El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Secretario de Programación y Presupuesto: - Diputado Presidente de esta honorable Cámara de Diputados; señores diputados: En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de la República Mexicana, comparezco ante esta honorable Cámara de Diputados con motivo de la entrega de los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal para 1991.

Conforme a lo señalado por los propios ordenamientos constitucionales, estaré a disposición de los diputados para las precisiones y aclaraciones que pueda suscitar el examen y la discusión de los proyectos, en la fecha que determine esta representación nacional.

El ejercicio del diálogo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal nos permite constatar el carácter republicano y democrático de nuestro régimen político. Con seguridad, en el marco de respeto mutuo y de una estrecha colaboración, enriqueceremos las perspectivas de un Estado consagrado a propiciar y consolidar las condiciones para el desarrollo de la nación.

Hemos dado importantes pasos para acceder a una nueva etapa de crecimiento y tenemos los primeros resultados de nuestro esfuerzo. Podemos sentirnos más seguros y capaces para acelerar la transformación que requieren las estructuras fundamentales del país. La soberanía nacional está siendo fortalecida tanto por la diversificación e intensidad de las relaciones con el exterior, como por la reafirmación de la rectoría que imprime el Estado al desarrollo nacional y al crecimiento económico. Dentro de nuestras fronteras, se cohesiona una sociedad más plural con mayor conciencia de sus libertades y de la dignidad de los individuos, grupos y organizaciones que la integran. Es una sociedad en plena modernización, que se prepara con entusiasmo con vistas al siglo venidero.

México ha reconquistado su lugar como una de las naciones más respetadas en el mundo. Somos herederos de una civilización milenaria y de una nacionalidad forjada al cabo de una larga lucha por la independencia y de una de las más admirables revoluciones sociales. Hoy proyectamos la imagen de un país joven y vigoroso, resuelto a edificar una economía productiva y eficiente, celoso de su profunda tradición de justicia social, empeñado en hacer avanzar sus instituciones democráticas y en reformar su Estado para que adquiera un perfil compatible con los tiempos futuros.

Sociedad y gobierno han compartido la tarea de probar que una economía lastimada por la crisis puede recuperar su ímpetu y sostenerlo. Mantenemos el propósito de estabilización de las variables macroeconómicas al tiempo que damos pasos importantes para alcanzar una economía abierta basada en el despliegue de la capacidad productiva de la sociedad y sensible al consenso concertado de los sectores.

Nos hemos servido de un pacto social para combatir la inflación y sus resultados nos llevaron a renovar y prolongar su vigencia; nuestras finanzas públicas se muestran más sanas y concluimos una renegociación favorable del pago de débitos externos; logramos contener la espiral inflacionaria de años anteriores; hemos reorientado la actividad productiva, eliminado o adecuando las barreras regulatorias que la obstaculizaban; la nueva dimensión de nuestro Estado le devuelve su capacidad de servicio a la sociedad; se ha trabajado con especial ahínco para quienes más lo requieren.

Después de dos años de labores, el gobierno del Presidente Salinas demuestra que el diagnóstico ofrecido en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, preparado con fundamento en las demandas expresadas por la ciudadanía, era correcto y con él, la estrategia de desarrollo propuesta.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que hoy me honro en presentar, guarda estricta correspondencia con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y, en los términos que apruebe esta honorable Cámara, será un instrumento fundamental del gobierno de la República para avanzar en la realización de los objetivos nacionales.

Atrás quedan artificios estatales insostenibles y utopías de autarquía y reclusión que los acontecimientos han desvanecido. Hoy prevalecen aquellos estados que modernizan su estructura y que no rehuyen cambiar con la imaginación de su liderazgo político y con la fuerza de su respaldo popular. El nuestro es uno de ellos. Bajo el impulso del gobierno del Presidente Salinas de Gortari, el Estado mexicano ha emprendido un proceso de transformación vertebral que lo equipa mejor para los desafíos del mañana. El Presupuesto de Egresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos, son congruentes con ese proceso.

Los proyectos que se ofrecen al examen de esta representación nacional están apegados a la concepción de un Estado moderno y comprometido. Se prevén aumentos reales en algunas erogaciones prioritarias, pero ceñidos a los señalamientos de una sana conducción de las finanzas públicas. Simultáneamente se fortalece un esquema eficiente y selectivo de asignación de los recursos.

El gasto público es una de las herramientas principales de que dispone el Estado para dirigir la política económica. Debe ser usado con gran prudencia, atendiendo a un contexto internacional cambiante y a la propia evolución de la sociedad mexicana.

Esta concepción del gasto se inscribe en los acuerdos nacionales que han permeado la estrategia de modernización del Plan Nacional de Desarrollo: el Acuerdo Nacional para la ampliación de nuestra Vida Democrática; el Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica con Estabilidad de Precios y el Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida. De estos acuerdos emanan dos objetivos centrales, incorporados al proyecto de presupuesto que se pone hoy a su consideración:

Primero. El gasto público contribuirá a alcanzar las metas de finanzas públicas que, en apoyo al combate a la inflación, han sido propuestas en el documento de Criterios Generales de Política Económica correspondiente a 1991.

Segundo. La asignación propuesta del gasto público alentará y profundizará el cambio de la estructura presupuestal en marcha desde 1989, a fin de reorientar las erogaciones, en concordancia con las prioridades de la estrategia de desarrollo. Merece un énfasis particular el apoyo a la infraestructura económica y social del país, procurando la más alta prioridad al gasto social y, de manera señalada, a aquel encaminado a satisfacer las necesidades de los grupos menos favorecidos.

Hacia el logro de estos objetivos y en cumplimiento de las metas inscritas en el Plan Nacional de Desarrollo, se encaminan los criterios fundamentales recogidos en la exposición de motivos que acompaña a la iniciativa de decreto correspondiente.

La negociación de la deuda externa y la reducción de las tasas de interés internas, permiten una disminución significativa del servicio de la deuda pública. Gracias a este ahorro, es posible proponer a esta honorable Cámara de Diputados un proyecto de presupuesto en el que el gasto total se reduce, al tiempo que aumenta el gasto programable, impulsando los rubros prioritarios, en particular aquellos relativos al bienestar social. Ello también hace posible una iniciativa de Ley de Ingresos en la que los impuestos no aumentan, e incluso se propone una desgravación significativa.

El Ejecutivo Federal somete a su consideración un proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que comprende un gasto total de 233 billones 802 mil millones de pesos. Esta cifra significa una reducción en términos reales del 5.0%, respecto al cierre previsto para 1990. Ello se explica, principalmente, por la baja sensible que tendrán las erogaciones por el servicio de la deuda y que se estiman en una disminución real del 23.3%. Dichas erogaciones se presupuestan en 59 billones 769 mil millones de pesos, lo que equivale al 25.6% del gasto total para 1991. Conviene tener presente que esa cifra es muy inferior al 44.2% que esa misma relación registraba apenas en 1988.

El gasto programable, o sea, el obtenido al restar del gasto total el servicio de la deuda y las erogaciones por participaciones, estímulos y adeudos fiscales, que se propone en este proyecto, alcanza 144 billones, 162 mil millones de pesos, que representan un crecimiento real del 2.3%. De esta cantidad, 1 billón 653 mil millones de pesos conforman los presupuestos del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los órganos electorales. En suma, la propuesta de gasto programable presupuestal del Poder Ejecutivo Federal es de 142 billones 509 mil millones de pesos.

El proyecto de presupuesto que se entrega hoy a esta representación nacional está diseñado bajo una jerarquía que es consecuente con los fines de la nación y con las necesidades del país. Gracias a la reducción en el pago del servicio de la deuda, pero de manera significativa, gracias también al proceso de desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas, el proyecto de presupuesto para el año de 1991 contempla una disminución en el gasto total y, no obstante ello, el gasto programable muestra una mesurada elevación en sus montos reales.

Algunas cifras nos permiten constatar la significación que tiene este proyecto de presupuesto para alcanzar las metas fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Así, por ejemplo, se aumenta el gasto en desarrollo rural en un 10.5% real y su componente de inversión, que es el de mayor impacto en la producción, en un 42.1% real. Ello permitirá avanzar en la modernización del campo y elevar la producción y la productividad agrícolas, favoreciendo la marcha hacia la soberanía alimentaria y mejorando las condiciones de vida de la población rural.

Aun cuando en 1990, el sector energético tuvo una expansión importante en su programa de inversión, para 1991 se prevé un aumento considerable que lleve el total de este rubro a 13 billones 909 mil millones de pesos. Destaca la inversión en Petróleos Mexicanos, que es superior en 11.8% en términos reales respecto a la esperada al cierre de este año. Asimismo, se conservan los altos niveles de inversión logrados en 1990 en la Comisión Federal de Electricidad, dando continuidad a los proyectos en marcha y asegurando el mantenimiento y la expansión de los servicios eléctricos. Otro tanto se contempla en comunicaciones y transportes hacia donde se canalizará una inversión 13.0% real mayor que en 1990 y que se ve complementada con la participación de particulares en la construcción y operación de carreteras de cuota, concesionadas.

El proyecto de presupuesto nos permite ensanchar la infraestructura económica del país, ampliar el abasto de energía; afianzar la exploración y explotación de los hidrocarburos atendiendo a las condiciones internacionales y a la satisfacción del consumo interno y coadyuvar a un desarrollo más equilibrado de las múltiples regiones del país y de los diversos sectores de la actividad nacional. Tan importante como lo anterior es que este proyecto de presupuesto ratifica el empeño del gobierno de la República por resguardar y fortalecer la soberanía de la nación sobre los recursos naturales estratégicos, así como preservar la rectoría económica del Estado.

Con todo, es en materia de desarrollo social en donde las cifras del proyecto de presupuesto ponen de relieve la magnitud del compromiso del gobierno del Presidente Salinas de Gortari para con el pueblo de México. En efecto, la promoción del bienestar social es uno de los objetivos principales que han inspirado la política de gasto público. El gasto programable del sector en su conjunto comprende incrementos reales respecto a lo erogado en 1990, equivalentes al 15.7%, que se desglosan en un 10.1% de aumento para salud, trabajo y previsión social; 17.3% en educación; 24.0% para desarrollo urbano y suministro de agua potable y 41.2% para el Programa Nacional de Solidaridad.

En educación, el gasto programable sumará 25 billones 818 mil millones de pesos, con una inversión física presupuestal de 1 billón 669 mil millones de pesos que representa un aumento real del 25.5% en comparación con el cierre esperado en 1990. Con esos recursos, cobrará ímpetu el Programa para la Modernización Educativa, reafirmando la vigencia de los ordenamientos del artículo 3o. constitucional y consolidando el sistema educativo nacional. De igual modo, se proyecta elevar en un 10.1% real el gasto programable en salud, trabajo y previsión social, mediante una asignación de 28 billones 635 mil millones de pesos. Ello permitirá fomentar de manera importante la cobertura de los servicios asistenciales y de salud.

Por lo que toca a desarrollo urbano y suministro de agua potable, el gasto programable previsto asciende a 2 billones 418 mil millones de pesos, que es un 24.0% real más alto que el estimado para 1990 y la inversión física en este rubro se elevará en un 53.8% respecto de este año, con lo que se aplicará y mejorará la cobertura de servicios urbanos básicos. Además, se brindará mayor protección al medio ambiente y se atenderá con particular énfasis la demanda de agua. En este sentido, se extenderán sustancialmente la dotación de agua potable y las obras para asegurar su suministro, así como la restitución de la calidad de su composición.

La dimensión que el Presidente de la República confiere a la política social de su gobierno avanza hacia la satisfacción de las necesidades de una población joven y todavía en aumento. De ahí que el gasto de inversión adquiera una relevancia especial. La inversión socialmente útil puede acelerar la edificación de condiciones para la participación productiva de los grupos más desfavorecidos. Ese es el sentido del Programa Nacional de Solidaridad. (Aplausos.)

El Presidente: - Permítame, señor Secretario.

Señor diputado Martínez Almaraz, hay un acuerdo parlamentario que puede usted consultar con su coordinador, que está sentado junto a usted, que no se puede interrumpir, no se puede, no está estipulado, los aplausos, en el acuerdo parlamentario no están estipulados los aplausos, señor diputado; haga usted favor de leer la cláusula tercera del acuerdo parlamentario

Permítame, señor Secretario, perdone la interrupción, permítame; lea el señor secretario la cláusula tercera.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - "Acuerdo parlamentario. III. Durante las comparecencias que se celebren en la sesión del día jueves 15 del actual, sólo tendrán lugar las intervenciones de los secretarios comparecientes; por lo tanto, no habrá lugar a otras diferentes a lo aquí acordado."

El Presidente: - Continúe, señor Secretario, si es tan amable... Sírvase consultar, señor diputado, con su coordinador que está sentado junto a usted, cuáles fueron los términos del acuerdo parlamentario; no está considerado el aplauso, en las interrupciones se refiere a interpelaciones, el acuerdo se refiere a interpelaciones. Le ruego no continuar interrumpiendo, si es tan amable.

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Secretario de Programación y Presupuesto: - Este programa no sólo busca apresurar el combate a la pobreza extrema, sino en verdad potenciar con su concurso, el deseo de superación y la corresponsabilidad de los participantes. Se trasciende la ayuda de emergencia, transformando el esfuerzo cotidiano en una genuina preparación comunitaria que arraigue la capacidad productiva.

El Programa Nacional de Solidaridad está estableciendo un nuevo vínculo entre el Estado y la sociedad porque acude a la propia organización de ella para definir y realizar sus proyectos; invoca la responsabilidad compartida de quienes aprovecharán las obras; induce el diálogo franco y alienta la participación desde un principio y valora muy en alto la vigilancia comunitaria de quienes entregan su trabajo y su tiempo. El programa constituye una auténtica inversión social del México moderno. Por ello, el proyecto de presupuesto para 1991 destina 5 billones 117 mil millones de pesos al Programa Nacional de Solidaridad, suma que eleva en un 41.2% real los recursos asignados durante este año.

En este marco, se continuarían, de ser aprobado este presupuesto, programas como "Solidaridad para una Escuela Digna" que para 1991 se propone la rehabilitación de 30 mil escuelas; los "Fondos Municipales de Solidaridad" que fortalecen la autonomía de los municipios y que, en 1991 se ampliarían para cubrir 2 mil municipios; los "Fondos de Solidaridad para la Producción", que apoyarían a más de medio millón de productores que laboran en 2.5 millones de hectáreas de alta siniestralidad y productividad reducida; el "Fondo de Solidaridad para las Comunidades Indígenas", que daría respaldo a 100 regiones indígenas y a 500 organizaciones y uniones de estos grupos étnicos. El Programa Nacional de Solidaridad lleva recursos para el aprovechamiento efectivo de grupos desfavorecidos en renglones de su existencia diaria como salud, educación, alimentación, abasto, infraestructura urbana, caminos rurales, electrificación, dotación de agua y pequeñas obras de apoyo a proyectos productivos.

La traducción de las cifras anteriores es clara: el gasto en desarrollo social aumenta su participación en el gasto programable del 32.2% que mostraba en 1988, al 38.3% que se está ejerciendo en este año y al 43.5% que se propone para 1991. De este modo, hacia la mitad del período que abarca el Plan Nacional de Desarrollo, el gasto en desarrollo social habrá ganado más de 11 puntos porcentuales en el gasto programable.

No hay lugar para equívocos: el Presidente Salinas de Gortari ofreció una estrategia de política económica que concilia finanzas públicas sanas y atención esmerada a las necesidades fundamentales de la sociedad. Y el Presidente de la República, sirviéndose del instrumento del gasto público, está cumpliendo su palabra.

La estrategia de modernización está desencadenando una gran transformación social de México: la economía, se consolida, la capacidad productiva se fortalece y la marginación social comienza a aminorar. Los mexicanos estamos comprobando que es posible una reforma del Estado que brinde beneficios sociales prontos. Es este el sentido que tiene la política social del Gobierno.

Señores diputados: En cumplimiento de la Constitución, el Presidente de la República me ha instruido dar cuenta ante esta alta representación nacional del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. El proyecto tiene el fin primordial de afianzar las bases del mejoramiento productivo del nivel de vida de todos los mexicanos.

Recogemos ya frutos del esfuerzo al que nos hemos entregado los mexicanos, estamos ante los primeros resultados de una política económica coherente y eficaz, de un gasto público disciplinado y ajeno a la tentación inflacionaria. Sociedad y gobierno construimos un país en el que el esfuerzo de las nuevas generaciones de mexicanos, será más fecundo.

La iniciativa de decreto y el proyecto de presupuesto que se presentan el día de hoy para su análisis y , en su caso, aprobación, tienen su principal sustento en la búsqueda de la solidaridad y en el despliegue de esta virtud para afirmar nuestra nacionalidad. No existe reto mayor para un gobierno en nuestro tiempo que el de modernizar las estructuras del Estado y de la economía, promoviendo el bienestar social y, a la vez, preparar a la nación en su conjunto para los desafíos del mundo futuro. Es el reto de actuar juntos con la convicción de que marchamos por la senda correcta; por la senda que hemos elegido libremente. Es el reto de empeñar nuestro talento y nuestro trabajo con un ánimo de solidaridad hacia quienes conviven con nosotros en estas tierras y se nutren de la misma historia. Acometer ese reto unidos en lo esencial nos ha de llevar a México más justo en su vida interna, más soberano e independiente entre las naciones libres y más próspero para todos.

Reitero a ustedes, señores diputados, la disposición de los servidores públicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto para atender, con el mayor respeto y esmero, los requerimientos de información y consulta que suscite la lectura de los documentos que a nombre del Presidente de la República, se entregan a esta honorable Cámara. Muchas gracias.

El Presidente: - Se solicita al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León pase a ocupar su sitio.

Se va a proceder a turnar a comisión los proyectos de presupuestos presentados.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 1991

CIUDADANOS SECRETARIOS DE LA

CAMARA DE DIPUTADOS

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN

P r e s e n t e s.

De conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, del Artículo 74, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo a mi cargo , por su digno conducto, somete a la consideración de esa Honorable representación Nacional, la Iniciativa de Decreto y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al año de 1991, para su examen y, en su caso, aprobación.

El Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica con Estabilidad de Precios , precisado en el Plan Nacional de Desarrollo, 1989 - 1994, está impulsando el restablecimiento de las condiciones para un desarrollo perdurable. En efecto, la economía nacional muestra signos firmes de una recuperación gradual y sostenida que permitirá avanzar hacia una mayor equidad mediante el incremento del empleo, la elevación del poder adquisitivo de los salarios, la erradicación de la pobreza extrema y, en general, la mejor distribución del ingreso y las oportunidades.

Uno de los objetivos en los que debemos perseverar consiste en el control de la inflación. Si bien por segundo año consecutivo la tasa inflacionaria se mantendrá en niveles significativamente inferiores a los registrados en años anteriores, debemos afianzar aquellos instrumentos de política económica que coadyuven a su abatimiento hasta lograr su igualdad con las tasas de inflación de nuestros principales socios comerciales. En este sentido, deben quedar ratificados los criterios de racionalidad y disciplina en el ejercicio del gasto público, pues son requisitos indispensables para la disminución de los índices inflacionarios.

El clima de estabilidad económica al que apuntan nuestros esfuerzos conlleva finanzas públicas sanas así como una dinámica más competitiva y abierta. El fortalecimiento de las finanzas públicas debe sustentarse en la modernización del Estado, cuyas estructuras están siendo transformadas para adaptarse a los cambios mundiales de la última década del siglo. Un propósito central en este proceso de modernización es conferir al Estado la justa dimensión para preservar su dominio soberano sobre las áreas estratégicas a la vez que cumplir con sus responsabilidades sociales. Consecuentemente, debemos seguir edificando un Estado concentrado en las tareas básicas del desarrollo; capaz de promover la infraestructura social del país, atender las demandas más sentidas de la población, elevar la productividad y la competitividad de la economía, nacional, y regular la actividad económica en provecho de una prosperidad compartida por todos.

Es obligación del Estado promover y conducir el desarrollo, con el propósito de generar la riqueza que fortalezca la soberanía de la Nación y extender, con la mayor amplitud posible, el bienestar de todos los mexicanos. Justamente en cumplimiento de esa obligación, el Ejecutivo Federal ha preparado un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación fundado en el interés público y con miras al beneficio de la sociedad en su conjunto.

La meta de la iniciativa de Decreto y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación entregados para el examen de esa Honorable Cámara de Diputados, puede resumirse en el afán de avanzar en la recuperación del crecimiento económico perdurable y sobre bases de justicia. Se trata de un crecimiento fincado en las condiciones políticas y sociales que pueden imprimirle continuidad. El crecimiento económico cobra su sentido histórico en la medida en que eleve el nivel de vida de la sociedad. De ahí que el Estado se disponga a mantener la utilización de la política de gasto público como una palanca fundamental para el desarrollo.

Conviene subrayar que por segundo año consecutivo se ha formulado una política de gasto que permita una moderada recuperación real de las erogaciones programables del sector público. Ello es congruente con el esfuerzo de estabilidad de precios y de crecimiento de la economía nacional. Los incrementos paulatinos del gasto público, asignados con la mayor racionalidad y ejercidos selectivamente, están concebidos para promover el bienestar social y consolidar las áreas de infraestructura para el desarrollo.

II. POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO 1991

ANTECEDENTES

En la política de gasto público, la sociedad y el gobierno disponen de un importante instrumento para promover los objetivos del desarrollo social y económico del país. Para que esa política cumpla cabalmente su cometido, las erogaciones públicas deben ser congruentes con la disponibilidad de recursos, cuidando de mantener un financiamiento no inflacionario de la actividad pública. En virtud de que, en general, las necesidades son mayores que los medios para atenderlas, el gasto gubernamental debe dirigirse a aquellos rubros en los que la acción del Estado es estratégica o prioritaria. La importancia de las demandas que debe atender el gobierno, obliga al mayor cuidado en el ejercicio de su gasto, a no desviarlo de lo más importante hacia lo secundario, y a velar por la eficiencia y la honradez más escrupulosa en su manejo.

El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, explica en la política de gasto público se desenvuelve en dos vertientes principales. La primera se refiere a la determinación de un monto de las erogaciones que sea compatible con el funcionamiento adecuado de los mercados financieros, a fin de impedir que la demanda de fondos preestables supere la oferta, poniendo en entredicho la estabilidad de precios. La segunda vertiente consiste en que la asignación del gasto guarde congruencia con los objetivos de modernización económica y social del país, que faciliten el acceso a mejor condiciones de vida.

En materia de asignación del gasto, debe destacarse al incremento de la participación en el total del gasto programable de los diferentes rubros que son prioritarios.

En este orden de ideas y atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo, la prioridad máxima corresponde al gasto social. En efecto, el sector de desarrollo social - que había significado el 32.2 por ciento del gasto programable en 1988 - pasó a representar el 38.3 por ciento en 1990. Durante estos dos años, el gasto en educación, por ejemplo, se incrementó 15.4 por ciento en términos reales y el gasto en salud lo hizo en un 28.1 por ciento.

POLÍTICA DE GASTO 1991

A efecto de que la política de gasto público avance en las dos vertientes señaladas, durante el ejercicio del año 1991, se plantean los siguientes objetivos:

I. El gasto público contribuirá a alcanzar las metas de finanzas públicas que, en apoyo al combate a la inflación, han sido propuestas en el documento de Criterios Generales de Política Económica correspondiente a 1991.

II. La asignación del gasto público alentará y profundizará el cambio de la estructura presupuestal en marcha desde 1989, a fin de reorientar las erogaciones en concordancia con las prioridades de la estrategia de desarrollo. Merece un énfasis particular el apoyo a la infraestructura económica y social del país, procurando la más alta prioridad para el gasto social, y de manera señalada, a aquél encaminado a satisfacer las necesidades de los grupos de menores ingresos.

El combate a la inflación continuará como el objetivo inmediato principal hasta en tanto se logre reducir el ritmo del aumento de los precios internos a niveles comparables con el de nuestras más importantes contrapartes comerciales en el exterior. Es en este contexto que se inscriben las acciones de la política económica diseñada para el año de 1991. La política de gasto público, en especial, apoya la estabilización al contribuir al cumplimiento de las metas fiscales. El monto de las erogaciones se mantendrá estrictamente en niveles congruentes con los presupuestos aprobados, para evitar que el gasto exceda la disponibilidad de ingresos y financiamiento no inflacionario.

La estrategia del Plan Nacional de Desarrollo propone que la recuperación del dinamismo de la actividad productiva sea gradual, y que no ponga en riesgo la estabilización económica pues su fragilidad perjudica a los segmentos sociales mayoritarios.

La multiplicación de empleos estables y bien remunerados es una condición para erradicar la pobreza. Sin embargo, no sería razonable esperar a que la expansión de la producción y el empleo, de suyo necesariamente paulatina, resuelva las carencias que afectan a muchos mexicanos. Más aún, la propia recuperación económica exige mayores niveles de educación, salud, y de bienestar general de la población. Bienestar y productividad, lejos de contraponerse, se refuerzan y complementan.

De este modo, sin desbordar el monto de los recursos disponibles, es necesario fortalecer el gasto público dirigido a las áreas en que la acción del Estado es fundamental para el desarrollo del país. El gasto debe atender las áreas estratégicas y prioritarias de la acción gubernamental, respetando las restricciones económicas y presupuestales que impone la circunstancia. Es por esta razón que debemos seguir avanzando en la redefinición de la estructura del presupuesto, concediendo mayor peso a aquello que es más relevante para la sociedad. En 1991, se habrán de dar importantes nuevos pasos en este sentido.

