De Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1992, presentada por el Ejecutivo federal en la sesion del viernes 15 de noviembre de 1991
 

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en cumplimiento por lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar a ustedes, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1992.

Reitero a ustedes esta oportunidad de seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo, No Reelección.

México D.F., 15 de noviembre de 1991. - El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.
 

CIUDADANOS SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E S

De conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo a mi cargo, somete, por su digno conducto, a la consideración de esa Honorable Representación Nacional, la iniciativa de Decreto y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al año de 1992, para su examen y, en su caso, aprobación.

El Sistema Nacional de Planeación Democrática guarda la debida congruencia con el marco constitucional, que consagra la rectoría del Estado y promueve una amplia participación de los sectores privado y social. En la modernización de México se combinan un amplio esfuerzo de concentración y un ejercicio moderno de la autoridad, que permite hacer frente a las nuevas realidades de la sociedad mexicana.

La edificación de la estructura económica y social para el desarrollo requiere una transformación profunda de las relaciones entre Estado y sociedad Las necesidades y demandas sociales crecientes, la evolución de la economía nacional y el nuevo contexto internacional, han animado la modernización del aparato estatal, con el fin de hacerlo más eficiente y dotarlo de una nueva capacidad para cumplir con sus responsabilidades y su compromiso social.

Los resultados del proceso de modernización son positivos en 1991. Por tercer año consecutivo, se espera una tasa de crecimiento del PIB superior a la dinámica demográfica, mientras que la inflación continúa descendiendo. La recuperación ha permitido avanzar en la creación de empleos. La estrategia seguida ha acrecentado la confianza de los inversionistas, lo cual se refleja en la recuperación de la inversión privada, nacional y extranjera. El saneamiento de las fianzas públicas ha contribuido al proceso de estabilización; el déficit financiero del sector público federal pasó del 12.4 por ciento del Producto Interno Bruto en 1988, a un superávit previsible para el cierre del presente año.

A fin de consolidar el crecimiento con estabilidad de precios, es necesario perseverar en la estrategia económica. A la sociedad y al Gobierno de la República les corresponde proseguir avanzando en la superación de los retos económicos y sociales. Es necesario profundizar en la modernización de la educación y del campo.; ampliar la dotación de servicios básicos a la población; construir gran número de viviendas; mejorar el sistema de salud y servicios asistenciales; reconocer la naturaleza actual de las demandas de los campesinos, y procurar un impulso decidido a la producción en el Sector Rural para incorporarlo al progreso nacional. Es preciso acentuar en el combate a la pobreza extrema y fortalecer la infraestructura económica y social que permitirá construir el México del siglo XXI.

La estrategia económica propuesta por el Gobierno de la República, tiene como condición básica el mantenimiento del equilibrio en las finanzas públicas, a fin de continuar disminuyendo los niveles de inflación, hasta alcanzar cifras similares a las de nuestros principales socios comerciales.

La política continuará apoyando el proceso de estabilización de la economía, al mantener un nivel de erogaciones congruente con la disponibilidad de recursos y los presupuestos aprobados, para así conservar el superávit en las finanzas públicas y evitar el financiamiento inflacionario. En este contexto, la más alta prioridad continuará siendo el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. La orientación selectiva del gasto permitirá un incremento real, por cuarto año consecutivo, de los recursos destinados al bienestar social.

La Iniciativa de Decreto y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 1992, que se han integrado para el examen de esa Honorable Cámara de Diputados, buscan contribuir al cumplimiento de estos propósitos. La orientación general establece como prioridad la consolidación de un crecimiento económico sostenido, capaz de reflejarse en el mejoramiento de los niveles de vida de la población, particularmente de los grupos de menores ingresos.

Así, se ha formulado una política de gasto que permitirá un moderado crecimiento real de las erogaciones programables, congruente con la magnitud de los ingresos públicos y con la observancia de la disciplina fiscal. Las asignaciones del gasto se han realizado con estricto apego a los criterios de selectividad, eficiencia y racionalidad, por lo que su ejercicio garantizará la promoción del bienestar social y el avance en la transformación estructural de las diversas ramas y sectores de nuestra economía. La participación decidida de la sociedad, en apoyo de los grandes objetivos nacionales, permitirá continuar avanzando en el despliegue de las potencialidades de México.

POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO

De conformidad con los objetivos establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, de lograr la recuperación económica con estabilidad de precios, y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población la estrategia presupuestal ha contribuido a la estabilización de la economía y ha modificado la composición del gasto público impulsando las prioridades del desarrollo y, en particular, sustentando una nueva política social, fiscalmente responsable y económicamente viable, que promueve el nivel de vida de los mexicanos.

Durante los pasados tres años, gracias a la política aplicada se ha mantenido el monto de las erogaciones en niveles compatibles con las metas de las finanzas públicas, apoyando con ello el proceso de estabilización y favoreciendo la sana evolución de la balanza de pagos y el mercado cambiario. Asimismo, se han orientado los recursos disponibles hacia las áreas de actividad pública que vigorizan la infraestructura económica y social de México. El propósito es preservar y acrecentar la recuperación de un crecimiento económico en condiciones que lo hagan sosteniendo, que sea más equilibrado entre las regiones del país y más equitativo entre los diversos sectores de la sociedad. La estabilización de la economía debe propiciar un crecimiento que favorezca el fortalecimiento de la soberanía nacional, la ampliación de nuestra democracia y haga efectiva una mayor justicia social.

Uno de los instrumentos más valiosos de la política económica para impulsar el desarrollo es el gasto público: un gasto público bien dirigido, circunscrito a las áreas estratégicas y prioritarias de acción estatal directa, y ejercido con honestidad y eficiencia. Pero es indispensables que el gasto sea financiado con recursos no inflacionarios. En la experiencia de nuestro país y de otras naciones de América Latina está fresca la lección de que la actividad económica estimulada con un gasto deficitario, produce inicialmente un crecimiento errático que acaba por diluirse en crisis. Ello se debe a que dicho gasto deficitario no genera los recursos necesarios para su mantenimiento y, por el contrario, dispara la inflación y agudiza el desequilibrio externo. Por lo demás, la debilidad fiscal precipita situaciones recesivas que invariablemente se traducen en graves costos sociales, afectando a todos los sectores, en particular a los menos favorecidos.

El papel que ha desempeñado el ajuste del gasto público en la estabilización de la economía mexicana es muy apreciable. El gasto público presupuestal se ha reducido significativamente: como proporción del producto interno bruto (PIB), pasó de representar el 39.8 por ciento en 1988, al 27.0 por ciento estimado para el cierre de 1991. Empero, de manera simultánea se han incrementado las erogaciones destinadas a las áreas prioritarias, muy especialmente, a aquellas relacionadas con el desarrollo social y con el mejoramiento productivo de las condiciones de vida de la población de más bajos recursos.

Entre los factores que han permitido combinar la reducción significativa del gasto público total con aumentos considerables en la atención presupuestal para áreas prioritarias, destacan un estricta selectividad en la asignación de recursos, la desincorporación de empresas públicas no estratégicas ni prioritarias, una mejor administración que permite eliminar gastos prescindibles, y la participación del financiamiento privado en la ampliación de la infraestructura económica del país en los campos y bajo los términos que marca la Ley. Sin duda, otro factor de gran relevancia para retomar el crecimiento y fomentar el desarrollo nacional, ha sido la disminución sustancial de la deuda pública y de su servicio.

En efecto, se estima que en los tres primeros años de la presente Administración, la relación entre deuda pública y PIB habrá pasado del 62.4 por ciento en el año 1988, al 38.4 por ciento en 1991. 1/ Es bien sabido que uno de los elementos importantes que permitieron al sector público eliminar su endeudamiento excesivo fue la negociación de la deuda externa. Aunado a ello, la adecuada conducción de la política de ingresos y la disciplina en el ejercito del gasto público han llevado a obtener, por primera vez, un saldo superavitario en el balance financiero del sector público. Esta saludable condición de las finanzas del gobierno reafirma la estabilidad económica e impulsa el progreso sobre bases permanentes.

Como resultado de la reducción del saldo de la deuda y la diminución de las tasas de interés - esta última alentada por los avances en la estabilización económica - , se ha menguado la carga de la deuda pública hasta llegar a que su proporción respecto del tamaño de la economía se reduzca a una tercera parte de la relación que guardaba en 1988. De este modo, en el curso de los tres primeros años de la actual Administración, la proporción del PIB destinada al pago de intereses totales se redujo , de 17.9 a 5.8 por ciento. Conviene recordar que mientras en 1987 el sector público presupuestal dedicaba el 47.2 por ciento de su gasto al pago de intereses de la deuda, en 1991 la porción del gasto presupuestal destinada a ese servicio será previsiblemente de sólo 21.1 por ciento.

El gasto programable estimado para el año de 1991 equivale al 17.6 por ciento del producto interno bruto. 2/ El Gobierno de la República ha ejercido la rectoría de la economía y ha velado por atender su compromiso social, con claridad en el desarrollo, más por la orientación del gasto público que por sus montos. En ello ha predominado una completa coherencia con las pautas establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo, 1989 - 1994.

1/ Existen diversos conceptos de deuda pública que sirven para distintos propósitos de análisis, según se tomen o no en cuenta los pasivos del sector público, para el cual representan un activo. cuando a los pasivos financieros del sector público se resta el valor de sus activos, se obtiene el concepto de deuda neta; de lo contrario, el resultado es la deuda bruta. También la cobertura puede ser diferente. El concepto de deuda pública consolidada a que hace referencia el texto enmarca a toda la Administración Pública Federal y al Banco de México. Tanto por su cobertura como por referirse a la deuda neta, este concepto difiere del reportado en otros documentos.

2/ El gasto programable es el gasto total del sector público presupuestal menos lo que se conoce como gasto no programable: costo de la deuda, participaciones a Estados y Municipios en ingresos federales, y pagos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Para hacer compatible la respuesta a las demandas de bienestar de la población con la provisión de una infraestructura acorde a las necesidades del desarrollo y con la política de control del gasto público, se ha transformado la estructura del gasto programable. Ello ha permitido que en los últimos tres años, el porcentaje del gasto programable destinado al Sector de Desarrollo Social - que incluye educación, salud, desarrollo urbano, ecología, abasto social y el Programa Nacional de Solidaridad pasará de representar el 33.0 por ciento en 1988, a un 45.5 por ciento estimado para 1991.

De otro lado, la política de gasto público ha contribuido al fortalecimiento financiero de los gobiernos estatales y municipales, dentro de las disponibilidades financieras y conforme a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal. Durante el trienio inmediato anterior, las participaciones a estados y municipios han aumentado en un 15.6 por ciento, en términos reales.

Objetivos de la política de gasto para el año de 1992

Como se ha señalado, la relevancia económica y social de los aspectos que deben ser atendidos por el gasto público impone que su ejercicio se lleve a cabo bajo una rigurosa selectividad, con apego a evaluaciones ponderadas acerca de su impacto social, y con la más estricta disciplina presupuestal. En este contexto, la asignación de los recursos públicos se efectúa de acuerdo con las prioridades marcadas en el Plan Nacional de Desarrollo: de una parte, infraestructura social, en que destacan rubros como educación, salud, vivienda, agua potable, ecología, abasto social, y, de manera señalada, la atención a las necesidades de la población de bajos ingresos a través del Programa Nacional de Solidaridad. De otra parte, infraestructura económica, que incluye la provisión de las condiciones generales para el desenvolvimiento de la actividad económica, como carreteras, ferrocarriles y puertos, y generación y suministro de energía, entre otras.

Tomando en consideración los avances alcanzados en materia presupuestal, así como la necesidad de consolidarlos y fortalecerlos, los objetivos de la política de gasto propuestos para 1992 son:
 

1. Contribuir a alcanzar las metas de finanzas públicas propuestas en los Criterios Generales de Política Económica correspondientes a 1992, para avanzar en la recuperación del crecimiento económico con estabilidad de precios.

II. De conformidad con las prioridades señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo, 1989 - 1994, avanzar en la reestructuración de las erogaciones públicas, haciendo énfasis en la infraestructura social y económico, y asignado la más alta prioridad presupuestal al gasto social, en particular al encaminado a satisfacer las necesidades de los grupos de menores ingresos.

III. Impulsar de manera especial y con apoyo en la reestructuración y ejecución del gasto público, las acciones orientadas a la modernización de dos áreas fundamentales del desarrollo, el campo y la educación, que, en las condiciones del país, demandan un gran esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno.

Principales acciones estratégicas

Para alcanzar los objetivos de la política de gasto público en 1992, se proponen, entre otras, las siguientes diez acciones:

1. Ajustar las erogaciones presupuestales a las metas fiscales requeridas para seguir avanzando en 1992 hacia la estabilidad definitiva de precios.

Se ha fijado la meta de reducir en 1992 el nivel de la inflación a un solo dígito. Este propósito requiere una convergencia adecuada de los diferentes instrumentos de la política económica y financiera. Para abatir de manera permanente la inflación, es preciso, en especial, mantener los resultados de las finanzas públicas que sigan contribuyendo a la estabilidad de los mercados de bienes, servicios y créditos. El documento de los Criterios Generales de Política Económica propone alcanzar, en 1992, un superávit fiscal de 0.8 por ciento del producto interno bruto, sin tomar en consideración los ingresos que genere la venta de instituciones bancarias durante el año. Si se incluirán dichos ingresos, deberá lograrse un superávit fiscal equivalente al 3.1 por ciento del PIB.

Es claro que el superávit programado de las finanzas públicas es un eje central de la estrategia antiinflacionaria; de ahí que la disminución real del gasto público será una de las medidas fundamentales. Consecuentemente, se propone que el gasto presupuestal sea de 249 billones 245 miles de millones de pesos, con lo que se reducirá un 2.0 por ciento en términos reales, respecto del estimado al cierre de 1991. De este modo, el gasto presupuestal, como proporción del PIB, pasaría de 27.0 por ciento en 1991, a 25.4 por ciento en 1992.

Al igual que en los años inmediatos anteriores, la disminución del gasto total será acompañada por incrementos en las erogaciones orientadas a las áreas estratégicas y prioritarias de la actividad gubernamental. Esto será posible, entre otros factores, por la reducción del costo de la deuda pública a su vez, resultado de la disciplina fiscal mantenida durante los últimos años, por los efectos de la negociación de la deuda externa y por la disminución de los réditos domésticos frente a las favorables perspectivas económicas del país. El pago de intereses de la deuda pública total, que pasó de 17.9 por ciento del producto interno bruto del país en 1988, a 5.8 por ciento en 1991, mostrará un decremento adicional hasta significar, en 1992, el 4.2 por ciento del producto. Conviene tener presente que, de haberse mantenido los porcentajes que guardaba el pago de intereses de la deuda pública presupuestal respecto al PIB en 1988, el año entrante nuestro país tendría que erogar alrededor de 172.5 billones de pesos por este concepto. En cambio, el desendeudamiento y la disminución de los intereses totales permitirán que el monto estimado de ese concepto sea de 41 billones 644.4 miles de millones de pesos.

Como resultado de lo anterior, el porcentaje del presupuesto que se dedica al pago de intereses de la deuda tendrá una disminución significativa en 1992, añadiéndose a las importantes reducciones registradas en los tres primeros años de la actual Administración Pública Federal. La importancia de ello se refleja en que, por ejemplo, mientras en 1988 de cada peso de gasto 44 centavos fueron intereses de la deuda pública, en 1991 ese gasto se redujo a 21 centavos por cada peso. El proyecto que se somete a consideración de la H. Cámara de Diputados, contempla que, en 1992, el pago de intereses se reducirá a 16 centavos por cada peso de gasto.

Por su parte, el gasto programable que se propone para 1992 alcanza la cifra de 172 billones 997.6 miles de millones de pesos, con un crecimiento real estimado de 4.0 por ciento, respecto de 1991. Ello significa que el gasto programable se incrementaría al mismo ritmo que el producto interno bruto, con lo que se conservaría igual su correspondencia respecto al tamaño de la economía.

2. Continuar la reestructuración del gasto programable, de conformidad con las prioridades de la estrategia nacional de desarrollo, especialmente en los referente al gasto social.

Entre 1988 y 1991, el gasto público en el Sector de Desarrollo Social Educación, Salud, Desarrollo Urbano, Desarrollo Regional. Ecología, Abasto Social y el Programa Nacional de Solidaridad, se incrementó un 41.4 por ciento real. Para 1992 se plantea un incremento adicional, en términos reales, de 17.8 por ciento. Así, en los cuatro años desde 1989, se habrá incrementado el gasto en desarrollo social en 66.5 por ciento, en términos reales. El impacto social de estas cifras se expresa complementariamente en el hecho de que, para 1992, se propone que el gasto en desarrollo social equivalga, al 51.4 por ciento del gasto programable. Si recordamos que en 1988 esa proporción esa del 33.0 por ciento, cobra su cabal importancia el que, con los montos propuestos para 1992, se habrá logrado que en el lapso de cuatro años, la participación del gasto social en el total del gasto programable tenga un incremento de casi 20 puntos porcentuales.

De este modo, por ejemplo, el aumento del gasto que se propone para el año entrante en salud es de 10.6 por ciento real, con un incremento acumulado real de 59.0 por ciento entre 1988 y 1992. De igual modo, el Programas Social de Abasto, que incluye el subsidio dirigido al consumo de alimentos básicos de la población de bajos ingresos, incrementaría su presupuesto en 27.5 por ciento, en términos reales, respecto de 1991.

3. Fortalecer la educación elevando la calidad, incrementando la cobertura y vinculando la administración a la comunidad a la que se sirve.

Como pocas acciones conjuntas del Estado y la Sociedad, la educación en México ha sido uno de los medios más destacados para preservar la unidad nacional, fomentar los valores de nuestra cultura y de nuestra historia, y desplegar la participación de todos los grupos sociales. el sistema educativo del país ha sabido acompasar su desenvolvimiento a los intereses y a las necesidades estratégicas de la Nación. El contexto mundial que ya se prefigura en esta última década del siglo demandará una sociedad con un sistema de educación básica que asegure un alto nivel suficiente de conocimientos en áreas básicas como el idioma, las matemáticas, la historia y el civismo; con segmentos amplios de profesionistas y técnicos adiestrados en ramas de alta especialización; con una comunidad de investigadores capaces de generar un conocimiento científico que, en lo básico, sea innovador y que, en lo tecnológico, tenga aplicaciones de provecho productivo. La estrategia de modernización reclama una reforma en la calidad de nuestra educación - de manera principal en los ciclos de enseñanza básica - así como el fortalecimiento de su vinculación con la sociedad.

En el marco de la responsabilidad solidaria que se deben los distintos niveles de gobierno para garantizar el acceso a la educación pública consagrada por la Constitución Política de la república, en 1992 serán prioritarios el mejoramiento de la calidad educativa y las condiciones de vida del magisterio, en particular las del que atiende la educación básica. Para el Gobierno Mexicano, el gasto en educación entraña una inversión en capital humano: en las generaciones que habrán de asumir las tareas del desarrollo en el futuro.

El presupuesto de gasto respaldará la reforma de calidad de la educación que contempla, entre otras acciones, la elaboración de un nuevo modelo pedagógico de la educación básica, y el otorgamiento de recursos extraordinarios hacia las entidades que presentan un mayor rezago educativo. Asimismo, se continuará apoyando la rehabilitación y construcción de espacios escolares, dotándolos con equipo y materiales didácticos para el óptimo desenvolvimiento de las actividades de enseñanza - aprendizaje, y se incrementará el número de becas para niños de familias con escasas posibilidades para evitar que abandonen la escuela.

La política de gasto público contribuirá a transformar la estructura de la actividad educativa, actualizar su equipamiento, diversificar las fuentes de su financiamiento y reformular sus contenidos y métodos. En consecuencia, se continuarán encauzando recursos creciente a este rubro, y se seguirán incrementando las percepciones del magisterio, hasta que alcance profesionalizarlo de acuerdo con la labor que realiza; Para ello, se propone un aumento real del gasto educativo del 25.9 por ciento en 1992. Con ello el incremento real acumulado entre 1988 y 1992, en este rubro prioritario del presupuesto, equivaldría al 62.9 por ciento.

4. Apoyar las actividades agropecuarias, a fin de mejorar las condiciones de vida rural y fomentar la producción del campo.

Los campesinos del país están mostrando con su esfuerzo cotidiano que es impostergable una reforma que parte del reconocimiento de las condiciones reales en el campo, de la nueva naturaleza de sus necesidades y que responda a los reclamos de las generaciones de hoy. Se deben de atender los retos actuales del sector rural, con fundamento en nuestra memoria histórica y con la mirada en el futuro. El campo mexicano demanda una nueva actitud; nos pide ahondar en nuestro pasado, preservando el espíritu de justicia social de la Constitución de 1917. A la vez exige la comprensión clara y objetiva de la realidad y una ponderación equilibrada de sus perspectivas futuras. Ello es indispensable para determinar la orientación del cambio aquello que debe ser transformado. Se trata de que en el campo impulsemos la producción, la iniciativa y la creatividad de los campesinos para asegurar el bienestar de sus familias.

Con objeto de poner en marcha la transformación integral del campo, el Ejecutivo Federal envió el 7 de noviembre de 1991 a la consideración del H. Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa busca llevar más justicia y libertas al campo mexicano. Mayor justicia al ampliar las oportunidades productivas y dar acceso a un ingreso digno para la población del México rural. Mayor libertad al permitir al campesino decidir, en el marco jurídico en el que actúan todos los mexicanos, la forma de producir y organizarse que más le convenga.

La respuesta al campo tiene que ser integral. Se requiere reforma legal, pero también reactivación y recuperación productiva, a partir de respuestas precisas a las sentidas demandas de los campesinos. En consecuencia, se ha anunciado un programa integral de apoyo al campo con recursos que lo capitalicen, aumenten el otorgamiento de crédito, amplíen la cobertura del seguro agrícola, fortalezcan la infraestructura y la tecnología, desarrollen los mecanismos de comercialización, abran opciones de proyectos productivos y formas de asociación, y que protejan la vida y las labores comunitarias. La meta es ensanchar el horizonte productivo, ampliar las oportunidades de trabajo, y fomentar la participación de los campesinos incorporándolos al progreso nacional.

Se propone destinar un total de gasto de 9 billones 377.3 miles de millones de pesos al desarrollo rural. Ello representa un incremento de 20.0 por ciento en términos reales - o sea cinco veces el incremento previsto para la economía en su conjunto y para el gasto programable total respecto de 1991.

A infraestructura hidroagrícola se destinarían 1 billón 702 mil millones de pesos, monto superior en más del 30 por ciento en términos reales respecto a lo ejercido en 1991

Para AGROASEMEX, se propone una transferencia de recursos fiscales por 200 mil millones, que se requieren para incrementar al 30 por ciento el subsidio federal de la prima del seguro y atender a casi 2 millones de hectáreas frente a las 900 mil atendidas en 1991.

A BANRURAL se canalizarían un billón de recursos fiscales, que permitirían aumentar a más de 5 billones su capacidad de crédito, lo que significa un aumento de más del 50 por ciento. En cuanto a la cartera vencida de esa institución, se le dará una solución definitiva, sin disponer la cancelación generalizada, generalizada, porque sería injusto para los que si han pagado e indigno para los demás.

Se creará el Fondo Nacional para las Empresas de Solidaridad, para impulsar la creación de empresas agrícolas, agroindustriales, de extracción y microindustriales, en beneficio de los campesinos, con recursos del Sector de desarrollo rural y del Programa Nacional de Solidaridad, el Fondo contaría en 1992 con 500 mil millones de pesos.

A fin de dar un paso decisivo en el abastecimiento del rezago agrario, se propone una asignación presupuestal de 686.2 miles de millones de pesos para la Secretaría de la Reforma Agraria. Con ello, su presupuesto aumentaría 50 por ciento en términos reales.

El presupuesto de 1992 también dará una esmerada atención a la investigación de nuevas variedades y técnicas de cultivos, así como al extensionismo, para mejorar los rendimientos por hectárea de la producción agrícola y recuperar el dinamismo de la productividad del campo. No se puede soslayar la importancia del efecto de la investigación sobre rendimientos productivos; su rentabilidad social es muy significativa. Por ello, se propone un incremento de recursos a la investigación y el desarrollo tecnológico del campo, de casi 30.0 por ciento en términos reales.

Mientras subsistan grandes rezagos y contrastes entre el campo y las ciudades, entre la agricultura y las demás actividades productivas, persistirá la demanda de superar las condiciones de vida en el campo como uno de los retos fundamentales del desarrollo de México. De ahí que los diferentes programas sociales, como educación, salud y, muy especialmente, el Programa Nacional de Solidaridad orienten a gran parte de sus acciones hacia las comunidades rurales, sumándose al impacto del presupuesto propio del sector.

5. Atender los reclamos de la población de más bajos ingresos, a través del Programa Nacional de Solidaridad.

El Programa Nacional de Solidaridad forma parte de la política del Estado Mexicano para revertir las causas de la pobreza. El Programa Nacional de Solidaridad impulsa tareas propuestas y desarrolladas por las propias comunidades a través de los Comités de Solidaridad que ellas mismas han organizado. El sentimiento y la acción de Solidaridad se han traducido en escuelas dignas; en acceso a electricidad, agua potable y drenaje; en seguridad y amparo legal sobre la vivienda mediante la obtención de escrituras públicas; en alumbrado público y electrificación doméstica; en pavimentación, en equipamiento urbano y apoyo a la producción. Ante la demanda de las comunidades de que la actividad productiva propicie un bienestar permanente, el Programa Nacional de Solidaridad ha incorporado el reclamo de fuentes de empleo. Ese fue el origen de los fondos para la producción, para los pueblos indígenas, y para grupos de campesinos y pescadores.

El Programa Nacional de Solidaridad constituye una contribución decisiva para extender e incrementar los servicios básicos a un ritmo mayor que el del crecimiento de la población, y también para abatir los rezagos sociales derivados de la crisis y asegurar las condiciones de atención para los mexicanos que nacen cada año. Además, el programa ha demostrado su eficacia en el apoyo al esfuerzo que realizan los grupos menos favorecidos de la sociedad para superar sus condiciones de vida. Esa es la explicación social de que, año tras año, el gasto en este renglón se haya incrementado. Dicha política de gasto público se corresponde con el objetivo nacional de mejoramiento productivo del nivel de vida de la población, así como la prioridad gubernamental de combatir la pobreza extrema.

