector energético de 21,540.1 mil millones de pesos.

Petróleo

En 1989, la rama de los hidrocarburos se orientará a mantener los niveles actuales de producción de petróleo crudo y gas natural y de elaboración de petrolíferos, y petroquímicos a fin de satisfacer la demanda interna y y generar excedentes para exportación. Se desarrollarán acciones que permitan atender con eficiencia los requerimientos del corto y mediano plazo.

La estrategia petrolera permitirá consolidar el funcionamiento de la planta industrial. En el contexto de recursos escasos, se centrará en la ejecución de un programa de conservación y mantenimiento, así como de obras y proyectos que permita márgenes de maniobra en la infraestructura de producción, almacenamiento, distribución, proceso y transporte, en congruencia con las necesidades del mercado nacional y las políticas de exportación de hidrocarburos.

Con el reforzamiento de los mecanismos de coordinación entre los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y productores independientes, las acciones previstas propiciarán la recuperación y estabilidad del mercado internacional del crudo. En este contexto, se proseguirá con una política petrolera internacional activa y responsable, basada en el diálogo y la concertación sin detrimento de los intereses nacionales.

Las metas operativas para el ejercicio 1989, será la producción de 2 488 MBD de petróleo crudo, con lo que podrá satisfacer los requerimientos nacionales y colocar en el mercado externo, un volumen promedio de 1 250 MBD de crudo; la producción de 3 406 MMPCD de gas natural que se destinarán a satisfacer los requerimientos nacionales. Igualmente se exportarán excedentes de petrolíferos por 30.4 MBD netos y 627 MTA de petroquímicos; y se comercializará un volumen de 1 233.3 MBD de productos petrolíferos; 6 115.0 MTA de petroquímicos y 1 049 MMPCD de gas natural.

En el suministro de los productos se atenderá con eficacia la demanda nacional y se minimizarán costos, con apoyo en una infraestructura de comercialización suficiente para el abasto. La estrategia comercial estará enfocada a inducir el cambio ordenado hacia un consumo Más racional de los hidrocarburos.

En el programa de inversiones, el monto destinado a la producción primaria se distribuirá principalmente a las actividades exploratorias, de explotación de conducción y almacenamiento. Se continuará la construcción de obras para el manejo de la producción, entre los que destacan plataformas marinas, baterías de superación y ductos. Otras prioridades serán las adquisiciones y el mantenimiento capitalizable y la investigación y desarrollo. Igualmente se intensificarán los trabajos para el desarrollo de campos marinos en la sonda de Campeche y terrestres en la zona sureste, a fin de conservar los niveles actuales de los yacimientos y reservas de producción de crudo y gas que registran una declaración natural del 12.0% anual.

En transformación industrial, se avanzará en la consolidación del funcionamiento de las instalaciones existentes procurando ampliar los márgenes de maniobra para que, junto con los esfuerzos de racionalización del consumo interno, hagan posible las exportaciones netas de petrolíferos. Se continuará con la reestructuración de las refinerías para alcanzar mejor rendimiento por unidad de inversión, calidad de productos y porcentajes de crudo pesado para procesar.

Seguirá dándose prioridad a la producción de petroquímicos básicos para la industria secundaria. Para ello, se consolidará la eficiencia en las instalaciones y se avanzará en la integración del Complejo Petroquímico Morelos.

En el área comercial se proseguirán las obras de modernización e infraestructura portuaria, así como la construcción de ductos y se continuará el avance en las obras del proyecto petrolero del Pacifico para lograr el suministro eficiente de energéticos y petroquímicos básicos en ese litoral.

Electricidad.

La rama eléctrica ha mantenido un crecimiento constante superior al producto interno bruto, lo que la obligó a efectuar un esfuerzo redoblado en infraestructura para suministrar electricidad suficiente para cubrir las necesidades nacionales del aparato productivo y del bienestar social, que demanda un incremento del 5.4% anual en promedio en la generación de energía eléctrica y en las ventas.

En ese tenor, el gasto público en esta rama ha venido apoyando una mayor eficiencia en el uso de combustibles y en la disponibilidad de las centrales generadoras, así como el incremento de la productividad de la fuerza de trabajo y el saneamiento financiero de la industria.

La respuesta que se dio al fuerte incremento en la infraestructura eléctrica, aunada a una política de tarifas fijas entre 1960 y 1982, se tradujo en un elevado endeudamiento, que fue afrontado con un programa de cambio estructural que incluyó la asunción del 81.0% de los pasivos de la Comisión Federal de Electricidad y la aplicación de una estrategia para nivelar precios - costos, propósitos en que se avanzó hasta alcanzar una relación de 0.74 a finales de 1988.

Para consolidar lo alcanzado y avanzar en los propósitos de cambio estructural, en 1989 las acciones deberán orientarse a satisfacer una demanda que crece el 5.9% en función de 1988

Para ese fin, deberán profundizarse los cambios estructurales que permitan allegarse mayores disponibilidades de recursos para complementar las inversiones que posibiliten atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, con apoyo en mecanismos que induzcan a captar recursos para cogeneración y apoyo indirecto a la creación de nueva infraestructura eléctrica.

El subsector producirá 107 mil 132 GWH, superior en 5.4% a los de 1988 y comercializará 88 mil 496 para hacer frente a un crecimiento de la demanda interna del 5.9%. La oferta de energía necesaria para el funcionamiento y expansión del aparato productivo contribuirá al proceso de desarrollo nacional y estimulará la demanda de bienes de capital e insumos industriales y de servicios necesarios para el subsector eléctrico.

La inversión permitirá incorporar en 1989 a la operación comercial 318 megawatts (MW), provenientes del geotérmico Boca Pozo, Los Azufres y de los termoeléctricos, Libertad en sonora y Valladolid en Yucatán. Al finalizar 1989, la industria eléctrica dispondrá de una capacidad total de 25 mil 305 MW, lo que significa 1.3% más que en 1988.

Se continuará la construcción de la hidroeléctrica Agua Prieta, jalisco, la carboeléctrica Carbón II en Coahuila, la segunda unidad de nucleoeléctrica Laguna Verde y las de Termoeléctricas en Tuxpan y los De Rosarito II, Baja California.

Adicionalmente, se continuarán ejecutando programas de conservación y mantenimiento de centrales termoeléctricas, a fin de sostener el 76.0% de disponibilidad en este tipo de plantas y apoyar la capacidad de subestaciones y líneas de operación.

Turismo

Con el fin de consolidar su papel estratégico en el desarrollo económico del país, la política de gasto del sector de turismo se ha propuesto elevar la captación de divisas, la generación de empleo y el desarrollo regional, así como mantener alternativas sociales de recreación para la población, promoviendo un uso más intensivo de la capacidad instalada, la consolidación de los centros integralmente planeados, y el fomento de la oferta turística mediante campañas adecuadas de publicidad.

Para apoyar esa política, en 1989, se enfatizarán los esfuerzos de promoción, publicidad y relaciones públicas en el extranjero, a fin de contribuir a una captación de divisas. Igualmente se reforzará la vigilancia para el cumplimiento de precios y tarifas, de manera tal que sean atractivos a los visitantes y se contribuya a la lucha contra la inflación.

Se apoyará también el programa de reposición de radio patrullas mediante la adquisición de 15 vehículos de auxilio turístico Angeles Verdes, cuyo parque vehicular asciende a 318 unidades; para fortalecer la prestación de este servicio se promoverán esquemas para que los sectores social y privado lo apoyen.

En materia de saneamiento y fortalecimiento de la finanzas públicas, el sector mantendrá su estricto control y disciplina en el ejercicio del gasto, procurando orientar la inversión pública hacia proyectos estratégicos, con mayor capacidad de generación de empleos, de promoción de la actividad de los particulares y de apoyo a la descentralización de la vida nacional.

Con el fin de abatir el esfuerzo financiero del Estado en el crecimiento y diversificación de los desarrollos turísticos integralmente planeados, cuya etapa inicial ya está consolidada, se promoverán inversiones privadas en obras complementarias de infraestructura y oferta adicional, sujetas al diseño, supervisión y control de Fonatur.

En función de las prioridades nacionales, las principales metas y líneas de acción del sector para 1989 son:

Mantener el empleo en el sector, estimado en 1.8 millones de personas y generar 21 mil nuevos empleos permanentes; 6 mil directos y 15 mil indirectos.

Reforzar las campañas de promoción, publicidad y relaciones públicas, en el ámbito internacional, a través de nuevos sistemas de comercialización que tengan un mayor impacto en los mercados externos que ya se consolidaron y permitan ampliar los de carácter potencial.

Recibir a 6.5 millones de turistas procedentes del exterior, para captar 3 mil millones de dólares y lograr un saldo positivo de 1 mil 900 millones de dólares en la balanza turística.

Incrementar a 36 millones de personas la corriente de viajeros nacionales que demandan alojamiento hotelero.

Promover la participación de inversionistas privados en la realización de infraestructura turística y urbana, a través de los créditos que otorgará Fonatur.

Apoyar el desarrollo de la oferta hotelera con la construcción de 5 mil cuartos nuevos.

El programa de inversión para 1989 está constituido por los desarrollos turísticos integrales con horizonte de planeación en el mediano y largo plazos, en Cancún, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; Los Cabos, Baja California Sur; Loreto Nopoló - Puerto Escondido, Baja California Sur, y Bahías de Huatulco, Oaxaca.

Uno de los centros turísticos que han cobrado mayor importancia por su aceptación entre los inversionistas privados y su capacidad potencial de oferta y demanda hotelera es el de Bahías de Huatulco en Oaxaca.

Con la puesta en operación del aeropuerto internacional y la de 1 mil 313 cuartos de hotel, este desarrollo inició su etapa preoperativa, de acuerdo a lo previsto en el programa sectorial de mediano plazo; se estima una afluencia anual de 80 mil turistas y una población permanente de 13 mil habitantes.

Para 1989, Fonatur promoverá inversiones privadas sustentadas en crédito para dar inicio a la segunda etapa de las obras de infraestructura turística y urbana, que comprende electrificación, plantas de tratamiento de aguas potable y residuales, pavimentación de caminos de acceso y terminación del aeropuerto internacional.

Asimismo se continuará con la tarea de establecer nuevos centros que promuevan el empleo y el desarrollo regional a través de la urbanización que genera la actividad turística, promoviendo inversiones privadas para apoyar la realización de obras físicas de equipamiento, urbanización e infraestructura en Cancún, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; Loreto y San José del Cabo, Baja California Sur.

para el logro de esas metas, el presupuesto propuesto para el ejercicio 1989, asignado al sector asciende a 110.5 mil millones de pesos.

Administración

Para 1989 las acciones de este sector apoyarán, en las materias competencia de cada una de las dependencias que lo integran, la política de modernización integral del país, el fortalecimiento de la vida democrática y defensa de la soberanía nacional, así como el impulso de la recuperación paulatina de la actividad económica.

Para una mayor eficacia y eficiencia de sus propósitos y para lograr un mejor uso de los recursos disponibles, se impulsará la modernización, simplificación, racionalización y descentralización de normas, procesos y estructuras administrativas.

El proyecto de presupuesto para este sector asciende a 7,287.0 mil millones de pesos.

Presidencia de la República

El presupuesto para 1989, está orientado a fortalecer la eficiencia de las funciones de coordinación de actividades presidenciales y de asesoramiento al ciudadano presidente de la república en materia técnica, jurídica, económica y administrativa mediante la intensificación de las acciones de racionalización de sus recursos financieros, materiales, técnicos y humanos asignados.

Asimismo se dará especial énfasis a las acciones pendientes a mantener informada a la opinión pública sobre las actividades del ciudadano Presidente de la República; así como de reglamentos, acuerdos y resoluciones presidenciales; a la atención de las peticiones, quejas y sugerencias de la ciudadanía; y al seguimiento de los acuerdos tomados en los gabinetes e instancias de coordinación que apoyan la toma de decisiones.

El programa de inversiones se orienta a la adquisición de refacciones y accesorios mayores para el mantenimiento de las aeronaves presidenciales y del equipo de defensa y seguridad pública.

Gobernación

La estrategia de gasto de la Secretaría de Gobernación, como responsable de la política interna del Estado Mexicano, se orienta al aseguramiento irrestricto de las garantías individuales y a la consolidación de la democratización integral y al pluralismo político, cuyo resultados más recientes son la renovación política electoral y el sistema de representación ciudadana para el Distrito Federal. Igualmente, apoya el fortalecimiento del sistema penitenciario regenerador; el impulso de las políticas de comunicación social y demográfica, así como a la consolidación de mecanismos de protección a la ciudadanía ante la eventualidad de desastres.

Para esos propósitos durante 1989 se promoverá el fortalecimiento de los instrumentos de fomento al desarrollo político, con especial énfasis en el mejoramiento de la organización y legalidad de los procesos electorales y se coordinarán las acciones necesarias para mejorar en todo el país los servicios de seguridad pública.

Habrá un incremento especial al gasto del sector debido fundamentalmente a la atención del aspecto de seguridad, destacando la puesta en operación de un reclusorio federal de alta seguridad en el estado de México y la construcción de cuatro más en los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco y Veracruz.

Asimismo, se impulsará el uso eficiente de los medios oficiales de comunicación social para que satisfaga las necesidades de la población en materia de información, cultura, educación y esparcimiento.

Las principales metas del sector para 1989 serán:

Auxiliar, en un marco de trasparencia y respeto a las voluntades individuales, la celebración de 25 elecciones para gobernadores, diputados locales y ayuntamientos.

