Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes

De conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo a mi cargo, por su digno conducto, somete a la consideración de esa honorable representación nacional, la iniciativa de decreto y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año de 1990, para su examen y, en su caso, aprobación.

Las condiciones de la economía nacional, aunque complejas aún, son más favorables que las de hace un año. Hemos avanzado en el abatimiento de la inflación; el dinamismo de la actividad económica se recupera progresiva y firmemente; el sector público ha continuado adaptando sus estructuras para cumplir mejor con las tareas del desarrollo en que su participación es estratégica y prioritaria; se han creado y consolidado las condiciones favorables para la contribución amplia y eficiente de los sectores social y privado en la actividad productiva; el ahorro interno se está fortaleciendo y se ha reducido la carga del servicio de la deuda pública externa.

Los avances en la estabilización propicia menores tasas de interés que se reflejan en un menor servicio de la deuda pública interna. La negociación disminuye, por su parte, el servicio de la deuda externa. Es posible plantear por ello un significativo mejoramiento de las finanzas públicas compatible con el inicio de una recuperación del gasto programable. Se entenderá así a la consolidación del abatimiento de la inflación mediante una disminución del déficit fiscal a su nivel más bajo, como proporción del producto, desde mediados de la década de los sesenta. Simultáneamente, con el aumento del gasto programable y su asignación selectiva, es posible incrementar sustancialmente, por primera vez en varios años, las erogaciones públicas en lo prioritario, como educación, salud, abasto, agua, vivienda, agricultura, procuración e impartición de justicia, infraestructura económica y, señaladamente, el Programa Nacional de Solidaridad.

Existen, así, las condiciones para formular, para el año de 1990, una política de gasto público que permitirá, en primer lugar, iniciar una recuperación de las erogaciones programables, compatible con la reducción simultánea del déficit fiscal, en apoyo de la estabilidad de precios. En segundo lugar, dicha política de gasto público plantea un cambio de estructura en la asignación de los recursos, que la hace más acorde con sus funciones estratégicas y prioritarias, y le permite atender y promover mejor el bienestar social y las áreas de infraestructura para el desarrollo. En tercer lugar, su orientación apunta claramente a incrementar y perfilar, mediante una mayor selectividad, las acciones que incidan en el mejoramiento general de quienes menos tienen.

Política de gasto público en 1990

El gasto público es un instrumento fundamental de la estrategia de desarrollo.

Para ser eficaz, debe mantenerse en niveles congruentes con su sano financiamiento, ser ejercido con eficiencia y asignado con prioridades claras, y enfocarse a los campos en que la acción del Estado es estratégica o prioritaria; fomentando, a la vez, la participación amplia y responsable de la sociedad en las tareas del desarrollo.

Bajo una perspectiva de mediano plazo, la política de gasto público propuesta se inscribe en los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. En el corto plazo, se sujeta a los lineamientos del documento de Criterios Generales de Política Económica para 1990, que señala el monto del gasto que es compatible con la consolidación de la estabilidad de precios y con la recuperación, gradual pero sostenida, de un crecimiento afín a las metas del propio plan, y con las acciones y propósitos generales para el año. El propósito fundamental que alienta la política económica y social es el de aumentar la calidad de vida de los mexicanos en todos los órdenes.

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo, la estabilización continua de la economía forma parte, junto con la ampliación de recursos para la inversión productiva y la modernización económica, de la estrategia para la recuperación del crecimiento de la actividad productiva con estabilidad de precios. Tal estabilidad, sin embargo, puede trastocarse y su posterior recuperación impondría costos sociales elevados y exigiría grandes sacrificios. De ahí la necesidad de que se cumplan en todo momento las condiciones económicas fundamentales para conservar la estabilidad y de ahí también que la política de gasto deba contribuir a afianzarla.

Con objeto de ampliar los recursos para la inversión productiva, la política de gasto habrá de fortalecer el ahorro público. Sin descuidar la atención a las demandas sociales ni la operación de la planta productiva del sector público, la racionalidad y eficiencia en el ejercicio del gasto corriente ensancharán el espacio para un aumento de la inversión pública prioritaria, en consonancia con la disponibilidad de financiamiento no inflacionario.

En materia económica, la estrategia de modernización propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo precisa incrementar la productividad para obtener una mayor cantidad de satisfactores con los recursos disponibles. La escasez de éstos sólo seguirá desapareciendo paulatinamente, como resultado de la propia recuperación gradual del crecimiento. Sin la modernización de la economía, los recursos disponibles para la inversión productiva serían insuficientes. El sector público asume su compromiso de encabezar, con el ejemplo, este imperativo de nuestro tiempo. La modernización ha de reflejarse de manera clara en el ejercicio del gasto público y en su asignación a las prioridades del desarrollo.

El crecimiento económico es un objetivo supeditado al ascenso productivo del bienestar social. Es, asimismo, condición para que un mayor número de mexicanos tengan acceso a oportunidades de superación personal integral, mediante empleos productivos y bien remunerados. Pero no es suficiente. Con los recursos a su alcance, el sector público atenderá todos los aspectos del bienestar social, en especial el de los grupos de más bajos ingresos. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, la asignación de las erogaciones públicas propuestas para 1990 otorga la máxima prioridad al gasto social, reorientándolo para aliviar de manera más intensa y directa las situaciones de pobreza extrema.

La política de gasto público recoge así los lineamientos estratégicos de desarrollo, enmarcados en el plan, al que, en tanto instrumento rector, debe sujetarse la programación, en el contexto de las condiciones señaladas en el documento de Criterios, que confiere una periodicidad anual a la planeación de mediano plazo. Con estos antecedentes, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990 busca coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos a través de los siguientes objetivos particulares:
 

I. Contribuir al equilibrio fiscal en apoyo de la estabilidad de precios, como condición para lograr un desarrollo que se refleje de manera permanente en el bienestar de la población .

II. Modificar la estructura de las erogaciones para atender más decididamente las responsabilidades prioritarias del Estado, como son las de promover el bienestar social y asegurar la infraestructura pública necesaria para el crecimiento sobre bases sostenidas y de equidad, y

III. Responder al compromiso fundamental, compartido por el gobierno y la sociedad, de apoyar a la población de más bajos ingresos en su esfuerzo por superar sus condiciones de pobreza extrema.

Para la consecución de los objetivos planteados, el ejercicio de la política de gasto público de 1990 se conformará a los siguientes 10 criterios

I. Apoyar la recuperación económica con estabilidad de precios, sujetando el nivel de las erogaciones a la disponibilidad de ingresos y financiamiento no inflacionario.

El gasto público ejercido con eficacia y honestidad, asignado a prioridades en los campos de acción propia del Estado, y en un monto compatible con su financiamiento no inflacionario, constituye uno de los elementos indispensables de toda estrategia viable de desarrollo. En contrapartida, el gasto deficitario genera mayores problemas que los que resuelve al desembocar invariablemente en retrocesos que lastiman más a quienes menos tienen. Antes que por su monto global, los beneficios del gasto público deben medirse por su contribución genuina y efectiva al desarrollo del país en todos los órdenes.

La evolución económica general, la negociación de la deuda externa y, en especial, el aumento de los recursos disponibles como consecuencia del incremento del ahorro, permiten iniciar una recuperación selectiva del gasto programable. El monto propuesto para 1990 en el presente proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, de 110.8 billones de pesos, es 4.7% mayor en términos reales, al ejercido en el presente año. Este incremento, junto con una asignación cuidadosa, permitirá atender grandes carencias y contribuir a la recuperación sostenida del crecimiento, mediante el apoyo a la infraestructura que el mismo crecimiento requiere.

Se estima una importante reducción real de los requerimientos crediticios del sector público. Su déficit financiero pasaría de 6.3% del producto interno bruto, en 1989, a 1.6% en 1990, cifra que refleja la reducción del saldo de la deuda externa como resultado de la negociación. Incluyendo esta reducción de deuda, la meta de superávit primario, de 10.2%, se sitúa en el nivel registrado más alto hasta ahora. La sustancial reducción del déficit financiero global se apoya también en la disciplina presupuestal y la disminución de la tasa de interés que se deriva del abatimiento de la inflación y que reduce el pago por el servicio de la deuda pública interna de 9.7% a 7.8% del producto. La disminución del pago de intereses de la deuda pública interna y externa es de el 3.1% del producto. El servicio de la deuda total representaría en 1990 el 32.2% del gasto neto del sector público, comparado con el 38.5% de 1989. Así, la estabilidad económica alcanzada permite, al mismo tiempo, reducir el déficit fiscal, iniciar una recuperación gradual del gasto programable, y canalizar un financiamiento adecuado al resto de la economía.

El gasto programable, como proporción del producto interno bruto, se incrementa del 18.1% al 18.3%. El crecimiento del gasto programable está acompañado así, en su mayor parte, de un aumento simultáneo del producto. Se mantiene de esa manera la prioridad del combate a la inflación, al tiempo que se aprovechan las condiciones resultantes de la reducción del servicio de la deuda para iniciar mesuradamente y conforme a la disponibilidad de recursos, la recuperación de las erogaciones en apoyo de los objetivos del desarrollo, simultáneamente con la disminución del déficit fiscal.

Los esfuerzos de los últimos años por sanear las finanzas públicas, junto con el empeño de los sectores productivos por romper la inercia inflacionaria y la renegociación de la deuda externa, son los factores que permiten la recuperación gradual del gasto público programable, compatible con el marco general de moderación propuesta para consolidar el abatimiento de la inflación. Ello se traducirá en apoyos eficaces a la acción de los sectores social y privado en la recuperación económica, así como en la observancia de las obligaciones fundamentales del gobierno para alcanzar una mejoría productiva y social de todos los mexicanos.

II. Asegurar la máxima prioridad en la asignación del gasto público a la atención a las demandas del bienestar social.

La atención a las demandas sociales prioritarias es respuesta obligada a los compromisos sustantivos del Estado. No existe mejor inversión para un país, que la inversión en sus recursos humanos. Una población cada vez mejor alimentada, con niveles crecientes de educación, salud, vivienda y acceso a servicios básicos, constituirá la palanca fundamental de nuestro desarrollo.

Por ello, en la política presupuestaria de esta administración se asigna la máxima prioridad al gasto social. Consecuentemente, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se somete a la consideración de esa honorable Cámara de Diputados muestra que el rubro del gasto en materia de desarrollo social crece un 12.6% real, respecto a 1989. Tal crecimiento es el más alto de los últimos ocho años y es posible por el aumento de recursos provenientes del ahorro interno, la renegociación de la deuda externa y, sobre todo, una asignación fundada en las prioridades y el cambio estructural del sector público. Cabe recalcar que dentro del gasto en el sector de desarrollo social se da prioridad al correspondiente a inversión, con un crecimiento real de 31.2%, para ampliar de manera significativa la cobertura en educación, salud, desarrollo urbano y atender más y mejor el bienestar de la población de bajos ingresos.

En el gasto de desarrollo social, el correspondiente a educación aumenta 16.9% real, con lo que será posible atender el Programa para la Modernización Educativa del país. Se responde así a una demanda generalizada de la población y se finca un crecimiento económico vigoroso y justo en la mejor preparación y capacitación de los mexicanos. El gasto sectorial en materia de salud y laboral crece, por su parte, 10.3% real.

Aumentar la seguridad de los mexicanos en sus personas, familias y bienes ha sido y es una demanda reiterada de la sociedad. El gobierno se comprometió a realizar todos los esfuerzos a su alcance para consolidar la vigencia de los derechos de los mexicanos. Para contribuir al cumplimiento del compromiso contraído, se propone aumentar el 10.8% real el gasto asignado a la procuración e impartición de justicia, por encima, aun, de los importantes incrementos habidos durante este año.

Como se mencionó, junto con el aumento de los recursos para mejorar la calidad de los servicios, también se da prioridad a los proyectos de inversión que expanden su cobertura. En el proyecto de Presupuesto de Egresos, el gasto de inversión en los sectores de educación pública crece 25.9% real, en comparación con los niveles de 1989. En lo particular, la inversión física en el sector salud y laboral aumenta 31.1% real y la relativa a educación, 39.5%

Una vivienda digna, junto con los servicios que la misma requiere, es una de las demandas más sentidas de la sociedad y fundamento y base indispensable para la superación individual y el bienestar familiar. Se propone una inversión del sector de desarrollo urbano y ecología que aumenta 25.1% real, respecto de lo ejercido el presente año, con lo que será posible atender los programas de vivienda.

En los años subsecuentes, se aprovechará la ampliación de recursos disponibles para seguir aumentando gradualmente el gasto destinado a atender directamente las demandas sociales, en condiciones compatibles con la consolidación de la estabilidad. La erradicación de la pobreza extrema es y seguirá siendo objetivo prioritario de la presente administración.

III. Responder al compromiso fundamental del Estado para con quienes menos tienen.

La administración pública federal recogió el principio de solidaridad por ser una propuesta de trabajo nacida y recreada en la misma sociedad. Las acciones puestas en marcha para combatir la pobreza extrema unen hoy el esfuerzo de los mexicanos para alcanzar la justicia a la que aspiramos para todos nuestros compatriotas. Indígenas, campesinos y colonos realizan, con gran dignidad y dentro de sus formas de vida, un gran esfuerzo personal y comunitario por alcanzar mejores niveles de bienestar. En cada acción está por delante su responsabilidad, y exigen que ésta no sea ni sustituida ni soslayada.

El Programa Nacional de Solidaridad está efectuando múltiples obras para aliviar situaciones de miseria en comunidades indígenas, zonas rurales y colonias populares. Es en las acciones para erradicar la pobreza extrema donde el gasto público tiene mayor incidencia en el bienestar social. La efectividad de los recursos aplicados se incrementa con el esfuerzo de las comunidades beneficiadas, para obtener grandes progresos ahí donde las necesidades son más apremiantes.

La participación directa y responsable de los grupos marginados en el diseño de los programas, asegura que los recursos estén orientados a la atención de demandas reales, evitando desviaciones. La colaboración comunitaria contribuye a la viabilidad de las metas trazadas. Con mayores recursos canalizados a través de este programa, se multiplicarán sus beneficios comprobados.

Los sectores de agricultura y recursos hidráulicos, comunicaciones y transportes, comercio y fomento industrial, salud, educación, pesca y desarrollo urbano y ecología incluyen, en su presupuesto a consideración, recursos para ser ejercidos explícitamente en el Programa Nacional de Solidaridad. Los recursos totales asignados al programa en el presente proyecto se duplican, respecto de lo ejercido el año pasado al alcanzar 2 mil 629.2 millones de pesos, de los cuales 2 mil millones son los de asignación directa y 629.2 millones con previsiones de los sectores mencionados. Se estima que con las aportaciones de los estados, será posible rebasar los 3 mil millones de pesos.

IV. Estimular el desarrollo de los sectores agrícola y pesquero, en beneficio de los productores y en apoyo a la alimentación popular.

En el presente proyecto se destinan 16.1 billones de pesos para asegurar el abasto a la población, en especial a la de bajos recursos. Para lograr este propósito y garantizar así a todos los mexicanos los niveles mínimos de nutrición, se contemplan dos ámbitos de acción fundamental.

El primero se refiere a la modernización de los sectores agropecuario y pesquero, basada en el concepto de una participación más activa y responsable de los productores, junto con la actividad directa e indirecta del Estado para aumentar su capitalización. Con ello, se pretende no sólo revertir la tendencia decreciente de la producción agropecuaria, sino mejorar los niveles de consumo de la población rural. La modernización de los sectores agrícola y pesquero, que representa una prioridad fundamental para la administración pública federal, será impulsada mediante aumentos en la inversión pública en esos sectores, con un incremento real propuesto de 55.2% en desarrollo rural y 92.5% en pesca. Atender a la recuperación de los rezagos del campo es uno de los propósitos básicos del desarrollo y una responsabilidad insoslayable. El presupuesto asignado a este sector y su ejercicio eficiente y sin desviaciones contribuirá a ese propósito.

El segundo frente comprende las acciones en materia de abasto, para hacer llegar la alimentación básica a los grupos urbanos y rurales marginados. Los sistemas de comercialización serán mejorados mediante una reorientación de los esfuerzos con vistas a fortalecer la infraestructura de abasto en áreas rurales y de marginación urbana. El presupuesto de inversión del sector de comercio y abasto que se propone, de 332.4 mil millones de pesos, es seis veces lo ejercido en 1989.

La existencia de injusticias lacerantes que aún hay en nuestro país requiere de mantener y fortalecer los subsidios a quienes menos tienen. Sin embargo, su ineficiente canalización ha conducido a que muchos de estos subsidios quedaran en manos de intermediarios, o en grupos para los que no estaban destinados. El cambio estructural de Conasupo permitirá asegurar que lleguen, efectivamente, a quienes los necesitan.

V. Atender el abasto y el uso racional del agua, como factores de gran importancia en el desarrollo agropecuario, y por ser satisfactores fundamentales de la población y elemento indispensable en el desarrollo general del país.

El agua es un recurso indispensable y crucial para el desarrollo del país. En el campo, es insumo de bienestar y progreso. En las viviendas es condición de vida digna. En la industria es esencial para su operación y eficiencia. En México, el aprovisionamiento y la dotación de agua se ha convertido, por su escasez casi endémica en algunos sitios, y su desperdicio y uso irracional en otros, en preocupación central. Si no se adoptan medidas suficientes para corregir esta situación, la escasez de este líquido se convertirá no sólo en freno, sino en amenaza a la salud, e incluso a la sobrevivencia misma de la sociedad. Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo propone una política que se vértebra en torno a un uso racional del agua, ampliando la cobertura del servicio y mejorando la calidad el suministro existente. En apoyo de esta política, se propone aumentar en 64.0% real los recursos asignados a la Comisión Nacional del Agua.

VI. Incrementar la inversión pública que demanda el desarrollo del país, otorgando prioridad a los proyectos socialmente más rentables.

