Minuta proyecto de Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal, en materia comun, y para toda la Republica en materia federal, enviada por la Camara de Senadores, el martes 10 de diciembre de 1991
 

Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes expediente con minuta proyecto de Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal, en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 9 de diciembre de 1991. - Senadores secretarios: Oscar Ramírez Mijares y Salvador Sánchez Vázquez.

PROYECTO DE LEY PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES, PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto reglamentar la función del Estado en la protección de los derechos de los menores, así como en la adaptación social de aquéllos cuya conducta se encuentra tipificada en las leyes penales federales y del Distrito Federal y tendrá aplicación en el Distrito Federal en Materia Común, y en toda la República en Materia Federal.

Artículo. 2o. En la aplicación de esta Ley se deberá garantizar el irrestricto respecto a los derechos consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Se promoverá y vigilará la observancia de estos derechos por parte de los funcionarios responsables, procurando siempre la correcta aplicación de los medios legales y materiales pertinentes, para prevenir cualquier violación a los mismos y, en su caso, para restituir al menor en su goce y ejercicio, sin perjuicio de que se aplique a quienes los conculquen, las sanciones señales por las leyes penales y administrativas

Artículo 3o. El menor a quien se atribuya la comisión de una infracción, recibirá un trato justo y humano, quedando prohibidos, en consecuencia, el maltrato, la incomunicación, la coacción psicológica, o cualquier otra acción que aténte contra su dignidad o su integridad física o mental.
 

TITULO PRIMERO
Del consejo de menores

CAPÍTULO I
Integración organización y atribuciones del consejo de menores

Artículo 4o. Se crea el Consejo de Menores como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual contará con autonomía técnica y tendrá a su cargo la aplicación de las disposiciones de la presente Ley.

Respecto de los actos u omisiones de menores de 18 años que se encuentren tipificados en las leyes penales, podrán conocer los consejos o tribunales locales para menores del lugar donde se hubieren realizado, conforme a los convenios que al efecto celebren la Federación y los gobiernos de los estados.

Se promoverá que en todo lo relativo al procedimiento, medidas de orientación, de protección y de tratamiento, los consejos y tribunales para menores de cada entidad federativa se ajusten a lo previsto en la presente Ley, conforme a las reglas de competencia establecidas en la ley local respectiva.

Artículo 5o. El Consejo de Menores tendrá las siguientes atribuciones:
 

I. Aplicar las disposiciones contenidas en la presente Ley con total autonomía;

II. Desahogar el procedimiento y dictar las resoluciones que contengan las medidas de orientación y protección, que señala esta Ley en materia de menores infractores.

III. Vigilar el cumplimiento de la legalidad en el procedimiento y el respecto a los derechos de los menores sujetos a esta Ley;

IV. Las demás que determinen las leyes y los reglamentos.
 

La competencia del Consejo se surtirá atendiendo a la edad que hayan tenido los sujetos infractores, en la fecha de comisión de la infracción que se les atribuya; pudiendo en consecuencia, conocer de las infracciones y ordenar las medidas de orientación, y tratamiento que correspondan, aun cuando aquéllos hayan alcanzado la mayoría de edad.

En el ejercicio de sus funciones el consejo instruirá el procedimiento, resolverá sobre la situación jurídica de los menores y ordenará y evaluará las medidas de orientación, protección y tratamiento que juzgue necesarias para su adaptación social.

Artículo 7o. el procedimiento ante el Consejo de Menores, comprende las siguientes etapas:
 

I. Integración de la investigación de infracciones;

II. Resolución inicial;

III. Instrucción y diagnóstico;

IV. Dictamen Técnico;

V. Resolución definitiva;

I. Aplicación de las medidas de orientación, y protección y tratamiento;

II. Evaluación de la aplicación de las medidas de orientación y tratamiento;

III. Conclusión del tratamiento, y

IV. Seguimiento Técnico ulterior.
 

Artículo 8o. El consejo de menores contará con:
 

I. Un Presidente del Consejo;

II. Una sala superior;

III. Un secretario general de acuerdos de la sala superior;

IV. Los consejeros unitarios que determine el presupuesto;

V. Un comité técnico interdisciplinario;

VI. Los secretarios de acuerdos de los consejeros unitarios;

VII. Los actuarios;

VIII. Hasta tres consejeros supernumerarios;

IX. La unidad de defensa de menores, y

X. Las unidades técnica y administrativas que se determine.

Artículo 9o. El Presidente del Consejo, los consejeros, el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, los miembros del Comité Técnico Interdisciplinario, los secretarios de acuerdos y los defensores de menores, deberán reunir y acreditar los siguientes requisitos:
 

I. Ser mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. No haber sido condenados por delito internacional;

III. Poseer el título que corresponda a la función que desempeñen de acuerdo con la presente ley, y que el mismo esté registrado en al dirección general de profesiones;

IV. Tener conocimientos especializados en la materia de menores infractores, lo cual se acreditará con las constancias respectivas, y

V. El presidente del consejo, los consejeros, el secretario general de acuerdos y los títulos del comité técnico interdisciplinario y de la unidad de defensa de menores, deberán tener una edad mínima de veinticinco años y además, deberán tener por lo menos tres años de ejercicio profesional, contados desde la fecha de autorización legal para el ejercicio de la profesión. Cesarán en sus funciones al cumplir setenta años de edad.
 