Apoyar las actividades de los partidos políticos mediante la asignación del financiamiento público previsto en el Código Federal Electoral.

Construir cuatro reclusorios de alta seguridad e iniciar la operación del reclusorio federal del Estado de México, así como concluir las instalaciones de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional y del Consejo Tutelar para Menores Infractores.

Promover la readaptación y reincorporación de 780 liberados y 5 mil menores infractores y personas que incurrieron en delitos.

En colaboración de las 31 entidades federativas y el Departamento del Distrito Federal, coordinar y evaluar la política de población así como operar el Sistema Nacional de Protección Civil y los 53 subsistemas estatales.

Transmitir 26 mil 958 horas - televisión y 201 mil 280 horas - radio para ofrecer a la población temas de interés social, cultural y de entretenimiento.

Para el ejercicio de 1989, las entidades que integran el subsector papel profundizarán el cambio estructural iniciado en 1987, a través de la ampliación de su capacidad de producción de papel de bagazo y reciclaje de papel desperdicio para la sustitución de importaciones, el abatimiento de costos y la exportación de excedentes.

En el subsector prensa y noticias se promoverán, políticas que en el mediano plazo permitan su autofinanciamiento. Por su parte, el sistema de televisión estatal, Imevisión, se consolidará a través de la instalación de repetidoras de sus redes nacionales en la frontera norte del país y en todo el sector se profundizara el proceso de racionalización de entidades cinematográficas, radiofónicas y televisoras.

Relaciones Exteriores

En un marco de soberanía e independencia la política exterior del gobierno mexicano tiene como propósito fundamental impulsar y defender los intereses y principios básicos nacionales.

En función de lo anterior la política de gasto continuará apoyando el mantenimiento en los foros internacionales, de las tesis de libre autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, promoción del desarme, protección de los derechos internacionales, no intervención en asuntos internos, solución pacífica de las controversias e igualdad jurídica de los estados.

Igualmente, se continuará apoyando la integración latinoamericana, así como la búsqueda de una cabal y justa solución a la deuda latinoamericana, mediante la participación en el llamado "Grupo de los Ocho": Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y México.

Entre las acciones más importantes a desarrollarse, destaca la intensificación del programa de protección a mexicanos en el extranjero para auxiliar a los connacionales en sus relaciones con las autoridades y población externa, para vigilar que sean respetados sus derechos humanos.

Las medidas de racionalización del gasto en el exterior que en los últimos años permitieron abatir el gasto de las representaciones externas y el de las cuotas conforme a tratados, continuarán coadyuvando a orientar los ahorros que se obtengan a la atención de incrementos ineludibles de las aportaciones a los organismos internacionales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores atenderá fundamentalmente las cuotas conforme a tratados que garantizan nuestra participación en la promoción del desarme, la protección de los derechos humanos y la cooperación internacional. Otras dependencias, por su parte, se harán cargo de las cuotas en organismos internacionales relacionadas con su campo de acción, a fin de dar una mayor transparencia al gasto y promover un mayor esfuerzo de racionalización.

Procuraduría General de la República

La voluntad política de alentar el proceso de la modernización del país tiene como punto de partida y método de trabajo, nuestro régimen de derecho.

La Procuraduría General de la República, en el ámbito de su competencia, recoge en su propósito general los preceptos que se consagran en la Carta Magna: la prestación de un servicio digno, eficiente y honorable de procuración de justicia para fortalecer el sistema normativo nacional y asegurar el acceso de individuos y sectores sociales a la justicia y legalidad constitucionales.

Para 1989, se apoyará la modernización del sistema de procuración e impartición de justicia mediante la revisión exhaustiva del orden jurídico, en el ámbito reglamentario y secundario que ya no corresponde al texto constitucional y la proposición de las reformas que sean pertinentes. Asimismo, se ampliará la cobertura geográfica del servicio del ministerio público federal, a través del ministerio público itinerante que atenderá a más de 245 poblaciones donde todavía no resulta necesario la radicación de una agencia permanente.

Por otra parte, se promoverá la elevación de la calidad profesional de quienes intervienen en la procuración de la justicia, mediante la modernización de los sistemas de incorporación y profesionalización en el servicio, así como la simplificación de los procedimientos judiciales y administrativos.

Conforme las circunstancias del fenómeno lo exijan, se fortalecerán sustancialmente las acciones preventivas y correctivas de la campaña permanente contra el narcotráfico y la farmacodependencia . Se creará, al efecto, la Subprocuraduría para el Combate al Narcotráfico, a la que se dotará de recursos suficientes para el desempeño de su encomienda.

En función de los objetivos planteados, las principales metas del sector para 1989 serán:

Ampliación de la corbetura geográfica del servicio del ministerio público itinerante.

Construcción de instalaciones para tres delegaciones de circuito en el interior del país.

Reposición de 100 patrullas de la Policía Judicial Federal y equipo de seguridad pública.

Construcción de tres hangares y plataformas en lugares de difícil accesibilidad para la flota aérea que participa en la campaña contra el narcotráfico, a fin de incrementar su eficiencia operativa.

Apoyo al Instituto Nacional de Ciencias Penales para la capacitación del personal que participa en la procuración e impartición de la justicia.

Defensa Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional realiza acciones dirigidas a proteger la integridad territorial, la independencia y la soberanía nacional, así como los recursos naturales y las instalaciones estratégicas del país. Asimismo, lleva a cabo acciones de alto contendió social tales como las relativas a la atención a la población en casos de desastre y de apoyo a campañas de reforestación, fitosanitarias y de alfabetización.

Para 1989 se fortalecerán las acciones de combate al cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes, modernización del ejército y fuerza aérea, así como aquellas tendientes a elevar el nivel profesional de todos sus elementos. Para reducir gradualmente la dependencia del exterior en ingenios militares, equipos y municiones, se promoverá la plena utilización de la capacidad de la industria militar.

El programa de inversiones está orientado a la modernización de equipo, armamento e instalaciones, a fin de disponer de elementos para coadyuvar al reforzamiento de la seguridad nacional.

Las metas para 1989, incluye la remodelación y equipamiento de diversas instalaciones militares (zonas militares, hospitales, fábricas, instalaciones meteorológicas y escuelas de enseñanza militar superior); así como dos torres aerotransportables para fortalecer las operaciones militares de la fuerza aérea y del equipo de radiocomunicación que se destinó a la modernización de las brigadas de transmisiones militares.

Marina

La Secretaría de Marina tiene como responsabilidad garantizar la independencia y soberanía de la nación, mediante la vigilancia de las costas, mares e islas nacionales, así como el auxilio a las poblaciones y zonas costeras en casos de desastre.

En apoyo a esos propósitos, la secretaría de marina centrará sus acciones en la vigilancia de los recursos marítimos del país mediante una eficaz de las unidades navales de superficie, aéreas y terrestres en el mar territorial, zona económica exclusiva y faja costera nacional.

Las metas para 1989 contemplan la vigilancia de 155 mil millones de millas náuticas cuadradas en el mar territorial y zona económica exclusiva y 5.1 millones de kilómetros cuadrados en la faja costera nacional la formación y capacitación de 3 mil 300 elementos de la armada, así como el desarrollo de la industria naval militar y la investigación oceanográfica. Otras prioridades serán las acciones para la prevención y control de la contaminación marina causada por derrames de hidrocarburos y otras sustancias; participación en el programa de protección civil, para brindar auxilio a la población en casos de desastre; y el apoyo a los planes y acciones dirigidos a combatir el tráfico ilegal de armas y estupefacientes.

En programa de inversiones para 1989 destaca la terminación de dos guardacostas clase "Águila".

Hacienda y Crédito Público

La estrategia sectorial para 1989, busca: consolidar el abatimiento de la inflación e impedir su resurgimiento; recuperar el crecimiento moderado de la actividad económica; fortalecer las finanzas públicas; defender el nivel de empleo, creando nuevas y mejores fuentes de trabajo y ampliar gradualmente el poder de compra de la población.

La política de financiamiento del desarrollo se orientará a fortalecer el ahorro interno; a modernizar el sistema financiero mexicano; a canalizar eficiente y equitativamente los recursos financieros de acuerdo con las prioridades nacionales, así como a reorientar las relaciones económicas con el exterior.

En materia fiscal se avanzara en la instrumentación de las adecuaciones introducidas en 1987 y 1988; se fortalecerá la cruzada contra la evasión y elusión fiscal y se intensificarán las acciones de fiscalización para ampliar la base de captación y agilizar el cumplimiento de las obligaciones.

La política de precios y tarifas del sector público se orientará a identificar mecanismos que propicien la eficiencia productiva; la de instrumentos de captación y tasas de interés, ofrecer al ahorrador rendimientos reales positivos y que amplíen la base global del ahorro financiero. El crédito de la banca de fomento se destinará primordialmente hacia las actividades y regiones primordialmente hacia las actividades y regiones prioritarias: se racionalizarán subsidios financieros implícitos, y se promoverá la modernización de este tipo de banca.

Respecto de la banca múltiple, se promoverá su participación activa en la canalización de crédito a las actividades productivas, con una derrama crediticia que responda a criterios de rentabilidad, tanto de los proyectos como de las instituciones financieras.

Para 1989, se propiciará fortalecer la intermediación financiera no bancaria, buscando su modernización y un desarrollo más equilibrado del sistema financiero en su conjunto.

La capacidad financiera de los municipios se verá reforzada mediante diversos apoyos económicos a programas específicos y se subrayarán los aspectos regionales de la política fiscal, a fin de coadyuvar a una mejor distribución de recursos fiscales entre la Federación, los estados y sus municipios y así fortalecer las haciendas públicas de estos últimos.

La política de estímulos fiscales promoverá de manera selectiva la inversión; fomentará el desarrollo social y regional, atendiendo a mínimos de bienestar; y fortalecerá el sector externo, generando nuevos empleos permanentes y productivos. Los estímulos fiscales seguirán con criterios de austeridad, selectividad, transparencia, automaticidad, condicionalidad, congruencia y simplicidad.

Para incrementar la recaudación y la capacidad de respuesta de los procedimientos de comercio exterior, el programa de inversión para 1989, apoyará la primera etapa del programa de modernización del sistema aduanero, a través de la instalación de equipo de cómputo.

Contraloría General de la Federación

Para el ejercicio 1989, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, tiene como objetivos fundamentales proseguir con las acciones encomendadas a la renovación moral de la sociedad y continuar con la aplicación de los esquemas de control de las medidas de austeridad, racionalidad y honestidad en el gasto público, coadyuvando a cumplir los propósitos nacionales de abatir la inflación y lograr el equilibrio en las finanzas públicas.

Para alcanzar estos objetivos se establece como estrategia: consolidar y perfeccionar el sistema de control y evaluación gubernamental en toda la administración pública federal y apoyar a las entidades federativas, así como a los municipios para que en sus ámbitos de competencia, regulen el uso y aplicación de sus respectivos recursos.

Se intensificará la fiscalización de concursos y contratos de obra pública y del avance físico financiero de las obras federales, evitando desviaciones en cuanto a costo, tiempo y calidad.

Serán de primordial importancia las labores que se desarrollan en materia de simplificación administrativa para eliminar actividades de poco significado de las que depende una gran actividad burocrática, contribuyendo a liberar recursos para su asignación a actividades prioritarias.

Para ello se definen como metas sustantivas la realización de 1 mil 408 auditorías a dependencias y entidades, la revisión de 450 programas de auditoría de los órganos internos de control, así como la realización de 3 mil fiscalizaciones de programas y proyectos de inversión a nivel nacional.

Programación y Presupuesto

La política de gasto para 1989, apoyará el abatimiento de la inflación en un contexto de recuperación paulatina de la actividad económica, una estricta racionalización, control y disciplina presupuestales, la atención de las prioridades sociales y la consolidación del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

En materia de planeación se llevará a cabo la readecuación de las prioridades nacionales a través de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y los programas nacionales de mediano plazo. Asimismo, se fortalecerán los sistemas municipales y estatales de planeación, en atención a las demandas y requerimientos de los diversos grupos sociales.

Con relación a la programación - presupuestación, se fortalecerán los mecanismos de ejecución y seguimiento del gasto público para apoyar la oportuna autorización y registro presupuestal, a través de la permanente vinculación y compatibilización de los objetivos y prioridades del plan, con los programas de mediano plazo y anuales.

Igualmente se apoyará la ejecución de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público, contempladas en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En la ejecución del gasto público se integrarán y evaluarán los paquetes de proyectos de inversión estratégicos y de desarrollo regional, procurando elevar la eficiencia y rentabilidad de la inversión pública y dar preferencia a proyectos prioritarios.

Por primera vez, se procederá a la formulación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1988, con el apoyo del Sistema Integral de Información de Ingresos y Gastos del Sector público y el de Contabilidad Gubernamental, que recientemente fueron consolidados.

Por otra parte, se continuarán los procesos de la desincorporación del sector paraestatal de aquellas empresas públicas que no son estratégicas ni prioritarias. Paralelamente se promoverá el saneamiento financiero y la modernización de la empresa pública. Asimismo se profundizarán las acciones de simplificación y actualización de los procedimientos administrativos, de acuerdo con las necesidades actuales.

En materia de descentralización y desconcentración, se fortalecerán el diseño e instrumentación de los elementos necesarios para conducir esos procesos con orden y racionalidad, intensificando y ampliando a la vez la desconcentración territorial de la administración pública federal.

