En uso y facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista presenta el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Esta iniciativa tiene como base la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante más de tres siglos de coloniaje, se registraron un sinnúmero de naufragios de embarcaciones, en su mayoría españolas, pero también inglesas y francesas, frente a las costas mexicanas; muchos de estos hundimientos fueron producto de ataques navales por parte de embarcaciones piratas en contra de los objetivos de la armada real, pero en el mayor de los casos se debieron a temporales que azotan regularmente nuestros litorales, principalmente en el Golfo de México.

En archivos históricos en poder de la nación y en otras fuentes internacionales, se conocen los registros de estos naufragios, y en algunos casos se precisa con detalle el lugar del hundimiento, así como que los cargamentos contienen un sinnúmero de objetos que nuestra legislación debe considerar expresamente como patrimonio histórico reservado al dominio exclusivo de la nación.

Es menester recordar, que nuestro país ha sido víctima de un permanente saqueo de su patrimonio arqueológico e histórico, que llevan a cabo organizaciones extranjeras que arriban al país con supuestos intereses de investigación, pero que no han podido ocultar sus verdaderas intenciones de robo, negociando en el exterior con tesoros que forman parte de nuestra riqueza cultural manifestada en diversos objetos; los mecanismos de custodia y preservación que ha instrumentado el sector público, han sido incapaces de impedir este saqueo, que hoy se ha dirigido al fondo de nuestros mares con la complacencia de autoridades, como lo pretende demostrar la presente iniciativa.

La opinión pública mundial ha conocido que uno de los objetivos del plan espacial de Estados Unidos de América, consiste en explorar desde el espacio por medio de satélites y con el apoyo de una sofisticada tecnología de rastreo del planeta la existencia de recursos naturales aprovechables, así como la localización de objetos de diversas procedencias y usos que se encuentran ocultos en el subsuelo o en el fondo de mares, lagunas y ríos. En esta materia, se han acompañado a las actividades de rastreo y localización, el ofrecimiento a los gobiernos de los países con dominio de estos recursos, el apoyo técnico y financiero para la exploración terrestre y acuática, para la extracción y aprovechamiento de estos recursos.

A esta actividad de espionaje encubierto con supuestos objetivos de investigación, diversas empresas norteamericanas han propuesto a México la solicitud de encabezar técnica y materialmente exploraciones para la localización de riquezas que yacen en el fondo de nuestros mares; en este sentido han venido a ofrecer sus servicios empresas especializadas en extracción de hidrocarburos, de minerales y de otros objetos de interés comercial, concretando sus últimas solicitudes a rescatar embarcaciones que se supone contienen cargamentos de alto valor.

En septiembre de 1984, después de insistentes propuestas, la Secretaría de Marina autoriza a la empresa norteamericana Oftech, Inc., mediante la firma de un contrato, las labores de investigación, exploración y rescate de barcos hundidos en nuestros mares, otorgando el 40% de lo rescatado como pago a la empresa; estos contratos dejan en manos extranjeras, sin reconocimiento en tareas de investigación académica y sin tener solvencia moral, pues es por demás conocido que esta empresa utiliza para sus fines diversos nombres o razones sociales, se ha dedicado por mucho tiempo al comercio de los tesoros saqueados en detrimento del patrimonio reservado a países que están protegidos con normas legales propias y por acuerdos internacionales suscritos en los marcos de la Organización de las Naciones Unidas.

El contrato de referencia es revisado en junio de 1986, reconociendo como empresa favorecida a otra denominada Ofmex, Inc., que resulta ser filial de la primera, sin modificar sustancialmente el contenido del contrato, pero que extiende la autorización para que éste caduque a fines de septiembre de 1989

En todo este proceso, la Secretaría de Marina otorgó dichos permisos contrato, sin la participación de instituciones nacionales especializadas y con autoridad para emitir opinión al respecto; es necesario resaltar que no se trata de embarcaciones comerciales que se hubieran hundido recientemente y que sus propietarios reclaman su rescate, sino que se trata de embarcaciones que naufragaron durante los siglos XV al XIX.

A partir del mes de noviembre de 1987, esta compañía extranjera de carácter comercial, inicia y concreta sus actividades al rescate del galeón español "Nuestra Señora de Los Juncales", que naufragó frente al Puerto de Veracruz en el año de 1631.

Ante la insistencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en representación de la Secretaría de Educación Pública, en enero de 1988 se suspenden los trabajos, pues se le demuestra a la Secretaría de Marina que la expedición autorizada no tiene el carácter de investigación oceanográfica que tenga por objeto estudiar los fenómenos naturales y comportamientos del mar, sino que se trata del rescate de un monumento histórico que contiene una vasta riqueza, cuyo rescate debe ser realizado bajo la dirección entre otras dependencias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que en el texto contenido del contrato autorizado por la Secretaría de Marina, se ignora la participación de estas entidades culturales oficiales.