Para que la población alcance niveles adecuados de bienestar, es preciso que tenga acceso a empleos suficientes y bien remunerados. Por ello, la recuperación autosostenida del crecimiento, como condición para el aumento gradual pero firme de las fuentes de trabajo y de los salarios reales, es uno de los objetivos fundamentales del desarrollo.

Para alcanzarlo, se requiere incrementar la inversión productiva. Dentro de ella, la inversión pública en infraestructura económica y social, por su naturaleza, tiene una especial importancia para elevar el potencial productivo de todos los sectores. Se propone un gasto presupuestal en inversión del sector público de 23.0 billones de pesos, con un crecimiento real de 14.4%

Así, su participación en el gasto programable comenzaría a recuperarse, al pasar de 19% en 1989, a 21% en 1990.

Con todo, la inversión pública será un importante promotor del crecimiento más por su orientación que por su monto. El presente proyecto de presupuesto la destina, fundamentalmente, a superar rezagos y a evitar estrangulamientos potenciales donde la infraestructura pública es más necesaria, eliminando obstáculos al desarrollo económico y social del país. Asimismo, se otorga prioridad a la terminación de obras en proceso, especialmente a las que tienen un mayor grado de avance, a fin de asegurar un mayor y más pronto rendimiento de la inversión. Se evitará el desperdicio que significa iniciar proyectos cuando otros no entran en operación por falta de recursos para su culminación. Se prevendrán situaciones potenciales de insuficiencia y de desabasto de insumos e infraestructura necesarios para alcanzar las metas de desarrollo, con las acciones oportunas y pertinentes para corregirlas.

VII. Fortalecer la infraestructura económica para la recuperación del crecimiento de la actividad productiva con estabilidad de precios.

La recuperación del crecimiento no es posible sin la creación de la infraestructura correspondiente. Es preciso asegurar el abasto adecuado de energía. Este proyecto considera un aumento real de la inversión física de Petróleos Mexicanos de 7.3%, y de 15.4% en el sector eléctrico. En comunicaciones y transportes, la inversión crece 5.9%. Estos aumentos permitirán comenzar a superar rezagos en infraestructura económica acumulados durante varios años. Empezaremos a recuperar y fortalecer el capital social de la nación, aun cuando persistirán restricciones presupuestales importantes en virtud de la dimensión de las necesidades. Estamos obligados a asegurar la eficiencia y racionalidad en el ejercicio de las erogaciones, a enfatizar la adopción de medidas que promuevan el ahorro en el uso de energía, y a sumar recursos de otros sectores en la oferta y la provisión de infraestructura pública, en los casos permitidos y en los términos señalados por la ley.

VIII. Asegurar eficiencia, transparencia y honestidad en el ejercicio del gasto público.

El gasto público debe atender diversas áreas del desarrollo en que su presencia es estratégica y prioritaria. Debe responder eficazmente a las demandas de bienestar de una población en aumento y a la creación de la infraestructura pública que requieren las metas de crecimiento de la actividad productiva. Estamos obligados a asignar el gasto público a las prioridades establecidas, evitando su derroche en lo superfluo y administrándolo con la mayor eficiencia y con una rigurosa disciplina presupuestal. El ejercicio de las erogaciones aprobadas por la honorable Cámara de Diputados cumplirá con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, de que una vez determinado su nivel, cualquier gasto mayor en una actividad deberá corresponderse con un menor gasto en otra, siempre en el marco del decreto aprobatorio que se sirva emitir esa soberanía.

IX. Contribuir a los propósitos de descentralización, desconcentración y protección del medio ambiente señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994.

Ejercer eficientemente el gasto implica mantenerlo en concordancia con las prioridades fundamentales de la estrategia de desarrollo, haciéndolo compatible con los objetivos de descentralización de las decisiones, y de apoyo a la desconcentración de la actividad económica. Tales objetivos persiguen alcanzar una más equilibrada distribución del progreso entre grupos, personas y regiones a lo largo de nuestro territorio, un uso más racional de los recursos nacionales y su conservación, así como la protección del medio ambiente.

X. Mejorar las condiciones de vida de los servidores públicos.

Al servidor público debe exigírsele responsabilidad, honestidad escrupulosa y eficiencia en el desempeño de sus labores. Deben también asegurársele, en contrapartida, los medios para una vida suya y de sus familiares de moderada suficiencia; sin excesos pero también sin limitaciones extremas. Las dificultades económicas que enfrentó el país se reflejaron, para la mayoría de los trabajadores de la administración pública, en un deterioro grave de su poder adquisitivo.

El Plan Nacional de Desarrollo propone la recuperación de los salarios reales del sector central y de las entidades públicas en que muestran mayor rezago, en la medida en que la recuperación y la estabilidad económica lo permitan.

El presente proyecto de presupuesto incluye previsiones encaminadas a detener el deterioro del poder adquisitivo de sus trabajadores, atender la creación de plazas en los sectores prioritarios y premiar, además, la permanencia, la dedicación y la capacidad en el trabajo. Consideraciones generales.

El gasto programable del gobierno federal incluido en el proyecto suma, excluyendo transferencias a organismos y empresas controlados presupuestalmente, 44.6 billones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 5.5%, respecto al cierre estimado para 1989. De su parte, el gasto programable en presupuesto de los organismos y empresas asciende a 66.2 billones de pesos, con un crecimiento real de 4.2%. Este crecimiento se explica en buena medida, por el gasto asignado para asegurar el aprovisionamiento de combustibles, energía eléctrica y comunicaciones y transportes, con el propósito de contribuir a sustentar la infraestructura económica, y para ampliar las actividades de los institutos de seguridad y previsión social.

Por su parte, el gasto en participaciones y estímulos asciende a 18.4 billones de pesos y el de adeudos fiscales de años anteriores a 2.6 billones. El gasto primario, que incluye estos dos últimos conceptos además del gasto programable, asciende a 131.8 billones de pesos. Los pagos correspondientes a comisiones e intereses de la deuda, de 62.5 billones de pesos, se reducen 20.5% en términos reales, debido a la disminución de las tasas de interés internas, así como al ahorro logrado con la renegociación de la deuda externa.

Con objeto de mostrar con claridad y transparencia el impacto económico que tienen las iniciativas hoy presentadas en el desarrollo general del país, se propone a esa honorable Cámara el considerar como erogaciones efectivas totales el denominado gasto público neto, es decir, aquél que excluye las amortizaciones que tienen como contraparte una colocación equivalente y por tanto no afectan el saldo neto de la deuda pública del país. Esta propuesta recoge el diálogo que en diversas ocasiones se ha tenido con miembros de las honorables comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como con los de Hacienda.

Esta propuesta tiene su fundamento en el hecho de que dichas amortizaciones compensadas no son erogaciones reales y pueden disminuir o crecer a lo largo de un ejercicio, dependiendo de los plazos de la revolvencia de la deuda.

Esta práctica común ya se sigue en otras naciones con sistemas de contabilidad pública modernizados.

Someto, pues, a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, un proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, que contempla un gasto neto de 194.4 billones de pesos.
 

III. Análisis sectorial del gasto

Desarrollo social

En la estrategia de modernización, la atención a la infraestructura para el desarrollo social tiene especial relevancia, no sólo porque la prestación de los servicios sociales es obligación del Estado consagrada en nuestras leyes, sino porque la justicia es condición insustituible de la modernización económica y social. Por ello, la actual administración ha orientado sus actividades hacia el reforzamiento de la atención prioritaria de las demandas en materia de agua potable, salud, educación, alimentación, vivienda y medio ambiente para crear las condiciones de una vida digna para los mexicanos. Educación

Los objetivos y metas del sector educación pública para 1990 se derivan del Programa para la Modernización Educativa elaborado a partir de una amplia consulta nacional, y son congruentes con los que el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 le señala: mejorar la calidad del sistema educativo de acuerdo con los propósitos del desarrollo nacional; elevar la escolaridad de la población; descentralizar la educación y adecuar la función educativa a los requerimientos de su modernización y de las características de los diversos sectores integrantes de la sociedad; así como fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo.

El Programa para la Modernización Educativa otorga prioridad a la educación primaria, nivel en que se concentra la mayoría de la población estudiantil.

Se pretende ofrecer este nivel de educación a todo el que la demande, dando prioridad a las zonas y grupos de población más desfavorecidos; se atenderá a través de la primaria acelerada a la parte de la población de 10 a 14 años que ha desertado, la cual se estima en más de 1.7 millones de niños y jóvenes; se reforzarán las acciones tendientes a mejorar la eficiencia terminal y la calidad de los servicios, y se articulará pedagógicamente este nivel con el de preescolar y el de secundaria, para conformar un modelo integral de educación básica.

En la educación preescolar, que ha mostrado eficacia para mejorar el rendimiento y el aprovechamiento de los niños en primaria, se implantarán nuevos modelos de atención para incorporar a la población no cubierta, fundamentalmente en las zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas. En lo que corresponde a la educación inicial, se desarrollará un modelo alterno de educación rural y se procurará involucrar a los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos.

En educación primaria, se ampliará sustancialmente la cobertura, fundamentalmente en el medio rural, a través del reforzamiento de la telesecundaria; se implantará un plan único de estudios, y se mejorará la eficiencia terminal en todas las modalidades, abatiendo los índices de deserción y reprobación.

También se otorgará prioridad al uso intenso y creativo de los medios de comunicación masiva; a la enseñanza auxiliada por computadora; a un ambicioso programa de bibliotecas escolares; a la producción editorial y dotación de materiales, y a los apoyos didácticos en todos los niveles como estrategias para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Se canalizará una mayor proporción de egresados de secundaria a la educación terminal, a través de un programa específico de orientación vocacional; consolidación e incremento de los planteles que imparten este tipo de servicios, y la regulación del ingreso al bachillerato universitario. Se impulsará el desarrollo de la educación tecnológica en atención a las necesidades de recursos humanos calificados que requiere el desarrollo nacional; se concertará el establecimiento de contenidos educativos que enriquezcan los aspectos tecnológicos en el bachillerato universitario; se realizarán acciones para incrementar la eficiencia terminal y elevar su calidad. Los planteles federales se consolidarán, se racionalizarán sus estructuras financieras y administrativas y se desconcentrarán académicamente. Se ampliará la oferta con nuevos modelos que induzcan una mayor corresponsabilidad de las autoridades estatales. Se impulsará el telebachillerato y se reforzará la vinculación con el sector productivo y de servicios.

La educación superior tecnológica se impulsará a través de nuevos modelos que involucren más activamente a las autoridades estatales. Se implantarán sistemas abiertos, tanto en la modalidad tecnológica como en la universitaria.

Se desconcentrará académicamente a las instituciones tecnológicas y se les vinculará a los sectores productivos y de servicios; se elevará el nivel cualitativo de las instituciones de educación superior en consonancia con las necesidades del desarrollo nacional, y se reforzarán las acciones tendientes a profesionalizar a sus docentes.

En la investigación científica y tecnológica, se impulsarán nuevos programas de postrado de carácter nacional; se fortalecerán los proyectos interinstitucionales, así como el Sistema Nacional de Investigadores; se gestionarán proyectos compartidos con el sector productivo, y se otorgarán reconocimientos y estímulos a profesores, alumnos e investigadores con base en resultados. Se fortalecerá la desconcentración de la investigación y se impulsará una cultura científica desde preescolar hasta postrado.

Los maestros constituyen la base fundamental para la modernización educativa.

Por ello, se coordinarán las acciones entre las instituciones diversas de educación normal a fin de abatir duplicidades y hacer un mejor uso de la capacidad instalada; se consolidarán los planteles, se reforzarán sus bibliotecas y se les dotará de más y mejores apoyos didácticos, así como de tecnología educativa contemporánea. Se revitalizará la Universidad Pedagógica Nacional como el centro pedagógico por excelencia, formador de docentes e impulsor de la investigación educativa. Se establece la carrera profesional magisterial, de directivos de planteles y de supervisores escolares.

Se implantará la teleactualización del magisterio como estrategia para incorporar en los programas de actualización y nivelación a los docentes en servicio que laboran en las comunidades más apartadas del país.

Los sistemas abiertos cobran importancia como opciones adecuadas para incrementar la oferta educativa a la población demandante que, por diversas razones, suspendió su formación en los sistemas escolarizados.

México no podrá ser un país moderno en tanto subsista un rezago en materia de educación. Por ello, el Programa para la Modernización Educativa busca, en primera instancia, eliminar una de las causas fundamentales del rezago, incrementando la eficiencia terminal en primaria. Además, implanta acciones para elevar la efectividad de los programas de alfabetización y de educación básica de adultos, impulsando la investigación relativa a estos procesos y fomentando la participación sistemática y comprometida de toda la sociedad.

La modernización educativa pone énfasis en la capacitación formal y no formal para el trabajo, no sólo para adultos, sino también para jóvenes desertores. Se incrementará la oferta de estos servicios con nuevos modelos de participación estatal y de los diversos sectores económicos; se reforzará la vinculación con el sector productivo y de servicios, y se mejorará el equipamiento de los planteles.

Se promoverá el intercambio de experiencias en materia de ciencia, tecnología educación y cultura con otros países, a fin de mejorar la formación de recursos humanos calificados y se continuará apoyando, a través de becas, a los estudiantes de escasos recursos económicos con rendimiento y capacidad sobresalientes. Se establecerá el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que comprenda los desempeños de la administración, la política y el impacto social de la educación.

Se consolidará la descentralización de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, y se simplificarán y modernizarán los procedimientos administrativos del sector.

En materia cultural, se ampliará la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y los acervos bibliográficos, principalmente en las áreas de investigación, ciencia y tecnología. Se fortalecerán las acciones de investigación, conservación, preservación y difusión del patrimonio histórico y de las diversas manifestaciones artísticas, así como de las culturas étnicas y populares. Se producirán y tramitarán programas educativos y culturales para su difusión a través de los medios masivos de comunicación, otorgando especial atención a las necesidades de niños y jóvenes. Se continuará la producción de ediciones a precios accesibles, con objeto de fomentar el hábito por la buena lectura.

En apoyo al desarrollo integral de la población, se promoverá en forma masiva el deporte, la recreación y el esparcimiento; se ampliará la apertura de instalaciones deportivas públicas, principalmente en las zonas carentes de este servicio.

Con el propósito de contar con la infraestructura física suficiente que satisfaga y garantice el mejor desarrollo de la labor educativa, se apoyará de manera importante la construcción, equipamiento y reforzamiento de espacios educativos, así como la conservación y mantenimiento de los mismos.
 

En correspondencia con los propósitos del Programa de Modernización Educativa antes mencionado , para 1990 se propone un presupuesto de 18 billones 738.0 mil millones de pesos, que representa un aumento real de 16.9% en relación al de 1989.

Salud y seguridad social

Como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo y el Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida, la atención a salud es un elemento imprescindible del desarrollo y un derecho esencial de todos los mexicanos. Por ello, y por segundo año consecutivo, el incremento que se propone dar al presupuesto de este sector en 1990 es de los más altos, un esfuerzo por ir superando el rezago que existe actualmente en la atención a la población abierta.

Las estrategias generales que regirán las acciones en este ámbito serán: elevar la cobertura de los servicios de salud, llevándolos a los mexicanos del medio rural que actualmente no lo tienen, mejorar su calidad y, en general, modernizar el sistema de salud y seguridad social, y consolidar la operación de los servicios de salud en todo el país.

Para ello, las entidades que conforman el sector orientarán sus acciones a la consecución de los siguientes objetivos: garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, a los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo; ampliar el acceso equitativo a la atención médica primaria, dando prioridad a las zonas marginadas urbanas y rurales; crear conciencia en la población de la importancia de proteger a la salud como uno de los bienes más preciados del individuo y de la comunidad; fomentar la modernización del Sistema Nacional de Salud, y contribuir a proteger y elevar las condiciones de vida de los derechohabientes, mejorando los servicios y prestaciones.

Las principales líneas de acción del sector serán: reforzar las áreas operativas para elevar la calidad de los servicios y aumentar su cobertura; fortalecer la prevención, detección y control de enfermedades crónico - degenerativa, infecciosas y parasitarias; contribuir a la disminución de daños a la salud ocasionados por el deterioro del ambiente y la insalubridad; consolidar los programas de vacunación, incrementando para ello la producción de hemoderivados, vacunas y reactivos, lo que permitirá abatir el índice de mortalidad infantil, y promover que la investigación básica y aplicada sea congruente con las características y condiciones específicas de nuestro país.

Asimismo, en 1990 se dará especial énfasis a los proyectos de inversión en el sector, para incrementar su infraestructura básica en concordancia con la demanda de servicios, a través del apoyo presupuestal otorgado para el equipamiento adecuado, la terminación de las obras en proceso y la construcción de nuevas unidades con énfasis en las de primer nivel, especialmente en zonas marginadas. Asimismo, se fortalecerán los mecanismos de conservación y mantenimiento; se consolidará la coordinación funcional del Sistema Nacional de Salud y se continuará la descentralización en sus diversas etapas.

En materia de seguridad social, se dará atención a las demandas prioritarias del bienestar social en su conjunto y de sus derechohabientes en particular, desarrollando programas para contribuir a la atención de las necesidades de educación preservación de la salud, vivienda, cultura, recreación y esparcimiento, así como para fortalecer el poder adquisitivo del salario, otorgar apoyos financieros y garantizar la protección en casos de accidente, jubilación, cesantía y muerte.

Trabajo y previsión social

Para 1990, los objetivos del sector trabajo y previsión social están orientados a mejorar las relaciones obrero - patronales; procurar el equilibrio de los factores de la producción; promover el aumento de oportunidades de empleo fortaleciendo la capacitación y el adiestramiento: canalizar recursos financieros a los trabajadores; impulsar la organización social para el trabajo, y elevar los índices de seguridad e higiene en el trabajo.

Las principales líneas de acción del sector son: vigilar la aplicación de la legislación laboral y la impartición de justicia; operar el proyecto de capacitación de mano de obra como un medio para coadyuvar a la reducción del desempleo y subempleo; consolidar el Servicio Nacional de Empleo; proteger y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores a través del otorgamiento de créditos para la obtención de bienes y servicios, y fortalecer el Sistema de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El presupuesto que se propone para los sectores salud, seguridad social, trabajo y previsión social es de 19 billones 849.8 mil millones de pesos, lo que significa un incremento real de 10.3% sobre el ejercicio que concluye.