Respecto a la política de información nacional, la Secretaría desarrollará acciones encaminadas a proporcionar las estadísticas y servicios informáticos que demandan los sectores público, privado y social. Asimismo se levantarán los censos económicos 1989 y se preparará el XI Censo General de Población y Vivienda 1990.

Las acciones en el rubro de ciencia y tecnología se encaminarán a fomentar la formación de recursos humanos de alto nivel de especialización académica, mediante un programa nacional controlado de becas y el fortalecimiento del sistema de posgrado nacional, canalizando recursos a diversas instituciones docentes y centros de investigación, principalmente aquéllas ubicadas en el interior de la República, a fin de vincular la investigación científica y el desarrollo tecnológico con el aparato productivo del país.

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS

Inversión pública

Acorde con la política económica del régimen de gobierno que se inicia, la inversión pública incorporará fundamentalmente proyectos de alta prioridad social y económica, con el propósito de obtener una reorientación de las obras y proyectos, de tal forma que la recuperación gradual de la actividad económica dependa más de su composición y eficiencia que de su monto, buscando siempre multiplicar su impacto económico y social.

En este proyecto de presupuesto la inversión pública asciende a 15,439.7 mil millones de pesos, de los cuales la inversión del gobierno federal asciende a 6,362.8 mil millones de pesos y la de los organismos y empresas a 9,076.9 mil millones de pesos. Este monto de inversión pública crece en nominal en 3.0% respecto a la estimada para 1988.

En virtud de que el gasto social se realiza fundamentalmente por el gobierno federal, todo el esfuerzo de inversión pública para 1989, se concentra en la inversión directa del sector central, de tal forma que el incremento nominal de 3.0% se distribuye en un crecimiento nominal de 20.0% en el gobierno federal y un decremento de 6.1% en los organismos y empresas.

Dentro de la inversión del gobierno federal, los mayores recursos se canalizan a la inversión que realizan directamente las dependencias en proyectos y obra pública de carácter social. Así, la inversión directa aumenta un 34.6% nominal, lo que en términos reales representa 12.2% de incremento; este importante esfuerzo en la inversión federal se canalizará principalmente a los sectores de desarrollo rural, regional, pesca y abasto.

A nivel sectorial destaca la inversión propuesta para las obras y proyectos descritos a continuación:

Desarrollo social

En el subsector salud y laboral, el programa de inversión asciende a 1,182.2 mil millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 5.5%. Con estos recursos, se llevarán a cabo diversas acciones tendientes a reforzar la operación y capacidad instalada de las unidades de primer nivel, beneficiándose a cinco millones de personas, principalmente en zonas urbanas y rurales deprimidas; destaca la terminación y equipamiento del Hospital Juárez y la continuación de las obras de los hospitales generales de Cuernavaca, Morelos, Puebla, Puebla, y Culiacán, Sinaloa; programándose también la conclusión de los hospitales de Juchitán, Salina Cruz y Valvivieso en Oaxaca.

Se ampliará la cobertura de los servicios de salud con la participación de los sectores social y privado y de los gobiernos estatales en el medio rural, lo que permitirá concluir el equipamiento de 13 hospitales generales y la construcción de 239 unidades de primer nivel. Considerando los requerimientos permanentes de acciones para la conservación y mantenimiento de la infraestructura actual, se atenderán las demandas que en esta materia se determinen para las 4 mil 791 unidades médicas existentes.

Sobresalen las obras especiales de construcción y ampliación de los centros de investigación y enseñanza del sector salud, así como la rehabilitación y equipamiento de los mismos.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social concluirá diversas obras, entre las que destaca el Centro Médico Siglo XXI y los hospitales regionales. El Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, programa la realización de acciones de conservación y mantenimiento, así como la construcción de 108 unidades de medicina familiar y la conclusión de la clínica hospital de Zamora, Michoacán; asimismo, se terminará el centro comercial de Naucalpan.

Para satisfacer la demanda educativa desde el nivel preescolar hasta el superior y de posgrado, se llevará a cabo la construcción, conservación y mantenimiento de espacios educativos, bibliotecas, museos y sitios históricos y para el desarrollo científico y tecnológico.

Dentro de los programas que en este rubro desarrollará el sector trabajo y previsión social, destaca el impulso al proyecto de capacitación obrera para incrementar la mano de obra calificada; así como el equipamiento de los centros de capacitación. En total estos proyectos suman 99.4 mil millones de pesos.

En materia de vivienda se continuará y estrechará la coordinación interinstitucional entre los ámbitos federal, estatal y municipal y se concluirán los programas de reconstrucción de Tlatelolco y el emergente Fase II, así como la construcción y reconstrucción de las viviendas afectadas por el huracán Gilberto; se continuará apoyando al programa de mejoramiento de la vivienda rural en beneficio de 26 mil 400 habitantes y la terminación de 20 mil acciones que comprende a la vivienda progresiva.

Dentro del programa de vivienda del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, se terminarán 6 mil 720 viviendas y se mejorarán 9 mil 952, con lo que se proporcionará vivienda a bajo costo y en condiciones de pago accesibles a los trabajadores al servicio del Estado, y se procurará mantenerlas en buen estado hasta el momento de su adjudicación.

En materia ecológica, las acciones prioritarias se orientarán a la conservación, restauración y mejoramiento del medio ambiente y los recursos naturales. En este contexto, la inversión pública continuará apoyando los sistemas de monitoreo atmosférico, instalaciones de preservación de ecosistemas deteriorados y laboratorios de análisis de calidad del agua, entre otros.

Desarrollo rural

La inversión que se propone para este sector asciende a 1,540.6 mil millones de pesos, monto que representa el 10.0% del total de la inversión pública, la cual se orientará hacia proyectos de modernización del aparato productivo agropecuario que incidirán de manera directa en las prioridades y metas vinculadas con la autosuficiencia alimentaria; la reactivación productiva y la capitalización rural, destacando entre éstos los de desarrollo en áreas de riego y temporal, así como los correspondientes a la conservación y rehabilitación de la infraestructura hidráulica.

En los programas de desarrollo de las áreas de riego se incluye la continuación y consolidación de los proyectos de infraestructura hidroagrícola Elota - Piaxtla, Río Sinaloa - Río San Lorenzo, segunda etapa y Ocoroni en Sinaloa; Andrés Figueroa y Nexpa en Guerrero, así como la terminación de la presa Santiago Bayacora en Durango.

En los programas de áreas de temporal destaca el apoyo que se brindará para el desarrollo de los proyectos San Fernando, Tamaulipas; Ometepec, Guerrero; así como los que corresponden al plan de Chiapas y Proderith.

Respecto a la captación y conducción de agua en bloque, se continuará con el apoyo a los acueductos que conforman la operación del sistema nacional hidráulico, dentro de los que destacan el sistema Cutzamala, sistema regional Linares - Monterrey y el Plan de Acción Inmediata, además de otros que abastecen a ciudades de tamaño mediano y de zonas rurales. Para la ampliación de la capacidad se destinan recursos que permitirán la continuación de la construcción de los acueductos que asegurarán el suministro a Huajuapan de León, Oaxaca; Chihuahua, Chihuahua; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Guadalajara, Jalisco; así como a las poblaciones del medio rural en el desierto del Vizcaíno, entre otros.

En materia agropecuaria y forestal se incluyen diversas obras agrícolas tendientes a habilitar hectáreas al cultivo mediante desmontes y cercos perimetrales, así como acondicionamientos forestales.

En el programa de protección de áreas productivas y cauces federales, destaca la terminación de la presa Cerro de Oro, Oaxaca, destinada a la protección contra azolves e inundaciones.

Programa de Solidaridad Social

Para impulsar la capacidad económica y el desarrollo regional, los estados y municipios seguirán contando con el apoyo federal para llevar a cabo los programas de inversión que atiendan la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud; fortalezcan los servicios de agua potable y alcantarillado; la modernización de las comunicaciones y transportes y los sistemas de seguridad pública, abasto y comercialización; todo ello tenderá a satisfacer las necesidades sociales y el fortalecimiento de la base productiva de las diversas regiones del país. Para llevar a cabo los proyectos que esto significa, se propone asignar un monto de 1,514.8 mil millones de pesos, que significan un incremento de 34.5% sobre lo ejercido en 1988.

Para propiciar el desarrollo equilibrado de los estados y municipios, el apoyo a la dotación de servicios públicos se vinculará a las políticas de planeación y ordenación urbana con una tendencia descentralizadora. De esta manera, se propiciará el mantenimiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en los puertos de Altamira, Puerto Vallarta y Acapulco y se mantendrán las acciones para conservar, preservar y dar nuevo uso al patrimonio inmobiliario, histórico y cultural.

En la ciudad de México se continuará incrementando la red de los sistemas de transporte colectivo, metro y tren ligero; la ampliación en el abastecimiento y conservación del sistema de agua potable; y el programa de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas negras, que comprende la continuación del sistema primario y secundario del drenaje profundo y semiprofundo.

Comunicaciones y transportes

En el sector comunicaciones y transportes, se continuará con el desarrollo de obras prioritarias en las distintas vías de comunicación que apoyen la descentralización de la vida nacional, así como el desplazamiento de personas y de bienes y servicios. El programa de inversiones en este sector asciende a 2,349.4 mil millones de pesos, el 15.2% del total.

En el subsector carretero se asigna la mayor prioridad a la conservación y reconstrucción de los tramos críticos de la red carretera nacional, principalmente a las zonas dañadas por los huracanes Gilberto y Cristina. También destaca la ampliación y modernización de 70 kilómetros de carreteras en los tramos: Guadalajara - Colima; México - Toluca; Puebla - Orizaba; Querétaro - Irapuato; Amacuzac - Taxco y Guadalajara - Zapotlanejo; la terminación del puente Tampico y sus accesos y el puente canal en la vía México - Puebla; así como la reconstrucción de 86 kilómetros de pavimento en la red carretera de cuota, caminos directos y puentes de la red, reforzamiento de diez puentes de cuota; conservación de 1 mil 763 kilómetros de carreteras troncales y de 34 puentes de cuota y el mantenimiento de la capacidad instalada de maquinaria y equipo para la prestación de servicios y de auxilio.

El subsector ferroviario realizará acciones tendientes a la rehabilitación de 300 kilómetros de vías con riel nuevo; 190 kilómetros con riel de recobro; la adquisición de 37 mil toneladas de riel; se continuará la modernización del servicio de pasajeros y de carga mediante la compra de 150 cajas contenedor de carga y 30 de pasajeros; la reconstrucción de 50 locomotoras, 20 coches de pasajeros; y 132 carros de carga; asimismo, se llevarán a cabo acciones de conservación, ampliación, rehabilitación y reforzamiento de instalaciones en 50 puentes ferroviarios, patios y terminales, talleres y edificios, sistemas de radiocomunicación, sistemas de señales, vías principales, maquinaria de vía, señalamientos en cruceros a nivel y la aplicación de 900 mil metros cúbicos de balasto y colocación de 800 mil durmientes de madera y concreto.

El programa de infraestructura marítimo - portuaria contempla la construcción del muelle y terminal en Puerto Progreso, Yucatán; se continuarán las ampliaciones en los puertos de Manzanillo, Colima; Altamira, Tamaulipas, y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Asimismo, se intensificarán las acciones de conservación y modernización de las instalaciones portuarias en Ensenada, Baja California; Guaymas, Sonora; Salina Cruz, Oaxaca, y Tampico, Tamaulipas.

A fin de lograr mayor eficiencia en la operación de los aeropuertos que integran la red básica del país y proporcionar los servicios a pasajeros, se prevé la modernización y ampliación de nueve pistas y plataformas y acciones de conservación en las instalaciones aeroportuarias, así como la adquisición de maquinaria y equipo de los 58 aeropuertos del país.

En el área de comunicaciones se continuará a bajo ritmo la digitalización de la red de microondas, se ampliará la capacidad de conducción de señales vía satélite mediante la adquisición de ocho estaciones terrenas y la rehabilitación de 150 ya existentes; también se iniciará el proyecto de asignación y control computarizado de frecuencias redioeléctricas.

Industrial

En el sector industrial, se continuará apoyando a los proyectos estratégicos que inciden en la modernización y reconversión de la planta industrial tendiente a la autosuficiencia de productos básicos y al fomento de la producción y exportación de productos no petroleros.

En este contexto, se propone una inversión de 1,026.2 mil millones de pesos, que representan el 6.6% del total; con ello, se garantizará a nivel de rama industrial el logro de las metas sustantivas.

Entre las inversiones que se destinan al subsector minero destaca la de Carbón II, cuyo propósito se orienta al desarrollo de obras mineras para lograr una producción anual de 2.5 millones de toneladas de carbón térmico; asimismo, se tiene programada la modernización de la terminal de carga y descarga de azufre en Coatzacoalcos, Veracruz.

En la rama siderúrgica, el programa de inversiones imprimirá un ritmo moderado al proyecto Sicartsa II para avanzar 5.0% en 1989 y lograr un avance global del 84.0%. Este proyecto fungirá como pivote del cambio tecnológico; mejorará la rentabilidad de la industria siderúrgica paraestatal en su conjunto y permitirá alcanzar elevados niveles de productividad y eficiencia. Igualmente, se destinarán recursos para iniciar el programa de modernización y continuar los programas de rehabilitación, mantenimiento y protección de la capacidad instalada en todas las plantas, que permita su adecuado funcionamiento para abastecer la demanda interna de productos siderúrgicos y conservar los niveles de exportación, a la vez que reducir y sustituir las importaciones de insumos y refacciones.