Artículo 11. Son atribuciones del presidente del consejo:
 

I. Representar al consejo y presidir la sala superior;

II. Ser el conducto para tramitar ante otras autoridades los asuntos del consejo;

III. Recibir y tramitar ante la autoridad competente las quejas sobre las irregularidades en que incurran los servidores públicos del consejo.

IV. Conocer y resolver las excitativas para que se formulen los proyectos de resolución y las resoluciones que deban emitir, respectivamente, los consejeros que integran la Sala Superior y la propia sala superior.

V. Designar de entre los consejeros a aquéllos que desempeñen las funciones de visitadores;

VI. Conocer y resolver las observaciones y propuestas de los consejeros visitadores;

VII. Determinar las funciones y comisiones que habrán de desempeñar, en su caso, los consejeros supernumerarios;

VIII. Expedir los manuales de organización interna de las unidades administrativas del consejo, y aquellos otros manuales e instructivos que se hagan necesarios conforme a las directrices acordadas por la sala superior;

IX. Dictar las disposiciones pertinentes para la buena marcha del Consejo conforme a los lineamientos generales acordados por la sala superior;

X. Designar a los consejeros supernumerarios que suplirán las ausencias de los numerarios;

XI. Proponer a la Sala Superior los acuerdos que juzgue conducentes para el mejor desempeño de las funciones del consejo;

XII. Conocer, evaluar y realizar el seguimiento de los proyectos y programas institucionales de trabajo;

XIII. Dirigir y coordinar la óptima utilización de los recursos humanos, financieros y materiales asignados al Consejo, para el cumplimiento de sus objetivos, así como elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos;

XIV. Nombrar y remover al personal técnico y administrativo al servicio del consejo, señalándole sus funciones y remuneraciones conforme a lo previsto en el presupuesto anual de egresos;

XV. Proveer lo necesario par el debido cumplimiento de los programas de trabajo y el ejercicio del presupuesto del consejo;

XVI. Convocar y supervisar los concursos de oposición para el otorgamiento, por el Secretario de Gobernación, del cargo de consejero unitario o supernumerario;

XVII. Proponer al Secretario de Gobernación la designación y en su caso la remoción por causa justificada de los miembros y Presidente del comité técnico interdisciplinario y del titular de la unidad de defensa de menores;

XVIII. Establecer los mecanismos para el cumplimiento de las atribuciones de la unidad de defensa de menores y vigilar su buen funcionamiento;

XIX. Vigilar la estricta observancia de la presente ley y demás ordenamientos legales aplicables, y

XX. Las demás que determinen las leyes y reglamentos.

Artículo 12. La sala superior se integrará por:
 

I. Tres licenciados de Derecho, uno de los cuales será el presidente del consejo, el cual presidirá la sala superior y

II. El personal técnico y administrativo que se autorice conforme al presupuesto.

Artículo 13. Son atribuciones de la sala superior:
 

I. Fijar y aplicar las tesis y los precedentes conforme a lo previsto por la ley;

II. Conocer y resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones inicial y definitiva, según los dispuesto en la presente ley;

III. Conocer y resolver las excitativas para que los consejeros unitarios emitan las resoluciones que correspondan de acuerdo con las prevenciones de este ordenamiento legal;

IV. Calificar los impedimentos, excusas y recusaciones respecto de los consejeros unitarios y, en su caso, designar el Consejero que deba sustituirlos;

V. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de su competencia, y

VI. Las demás que determinen esta ley y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 14. Son atribuciones del Presidente de la Sala Superior:
 

I. Representar a la sala;

II. Integrar y presidir las sesiones de la sala y autorizar en presencia del secretario general de acuerdos, las resoluciones que se adopten;

III. Dirigir y vigilar las actividades inherentes al funcionamiento de la sala, y

IV. Las demás que determinen las leyes y reglamentos, así como los acuerdos emitidos por la sala superior.
 

I. Asistir a las sesiones de la sala y emitir libremente su voto;

II. Visitar los establecimientos y órganos técnicos del consejo y emitir el informe respecto del funcionamiento de los mismos;

III. Fungir como potentes en los asuntos que les correspondan, de acuerdo con el turno establecido;

IV. Dictar los acuerdos y resoluciones pertinentes dentro del procedimiento en los asuntos que sean competencia de la sala superior;

V. Presentar por escrito el proyecto de resolución de los asuntos que conozcan, dentro de los plazos que señale la ley;

VI. Aplicar las tesis y precedentes emitidos por la sala superior, y

VII. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y la propia sala superior.