Desarrollo urbano y ecología

Para 1990, los principales objetivos del sector se orientan a fortalecer su carácter preponderantemente normativo y promotor en los aspectos ecológico, de desarrollo urbano y de vivienda, mediante la concertación de acciones con los sectores público, social y privado.

En materia de desarrollo urbano, se apoyará y diversificará la estructura de los sistemas urbanos regionales del país, para lograr mayores efectos en el crecimiento económico e integración nacional del aparato productivo; se fomentarán los procesos de planeación del desarrollo local, mediante la elaboración de 28 planes para el desarrollo de centros de población, se impulsará la dotación de equipamiento urbano a las principales ciudades medias y centros de integración rural, así como la optimización del uso de los recursos públicos en su modernización, conservación y producción.

Se promoverá la ampliación de los niveles de cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, y saneamiento en las ciudades prioritarias del Sistema Urbano Nacional, que permita, además de atender los incrementos naturales de la población, consolidar y apoyar el proceso de descentralización y operación de los servicios.

Asimismo, se conservará el patrimonio histórico y cultural del país, propiciando la incorporación en estas taras a los sectores social y privado y de los gobiernos locales. Se intensificará la regularización, preservación y aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal. Se realizarán reparaciones mayores en el Palacio Nacional y en la Catedral Metropolitana.

Se convertirá la vivienda en factor fundamental para el ordenamiento racional de los asentamientos humanos en el territorio nacional, aprovechando el efecto multiplicador que tiene en la actividad económica para reactivar el aparato productivo y promover el empleo. Se conformará un sistema de información de normas y técnicas aplicables a la vivienda que permita dar a conocer a la población los avances en procesos constructivos y prototipos de vivienda.

Paralelamente, se hará más eficiente el quehacer público habitacional, propiciando la participación social y la inversión financiera en la producción de vivienda y en programas de autoconstrucción. Se impulsará la capacitación y la creación de cooperativas de parques de materiales. Por conducto del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, se iniciarán 40 mil obras de vivienda y se concluirán 61 mil 745.

Se continuará con las tareas de protección, preservación y recuperación del equilibrio ecológico en las principales zonas críticas del país, modernizando el marco legal existente, mediante la formulación de normas técnicas y criterios ecológicos, así como la actualización de ordenamientos en la materia. Se avanzará en la prevención y control de la contaminación del agua, aire y suelo; se conservarán y preservarán los recursos naturales a través de su aprovechamiento racional, propiciando una mayor participación de la sociedad en los asuntos ecológicos, creando una conciencia y cultura ambiental, particularmente en las tres grandes áreas metropolitanas del país, conjuntamente con los gobiernos locales y los sectores social y privado.

Para lograr estos propósitos, la asignación propuesta para este sector asciende a 1 billón 327.6 mil millones de pesos.

Desarrollo rural

Históricamente, el medio rural ha enfrentado una problemática estructural muy diversa en los ámbitos económico, político y social. Esta se ha manifestado tanto en el descenso de la producción y en los niveles de vida en el campo, como en la baja productividad y el desarraigo de la población rural en sus lugares de origen.

En el aspecto económico, existe descapitalización de las unidades productivas, bajos niveles de productividad y una desigual distribución de los recursos, lo que ha producido una inequitativa distribución del ingreso.

En lo político y social, la población rural ha limitado su participación activa en la toma de decisiones como resultado del paternalismo estatal que, en parte, ha inhibido el libre accionar de los productores y sus organizaciones.

Por ello y con base en los lineamientos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, es prioridad del gobierno federal, en su calidad de agente activo del desarrollo rural, aumentar la producción y productividad del campo, para lo cual se requiere promover una mayor participación del sector rural en la toma de las decisiones que les afectan. El proceso de modernización en este sector de la economía es indispensable para lograr estos objetivos. Por tal motivo, se ha decidido poner en práctica medidas concretas, tales como la descentralización de funciones hacia los estados de la República; la promoción de la autogestión de los productores y la concertación con las organizaciones campesinas y los gobiernos de las entidades federativas para promover y ejecutar programas de desarrollo local, y el apoyo a las acciones que aumenten la eficiencia productiva.

Para promover el aumento en la producción y de la productividad, cada vez se destinarán más recursos a proyectos de inversión y a programas de capacitación y asistencia técnica a productores. Así, el proyecto de presupuesto del sector para 1990 refleja claramente la prioridad otorgada a la modernización del campo, ya que dispone de una asignación total de 6 billones 166.1 mil millones de pesos, con un aumento sustancial respecto a lo ejercido en 1989.

Para los grandes proyectos de inversión en el campo, además de cumplir con los requisitos de factibilidad económica, se dará mayor importancia a aquéllos que ya estén próximos a concluir y a los que tengan mayor impacto social en su respectiva área de influencia. Con respecto a las inversiones menores en zonas marginadas y en donde se localizan pequeños productores, se promoverá el uso eficiente de esos recursos a través de convenios de concertación entre el sector público y los productores, poniendo especial énfasis en que sean estos últimos los que decidan sus compromisos y establezcan sus sectores de producción y de trabajo y que sean ellos mismos, asesorados por el gobierno, los actores directos de la ejecución de las obras.

Son numerosos, diversos y complejos los problemas del sector rural, por lo que no es posible solucionarlos con un solo instrumento de política, como lo es el gasto público. Por tal motivo, en adición al importante apoyo presupuestal que recibirá el sector agropecuario y forestal el próximo año, su promoción y desarrollo está contemplado dentro de un esquema integral que comprende la utilización de otros instrumentos, como lo son un esquema adecuado de fijación de precios de garantía, disponibilidad de crédito, seguros y otros apoyos a la producción.

La orientación social del gasto en este sector, conjuntamente con programas para elevar la eficiencia en el uso de los recursos, contribuirán a elevar el nivel de vida de los campesinos, razón primordial del desarrollo rural.

Por otro lado, se fortalecerá la autonomía de gestión de los productores y sus organizaciones a través de la concertación con los gobiernos estatales, procurando la participación de los campesinos, tanto en la elaboración de sus programas de producción, como de sus compromisos y sistemas de trabajo.

Asimismo, se buscará afirmar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra para promover la movilización del campo, ya que las tierras de ejidos y comunidades se han visto sujetas al comercio y al rentismo. Ante tal situación se reformarán las acciones a fin de obtener mayor seguridad en la tenencia y así garantizar su utilización productiva, como base fundamental del programa de desarrollo rural. Dentro de las actividades y acciones contempladas en el sector para promover su desarrollo, destacan los programas de inversión en infraestructura hidroagrícola, agua potable e infraestructura rural entre otros. Están considerados además dentro del presupuesto del sector 377.4 mil millones de pesos que se ejercerán vía el Programa Nacional de Solidaridad, pero que apoyarán los objetivos del sector.

Agropecuario, forestal y reforma agraria.

Los principales objetivos del subsector agrícola se orientan al logro de la suficiencia alimentaria, particularmente de granos básicos, a través de la elevación de los índices de productividad y el aprovechamiento de los recursos ociosos; abastecer las necesidades industriales de materias primas; promover la exportación de cultivos con ventajas comparativas, así como conservar los recursos, suelo y agua.

Para lograr los objetivos antes planteados con los recursos disponibles, se intensificarán los servicios de asistencia técnica en áreas de riego y temporal, dando prioridad a aquellos productores de menores ingresos y estableciendo esquemas donde los productores empresariales absorban gradualmente el costo de este servicio.

En materia de precios de garantía, se otorgará especialmente atención para que se adopten fórmulas de aplicación transparentes y automáticas, que estimulen la eficiencia y la productividad de la agricultura nacional y al mismo tiempo otorguen niveles de remuneración adecuadas a los productores.

Se protegerá la producción agrícola contra plagas y enfermedades a través de diversas campañas de control, combate y erradicación. Asimismo, se conservará y rehabilitará la infraestructura de riego, impulsando la participación creciente de los productores en el financiamiento de estas actividades y su posterior entrega a los usuarios.

Son propósitos fundamentales del subsector pecuario, el aumentar la producción para abastecer el mercado interno y generar excedentes exportables; intensificar el aprovechamiento de la vasta superficie detentada por la ganadería ; elevar los rendimientos de las explotaciones, y ampliar la disponibilidad de proteína animal en la población de bajos ingresos.

Para el logro de los objetivos propuestos, se intensificará la asistencia técnica a los productores de escaso nivel tecnológico y se continuarán con las campañas zoosanitarias para proteger el recurso pecuario nacional. Asimismo, se producirá y distribuirá a precios accesibles, insumos estratégicos dosis de semen pie de cría y biológicos veterinarios entre otros.

Dentro de la política forestal, se mantienen los objetivos principales de abastecer con oportunidad y eficiencia a la planta industrial, mejorar el nivel de vida de los habitantes de la zonas forestales y disminuir los índices de deterioro en los ecosistemas.

Las líneas de acción previstas para cumplir con los propósitos señalados, se dirigen al fortalecimiento y difusión de las técnicas modernas de cultivo; a ampliar las actividades de conservación y fomento, consistentes en la reforestación de áreas degradadas; intensificar la vigilancia y combate de incendios forestales, promoviendo la participación de los sectores social y privado, y a la estricta aplicación de la Ley Forestal y su reglamento.

Por su parte y considerando los propósitos nacionales de modernización económica y cambio estructural establecidos a través de una amplia participación concertada entre todos los sectores involucrados, quedarán comprendidas todas aquellas actividades propias de los ejidos y comunidades, como instrumentos generadores de empleos en el campo y defensa contra las migraciones del medio rural hacia los centros urbanos. Asimismo, se apoyará la organización de los núcleos agrarios, dotándolos a la vez de asesoría técnica y jurídica que les permita incrementar sus niveles de producción.

Se continuarán las acciones de regularización de la tenencia de la tierra, a fin de coadyuvar a la seguridad jurídica en los distintos regímenes de tenencia, buscando mantener actualizados los derechos agrarios individuales y de núcleos.

De esta forma, los objetivos del sector agrario se orientarán a fortalecer las estructuras y formas de organización agraria que conlleven a la modernización del campo, con lo cual, además de incrementar la productividad, se logrará avanzar en la justicia social. Por otro lado, se fomentará el aprovechamiento integral de los recursos con que cuentan los núcleos agrarios, a fin de obtener un mayor desarrollo de los ejidos y comunidades.

Asimismo, se fortalecerá la participación del sector rural, mediante la concertación de formas de organización con los grupos campesinos; se coadyuvará a la modernización del campo mediante la organización y capacitación de los productores a fin de diversificar las actividades productivas; se impulsará la diversificación de agroindustrias y unidades de producción mediante el adecuado aprovechamiento de los recursos y, con el propósito de impulsar la exportación de los productos derivados del campo, se efectuarán promociones y asesoramientos dirigidos a los núcleos agrarios organizados.

Por otra parte, se orientarán acciones a fin de dotar tierra legalmente susceptible de reparto que provenga fundamentalmente de terrenos nacionales, concesiones ganaderas vencidas, tierras ociosas y las que se dediquen a cultivos prohibidos por la ley. En este sentido, se llevarán a cabo investigaciones encaminadas a deslindes y declaratorias de terrenos nacionales, así como en la detección de presuntos fraccionamientos simulados, con la finalidad de afirmar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

Dentro del marco de los Convenios Únicos de Desarrollo, se contribuirá a la consolidación y avance de la descentralización de la vida nacional, por medio de la promoción de programas especiales para las zonas agrarias prioritarias, tales como la Comarca Lagunera y las existentes en los estados de Nuevo León, Jalisco y Guerrero, buscando que dichos programas sean también financiados con recursos del Programa Nacional de Solidaridad y de los propios gobiernos estatales.

Abastecimiento de agua

El agua, elemento fundamental para el desarrollo y el bienestar de la sociedad, se ha convertido en un recurso vital cuya escasez impone límites físicos a los asentamientos humanos y restringe el pleno aprovechamiento del resto de los recursos naturales.

La disponibilidad del agua es crítica, ya que casi tres cuartas partes de los centros urbanos se ubican en regiones donde sólo se cuenta con una quinta parte de la totalidad del agua del país.

Además, en estos centros urbanos, por su rápido crecimiento, la demanda del líquido es cada vez mayor, por lo que se hace necesario explotar fuentes de abastecimiento más lejanas. Esto, sumado al costo económico creciente que implica su conducción hasta las ciudades, ocasiona problemas ecológicos y económicos en los lugares de abastecimiento.

Por otra parte, el sector agrícola es el mayor consumidor de este recurso. El 60% de la superficie de riego corresponde a sistemas de gran irrigación, localizados fundamentalmente en el noroeste y norte del país y, el resto, en diversas unidades de riego y aprovechamiento de particulares.

Los principales problemas que afronta el sector agropecuario son la pérdida de agua en los sistemas de conducción y distribución, así como en la aplicación parcelaria, por lo que la eficiencia en el uso del agua es de un 50%.

De esta forma, al tener un diagnóstico de la problemática del agua, en el Plan Nacional de Desarrollo se define que la política de abastecimiento del agua, tanto de corto como de mediano plazo, tiene como columna vertebral el uso racional del líquido. Los retos en esta materia son: ampliar los niveles de cobertura del servicio; mejorar la calidad del suministro existente y orientar los asentamientos humanos e industriales hacia zonas de abundancia relativa de este recurso.

En la agricultura, se estimulará el uso de sistemas modernos de riego que promoverán el ahorro del líquido, lo que a su vez se traducirá en menores costos de electricidad en el bombeo del agua.

Con el propósito de racionalizar la toma de decisiones y evitar la dispersión de atribuciones y funciones administrativas en materia de uso y aprovechamiento del agua, el gobierno federal creó la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado con competencia sobre las decisiones de uso en cantidad y calidad de las aguas nacionales, para el cual se propone un presupuesto de 1 billón 361.0 mil millones de pesos, con un incremento del 64%. De esta manera, será posible atender las prioridades de la política en materia hidráulica; ordenar el aprovechamiento del líquido en función de la disponibilidad, y proponer y ejecutar políticas a nivel nacional que tomen en cuenta los intereses sectoriales y la opinión pública regional.

De acuerdo a su programa de inversiones planteado para 1990, la Comisión Nacional del Agua incrementará la superficie de riego a través de los proyectos Río Verde, Baluarte - Presidio, Fuerte Mayo, Elota Piaxtla, Río Sinaloa y Coahuayana. Se incrementará la oferta de abastecimiento de agua por medio de los acueductos Sistema Cutzamala, Río Colorado Tijuana, Uxpanapa La Cangrejera, Huajuapan de León, Vizcaíno - Pacífico Norte, Presa Vicente Guerrero, Ciudad Victoria y Chapala - Guadalajara. Asimismo, se continuará apoyando el programa de control de pérdidas y uso eficiente de agua en ciudades, cuyo objetivo consiste en disminuir las fugas en los sistemas a través de la rehabilitación de la infraestructura disponible antes de incrementar la oferta mediante proyectos nuevos.

Pesca

Acordes con las grandes directrices del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, el objetivo general del sector pesquero consiste en elevar la eficiencia en el aprovechamiento y desarrollo de los recursos e infraestructura de la pesca, a fin de satisfacer y fortalecer el mercado interno y de apoyar una inserción ventajosa del país en el ámbito internacional, al tiempo que se ejerce y fortalece la soberanía nacional en la zona económica exclusiva.

En cuanto al mercado interno, se pretenderá ampliar la oferta y distribución de alimentos pesqueros; contribuir a la generación de empleos e ingresos del sector; propiciar un desarrollo regional más equilibrado, y aprovechar eficientemente los recursos naturales. En cuanto al mercado externo, se procurará incrementar las exportaciones con la subsecuente generación de divisas y se apoyará a los sectores privado y social para que amplíen las variedades de productos exportables y diversifiquen mercados con el fin de elevar la participación del país en materia pesquera en los mercados mundiales.

En la realización de obras de infraestructura y dotación de servicios, las inversiones se orientarán a la terminación de obras que más beneficien a las actividades pesqueras y cuyo proceso presente mayores grados de avance físico, así como a la construcción de aquéllas que aumenten la productividad del sector.

Por otro lado, se coadyuvará a la integración de las comunidades pesqueras, proporcionándoles elementos técnicos necesarios para su desarrollo y se ampliará el programa de investigación pesquera.

La estrategia básica del sector pesca que ordena las políticas y acciones, buscará incorporar nuevas pesquerías, tecnologías y zonas a la explotación comercial, a efecto de coadyuvar a una mayor oferta de productos pesqueros, buscando, a la vez, ampliar los mercados internos y externos, cuidando no rebasar los niveles máximos de explotación.

Asimismo, se mejorará y ampliará la infraestructura portuaria de dragado y servicios, así como de obras básicas pesqueras de carácter social y en especial la infraestructura acuícola, promoviendo la adecuada operación de los centros acuícolas e instalaciones disponibles, así como el impulso de proyectos estratégicos de este ramo, buscando establecer las bases jurídicas y de infraestructura para atraer la participación de los sectores social y privado.

El proyecto de presupuesto del sector pesca para 1990, contempla la asignación de recursos para mantenimiento, reposición y ampliación, según el caso, de los equipos e infraestructura pesquera existente, siempre bajo los más estrictos criterios de eficiencia y productividad. Los programas de investigación y desarrollo tecnológico en el sector tendrán también prioridad, buscándose una mejor coordinación en los programas con otros países.

Se continuarán apoyando los programas de organización y capacitación en favor de las comunidades campesinas y pesqueras, así como la de investigación para el desarrollo de técnicas y políticas más eficientes, tanto para el cultivo como para la captura.