Dentro del nuevo esquema de integración de la industria azucarera, se destinarán recursos para continuar con el programa de ahorro y uso eficiente de energía, así como los programas de investigación agrícola y operación administrativa, y los de comercialización interna y externa. Para ello se intensificará el desarrollo de programas de modernización, prevención y mantenimiento de las plantas paraestatales y se promoverá la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, definiendo las bases científicas y tecnológicas que permitan, por un lado, establecer y obtener volúmenes adecuados de producción y por el otro, la diversificación de esta industria.

En fertilizantes se avanzará en la construcción de proyectos prioritarios y con alto grado de ejecución físico - financiero, entre los que destacan: el complejo de nitrogenados en Coatzacoalcos, Veracruz, con capacidad de 479 mil toneladas anuales, que tendrán un avance acumulado a finales de 1989 del 61.0%; la planta de urea en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con capacidad de 495 mil toneladas - año que logrará un avance acumulado del 25.0%. Esas nuevas instalaciones se concluirán en 1991 y 1992, respectivamente. Asimismo, se fortalecerá la infraestructura de almacenamiento y comercialización.

En el subsector de construcción de carros de ferrocarril, la inversión atenderá las demandas del tren ligero articulado para las ciudades de Guadalajara y Monterrey y el metro con ruedas de acero para el Distrito Federal. Se considerarán las necesidades de los ferrocarriles nacionales a través de la fabricación de coches pasajeros primera, regular y equipo de carga y de la rehabilitación de locomotoras.

En cuanto a la industria naval, se estima terminar en Veracruz dos buques tanque de 45 mil TPM para Petróleos Mexicanos; iniciar la construcción de dos buques tanque de 10 mil TPM para Navimin; 11 barcos arrastreros y dos barcazas para exportación. En Mazatlán, se construirán nueve remolcadores: cuatro para Petróleos Mexicanos, tres para la Comisión Coordinadora de Puertos, y dos para Transportadora de Sal.

Energético

El sector energético constituye una de las áreas estratégicas de la economía nacional por ser el principal soporte en la ministración de la energía necesaria para el funcionamiento y expansión del aparato productivo y para el bienestar social. Por ello, se propone un programa de inversiones que asciende a 6,477.4 mil millones de pesos, lo que representa el 42.0% del total.

Para satisfacer y garantizar la demanda de hidrocarburos, las prioridades en inversión física para 1989, se ubican en la realización de acciones de conservación y mantenimiento de las instalaciones y equipos, así como a las de obras y proyectos que permitirán márgenes de maniobra en la infraestructura de producción, almacenamiento, distribución, proceso y transporte.

Se continuarán las actividades exploratorias de explotación, conducción y almacenamiento; por lo que se proseguirá con la construcción de obras para el manejo de la producción, entre las que destacan la perforación de 54 pozos, 23 plataformas marinas, y la consolidación y mantenimiento del sistema de ductos, para unir los centros de producción con los de distribución. Igualmente se intensificarán los trabajos para el desarrollo de campos marinos en Chiapas, Tabasco y la sonda de Campeche.

Seguirá dándose prioridad a la producción de petroquímicos básicos para la industria secundaria; para ello, se consolidará la eficiencia en las instalaciones y se avanzará tanto en las obras de refinería de Cadereyta como en la terminación en esa misma entidad y en Salina Cruz, Oaxaca, de las fraccionadoras de propano - propileno y las plantas de la primera etapa del complejo petroquímico Morelos.

En el subsector eléctrico, las prioridades de inversión estarán orientadas a la construcción de centrales generadoras que permitirán incorporar en 1989 a la operación comercial 318 megawatts (Mw), que provienen de la planta geotérmica Boca Pozo, Los Azufres y de las termoeléctricas Libertad en Sonora y Valladolid en Yucatán. Al finalizar 1989, la industria eléctrica dispondrá de una capacidad total de 25 mil 305 Mw, lo que significará 1.3% más que en 1988.

Para aumentar y mantener la capacidad de distribución de energía eléctrica, se construirán 2 mil 588 kilómetros de líneas de transmisión y 37 kilómetros de subtransmisión, con lo que se beneficiará a las zonas que aún carecen de este servicio, atendiéndose a una población de 181 mil 500 habitantes.

Se continuará la construcción de la hidroeléctrica Agua Prieta, Jalisco; la carboeléctrica Carbón II en Río Escondido, Coahuila, la segunda unidad de la nucleoeléctrica Laguna Verde y la termoeléctrica en Tuxpan, Veracruz, y las de Rosarito II, Baja California.

Adicionalmente, se continuarán ejecutando programas de conservación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas a fin de sostener el 76.0% de disponibilidad en este tipo de plantas y apoyar la capacidad de subestaciones y líneas de operación.

Turismo

Dentro del programa de inversiones para 1989 que se lleva a acabo a través del Fondo Nacional de Fomento al turismo, destacan los siguientes proyectos:

En Cancún, Quintana Roo: la conclusión de las obras de reconstrucción de la infraestructura dañada por el huracán Gilberto y la segunda etapa de electrificación.

En Loreto, Baja California Sur: construcción de la red de captación y conducción de agua potable en la marina turística, construcción de vialidad a Punta Nopoló y remodelación de servicios urbanos del poblado.

En los Cabos, Baja California Sur: la terminación del muelle de pesca deportiva, instalaciones náuticas, alumbrado, sistemas de tratamiento de aguas residuales y potable.

En Ixtapa, Guerrero: rehabilitación del paseo Ixtapa, urbanización del paseo Los Pelícanos y continuación de la red de agua potable.

En el proyecto Bahías de Huatulco, Oaxaca: inicio de la segunda etapa de las obras de infraestructura turística y urbana que comprende electrificación, plantas de tratamiento de agua potable y residuales, pavimentación de caminos de acceso y terminación del aeropuerto internacional.

Programa Nacional de Solidaridad

El programa se inscribe dentro de los tres acuerdos propuestos ante la nación el primero de diciembre. Por su alto sentido social, se nutre de la esencia de cada uno de ellos. Tiene su base en el Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo del Bienestar Popular, por ser uno de los temas críticos que será prioridad del gobierno de la República: la erradicación de la pobreza extrema.

Por la estrategia de su realización, basada en una alta participación social en las decisiones, ejecución y evaluación de las acciones a realizar, tendrá un profundo sentido democrático. Por su propósito de promover y propiciar una mejor integración de los grupos empobrecidos a las actividades productivas, será un importante apoyo para la recuperación y estabilidad económica del país.

Con la convocatoria para que todos los sectores sociales se sumen a esta gran jornada de solidaridad, el Estado mexicano asume su responsabilidad ante el deterioro de los niveles de vida de las clases populares y campesinas.

El costo de superar la crisis ha afectado sensiblemente el nivel de quienes menos tienen. Es necesario crecer económicamente para continuar nuestro camino hacia la justicia y la equidad social, pero no se puede esperar este crecimiento para combatir la pobreza extrema de algunos sectores de la población.

El proyecto nacional da sustento al propósito de modernización del país y éste es incompatible con las trabas que encuentran los grupos más desprotegidos para concluir los estudios elementales; con las condiciones que impiden el disfrute de la salud y el acceso a la vivienda, y con las escasas posibilidades de un trabajo digno y seguro, tanto en el campo como en la ciudad.

El crecimiento económico es un requisito indispensable; la inclusión de la economía nacional en el entorno económico internacional es un paso necesario para la modernización de nuestra estructura productiva. Pero ni el crecimiento ni la modernización pueden hacerse al margen y a costa de los grupos más empobrecidos, pues inevitablemente el crecimiento se detendría al depender exclusivamente del exterior ante un paupérrimo mercado interno, y la modernidad se convertiría en un fracaso social si no incorpora a todos los grupos.

El Programa Nacional de Solidaridad se conformará con acciones de efectos inmediatos, que gradualmente permitirán erradicar las condiciones que producen la pobreza extrema. Se reconoce la imposibilidad de acabar en un período de gobierno con el desequilibrio social que aún nos resta liquidar. Pero sí se darán pasos adelante que incidirán en las causas reales de la pobreza.

No se tratará de caer en el esquema de subsidios indiscriminados que perpetúan la iniquidad y debilitan la capacidad para enfrentar la pobreza desde sus orígenes. Lo único que se lograría así sería posponer la integración plena a los procesos económicos, políticos y sociales, para después pagar más cara su participación.

No se desconoce, sin embargo, el carácter cíclico negativo de la pobreza. No es fácil salir por sí mismos de ella; se requiere de un impulso de cambio y de ruptura. Un impulso que debe venir de la sociedad y del Estado. Para el Estado mexicano, dado su carácter revolucionario, constituye una obligación; en el caso de la sociedad, se parte de un alto espíritu solidario que ya ha sido demostrado. De ahí deriva el nombre del programa.

El universo al que se orientará del Programa Nacional de Solidaridad está conformado por los indígenas, los campesinos de escasos recursos y de difíciles condiciones naturales para realizar su trabajo, y por los grupos populares que enfrentan en toda su crudeza los problemas de las grandes aglomeraciones.

Los aspectos en los que se incidirá son: alimentación; vivienda popular; procuración de justicia; apertura y mejoramiento de espacios educativos; electrificación de comunidades; agua potable; infraestructura agropecuaria; salud; reforestación, y proyectos de inversión recuperable tanto en el campo como en la ciudad. En materia de alimentación se comprenden acciones de abasto de productos básicos a bajos precios, suministro de desayunos escolares, instalación de cocinas populares en el medio urbano y en los campos de trabajo de los jornaleros agrícolas; el impulso a la producción de alimentos para la comercialización y de economía familiar de traspatio.

La vivienda digna es una necesidad apremiante de muchas familias mexicanas. Los mecanismos crediticios hasta ahora establecidos dejan al margen a grandes sectores de la población. Se requiere de un enfoque que parta de las posibilidades reales de la familia y que tenga como punto de acuerdo la confianza. Se podrán establecer así, créditos flexibles, baratos y oportunos, que se complementarán con la participación de la gente. La recuperación de los recursos será la base para multiplicar el beneficio a más familias.

En materia de procuración de justicia, a la par de la renovación de los cuerpos de seguridad y del fortalecimiento de los medios con que cuentan los tribunales para la impartición de justicia, se apoyarán fundamentalmente a los indígenas y campesinos en los asuntos legales en que estén implicados. La participación de las instituciones educativas que tienen programas en el área del derecho será fundamental.

La planta educativa nacional requiere ser ampliada y mejorada a fin de crear condiciones adecuadas para la enseñanza. Las deficiencias se encuentran en las zonas rurales y en las urbano populares. La participación de las comunidades y de las organizaciones populares será decisiva para satisfacer esa necesidad. Se podrá de esa manera, no sólo cubrir el déficit y las deficiencias de aulas, planteles y demás espacios educativos, sino también generar empleos temporales que complementen el ingreso de quienes aporten su trabajo.

Los servicios de energía eléctrica y de agua potable constituyen elementos fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de comunidades rurales. La electricidad es una necesidad, porque permitirá impulsar proyectos productivos además de los beneficios que en sí traería. El agua potable, también en algunas áreas urbanas, es un recurso con el que ya deben contar las comunidades de más de 500 personas. ambos aspectos se inscriben en el Programa Nacional de Solidaridad.

El apoyo a la producción agropecuaria se dará mediante el rescate de la obra que está deteriorada o no concluida y con la construcción de pequeñas obras de irrigación y de comunicaciones y de reforestación, con énfasis especial en las regiones semidesérticas del país. El uso de la mano de obra local será la constante en este tipo de obra.

Con los proyectos de inversión recuperable para el medio rural y urbano, se buscará aprovechar las habilidades y los recursos existentes para el establecimiento de pequeñas agroindustrias y de microindustrias. Al mismo tiempo, se establecerán programas de capacitación de oficios, para que se puedan ampliar las posibilidades de trabajo de quienes nada tienen, ni aun una habilidad para integrarse al proceso productivo. El mecanismo de apoyo será a través de créditos rápidos y a bajas tasas de interés.

La procuración de la salud para gente de escasos recursos será una de las tareas inmediatas y una de las preocupaciones permanentes. Se rehabilitarán centros de salud y se incrementarán los existentes. Se buscará asegurar el suministro permanente del cuadro básico de medicinas, mediante la participación de la comunidad en la administración de los centros. Se promoverá una mayor integración de los medios a la comunidad y mejores condiciones para la prestación de los servicios.

Esas son las áreas básicas sobre las que incidirá el programa, áreas que, de surgir otras realidades que deban ser atendidas, no serán limitativas. Es por ello que el programa será elaborado desde abajo, desde cada comunidad indígena, rural o colonia popular. No se trata de ejecutar medidas de carácter general, distorsionando las diferencias de costumbres, de necesidades y del modo de hacer las cosas. Tampoco se trata de esperar la integración de grandes programas que en su sola elaboración absorberían tiempo, pues los grupos pobres populares no pueden esperar más.

En la definición de acciones, de modos de hacerlas y de la forma en que se operen las obras para un real beneficio de la comunidad, sea rural o urbana, el diálogo será el pilar fundamental. Se abre así un espacio democrático más, en el que la gente de escasos recursos podrá decidir y participar en las tareas dirigidas a su propio beneficio.