Para el año de 1992, se propone un presupuesto de 6.8 billones de pesos para el programa, a los cuales se añadirían las aportaciones de otros niveles de gobierno y los propios beneficiarios. Considerando sólo los recursos presupuestales federales, el incremento real respecto de lo erogado en 1991, sería de 19.0 por ciento. En el curso de la actual administración, los recursos del Programa Nacional de Solidaridad se habrán triplicado, en términos reales.

6. Intensificar el cuidado y protección del medio ambiente, para mejorar de manera efectiva al bienestar de la población actual y de las generaciones futuras.

El sentido último de crecimiento económico debe ser el mejoramiento de la calidad de la vida de los integrantes de la sociedad. La existencia futura de ésta exige la preservación y conservación de los recursos naturales, y la adecuada calidad del medio ambiente. En la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1991, el Ejecutivo Federal incluyó por vez primera un capítulo dedicado al medio ambiente en donde se cuantifican los recursos orientados a la ejecución del Programa Nacional de Protección del Medio Ambiente. Ello denota la trascendencia que para sociedad y gobierno reviste este tema. En el capítulo correspondiente al Proyecto que ahora se somete a consideración de la H. Cámara de Diputados, se propone incrementar el gasto destinado a la protección del medio ambiente en 31.1 por ciento, en términos reales. Los recursos que comprende el capítulo presupuestal en cuestión, servirán, entre otros fines, para mejorar la calidad del agua para uso humano y racionalizar el desalojo residual evitando la contaminación de ríos y mantos acuíferos. Para ello se incrementará considerablemente el número de plantas de tratamiento de aguas. De otra parte, se buscará restablecer la calidad del aire, sobre todo en las grandes ciudades, donde los niveles de contaminación han rebasado los niveles tolerables; se mejorarán los métodos para disponer de los derechos sólidos, y se consolidaría el sistema de reservas naturales y protegerá la biodiversidad del país.

7. Asegurar la disponibilidad de combustibles y electricidad, y fomentar el ahorro y el uso racional de la energía.

En los últimos años, y no obstante las difíciles condiciones por las que atravesó el país, se aseguró el suministro de combustible y electricidad al tiempo que crecían significativamente tanto la demanda como la cobertura de la oferta de estos insumos. Durante la década pasada, prácticamente se duplicó la generación de electricidad a la vez que la producción de petrolíferos aumentó más del 90.0 por ciento. En 1992 se realizará un esfuerzo especial para promover el ahorro en el uso de la energía. Un consumo más racional de los combustibles y la electricidad reanudará en una mayor conservación de nuestros recursos no renovables, en un ahorro considerable de inversiones costosas para incrementar la capacidad del Sector Energético, y en una más efectiva protección del medio ambiente.

Conforme al proyecto de presupuestos que se somete a consideración de la H. Cámara de Diputados, la inversión física en Petróleos Mexicanos se incrementaría 14.5 por ciento en términos reales, en comparación con lo ejercido en 1991. Por lo que se refiere al gasto de inversión en electricidad con recursos fiscales, se estima una moderada reducción real de 5.9 por ciento, respecto de 1991. Sin embargo, conviene subrayar que, pese a los menores recursos fiscales, en 1992 la inversión total en electricidad previsiblemente registrará un incremento de 4.5 por ciento en términos reales. Lo anterior toma en cuenta los recursos invertidos por los particulares, bajo las disposiciones legales vigentes, en el financiamiento de grandes proyectos de generación de energía. Conviene recordar que el procedimiento empleado consiste en que los particulares participan con sus propios recursos en la construcción de plantas generadoras de energía. En ello se mantiene una estricta supervisión de la Comisión Federal de Electricidad. Una vez concluida la edificación e instalación de una planta, ésta pasa a ser propiedad del Estado que, además, la administra. El pago de la inversión efectuada por los particulares sólo se inicia hasta que las plantas han sido entregadas.

En 1992, el incremento de la inversión total en electricidad se añadiría al aumento real de 22.5 por ciento que se registrará al término de 1991. De esa manera, el gasto total de inversión en el Sector Eléctrico acumularía un incremento de 28.0 por ciento, en términos reales, en dos años.

8. Modernizar la infraestructura de transportes y comunicaciones, en especial la red carretera, mediante la complementariedad de los recursos públicos con fondos provenientes del sector privado.

En este sector, la estrategia de complementar la inversión pública con recursos de los particulares ha tenido resultados especialmente importantes, contribuyendo a una creciente eficiencia de los servicios. la desincorporación de Teléfonos de México y de las líneas aéreas ha permitido que la importante demanda de recursos para incrementar la capacidad en esas áreas no gravite ya sobre el sector público. Asimismo, se está promoviendo la participación privada en los puertos del país. En lo que toca a la red de carreteras, se ha adoptado la figura jurídica de las concesiones que ha permitido que en la actual Administración se estén construyendo más supercarreteras que en toda la historia del país, sin que ellos incida en el gasto público.

Durante el presente año se ha hecho un esfuerzo especial para aumentar la inversión pública en el Sector Comunicaciones y Transporte. Se estima que para el cierre de 1991, la inversión pública presupuestal en el sector habrá aumentado 34.2 por ciento en términos reales, en comparación con 1990. Para 1992 se propone repetir una parte del aumento extraordinario aplicado en 1991. Así, la inversión pública presupuestal correspondiente al año entrante será 18.7 por ciento mayor en términos reales a la de 1990. Cabe señalar que al sumar la inversión esperada de los particulares en carreteras de cuota, y aun sin considerar las participaciones privadas en otros renglones, el incremento de la inversión en el sector entre 1988 y 1992, sería de 166.4 por ciento, en términos reales. Asimismo, conviene tener presente que dentro del Programa Nacional de Solidaridad se incluye el programa de construcción y rehabilitación de caminos rurales y carreteras para 1992, que se ha fijado la meta de construir 5 415 kilómetros de nuevos caminos y rehabilitar y dar conservación a otros 31 399 kilómetros.

9. Incrementar el gasto en ciencia y tecnología, fomentando al mismo tiempo la participación de la sociedad.

El carácter estratégico de la ciencia y la tecnología en el proceso de modernización del país es cada vez más evidente. Por ello se canalizarán recursos públicos a este sector, bajo criterios de excelencia. Con la participación de la comunidad científica, se han formulado nuevos criterios para la asignación de recursos que implican el someter a concurso las propuestas y solicitudes de recursos; la evaluación de proyectos a cargo de miembros de la propia comunidad; ponderar la calidad de los proyectos de investigación científica y la vialidad económica de los proyectos de modernización tecnológica, y respaldar todas la líneas de la investigación siempre y cuando reúnan los requisitos de calidad y excelencia académica.

En la investigación científica, se llevan a cabo evaluaciones de cada proyecto, a través de comités integrados por miembros destacados de la propia comunidad científica. Esta participa en la composición y en la normatividad con que operan dichos comités. Por lo que se refiere a la tecnología, la evaluación de los proyectos se privilegian aquellos que persiguen el mejoramiento de la productividad de las empresas. Aledañamente, se impulsa la formación de recursos humanos, mediante becas y apoyos a programas que cumplen con los requisitos de calidad institucional establecidos por los comités de expertos de cada área académica.

En 1991, a propuesta del Consejo Consultivo de Ciencias, se crearon cuatro fondos adicionales para reequipar las instituciones de educación superior e investigación, fomentar la investigación básica y aplicada, evitar la emigración o, en su caso, propiciar la repatriación de científicos nacionales, y desarrollar la capacidad de investigación en la industria. En el año de 1992 se repondrá el monto original de recursos de dichos fondos y, además, se les incrementará en un 40.0 por ciento. De ese modo, para 1992 se propone aumentar el gasto público en Ciencia y Tecnología a 3.7 billones de pesos, con un incremento real de 14.2 por ciento, respecto de 1991. En comparación con 1988, el incremento acumulado sería de 58.5 por ciento real.

De otro lado, se promoverá la participación de los particulares en la investigación y el desarrollo tecnológico. Una solución estructural y duradera al rezago que afecta al país en ciencia y tecnología, implica un compromiso y un concurso decididos de las empresas en la modernización y el mejoramiento de los procesos productivos. En este sentido, la solución no puede depender sólo de la actividad gubernamental, sino que entraña una participación resulta de las comunidades académica, científica, tecnológica y empresarial.

10. Mejoramiento de la productividad y de las condiciones de vida de los servicios públicos.

El gasto corriente del Gobierno Federal se incrementó moderadamente entre 1988 y 1991, al pasar de 3.4 a 3.9 por ciento del PIB. Este aumento se explica por la evolución de las remuneraciones a servicios personales, mientras que los otros rubros del gasto corriente se han mantenido constantes en 0.8 por ciento del PIB, como consecuencia de una mayor productividad y eficiencia de la Administración Pública. El incremento de las remuneraciones se explica, principalmente, por el aumento de las percepciones reales de grupos de trabajadores del sector público que efectúan los labores de gran relevancia social, como el magisterio, los médicos y las enfermeras. Es importante tener en consideración que al inicio de la actual Administración, las percepciones de esos grupos mostraban un agudo rezago. La explicación del incremento se completa si tomamos en cuenta el aumento de plazas en áreas prioritarias como la educación, salud, seguridad e impartición de justicia.

En lo relativo a salarios, cabe destacar el incremento de más de 150 por ciento al sueldo de los maestros de educación básica en los últimos tres años. En las áreas de la administración se efectuaron diversas retabulaciones para premiar la permanencia, el empeño y la capacidad de los servidores públicos. Las plazas de las áreas prioritarias de educación, salud, seguridad e impartición de la justicia, así como las contratadas por los Órganos Electorales, tuvieron un incremento de 10.3 por ciento. Como contraparte de lo anterior, en las demás áreas de la administración, el número de plazas se redujo en un 20.4 por ciento.

En 1992 se continuarán fortaleciendo las estructuras de las áreas prioritarias y las remuneraciones. A fin de regularizar las prestaciones otorgadas en 1991 y continuar con los programas de estímulo a la productividad y la eficiencia, el rubro de servicios personales del Gobierno Federal en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación aumenta 19.2 por ciento en términos reales. A lo largo del año entrante se mantendrán los programas de ahorro y racionalización de plazas donde lo permita la mayor productividad y la eficiencia; simultáneamente, continuará el aumento de plazas en las áreas prioritarias del desarrollo social, en particular en los sectores de educación y salud.

PROYECTO GLOBAL

Se propone a la Honorable Cámara de Diputados de la LV Legislatura que, en 1992, el gasto programable de los Poderes, los Órganos Electorales, y el Gobierno Federal, excluyendo transferencias a organismos y empresas controladas presupuestalmente, sea de 82 billones 950.4 miles de millones de pesos, con un incremento de 6.3 por ciento, en términos reales, respecto del cierre estimado para 1991. De su parte, el gasto programable de los Organismos y Empresas en presupuesto sería de 90 billones 47.2 miles de millones de pesos, o sea un 2.0 por ciento real mayor al del presente año. El total del gasto programable sería de 172 billones 997.6 miles de millones de pesos de pesos en 1992, con un incremento real de 4.0 por ciento respecto del año anterior. Las participaciones y estímulos a los Estados y Municipios sumarían 30 billones 940.2 miles de millones de pesos. Los pagos por adeudo de ejercicios fiscales anteriores alcanzarían 4 billones 146.7 miles de millones de pesos. Así, el gasto primario que resulta de sumar al gasto programable los dos conceptos anteriores del gasto no programable, ascendería a 208 billones 084.5 miles de millones de pesos. Se estima que el pago por intereses de la deuda pública presupuestal equivaldría a 41 billones 160.7 miles de millones de pesos, con una reducción real de 23.4 por ciento en relación a 1991.

En resumen, se somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el Proyecto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio de 1992, por un monto total de gasto de 249 billones 245.2 miles de millones de pesos que, en términos reales, es 2.0 por ciento menor al de 1191.

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ANALISIS SECTORIAL DEL GASTO PUBLICO

La orientación general de la política de gasto público establece que lo fundamental en la asignación de los recursos no es su monto absoluto, sino su estructura y composición por sectores económicos, de acuerdo a las prioridades y responsabilidades de la Administración Pública Federal. En consecuencia, se observa una reducción de la participación del Estado en las áreas que no son estratégicas ni prioritarias, para incrementar las erogaciones en los rubros esenciales para el desarrollo nacional. Cabe destacar que la creciente participación de los particulares en el fortalecimiento de la infraestructura económica y social, contribuye a su modernización, sin comprometer los resultados obtenidos en el saneamiento de las finanzas públicas.

En los tres últimos años se han registrado avances tangibles en el control del gasto público al mismo tiempo las prioridades del desarrollo nacional. Para consolidar estos avances se continuará con la orientación de la estructura del gasto, apoyando a los sectores prioritarios en un marco de disciplina presupuestal, a través de una selectividad estricta basada en la evaluación detallada de los proyectos.

Bajo estas premisas, en materia de Infraestructura Social, destaca la importancia de avanzar en la modernización del Sector Educativo, cuyos ejes fundamentales son el fortalecimiento de su vinculación con la sociedad y el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, a través de la actualización de los programas de estudio y la capacitación de los maestros. En la Educación Básica se ha diseñado un modelo integral que incluye la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. En la Educación Media Superior se fortalecerá el desarrollo de carreras terminales y se impulsará la Educación Tecnológica Abierta. En materia de Educación Superior se reforzarán las acciones para mejorar la calidad, procurando adaptar los planes y programas de estudio a los nuevos requerimientos del mercado de trabajo.

En el Sector Salud y Seguridad Social se buscará consolidar los avances alcanzados, para hacer frente a la demanda crecientes de servicios médicos y asistenciales. Un aspecto importante será la promoción de la eficiencia en la prestación de los servicios médicos. En los proyectos de inversión, se otorga prioridad a la rehabilitación y al aprovechamiento de la capacidad instalada, para garantizar el rendimiento óptimo de los recursos.

El rápido avance del proceso de urbanización hace necesario incrementar la oferta de casas - habitación, por lo cual se continuará apoyando la construcción de vivienda, particularmente en las zonas marginales, promoviendo al mismo tiempo una mayor participación de los particulares en la ampliación de la oferta. En el abastecimiento de agua potable, se ampliará la cobertura nacional, procurando introducir sistemas de tratamiento de aguas negras y residuales, induciendo el ahorro y uso racional de este recurso.

En el Sector Desarrollo Rural, la estrategia de gasto canaliza una aportación considerable de recursos para capitalizar el campo. Se consideran cuatro áreas fundamentales de acción, además de las actividades tradicionales de las dependencias y entidades que confluyan el sector. Dichas actividades son: inversión en infraestructura hidroagrícola, y en zonas de temporal, con potencial productivo; investigación y desarrollo tecnológico; financiamiento al campo; y reforma agraria.

En materia de Infraestructura Económica, se prevén asignaciones para fortalecer el Sector Comunicaciones y Transportes, destacando las acciones de conservación y rehabilitación de la red carretera, la modernización del sistema ferroviario, aereoportuario y de telecomunicaciones. Estos avances serán impulsados con la participación creciente de inversión privada, particularmente en la construcción de nuevas autopistas, en la ampliación y renovación del sistema de comunicación telefónica, y en el transporte aéreo.

En el Sector Energético las acciones propuestas se dirigen al aprovechamiento y modernización creciente de la capacidad instalada. Mantienen su carácter prioritario los apoyos a la producción primaria de hidrocarburos, mejorando controles de calidad y protección ecológica; de igual manera, se fortalecen programas de ahorro de energía orientados a racionalizar el consumo, con lo que se evitan inversiones costosas y se reduce el deterioro ecológico. En el subsector eléctrico, se otorga particular atención a programas de transmisión y distribución; en cuanto a plantas generadoras, dentro del marco jurídico vigente, la inversión pública se ve complementada con la participación del financiamiento privado, en diversos proyectos termoeléctricos.

En materia de Comercio y Abasto, se reconoce que la apertura de nuestra economía y los procesos de desregulación, han mejorado la eficiencia de las empresas, modificando así el contexto en que se desarrollan estas actividades. Con el propósito de promover el crecimiento del sector exportador, se proponen acciones de modernización industrial, captación de inversión foránea y promoción del intercambio comercial con el exterior. En este marco, se continuará con las negociaciones de libre comercio que han iniciado con varios países y regiones. Asimismo, en la industria paraestatal, se continuará con los procesos de cambio estructural que obedecen al Programa de Modernización de la Empresa Pública 1989 - 1994. Se dará especial impulso al fortalecimiento de la eficiencia y productividad en las entidades que permanecen dentro del control del sector público.

En el Sector turismo, se continuará el esfuerzo de modernización a través del fortalecimiento de la infraestructura en los principales polos de desarrollo. En especial se promoverán las acciones para mantener el nivel de los centros turísticos actuales y consolidar el desarrollo de megaproyectos y corredores turísticos, a fin de incrementar la participación de inversionistas nacionales y extranjeros.

En el Sector Pesca, se promoverán la producción pesquera y la acuacultura, fortaleciendo el marco regulatorio para propiciar una mayor participación de los sectores privado y social. En los métodos de captura, se incrementará la vigilancia y se reforzarán las medidas para que se cumpla estrictamente con las normas nacionales e internacionales de protección ecológica de especies marinas. Asimismo, se fomentará la capacitación de los productores pesqueros en apoyo de estos objetivos.

Por lo que respecta a la Seguridad Nacional y a la Procuración de Justicia, las acciones se orientan a preservar el orden constitucional, en un ambiente de libertad, paz y justicia social. Destaca el programa de modernización de las fuerzas armadas, que permitirá continuar con el combate al narcotráfico y mejorar los recursos para ayudar a la población en casos de desastres. En la procuración e impartición de justicia, se otorgará prioridad al libre ejercicio de la participación política y a la protección de los derechos humanos.

La atención a las necesidades de la población en situación de pobreza extrema, a través del Programa Nacional de Solidaridad, mantiene su carácter prioritario, como compromiso irrenunciable del Estado Mexicano. Ante la insuficiencia de los recursos con que se cuenta, frente a las justas demandas de los que menos tienen, se continuará promoviendo una amplia participación de los beneficiarios y de los gobiernos locales, para multiplicar los efectos de las asignaciones presupuestales.
 

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DESARROLLO SOCIAL

El fin último de la modernización del país es alcanzar un crecimiento económico sostenido con la justicia social. Para ello, la nueva política de desarrollo social se ha fortalecido con la participación decisiva de la población y de las organizaciones sociales, ampliando el efecto de los recursos fiscales para resolver problemas concretos que aquejan a sus comunidades.

La política social involucra sectores cuyo común denominador es el ser detonadores del cambio; su fortalecimiento constituye una prioridad fundamental para el Estado mexicano. El desarrollo social pretende que mayores núcleos de la población, particularmente los de zonas rurales y urbanas marginadas, no solamente participen de los beneficios que genera el avance de la modernización, sino que se conviertan en actores principales de la misma. La modernización, sin la satisfacción de necesidades sociales, carecería de sentido.

El Gobierno de la República reconoce la necesidad de elevar el bienestar de la sociedad, en paralelo al esfuerzo de alcanzar el crecimiento con estabilidad. En consecuencia, desde su inicio, la presente Administración ha dirigido crecientes montos de recursos presupuestales para satisfacer, al mismo tiempo, los rezagos acumulados y la creciente demanda de servicios educativos, de salud, de servicios básicos como la electricidad, agua y drenaje, la protección del medio ambiente, y elevar los potenciales de desarrollo de las zonas urbanas y rurales más desprotegidas. La prioridad conferida al gasto en bienestar social derivó en una mayor importancia de este gasto dentro del total de gasto programable presupuestal, al aumentar su participación, de 33.0 por ciento en 1988, a 45.5 por ciento del cierre estimado en 1991.

Para 1992 se propone a la H. Cámara de Diputados autorice un crecimiento real del gasto programable de este sector de 17.8 por ciento respecto a 1991. Con ello el incremento real acumulado en esta Administración del gasto en desarrollo social ascenderá a 66.5 por ciento y a 51.4 por ciento su proporción en el gasto programable presupuestal. Este comportamiento favorable del gasto social ha sido posible gracias a la estricta disciplina en el manejo público, la asignación de recursos entre sectores y programas con criterios de rentabilidad social, el profundo saneamiento del balance fiscal del sector público que ha propiciado la reducción de la deuda y su servicio, y la liberación de recursos por la desincorporación de entidades no estratégicas para el Estado.

El creciente contenido social del gasto público, en la primera mitad de la presente administración, ha permitido mejorar la educación; se ha ampliado la cobertura de los servicios de salud, electricidad, agua potable y drenaje; se han intensificado las acciones para proteger el medio ambiente y la conservación de nuestros recursos naturales; y se han acercado a las comunidades más apartadas del país los servicios básicos que mejoran sus condiciones de desarrollo y amplían su potencial productivo. Así, en 1991, la infraestructura educativa incorporó 6174 planteles a los existentes al inicio de la presente Administración, y se distribuyeron 4.1 millones más de libros de texto gratuito, que en 1988; en los tres últimos años el IMSS e ISSSTE incorporaron a su cobertura 4.1 millones de derechohabientes, 9.8 por ciento superior a la población amparada en 1988; y el número de poblaciones con servicio postal se duplicó entre 1988 y 1991, al mismo tiempo que las poblaciones rurales con servicio telefónico aumentaron 77.0 por ciento en la primera mitad de la presente Administración.

Durante 1992 la propuesta de gasto en Desarrollo Social asciende a 88 billones 048.7 miles de millones de pesos, que se destinarán a fortalecer la cobertura de servicios sociales básicos; ampliar la cobertura y mejorar los servicios educativos y de salud; incrementar la eficiencia en la aplicación de la justicia laboral; satisfacer las necesidades de desarrollo urbano y agua potable, diversificando opciones para incrementar los recursos que el país destina a estos propósitos, y combatir la contaminación ambiental complementando las acciones de gobierno con el fomento a una amplia participación de los sectores productivos y de la sociedad en general. Asimismo, una parte de estos recursos se destinan a proporcionar y abastecer en calidad y suficiencia productos básicos, como la leche, el pan y la tortilla, a los grupos sociales de menores ingresos en las áreas urbanas y rurales.

Sector Educación

La educación en México ha propiciado la unidad nacional a través de la transmisión de conocimientos y valores que nos identifican, unen y fortalecen como nación, rica en su historia y en sus potencialidades de desarrollo. Desde la creación de la Secretaría de Educación Pública, en 1921, los avances han sido, sin lugar a dudas, significativos; en la actualidad se atiende prácticamente la demanda total en educación básica, se ha elevado la escolaridad promedio de los mexicanos, de un grado y medio a más de seis, la tasa de analfabetismo se abatió considerablemente, se mejoraron métodos y contenidos de los planes de estudio, se incrementó el nivel profesional de los maestros y la seguridad en los empleos y la infraestructura y servicio educativo llega hoy hasta los lugares más apartados del país, ahí donde a otros servicios les es prácticamente imposibles acceder. Así, con el esfuerzo tenaz de siete décadas de la acción educativa nacional, apoyada particularmente en la acción federal, se ha avanzado en la equidad de la sociedad mexicana a través de la impartición del conocimiento colectivo y nacionalista.

El desarrollo de la nación demanda, en la actualidad, nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad; requiere a su vez, cambios en el quehacer educativo. Los avances en la estrategia de modernización y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las distintas regiones del país, permiten ahora que la facultad concurrente para impartir la educación entre la federación, los estados y los municipios, se fortalezcan. Por su parte, el avance de las comunicaciones acrecienta y acelera el flujo de conocimientos universales y regionales, los cuales exigen la reformulación de los contenidos y métodos educativos vigentes.

En el Programa para la Modernización Educativa 1989 - 1994, se reconoce la exigencia de desencadenar las fuerzas de nuestra sociedad contenidas en todas las regiones del país organizar, en función de las necesidades locales, el esfuerzo educativo; acercar la atención de la función educativa a los problemas y realidades de su entorno más inmediato, y contar con la participación de todos los sectores de la comunidad local.

Asimismo el proceso de modernización de la educación debe contemplar la necesidad de mejorar la calidad, contenidos y métodos de estudio que eleven su competitividad en el mundo, incorporen los conocimientos universales, a la vez que aseguren el conocimiento del educando de su entorno inmediato, con la incorporación de contenidos regionales.

La educación es medio de superación social y fórmula para abatir desigualdades y rezagos. Por ellos mismo, en la estrategia de modernización es conveniente que, manteniendo el sistema educativo nacional, se acerque la autoridad educativa a la escuela y se formulen métodos y planes de estudio. En esta tarea se hace necesario que junto al importante esfuerzo que realiza el Gobierno de la República, al incrementar de manera significativa los recursos presupuestales a esta actividad, se haga corresponsable a la sociedad en la tarea de elevar la calidad y lograr el abatimiento de los rezagos existentes en el sistema educativo del país.

En 1992, se profundizarán las acciones a renovar y educar los métodos educativos, materiales, apoyos didácticos y la incorporación de contenidos regionales en los planes de estudio; se dará prioridad a la formación y actualización de maestros, y a la vinculación de los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, para la conformación del Modelo Integral de Educación Básica. Se avanzará en compatibilizar los procesos pedagógicos con los avances de la ciencia y la tecnología, y reorientar la educación media superior, para que se adapten a las necesidades del aparato productivo.

Se mantendrá la prioridad de atender la demanda en educación básica. En lo referente a educación inicial, se instalarán nuevos centros de desarrollo infantil y se plantea incrementar los apoyos para reforzar el Programa de Educación Inicial no Formal. En educación preescolar, se seguirá dotando a los planteles de materiales y mobiliario escolar, así como de diversos apoyos didácticos.