La promoción y el desarrollo de la acuacultura tendrá especial relevancia dentro de la estrategia del sector pesquero. Se trata de que el país no quede a la zaga en el dinámico crecimiento que ha registrado esta industria a nivel internacional, para lo cual y a fin de promover su crecimiento, se buscarán hacer los ajustes normativos necesarios para proporcionar seguridad jurídica a los inversionistas privados y sociales y promover así la inversión en esta actividad.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se propone un presupuesto de 207.6 mil millones de pesos, lo que significa un crecimiento real de 17.3%.

Comunicaciones y transportes

El programa de comunicaciones y transportes para 1990 se orienta a mejorar la infraestructura e incrementar su capacidad de proveer los diversos medios de transporte y los servicios de comunicaciones, necesarios para apoyar el crecimiento gradual de la economía.

La mayor parte del esfuerzo de la acción gubernamental en 1990 se encaminará a la conservación y rehabilitación de la red federal de carreteras, los caminos rurales, la red férrea, el sistema portuario, el de aeropuertos y el de telecomunicaciones.

Asimismo, en apoyo del Programa Nacional de Solidaridad y en coordinación con los gobiernos estatales, se dará prioridad a la construcción de infraestructura que permita a la población de más bajos ingresos el acceso a los servicios de comunicaciones y transportes, utilizando preferentemente mano de obra local.

Con apego a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, se alentará la colaboración de los distintos sectores de la sociedad con el sector público, a fin de impulsar el crecimiento de las comunicaciones y los transportes para complementar los recursos políticos. Así, con estricto apego a las leyes y a la normatividad vigentes, se fomentará, en forma importante, la participación de la inversión privada en la construcción y operación de los sistemas, para lo cual se fortalecerán las actividades de regulación, fomento y normatividad.

A efecto de adecuar el sistema de carreteras a la nueva estructura y necesidades del país, se continuará con la construcción de enlaces transversales de la red troncal, orientando los esfuerzos a la conclusión de las obras en proceso con mayor grado de avance. Asimismo, se modernizarán los tramos que demandan mayor capacidad y mejores niveles de servicio, como es el caso de las rutas Guadalajara - Colotlán - Tepelongo, Sayula - Cintalapa, Teotitlán - Tuxtepec y Chihuahua - Culiacán, así como los libramientos de las ciudades de Manzanillo, Colima; Lagos de Moreno, Jalisco, y Nogales, Sonora.

En el transporte carretero, se fortalecerá la regulación y fomento a las actividades en apoyo del autotransporte, mediante acciones que permitan incrementar la oferta y mejorar la calidad de competencia en las distintas clases de carga que se movilizan en el territorio nacional.

Por otra parte, para ofrecer un mayor índice de seguridad en las carreteras federales, se incrementará la cobertura de vigilancia, fortaleciendo las actividades que desarrolla la Policía Federal de Caminos y Puertos.

Con el fin de incrementar la participación del transporte ferroviario en el mercado del transporte masivo de carga, se continuará mejorando la eficiencia en la operación con el empleo de trenes unitarios y directos de itinerario fijo; y se proseguirá con la modernización de la red, mediante la rehabilitación, construcción, electrificación y señalización de vías. Se continúa la electrificación de la vía doble México - Querétaro y la construcción de la vía doble México - Veracruz. Se dará conservación a 25 mil kilómetros que integran la red férrea, mediante la sustitución de 500 mil durmientes y la colocación de 400 mil metros cúbicos de balasto. Se reconstruirán 15 locomotoras y se repararán 164; se reconstruirán 200 carros y se repararán 100.

En transporte marítimo, se promoverá el flujo libre, seguro y eficiente de las mercancías en los puertos, fomentándose la productividad en la prestación de los servicios portuarios a través de la reestructuración administrativa, renovación de equipo y la atención prioritaria al mantenimiento diferido. La marina mercante nacional participará en los diversos convenios de fletamento realizados a largo plazo, lo que le permitirá obtener una mayor capacidad de servicio.

Se concluirá la primera etapa de la planta granelera en el puerto Lázaro Cárdenas y la segunda posición de atraque y patios para contenedores en el puerto de Altamira. Se adquirirá una grúa de pórtico y dos de patio para el puerto de Veracruz y se concluye la construcción del muelle de carga general en Topolobampo.

Se impulsará el desarrollo de la aviación troncal, regional y alimentadora, otorgando facilidades para la extensión y creación de este tipo de servicios.

En infraestructura, se continuará la modernización y consolidación de la red nacional de aeropuertos.

Se construirán y rehabilitarán pistas, plataformas y calles de rodaje en los aeropuertos de Colima, Zacatecas, Silao, Culiacán, Guadalajara, México y Tijuana.

En las comunicaciones, se fortalecerá la actividad reguladora y de fomento del sector para promover el mejoramiento en la eficiencia y la calidad de los servicios. Asimismo, se impulsará, en forma importante, la telefonía rural. Como parte del proceso de modernización de las comunicaciones, la Dirección General de Telecomunicaciones y Telégrafos Nacionales se fusionaron para crear el organismo público descentralizado denominado Telecomunicaciones de México, el cual orientará sus acciones a elevar la capacidad del sistema en corto plazo, mediante la modernización de los servicios telegráficos tradicionales, así como de la red federal de microondas, introduciendo nuevos servicios para hacer un uso más intensivo del sistema de Satélites Morelos.

El servicio postal continúa dentro de un proceso de cambio estructural para lograr su expansión, autosuficiencia financiera y el mejoramiento de la calidad del servicio. Se continúa el apoyo a la investigación a través del Instituto Mexicano de Comunicaciones y del Instituto Mexicano del Transporte.

Para dar cumplimiento a lo anterior, en 1990 se asigna al sector un presupuesto de 5 billones 786.5 mil millones de pesos, 5.6% inferior al ejercicio de 1989.

Comercio y abasto

En el marco de la estrategia de modernización de la economía nacional, se promoverá una profunda reestructuración del sector comercio, fomento industrial y de abasto, con el fin de fortalecer la competitividad del país; alentar la inversión privada, nacional y extranjera; promover las exportaciones; simplificar los procesos administrativos; y propiciar la modernización tecnológica.

La política de protección a los productores del país frente a la competencia externa propició una asignación de los recursos nacionales, incongruente con las necesidades de modernización de la industria. Para superar este obstáculo, en los últimos años el país avanzó en la racionalización de la política de comercio exterior, eliminando requisitos de permisos previos a la importación y reduciendo la dispersión y los niveles de las tasas arancelarias.

En el ámbito del fomento industrial, la modernización de la industria privada y paraestatal permitirá fortalecer su capacidad tecnológica, administrativa y financiera, a fin de que pueda atender la demanda del mercado interno e incorporarse a un contexto internacional de avanzada tecnología y alta competitividad.

La apertura de la economía a la competencia externa y su nueva orientación hacia el sector exportador contribuirán a una expansión dinámica de la actividad económica y la creación de empleos bien remunerados, una eficiente adquisición, difusión y desarrollo de tecnologías modernas y una generación permanente y sana de divisas.

Para fomentar el desarrollo industrial e impulsar las exportaciones no petroleras, se continuará con la eliminación de las restricciones no arancelarias al comercio, a fin de garantizar el acceso de nuestras exportaciones a los mercados mundiales y buscar que la inversión extranjera contribuya a los propósitos de la política comercial del país.

En ese contexto, se aprovecharán la ventajas implícitas en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio para llevar a cabo negociaciones multilaterales; impulsar las modificaciones necesarias para hacer más eficiente la operación del organismo y negociar, con los demás países, el acceso más franco a sus mercados, en reconocimiento y reciprocidad de las medidas adoptadas por nuestro país.

En el ámbito paraestatal de este ramo se atiende en forma directa la prioridad de garantizar el abasto de alimentos básicos a la población en condiciones favorables de oportunidad, calidad y precio, sobre todo a la de menores recursos económicos. Además, a través de estímulos y compensaciones a la producción, se apoyará al pequeño y mediano productor agropecuario; se fortalecerá la capacidad de almacenamiento en el medio rural y urbano; se asegurará el acopio de las cosechas; se complementará la oferta industrial y comercial de alimentos básicos y bienes de consumo generalizado; y se propiciará la formación y operación de sistemas de distribución y ventas de productos básicos en atención de la población más necesitada. Se protegerán los legítimos derechos de los consumidores en las transacciones comerciales y se impulsará la educación en el consumo.

El fortalecimiento a la política de abasto y comercialización de productos básicos se refleja en el proyecto de presupuesto de Conasupo para 1990, que contempla compras totales por 7.5 millones de toneladas, nivel superior en 500 mil toneladas a las compras esperadas para este año. Destaca la participación de la entidad en la comercialización del maíz, frijol y leche en polvo.

Asimismo, el sector contribuye al fomento industrial mediante el otorgamiento de apoyos financieros y tecnológicos a la industria pequeña y mediana, de acuerdo con criterios selectivos de ramas generadoras de satisfactores básicos y productos manufacturados exportables.

Conforme a este marco de objetivos, el sector paraestatal dará impulso al programa de modernización y cambio estructural del sistema Conasupo, mediante las siguientes acciones:

Promover e inducir mayor participación de los sectores privado y social en las compras de básicos y en el mejoramiento permanente de un sistema moderno de abasto, definiendo y concertando procedimientos y términos de comercialización de las cosechas nacionales, así como de las importaciones;

Aplicar un esquema de estímulos a la producción primaria, seleccionando, por orden de importancia, los apoyos que deben otorgarse a los productores campesinos, así como otorgar subsidios al consumo final, en función rigurosa de la necesidad social y/o económica de su otorgamiento, eliminando los subsidios generalizados;

Propiciar la mayor descentralización y desconcentración de las actividades y recursos hacia las zonas y regiones prioritarias productoras de básicos;

Buscar, en materia de importación de productos alimentarios, nuevas y mejores opciones de compras, condiciones crediticias, logística de internación de los productos y la diversificación de mercados externos, a fin de reducir costos y obtener la mejor calidad en los bienes y volúmenes suficientes para garantizar el abasto y consumo de la población;

Atender, con especial énfasis, el abasto y el consumo alimentario de los núcleos de población de las zonas rurales, particularmente los pueblos indígenas y campesinos marginados, abriendo tiendas comunitarias en estas áreas y, con la participación institucional, vecinal y sindical en las unidades habitacionales que lo ameriten;

Fortalecer el apoyo al mediano y pequeño comercio mediante el abasto al mayoreo que les permita ofrecer productos en calidad y cantidad suficientes y adecuadas a precios accesibles al consumidor, y

Analizar la funcionalidad de las instalaciones de almacenamiento en el medio rural y urbano, y en su caso, tomar las medidas procedentes en aquéllas que no cumplan con sus objetivos y metas.

En el ámbito de modernización industrial y del comercio exterior, el sector paraestatal desarrollará las siguientes acciones:

Promover el capital de riesgo privado como fuente alternativa de financiamiento para la planta industrial del país y adecuar las normas de su participación, a efecto de garantizar que éstos sean asignados hacia los fines convenidos con las medianas y pequeñas industrias;

Incrementar los recursos patrimoniales y el número de industrias asociadas al sistema de distribución y comercialización Conasupo, y

Vincular el desarrollo de proyectos tecnológicos a los requerimientos prioritarios de las medianas y pequeñas industrias nacionales, así como propiciar su impulso productivo al otorgarle capacitación y/o asesoría en dicho rubro.

Para lograr estos objetivos, se propone un presupuesto para el sector que asciende a 9 billones 763.8 mil millones de pesos.

Industrial

En el sector público industrial, se han concretado medidas tendientes a redimensionar la administración pública, desconcentrar funciones, simplificar la administración, optimizar la gestión financiera y poner en ejecución programas para elevar la productividad. Con ello, el sector industrial paraestatal es hoy radicalmente distinto de lo que era hace cinco años.

Se cuenta con una instalación industrial paraestatal capaz de responder con eficiencia a la demanda que impone el proceso de modernización en que está inmerso el país, tanto dentro del propio sector, como en apoyo de los demás.

Esto lo convierte en elemento clave del cambio estructural.

Bajo tales consideraciones, se hace necesario consolidar en 1990 los avances logrados. Se requiere asegurar el abastecimiento de los insumos estratégicos que demandará el crecimiento de la economía, así como los encadenamientos industriales que implica el aumento general de la producción de satisfactores para la población. Las asignaciones presupuestales que se proponen para las entidades del sector tienen como característica fundamental una selectividad cuidadosa de los proyectos y acciones a emprender o fortalecer.

En 1990, se introducirán instrumentos para fortalecer la autonomía de gestión de la empresa paraestatal.

Con ellos, sus administradores se responsabilizarán del cumplimiento de compromisos preestablecidos en materia de producción, productividad, eficiencia financiera, entre otros.

En este proyecto, el gasto programable para 1990 del sector industrial alcanza una asignación de 9 billones 798.6 mil millones de pesos. Destaca el crecimiento de 33.1% real (58.3% nominal) en su programa de inversión física presupuestal, en el cual sobresalen los incrementos dirigidos a las entidades productoras de acero (82.0% real en Altos Hornos de México, S. A.), y fertilizantes (26.8% real), en el afán de modernizar sus instalaciones de producción de estos sectores.

Siderurgia

El sector siderúrgico ha orientado sus actividades al logro de una industria moderna, competitiva y eficiente. Su estrategia tiende a buscar la diversificación y solidez suficientes para enfrentar los requerimientos del mercado doméstico y la oportunidad comercial para hacer frente a la competencia internacional. En este sentido, se avanzará en mejorar la calidad de los productos y afianzar su competitividad en materia de precios. Por esa razón, ha sido motivo de preocupación singular para el sector siderúrgico la modernización de sus instalaciones y procesos. Aunado a esto, se han diseñado estrategias específicas en el control de gestión y se han implantado acciones que conllevan al mejoramiento den los resultados.

Las inversiones del sector siderúrgico se orientan a modernizar y reforzar las plantas industriales, así como a mejorar los sistemas operativos con la finalidad de lograr un óptimo aprovechamiento de sus plantas y una mayor competitividad. Los niveles de producción y comercialización para 1990 se muestran en cuadro anexo.

La inversión se orientará a continuar con un ritmo moderado el proyecto Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A. II, y al mantenimiento de Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A. I; a contribuir en forma importante al proceso de modernización de los Altos Hornos de México, S.A., y a proseguir los programas normales de operación del sector siderúrgico. Con estos objetivos se destinará 1 billón 112.6 mil millones de pesos en el sector, se representan incrementos, con respecto con los del año anterior, del 11.2% y 82.0% en términos reales, para Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A. y Altos Hornos de México, S.A., respectivamente.

Para el período 1989-1994, se continuará con el proceso de racionalización de las plantas de operación productiva de las mismas, a fin de lograr que su estructura operativa se optimice y, así poder ofrecer los productos siderúrgicos en forma cada vez más competitiva.

Minería

La política de gasto en el subsector continuará apoyando su fortalecimiento como proveedor de materias primas para la industria nacional y como contribuyente a la generación de divisas. Para ese propósito, se han llevado a cabo acciones de modernización, tendientes a abatir costos derivados de obsolescencias en instalaciones, equipos y prácticas operativas. Las inversiones se orientarán al reforzamiento de las plantas industriales y a modificar los sistemas de explotación hacia un aprovechamiento más racional de los minerales.

El Consejo de Recursos Minerales intensificará las exploraciones en zonas potencialmente factibles, de acuerdo al Programa Institucional de Exploración para el período 1989 - 1994 y se continuará apoyando a la pequeña y mediana minería privada, a través de la promoción de créditos.

Dentro de los programas del subsector, se propone continuar con los esquemas de cambio estructural, concretando acciones de desincorporación de empresas, modernización de plantas y racionalización de estructuras operativas.

Fertilizantes

Las actividades de la industria paraestatal de fertilizantes se han orientado a apoyar los requerimientos que demanda la agricultura, mejorando su productividad mediante el abasto oportuno de este insumo.

Para 1990, se continuarán las acciones encaminadas a lograr el cambio estructural (modernización industrial, comercial y administrativa) y apuntalar su rehabilitación financiera, para abatir costos de operación, distribución y financiamiento, con el propósito de reducir subsidios y hacer un uso más eficiente de los mismos.

Se mantendrá la capacidad instalada de 5.2 millones de toneladas y autosuficiencia en fertilizantes nitrogenados y fosforados. Se continuará con la política de sustitución de producción de fertilizantes de baja concentración por la de alto contenido de nutrientes, abatiendo así costos de producción y distribución. Paralelamente, se incrementará el aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas que por su estructura operativa sea aconsejable. Para ello, se propone destinar a la inversión de las empresas, un presupuesto de 273.0 mil millones de pesos que representan un incremento en términos reales de 26.8%, con respecto al ejercicio que concluye.

A fin de mejorar la rentabilidad de la entidad, a mediano plazo se reforzará su programa de cambio estructural, enfatizando de descentralización regional de la producción y la eficiencia productiva y comercial.

En 1990, se esperan alcanzar niveles de producción y comercialización de fertilizantes, químicos e insecticidas, de acuerdo con el cuadro anexo.

El programa de comercialización 1990 coadyuvará a cubrir una superficie de 14.2 millones de hectáreas, buscando satisfacer, en su totalidad, el mercado nacional, además de exportar los excedentes.

Azúcar

La política de gasto en la rama azucarera se orienta a apoyar la producción de los ingenios públicos que, conjuntamente con la de los sectores privado y social, permita abastecer la demanda interna de azúcar. Asimismo, se continuará el proceso de redimensionamiento de la participación estatal, la modernización de la planta productiva y su saneamiento financiero.

Paralelamente al proceso de retiro de la participación del sector público, se promoverá el establecimiento de una política integral de precios, que reconozca los costos reales del cultivo de la caña, así como de la producción y comercialización de productos, con el propósito de evitar la necesidad de intervenir en forma directa en la producción de azúcar. En este sentido, la política de precios deberá considerar no sólo los niveles de los mismos, sino también la temporalidad de su fijación y los mecanismos de actualización, a fin de permitir la adecuada programación financiera de las operaciones.