Diálogo, participación y compromiso, serán las bases para una nueva jornada de la revolución. Es por ello que se ha propuesto como eje conductor de los trabajos del Programa Nacional de Solidaridad a la concertación. La claridad en la definición y ejecución de las acciones, la participación corresponsable, la delimitación de competencias entre lo que corresponde hacer al Estado y lo que le toca a la comunidad, son los postulados que orientarán los trabajos.

Imaginación en el qué hacer y en el cómo hacerlo. Confianza en que cada quien cumplirá su parte con eficacia y honestidad. Flexibilidad para romper las trabas burocráticas que hacen ineficiente el trabajo y diluyen los beneficios. Coordinación entre los tres niveles de gobierno para sumar esfuerzos y eliminar los obstáculos que frenen la integración plena y definitiva a las condiciones de vida que por derecho les corresponden.

Solidaridad social para que los que todo tienen apoyen los esfuerzos de los desposeídos de medios materiales, pero sí poseedores de voluntad para aportar su trabajo en beneficio de sus familias y de su país.

En este momento de nuestra historia, cuando hemos vivido una de las etapas más difíciles y de mayor sacrificio para los mexicanos, y sobre todo el realizado por los que menos tienen, adquiere particular vigencia la esencia histórica de nuestra lucha frontal contra la pobreza. Este compromiso no es ni una gratuita concesión, ni un ejercicio de benevolencia; es el producto de las luchas históricas de los mexicanos y es un valor social que nos une como nación.

Para proceder a la definición de políticas, estrategias y acciones del combate frontal a la pobreza, se ha creado una comisión que se integra a todas las dependencias del gobierno federal con atribuciones para atender los aspectos sociales y productivos de los grupos más desprotegidos.

La comisión es un órgano de coordinación de acciones que se emprenden en el ámbito de la administración pública federal, estatal y municipal para combatir los bajos niveles de vida y asegurar el comportamiento en la ejecución de los programas especiales que se definan.

La coordinación interinstitucional se hará sobre la base de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y conforme a la Ley de Planeación. La que se realice entre los tres niveles de gobierno se atendrá a lo dispuesto en el Convenio Único de Desarrollo, respetando siempre la soberanía estatal y la autonomía de los municipios.

Mediante la acción coordinadora de las tres instancias de gobierno, se buscará el ágil y eficiente aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros. Se procurará en todo lo posible, la coordinación con los municipios, por ser ésta la instancia de gobierno territorial más cercana a la ciudadanía.

La inducción y la concertación serán vertientes importantes para conjugar los esfuerzos de la sociedad en el combate a la pobreza. Para ello, en el decreto de creación de la comisión se considera la formación de un consejo consultivo en donde estén representados los indígenas, campesinos y grupos populares; los estudiosos de los problemas sociales relacionados con el objeto de la comisión y los representantes de los sectores social y privado. El consejo tendrá como funciones proponer los principios que orienten los trabajos de la comisión y opinar sobre los resultados y efectos logrados.

La creación de la comisión no implica el agrandamiento de la estructura administrativa. Se aprovechará la existente en la subsecretaría de Programación y Presupuesto de Desarrollo Social y Regional, cuyo titular es, a su vez, el coordinador general de la comisión.

Para el eficaz cumplimiento de los propósitos de la comisión, el gobierno federal reorientará el gasto destinado al desarrollo regional para que tenga un mayor sentido social. Con el manejo de estos recursos, más lo que destinen para el mismo propósito los sectores y los gobiernos estatales y municipales, se podrán dar pasos importantes contra la pobreza.

A esto se deben agregar las aportaciones de los propios beneficiarios que, aunque en la mayoría de los casos es únicamente la mano de obra, repercutirá favorablemente permitiendo multiplicar los beneficios.

Si contamos con la participación solidaria de los sectores social y privado, sobre todo en lo que corresponda al establecimiento de proyectos productivos, como estamos seguros de ello, tenemos la firme convicción de estar combatiendo de raíz a la pobreza.

Dentro del esquema de trabajo concertado propuesto, se hará un manejo flexible y ágil de los recursos, con la confianza depositada en las organizaciones comunitarias, indígenas y campesinas y con las organizaciones populares. Los recursos habrán de llegar directamente a los beneficiarios, una vez definidas acciones y compromisos, para que sean ellos quienes ejecuten y evalúen las acciones y tengan la oportunidad de continuar el trabajo organizado con recursos y capacidades propias.

La organización social, sea cual sea su forma y expresión y en tanto sea auténtica, será el punto de partida. No se trata de imponer formas ajenas y extrañas, sino de aprovechar la potencialidad social existente.

Tampoco se impondrán formas y patrones de consumo, que en ocasiones se convierten en deformaciones. Se respetarán las tradiciones y sólo se introducirán aquellos alimentos considerados como necesarios para el adecuado desarrollo físico.

Es por eso que en todos los sentidos, los propósitos de bienestar se definirán por ellos y para ellos. Por quienes los necesitan; para quienes puedan salir por sí mismos del círculo de la pobreza, si cuentan con el apoyo de la sociedad y el Estado.

Se emprenderá sólo lo que es demandable por la comunidad y las organizaciones. Cada acción deberá ser asumida como propia. Se dejarán de lado las concepciones integralistas, que conciben esquemas de convivencia social y formas de vida ajenas, para dejar que los beneficiarios definan el rumbo de su desarrollo. El ritmo de los trabajos, por sus implicaciones en las costumbres sobre todo de los grupos indígenas, será marcado también por la comunidad.

La coordinación general de la comisión establecerá los conductos de diálogo y concertación; será la interlocutora de las comunidades y organizaciones que demandan el apoyo de la sociedad y el Estado. Por tal efecto, se establecerán mecanismos en cada una de las entidades federativas, de manera que se puedan captar las demandas de apoyo y los ofrecimientos de solidaridad.

La coordinación general fijará también las bases de concertación y propondrá las políticas a seguir, a nombre del gobierno de la República y los niveles estatal y municipal, tomando como elemento sustancial la demanda y compromiso. Será el conducto para la firma de los compromisos concertados y la responsable de mantener el diálogo permanente.

La efectividad del programa podrá ser medida según la proporción de ayuda que continúen requiriendo los grupos más desprotegidos. Mientras más sean capaces para obtener los recursos como producto de su trabajo, más efectivos serán sus resultados. La aspiración del programa es iniciar firmemente ese proceso.

Transferencias

La política de transferencias buscará una mayor equidad, por lo que continuará con la aplicación de estrictos criterios de selectividad, racionalidad, transparencia y temporalidad en el otorgamiento de los recursos públicos a sectores y entidades.

Los resultados de las acciones llevadas a cabo para redimensionar el sector público e instrumentar programas de saneamiento financiero, han permitido liberar recursos de actividades que ahora son autofinanciables, para canalizarlos hacia otras actividades que, por razones de justicia social, el bien colectivo, o para corregir desequilibrios temporales en la estructura productiva, ameritan un tratamiento preferencial. Por ello, esta administración continuará con esta política.

En este contexto, las transferencias observarán en 1989 la tendencia hacia una reducción en su peso relativo en el gasto público, con un aumento real en los recursos que se dirigen a los sectores de alto contenido social y a las actividades productivas de gran prioridad, compensado con la disminución de aquellas actividades redimensionadas o que ya son autofinanciables.

De esta manera, aumentan en forma importante los recursos transferidos a los sectores educación, salud y laboral; éstos crecen 32.3% en términos nominales, o sea 10.4% real, con lo que su participación dentro del total se eleva de 30.9% en 1988 a 35.1% en 1989.

En este comportamiento, atento al reconocimiento que este régimen hace a la importancia de la educación en el proceso de modernización del país, y a los propósitos de vincular la educación, la investigación y el desarrollo experimental con los requerimientos de cambio estructural, destaca el aumento de 44.4% en los subsidios que la Federación otorga a las instituciones de educación media superior y superior, así como el incremento de 40.0% que se propone para la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito.

De conformidad con la decisión del gobierno de apoyar el ingreso familiar de las clases populares durante este año de transición, así como garantizar un rendimiento adecuado al productor rural, al sector con mayor tasa de crecimiento en el renglón de transferencias, es el de comercio y abasto. Los subsidios totales que se proponen distribuir a través del sistema Conasupo y otras entidades del sector dedicadas a proteger el poder de compra de la población, crecen 40.1% nominal, o sea 16.9% real, con lo que se eleva su participación dentro del total de las transferencias de 13.0% a 15.7%.

Con resultado directo del continuado esfuerzo para redimensionar la planta productiva paraestatal, junto con los programas de rehabilitación financiera de las empresas que permanecen en el sector, las transferencias al sector industrial crecen sólo 3.4% en términos nominales, lo que implica una reducción real de 13.7%. Por su parte, las transferencias al sector energético corresponden en su totalidad al subsector eléctrico y resultan de la necesidad de apoyar su programa de expansión y pago de servicio de la deuda.

En cuanto a los apoyos al sector desarrollo rural, de los cuales más de la mitad se otorga vía Banrural y Anagsa, en 1989 será posible mantener las metas físicas de cobertura a la vez que en términos reales se reduce ligeramente la necesidad de subsidiar la operación de estas instituciones, como resultado de los avances en los programas de cambio estructural y las asunciones de pasivo que el gobierno federal ha realizado en el caso del banco.

En el sector comunicaciones y transportes, se logran reducir los apoyos demandados, tanto en términos reales como nominales, debido al traslado al sector privado de la prestación de algunos de los servicios que anteriormente proporcionaba el Estado en forma subsidiada, como son los de transbordadores y de transporte aéreo.

También cabe destacar la casi eliminación de los apoyos al sector turismo, que se concentraban en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, como resultado de la política de elevar la participación de los sectores privados y social en el desarrollo del sector.

Los planes y programas de la descentralización de la vida nacional durante los últimos años se han orientado a apoyar el desarrollo regional equilibrado y el cambio estructural de la economía. Las transformaciones alcanzadas en los planos político, económico, administrativo y cultural han sentado las bases para una mayor participación de comunidades e individuos en las decisiones de interés público y en el mejoramiento de su bienestar.

A partir del programa de descentralización de la administración pública federal en 1985, se conjuntaron y armonizaron los esfuerzos de los diferentes sectores administrativos, comprometidos en el proceso de redistribución equilibrada de facultades, recursos y actividades entre los tres órdenes de gobierno.

Se concluyó la mayor parte de las acciones contempladas para la descentralización administrativa, en materia de transferencia de áreas operativas, servicios y organismos a los gobiernos de los estados; de delegación de facultades y funciones a las representaciones federales ubicadas en las entidades federativas, y de reubicación de personal federal, organismos públicos y unidades administrativas en el interior del país.

La Secretaría de Salud transfirió a catorce entidades federativas la organización y la operación de los servicios coordinados de salud pública, los cuales junto con los del programa IMSS - Coplamar formaron los servicios estatales de salud que cubren actualmente el 87.0% de la atención a población abierta de dichos estados.

La Secretaría de Educación Pública consolidó los consejos estatales de educación en las 31 entidades federativas, presididas por los gobernadores, en los cuales se integraron los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y normal, impartidas anteriormente en forma separadas por la Federación y los estados.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes transfirió las juntas locales de caminos a los 31 estados, transformándose en organismos estatales encargados de la construcción y conservación de carreteras. Además, se amplió la cobertura del sistema de telefonía rural a un mayor número de localidades mediante la coordinación de acciones con estados y municipios.

Asimismo, se reubicaron fuera de la ciudad de México, organismos federales, institutos de investigación, direcciones generales de secretarías de Estado, y se desconcentraron facultades para fortalecer a las delegaciones federales, facilitando el desarrollo de las actividades productivas y acercando los servicios públicos a la población demandante.

Los esfuerzos realizados se mantendrán y profundizarán en 1989, para modificar la tendencia concentradora de la ciudad de México y su zona metropolitana, apoyando la reubicación industrial hacia zonas receptoras con posibilidades de desarrollo y ejecutando acciones de desconcentración de la administración pública federal.

Para obtener mayores resultados en un menor plazo, la descentralización administrativa se promoverá mediante la ampliación de facultades a las representaciones federales en los estados, el impulso a la transferencia de áreas operativas y de servicios a los gobiernos estatales, la reubicación de entidades, unidades administrativas y de personal en el interior del país.

Así, para agilizar la toma de decisiones de las dependencias federales en el ámbito estatal, en especial las secretarías de Programación y Presupuesto, Hacienda y Crédito Público, Salud, Comunicaciones y Transportes, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comercio y Fomento Industrial, Relaciones Exteriores, Gobernación y la Procuraduría General de la República, realizarán en forma programada la revisión de las atribuciones y responsabilidades de sus representaciones estatales, con el fin de proporcionar los servicios públicos que requieren las localidades.

La Secretaría de Salud continuará con la descentralización de los servicios de salud a población abierta a cuatro estados de la República, así como en el Distrito Federal. Con esto, serán 19 entidades federativas con servicios de salud operados por la instancia local.

En la reubicación de organismos públicos destaca el traslado fuera de la zona metropolitana de la ciudad de México de Tabasco Mexicanos, que tendrá como sede a Tepic, Nayarit.