En la Educación Primaria, como base de la formación escolar, se procurará la atención del 100.00 por ciento de la demanda real; y en especial, se redoblarán las acciones en aquellos estados que presentan mayor rezago relativo. Se consolidará la puesta en operación del nuevo plan de estudios y se reforzarán las acciones tendientes a incrementar la eficiencia terminal; se mantendrán los programas de otorgamiento de becas a niños residentes en comunidades marginadas y se alentará la incorporación a la educación, para adultos de la población desertora de 10 a 14 años. Asimismo, se buscará que todas las escuelas primarias cuenten con el servicio de biblioteca. Para alcanzar estos objetivos se promoverá, de forma adicional al esfuerzo del gobierno, la participación de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de mejorar cualitativamente los servicios educativos de este nivel, previéndose atender 10.6 millones de alumnos.

En la Educación Secundaria, se programa ampliar la cobertura del servicio principalmente a través del uso de la televisión y la radio, y otorgar un número mayor de becas a estudiantes sobresalientes; se buscará reducir los índices de deserción y reprobación para elevar, así, la, la eficiencia terminal de este nivel. En lo referente al nivel Medio Superior, se fortalecerá la educación terminal, los Sistemas de Educación tecnológica Abierta, y el Telebachillerato. Atención especial continuará recibiendo el sistema de educación técnica que imparte el CONALEP.

En materia de Educación Superior se reforzarán las acciones tendientes a optimizar su calidad y a reorientar la formación de los profesionales hacia las necesidades del desarrollo nacional. Con el fin de ampliar la cobertura de la demanda de educación superior universitaria y tecnológica, se consolidará la modalidad abierta y las universidades tecnológicas de Aguascalientes, Netzahualcóyotl y Tula, recientemente creadas.

La modernización del país demanda elevar el nivel de eficiencia y calidad en estudios de Postgrado e Investigación; por ello se apoyará firmemente el programa de becas para los egresados de educación superior, y se continuarán desarrollando los mecanismos para la evaluación integral de los programas de postgrado. Asimismo, se estimulará a los profesores e investigadores de este nivel a través del Sistema Nacional de investigadores y las becas al desempeño académico.

En la medida en que la calidad de la educación depende primordialmente de la capacitación que se otorgue a los maestros que la imparten, se continuarán mejorando los procesos de formación y actualización del magisterio en servicio. En consecuencia, se promoverá la carrera magisterial, mediante un mayor apoyo a la Universidad Pedagógica Nacional, que constituye el centro de excelencia del normalismo, encargado de la investigación pedagógica y la formación de los docentes de las escuelas normales. En este campo, se considera adecuada la política de que el personal docente de las Normales tenga como requisito mínimo la licenciatura, y se dotará a las escuelas de más acervo bibliográfico, material y equipo didáctico.

Por lo que respecta a la Educación para los Adultos, se reforzará la integración de los programas de alfabetización, postalfabetización y capacitación, atendiendo primordialmente a los grupos sociales de regiones marginadas. Asimismo, se profundizarán las acciones para abatir el analfabetismo, en donde el aprovechamiento al máximo de los medios masivos de comunicación, será fundamental.

En materia de capacitación, se consolidarán los servicios ya existentes, se establecerán nuevos centros de capacitación en áreas estratégicas, y se crearán sistemas de acreditación y certificación que reconozcan aprendizajes adquiridos de la experiencia laboral.

En cuanto a la infraestructura Educativa se ampliará la oferta del servicio, con la conclusión de las escuelas en proceso y la construcción y equipamiento de nuevos espacios educativos, la modernización de los equipos y los diseños arquitectónicos, principalmente en los planteles tecnológicos, de capacitación para el trabajo y de investigación. En materia de conservación, se proporcionará mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones escolares.

La política cultural del Gobierno de la República promoverá la diversificación de las formas de expresión popular, tanto locales como regionales, facilitando el acceso de todos los sectores de la población, así como también contribuirá a producir y difundir nuestro arte y cultura a través de los distintos medios de comunicación.

Para alcanzar los objetivos trazados en este campo, en 1992 se ampliará la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, se enriquecerán los acervos y se diversificarán los servicios culturales existentes. Asimismo, se fortalecerá el apoyo a los proyectos para la capacitación de maestros como promotores culturales, a fin de mejorar los contenidos y la calidad de la educación artística. Para estimular a las tareas de formación en los diversos niveles del Sistema Educativo Nacional, se incrementarán las becas de fomento a la creatividad artística, y se reforzarán los programas de revitalización del patrimonio cultural de la Nación, con especial énfasis en aquéllos que han sufrido un severo deterioro.

En el aspecto deportivo, se proseguirá con las acciones encaminadas a la formación física, psicológica y social de los niños y jóvenes; se fomentará una cultura deportiva de la población; y se impulsará y promoverá, de manera particular a los deportistas que muestren mayores aptitudes. En este sentido, se seguirá dando apoyo a los institutos delegacionales, estatales y municipales para el deporte y se promoverán las actividades deportivas estudiantiles dentro de los planteles escolares, construyendo más y mejores instalaciones y proporcionando capacitación a los profesionales del deporte.

De igual, forma, se fortalecerá la educación ecológica, para la preservación y protección del medio ambiente, apoyando su difusión en todos los niveles educativos. Asimismo, a través de los diversos centros de investigación, se impulsará la realización de estudios sobre la materia para su publicación y divulgación.

Para la consecución de estos objetivos, y en apoyo de la modernización nacional, el Sector Educación propone un presupuesto de 36 billones 139.3 miles de millones de pesos, con lo cual casi un peso de cada dos del gasto programable del Gobierno Federal se asigna a educación.

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Salud y Seguridad Social

En congruencia con las estrategias y políticas señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo, en 1992 se consolidarán los avances logrados en los últimos tres años, que han permitido ampliar la cobertura en general y atenuar los desequilibrios regionales en cuanto a salud y seguridad social. Se continuará promoviendo el proceso de modernización del sector, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta frente a la demanda creciente de servicios médico - asistenciales.

Se seguirán los programas de prevención y autocuidado de la salud individual, familiar y colectiva, a través de la educación para la salud y el desarrollo de acciones de fomento y protección, con la colaboración de los centro de educación, los tres niveles de gobierno y las asociaciones sociales profesionales y cívicas. La calidad en la prestación de los servicios médicos será motivo de atención permanente en todas las etapas del proceso, que va desde la asistencia médica hasta la solución del problema, motivo de consulta.

Asimismo, las instituciones que integran el sector, mantendrán el apoyo a la formación de profesionales que se orienten al desarrollo de la investigación aplicada, encaminadas a la búsqueda de soluciones a los problemas de salud, para superar los rezagos en la materia. De igual forma, se impulsarán las actividades relacionadas con la producción farmacéutica y el desarrollo biotecnológico.

Se otorgará preferencia a la medicina preventiva, a través de la consolidación y fortalecimiento de los programas de vacunación, difusión de programas de salud, y atención preventiva principalmente de las enfermedades infecciosas y parasitarias. En este sentido, se intensificarán las acciones de difusión, prevención y control sobre el Cólera y el SIDA, a efecto de disminuir de estas patologías en la población. Se propone para este fin, 89 miles de millones de pesos. En el caso particular del Cólera se persistirá en las acciones relativas al aumento de los Sistemas de Agua Potable y su tratamiento con cloro.

En lo referente a las enfermedades infantiles, a través de conferirle prioridad a los programas de vacunación universal y al incremento de la disponibilidad de biológicos para mejorar la dotación de vacunas y consolidar la red fría, se alcanzará nuevamente la cobertura total de la población menor de 5 años, con la aplicación de 89 millones de dosis.

En lo que respecta a la ampliación de la cobertura y el acceso a las instalaciones médicas, se prevé una eficaz operación de sistemas expeditos de referencia y contrareferencia, y se otorgará prioridad a la rehabilitación y al aprovechamiento de la capacidad instalada. Se proseguirá con el programa extramuros para ofrecer cirugía de la más alta calidad a los núcleos de población con menores recursos; se consolidará la descentralización de los servicios de salud, con el fortalecimiento de los sistemas locales, a través de su implantación en todo el territorio nacional.

En cuanto a la protección del medio ambiente y el saneamiento básico, se apoyarán las acciones para disminuir la incidencia de patologías infecciosas, mediante la promoción del uso de prácticas higiénicas para el manejo de desechos. Asimismo, se consolidarán acciones con los sectores sociales organizados para la potabilización del agua de consumo humano, el establecimiento de sistemas de alcantarillado, la instalación de fosas sépticas y el saneamiento de centros turísticos.

Con el propósito de contribuir a la regulación del crecimiento demográfico y con base en el respeto íntegro a la pareja, se extenderá e intensificará la educación en materia de planeación familiar, acompañada de una suficiente, adecuada y accesible disponibilidad de los servicios requeridos

En materia de Seguridad Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social fortalecerá las acciones para incrementar la capacidad de atención médica de primer nivel y así reducir el tiempo de atención entre la consulta general y la especializada, y aumentar la cobertura de los servicios de urgencias en todas las unidades; asimismo, se incrementará la oferta de atención a los hijos de madres trabajadoras mediante la apertura de nuevas guarderías y el mejoramiento de los servicios en las ya existentes.

Se buscará elevar el nivel de las prestaciones económicas, a fin de fortalecer gradualmente el poder adquisitivo de la población amparada, sin poner en riesgo el equilibrio financiero del Instituto.

El Programa IMSS - Solidaridad extenderá sus beneficios contribuyendo a la elevación del bienestar de la población rural y marginada, mediante la atención integral y el cuidado de la salud individual y colectiva.

El ISSSTE reforzará las acciones tendientes a la jerarquización de los beneficios que otorga, con base en las demandas más insistentes y con mayor grado de incidencia en el bienestar de la población derechohabiente. Asimismo, buscará mantener un adecuado equilibrio financiero a través de la modernización del sistema de captación de ingresos que permita, a la vez, un manejo de recursos con oportunidad y transparencia. Fortalecerá su capacidad de autogestión institucional, a través de la descentralización de los servicios hacia los estados y municipios, a fin de tener una estructura más amplia y eficiente.

Para avanzar en el mejoramiento de los servicios de salud, se propone asignar, en el presente proyecto de presupuesto 37 billones 157.7 miles de millones de pesos a este sector en 1992.

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Trabajo y Previsión Social

Las acciones propuestas para 1992 en el sector laboral, se orientan a mejorar las relaciones obrero - patronales; propiciar la expedita impartición y correcta procuración de justicia en la materia; fomentar mayores oportunidades de empleo, capacitación y adiestramiento, con el objeto de contribuir a la modernización del aparato productivo; promover y fortalecer la organización social del trabajo, ampliando las oportunidades de empleo y elevar los índices de seguridad en el trabajo; asimismo alcanzar mejores niveles de calificación de la población trabajadora, e inducir el crecimiento de la productividad.

Para avanzar en el sentido propuesto se propiciará, dentro del marco de la aplicación de la justicia laboral, la imparcialidad, agilidad y rapidez de los dictámenes regulatorios, a fin de equilibrar los intereses de las fuerzas productivas, vigilar y garantizar los derechos de los trabajadores a través de instancias específicas, como el Sistema Nacional para la Defensa del Trabajo.

Con el propósito de estimular y fomentar el empleo, se promoverán políticas acordes a las necesidades reales de expansión y crecimiento de la planta productiva. En este sentido, se emprenderá un Programa Nacional de Inspecciones, para garantizar que las empresas cumplan cabalmente con la normatividad en la materia y se promueva la eficacia productiva.

Con la finalidad de superar y mejorar los actuales niveles de capacitación, se estimulará y apoyará el óptimo funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitación y de Seguridad e Higiene; se promoverá el otorgamiento de becas a trabajadores desempleados y la capacitación de aquellos que realicen alguna función en planta; se aplicarán diversas acciones que se traduzcan en créditos para que los trabajadores, cada vez en mayor número, accedan a más y mejores viviendas dignas y de servicios socialmente adecuados.

Para el logro de estos objetivos, se propone asignar recursos por 398.4 miles de millones de pesos.

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Desarrollo Urbano y Agua Potable

Los objetivos y prioridades del sector para sector para 1992, se inscriben en el marco de la estrategia general de desarrollo, que establece el propósito de incrementar la calidad de vida de la población. Para ello, las tareas sectoriales se enfocarán principalmente a la atención de las necesidades de dotación de suelo, agua, infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.

En 1992, se continuará con la transformación del patrón de distribución de los asentamiento humanos, en concordancia con las políticas de descentralización y desarrollo económico, que permita de los costos sociales del proceso de urbanización, principalmente los que se generan en las mayores zonas metropolitanas y los que se implican la dispersión rural. Se continuará apoyando el mejoramiento de la calidad de los servicios, mediante la atención preferente a los grupos sociales más necesitados.

Se realizará un esfuerzo importante para atender la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, especialmente en las áreas urbanas adyacentes a las cuencas hidrológicas prioritarias y en ciudades medias con alto potencial de desarrollo, con especial atención a las acciones comprometidas en el Programa de la Frontera Norte.

En lo referente a la descentralización económica y poblacional, se amplían las bases que han permitido fortalecer la capacidad municipal para otorgar los servicios necesarios y el sano desarrollo de las ciudades mediante su ordenamiento y regulación; la preservación de los valores histórico culturales; la elaboración de planes, programas y bases cartográficas; y la impartición de cursos de capacitación y asesorías, a fin de coadyuvar a una distribución territorial más equilibrada de los centros de población. Para 1992, se propone una asignación presupuestal total para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de 211.9 miles de millones de pesos, lo cual significa un incremento, en términos reales, de 44.4 por ciento respecto a 1991.

En materia de vivienda, el Gobierno Federal propicia las condiciones encaminadas a que la sociedad, en su conjunto, esté en posibilidades de edificar más habitaciones para atender la demanda generada por el incremento poblacional, al tiempo que se prevén acciones orientadas al mejoramiento sustancial del inventario existente, y evitar así, que el déficit habitacional aumente. Para ello, se redoblan los esfuerzos orientados a modernizar los actuales instrumentos de financiamiento de los programas públicos de vivienda, y a impulsar la transformación del sistema de producción y distribución de insumos para la cosntrucción de vivienda a fin de apoyarla más eficientemente. Se avanza también en la simplificación administrativa.

Destaca en todo este esfuerzo el fortalecimiento de las acciones en materia de coordinación institucional de las dependencias federales participantes y de otros organismos de vivienda, además del fomento a la construcción de vivienda de arrendamiento y la constitución de reservas territoriales.

Las acciones anteriores son de gran importancia, sobre todo por el efecto multiplicador que tiene la construcción de vivienda en las numerosas ramas industriales, en las que incide para reactivar el aparato productivo nacional y promover el empleo.

El Programa Nacional de Vivienda, en el cual participan los distintos organismos federales y estatales, así como el sector privado, estima una inversión total de 4991.14 miles de millones de pesos.

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Agua Potable

En el objetivo de preservar y hacer un uso eficiente de nuestros recursos naturales es indispensable el compromiso de toda la sociedad. En este esfuerzo, la acción gubernamental en materia de agua para uso urbano e industrial. se orientará a consolidar y aumentar los apoyos al Sector Hidráulico, en beneficio de la salud y bienestar de la población. Las acciones más representativas son: la ampliación de la cobertura de agua potable y los servicios de suministro; el mejoramiento de la calidad del agua mediante la desinfección y su tratamiento para eliminar cualquier posible contaminante, y la optimización de su consumo a través de la disminución de pérdidas en la conducción del servicio, y la ampliación de la infraestructura de distribución de desalojo.

En 1992, las acciones de este sector, permitirán dotar del servicio de agua potable a alrededor de 3 millones de nuevos usuarios con la ampliación de la cobertura a colonias populares urbanas y a las zonas rurales marginadas.

Para realizar estas actividades, a través de la Comisión Nacional del Agua se impulsarán las siguientes acciones: una mayor participación de la sociedad; un impulso decidido a las descentralización de funciones hacia los estados y municipios, así como también una mayor capacidad de gestión de los organismos operadores. Asimismo, se plantean como objetivos: el desarrollo de una nueva cultura del agua orientada hacia el ahorro y uso eficientemente del recurso; la adecuación y reforma de fondo al marco jurídico, para unificar criterios en materia legislativa; así como también, la aplicación de tarifas adecuadas conforme a los costos de construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de suministro y disponibilidad relativa del líquido. Entre las metas planteadas, destaca la ampliación de la cobertura nacional en el suministro del líquido en 16.0 M3/seg; la operación de acueductos que abastecerán 31.0 M3/seg; la desinfección y potabilización de 60.0M3/seg., mediante el Programa de Agua Limpia.

Adicionalmente, se plantea un programa especial para avanzar en los sistemas de tratamiento de aguas negras y residuales, mediante el apoyo a la rehabilitación, mantenimiento y construcción de no menos de 30 plantas. A fin de ampliar la disponibilidad de recursos para tales propósitos, se buscará la confluencia de distintas fuentes de financiamiento y la conveniencia de promover esquemas de concesión.

Cabe por otra parte, que la Comisión Nacional del Agua continuará la operación del Sistema Cutzamala y del Plan de Acción Inmediata, con el propósito de atender los problemas de suministro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Se impulsará en forma prioritaria la construcción de la presa "El Cuchillo" , que aliviará el déficit de agua en la calidad de Monterrey, y el Sistema Regional La Zurda - Calderón, para el abastecimiento de agua a la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jal.. Adicionalmente, BANOBRAS y el Programa Nacional de Solidaridad, conjuntamente con la CNA, continuarán realizando estudios y proyectos dirigidos a dotar de agua potable a colonias populares y a las poblaciones rurales, por medio del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

La CNA invertirá 649.2 miles de millones de pesos, en obras de construcción y ampliación de sistemas de agua potable; 232.0 miles de millones de pesos en la operación y suministro del líquido; 47.0 miles de millones de pesos, en la construcción y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales, y 51.6 miles de millones de pesos, para fortalecer el programa de potabilización Agua Limpia, a nivel nacional.

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DESARROLLO RURAL

Se ha remitido al H. Congreso de la Unión una iniciativa de decreto para reformar el artículo 27 Constitucional con el objetivo fundamental de otorgar más justicia y libertad al campesino mexicano. La iniciativa propone las adecuaciones a la configuraciones jurídica de nuestro sistema de tenencia de la tierra, conforme a la realidad económica, demográfica y social que se vive en la actualidad; de manera especial se propone elevar a rango constitucional las formas de propiedad ejidal y comunal de la tierra, en su doble acepción de asentamiento humano y base productiva.

La propuesta de reforma busca promover cambios que alienten una mayor participación de los productores en la vida nacional, que se beneficien con equidad de su trabajo, que aprovechen su creatividad, y propicien con ello una vida comunitaria fortalecida y una Nación más próspera.

En la propuesta de reforma, se reconoce la responsabilidad de los productores, se promueve la iniciativa campesina y se asumen las acciones de protección del Estado mexicano que requiere el respeto a la propiedad ejidal y comunal.

El cambio legislativo propuesta debe ser parte de una reforma integral que comprende además acciones de política tanto económica como social para el desarrollo del campo. La inversión pública en obras de infraestructura, investigación y desarrollo tecnológico habrán de complementar la inversión privada, a la que la reforma legal abriría paso mediante el establecimiento de un marco de libertad y seguridad. Forma parte de la reforma integral el diseño de esquemas financieros, de seguros y de comercialización que aminoren el riesgo natural de la actividad agropecuaria. El Estado además seguirá apoyando a los campesinos y a sus organizaciones en la construcción de obras de infraestructura agropecuaria.

Para alcanzar el propósito de desarrollo del sector rural, contenido en la iniciativa de reforma al artículo 27 Constitucional, se requiere, además, del esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno para una transformación con justicia en el campo. Es necesario un flujo constante de inversión en capital para impulsar la producción agropecuaria. La sociedad aportará su parte; el gobierno federal hará lo propio.

En el proyecto de presupuesto de egresos que se somete a la consideración de la H. Cámara de Diputados, las erogaciones destinadas al ámbito rural constituyen un punto central de la asignación presupuestaria global. Con ello se cumple con el propósito del Gobierno de reorientar la asignación del gasto hacia los sectores que más lo requieren.

Se propone destinar un total de gasto por 9 billones 377 miles de millones de pesos. Respecto de 1991, la propuesta de gasto se incrementa en 20.0 por ciento en términos reales, cinco veces más que el incremento previsto para la economía en su conjunto, y que el aumento en el total de erogaciones programables del sector público.

Como proporción del gasto programable total, el gasto del sector desarrollo rural se incrementa de 4.8 por ciento durante 1991 a 5.5 por ciento durante 1992. Destaca no solo el incremento en las erogaciones destinadas al sector, sino también una canalización selectiva hacia acciones específicas que otorguen sustento al esfuerzo de los productores, y contribuya a la capitalización del campo. Se proponen recursos crecientes para proyectos de impacto inmediato sobre la producción y sobre la productividad en áreas fundamentales de acción, que se describen enseguida.

En la propuesta de egresos para el sector se consideran recursos por 200 mil millones de pesos como aportación al Fondo para las Empresas de Solidaridad, el cual se orientará a apoyar las actividades agrícolas, agroindustriales, de extracción y microindustrias. Para ello, se constituirán empresas de solidaridad como forma de organización para la producción, que permita la vinculación de los campesinos ejidatarios y comuneros, sus hijos y los avecindados. El Fondo servirá para financiar proyectos y aportar capital de riesgo para la constitución de las empresas de solidaridad.

A los recursos del Fondo se sumarán los apoyos de otras dependencias y entidades públicas y, con pleno respeto a la soberanía de los estados y a la autonomía municipal, se invitará a estos dos niveles de gobierno a incorporarse a este esfuerzo productivo. Con estas acciones se proveerá a los productores de los apoyos y los instrumentos financieros y de servicio que requieren para la realización de proyectos.

Se propone una aportación federal importante en inversión en infraestructura hidroagrícola para actividades de construcción, rehabilitación y conservación de las áreas de riego. La asignación presupuestaria a estas actividades, de aprobarse el proyecto de presupuesto para el sector, sería de un billón 702 mil millones de pesos, superior en más de 30 por ciento en términos reales, respecto del nivel ejercido durante el presente año. Con ello se estaría en posibilidad de aumentar la eficiencia de la infraestructura en irrigación.

El desarrollo de los mercados financieros, el mayor volumen de ahorro que genera la economía y la asignación presupuestal a la banca de desarrollo de fomento al sector rural, permitirán un aumento sustancial en la derrama crediticia al sector. Cada peso de asignación presupuestal a estas instituciones permite incrementar sustancialmente el financiamiento al sector rural, conforme a la capacidad de endeudamiento de las instituciones y los porcentajes de recuperación que se obtengan.

En el proyecto de presupuesto del sector se considera una asignación de transferencias a las instituciones financieras de fomento casi 15 por ciento superior en términos reales, respecto de la asignación del presente año. Se proponen transferencias fiscales por 200 miles de millones de pesos, a fin de que AGROASEMEX pueda aumentar el porcentaje del valor asegurado de la producción, del 70 al 90 por ciento, y se subsidie el 30 por ciento de la prima de aseguramiento. Con la presupuesta de asignación de recursos se duplicaría, además, el número de hectáreas aseguradas.

El endeudamiento constituye un factor que influye en la nueva libertad para los ejidatarios. Para muchos es imposible pagar; otros requieren verdaderas facilidades. No es posible una cancelación generalizada, porque sería injusto para los que sí han pagado e indigno para los demás. Por eso se propone separar de BANRURAL la cartera vencida. La cartera de aquellos campesinos que ha venido atendiendo el Programa de Solidaridad y que no pueden pagar pasará al Programa, el que determinará la forma de finiquito con trabajo o colaboración y financiará a esos ejidatarios; a los que requieran plazo largo o pronto pago con descuento, su cartera será transferida a un fideicomiso fuera de BANRURAL, para proceder a su solución y convertirlos en sujetos de crédito que puedan volver a disponer de financiamiento.

Al mismo tiempo, se propone incrementar a un billón de pesos las transferencias fiscales a BANRURAL lo que, junto con su captación financiera, permitirá elevar a más de cinco billones de pesos su capacidad de crédito: un aumento de más del 50 por ciento. El crédito de avío crecerá 30 por ciento y se duplicará el refaccionario.

Para la Secretaría de la Reforma Agraria se somete a la consideración de la H. Cámara de Diputados una asignación presupuestal de 686.2 miles de millones de pesos, con un incremento real de más de 50 por ciento, respecto del cierre previsto para el presente año. Se requiere un avance significativo en la ejecución de resoluciones presidenciales pendientes, para abatir sustancialmente el rezago en la materia. También es necesario agilizar los procesos de regularización y otorgamiento de derechos agrarios y de bienes comunales, así como llevar a cabo la concertación y la conciliación en el campo, para promover la organización campesina.

El conjunto de acciones descritas se suma a los programas considerados en actividades tradicionales de las dependencias y entidades que confluyen al sector. Con ello se conforma una estrategia general que promueve el mejoramiento del nivel de bienestar de los productores y una mayor competitividad, con el fin de asegurar el abasto en un contexto de apertura comercial. La estrategia de desarrollo también contempla acciones para la conservación de los recursos naturales.

En el Sector Agricultura y Recursos Hidráulicos se han desarrollado los mecanismos necesarios para lograr la atención que requiere el campo. Mediante acciones específicas y una asignación selectiva del gasto, hacia actividades de mayor rentabilidad social, se ejecutarán medidas de política en apoyo al sector. La asignación presupuestaria se incrementa en una proporción superior en más de tres veces el crecimiento previsto de la economía.

En el Subsector Agrícola se contemplan recursos para actividades de sanidad. La competitividad de los productos del campo es un requisito fundamental para garantizar el acceso a los mercados internacionales, con el consecuente efecto positivo sobre los productores. Por ello se intensificarán, con la participación de los productores y las organizaciones de campesinos, las campañas de control y erradicación de plagas y acciones de control fitosanitario.

