Haciendo uso del derecho que nos concede el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción II, volvemos a proponer a la consideración de vuestra soberanía el siguiente proyecto de reformas a los artículos 27 y 28 de la propia Constitución, que tienen por objeto impedir que vuelva a surgir y a consolidarse el monopolio privado de mayor fuerza económica que ha existido en México y amplíe todavía más el poder que tenía hasta 1973, fecha en la que fue adquirido por el Estado, con violación flagrante de las normas establecidas en nuestra Carta Magna y en abierta contradicción con los postulados y las orientaciones que el movimiento revolucionario ha dado al desarrollo económico de la nación en las últimas décadas.

Nuestra iniciativa persigue también la finalidad de que el Estado complete la integración de la red de comunicaciones que ya controla, sin las cuales quedará a merced de intereses privados y extranjeros, haciendo difícil sus relaciones con el exterior de manera autónoma.

Por la significación del problema, y porque hasta hoy no ha sido abordado en sus aspectos fundamentales de manera pública, estimamos indispensable que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, órgano supremo y directo de la opinión popular, le preste la atención que merece.

El desarrollo de la civilización y las comunicaciones

Siempre han sido valoradas debidamente las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas, tomando en cuenta su gran utilidad. Sin embargo, no ha sido así cuando se trata de la comunicación de las ideas y de la transmisión del pensamiento, a pesar de la importancia que tienen para organizar y dirigir la vida de la sociedad en todos sus aspectos, para mejorar las relaciones internacionales y para universalizar la cultura.

Son múltiples los sistemas y los códigos que se emplean actualmente para transmitir y recibir ideas y señales, dependiendo su uso del grado de información que se requiera. Desde el simple ademán o la voz humana, hasta el control de las naves enviadas por el hombre a explorar, investigar y conquistar el cosmos, las telecomunicaciones forman ya parte consustancial del proceso de la civilización.

Las diversas formas para transmitir y recibir las ideas a larga distancia, han estado ligadas permanentemente al desarrollo de la sociedad. Desde el momento mismo en que el hombre empezó a construir instrumentos y utensilios, inició su acción transformadora consciente del medio y de la naturaleza, y se planteó la necesidad de las comunicaciones entre los individuos y los grupos de la misma especie. Del lenguaje fonético y articulado pasó al empleo del sonido, de las señales de humo y la luz, después a la escritura y más tarde al uso de otros instrumentos todavía elementales para transmitir su pensamiento y sus deseos, como las señales con espejos, las banderas y los semáforos, hasta llegar a la revolución industrial que cambió las relaciones entre el hombre y el mundo.

Al descubrirse el electromagnetismo y sus propiedades fundamentales, en los primeros decenios del Siglo XIX, Samuel Morse da a conocer un revolucionario sistema para enviar señales eléctricas por medio de conductores metálicos instalados sobre postes. De esa manera el telégrafo inaugura la etapa de las modernas telecomunicaciones, que más tarde con la electrónica, ciencia que estudia los fenómenos producidos por el paso de partículas atómicas electrizadas a través de gases o espacios vacíos de aire, se desarrollan asombrosamente tanto cualitativa como cuantitativamente.

Las telecomunicaciones en México

En el año de 1847, cuando nuestra patria apenas restañaba sus heridas de la guerra injusta que le impusieron los esclavistas norteamericanos que gobernaban a su país, y apenas 12 años después de haberse dado a conocer el telégrafo electromagnético, el gobierno de México concede al español Juan de la Granja el privilegio exclusivo de construir y explotar el nuevo sistema en nuestro país.

En el año 1852 se concluye la construcción de la primera línea telegráfica que, con extensión de 400 Kilómetros, enlaza el puerto de Veracruz con la capital de la República.

Es importante subrayar el hecho de que en la concesión se establecía la condición de que nuestro gobierno podía interrumpir la comunicación por causas de seguridad pública y que los mensajes oficiales deberían transmitirse con toda preferencia. El extraordinario impulso que se dio al telégrafo en los 10 años siguientes, fue un factor importante para la obra del gobierno constantemente amenazado por dentro y por fuera.