Artículo 16. Son atribuciones del secretario general de acuerdos de la sala superior:
 

I. Acordar con el presidente de la sala superior los asuntos de su competencia;

II. Llevar el turno de los asuntos de que deba conocer la sala superior;

III. Elaborar, dar seguimiento y hace que se cumpla el turno entre los miembros de la sala superior;

IV. Firmar conjuntamente con el Presidente de la sala superior de las actas y resoluciones y dar fe de las mismas;

V. Auxiliar al presidente de la sala superior en el despacho de los asuntos que a éste correspondan;

VI. Documentar las actuaciones y expedir las constancias que el Presidente de la sala superior determine;

VII. Librar citaciones y notificaciones y los procedimientos que se tramiten ante la sala superior;

VIII. Guardar y controlar los libros de gobierno correspondiente;

IX. Engrosar, controlar, publicar y archivar los acuerdos, precedentes y tesis de la sala superior;

X. Registrar, controlar y publicar las tesis y precedentes de la sala superior;

XI. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y la sala superior.
 

Artículo 18. Para que la sala superior y el comité técnico interdisciplinario sesionen, se requiere la concurrencia de las dos terceras partes de sus integrantes.

Artículo 19. La sala superior y el comité técnico interdisciplinario emitirán sus resoluciones y dictámenes por unanimidad o por mayoría de votos. En caso de empate, los presidentes de la sala superior y del comité técnico interdisciplinario, tendrán voto de calidad.

Los consejeros que disientan de la mayoría, deberán emitir por escrito su voto particular razonando.

Artículo 20. Son atribuciones de los consejeros unitarios:
 

I. Resolver la situación jurídica del menor dentro del plazo de cuarenta y ocho horas o, en su caso, dentro de la ampliación solicitada, la que no podrá exceder de otras cuarenta y ocho horas, y emitir por escrito la resolución inicial que corresponda.

Si la resolución inicial o la ampliación del plazo de referencia no se notificare a la autoridad responsable de la custodia del menor, dentro de las tres horas siguientes el vencimiento de los plazos antes indicados, ésta lo entregara de inmediato a sus representantes legales o encargados. Cuando ninguna de las personas antes mencionadas reclamare al menor, éste se pondrá a disposición del órgano de asistencia social que corresponda. De todo ello se dejará constancia en el expediente.

II. Instruir el procedimiento y emitir la resolución definitiva, en la cual hará el examen exhaustivo del caso, valorará las pruebas y determinará si los hechos son o no constitutivos de la infracción atribuida al menor y si quedó o no plenamente comprobada su participación en la comisión de la misma, señalando las medidas que deban aplicarse de conformidad con el dictamen del comité técnico interdisciplinario;

III. Entregar al menor a sus representantes legales o encargados, cuando en la resolución inicial se declare que no ha lugar a proceder, o bien si se trata de infracciones imprudenciales o que correspondan a ilícitos que en las leyes penales admitan la libertad provisional bajo caución. En estos dos últimos casos, se continuará el procedimiento en todas su etapas, quedando obligados los representantes legales o encargados a presentar al menor, en los términos que lo señale el consejero unitario cuando para ello sean requeridos, así como a otorgar las garantías que al efecto se les señalen.

IV. Ordenar al área técnica que corresponda, la práctica de los estudios biopsicosociales del diagnóstico;

V. Enviar al comité técnico interdisciplinario el expediente instruido al menor, para los efectos que establece la presente ley;

VI. Recibir y turnar a la sala superior los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones que emitan los mismos consejeros unitarios;

VII. Recibir y turnar a la sala superior los asuntos relacionados con impedimentos, excusas y recusaciones que afecten a los propios consejeros unitarios;

VIII. Aplicar los acuerdos, y tomar en cuenta las tesis y precedentes emitidos por la sala superior;

IX. Conciliar a las partes sobre el pago de la reparación del daño y

X. Las demás que determinen esta Ley, los reglamentos, la sala superior y el presidente del consejo.
 

I. Un médico;

II. Un pedagogo;

III. Un licenciado en trabajo social;

IV. Un psicólogo, y

V. Un crimonólogo, preferentemente licenciado en derecho. Asimismo, contará con el personal técnico y administrativo que se requiera.

Artículo 22. Son atribuciones del comité técnico interdisciplinario, las siguientes:
 

I. Solicitar al área técnica el diagnóstico biopsicosocial del menor y emitir el dictamen técnico que corresponda, respecto de las medidas de orientación, de protección y de tratamiento conducente a la adaptación social del menor;

II. Conocer el desarrollo y el resultado de las medidas de orientación, de protección y de tratamiento, y emitir el dictamen técnico correspondiente para efectos de la evaluación prevista en este ordenamiento.