Si no se canalizan mayores recursos a la investigación y al desarrollo tecnológico, en parte con cargo a crédito externo, no se estará en condiciones de aumentar la productividad. Es fundamental ampliar la gama de variedades de material vegetal y animal, acorde con las necesidades particulares de las regiones y productos. El efecto de la investigación sobre los rendimientos productivos conlleva una rentabilidad social muy significativa. De aprobarse la propuesta de presupuesto para el sector, el incremento de recursos a estas duplica el aumento propuesto para el gasto programable total

La producción pecuaria del país se apoyará con un conjunto de servicios que, bajo compromisos específicos de producción, fomente la participación directa de los productores. Se dará a las atención a las diferentes especies pecuarias a través de programas concertados de sanidad animal, mejoramiento genético, investigación aplicada y la promoción de una mejor organización de los productores.

Con el propósito de estimular el desarrollo de la actividad agropecuaria, se promoverán, con los sectores privado y social, sistemas de Comercialización que eviten dispersión de esfuerzos en la cadena productiva y generen una distribución de ingresos proporcional al esfuerzo individual de los agentes involucrados. En particular, destaca el impulso a mejores instrumentos financieros y el desarrollo de mercados de cobertura.

En el Subsector Forestal, las principales acciones se orientan a garantizar el abasto suficiente de los productos silvícolas, mediante el aprovechamiento racional de los recursos y el fortalecimiento de la infraestructura en áreas forestales. En apoyo de estos propósitos se llevarán a cabo programas de contención de la reforestación y erradicación de las actividades de desmonte; se continuará la vigilancia y combate de incendios en 30 millones de hectáreas. En materia de inversión, sobresale el proyecto de desarrollo forestal, con cargo a crédito externo, en Chihuahua y Durango, que incluye la rehabilitación de brechas y la reforestación.

En el sector paraestatal, se avanzará en la desincorporación de entidades públicas. Los procesos de fusión, liquidación y reestructuración crean condiciones para una mejor asignación de los recursos, con el fin de atender las actividades sustancias del sector y mejorar el nivel de vida en las zonas rurales menos desarrolladas.

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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

En los últimos años el Sector Comunicaciones y Transportes se ha visto impulsado, entre otros factores, por las acciones de desregulación y la participación complementaria de la inversión privada a la del gobierno federal, en los términos y campos que marca la ley. De esta manera, la infraestructura de carreteras, parque vehicular, red ferroviaria y sistemas de telecomunicaciones se ha incrementado notablemente en la primera mitad de la presente administración, elevando la eficiencia y competitividad del sistema productivo. De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, la modernización de este sector se considera prioritaria par acelerar el desarrollo integral del país.

En 1992, a nivel sectorial se propone continuar con la modernización de la infraestructura de comunicaciones y transportes, mejorando la calidad y competitividad en los servicios prestados, en favor de la actividad económica del país, tanto en lo interno, como en los intercambios comerciales y financieros con el resto del mundo. Para ello, el gasto programable propuesto del sector asciende a 10 040 miles de millones de pesos.

Destacan las acciones para la conservación y la rehabilitación de la Red Carretera Federal, carreteras alimentadoras, los camino rurales, la Red Férrea, y los sistemas marítimo portuarios, aeroportuario y de telecomunicaciones. Se continuará con las obras en proceso y se modernizará y ampliará la infraestructura que presente saturación y obsolescencia. Ello contribuirá simultáneamente al desarrollo regional, tal como lo prevé el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994.

Especial atención se tendrá en continuar y consolidar la desregulación de las comunicaciones y los transportes, a fin de ampliar la participación de los agentes productivos y garantizar la libre selección y contratación de los servicios, abatiendo costos y mejorando la calidad de éstos en beneficio de los usuarios y de la competitividad de la planta productiva nacional. Para asegurar lo anterior, se continuará reorientando y fortaleciendo la función normativa de la SCT.

En materia de carreteras, entre las actividades prioritarias pueden señalarse la conservación y la reconstrucción de la Red Carretera Nacional, para lo cual se asignan 747.9 miles de millones de pesos, cifra que representa 47.0 por ciento de la inversión total en el sector central de comunicaciones y transportes. Con estos recursos, se atenderá la conservación de 46 mil kilómetros de la red troncal de carreteras federales y 77 mil kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales; la reconstrucción de 2.6 mil kilómetros de carreteras federales, el reforzamiento de 52 puentes y la reconstrucción de otros 65. Asimismo, en 1992 se continuará la construcción de 85.5 kilómetros de carreteras en proceso; destacan los tramos Teotitlán Tuxtepec; Tamazunchale - Alamo; Ameca - Mascota - Tomatlán, y Chihuahua - Hermosillo. En materia de modernización de carreteras, se tiene como meta alcanzar 136.4 kilómetros, en diferentes tramos, que incluyen los proyectos Aeropuerto - Los Cabos; Querétaro - San Luis Potosí; Pátzcuaro - Morelia, y Zacatecas - Fresnillo.

En lo que corresponde a las carreteras y puentes de cuota, administrados por el Organismo Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se desarrollaron trabajos de conservación en 1.6 mil kilómetros de cinta asfáltica y en su correspondiente derecho de vía. Destacan las carreteras: México - Puebla; México - Cuernavaca, y México - Querétaro. En el mismo año, se llevarán a cabo acciones de reconstrucción en 340 kilómetros de pavimentos en las autopistas, caminos directos y puentes de la red de cuota administrada por ese organismo.

Se continuará apoyando la participación del sector privado en la presentación de servicios públicos; en algunos casos, mediante aportaciones minoritarias de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a los fideicomisos privados concesionarios de las nuevas carreteras, con el propósito de acelerar la recuperación de las inversión privada e incorporar en el menor plazo posible estos activos al patrimonio de la nación.

Para apoyar la modernización, el mejoramiento y la ampliación de la red alimentadora y de los caminos rurales del país, se impulsará la concertación de acciones entre el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y los sectores social y privado, para construir y modernizar 440 kilómetros de carretera en prácticamente la totalidad de los Estados de la República.

Por otra parte, y con el propósito de garantizar niveles satisfactorios de eficiencia, calidad y seguridad en la movilización de personas y mercancías a través de la red carretera nacional, se continuaría impulsando la modernización del marco normativo para el autotransporte federal de carga y de pasajeros. Asimismo, se llevarán a cabo campañas de vigilancia y educación vial y se aplicarán 3.2 millones de exámenes médicos y psicofísicos al personal operario del transporte público federal. Ferrocarriles Nacionales de México continuará apoyando la apertura e integración de la economía, mediante el incremento en su eficiencia y rentabilidad. Para apoyar el mejoramiento en el servicio, se ampliará la fuerza tractiva y el equipo de arrastre, y se asignarán mayores recursos para la conservación de la infraestructura. Entre las principales inversiones en el sistema ferroviario, se encuentran: la reconstrucción de 71 locomotoras, 659 carros de carga, y 21 coches de pasajeros; la adquisición de 90 carros de carga y la reparación mayor de 533 locomotoras. Asimismo, se rehabilitarán 355 kilómetros de vías, se colocarán 840 mil durmientes y se aplicarán 500 mil metros cúbicos de balasto. En 1992, el organismo atenderá la demanda del servicio de carga de 47.7 millones de toneladas netas, que equivalen a 34.3 miles de millones de toneladas - kilómetro. En pasajeros, transportará a 15.3 millones de personas, que representan 4.7 miles de millones de pasajeros - kilómetro.

Para 1992, el sistema marítimo portuario espera mover un volumen de carga del orden de 40 millones de toneladas, a través de los puertos comerciales, entre los que destacan: Veracruz, Tuxpan, Tampico - Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Guaymas, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Ensenada y Mazatlán.

El órgano desconcentrado Puertos Mexicanos pondrá en operación 4 terminales especializadas de contenedores en los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, las cuales estarán equipadas, cada una, con dos grúas de muelle y su correspondiente equipo complementario, integrado por cuatro grúas de marco de patio, tractores y plataformas. Con estas acciones, el país contará, en cada litoral, con dos puertos modernos y competitivos a escala internacional.

Con el propósito de avanzar en la modernización y rehabilitación de la infraestructura marítimo portuaria, se realizarán obras en Puerto Vallarta, Jal.; Manzanillo, Col.; Lázaro Cárdenas, Mich.; Altamira, Tamps., Tuxpan, Ver., además de finiquitarse los proyectos de Pichilingue, B.C.S. y Topolobampo, Si. Asimismo, se realizarán obras complementarias para la ampliación y modernización de las instalaciones en 11 puertos del sistema y se prestará especial atención al mantenimiento diferido de dichas instalaciones y del equipo para manejo de la carga y de dragado.

A fin de garantizar condiciones seguras de navegación, se efectuará dragado de mantenimiento en 14 puertos y dragado de construcción en otros 7, y se establecerá como meta dragar una total de 14.0 millones de metros cúbicos.

Asimismo, se continuará promoviendo la concurrencia de los sectores social y privado en la construcción de muelles de cruceros, terminales especializadas de carga, marinas y puertos de abrigo.

En el Subsector Aéreo, se pasará de una etapa de expansión de la cobertura territorial de la red aeroportuaria nacional, a otra de consolidación, modernización y acondicionamiento de la infraestructura, a través de la corresponsabilidad con los gobiernos de los estados y con el sector privado, a fin de aumentar sustancialmente los recursos, la productividad y el aprovechamiento de las instalaciones existentes, mediante la realización de obras complementarias.

A través del Organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares, se atenderá de manera prioritaria la construcción de edificios terminales, pistas y plataformas en los aeropuertos de Colima, Tepic, Cancún y el Distrito Federal. Destaca el inicio del proyecto Sistema Aeroportuario Metropolitano, el cual, con apego al criterio del Ejecutivo Federal de aplicar con prudencia los recursos públicos, permitirá resolver la saturación del Aeropuerto Internacional de la Cuidad de México, mediante la ampliación de terminales e instalaciones en la Ciudad de México, y el inicio del traslado de la Aviación General a los aeropuertos de Cuernavaca, Pachuca, Toluca y Puebla, como opciones de desahogo del tráfico aéreo.

También en el renglón de infraestructura aeroportuaria, se destinarán recursos para la modernización y reconstrucción de edificios terminales, pistas y plataformas en Guadalajara, Silao, Tijuana y el Distrito Federal. En el aspecto operativo, se espera atender un movimiento de pasajeros de 36.2 millones y 1.2 millones de operaciones de aviación comercial, general y oficial, así como también suministrar 2.165 millones de litros de combustibles.

La SCT. por su parte, continuará la verificación de equipo de ayuda a la navegación aérea, a fin de garantizar la seguridad en el tránsito; llevará a cabo la expedición y revalidación de licencias al personal técnico aeronáutico, lo mismo que la inspección de instalaciones aeroportuarias y el adiestramiento y capacitación al personal. También a través del Órgano Desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, se pondrá en operación el radar de Cancún, con lo cual se cubrirá en su totalidad el espacio aéreo interior en el territorio nacional.

El Subsector Comunicaciones dará prioridad al Sistema de Gestión del Espectro Radioeléctrico, el cual permitirá un mejor aprovechamiento de esta importante vía de comunicación, y fortalecerá la función reguladora del Estado, adecuándola a la dinámica tecnológica y operativa de las telecomunicaciones, e induciendo, además, una mayor participación de la inversión privada en la instalación y prestación de servicios, al igual que en la incorporación e innovación tecnológica.

Con la finalidad de propiciar la integración de poblaciones del medio rural al desarrollo económico y social del país, se llevará a cabo la introducción de infraestructura telefónica a 250 poblaciones, en 15 entidades federativas, con la participación de los gobiernos estatales.

Telecomunicaciones de México, organismo público descentralizado, continuará el compromiso de conservar y modernizar su infraestructura, a través de la integración de centros especializados, que permitirán ofrecer servicios competitivos y de mayor calidad a nivel internacional.

Se continuará con las acciones correspondientes a la puesta en órbita en 1993 y 1994 de los Satélites Solidaridad y la optimización en el uso de los Satélites Morelos, que permitirán incrementar la eficiencia en la prestación de servicios de envío de voz, datos y videoconferencias de alta y baja velocidad. Por otra parte, se instrumentará el Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos, con lo cual se obtendrán mayores márgenes de seguridad y confiabilidad en el manejo de giros nacionales e internacionales.

Por su parte, el Servicio Postal Mexicano modernizará sus sistemas operativos y administrativos para reducir los tiempos de entrega de piezas postales; asimismo, se continuará ampliando la cobertura en el medio rural y colonias populares, y se incorporará el Servicio de Correo Acelerado, el cual competirá en eficiencia con los servicios privados de mensajería.

Para lograr estos propósitos se pretende mejorar la cobertura postal vigilando la correcta operación de los 24 400 puntos de servicio establecidos con terceros, de las 2.060 administraciones propias, y de los cinco centros postales integrados. Asimismo, se plantea instalar 4 mil nuevas posiciones de servicio en el territorio nacional; con lo cual se estima recibir, clasificar y entregar 880 millones de piezas postales.

En congruencia con al política de modernización del sector, en 1992 se pondrá en operación el Sistema Integral de Administración, el cual permitirá llevar de manera integrada y por medios de cómputo avanzados, el control, seguimiento y ejercicio de los sistemas de recursos humanos, materiales, financieros y contables de los Centros SCT y de las Unidades Centrales. Estas acciones complementan la desconcentración del gasto, funciones y atribuciones iniciadas en 1991, por lo que en 1992 se atenderá de manera más ágil y expedita las necesidades del interior del país y, en consecuencia, el impulso al desarrollo regional.

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ENERGÉTICO

Como se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, este sector es estratégico dada su participación en el cumplimiento de los objetivos de crecimiento económico, abasto oportuno y eficiente de energía y combate a la contaminación ambiental.

Para 1992, la inversión pública en el ámbito petrolero continúa presentando la tendencia creciente iniciada en 1990, de igual manera que el subsector eléctrico, si se considera el reforzamiento de los recursos públicos, con la participación del financiamiento privado en proyectos termoeléctricos.

Por otra parte, se continúa con las inversiones requeridas para apoyar la producción primaria de hidrocarburos y la calidad ecológica de la transformación industrial, dando prioridad a los proyectos en proceso, a fin de consolidar la infraestructura existente y un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada.

El gasto asignado al sector se mantiene en niveles congruentes con la disciplina presupuestal y se asegura al mismo tiempo al producción de hidrocarburos y generación eléctrica que la demanda plantea. En el ámbito externo, se busca mejorar las condiciones de intercambio a través de las exportaciones de hidrocarburos y de ampliar el acceso al financiamiento externo.

Por otra parte, se aplicarán medidas de ahorro de energéticos, mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas y medidas de protección ecológica. Adicionalmente, se fortalecen las acciones tendientes a incrementar la productividad y eficiencia.

El proyecto de presupuesto del gasto programable del Sector Energético contempla, para 1992, un monto de 41 655.9 miles de millones de pesos, que representa una reducción real del 2.4 por ciento, respeto al de 1991.

Petróleo

Los criterios para la integración del presupuesto de 1992, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 y el Programa Nacional de Modernización Energética 1990 - 1994, se orientaran a consolidar la oferta de hidrocarburos, en términos de su explotación y transformación industrial, con el objeto de estar en posibilidad de cubrir una creciente demanda interna y atender el mercado de exportación l. En la propuesta de presupuesto de 1992 se presta especial atención a mantener el mejoramiento financiero del subsector y evitar daños ecológicos en los procesos de producción.

La propuesta de gasto de inversión correspondiente a 1992 mantiene por tercer año consecutivo su tendencia creciente en términos reales, con un incremento del 14.5 por ciento, respecto a 1991, y un monto absoluto que asciende a 9 792.3 miles de millones de pesos. Para los proyectos estratégicos, aquellos que marcan el rumbo de la institución en el mediano plazo, se destinará la mayor parte de la inversión, 606 billones de pesos, equivalentes al 67.0 por ciento del total. En este conjunto de proyectos destacan las inversiones en producción primario y transformación industrial.

En el área de producción primaria se busca consolidar la explotación de petróleo, con el objeto de tener capacidad de respuesta oportuna a los requerimientos de los mercados interno y externo. Los principales proyectos de producción primaria son Cantarell y Miguel Angel Zenteno, orientados a mantener su contribución en la producción total de crudo, la cual se estima en 2.7 millones de barriles diarios y en la que participan con 44.8 y 2.4 por ciento, del total respectivamente. La aportación de estos dos campos en la producción de gas natural, que es de 3.613 millones de pies cúbicos, asciende a 16.4 y 7.6 por ciento, en ese orden.

Respecto a la transformación industria, el esfuerzo está encaminado principalmente a ampliar la capacidad de refinación, con el propósito de concluir los proyectos en ejecución y, con ello, atender en mayor medida el creciente mercado interno. En esta área, los proyectos más importantes son la ampliación de las refinerías de Tula, Hgo., segunda etapa; de Salina Cruz; de Cadereyta y de Salamanca. Adicionalmente, se incluyen recursos para el paquete ecológico destinado a mejorar la calidad de los combustibles que se utilizan en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, a fin de abatir la contaminación ambiental. Cabe señalar que durante 1992 se emprenderán, en forma prioritaria, acciones asociadas a la protección ambiental mediante la realización de proyectos que permitan cumplir con la normatividad en materia de control de emisiones y contribuyan de esta manera a mejorar la calidad del aire y de las aguas residuales.

En el área comercial, los recursos se canalizarán principalmente al fortalecimiento de la infraestructura logística en ductos y a la relocalización de plantas de almacenamiento, con el propósito de lograr el abastecimiento en términos adecuados en cuanto a eficiencia y a costo.

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Electricidad

Las líneas de política expuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 establecen como objetivos nacionales en material de energía, la satisfacción de la demanda y la eficiencia en su utilización. Señalan como prioridad la electrificación de poblaciones marginales del campo y las ciudades. Adicionalmente, en el Programa Nacional de Modernización Energética 1990 - 1994 se establece como objetivo la consolidación de un sector Eléctrico más moderno y mejor integrado, capaz de alcanzar mayor productividad y eficiencia técnica, administrativa y operativa, lo cual contribuirá a satisfacer los requerimientos económicos y sociales que demanda el desarrollo del país.

Dentro de dicho marco, la política de gasto en el subsector se orienta a lograr la generación requerida para atender un crecimiento de la demanda, estimado en 4.75 por ciento para 1992. Asimismo, a buscar mayor eficiencia en la producción, transformación y comercialización de la energía, para alcanzar en el mediano plazo la autosuficiencia financiera.

Para lograr el fortalecimiento de la infraestructura requerida por el subsector en la expansión de la oferta se seguirá promoviendo la utilización de mecanismos de financiamiento combinados entre el sector público y privado. En este sentido, la participación complementaria del ahorro privado formará parte importante del esfuerzo sectorial para 1992. Así, se continuará la construcción de los proyectos termoeléctricos Carbón II(unidades 3 y 4 ); Topolobampo (Unidades 1 y 2 ), y Petacalco (Unidades 3,4,5, y 6), principalmente.

En 1992. la inversión del subsector, que conjunta recursos públicos e inversión con financiamiento privado, se prevé presente un incremento de 4.5 por ciento en términos reales con respecto a 1991.

La inversión pública del subsector se orientará a atender obras prioritarias principalmente la continuación de los proyectos hidroeléctricos Aguamilpa, Zimapán y Chilatán; del termoeléctrico Petacalco (unidades 1 y 2), y la segunda unidad de la nucleoeléctrica Laguna Verde. Adicionalmente, se destinarán recursos al mantenimiento de plantas, subestaciones y líneas tanto de transmisión como de distribución, lo mismo que a la construcción de infraestructura ecológica, con el fin de asegurar el suministro de energía eléctrica y la protección del medio ambiente.

Para el logro de estos propósitos. la asignación propuesta de gasto programable de este subsector asciende a 18 610.6 miles de millones de pesos, 4.1 por ciento superior en términos reales al de 1991.

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COMERCIO

Dentro del proceso de modernización industrial y comercial que lleva adelante la presente administración, se ha alcanzado una cuidadosa apertura de nuestra economía a la competencia comercial, que busca elevar la eficiencia de las empresas nacionales y lograr una mayor penetración en los mercados exteriores. Para esos efectos se puso en marcha un extenso programa de desregulación; apertura a la inversión privada en obras de infraestructura; promoción a las exportaciones, y adecuación a las disposiciones reglamentarias que rigen la actividad comercial nacional e internacional. Lo anterior permitirá establecer condiciones adecuadas para una nueva etapa económica y aprovechar las ventajas de la interrelación económica de México con sus principales asociados comerciales.

Para consolidar las acciones adoptadas y avanzar en la estrategia de modernización de la economía nacional, durante 1992 la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial orientará sus esfuerzos a propiciar el crecimiento de un sector exportador con altos niveles de competitividad; promoverá un desarrollo industrial más equilibrado que garantice una adecuada utilización regional de los recursos y que incremente los niveles de productividad y la participación de la inversión de particulares; asimismo, continuará con la educación del marco regulatorio para superar los obstáculos que limitan las exportaciones.

La modernización industrial está concebida en dos planos; uno enfocado al mercado exterior y otro, a un mercado doméstico fuerte y dinámico, que coadyuve a la recuperación gradual del poder adquisitivo de la población, una mejor distribución de los recursos en el territorio nacional y la reactivación de los niveles de inversión productiva.

Bajo este enfoque, las acciones de modernización industrial, de captación de inversión foránea y de promoción del intercambio comercial con el exterior se llevarán a cabo mediante análisis detallados de la planta productiva, a fin de detectar la problemática existente y adoptar las políticas de fomento o desregulación que correspondan.

Se continuará promoviendo la organización de agrupaciones de microindustrias y la identificación de necesidades tecnológicas de la micro, pequeña y mediana industria, estableciendo los vínculos necesarios con la oferta de los centros de investigación y desarrollo tecnológico.

En materia de comercio exterior, se continuará las negociaciones para la concertación del Tratado Trilateral de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, mediante la coordinación de esfuerzos de los sectores público, privado y social, en dicho proceso de negociación. Se concluirá la instalación del centro Nacional de Metrología, a fin de contar con un laboratorio primario en la materia, equiparable a los sistemas metrológicos utilizados por nuestros principales asociados comerciales.

Para la afluencia de capitales complementarios a la inversión nacional, continuará con el análisis y educación del marco jurídico. Asimismo, se perfeccionarán las reglas de operación para incrementar la capacitación de inversión extranjera en el mercado accionario.

En coordinación con Estados y Municipios , se formularán estudios para que las reglas de operación estimulen la inversión en áreas y actividades que siendo de interés para el capital nacional y extranjero, promuevan al desarrollo regional y contribuyan al crecimiento integral de la economía del país.

El Sistema CONASUPO promoverá la identificación precisa de los subsidios y su asignación directa a los estratos de población que efectivamente se necesitan . Asimismo, sus acciones se encaminarán a la participación selectiva en la adquisición de productos, y a mantener las existencias éstos necesarios para garantizar el abasto a la población.

La empresa filial LICONSA concentrará sus esfuerzos para fortalecer el Programa de Abasto Social de Leche, en beneficio de la población de escasos recursos. A su vez , el sistema de Distribuidoras CONASUPO incrementará su presencia en zonas con escasa garantía de abasto. Por último , se mantendrá el esfuerzo dedicado a orientar y defender los intereses de los consumidores, mediante las acciones directas del INCO y la PROFECO.

La inversión de las entidades paraestatales, bajo criterios de racionalidad presupuestal, se canalizará fundamentalmente a rehabilitar y conservar la infraestructura con que cuenta cada una de ellas. Destacan las obras de conservación y ampliación de la granelera de CONASUPO, ubicada en Veracruz, y la rehabilitación de las plantas de producción de LICONSA. En el caso del sistema de Distribuidoras CONASUPO , la inversión se destinará, en parte, a la apertura de tiendas rurales, de acuerdo a criterios específicos de localización que se aseguren el mayor beneficio social. El gasto propuesto para el sector Comercio en 1992 es de 5 818.8 miles de millones de pesos.

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INDUSTRIAL

En 1992. el Sector Industrial Paraestatal acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 y el Programa de Modernización de la empresa Pública 1990 - 1994, continuará con los procesos de cambio estructural iniciados en años previos, a fin de lograr una mejor posición productiva y niveles más altos de rehabilitación, a través de educaciones administrativas y del redimensionamiento de las entidades. Asimismo, se dará especial impulso a las distintas modalidades de desincorporación de esas entidades, que dentro de la normatividad se hayan identificado.

Igualmente, se intensificarán las acciones para optimar la eficiencia y productividad del sector. El gasto propuesto de 3 627.0 miles de millones de pesos, se ejercerá dentro de un marco de disciplina presupuestal, y está destinado al apoyo necesario para alcanzar las metas de producción que requiere la demanda nacional, y , en su caso fomentar las exportaciones que contribuyan a la generación de divisas . Especial importancia se otorgará al saneamiento financiero de las entidades.

En el ramo minero se efectuarán inversiones que serán financiadas parcialmente con créditos externos, mediante el perfeccionamiento de mecanismos financieros de fomento y asesoría técnica, al descansar más en la intermediación de la banca comercial y en el saneamiento de la cartera crediticia. Todo ello con el propósito de garantizar la viabilidad y continuidad de los proyectos.

En el área fertilizantes, se dará particular énfasis a las políticas de precio y comercialización, además de proseguir con la incorporación de los sectores privado y social de esta rama . Finalmente, en el sector de bienes de capital se procederá a una reestructuración financiera y operativa que permite acelerar su desincorporación del sector público.

Minería

El gasto del Subsector Minero se orientará al apoyo de la producción de materias primas destinadas a la industria nacional y de aquellas que contribuyan a la generación de divisas. Para este propósito, se ejecutarán acciones encaminadas a sanear financieramente algunas empresas, rehabilitar y modernizar sus instalaciones; y a impulsar el cambio estructural en los organismos de fomento minero del estado resignando sus diversas actividades, de manera que el apoyo a la minería sea más efectivo. El Consejo de Recursos Minerales llevará a cabo programas intensivos de exploración de nuevas zonas de interés dentro del Territorio Nacional, continuará con el levantamiento del Inventario de Reservas Minerales, así como también con la integración de un banco de datos y la publicación de monografías mineras de diversos estados y la carta geológica de la República Mexicana.