Terminada la guerra de reforma, liquidada la invasión francesa y consolidada la República por Benito Juárez, el gobierno de Porfirio Díaz abre de par en par sus puertas al capital extranjero y éste requiere para sus negocios de sistemas de comunicaciones terrestres y marítimas amplias y eficaces. Apenas en cinco años, de 1978 a 1983, la longitud de la red telegráfica pasa de 9 mil 505 a 10 mil 252 kilómetros.

Entre tanto, en Estados Unidos, el 10 de marzo de 1878, Alejandro Graham Bell patenta y presenta en la exposición de Filadelfia el primer aparato telefónico, que constituye un extraordinario avance en el campo de las telecomunicaciones eléctricas, al transmitirse la voz humana a largas distancias a través de conductores metálicos. Dos años más tarde se construye en México la primera línea telefónica entre el Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec.

En 1881 se otorga permiso, que pasado el tiempo se convierte en concesión, a la Compañía Telefónica Continental de Massachusetts, para explotar en México una red que se inicia con poco menos de 300 abonados. La empresa se transforma en la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, subsidiaria de la Bell System Company.

Debido al importante avance de las comunicaciones en nuestro país, se crea en el año de 1891 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, pasando a depender de ella el ramo de telégrafos.

Enrique Rodolfo Hertz y Guillermo Marconi hacen posible, a fines del siglo XIX, la telegrafía sin hilos. Pocos años después, en 1903, se instalan en México las primeras estaciones radioeléctricas, cuya eficacia queda comprobada en el transcurso de la revolución al interrumpirse las comunicaciones alámbricas.

En 1901 se otorga a un particular otra concesión para explotar el sistema telefónico en el Distrito Federal, que es adquirida posteriormente por la empresa sueca Aktiebolaget Ericcson, S.A., que inaugura su primera central en 1907. Las dos empresas telefónicas amplían sus actividades en el interior de la República y organizan el servicio llamado de larga distancia.

En 1910, la red nacional de telégrafos llega a 78 mil kilómetros de longitud desarrollada; la longitud simple alcanza 35 mil kilómetros. El hecho obedece al fomento y protección que tuvo la inversión extranjera, que favoreció a la minería, la industria textil la ganadería y la explotación de la tierra de mejores rendimientos, teniendo como espina dorsal el sistema de los ferrocarriles, también propiedad de extranjeros, que en el período de 1880 a 1910 aumentaron sus vías de 1 mil 100 a 19 mil 900 kilómetros.

Durante los años de la lucha armada las líneas telegráficas, deterioradas o destruidas, son reemplazadas en parte por estaciones radioeléctricas, hasta que en 1917 se instala en Chapultepec la estación radioeléctrica que podía considerarse como la más potente del mundo, normalizando la comunicación con Europa, Centro y Sudamérica que se había interrumpido por fallas en los cables submarinos.

El servicio y la utilidad prestada por los sistemas telegráficos y radiotelegráficos a la revolución, fueron indudablemente los que hicieron ver a los Constituyentes la importancia que para el desarrollo y la seguridad de la nación significan esos sistemas, y por tal motivo consideraron que debían quedar bajo el exclusivo control de Estado, excluyendo de este campo a la iniciativa privada. En esta cuestión, como consta en las actas de debates del Congreso de Querétaro, no hubo ninguna discrepancia y el acuerdo se tomó por unanimidad de votos.

El servicio telegráfico nacional e internacional

El Estado lo presta según lo ordena el artículo 28 de la Constitución. Es un servicio público permanente y eficaz, de muy bajo precio, para que los habitantes de nuestro país envíen telegramas y giros nacionales e internacionales y pueda también ser utilizado en comunicaciones privadas directas de punto a punto, por medio de teletipos, servicio muy extendido en la industria y el comercio, la Prensa y la banca. Sin embargo, las tarifas excesivamente bajas en muchos servicios, el enorme número de telegramas francos, que llegan a alcanzar hasta el 40% total expedido, y la incomprensión de lo que este servicio público significa, hacen que se encuentre siempre en condiciones precarias. No obstante, si en 1920 el número de mensajes es de más de 6 millones, en 1950 sobrepasa los 17 millones.