Los objetivos de la política de gasto público ofrecidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que el Ejecutivo envía a la consideración de esa Honorable Cámara de Diputados, están investidos de las características siguientes:

i. Reducción del gasto en servicio de la deuda pública que permite aumentar el gasto en áreas estratégicas y prioritarias y disminuir a la vez, el gasto público total.

El gasto total, programable y no programable, del Sector Público se reduciría del 32.2 por ciento del producto interno bruto en 1990, al 29.5 por ciento en 1991. Esta disminución se explica por los efectos favorables que, sobre la evolución de las finanzas públicas, han tenido el programa de estabilización la negociación de la deuda externa y el fortalecimiento de la confianza en las perspectivas económicas del país. Menores tasas de interés internas y la negociación externa permitieron que, entre 1989 y 1990, el pago por el servicio de la deuda pública se redujera de 13.0 a 10.1 por ciento del producto interno bruto. Para el año de 1991, se estima un ahorro adicional, por este concepto, de 2.6 puntos porcentuales, al reducirse el servicio de la deuda pública a 7.5 por ciento del producto. De esta manera, en el curso de los primeros tres años de la administración actual, el pago del servicio de la deuda presupuestal se habrá reducido 9.9 por ciento del producto, a partir del 17.4 por ciento registrado en 1988.

ii. Incremento del gasto en áreas estratégicas y prioritarias para la acción del Estado, sin aumentar la proporción del gasto programable respecto del producto.

La reducción propuesta del gasto total es compatible con un incremento moderado, en términos reales, del gasto programable, debido a la disminución de los pagos por intereses de la deuda pública. Dicho incremento, aparejado a la selectividad en la asignación de las erogaciones, consolidará la reestructuración del presupuesto e, inclusive, fortalecerá la participación de los sectores de mayor prioridad en la estrategia de desarrollo. La evolución del gasto así orientado, implica la depuración del Sector Paraestatal en presupuesto, que resulta del proceso de desincorporación de aquellas entidades que no son estratégicas ni prioritarias, para la actividad directa del Sector Público.

En términos reales, el gasto programable propuesto para 1991 es 2.3 por ciento mayor al del cierre estimado de 1990. De esta forma, como proporción del producto interno bruto dicho gasto se reduce ligeramente al pasar al 18.2 por ciento en 1990, al 18.1 por ciento del producto interno bruto en 1991.

iii. El gasto social propuesto continuará incrementando su participación en el gasto programable total, fortaleciendo los avances alcanzados durante la actual administración.

El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, confiere la máxima prioridad en la asignación del gasto público a las erogaciones que apoyan directamente el bienestar social. Siguiendo este señalamiento, el gasto en desarrollo social - que incluye educación, salud, desarrollo urbano y Programa Nacional de Solidaridad - aumentó su participación en el gasto programable de 32.2 por ciento en 1988, a 35.9 por ciento en 1989, y a 38.3 por ciento en 1990. Esta orientación del gasto permite constatar el cumplimiento de las prioridades establecidas.

Para el año de 1991 se propone un Presupuesto que eleve la participación del gasto en desarrollo social a 43.5 por ciento del gasto programable. Ello significaría que, hacia la mitad del período que cubre el Plan Nacional de Desarrollo, esta proporción habría ganado 11.3 puntos porcentuales. El crecimiento real del gasto en educación en 1991 sería de 17.3 por ciento, con un acumulado de 35.4 por ciento durante la administración actual. De su parte, el gasto en salud aumentaría 10.1 por ciento real, respecto de 1990, y 41.0 por ciento en comparación con 1988. Estos importantes incrementos en el gasto social son resultados de un gran esfuerzo de selectividad y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos.

Pero, así también, dichos incrementos son resultado de la liberación de recursos antes distraídos en un aparato estatal grande en exceso; el proceso de desincorporación de empresas no estratégicas ni prioritarias está permitiendo encauzar recursos importantes hacia programas y proyectos de gran utilidad social. Lo anterior, por cierto, pone de manifiesto el afán del Gobierno de la República por traducir en realizaciones de beneficio social los ofrecimientos formulados ante los diversos grupos de la población. En una palabra, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1991 demuestra el realismo, la pertinencia y el compromiso social que caracterizan a la política económica adoptada.

El Programa Nacional de Solidaridad ha sido un instrumento de excepcional alcance social para coordinar el combate a la pobreza extrema, y su eficacia ha sido comprobada en las obras y acciones realizadas. El programa recoge las propuestas de los grupos participantes; alienta y promueve su intervención organizada y corresponsable en las decisiones, la ejecución y la evaluación de las obras realizadas en provecho de la comunidad. Este proyecto propone incrementar en un 41.2 por ciento en términos reales, los recursos fiscales destinados al Programa Nacional de Solidaridad los que alcanzarán una cifra de 5 117.4 mil millones de pesos.

iv. Incremento de la proporción del gasto programable orientado a la inversión directa del Sector Público, con objeto de atender la demanda de obra pública que requiere la actividad económica y social del país.

Las condiciones económicas que prevalecieron en años recientes condujeron a una reducción significativa del gasto público, que afectó especialmente los rubros de inversión. Ahora, los avances en la recuperación del crecimiento económico con mayor estabilidad de precios, hacen necesario incrementar la inversión pública. Este proyecto propone un incremento en términos reales del 7.5 por ciento de la inversión presupuestal. La inversión directa del Gobierno Federal, que se vincula fuertemente con la obra pública, se elevará 21.6 por ciento real en 1991 que, sumado al ascenso estimado al cierre de 1990, representa un incremento real de 89.5 por ciento en dos años.

El coeficiente de inversión directa del Gobierno Federal entre el gasto programable total, pasará de 4.1 por ciento en 1989, a 5.9 por ciento en 1990 y, se aprobarse este Proyecto a 7.1 por ciento en 1991. Por su parte, la inversión de organismos y empresas en presupuesto en 1991 se reduce en 1.7 por ciento real respecto de 1990, como resultado de la desincorporación de empresas del presupuesto. Ello permite, entre otras acciones, incrementar aún más la inversión de aquellas empresas y organismos que realizan funciones estratégicas y prioritarias, como la Comisión Nacional del Agua, diversas instituciones dedicadas a la educación, a la construcción de escuelas, el abasto de alimentos básicos, a la previsión y mantenimiento de infraestructura básica de comunicaciones y transportes, electricidad y combustibles, entre otros.

v. Apoyo a la actividad productiva de los sectores agrícola, pecuario y pesquero, a fin de elevar las condiciones de vida rurales y la producción de alimentos básicos y de insumos para el resto de la población.

Elevar los niveles de productividad en la producción de alimentos y mejorar las condiciones de vida rurales, son objetivos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994. Para el año de 1991, se propone un incremento de 10.5 por ciento real del gasto programable en el rubro de desarrollo rural. De su lado, la inversión en este sector aumentaría en un 42.1 por ciento en 1991, también en término reales.

En Pesca, se propone un incremento real del gasto programable de 1.5 por ciento con lo que se mantendría el importante apoyo brindado al sector en 1990, cuando mediante diversos proyectos se elevó en 208.8 por ciento el gasto de inversión sectorial. Este esfuerzo, aunado a los avances en los procesos de desincorporación, permitirá reducir algunos apoyos a las empresas pesqueras sin lesionarlas, por lo que se propone un descenso real de la inversión de 7.9 por ciento respecto de 1990.

vi. Aumento del acceso al agua como elemento de productividad y bienestar, promoción del ahorro y el uso eficiente de este recurso.

El agua es el elemento primordial para la producción del campo y de la industria, y es también esencial para el bienestar de la familia. Por ello, la estrategia actual de desarrollo confiere una prioridad especial a la política de suministro de agua. En 1990, el presupuesto de la Comisión Nacional de Agua aumentó en 60.4 por ciento en términos reales y se propone que para 1991 se incremente en 30.8 por ciento adicional, también en términos reales. Con ello entre 1989 y 1991 los recursos presupuestados para la dotación de agua y obras hidráulicas se habrán incrementado en 109.7 por ciento en términos reales.

vii. Fortalecimiento de la infraestructura requerida para la recuperación del dinamismo de la actividad económica, y en apoyo a la competitividad de la planta productiva.

El Plan Nacional de Desarrollo destaca la importancia de la infraestructura para el crecimiento, subrayando la disponibilidad de los insumos básicos para la actividad productiva, tales como electricidad y petrolíferos. Conviene recordar que en 1990, el sector eléctrico recibió apoyos especiales para efectuar diversos proyectos de inversión. Estos se realizan con recursos públicos adicionales a los considerados en el presupuesto original y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 13 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1990. Lo anterior permitió un incremento real de 29.7 por ciento de la inversión de este sector. Para 1991, se proyecta un incremento real de 0.5 por ciento, que mantendría los apoyos especiales de este año a la inversión en el sector eléctrico.

Cabe subrayar que si se consideran los recursos invertidos en capacidad de generación con financiamiento privado, en proyectos de construcción a ser adquiridos por el Estado hasta que estén en condiciones de operar, y cuyo impacto presupuestal sólo se iniciará a partir del momento en que se entreguen las plantas, la inversión del sector eléctrico tendrá aumentos reales de 37.5 por ciento en 1990, y de 20.8 por ciento en 1991. De conformidad con las disposiciones legales, estos proyectos generarán servicios que, en su momento, serán prestados de manera exclusiva por el sector público.

En 1991, el gasto de inversión de Petróleos Mexicanos crecería 11.8 por ciento real respecto de 1990, después de que durante los últimos años los recursos destinados a este propósito se habían mantenido bajos. El país estará en mejores condiciones para atender las demandas internas de combustibles y de otros producto vitales para el uso doméstico, los procesos productivos y los medios de transporte.

Las comunicaciones y los transportes son parte de la infraestructura que debe recibir especial atención y cuidado. Pocos sectores como éste adquieren un relieve tan significativo en el mundo de hoy, en donde la eficiencia para comunicar y transportar es fundamental para competir. Además, el avance tecnológico cobra una dimensión sobresaliente en el ramo de las comunicaciones. En 1990, el gasto programable de este sector aumentó 3.4 por ciento en términos reales, y se propone incrementarlo 11.6 por ciento en 1991, también en términos reales.

viii. Protección al medio ambiente, como condición para que el progreso económico sea congruente con el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.

La protección al medio ambiente es compromiso con el bienestar general de la población de hoy y de mañana. Proteger el ambiente es salvaguardar condiciones óptimas para la vida de los mexicanos y de sus descendientes. Esta tarea es responsabilidad de todos, y el sector Público está decidido a cumplir su parte... Se prevén recursos importantes para apoyar la ejecución del Programa Nacional de Protección al Medio Ambiente, cuyo objetivo central es mantener el equilibrio ecológico y racionalizar el uso de los recursos naturales, particularmente los no renovables. Este Proyecto de Presupuesto asigna recursos a este programa por un monto de 1 033.9 mil millones de pesos. En este contexto es preciso destacar que el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología se incrementará 19.8 por ciento real, con lo que podrá intensificar sus acciones.

ix. Apoyo decidido a la ciencia y tecnología, como requisito del progreso en la economía moderna, para prosperar en el marco de la globalización de los procesos productivos, comerciales y financieros.

El avance científico y tecnológico del país es esencial para mejorar crecientemente los niveles de bienestar colectivo. Esto es particularmente cierto si atendemos al proceso de veloz globalización económica. Dicho proceso demanda acceder a los mercados internacionales en condiciones de mayor competitividad. Así, la promoción del desarrollo científico y tecnológico constituye una acción estratégica para la modernización nacional. Se propone incrementar en 20.2 por ciento real los recursos federales orientados a este propósito.

x. Mejoramiento de la productividad y de las condiciones de vida de los servidores públicos.

Durante el presente año, se inició una recuperación moderada de los ingresos que perciben los empleados públicos, con una retabulación que los favoreció económicamente y reconoció sus méritos y antigüedad en el servicio público. El avance en la recuperación de la estabilidad económica, y el aumento progresivo de la actividad productiva, hacen posible el mejoramiento gradual de las condiciones de vida de los servidores públicos, con lo que se avanza en resarcir el deterioro acumulado en años anteriores. En el Proyecto de Presupuesto correspondiente a 1991 se incluyen previsiones destinadas a mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos y a la creación de plazas en los sectores estrictamente prioritarios, como educación y salud.

En apoyo de estas acciones, el gasto programable del Sector Central, asignado a servicios personales, se incrementa en 13.6 por ciento, en término reales, y 33.8 por ciento en términos nominales, con lo que el monto destinado a este capítulo asciende a 22 965.8 mil millones de pesos. Lo anterior representa un esfuerzo importante del Estado para mejorar las condiciones de vida de los servidores públicos.

CONSIDERACIONES GENERALES

El gasto programable del Gobierno Federal propuesto en este proyecto, excluyendo transferencias a organismos y empresas controladas presupuestalmente asciende a 63 152.8 mil millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 10.4 por ciento en términos reales, con respecto al cierre estimado para 1990. De otra parte, el gasto programable de los organismos y empresas controlados en el presupuesto alcanza un monto de 79 356.2 mil millones de pesos lo que representa un incremento nominal de 12.8 por ciento y un descenso real de 4.1 por ciento. Ello es congruente con la política de gasto, dirigida a concentrar las actividades del Estado en los sectores estratégicos y prioritarios.

El gasto en participaciones y estímulos asciende a 25 870.9 mil millones de pesos y el de adeudos fiscales de años anteriores a 4 000.0 mil millones de pesos. El gasto primario, que suma los dos conceptos anteriores y el total del gasto programable, alcanza un monto de 174 032.9 mil millones de pesos. Los pagos por concepto de servicio de la deuda ascienden a 59 769.0 mil millones de pesos, lo que equivale a una reducción de 23.2 por ciento en términos reales. Ello se debe principalmente a la disminución de las tasas de interés internas y a la negociación de la deuda pública externa.

En resumen, someto a la consideración de esa Honorable Cámara de Diputados, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente a 1991 que incluye un gasto total de 233 801.9 mil millones de pesos.
 

III. ANÁLISIS SECTORIAL DEL GASTO PÚBLICO

Con respecto a la asignación sectorial del gasto programable propuesto, los propósitos y acciones que alientan la política de gasto en cada uno de los sectores se inscriben dentro de un marco de racionalidad, eficiencia y disciplina presupuestal.

En el sector Educación la estrategia de gasto contribuirá a la modernización educativa, especialmente de la educación primaria, que tiene carácter prioritario por su mayor incidencia en los grupos de menores ingresos. Se busca mejorar la calidad del sistema educativo, elevar la escolaridad de la población, descentralizar la educación y fortalecer la participación de la sociedad en las tareas educativas. La educación media superior tecnológica tendrá prioridad debido a su carácter terminal y por la capacitación que ofrece en el mercado de trabajo. En la educación universitaria se promoverá la selectividad y eficiencia en el uso de los recursos y el mejoramiento de sus servicios. En investigación y posgrado se incrementará el número de becas y los proyectos vinculados con los procesos productivos.

En materia de Salud se fortalecerá la infraestructura existente para ampliar su cobertura y mejorar la calidad de los servicios. Se otorgará prioridad a la medicina preventiva en virtud de su contribución al abatimiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan a los grupos de menores ingresos. Asimismo, se incrementarán los programas de vacunación en beneficio sobre todo de los niños menores de cinco años. En lo referente a seguridad social, se avanzará en el mejoramiento de la atención a los derechohabientes y se continuará fomentado la cultura, la recreación y la atención a la infancia.

En el Sector Trabajo y Previsión Social, la política laboral tiene como propósito fundamental mantener la concertación entre los sectores productivos, para impulsar la productividad y eficiencia requeridas para avanzar en la recuperación económica con estabilidad de precios. La promoción de las oportunidades de empleo tiene importancia estratégica, así como el mejoramiento de los índices de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

Por lo que respecta a Desarrollo Urbano, se enfatizan las acciones dirigidas a promover la mejor localización de la población así como de la actividad económica y social en el territorio nacional, lo que permitirá mejorar la calidad de los servicios. Para ello. se propone controlar el crecimiento de las grandes ciudades mediante el impulso al desarrollo de ciudades intermedias. En materia habitacional se buscará avanzar en el cumplimiento del precepto constitucional que determina que cada familia cuente con una vivienda digna y decorosa, a través, entre otras acciones, de programas de reparación y construcción de más de 70 000 viviendas a cargo de FONHAPO.

En el Sector de Desarrollo Rural existen problemas y rezagos acumulados que explican el estancamiento de la producción. Ante ello, el Programa Nacional de Modernización del Campo busca incrementar los niveles de producción y productividad del Sector. Para avanzar en este objetivo, y asegurar el abasto de productos básicos, se proveerá el mejoramiento de los niveles de bienestar de los productores del campo y el incremento en la productividad agrícola.

La inversión asignada a este Sector se destinará a la creación de infraestructura agrícola y a los programas de capacitación y asistencia técnica que permitan elevar el nivel de vida de los campesinos junto con el incremento de su producción. En materia de agua, el objetivo fundamental es el aprovechamiento racional de este recurso para satisfacer la demanda nacional. Se promoverá la preservación y aumento de la cantidad y calidad del líquido mediante la participación activa de la sociedad.

En el Sector Comunicaciones y transportes se realizarán acciones dirigidas a la ampliación y modernización de la infraestructura con el fin de elevar la eficiencia y calidad de los servicios. Particular atención tendrán la conservación y rehabilitación de la red federal de carreteras, de los caminos rurales, de la red ferroviaria, del sistema portuario, los aeropuertos y las telecomunicaciones. Continuará el proceso de desregulación de los sistemas de transporte y comunicación para promover la participación de los particulares en la modernización del Sector. En apoyo de estas acciones se avanzará en la descentralización administrativa, fortaleciendo la autonomía de los centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el interior de la República.

El Sector Energético tiene un carácter estratégico en la recuperación del crecimiento económico con estabilidad de precios, por lo que se busca fortalecer su infraestructura a través de la canalización de inversiones, particularmente en la producción primaria de hidrocarburos. El objetivo fundamental es mantener la capacidad productiva que satisfaga la demanda interna y que permita un margen de maniobra para aprovechar, con oportunidad, las condiciones favorables que lleguen a presentarse en los mercados internacionales. En el Sector Eléctrico se continuarán los proyectos termoeléctricos en proceso; con ello se incrementará la capacidad de generación de electricidad y se garantizará, el suministro.

Por lo que respecta al Comercio y Abasto, se consolidará el proceso de modernización tendiente a promover un sector exportador dinámico y competitivo en correspondencia con una inserción adecuada de México en las grandes corrientes de intercambio mundial. En lo referente al comercio interior y el abasto, el propósito fundamental es garantizar la disponibilidad de alimentos a precios accesibles. La modernización estructural de los sistemas de distribución y comercialización es necesaria para lograrlo.

En la industrial paraestatal se continuará elevando la eficiencia y concentrando los recursos en lo estratégico y prioritario. En las entidades cuya permanencia en el Sector Público se justifica continuarán los procesos de reestructuración y saneamiento financiero que elevan la eficiencia y la productividad. Se avanzará en la extensión y perfeccionamiento de los convenios de desempeño, concertados entre el Gobierno Federal y estas entidades.

El Sector Turismo orientará su estrategia de gasto a la ampliación y modernización de su infraestructura, requisito para aumentar la captación de divisas e incrementar la generación de empleos. Se fomentará una mayor participación del sector privado en el desarrollo turístico, vigilando el cumplimiento de precios y tarifas compatibles con niveles competitivos a los que se ajustan los principales centros turísticos internacionales.

En el Sector Pesca las acciones se orientan hacia la ampliación de la oferta y el mejoramiento de la distribución de productos pesqueros, así como a la promoción del desarrollo regional de las comunidades dedicadas a esta actividad. Se busca un aprovechamiento racional de los recursos que permita un mayor ingreso de divisas y mejore la posición de la industria pesquera mexicana en el contexto internacional. Asimismo, se propone un rápido desarrollo de la acuacultura, ramo productivo que aumenta la disponibilidad de productos pesqueros sin agotar los recursos naturales.

En el Sector Seguridad Nacional y Procuración de Justicia las acciones se orientan a mantener la plena vigencia del orden constitucional y a la ampliación de la vida democrática. Entre los objetivos fundamentales destacan el combate al narcotráfico y el mejoramiento del sistema de procuración e impartición de justicia. Se garantizará el libre ejercicio de la participación política a través de las instituciones democráticas, así como la promoción y defensa de los derechos humanos.

DESARROLLO SOCIAL

La promoción del bienestar social es uno de los objetivos principales que alientan la política de gasto público. En la asignación de recursos, dentro del más estricto respeto a las restricciones económicas y presupuestales, se otorga la máxima prioridad al gasto social destinado a atender las necesidades de la población en materia de educación, vivienda, salud y seguridad social.

El bienestar social es uno de los fines prioritarios del Estado. Su satisfacción permite la incorporación gradual de todos los mexicanos a los beneficios del progreso, y alivia las carencias e insuficiencias de la población, particularmente de los habitantes de zonas rurales y urbanas marginadas.

En congruencia con ello, se propone un crecimiento real del gasto programable del Sector Desarrollo Social de 15.7 por ciento respecto a 1990, lo que representaría un incremento real acumulado de 40.7 puntos porcentuales durante la actual administración. Esto es posible gracias a la sustancial reducción del pago del servicio de la deuda pública y por la mayor selectividad y eficiencia en la asignación de los recursos públicos, que han permitido incrementar los recursos asignados al gasto social, sin necesidad de elevar el gasto programable total.

Esta reorientación del gasto público hacia los sectores que inciden directamente en el bienestar de la población ha permitido incrementar la dotación de servicios sociales básicos y mejorar su calidad, como una contribución fundamental para la modernización económica, inconcebible sin el mejoramiento de los niveles de bienestar social de los mexicanos.

De esta manera, la propuesta de gasto para 1991 del Sector Social asciende a 61 989.0 mil millones de pesos, con los que se busca ampliar la cobertura de servicios sociales básicos; mejorar la calidad de la educación y la salud; procurar la correcta aplicación de la legislación laboral; atender las necesidades de desarrollo urbano y agua potable; y combatir las causas que originan la contaminación ambiental.

Sector Educación

La política del Estado Mexicano, congruente con los principios emanados del Proyecto Nacional consagrados en la Constitución de 1917, se ha orientado a reafirmar el Sistema Educativo Nacional. Consecuente con ello, el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 señala los objetivos en materia educativa y establece que la modernización de la educación es condición necesaria para transformar las estructuras del país. Se propone actualizar las finalidades y objetivos de la educación en todos los niveles que conforman el Sistema Educativo Nacional; promover el desarrollo integral del individuo, y definir los rumbos que preparen a las nuevas generaciones para enfrentar las exigencias futuras.

En consecuencia, la estrategia del Sector Educativo para 1991 se aboca a la consecución de las siguientes metas: mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los propósitos del desarrollo nacional; elevar la escolaridad de la población; descentralizar la educación y adecuar la distribución de la función educativa a los requerimientos de su modernización y de las características de los diversos sectores integrantes de la sociedad; y fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo.

En Educación Básica se continuará el proceso de transformación y articulación de los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, en el marco de un esquema que elimine rezagos y traslapes; se impulsará la educación física y artística en cada uno de esto niveles, a fin de proporcionar a la niñez una educación más integrada. Como estrategia prioritaria de la modernización educativa se buscará, una participación más solidaria y activa de la sociedad en el quehacer educativo.

La Educación Inicial ampliará su cobertura fundamentalmente hacia los grupos marginados, mediante modelos que involucren a los padres de familia y a los miembros de la comunidad. Se quiere atender a los infantes menores de 3 años, instalando nuevos Centros de Desarrollo Infantil. La Educación Especial se fortalecerá con la operación de dos nuevos modelos de atención: uno para el medio rural, en el cual se pretende, mediante una adecuada orientación, corresponsabilizar a los padres de familia; y otro, destinado a estimular el desarrollo de niños y jóvenes sobresalientes, con la implantación de instrumentos que permitan detectar a este tipo de alumnos.

En Educación Preescolar se evaluará el nuevo modelo de atención para las zonas rurales y urbano - marginadas, a fin de posibilitar su expansión; se dotará a los planteles de más y mejores materiales, así como de apoyos didácticos y mobiliario escolar.

La Educación Primaria constituye la máxima prioridad de la modernización educativa. Se continuará garantizando el acceso a ella del 100% de la población demandante, utilizando todos los medios disponibles para elevar la eficiencia terminal, fundamentalmente en las regiones rurales e indígenas del país. Se continuará con la conversión de escuelas unitarias e incompletas en bidocentes, tridocentes y completas; se apoyará a los niños residentes en comunidades marginadas, en las que no es posible establecer una escuela, mediante el otorgamiento de becas que les permitan acudir a la más cercana; se ampliarán y consolidarán las tareas para el aprendizaje de la lecto - escritura y las matemáticas; se buscará que cada primaria cuente con una biblioteca escolar y con paquetes de material didáctico, además de incorporar, por la vía de la primaria acelerada y la educación de adultos, a la población de 10 a 14 años que abandonó los estudios.

En cuanto a la educación secundaria se evaluará el nuevo plan de estudios único, a fin de conocer su efectividad y, en su caso, hacer los ajustes necesarios; se continuará proporcionando el servicio educativo a todos los demandantes; se impulsará el servicio de telesecundaria y se ampliará el número de becas y la dotación de microcomputadoras, materiales y apoyos didácticos.