Se reforzará el ejercicio de crédito proveniente del Banco Mundial, destinado a brindar un mayor impulso a la pequeña minería , mediante el otorgamiento de financiamiento de sus actividades; para ello se buscará el perfeccionamiento de mecanismos de fomento y asesoría técnica que asegure la viabilidad de los proyectos mineros.

De acuerdo con los lineamientos de la estrategia económica, se continuará con la desincorporación de zonas de reservas mineras nacionales ociosas, para que sean aprovechadas por particulares y con la activación de sistemas computarizados de registro de concesiones mineras, a fin de brindar servicio más ágiles a los mineros.

Se continuará , asimismo, con la promoción y venta de aquellas empresas no prioritarias para el Estado, de acuerdo con lo permitido por la Ley Minera, mediante la celebración de contratos de asociación en participación con particulares o a través del otorgamiento de concesiones especiales a los mineros interesados.

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Fertilizantes

En apego a los lineamientos de política económica plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, se continuará con la estrategia de modernizar y desarrollar una industria nacional de fertilizantes competitiva y rentable. Para ello, se dará continuidad al proceso de cambio estructural y redimensionamiento de la Industria propiciando la participación de los sectores sociales y privado en esta rama, tanto en los aspectos industriales como de comercialización y financiamiento.

Se continuará el proceso de rehabilitación financiera de la entidad, mediante la aplicación de una nueva política de precios que contribuirá al abatimiento de costos de operación, de distribución y financieros, a efecto de eliminar la dependencia de subsidios, y se avanzará en el programa de redimensionamiento a través de la desincorporación de activos.

En las instalaciones industriales se proseguirá con las acciones tendientes a incrementar el aprovechamiento de la capacidad instalada, mientras que en el área distributiva y comercial, se continuará con el proceso de hacer más eficientes y de desconcentrar dichas actividades; quedará a cargo de FERTIMEX, a través de la nueva empresa comercializadora, la responsabilidad de regular el mercado de los fertilizantes y concertar las acciones entre productores y distribuidores, a fin de garantizar el abasto nacional; de estos insumos.

El presupuesto propone destinar a la inversión de 130.4 miles de millones de pesos. En materia operativa, se espera alcanzar niveles de producción y comercialización de fertilizantes por 2.9 y 3.5 millones de toneladas, respectivamente, se coadyuvará a fertilizar una superficie sembrada de 15.2 millones de hectáreas para el año agrícola 1992, con la cual se busca satisfacer en primera instancia, el mercado nacional, y destinar posibles excedentes a la exportación.

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TURISMO

La estrategia del Sector Turismo, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, continuará orientada hacia su modernización, y promoverá prioritariamente la imagen de México en el exterior, a través de intensas campañas de difusión y publicidad. Asimismo, se procurará ampliar y consolidar una infraestructura que permita fortalecer el turismo receptivo, con el fin de elevar la captación de divisas; fomentará también el turismo interno, que permita a nuestros compatriotas un sano esparcimiento y que al mismo tiempo contribuya a incrementar el conocimiento de nuestros valores culturales, históricos y tradicionales.

El Sector Turismo durante 1992 impulsará y diversificará las campañas promocionales para estimular el movimiento turístico internacional en los mercados: estadounidense, canadiense, europeo, asiático y latinoamericano; para ello se erogarán 192.8 miles de millones de pesos.

Se adecuará la reglamentación vigente a los diferentes prestadores de servicios turísticos, conforme a la orientación de la política económica general del país y al proceso de modernización nacional. Se reforzarán y ampliarán las medidas se seguridad en las carreteras del país, a través del cuerpo de apoyo denominado "Ángeles Verdes", quienes además proporcionarán la orientación y ayuda adecuada durante la estancia de los turistas en el territorio nacional, incrementando en un 30.0 por ciento respecto de 1991 sus recorridos, con lo cual alcanzarán 18.6 millones de kilómetros para 1992.

En materia de promoción de la inversión privada, se propiciará la construcción de marinas y puertos de abrigo, con el objeto de consolidar la escalera náutica del país, Se continuará fomentando el desarrollo de megaproyectos y corredores turísticos, a fin de interesar a los empresarios nacionales y extranjeros en las actividades del sector. Se otorgarán apoyos a la pequeña y mediana industria, mediante los fondos estatales de garantía.

Se fortalecerá y diversificará el funcionamiento de FONATUR redefiniendo sus reglas de operación y su programa de captación de recursos, desincorporando empresas no prioritarias y aumentando la participación de inversionistas privados en el desarrollo de la infraestructura turística del país.

Se fortalece en forma prioritaria la infraestructura de los polos de desarrollo turístico de: Cancún, Q. Roo; Ixtapa, Gro.; Los Cabos, B. C. S.; Loreto, B. C. S., y Bahía de Huatulco, Oax. En el desarrollo de megaproyectos altamente rentables participará SECTUR a través de FONATUR, en forma temporal, aportando únicamente el valor de los terrenos en breña, los planos, estudios y proyectos. Los megaproyectos en cuestión son: Puerto Cancún, San Buenaventura y Puerto Bello en Q. Roo; Marina Ixtapa y Punta Ixtapa en Gro.; Puerto Loreto y Punta Bono en B. C. S.; Puerto Chahué y Bahía de Cacaluta en Oax.; El Soldado de Cortés en Son.; La Pesca en Tamps.; Rancho Majahua en Col.; El Arcotete en Chis., y Santa María del Obraje en Gto.

Para contribuir al logro de las metas programadas, el gasto propuesto para el ejercicio de 1992, asciende a 330.6 miles de millones de pesos.

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PESCA

Para 1992, la estrategia de gasto en el Sector Pesquero propone continuar atendiendo los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Desarrollo de la Pesca y sus Recursos, a saber: fomento y promoción en la producción pesquera y la acuacultura; desarrollo de nuevas pesquerías; mejoramiento y uso eficiente de la infraestructura; revisión del marco regulatorio, para propiciar una concurrencia más amplia de los sectores social y privado, avance en la vigilancia, y en la investigación científica y tecnológica en el sector.

En apego a estos objetivos, se prevén una serie de acciones, entre las que destacan: la definición de los tiempos óptimos de captura y veda de las diferentes especies, para lograr un aprovechamiento reaccional del recurso pesquero; desarrollo de las labores de inspección y vigilancia que se derivan de la normatividad señalada; adopción de nuevos métodos de captura, acordados con los pescadores, para cumplir con las normas internacionales de protección ecológica de especies marinas; desarrollo de obras de infraestructura relacionadas con la construcción de escolleras y dragados.

Con el propósito de imprimir un mayor avance en el cumplimiento de objetivos y metas, a mediados de 1991, se celebró con los diferentes participantes de la cadena productiva del sector, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Pesca. Las actividades derivadas de este foro, se continuarán de manera sistemática durante 1992. En particular, se propone la promoción de la participación privada y social en proyectos de inversión en acuacultura; la depuración y modernización de las cooperativas; la revisión de la normatividad que regula la actividad administrativa, y la promoción del consumo de productos pesqueros, para enriquecer la dieta de la población mexicana.

Cabe destacar la importancia que se le otorga a la investigación científica y tecnológica, no sólo en estudios de prospección y evaluación de recursos pesqueros, sino también en acciones con fines productivos, tanto en captura como en centros acuícolas, en procesos industriales y en medidas de protección del medio ambiente.

La capacitación también constituye otro elemento importante para la modernización del Sector Pesquero, por lo que en 1992 las acciones se orientarán al fortalecimiento de la participación y autonomía de las organizaciones sociales; impartición de cursos para la formación de tripulaciones pesqueras; apoyo técnico para el mantenimiento de equipos y el manejo y conservación de los productos. Asimismo, se capacitará y orientará a los productores pesqueros en aspectos de industrialización, comercialización, financiamiento, sanidad, desarrollo social y en aspectos de protección ecológica y de las especies marinas.

Para 1992, con el nivel de presupuesto de la inversión del Sector Pesquero, 77.9 miles de millones de pesos, se atenderá la infraestructura pesquera, se dirigirá la inversión preferentemente a la conclusión de obras en proceso y a la rehabilitación de las existentes. Con ello se elevará la eficiencia y la productividad general del sector.

Entre los principales proyectos de inversión destacan: la construcción de escolleras en la Laguna de Cuyutlán, Colima y en Boca de San Francisco, Oaxaca y el desarrollo de un laboratorio de sanidad en Mazatlán, Sin. Adicionalmente, se continuarán las labores de dragado en lagunas y canales de comunicación con el mar. Estas acciones tienen como propósito elevar las condiciones de bienestar social de las comunidades de pescadores de menores ingresos.

Para el logro de los propósitos señalados, la propuesta de gasto para el Sector Pesca asciende a 225.6 miles de millones de pesos.

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SEGURIDAD NACIONAL Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

El desarrollo integral de la Nación, en un ambiente de libertad, paz y justicia social, es objetivo primordial del Estado mexicano; alcanzarlo requiere dentro de un estricto respeto al orden constitucional.

Con el fin de contribuir a ese propósito, la Secretaría de la Defensa Nacional habrá de consolidar los esfuerzos realizados para la modernización de su organización, infraestructura y capacitación militar. Asimismo, continuará atendiendo las acciones dirigidas a proteger la integridad territorial, independencia y soberanía nacional, sus recursos naturales y las instalaciones estratégicas del país.

En coordinación con las autoridades civiles competentes, continuará realizando acciones de alto contenido social, como la atención a la población civil en casos de desastre y de apoyo en campañas de reforestación, fitosanitarias y de alfabetización.

Destaca particularmente su participación en las acciones de combate al narcotráfico y producción de enervantes, por lo que en 1992 se realizará la adquisición de equipo electrónico para la fase IV del Sistema de Detección y Control, con lo cual se concluirá el proyecto de alta seguridad puesto en operación en 1988, cuyo objetivo es evitar que aeronaves utilicen el espacio aéreo con fines ilícitos.

En lo referente a la elevación del nivel profesional de sus elementos, se consolidará el sistema de reclutamiento para atraer elementos poseedores de altos valores cívicos y morales, al servicio de las Fuerzas Armadas del país; asimismo, se avanzará en la reestructuración de la Industria Militar, con el propósito de contar con una infraestructura que coadyuve a mantener la seguridad nacional, en condiciones congruentes con la política de protección al medio ambiente y ordenamiento ecológico.

Las inversiones estarán orientadas a la consolidación de su programa de modernización, que contempla la adquisición de equipos militares e instrumentos logísticos, que proporcionen apoyos materiales necesarios para el fortalecimiento de la seguridad nacional. Asimismo, continuará la construcción y rehabilitación de cuarteles, bases de operación, e instalaciones de sanidad militar; llevará a cabo la adquisición de vehículos terrestres y aéreos especiales para transporte militar, y de refacciones y accesorios mayores para mantenimiento de unidades terrestres y flota aérea militar. El programa de inversiones considera también la adquisición de equipo de defensa y seguridad pública destinada a reforzar las tareas de seguridad nacional y combate al narcotráfico; de equipo de radiocomunicación para reconocimiento y operaciones táctico - militares, orientadas a complementar el Sistema de Detección y Control que opera en el sureste del país, y concluir la remodelación del Hospital Central Militar.

Por su parte, la Secretaría de Marina como responsable de la vigilancia de las costas, mares e islas nacionales, en coordinación con las autoridades civiles competentes, participará en la ejecución de políticas de protección civil y ayuda a la población en diversos aspectos, como la protección ambiental. Cabe destacar su participación en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, y su contribución en el desarrollo y coordinación de la investigación oceanográfica.

En 1992, reforzará sus acciones para la protección de los recursos marítimos del país, mediante una eficaz operación de las unidades navales, de superficie, aéreas y terrestres en el mar territorial, zona económica exclusiva y franja costera nacional.

Además, continuará desarrollando las acciones encaminadas a la prevención y control de la contaminación marina por derrames de hidrocarburos; las dirigidas a combatir el tráfico ilegal de armas y estupefacientes, y también las de vigilancia en el cumplimiento de las norma aplicables a la conservación y protección de las especies marinas.

El programa de inversiones para 1992 apoyará el mantenimiento preventivo y correctivo de unidades terrestres y navales, mediante la adquisición de refacciones y accesorios mayores; la segunda etapa de la construcción de la zona naval de Topolobampo, Sin., dentro del marco de modernización de las instalaciones de la Armada de México; asimismo, se prevén apoyos económicos para la terminación y equipamiento de dos buques guardacostas clase "Holzinger", que iniciarán operaciones en 1992, con lo cual se fortalecerá la vigilancia de los recursos marítimos de la nación.

La Procuraduría General de la República continuará la adecuación del sistema de procuración e impartición de justicia, mediante la revisión del orden jurídico y la propuesta de las reformas que sean pertinentes, ya que el desarrollo del país exige la modernización de instituciones y de instrumentos legales que contribuyan al mejoramiento del sistema de justicia. En este sentido, se consolidará la reestructuración integral de la institución, con una nueva estructura organizacional conformada por unidades diseñadas para responder con mayor eficiencia a las demandas de la población.

Se avanzará en la depuración de la calidad profesional de quienes intervienen en la procuración de la justicia, mediante la modernización de los sistemas de incorporación y profesionalización en el servicio, así como la simplificación de los procedimientos judiciales y administrativos.

En materia de inversiones, en 1992 se adquirirá equipo aéreo y terrestre en apoyo a la campaña contra el narcotráfico; se complementará la red de telecomunicaciones que enlazará a las Delegaciones Estatales y a las Corporaciones de la Policía Judicial Federal, para contribuir a la modernización de sus cuerpos policiacos; se concluirá la construcción de los inmuebles que albergaran a las Delegaciones Estatales de Querétaro, Culiacán, Mexicali y Hermosillo, así como también el edificio anexo a las instalaciones en el Distrito Federal, lo cual permitirá concentrar sus unidades administrativas actualmente dispersas.

Además se prevé la terminación de hangares y plataformas, en lugares de difícil acceso para la flota aérea que participa en la Campaña contra el Narcotráfico, lo que incrementará su eficiencia operativa.

La Secretaría de Gobernación, responsable de la política interior del Estado Mexicano, orientará sus acciones a promover la democracia y el respeto recíproco entre los poderes, y propiciará la participación ciudadana para impulsar el desarrollo armónico del sistema político. Es también responsable de apoyar el fortalecimiento del sistema penitenciario; de asegurar el ejercicio de las libertades públicas, de prensa, expresión, reunión y manifestación; de atender la seguridad nacional y la paz pública; del control y regulación de flujos migratorios, y de la política poblacional. Igualmente, tiene a su cargo la consolidación de mecanismos de protección a la ciudadanía, ante la eventualidad de desastres.

Durante 1992, las acciones de la Secretaría se enfocarán a poner en operación los reclusorios federales de alta seguridad en los Estados de Jalisco y Tamaulipas, y se iniciará la construcción del de Sonora. Se insistirá en las acciones para reducir el uso eficiente de los medios oficiales de comunicación, para una más amplia información y difusión de la cultura, en apoyo a la educación y la recreación.

En las entidades que integran el subsector papel prensa y derivados celulósicos, se aplicará un programa de modernización tendiente a elevar los niveles tecnológicos en su planta productiva, a fin de aumentar la utilización de su infraestructura en condiciones competitivas, de acuerdo a las exigencias del mercado de la industria editorial, ya abierto a la libre importación de papel periódico. En el subsector prensa y noticias, se continuarán promoviendo políticas que, en el mediano plazo, permitan su autofinanciamiento. El sistema de televisión estatal concretará su reestructuración, con el objetivo de consolidarse como Red Nacional del Gobierno Federal, bajo un esquema de organización y funcionamiento, que garantice una operación autosuficiente y el adecuado desempeño de sus tareas de comunicación social.

Mención especial merecen las acciones a realizar por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El apoyo a esas acciones incluye la adquisición e instalación de una red nacional de información y servicio a la ciudadanía sobre la materia; asimismo, consolidará los mecanismos de enlace y coordinación a nivel nacional, a través de 22 convenios de colaboración con diversas instituciones y organismos, tanto públicos como privados. Para el logro de esas metas, el Sector Seguridad Nacional y Procuración de Justicia, propone un presupuesto de 7 463.1 miles de millones de pesos.

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PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD

El Programa Nacional de Solidaridad forma parte de la política social de Estado Mexicano para enfrentar las causas y expresiones de la pobreza. En los tres años en que Solidaridad ha actuado entre los grupos más pobres, ha quedado demostrado el compromiso del Gobierno de la República para incrementar sustancialmente las acciones orientadas a mejorar el nivel de vida de los mexicanos con menores recursos. El gasto social autorizado al Ramo XXVI Solidaridad y Desarrollo Regional se ha incrementado sustancialmente y significa, en términos presupuestales, el cumplimiento de la responsabilidad asumida para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se otorgue a Solidaridad la más alta prioridad.

Estos incrementos han sido posibles por el saneamiento y la disciplina en las finanzas públicas que el Gobierno Federal ha llevado a cabo, por la desincorporación de las empresas no estratégicas ni prioritarias que eran propiedad del Estado, y por la reorientación social del gasto público que la actual administración realiza mediante la Reforma del Estado para hacer realidad el compromiso de justicia que el Gobierno de la República tiene con todos los mexicanos.

La inversión de Solidaridad ha dado prioridad a los proyectos y obras vinculados a la prestación de los servicios de salud, educación, abasto y alimentación, infraestructura y equipamiento urbano y apoyo a la producción. Es la respuesta a las demandas que las comunidades en condiciones de pobreza han hecho para resolver sus necesidades más urgentes.

El Programa Nacional de Solidaridad se ha constituido, desde su creación y de acuerdo con el decreto que le dio origen, en la instancia de coordinación y definición de las políticas, estrategias y acciones en el ámbito de la Administración Pública, para combatir los bajos niveles de vida de los núcleos indígenas y la población de las zonas áridas, serranas y urbanas. En su carácter de instancia coordinadora, y dentro de los acuerdos contenidos en el Convenio Único de Desarrollo (CUD), que cada año firma el Gobierno Federal con los 31 Gobiernos Estatales, Solidaridad canaliza los recursos autorizados por la H. Cámara de Diputados a las 31 entidades federativas. Esto se realiza en estricto cumplimiento a lo señalado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El CUD es el instrumento que la Federación y los Estados han diseñado para convenir prioridades y programas de interés común; es el conducto por el cual se ha apoyado la descentralización de importantes funciones a las entidades y a los municipios. Desde su origen, el CUD ha sido el medio para fortalecer la capacidad de decisión de estos dos niveles de gobierno y desde su creación, para el Programa de Solidaridad, constituye el elemento fundamental para la definición y ejecución de las obras y proyectos que comprende.

De acuerdo con lo establecido en el CUD, en el apartado correspondiente al Programa de Solidaridad, son los estados y los municipios los que recogen la demanda social y quienes dan forma a los programas que se inscriben dentro de Solidaridad. Corresponde al Programa de Solidaridad fijar las políticas y estrategias, y es en cada entidad federativa en donde se realiza la selección y jerarquización de las obras sociales y proyectos productivos a los que se destinan los recursos del Ramo XXIV. Se logra, así, incrementar el monto total de las inversiones mediante las aportaciones convenidas con cada estado para los Programas de Solidaridad; se evita la dispersión y atomización de los recursos y se impulsa la efectiva descentralización a los gobiernos estatales y municipales.

Solidaridad se conjuga también con los demás componentes sectoriales de la política social y con aquellos aspectos de la política económica que tienen relación directa con el mejoramiento del nivel de ingreso y bienestar de la población. No duplica ni excluye a ningún otro programa o esfuerzo de los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal destinado a elevar el nivel de vida de los mexicanos. En la operación de Solidaridad se ha logrado, de manera destacada, una eficiente coordinación entre los tres niveles de gobierno, una efectiva descentralización y una concertación activa entre los sectores públicos, social y privado.

La forma descentralizada en que opera el Programa Nacional de Solidaridad, da lugar a la existencia de varios mecanismos de control y seguimiento del gasto público. Participa la Secretaría de la Contraloría General de la Federación la que, conjuntamente con las contralorías estatales, realiza una minuciosa vigilancia de los procesos de asignación de obras y de ejercicio presupuestal; la Secretaría de Programación y Presupuesto integra, de acuerdo con lo que establece el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, un informe trimestral que se entrega en los términos establecidos a la H.

Cámara de Diputados. La misma SPP integra la cuenta pública en la que se rinden los resultados del ejercicio presupuestal, y la hace llegar a la Contaduría Mayor de Hacienda del Poder Legislativo. De igual forma, en respuesta a una reiterada demanda social y como un mecanismo adicional para cuidar la transparencia del ejercicio presupuestal, se ha creado la figura del vocal de control y vigilancia, dentro de los Comités de Solidaridad, para el eficaz ejercicio de la Contraloría Social.

Por la prioridad que tiene el gasto social y, en especial el de Solidaridad, para el Gobierno de la República; por la forma descentralizada con la que opera en los estados y municipios; por el énfasis que pone en la participación social; y por las características que los grupos sociales le han dado a la forma de decidir y ejecutar las obras y proyectos, el Programa Nacional de Solidaridad se ha constituido en parte esencial de la estrategia de modernización que se realiza en México y significa, más que una política de ajuste o compensación social, un elemento esencial de la política económica.

Solidaridad evoluciona de acuerdo con las propuestas y demandas mas sentidas de la población de menores recursos. El nuevo ánimo y la confianza de las comunidades en sí mismas, quedan de manifiesto en las más de 150 mil obras y proyectos realizados por los 64 mil Comités de Solidaridad existentes en todo el país. Los principios de trabajo que comprenden el respeto, la participación, la corresponsabilidad y la transparencia, han permitido fortalecer el trabajo comunitario y han despertado en las instituciones de gobierno una nueva actitud de servicio más cercana y más comprometida con los grupos participantes.

La descentralización y sus principios de trabajo definen la esencia del Programa Nacional de Solidaridad y, como parte de la estrategia de Reforma del Estado, le da un nuevo sustento a la justicia social y a la soberanía al promover la obtención de niveles satisfactorios de bienestar para todos los mexicanos, con base en la participación y en el trabajo productivo de las familias.

En el tiempo que tiene de operar, el Programa Nacional de Solidaridad ha avanzado especialmente en la atención de las necesidades más apremiantes de la población en estado de pobreza. En estos tres años, más de 8 millones de habitantes cuentan con agua potable; 11 millones de personas tienen energía eléctrica en más de 10 mil comunidades; más de 6 millones de mexicanos tienen acceso a los servicios de salud y se amplió la infraestructura de atención a población abierta en más del 40 por ciento. Casi 5 millones tienen una escuela digna y mejores espacios para su formación; y más de 200 mil niños reciben una beca para terminar su educación primaria.

Asimismo, 7 millones de niños pueden consumir leche y 27 millones de personas cuentan con el servicio de tiendas populares. Más de 600 mil campesinos que laboran en 2 millones de hacederas, son apoyados por el Fondo de Solidaridad para la Producción; el 76 por ciento de los ayuntamientos del país cuentan con Fondos Municipales de Solidaridad; y cerca de 1,000 organizaciones indígenas cuentan con los Fondos Regionales de Solidaridad para el Desarrollo de Pueblos Indígenas.

Estos son algunos de los avances que se han alcanzado con Solidaridad. Actualmente el mayor reto es, al mismo tiempo que consolidar los programas sociales, impulsar el desarrollo de las capacidades productivas de las comunidades, con el objetivo de establecer bases firmes y duraderas en la recuperación del nivel de vida y consolidar mejores expectativas para sus familias.

Para 1992, el propósito es consolidar los programas sociales e incrementar el apoyo a los proyectos productivos, como una vía para incrementar la capacidad de los grupos participantes en la generación de ingresos producto de su trabajo, y lograr que se vinculen con efectividad a los mercados de intercambio de bienes y servicios. Se trata de apoyar a la iniciativas y propuestas de los productores, y no de inhibir o sustituir sus esfuerzos. Se contempla también iniciar un proyecto de apoyo a la vivienda para los sectores de la población que no tienen acenso a los sistemas institucionales que actualmente existen.

Salud y Hospital Digno. Se continuarán las obras en los hospitales que actualmente se encuentran en proceso; la meta será construir y rehabilitar 240 centros de salud, 31 unidades médicas rurales e iniciar la construcción de 16 hospitales. Se continuará el Programa "A Dignificar el Hospital" creado en 1991 en respuesta a la demanda social de mayor calidad en el servicio médico. Dicho Programa, que en el año mencionado trabajó en 30 hospitales de 16 entidades federativa, acutará para el próximo ejercicio presupuestal en 100 hospitales. Los recursos repuestos para este programa son del orden de 460 mil millones de pesos.

Solidaridad para una Escuela Digna. Para 1992 se continuará con la construcción de espacios educativos, con una meta de 22,500 nuevos espacios a construir. El Programa "Solidaridad para una Escuela Digna" tendrá presencia en 30,640 planteles escolares. Para estos programas se destinará una inversión de 545 mil millones de pesos. Niños en Solidaridad continuará apoyando a los alumnos de nivel básico. Se otorgarán 557,367 becas y se proporcionarán, además, despensas y servicios médicos a los educandos, con una inversión de 350 mil millones de pesos. Asimismo, se construirán 520 instalaciones deportivas con recursos por 150 millones de pesos.

Solidaridad en Colonia y Comunidades. Se continuará la construcción y ampliación de la infraestructura de servicios que requieren las poblaciones rurales y urbanas. Solidaridad se ha fijado la meta para 1992 de construir y ampliar las instalaciones de 2,397 sistemas de agua potable y 787 sistemas de alcantarillado. Para ello se destinarán 519,300 millones de pesos para agua potable y 295,700 para drenaje y tratamiento de aguas negras.

Respecto a la electrificación, se incorporan al servicio 961 localidades urbanas y 2,912 rurales, con una inversión de 330,000 millones de pesos. Asimismo, se continuarán los trabajos para la regularización de la tendencia del suelo urbano y para la pavimentación de calles y banquetas en las colonias populares, con una inversión de 475,000 millones de pesos.