El crecimiento del número de mensajes se acentúa más debido a que en el año de 1948 se incorpora a la red nacional el sistema de ondas portadoras, que permite enviar por una misma línea, bien construida y de alta calidad, hasta 12 conversaciones telefónicas ó 200 mensajes telegráficos simultáneamente, lo que multiplica de una manera considerables la capacidad de las líneas y ha permitido la introducción de teletipos de alta velocidad en muchos lugares de la República, que sustituyen a los viejos equipos de sistema Morse con los que estaban dotados.

Gracias a la modernización del sistema telegráfico, a la capacidad y eficiencia de los telegrafistas mexicanos, y a la circunstancia de que expiró la concesión de la Compañía Telegráfica Mexicana, S.A., subsidiaria de la Western Unión Co., de Estados Unidos, tenía desde 1887 para prestar el servicio telegráfico internacional, se nacionalizo este servicio desde el 16 de junio de 1949, . lo que significo fuertes ingresos económicos para México, pues en 10 años de participaciones económicas de nuestro país pasaron de cerca de 10 millones de pesos con 549 mil mensajes en 1949, a más de 26 millones con 1 millón 200 mil mensajes en 1960.

El servicio telefónico en el período 1920 - 1950

Las dos empresas que explotaban el servicio telefónico en nuestro país llegaron al año de 1920 con concesiones que estaban a punto de concluir. En 1926, les fueron ratificadas con extraordinarias ventajas para ambas, ya que se les autorizó para explotar el servicio en el Distrito Federal por 50 años más, y en 1928 para establecer una red telefónica de larga distancia, explotar el correspondiente servicio con sus derivados y las conexiones entre los centros poblados de la República y, de ser técnicamente posible y comercialmente factible, entre la República Mexicana y los países extranjeros. También lograron eliminar, en la prórroga de la concesión, la cláusula de reversión que existía en la de 1903, según la cual al concluir ésta dejarían la red sin costo alguno en propiedad de la nación y libre de todo gravamen. La concesión renovada decía, por lo contrario, en su cláusula 32, que a la expiración del plazo de 50 años, el gobierno podrá comprar al contado, en su totalidad y no en parte, las instalaciones telefónicas y sus accesorios, tomando como base su precio primitivo en oro, a efecto de que el avalúo resulte lo más equitativo posible para las empresas.

Con base en estos privilegios, de que sólo disfruta el capital extranjero en un país semicolonial o dependiente, las empresas impulsaron el servicio. De 1927 a 1932, el número de teléfonos pasó de 50 mil a 95 mil, a pesar de que nuestro país, como el resto del mundo, se encontraba en un período de depresión económica. El crecimiento continuó con un promedio anual de 8.86% hasta 1940, en que alcanzan la cifra de 165 mil 263 aparatos telefónicos.

En 1945, al concluir la Segunda Guerra Mundial, se produjo una fuerte concentración demográfica en las grandes ciudades, particularmente en la ciudad de México. Se dejan sentir entonces las deficiencias del servicio telefónico, debido, en mucho, a la incompatibilidad de los sistemas que empleaban cada una de las empresas, obligando a los usuarios a hacer uso de los dos servicios y obstaculizando el desenvolvimiento de las actividades económicas y sociales. Se dieron entonces los pasos necesarios para que las compañías fusionaran sus sistemas.

El problema queda resuelto en 1948, al crearse la empresa Teléfonos de México, S.A., integrada por extranjeros. El señor Axel Wender Green , de la Corporación Continental, S.A., aportó el 49% del capital; el señor Hugo G. Beckman, de Mexicansk Telefonaktebologest, Ericcson, S.A., aportó el 51% de las acciones, y los señores Bruno Paglali, Octavio Fernández y el licenciado José Joaquín César, contribuyeron con 5 mil pesos cada uno. La compañía adquiere los bienes y concesiones de la empresa Teléfonos Ericcson , S. A. En el año de 1950 adquiere las redes, plantas y equipos de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, S. A, obtiene del gobierno de la República un aumento del 58% sobre las tarifas en vigor, y consigue, además que se les garantice un rendimiento de su capital de un 10% anual de utilidades netas. Para colmo, la empresa Teléfonos de México, S. A, plantea, gestiona y obtiene, que el Estado intervenga para lograr financiamientos suficientes que le permitan desarrollar el servicio telefónico local y de larga distancia.