III. La demás que le confieran las leyes, los reglamentos y el presidente del consejo.
 

I. Representar al comité técnico interdisciplinario;

II. Presidir las sesiones del propio comité y emitir los dictámenes técnicos correspondientes;

III. Ser el conducto para tramitar ante el presidente del consejo, en lo técnico y lo administrativo, los asuntos de dicho órgano;

IV. Dirigir y vigilar las actividades inherentes al funcionamiento del comité técnico interdisciplinario;

V. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y el presidente del consejo.

Artículo 24. Son atribuciones de los miembros del comité técnico interdisciplinario:
 

I. Asistir a las sesiones del comité y emitir su voto libremente;

II. Fungir como ponentes en los casos que se les turnen;

III. Valorar los estudios biopsicosociales y todos aquéllos tendientes al conocimiento de la etiología de la conducta antisocial el menor;

IV. Elaborar y presentar por escrito ante el comité los proyectos de dictamen técnico respecto de las medidas de orientación, de protección y de tratamiento tendientes a la adaptación social del menor;

V. Vigilar la correcta aplicación de las medidas de orientación, protección y tratamiento, y denunciar ante el presidente del consejo de menores las irregularidades de que tengan conocimiento;

VI. Evaluar el desarrollo y el resultado de las medidas de orientación, protección y tratamiento, y presentar por escrito ante el propio comité técnico y el proyecto respectivo, y

VII. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y el presidente del consejo.

Artículo 25. Son atribuciones de los secretarios de acuerdos de los consejeros unitarios:
 

I. Acordar con el consejero unitario los asuntos de su competencia;

II. Levar el control del turno de los negocios de que conozca el consejero;

III. Documentar las actas, diligencias, acuerdos y toda clase de resoluciones que se expidan, o dicten por el consejero;

IV. Auxiliar al consejero en el despacho de las tareas que éste corresponden;

V. Integrar, tramitar y remitir las actuaciones a las autoridades correspondientes, en los casos de incompetencia;

VI. Integrar, tramitar y remitir la documentación necesaria al área técnica correspondiente, para la práctica del diagnóstico y la aplicación de las medidas de orientación, de protección y de tratamiento;

VII. Expedir y certificar las copias de las actuaciones;

VIII. Requerir a las autoridades depositarias de objetos, para los efectos legales a que haya lugar;

IX. Requerir a las autoridades, las actuaciones y elementos necesarios para la integración de los expedientes que se instruyan;

X. Librar citatorios y notificaciones en el procedimiento que se tramite ante el consejero;

XI. Guardar y controlar los libros de gobierno;

XII. Remitir al comité técnico interdisciplinario el expediente instruido al menor, para los efectos que se señalan en la presente Ley y

XIII. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos, la sala superior y el presidente del consejo.

Artículo 26. Son atribuciones de los actuarios:
 

I. Notificar los acuerdos y resoluciones en la forma y términos establecidos en esta ley;

II. Practicar las diligencias que les encomienden los consejeros;

III. Suplir en sus faltas temporales a los secretarios de acuerdos, previa determinación del consejero unitario al que estén adscritos y

IV. Las demás que les señalen las leyes, los reglamentos y el presidente del consejo.

Artículo 27. Son atribuciones de los consejeros supernumerarios:

I. Suplir las ausencias de los consejeros numerarios;

II. Realizar las comisiones que les asigne el presidente del consejo, y

III. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos, la sala superior y el presidente del consejo.
 

I. Servicios periciales;

II. Programación, evaluación y control programático;

III. Administración, y

IV. Estudios especiales en materia de menores infractores.

Artículo 29. Los integrantes de los órganos del consejo de menores serán suplidos en sus ausencias temporales, que no excedan de un mes, en la siguiente forma:
 

I. El presidente del consejo, por el consejero numerario de la sala superior de designación más antigua; si hubiere varios con esa situación, por quien señale el presidente del consejo;

II. Los consejeros numerarios, por los consejeros supernumerarios.

III. El secretario general de acuerdos de la sala superior, por el secretario de acuerdos de designación más antigua, o en su defecto por quien señale el presidente del consejo.

IV. Los secretarios de acuerdos de los consejeros unitarios, por el actuario adscrito;

V. Los actuarios, por la persona que designe el presidente del consejo, la que deberá reunir los requisitos que para tal efecto establece la presente ley, y

VI. Los demás servidores públicos, quien determine el presidente del consejo.

CAPÍTULO III
Unidad de defensa de menores

Artículo 30. La unidad de defensa de menores es técnicamente autónoma y tiene por objeto, en el ámbito de la prevención general y especial, la defensa de los intereses legítimos y de los derechos de los menores, ante el consejo o cualquier otra autoridad administrativa o judicial en materia federal y en el Distrito Federal en materia común.