Bienes de capital

La política de gasto en el subsector bienes de capital se ha orientado a fortalecer la infraestructura básica para su desarrollo y a complementar su integración. Bajo ese objetivo, se han tomado acciones de reestructuración orientadas a una utilización racional de los recursos disponibles y a incrementar la eficiencia en las operaciones.

Naval

La política de gasto presupuestal para 1990 está encaminada básicamente a consolidar el desarrollo de la industria naval nacional, con el propósito de satisfacer la demanda que requiere la industria petrolera y el movimiento general de mercancías. Esto se enmarca dentro de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, vinculados con los programas operativos anuales y de cambio estructural de corto y mediano plazos.

El presupuesto del subsector apoya exclusivamente a Astilleros Unidos de Veracruz, S.A. de C.V., Astilleros Unidos de Mazatlán, S.A. de C.V. Estas empresas atenderán, conforme a su especialidad y capacidad, las demandas que exige el mercado, tanto de la construcción y reparación de embarcaciones de gran calado, como de las de trabajo y servicio.

Energético

Este sector de actividad es estratégico para apoyar los objetivos fundamentales de la política económica para el próximo año. Constituye un factor que contribuye a la recuperación gradual del crecimiento de la economía nacional.

Para la inversión pública en este sector, se propone cambiar la tendencia negativa de años previos y asegurar un crecimiento real, necesario para fortalecer la infraestructura y su mantenimiento. Prevalece el criterio de fortalecer los gastos de inversión mediante un cuidadoso análisis de las erogaciones corrientes a fin de atender solamente lo indispensable . Así, las acciones se orientan a la conclusión de obras en proceso, especialmente las que se encuentran en las fases finales de construcción, antes que iniciar nuevos proyectos. Se favorecen, asimismo, los proyectos que consolidan la infraestructura existente y el aprovechamiento de la capacidad instalada, sobre los proyectos dirigidos a la expansión.

La asignación de gasto corriente está enfocada a asegurar el nivel de producción que satisfaga la demanda interna y a las exportaciones planeadas para el año próximo. Se contempla aquí la realización de acciones tales como medidas de ahorro de energéticos, control de la contaminación ambiental, mantenimiento preventivo y correctivo de plantas, principalmente. Se incluyen, también, la consolidación de un conjunto de acciones que vienen gestándose en los últimos ejercicios en material de productividad, lo que aunado a las medidas de ahorro de distintos ámbitos, permitirá reducir la presión sobre el rubro de costos.

En cuanto a las divisas que se captan por exportaciones de este sector, las perspectivas que se presentan a corto plazo se caracterizan por excedentes de capacidad y de producción que puedan afectar el nivel de precios. Por ello se asegurará, como ya es tradición, un nivel adecuado de producción exportable y la conducción de una política basada en la negociación y concertación de volúmenes y precios para permanecer con la mejor posición posible en el mercado internacional de hidrocarburos.

El proyecto de presupuesto del sector asciende a 29 billones 047.9 mil millones de pesos, lo que significa un crecimiento real de 4.6%

Petróleo

Con apego a los objetivos y líneas de estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, el subsector hidrocarburos estableció su programa de actividades para 1990, el cual constituye un apoyo fundamental para apuntalar las metas de crecimiento de la economía nacional.

Asumiendo su corresponsabilidad en el abasto de la energía que requiere la recuperación del crecimiento económico del país, se emprenderán acciones para promover la utilización más racional de los hidrocarburos, proteger el ambiente, e implantar políticas de ahorro energético en congruencia con los avances tecnológicos.

Se buscará tanto aprovechar las perspectivas del mercado mundial, dada la contribución de esta entidad a la generación de divisas, como lograr una participación más amplia de los particulares en la petroquímica secundaria a fin de posibilitar la expansión requerida por esta rama productiva.

Se impulsarán las tareas de exploración de hidrocarburos para reforzar las reservas; se fomentará la investigación y el desarrollo tecnológico para mejorar los procesos de extracción, refinación y transformación; y se dará especial atención a la estrategia de la política petrolera, a fin de mantener la presencia de México en el mercado mundial de los hidrocarburos.

La inversión física, que crecerá en términos reales 7.3% sobre los niveles de 1989, tiene como propósitos prioritarios promover un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada y proporcionar el mantenimiento requerido en las instalaciones. La mayor parte de la inversión (54%) está destinada a apuntalar actividades de producción primaria y en menor medida a continuar los esfuerzos en transformación industrial (23%) y en comercialización (5%).

Asimismo, se dará prioridad a las obras que se encuentran en las fases finales de su construcción, y se tomarán acciones para diseñar nuevos esquemas de financiamiento que permitan alcanzar un nivel de inversión acorde con los requerimientos del sector energético, las prioridades sociales definidas por el Ejecutivo Federal y los objetivos de reorientación de la petroquímica básica.

El presupuesto de Petróleos Mexicanos para 1990 se deriva de la política económica del gobierno federal y se orienta a establecer un balance entre los ingresos y los egresos.

Electricidad

La rama eléctrica constituye uno de los principales elementos de infraestructura necesaria para lograr el desarrollo social y económico del país. Este sector se caracteriza por el hecho de que su crecimiento siempre ha sido superior al del producto interno bruto exigiéndole, en consecuencia, un esfuerzo de productividad y eficiencia para atender con oportunidad la creciente demanda.

Para consolidar lo alcanzado y avanzar en los propósitos de cambio estructural, en 1990 el gasto se orientará a satisfacer un crecimiento de la demanda del 6.4%, por lo que se mantendrá la política de racionalización y eficiencia en la operación, buscando elevar la productividad de la fuerza de trabajo, el rendimiento térmico de los combustibles y sostener la disponibilidad actual del 77% en las centrales termoeléctricas.

El programa de inversiones para 1990 estima un crecimiento real del 15.4% con lo cual se busca revertir la tendencia decreciente en los últimos años y recuperar parcialmente rezagos en las distintas fases del proceso que permita, en el corto y mediano plazo, garantizar el suministro de energía.

En complemento a lo anterior, se iniciarán proyectos termoeléctricos bajo un esquema de financiamiento denominado "llave en mano" que permitirá también al subsector reducir la posibilidad de interrupciones del fluido eléctrico en corto plazo.

De igual modo, se proseguirá con el programa de diversificación de fuentes de energía y se alentará el desarrollo tecnológico a través de programas de apoyo a los proveedores nacionales.

Turismo

De acuerdo a los lineamientos generales del Plan Nacional de Desarrollo, se ha procedido a formular el Programa Nacional de Modernización del Turismo con la finalidad de consolidar el papel estratégico del sector turismo en el desarrollo económico del país y orientar la política de gasto a elevar la captación de divisas, la generación de empleos, el desarrollo regional y el fortalecimiento de la identidad nacional, así como mantener alternativas sociales de recreación para la población. Para alcanzar estos objetivos, se promoverá un uso más intensivo de la capacidad instalada, la consolidación de los centros integralmente planeados y el fomento de la oferta turística mediante campañas adecuadas de publicidad.

Para apoyar esa política, en 1990 se enfatizarán los esfuerzos de promoción, publicidad y relaciones públicas en el extranjero, a fin de contribuir a una mayor captación de divisas. Igualmente se reforzará la vigilancia para el cumplimiento de precios y tarifas, de manera tal que sean atractivos a los visitantes.

Se apoyará, también, el programa de reposición de radio patrullas mediante la adquisición de vehículos de auxilio turístico denominados " Angeles Verdes".

Con el fin de ampliar el esfuerzo de inversión para el crecimiento y diversificación de los desarrollos turísticos, se promoverán las inversiones privadas en obras complementarias de infraestructura y oferta adicional.

El programa de inversión de 1990 del sector turismo, se integra por los desarrollos turísticos con horizonte de planeación en el mediano y largo plazos, de Cancún y Cozumel, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero, Los Cabos y Loreto - Nopoló, Puerto Escondido, Baja California Sur y Bahías de Huatulco, Oaxaca.

Para 1990, Fondo Nacional de Turismo promoverá con su instrumento crediticio inversiones privadas para consolidar la segunda etapa de las obras de infraestructura turística y urbana que comprende electrificación, plantas de tratamiento de agua potable y residuales y pavimentación de caminos de acceso en Huatulco, Oaxaca.

Asimismo, se continuará con la tarea de establecer nuevos centros que promuevan el empleo y el desarrollo regional a través de la urbanización que requiere la actividad turística, promoviendo inversiones privadas para apoyar la realización de obras físicas de equipamiento, urbanización e infraestructura en Cancún y Cozumel, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; y Loreto y San José del Cabo, Baja California Sur.

Para coadyuvar al logro de las metas programadas, el presupuesto propuesto para el ejercicio de 1990 asciende a 130.0 mil millones de pesos, 2.7% superior en términos reales al de 1989.

Seguridad nacional y procuración de justicia

El desarrollo actual del país exige la modernización de sus instituciones y de los instrumentos legales que las rigen, por ello, una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 la constituyen la procuración de justicia y la seguridad nacional.

Dentro del sector, la Secretaría de la Defensa Nacional realiza acciones dirigidas a proteger la integridad territorial, la independencia y la soberanía nacionales; así como de los recursos naturales y las instalaciones estratégicas del país.

Para 1990, la Secretaría de la Defensa Nacional incrementará sus acciones de combate al cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes; para ello adquirirá equipo electrónico para la fase II del sistema de detección y control, puesto en operación en 1988, con el objeto de evitar que aeronaves no autorizadas utilicen el espacio aéreo nacional con fines ilícitos. Asimismo, para reducir gradualmente la dependencia del exterior se promoverá la plena utilización de la industria militar.

Se atenderá el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas mediante el fortalecimiento de los servicios de seguridad social. Se reestructurará orgánica y funcionalmente el servicio militar nacional, vía la modernización del reclutamiento, de la preparación y el adiestramiento para fomentar el nacionalismo y el amor de los jóvenes a la patria.

Su programa de inversiones estará orientado a la modernización de su equipo, armamento e instalaciones, para reforzar la seguridad nacional. Se apoyará la remodelación de instalaciones militares (zonas, hospitales y escuelas de enseñanza militar); así como la adquisición de maquinaria y equipo industrial, instrumental médico, refacciones y accesorios mayores para las unidades del Ejército y de la Fuerza Aérea.

Las inversiones incluyen, también, la adquisición de equipo para fortalecer las tareas de seguridad nacional y de combate al narcotráfico y de aparatos de radiocomunicación que se destinarán a la modernización de las brigadas de transmisiones militares, así como de materias primas para la fabricación de vestuario y equipo militar.

La Secretaría de Marina, por su parte, tiene como responsabilidad garantizar la independencia y la soberanía de la nación mediante la vigilancia de las costas, mares e islas nacionales, así como el auxilio a las poblaciones costeras en casos de desastre.

En apoyo de esos propósitos, centrará sus acciones en la vigilancia de los recursos marítimos del país, mediante una eficaz operación de las unidades navales de superficie, aéreas y terrestres en el mar territorial, zona económica exclusiva y franja costera nacional. Asimismo, se desarrollará la investigación oceanográfica como medio para diseñar políticas que redunden en la explotación racional del vasto potencial de los recursos marítimos del país.

Otras prioridades serán la prevención y control de la contaminación marina causada por derrames de hidrocarburos y de acciones dirigidas a combatir el tráfico ilegal de armas y estupefacientes, así como vigilar el cumplimiento de las normas aplicables a la conservación y protección de las especies marinas.

El programa de inversiones 1990 atiende la terminación de cuatro guardacostas clase Águila, para fortalecer la presencia naval de la Federación, la rehabilitación de buques patrulla clase Halcón y de unidades responsables de la prevención y control de la contaminación marina; el reacondicionamiento de astilleros y centros de reparación naval; y la adquisición de refacciones y accesorios mayores para las unidades terrestres, navales y aéreas.

En materia de procuración de justicia, la sociedad mexicana tiene demanda, certeza, oportunidad y celeridad en su administración y procuración. La Procuraduría General de la República, en el ámbito de su competencia, atiende la prestación de un servicio digno, eficiente y honorable de procuración de justicia, para asegurar el acceso de individuos y sectores sociales a la justicia y legalidad constitucionales.

Para 1990, se apoyará la modernización del sistema de procuración de justicia mediante la revisión del orden jurídico en el ámbito reglamentario que ya no corresponde al texto constitucional.

Se modernizará la institución del ministerio público, modificando su quehacer con el fin de que responda, de manera más eficiente, a las necesidades y circunstancias de la sociedad actual, para procurar una más amplia presencia en la tutela de los derechos fundamentales de la comunidad y en la prevención de la delincuencia y en la defensa de la sociedad frente al delito. Se ampliará su cobertura geográfica, vía el ministerio público itinerante, con lo que se atenderá a más de 200 poblaciones, donde aún no existe una agencia permanente. Se inducirá la resolución de controversias por la vía de la legalidad, eliminando trámites innecesarios que son origen de discrecionalidad y de abuso de poder en la gestión administrativa y en la judicial.

Se buscará incrementar sustancialmente las acciones preventivas y correctivas de la campaña permanente contra el narcotráfico, a través de la prevención de la farmacodependencia y de mayores esfuerzos en la investigación, persecución y disolución de sus organizaciones delictivas.

En materia de inversiones, se plantea la adquisición de equipo para fortalecer la campaña permanente contra el narcotráfico; de aparatos de comunicación para contribuir a la modernización de la Policía Judicial Federal; la terminación de bases de mantenimiento para apoyar a las aeronaves que intervienen en la lucha contra el narcotráfico, y la construcción de un inmueble para concentrar sus oficinas metropolitanas, actualmente dispersas.

Finalmente, las acciones de la Secretaría de Gobernación, como responsable de la política interna del Estado, se orienta al aseguramiento irrestricto de las garantías individuales y al pluralismo político. Igualmente, se apoya el fortalecimiento del sistema penitenciario regenerador; el impulso de las políticas de comunicación social y demográfica, así como a la consolidación de mecanismos de protección a la ciudadanía ante la eventualidad de desastres.

En un marco de respeto a las voluntades individuales y eficiente coordinación con los gobiernos estatales, el presupuesto asignado considera el financiamiento a los partidos políticos, de acuerdo con lo previsto en el Código Federal Electoral, y los gastos de operación asociados para el adecuado desarrollo de los procesos electorales.

De esta manera, todas las necesidades de apoyo a los procesos electorales que considera el Código Federal Electoral se atienden en forma transparente y ordenada para contribuir a garantizar la vigencia de nuestro régimen democrático. Lo anterior, permitirá el perfeccionamiento de los procesos electorales conforme lo señala nuestra Ley Fundamental.

Su programa de inversiones estará orientado principalmente a concluir la construcción y equipamiento de los reclusorios federales ubicados en el Estado de México y Jalisco.

Para 1990, las entidades que integran el subsector papel, profundizarán el cambio estructural a través de la ampliación de su capacidad de producción de papel de bagazo y reciclaje de papel desperdicio para la sustitución de importaciones y el abatimiento de costos.

El proyecto de presupuesto para el sector seguridad nacional y procuración de justicia asciende a 4 billones 577.8 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 10.8% real por encima, aun, de los incrementos otorgados en este año.

IV. Programa Nacional de Solidaridad

Programa Nacional de Solidaridad

Ninguna tarea es más urgente que la de emprender acciones para atender las necesidades más apremiantes de los mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema y eliminar las causas de esa situación. Se trata de hacerles llegar los servicios y los bienes a que todo mexicano tiene derecho y de emprender proyectos productivos para incorporarlos plenamente a los beneficios del desarrollo.

Tan importante es el propósito, como la manera de lograrlo; es por eso que la solidaridad existente en cada comunidad, desde la localidad rural más pequeña hasta la comunidad nacional, define la forma de alcanzar el propósito señalado. La solidaridad es una expresión social cuyo contenido es la unidad, la corresponsabilidad y el respeto. Un pueblo solidario es un pueblo que sabe alcanzar el consenso sobre lo esencial: que se suma al trabajo comunitario cuando reconoce en él un beneficio colectivo; y que exige se respeten sus ideas, sus anhelos, su individualidad y formas de organización. La solidaridad tiene sus orígenes en las formas ancestrales de cooperación de los grupos étnicos.

El Programa Nacional de Solidaridad recoge en cada una de sus acciones la actitud solidaria de la sociedad mexicana; ésta rechaza el paternalismo que no soluciona sus problemas y sí restringe la capacidad propia para hacerlo. Con el programa se acepta la corresponsabilidad en las acciones entre sociedad y gobierno. Se accede al diálogo, como vía para definir los fines de cada grupo y comunidad, y la manera de alcanzarlos. Se busca recoger, ampliar, multiplicar y actualizar la riqueza de expresiones que tiene la solidaridad nacional.

Los participantes en el Programa Nacional de Solidaridad son los indígenas; los campesinos del semidesierto y de las regiones serranas y en general aquellos que enfrentan condiciones difíciles para sus actividades productivas; los jornaleros y emigrantes rurales avecindados y demás campesinos que no cuentan con la tierra para su trabajo; los habitantes de las colonias populares en las zonas urbanas que viven en precarias condiciones materiales. Las mujeres y los jóvenes de estos grupos tienen un lugar especial en las acciones del programa.

El Programa Nacional de Solidaridad constituye también un cauce para la participación social de individuos, grupos y organizaciones de todo carácter que se sumen a los propósitos del programa. Lo están haciendo, de igual forma, investigadores e instituciones educativas, y para el año de 1990, se busca incorporar a instituciones civiles y de la iniciativa privada.

Para canalizar los fondos públicos de apoyo a la solidaridad social, el gobierno federal ha fortalecido el Convenio Único de Desarrollo (CUD) como instrumento de coordinación entre niveles de gobierno y de concertación conjunta con comunidades y organizaciones.

Con el Convenio Único de Desarrollo se busca darle congruencia y efectividad a las acciones de solidaridad. Por otra parte, también se ha consolidado dicho instrumento como mecanismo de descentralización a estados y municipios, de recursos, decisiones y capacidad de ejecución; asimismo, se han simplificado trámites, flexibilizando normas administrativas y ampliando los criterios de la acción gubernamental para darle cabida a todas las propuestas sociales, tanto de objetivos como de modos de alcanzarlos, que sean congruentes con los fines del programa.