Los servicios privados especiales de radiotelefonía

En el decenio de 1930 a 1940, se inició en México el empleo de sistemas radiotelefónicos de tipo particular y privado, debido a que las empresas concesionarias del servicio telefónico acentuaron sus negocios en poblaciones demográficamente importantes, y como el desarrollo económico, especialmente a partir de 1938, alcanza ritmos desconocidos en el pasado, los sectores más dinámicos y los diversos órganos del gobierno se ven en la necesidad de comunicar los centros de producción con los de consumo o sus dependencias en las zonas rurales, que no podían ofrecer a las empresas telefónicas las ganancias que se habían propuesto lograr. De esta manera los sistemas radiotelefónicos de carácter privado proliferaron: para 1950 existían en la República más de 400 estaciones de este tipo, incluyendo las de las oficinas del gobierno y las de las embarcaciones de la marina mercante y pesquera.

Las telecomunicaciones en la etapa actual

El enorme impulso que recibieron las fuerzas de la producción en los últimos 20 años, se manifestó en todos los campos de la actividad humana que exigieron, por su parte, rápidos y eficientes sistemas de telecomunicación.

En la técnica moderna, el par de alambres metálicos construidos sobre postes, que permitían efectuar una sola conversación telefónica o enviar un mensaje telegráfico al mismo tiempo. Por otra parte, los sistemas de comunicaciones radioeléctricas, sin abandonar las estaciones de bajas frecuencias, se desarrollan hasta llegar a los modernos sistemas de ondas radioportadoras o microondas, comunicación por satélite y fibras óptimas, a través de las cuales se pueden enviar millares de conversaciones telefónicas, centenares de canales de frecuencia modulada y televisión, y millares de mensajes telegráficos, todos de manera simultánea.

Estos extraordinarios adelantos de las telecomunicaciones son ahora utilizados en México, para cubrir la demanda de comunicaciones no satisfechas, y de acuerdo con la capacidad económica de la nación y las condiciones topográficas de nuestro territorio.

El sector de la iniciativa privada también se incorpora al desarrollo de las telecomunicaciones. En 1950 se inicia la televisión, y las radiodifusoras se multiplican hasta llegar a rebasar el millar de estaciones comerciales y culturales. Los servicios privados y particulares de estaciones radioelectrónicas crecen desorbitadamente, pasando de 400 estaciones, en 1950, a más de 15 mil asignaciones, que son disfrutadas únicamente por 1 mil 350 empresas en toda la República.

El monopolio Teléfonos de México, S.A., impulsó también su crecimiento y pasó de 259 mil 499 aparatos en 1950, a 1 millón 500 mil en 1970, instalando para la explotación del servicio de larga distancia sistemas de corrientes portadoras en todas sus líneas, y sistemas de microondas en la ruta de México a Laredo, que le permitió enlazar telefónicamente a México con Estados Unidos de América, en programas de televisión que requerían centenares de canales telefónicos para su transmisión.

Aparte de la radio y la televisión, que serán motivo de un estudio por separado de parte de la diputación del Partido Popular Socialista, las telecomunicaciones en nuestro país son proyectadas, construidas y operadas por tres sectores: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el órgano del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo el servicio telegráfico y radiotelegráfico y el control de las comunicaciones eléctricas; la empresa estatal Teléfonos de México, las empresas concesionarias de televisión y los organismos descentralizados y privados que hacen uso de permisos especiales para instalar sus propios sistemas de comunicación.

El servicio telefónico

El servicio telefónico lo prestaban, hasta 1973, cinco empresas:
 

1. Teléfonos de México, S.A., con 95.9% del total de los aparatos telefónicos de la República y el 96% del capital total invertido en este servicio en el país.

2. Teléfonos Fronteriza, con el 2.71%.

3. Teléfonos Nacional, con el 1.3%.

4 y 5. Industrial Irolo y Telefónica Ojinaga, con el 0.09%, entre ambas empresas, lo cual constituía un típico y completo monopolio en beneficio de Teléfonos de México, S.A.