En la Educación Media Superior se le dará mayor prioridad a la modalidad tecnológica; para ello, se continuarán consolidando los servicios federales existentes hasta el límite de su capacidad instalada. El incremento de la demanda se atenderá mediante un nuevo sistema de educación bivalente y terminal, así como de educación tecnológica abierta, y mediante el fortalecimiento de la educación terminal.

En la Educación Media Superior Universitaria se impulsará el telebachillerato; se consolidará el sistema del Colegio de Bachilleres; se promoverá concertadamente que las instituciones autónomas y estatales adopten un tronco común de asignaturas y que en sus programas incorporen el desarrollo de capacidades para la vida productiva. Respecto a la Educación.

Consolidarán los servicios federales. Los nuevos servicios escolarizados se ofrecerán a través de nuevos organismos descentralizados y se redefinirá el Sistema de Educación Tecnológica Superior Abierta. En lo que se refiere a la Educación Superior Universitaria, se ampliará la modalidad abierta; se impulsará la coedición de libros para este nivel educativo, y se continuará implantando el sistema de evaluación y autoevaluación para que las instituciones mejoren su calidad en todos los servicios que ofrecen.

En Investigación y Posgrado se reforzará el programa de becas, a fin de estimular a los mejores egresados de educación superior para que continúen estudios de posgrado y se incorporen a proyectos de investigación; se establecerán programas permanentes de mejoramiento y actualización de docentes; se vinculará la investigación con la docencia y con la producción; se impulsarán proyectos de riesgo compartido y multi - institucionales; se establecerán en todas las instituciones programas de evaluación de actividades científicas y tecnológicas y, además, se reforzará el Sistema Nacional de Investigadores.

En cuanto a la formación y actualización de docentes, se revitalizará a la Universidad Pedagógica Nacional, que debe ser el centro técnico de excelencia del normalismo a cuyo cargo esté la investigación pedagógica y la formación de los cuadros docentes de las escuelas normales. Se establecerá un nuevo sistema de actualización del magisterio en servicio, apoyado en la teleactualización; se promoverá la carrera magisterial y se dotará a las escuelas de más y mejor acervo bibliográfico, material y equipo didáctico. Se asegurará que el personal docente de las normales es decir, los maestros de maestros tengan como mínimo título de licenciatura.

Por su parte, la Educación de Adultos integrará sus programas a los de alfabetización, postalfabetización y capacitación; otorgará prioridad a la atención de los grupos sociales y regiones geográficas más rezagadas; y continuarán los esfuerzos para abatir el analfabetismo promoviendo la mejor utilización de los medios masivos de comunicación, además de la transmisión de programas de teleprimaria y radioprimaria. Adicionalmente, se implantará un modelo de capacitación integral para los alfabetizadores voluntarios para los que se establecerá un nuevo sistema de acreditación en el que se incorporará a niños y jóvenes de 10 a 14 años que han desertado del Sistema Educativo.

En relación a la capacitación, se trabajará en la conformación de un Sistema Nacional de Capacitación Formal; se consolidarán los servicios federales existentes y se crearán nuevos centros de capacitación en ramas estratégicas de la producción, con la participación concertada del sector productivo y los gobiernos estatales; asimismo, se establecerá la modalidad abierta y nuevos sistemas de acreditación y certificación que reconozcan aprendizajes provenientes de la experiencia laboral. Se prepararán programas de cómputo y videograbaciones que apoyen las especialidades y cursos que los requieran.

Por lo que respecta a la Infraestructura Educativa, se construirán y equiparán espacios educativos, otorgándose prioridad al equipo de planteles tecnológicos, capacitación para el trabajo e investigación, y a la consolidación y expansión del servicio, fundamentalmente en las regiones de bajo desarrollo y las marginadas; se actualizarán las guías de equipamiento y los diseños arquitectónicos además de dar mantenimiento correctivo y preventivo a los planteles escolares. Una acción importante será abatir el rezago de espacios educativos en la educación básica, así como dotar de mobiliario y equipo a planteles escolares.

Dentro del contexto de la modernización administrativa en el sector, se procederá a la sistematización de los procesos operativos y habrá de implantarse el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que comprenda el desempeño escolar, el proceso educativo, la administración educativa, la política educativa y el impacto social de la educación. Se establecerá el Sistema Nacional de Exámenes; se mejorarán los instrumentos de evaluación y se promoverá, entre maestros, alumnos y padres de familia, la difusión y análisis de los resultados.

Los objetivos generales de la política cultural inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo son proteger y difundir el patrimonio arquitectónico, histórico y artístico; estimular la creatividad de la población mexicana, en particular la de los artistas y hombres de cultura; ampliar y descentralizar los servicios de difusión que presta el Estado, a fin de procurar el acceso de todos los mexicanos, especialmente de los sectores más amplios de la población, es decir, los jóvenes y los trabajadores, al disfrute de las creaciones artísticas y culturales; revitalizar la industria cinematográfica nacional, y fortalecer la contribución de los medios masivos de comunicación en la difusión del arte y la cultura.

Para continuar avanzando en el logro de estos objetivos, en 1991 se consolidará y desarrollará la Red Nacional de Bibliotecas, enriqueciendo los acervos existentes, diversificando los servicios culturales y estableciendo videotecas; se continuará impulsando el apoyo a la cultura popular y comunitaria; se mejorarán los contenidos y la calidad de la educación artística y cultural por medio de la capacitación de docentes; se otorgarán becas para estimular la creación artística; se continuará con la restauración de museos; se producirán películas y programas radiofónicos de esparcimiento, de carácter informativo y cultural; se elaborarán y difundirán masivamente audiovisuales enfocados a apoyar los programas de preservación y difusión del patrimonio artístico y cultural.

Para 1991, en el aspecto deportivo se continuarán fortaleciendo las acciones para la formación física, psicológica y social de los niños y jóvenes del país. Para ello se buscará fomentar el deporte masivo a fin de lograr el acceso del mayor número de la población y, paralelamente, se apoyará y promoverá el desarrollo de los jóvenes que muestren el mayor talento deportivo.

Para tal efecto, se continuará apoyando a los institutos estatales, delegacionales y municipales para el deporte y la juventud; se promoverán las actividades deportivas estudiantiles dentro de las escuelas; se propiciará la creación de Ligas Deportivas Estudiantiles en los niveles de educación secundaria, media superior y superior; y se organizará la participación de deportistas selectos en competencias nacionales e internacionales. Asimismo, se construirán más y mejores instalaciones deportivas; se capacitarán profesionales del deporte a través del Programa Nacional de Formación y Capacitación para el Deporte y la Cultura Física; se realizarán estudios científicos y evaluaciones de tipo deportivo; se realizará la difusión de los eventos en los medios masivos y se fortalecerán los programas de estímulos y recompensas, así como de apoyo, a jóvenes marginados y minusválidos.

Finalmente, el sector apoyará los programas de Educación Ecológica y del Medio Ambiente en todos los niveles de la educación. Para este fin, se editarán publicaciones sobre la problemática específica de las diversas regiones de la República en materia ambiental; además se seguirá impulsando la realización y difusión de estudios de protección ecológica en los Centros de Investigación.

Para lograr todos estos propósitos, la asignación propuesta para este sector asciende a 25 817.9 mil millones de pesos.

Salud y Seguridad Social

En 1991 se redoblarán los esfuerzos en favor de la población abierta, sobre todo en las zonas marginadas rurales y urbanas, a través de la prestación de servicios médicos - asistenciales oportunos, eficaces y equitativos.

Se reforzarán las actividades ya iniciadas y se impulsarán nuevos proyectos según las prioridades estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa de Mediano Plazo del Sector Salud, 1990 - 1994. Para ello, se han determinado los siguientes objetivos: fomentar una cultura de salud que propicie la participación de la comunidad; impulsar el acceso universal a los servicios médico - asistenciales con una mayor eficacia y equidad; fortalecer los programas existentes para la prevención y control de las enfermedades, y reducir la incidencia de enfermedades infecciosas y parasitarias mediante el saneamiento básico y el mejoramiento del medio ambiente; contribuir a la moderación del crecimiento demográfico; e impulsar la asistencia social.

Las estrategias generales que orientarán las acciones de las dependencias y entidades que integran este sector, serán las siguientes: seguir impulsando la modernización del Sistema Nacional de Salud para mejorar su eficacia operativa en todo el país; enfatizar las acciones de medicina preventiva, ya que, al combatir las enfermedades infecciosas y parasitarias que constituyen la mayor causa de muertes en el país, se logrará reducir las tasas de mortalidad y morbilidad; apoyar la capacitación de recursos humanos junto con la investigación y desarrollo tecnológico que realizan las instituciones.

Cabe destacar el proyecto de vacunación universal, cuyo objetivo para 1992 es que todos los niños menores de 5 años, en especial los que habitan en localidades apartadas, cuenten con el ciclo de vacunación completo (poliomielitis, sarampión, difteria, tosferina, tétanos, y tuberculosis).

Entre otros programas prioritarios cabe destacar el de Cirugía extramuros, el de prevención del SIDA, el de planificación familiar y el de capacitación de investigación.

La inversión pública en el Sector apoyará los diversos proyectos que amplíen la cobertura y mejoren la calidad de los servicios. Se otorgará prioridad a la rehabilitación, conservación y mantenimiento de las instalaciones existentes, así como la terminación de obras en proceso. En la construcción de nuevas unidades se dará preferencia a las de atención de primer nivel en zonas marginadas y a las de segundo nivel que incidan en el fortalecimiento de los sistemas locales de salud.

En lo referente a Seguridad Social, se mejorará la atención de las necesidades de la población derechohabiente, así como la ampliación de las oportunidades para la obtención de viviendas. Se continuará protegiendo el salario a través del sistema de tiendas y farmacias. Asimismo, se seguirá fomentando la cultura, la recreación y la atención a la infancia.

Para llevar adelante estos proyectos, la Secretaría de Salud se propone racionalizar y agilizar los trámites y procedimientos relacionados con la atención al público usuario, especialmente los de fomento y protección de la salud así como los de control y regulación sanitaria.

Por su parte, el IMSS y el ISSSTE desconcentrarán sus facultades para elevar su calidad y mejorar su capacidad de respuesta a las demandas de servicios y prestaciones. Para ello se reestructurará su organización y se simplificarán sus sistemas y procedimientos, con apoyo en la tecnología informática.

Para lograr estos propósitos, la asignación propuesta para este sector asciende a 28 290.5 mil millones de pesos.

Trabajo y Previsión Social

La política laboral está encaminada a propiciar un clima de concertación que impulse una mayor productividad en las actividades económicas del país. Los objetivos del Sector Trabajo y Previsión Social se orientan a mejorar las relaciones obrero - patronales; a proteger los derechos de los trabajadores; a promover las oportunidades de empleo y ampliar los niveles de calificación de la población trabajadora; a elevar los índices de seguridad e higiene en el trabajo; y a mejorar los niveles de bienestar y seguridad social de los trabajadores y sus familias.

Las principales líneas de acción serán vigilar la aplicación de la Legislación Laboral y la correcta impartición de justicia; consolidar el Servicio Nacional de Empleo; impulsar la capacitación y adiestramiento de los trabajadores; fortalecer la seguridad e higiene en el trabajo; proteger y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores mediante el otorgamiento de créditos para la obtención de bienes y servicios necesarios.

Asimismo, cabe destacar que a través del Programa Nacional de Solidaridad se apoyará la capacitación de mano de obra, mediante el otorgamiento de becas a trabajadores desempleados en las zonas marginadas de diversas localidades del país.

En lo referente a su modernización administrativa, el sector continuará adecuando sus estructuras y simplificando trámites para mejorar la eficiencia operativa de sus servicios y funciones.

Para lograr estos propósitos, la asignación propuesta para este sector asciende a 344.9 mil millones de pesos.

Desarrollo Urbano y Agua Potable

Para 1991, los principales objetivos del Sector son fortalecer el proceso de descentralización; mejorar los servicios y regularizar la tenencia y uso del suelo; continuar con la adquisición de reservas territoriales para desarrollo urbano y vivienda, así como dotar y mejorar los sistemas de agua potable en las zonas urbanas. Se persiguen con ello los propósitos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y de los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y Vivienda; así como del Agua en Zonas Urbanas, que tienen como fundamento la concertación institucional, garantía de una ampliación en el alcance de sus actividades y de un mayor impacto de sus inversiones.

Para lograr estos objetivos se propone un gasto de 2 418.3 mil millones de pesos, de donde al sector Desarrollo Urbano y Ecología le corresponden 1 659.8 mil millones de pesos y a la Comisión Nacional del Agua 758.5 mil millones de pesos.

En materia de desarrollo urbano, la inversión se orientara a transformar el patrón territorial de los asentamientos humanos en concordancia con las políticas de descentralización y desarrollo económico. Para ello se promoverá la regularización del uso del suelo, la titulación de lotes y la adquisición de reservas territoriales para desarrollo urbano y vivienda; se mejorará la calidad de los servicios urbanos, principalmente con la instalación de sistemas integrales para sanear aguas residuales; y se fortalecerá la capacidad municipal para propiciar el sano desarrollo de las ciudades, preservando los valores histórico - culturales a través de la restauración de inmuebles y sitios históricos.

Se promoverán los sistemas urbano - regionales con potencial de desarrollo; se impulsará a las ciudades que cumplan una función de integración rural, y se fortalecerán los corredores de desarrollo económico así como los enlaces interregionales.

Como tarea importante se persigue consolidar el sistema urbano nacional a fin de contribuir a controlar el crecimiento de las grandes ciudades. Con ese fin se impulsará el desarrollo de centros alternativos para alcanzar una mayor integración rural - urbana. Igualmente, para promover el desarrollo regional se proponen acciones de modernización en el medio rural y de fomento a corredores económicos.

Se apoyará a los procesos locales de orientación del desarrollo urbano con el fortalecimiento de los mecanismos de administración y operación urbana de los gobiernos estatales y municipales; se apoyará el desarrollo de los centros de población, conforme a las políticas de impulso, consolidación, control e integración urbana - rural que plantea el Sistema Urbano Nacional; se constituirá una estructura urbana fundada en la modernización de 70 ciudades medias, y se dará atención integral a las zonas marginadas.

La acción gubernamental en materia habitacional estará orientada por los siguientes objetivos: avanzar en el cumplimiento del precepto constitucional de que cada familia cuente con una vivienda digna y decorosa, mediante programas de reparación de departamentos y construcción de más de 70 mil viviendas por FONHAPO; además, propiciar las condiciones suficientes para que la sociedad en su conjunto esté en posibilidad de edificar las nuevas viviendas que atiendan la demanda generada por el incremento poblacional; realizar el número de mejoramientos sustanciales que el inventario existente requiere para que el déficit no aumente iniciándose su abatimiento, y convertir a la vivienda en un factor fundamental del ordenamiento regional de los asentamientos humanos en el territorio nacional.

En materia de aprovechamiento integral del agua para lograr un mejor uso del recurso en las zonas urbanas, las acciones encomendadas a la Comisión Nacional del Agua se encaminarán a propiciar una mayor participación de la sociedad en la construcción, operación, conservación y mantenimiento de los sistemas de agua potable.

Bajo este esquema, operará El Programa Nacional de Agua Potable en Zonas Urbanas que beneficiará a la población asentada en las ciudades medias, zonas urbanas críticas y colonias populares. Para ello, es necesaria la preservación y el aumento de la cantidad y calidad del agua mediante la regularización de su aprovechamiento y del control de la contaminación, así como de la actualización del marco jurídico correspondiente junto con el desarrollo y modernización tecnológica; alentando con todo ello una nueva cultura sobre el uso del agua, que habrá de fortalecerse mediante acciones de comunicación social y de concertación con los usuarios para el uso racional del recurso.

En este sentido, la Comisión Nacional del Agua impulsará la construcción de acueductos para ampliar en 9.5 m3/seg. el abastecimiento a ciudades y continuar operando los existentes para el suministro de 27 m3/seg. a centros de población; así como la rehabilitación de las obras en uso para disminuir fugas e ineficiencias en la distribución.

Asimismo, se aplicarán mecanismos de financiamiento para la recuperación financiera y el pago justo del servicio. Entre los proyectos de inversión para agua potable cabe destacar: Sistema Cutzamala; Sistema El Cuchillo (para Monterrey, N. L.) y Sistema Presa Calderón La Zurda para Guadalajara, Jal.

DESARROLLO RURAL

En los últimos años el sector agrícola presentó un dinamismo menor al del resto de la economía, principalmente en la producción de alimentos. El origen de ello es una problemática variada y compleja, de carácter estructural: bajas en producción y productividad, descapitalización, inseguridad en la tenencia de la tierra y desarraigo de la población.

Para enfrentar esta problemática, el Sector Agricultura y Recursos Hidráulicos ha puesto en práctica el Programa Nacional de Modernización del Campo 1990 - 1994, con el objetivo fundamental de aumentar la producción y la productividad del campo. Sus objetivos generales son: elevar el nivel de bienestar de los productores del campo; imprimir competitividad al sector; asegurar el abasto y la soberanía alimentaria dentro de un esquema de apertura comercial; alentar el potencial exportador; eliminar restricciones para lograr una mejor asignación de recursos; impulsar el desarrollo de esquemas adecuados tanto para la inversión nacional como extranjera; conservar los recursos naturales; y estimular el desarrollo y la diversificación de actividades en el medio rural.

Entre las principales líneas de acción para 1991 se encuentra la de superar los rezagos que limitan el desarrollo de las comunidades rurales y el aprovechamiento de sus potencialidades; para ello se dará especial importancia al fomento de actividades que incrementen el empleo y el ingreso rural, al mismo tiempo que coadyuven al propósito de suficiencia y soberanía alimentaria.

Uno de los propósitos fundamentales de la política económica de gasto e inversión pública, es propiciar progresivamente una mayor participación de los gobiernos estatales y municipales, así como de los sectores social y privado; asimismo, se destinarán mayores recursos a los proyectos de inversión y a los programas de capacitación y asistencia técnica a productores, con lo que se busca elevar el nivel de vida de los campesinos.

En el área paraestatal relacionada con las actividades agropecuarias y forestales, se continuará avanzando en la desincorporación de las entidades especializadas en los giros tabacalero, frutícola y coprero, las forestales extractoras y de transformación de madera así como las de beneficio de artículos de palma, y las de servicios a la agricultura.

Para lograr estos propósitos se propone destinar al sector desarrollo rural un gasto de 7 897.3 mil millones de pesos.

Los objetivos trazados en Agricultura y Recursos Hidráulicos se orientan al incremento de la producción y productividad, incorporando avances tecnológicos; al suministro de materias primas suficientes para el sector industrial; a la promoción de cultivos de exportación, tanto para aumentar la cantidad como su calidad aprovechando las ventajas comparativas; así como a la conservación de los recursos tierra y agua para alcanzar con ellos la suficiencia alimentaria.

Para el logro de estos objetivos el subsector Agrícola se propone cumplir con las siguientes actividades: el otorgamiento de paquetes tecnológicos y crediticios dando un tratamiento diferente a los productores en función de su nivel de ingreso y su potencial productivo; el aprovechamiento integral del crédito externo; el abasto adecuado de insumos y el control de calidad de los mismos; el fomento a los mecanismos de concertación entre productores e instituciones federales; la creación de infraestructura para la producción, almacenamiento y comercialización; un sistema de control fitosanitario que incluye campañas nacionales en una superficie de 6.1 millones de hectáreas para la erradicación de plagas; programas de capacitación técnica, tanto para productores como para empleados federales que cubran un área de 13.5 millones de hectáreas; generación y difusión de tecnología propia y adecuación de la externa, articulando la investigación con la asistencia técnica; y como vía para lograr una mayor participación del productor, promover la organización de la población rural para que logre mayor capacidad de autogestión.

En el Subsector Pecuario se plantea impulsar las siguientes líneas de acción: elevar la producción y la productividad, principalmente con la integración vertical de los productores, el mejoramiento genético y el control de enfermedades, con el propósito de abastecer al mercado interno y generar excedentes exportables; ampliar la disponibilidad de proteína animal para la población de bajos ingresos; buscar el mayor uso de técnicas intensivas para aprovechar de manera adecuada la superficie ganadera.

Se realizarán campañas sanitarias en beneficio de 92.5 millones de cabezas de ganado, programas de mejoramiento genético e inseminación artificial, conversión alimentaria, aplicación de técnicas de conservación y enriquecimiento de esquilmos agrícolas para mejorar la alimentación del ganado. Asimismo, se apoyará a los productores de menores ingresos a través del canje de sementales, se promoverán líneas de investigación aplicada, se intensificará la asistencia técnica a 36.9 mil productores y se distribuirán a precios adecuados insumos estratégicos.

El Subsector Forestal incrementará la producción y productividad con el fin de abastecer la demanda interna y crear excedentes de exportación aprovechando las ventajas comparativas; mejorar el nivel de vida de los habitantes de las zonas silvícolas; y proteger el ámbito ecológico de la actividad.

También llevará acabo los programas de contención de la deforestación y erradicación de las actividades de desmonte; intensificación de la vigilancia y combate de incendios en 30.1 millones de has.; aumento del valor agregado y aprovechamiento integral de los productos forestales; apoyo tecnológico y asistencia técnica en 1.5 millones de has. basadas en investigaciones específicas del subsector; impulso a la participación de las organizaciones campesinas y aprovechamiento de los recursos financieros externos dirigidos al sector.

En el subsector hidráulico, la Comisión Nacional del Agua buscará impulsar el desarrollo agrícola nacional en forma conjunta con los Gobiernos Estatales y los beneficiarios, mediante la construcción, operación, conservación y mantenimiento de las obras hidroagrícolas en todo el país.

Para ello se fomentará el uso de sistemas modernos de riego mediante programas de divulgación; la realización de campañas de convencimiento para el uso eficiente del agua; la creación de infraestructura para ampliar la superficie de áreas de riego en 63 mil has. con lo que se contará con la utilización de recursos externos de organismos internacionales; y se aplicarán recursos para la investigación y control de las cuencas hidrológicas así como para la constante observación de los fenómenos atmosféricos.

Por otra parte, dentro del sector Agricultura y Recursos Hidráulicos continuarán sus actividades durante 1991 las entidades que prestan servicios de bienestar social en el campo, tales como: la Comisión Nacional de Zonas Áridas, LA FORESTAL F.C.L., FONGAN Y FIDEHCAN. Las metas sustantivas para 1991 de estas empresas son: 217 obras para mejorar terrenos de cultivo; construcción y rehabilitación de 206 kms. de caminos rurales; y plantación de 2 610 mil plantas xerófitas, así como la reforestación de 15.4 mil has. con hierba de candelilla, comercializando 2.3 mil tons. de cera, 1.1 miles de tons. al mercado nacional y 1.2 al mercado internacional

Reforma Agraria

El Sector Reforma Agraria orienta sus acciones a apoyar la modernización del campo. En este sentido, se ha establecido el compromiso de afirmar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, para elevar sustancialmente la producción y productividad en el campo y aumentar el nivel de vida de la familia campesina, alentando su participación para enriquecer la vida democrática en ejidos y comunidades.

En este contexto, se ha diseñado una estructura con dos grandes vertientes: reparto y regularización de la tenencia de la tierra; y organización, capacitación y desarrollo agrario, dentro de las cuales se integran los programas que definen las acciones del Sector.

Para ello, se llevarán a cabo investigaciones encaminadas a realizar deslindes y declaratorias en tierras nacionales, así como a la detección de presuntos fraccionamientos simulados con la finalidad de fortalecer la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

Con el objeto de alcanzar el desarrollo agrario se establecerán líneas de acción tendientes a lograr el aprovechamiento integral de los recursos existentes en los núcleos agrarios, que multipliquen las fuentes de ocupación e ingresos, evitando con ello el contrasentido de que existan recursos ociosos en un país con grandes carencias.

Con respecto a organización y capacitación agraria, las acciones se orientarán a la creación de unidades básicas y superiores de desarrollo rural, con lo cual se logrará aumentar la capacidad de gestión de los núcleos agrarios, además de que permitirá aprovechar adecuadamente los servicios e insumos para la producción y el bienestar social.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La infraestructura de comunicaciones y transportes constituye un factor estratégico para el desarrollo y la modernización del país, al sustentar los servicios de comunicación y traslado de la población y mercancías, apoyando de esta forma la actividad económica. Para 1991, el Sector mantiene como principal objetivo satisfacer las demandas que genera el desarrollo nacional, mediante la ampliación de la infraestructura y el mejoramiento en la calidad y eficiencia de los servicios que proporciona, coadyuvando a incrementar su cobertura. Especial énfasis se dará a la conservación y rehabilitación de la red federal de carreteras, los caminos rurales, la red férrea, el sistema portuario, de aeropuertos y de telecomunicaciones.

Particular atención tendrá la adecuación de la acción normativa del Estado. Se continuará con el proceso de desregulación de los sistemas, con el propósito de ampliar la participación de todos los agentes productivos y garantizar a los usuarios la libre selección y contratación de los servicios, asegurando de esta manera la modernización del sector.

Por lo que respecta al proceso de descentralización del Sector, se fortalecerá la capacidad de actuación y decisión de los Centros S. C. T., al delegarles un mayor número de atribuciones y funciones, así como la facultad de llevar a cabo su propio proceso de programación - presupuestación, mediante el establecimiento de las metas a realizar y la asignación de recursos a ejercer en cada Entidad Federativa. Asimismo, se continuará con la desincorporación de empresas coordinadas no estratégicas y susceptibles de ser adquiridas por los Sectores Social y Privado.