Artículo 31. El titular de la unidad será designado por el presidente del consejo de menores.

Artículo 32. La unidad de defensa de menores estará a cargo de un titular y contará con el número de defensores, así como con el personal técnico y administrativo que determine el presupuesto y sus funciones estarán señaladas en el manual que al efecto se expida, conforme a lo siguiente:
 

I. La defensa general tiene por objeto defender y asistir a los menores, en los casos de violación de sus derechos en el ámbito de la prevención general;

II. La defensa procesal tiene por objeto la asistencia y defensa de los menores, en cada una de las etapas procesales, y

III. La defensa de los derechos de los menores en las fases de tratamiento y de seguimiento, tiene por objeto la asistencia y defensa jurídica de los menores durante las etapas de aplicación de las medidas de orientación, de protección, de tratamiento interno y externo y en la fase de seguimiento.

TITULO SEGUNDO
De la unidad encargada de la prevención y tratamiento de menores

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 33. La Secretaría de Gobernación contará con la unidad administrativa cuyo objeto será llevar a cabo las funciones de prevención general y especial, así como las conducentes a alcanzar la adaptación social de los menores infractores.

Artículo 34. Para los efectos de la presente ley, se entiende por prevención general el conjunto de actividades dirigidas a evitar la realización de conductas constitutivas de infracciones a las leyes penales y, por prevención especial, el tratamiento individualizado que se proporciona a los menores que han infringido dichas disposiciones para impedir su reiteración.

Artículo 35. La unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores, desempeñará las funciones que a continuación se señalan.
 

I. La de prevención, que tiene por objeto realizar las actividades normativas y operativas de prevención en materia de menores infractores;

II. La de procuración, que se ejercerá por medio de los comisionados y que tiene por objeto proteger los derechos y los intereses legítimos de las personas afectadas por las infracciones que se atribuyan a los menores, así como los intereses de la sociedad en general, conforme a lo siguiente:

a) Investigar las infracciones cometidas por los menores, que le sean turnadas por el Ministerio Público, conforme a lo previsto en las reglas de integración de la investigación de infracciones de esta ley;

b) Requerir al Ministerio Público y a sus auxiliares, a fin de que los menores sujetos a investigación le sean remitidos de inmediato;

c) Practicar las diligencias de carácter complementario que sean conducentes a la comprobación de los elementos constitutivos de las infracciones, así como las tendientes a comprobar la participación del menor en los hechos;

d) Tomar declaración al menor, ante la presencia de su defensor;

e) Recibir testimonios, dar fe de los hechos y de las circunstancias del caso, así como de los instrumentos objetos y productos de la infracción, pudiendo allegarse cualquier medio de convicción que permita el conocimiento de la verdad histórica.

f) Intervenir, conforme a los intereses de la sociedad, en el procedimiento que se instruya a los presuntos infractores ante la sala superior y los consejeros, así como en la ejecución de las medidas de orientación, de protección y de tratamiento que se les apliquen;

g) Solicitar a los consejeros unitarios se giren las órdenes de localización y presentación que se requieran para el esclarecimiento de los hechos materia del procedimiento;

h) Intervenir ante los consejeros unitarios en el procedimiento de conciliación que se lleve a cabo entre los afectados y los representantes del menor y, en su caso, los responsables solidarios y subsidiarios, en relación con el pago de los daños y perjuicios causados como consecuencia de las infracciones cometidas por los menores;

i) Aportar en representación de los intereses sociales, las pruebas pertinentes y promover en el procedimiento las diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos que se le atribuyan al menor;

j) Formular los alegatos en cada uno de los casos en que intervenga, solicitando la aplicación de las medidas de orientación, de protección y de tratamiento que correspondan y promover la suspensión o la terminación del procedimiento;

k) Interponer, en representación de los intereses sociales, los recursos procedente, en los términos de la presente ley;

l) Promover la recusación de los integrantes de la Sala Superior y de los consejeros unitarios, cuando los mismos no inhiban de conocer, de conformidad con lo establecido en este ordenamiento legal;

m) Poner a los menores a disposición de los consejeros, cuando de las investigaciones realizadas se desprenda su participación en la comisión de una infracción tipificada como delito en las leyes penales, y

n) Velar porque el principio de legalidad, en el ámbito de su competencia, no sea conculcado, promoviendo que el procedimiento se desahogue en forma expedita y oportuna;

III. La de diagnóstico, tratamiento, seguimiento y servicios auxiliares, que tiene por objeto practicar el estudio biopsicosocial, ejecutar las medidas de tratamiento ordenadas por los consejeros unitarios, reforzar y consolidar la adaptación social del menor y auxiliar a la sala superior y a los consejeros en el desempeño de su funciones;

IV. La de carácter administrativo, que tiene por objeto la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el desempeño de las funciones propias de dicha unidad, y