El Programa Nacional de Solidaridad tiene dos vertientes fundamentales de ejecución: la atención en materia de bienestar social y el impulso a las actividades productivas y su infraestructura de apoyo.

La atención a las demandas de bienestar social constituye la parte más inmediata en las acciones del Programa Nacional de Solidaridad. Se busca combatir los graves rezagos que, en materia de servicios públicos, padece una parte importante de la población. Se incluyen acciones en áreas de salud y educación, de servicios urbanos, alimentación y abasto, de construcción y mejoramiento de la vivienda rural y urbana, así como de preservación del medio ambiente.

El programa busca incidir en las causas que producen la pobreza y no sólo en sus manifestaciones. La incorporación justa, regular y permanente de los grupos participantes al progreso económico nacional es uno de los requisitos para combatir efectivamente la pobreza. Se trata de que esos grupos abandonen el carácter marginal de sus actividades productivas y de que mejoren y aseguren ingresos justos y sostenidos.

El impulso a las actividades productivas se hace sobre la base de las propias experiencias y formas de organización de los participantes.

La construcción de infraestructura de apoyo a las actividades productivas es parte fundamental del propósito de incorporación económica. Se trata de aquellas obras que incidirán, directa o indirectamente, en los trabajos de producción y comercialización de los productos, especialmente los del campo; además, son obras que hacen posible un más fácil acceso a los servicios públicos.

Para las mujeres, se busca abrir opciones que incrementen su participación, tanto en actividades productivas, como en obras y acciones de bienestar social.

Su incorporación puede ser, por propia decisión de las mujeres, en actividades económicas de traspatio, de mercados, así como en acciones de beneficio familiar o comunitario.

En el caso de los jóvenes, se pone énfasis en los egresados de las escuelas de educación media superior para su incorporación a las actividades productivas mediante becas de servicio social. Se acentúa que la prestación de este servicio esté ligada a las acciones que se realizan dentro del Programa Nacional de Solidaridad.

En 1989, los esfuerzos se concentraron en las comunidades indígenas y campesinas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Morelos, Campeche y Zacatecas, pero también se actuó en las colonias populares de las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y la ciudad de México y en los de muchas otras ciudades, entre ellas las de Monclova, Ciudad Juárez, Torreón, Lerdo, Gómez Palacio, Tijuana, Mexicali, Durango, Mérida, Hermosillo y Veracruz. El Programa Nacional de Solidaridad fue marco de concertación de 1 mil 785 programas de trabajo y de 20 convenios con grupos étnicos que incorporaron, en proyectos productivos, a cerca de 1 millón de indígenas.

El esfuerzo ha incluido la ampliación de la cobertura de los servicios de salud, la rehabilitación y ampliación de la infraestructura educativa; obras de drenaje, agua potable, pavimentación, electrificación; regularización de la propiedad del suelo urbano; la construcción de caminos; el otorgamiento de apoyos para la producción; la ampliación y agilización de los mecanismos de abasto, y acciones de preservación y mejoramiento del medio ambiente.

En 1989, el Programa Nacional de Solidaridad se concretó en más de 44 mil obras y acciones que han respondido a las necesidades y demandas de grupos étnicos, comunidades campesinas y colonias populares.

Para proseguir con las obras y acciones que permitan alcanzar el propósito del Programa Nacional de Solidaridad, el Poder Ejecutivo Federal a mi cargo somete a la aprobación de la honorable Cámara de Diputados un presupuesto de 2 billones de pesos inscritos en el Ramo XXVI: Solidaridad y Desarrollo Regional, que constituyen los recursos directos que se destinarán al programa. Adicionales a este monto, son los recursos que las distintas dependencias del gobierno federal destinarán al programa, dentro de sus presupuestos que la propia Cámara de Diputados apruebe. Este proyecto contiene una propuesta de 2 billones 629.2 mil millones de pesos, a ejercer por distintas dependencias en acciones correspondientes al Programa Nacional de Solidaridad. Las dependencias del sector social concentrarán sus esfuerzos en rehabilitar sus instalaciones y ampliar la cobertura, sobre todo a población abierta del medio urbano y rural, en el mismo sentido se orientarán las acciones del sector educativo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes destinará importantes recursos a la construcción de caminos rurales.

Distribuidora de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares S.A., continuará apoyando el abasto popular. El Instituto Nacional Indigenista seguirá con sus programas en todas las comunidades étnicas del país. De esta forma, todos los beneficios que integra la comisión del Programa Nacional de Solidaridad aportarán sus capacidades, técnicas, recursos materiales y fiscales a los fines del programa.

Parte fundamental de los recursos que se ejercen mediante el Programa Nacional de Solidaridad son las aportaciones de los gobiernos estatales y municipales. A los recursos fiscales del Ramo XXVI y a los propios de las dependencias se agregan los de esos dos niveles de gobierno, de acuerdo a una estructura de aportaciones que busca que los estados con mayor rezago social reciban una cantidad superior de recursos federales, Así se multiplican los beneficios a las regiones que más requieren del apoyo gubernamental.

Sin embargo, lo esencial de los recursos que se ejerzan reside en las aportaciones de las propias organizaciones y comunidades. Los participantes aportan recursos monetarios, materiales y, sobre todo, su trabajo que es el elemento primordial que permitirá lograr el propósito de mejorar sus condiciones de vida.

El incremento de los recursos propuestos para 1990 permitirá continuar promoviendo el otorgamiento de los servicios sociales y urbanos básicos; la recuperación de actividades productivas, principalmente en el medio rural; así como la creación de fuentes de empleo y la modernización de la infraestructura de comunicaciones, abasto y comercialización.

Se atenderán prioritariamente las actividades educativas, canalizando inversión a la conservación y rehabilitación de escuelas primarias y secundarias. En materia de salud, se apoyará la rehabilitación, construcción y ampliación de hospitales y clínicas, fundamentalmente en aquellas entidades que tengan los mayores rezagos.

En el campo, se impulsará la conservación, rehabilitación y ampliación de la red de caminos rurales; se promoverá el fortalecimiento de los sistemas de abasto y comercialización, otorgando prioridad a la recapitalización de tiendas rurales y se continuará con el programa de instalación de lecherías; se apoyará la electrificación de comunidades rurales; se impulsará la recuperación de las actividades productivas y se continuará dando apoyo a los productores de escasos recursos a través de programas solidarios para la producción. Asimismo, se brindará especial atención a la regularización de la tenencia de la tierra de indígenas y campesinos y se emprenderán acciones para incorporar a la mujer a las tareas de desarrollo comunitario.

En las colonias populares de las zonas urbanas, se continuará ampliando la dotación de equipamiento urbano y extendiendo los sistemas de agua potable, alcantarillado y electrificación; se apoyará la regularización de la propiedad del suelo; y se ejecutarán acciones que contribuyan a asegurar las garantías de la ciudadanía a través de programas de protección civil, de pronta y expedita impartición de justicia y de readaptación social.

El propósito y las acciones descritas del Programa Nacional de Solidaridad, vistos en un contexto especial, están directamente relacionadas con el desarrollo regional. En sus fines las acciones de solidaridad buscan generar empleos y atender las demandas básicas de la población en las propias comunidades rurales y centros urbanos, se trata de que, desde cada pequeña comunidad hasta en las grandes ciudades, se den las condiciones para un mayor desarrollo, de acuerdo al potencial humano y material de cada región.

Asimismo, se busca promover, mediante una regionalización más adecuada y funcional, los intercambios comerciales que fortalezcan las economías regionales y la prestación de los servicios con mayores beneficios de escala.

Por su método de trabajo, las acciones del Programa Nacional de Solidaridad continúan promoviendo la descentralización de decisiones y recursos a los gobiernos estatales y municipales, con énfasis en estos últimos. Con la definición precisa de propósitos comunes de los tres niveles de gobierno en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, y con los instrumentos adecuados de coordinación, el Programa Nacional de Solidaridad es un firme promotor del fortalecimiento del pacto federal y del municipio.

Las acciones del Programa Nacional de Solidaridad se inscriben plenamente dentro de la estrategia económica y social definida en el Plan Nacional de Desarrollo. La modernización de México, definida como estrategia general del plan, requiere de la incorporación de todos los mexicanos a las actividades productivas y a los beneficios del desarrollo. La estrategia económica tiene su razón en el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. Por ello, adquiere singular importancia el impulso a las actividades productivas de los grupos más rezagados y su ingreso al mercado de trabajo en condiciones más ventajosas. En la estrategia social del plan, las acciones de solidaridad constituyen una parte medular, pues se busca atender a quien recibe de manera insuficiente los beneficios alcanzados ya por la sociedad mexicana.

En el aspecto político, el Programa Nacional de Solidaridad cumple cabalmente con los postulados de nuestro régimen democrático. Es un programa para todos los mexicanos. En su diseño, la participación y el diálogo son elementos fundamentales. En la ejecución, se busca que los participantes conozcan obra por obra y el lugar en donde se realizarán, su costo, sus tiempos y quien los ejecuta; queda clara también, la aportación de su propio esfuerzo. Con el Programa Nacional de Solidaridad se busca avanzar en la democracia participativa de los mexicanos.

En el Programa Nacional de Solidaridad adquieren plena vigencia los tres acuerdos nacionales propuestos por el gobierno federal a la nación; es congruente con los objetivos, estrategias y políticas del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994; y es, sobre todo, un programa que recoge la solidaridad de los mexicanos para seguir avanzando en el propósito de una mayor justicia para todos los mexicanos.

V. Inversión pública

Inversión pública

El propósito de alcanzar un crecimiento económico sostenido y justo, requiere prever una infraestructura adecuada. Para ello, y en congruencia con los nuevos espacios que contará la política presupuestal en 1990, se propone que la inversión pública tenga un incremento real de cierta consideración en 1990.

El proyecto de la inversión física presupuestal para 1990 asciende a 22 billones 990.5 mil millones de pesos, superior en 14.4% en términos reales, respecto al nivel esperado para 1989, la tasa más alta de los últimos nueve años.

Energético

Aunque la inversión en el sector energético continúa siendo la de mayor cuantía, su participación en el total se reduce de 45.0% a 43.5% entre 1989 y 1990. Con los recursos presupuestados de 10 billones 006.5 mil millones de pesos, o sea el 10.7% mayor en términos reales a 1989, se garantiza la oferta creciente y oportuna de energéticos. Se buscará, además, el abastecimiento racional, así como la conservación y mantenimiento de las instalaciones y equipos.

En el sector eléctrico, se contempla aumentar el mantenimiento preventivo y correctivo de plantas, subestaciones y líneas de distribución, a fin de garantizar el suministro del servicio. Se incrementará la capacidad instalada en 1 mil 105 megawatt, destacando las obras de Boca Pozos los Humeros, unidades 2, 3 y 4; Valladolid, segunda unidad; Lerdo, primera y segunda unidad, y Tuxpan, primera y segunda unidades, que entrarán en operación comercial en 1990. Se continuarán las obras en proceso de las hidroeléctricas Aguamilpa, Nayarit; Zimapán, Hidalgo y Agua Prieta, Jalisco.

Se construirán subestaciones de transformación por 2 mil 712 megavatios y subestaciones de distribución por 1 mil 312 megavatios. Asimismo, se construirán 2 mil 817 kilómetros de líneas de transmisión y 57 kilómetros de redes de subtransmisión.

Por último, cabe destacar los programas para electrificar 462 poblados rurales y 83 colonias populares.

Por su parte, Petróleos Mexicanos invertirá en la perforación de 27 pozos exploratorios, 47 pozos de desarrollo y siete de inyección de agua, con objeto de incrementar y mantener el potencial petrolero de la nación.

También, se continuará con el programa de construcción de plataformas marinas de exploración, desarrollo, producción y otros. Se dará prioridad a la construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento de las plantas petroquímicas y de refinación, en especial la segunda etapa de las de Tula, Hidalgo y Salina Cruz, Oaxaca; así como a la construcción y rehabilitación de los ductos necesarios para la recolección, transporte y distribución de crudo, gas y derivados. Otro renglón de importancia en el programa de inversión de Petróleos Mexicanos es la construcción y mantenimiento de las instalaciones de almacenamiento y distribución que se utilizan para la comercialización de los hidrocarburos y sus derivados.

Comunicaciones y transportes

La inversión pública en el sector de comunicaciones y transportes asciende a 2 billones 350.0 mil millones de pesos, 10.2% de la inversión total.

Su tasa de crecimiento, del 5.9% en términos reales, es inferior a la promedio, debido a la respuesta que se ha recibido del sector privado para invertir en obras complementarias que amplíen la infraestructura actual. Así, la mayor parte de la inversión pública se concentrará en la conservación y mantenimiento de la infraestructura existente.

En el subsector carretero, destacan las obras en proceso de construcción de Hermosillo - Nogales y Monterrey - Tampico, y el libramiento de Manzanillo. Además se rehabilitarán 352 kilómetros de pavimentos en las autopistas, caminos directos y puentes de la red de cuotas, así como la continuación de la modernización y ampliación de la red de carreteras de cuotas.

En el subsector ferroviario, se atenderán especialmente los trabajos de rehabilitación de vías en 481 kilómetros en los tramos más transitados.

Dentro de los principales proyectos de ampliación de la red se encuentran: la terminación de la rectificación de la vía doble México - Veracruz, la continuación de la vía doble electrificada México - Querétaro y la relocalización del enlace ferroviario al puerto de Lázaro Cárdenas.

Asimismo, se rehabilitarán 100 unidades de carga y 20 locomotoras. Por lo que corresponde al subsector marítimo, se ampliarán y mejorarán instalaciones en los puertos de Progreso, Altamira, Lázaro Cárdenas y Pichilingue. También se contempla en estas partidas, el mantenimiento de puertos en Guaymas, Puerto Madero, Tuxpan, Coatzacoalcos y Tampico. Se dará especial atención al equipamiento, tecnificación y ampliación de la capacidad instalada y operativa del puerto de Veracruz.

En el subsector aéreo, se concluirán las obras de los aeropuertos de Colima, Colima; Culiacán, Sinaloa; El Bajío, Guanajuato y Zacatecas, Zacatecas; asimismo, se ampliarán los edificios terminales y plataformas de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco y el de la ciudad de México. En el subsector comunicaciones, los mayores esfuerzos estarán encaminados a conservar las instalaciones actuales.

Desarrollo rural

La inversión en este sector asciende a 2 billones 713.7 mil millones de pesos, 55.2% superior en términos reales a la de 1989. Casi el 50% de este monto será ejercido por la Comisión Nacional del Agua, para aumentar el abastecimiento de agua potable a las ciudades urbanas y expandir y rehabilitar los distritos de riego.

Para la captación y conducción de agua, se continuará apoyando al sistema nacional hidráulico, mismo que permitirá mantener el sistema Cutzamala, con el que se dotará de 26 metros cúbicos por segundo de agua potable y 0.6 metros cúbicos por segundo para usos múltiples. Asimismo, se realizarán 29 obras de construcción de acueductos, destacando el de Chapala - Guadalajara, Jalisco, la presa El Cuchillo, en Nuevo León y el de Río Colorado - Tijuana. Para la conservación y rehabilitación de las áreas de riego, destacan los proyectos Río Fuerte - Río Sinaloa, Sinaloa; Elota Piaxtla, Sinaloa; Coahuayana, Colima; Río Verde, Oaxaca; Fuerte Mayo, Sinaloa; Ajacuba, Hidalgo; Santiago Bayacora, Durango; Cupatitzio - Tepalcatepec, Michoacán; Autlán - El Grullo, Jalisco; Río Bravo y Bajo Río San Juan, Tamaulipas, y Delicias, Chihuahua. Además se continuará con la construcción de obras de irrigación mayor para incorporar 32.8 mil hectáreas productivas; para la irrigación menor, se realizará la construcción de 108 obras para incorporar 11.3 mil hectáreas más y se perforarán y electrificarán 389 pozos.

Para el desarrollo de las áreas de temporal, se realizarán 435 obras, incorporando 40.6 mil hectáreas a la producción agrícola, destacan los proyectos del Plan Chiapas y San Fernando, Tamaulipas.

En materia forestal se construirán y rehabilitarán 1 millón 880.5 mil kilómetros de caminos forestales. En la industria rural, se establecerán y rehabilitarán 33 plantas agrícolas, pecuarias y forestales.

Desarrollo social

En este rubro se consideran las erogaciones de inversión destinadas a los sectores de educación, salud, laboral, desarrollo urbano, Programa Nacional de Solidaridad y desarrollo regional. En conjunto, el proyecto de presupuesto para la inversión física en dichos sectores asciende a 5 billones 333.4 mil millones de pesos, con lo que aumenta en 31.2% real. Su participación en el total de la inversión pública se eleva de un 20.2% que se espera para el cierre de 1989, a 23.2% en 1990.

Destacan los sectores salud y laboral, con una inversión de 1 billón 908.9 mil millones de pesos, lo que representa un aumento real de 31.1%. La Secretaría de Salud canalizará sus recursos hacia la conservación y mantenimiento de la infraestructura actual, a la terminación de 14 hospitales generales y 55 centros de salud rural. Se ampliarán y rehabilitarán dos centros de salud urbanos, y los laboratorios nacionales de salud pública. Se iniciará la construcción que integre los institutos nacionales de Rehabilitación, Ortopedia y de la Comunicación Humana.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social concluirá obras en proceso, como es el Centro Médico Siglo XXI y hospitales generales en Guerrero y Nuevo León, además de la conservación y mantenimiento de la capacidad instalada.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado construirá y remodelará 159 unidades de medicina familiar y 29 hospitales, así como 37 estancias de bienestar infantil. El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, dentro de su programa de vivienda, terminará la construcción de 56 unidades habitacionales e iniciará la de 57 unidades más, con lo que se proporcionará vivienda, a bajo costo y a precios accesibles, a los trabajadores al servicio del Estado.