Con el propósito de acelerar la modernización de los sistemas de transporte y comunicaciones, así como destinar un mayor número de recursos a las obras y acciones que por su naturaleza deban ser realizadas por el Estado, de acuerdo con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 y con estricto apego a las leyes y la normatividad vigentes, se continuará fomentando la participación del sector privado en los servicios públicos que proporciona el Sector, como es el caso de las carreteras de cuota, concesionando la operación y la construcción de proyectos, que por sus características permitan recuperar en el mediano plazo la inversión efectuada y ser revertidos a la Nación.

Con la finalidad de aprovechar al máximo los recursos disponibles, se da prioridad a la continuación de las obras en proceso, que por su grado de avance requieren menores inversiones para su conclusión y las que por su importancia estratégica sea necesario impulsar.

Los medios de transporte son indispensables para el manejo eficiente de mercancías y personas en el dinamismo esperado de la economía nacional. Por esto, en el Subsector Transporte las orientaciones básicas son: la conservación y modernización de carreteras; el fomento y la regulación adecuada de los servicios del autotransporte federal para aumentar su eficiencia; y la rehabilitación y modernización de la infraestructura tanto del equipo férreo como del portuario y aéreo.

En el marco del Programa Nacional Carretero Tripartita 1990 - 1994, se conjuntan los esfuerzos y recursos de los tres niveles de gobierno, así como de los sectores social y privado, con el propósito de ampliar y mejorar los caminos alimentadores y rurales existentes. Con apego a lo anterior, en 1991 se reconstruirán y conservarán los tramos de estas redes que presenten mayor deterioro, y que revistan especial importancia por su alto grado de contribución al proceso de integración regional.

Se intensificarán los esfuerzos para adecuar el sistema de carreteras a la nueva estructura y necesidades del país, por lo que se continuará la construcción de enlaces transversales de la red troncal con obras como Ameca - Mascota - Tomatlán y San Blas - Las Varas, las cuales permitirán la interconexión directa de regiones que tienen un importante potencial económico.

En los trabajos de modernización, cuyo principal objetivo es mejorar las especificaciones de pendientes, curvaturas y dimensiones de la superficie de rodamiento de las carreteras, destacan los siguientes tramos que unen a importantes ciudades de la República, y que registran un alto movimiento de personas y mercancías: Pátzcuaro - Morelia - Salamanca, Monterrey - Tampico, Querétaro - San Luis Potosí, Chihuahua - Cd. Juárez y Tapachula - Huixtla. Asimismo, se continúa la construcción de las carreteras Chihuahua - Hermosillo, Tamazunchale - Álamo y Guadalajara - Zacatecas.

Por conducto de Caminos y Puentes Federales de ingresos y Servicios Conexos, se asignan recursos para participar en forma minoritaria en los fideicomisos privados responsables de construir, ampliar y modernizar las carreteras de Cuernavaca - Acapulco, Torreón - Cuencamé - Durango y Mérida - Cancún, entre otras, así como la conservación y mantenimiento de los 1 625 km. de carreteras bajo la administración del organismo.

Con el propósito de satisfacer con eficiencia, calidad y seguridad la demanda de movilización de personas y mercancías a través de la red carretera, se continuarán intensificando las acciones de fomento y regulación del autotransporte federal de carga y pasaje, así como las actividades que garanticen la seguridad de los usuarios y operadores, mediante campañas de vigilancia y educación vial, incrementando el equipo necesario para el desarrollo de esta función. En este mismo sentido, se incrementa el número de exámenes médicos y psicofísicos a conductores en las distintas terminales, e inclusive en los propios caminos.

En el Sistema Ferroviario Nacional, los Ferrocarriles Nacionales de México destinan el 30 por ciento de su presupuesto total al mantenimiento y conservación de la infraestructura; el 5 por ciento para avanzar en la terminación de proyectos en proceso como la vía doble electrificada México - Querétaro, y la vía Coróndiro - Lázaro Cárdenas que facilitará el acceso al puerto. En lo que respecta al equipo, se asigna el 23 por ciento para conservar y rehabilitar el parque existente de locomotoras y equipo de arrastre. En fuerza tractiva se arrendarán 100 locomotoras, se rehabilitarán 60, y se realizarán 160 reparaciones mayores.

Por lo que a señalización de las vías se refiere, se canalizarán recursos para continuar instalando el Sistema de Control Centralizado de Tráfico que permite un alto grado de seguridad y cobertura, con prioridad de los tramos que registran el mayor movimiento.

La Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril construirá 900 carros de carga, de los cuales exportará 400; 82 carros de Metro para las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, y 5 aeropasillos para algunos aeropuertos. Adicionalmente, rehabilitará 61 unidades, carros y locomotoras, de los Ferrocarriles Nacionales de México.

Mediante el programa de infraestructura marítimo - portuaria, actualmente a cargo de Puertos Mexicanos, se realizan diversas obras de conservación en los principales puertos del país, y se trabaja en la construcción de obras de ampliación en los puertos de Tampico - Altamira y Manzanillo, además de realizarse obras complementarias en Lázaro Cárdenas, Veracruz y Tuxpan. Asimismo para garantizar la seguridad de la zona industrial del Puerto de Lázaro Cárdenas, se continuarán los trabajos de rectificación del brazo izquierdo del Río Balsas. Cabe señalar que los puertos de Pichilingue y Topolobampo concluirán su primera etapa operativa.

Especial atención se prestará al mantenimiento de las instalaciones, maquinaria y equipo de carga y descarga. Se dotará de equipo para manejo de contenedores a los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz.

Se continuarán las acciones para la modernización de la autoridad marítimo - portuaria, y el mantenimiento de 30 capitanías y delegaciones de puerto; asimismo se desarrollarán actividades para lograr una mayor seguridad en las operaciones marítimas, ampliando la cobertura y modernizando el señalamiento existente, con equipo compatible con los sistemas utilizados por las actuales embarcaciones, para lo cual se instalarán 42 equipos de señalamiento.

En el Sistema Aeroportuario Nacional, del total de recursos para infraestructura se programa el 70 por ciento a obras de conservación y construcción. Se continuará trabajando de manera prioritaria en pistas, plataformas e instalaciones complementarias de los aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Tijuana y Puerto Vallarta entre otros, que presentan un importante movimiento.

La modernización y ampliación de la red aeroportuaria, busca superar los problemas derivados del estado de saturación de las instalaciones, así como responder a la demanda esperada, apoyando particularmente los programas de crecimiento de la actividad turística.

Se continuará verificando los sistemas de radioayuda para garantizar la seguridad en el tránsito aéreo, reforzando la inspección de empresas de transporte público; se intensificará la supervisión aérea y se atenderá la expedición y revalidación de licencias al personal técnico aeronáutico. Se seguirá proporcionando servicios de búsqueda y salvamento, así como adiestramiento y capacitación al personal.

Las comunicaciones constituyen uno de los servicios de mayor dinamismo y avance tecnológico. En este renglón se establecen como principales objetivos: mejorar la calidad de los servicios para alcanzar niveles competitivos internacionalmente; ampliar su cobertura en el medio urbano y rural; incrementar la investigación y desarrollo tecnológico y fomentar una mayor participación de la inversión privada, promoviendo de esta forma la competencia para obtener una mayor calidad y diversidad de los servicios.

Con el fin de brindar una mayor cobertura a la infraestructura de las telecomunicaciones, se plantea modernizar, construir, conservar y operar las redes de sistemas para la conducción de señales, así como proporcionar, reglamentar y coordinar estos servicios, prestando especial atención a las redes de radiomonitoreo. Bajo este esquema, Telecomunicaciones de México continuará prestando los servicios relacionados con la telegrafía, telex y telecomunicaciones vía satélite, mismo que se reforzarán mediante la instalación de equipos con tecnología avanzada. En relación a los giros nacionales e internacionales, el organismo iniciará la operación del sistema de transmisión electrónica de fondos, el cual proporciona mayor seguridad y confiabilidad en su manejo, y en materia de comercialización orientará sus esfuerzos a la promoción de los servicios de telefax, correo electrónico y giros internacionales. Asimismo, continuará prestando los servicios de comunicación vía satélite, de acuerdo a la disponibilidad técnica del sistema.

Por su parte, en el Programa de Modernización del Servicio Postal Mexicano, destacan acciones orientadas a mejorar la prestación y calidad de los servicios y ampliar su cobertura a las colonias populares y poblaciones rurales teniendo como objetivo la reducción en los tiempos de entrega, tanto dentro de ellas como entre diferentes localidades. Asimismo, se continuará con los proyectos como el de Correo Acelerado que opera en competencia con los servicios privados de mensajería como resultado del proceso de desregulación que se experimenta en las comunicaciones, se diseñara y se ejecutará una estrategia para el fortalecimiento de las actividades normativas, destacando la administración y gestión del espectro de frecuencia radio - eléctrico; asimismo se modernizará el equipo necesario para la supervisión y control de las señales en el territorio nacional.

La asignación propuesta para este sector asciende a 8 572.0 mil millones de pesos.

ENERGÉTICO

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, este sector es estratégico para apoyar los objetivos de la política económica y contribuir a la recuperación gradual del crecimiento de la economía nacional.

Para la inversión pública en este sector, se propone mantener en 1991 la tendencia creciente iniciada en 1990. Asimismo, se enfatizarán los mecanismos de financiamiento privado, especialmente en el área eléctrica, y se reforzarán los niveles de inversión para la producción primaria de hidrocarburos. Prevalece el criterio de orientar los gastos de inversión a la conclusión de obras en proceso, especialmente las que se encuentran en las fases finales de construcción, y a favorecer los proyectos que consoliden la infraestructura existente y el aprovechamiento de la capacidad instalada.

La asignación del gasto total se ha realizado después de analizar cuidadosamente las erogaciones indispensables, enfocadas a asegurar el nivel de producción que satisfaga la demanda interna y mayores exportaciones para el año próximo. En las erogaciones corrientes se incluye la realización de acciones prioritarias, tales como medidas de ahorro de energéticos, control de la contaminación ambiental, mantenimiento preventivo y correctivo de plantas. Se incluye también el fortalecimiento de un conjunto de acciones en materia de productividad y eficiencia que, aunado a las medidas de ahorro en distintos ámbitos, permitirá reducir la presión sobre el rubro de costos.

El proyecto de presupuesto del sector energético en su conjunto asciende a 38 964.7 mil millones de pesos, lo que significa un crecimiento real de 5.3 por ciento. Esta cifra representa un aumento real de 8.9 por ciento, considerando la inversión financiada con recursos privados en el área eléctrica.

PETRÓLEO

De conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 y el Programa Nacional de Modernización Energética 1990 - 1994, el Subsector Petrolero conformó su presupuesto de operación 1991 con criterios tendientes a consolidar una oferta suficiente de energéticos, satisfacer con oportunidad la demanda interna de hidrocarburos y buscar una mejor posición en el mercado internacional.

Durante 1991 el gasto de inversión física, que se propone alcanza un monto de 7 522.6 mil millones de pesos, significa por segundo año consecutivo, un aumento en términos reales, que se asigna en especial a la ampliación de la capacidad de producción de crudo y gas, canalizando esfuerzos al mantenimiento de las reservas probadas de hidrocarburos. Estos recursos se orientarán preferentemente, a la terminación de la obras en proceso con mayor grado de avance, que incidan directamente en la producción, transformación y comercialización de hidrocarburos.

En forma específica, la producción primaria recibirá la mayor parte de la inversión (más del 60 por ciento), dándose prioridad a los trabajos en estudios de explotación geológica y geofísica, junto con las actividades de perforación exploratoria en áreas de mayor potencial petróleo de crudo y gas, como la Sonda de Campeche y el Mesozoico de Chiapas - Tabasco; se efectuarán actividades de exploración y desarrollo para producción en Cantarell y Abkatún, entre otros campos marinos.

Las actividades de transformación industrial ocuparán el segundo lugar en importancia en la inversión, a fin de satisfacer de manera eficiente la demanda interna de petrolíferos y generar excedentes exportables. Para ello, en el área de refinación se canalizarán recursos a la ampliación de la capacidad de procesamiento de crudo en Tula, Hgo. y Salina Cruz, Oax. y Cadereyta, N.L.

En el área comercial, tercera en asignación de los recursos para inversión, se reforzará la infraestructura con la construcción, ampliación y modernización de agencias y terminales de ventas. Se continuará con la construcción de poliductos y obras portuarias a fin de agilizar la distribución de los hidrocarburos.
 

ELECTRICIDAD

El Plan Nacional de Desarrollo considera a este Sector como apoyo importante de la estrategia de desarrollo. El Programa Nacional de la Modernización Energética 1990 - 1994, fija como propósito ubicarlos como factor primordial en el proceso de modernización nacional.

Con los recursos que se propone asignar, se podrá generar la oferta necesaria para atender un crecimiento esperado de la demanda de 5.0 por ciento, permitiendo con ello satisfacer objetivos económicos y sociales, principalmente en las áreas rurales y suburbanas. Se mantendrá la Política de racionalización en la operación, buscando elevar la productividad y mantener la disponibilidad actual del 78 por ciento en centrales termoeléctricas para el fortalecimiento financiero del sector eléctrico, se seguirá promoviendo la captación de recursos del sector privado que, además de asegurar su crecimiento y consolidación, asegure la racionalidad en el uso de recursos. En este sentido, la participación complementaria del ahorro privado en el financiamiento de ciertas obras de infraestructura formará parte del esfuerzo sectorial para 1991.

Así se continuará la construcción de los proyectos termoeléctricos Petacalco y Adolfo López Mateos, bajo el esquema de financiamiento privado, que permitirá garantizar razonablemente la oferta necesaria para abastecer la demanda de los próximos años. Para 1991 es posible que se concreten otros proyectos que se encuentran en proceso de negociación, utilizados mecanismos similares de financiamiento privado.

Dentro del programa de inversiones, se intensificará el mantenimiento de plantas, subestaciones y líneas de transmisión y distribución, a fin de asegurar el suministro. De esta forma, el gasto de inversión, considerando los esquemas de financiamiento privado, se estima que crecerá en términos reales un 20.8 por ciento.

Adicionalmente, se intensificarán los programas en las áreas de transmisión y distribución, así como de conservación y rehabilitación de centrales termoeléctricas, concertándose para ello apoyos financieros.

Para estos propósitos, la asignación propuesta de gasto programable de este subsector asciende a 17 229.2 mil millones de pesos.

COMERCIO Y ABASTO

Durante 1991, las acciones de fomento industrial y comercio exterior, así como de modernización comercial y abasto popular, se orientarán a consolidar tanto los esfuerzos de estabilización, como los de crecimiento económico con justicia social.

Con el propósito de consolidar la estrategia de modernización de la economía nacional, el Sector Comercio y Abastos profundizará las líneas de acción tendientes a generar un sector exportador dinámico y competitivo; promover las exportaciones; simplificar los procesos administrativos y propiciar la modernización tecnológica; y garantizar la disponibilidad de alimentos básicos a la población en condiciones adecuadas de calidad y precio. Con ello se busca que nuestro país se incorpore en mejores condiciones a las nuevas corrientes del comercio internacional. Se pondrá especial énfasis en el desarrollo científico y tecnológico vinculado a los procesos de control, normalización y metrología, para elevar los estándares de calidad de la producción nacional y asegurar que la proveniente del exterior cumpla con las normas internacionales. Asimismo, se continuará con la modernización y simplificación de los sistemas de información sobre patentes y marcas; además de que enriquecerá la normatividad en materia de propiedad intelectual.

Se fomentará también la micro, pequeña y mediana industria. Asimismo, se promoverá el desarrollo industrial y comercial de las fajas fronterizas y zonas libres, así como el de la industria maquiladora. Se proyecta crear el Centro Nacional de Metrología a fin de continuar elaborando y actualizando las normas metrológicas, junto con los métodos de medición y calibración de instrumentos. Se proseguirá con la promoción de la industria maquiladora mediante la difusión de los beneficios que se le otorgan; se fomentará una mayor participación del sector privado; y se crearán áreas de interés para la inversión extranjera en el país.

Asimismo, se continuará fortaleciendo el sistema multilateral de comercio, con el propósito de expandir el acceso de nuestras exportaciones al mercado mundial. Las negociaciones llevada a cabo en la Ronda de Uruguay del GATT se orientaron al logro de un sistema multilateral de comercio más libre, equitativo y justo. Para apoyar las negociaciones del Acuerdo del Libre Comercio, se realizarán diversos estudios económicos, jurídicos y sectoriales, para evaluar el potencial exportador de cada sector; y se analizarán los flujos comerciales con Norteamérica, Canadá y Chile. La apertura de la economía a la competencia externa y su nueva orientación hacia el sector exportador, contribuirán a una expansión dinámica de la actividad económica, la creación de empleos bien remunerados, la adquisición, difusión y desarrollo de tecnología moderna, y la generación de divisas.

En materia de comercio interior y abasto, es objetivo central de la política Sectorial garantizar la disponibilidad de alimentos de calidad, con suficiencia, oportunidad y a precios accesibles, especialmente para la población de menores ingresos. Se profundizará el proceso de desregulación y modernización comercial, con objeto de promover condiciones para una sana competencia entre los agentes comerciales, que redunde en mayor eficiencia de los mercados. Se aplicará una política de precios congruente con la estrategia económica de apoyar la estabilización y proteger el poder adquisitivo del salario; se continuará con el proceso de eliminación de los subsidios generalizados y el fortalecimiento de los subsidios selectivos, ampliando su cobertura social, especialmente en las zonas marginadas urbanas.

El Sistema CONASUPO proseguirá su proceso de modernización estructural, a fin de cumplir mejor con sus objetivos sociales. Sus acciones se encaminarán a participar selectivamente en la adquisición de productos agrícolas esenciales; mantener y actualizar la reserva técnica reguladora y efectuar las importaciones complementarias que aseguren el abasto interno. En apoyo a los productores rurales CONASUPO continuará operando el sistema de pronto pago al adquirir las cosechas nacionales. De igual manera, brindará servicios de acopio, almacenamiento, asesoría, capacitación y organización a los productores rurales en apoyo a la comercialización de sus cosechas.

La empresa filial LICONSA reorientará su acción con el objeto de fortalecer el Programa de Abasto Social de Leche, en beneficio de la población de menores recursos. El Sistema de Distribuidoras CONASUPO incrementará el número de tiendas, tanto en zonas rurales como en las urbanas marginadas, cuya operación se sustentará en esquemas de participación comunitaria. Con ello se pretende fortalecer el abasto de productos básicos a la población más vulnerable. A través del INCO y la PROFECO se realizarán acciones de orientación y defensa del consumidor.

Para lograr estos propósitos la asignación propuesta para este sector asciende a 9 597.0 mil millones de pesos.

INDUSTRIAL

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 y el Programa de Modernización de la Empresa Pública 1990 - 1994, durante 1991 el sector industrial paraestatal continuará con los cambios estructurales en marcha, después de haber alcanzado en los últimos años una mejor posición productiva y niveles más adecuados de rentabilidad. Durante 1991 se avanzará en el proceso de desincorporación y en el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las entidades paraestatales, a fin de concretar la política económica prevista en esta materia.

Durante 1990 se aceleró el proceso de desincorporación de empresas, en especial las siderúrgicas y las mineras asociadas a este sector, esperándose para 1991 concluir su venta a la iniciativa privada. En el mismo sentido se ha avanzado en los casos de ingenios azucareros y astilleros.

Durante 1991 continuarán las acciones para mejorar los instrumentos que respaldan la mayor eficiencia y productividad del Sector Industrial Paraestatal. Así, con respecto a la autonomía de gestión, en 1990 se emitió el Reglamento a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para otorgar una mayor capacidad de decisión a los órganos de gobierno de las entidades, y en 1991 estará en plena vigencia. Adicionalmente, se perfeccionará y extenderá a diversas empresas paraestatales el concepto de eficiencia y productividad, contenido en los Convenios de Desempeño concertados entre el Gobierno Federal y estas entidades.

El gasto programable propuesto para 1991 del Sector Industrial alcanza un monto de 5 112.2 mil millones de pesos, que significa una disminución de 54.3 por ciento en términos reales respecto al esperado del cierre de 1990. El programa de inversiones registra un descenso real de 68.1 por ciento debido principalmente a la desincorporación de las entidades siderúrgicas y mineras.

Minería

La política de gasto continuará apoyando la producción de materias primas para la industria nacional y para seguir contribuyendo a la generación de divisas. Para ese propósito, se continuará con el proceso de modernizar las plantas minerometalúrgicas e industriales, abatir costos derivados de obsolescencias en instalaciones y prácticas operativas, así como modificar los sistemas de explotación para un aprovechamiento más racional de los minerales. El Consejo de Recursos Minerales intensificará las exploraciones en zonas potencialmente factibles, de acuerdo al Programa Institucional de Exploración para el período 1989 - 1994, y se continuará apoyando a la pequeña y mediana minería privada con financiamientos adecuados.

Dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Modernización de la Minería para el período 1990 - 1994, destaca la publicación del nuevo Reglamento de la Ley del Artículo 27 Constitucional en Materia Minera, que establece mecanismos más ágiles para la canalización de capital privado y extranjero hacia el sector, simplifica requisitos, acorta plazos para la tramitación de asuntos, introduce sistemas de cómputo, adecúa el régimen fiscal y facilita la desincorporación de reservas mineras ociosas. Adicionalmente, permite a particulares asociarse con entidades públicas mineras para explotar yacimientos de azufre, fósforo y potasio, mediante la celebración de contratos de asociación en participación.

Fertilizantes

La industria paraestatal de fertilizantes se ha orientado a apoyar los requerimientos que demanda la agricultura, a fin de fortalecer su productividad mediante el abasto oportuno de fertilizantes a precios accesibles. Para 1991, siguiendo las líneas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, se continuarán las acciones encaminadas a la modernización industrial, comercial y administrativa, así como al redimensionamiento de la industria, propiciando la participación de los sectores social y privado en esta área. Se fortalecerá el proceso de rehabilitación financiera de Fertilizantes Mexicanos mediante el abatimiento de costos de operación, distribución y financiamiento, de manera que se pueda avanzar en la reducción de subsidios.

Se mantendrá la capacidad instalada nacional de 5.2 millones de toneladas, así como la suficiencia en fertilizantes nitrogenados y fosforados. Se continuará con la política de sustitución de fertilizantes de baja concentración por otros de alto contenido de nutrientes. En las instalaciones industriales se proseguirán las acciones tendientes a incrementar el aprovechamiento de la capacidad instalada, y en la infraestructura distributiva y comercial se avanzará en su reforzamiento, con el fin de apoyar la eficiencia y desconcentración de las operaciones comerciales.

Para apoyar y reforzar este cambio estructural durante 1991, se propone destinar a la inversión un presupuesto de 353.1 mil millones de pesos, que representa un incremento, en términos reales, del 2.8 por ciento con respecto al ejercicio de 1990. A mediano plazo se enfatizará su descentralización regional, productiva, comercial y administrativa.

En 1991 se espera alcanzar niveles de producción y comercialización de fertilizantes y productos químicos, por 4.2 y 5.2 millones de toneladas, respectivamente. Con esto, se coadyuvará a cubrir una superficie de 14.2 millones de hectáreas, buscando satisfacer en su totalidad el mercado nacional, además de exportar los excedentes.

Azúcar

En congruencia con las líneas de política expuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, que demandan la desincorporación de aquellas empresas públicas que no sean estratégicas o prioritarias, se propiciará una mayor concurrencia de los sectores social y privado en la rama. El retiro del Gobierno de la comercialización del azúcar y derivados asume un carácter gradual, para evitar problemas con el abastecimiento del producto en el mercado nacional.

La política de gasto en el Subsector Azucarero se orienta a apoyar la comercialización nacional del azúcar, que en su mayor parte será conducida por los sectores privado y social; a continuar con el proceso de redimensionamiento de la participación estatal; así como a coordinar y orientar las políticas para lograr el saneamiento financiero de la rama.

A la fecha, el resultado del proceso de desincorporación de ingenios ha significado la enajenación de 45 unidades, por lo que para 1991 operarán en el subsector azucarero paraestatal la entidad corporativa AZÚCAR, S. A. de C. V., como responsable de asegurar la distribución del dulce a través de la comercialización del 27 por ciento de la demanda interna, y 5 ingenios que aún permanecen bajo administración paraestatal.

Naval

Las políticas y acciones para el gasto presupuestal 1991 de la industria naval están enmarcadas dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, orientados a la satisfacción de las demandas de cambio estructural y modernización.

Lo anterior ha significado desincorporar del Sector Público aquellas entidades que requieren de una mayor derrama de recursos para su modernización y que no son estratégicas. En el caso de la industria naval, la desincorporación de dos entidades: Astilleros Unidos de Guaymas, S. A. de C. V. en 1989 y Astilleros Unidos en Veracruz, S. A. de C. V. en 1990, representa consolidarlas como fuente de trabajo permanente, contribuyendo al proceso de desarrollo industrial, tanto a nivel regional como nacional; además de fortalecer su vocación exportadora asegurando así la concurrencia de la industria naval como instrumento de apoyo a los programas de fomento y desarrollo de la marina mercante nacional.

En este Presupuesto se pretende apoyar a Astilleros Unidos, S. A. de C. V., como entidad corporativa y a Astilleros Unidos de Mazatlán, S. A. de C. V. como empresa filial, para ayudar a satisfacer la demanda que requiere la actividad pesquera, la industria petrolera y el sistema portuario nacional, tanto en la construcción como en la reparación de embarcaciones.