V. Las demás que le competan de conformidad con la presente ley y sus disposiciones reglamentarias y administrativas.

TITULO TERCERO
Del procedimiento

CAPÍTULO I
Reglas generales

Artículo 36. Durante el procedimiento todo menor será tratado con humanidad y respeto, conforme a las necesidades inherentes a su edad y a sus condiciones personales y gozará de las siguientes garantías mínimas:
 

I. Mientras no se compruebe plenamente su participación en la comisión de la infracción que se le atribuya, gozará de la presunción de ser ajeno a los hechos constitutivos de la misma;

II. Se dará aviso inmediato respecto de su situación a sus representantes legales o encargados cuando se conozca el domicilio;

III. Tendrá derecho a designar a sus expensas, por si o por sus representantes legales o encargados, a un licenciado en derecho de su confianza, en el legal ejercicio de su profesión, para que lo asista jurídicamente durante el procedimiento, así como en la aplicación de las medidas de orientación, de protección o de tratamiento en externación y en internación;

IV. En caso de que no designe un licenciado en derecho de su confianza en el legal ejercicio de su profesión, de oficio se le asignará un defensor de menores, para que lo asista jurídica y gratuitamente desde que quede a disposición del comisionado y en las diversas etapas del procedimiento ante los órganos del consejo, así como en la aplicación de las medidas de orientación, de protección o de tratamiento en externación y en internación;

V. Una vez que quede a disposición del consejo y dentro de las veinticuatro horas siguientes se le hará saber en forma clara y sencilla, en presencia de su defensor, el nombre de la persona o personas que hayan declarado en su contra y la naturaleza y causa de la infracción que se le atribuya, así como su derecho a no declarar; rindiendo en este acto, en su caso, su declaración inicial;

VI. Se recibirán los testimonios y demás pruebas que ofrezca y que tengan relación con el caso, auxiliándosele para obtener la comparecencia de los testigos y para recabar todos aquellos elementos de convicción que se estimen necesarios para el cabal esclarecimiento de los hechos;

VII. Será careado con la persona o personas que hayan declarado en su contra;

VIII. Le serán facilitados todos los datos que solicite y que tengan relación con los hechos que se le atribuyan, derivados de las constancias del expediente;

IX. La resolución inicial, por la que se determinará su situación jurídica respecto de los hechos con que se le relacione, deberá dictarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que el menor haya sido puesto a disposición al Consejo; sin perjuicio de que este plazo se amplíe por cuarenta y ocho horas más, únicamente si así lo solicitare el menor o los encargados de su defensa. En este último caso, la ampliación de plazo se hará de inmediato del conocimiento del funcionario que tenga a su disposición al menor, para los efectos de su custodia, y

X. Salvo el caso previsto en la segunda parte de la fracción anterior, ningún menor podrá ser retenido por los órganos del consejo por más de 40 horas sin que ello se justifique con una resolución inicial, dictada por el consejero competente, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada.

Artículo 37. El consejero unitario, en caso de que decrete la solución del menor al procedimiento, deberá determinar si el mismo se llevará a cabo al menor bajo la guarda y custodia de sus representantes legales o encargados, o si quedará a disposición del consejo, en los centros de diagnóstico.

El consejero unitario que tome conocimiento de conductas que correspondan a aquéllos ilícitos que en las leyes penales no admitan la libertad provisional bajo caución, al dictar la resolución inicial ordenará que el menor permanezca a su disposición en los centros de diagnóstico, hasta en tanto se dicte la resolución definitiva. Una vez emitida ésta, el menor pasará a los centros de tratamiento interno, en el caso de que haya quedado acreditada la infracción, así como su participación en la comisión de la misma.

Artículo 38. En todos los casos en que el menor quede sujeto al procedimiento se practicará el diagnóstico biopsicosocial durante la etapa de la instrucción, mismo que servirá de base para el dictamen que deberá emitir el comité técnico interdisciplinario.

Artículo 39. Los consejeros unitarios estarán en turno diariamente en forma sucesiva. Cada turno comprenderá las veinticuatro horas del día, incluyendo los días inhábiles, para iniciar el procedimiento, practicar las diligencias pertinentes, y dicta, dentro del plazo legal, la resolución que proceda.

Artículo 40. Para los efectos de la presente ley, los plazos serán fatales y empezarán a correr al día siguiente al en que se haga la notificación de la resolución que corresponda.

Son días hábiles todos los del año, con excepción de los sábados y los domingos y los que señale el calendario oficial.

Los días hábiles no se incluirán en los plazos, a no ser que se trate de resolver sobre la situación jurídica inicial del menor, en cuyo caso se computarán por horas y se contarán de momento a momento.