Vivienda Digna. Se iniciará un programa de apoyo a la vivienda, con sustento en las experiencias de descentralización y participación social que se ha tenido con Solidaridad. Estará orientando a ofrecer alternativas de mejoramiento y construcción a los sectores de la población que actualmente no tienen acceso a los programas existentes. El propósito del programa de vivienda que impulsará Solidaridad, es que más mexicanos encuentren en sus lugares de origen las condiciones de vida digan, y no se vean en la necesidad de emigrar a las grandes metrópolis a las ciudades medias. Las modalidades de ejecución de este programa se definirán conjuntamente con los grupos sociales y los gobiernos estatales y municipales. Para este programa se destinarán recursos por 120,000 millones de pesos.

Solidaridad inició sus trabajos en materia de bienestar por ser ésta una tarea urgente de gran demanda en las comunidades y colonias populares. Era necesario incidir en esos aspectos para crear condiciones que permitieran resolver las necesidades más apremiantes. Para ello se destinaron importantes recursos que marcaron un reinicio importante en el crecimiento de la inversión social del Gobierno de la República. Las bases ya están creadas para continuar atendiendo los renglones de salud, educación, alimentación y servicios urbanos básicos.

En los logros alcanzados y en la consolidación y continuidad de los programas, ha tenido un papel fundamental la organización de los grupos participantes. La constitución de los comités de solidaridad, como una forma de participación organizada y decidida por los campesinos y los colonos urbanos, significó un parteaguas en materia del trabajo de las instituciones y de la sociedad para el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos de menos recursos.

En la concepción del Programa Nacional de Solidaridad se reconoce que es necesario incidir fundamentalmente en los aspectos productivos como una vía para sentar las bases definitivas que permitan mejorar el bienestar de los mexicanos en situación de pobreza. En los tres primeros años de Solidaridad se han ejecutado programas para apoyar las actividades de campesinos de zonas de alta siniestralidad, de cafetaleros mineros en pequeño, pescadores, agricultures de plantíos y productores indígenas. Sin embargo, para la segunda etapa de programa que se inicia a partir de 1992, y una vez consolidad la operación de los programas sociales, se profundizará en la vertiente productiva, tomando como base las experiencias y grupos presentes en Solidaridad.

Por ello, se incluye en al propuesta de presupuesto para el Ramo XXVI "Solidaridad y Desarrollo Regional", la creación del Fondo Nacional para Empresas de Solidaridad. El propósito de este Fondo es articular los programas de apoyo productivo que actualmente están operando y promover que se generen nuevos proyectos en el medio rural y urbano, así como unificar los mecanismos de operación para que las instituciones participantes actúen con la debida oportunidad, flexibilidad y agilidad, para responder al reto económico que significa la modernización de México.

Con la operación del Fondo Nacional para Empresas de Solidaridad será posible apoyar las iniciativas de los grupos urbanos y vincularlos a los proyectos agrícolas y agroindustriales de las comunidades rurales.

El Fondo se orienta a apoyar las actividades agrícolas, agroindustriales, de extracción y microindustriales. Se tomarán como base las formas de trabajo y participación organizada que ya vienen practicando y, en los casos procedentes social, técnica y financieramente, se constituirán empresas de solidaridad como formas de organización para la producción que permitan la vinculación de los campesinos con y sin tierra, los avecindados, los obreros y demás grupos urbanos. En los casos en que estos grupos lo decidan, podrán incorporar a empresarios privados que aporten capital y experiencia en los proyectos productivos. También se abrirán los conductos par la participación de las instituciones de educación superior y escuelas tecnológicas.

La operación del Fondo será descentralizada en los estados y municipios de acuerdo con los términos que se establezcan en el Convenio Único de Desarrollo. Los ejecutivos estatales podrán asumir con este esquema mayores facultades y responsabilidades en la tarea de incrementar la producción y la productividad, como medio para elevar el nivel de vida de la población.

Paralelamente a la operación del Fondo Nacional para Empresas de Solidaridad se continuará con la ejecución del Fondo de Solidaridad para la Producción, que entre otras características, establecen que los recursos recuperados se reintegrarán a las comunidades participantes. Esto significa que 630 mil campesinos de 14,241 localidades, de 1,483 municipios en 28 estados, además de recibir apoyos productivos, cuentan con recursos para realizar las obras que les son más necesarias.

Asimismo, también se continuará con el programa de apoyo a cafeticultores, en el que se consideran las actividades de producción, acopio y comercialización para 200 mil cafeticultores que laboran más de 270 mil hectáreas en 12 estados productores de café. Se tiene el propósito de consolidar la competitividad de los cafetaleros en los mercados nacional e internacional, y fortalecer la diversificación productiva de aquellos productores que no cuentan con tierras propicias para esta actividad.

También participarán en el Fondo Nacional para Empresas de Solidaridad el programa de apoyo a productores forestales que actualmente integra a 87 organizaciones de 21 estados, así como los programas de apoyo a pescadores, piscicultores y de fomento a la pequeña minería.

Igualmente, se incorporan las actividades productivas de los grupos étnicos que se impulsan con los Fondos Regionales para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Actualmente existen 96 fondos con lo que se apoya a cerca de 1,000 proyectos de organizaciones de productores de 21 estados de la República. Para el próximo ejercicio presupuestal la meta es consolidar la operación de los Fondos e integrar nuevos proyectos productivos, de acuerdo con las iniciativas de cada comunidad indígena.

Programas de Desarrollo Regional. Se han formulado, hasta 1991, siete programas regionales: Nueva Laguna; Istmo de Tehuantepec; Costa de Oaxaca; Oriente de Michoacán; Tierra Caliente de Guerrero; Sur del Estado de México; y Regiones Centro y Carbonífera de Coahuila.

Con estos programas se busca dar expresión concreta al potencial productivo de las regiones y mejorar las condiciones de vida de la población. Los programas se formulan con la participación directa y efectiva de los grupos sociales y de las autoridades municipales y estatales. Para 1992 se continuará apoyando la ejecución de los programas mencionados y se incorporan otros de las siguientes regiones: comunidades Ixtleras de las regiones centro y norte del país; Huasteca; Chontalpa de Tabasco; Sierra del Norte de Puebla; Zona Henequenera de Yucatán; Costa de Chiapas; y, Meseta Purépecha de Michoacán. Asimismo, el Programa de Solidaridad apoyará los nuevos programas regionales que se integren por iniciativas de los municipios y autoridades estatales.

Solidaridad para una Ecología Productiva. En respuesta a una reiterada demanda de la población y las autoridades municipales, en 1992 se pondrá en marcha un programa orientando al mejoramiento del ambiente en los pequeños y medianos centros de población, mediante acciones enauzadas al aprovechamiento productivo de los materiales sólidos de desecho. El propósito es vincular a los participantes organizados en Solidaridad al reciclamiento de dichos materiales para disminuir el impacto nocivo que tiene en el medio ambiente, dentro de un esquema de ecología productiva y realizar acciones de reforestación en las ciudades.

Mujeres en Solidaridad. Se continuará apoyando los proyectos productivos y de bienestar que formulan las mujeres para mejorar las condiciones de vida de sus familias. Para 1992 se fortalecerán los proyectos que se encuentran actualmente en marcha y se apoyarán 1,244 nuevos proyectos de los grupos de mujeres campesinas y urbanas.

Para el conjunto de los programas productivos y de desarrollo regional, el Fondo Nacional para Empresas de Solidaridad y el Fondo Regional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, se destinarán recursos por 2 billones 80 mil millones de pesos.

Caminos Rurales y Carreteras. Para promover la integración económica y social de las comunidades rurales, se continuará con el programa de construcción y rehabilitación de caminos rurales y carreteras. Para 1992 la meta será construir 5,415 kilómetros de nuevos caminos y rehabilitar y conservar otros 31,399 kilómetros. Para ello se ha definido un monto de 855,000 millones de pesos.

Fondos Municipales de Solidaridad. Para fortalecer la capacidad de los gobiernos municipales de responder a las necesidades más sentidas de su población e impulsar también el desarrollo regional, se crearon los Fondos Municipales de Solidaridad y se formulan programas regionales. Con los primeros, se apoya actualmente a 1,877 municipios de 20 entidades federativas. Para 1992 se consolidará este tipo de apoyos que, con recursos, da contenido a la política municipalista del Gobierno de la República. La inversión propuesta para este programa es de 450,000 millones de pesos.

Solidaridad para el Servicio Social. Además de la participación que por propia iniciativa tiene grupos y organizaciones de la sociedad civil, Solidaridad seguirá apoyando la incorporación de los jóvenes egresados de educación media y superior. Para ellos se constituirán 188,681 becas de apoyo al servicio social que se lleve a cabo en los proyectos y obras de Solidaridad, y se fortalecerán los mecanismos que aseguren la participación directa de los pasantes en las comunidades. Asimismo, se iniciará un nuevo proyecto en el que se busca la participación de los jóvenes de las universidades y tecnológicos del país en las actividades productivas de las comunidades. Los apoyos para este programa son del orden de 170,000 millones de pesos.

Para el cumplimiento de las metas antes señaladas se han presupuestado recursos por 6.8 billones de pesos. Este monto se destinará a la inversión y ejecución de obras y proyectos de beneficio social en los aspectos establecidos. Su ejercicio seguirá siendo descentalizado en los 31 estados y en sus correspondientes municipios, con excepción de los montos que convenidamente con éstos se entreguen a dependencias para la ejecución de obras en los propios estados.

El instrumento de coordinación será el Convenio Único de Desarrollo que la Federación firme en 1922 con cada Estado de la República. El Programa Nacional de Solidaridad se sujetará de las disposiciones legales que lo rigen, a los acuerdos contenidos en dicho Convenio. En todo caso, seguirá un Programa descentralizado y de gran participación social, de acuerdo a lo que establecen sus principios de operación.

El esfuerzo presupuestal que realiza el Gobierno de la República es considerable y aunque el monto asignado a Solidaridad es importante, aún se considera insuficiente para enfrentar el roto de combatir la pobreza. Por ello se destaca como un elemento de gran importancia para este propósito, la movilización de las comunidades y la de Solidaridad, para crear una sociedad más equitativa que ofrezca a todos los mexicanos igualdad de oportunidades de trabajar por una vida más digna y para edificar un México más fuerte.

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INVERSIÓN PÚBLICA.

Como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo, la inversión pública tendrá incidencia en la modernización económica, más por su orientación que por su monto. En consecuencia, el esfuerzo de inversión pública que se propone para 1992 se dirigirá fundamentalmente al apoyo de las actividades agropecuarias, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población y fomentar la producción del campo; intensificar el cuidado y protección del medio ambiente, para asegurar el bienestar de la población actual y de generaciones futuras; a atender los reclamos de la población de más bajos ingresos, y a fortalecer la cobertura y el equipamiento de las instituciones educativas.

Así, la propuesta de presupuesto de inversión para 1992 asciende a 38,736.2 miles de millones de pesos, superior en 6.3 por ciento en términos reales a la esperada para 1991. De este monto, 18 829.0 miles de millones de pesos corresponden a inversión directa de la Administración Central y 19 907.2 miles de millones de pesos al sector paraestatal, de suerte que la inversión directa del Gobierno Federal se incrementara 6.9 por ciento en términos reales, en tanto que la de organismos y empresas paraestatales observa un incremento real del 1.4 porciento. Con estos incrementos se afirmara la orientación hacia el gasto social, máxima prioridad de la presente administración, cuya canalización se da fundamentalmente a través de la inversión del Gobierno Federal. Asimismo, la utilización de mecanismos de financiamiento combinados de los sectores público, social y privado fortalecerá las programas de ampliación y conservación de la infraestructura productiva y de apoyo, como es el caso, entre otros, de los Sectores Comunicaciones y Transportes, Turismo, Pesca, Energético e Industrial, en los que el sector privado ha participado a través de esquemas novedosos apegados a la Ley.

ENERGÉTICO

Para 1992, la inversión pública que se destinará al sector energético, asciende a 15 021.5 miles de millones de pesos, 2.9 por ciento más en términos, reales, a la esperada para 1991. Estos recursos se orientarán a la construcción, ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura que permita aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica, producción de materias primas y combustibles que necesita el crecimiento sostenido de la planta productiva.

Por lo que respecta al Subsector Eléctrico, se continuará con el financiamiento combinado entre el sector público y el privado, lo que permitirá el fortalecimiento de la infraestructura. La inversión en el Subsector Eléctrico se destinará principalmente a continuar con los proyectos hidroeléctricos Aguamilpa, Zimapán y Chilatán; del termoeléctrico Petacalco y carbo - eléctrico Carbón II, de Coahuila; y la segunda unidad de la nucleoeléctrica Laguna Verde. Asimismo, se destinarán recursos al mantenimiento de plantas, subestaciones y líneas de transmisión y distribución, con lo que se incrementará la capacidad instalada en 315.5 Mw. así como al suministro de energía eléctrica a numeroso centros de población e industrias en los medios rural y urbano. Destaca en este último aspecto, la electrificación de 431 poblados rurales y de 210 colonias populares.

Por su parte, el gasto de inversión de Petróleos Mexicanos mantiene su tendencia creciente, con un aumento en 1992, de 14.5 por ciento, para alcanzar una relación al cierre de 1991, y un monto de 9 792.3 miles de millones de pesos cuya participación en el total de la inversión de los organismos y empresas controlados presupuestalmente representa el 49.2 por ciento. Estos recursos estarán destinados a proyectos estratégicos, entre los que destacan; la exploración para incorporar nuevas reservas de hidrocarburos; la perforación de 43 pozos exploratorios y 79 de desarrollo; y la construcción de 31 plataformas marinas, de las cuales 27 corresponden a perforaciones y 4 a producción. Las acciones anteriores permitirán satisfacer los requerimientos de petróleo crudo y sus derivados en el mercado interno y externo. Se distinguen los proyectos de producción primaria Cantarell y Miguel Ángel Zenteno en la zona marina que permitirán mantener la producción total de crudo en 2.7 millones de barriles diarios y la de gas natural, que es de 3 613 millones de pies cúbicos.

Por lo que respecta a la transformación industrial, se continuará la construcción de obras en las refinerías de Tula, Salina Cruz y Cedereyta, así como la reubicación de las plantas primaria y de vació pertenecientes a la refinería de Azcapotzalco a Salamanta. En petroquímica se proseguirá con la construcción de la Unidad de Matapioche y del proyectos de Modernización Integral del Proceso y Comercialización de Gas L. P. En poliductos se continuará el de Salamanca - Guadalajara, y se iniciarán los de Lázaro Cárdenas - Acapulco y el Salina Cruz - Arriaga, entre los más destacados. En el área de almacenamiento se continuarán los programas de relocalización de agencias y terminales en diferentes entidades federativas.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

De acuerdo a su carácter estratégico y determinante en el crecimiento sostenido de la actividad económica nacional, para 1992 el sector canalizará 3 794.5 miles de millones de pesos a la construcción, conservación, rehabilitación y reorientación de la red de carreteras, caminos rurales y los sistemas marítimo - portuario, aeropotuario y de telecomunicaciones. Dicho monto representa 9.8 porciento de la inversión total, y es 11.6 por ciento inferior en términos reales a la esperada para 1991.

En el Subsector Carretero se prevé la conservación de 46 mil km de la red troncal de carreteras federales y 77.7 miles de km de carreteras alimentadoras y caminos rurales, así como la reconstrucción de 2.6 miles de km de carreteras federales; se continuará la construcción de 85.5 km de carreteras en proceso los tramos Teotitlán - Tuxtepec; Tamazuchale - Alamo; Ameca - Mascota- Tomatlán y Chihuahua - Hermosillo. Asimismo, se considera la modernización de carreteras en 119.2 Km. a través de los proyectos Aeropuerto - Los Cabos San Lucas, Querétaro - San Luis Potosí; Pátzcuaro - Morelia y Zacatecas - Fresnillo y la construcción de 237.7 Km de carreteras alimentadoras.

Por lo que respecta a las carreteras y puentes de cuota, se prevé la conservación de 1.6 miles de Km de cinta asfáltica en dos carriles. Destacan las carreteras México - Puebla, México - Cuernavaca, México - Querétaro, así como la reconstrucción en 340 Km de pavimento en las autopistas, caminos directos y puentes de la red de cuota administrada por el organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

En el Subsector Ferroviario, la inversión se orientará básicamente a incrementar la fuerza tractiva y el equipo de arrastre, a la conservación y rehabilitación de la infraestructura existente; a la reconstrucción de 71 locomotoras, 659 carros de carga y 21 coches de pasajeros, a la adquisición de 90 carros de carga y la reparación mayor de 533 locomotoras, y la rehabilitación de 355 Km de vías y la colocación de 840 mil durmientes.

Con el propósito de coadyuvar a la movilización de 165 millones de toneladas a través de las instalaciones privados y de los puertos comerciales, por parte del órgano desconcentrado Puertos Mexicanos, se pondrán en operación cuatro terminales de contenedores en Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Altamira, Tamaulipas; y Tuxpan, Veracruz. Se rehabilitará la infraestructura marítimoportuaria en Puerto Vallarta, Jalisco; Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas, Michoacán; Atamira, Tamaulipas; y Tuxpan, Veracruz. Se prevé la terminación de los proyectos de Pichilingue. Baja California Sur, Topolobampo, Sinaloa, y la realización de obras complementarias para la ampliación y modernización de las instalaciones en 11 puertos del sistema y su equipamiento para el manejo de carga.

Por lo que respecta al dragado, y con el propósito de garantizar condiciones seguras de navegación, se llevarán a cabo obras de mantenimiento en 14 puertos y dragado de construcción en otros 7, con lo cual se espera alcanzar en este renglón una meta de 14 millones de metros cúbicos.

En el Subsector Aéreo, tendrá prioridad la construcción de edificios terminales, pistas y plataformas en Colima, Tepic, Cancún y el Distrito Federal. Destaca el inicio del proyecto Sistema Aeroportuario Metropolitano. En el renglón de modernización y reconstrucción de edificios terminales, pistas y plataformas, se llevarán a cabo obras en Guadalajara. Silao, Tijuana y el Distrito Federal.

El Subsector Comunicaciones llevará a cabo la introducción de infraestructura telefónica a 250 poblaciones en 15 entidades federativas, con la participación de los gobiernos estatales. Asimismo, continuará con la segunda fase del sistema Satélites Solidaridad y la optimización de los Satélites Morelos, para permitir una mayor eficiencia en la prestación de servicios. Por su parte, el servicio postal ampliará su cobertura mediante la instalación de 4 000 nuevas posiciones de servicios en el territorio nacional.

DESARROLLO RURAL

La inversión asignada para el desarrollo rural asciende a 3 272.3 miles de millones de pesos, superior en 28.1 por ciento en términos reales respecto a la esperada para 1991. Dicho monto se canalizará a proyectos estratégicos de impacto inmediato en la producción, con lo cual se busca ampliar y fortalecer la infraestructura productiva e impulsar la modernización del campo, y mejorar las condiciones y el nivel de vida de la población rural.

Los recursos programados para el desarrollo de áreas de riego asciende a 1 445.7 miles de millones de pesos. Con esos recursos se pretende incorporar 62.0 miles de hectáreas nuevas al riego mediante infraestructura mayor y menor. Asimismo, se ejecutarán acciones de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de riego en 136.0 miles de hectáreas. Se continuarán las acciones de conservación y mantenimiento de Distrito de Riego en una cobertura de 3.2 millones de hectáreas en beneficio de la producción agrícola. Destacan los proyectos Fuerte - Mayo. Sinaloa - Sonora; El Baluarte - Presidio, Sinaloa; Río Verde, Oaxaca; Hermenegildo Galeana, Guerrero; Elota - Piaxtla Sinaloa; Alfajayucan, Hidalgo; Autlán - El Grullo, Jalisco; Cupatitzio - Tepalcatepec, Michoacán; Río Fuerte, Sinaloa; Modernización Colonias Yaqui, Sonora; además se contemplan obras superficiales y pozos, y el Programa de Uso Eficiente de la Infraestructura Hidroagrícola, entre otras acciones.

En este marco, destaca el programa de Apoyo Integral al Campo a través del cual se aplicarán recursos de inversión para la rehabilitación de la infraestructura en los distritos de riego y para la conservación y mantenimiento de las áreas de riego.

Con un monto de 134.8 miles de millones de pesos se apoyará el desarrollo de infraestructura en áreas de temporal, incorporando a la producción una superficie de 64.0 miles de hectáreas. Sobresale la ejecución de los proyectos Plan Chiapas y Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo, entre otros.

En materia de infraestructura agroindustrial se rehabilitarán industrias rurales que presenten viabilidad técnico - económico y organizativa, para su incorporación al proceso productivo, y se apoyará la ejecución de proyectos de asociaciones en participación de los corredores industriales.

DESARROLLO SOCIAL

Congruente con la alta prioridad asignada a la estrategia general del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, de atención a las demandas sociales, y toda vez que ésta es el propósito sustancial que caracteriza a la presente administración, dentro de la inversión física presupuestal destaca la participación de loe recursos asignados al desarrollo social, los cuales ascienden a 15 187.7 miles de millones de pesos, 39.3 por ciento del total de la inversión pública para 1992, monto superior en términos reales en 18.4 por ciento al esperado para 1991.

En este marco, la inversión del Sector Salud se orienta básicamente a la ampliación, equipamiento, conservación y rehabilitación de hospitales y centros de asistencia y seguridad social. Sobresale la terminación de dos centros de radioterapia, de un Hospital General en Puebla, y del Laboratorio de Salud Pública, así como también la continuación de las obras de los Hospitales Psiquiátricos Fray Barnardino, General de México y Centro Médico de Rehabilitación.

Por lo que respecta al IMSS, dentro de las unidades médicas de primer nivel tendrá prioridad la construcción, ampliación y remodelación de 32 clínicas entre las que destacan las unidades de medicina familiar de León, Saltillo y Guadalajara; la construcción de 27 Hospitales Generales de Zona en Aguascalientes, Monterrey. Los Mochis, Córdoba, Naucalpan y Celaya, así como también la ampliación y rehabilitación de 29 hospitales de especialidades, tales como el de Oncología, el de adultos y el de Padiatría en el Centro Médico Siglo XXI; el Centro Médico Oblatos en Guadalajara y el Hospital de Especialidades en Ciudad Obregón. Asimismo, se continuará la construcción de estancias de bienestar infantil, velatorios, centros comerciales, tiendas y farmacias.

En su programa de inversión el ISSSTE incluye, dentro de las unidades médicas de primer nivel, la construcción de 17 clínicas, entre las que se encuentran las unidades de medicina familiar en Aguascalientes, Aguscalientes; Ciudad Delicias, Chihuahua; Fuentes Brotantes, Distrito Federal; Durango, y Acapulco, Guerrero También se prevé la ampliación de 16 unidades de medicina general en el Distrito Federal; Cuernavaca, Morelos; Ojinaga, Chihuahua y Acatlán, Puebla, entre otros. Se ampliarán 8 hospitales generales y 7 regionales, así como 20 clínicas - hospitales y se construirán otras 9 de estas últimas. En estancias de bienestar infantil se considera la construcción de 11 y la ampliación y remodelación de otras 10, así como la edificación de 7 centros comerciales, tiendas y farmacias.

En el Sector Laboral, a través del proyecto de Capacitación de Mano de Obra, se continuará apoyando la ampliación y rehabilitación de la planta física para la capacitación, y se dará especial énfasis al equipamiento de 150 centros de adiestramiento y de capacitación en el nivel de especialidades.

Por lo que respecta a la infraestructura educativa, la inversión asciende a 2 314.1 miles de millones de pesos, superior en 20.2 por ciento real, con respecto a la de 1991. Estos recursos se canalizarán a la consolidación y ampliación de la planta física educativa. Además, se continuará proporcionando mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones escolares.

Para llevar a cabo lo anterior, se prevé la construcción de 5 972 aulas, entre las que destacan 3 206 en preescolar, 956 en secundaria y 598 en el nivel medio superior; 14 902 anexos educativos, 2 960 de ellos en preescolar, 3 279 en secundaria, 3 260 en educación superior y 405 para capacitación; edificación de 559 laboratorios y 1 056 talleres en los diferentes niveles educativos, así como también la conservación y mantenimiento de 18 975 escuelas y el equipamiento de 6 400 aulas del Sistema Educativo Nacional.

Para 1992, el Programa Nacional de Solidaridad continuará atendiendo las demandas sociales de los grupos rurales marginados y de los habitantes de las colonias populares. Entre ellas se distinguen la dotación y prestación de los servicios educativos, de salud, vivienda, agua potable y electrificación. Para el cumplimiento de estos objetivos se asigna una inversión del orden de 6 800.0 miles de millones de pesos, 19.0 por ciento superior, en términos reales, a la esperada para 1991. Se continuarán proyectos productivos y de bienestar social, como la electrificación de 961 colonias populares y 2 919 comunidades rurales, así como diversas obras en 2 397 sistemas de agua potable y drenaje en 787 sistemas de alcantarillado. En el rubro de salud se continuará la construcción y equipamiento de 16 hospitales y se rehabilitarán y ampliarán otros 161; conjuntamente, se ampliarán y conservarán 240 Centros de Salud y 31 unidades médicas rurales IMSS- Solidaridad. En cuanto a educación, se continuará 2 250 nuevos espacios educativos y se equipará a 30 640 escuelas en el marco del Programa Escuela Digna. Asimismo, se dará mantenimiento a tiendas urbanas y rurales, y se instalarán lecherías. En carreteras alimentadoras y caminos rurales se llevará a cabo la construcción de 5 415 Km, la conservación de 29 824 Km y la reconstrucción de 1 575 Km.

A fin de coadyuvar en el desarrollo urbano y habilitar áreas de uso habitacional e industrial, así como apoyar la construcción y conservación de la infraestructura vial y áreas verdes, se destinarán recursos para la infraestructura urbana a través de 15 proyectos, que comprenden obras de pavimentación, electrificación, alumbrado, drenaje, alcantarillado y agua potable. Destaca la construcción de tanques de almacenamiento y líneas de conducción de agua potable, la construcción de 1 900 metros de conectores sanitarios, la construcción de reservas territoriales para el desarrollo urbano industrial y vivienda en 1 668 hectáreas. De igual modo, se realizarán 10 proyectos para la conservación de edificios públicos y la restauración de sitios históricos y monumentos a través de 40 obras.