Bienes de Capital

La política de gasto en 1991 del subsector busca continuar con las acciones de reestructuración que se han emprendido, con la intención de racionalizar los recursos disponibles y hacer eficiente la ejecución de las operaciones.

El presupuesto propuesto para el subsector apoya la producción de bienes de capital para los subsectores eléctrico, minero, siderúrgico y petrolero, básicamente.

TURISMO

El Sector Turismo orientará su estrategia de gusto a mejorar, ampliar y modernizar la infraestructura turística para incrementar la captación de divisas, promover la generación de empleos y el desarrollo regional; contando para ello con la participación decidida del sector privado. Se promoverá un uso más intensivo de la capacidad instalada y la consolidación de los centros turísticos integralmente planeados, fomentando la afluencia del turismo nacional y extranjero mediante campañas publicitarias que propicien la difusión de los recursos naturales, históricos y culturales del país, y que fortalezcan la identidad nacional a fin de preservar y difundir los valores culturales, históricos y tradicionales de México.

Durante 1991, se enfatizarán los esfuerzos de promoción, publicidad y relaciones públicas en el extranjero, particularmente en los mercados de Estados Unidos, Europa y Japón. Se reforzará la vigilancia para el cumplimiento de precios y tarifas, de manera tal que sean atractivos a los visitantes y se contribuya al mismo tiempo a la lucha contra la inflación. Se fortalecerá y apoyará el programa de reposición de radio patrullas mediante la adquisición de 50 vehículos de auxilio turístico "Angeles Verdes", cuyo parque vehícular actual es de 318 unidades.

En el crecimiento y diversificación de los desarrollos turísticos integralmente planeados, se promoverán inversiones privadas en obras complementarias de infraestructura y oferta adicional. Como parte de la política de fomento, se mantendrá la desincorporación de empresas de participación estatal mayoritaria.

La política del Sector Turismo para 1991, se encaminará a fortalecer la infraestructura de los desarrollos turísticos integrales, con horizonte de planeación en el mediano y largo plazos tales como: Cancún, Q. R.; Ixtapa, Gro., los Cabos, B.C.S., Loreto - Nopoló - Puerto Escondido, B.C.S., Bahías de Huatulco, Oax., y Cozumel Q. R.; En el programa destacan proyectos altamente rentables, en donde FONATUR participará en forma temporal aportando únicamente el valor de los terrenos en breña, los planos, estudios y proyectos. Los proyectos en cuestión son: Marina Ixtapa en Gro.; Puerto Cancún y San Buenaventura ambos en Q. Roo; y Nuevo Vallarta en Nayarit. FONATUR seguirá promoviendo inversiones privadas para consolidar las obras de infraestructura turística y urbana en el centro turístico de Bahías de Huatulco, Oax.

Para coadyuvar al logro de las metas programadas, el gasto presupuesto para el ejercicio de 1991, a financiarse con recursos fiscales, asciende a 255.5 mil millones de pesos.

PESCA

Conforme al Programa Nacional de Desarrollo de la Pesca y sus Recursos 1990 - 1994, los objetivos del sector pesquero para 1991 se orientarán a ampliar la oferta y mejorar la distribución de los productos pesqueros; contribuir a la generación de empleos e ingresos dentro de las comunidades pesqueras; propiciar un desarrollo regional más equilibrado; aprovechar mejor y más íntegramente los recursos naturales; aumentar el ingreso de divisas, manteniendo y diversificando los mercados de destino para lograr una mejor posición de la pesca mexicana en el mercado mundial.

El sector pesquero se propone lograr tasas de crecimiento de la producción superiores a las del aumento de la población, mediante un incremento moderado de la captura y un crecimiento acelerado en la acuacultura. Los volúmenes de producción primaria e industrial sustentarán la exportación y la disponibilidad de productos pesqueros en el mercado interno, lo que permitirá elevar la generación de divisas y los niveles de consumo percápita tanto directo como indirecto.

Una meta fundamental es incrementar las ventas al exterior, para ello se buscará aumentar la exportación de productos enlatados, congelados y frescos, así como diversificar las presentaciones con mayor valor en el mercado. Las empresas comercializadoras Ocean Garden Products, Inc. y Exportadores Asociados, S. A. de C. V., constituyen el principal soporte en la consecución de estas metas a través de la venta de productos pesqueros (tales como camarón, langosta y abulón) a los mercados de Canadá, Estados Unidos y Japón principalmente. El Fideicomiso Fondo Nacional para el Desarrollo Pesquero (FONDEPESCA), coadyuvará al cumplimiento de estos objetivos con estudios, proyectos de preinversión y arrendamiento de barcos, que permitan el fomento de la actividad pesquera.

Las principales líneas de acción del sector pesca para 1991 son: fortalecimiento de la organización de los sectores social y privado, dando una especial atención a las tareas de evaluación, otorgamiento de concesiones, licencias y permisos, además de las acciones de vigilancia e inspección para la protección de especies; el impulso a las acciones de fomento en materia de investigación y desarrollo tecnológico, así como de asistencia técnica, con organización y capacitación; la adecuada explotación de los recursos pesqueros, el desarrollo integral de la acuacultura, el de la pesca ribereña y recreativa deportiva, así como el mantenimiento, reparación y reposición de la flota, equipo y artes de pesca.

Se reactivará la infraestructura pesquera, dirigiendo preferentemente la inversión a la conclusión de obras en proceso y a la rehabilitación de las existentes; lo anterior con el objeto de elevar la eficiencia y productividad general del sector. Se construirán tres parques camaronícolas distribuidos en Sinaloa, Sonora y Chiapas; una terminal pesquera en Quintana Roo; así como la prolongación de escolleras en Sinaloa, Oaxaca y lagunas litorales. Se continuará con la construcción de dragados en lagunas y canales de comunicación con el mar. Con el objeto de elevar las condiciones de bienestar social de las comunidades de pescadores de menores ingresos.

Se buscará elevar los niveles de integración productiva entre los procesos de captura y la industria pesquera, logrando una mayor competitividad que le permita fortalecer su participación en el mercado externo y ampliar el interno. Adicionalmente, se impulsará la participación, organización y movilización de los agentes económicos, apoyando la consolidación de los sectores social y privado, así como actualizando permanentemente la eficiencia y eficacia de las instancias públicas.

Para el logro de estos propósitos, la propuesta presupuestal asciende a 244.0 mil millones de pesos.

SEGURIDAD NACIONAL Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

La seguridad nacional y la procuración de justicia son condiciones imprescindibles para el mantenimiento del orden constitucional, por lo que deben ser preservadas tanto en el ámbito interno como en el de las relaciones internacionales, ya que constituyen las condiciones permanentes de paz, libertad y justicia social que, dentro del marco de derecho, procuran pueblo y gobierno.

En este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional realiza acciones dirigidas a proteger la integridad territorial, independencia y soberanía nacional, así como los recursos naturales y las instalaciones estratégicas del país. Asimismo, lleva a cabo acciones de alto contenido social, tales como las relativas a la atención de la población civil en casos de desastre, y de apoyo en campañas de reforestación, fitosanitarias y de alfabetización.

Para 1991, la Secretaría de la Defensa Nacional incrementará sus acciones de combate al cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes; para ello, propone adquirir equipo electrónico para la Fase III del Sistema de Detección y Control, puesto en operación en 1988, con el objeto de evitar que aeronaves no autorizadas utilicen el espacio aéreo con fines ilícitos.

Se mejorarán los procedimientos de promoción de los integrantes de las Fuerzas Armadas y la programación sistemática de las prestaciones que les otorgan las leyes de seguridad social. Se reestructurará el sistema de reclutamiento para atraer más elementos poseedores de altos valores cívicos y morales al servicio del país; asimismo, se concluirá la reestructuración orgánica y funcional del Servicio Militar Nacional, para fomentar el nacionalismo y el amor a la patria entre los jóvenes.

El programa de inversiones estará orientado principalmente a la modernización de su equipo, abasto militar e instalaciones y a contar con los elementos que coadyuven al reforzamiento de la seguridad nacional. Destaca la remodelación de zonas y hospitales militares, así como la adquisición de vehículos terrestres y aéreos para transporte militar, y de refacciones mayores para el mantenimiento de la flota aérea militar. Las inversiones incluyen, también, la adquisición de equipo para fortalecer la tarea de seguridad nacional y de combate al narcotráfico, así como de aparatos de radiocomunicación que se destinarán a la modernización de las brigadas de transmisiones militares.

La Secretaría de Marina tiene, como principal responsabilidad, garantizar la independencia y soberanía del país, mediante la vigilancia de las costas, mares e islas nacionales, así como el auxilio a las poblaciones costeras en casos de desastre, para lo cual reforzará la vigilancia de los recursos marítimos del país, mediante una eficaz operación de las unidades navales, de superficie, aéreas y terrestres en el mar territorial, zona económica exclusiva y franja costera nacional. Asimismo, desarrollará la investigación oceanográfica como medio para diseñar políticas que redunden en la explotación racional del vasto potencial marítimo del país.

Destacan, además, las acciones encaminadas a la prevención y control de la contaminación marina causada por derrames de hidrocarburos y las dirigidas a combatir el tráfico ilegal de armas y estupefacientes, así como la vigilancia en el cumplimiento de las normas aplicables a la conservación y protección de las especies marinas. El programa de inversiones para 1991 apoyará la adquisición de refacciones y accesorios mayores destinados al mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades terrestres, navales y aéreas; así como la construcción de la zona naval de Topolobampo, Sin., dentro del marco de modernización de las instalaciones de la Armada de México.

La Procuraduría General de la República, adecuará el sistema de procuración e impartición de justicia mediante la revisión exhaustiva del orden jurídico, en el ámbito reglamentario y secundario que (ya no correspondan al contexto constitucional), para lo cual propondrá las reformas que sean pertinentes. Asimismo, se ampliará la cobertura geográfica del servicio del ministerio público federal, a través del ministerio público itinerante que atenderá a más de 185 poblaciones, donde no resulta necesaria la radicación de una agencia permanente. Se inducirá la solución de controversias por la vía de la legalidad, eliminando trámites innecesarios que son origen de discrecionalidad y de abuso de poder en la gestión administrativa y en la judicial.

Por otra parte se promoverá la elevación de la calidad profesional de quienes intervienen en la procuración de la justicia, mediante la modernización de los sistemas de incorporación y profesionalización en el servicio, así como la simplificación de los procedimientos judiciales y administrativos.

Las inversiones para 1991 apoyarán la adquisición de equipo aéreo para fortalecer la campaña permanente contra el narcotráfico, así como de aparatos de comunicación para contribuir a la modernización de la Policía Judicial Federal; la terminación de hangares y plataformas en lugares de difícil acceso para la flota aérea que participa en la campaña contra el narcotráfico, a fin de incrementar su eficiencia operativa; de equipo de transporte que complemente la renovación del parque vehicular de la Policía Judicial Federal.

La Secretaría de Gobernación, en las funciones relativas a la política interna del Estado, orienta sus acciones a promover la democracia y el respeto recíproco entre los poderes, para propiciar el desarrollo armónico del sistema político. Igualmente, apoya el fortalecimiento del sistema penitenciario regenerador; el impulso a las políticas de comunicación social y demográficas; la consolidación de mecanismos de protección a la ciudadanía ante la eventualidad de desastres, así como la promoción y defensa de los derechos humanos, materia en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos desempeñará una importante función.

Así, durante 1991, las acciones de la Secretaría se enfocarán a poner en operación un reclusorio federal de alta seguridad en el Estado de Jalisco y se avanzará en la construcción y equipamiento de otro en el Estado de Tamaulipas Asimismo, se impulsará el uso eficiente de los medios oficiales de comunicación social, para que satisfagan las necesidades de la población en materia de información, cultura, educación y esparcimiento.

Las entidades que integran el subsector papel prensa y derivados celulósicos consolidarán su cambio estructural iniciado en 1987, el cual les ha permitido avances muy importantes hacia una operación sana y eficiente con resultados financieros acordes a los criterios de rentabilidad definidos en el Programa Nacional de Modernización de la Empresa Pública. En 1991 se dará especial atención a las necesidades de equipamiento y mantenimiento de su planta productiva a fin de aumentar la utilización de su infraestructura en condiciones competitivas, de acuerdo a las exigencias del mercado de la industria editorial, recientemente abierto a la libre importación de papel periódico. En el subsector prensa y noticias se promoverán políticas que, en el mediano plazo, permitan su autofinanciamiento. El sistema de televisión estatal se consolidará como una única Red Nacional de Televisión del Gobierno Federal, bajo un esquema de organización y funcionamiento que asegure una operación autosuficiente y el adecuado desempeño de sus tareas de comunicación social.

Para el proyecto de presupuesto del Sector Seguridad Nacional y Procuración de Justicia se propone un monto de 5 580.8 mil millones de pesos, y con él se pretende apoyar la realización de los propósitos mencionados

IV. PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD

PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD

En el umbral del siglo XXI el reto más grande de nuestro país consiste en erradicar la pobreza y corregir la desigualdad que afecta a grandes sectores de la población. La pobreza frena y amenaza la modernización del país, el desarrollo de su economía, la vigencia de la libertad, la ampliación de la democracia, y el fortalecimiento de la soberanía; afecta a todas las grandes causas por las que ha luchado el pueblo mexicano

En la lucha contra la pobreza al Estado le tocan funciones específicas y de gran envergadura. Estas se asumen con claridad a través del Programa Nacional de Solidaridad. Pero la acción estatal no debe suplir la acción decidida de todos los mexicanos. El programa la convoca, apoya y coordina. Se origina y sustenta en la sociedad y procura el fortalecimiento de sus organizaciones con libertad y autonomía.

En sus dos primeros años de ejecución, el Programa Nacional de Solidaridad se ha constituido en una de las vertientes esenciales de la política social del Gobierno de la República y de los gobiernos estatales y municipales, a la que se ha sumado la sociedad en su conjunto. En este programa se recogen las propuestas de trabajo de los grupos de participantes: las comunidades étnicas, los campesinos y los habitantes de las colonias populares; se alienta la participación organizada como forma de trabajo y se le promueve en todas sus expresiones.

En 1989 el Programa Nacional de Solidaridad trabajó dentro del esquema de los programas de desarrollo regional y se iniciaron adecuaciones para hacer posible la nueva forma de trabajo propuesta por las propias comunidades. Con ello fue posible la realización de más de 44 000 obras y acciones, muchas de ellas producto de la concertación con comunidades y colonias populares en donde se manifestó en toda su expresión la participación social. Durante el primer año las acciones se realizaron en los ámbitos de salud, educación, alimentación, abasto, infraestructura urbana, caminos rurales y pequeñas obras de apoyo a proyectos productivos, sobre todo en el medio rural.

Para 1990, el programa se nutrió de la experiencia de los participantes y se le hicieron modificaciones, tanto en su contenido como en su forma de operación; asimismo, los recursos se incrementaron sustancialmente. De los motivos que dieron origen al programa y de la experiencia de su primer año de ejecución se definieron cuatro principios generales que caracterizan las acciones de Solidaridad:

El primero es el respeto a la voluntad, iniciativas y formas de organización de sus participantes. El Programa Nacional de Solidaridad procesa iniciativas y demandas, no impone soluciones. Brinda respeto a la organización sin hacer distingos ni establecer condiciones. Las organizaciones pueden adoptar estrategias y métodos de trabajo propios en los proyectos y acciones del Programa Nacional de Solidaridad. La diversidad del país y sus organizaciones tienen fiel reflejo en el programa.

El segundo principio es la plena y efectiva participación. La participación se refleja en la toma de decisiones. Estas son concertadas con los sujetos y sus organizaciones. La participación también se expresa como aportación de recursos, su administración y manejo. Los proyectos del Programa Nacional de Solidaridad son ejecutados fundamentalmente por grupos organizados, con el apoyo de las dependencias participantes en el programa. La participación también se manifiesta en la vigilancia conjunta, en el seguimiento y evaluación de los proyectos. La participación no tiene restricciones. Genera un conjunto de experiencias que fortalecen a las organizaciones sociales y a las instituciones públicas.

El tercer principio es la corresponsabilidad. Todos los proyectos implican y requieren de un convenio en el que se establecen los aportes y responsabilidades de las partes. De estos convenios se derivan diversas obligaciones. De su cumplimiento son corresponsables los sujetos organizados y las instituciones participantes. Toda acción del Programa Nacional de Solidaridad es un acto de coordinación de recursos y voluntades. Esa corresponsabilidad que en lo concreto expresa la solidaridad, debe traducirse en compromisos serios, precisos y públicos basados en la confianza y la colaboración.

El cuarto principio es la transparencia, la honestidad y la eficiencia en el manejo de los recursos. Los recursos del Programa Nacional de Solidaridad son de la Nación. Su manejo debe ser honesto y trasparente. Por ello, debe ser público para promover la participación de todos en la supervisión y evaluación de resultados. Debe ser, además, un manejo eficaz, oportuno y ágil, libre de trabas burocráticas, de decisiones administrativas distantes, de interferencias de trámite y procedimiento. Trasparencia y eficacia deben traducirse en que las decisiones se tomen con la gente que en ellas participa, y en sus propias localidades.

Sobre la base de estos principios se inició un proceso de identificación, reconocimiento y promoción de la organización social en comités de solidaridad. Esta forma de organización tiene su sustento en la participación democrática de los integrantes del programa; propicia nuevos mecanismos de organización y se respetan los propios de cada comunidad rural o urbana. El comité busca ser la expresión de la práctica democrática cotidiana que se da en las comunidades para la solución de problemas comunes urgentes.

Si 1989 fue el año de la atención, 1990 fue un año de consolidación de las formas de participación social organizada, también de un impulso sustancial en el número de acciones realizadas y en el monto de los recursos ejercidos.

Además de las acciones en los ámbitos señalados para el primer año de ejecución del Programa Nacional de Solidaridad, en 1990 se iniciaron tres nuevos programas: Solidaridad para una Escuela Digna, Fondos Municipales de Solidaridad y Fondos de Solidaridad para la Producción. En estos tres programas se hizo permanente la concertación con las comunidades, se recogió la forma solidaria de trabajo y se abrieron nuevos espacios a la participación social.

Con el Programa de Solidaridad para una Escuela Digna se abrieron nuevos cauces para la participación más activa de los padres de familia, los maestros y las sociedades así como de los colegios de ingenieros y arquitectos. Así se inició la respuesta a la sentida demanda de reparación de los espacios escolares de todo el país, y se hizo de una manera distinta, recogiendo la experiencia de muchas asociaciones que ya habían realizado trabajos para mantener las escuelas en condiciones adecuadas; trabajos que en la mayoría de las ocasiones se hacían con grandes sacrificios de los padres de familia y con reducido apoyo institucional. En este programa los comités de solidaridad participaron desde la identificación de las labores a realizar hasta la ejecución de las obras; supervisaron que se hicieran con la calidad requerida y para ello contaron con el apoyo de las asociaciones de ingenieros y arquitectos. La participación social en este programa ha sido ejemplo de la forma en que se realiza el trabajo en solidaridad y se abren espacios para hacer posibles nuevas formas de trabajo emanadas de las comunidades.

El Programa de Solidaridad para una Escuela Digna permitió la rehabilitación de 16 860 escuelas. Para 1991 se proponen la meta de rehabilitar 30 000 planteles escolares, la cual será posible alcanzar con la participación de los padres de familia, los maestros, y los pasantes de las carreras de ingeniería y arquitectura, así como de las asociaciones de profesionales de estas especialidades. Los trabajos de rehabilitación de escuelas además de que responden a una justa exigencia de proporcionar espacios escolares dignos a la niñez, están permitiendo la creación en los niños de una cultura del mantenimiento y conservación de las instalaciones educativas, que es extensiva también a todas las instalaciones de beneficio colectivo.

Con el Programa de Fondos Municipales de Solidaridad se estableció una nueva manera de atender en forma más ágil los problemas más sentidos de las comunidades. Las reformas constitucionales realizadas para fortalecer los gobiernos municipales en el régimen anterior, constituyen una base firme para acercar las decisiones a las comunidades. Por ello, la respuesta se encontró en los propios ayuntamientos como la forma de gobierno más cerca a la población y que hace posible el cumplimiento de los cuatro principios que rigen el Programa Nacional de Solidaridad. Los fondos municipales de Solidaridad hacen efectiva, la reforma municipal y constituyen un elemento para salvaguardar la autonomía de esta instancia de gobierno.

A través de este programa se canalizaron en 1990 recursos a 1 426 ayuntamientos de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, para ampliar su capacidad de inversión en obras y acciones de atención urgente. La mecánica de operación es sencilla y exige, entre otras cosas, que las obras estén avaladas por las comunidades.

Para 1991, se propone que los Fondos Municipales de Solidaridad se amplíen para cubrir a 2 000 municipios. Asimismo, se simplificarán aún más los mecanismos de ejecución, tomando en cuenta la experiencia de 1990 y considerando la situación de los pequeños ayuntamientos que carecen de la suficiente estructura administrativa; de igual forma, se intensificarán dentro del Programa Nacional de Solidaridad cursos de capacitación municipal con el apoyo de instituciones de educación superior. Con esto se ampliaría este programa al 76 por ciento de los municipios de todo el país.

Los Fondos de Solidaridad para la Producción constituyen una de las experiencias más valiosas de las acciones de Solidaridad. Este programa se creó inicialmente para otorgar apoyos a los campesinos de zonas de alta siniestralidad y baja productividad agrícola que venían siendo atendidos por el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL). La reestructuración de este banco de fomento obligó a una revisión de sus acreditados y a la selección de aquellos que por las características de sus tierras y su extensión eran susceptibles de recibir créditos con un criterio estrictamente bancario. Los campesinos que no entraban en ese esquema son, por sus características, participantes activos del Programa Nacional de Solidaridad y por esta vía fue posible que recibieran apoyos acorde a sus posibilidades productivas y a sus necesidades.

Los campesinos participantes en los Fondos de Solidaridad para la Producción se identificaron inicialmente en el padrón con el que opera BANRURAL. En la depuración del padrón participaron los propios campesinos y los ayuntamientos con las características señaladas. El propósito fue identificar personalmente a los participantes para que el apoyo fuera directo a cada individuo, sin intermediarios de ninguna clase, con total transparencia y vía su propio ayuntamiento. En varios casos se extendió el programa campesino que nunca antes habían recibido apoyo alguno de instituciones de fomento, y esto fue posible en virtud de que las propias comunidades tomaron esa decisión. No se impusieron patrones de cultivo y se dejó a la experiencia de los mismos campesinos la decisión al respecto. En su primer año la tendencia fue continuar con los cultivos tradicionales, aunque se emprendieron también otras actividades productivas como resultado de la iniciativa de los campesinos. Es de esperarse que esta diversificación continúe con mayor énfasis en los próximos años.

En 1990 participaron 400 mil campesinos de 1 350 municipios de 27 entidades federativas. En total se apoyó el trabajo en 1.8 millones de hectáreas. Los recursos se canalizaron en su totalidad a través de los ayuntamientos. Los campesinos se comprometieron a reintegrar los recursos recibidos; el Programa Nacional de Solidaridad, a su vez, se comprometió a dejar los recursos en los mismos ayuntamientos para la realización de obras que las propias comunidades decidan o a incrementar su Fondo de Solidaridad para la Producción.

Para 1991 se propone apoyar a 525 000 productores que laboran en 2.5 millones de hectáreas de tierras de alta siniestralidad y baja productividad. Se recoge la experiencia del primer año de ejecución de este programa para impulsar la diversificación y para incorporar mayores apoyos técnicos a los productores.

En apoyo a proyectos productivos en regiones étnicas se creó en 1990 el Fondo de Solidaridad para Comunidades Indígenas. Para este fin se canalizaron 50 000 millones de pesos a 434 organizaciones de 80 regiones en las que viven 50 grupos étnicos. Con la operación de este fondo se abrió una vía para la ejecución de nuevos proyectos productivos o para el impulso de los que venían desarrollando las organizaciones. La existencia del fondo permite que las organizaciones indígenas, ya sea a nivel de comunidades o de uniones más complejas, decidan sobre las prioridades, el destino de los recursos, los tiempos de ejecución y la realización de los proyectos. Con ésto, se fomenta la iniciativa de los grupos y se reducen los riesgos de caer en el paternalismo, además de que se respetan las costumbres, la cultura y las formas propias de organización y colaboración.

Para 1991, se propone triplicar los recursos destinados a las regiones indígenas y con las organizaciones que actualmente participan, a fin de extender a 100 el número de regiones apoyadas y a 500 el de las organizaciones beneficiadas. Se dará continuidad a proyectos en proceso y se apoyarán nuevas actividades de acuerdo a las decisiones de los mismos participantes.

En los programas hasta ahora descritos existe una alta participación social en todo el proceso de realización de las obras y acciones de Solidaridad. Otra parte importante del Programa Nacional de Solidaridad se realiza coordinadamente con diversos dependencias de gobierno, en donde la naturaleza de las obras exige una mayor especialización técnica para su ejecución. De cualquier forma, se promueve y recoge la participación social en el seguimiento y en la operación de las obras.

De esta manera se ha logrado un incremento sustancial en la infraestructura de salud para la atención de población abierta en comunidades rurales dispersas y en colonias populares. Después de un estancamiento en la construcción de nuevas instalaciones médicas, entre 1989 y 1990 se ha logrado incrementar en un 31.3 por ciento el número de unidades médicas IMSS - Solidaridad existentes hasta 1988. En estos dos años se instalaron 727 nuevas unidades. Además, se concluyó la construcción, ampliación y rehabilitación de 26 clínicas y hospitales, junto con el inicio de la construcción, ampliación y rehabilitación de otros 13 hospitales.