Artículo 41. No se permitirá el acceso al público a las diligencias que se celebren ante los órganos del consejo de menores. Deberán concurrir el menor, su defensor, el comisionado y las demás personas que vayan a ser examinadas o auxilien al consejo. Podrán estar presentes los representantes legales y en su caso los encargados del menor.

Artículo 42. Los órganos de decisión del consejo tienen el deber de mantener el orden y de exigir que se les guarde, tanto a ellos como a sus representantes y a las demás autoridades, el respeto y la consideración debidos, aplicando en el acto por faltas que se cometan, las medidas disciplinarias y medio de apremio previstos en la presente ley.

Si las faltas llegaren a constituir delito, se pondrá al que se le atribuyan a disposición del Ministerio Público, acompañando también el acta que con motivo de tal hecho deberá levantarse.

Artículo 43. Son medidas disciplinarias, las siguientes:
 

I. Amonestación;

II. Apercibimiento;

III. Multa cuyo monto sea entre uno y quince días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la falta;

IV. Suspensión del empleo hasta por quince días hábiles, tratándose de los servidores públicos, y

V. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 44. Son medios de apremio, los siguientes:

I. Multa cuyo monto será entre uno y treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de aplicarse el apremio;

II. Auxilio de la fuerza pública;

III. Arresto hasta por treinta y seis horas, y

IV. Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad.

Artículo 45. Todas las actuaciones que se lleven a cabo en el procedimiento deberán reunir los requisitos establecidos en el Código Federal de Procedimientos Penales.
 

CAPÍTULO II
De la integración de la investigación de las infracciones y de la substanciación del procedimiento

Artículo 46. Cuando en una averiguación previa seguida ente el Ministerio Público se atribuya a un menor la comisión de una infracción que corresponda a un ilícito tipificado por las leyes penales a que se refiere el artículo 1o. de este ordenamiento, dicho representante social lo pondrá de inmediato, en las instalaciones de la unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores, a disposición del comisionado en turno, para que éste practique las diligencias para comprobar la participación del menor en la comisión de la infracción.

Cuando se trate de conductas no intencionales o culposas, el Ministerio Público o el comisionado entregará de inmediato al menor a sus representantes legales o encargados, fijando en el mismo acto la garantía correspondiente para el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Los representantes legales o encargados quedarán obligados a presentar al menor ante el comisionado cuando para ello sean requeridos.

Igual acuerdo se adoptará cuando la infracción corresponde a una conducta tipificada por las leyes penales señaladas en el artículo 1o. de esta ley, que no merezcan pena privativa de libertad o que permita sanción alternativa.

Si el menor no hubiere sido presentado, el agente del Ministerio Público que tome conocimiento de los hechos remitirá todas las actuaciones practicadas al comisionado en turno.

El comisionado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquéllas en que tome conocimiento de las infracciones atribuidas a los menores, turnará las actuaciones al consejo unitario para que éste resuelva dentro del plazo de ley, lo que conforme a derecho proceda.

Artículo 47. El consejero unitario al recibir las actuaciones por parte del comisionado, en relación a hechos constitutivos de infracciones que correspondan a un ilícito tipificado por las leyes penales a que se refiere el artículo 1o. de este ordenamiento, radicará de inmediato el asunto y abrirá el expediente del caso.

Artículo 48. El consejero unitario, recabará y practicará sin demora todas las diligencias que sean pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 49. Cuando el menor no haya sido presentado ante el consejero unitario, éste solicitará a las autoridades administrativas competentes su localización, comparecencia o presentación, en los términos de la presente ley.

Artículo 50. La resolución inicial, que se dictará dentro del plazo previsto en esta ley, deberá reunir los siguientes requisitos:
 

I. Lugar, fecha y hora en que se emita;

II. Los elementos que, en su caso, integren la infracción que corresponda al ilícito tipificado en las leyes penales;

III. Los elementos que determinen o no la presunta participación del menor en la comisión de la infracción;

IV. El tiempo, lugar y circunstancias de los hechos.

V. Los fundamentos legales, así como las razones y las causas por las cuales se considere que quedó o no acreditada la infracción o infracciones y la probable participación del menor en su comisión;

VI. La sujeción del menor al procedimiento y la práctica del diagnóstico correspondiente o, en su caso, la declaración de que no ha lugar a la sujeción del mismo al procedimiento, con las reservas de ley;

VII. Las determinaciones de carácter administrativo que procedan, y

VIII. El nombre y la firma del consejero unitario que la emita y del secretario de acuerdos, quien dará fe.

Artículo 51. Emitida la resolución inicial de sujeción del menor al procedimiento, quedará abierta la instrucción, dentro de la cual se practicará el diagnóstico y se emitirá el dictamen técnico correspondiente. Dicha etapa tendrá una duración máxima de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se haya hecho la notificación de dicha resolución.

Artículo 52. El defensor del menor y el comisionado contará hasta con cinco días hábiles, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución inicial, para ofrecer por escrito las pruebas correspondientes.