En febrero de 1988, ante el cúmulo de protestas que se manifestaron ante las actividades de la empresa americana favorecida, interviene para el examen de la situación jurídica la Comisión Intersecretarial de Investigación Oceanográfica, quien recomienda la cancelación inmediata de los trabajos y el reexamen del proyecto, mediante la creación de un a subcomisión especializada en donde participan diversas entidades públicas, presentando las siguientes

CONSIDERACIONES

La investigación, exploración, localización y rescate de embarcaciones denominadas "pecios", hundidos durante los siglos XV al XIX, deberán estar sujetas al cumplimiento de un Programa Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural Submarino, que regirá estas actividades.

El pecio "Nuestra Señora de Los Juncales", es un objeto histórico y arqueológico, es un recurso cultural, es un patrimonio nacional.

Como objeto histórico y arqueológico, éste y todos los de naturaleza semejante requieren de protección expedita y efectiva; como recurso cultural, debe estar sujeto a planes de investigación y a requerimientos operacionales con base en métodos científicos, técnicos y académicos que aseguren su disponibilidad como bienes culturales del patrimonio nacional, que como tales, deben evitarse las connotaciones comerciales y mercantiles en el objeto de su rescate.

Estas conclusiones fueron suscritas por representantes de las secretarías de Marina, de Programación y Presupuesto, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Educación Pública, de Pesca, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Instituto Politécnico Nacional, mismas dependencias que integran la comisión antes referida.

A pesar de estos acuerdos, el 2 de octubre de ese año se ratificó el contrato original, sin que la empresa extranjera hubiera cumplido con los requisitos señalados por los organismos autorizados para el efecto.

Para sorpresa de todos, el pasado 28 de noviembre la Secretaría de Marina autorizó la continuación de los trabajos, desoyendo los acuerdos adoptados y las reiteradas denuncias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que por acuerdo de su consejo reprobó los planes presentados, y solicitados, a la empresa beneficiada.

El objeto de la presente iniciativa, es la de llamar la atención de que en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas expedida en 1972, no se define con exactitud que los restos o fragmentos de embarcaciones hundidas denominados "pecios", en aguas interiores y demás zonas marinas de jurisdicción nacional, deben considerarse patrimonios histórico cultural; esta imprecisión en la ley referida, ha propiciado una interpretación errónea sobre qué dependencias oficiales deben tener facultades expresas para que la localización y rescate de estos pecios, se realicen bajo normas y tratamientos adecuados y con fines de investigación histórica.

Por todo lo anterior, el Partido Popular Socialista expresa su preocupación y demanda que terminen de una vez por todas estas concesiones a saqueadores profesionales, que ante la timidez oficial y ante la negativa de reconocer de que en México existen instituciones y personal capacitado para las tareas de exploración y rescate de nuestros monumentos, que hoy se dejan en manos extranjeras, que amparados con supuestas bondades técnicas, continúan con la labor de robo y comercio de nuestro patrimonio cultural, arqueológico, histórico y artístico, por lo que debe impulsarse a través de las dependencias oficiales competentes, la ejecución de los proyectos y acciones contenidos en el Programa Nacional de Investigación el Patrimonio Cultural Submarino.

Ya en el Congreso del Estado de Veracruz, la diputación del Partido Popular Socialista, en reiteradas ocasiones ha presentado denuncias sobre el mismo caso, las que han contado con el apoyo de los sectores más conscientes de esa entidad, que han elevado su protesta en contra del saqueo de nuestras riquezas arqueológicas que se viene realizando por diversas organizaciones extranjeras. Estas amplias manifestaciones de repudio, han exigido que se detenga de una manera urgente a estos modernos piratas que actúan al amparo de concepciones equivocadas, producto de una legislación incompleta.

Por lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista que suscribe, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS

Artículo único. Se adiciona una nueva fracción al artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, para quedar como sigue:

"Artículo 36.
 

I. a IV.

V. Los pecios que datan de los siglos XV al XIX inclusive, que se encuentran en aguas interiores y zonas marinas de jurisdicción nacional, definidas conforme a la Ley Federal del Mar, así como los que estén fuera de esta jurisdicción y que correspondan a lo señalado en el artículo anterior. Se entenderá por pecio, el fragmento o la totalidad de una embarcación hundida, y la carga que contenga o haya contenido como consecuencia de su transporte.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, Distrito Federal, el 27 de diciembre de 1988.- Firma la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista: Belisario Aguilar Olvera, Lucio Bermúdez Aristeo, Rafael Campos López, Modesto Cárdenas García, Jesús Antonio Carlos Hernández, Héctor Colio Galindo, Jorge Cruickshank García, Abigaíl Cruz Lázaro, Tomás Gutiérrez Narváez, Paloma Hernández Oliva, Armando Ibarra Garza, Luis Jacobo García, Julio Jácome López, Heray Lescieur Molina, Marcela Lombardo Otero de Gutiérrez, Gregorio Lorenzo Domínguez, Jesús Luján Gutiérrez, José Marín Rebollo, Herón Maya Anguiano, María del Carmen Mercado Téllez, Félix Mercado Téllez, Magdaleno Luis Miranda Reséndiz, Crescencio Morales Orozco, Francisco Ortíz Mendoza, Sergio Quiroz Miranda, Román Ramírez Contreras, Alfredo Reyes Contreras, Ernesto Rivera Herrera, Gloria Rodríguez Aceves y Mario Vázquez Martínez.

Turnada a la Comisión de Cultura.