La Secretaría de Programación y Presupuesto concluirá en 1989 la construcción de las oficinas centrales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en la ciudad de Aguascalientes, finalizando así el proceso de reubicación del organismo. También el sector salud culminará el traslado del Instituto Nacional de Salud Pública a Cuernavaca, Morelos; y la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, el de la Dirección General de Minas al Centro Minero Nacional ubicado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Con el propósito de dotar a las representaciones federales en los estados con personal suficiente y capacitado en la operación de los diversos programas, las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, Turismo y Reforma Agraria desconcentrarán servidores públicos del nivel central y redistribuirán personal foráneo a nivel delegacional.

Otra de las acciones relevantes propuesta para 1989, será la continuación de los programas de vivienda en apoyo al personal desconcentrado del nivel federal. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos avanzará en la dotación de vivienda para los trabajadores reubicados en los diversos distritos y centros de apoyo al desarrollo rural.

El organismo Servicios Asistenciales de la Secretaría de Marina aplicará recursos en la construcción de viviendas y obras de equipamiento urbano en siete puertos del Pacífico, en beneficio del personal desconcentrado de las áreas de investigación, de construcción, de talleres, de ingeniería y de operaciones navales.

También se destinarán recursos a vivienda para el personal de Nutrimex en Guadalajara, Jalisco y para los empleados de Tabamex en Tepic, Nayarit.

Por otra parte, se apoyará la continuación de la primera etapa del desarrollo urbano Sanfandila, en el estado de Querétaro, que está destinado a ser polo de atracción para la reubicación de empresas de servicios de la zona centro del país, que deseen aprovechar las ventajas que les ofrece la región.

Las perspectivas y posibilidades de profundizar el proceso de descentralización son amplias. En este contexto, el presupuesto de 1989 fortalecerá la nueva estructura de distribución de facultades y el pleno aprovechamiento de los recursos del país en las diferentes regiones y comunidades.

En lo que se refiere al programa de reconstrucción instrumentado para reponer, renovar y reordenar la infraestructura y los servicios dañados por los sismos de 1985, éste se ha traducido en beneficios sociales para miles de mexicanos gracias al esfuerzo, participación y solidaridad de los sectores público, social y privado.

Durante 1988, en el sector educativo, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, trabajó en 3 mil 612 escuelas en el Distrito Federal y diversos estados, en el marco del programa de reforzamiento de escuelas. Para 1989 tiene previsto continuar estas acciones en 535 escuelas en los estados ubicados en zonas de alta sismicidad.

Por su parte, el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, reforzó siete escuelas en 1988 y prevé realizar obras en dos más durante 1989.

En el sector salud, durante 1988 se terminaron las obras en clínicas, hospitales y edificios administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La Secretaría de Salud muestra un avance superior al 95.0%, ya que sólo le resta completar el equipamiento del nuevo Hospital Juárez. Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social continúa las obras del Centro Médico Nacional Siglo XXI, estimando que este conjunto de cuatro hospitales de tercer nivel cuenta con un avance superior al 80.0%, ya que aún no se concluyen las obras de los hospitales de pediatría, de adultos, de oncología, edificio administrativo, obras exteriores y estacionamiento, obras que se pretenden terminar en septiembre de 1989. Por lo que toca a los hospitales regionales, también se prevé terminar en 1989 los de Ciudad Obregón y Mérida.

Por lo que respecta a vivienda, el programa denominado Fase II (predios no expropiados), habrá concluido en 1988 un total de 11 mil 473 acciones y durante 1989 se concluirán las 1 mil 194 acciones restantes. El programa de reconstrucción Nonoalco Tlatelolco, terminará en 1988 la reparación de 24 edificios. Para 1989 las acciones a realizar comprenderán la continuación de reparaciones estructurales en ocho edificios y apoyos para renta y mudanza, beneficiando a 2 mil 357 familias.

En cuanto a los daños ocasionados por el huracán Gilberto en los estados del sureste y noreste de la República, las primeras actividades emprendidas fueron asistir a la población damnificada, así como recuperar y asegurar los servicios básicos afectados por el fenómeno natural. Entre las principales acciones de apoyo destacaron en 1988: el establecimiento de albergues para los damnificados así como de casas provisionales y la dotación de comida y despensas; dotación de láminas de cartón y paquetes de materiales para autoconstrucción de vivienda; rehabilitación de plantas potabilizadoras de agua; restitución global de energía eléctrica y alumbrado público; reparación de instalaciones hospitalarias, suministro de material de curación, medicamentos y despensas; reconstrucción de carreteras estatales y troncales, así como de caminos rurales; distribución de maíz y frijol para autoconsumo, y apoyo para la operación de la infraestructura turística.

Para 1989, los diversos sectores de la administración Pública federal, cuya infraestructura y servicios resultaron dañados, desarrollarán acciones dentro de sus programas normales y se apoyará a los estados a través del ramo de desarrollo regional en el marco de los convenios únicos de desarrollo, con el propósito de garantizar los servicios esenciales que la población demanda.

Servicio civil

En materia de administración y desarrollo de personal público, las acciones del Ejecutivo federal se dirigirán a elevar los niveles de eficiencia en la administración pública federal y a mejorar la calidad de los servicios gubernamentales, mediante la promoción de mayores posibilidades de desarrollo para los servicios públicos, a través de mejores sistemas de remuneraciones y prestaciones, de adecuados programas de capacitación y evaluación, así como de méritos y promoción.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la presente administración tiene, entre sus propósitos fundamentales, el aprovechar de la mejor manera posible las aptitudes, el promover el surgimiento de nuevas y positivas actividades y el facilitar el desarrollo de la capacidad potencial de quien hace posible la acción del Estado: el servidor público.

Por ello, será prioritario fomentar la vocación de servicio del personal federal, mediante una motivación adecuada, elevando así la eficiencia y la agilidad en el funcionamiento de la burocracia, para avanzar en la creación de condiciones para la profesionalización del servidor público.

Dentro de este contexto, la administración y desarrollo de los trabajadores al servicio del Estado, que engloba desde el reclutamiento y selección, hasta la separación del servicio activo del personal, se concibe como un proceso integral y permanente y se operará como tal.

Con el propósito de atender de manera oportuna y suficiente las legítimas demandas de los servidores públicos en materia de prestaciones sociales y económicas, por primera vez se presupuestan de manera explícita, los recursos necesarios para que el gobierno federal cubra total y oportunamente, tanto los adeudos que mantiene con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como las aportaciones que le corresponden para el próximo año.

De esta manera, se fortalecerán las bases financieras de los dos organismos y se constituirán las reservas actuariales, cuyos rendimientos permitan elevar la calidad de los diversos servicios y prestaciones que brindan a los servidores públicos. Complementariamente, se analizarán y propondrán los mecanismos más eficaces que posibiliten mejorar el número y monto de los créditos que bajo diferentes modalidades se otorgan, así como la oferta de vivienda, a la vez que se garantizan la agilidad, equidad y transparencia en su adjudicación.

En cumplimiento a las demandas expresadas por la base trabajadora burocrática, en lo referente a la política salarial, ésta será concertada con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, a través de la Comisión Intersecretaríal del Servicio Civil, en cuyo seno se establecerá el incremento salarial para el próximo año y las mejoras a las prestaciones que beneficien a los trabajadores de menores ingresos, dentro de la estrategia económica para 1989.

En general, se realizarán acciones tendientes a incrementar el diálogo y la concertación entre el Estado y los servidores públicos, a través de su dirigencia sindical, con el fin de responder eficazmente a sus reclamos en materia laboral y de justicia social.

En cuanto a los sueldos de los servidores públicos superiores y de mandos medios, se seguirá la política de otorgar el aumento en porcentaje similar y al mismo tiempo en que se modifique el salario mínimo burocrático, a efecto de mantener una política salarial equitativa.

También se propiciará la correspondencia entre la capacitación y los méritos del personal al servicio del Estado, con las remuneraciones y con las oportunidades de empleo y promoción, con el objeto de fortalecer la carrera en el servicio público.

Por otra parte, se promoverá la racional utilización de las plazas existentes, con el objeto de cubrir las necesidades crecientes de aquellos sectores considerando como prioritarios, dada su función de carácter eminentemente social, como son educación, salud, procuración e impartición de justicia y seguridad nacional.

Adicionalmente y con el propósito de optimizar la ocupación de los recursos humanos con que cuenta la administración pública federal y de apoyar los programas de desconcentración y descentralización administrativa de las dependencias y entidades del gobierno federal, se operarán los procesos de reubicación, reasignación y permutas de personal, a fin de emplear de mejor manera la fuerza laboral al servicio del Estado, reforzando las estructuras que así lo requieran, sin implicar la creación de nuevas plazas.

En suma, las acciones a efectuarse en materia de administración y desarrollo de personal al servicio del Estado tendrán como finalidad de incremento en la eficiencia para la prestación de los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía, mediante la formación para el desarrollo, el fomento a la permanencia y el reforzamiento de la mística de servicio de los trabajadores al servicio del Estado.

Reestructuración de la administración pública federal

Entre las acciones más relevantes que el Ejecutivo Federal llevará a cabo, destaca la modernización de la administración pública, dirigida a fortalecer la función social del Estado y a mejorar su capacidad de servicio frente a la población, para atender oportuna y adecuadamente sus necesidades.

Así, la modernización administrativa será un proceso permanente de transformación que permitirá adecuar la infraestructura administrativa a las características del desarrollo, conjugando esfuerzos dentro de un esquema de diálogo y concertación, y racionalizando la utilización de los recursos disponibles.

En este contexto, los esfuerzos emprendidos en materia de reestructuración del sector público se aplicarán en dos vertientes fundamentales: la racionalización y compactación de la infraestructura administrativa del gobierno federal, de manera congruente con sus atribuciones, funciones y responsabilidades, así como con los sistemas y procedimientos de trabajo, y el redimensionamiento del sector paraestatal, a partir de criterios selectivos para la revisión permanente de su tamaño y cobertura, a efecto de darle la magnitud que corresponde a sus responsabilidades legales y capacidad financiera.

En cuanto a la primera, es de señalarse que se fomentará la eficiencia y productividad de las dependencias y entidades de la administración pública federal, mediante:

La simplificación de su estructura y organización administrativa;

La desregulación y simplificación, en su caso, de trámites y mecanismos de operación, y

El fortalecimiento del proceso de desconcentración y descentralización administrativa.

Por lo que corresponde a la segunda vertiente, las empresas públicas han sido un factor decisivo en manos del Estado, para responder a la dinámica que supone el desarrollo económico y social del país. Constituyen, además, un valioso instrumento para la transformación de las condiciones económicas de la población, ya que contribuyen al mejoramiento de las finanzas públicas y al equilibrio de la balanza de pagos, promueven la planta productiva y el empleo, y concurren a la satisfacción de la demanda interna de bienes y servicios prioritarios y estratégicos.

La Constitución Política de 1917 constituye el fundamento legal y establece el marco jurídico dentro del cual se afirma el principio de la rectoría del Estado en materia económica. Asimismo, la Ley Fundamental determina áreas estratégicas y prioritarias a la que no puede abdicar el Estado, sopena de perder las necesaria rectoría que debe ejercer en bien, sobre todo, de las mayorías.

Por lo anterior, con el objeto de reforzar la rectoría del Estado en la economía y canalizar los recursos a aquellas áreas que permitan cumplir con los objetivos de la planeación del desarrollo nacional, se buscará consolidar la labor encaminada al redimensionamiento del sector paraestatal, mediante los procesos de desincorporación, vía liquidación, extinción, fusión, transferencias y enajenación de entidades.

Por otra parte, se fortalecerá aún más la rectoría económica del Estado a través del desarrollo, promoción y apoyo a las estructuras financieras y operativas de las entidades estratégicas y prioritarias.

Asimismo, se mantendrá el carácter mixto de la economía, participando en los sectores estratégicos que le están reservados por mandato constitucional al Estado, y promoviendo la participación del sector social y el sector privado en las actividades prioritarias que la nación reclama, todo ello en un marco de concertación y diálogo permanente

Ahora bien, al ser la modernización administrativa un proceso permanente del gobierno federal, cabe señalar que los ajustes que hasta la fecha se han realizado a la estructura y funciones de la administración pública federal no implican que su organización será definitiva e inamovible, ya que la sociedad, en su proceso de constante evolución ha experimentado cambios que representan nuevas exigencias, nuevas necesidades y nuevos problemas a resolver.

Es en razón de estos factores como la administración pública habrá de adaptarse para responder de mejor forma a los retos del desarrollo y es también en razón de estas premisas como habrán de explorarse las adecuaciones, los ajustes y, en su caso, las innovaciones que requerirá en lo sucesivo el aparato gubernamental para dar cabal cumplimiento a las demandas de la población.

Proyecto de presupuesto de la administración pública federal.

Poderes

La autonomía y el respeto mutuo entre los Poderes de la Unión coadyuvan al logro de los objetivos que la Constitución federal establece, al fortalecimiento de la democracia y a la consolidación del gobierno de la República.

Las responsabilidades de la honorable Cámara de Diputados y del honorable Senado de la República contribuyen a perfeccionar nuestro marco jurídico y político, fortalecen al estado de derecho y mantienen vigente la libertad individual y colectiva en condiciones de igualdad y justicia.

Para apoyar sus actividades, el Poder Legislativo, en ejercicio de su soberanía, envió al Poder Ejecutivo Federal para su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, un programa de gastos que asciende a 103.6 mil millones de pesos y que, comparado con el del ejercicio anterior, significa un crecimiento de 19.9%.

El Poder Judicial, mediante la aplicación del orden jurídico emanado de la Constitución federal y de la actualización y perfeccionamiento de los mecanismos y sistemas de administración de justicia, reafirma las normas constitucionales que dan vigencia y salvaguardan las garantías individuales y sociales y preservan la libertad y la paz social.