En materia de vivienda, la inversión se destinará principalmente a edificar pies de casa a través de la terminación de 16 533 acciones de vivienda progresiva e iniciar 12 260 más, así como también a la rehabilitación y mantenimiento de vivienda urbana y rural. Sobresalen la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, la terminación de 8 033 acciones de vivienda mejorada urbana, y el inicio del 11 596 acciones más. En lo que a vivienda rural se refiere, se prevé la terminación de 1 486 acciones y el inicio de 4 066 de vivienda mejorada. Por su parte, el ISSSTE concluirá la construcción de 2 000 viviendas y la rehabilitación de otras 18 000.

Con el fin de proteger y mejorar el medio ambiente, la inversión en ecología se canalizará a la construcción e instalación de infraestructura destinada a prevenir y controlar la contaminación. Se distingue en este sentido la construcción e instalación de 6 obras para la preservación de la vida silvestre, al ejecución de 3 obras para el control de la contaminación por residuos sólidos y el equipamiento de 32 laboratorios de análisis de la calidad ambiental.

Con el propósito de ampliar y mejorar la capacidad en el suministro de agua potable a centros de población rurales y urbanos, se continuará apoyando los proyectos: Plan de Acción Inmediata; Sistema Sectorial de Agua Potable; Sistema Cutzamala; Monterrey IV Etapa y Presa El Cuchillo entre otros; lo que permitirá ampliar la capacidad instalada en 16 m3/seg. y suministrar 31 m3/seg de agua potable. Asimismo, para 1992 tendrá prioridad la rehabilitación y el mantenimiento de las obras hidráulicas.

INDUSTRIAL

El monto de la inversión en el Sector Industrial asciende a 206.5 miles de millones de pesos, 58.8 por ciento menos en términos reales a la esperada para 1991. Ello se debe fundamentalmente al Programa De Modernización y Cambio Estructural De La Empresa Pública iniciado durante la presente administración. En este marco, destaca el proceso de desincorporación y fortalecimiento de la autonomía de gestión de las entidades paraestatales, que ha permitido la resignación de los recursos públicos a los proyectos de alto contenido social.

Fertilizantes Mexicanos canalizará su inversión a la terminación de los proyectos prioritarios con mayor avance físico que contribuyan a incrementar la infraestructura productiva, así como también a la rehabilitación y mantenimiento de la existente. Entre los principales proyectos destacan el Plan Nacional de Bodegas IV, en Oaxaca y Veracruz, terminales marítimas en varios estados y Soluciones Nitrogenadas en Coatzacoalcos, Veracruz.

COMERCIO

El Sector Comercio destinará para el rubro de inversión un total de 84.0 miles de millones de pesos que, en comparación con la esperada para 1991, muestra un descenso de 25.5 por ciento en términos reales.

Dicha inversión se canalizará a la conservación y mantenimiento de establecimientos de acopio y comercialización, como bodegas y almacenes, la ampliación de plantas agroindustriales y la rehabilitación de laboratorios para la investigación y análisis básicos. Asimismo, se prevé la ampliación de plantas productoras de leche reconstruida para el abastecimiento de zonas marginadas y grupos indígenas, así como también la construcción de tiendas rurales.

PESCA

El presupuesto de inversión del sector asciende a 77.9 miles de millones de pesos, que representa una disminución del 7.9 por ciento en términos reales, con respecto a la de 1991. Sin embargo, la infraestructura productiva de la actividad pesquera estará apoyada por la ejecución de obras y proyectos de coinversión con participación de los sectores social y privado y los gobiernos estatales y municipales. En este sentido, la inversión del Sector Pesquero para 1992 se canalizará principalmente al equipamiento de 22 centros acuícolas y a la conservación, rehabilitación y mantenimiento de 25 obras acuícolas. Se distinguen los proyectos del Parque Camaronícola El Camainera, Sinaloa; del parque Acuícola en Chapala, Jalisco y del Parque Ostrícola en Veracruz. En el renglón de infraestructura pesquera se estima ampliar la superficie de terrenos para la infraestructura pesquera, y construir y rehabilitar 315 metros de escolleras. Destacan los proyectos escolleros de Boca de San Francisco, Oaxaca, y Río Baluarte, Sinaloa. Asimismo, se llevará a cabo el dragado de 480 mil metros cúbicos en lagunas y comunicaciones con el mar, así como también la rehabilitación y mantenimiento de obras de infraestructura en comunidades de pescadores, por medio de los proyectos Escollera, en Laguna de Cuyutlán, Colima, y el de Laguna Oriental y Mar Muerto, Oaxaca.

Para apoyar las actividades pesqueras se equiparán 14 embarcaciones de investigación y se construirán 6 laboratorios y 5 campamentos tortugueros, incluyendo el mantenimiento, y se rehabilitarán 13 embarcaciones e igual número de centros de investigación.

TURISMO

Con el propósito de estimular el crecimiento de la actividad turística y el desarrollo socioeconómico nacional, la inversión del Sector Turismo para 1992 se orientará a la construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las obras que permitan mejorar la productividad y competitividad de las instalaciones y centros turísticos en el ámbito nacional e internacional. Para dichos fines se prevé una inversión de 4.7 miles de millones de pesos, 10.5 por ciento inferior en términos reales a la esperada en 1991. Se estima, adicionalmente, la participación de los Sectores Social y Privado en los desarrollos turísticos y urbanos, que comprenden los proyectos de Cancún, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; Los Cabos y Loreto en Baja California Sur, y el de Bahías de Huatulco, Oaxaca. Mediante las acciones anteriores se continuará avanzando en la expansión y modernización de la planta de servicios.

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DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

En la actualidad se configura un nuevo orden internacional, caracterizado por la integración de mercados, entre países y regiones, antes aislados. Ello lleva a una creciente competencia, que demanda la incorporación de nuevas tecnologías y el fomento de capacidades gerenciales. En el nuevo contexto internacional, el desarrollo de conocimientos científicos y tecnologías modernas desempeña un papel de primera importancia.

Después de un esfuerzo continuo de más de 8 años, nuestro país ha logrado eliminar el déficit fiscal del Gobierno. La economía se ha abierto al comercio internacional, y la desregulación se ha extendido a los sectores en donde más se necesitaba inducir competitividad. Todo esto, entre las políticas de largo alcance, ha propiciado un crecimiento sostenido de la productividad, a través del desarrollo de capacidades empresariales. Este contexto económico es favorable para mejorar las capacidades sociales de adquisición y desarrollo de tecnología moderna. En otras palabras, las condiciones de demanda para la expansión y mejoramiento científico y tecnológico, requisito indispensable para un crecimiento sostenido en el mundo moderno, son ahora propicias para alcanzar una era de progreso económico sostenido.

El Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica 1990-1994, destaca que el desarrollo científico, la modernización tecnológica y la formación de recursos humanos de alta calidad y productividad, son condiciones necesarias para que México alcance el objetivo de bienestar para todos sus habitantes, y logre una inserción ventajosa en los mercados internacionales. Para lograrlo se requiere aumentar gradualmente, y en la medida en que las condiciones económicas del país lo permitan, los recursos destinados a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, asegurando el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles y buscando una mayor participación de los sectores productivos y de la sociedad en general.

En el pasado, los recursos canalizados al desarrollo científico y tecnológico a través de los centros de investigación y desarrollo del Gobierno Federal, solían ser incorrectamente asignados, debido a la ausencia de criterios precisos para la evaluación de los resultados obtenidos, que permitieran asegurar que los fondos se aprovecharan de manera óptima. Por lo tanto, fue necesario diseñar un sistema de evaluación de la actividad científica y tecnológica que, además de basarse en criterios financieros, responda a consideraciones de interés social y a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, y que a la vez, reconozca las características propias de los productos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

El sector público está fortaleciendo sus centros de investigación y, de ser necesario, creará otros nuevos. En nuestro país, más del 80 por ciento de todo el gasto en investigación y desarrollo se lleva a cabo por el sector público, en contraste con países con gran desarrollo tecnológico a nivel mundial, como Japón con 79 por ciento, o Corea del Sur, con 81 por ciento. Por lo anterior, se promoverá una mayor participación del sector privado en este campo, especialmente entre las organizaciones de productores, y en su caso, se buscará la participación privada creciente en los centros públicos de investigación, una vez alcanzada la madurez suficiente para ser manejados y financiados directamente por los particulares. La idea es incrementar el uso global de recursos en este campo y promover su eficacia, mediante una mayor corresponsabilidad de los sectores productivos y del gobierno.

En la medida de los recursos disponibles, y en la transición hacia una economía internacionalmente más competitiva, se asignará un volumen sostenidamente creciente de recursos provenientes del presupuesto federal al desarrollo tecnológico, a fin de estimular el cofinanciamiento por parte del sector productivo, con el objeto de que progresivamente los fondos públicos puedan irse concentrando en el apoyo a proyectos científicos, o de investigación básica importantes para el país y que no resulten inmediata o directamente atractivos para las empresas.

A la vez que se redefine el papel del sector productivo en la atención de los problemas tecnológicos de las empresas, el Estado sigue avanzando en el mejoramiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Con el fin de dar continuidad a los esfuerzos que el Gobierno Federal ha iniciado para renovar el valor de la ciencia y el progreso tecnológico como instrumentos del cambio, durante 1992 se propone ejercer un gasto de 3 686.6 miles de millones de pesos, lo cual representa un incremento real de 14.2 por ciento, en términos reales, en relación a 1991. Ello permite mantener la reversión de la tendencia que se observó al inicio de la década pasada, cuando los recursos decrecían año con año, y que a partir de 1989 se logró que aumentaran gradualmente en términos reales. Así el incremento acumulado en el período 1988-1992 es de 58.5 por ciento real.

Los recursos presupuestales permitirán continuar proyectos y acciones de investigación y desarrollo tecnológico sectoriales, que faciliten incidir cualitativa y cuantitativamente en la generación de nuevos conocimientos, para estar a la altura del reto que significa el proceso de globalización de los mercados internacionales. Asimismo, respaldarán los esfuerzos para formar recursos humanos con criterios de excelencia académica; para alcanzar índices de calidad y productividad más altos en los procesos de organización y producción; y para que las aportaciones de la ciencia y la tecnología permitan elevar el nivel de bienestar social, sobre todo en áreas como salud, educación, alimentación y protección del medio ambiente.

También estos recursos servirán para seguir apoyando los fondos que en 1991 fueron establecidos para fortalecer la infraestructura científica y tecnológica; retener en el país a investigadores de calidad y estimular el regreso de los que permanecen en el exterior; fomentar la investigación de excelencia, y desarrollar la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico en la industria. Con estos nuevos esquemas se aportaron recursos adicionales para incidir en el avance de la capacidad científicotecnológica.

La integración del país a espacios comerciales más amplios requiere de recursos humanos calificados, por lo que se continuará impulsando el programa de becas del CONACYT. Esto implica canalizar más recursos para formar investigadores y tecnológicos de alto nivel. La institución tendrá en 1992 un presupuesto de casi 393.5 miles de millones de pesos, de los cuales el 29.9 por ciento se orientará al otorgamiento de becas en el país y el extranjero.

El Gobierno Federal se propone seguir apoyando el desarrollo de la comunidad científica nacional. Con recursos adicionales por 130.0 miles de millones de pesos, se favorecerá la consolidación del Sistema Nacional de Investigadores.

Se fortalecerán los mecanismos establecidos para vincular más estrechamente a las instituciones que realizan investigación científica y tecnológica, con las necesidades del sector productivo. Con este propósito, se instrumentó el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica de México y el Programa de Apoyo a la Ciencia en México. Paralelamente, se crearán mecanismos institucionales y se otorgarán incentivos, para que el sector productivo invierta más en actividades de ciencia y tecnología. La experiencia de países donde el progreso en estos campos ha sido notable, ha demostrado que la investigación en la industria es un eslabón de la cadena innovadora.

En apoyo a las decisiones que sobre la política de ciencia y modernización tecnológica ha adaptado el Gobierno Federal, la Comisión para la Planeación del Desarrollo Tecnológico y Científico estableció una nueva estructura prográmatica que permite identificar claramente el gasto destinado a impulsar la investigación científica y a apoyar la modernización tecnológica. Asimismo, ha diseñado sistemas de evaluación que permiten la asignación de recursos presupuestales, mediante la aplicación de criterios transparentes.

Con base en lo anterior, la Secretaría de Programación y Presupuesto elaboró un método para la asignación del presupuesto entre sus entidades sectorizadas dedicadas a la investigación científica y tecnológica, que se dio a conocer a los sectores que integran la Comisión para la Planeación del Desarrollo Tecnológico y Científico durante el proceso de programación - presupuestación del gasto público.

En materia de cooperación técnica internacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores colabora estrechamente con las instituciones nacionales responsables de la coordinación de programas de intercambio científico y tecnológico con otros países. En este sentido, se profundizarán y ampliarán las acciones bilaterales y multilaterales con países y organismos internacionales que se distingan por su progreso científico - tecnológico, y se mantendrán vigentes los programas de capacitación interdisciplinaria y de desarrollo académico.

Con la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial promueve la modernización tecnológica del país y el establecimiento de normas y sistemas para mejorar la protección de la propiedad industrial. Asimismo, esta dependencia estableció el Centro Nacional de Metrología, para proporcionar servicios metrológicos confiables a los productores nacionales y establecer una infraestructura metrológica a nivel nacional, acorde con el desarrollo industrial y el nivel competitivo en los mercados nacionales y en los de exportación. Con lo anterior, se busca mejorar los mecanismos de protección industrial y el proceso de normalización técnica, a fin de que los productos nacionales alcancen niveles de calidad adecuados, para su libre concurrencia en los mercados internacionales.

El empeño de los sectores productivos, en un contexto adecuado de acción gubernamental que promueva sin sustituir, será la base del éxito.

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PROTECCIÓN ECOLÓGICA

La incorporación de un aparato para la Protección del Medio Ambiente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ha significado un avance relevante hacia la modernización de la gestión ecológica. Con este procedimiento, se registran todas las actividades que en la materia realizan las dependencias públicas, lo cual hace posible por consiguiente, un mejor seguimiento de las políticas establecidas. Su ejecución a partir de 1991, permitió integrar una cartera de proyectos ambientales y ecológicos con un valor de casi 1 628. 8 miles de millones de pesos.

Con la instalación del Comité Técnico para la Instrumentación del Plan en materia Ecológica, y con la conformación de grupos intersectoriales en 1991, se ha establecido las bases para orientar toda actividad productiva en función de la vocación natural del entorno y para precisar sus efectos en éste. Ello implica una rigurosa política de ordenamiento ecológico y un importante esfuerzo técnico para la determinación del impacto ambiental, principalmente de los proyectos de gran escala.

En este sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación 1992, en materia de Protección del Medio Ambiente, permitirá una mayor vinculación de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la ejecución de los programas ecológicos, con lo cual se garantiza la orientación de las actividades públicas en una sola dirección, al darles un carácter integral y congruente con las directrices y metas establecidas en el Programa Nacional para la Protección del Medio Ambiente 1990 - 1994

Con esta orientación, el Presupuesto Federal se constituye en uno de los instrumentos estratégicos de la coordinación institucional, para avanzar en el cumplimiento del objetivo de armonizar el crecimiento económico con el restablecimiento de la calidad del medio ambiente, promoviendo la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales,establecido en Plan Nacional de Desarrollo 1989- 1994.

A nivel específico, las actividades que se vienen concertando con otros sectores en materia ecológica, se orientan principalmente a la medición, prevención y combate de la contaminación, a través del ejercicio de un mayor gasto y de la promoción de la participación ciudadana en los asuntos ecológicos. Entre las acciones que se ejecutarán, destacan las siguientes:
 

- Mejoramiento de la calidad del agua y promoción de su óptimo aprovechamiento;

- Prevención y control de la contaminación atmosférica en las zonas metropolitanas del país;

- Promoción de la instalación de confinamientos controlados, a fin de evitar la contaminación del suelo por residuos sólidos de origen industrial;

- Promoción del uso racional de los recursos naturales y del cuidado de especies de flora y fauna amenazadas o en peligro de extinción; e

- Impulso a las iniciativas jurídicas locales con mayores atribuciones de los gobiernos municipales en la preservación del equilibrio ecológico y la corresponsabilidad de la sociedad en la solución de los problemas ambientales.

La estrategia para la consecución de estos objetivos consiste en fortalecer los mecanismos de coordinación institucional y de concertación con los sectores sociales y privado, de manera que se redistribuyan los costos de atención a los problemas ecológicos, procurando que éstos recaigan sobre los responsables directos de dichos problemas. Para garantizar lo anterior, es preciso reforzar las actividades rectoras y de coordinación, a fin de que todas las entidades que conforman la administración pública central y paraestatal, cumplan con las directrices generales que señala el Programa Nacional para la Protección al Medio Ambiente, y los sectores social y privado cumplan con lo dispuesto por las leyes en la materia.

Para tal fin, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Complementará el proceso en materia de normatividad ambiental, con criterios que permitan la coparticipación de la población en general en los asuntos ecológicos; se mejorarán los instrumentos de planeación ecológica, sobre todo lo que corresponde al ordenamiento, impacto y riesgo ambiental; se consolidará el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y se avanzará en la descentralización hacia los gobiernos locales de la administración de aquellas que estén completamente regularizadas y que cuenten con los elementos técnicos y financieros para operarse en forma autosuficiente; se reforzarán las acciones de prevención y control de la contaminación ambiental y de conservación ecológica en regiones críticas o en zonas con ecosistemas frágiles; se promoverá la instalación de consejos ciudadanos para la protección ambiental en los municipios, así como también de regidurías ecológicas, para una mejor aplicación local del marco legal en la materia; se reforzarán los programas de inspección y vigilancia de fuentes contaminantes, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia de actividades que dañen el medio ambiente; se promoverá la incorporación de variables ambientales en planes y programas de estudio. La asignación presupuestaria que se propone para la SEDUE en el subsector ecología, crece en 1992 un cien por ciento en términos reales, respecto de 1991.

En la ejecución de los programas regionales de gran extensión geográfica, se requerirá de la coordinación de varias entidades gubernamentales. De ello sobresalen, entre otros, el control de la contaminación del Lago de Chapala y el mejoramiento de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Por otro lado,se realizan esfuerzos municipales, estatales y federales, para desarrollar el Programa Integral de la Frontera Norte, que conjunta acciones gubernamentales y del sector privado parta atender a la peculiar problemática demográfica y económica de esa zona. En particular, se atenderán las entidades fronterizas para resolver los problemas de mayor incidencia en la contaminación, en materia de suelo, alcantarillado, plantas de tratamiento de agua, vialidades, transporte urbano y residuos sólidos. Para 1992, se propone que los recursos fiscales destinados a esta zona asciendan a alrededor de 140 miles de millones de pesos. Cabe señalar que con la participación de los Gobiernos Estatales y Municipales, el monto rebasaría lo s 400 miles de millones de pesos. Asimismo, se iniciará coordinadamente con la CNA un programa de construcción, rehabilitación y concesión de plantas de tratamiento de aguas residuales, con la participación del sector privado y las autoridades municipales y estatales.

Para acciones en materia de protección ambiental a nivel del sector público federal, se propone asignar un gasto de 2 366.3 miles de millones de pesos, con un crecimiento real de 31.1 por ciento, respecto de 1991.

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PROYECTOS DE PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA DEUDA

En materia de deuda externa, el sano desempeño de las finanzas públicas, la favorable evolución de la economía y los beneficios de la negociación permitieron al sector público reducir el costo y servicio del endeudamiento excesivo que le caracterizaba hasta 1988. En efecto, entre los años de 1986 y 1991, la deuda neta consolidada, del sector público como proporción del PIB, se redujo a menos de la mitad. Se estima que en los tres primeros años de la presente Administración, la relación entre deuda pública y PIB habrá pasado del 62.4 por ciento en 1988, al 38.4 por ciento en 1991. En el presente año, por primera vez, el sector público obtendrá un saldo superavitario en su balance financiero.

Como resultado de la reducción del saldo de la deuda y la disminución de las tasas de interés ésta última alentada por los avances en la estabilización económica, se ha menguado el costo de la deuda pública, y su proporción respecto del tamaño de la economía se redujo a una tercera parte con relación a 1988. De este modo, en el curso de los tres primeros años de la actual Administración, el costo de la deuda pública presupuestal se redujo de 17.6 a 6.3 por ciento como proporción del PIB. Cabe resaltar que, mientras en 1987 el sector público presupuestal dedicaba el 47.2 por ciento de su gasto al costo de la deuda, en 1991 la porción de ese será de sólo 22.8 por ciento.

Así, el proyecto, de presupuesto para el costo de la deuda en 1992 asciende a 45 307.4 miles de millones de pesos, de los cuales 41 160.7 miles de millones corresponden a intereses y 4 146.7 miles de millones de pesos a adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Los intereses correspondientes al Gobierno Federal son de 34 937.4 miles de millones de pesos, lo que significa el 21.4 por ciento de su gasto presupuestal, y un descenso del 27.1 por ciento, en términos reales, con relación a 1991.

Los organismos y empresas en presupuesto destinan el pago de intereses 6 223.3 miles de millones de pesos, que comparados con los de 1991. representan un incremento del 7.4 por ciento, en términos reales.

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PODER LEGISLATIVO

Con el propósito con sus importantes tareas y alcanzar sus objetivos y metas previstas, el poder legislativo envió al Poder Ejecutivo Federal, para su incorporación en este proyecto de presupuesto, una propuesta de gasto que sumada al paquete salarial asciende a 340.7 miles de millones de pesos, con la composición siguiente:

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El gasto de inversión está destinado principalmente a la continuación de los trabajos de remodelación del recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a continuar con la construcción del edificio que albergará a las comisiones parlamentarias, y a la reposición del mobiliario y equipo de administración de la Cámara de Senadores.

PODER JUDICIAL

Para cumplir con su responsabilidad de continuar avanzando en la modernización de la administración de justicia, el Poder Judicial de la Federación envió para su incorporación al presente proyecto de presupuesto, una propuesta de gasto que sumado al paquete salarial previsto asciende a 750.0 miles de millones de pesos, con la siguiente composición.

El gasto de inversión está destinado a la adquisición de equipo para la red satelital que enlazará tribunales y juzgados del interior de la República con la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como la terminación del módulo 4 de su edificio sede en San Lázaro, D. F.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL

Para 1992, el proyecto del presupuesto de la Administración Pública Central asciende a 93 495.3 miles de millones de pesos, cifra que representa un crecimiento nominal de 20.2 por ciento, equivalente en términos reales a una tasa de 7.6 porciento, respecto al cierre estimado al año anterior. De ese monto, el 58.1 por ciento corresponde al gasto directo de las Dependencias y Ramos Generales del Gobierno Federal y el restante 41.9 por ciento, a las transferencias a entidades públicas.

El cambio a la estructura del gasto programable y la asignación de éste entre los diferentes sectores y programas, muestran una congruencia con las prioridades sociales y económicas, al incrementarse el monto real en las actividades esenciales y disminuir en las que no son prioritarias. Dentro de las dependencias que presentan aumentos reales importantes destacan: Educación Pública, Salud, Solidaridad y Desarrollo Regional, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Defensa, Marina, Procuraduría General de la República, y Comunicaciones y Transportes, que en conjunto representan el 46.8 por ciento del gasto del Sector Central.

El gasto corriente registra un monto de 42 845.8 miles de millones de pesos, lo cual significa un aumento nominal de 28.0 por ciento frente al cierre estimado de 1991, equivalente a 14.6 por ciento en términos reales. Estos recursos se destinarán principalmente a la prestación de servicios básicos en educación, salud y seguridad nacional y procuración de justicia. Destaca el concepto de servicios personales para continuar con el mejoramiento gradual del poder adquisitivo de los trabajadores públicos en áreas como el magisterio y los servicios de salud, principalmente.

El gasto de inversión física de la Administración Pública Central alcanza un monto de 11 492.6 miles de millones de pesos, lo cual representa un crecimiento nominal de 19.4 por ciento y de 6.9 por ciento real; el 90.3 por ciento de este monto se asignará a obras públicas. Las cifras anteriores reflejan el carácter prioritario de la inversión pública; no obstante, sus efectos serán importantes, más por su orientación que por su monto. Su impacto es importante, sobre todo si consideramos la participación privada de la ampliación de la infraestructura social y económica del país. Resalta la inversión asignada a los rubros de solidaridad, comunicaciones y transportes, agricultura y recursos hidráulicos, salud y desarrollo urbano y ecología, que en conjunto suman 9 884.0 miles de millones de pesos, que representa un crecimiento nominal de 24.5 por ciento y real de 11.4 por ciento, respecto al cierre estimado en 1991.

Las transferencias totales al sector público ascienden a 39 156.9 miles de millones de pesos, lo que implica un aumento nominal de 13.0 por ciento y 1.1 por ciento en términos reales, menor al crecimiento de la economía, debido a las medidas de saneamiento de las finanzas públicas y al aumento de la eficiencia y productividad de las empresas públicas. Asimismo, estas cifras reflejan los avances en los procesos de desincorporación en el Sector Paraestatal.

Para avanzar en la atención de las necesidades básicas de la población de escasos recursos y apoyar la modernización económica y social del país, se orientarán 55.1 por ciento del total de las transferencias a los sectores de Educación Pública, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes y Salud, que suman en conjunto un monto de 21 578.5 miles de millones de pesos, que significa un crecimiento nominal de 33.9 por ciento, con respecto a los apoyos registrados el año anterior.