Destacan los de Chalco y Chimalhuacan, en el Estado de México; los hospitales rurales de Santiago Juxtlahuaca y San Ildefonso Villa Alta en Oaxaca; de Tepeji de Rodríguez y Villa Ávila Camacho en Puebla; los de Mapastepec, Benemérito de las Américas las Margaritas en el Estado de Chiapas; el de Ciudad de Camargo en Chihuahua; y los de Mexicali, Tijuana y Ensenada en Baja California.

Para 1991 se plantea destinar recursos que permitirían continuar las obras en 44 hospitales, construir 84 nuevos centros de salud y unidades médicas; además, se consolidaría la operación de las 490 unidades médicas IMSS - Solidaridad construidas y equipadas en el ejercicio anterior.

En materia de educación se propone continuar la construcción de espacios para abatir el rezago y contar con los espacios que exige el crecimiento de la demanda. En los primeros años del Programa Nacional de Solidaridad se construyeron 16 500 nuevos espacios tanto para la creación de nuevas escuelas, como para la dotación de instalaciones a las que ya venían operando sin contar con un plantel digno.

Para 1991, se propone la meta de construir 18,894 nuevos espacios educativos para escuelas primarias y secundarias. Cabe mencionar que en este programa los municipios han asumido en gran parte la construcción de los espacios, haciendo posible en muchos casos una disminución de los costos, gracias a la participación social y, por ende, un incremento en las metas.

La atención para asegurar el abasto y mejorar los hábitos de alimentación de las familias de escasos recursos es prioritaria dentro del Programa Nacional de Solidaridad. En dos años de ejecución del programa se recapitalizaron la totalidad de las tiendas rurales y urbanas, y se incrementó el número de ambas en un 20 por ciento en el caso de las primeras, y un 15 por ciento en el caso de las segundas. Para 1991 se busca recapitalizar 10 540 e instalar 2 222 tiendas rurales y urbanas.

La introducción y ampliación de los servicios básicos a las comunidades y colonias populares ocupa una parte importante del programa Nacional de Solidaridad. El suministro de energía eléctrica, de agua potable y drenaje son una demanda constante al Programa Nacional de Solidaridad, al igual que la pavimentación de calles y la construcción de guarniciones. La participación social en estas obras es de destacarse, ya sea aportando recursos o mano de obra en la ejecución de las acciones. Son, por ello, un claro esfuerzo de trabajo solidario, que permite atender demandas sociales de una manera diferente, con la presencia de los grupos beneficiados, con base en sus propias decisiones y compromisos concretos en los que cada quien asume su responsabilidad. Los comités de solidaridad cumplen con estas acciones un papel de suma importancia, y están haciendo posible incursionar en nuevas formas de trabajo con una alta participación social.

En materia de electrificación en dos años se han electrificado 3 557 comunidades rurales y colonias populares, que representan dotar del servicio a 5 millones de mexicanos. Destaca en 1990 la electrificación de Chimalhuacán y diversas áreas como Ecatepec en el Estado de México, con lo que prácticamente toda la zona oriente de ese estado cuenta con energía eléctrica para el servicio doméstico y para la instalación de pequeños talleres. Para 1991, se tiene como meta continuar con los trabajos de electrificación para dotar y ampliar el servicio en 1 023 colonias populares y en 2 108 comunidades rurales.

En materia de agua potable y drenaje, en 1990 se hizo un esfuerzo sin precedentes al sumar los recursos de los gobiernos federal, estatal y municipal y de los propios beneficiarios, con fondos crediticios de la banca de desarrollo. Con estos recursos se puso en operación el Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas que hizo posible la realización de grandes obras de dotación de agua en bloque junto con la construcción y ampliación de redes primarias y secundarias de distribución. En este esfuerzo conjunto el Programa Nacional de Solidaridad demostró ser un instrumento eficaz para la coordinación de esfuerzos en la tarea de atender los problemas más urgentes de la población de escasos recursos. Como total, en 1990 se trabajó en 700 sistemas de agua potable y drenaje en colonias populares y en los sistemas de las ciudades de Mérida, Tijuana, Acapulco, Nuevo Laredo, San Luis Potosí, Colima y la zona metropolitana de la ciudad de México, entre otras.

Para 1991 se propone incrementar el esfuerzo en la materia, para lo que se destinarían recursos del Programa Nacional de Solidaridad que se sumarían a los recursos crediticios, y a las aportaciones de la Comisión Nacional del Agua, de los gobiernos estatales y municipales, así como de los propios beneficiarios. La meta es continuar los trabajos en 900 sistemas de agua potable y drenaje en 224 ciudades, para el beneficio directo de 965 colonias populares. De igual forma, se continuará dotando de agua potable a 1 985 comunidades rurales.

La atención a las demandas de las colonias populares ha sido una de las prioridades desde el inicio del Programa Nacional de Solidaridad. Las acciones de desarrollo urbano significan sumarse al esfuerzo de millones de mexicanos que desde hace varios años habitan las zonas periféricas de las ciudades y que con grandes sacrificios han construido sus viviendas, aun en las condiciones más adversas.

Una de las primeras acciones fue la regularización de la propiedad urbana. A finales de 1988 se estimaba que existían 1 700 000 lotes urbanos irregulares en todo el país. Durante el primer año del Programa se regularizaron 325 000 lotes y en 1990 serán 450 000 las propiedades legalizadas. Con esto se habrá abatido en un 45 por ciento el rezago en esta materia. Para 1991 la meta sería de 450 000 lotes a regularizar; esta meta es igual a la del año anterior debido a que la superficie pendiente se encuentra en condiciones jurídicas de mayor dificultad.

La meta de la presente administración será regularizar la totalidad de los lotes urbanos y evitar que situaciones similares vuelvan a darse, dotando de suficiente reserva territorial a los centros urbanos de mayor crecimiento, conforme a los criterios que dicte la autoridad en la materia.

Con la regularización de la tenencia de la tierra urbana se está dando un paso importante para la introducción de los servicios básicos, entre ellos los ya mencionados de agua potable y drenaje, así como la construcción de guarniciones, banquetas, pavimento y la dotación de alumbrado público. En estas tareas la participación social es fundamental, por ello el mayor número de comités de solidaridad se encuentra en las colonias populares, donde particularmente es muy significativa la participación de las mujeres en los trabajos de solidaridad.

Se continuará con el Programa de Mujeres en Solidaridad, el cual abre causes para que las mujeres del campo y la ciudad puedan participar en actividades que redunden en mejores condiciones de vida para sus familias y que incrementen el ingreso familiar con actividades productivas.

De igual forma seguirá el Programa de Becas para jóvenes egresados de las instituciones de educación media y superior que deseen integrarse a las actividades del Programa Nacional de Solidaridad. En 1990 se becó a 115 mil pasantes de diversas carreras y para 1991 la meta es que se incorporen 150 mil becarios a las acciones de Solidaridad en sus distintos programas.

Otras acciones realizadas en el Programa Nacional de Solidaridad se orientan a la construcción de caminos rurales y a la rehabilitación de carreteras, obras que constituyen un gran apoyo para impulsar las actividades productivas y comerciales de las zonas rurales y para la introducción de los servicios básicos. Para 1991 se propone como meta inicial la construcción y reparación de 1 717 kilómetros de 184 caminos rurales y 221 carreteras. De igual forma, se apoyan las actividades de reforestación y proyectos productivos diversos como los de los cafeticultores, de los pequeños mineros y de los pescadores ribereños.

En la propuesta de presupuesto para el ejercicio 1991 se contempla también continuar con los trabajos para grupos específicos como los jornaleros y los trabajadores que emigran a los Estados Unidos de América. El propósito es ampliar las acciones de solidaridad a todos los trabajadores de los valles de Sinaloa, Sonora y de San Quintín y extender las acciones a los que laboran en los campos de Morelos, Veracruz y Colima. En estas acciones una de las labores más importantes es involucrar a los propios empresarios agrícolas y a las autoridades locales en las acciones de solidaridad. El Programa Nacional de Solidaridad con los migrantes continuará la coordinación de acciones con las dependencias competentes y difundiendo los derechos, que como mexicanos, tienen todos aquellos que por razones ajenas a su voluntad se ven obligados a emigrar al vecino país.

Otra de las propuestas de trabajo de los grupos participantes que se pretende llevar a la práctica, durante 1991, es la orientada a apoyar a los niños de familias de escasos recursos, para disminuir la deserción escolar que se presenta tanto en el medio rural como en el urbano. Se trata de proporcionar una beca económica a los niños y de brindarles asistencia médico - nutricional, así como entregar despensas a las familias para asegurarle al menor una alimentación adecuada en su hogar. En 1991 se otorgarían becas a 210 744 niños de 8 781 escuelas de los Estados que registran mayores índices de deserción escolar, y la aportación presupuestal sería de 132 000 millones de pesos. La decisión respecto de los niños a becar estará en manos de los propios padres de familia y de los maestros eméritos de la localidad, constituidos en comités de solidaridad.

Asimismo, complementando los recursos fiscales con recursos externos multilaterales se propone iniciar un proyecto de desarrollo regional en los Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo; en estos mismos Estados y en el Distrito Federal se desarrollaría un programa de apoyo a los servicios de salud para la población abierta. También se trabajaría en un proyecto orientado a dotar de agua potable a zonas rurales de bajos ingresos y a la puesta en marcha de actividades productivas para las mujeres de esas zonas; este programa se llevaría a cabo en los Estados de Michoacán, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo; se pondría en operación un programa de desarrollo rural de las comunidades de las áreas ixtleras de los Estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Finalmente, se realizaría un programa de nutrición y alimentación para las zonas rurales de los Estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y México.

El Programa Nacional de Solidaridad seguirá teniendo la más alta prioridad en la política social de la actual administración, en tanto que está orientado a mejorar las condiciones de vida de los grupos de menores ingresos y a lograr la justicia que demandan. Los recursos que se someten a la autorización de la H. Cámara de Diputados se destinarían en su totalidad a la inversión; es por ello que se reflejarían en obras y acciones concretas para los grupos participantes.

El monto propuesto para el Ramo XXVI Solidaridad y Desarrollo Regional, se ejerce a través del Convenio Único de Desarrollo que se firma cada año con cada entidad federativa, por lo que el ejercicio final se verá incrementado con las aportaciones de los gobiernos estatales y municipales y de los propios beneficiarios. Además, el Programa Nacional de Solidaridad continuará permitiendo incursionar en nuevas formas de sumar el esfuerzo de las instituciones de gobierno, de la banca de desarrollo y de los distintos sectores de la sociedad.

La participación de la comunidad es fundamental en la concepción y realización de todas las acciones del Programa Nacional de Solidaridad. Además de las forma ya señaladas de participación, para 1991 se iniciará un programa orientado a hacer efectiva la contraloría social en todas las acciones que se lleven a cabo. Para ello se consolidarán los comités de solidaridad y se le darán atribuciones para denunciar los incumplimientos de los compromisos de Solidaridad. Será una acción permanente que se realizará conjuntamente con la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, para lo cual se establecerán los instrumentos necesarios que haga efectiva esta forma de vigilar, corregir y evaluar las acciones programadas.

Para lograr estos propósitos, la asignación propuesta para este programa asciende a 5 117.4 mil millones de pesos.

V. INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública prevista para 1991 se orienta primordialmente al fortalecimiento de la infraestructura en materia de Desarrollo Rural, Comunicaciones y Transportes, Salud, Educación, Vivienda y dotación de servicios básicos a las comunidades de zonas rurales y urbanas de escasos recursos, todo ello acorde con la estrategia de modernización económica y social establecida por la presente administración.

El rendimensionamiento del Sector Público, mediante la desincorporación de entidades paraestatales, además de posibilitar una mayor participación de los sectores social y privado permitirá destinar mayores recursos a los proyectos prioritarios y estratégicos.

En este contexto, la inversión física presupuestal para 1991 asciende a 33 458.0 mil millones de pesos, superior en 7.5 por ciento real a la esperada para 1990 y se destina básicamente a los proyectos de alta prioridad social y económica, que garanticen la consolidación de los resultados alcanzados y permitan continuar avanzando en la satisfacción de las necesidades que plantea el bienestar social de la población y el crecimiento del país.

Energético

El sector energético participa en el total de la inversión pública con 41.6 por ciento; su monto es de 13 908.9 mil millones de pesos, 4.1 por ciento superior en términos reales a la esperada para 1990, con lo cual se dará prioridad a la conservación, mantenimiento y terminación de obras en proceso, favoreciendo los proyectos que consoliden la infraestructura existente; el aprovechamiento de la capacidad instalada; se promoverá el financiamiento privado, especialmente en el área eléctrica, para hacer frente a la satisfacción oportuna de la demanda de energéticos que requiere la modernización de la planta productiva.

En virtud de que el sector eléctrico tuvo en 1990 una expansión importante en su programa de inversión, en 1991 se buscará consolidar dicho programa para satisfacer la demanda nacional de energía eléctrica y propiciar el ahorro en su utilización, por lo que la inversión se orientará a la continuación de los proyectos en proceso, y la conservación y mantenimiento de plantas hidroeléctricas en Aguamilpa, Nay.; Agua Prieta, Jal., y Zimapán, Hgo.; hidrocarburicas en Petacalco, Gro.; Guadalupe Victoria, Dgo. y Rosario II, B.C.; Carboeléctrica en Carbón II Coah. y la Nucleoeléctrica Laguna Verde, Ver.; ésto permitirá generar 121 619 GWH. Asimismo, se llevará a cabo la construcción de subestaciones y líneas de transmisión en 4 483 Kms., para electrificar 425 poblados rurales y 141 colonias populares.

Petróleos Mexicanos participa con el 54.1 por ciento de la inversión del sector energético con un monto de 7 522.6 mil millones de pesos, superior en 11.8 por ciento en términos reales respecto a la esperada para 1990, dicha inversión se canalizará principalmente a la ejecución de los proyectos considerados en los programas de explotación, perforación, obras de explotación, plantas de refinación y petroquímica básica, ductos y almacenamiento, que contribuirán al incremento de las reservas probadas y a mantener el ritmo de explotación, con base en las condiciones internacionales y la satisfacción del consumo interno.

De esa manera, en material de exploración y perforación se estima la terminación de las obras de perforación exploratoria y de desarrollo en la Sonda de Campeche y el Mesozoico Chiapas - Tabasco; la construcción de plataformas de perforación y producción, a través de los proyectos Cantarell y el complejo Abkatún - Pol - Chuc, así como plantas de proceso de gas natural; del almacenamiento y distribución de refinados y se continuarán obras de construcción de las refinerías de Salina Cruz, Oax., Tula, Hgo., Cadereyta, N.L., complejo Petroquímico Morelos y la Unidad Petroquímica Matapioche, la construcción de oleoductos, poliductos, obras portuarias en Pajaritos, Madero y Tuxpan, Ver., agencias y terminales de ventas.

Comunicaciones y Transportes

Para 1991, el sector canalizará 3 370.2 mil millones de pesos a inversión pública, que representa un 10.1 por ciento de la inversión total, y es 13.0 por ciento superior en términos reales respecto a la esperada para 1990.

En el subsector carretero, tendrá prioridad la conservación y el mantenimiento de la red existente. De las obras de construcción, en la red troncal destacan: Ameca - Mascota - Tomatlán; san Blas - Las varas, Tamasunchale - Álamo; Guadalajara - Tepetongo; Chihuahua - Hermosillo y Teotitlán - Tuxtepec, que permitirán la interconexión regional directa. En el rubro de modernización y ampliación, se distinguen las carreteras Pátzcuaro - Morelia - Salamanca; Monterrey - Tampico; Querétaro - San Luis Potosí; Chihuahua - Ciudad Juárez y Zacatecas - Fresnillo.

Por su parte Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos tienen considerada la ampliación y modernización de las carretera Cuernavaca - Acapulco; la Tinaja - Coatzacoalcos y Pirámides - Tulancingo - Tuxpan - Tampico; así como la conservación y mantenimiento de 1625 kms. de carreteras.

En el subsector ferroviario se programan como acciones de primer orden: el mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipo de arrastre, la rehabilitación de 70 locomotoras, la terminación de proyectos en proceso como la vía doble electrificada México - Querétaro y la vía se Coróndiro - Lázaro Cárdenas. Para el señalamiento de vías se canalizarán recursos al Sistema de Control Centralizado de Tráfico.

Para subsanar los regazos de la infraestructura en el subsector Marítimo - Portuario, se realizarán diversas obras de conservación y mantenimiento, construcción de obras de ampliación en Altamira y Manzanillo, y complementarias en Lázaro Cárdenas, Veracruz y Tuxpan; rectificación del brazo izquierdo del Río Balsas; conclusión de la primera etapa operativa de los puertos Pichilingue y Topolobampo; dotación de equipo para manejo de contenedores a los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz; así como la instalación de 42 equipos de señalamiento en capitanías y delegaciones de puerto.

En el subsector aéreo, la inversión que se propone da prioridad a la construcción y modernización de edificios terminales, pistas y plataformas en los aeropuertos de las Ciudades de México, Tijuana, Cancún, Acapulco, Guadalajara, Puerto Vallarta y Mazatlán, entre otros.

Respecto al subsector comunicaciones, la inversión se destinará al proceso de expansión y modernización del Sistema de Telecomunicaciones, con especial atención a las redes de radiomonitoreo; se impulsarán los sistemas de transmisión electrónica de fondos, telefax, correo electrónico y giros internacionales; la conservación y mantenimiento de las estaciones terrenas; la expansión de la telefonía rural y la modernización del servicio postal para ampliar su cobertura e incrementar su eficiencia.

Desarrollo Rural

La inversión en este sector representa el 9.7 por ciento del total de la inversión pública, con un monto de 3 232.9 mil millones de pesos, 42.1 por ciento superior en términos reales a la esperada para 1990. El incremento en la canalización de recursos presupuestales tiene como finalidad fortalecer la infraestructura productiva y mejorar las condiciones de vida de la población rural.

Se continuará con la construcción de obras para incorporar 38 500 hectáreas de irrigación mayor y 20 000 hectáreas de irrigación menor, y la rehabilitación de áreas de riego en 41 500 hectáreas; dentro de lo cual destacan los proyectos Fuerte Mayo, Sin. - Son.; El Baluarte - Presidio, Sin.; Río Verde, Oax.; Hermenegildo Galeana, Gro.; Elota - Piaxtla, Sin.; Alfajayucan, Hgo; Autlán El Grullo, Jal.; Cupatitzio - Tepalcatepec, Mich.; Río Fuerte, Sin.; Modernización Yaqui, Son.; obras superficiales y programa Nacional de uso Eficiente de la Infraestructura Hidroagrícola, entre otros.

Para impulsar la agricultura de temporal, se continuará la ejecución de proyectos para incorporar 35 000 hectáreas a la producción agrícola y la rehabilitación de 92 obras en beneficio de áreas agrícolas, entre los que destacan: Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo, Plan Chiapas y el Programa Estratégico de Fomento a la Producción de Maíz, entre otros. Asimismo, se rehabilitarán 1 755 obras de infraestructura agrícola en 135 000 hectáreas y se construirán diversas obras pecuarias.

En materia forestal, se apoyará la rehabilitación de 363 Kms. de brechas forestales y conservación de otros 485 kms., principalmente a través de los proyectos de desarrollo forestal en Oaxaca - Guerrero, Chihuahua - Durango. Para el mejoramiento y el desarrollo de la agroindustria rural, se establecerán y rehabilitarán 100 plantas pecuarias y forestales. Asimismo, para proteger contra inundaciones a 13 centros de población, se destinarán recursos para los proyectos Río de la Compañía, Méx.; y Aguas Negras, La Paz, B.C.; entre otros.

Desarrollo Social

En este rubro se considera la inversión destinada a los Sectores Educación, Salud, Laboral, Desarrollo Urbano, y Agua Potable, Ecología, así como el Programa Nacional de Solidaridad y Desarrollo Regional. En conjunto el proyecto de presupuesto en este rubro representa el 33.6 por ciento del total de la inversión pública, con un monto de 11 234.4 mil millones de pesos, superior en 29.0 por ciento en términos reales respecto a la esperada para 1990.

El Sector Salud canalizará recursos a la construcción de 21 unidades de primer nivel y la rehabilitación de 93 ya existentes; la construcción de 21 hospitales generales y la rehabilitación de 9 más; la ampliación de 9 centros de investigación y enseñanza, además de 5 hospitales de los institutos nacionales de salud que prestan servicios de tercer nivel.

Por su parte, el IMSS destinará el mayor monto de la inversión a la ampliación, remodelación, adaptación y equipamiento de 24 hospitales generales y 2 de especialidades, 25 estancias de bienestar infantil y se proseguirá con la construcción de 44 unidades de medicina familiar, y 23 de medicina regional, así como la ampliación de 9 almacenes delegacionales.

El ISSSTE continuará con la construcción de 46 unidades de medicina familiar y la remodelación de otras 39 unidades. Se terminarán 6 clínicas - hospitales y se ampliarán y remodelarán 24. Registra gran importancia la ampliación y remodelación de 7 hospitales generales y de 7 hospitales regionales; así como la construcción de 13 guarderías y la ampliación y remodelación de 14.

En materia laboral, la inversión se canalizará al Proyecto de capacitación de Mano de Obra y se destinará a ampliar y mejorar la planta física para la educación y capacitación, así como el equipamiento de 150 centros de capacitación.

Para educación, la inversión asciende a 1 669.4 mil millones de pesos, cifra superior 25.5 por ciento en términos reales a la esperada para 1990, a través de la cual se da prioridad a la construcción y el equipamiento de espacios educativos, así como al mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura física, buscando con ello fundamentalmente la consolidación y expansión se la educación a las regiones marginadas y de bajo desarrollo. Para tales fines, se programa construir 7 523 aulas, destacando 4 837 en preescolar y 1 494 en secundaria; 14 640 anexos educativos, entre ellos 3 800 de preescolar, 4 563 de secundaria, 1 513 de educación extraescolar y 752 para capacitación; edificar 338 laboratorios y 777 talleres en los diferentes niveles educativos; así coma la conservación y mantenimiento de 33 mil escuelas, y el equipamiento de 15 800 aulas del Sistema Educativo Nacional.

Es importante destacar que los recursos destinados al desarrollo social, a través del Programa Nacional de Solidaridad, se incrementan en 41.2 por ciento en términos reales, con los cuales se apoyará a 525 mil productores que laboran en 2.5 millones de hectáreas de tierras de alta siniestralidad, en las regiones rurales, indígenas y grupos marginados. Con las 500 organizaciones que actualmente participan, se dará continuidad a proyectos productivos y de bienestar social, entre los que sobresalen: la electrificación de 1 023 colonias populares y 2 100 comunidades rurales; la continuación de los trabajos de 900 sistemas de agua potable y drenaje en 224 ciudades, que beneficiarán a 965 colonias populares y comunidades rurales; en salud se continuarán las obras de 44 hospitales y 84 nuevos centros de salud y 531 unidades médicas IMSS - Solidaridad; en educación se construirán 18 894 nuevos espacios educativos para primaria y secundaria; y se rehabilitarán 84 175 espacios educativos para la niñez; se recapitalizarán 10 540 tiendas rurales y urbanas, se instalarán otras 2 222, y 242 lecherías. Asimismo se proyecta la construcción de 1 717 kms. en 184 caminos rurales y rehabilitación de 221 kms. de carreteras.

La inversión para Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología se destinará a mejorar la calidad de los servicios urbanos, preferentemente a los grupos sociales más necesitados, llevando a cabo 10 proyectos para la instalación de sistemas integrales de saneamiento de aguas residuales, la constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y vivienda en 5 000 hectáreas y 15 obras de restauración en sitios históricos y monumentos.

En materia de vivienda, se pretende continuar orientando prioritariamente la acción del Estado a los grupos de menores ingresos, ampliar la atención a más sectores de la población, así como a promover la eficiencia del aparato productivo y distributivo de los insumos para vivienda.

FONHAPO canalizará recursos a los proyectos de financiamiento para la terminación de 18 915 acciones de vivienda progresiva y el inicio de otras 1 582; la terminación de 22 460 acciones de vivienda mejorada, y el inicio de otras 9 887, así como la constitución de 5 parques de materiales, EL ISSSTE concluirá la construcción de 5 160 viviendas, rehabilitará e iniciará la construcción de 5 599.

La inversión en ecología se destinará a la protección y mejoramiento del medio ambiente, para lo cual se realizarán obras de construcción de rellenos sanitarios en Mazatlán y Culiacán, Sin.; Chilpancingo, Taxco e Iguala, Gro.; Guadalajara, Jal.; y Tlaxcala, Tlax.; ejecución de proyectos de sistemas de monitoreo de la calidad del agua en Chiapas; sistemas integrales de protección ambiental en Monterrey, Guadalajara y Coatzacoalcos - Amatitlán y proyectos de desarrollo forestal de Durango y Chihuahua, entre otros.

En materia de captación y conducción de agua, se continuará apoyando los proyectos Sistema Regional La Zurda - Calderón, Jal.; Sistema Cutzamala, Acueducto Colorado - Tijuana, B. C.; y Monterrey IV Etapa "Presa el Cuchillo", entre otros, lo que permitirá incrementar la capacidad instalada en 9.5 m3/seg; y suministrar 27.0 M3/seg. de agua potable. Asimismo, se rehabilitarán y conservarán diversas obras, incluyendo las del lago de Texcoco.