Este monopolio privado disfrutaba, desde 1950, como hemos dicho, de una situación de increíble privilegio. Se le garantizaba un rendimiento neto de utilidades del 10% sobre su capital social pagado. Se le otorgaba, en calidad de préstamo, y después en compra de acciones preferentes con bajo rédito y sin derecho a voto, el impuesto que pagaba el público sobre el servicio telefónico, el cual pasaba de 76 millones de pesos anuales. Se le permitía exigir al público la compra de acciones y obligaciones de la compañía para proporcionar servicio, con el señuelo entregando paulatinamente la empresa a los usuarios, hecho que no habría de realizarse nunca por tratarse de una sociedad anónima cuyos principales accionistas compraban, por diversos caminos y a menor precio, las acciones adquiridas por el público, mientras retenían las acciones suficientes que les aseguraban el control, la dirección y el manejo de la empresa.

La venta de acciones le proporcionaba a Teléfonos de México, S.A., ingresos anuales de elevada cuantía, que sumados al impuesto telefónico, constituían más del 60% de las inversiones anuales de la compañía, lo cual probaba que, en la práctica, era el pueblo quien pagaba directamente el crecimiento de ese monopolio. Se le reducía la obligación de entregar al Estado de un 4% a un 0.5% anual sobre sus ingresos brutos. Se le dieron facilidades suficientes para adquirir créditos en el extranjero con el aval del gobierno de la República.

Se le autorizó a instalar el servicio telefónico medido en las ciudades que más lo empleaban, colocando los medidores de llamadas en sus propias centrales, en lugar de hacerlo en las casas de los abonados, para que éstos pudieran comprobar el cobro que les hacía la compañía. Se le toleraba presionar a los usuarios para que adquirieran los aparatos y equipos que la empresa suministraba, cuestión que no estaba incluida en la concesión y, como si todo esto fuera poco, se le garantizaba la compra, por parte o del gobierno, de todos equipos, aparatos e instalaciones una vez que concluyera su concesión, por lo cual la empresa no correría riesgos por inversiones que pudieran resultar inadecuadas.

A pesar de estos privilegios incitados e increíbles, en lugar de establecer el servicio telefónico local en un mayor número de poblaciones de la República, Teléfonos de México, S.A., orientó su desarrollo fundamentalmente hacia el servicio de larga distancia, sirviendo a los sectores de la población de elevado poder económico, desatendiendo del otro, porque quienes lo necesitaban, no eran clientes potenciales para el servicio de larga distancia. Esta fue la razón por la que, a pesar del relativo crecimiento del número de aparatos en las poblaciones conectadas a la red nacional, el servicio telefónico fue pobre y deficiente, como quedó demostrado en el hecho de que en 1960, ciudades en las que se encontraba más del 40% de la población carecían del servicio, dando por ello un bajo promedio nacional del 1.42 aparatos por cada 100 habitantes, muy por abajo del promedio mundial que era de 2.2 y también del de Argentina, Colombia y Cuba, por ejemplo, que tenían 6.1, 2.06 y 2.63, respectivamente, hecho que nos colocaba en el décimo lugar de América Latina.

En cuanto al precio del servicio telefónico, que se pretendía hacer pasar como muy barato, al comparar los ingresos por aparato entre México, Argentina y Estados Unidos, por ejemplo, se advertía que el cobro anual promedio era más del doble en nuestro país que en Argentina, no obstante que el ingreso per capita en México era menos de la mitad que el del país hermano del sur. Respecto de Estados Unidos, nuestro ingreso por habitante era casi un décimo del norteamericano; pero el ingreso por aparato era de cerca de un 60% del que obtienen las empresas telefónicas de dicho país.

Estas eran las causas que explicaban que mientras el incremento anual del número de aparatos telefónicos en la República era del 8.2%, el servicio de larga distancia crecía a razón del 15% anual. Desde el punto de vista de la empresa esto era inexplicable, pues el número de llamadas nacionales de larga distancia pasaba de 7 a 19 millones en el período de 1952 a 1962, y el de las internacionales pasaba de 620 mil a 2 millones lo cual significaba el 16.97% y el 17.6% de aumento anual respectivamente. La propia empresa informaba que el año de 1961 las dos terceras partes del incremento total de sus ingresos provenían del servicio de larga distancia.