Con el propósito de continuar en las tareas de modernización de la administración de justicia, el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Judicial, en ejercicio de su soberanía, asciende a 216.9 mil millones de pesos que, comparado con el cierre del año anterior, representa un incremento de 15.9%.

Sector central

El proyecto de presupuesto de la administración pública central para 1989 asciende a 42,684.2 mil millones de pesos, lo que significa un aumento nominal de 21.0% frente al cierre estimado para 1988, o de 0.9% real. El gasto directo de las dependencias que conforman el sector central es de 23,037.8 mil millones, representando un crecimiento respecto al año anterior del 25.2%; las transferencias a entidades públicas ascienden a 19,646.4 mil millones, 16.5% superior a 1988.

Derivado de un cambio estructural en la composición del gasto público, en el proyecto de presupuesto se refleja un crecimiento marcado en el gasto directo de la administración pública central, que es producto de la política expresa de este gobierno de fortalecer el gasto social destinado a la prestación de servicios básicos en materia de educación, salud y seguridad pública.

En su clasificación económica, se observa que el gasto corriente crecerá en 23.1% nominal respecto al de 1988 y en 2.7% en términos reales. Estos recursos se canalizarán principalmente a la prestación de los servicios educativos, salud y seguridad pública.

El gasto en inversión del sector central, también recibirá un fuerte impulso en 1989, con un aumento de 34.6% nominal y de 12.3% real, para alcanzar el monto total de 5,047.o mil millones de pesos. De este incremento, destacan las obras públicas que crecen 47.0% en relación al estimado de 1988.

En el presupuesto del sector central, seguirán vigentes las medidas de disciplina, austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto. Además se continuará el esfuerzo de simplificación y modernización de las áreas administrativas que recibirán, de nueva cuenta, un ajuste real en sus recursos.

Las transferencias totales al sector paraestatal ascienden a 19,646.4 mil millones de pesos, lo que implica un aumento nominal de 16.5% o una caída de 2.9% en términos reales. Con ello, su participación dentro del total del gasto programable de la administración pública central se reduce de 47.8% en 1988 a 46.0% en 1989.

Sector paraestatal

El sector paraestatal es un factor determinante para fortalecer la función, constitucionalmente indeclinable e intransferible, del Estado como rector de la economía.

Para desarrollar este papel, se considera indispensable concretar las actividades prioritarias en las que el Estado pueda o deba participar como agente productivo, atendiendo a criterios de eficiencia de conjunto y de interés social.

En este sentido, se buscará consolidar las entidades que administran las áreas estratégicas y fortalecer la participación del Estado por sí, o en concurrencia con los sectores social y privado. Asimismo, se proseguirá el proceso de desincorporación de las entidades que no resultan estratégicas ni prioritarias.

En este contexto, a las empresas en presupuesto se les exigirán compromisos de productividad y de racionalización de recursos tendientes a reducir el peso relativo del subsidio y a incrementar su transparencia y temporalidad.

En materia de producción, se apoyará la adopción de procesos y tecnologías modernas que propicien un mejor uso de los recursos, la generación de ahorro interno y eleven la calidad y competitividad en el mercado internacional.

Para 1989, se continuará con las medidas de cambio estructural y desincorporación de empresas, particularmente de las empresas siderúrgicas Sidena y Dina, y de Propemex.

En concordancia con esta política de racionalización y disciplina presupuestal, el proyecto de presupuesto del sector paraestatal asciende a 49,559.6 mil millones de pesos, lo que significa en relación a 1988, un incremento en términos nominales de 13.2% y una reducción de 5.6% real.

El gasto de inversión física decrece 6.1% en términos nominales, mientras que el de operación crecerá 17.3%; el único renglón de gasto que registra un aumento real es el de materiales y suministros, correspondiendo al incremento moderado en la producción.

Las empresas de mayor crecimiento en términos de gasto son Azúcar, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares.

Resultado presupuestal

Para contribuir al objetivo fundamental de combatir la inflación y avanzar hacia la recuperación del desarrollo, el sector público presupuestal propone alcanzar un superávit primario de 6.5 puntos porcentuales del producto interno bruto, producto de una reducción en el gasto programable de 17.5 a 16.8 puntos porcentuales y la caída en los ingresos de 27.5 a 25.6 puntos porcentuales, causado principalmente por el desplome en el precio internacional del petróleo, y los compromisos contraídos dentro del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico.

En el caso del gobierno federal, el superávit primario aumenta sustancialmente, alcanzando la cifra de 27.4 billones de pesos, que comparado con lo obtenido en 1988, significa un aumento de 32.5%. Tanto los ingresos presupuestales como el gasto programable crecen a la misma tasa de 21.0%, mientras que las participaciones, estímulos y otros se incrementan sólo 5.5%.

Los organismos y empresas del sector paraestatal en presupuesto proyectan lograr un superávit primario de sólo 4.7 billones de pesos, cifra 43.6% por debajo de lo alcanzado en 1988, debido a la pérdida de ingresos petroleros, así como la política de contener los aumentos en precios y tarifas para reforzar la lucha contra la inflación. Como resultado de estos dos elementos, los ingresos de operación crecen sólo 1.9% en términos nominales. Los gastos de operación en cambio, aumentan 18.1% y los de capital se disminuyen en 3.2%.

Proyecto de presupuesto de la deuda pública

Durante 1989 el peso de la deuda dentro del presupuesto seguirá siendo significativo, porque su servicio continuará absorbiendo cuantiosos recursos; de ahí la necesidad de una negociación con los acreedores externos para reducir la transferencia neta de recursos.

El proyecto de presupuesto de la deuda pública para el año de 1989, asciende a un total de 148,359.9 mil millones de pesos, lo que significa un incremento en términos nominales de sólo 13.0% sobre el cierre estimado para 1988. De ese total corresponde a intereses el monto de 55,128.9 mil millones; amortización del capital 91,102.3 mil millones, y a los adeudos de ejercicios fiscales anteriores 2,128.7 mil millones.

La deuda contractual del gobierno federal originará pagos por 132,317.6 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 15.4% en relación a 1988. Debido básicamente a la baja en la tasa de interés promedio, los intereses a pagar se reducirán de 62,132.2 mil millones esperados en 1988, a 48,960.4 mil millones en 1989, una caída de 21.2%. También impacta el aumento programado en las amortizaciones de 58.7%, con lo que alcanzan 83,357.2 mil millones de pesos.

El servicio de la deuda de los organismos y empresas en presupuesto ascenderá a 13,913.6 mil millones de pesos, que comparado con 1988 representa una disminución de 6.5%. Corresponde al pago de intereses 6,168.5 mil millones de pesos y a capital 7,745.1 mil millones de pesos, lo que significa disminuciones de 2.7% y 9.3% respectivamente. Destaca el mayor ritmo de decrecimiento del servicio del sector paraestatal en comparación con el gobierno federal, lo que se explica por los avances sustanciales en el saneamiento y rehabilitación financiera y operativa realizadas por las empresas paraestatales, programas que fueron apoyados por el gobierno federal a través de la asunción de sus pasivos.

En resumen, el sexenio que se inicia marca un cambio fundamental en las relaciones entre pueblo y gobierno, en donde éste abre espacios para la actividad creativa del primero, mientras que la sociedad acepta con firmeza y aliento su responsabilidad en el enfrentamiento de nuestros retos.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1989 que someto a esta honorable Cámara de Diputados, está concebido en este espíritu, consolidando lo logrado en el pasado para dar seguridad al futuro y repartiendo de manera más justa la carga del esfuerzo para alcanzar el país que deseamos.

Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración más distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, diciembre 15 de 1989.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.

INICIATIVA DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 1989

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1989, se sujetarán a las disposiciones de este decreto y a las aplicables a la materia.

Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los ramos de aportaciones a seguridad social, erogaciones no sectorizables y reconstrucción y descentralización para el año de 1989, importan la cantidad de $40.783,753.700,000 (Cuarenta billones setecientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y tres millones setecientos mil pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:

00002 Presidencia de la República $ 122,058.500,000

00004 Gobernación 396,565.200,000

00005 Relaciones Exteriores 284,917.400,000

00006 Hacienda y Crédito Público 2.196,296.400,000

00007 Defensa Nacional 1.576,917.800,000

00008 Agricultura y Recursos Hidráulicos 2.330,999.200,000

00009 Comunicaciones y Transportes 2.480,820.600,000

00010 Comercio y Fomento Industrial 3.155,482.800,000

00011 Educación Pública 11.324,223.500,000

Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para desarrollo regional y participaciones a estados y municipios para el año de 1989, importan la cantidad de $16.225,925.100,000 (dieciséis billones doscientos veinticinco mil novecientos veinticinco millones cien mil pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:

Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1989 importa la cantidad de: $92,934.200,000 (noventa y dos mil novecientos treinta y cuatro millones doscientos mil pesos, moneda nacional).

Artículo 5o. El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1989 importa la cantidad de: $ 171,146.000,000 (ciento setenta y un mil ciento cuarenta y seis millones de pesos, moneda nacional).

Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el año de 1989 correspondientes a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:

Artículo 7o. El gasto asignado a la deuda pública del gobierno federal para el año de 1989 importa la cantidad de: $ 134.446,293.800,000 (ciento treinta y cuatro billones cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y tres millones ochocientos mil pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:

La deuda pública correspondiente a las entidades paraestatales cuyos programas están incluidos en este presupuesto ser la siguiente:

Amortización 7.745,084.800,000

Intereses y gastos 6.168,503.900,000

Suma $ 13.913,588.700,000

El ejercicio de los recursos a que se refiere este artículo estará vinculado a la evolución de las condiciones económicas y sociales y en su caso se ajustará a los requerimientos que demande el desarrollo nacional.

Artículo 8o. Las previsiones del ramo XXXI se orientarán a la continuación de las obras de reconstrucción de la ciudad de México, a las zonas dañadas por el huracán Gilberto y a los programas de descentralización que llevarán a cabo las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Para su autorización, los programas y proyectos de reconstrucción y descentralización deberán estar suficientemente evaluados, integrados y especificados.

Las erogaciones que se realicen con cargo a los recursos de este ramo, se someter n a los controles presupuestales correspondientes. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados del manejo que se haga de los mismos y al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1989.

Artículo 9o. Los titulares de las dependencias así como los órganos de gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.

La Secretaría de Programación y Presupuesto verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con los objetivos y prioridades del plan, de los programas de desarrollo y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y para los mismos fines tendrán las dependencias de la administración pública federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinan.

Artículo 10. Se faculta al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1989, otras entidades paraestatales, además de las señaladas en el artículo 6o., de este decreto.

Artículo 11. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, se sujetar n estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto y las demás entidades paraestatales se sujetarán a los que aprueben sus respectivos órganos de gobierno, con base en los lineamientos generales que emitía la propia Secretaría.

Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Salvo lo previsto en los artículos 16 y 40, no se autorizar n adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, así como ampliaciones líquidas a los presupuestos; en consecuencia, las dependencias y entidades deber n observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.

Artículo 12. Para que las dependencias y entidades puedan ejercer créditos externos destinados a financiar proyectos o programas específicos, ser necesario que la totalidad de los recursos a ejercer se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la aprobación previa y expresa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales se deber establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de la deuda que los créditos generen.

Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Artículo 13. Sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades dentro de sus presupuestos autorizados, deber n utilizar los recursos externos disponibles en las instituciones financieras, para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.

Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de dichos bienes y servicios sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales debidamente justificados y de acuerdo con la normatividad que para estos efectos hayan expedido las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto.

Artículo 14. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá reservarse la autorización para ministrar fondos a las dependencias y en su caso solicitar a los coordinadores de sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas, en los siguientes casos:

I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos con base en lo dispuesto por el artículo 43 de este decreto;

II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados;

III. Cuando en el desarrollo de los programas se capten desviaciones que entorpezcan la ejecución de éstos y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;

IV. En el caso de subsidios, el incumplimiento de la cuenta comprobada motivar , en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;

V. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emitan las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público;

VI. Cuando se hayan celebrado convenios de asunción de pasivos en los términos del artículo 33 del presente decreto y no se cumpla con las obligaciones pactadas o los compromisos establecidos en los programas de saneamiento financiero respectivos;

VII. Cuando no se cumplan los compromisos de déficit o superávit establecidos en los convenios que se hubieran celebrado en los términos del artículo 33 del presente decreto, y

VIII. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.

Artículo 15. La Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio del presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.

Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, así como de los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como del titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizar dichos compromisos, salvo en lo previsto en el artículo siguiente.

Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional, sólo ser n las comprendidas en el concepto 8100 del ramo XXIII del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 16. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizar erogaciones adicionales para aplicarlas a programas y proyectos prioritarios o estratégicos del gobierno federal, con cargo a:

I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el Artículo 1o., de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1, 2, 3 y 4, de su fracción II "aportaciones y abonos retenidos a los trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", "cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores", "cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores" y "cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas mexicanas a cargo de los militares".

De estos ingresos se asignar n igualmente los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos, en monto que no exceda del 5% del gasto corriente presupuestado para el Poder Legislativo, los que ser n ejercidos por conducto de la Cámara de Diputados;

II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este decreto;

III. Remanentes que tengan las entidades paraestatales, entre sus ingresos y gastos netos, que se consignen como erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos, y

IV. Ingresos que obtenga el gobierno federal como consecuencia de la liquidación o extinción de las entidades paraestatales que se determine o del retiro de la participación estatal en aquellas que no sean estratégicas o prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros.