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ADMINISTRACION PÚBLICA PARAESTATAL

En el marco de las estrategias de modernización económica y saneamiento financiero de la empresa pública, la política del gasto del Sector Paraestatal busca incrementar la eficiencia de las entidades paraestatales estratégicas y prioritarias. Así, se garantiza la cobertura de servicios de beneficio social y el abasto de productos básicos y se contribuye, al mismo tiempo, al saneamiento de las finanzas públicas y promover una mayor coparticipación entre el Estado y los sectores privado y social. Los recursos públicos se concentran en aquellas entidades que tienen, por la naturaleza de sus funciones, un mayor peso relativo dentro del esquema de política propuesto

Para la consecusión de tales fines, el proyecto de gasto programable asignado a los organismos y empresas controlados, asciende a 90 047.2 miles de millones de pesos, que representa un 13.9 por ciento de crecimiento nominal, y un incremento real de 2.0 por ciento. Las medidas de desincorporación de empresas paraestatales, la selectividad en la signación de recursos y la eficiencia en su manejo, son los principales factores explicativos de este moderado crecimiento.

Simultáneamente, los programas de cambio estructural y saneamiento financiero constituyen los instrumentos escenciales para elevar la eficiencia, eficacia y productividad del Sector Paraestatal, al ampliar el margen de inversiones en renglones estratégicos y prioritarios y erogar recursos para operación, en forma estrictamente selectiva.

El gasto correspondiente a Petróleos Mexicanos asciende a 24 116.2 miles de millones de pesos, 0.6 por ciento de incremento real, lo que significa una disminución de la participación respecto al total del sector de 0.4 puntos porcentuales. El desitno de los recursos se dirige básicamente la ampliación de las inversiones, así como también el mantenimiento de la planta operativa actual, con el propósito de continuar e incrementar las labores de exploración y explotación, así como garantizar la demanda interna y externa mediante la comercialización de productos primarios y petrolíferos.

Con la finalidad de atender la demanda de energía eléctrica y continuar con la construcción y rehabilitación de centrales generadoras, se propone una asignación presupuestal de 15 846.0 miles de millones de pesos, 3.8 por ciento mayor en términos reales para la Comisión Federal de Electricidad. En particular, el gasto de inversión de la entidad disminuye en 5.9 por ciento real, como producto de la continuación de las obras de proyectos termoeléctricos de gran deimensión financiados con participación privada, como Carbón II. Topolobampo y Petacalco. Adicionalmente, en los años anteriores se registraron incrementos en la inversión pública, con los que se estima podrá cubrir eficientemente la demanda futura de energía.

La modernización de las comunicaciones en los ámbitos carretero, aereopirtuario y de transportes, constituye uno de los instrumentos fundamentales para persistir en el crecimiento económico, en la eficiencia productiva y en la dinámica de la comercialización de productos nacionales y extranjeros. Para continuar con esta estrategia, el gasto asignado a las entidades involucradas con las comunicaciones, es el siguiente: Ferrocarriles Nacionales, 4 944.5 miles de millones de pesos, que significa un incremento real de 4.0 por ciento; Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con un incremento real de 0.6 por ciento, alcanza 1 302.9 miles de millones de pesos; y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con un monto de 622.8 miles de millones de pesos, obtiene un incremento en términos reales, de 2.0 por ciento.

Con el objeto de garantizar el abasto de productos básicos que la población demanda, las asignaciones a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares mantiene un nivel ligeramente mayor al de 1991, al ascender a 6 473.0 miles de millones de pesos, con un incremento real de 3.7 por ciento.

Por último, con el objetivo de mejorar la eficiencia y ampliar la cobertura de las entidades encargadas de impulsar el bienestar social, aspecto fundamental de la política económica actual, el gasto correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social asciende a 23 693.1 miles de millones de pesos, que representa 8.0 por ciento de incremento real, mientras que para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el monto asciende a 6 445.1 miles de millones de pesos, lo cual significa un 6.0 por ciento de incremento real.
 

ÓRGANOS ELECTORALES

Modernizar y hacer explícita la vida democrática del país implica fortalecer y generalizar la participación ciudadana, alentar el régimen de partidos políticos y perfeccionar la organización y los instrumentos de los procesos electorales, cuya complejidad técnica es creciente en las democracias de nuestro tiempo.

En apoyo a las disposiciones constitucionales y a las bases legales que regulan su organización, funcionamiento y competencia, el Instituto Federal Electoral, se propone coadyuvar a la manifestación de la voluntad política de la población, donde a través de la amplia y activa participación de la ciudadanía, así como también de las organizaciones y partidos políticos, se avance en el proceso de modernización de la vida democrática y se mantenga la paz social del país.

Corresponde al Tribunal Federal Electoral, como órgano jurisdiccional autónomo, la sustentación y resolución de los recursos de apelación y de inconformidad, así como también la imposición de las sanciones establecidas en materia de procesos electorales, sustentándose en el principio de legalidad conforme a los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el cumpliniemto de estos objetivos, en el proyecto de presupuesto de Egresos se presenta la propuesta de gasto que enviaron al ejecutivo federal los órganos electorales, para el ejercicio de sus funciones.

La propuesta de gasto para los Órganos Electorales, asciende a 664.7 miles de millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

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El financiamiento público a los partidos políticos nacionales se ha previsto en los términos acordados por la Comisión Federal Electoral y de Conformidad con lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales.

En apoyo al ejercicio de las actividades propias de los órganos electorales, el gasto de inversión se destinará a rehabilitar y equipar las Delegaciones Estatales en el interior de la República, y a la instalación de los centros Bibliográficos de Documentación Electoral, en las ciudades de Jalapa, Durango, Toluca y, en el Distrito Federal.

De esta forma, todas las necesidades de apoyo a los procesos electorales se atienden en forma ordenada, de acuerdo a las disposiciones legales al respecto contribuyendo de esta manera a garantizar la vigencia de nuestro régimen democrático.

RESULTADO PRESUPUESTAL

Como consecuencia de la disciplina presupuestal, del esfuerzo constante para la obtención de ingresos del Gobierno Federal, de los organismos y empresas, así como la reducción del costo financiero de la deuda derivada de la estabilización económica, el resultado de las finanzas públicas arroja un balance superavitario.

En efecto, el resultado presupuestal que se refleja en este proyecto de presupuesto es un balance superavitario de 18 113.9 miles de millones de pesos, de donde el del Gobierno Federal es de 13 857.7 miles de millones de pesos y el de los organismos y empresas en presupuesto de 4 256.2 miles de millones de pesos

Por su parte, el superávit primario presupuestal, que es la diferencia entre los ingresos y el gasto diferente de intereses, asciende a 59 274.6 miles de millones de pesos, y que equivale a 6.0 por ciento del Producto Interno Bruto.

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En síntesis, se afirma el compromiso del gobierno de la república de fortalecer la capacidad del Estado para impulsar el crecimiento económico estable y sostenido, que asegure mayor bienestar para los que menos tienen.

Es tarea fundamental continuar avanzando hacia el logro de los grandes objetivos nacionales con la participación conjunta y solidaria de los sectores sociales, base insoslayable para su desarrollo y un crecimiento equilibrados de la economía dentro de un marco de mayor justicia social.

Hoy, el Estado mexicano es más fuerte y puede, en consecuencia, dedicar mayor atención a las demandas sociales y dirigir decididamente sus esfuerzos hacia un mejor nivel de bienestar de la sociedad, objetivo primordial de este gobierno; esto es, precisamente, lo que se propone en este Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, que someto a la consideración de los miembros de esta Honorable Representación Nacional.

Reitero a ustedes las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Cd. de México, a 15 de Noviembre de 1991

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

CARLOS SALINAS DE GORTARI

INICIATIVA DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCITO FISCAL DE 1992.

CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1992, se sujetarán a las disposiciones de este Decreto y a las aplicables a la materia.

Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las Dependencias del Ejecutivo Federal y los Ramos de Aportaciones a Seguridad Social y Erogaciones no Sectorizables para el año de 1992, importan la cantidad de $ 87,357,727,000,000 (OCHENTA Y SIETE BILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL) y se distribuyen de la siguiente manera:

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Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.

Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para Solidaridad y Desarrollo Regional y Participaciones a Estados y Municipios para el año de 1992, importan la cantidad de $ 37,390,221,400,000 (TREINTA Y SIETE BILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) y se distribuyen de la siguiente manera:

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Las previsiones por concepto de Solidaridad y Desarrollo Regional se orientarán a obras y proyectos de inversión de vivienda, educación, agua potable, salud, electrificación, infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos naturales, que atiendan la demanda directa de las comunidades indígenas, campesinas y grupos populares urbanos. Los recursos por este concepto serán intransferibles.

Las erogaciones por concepto de Participaciones a Estados y Municipios se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1992, importa la cantidad de $296,778,400,000 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).

Artículo 5o. El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1992, importa la cantidad de $555,661,300,000 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).

Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el año de 1992 correspondientes a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluidos en este Presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:

Artículo 7o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el pago del servicio de la deuda del Gobierno Federal para el año de 1992, importan la cantidad de $ 34,937,402,500,000 (TREINTA Y CUATRO BILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) y se distribuyen de la siguiente manera:

00024 Deuda Pública 34,238,434,400,000

00029 Erogaciones para Saneamiento Financiero 698,968,100,000

Los intereses y comisiones correspondientes a las entidades paraestatales cuyos programas están incluidos en este presupuesto, ascienden a la cantidad de $ 6,223,284,900,000 (SEIS BILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).

Las asignaciones para el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores del Gobierno Federal importan la cantidad de $ 4,146,700,000,000 (CUATRO BILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL).

El ejercicio de los recursos a que se refiere este artículo estará vinculado a la evolución de las condiciones económicas y sociales y, en su caso, se ajustará a los requerimientos que demande el desarrollo nacional.

El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda, en términos nominales, por ser estas operaciones compensadas que no afectan el saldo neto de la deuda pública. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos compensados a la Cámara de Diputados, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable también, a las entidades a que se refiere el artículo 6o. de este Decreto.

Artículo 8o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el Ramo 00022 Órganos Electorales para el año de 1992, importan la cantidad de $ 590,712,400,000 (QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).

Artículo 9o. Los titulares de las dependencias así como los órganos de gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los Programas Sectoriales de Mediano Plazo, Programas Operativos Anuales y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.

Las Secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con las estrategias, prioridades y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los criterios de política económica, de los programas de desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la Administración Pública Federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinan.

Artículo 10. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto. La aprobación de los calendarios de gasto deberá quedar concluida, a más tardar, en los primeros 20 días del ejercicio.

Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, en su caso, podrá reservarse dicha autorización y solicitar a los coordinadores de sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas, en los siguientes casos:
 

I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos con base en lo dispuesto por el artículo 37 de este Decreto;

II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados o se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;

III. En el caso de subsidios, el incumplimiento de la cuenta comprobada motivará, en su caso; la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieran autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;

IV. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emitan las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público;

V. Cuando en los términos del artículo 28 del presente Decreto, se hayan celebrado convenios de asunción de pasivos y no se cumpla con las obligaciones pactadas y los programas de saneamiento respectivos o con los compromisos de déficit o superávit, y

VI. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
 

Las entidades no comprendidas en el presupuesto, se sujetarán a los calendarios de gasto que aprueben sus respectivos órganos de gobierno, con base en los lineamientos generales que emita la propia Secretaría.

Artículo 11. Para que las dependencias y entidades puedan ejercer créditos externos, será necesario que la totalidad de los recursos correspondientes se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la aprobación previa y expresa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Los recursos que se prevean ejercer por este concepto serán intransferibles y sólo podrán aplicarse a los proyectos para los cuales fueron contratados los créditos.

En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales se debará establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de deuda que los créditos generan.

Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Asimismo, y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades dentro de sus presupuestos autorizados, deberán utilizar los recursos externos disponibles en las instituciones financieras, para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.

Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales debidamente justificados y de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo 12. La Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio del presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.

Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, así como de los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como del Titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizar dichos compromisos, salvo en lo previsto en el artículo siguiente.

Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 Constitucional, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del Ramo XXIII del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 13. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social o programas y proyectos prioritarios y estratégicos del Gobierno Federal, tales como desarrollo rural, comercialización de productos agropecuarios, educación, salud, vivienda, infraestructura básica y medio ambiente, con cargo a:
 

I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1, 2, 3 y 4 de su fracción II "Aportaciones y Abonos Retenidos a los Trabajadores por Patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", "Cuotas para el Seguro Social a cargo de Patrones y Trabajadores", "Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados Trabajadores" y "Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los Militares".

De estos ingresos, se asignarán a la Cámara de Diputados los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos, en un monto que no exceda del 5 por ciento del gasto corriente presupuestado para el Poder Legislativo, los que serán ejercidos por conducto de la propia Cámara de Diputados;

II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este Decreto;

III. Remanentes que tengan las entidades paraestatales, entre sus ingresos y gastos netos, que se consignen como erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos, y

IV. Ingresos que obtenga el Gobierno Federal como consecuencia de la liquidación o extinción de las entidades paraestatales que se determine o del retiro de la participación estatal en aquéllas que no sean estratégicas o prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros.

El monto de los ingresos adicionales que resulten de las operaciones señaladas en el párrafo anterior se destinará a financiar proyectos de inversión productiva de entidades estratégicas y prioritarias existentes, para amortizar deuda pública, o para la constitución de nuevas entidades paraestatales que se justifique, de acuerdo a los requerimientos de desarrollo del país.

En el caso de excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este Decreto, serán canalizados para fortalecer, cuando así lo amerite, su propia situación financiera.

Asimismo, se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el Gobierno Federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas y proyectos específicos para los que hubieren sido contratados.

El Ejecutivo Federal al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1992, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición y hará el análisis de su aplicación.

Artículo 14. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del Programación y Presupuesto, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados.

Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de los órganos de gobierno de las propias entidades.

Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las metas sustantivas del gasto social y principales proyectos de inversión, optando preferentemente en los casos de programas de inversión, por aquéllos de menor productividad e impacto social y económico.

En el caso de la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 12.5 por ciento, el Ejecutivo Federal, en el contexto de los párrafos anteriores, procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar e informará, también de inmediato, a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Artículo 15. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.

Artículo 16. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambios, quedarán definitivamente como economías del presupuesto.

En el caso de servicios personales las economías definitivas podrán aplicarse a programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que las generen, sujetándose a los lineamientos administrativos que al efecto expida la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Artículo 17. La administración, control y ejercicio de los Ramos de Erogaciones no Sectorizables, de Aportaciones a Seguridad Social y de Solidaridad y Desarrollo Regional a que se refiere el presente Decreto, se encomienda a la Secretaría de Programación y Presupuesto. La administración, control y ejercicio de los Ramos de Deuda Pública, de Participaciones a Estados y Municipios y de Erogaciones para Saneamiento Financiero será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CAPITULO SEGUNDO DISPOCISIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTALES.

Artículo 18. Sin perjuicio de lo que establece el presente Decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal, serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.

Artículo 19. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas, sin perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar, conforme a los programas y recursos en este presupuesto, la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.

Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello garantice el incremento de su productividad, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieren y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de gobierno, debiendo informar de lo anterior a las Secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación.

La designación y contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores surtirá efectos a partir de la fecha de la autorización correspondiente, sin que en ningún caso pueda dárseles efectos retroactivos.

En el caso de las estructuras de las dependencias y entidades ya autorizadas, no podrán llevarse a cabo conversiones de plazas, puestos y categorías en ellas comprendidos, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cual deberá recabarse la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto, para el caso de las dependencias y del órgano de gobierno respectivo, tratándose de las entidades paraestatales.

Las dependencias y entidades no podrán modificar su estructura orgánica básica y ocupacional aprobada en el ejercicio de 1991, debiendo ser éstas acordes con las normas emitidas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, por lo que cualquier adecuación sólo podrán hacerla las dependencias, previa autorización de dicha Secretaría y las entidades paraestatales por su órgano de gobierno, conforme a los lineamientos que se dicten para tal efecto, de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tales adecuaciones no podrán implicar traspaso o ampliación a las previsiones presupuestadas por las dependencias y entidades por concepto de servicios personales, ni incremento en el número de plazas.

Artículo 20. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales deberán:
 

I. En las acciones de descentralización, dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas, sin que ello implique la creación de nuevas plazas;

II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de suelos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto para las dependencias y en el caso de las entidades, por el órgano de gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia en la actuación y otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano de gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior.

Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las entidades paraestatales, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;

III. Abstenerse de cubrir gastos por concepto de honorarios que rebasen los montos autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuesto o bien, que en cualquier forma supongan el incremento del número de los contratos relativos, celebrados en el ejercicio de 1991.

Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o entidad de que se trate.

La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuente. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de Gobierno de la entidad de que se trate;

IV. Observar la normatividad de que emita la Secretaría de Programación y Presupuesto, en materia de remuneraciones a título de consejeros en órganos de Gobiernos, o sus equivalentes de entidades paraestatales;

V. Sujetarse a los lineamientos que se expiden para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y

VI. Abstenerse de realizar cualquier transferencia de recursos de otros capítulos presupuestales al capítulo de servicios personales.

Artículo 21. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento a la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este Decreto y las que resulten aplicables a la materia.

Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior, para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. Asimismo, Continuarán en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores y de programación y presupuesto revisando dichas cuotas en relación con los fines de los organismos y sus propias atribuciones, a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando en el contexto de las prioridades nacionales no se justifiquen.

Durante el ejercicio de 1992, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de programación y presupuesto, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector, en función de las disponibilidades de recursos, adoptará medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior.

Artículo 22. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ejercicio de sus presupuestos para el año de 1992, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
 

I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para la operación. En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan;

II. Vehículos terrestres y marítimos con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud y del desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, y

III. Vehículos aéreos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía, así como la procuración de justicia.

Cualquier erogación que realicen las dependencias por los conceptos previstos en las fracciones anteriores, requerirá de la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto en forma específica y previa al ejercicio del gasto correspondiente.

Tratándose de entidades paraestatales, se requerirá de la autorización específica y previa de su órgano de gobierno, la cual deberá sujetarse a la normatividad vigente.

Artículo 23. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable, su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o del órgano de gobierno de la entidad correspondiente:
 

I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero; congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de servicios bancarios, correos, telegráfos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable; y donativos, en los términos al artículo 29 de este decreto;

II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones, y

III. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.

Las organizaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al presupuesto de egresos de la Federación para 1992 deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto y las que efectúen las entidades, se autorizarán por el órgano de Gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías.

Artículo 24. En el ejercicio de gasto de inversiones públicas para 1992:
 

I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras vinculadas a la presentación de los servicios de educación, salud, vivienda, equipamiento urbano, producción y abasto de alimentos, seguridad e impartición de justicia, con especial atención de aquéllos que se orienten a satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos; así como para la modernización de la infraestructura básica de comunicaciones y transportes, hidráulica, energía eléctrica y abasto de combustible; a los que estén orientados e incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y los que presenten un mayor grado de avance físico.

Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos, cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos financieros para su terminación, puesta en operación y mantenimiento y en ningún caso, cuando existan otros proyectos similares que puedan ser concluidos con los recursos indispensables;

II. Se deberá aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos;

III. Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra;

IV. Se deberán estimular los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales para su ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción, estratégicos y prioritarios, comprendidos en la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de desarrollo, de los programas de mediano plazo y demás programas formulados con base en la ley de planeación.

En el caso de proyectos y obras de beneficio social se concertará, con arreglo a la ley, la participación activa de las comunidades locales;

V. Los proyectos de inversión financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las dependencias y entidades y sujetarse en los términos de las autorizaciones que otorguen las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus respectivas atribuciones; asimismo, los ejecutores de gasto y los agentes financieros del Gobierno Federal, informarán a las citadas Secretarías, del ejercicio de los Créditos en base en los recursos autorizados en sus respectivos presupuestos;

VI. Las inversiones financieras con cargo al presupuesto de Egresos de la Federación para 1992, serán aquellas estrictamente necesarias y se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se orientarán:

a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y

b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.

Las inversiones financieras deberán estar vinculadas a programas de saneamiento financiero, productividad y eficiencia y responder a las orientaciones de los programas sectoriales de mediano plazo. Tratándose de organizaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse además a lo que dispone el artículo 28 de este Decreto, y

VII. Las entidades paraestatales deberán ajustar sus programas de extensión productiva con los programas de mediano plazo correspondientes, como las prioridades de estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de desarrollo y con las previsiones de recursos disponibles.
 

I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;

II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;

III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que, al mismo tiempo, eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;

IV. Los subsidios para las actividades productivas serán congruentes con los fines de la estrategia económica del Plan Nacional de Desarrollo, dando prioridad a las actividades del sector social, y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra, a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos y a promover la capacidad de exportación y la generación de divisas;

V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme a las necesidades sociales y con el objeto de preservar el nivel de ingreso de los productores. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y del poder adquisitivo de la población;

VI. Las transferencias destinadas al apoyo de entidades paraestatales se deberán orientar selectivamente hacia actividades estratégicas y prioritarias, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;

VII. Se requerirá la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para otorgar transferencias que se pretendan destinar a inversiones financieras;

VIII. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investigación en instituciones públicas, a la capitalización de las empresas públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;

IX. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales, y

X. No se deberán otorgar transferencias cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.

Artículo 26. La Secretaría de Programación y Presupuesto autorizará las transferencias con cargo al presupuesto de Egresos a las dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales bajo su coordinación, verificando previamente:
 

I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;

II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y

III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base a lo programado.

Las dependencias coordinadoras de sector podrán suspender las ministraciones de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico - financiera en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, informando de inmediato a la Secretaría de Programación y Presupuesto; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 de este Decreto.

Artículo 27. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito público, determinarán el orden a que se sujetará la administración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.

Artículo 28. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades paraestatales convenios para:
 

I. El establecimiento de metas de desempeño, de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado, y

II. El saneamiento financiero , mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre de que la entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente a más tardar el 31 de julio de 1992 a la comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento y sea aprobado por ésta.

La Comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios, respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, las dependencias que integran la Comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrán a la dependencia coordinadora de sector y a la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con base a las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, informará anualmente a la Cámara de diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.

Las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, establecerán los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y harán la determinación de las entidades paraestatales con las que habrá de celebrarse los mismos. Los órganos de Gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superavit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios.

Artículo 29. La secretaría de Programación y Presupuesto no podrá autorizar subsidios, ni las dependencias ni entidades otorgar donativos y ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados que no se consideren de beneficio social. Tampoco se otorgarán a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos prevengan de éste.

Artículo 30. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 del Presente Decreto.

Artículo 31. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades. En todo momento, se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.

Para la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, el ejecutivo por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, resolverá lo conducente, debiendo dar prioridad a las dependencias y entidades que hubiesen generado dichos ahorros, para estimular así la creatividad y productividad de las mismas.

Artículo 32. Las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles salvo en el caso de valores emitidos por el sector público. Para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera que requiera el sistema Integral de información de los Ingresos y Gastos Públicos a que se refiere el artículo 37 de este Decreto.

A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de Créditos o adeudos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal informarán de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, en los términos que se establezcan con base en lo dispuesto por el artículo 37 del presente Decreto.

Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento de los certificados de la tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de esta tasa se efectuará sobre los adeudos reportados por el sistema de compensación de adeudos del Sector Público, desde la fecha en que debieron liquidarse tales adeudos.

Artículo 33. El Banco de México, en función del monto de divisas requerido para el presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará a petición de las dependencias y entidades, las divisas necesarias para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera, debiendo las mismas informar a las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen al respecto, de acuerdo con los flujos reales establecidos.

Artículo 34. La secretaría de Programación y Presupuesto Conjuntamente con la secretaría de Hacienda y Crédito Público tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento que se presenten. En estos casos se cuidará no afectar los programas de inversiones prioritarios.

Artículo 35. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1992, serán los siguientes:

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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.

Artículo 36. Para efectos del artículo 39 la ley de adquisiciones, Arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado por lo menos a tres proveedores según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1992, serán los siguientes:

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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.

Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.

Artículo 37. Las Secretarías de Hacienda y Crédito público, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General de la Federación y el Banco de México, operarán el sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos. Las propias dependencias establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho sistema, los cuales deberán ser conocidos por las dependencias y entidades, a más tardar dentro de los primeros 30 días del ejercicio.

Las dependencias y entidades deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el sistema. Para tal efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, conjuntamente con la coordinadora de sector, harán compatibles los requerimientos de información que demanda el sistema, racionalizando los flujos de información.

Artículo 38. La secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.

El ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público informará Trimestralmente a la Cámara de diputados sobre los resultados de las verificaciones a que se refiere el artículo 9o. de este Decreto, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, incluyendo las de las entidades paraestatales que celebren convenios de déficit o, en su caso, superavit financiero y hará asimismo, las aclaraciones que ésta le solicite, a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y al fincamiento de las responsabilidades correspondientes.

Los informes trimestrales deberán ser presentados a más tardar 45 días después de terminado el trimestre de que se trate.

Artículo 39. Para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por ley o por Decreto del Congreso de la Unión se requerirá autorización previa del mismo.

En los términos de los artículos 15, 16 y 32 de la ley Federal de las entidades Paraestatales y los respectivos de la ley de presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el ejecutivo podrá proceder a la desincorporación de entidades paraestatales, comprendidas en este Decreto, sujetándose a las siguientes bases:
 

a) Las propuestas que formule la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver, liquidar y extinguir, transferir a los estados y municipios; enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, los cuales deberán considerar el efecto social y productivo de estas medidas incorporando los puntos de vista de los sectores interesados, y

b) Enviar previamente informe escrito, a la Cámara de diputados, de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.
 

Artículo 40. La secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las leyes que resulten aplicables y el presente Decreto, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y entidades coordinadas y no coordinadas en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales y podrá requerir de las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 41 de este Decreto.

Del cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se dará cuenta a la Cámara de diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 38 de este Decreto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Artículo 41. La Secretaría de la contraloría General de la Federación y los órganos internos de control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la ley, comprobarán el cumplimiento, por parte de las propias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las obligaciones derivadas de este Decreto.

Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven acabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento que las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, podrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, en los Términos de la coordinación que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 42. La Secretará de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efecto administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 1992.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. Ciudad de México, D. F., 15 de Noviembre de 1991.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CARLOS SALINAS DE GORTARI

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.