Industrial

Se canalizarán recursos a la ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura, industrial. El monto de la inversión para tales efectos asciende a 453.6 mil millones de pesos, 68.1 por ciento inferior en términos reales, con respecto a la esperada para 1990. dicha situación se explica por la desincorporación de empresas siderúrgicas y mineras, así como por las transferencias de ingenios azucareros y astilleros al sector privado.

En minería se apoyará la producción de materias primas para la industria nacional y la exportación, mediante los proyectos: Carbón II, en Coah.; ampliación de la planta Coachiapa y Laguna San Ignacio, Ver., entre otros, así como la rehabilitación de unidades minerometalúrgicas.

Para garantizar la distribución y comercialización de azúcar y derivados, así como para apoyar los cinco ingenios que aún permanecen bajo la administración paraestatal, destaca la inversión destinada al mantenimiento de la infraestructura de almacenamiento, distribución y la administrativa.

En materia de fertilizantes, el gasto de inversión se destinará básicamente a la terminación de proyectos en proceso, así como a la conservación y rehabilitación de la infraestructura existente; destacando las plantas del Bajío, Querétaro, Minatitlán y Lázaro Cárdenas, Mich. Asimismo, se concluirán las terminales marítimas de amoniaco y de ácido nítrico, se continuará apoyando el Plan Nacional de Bodegas y la construcción de la Planta de Urea, con lo que se prevé alcanzar una producción de 5.2 y 5.1 millones de toneladas de fertilizantes y productos agroquímicos, respectivamente.

Comercio y Abastos

El redimensionamiento y la mayor eficiencia del sector Comercio y Abasto explican la disminución de 53.9 por ciento en términos reales de la inversión propuesta para 1991, respecto a la esperada para el 1990. Dicha inversión asciende a 235.1 mil millones de pesos, que se canalizarán a la construcción, conservación y mantenimiento de establecimientos de acopio y comercialización. Asimismo, destaca la construcción, conservación y rehabilitación de bodegas y almacenes; la construcción y ampliación de las plantas agroindustriales; rehabilitación de laboratorios de investigación y análisis de alimentos; la continuación de la Granelera en Veracruz; la ampliación de plantas productoras de leche reconstituida para el Programa Social de Abasto y la construcción de tiendas rurales.

Pesca

La inversión del Sector Pesquero para 1991 asciende a 70.1 mil millones de pesos, lo cual representa una disminución de 7.9 por ciento en términos reales respecto a la esperada para 1990, debido a la reestructuración del sector y a la mayor participación del sector social en la actividad pesquera. Sin embargo, cabe recordar que en 1990 la inversión de este sector aumentó 208.8 por ciento real, respecto del año anterior. La inversión de 1991 se destinará a la conservación y Mantenimiento.de la infraestructura pesquera y para el desarrollo de la acuacultura, así como a la Construcción. y equipamiento de laboratorios de sanidad, centros de investigación acuícola y capacitación. Destaca la Construcción. de escolleras en la desembocadura del Río Baluarte, Sin.; y en Boca de San Francisco., Oax.; la Construcción. de centros acuícolas en diversos estados. y el parque acuícola en Chapala, Jal.; el dragado de 500 mil M3 en puertos pesqueros y 1 430 000 en lagunas y canales de comunicación con el mar; la Construcción. de parques camaronícolas en el Caimanero, Sin.; Mar Muerto, Chis.; y el Tobar, Son.; así como la construcción de laboratorios de sanidad en Mazatlán, Sin.

Turismo

A fin de incrementar la afluencia del turismo nacional y extranjero, con la consecuente generación de empleo, el Sector proyecta para 1991 un presupuesto de inversión física de 4.6 mil millones de pesos, 5.6 por ciento superior en términos reales respecto a la esperada para 1990, destinada a apoyar la continuación de los proyectos de inversión en Cancún y Cozumel, Q.R.; Huatulco, Oax.; Loreto y los Cabos, B.C.S. e Ixtapa, Gro.; coadyuvando al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura urbana, equipamiento turístico e instalaciones portuarias, que permitirán el mejoramiento, ampliación y modernización de la planta de servicios.

VI. ESTRATEGIAS ESPECIFICAS

DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

El mundo vive hoy una revolución científica y tecnológica de amplios alcances y consecuencias, que transformará profundamente las estructuras económicas y sociales a nivel mundial. Esta realidad propicia la generación de una economía global cada vez más integrada e interdependiente, en la que el aislamiento conduciría al atraso y la marginación. En los nuevos tiempos, la capacidad que tenga un país para generar conocimientos, innovar, desarrollar nuevos productos y adecuarlos con rapidez a las cambiantes condiciones económicas internacionales, constituye un factor determinante para su desarrollo.

Para una economía como la nuestra, que emerge de una crisis y se abre a la competencia internacional, el desarrollo científico y la modernización tecnológica se convierten en condiciones necesarias para que México alcance los objetivos de bienestar para todos sus habitantes y logre una inserción adecuada en la nueva estructura económica mundial. El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 y el Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica 1990 - 1994, reconocen que el fortalecimiento científico y tecnológico es urgente y debe ser acentuado a los próximos años. Es ésta una condición indispensable para asegurar la participación eficiente de la economía mexicana en las corrientes de intercambio internacional. Las rápidas transformaciones determinan la imposibilidad de mantener permanentemente la competitividad del aparato productivo, sobre la base de insumos y mano de obra baratos.

Los esfuerzos para impulsar el desarrollo de la ciencia y la modernización tecnológica han sido insuficientes para eliminar los rezagos que existen en este sector estratégico, por lo que quedan retos y obstáculos por superar. La infraestructura científica y tecnológica es insuficiente frente a las necesidades de desarrollo del país. El monto total de recursos asignados es de 2 732.5 mil millones de pesos, ante las necesidades, escasos, lo que obliga a perfeccionar los criterios y mecanismos que determinan su asignación.

La comunidad científica y tecnológica con que México cuenta actualmente es poco numerosa, por lo que existen deficiencias considerables en relación a los requerimientos de recursos humanos calificados, Por otra parte, hasta fechas muy recientes no existía un régimen adecuado de propiedad industrial, intelectual y de transferencia tecnológica. La cobertura en materia de metrología y normalización es aún deficiente, lo que la ha constituido en un factor limitante para el desarrollo tecnológico.

Los mecanismos e infraestructura para vincular la investigación y el desarrollo tecnológico con el sector productivo requieren ser ampliados y perfeccionados, para atender las necesidades de desarrollo económico nacional y de competencia a nivel internacional.

En comparación con otros países, incluso de menor grado de desarrollo que el nuestro, México asigna una proporción demasiado pequeña de la producción nacional a ciencia y tecnología; alrededor de 0.3 por ciento del producto interno bruto en 1990. El problema no es sólo de escasez de recursos públicos sino, incluso en mayor medida, de recursos privados. Mientras en los países de mayor grado de desarrollo y entre más dinámicos económicamente, la mayor parte de los recursos para este propósito provienen del sector privado, se estima que en México éstos sólo representan alrededor del 15 por ciento del total. El incremento del gasto público que deberá promoverse, habrá de buscar impulsar un mayor compromiso y participación del resto de los sectores de la economía.

El propósito del Proyecto de Presupuesto para 1991, en materia científica y tecnológica, es avanzar en el mejoramiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de manera gradual pero firme y eficientemente. Se propone ejercer un gasto de 2 732.5 mil millones de pesos, en actividades relacionadas con la ciencia y tecnología, lo que representa un incremento de 20.2 por ciento en términos reales, con respecto a 1990. Se continúa así el esfuerzo de este año, en que se tuvo un incremento de 18.4 por ciento real, con lo que el aumento acumulado en dos años fue de 42.3 por ciento.

Esta asignación permitirá dar continuidad a los proyectos de investigación y desarrollo sectoriales orientados hacia la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para la modernización del país. Asimismo, habrá de sustentar los esfuerzos que el Gobierno Federal ha iniciado para imprimir un nuevo dinamismo en el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas.

La Comisión para la Planeación del Desarrollo Tecnológico y Científico continuará con las acciones emprendidas en 1990. Para 1991, entre las acciones estratégicas que se proyectan, destaca el mejoramiento de la infraestructura, para lo que fue constituido, por acuerdo presidencial, el "Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Científica y Tecnológica", que recibirá una aportación de recursos federales del orden de los 100 mil millones de pesos. Se apoyará de manera particular el desarrollo y fortalecimiento del capital humano para la ciencia y la tecnología.

El Gobierno Federal destinará 10.3 mil millones de pesos al Sistema Nacional de Investigadores. Este apoyo permitirá sustentar el considerable incremento en el número de miembros pertenecientes a este Sistema.

El Programa de Becas del CONACYT recibirá un importante impulso en 1991, ya que la cantidad de recursos otorgados a esta Institución tendrá un incremento de 9.9 mil millones de pesos, orientados principalmente al mejoramiento económico de los becarios en el país. Igualmente, se pretende actualizar el tabulador de las becas otorgadas en el extranjero. Este propósito implicará un esfuerzo presupuestal adicional por 5.6 mil millones de pesos.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial promoverá el estudio para la creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), que contará con una red electrónica de registro e información de la propiedad industrial e intelectual. Esa dependencia iniciará, en 1991, la creación del Centro Nacional de Metrología, cuya instalación requerirá recursos del orden de 7.6 mil millones de pesos. Este Centro habrá de establecer la infraestructura física y humana necesaria para otorgar, a los sectores productivos, un servicio metrológico más amplio y confiable. Lo anterior permitirá a los productos mexicanos alcanzar normas de calidad equiparables a las de sus competidores en los mercados mundiales.

Una preocupación importante para 1991, en materia de ciencia y tecnología, es la vinculación de la investigación y desarrollo con las necesidades del sector productivo. Para avanzar en este sentido, en 1990 se inició un estudio para la creación del Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica, que habrá de concluir con el establecimiento del sistema el próximo año; el propósito es lograr así una vinculación real, permanente y eficiente entre oferentes y demandantes de ciencia y tecnología.

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE

El Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 considera, entre sus más altas prioridades, la protección y la restauración del medio ambiente. Con tal propósito, en el marco del Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida, se establece que la planeación y ejecución de la acción gubernamental y de todos los nuevos proyectos, tendrá que tomar en cuenta como premisa básica que los recursos naturales son un patrimonio estratégico para la soberanía nacional y reserva fundamental para las nuevas generaciones.

Por primera vez en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se incluye un apartado especial que registra las inversiones que realizará la Federación para enfrentar el reto conformado por la problemática ecológica. Este esfuerzo, que garantiza la coordinación institucional en la materia, se orientará en función del objetivo general del Programa Nacional para la Protección del Medio Ambiente de armonizar el crecimiento económico con el restablecimiento de la calidad del medio ambiente, promoviendo la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Se pretende con ello orientar las actividades económicas y sociales en función de la vocación natural del suelo, lo cual implica impulsar una rigurosa política de ordenamiento ecológico y de aplicación del procedimiento de evaluación y regulación del impacto ambiental, principalmente en aquellos proyectos de gran escala con incidencia en el entorno ecológico. Para reforzar este enfoque, a partir de 1991 funcionará el Comité Técnico de Instrumentación del Plan en Materia Ecológica, en cuyo seno se analizarán los avances y se tomarán las decisiones necesarias para avanzar en el cumplimiento de las metas.

Durante 1991, dentro del objetivo general antes enunciado, se orientarán las acciones gubernamentales a: controlar la contaminación del agua y mejorar su calidad, prevenir y abatir la contaminación del aire en las zonas metropolitanas y concentraciones industriales, con especial énfasis en la zona metropolitana de la Ciudad de México; controlar la contaminación del suelo; recuperar ecosistemas deteriorados; sujetar los proyectos de obras y actividades productivas a criterios de cuidado ambiental y complementar la reglamentación del marco ecológico, sobre bases realistas, para que se convierta en un elemento eficaz de protección al ambiente. Se impulsará el desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología; y se asegurará la participación y corresponsabilidad de la ciudadanía.

Para ello, se seguirá una estrategia basada en un fuerte impulso a la utilización de los instrumentos y mecanismos que permitan avanzar en el fortalecimiento de las atribuciones y capacidad operativa de los gobiernos locales en la gestión del desarrollo, y corresponsabilizar a la sociedad en la solución de la problemática, que afecta los recursos naturales y al medio ambiente. Se pretende con esto que las acciones de coordinación y concertación no descansen exclusivamente sobre actos de buena voluntad y sí, en cambio, sobre bases obligatorias y técnicas específicas para cada problema.

Otra vertiente relevante de la estrategia consiste en reforzar las actividades rectoras y de coordinación, de manera que todas las entidades que conforman a la administración pública central y paraestatal apeguen sus gestiones anuales a las directrices generales que establece el Programa Nacional para la Protección al Medio Ambiente, de conformidad con la vertiente de obligatoriedad contenida en la Ley General de Planeación.

En función de este esquema, las principales líneas de acción que se proyectan para 1991 son: publicar el Proyecto de Ordenamiento Ecológico General del Territorio; impulsar la formulación y aplicación de los proyectos de ordenamiento ecológico sectoriales; desarrollar el ordenamiento ecológico de los proyectos turísticos; ordenar ecológicamente las actividades acuícola - pesqueras; llevar a cabo una adecuada recolección y disposición de desechos con el Proyecto de Residuos Sólidos en nueve ciudades, para el año próximo; incrementar la capacidad de respuesta a los dictámenes de impacto ambiental y a los programas de prevención y control de acciones por actividades riesgosas; se pretende capacitar personal directivo y técnico de las dependencias que integran el Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas, así como coordinar las tareas de los comités especiales de protección civil.

Por su relevancia, sobresale el proyecto sectorial ambiental a cargo de la SEDUE con acciones, durante 1991, encaminadas a la conservación productiva de los recursos naturales, al mejoramiento ambiental, a la organización y reforzamiento de la infraestructura del sector, y a la actualización del marco jurídico de las áreas naturales protegidas.

Asimismo, se vigilarán las acciones de las empresas paraestatales para prevenir y controlar la emisión de contaminantes así como adecuar sus procesos productivos para el cuidad ambiental. Se consolidará la red de Laboratorios de Análisis de la Calidad Ambiental, junto con las tareas de control y supervisión de fuentes contaminantes de cuencas y cuerpos de agua, particularmente las que se encuentran en situación crítica.

Se realizarán los estudios y medidas necesarias para la producción de combustibles menos contaminantes. Mediante proyectos de investigación, se evaluarán los efectos de la contaminación ambiental en la salud para mejorar la regulación relacionada con la sanidad ambiental; se participará en la prevención y control de la contaminación marina y se ejecutarán los programas de inspección y vigilancia, para la conservación ecológica de los recursos naturales.

A través del sector de investigación coordinado, se desarrollarán estudios, diagnósticos y evaluaciones sobre diversos aspectos relacionados con la conservación ecológica de los recursos naturales, la restauración de ecosistemas deteriorados y los impactos negativos de residuos contaminantes.

Se impulsarán programas de reforestación y restauración ecológica de producción y distribución de plantas endémicas y en peligro de extinción. Se supeditará el aprovechamiento de los recursos maderables a criterios racionales, y a su protección a través de la inspección y vigilancia forestal; se fomentará la participación comunitaria en proyectos de restauración de ecosistemas. Se ampliarán los programas educativos ecológicos, mediante el desarrollo de proyectos de investigación en materia ecológica y la incorporación de contenidos ecológicos en planes y programas de estudio.

Se acelerará la instalación de Consejos de Participación Ciudadana; se consolidará el sistema de denuncia popular y se promoverá la creación de regidurías ecológicas; se refrendarán convenios de cooperación ecológica internacional, y se promoverán los principios de política exterior mexicana en materia ecológica ante la Organización de las Naciones Unidas.

Para el desarrollo de todas estas acciones se tienen previstos recursos en el Programa Nacional de Protección al Medio Ambiente, por un monto total de 1 033.9 mil millones de pesos, para el próximo año.

VII. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

PODER LEGISLATIVO

El Poder Legislativo, en ejercicio de su autonomía y con el objeto de cumplir con sus importantes tareas y alcanzar sus objetivos y metas previstas, envió al Poder Ejecutivo Federal, para su inclusión en este Proyecto, una propuesta de gasto que, sumada a la previsión del paquete salarial, asciende a 296.2 mil millones de pesos, con la composición siguiente:

En materia de inversiones se proyecta el inicio de la edificación de un inmueble para albergar a las distintas comisiones parlamentarias del Senado de la República.

PODER JUDICIAL

A fin de seguir avanzando en las tareas de modernización de la administración de justicia, el Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de su autonomía, envió su Proyecto de Presupuesto que, sumada a la previsión del paquete salarial, asciende a 525.0 mil millones de pesos, con la composición siguiente:

Su gasto de inversión está destinado fundamentalmente a la construcción de diversos inmuebles para tribunales y juzgados ubicados en el interior de la República, así como a la terminación y acondicionamiento de tres módulos, e inicio de la estancia infantil (Módulo V), del edificio central del H. Poder Judicial Federal, previendo alcanzar así un avance físico del 74.0 por ciento en la construcción del Recinto Judicial.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL

El proyecto de gasto programable de la Administración Central asciende a 74 924.9 mil millones de pesos, lo que representa un incremento nominal de 23.0 por ciento y de 4.5 por ciento en términos reales. De este monto, el 56.2 por ciento, equivalente a 42 109.0 mil millones de pesos, correspondientes al gasto directo de las Dependencias y Ramos Generales del Gobierno Federal, que registra una tasa de crecimiento nominal de 36.0 por ciento y real de 15.6 por ciento. El restante 43.8 por ciento lo constituyen las transferencias a entidades públicas, con 32 815.9 mil millones de pesos, monto que refleja una disminución real de 7.0 por ciento, respecto al estimado para el cierre de 1990.

La estructura del gasto de las dependencias del Gobierno Federal, incluyendo el gasto directo y las transferencias a entidades públicas, muestra una rigurosa selectividad, que se caracteriza por la disminución real del gasto en algunos sectores y aumentos reales en otros; este esfuerzo permitió compatibilizar el moderado incremento real del gasto global del Gobierno Federal de 4.5 por ciento con incrementos reales importantes en el gasto social, en donde se destacan de manera significativa los crecimientos reales de 25.7 por ciento en Salud, 17.3 por ciento en Educación y 41.2 por ciento en el Ramo de Solidaridad.

El gasto directo de inversión de las dependencias del Gobierno Federal crece en términos reales 21.6 por ciento, al alcanzar un monto de 10 175.1 mil millones de pesos; en este total, las asignaciones a obras públicas aumentan en 29.6 por ciento, con 9 080.6 mil millones de pesos. Este esfuerzo refleja el objetivo fundamental de ampliar la infraestructura para el desarrollo social y económico del país. Destaca la ampliación del gasto asignado al Ramo de Solidaridad, que crece en 41.2 por ciento en términos reales, al alcanzar un monto de 5 117.4 mil millones de pesos.

El gasto corriente de administración suma 31 933.9 mil millones de pesos, con un incremento nominal de 33.9 por ciento y real de 13.8 por ciento. De este total los servicios personales crecen en 14.6 por ciento en términos reales, con lo que se pretende continuar el mejoramiento del poder adquisitivo de los servidores públicos; también se observan crecimientos reales en los capítulos de materiales, suministros y servicios generales, los cuales obedecen al propósito de continuar mejorando la calidad de los servicios básicos que prestan las dependencias públicas, especialmente en los sectores de Salud, Educación y Procuración e Impartición de Justicia.

Las transferencias alcanzan un monto de 32 815.9 mil millones de pesos, lo que representa una disminución real de 7.0 por ciento; de ellas, el 49.8 por ciento corresponde a los apoyos del Gobierno Federal a las entidades públicas que prestan servicios de Salud, Educación, Cultura, Deportes, Desarrollo Urbano y Agua Potable principalmente; la suma de las transferencias a estos sectores asciende a 16 337.9 mil millones de pesos, lo que refleja un crecimiento real de 20.6 por ciento. Entre los beneficiarios más importantes de estos recursos se encuentran: UNAM, CONACYT, Comisión Nacional del Agua, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Comisión Nacional del Deporte, universidades de provincia y entidades del Sector Salud, entre otras. El gasto asignado a estas entidades registra aumentos reales importantes, superiores al crecimiento real del 4.5 por ciento correspondiente al total del gasto programable de la Administración Pública Central.

Las transferencias a organismos y empresas en presupuesto registran una disminución real importante, de 27.0 por ciento, debido principalmente a la racionalización de los subsidios, derivada de los procesos de saneamiento financiero de las empresas públicas que permanecen en el ámbito estatal y a la venta y liquidación de otras. Sólo las transferencias a Ferrocarriles Nacionales y las estatutarias al Instituto Mexicano del Seguro Social registran aumentos reales, de 28.0 por ciento y 9.1 por ciento, respectivamente.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL

El proyecto de gasto programable asignado a empresas y organismos controlados presupuestalmente asciende a 79 356.2 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal de 12.8 por ciento y una disminución en términos reales de 4.1 por ciento, con respecto al cierre estimado para 1990. Esta disminución es congruente con la estrategia de modernización de las funciones y actividades del Estado, que supone que el esfuerzo estatal debe concentrarse en aquellas áreas de la actividad económica en donde su presencia es fundamental para el desarrollo económico y social de país.

En el marco de esta estrategia, la política de gasto del Sector Paraestatal busca la promoción de la actividad productiva de los sectores social y privado, al tiempo que se fortalece la participación del Estado en las áreas estratégicas y prioritarias. La liquidación, fusión y venta de entidades y empresas públicas, así como la reestructuración y saneamiento financiero para incrementar la eficiencia y eficacia de las que permanecen dentro del Sector Público, han creado las condiciones para avanzar en este propósito.

En la asignación del gasto por entidades se aprecia un cambio de orientación, al concentrarse el esfuerzo del Sector Público en los sectores estratégicos y prioritarios, lo que ha sido posible gracias a los programas de cambio estructural y saneamiento financiero de las entidades públicas.

Así, con el propósito de aumentar la capacidad productiva de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el gasto correspondiente a esta entidad se eleva 6.9 por ciento en términos reales para alcanzar un monto de 21 594.4 mil millones de pesos, con lo cual incrementa su participación en el total de la asignación al Sector Paraestatal de 24.4 a 27.2 por ciento.

El incremento de los recursos asignados permitirá a PEMEX ampliar sus programas de inversión en el rubro de producción primaria, a fin de satisfacer los requerimientos crecientes de la demanda interna, al tiempo que se aumentan los excedentes exportables.

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (C. F. E.), cabe destacar que durante 1990 se realizó un esfuerzo importante en el gasto ejercido por la entidad, especialmente el destinado a la inversión, que alcanzó un aumento real que se estima en 26.8 por ciento. Para 1991 se propone un crecimiento real adicional en el gasto de la entidad de 5.4 por ciento, con lo que el monto asignado a la C.F.E. asciende a 14 766.1 mil millones de pesos. Dentro de este total, el gasto de inversión se mantiene en términos reales, lo que permitirá a la entidad atender el crecimiento de la demanda interna de energía eléctrica y continuar con las obras en proceso de construcción. Asimismo, durante 1991, se tiene previsto obtener financiamiento privado para continuar con la ejecución de los proyectos termoeléctricos: Petacalco, Topolobampo II, Mérida II y Carbón II, lo que permitirá al sector eléctrico proporcionar la oferta necesaria para los próximos años.

A fin de apoyar la modernización de la infraestructura de transporte, como elemento crucial en la recuperación económica y en la participación nacional en el comercio mundial, el gasto asignado a Ferrocarriles Nacionales asciende a 4 033.2 mil millones de pesos, monto que representa un incremento real de 8.5 por ciento; las asignaciones a Caminos y Puentes Federales de Ingresos alcanzan 1 141.8 mil millones de pesos, con un crecimiento real de 25.5 por ciento, y a Aeropuertos y Servicios Auxiliares se le asignan 501.2 mil millones de pesos, con un aumento real de 21.6 por ciento.

En cumplimiento del objetivo de una mayor asignación de recursos al bienestar social de los trabajadores, las asignaciones para el Instituto Mexicano del Seguro Social aumentan 8.0 por ciento en términos reales, al alcanzar un monto de 17 588.4 mil millones de pesos, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tendrá asignaciones por un total de 4 603.4 mil millones de pesos, con un aumento real de 0.7 por ciento.

Como resultado del cambio estructural, las asignaciones de gasto a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) se reducen en términos reales 16.8 por ciento. Esta reducción es compatible con las metas operativas que se propone realizar la entidad durante 1991. Asimismo, los programas de cambio estructural permiten el descenso, en términos reales, de las asignaciones a las entidades: Azúcar, S. A. de C. V., e Instituto Mexicano del Café.

En cuanto a la composición económica del gasto del Sector Paraestatal, se destacan que, si bien el gasto de inversión a nivel global se mantiene en términos reales similar al nivel estimado para el cierre de 1990, su distribución por entidades denota una rigurosa selección en base a prioridades sectoriales. Registran incrementos reales importantes las inversiones de las siguientes entidades: Petróleos Mexicanos, 11.8 por ciento; Ferrocarriles Nacionales de México, 19.1 por ciento; y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 61.5 por ciento.

ÓRGANOS ELECTORALES

Dentro del marco constitucional y para el perfeccionamiento de los procesos electorales y ampliación de la participación política, se promovieron modificaciones a la legislación electoral concretadas en la promulgación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que se redefinen y adecuan las instancias y responsabilidades en esta materia.