Asimismo, se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el gobierno federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinar n a los programas y proyectos específicos para los que hubieren sido contratados.

El Ejecutivo Federal, al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1989, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición y hará el análisis de su aplicación.

Artículo 17. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados.

Para los efectos del párrafo anterior, deber n tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de los órganos de gobierno de las propias entidades.

Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva, procurando que no se afecten programas estratégicos ni prioritarios, optando preferentemente, en los casos de programas de inversión, por aquellos de menor productividad e impacto social y económico.

Del ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Federal dará cuenta a la Cámara de Diputados al rendir los informes trimestrales a que se refiere el artículo 44 de este decreto y al presentar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Artículo 18. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales, no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.

Artículo 19. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambios, quedar n definitivamente como economías del presupuesto y en ningún caso se podrá hacer uso de ellos.

Artículo 20. La administración, control y ejercicio de los ramos de erogaciones no sectorizables, aportaciones a seguridad social, desarrollo regional y reconstrucción y descentralización a que se refiere el presente decreto, se encomiendan a la Secretaría de Programación y Presupuesto.

La administración, control y ejercicio de los ramos de deuda pública, de participaciones a estados y municipios y de erogaciones para saneamiento financiero será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 

CAPITULO II
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales

Artículo 21. Sin perjuicio de lo que establece el presente decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, serán responsables en los términos de este capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales. Su inobservancia o incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.

Artículo 22. Las dependencias y entidades llevar n a cabo sus respectivas acciones en materia de descentralización con base en los criterios siguientes:

I. Procurar que los trámites se lleven a cabo y se resuelvan los asuntos en los mismos lugares en que se originen;

II. Promover la efectiva delegación de facultades en servidores públicos subalternos, empleando criterios de tasas porcentuales o cualesquiera otros que se adecúen a los topes o rangos a que se establezcan en dicha delegación, a efecto de garantizar mayor oportunidad en la toma de decisiones y flexibilidad en la atención de los asuntos, considerando monto, complejidad, periodicidad y vinculación con las prioridades de los mismos;

III. Fortalecer la operación, estructura y niveles de decisión de sus órganos regionales;

IV. Racionalizar y simplificar las estructuras con que cuenten a efecto de utilizar los recursos estrictamente indispensables para llevar a cabo sus actividades, sin que ello implique creación de estructuras paralelas o de plazas adicionales respecto de las que tengan en las oficinas centrales;

V. Determinar, oyendo a las representaciones sindicales respectivas, los términos y condiciones en que se realizará la reubicación geográfica de los servidores públicos que acepten ser incluidos en los programas de descentralización, otorgándoles las prestaciones que les correspondan conforme a la ley y respetando los derechos laborales adquiridos, y

VI. Promover ante los gobiernos de los estados la adopción de medidas de simplificación administrativa y de agilización de trámites.

Artículo 23. Las dependencias y entidades de la administración pública federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso el traspaso interno de las mismas. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar la creación de las que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional. Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello garantice el incremento de su productividad, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de gobierno.

A la designación o contratación de personal para ocupar las plazas a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá dárseles efectos retroactivos a la fecha de la autorización correspondiente.

Las dependencias y entidades no podrán llevar a cabo las conversiones de sus plazas, puestos y categorías autorizados, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cual deberá recabarse la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto, para el caso de las dependencias y del órgano de gobierno, tratándose de entidades paraestatales.

Las dependencias y entidades no podrán modificar su estructura orgánica básica y ocupacional aprobada en el ejercicio de 1988, debiendo ser éstas acordes con las normas emitidas a este respecto por la Secretaría de Programación y Presupuesto, por lo que cualquier adecuación sólo podrán hacerla las dependencias, previa autorización de dicha Secretaría y las entidades paraestatales por su órgano de gobierno, conforme a los lineamientos que se dicten para tal efecto, de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tales adecuaciones no podrán implicar traspaso o ampliación a las previsiones presupuestadas por las dependencias y entidades por concepto de servicios personales, ni incremento en el número de plazas.

Artículo 24. Las dependencias y entidades de la administración pública federal en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales deberán:

I. Dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas, tratándose de acciones de descentralización de las mismas;

II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto para las dependencias y en el caso de las entidades, por el órgano de gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia en la actuación y otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano de gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior.

Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las entidades paraestatales, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;

III. Abstenerse de cubrir gastos por contratos de honorarios que en cualquier forma suponga el incremento, con respecto al ejercicio de 1988, del número de los contratos relativos o de los montos de las asignaciones respectivas.

Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o entidad de que se trate.

La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuente. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate;

IV. Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a título de representación en órganos de gobierno, juntas directivas, consejos, comités técnicos y otros;

V. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y

VI. Abstenerse de realizar cualquiera transferencia de recursos de otros capítulos presupuestales al capítulo de servicios personales.

Artículo 25. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este decreto y las que resulten aplicables a la materia.

Artículo 26. Las dependencias y entidades de la administración pública federal en el ejercicio de sus presupuestos para el año de 1989, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:

I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para la operación. En consecuencia, se deber optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan;

II. Vehículos terrestres y marítimos con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud y del desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, y

III. Vehículos aéreos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía, así como la procuración de justicia.

Cualquier erogación que realicen por los conceptos previstos en las fracciones anteriores, las dependencias y aquellas entidades cuyos presupuestos se encuentren incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989 o que reciban transferencias con cargo al mismo, requerirá de la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto en forma específica y previa al ejercicio del gasto correspondiente.

Tratándose de las demás entidades paraestatales, se requerirá de la autorización de su órgano de gobierno en los mismos términos del párrafo anterior.

Artículo 27. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable, su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuará siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o del órgano de gobierno de la entidad correspondiente:

I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social;

II. Comisiones de personal al extranjero;

III. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones;

IV. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al gobierno federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.

Las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989 por estos conceptos deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto y las que efectúen las entidades, se autorizar n por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías;

V. Congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones;

VI. Otorgamiento de becas distintas a las comprendidas en los programas regionales de empleo, a las autorizadas por las instituciones oficiales de carácter educativo y a las otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y

VII. Donativos.

Asimismo, las dependencias y entidades serán responsables de que las erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios directamente vinculados al desempeño de las actividades y funciones que tengan encomendadas.

Artículo 28. Las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus presupuestos, sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales, cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados.

Durante el ejercicio de 1989, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector, en función de las disponibilidades de recursos, establecerá medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores que tengan asignadas las representaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior, así como para verificar que la administración de los recursos asignados y el ejercicio de los presupuestos y calendarios se realicen conforme a lo autorizado.

Las dependencias y entidades, en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores y de Programación y Presupuesto, continuarán revisando las aportaciones que actualmente realizan a organismos internacionales cuyos fines se relacionen sus respectivas atribuciones y funciones, a efecto de avanzar en la disminución o cancelación de aquellas que en el contexto actual de las prioridades nacionales no se justifiquen.

Artículo 29. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1989:

I. Se otorgar prioridad a los proyectos y obras de modernización de la infraestructura básica, así como a aquellos que presenten un mayor avance relativo, estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y que reporten los mayores beneficios para la población;

II. Se deberá aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos;

III. Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra;

IV. Se deberá estimular el cambio estructural, así como los proyectos de conversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales.

En el caso de proyectos y obras de beneficio social se concertar, con arreglo a la ley, la participación activa de las comunidades locales;

V. Los proyectos de inversión financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las dependencias y entidades y deberán sujetarse a los términos de las autorizaciones que otorguen las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus respectivas atribuciones;

VI. Las inversiones financieras con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1989, serán aquellas estrictamente necesarias y se realizar n previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:

a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y

b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.

Las inversiones financieras deberán estar vinculadas a programas de saneamiento financiero, productividad y eficiencia y responder a las orientaciones de los programas sectoriales del mediano plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse además a lo que dispone el artículo 33 de este decreto, y

VII. Las entidades paraestatales deberán ajustar sus programas de expansión productiva a las acciones previstas en los programas de mediano plazo correspondientes.

Artículo 30. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación se sujetarán a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:

I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;

II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;

III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;

IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social serán congruentes con los fines de la estrategia de crecimiento económico y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra, a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos y a promover la capacidad de exportación y la generación de divisas;

V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribir n a los productos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme al comportamiento del mercado, las necesidades sociales y el nivel de ingresos de los productores;

VI. Las transferencias designadas al apoyo de entidades paraestatales se deberán orientar selectivamente hacia actividades estratégicas y prioritarias, así como a fortalecer el cambio estructural, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;

VII. Se requerirá la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para otorgar transferencias que se pretendan destinar a inversiones financieras;

VIII. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología en aquellos sectores en proceso de cambio estructural, a la capitalización de las empresas públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;

IX. Los recursos asignados a los programas regionales de empleo deberán destinarse a la generación de puestos permanentes;

X. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales, y

XI. No se deberán otorgar transferencias cuando nos se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.

Artículo 31. La Secretaría de Programación y Presupuesto autorizará las transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos a las dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales bajo su coordinación, verificando previamente:

I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;

II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y

III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.

Las dependencias coordinadoras de sector podrán suspender las ministraciones de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico - financiera en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, informando de inmediato a la Secretaría de Programación y Presupuesto; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 43 de este decreto.

Artículo 32. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.

Artículo 33. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades paraestatales convenios para:

I. El establecimiento de meta de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado, y

II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de cambio estructural que se presente a más tardar el 31 de agosto de 1989 a la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento y sea aprobado por ésta.

La comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, las dependencias que integran la comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrán a la dependencia coordinadora de sector y a la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con base en las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, informará a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.

Las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento establecerán los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y harán la determinación de las entidades paraestatales con las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios.

Artículo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto se abstendrá de autorizar subsidios y las dependencias y entidades, donativos y ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquéllos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan de éste.

Artículo 35. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobres transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 43 del presente decreto.

Artículo 36. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades.

El propio Ejecutivo, por conducto de la citada Secretaría, resolver sobre la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo o, en su caso, el que los mismos se reflejen como economías presupuestales.

Artículo 37. Las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinar n conjuntamente los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles, salvo en el caso de valores emitidos por el sector público. Para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera que requieran el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Públicos a que se refiere el artículo 43 de este decreto.

A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, las dependencias y entidades de la administración pública federal informarán de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, en los términos que se establezcan con base en lo dispuesto por el artículo 43 del presente decreto.

Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa equivalente al rendimiento promedio de las emisiones de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días del mes de inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de esta tasa se efectuará sobre los adeudos reportados por el Sistema de Compensación de Adeudos del Sector Público, desde la fecha en que debieron liquidarse tales adeudos.

Artículo 38. El Ejecutivo Federal podrá abstenerse de ministrar subsidios y de concertar programas de coordinación de servicios e inversiones con las entidades federativas que graven con impuestos locales los sueldos y salarios de los empleados de la Federación, de las entidades paraestatales y de las que operen mediante concesión federal.

Artículo 39. El Banco de México, en función del monto de divisas requerido para el Presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará, a petición de las dependencias y entidades, las divisas necesarias para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera, debiendo las mismas informar a las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen al respecto, de acuerdo con los flujos reales establecidos.

Artículo 40. La Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento que se presenten.

Artículo 41. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1989, serán los siguientes:

Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ella, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.

Artículo 42. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado, en su caso, por lo menos a tres u ocho proveedores, según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1989, serán los siguientes:

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.

Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente parida presupuestal.

Artículo 43. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General de la Federación y el Banco de México, operarán el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos. Las propias dependencias establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho sistema.

Las dependencias y entidades deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el sistema. Para el efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior conjuntamente con la coordinadora de sector, harán compatibles los requerimientos de información que demande el sistema racionalizando los flujos de información.

Artículo 44. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.

El Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, incluyendo las de las entidades paraestatales que celebren convenios de déficit o, en su caso, superávit financiero y hará asimismo las aclaraciones que ésta le solicite, a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.

Los informes trimestrales deberán ser presentados a más tardar 45 días después de terminado el trimestre de que se trate.

Artículo 45. Las propuestas que en ejercicio de sus atribuciones legales formule la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios, enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial Gasto Financiero.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto informará a la Cámara de Diputados de las razones y criterios específicos que fundamenten el ejercicio de estas atribuciones.

Artículo 46. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación, para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las leyes que resulten aplicables y el presente decreto, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y entidades coordinadas y no coordinadas, en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales y podrá requerir de las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 47 de este decreto.

Del Cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se dará cuenta a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 44 de este decreto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Artículo 47. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación y los órganos internos de control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la ley, comprobarán el cumplimiento, por parte de las propias dependencias y entidades de la administración pública federal, de las obligaciones derivadas de este decreto.

Con tal Fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieren, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Artículo 48. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
 

TRANSITORIOS

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de 1989.

Artículo segundo. El Ejecutivo Federal queda facultado para que, conforme a los programas y dentro de los montos del Presupuesto de Egresos aprobado por el presente decreto, efectúe los traspasos y transferencias que resulten procedentes, como consecuencia de las adecuaciones a la estructura programático - presupuestal de las propias dependencias de la administración pública federal y de los ramos presupuestales.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, Distrito Federal, 15 de diciembre de 1988. - El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.

Turnada a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.