En materia laboral, se proporcionará capacitación obrera para aumentar la mano de obra calificada, y se equiparán 150 centros de capacitación.

En el sector educación, la asignación para inversión suma 1 billón 100.9 mil millones de pesos, un incremento real de 39.5% respecto al año anterior, con lo que se mejorará la calidad y se ampliará la cobertura del sistema educativo, en congruencia con el Programa para la Modernización Educativa.

En 1990, se llevará a cabo la construcción de 23 mil 795 espacios educativos, desde el nivel preescolar hasta el superior y posgrado; se dotará y sustituirá equipo de talleres y laboratorios, y acervos bibliográficos.

Se culminarán obras de construcción de la segunda etapa del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Coyoacán y la tercera etapa de la unidad profesional interdisciplinaria en biotecnología; se invertirá en reparación y reforzamiento de planteles educativos y edificios.

Cabe señalar que los recursos para el sector solidaridad y desarrollo regional serán complementados con erogaciones etiquetadas en los programas normales de otros sectores, de tal forma que la inversión real dentro del Programa Nacional de Solidaridad crece 68.3% en términos reales.

El tipo de obras cubre todos los sectores desde proyectos productivos hasta los de bienestar social. Por ejemplo, se invertirá en la conservación y rehabilitación de escuelas primarias y secundarias, así como en la rehabilitación, construcción y ampliación de hospitales y clínicas. En las zonas rurales, las obras incluyen la conservación, rehabilitación y ampliación de la red de caminos rurales; la perforación de pozos; la instalación de lecherías y la electrificación de las comunidades rurales, entre otros. En las colonias populares, los proyectos típicos incluyen los sistemas de agua potable, alcantarillado y electrificación, junto con los que garantizan la protección civil a la ciudadanía.

Por último, la inversión del sector desarrollo urbano aumenta en 25.1% en términos reales, básicamente en apoyo de los programas de construcción de vivienda de interés popular. Destaca el programa del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, que abarca la terminación de 61 mil 745 acciones de vivienda y la iniciación de 40 mil más, así como para continuar con la reconstrucción de la Unidad Nonoalco - Tlatelolco.

Industrial

La inversión del sector industrial asciende a un monto de 1 billón 492.0 mil millones de pesos, que representa una participación del 6.5% del total, superior en 33.1% en términos reales, en relación a 1989. Estos recursos serán canalizados a la modernización y mantenimiento de la planta industrial para fomentar el desarrollo económico del país.

En la siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, S.A., se continuará con los programas de rehabilitación y mantenimiento de la planta productiva. Así mismo, se proyecta la expansión de la empresa mediante la inversión de la segunda etapa, así como terminar las obras que integran el primer segmento, finiquitar las plantas de reducción directa, acería eléctrica y colada continua actualmente en operación y las plantas de servicio y apoyo.

En Altos Hornos de México S.A., la inversión estará encaminada a la consecución del proyecto de modernización de la primera etapa, (PRO - 2), a través del cual se logrará la producción de lámina rolada en frío y de hojalata, así como la modernización de su planta productiva y el mantenimiento y rehabilitación de sus instalaciones para asegurar el abasto de los productos siderúrgicos básicos al mercado interno.

En Fertilizantes Mexicanos, se llevará a cabo la conservación, mantenimiento y rehabilitación de la planta actual, así como la realización de obras de infraestructura para incrementar la capacidad productiva. Se continuará con la construcción del complejo de soluciones nitrogenadas en Coatzacoalcos, Veracruz; asimismo, se fortalecerá la infraestructura del almacenamiento, distribución y comercialización.

En la industria azucarera se destinarán los recursos para continuar con la investigación que fomenten la integración vertical de la industria; la implantación de usos industriales alternativos de la caña de azúcar y de la diversificación de la agroindustria. Asimismo, se desarrollarán programas de modernización, prevención y mantenimiento de los ingenios, a fin de que éstos incrementen su nivel de producción para satisfacer la demanda del mercado nacional.

En la construcción de carros de ferrocarril, la inversión se canalizará a atender las demandas nacionales, tales como el tren ligero articulado de Monterrey, el del Distrito Federal y Metro sobre ruedas de acero para la ciudad de México, así como satisfacer las necesidades de los ferrocarriles nacionales en la rehabilitación de locomotoras, carros de pasajeros y de carga.

Comercio y abasto

Con el propósito de fortalecer la producción, abasto y comercialización de productos básicos, el proyecto de presupuesto para inversión física del sector comercio asciende a 332.4 mil millones de pesos que representa un incremento nominal del 509.9% respecto a 1989. Dicha inversión se destinará a la ampliación y diversificación de la infraestructura básica de acopio y comercialización, así como a la conservación y rehabilitación de la ya existente.

En este contexto, destacan la construcción, conservación y rehabilitación de bodegas, almacenes y silos; así como la construcción, ampliación y equipamiento de plantas agroindustriales y la rehabilitación de cámaras de congelación climática y laboratorios de análisis de alimentos.

Pesca

A fin de satifacer el mercado interno y apoyar una inserción ventajosa del país en el ámbito internacional, ejerciendo y fortaleciendo la soberanía nacional en la zona económica exclusiva, la inversión del sector pesca para 1990 asciende a 58.6 mil millones de pesos, lo cual representa un incremento nominal de 128.9% respecto a 1989, y que casi se duplica en términos reales.

Dicho presupuesto se orientará a la realización de obras de infraestructura pesquera y dotación de servicios entre las que destacan: la terminación del dragado en Boca de San Francisco del Mar Oaxaca, y la construcción de escolleras en Laguna de Coyután, Colima. Asimismo, se iniciarán nuevas obras de alta importancia tales como: 32 parques camaroneros en las Cabras, Sinaloa y cinco parques acuícolas en otras partes de la República, así como la construcción de 117 laboratorios de sanidad.

VI. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

Poderes

El fortalecimiento de la autonomía y el respeto mutuo entre los Poderes de la Unión, son elementos de un equilibrio indispensable en un régimen democrático para garantizar el legítimo ejercicio de las facultades que la Constitución y las leyes les confieren. Ello coadyuva al logro de los objetivos que la propia Constitución fija.

Las acciones que llevan a cabo la honorable Cámara de Diputados y el Senado de la República, conducen al perfeccionamiento del marco jurídico y político para fortalecer al estado de derecho y mantener vigente la libertad individual y colectiva, en condiciones de igualdad y de justicia.

En materia de inversiones, se reacondicionará el recinto parlamentario del Senado de la República; se realizará el proyecto de ingeniería integral para evaluar el estado estructural del Palacio Legislativo de San Lázaro para iniciar su proceso de reconstrucción.

Para mantener la continuidad de las actividades, el Poder Legislativo, en ejercicio de su autonomía, envió para su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación, un presupuesto que asciende a 213.4 mil millones de pesos.

El poder Judicial, ante una sociedad en permanente transformación, tiene como función sustancial preservar la libertad y la paz social, mediante la aplicación del orden jurídico emanado de la Constitución General de la República.

Su inversión en 1990 apoyará la terminación de tres módulos de su edificio central, con lo que se logrará un avance del 60% en la construcción del recinto judicial que albergará los tribunales y juzgados ubicados en el Distrito Federal, actualmente dispersos con motivo de los sismos. Asimismo, adquirirá mobiliario y equipo de administración para tribunales y juzgados de distrito que se instalarán durante el ejercicio.

Con el propósito de continuar en las tareas de modernización de la administración de justicia, el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de su autonomía, asciende a 320.9 mil millones de pesos.

Sector central

Para la administración pública central, se propone un gasto programable de 56 billones 285.0 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal respecto al cierre estimado para 1989 de 23.9% o de 4.2% en términos reales.

El gasto ejercido directamente por las dependencias de gobierno se incrementa 27.8% nominal, equivalente a una tasa de 7.5% real, para alcanzar el monto de 28 billones 847.3 mil millones de pesos. Disminuye la participación relativa de las transferencias a entidades públicas al crecer éstas sólo 20.2% en términos nominales, lo que implica un incremento real de 1.1%; en cifras absolutas, dichas erogaciones ascienden a 27 billones 437.7 mil millones de pesos.

El gasto corriente de administración contemplado en este proyecto suma 23 billones 524.9 mil millones de pesos, lo que significa aumentos nominal y real de 29.5% y 8.9%, respectivamente. El concepto de mayor crecimiento relativo es el de materiales y suministros, reflejando la determinación del Ejecutivo por elevar la calidad de los servicios Públicos, especialmente en salud, Educación, Procuración de justicia y Seguridad pública y Nacional. También destaca el aumento real en el renglón de servicios personales que obedece a la política planteada de mejorar el nivel adquisitivo de los trabajadores públicos.

La inversión física a cargo de la administración pública central, que asciende a 5 billones 322.4 mil millones de pesos, aumenta a una tasa superior a la del gasto corriente: en términos nominales se incrementa 31.7%, equivalente a 10.7% real. El concepto de obras públicas registra un crecimiento real de 19.4%.

La disminución en la participación relativa de las transferencias a las entidades públicas es producto directo de las labores tanto para redimensionar el sector paraestatal como para sanear sus finanzas.

A nivel global, cuatro sectores, comercio y abasto, educación, desarrollo rural y salud, representan el 72.9% del total de las transferencias a entidades públicas, y crecen a una tasa real de 12.9% con respecto al cierre estimado para 1989.

Los mayores apoyos se concentran en el sector educación con 25.6% del total, reflejando un crecimiento real de 18.7%. Destacan los apoyos para las instituciones de educación media superior y superior que reciben el 45.1% de los 7 billones 028.1 mil millones de pesos presupuestados para el sector.

Siguen en importancia las transferencias al Sistema de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que elevan su participación entre 1989 y el proyecto de 1990 de 20.5% a 23.5%, en respuesta a la determinación de elevar los niveles de nutrición de los grupos de bajos ingresos y su acceso a los satisfactores de la canasta básica. Esto implica, además de los subsidios directos a la leche, la tortilla y el pan, recursos para modernizar ampliar el sistema de abasto que atiende las zonas rurales y urbanas marginadas.

El proyecto de presupuesto contempla apoyos para el sector desarrollo rural por el monto de 3 billones 971.8 mil millones de pesos, equivalentes al 14.5% del total. Las instituciones que otorgan créditos a la producción agropecuaria, junto con Asociación Nacional Agrícola y Ganadera, S.A., reciben 1 billón 578.1 mil millones de pesos, mientras que para la Comisión Nacional del Agua se presupuesta 1 billón 361.0 mil millones, con un incremento de 64.0% en términos reales sobre 1989. Cabe señalar, por otra parte, que la desincorporación de empresas en este sector permite racionalizar la asignación de sus transferencias, concentrándolas en las áreas prioritarias.

Los apoyos para el sector salud y laboral ascienden a 2 billones 554.1 mil millones de presos, en donde destacan los recursos canalizados al Instituto Mexicano del Seguro Social, a los servicios coordinados de salud, a los distintos institutos nacionales de atención médica especializada, y al proyecto de capacitación de mano de obra.

En el sector desarrollo urbano, sobresale el crecimiento en las transferencias para apoyar la inversión en vivienda a través del fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), que en conjunto se elevan en 51.0% en términos reales.

La reducción en las transferencias al sector comunicaciones y transportes obedece a la desincorporación de algunas entidades, como Servicio de Transbordadores y Servicio de Telerreservaciones, pero sobre todo al cambio estructural y saneamiento financiero en las que permanecen en el sector. Estos mismos factores también explican la baja absoluta y relativa en los sectores industrial y energético.

Es importante enfatizar que la decisión de proponer un incremento en el gasto público no significa que se abandona la política de ejercerlo con disciplina y estricta adherencia a criterios de selectividad, y jerarquización de las actividades a emprender. Al contrario, se redoblarán los esfuerzos de austeridad y racionalidad, para maximizar el impacto del gasto público en la recuperación de la economía.

Sector paraestatal El proyecto de gasto programable de la administración pública paraestatal en presupuesto asciende a 66 billones 264.3 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 23.8% nominal ó 4.2% en términos reales. Dentro de este promedio sin embargo, hay diferencias sustanciales, dependiendo de las prioridades, las situaciones concretas de mercado y los programas de reestructuración.

En general, se aprecia la política del gobierno para concentrar sus esfuerzos en áreas de interés colectivo, destacando la salud y previsión social, el abastecimiento de alimentos y la producción y distribución de energéticos, sobre todo de energía eléctrica.

Así, continúan los programas de cambio estructural y saneamiento financiero en las entidades que permanecen en el sector paraestatal, junto con el esfuerzo para complementar sus actividades mediante la inversión directa de los sectores privado y social. El objeto fundamental es elevar su productividad económica y social, a fin de que se conviertan en verdaderas promotoras de la modernización y recuperación del crecimiento justo y sostenido.

Los frutos del camino ya trazado en este sentido se aprecian de manera importante en este proyecto de presupuesto. En efecto, las transferencias del gobierno central a todas las empresas del sector paraestatal controlado se reducen en términos reales, con excepción de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, y en total crecen sólo 0.4%. Los subsidios para operación, sin considerar los de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, y las transferencias estatutarias al Instituto Mexicano del Seguro Social, decrecen en 80.7% en términos reales. En el caso de las transferencias de capital, sólo aumentan aquéllas para Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las - Truchas S.A., y Ferrocarriles Nacionales de México; el nivel de las transferencias para el servicio de la deuda se mantiene en las empresas que se encuentran en proceso de definir su programa de cambio estructural y miento financiero.

Concordante con las estimaciones proyectadas del incremento en la actividad económica, el gasto de operación de las entidades y organismos en presupuesto se eleva en 23.8% nominal, equivalente al 4.1% real. La compra de insumos intermedios aumenta en promedio 1.1% real al nivel global y la de servicios generales en 4.4%.

El sector paraestatal en presupuesto invertirá 14 billones 112.3 mil millones de pesos en obras públicas y bienes muebles e inmuebles, un aumento nominal con respecto a 1989 de 36.2% ó 14.6% real. En particular, el renglón de obras públicas, que suma 10 billones 845.5 mil millones, crece en términos nominal y real, 67.2% y 40.6%, respectivamente. Por entidad, destacan los aumentos reales en la inversión física en Altos Hornos de México, S.A., 82.0%; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, 60.9%; Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 43.6%; Fertilizantes Mexicanos, 26.8%; Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro, 15.4%; Ferrocarriles Nacionales de México, 8.0%, y Petróleos Mexicanos 7.3%.

Resultado presupuestal

Como consecuencia de la estabilidad económica alcanzada este año y la renegociación de la deuda externa, es factible aumentar a un ritmo moderado el gasto público programable, al mismo tiempo que se reduce el uso total de recursos por parte del sector público y se incrementa el financiamiento disponible para el resto de la economía. Como resultado de la disciplina presupuestal y de la reducción del servicio de la deuda y de su principal producto de la negociación con los acreedores externos, el superávit primario en 1990 alcanzará el nivel más elevado hasta ahora, al llegar a 10.2% del producto.

El gobierno federal generará un superávit primario de 57.4 billones de pesos, comparado con 32.4 billones en 1989, lo que representa un aumento de 49.2% en términos reales.

En cuanto a los organismos y empresas del sector paraestatal en presupuesto, su superávit primario disminuye de 5.4 a 3.4 billones de pesos, lo que significa una reducción real de 45.7%.

VIII. Proyecto de presupuesto de la deuda pública

Proyecto de presupuesto de la deuda pública

Con objeto de mostrar con claridad y transparencia el impacto económico que tienen las iniciativas hoy presentadas en el desarrollo general del país, se propone a esa honorable Cámara el considerar como erogaciones efectivas totales el denominado gasto público neto, es decir, aquél que excluye las amortizaciones que tienen como contraparte una colocación equivalente y por tanto no afectan el saldo neto de la deuda pública del país. Esta propuesta recoge el diálogo que en diversas ocasiones se ha tenido con miembros de las honorables comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como con los de Hacienda.

Esta propuesta, tiene su fundamento en el hecho de que dichas amortizaciones compensadas no son erogaciones reales y pueden disminuir o crecer a lo largo de un ejercicio, dependiendo de los plazos de la revolvencia de la deuda.

Esta práctica común ya se sigue en otras naciones con sistemas de contabilidad pública modernizados.

El abatimiento de la inflación interna y los resultados favorables en la renegociación de la deuda externa se reflejan de manera significativa en el proyecto de Presupuesto de la Federación: los intereses a pagar por parte del sector público presupuestal reducen su participación, dentro del gasto neto total, de 38.0% a 32.1%, principalmente por la disminución en el pago de los intereses de la deuda externa.

En total, el proyecto de presupuesto de gasto por servicio de la deuda pública asciende a 62.5 billones de pesos, lo que representa una caída en términos nominales del 5.4%, y en términos reales del 20.5%.

El mayor ahorro se registra en el renglón del pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda del gobierno federal. En términos reales, éstos se reducen 24.3%, al pasar de 58.6 billones de pesos en 1989, a un monto de 52.7 billones en 1990.

Los organismos y empresas en presupuesto pagarán intereses por un total de 9.8 billones de pesos, frente a 7.5 billones en 1989, lo que representa un aumento real del 9.4%, debido básicamente al mayor financiamiento que se propone para Petróleos Mexicanos en el mercado doméstico.

En conclusión, me permito reiterar el compromiso que esta administración adquirió de fortalecer la capacidad del Estado para responder al pueblo de México, en su reclamo legítimo de una sociedad más justa, más atenta al bienestar de los que menos tienen. Este proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, que someto a su consideración, busca coadyuvar al cumplimiento de este compromiso.

Este proyecto se propone, en un marco congruente con la estabilización de precios, apoyar la recuperación del crecimiento, e impulsar de manera decidida los programas del Estado para contribuir a que este crecimiento beneficie a la sociedad entera.

Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración más distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, noviembre 15 de 1989. - El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.

B. Decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990.

INICIATIVA DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 1990

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1990, se sujetarán a las disposiciones de este decreto y a las aplicables a la materia.

Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los ramos de aportaciones a seguridad social y erogaciones no sectorizables para el año de 1990, importan la cantidad de $ 54.571,470.100,000.00 (cincuenta y cuatro billones quinientos setenta y un mil cuatrocientos setenta millones cien mil pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:

Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para solidaridad y desarrollo regional y participaciones a estados y municipios para el año de 1990, importan la cantidad de $ 20.200,000.000,000 (veinte billones doscientos mil millones de pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:

Las erogaciones por concepto de participaciones a estados y municipios se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1990, importa la cantidad de $ 190,814.300,000 (ciento noventa mil ochocientos catorce millones trescientos mil pesos, moneda nacional).

Artículo 5o. El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1990, importa la cantidad de $ 257,000.000,000 (doscientos cincuenta y siete mil millones de pesos, moneda nacional).

Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el año 1990 correspondientes a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:

Artículo 7o. Las asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el pago del servicio de la deuda del gobierno federal para el año de 1990, importan la cantidad de $ 52.714,600.000,000 (cincuenta y dos billones setecientos catorce mil seiscientos millones de pesos, moneda nacional) y se distribuye de la siguiente manera:

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Los intereses y comisiones correspondientes a las entidades paraestatales cuyos programas están incluidos en este presupuesto, asciende a la cantidad de $ 9.804,113.600,000 (nueve billones ochocientos cuatro mil ciento trece millones seiscientos mil pesos, moneda nacional).

Las asignaciones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores del gobierno federal importan la cantidad de $ 2.619,700.000,000 (dos billones seiscientos diez y nueve mil setecientos millones de pesos, moneda nacional).

El ejercicio de los recursos a que se refiere este artículo estará vinculado a la evolución de las condiciones económicas y sociales y, en su caso, se ajustará a los requerimientos que demande el desarrollo nacional.

El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar erogaciones por concepto de amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivados de colocaciones de deuda, por ser éstas operaciones compensadas que no afectan el saldo neto de la deuda pública. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos compensados.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades a que se refiere el artículo 6o. de este decreto.

Artículo 8o. Dentro de las previsiones señaladas en los artículos anteriores, las erogaciones para el Programa Nacional de Solidaridad importan la cantidad de $ 2.629,200.000,000 (dos billones seiscientos veintinueve mil doscientos millones de pesos, moneda nacional) y se integra de los recursos asignados de manera específica en los siguientes ramos:

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Estas previsiones se orientarán a obras y proyectos de inversión de vivienda, educación, agua potable, salud, electrificación, infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos naturales, que atiendan la demanda directa de las comunidades indígenas, campesinas y grupos populares urbanos.

Los recursos por este concepto serán intransferibles.

Artículo 9o. Los titulares de las dependencias así como los órganos de gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.

Las secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con las estrategias y objetivo del plan, de los programas de desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de

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los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y para los mismos fines tendrán las dependencias de la administración pública federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinan.

Artículo 10. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gastos que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, en su caso, podrá reservarse dicha autorización y solicitar a los coordinadores de sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas en los siguientes casos:

I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos con base en lo dispuesto por el artículo 37 de este decreto;

II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas resulte que no cumple con las metas de los programas aprobados o se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;

III. En el caso de subsidios, el incumplimiento de la cuenta comprobada motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;

IV. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emitan la secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público;

V. Cuando en los términos del artículo 28 del presente decreto, se hayan celebrado convenios de asunción de pasivos y no se cumpla con las obligaciones pactadas y los programas de saneamiento respectivos o con los compromisos de déficit o superávit, y

VI. En general, cuando no ejerzan sus supuesto con base en las normas que al efecto se dicten.

Salvo lo previsto en los artículos 13 y 34, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos así como ampliaciones líquidas a los presupuesto; en consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejecución presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.

Las entidades no comprendidas en el presupuesto, se sujetarán a los calendarios de gastos que aprueben sus respectivos órganos de gobierno, con base en los lineamientos generales que emita la propia Secretaría.

Artículo 11. Para que las dependencias y entidades puedan ejercer créditos externos destinados a financiar proyectos o programas específicos, será necesario que la totalidad de los recursos correspondientes se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la aprobación previa y expresa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Los recursos que se prevean ejercer por este concepto serán intransferibles y sólo podrán aplicarse a los proyectos para los cuales fueron contratados los créditos.

En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de deuda que los créditos generen.

Cuando la contratación de esto créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Asimismo y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades dentro de sus presupuestos autorizados, deberán utilizar los recursos externos disponibles en las instituciones financieras, para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.

Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales debidamente justificados y de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo 12. La Secretaría de Programación y Presupuesto, en el ejercicio del presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.

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Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, así como de los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como del titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizar dichos compromisos, salvo en lo previsto en el artículo siguiente.

Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del ramo XXIII del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 13. El ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social o programas y proyectos prioritarios o estratégicos del gobierno federal, con cargo a:

I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1,2,3 y 4 de su fracción II "aportaciones y abonos retenidos a los trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", "cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores", "cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores" y "cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares".

De estos ingresos, se asignarán a la Cámara de Diputados los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos, en monto que no exceda del 5% del gasto corriente presupuestado para el Poder Legislativo, los que serán ejercidos por conducto de la propia Cámara de Diputados.

II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este decreto;

III. Remanentes que tengan las entidades paraestatales, entre sus ingresos y gastos netos, que se consignen como erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos, y

IV. Ingresos que obtengan el gobierno federal como consecuencia de la liquidación o extinción de las entidades paraestatales que se determine o del retiro de la participación estatal en aquéllas que no sean estratégicas o prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros.

El monto de los ingresos adicionales que resulten de las operaciones señaladas en el párrafo anterior se destinará a financiar proyectos de inversión productiva de entidades estratégicas o prioritarias existentes o para la constitución de nuevas entidades paraestatales que se justifique, de acuerdo a los requerimientos de desarrollo del país.

Asimismo, se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el gobierno federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas y proyectos específicos para los que hubieren sido contratados.

El Ejecutivo Federal, al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1990, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición y hará el análisis de su aplicación.

Artículo 14. El ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados.

Para los efectos del Párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gastos y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de los órganos de gobierno de las propias entidades.

Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva, sin afectar el gasto social y los programas estratégicos y prioritarios, optando preferentemente, en los casos de programas de inversión, por aquéllos de menor productividad e impacto social y económico.

Del ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Federal dará cuenta a la Cámara de Diputados al rendir los informes trimestrales a que se refiere el artículo 38 de este decreto y al presentar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Artículo 15. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias

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federales, no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.

Artículo 16. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambios, quedarán definitivamente como economías del presupuesto y en ningún caso se podrá hacer uso de ellos.

Artículo 17. La administración, control y ejercicio de los ramos de erogaciones no sectorizables, de aportaciones a seguridad social y de solidaridad y desarrollo regional a que se refiere el presente decreto, se encomiendan a la Secretaría de Programación y Presupuesto. La administración, control y ejercicio de los ramos de deuda pública, de participaciones a estados y municipios y de erogaciones para saneamiento financiero será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CAPÍTULO II

Disposiciones de racionalidad, austeridad y

disciplina presupuestales

Artículo 18. Sin perjuicio de lo que establece el presente decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.

Artículo 19. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar, conforme a los programas y recursos en este presupuesto, la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.

Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello garantice el incremento de su productividad, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de gobierno, debiendo informar de lo anterior a las secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación.

A la designación o contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores, en ningún caso podrá dárseles efectos retroactivos a la fecha de la autorización correspondiente.

Las dependencias y entidades no podrán llevar a cabo conversiones de sus plazas, puestos y categorías autorizados, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cual deberá recabarse la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto, para el caso de las dependencias y del órgano de gobierno, tratándose de entidades paraestatales.

Las dependencias y entidades no podrán modificar su estructura orgánica básica y ocupacional aprobada en el ejercicio de 1989, debiendo ser éstas acordes con las normas emitidas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, por lo que cualquier adecuación sólo podrán hacerla las dependencias, previa autorización de dichas Secretarías y las entidades paraestatales por su órgano de gobierno, conforme a los lineamientos que se dicten para tal efecto, de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tales adecuaciones no podrán implicar traspaso o ampliación a las previsiones presupuestadas por las dependencias y entidades por concepto de servicios personales, ni incremento en el número de plaza.

Artículo 20. Las dependencias y entidades de la Administración Pública en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales deberán:

I. En las acciones de descentralización, dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas, sin que ello implique la creación de nuevas plazas;

II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto para las dependencias y en el caso de las entidades, por el órgano de gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia

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en la actuación y otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano de gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior.

Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las entidades paraestatales, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;

III. Abstenerse de cubrir gastos por concepto de honorarios que rebasen los montos autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuesto o bien, que en cualquier forma supongan el incremento del número de los contratos relativos, celebrados en el ejercicio de 1989.

Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios Profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía; personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que informa la planta de la dependencia o entidad de que se trate.

La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuente. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate;

IV. Observar la normatividad que emita la Secretaría de Programación y Presupuesto, en materia de remuneraciones a títulos de consejeros en órganos de gobierno, o sus equivalentes de entidades paraestatales;

V. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y

VI. Abstenerse de realizar cualquier transferencia de recursos de otros capítulos presupuestales al capítulo de servicios personales.

Artículo 21. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este decreto y las que resulten aplicables a la materia.

Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior, para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. Asimismo, continuarán en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores y de Programación y Presupuesto, revisando dichas cuotas en relación con los fines de los organismos y sus propias atribuciones, a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando en el contexto de las prioridades nacionales no se justifiquen.

Durante el ejercicio de 1990, el ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector, en función de las disponibilidades de recursos, adoptará medidas de racionalización de los presupuesto, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior.

Artículo 22. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos para el año de 1990, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:

I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para la operación. En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan;

II. Vehículos terrestres y marítimos, con excepción de aquéllos necesarios para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud y del desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, y

III. Vehículos aéreos, con excepción de aquéllos necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía, así como la procuración de justicia.

Cualquier erogación que realicen las dependencias por los conceptos previstos en las fracciones anteriores, requerirá de la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto en forma específica y previa al ejercicio del gasto correspondiente.

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Tratándose de entidades paraestatales, se requerirá de la autorización específica y previa de su órgano del gobierno, la cual deberá sujetarse a la normatividad vigente.

Artículo 23. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable, su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa de titular de la dependencia o del órgano de gobierno de la entidad correspondiente:

I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero; congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de servicios bancarios, correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable; y donativos, en los términos del artículo 29 de este decreto;

II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones, y

III. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos, las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al gobierno federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.

Las erogaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto y las que efectúen las entidades, se autorizarán por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías.

Artículo 24. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1990:

I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras vinculadas a la prestación de los servicios de educación, salud, vivienda, equipamiento urbano, abastos de alimentos, seguridad e impartición de justicia, con especial atención de aquéllos que se orientan a satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos; así como de modernización de la infraestructura básica de comunicaciones y transportes, energía eléctrica y abasto de combustibles; a los que estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y los que presenten un mayor grado de avance físico.

Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos, cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos financieros para su terminación, puesta en operación y mantenimiento y en ningún caso, cuando existan otros proyectos similares que puedan ser concluidos con los recursos disponibles;

II. Se deberá aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos;

III. Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra;

IV. Se deberá estimular el cambio estructural, así como los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción, comprendidos en la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.

En el caso de proyectos y obras de beneficio social se concertará, con arreglo a la ley, la participación activa de las comunidades locales;

V. Los proyectos de inversión financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuesto de las dependencias y entidades y sujetarse a los términos de las autorizaciones que otorguen las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus respectivas atribuciones; asimismo, los ejecutores de gastos y los agentes financieros del gobierno federal informarán a las citadas secretarías, del ejercicio de los créditos con base en los recursos autorizados en sus respectivos presupuestos;

VI. Las inversiones financieras con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, serán aquéllas estrictamente necesarias y se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:

a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y

b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.

Las inversiones financieras deberán estar vinculadas a programas de saneamiento financiero, productividad y eficiencia y responder a las

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orientaciones de los programas sectoriales de mediano plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse además a lo que dispone el artículo 28 de este decreto, y

VII. Las entidades paraestatales deberán ajustar sus programas de expansión productiva con los programas de mediano plazo correspondientes, con las prioridades de la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de Desarrollo y con las previsiones de recursos disponibles.

Artículo 25. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se sujetarán a las estrategias o objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:

I. El otorgamiento se hará con base a los criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;

II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;

III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;

IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social serán congruentes con los fines de la estrategia de crecimiento económico y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra, a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos y a promover la capacidad de exportación y la generación de divisas;

V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agropecuarios ubicados dentro de régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme a las necesidades sociales y con el objeto de preservar el nivel de ingreso de los productores. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y del poder adquisitivo de la población;

VI. Las transferencias destinadas al apoyo de entidades paraestatales se deberán orientar selectivamente hacia actividades estratégicas y prioritarias, así como a fortalecer el cambio estructural, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;

VII. Se requerirá la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para otorgar transferencias que se pretendan destinar a inversiones financieras;

VIII. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología en aquellos sectores en proceso de cambio estructural, a la capitalización de las empresas públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;

IX. Los recursos asignados a los programas regionales de empleo deberán destinarse a la generación de puestos permanentes;

X. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales, y

XI. No se deberán otorgar transferencias cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.

Artículo 26. La secretaría de Programación y Presupuesto autorizará las transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos a las dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales bajo su coordinación, verificando previamente:

I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;

II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y

III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.

Las dependencias coordinadoras de sector podrán suspender las manifestaciones de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico - financiera en los términos y plazos

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establecidos en las disposiciones aplicables, informando de inmediato a la Secretaría de Programación y Presupuesto; dicha información deberá ser proporcionada a los términos del artículo 37 de este decreto.

Artículo 27. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.

Artículo 28. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades paraestatales convenios para.

I. El establecimiento de metas de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado, y

II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de cambio estructural que se presente a más tardar el 31 de agosto de 1990 a la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento y sea aprobado por ésta.

La comisión avaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios respecto de las metas establecidas de dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, las dependencias que integran la comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrán a la dependencia coordinadora de sector, y a la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con base a las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, informará a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como la de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.

Las dependencias que integran a la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, establecerán los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y harán la determinación de las entidades paraestatales con las que habrán celebrarse los mismos. Los órganos de gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios.

Artículo 29. La Secretaría de Programación y Presupuesto se abstendrá de autorizar subsidios y las dependencias y entidades, donativos y ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquéllos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan de éste.

El Ejecutivo Federal podrá abstenerse igualmente de ministrar subsidios y de concertar programas de coordinación de servicios e inversiones con las entidades federativas que graven con impuestos locales los sueldos y salarios de los empleados de la Federación, de las entidades paraestatales y de las que operen mediante concesión federal.

Artículo 30. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 del presente decreto.

Artículo 31. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades. En todo momento, se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.

El propio Ejecutivo, por conducto de la citada Secretaría, resolverá sobre la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, procurando dar prioridad a los programas de desarrollo social, prioritarios y estratégicos de las dependencias y entidades que hubieren generado dichos ahorros o, en su caso, que los mismos se reflejen como economías presupuestales.

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Artículo 32. Las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse através de mecanismos bursátiles, salvo en el caso de valores emitidos por el sector público. Para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos a que se refiere el artículo 37 de este decreto.

A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, las dependencias y entidades de la administración pública federal informarán de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, en los términos que se establezca con base en los dispuesto por el artículo 37 del presente decreto.

Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa equivalente al rendimiento promedio de las emisiones de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días del mes de inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de esta tasa se efectuará sobre los adeudos reportados por el Sistema de Compensación de Adeudos del Sector Público, desde la fecha en que se debieron liquidarse tales adeudos.

Artículo 33. El Banco de México, en función del monto de divisas requerido para Presupuesto de Egresos de la Federación y, de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará, a petición de las dependencias y entidades, las divisas necesarias para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera, debiendo las mismas informar a las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen al respecto, de acuerdo con los flujos reales establecidos.

Artículo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento que se presenten.

Artículo 35. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y de los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1990, serán los siguientes:

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Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios realizados con ellas, cuando no hubiese saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.

Artículo 36. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado, en su caso, por lo menos a tres u ocho proveedores, según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1990, serán los siguientes:

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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.

Artículo 37. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General de la Federación y el Banco de México, operarán el Sistema Integral de Información dependencias establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho sistema.

Las dependencias y entidades deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el sistema. Para tal efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, conjuntamente con la coordinadora de sector, harán compatibles los requerimientos de información que demande el sistema racionalizando los flujos de información.

Artículo 38. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.

El Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, incluyendo las de las entidades paraestatales que celebren convenios de déficit o, en su caso, superávit financiero y hará asimismo las aclaraciones que

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ésta le solicite, a través de la Secretaría de Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.

Los informes trimestrales deberán ser presentados a más tardar 45 días después de terminando el trimestre de que se trate.

Artículo 39. Para la desincorporación de entidades paraestatales y previo a la propuesta que al efecto formule la Secretaría de Programación y Presupuesto, atendiendo la opinión de las dependencias coordinadoras de sector, para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios, enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se deberá contar con el dictamen favorable de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento.

Dicho dictamen deberá tomar en cuenta los criterios que justifiquen la adopción de esta medida, en los términos de lo dispuesto por la Ley Federal de la Entidades Paraestatales.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto en los términos del artículo anterior, informará a la Cámara de Diputados de la razones y criterios para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.

Artículo 40. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación, para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las leyes que resulten aplicables y el presente decreto, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y entidades coordinadas y no coordinadas, en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales podrá requerir de las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 41 de este decreto.

Del cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se dará cuenta a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 38 de este decreto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Artículo 41. La secretaría de la Contraloría General de la Federación y los órganos internos de control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la ley, comprobarán el cumplimiento, por parte de las propias dependencias y entidades de la administración pública federal, de las obligaciones derivadas de este decreto.

Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Artículo 42. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1990.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, Distrito Federal, 15 de noviembre de 1989. - El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.>>

APENDICE

C. Apéndice estadístico

Turnada a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.