Conforme a dicho ordenamiento, se crea el Instituto Federal Electoral, como organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración están representados los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Este instituto será responsable de organizar las elecciones federales, por lo que se le transfieren los archivos, bienes y recursos de la Comisión Federal Electoral, el Registro Nacional de Electores y la Comisión de Radiodifusión, que se encontraban adscritos a la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, se constituye el Tribunal Federal Electoral como órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, que tiene a su cargo la sustanciación y resolución de los recursos de apelación e inconformidad, así como la imposición de sanciones, en materia electoral.

El presente proyecto, atendiendo a la autonomía establecida en el nuevo Código, incorpora de manera explícita, en un ramo específico, el Proyecto de Presupuesto de Egresos que requieren estos Órganos Electorales, para el ejercicio libre y autónomo de sus funciones.

Así, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para los Órganos Electorales asciende a 831.8 mil millones de pesos con la siguiente composición:

El financiamiento público para Partidos Políticos durante 1991 se ha previsto en los términos acordados por la Comisión Federal Electoral para el trienio 1989 - 1991, toda vez que de conformidad con lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las nuevas modalidades para este concepto se iniciarán a partir de 1992. Además, se ha previsto el financiamiento por subrogación de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos, así como para la capacitación política, cuyos aspecto están considerados en el Artículo 49 del referido Código Electoral.

Otro compromiso asumido para apoyar la transparencia de los procesos electorales, es la formulación de un nuevo Padrón Electoral para los comicios federales que tendrán lugar en 1991. Su realización se inició en este ejercicio bajo la responsabilidad del Registro Nacional de Electores. Su terminación estará a cargo del Instituto Federal Electoral, para lo cual se han previsto 399.2 mil millones de pesos.

De esta manera, todas las necesidades de apoyo a los procesos electorales que considera el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se atienden en forma ordenada, para contribuir a garantizar la vigencia de nuestro régimen democrático y el perfeccionamiento de los procesos electorales conforme lo señalan nuestros ordenamientos legales.

El proyecto de presupuesto señalado para los Órganos Electorales se desglosaría de la manera siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTAL

Con el objeto de coadyuvar en el combate a la inflación y avanzar en la consolidación de la recuperación económica, el gasto programable tendrá un crecimiento real moderado, pero con cambios importantes en su estructura; en tanto que los ingresos continuarán recuperándose como consecuencia de los efectos benéficos de las reformas fiscales.

Esta situación permitirá reducir el uso total de recursos financieros por parte del Sector Público e incrementar el financiamiento disponible para el resto de la economía. Como resultado de la disciplina presupuestal, el redimensionamiento del Sector Público, la evolución de los ingresos, y las favorables perspectivas financieras, el déficit financiero presupuestal en 1991 alcanzará un monto de 5965.3 mil millones de pesos, que representa el 0.8 por ciento del producto interno bruto; la proporción más baja de los últimos años, sin considerar la reducción negociada del saldo de la deuda externa en 1990. El resultado esperado para 1991 no incorpora los ingresos que pudieran derivarse de las ventas de bancos y de Teléfonos de México.

El Gobierno Federal tendrá un déficit financiero de 7 966.3 mil millones de pesos, lo que significa una reducción de 69.7 por ciento en términos reales, respecto de 1990.

En cuanto a los Organismos y Empresas del Sector Paraestatal en Presupuesto, su superavit financiero ascenderá a 2 001.0 mil millones de pesos en 1991.

VIII. PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

La renegociación de la deuda externa ha permitido avanzar en la recuperación gradual del crecimiento económico. Sobre esta base, se prevé que las transferencias netas de recursos al exterior continúen decreciendo gradualmente en los próximos años.

Esto a su vez se ha traducido en una menor presión del Sector Público sobre el mercado financiero interno y ha permitido la disminución de las tasas de interés internas en 1990, las que desde marzo tuvieron un decremento de alrededor de 20 puntos porcentuales, con el consiguiente ahorro en el servicio de la deuda Pública interna.

En estas circunstancias, el Proyecto del Servicio de la Deuda para 1991 asciende a un total de 63 769.0 mil millones de pesos. Del total, corresponde a los intereses un monto de 59 769.0 mil millones de pesos; y a los adeudos de ejercicios fiscales anteriores 4 000.0 mil millones de pesos. Se reduce así en 21.2 por ciento real este tipo de erogaciones, en relación con 1990.

Del total del servicio de la deuda, el Gobierno Federal participa con 56 887.4 mil millones de pesos, lo que representa el 89.2 por ciento. En términos reales, este servicio se reduce en 21.3 por ciento.

Los Organismos y Empresas en Presupuesto pagarán intereses por un total de 6 881.6 mil millones de pesos, frente a 7 671.0 mil millones de pesos en 1990, lo que representa una disminución real de 23.8 por ciento.

En conclusión, reitero el compromiso que esta Administración adquirió de fortalecer la capacidad del Estado, para responder al pueblo de México en su demanda legítima de una sociedad más justa, y más atenta al bienestar de los que menos tienen.

Este Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991 que someto a su consideración, busca cumplir este compromiso al apoyar la recuperación del crecimiento económico perdurable y sobre bases de justicia, en un marco congruente con la estabilidad de precios, y el saneamiento de las finanzas públicas.

Reitero a usted la seguridad de mi consideración más distinguida.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN Cd. de México, a 15 de Noviembre de 1990. EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CARLOS SALINAS DE GORTARI
 

B. INICIATIVA DE DECRETO APROBATORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 1991

INICIATIVA DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1991, se sujetarán a las disposiciones de este Decreto y a las aplicables a la materia.

Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las Dependencias del Ejecutivo Federal y los Ramos de Aportaciones a Seguridad Social y Erogaciones no Sectorizables para el año de 1991, importan la cantidad de $ 70,599,494,000,000 (SETENTA BILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL) y se distribuyen de la siguiente manera:

00002 Presidencia de la República 183,398,700,000

00004 Gobernación 536,584,300,000

00005 Relaciones Exteriores 490,067,000,000

00006 Hacienda y Crédito Público 2,737,215,700,000

00007 Defensa Nacional 2,840,986,100,000

00008 Agricultura y Recursos Hidráulicos 5,038,090,600,000

00009 Comunicaciones y Transportes 3,978,652,300,000

00010 Comercio y Fomento Industrial 4,573,642,400,000

00011 Educación Pública 20,915,715,300,000

00012 Salud 3,107,652,000,000

00013 Marina 883,196,200,000

00014 Trabajo y Previsión Social 295,935,000,000

00015 Reforma Agraria 353,511,300,000

00016 Pesca 191,637,300,000

00017 Procuraduría General de la República 395,034,900,000

00018 Energía, Minas e Industria Paraestatal 2,112,965,400,000

00019 Aportaciones a Seguridad Social 4,449,134,500,000

00020 Desarrollo Urbano y Ecología 699,272,100,000

00021 Turismo 240,344,300,000

00023 Erogaciones no Sectorizables 15,935,408,900,000

00025 Programación y Presupuesto 595,727,700,000

00027 Contraloría General de la Federación 45,322,000,000

Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.

Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para Solidaridad y Desarrollo Regional y Participaciones a Estados y Municipios para el año de 1991, importan la cantidad de $ 30,438,324,800,000 (TREINTA BILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) y se distribuyen de la siguiente manera:

00026 Solidaridad y Desarrollo Regional 5,117,391,300,000

00028 Participaciones a Estados y Municipios 25,320,933,500,000

Las previsiones por concepto de Solidaridad y Desarrollo Regional se orientarán a obras y proyectos de inversión de vivienda, educación, agua potable, salud, electrificación, infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos naturales, que atienden la demanda directa de las comunidades indígenas, campesinas y grupos populares urbanos. Los recursos por este concepto serán intransferibles.

Las erogaciones por concepto de Participaciones a Estados y Municipios se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1991, importa la cantidad de $252,307,300,000 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).

Artículo 5o. El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1991, importa la cantidad de $394,823,500,000 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).

Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el año de 1991 correspondientes a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluidos en este Presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:

00637 ISSSTE 4,603,400,600,000

00641 IMSS 17,588,432,700,000

04460 Productora e Importadora de

Papel, S.A. de C.V 834,511,600,000

06750 Lotería Nacional para la

Asistencia Pública 321,166,100,000

08095 Azúcar, S. A 546,490,200,000

08400 Instituto Mexicano del Café 150,888,400,000

08490 Productos Forestales Mexicanos 538,200,000

09085 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 501,245,500,000

09120 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios

Conexos 1,141,830,300,000

09143 Constructora Nacional de

Carros de Ferrocarril, S.A 287,886,900,000

09195 Ferrocarriles Nacionales de

México 4,033,231,100,000

10125 Compañía Nacional de

Subsistencias Populares 7,434,452,400,000

18164 Comisión Federal de

Electricidad 14,766,071,300,000

18180 Compañía de Luz y Fuerza

del Centro, S.A. (en

liquidación.) 2,463,050,200,000

18296 Fertilizantes Mexicanos, S.A 3,088,625,800,000

18572 Petróleos Mexicanos 21,594,372,400,000

SUMA: 79,356,193,700,000

Menos transferencias

incluidas en el Gasto del

Gobierno Federal 11,772,115,200,000

Importe Financiado con

recursos propios y créditos 67,584,078,500,000

Artículo 7o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el pago del servicio de la deuda del Gobierno Federal para el año de 1991, importan la cantidad de $ 52,887,460,300,000 (CINCUENTA Y DOS BILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) y se distribuyen de la siguiente manera:

00024 Deuda Pública 51,010,000,000,000

00029 Erogaciones para Saneamiento Financiero 1,877,460,300,000

Los intereses y comisiones correspondientes a las entidades paraestatales cuyos programas están incluidos en este presupuesto, ascienden a la cantidad de $6,881,594,400,000 (SEIS BILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).

Las asignaciones para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores del Gobierno Federal importan la cantidad de $ 4,000,000,000,000 (CUATRO BILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL).

El ejercicio de los recursos a que se refiere este artículo estará vinculado a la evolución de las condiciones económicas y sociales y, en su caso, se ajustarán a los requerimientos que demande el desarrollo nacional.

El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda, en términos nominales, por ser estas operaciones compensadas que no afectan el saldo neto de la deuda pública. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos compensados a la Cámara de Diputados, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable también, a las entidades a que se refiere el artículo 6o. de este Decreto.

Artículo 8o. Las erogaciones previstas en le Presupuesto de Egresos para el Ramo 00022 Órganos Electorales para el año de 1991, importan la cantidad de $ 763,939,000,000 (SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL).

ARTÍCULO 9o. Los titulares de las dependencias así como los órganos de gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los Programas Sectoriales de Mediano Plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.

Las Secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con las estrategias, prioridades y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los criterios de política económica, de los programas de desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la Administración Pública Federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinan.

Artículo 10. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto. La aprobación de los calendarios de gasto deberá quedar concluida, a más tardar, en los primeros 20 días del ejercicio.

Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, en su caso, podrá reservarse dicha autorización y solicitar a los coordinadores de sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas, en los siguientes casos:

I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en la relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos con base en lo dispuesto por el artículo 37 de este Decreto;

II. Cuando el análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados o se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;

III. En el caso de subsidios, el incumplimiento de la cuenta comprobada motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;

IV. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emitan las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público;

V. Cuando en los términos del artículo 28 del presente Decreto, se hayan celebrado convenios de asunción de pasivos y no se cumplan con las obligaciones pactadas y los programas de saneamiento respectivos o con los compromisos de déficit o superávit, y

VI. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.

Salvo lo previsto en los artículos 13 y 34 no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos así como ampliaciones líquidas a los presupuestos; en consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.

Las entidades no comprendidas en el presupuesto, se sujetarán a los calendarios de gasto que aprueben sus respectivos órganos de gobierno, con base en los lineamientos generales que emita la propia Secretaría.

Artículo 11. Para que las dependencias y entidades puedan ejercer créditos externos, será necesario que la totalidad de los recursos correspondientes se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la aprobación previa y expresa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Los recursos que se prevean ejercer por este concepto serán intransferibles y sólo podrán aplicarse a los proyectos para los cuales fueron contratados los créditos.

En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de deuda que los créditos generen.

Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Asimismo, y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades dentro de sus presupuestos autorizados, deberán utilizar los recursos externos disponibles en las instituciones financieras, para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.

Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales debidamente justificados y de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo 12. La Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio del presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.

Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, así como de los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como del Titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizar compromisos, salvo en lo previsto en el artículo siguiente.

Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 Constitucional, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del Ramo XXIII del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 13. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social o programadas y proyectos prioritarios y estratégicos del Gobierno Federal, con cargo a:

I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1, 2, 3 y 4 de su fracción II "Aportaciones y Abonos Retenidos a los Trabajadores por Patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", "Cuotas para el Seguro Social a cargo de Patrones y Trabajadores", "Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados Trabajadores" y "Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los Militares".

De estos ingresos, se asignarán a la cámara de Diputados los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos, en un monto que no exceda del 5 por ciento del gasto corriente presupuestado para el Poder Legislativo, los que serán ejercidos por conducto de la propia Cámara de Diputados;

II. Excedente relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este Decreto;

III. Remanentes que tengan las entidades paraestatales, entre sus ingresos y gastos netos, que se consignen como erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos, y

IV. Ingresos que obtenga el Gobierno Federal como consecuencia de la liquidación o extinción de las entidades paraestatales que se determine o del retiro de la participación estatal en aquéllas que no sean estratégicas o prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros.

El monto de los ingresos adicionales que resulten de las operaciones señaladas en el párrafo anterior se destinará a financiar proyectos de inversión productiva de entidades estratégicas y prioritarias existentes o para la constitución de nuevas entidades paraestatales que se justifique, de acuerdo a los requerimientos de desarrollo del país.

En el caso de excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este Decreto, serán canalizados para fortalecer, cuando así lo amerite, su propia situación financiera.

Asimismo, se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el Gobierno Federal, por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas y proyectos específicos para los que hubieren sido contratados.

El Ejecutivo Federal al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente a 1991, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición y hará el análisis de su aplicación.

Artículo 14. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados.

Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de los órganos de gobierno de las propias entidades.

Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva, sin afectar los programas prioritarios del gasto social y, en general, los programas estratégicos y prioritarios, optando preferentemente en los casos de programas de inversión, por aquéllos de menor productividad e impacto social y económico.

En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 15 por ciento, el Ejecutivo Federal, en el contexto de los párrafos anteriores, procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar e informará, también de inmediato, a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Artículo 15. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.

Artículo 16. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambios, quedarán definitivamente como economías del presupuesto.

En el caso de servicios personales las economías definitivas podrán aplicarse a programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que las generen, sujetándose a los lineamientos administrativos que al efecto expida la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Artículo 17. La administración, control y ejercicio de los Ramos de Erogaciones no Sectorizables, de Aportaciones a Seguridad Social y de Solidaridad y Desarrollo Regional a que se refiere el presente Decreto, se encomienda a la Secretaría de Programación y Presupuesto. La administración, control y ejercicio de los Ramos de Deuda Pública, de Participaciones a Estados y Municipios y de Erogaciones para Saneamiento Financiero será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CAPÍTULO SEGUNDO

DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTALES.

Artículo 18. Sin perjuicio de lo que establece el presente Decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.

Artículo 19. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar, conforme a los programas y recursos en este presupuesto, la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.

Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello garantice el incremento de su productividad, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de gobierno, debiendo informar de lo anterior a las Secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación.

La designación y contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores surtirá efectos a partir de la fecha de la autorización correspondiente, sin que en ningún caso pueda dárseles efectos retroactivos.

En el caso de las estructuras de las dependencias y entidades ya autorizadas, no podrán llevarse a cabo conversiones de plazas, puestos y categorías en ellas comprendidos, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cual deberá recabarse la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto, para el caso de las dependencias y del órgano de gobierno respectivo, tratándose de las entidades paraestatales.

Las dependencias y entidades no podrán modificar su estructura orgánica básica y ocupacional aprobada en el ejercicio de 1990, debiendo ser éstas acordes con las normas emitidas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, por lo que cualquier adecuación sólo podrán hacerla las dependencias, previa autorización de dicha Secretaría y las entidades paraestatales por su órgano de gobierno, conforme a los lineamientos que se dicten para tal efecto, de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tales adecuaciones no podrán implicar traspaso o ampliación a las previsiones presupuestales por las dependencias y entidades por concepto de servicios personales, ni incremento en el número de plazas.

Artículo 20. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales deberán:

I. En las acciones de descentralización, dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas, sin que ello implique la creación de nuevas plazas;

II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto para las dependencias y en el caso de las entidades, por el órgano de gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia en la actuación y otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano de gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior.

Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las entidades paraestatales, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;

III. Abstenerse de cubrir gastos por concepto de honorarios que rebasen los montos autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuesto o bien, que en cualquier forma supongan el incremento del número de los contratos relativos, celebrados en el ejercicio de 1990.

Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o entidad de que se trate.

La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuente. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate;

IV. Observar la normatividad que emita la Secretaría de Programación y Presupuesto, en materia de remuneraciones a título de consejeros en órganos de gobierno, o sus equivalentes de entidades paraestatales;

V. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y

VI. Abstenerse de realizar cualquier transferencia de recursos de otros capítulos de Servicios Personales.

Artículo 21. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este Decreto y las que resulten aplicables a la materia.

Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior, para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales cuando dichas erogaciones se encuentran expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. Asimismo, continuarán en coordinación con las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Programación y Presupuesto revisando dichas cuotas en relación con los fines de los organismos y sus propias atribuciones, a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando en el contexto de las prioridades nacionales no se justifiquen.

Durante el ejercicio de 1991, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector, en función de las disponibilidades de recursos, adoptará medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las presentaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior.

Artículo 22. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ejercicio de sus presupuestos para el año de 1991, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:

I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensable para la operación. En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan;

II. Vehículos terrestres y marítimos con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud y del desarrollo de programas productivos prioritarios de servicios básicos, y

III. Vehículos aéreos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía, así como la procuración de justicia.

Cualquier erogación que realicen las dependencias por los conceptos previstos en las fracciones anteriores, requerirá de la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto en forma específica y previa al ejercicio del gasto correspondiente.

Tratándose de entidades paraestatales, se requerirá de la autorización específica y previa de su órgano de gobierno, la cual deberá sujetarse a la normatividad vigente.

Artículo 23. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable, su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o del órgano de gobierno de la entidad correspondiente:

I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero; congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de servicios bancarios, correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable; y donativos, en los términos del artículo 29 de este Decreto;

II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones, y

III. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.

Las erogaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991 deberán ser autorizadas previamente por las Secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto y las que efectúen las entidades, se autorizarán por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas Secretarías.

Artículo 24. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1991:

I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras vinculadas a la prestación de los servicios de educación, salud, vivienda, equipamiento urbano, producción y abasto de alimentos, seguridad e impartición de justicia, con especial atención de aquéllos que se orienten a satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos; así como para la modernización de la infraestructura básica de comunicaciones y transporte, hidráulica, energía eléctrica y abasto de combustibles; a los que estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y los que presenten un mayor grado de avance físico.

Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos, cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos financieros para su terminación, puesta en operación y mantenimiento y en ningún caso, cuando existan otros proyectos similares que puedan ser concluidos con los recursos disponibles;

II. Se deberá aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos;

III. Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra;

IV. Se deberán estimular los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción, comprendidos en la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.

En el caso de proyectos y obras de beneficio social se concertará, con arreglo a la ley, la participación activa de las comunidades locales;

V. Los proyectos de inversión financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las dependencias y entidades y sujetarse a los términos de las autorizaciones que otorguen las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus respectivas atribuciones; asimismo, los ejecutores de gasto y los agentes financieros del Gobierno Federal, informarán a las citadas Secretarías, del ejercicio de los créditos con base en los recursos autorizados en sus respectivos presupuestos;

VI. Las inversiones financieras con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, serán aquellas estrictamente necesarias y se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:

a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y

b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.

Las inversiones financieras deberán estar vinculadas a programas de saneamiento financiero, productividad y eficiencia y responder a las orientaciones de los programas sectoriales de mediano plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse además a lo que dispone el artículo 28 de este Decreto, y

VII. Las entidades paraestatales deberán ajustar sus programas de expansión productiva con los programas de mediano plazo correspondientes, con las prioridades de la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de Desarrollo y con las previsiones de recursos disponibles.

Artículo 25. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se sujetarán a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:

I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;

II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;

III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que, al mismo tiempo, eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;

IV. Los subsidios para las actividades productivas serán congruentes con los fines de la estrategia económica del Plan Nacional de Desarrollo, dando prioridad a las actividades del sector social, y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra, a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos y a promover la capacidad de exportación y la generación de divisas;

V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme a las necesidades sociales y con el objeto de preservar el nivel de ingreso de los productores. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y del poder adquisitivo de la población;

VI. Las transferencias destinadas al apoyo de entidades paraestatales se deberán orientar selectivamente hacia actividades estratégicas y prioritarias, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;

VII. Se requerirá la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para otorgar transferencias que se pretendan destinar a inversiones financieras;

VIII. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investigación en instituciones públicas, a la capitalización de las empresas públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;

IX. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales, y

X. No se deberán otorgar transferencias cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.

Artículo 26. La Secretaría de Programación y Presupuesto autorizará las transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos a las dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales bajo su coordinación, verificando previamente:

I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;

II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y

III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.

Las dependencias coordinadoras de sector podrán suspender las ministraciones de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico - financiera en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, informando de inmediato a la Secretaría de Programación y Presupuesto; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 de este Decreto.

Artículo 27. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.

Artículo 28. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades paraestatales convenios para:

I. El establecimiento de metas de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado, y

II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente a más tardar el 31 de agosto de 1991 a la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento y sea aprobado por ésta.

La Comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios, respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, las dependencias que integran la Comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrán a la dependencia coordinadora de sector y a la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con base en las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, informará anualmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.

Las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, establecerán los alineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y harán la determinación de las entidades paraestatales con que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios.

Artículo 29. La Secretaría de Programación y Presupuesto no podrá autorizar subsidios, ni las dependencias y entidades otorgar donativos y ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social. Tampoco se otorgarán a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan de éste.

Artículo 30. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 del presente Decreto.

Artículo 31. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades. En todo momento, se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.

Para la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, resolverá lo conducente, debiendo dar prioridad a las dependencias y entidades que hubiesen generado dichos ahorros, para estimular así la creatividad y productividad de las mismas.

Artículo 32. Las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberá sujetarse las dependencias y entidades respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles salvo en el caso de valores emitidos por el sector público. Para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Públicos a que se refiere el artículo 37 de este Decreto.

A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal informarán de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, en los términos que se establezcan con base en lo dispuesto por el artículo 37 del presente Decreto.

Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa equivalente al rendimiento promedio de las emisiones de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días del mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de esta tasa se efectuará sobre los adeudos reportados por el Sistema de Compensación de Adeudos del Sector Público, desde la fecha en que debieron liquidarse tales adeudos.

Artículo 33. El Banco de México, en función del monto de divisas requerido para el Presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará a petición de las dependencias y entidades, las divisas necesarias para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera, debiendo las mismas informar a las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen al respecto, de acuerdo con los flujos reales establecidos.

Artículo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento que se presenten. En estos casos se cuidará no afectar los programas de inversiones prioritarios.

Artículo 35. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1991, serán los siguientes:

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.

Artículo 36. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado, en su caso, por lo menos a tres u ocho proveedores, según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1991, serán los siguientes:

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe de Impuesto al Valor Agregado.

Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.

Artículo 37. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General de la Federación y el Banco de México, operarán el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público. Las propias dependencias establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho Sistema, los cuales deberán ser conocidos por las dependencias y entidades, a más tardar dentro de los primeros 30 días del ejercicio.

Las dependencias y entidades deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el Sistema. Para tal efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, conjuntamente con la coordinadora de sector, harán compatibles los requerimientos de información que demande el Sistema, racionalizando los flujos de información.

Artículo 38. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.

El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, incluyendo las de las entidades paraestatales que celebren convenios de Déficit o, en su caso, superávit financiero y hará asimismo, las aclaraciones que ésta le solicite, a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.

Los informes trimestrales deberán se presentados a más tardar 45 días después de terminado el trimestre de que se trate.

Artículo 39. Para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por la Ley o decreto del Congreso de la Unión se requerirá autorización previa del mismo.

En los términos de los artículos 15, 16 y 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los respectivos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo podrá proceder a la desincorporación de entidades paraestatales, comprendidas en este Decreto, sujetándose a las siguientes bases:

a) Las propuestas que formule la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios; enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, los cuales deberán considerar el efecto social y productivo de estas medidas incorporando los puntos de vista de los sectores interesados, y

b) Enviar previamente informe escrito, a la Cámara de Diputados, de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.

La Cámara de Diputados vía la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la información a que se refiere al inciso b) anterior y en su caso dará su opinión.

Artículo 40. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las leyes que resulten aplicables y el presente Decreto, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y entidades coordinadas y no coordinadas, en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales y podrá requerir en las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 41 de este Decreto.

Del cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se dará cuenta a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 38 de este Decreto y en la Cuenta de Hacienda Pública Federal.

Artículo 41. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación y los órganos internos de control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la ley, comprobarán el cumplimiento, por parte de las propias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las obligaciones derivadas en este decreto.

Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, en los términos de la coordinación que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 42. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.

TRANSITORIO

UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 1991. Reitero a ustedes la seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

Ciudad de México, D. F., 15 de Noviembre de 1990.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CARLOS SALINAS DE GORTARI.

(Turnada a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Noviembre 15 de 1990.)