Teléfonos de México pasa a formar parte del sector estatal de la economía

Esta situación de privilegio para un monopolio de carácter privado no podía continuar sin perjuicio para los intereses del pueblo y de la nación, y fue por ese motivo que el año de 1973, con una medida del gobierno que fue altamente valorada por las fuerzas democráticas del país, la empresa Teléfonos de México S.A., por medio de la compra de acciones necesarias y suficientes, pasó a formar parte del sector estatal de la economía y en escasos ocho años de administración pública pasó de poseer de 1 millón 460 mil aparatos que tenía la empresa privada a 4 millones 990 mil, lo que condujo a que México pasara a tener 5.16 aparatos por cada 100 habitantes a 12.64 en manos del Estado y sus ingresos pasaron de 3 mil 292 millones de pesos en 1973 a 54 mil 154 millones en 1982, lo que convertía a esta empresa estatal en una de las mayores perspectivas para el país.

Lamentablemente con la política altamente equivocada y contrarevolucionaria seguida por el pasado gobierno de Miguel de la Madrid y continuada por el actual, de reducir al mínimo el sector estatal de la economía, se dejó de reinvertir en Teléfonos de México S.A., no sólo para impulsar su desarrollo, sino incluso para su mantenimiento,; lo que ocasionó que de 1983 a 1989 esta empresa estatal decayera en la prestación del servicio, causando inconformidad legítima entre todos los usuarios, hecho éste que se agravó con las graves consecuencias que trajo para este servicio el terremoto sufrido en la capital de la República en el año de 1985, cuestión ésta de que manera antipatriótica y con poca visión del futuro de este servicio de nuestro país ha movido a muchos elementos del gobierno a considerar que la única solución para mejorar el sistema y el servicio telefónico es el de reprivatizarlo. Para el Partido Popular Socialista y las fuerzas democráticas del país la solución es otra.

La perspectiva

Debido al desarrollo económico que en los últimos años se registra en nuestro país, la demanda de mejores, oportunos y económicos sistemas de comunicación aérea, terrestre y marítima, crece también para que el desarrollo general no se frene ni se detenga, y ya se han dictado algunas medidas para coordinar esos servicios. En el campo de las telecomunicaciones, el crecimiento armónico y coordinado está muy lejos de realizarse. Cada uno de los sectores que intervienen en este campo planean, proyectan, construyen y operan sus propios sistemas sin consultar con los demás, viendo hacia sus intereses propios, sin tomar en cuenta los de la nación.

Por esa falta de plan de conjunto, tanto las dependencias oficiales como las empresas descentralizadas y las privadas invierten fuertes sumas de dinero e instalan gran cantidad de equipos que no pueden utilizarse en todas sus posibilidades técnicas, duplicando esfuerzos y gastos, aumentando las dificultades para coordinarlos. Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Ferrocarriles Nacionales, diversas secretarías de Estado, las instituciones bancarias, Televisa, Teléfonos de México, y otros organismos y empresas más, tienen sus propios programas de expansión de telecomunicaciones construyen rutas paralelas, casi siempre sobre los mismos puntos de relevo, y dirigidos a las mismas poblaciones, haciendo caso omiso de los planes y programas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la dependencia del Ejecutivo que, por ley, debe tener el control completo de este campo de la técnica; pero que, debido a circunstancias que deben ser superadas, lo pierde en la práctica.

En ese sentido, Teléfonos de México, S.A., se destaca en sus programas de desarrollo.

Teléfonos de México, S.A., previendo las necesidades que deberán ser satisfechas en breves años en nuestro país, en lo que se refiere a telecomunicaciones de larga distancia y para la transmisión de datos, servicio de meteorología, de telecontrol, de telemedición, informática, teleproceso, etcétera, tiene planes y programas de desarrollo con sistemas de microondas de alta capacidad, comunicación por satélite y fibras ópticas para las principales rutas de la República.

De realizarse su plan, como empresa estatal, Teléfonos de México prestaría todos los servicios económicamente costeables y obtendría ganancias tan grandes que en poco tiempo recuperaría los 2 millones de pesos que en tres años tiene proyectado invertir. Por otra parte, el financiamiento de esas inversiones lo obtendrá de los créditos extranjeros avalados por el gobierno del producto de la venta de valores de la empresa al público; sólo estos dos últimos renglones producirán cerca del 70% de la inversión total.

De ser así, Teléfonos de México S.A., como empresa estatal que presta un servicio público para ofrecerlo al menor costo posible, podrá obtener para beneficio del pueblo y de la nación más utilidades que cualquier otra empresa comercial o industrial con mayor capital invertido en nuestro país y pase a ocupar el primer lugar en el escenario económico de México.

