Honorable asamblea: En uso de las facultades que nos otorga el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista presenta a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de reforma al artículo 26 de la Constitución Nacional, que tiene como base la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pueblo de México, a través de sus luchas seculares, ha tenido como objetivo fortalecer su economía en forma independiente y garantizar así la soberanía del país; lograr, a través del fortalecimiento económico, mediante la intervención del Estado, niveles de bienestar y condiciones de vida para el pueblo y para sus generaciones venideras.

Esto, sólo se logrará mediante un proceso de planeación nacional del desarrollo económico.

La planeación implica, a juicio del Partido Popular Socialista, el estudio de la evolución histórica de nuestro país en sus diferentes etapas; implica un análisis profundo y detallado de la situación económica; precisar el papel que desempeñan los factores de producción; el conocimiento de las riquezas naturales y su aprovechamiento, así como el conocimiento y análisis de la demanda interna que satisfaga las necesidades propias de los mexicanos, la demanda externa, así como la capacidad de producción y de su grado de utilización para beneficio del pueblo.

La planeación en todo momento es importante, pero es evidente que ahora más.

Es un aspecto que ya se contiene en la Constitución y en la Ley de Planeación; sin embargo, se deja exclusivamente en manos del Ejecutivo Federal, sin que la Cámara de Diputados, que es la representación popular, tenga una intervención directa.

La planeación es una necesidad impostergable, porque nuestro país se encuentra sujeto a serias y profundas presiones de interés económicos, que siguen imponiendo una política económica contraria a los principios emanados de la Revolución Mexicana.

Nos encontramos en el marco de una grave crisis económica que se profundiza, con apertura indiscriminada a la inversión extranjera, con el insoportable peso de la deuda externa, con el remate del patrimonio nacional que se han conformado en serios obstáculos para la planeación económica y que son causa esencial de disminución en los niveles de vida de la población trabajadora.

Seguimos como en el pasado con una profunda desigualdad en la distribución del ingreso nacional; con un mercado interno que se ha contraído; con un peligroso atraso tecnológico y baja productividad en el sector agropecuario, que mantienen a la población en niveles de subsistencia, con índices de desnutrición muy altos, falta de vivienda, falta de servicios para atender la salud de los mexicanos, alto índice de analfabetismo, escasez de mano de obra calificada, que se han constituido en serios obstáculos y que se hace necesario eliminar para consolidar el proceso de desarrollo económico y social, con independencia y justicia.

El desarrollo económico es un proceso en constante cambio, en constante transformación y todas las ramas económicas están estrechamente interrelacionadas. El cambio de una repercute en otra, produciéndose incluso reacciones en cadena que afectan a toda la economía y que sólo mediante la planeación se pueden prever, ordenar y articular, para evitar efectos anárquicos y consecuencias peligrosas para el presente y futuro del desarrollo económico de la nación.

Por tal razón, debe ser la Cámara de Diputados la que conozca y apruebe la planeación económica nacional, pues es la que representa los intereses de la nación y el pueblo; para que, de esta manera, se coordinen y se armonicen los trabajos de las diferentes dependencias del gobierno y se evite la duplicidad de esfuerzos y se provoquen dispendios, haciendo posible el desarrollo integral de los recursos por regiones y la formulación eficaz de proyectos múltiples y de complejos industriales, para obtener el máximo de rendimiento de los factores de la producción.

Sólo mediante el conocimiento el estudio y la proyección de la realidad nacional, necesarios para llegar a la planeación, es posible evitar gastos innecesarios, obras de baja productividad de graves consecuencias para la estabilidad económica de la nación.

En la condiciones actuales no es posible que la planeación del desarrollo nacional quede exclusivamente en manos del Ejecutivo, porque a pesar de los recursos económicos y técnicos de que pueda disponer, la planeación que realiza, como ha quedado demostrado hasta hoy, no ha respondido al desarrollo ordenado de las fuerzas productivas, ni a satisfacer la legítimas aspiraciones populares de justicia social; tampoco se ha traducido, ese poderoso instrumento del desarrollo, en la defensa de la soberanía nacional.

Por las condiciones actuales del desarrollo del país y ante la necesidad de que haya una planeación con un profundo sentido nacional y auténticamente democrática, es necesario reformar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Cámara de Diputados tenga una intervención directa en la planeación del desarrollo general del país, haciendo a un lado la intervención secundaria que le da ahora la Ley de Planeación, limitando la intervención del Congreso de la Unión a emitir una simple opinión, papel indecoroso que esta soberanía debe rechazar .

Por estas consideraciones, el Partido Popular Socialista propone que se modifique el último párrafo del artículo 26 de la Constitución General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 26, último párrafo:

En el sistema de planeación nacional, la Cámara de Diputados tendrá una participación directa tanto en su preparación como aplicación. Será facultad la propia Cámara de Diputados aprobar el Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los sectores público, social y privado. Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los siete días del mes de junio de 1990.- Grupo parlamentario del Partido Popular Socialista diputados: Belisario Aguilar Olvera, Lucio Bermúdez Aristeo, Rafael Campos López, Modesto Cárdenas García Jesús Antonio Carlos Hernández, Héctor Colio Galindo, Abigaíl Cruz Lázaro, Tomás Gutiérrez Narváez, Paloma Hernández Oliva, Armando Ibarra Garza, Luis Jacobo García, Julio Jácome López Heray Lescieur Molina, Marcela Lombardo Otero Gregorio Lorenzo Domínguez, Jesús Luján Gutiérrez, José Marín Rebollo, Herón Maya Anguiano Carmen Mercado Téllez, Félix Mercado Téllez, Magdaleno Luis Miranda Reséndiz, Crescencio Morales Orozco, Francisco Ortíz Mendoza, Sergio Quiroz Miranda, Román Ramírez Contreras, Alfredo Reyes Contreras, Ernesto Rivera Herrera, Gustavo Ríos Morales, Gloria Rodríguez Aceves y Mario Vázquez Martínez.

(Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Junio 7 de 1990.)