Conclusiones

Por todas esta razones y debido a que las telecomunicaciones eléctricas, con todos sus adelantos técnicos, han pasado a ser elementos de carácter estratégico para el desarrollo económico, social y cultural de la nación mexicana.

A que cada organismo estatal o privado que tiene injerencia en los sistemas y servicios de telecomunicaciones eléctricas elabora y pone en práctica sus propios programas de desarrollo, sin consultarse entre sí, cuidando sólo sus propios intereses, sin considerar que el desarrollo de las telecomunicaciones constituye una unidad que afecta, en mayor o menor grado, todas las manifestaciones de la vida social.

Que se están desarrollando rutas de telecomunicación eléctricas que siguen caminos paralelos, utilizando en muchas ocasiones los mismos puntos de relevo e invirtiendo capitales en equipos que no son empleados en todas sus posibilidades técnicas.

Que es necesario distribuir de una manera racional y adecuada las frecuencias que, por convenios internacionales, le han sido asignados a México para los diversos servicios.

Que los diversos sistemas empleados en las comunicaciones eléctricas se desprenden servicios públicos que responden a una necesidad colectiva y, por tanto, su continuidad y funcionamiento deben ser garantizados por el Estado, asegurando los mismo derechos y las mismas posibilidades de uso a todos los sectores de la población.

Que por los grandes avances de la técnica en esta materia, incluyendo los satélites artificiales de la tierra, que ya son ampliamente utilizados en México, y las fibras ópticas que ya empiezan a ser utilizadas en nuestro país, las telecomunicaciones constituyen un elemento estratégico para la seguridad nacional.

Que la compañía Teléfonos de México, desde el año de 1973 forma parte del sector estatal de la economía, se considera de importancia estratégica y por tanto prioritaria, que las comunicaciones eléctricas, en todas sus modalidades técnicas y los servicios que de ellas se derivan, sean manejadas totalmente por el Estado.

Por lo expuesto y considerando que ésa es la única forma con la que se pueden salvaguardar los intereses del pueblo y de la nación, ya que recoge el propósito histórico del Congreso Constituyente de 1917 al darle al Estado el derecho exclusivo de manejar y controlar los servicios de telecomunicaciones que hasta entonces se conocían, por ser estratégicos y de utilidad pública proponemos la aprobación del siguiente:

DECRETO

Artículo único. Se adicionan los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La parte final del párrafo sexto del artículo 27, dirá: "Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público; lo mismo que planear, establecer, construir, operar, mantener y explotar las vías de comunicación necesarias, incluyendo las comunicaciones eléctricas, exceptuando la radiodifusión, para cualquier servicio público o de interés público. En estas materias no se otorgarán concesiones a los particulares, y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines".

El cuarto párrafo del artículo 28, tendrá el siguiente texto: "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: acuñación de moneda; correos, telégrafos, radiotelégrafos, teléfonos públicos en todas sus modalidades; comunicación por satélite, telecomunicaciones de larga distancia; emisión de billetes por medio de un solo banco, organismo descentralizado del gobierno federal; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión."

TRANSITORIO

El presente decreto entrará en vigor 10 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 19 de diciembre de 1989.- La diputación del Partido Popular Socialista: Francisco Ortíz Mendoza, Alfredo Reyes Contreras, Jesús Luján Gutiérrez, Sergio Quiroz Miranda, Modesto Cárdenas García, Jesús Antonio Carlos Hernández, Armando Ibarra Garza, Román Ramírez Contreras, Belisario Aguilar Olvera, Lucio Bermúdez Aristeo, Rafael Campos López, Héctor Colio Galindo, Abigaíl Cruz Lázaro, Tomás Gutiérrez Narváez, Paloma Hernández Oliva, Luis Jacobo García, Julio Jácome López, Heray Lescieur Molina, Marcela Lombardo Otero , Gregorio Lorenzo Domínguez. José Marín Rebollo, Herón Maya Anguiano, Carmen Mercado Téllez, Félix Mercado Téllez, Magdaleno Luis Miranda Reséndiz, Crescencio Morales Orozco, Ernesto Rivera Herrera, Gustavo Ríos Morales, Gloria Rodríguez Aceves y Mario Vázquez Martínez.

Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.