Asimismo, dentro el plazo antes señalado, el consejero unitario podrá recabar, de oficio, las pruebas y acordar la práctica de las diligencias que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 53. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo dentro de los diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que haya concluido el plazo para el ofrecimiento de pruebas.

Esta audiencia se desarrollará sin interrupción en un solo día, salvo cuando sea necesario suspenderla para concluir el desahogo de las pruebas o por otras causas que lo ameriten a juicio del instructor. En este caso, se citará para continuarla al siguiente día hábil.

Artículo 54. Una vez desahogadas todas las pruebas, formulados los alegatos y recibido el dictamen técnico, quedará cerrada la instrucción.

Los alegatos deberán formularse por escrito y sin perjuicio de ella se concederá a cada parte, por una sola vez, media hora para exponerlos oralmente.

La resolución definitiva deberá emitirse dentro de los cinco días hábiles siguientes y notificarse de inmediato al menor, a sus legítimos representantes o a sus encargados, al defensor del menor y al comisionado.

Artículo 55. En el procedimiento ante los órganos del consejo son admisibles todos lo medios de prueba, salvo los prohibidos por el Código Federal de Procedimientos Penales; por lo que para conocer la verdad sobre los hechos, podrán aquellos valerse de cualquier elemento o documento que tengan relación con los mismos.

Artículo 56. Los órganos del consejo podrán decretar hasta antes de dictar resolución definitiva, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre la existencia de la infracción y la plena participación del menor en su comisión. En la práctica de estas diligencias el órgano del conocimiento actuará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos fundamentales el menor y los intereses legítimos de la sociedad, dándole participación tanto al defensor del menor como al comisionado.

Artículo 57. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes reglas:
 

I. En la fase inicial del procedimiento harán prueba plena las actuaciones practicadas por el Ministerio Público y por el comisionado, por lo que se refiere a la comprobación de los elementos de la infracción. La aceptación del menor de los hechos que se le atribuyan, por sí sola, así como cuando se reciba sin la presencia del defensor del menor, no producirá efecto legal alguno;

II. Las actuaciones y diligencias practicadas por los órganos del consejo, harán prueba plena;

III. Los documentos públicos tendrán valor probatorio pleno, en lo que atañe a los hechos afirmados por el funcionario público que los emita, y

IV. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como los demás elementos de convicción, queda a la prudente apreciación del consejero o consejeros del conocimiento.

Artículo 58. En la valoración de las pruebas se aplicarán las reglas de la lógica jurídica y las máximas de la experiencia, por lo que el órgano del conocimiento, deberá, en su resolución, exponer cuidadosamente los motivos y los fundamentos de la valoración realizada.

Artículo 59. La resolución definitiva, deberá reunir los siguientes requisitos:
 

I. Lugar, fecha y hora en que se emita;

II. Datos personales del menor;

III. Una relación sucinta de los hechos que hayan originado el procedimiento y de las pruebas y alegatos.

IV. Los considerandos, los motivos y fundamentos legales que la sustenten;

V. Los puntos resolutivos, en los cuales se determinará si quedó o no acreditada la existencia de la infracción y la plena participación del menor en su comisión, en cuyo caso se individualizará la aplicación de las medidas conducentes a la adaptación social del menor, tomando en consideración el dictamen técnico emitido al efecto. Cuando se declare que no quedó comprobada la infracción o la plena participación del menor, se ordenará que éste sea entregado a sus representantes legales o encargados, y a falta de éstos, a una institución de asistencia de menores, preferentemente del Estado, y

VI. El nombre y la firma del consejero que la emita y los del secretario de acuerdos, quien dará fe.

Artículo 60. El dictamen técnico deberá reunir los siguientes requisitos:
 

I. Lugar, fecha y hora en que se emita;

II. Una relación sucinta de los estudios biopsicosociales que se le hayan practicado al menor;

III. Las consideraciones mínimas que han de tomarse en cuenta para individualizar la aplicación de las medidas que procedan según el grado de desadaptación social del menor y que son las que a continuación se señalan:

a) La naturaleza y gravedad de los hechos que se atribuyan al menor, así como las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión de comisión de los mismos;

b) Nombre, edad, grado de escolaridad, estado civil, religión, costumbre, nivel socioeconómico y cultural y la conducta procedente del menor;

c) Los motivos que impulsaron su conducta y las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la realización de los hechos, y

d) Los vínculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras relaciones sociales con las personas presuntamente ofendidas, así como las características personales de las mismas.

IV. Los puntos conclusivos, en los cuales se determinará la aplicación de las medidas de protección, de orientación y tratamiento, así como la duración del tratamiento interno, conforme a lo previsto en la presente ley, y

V. El nombre y la firma de los integrantes del Comité Técnico Interdisciplinario.

Artículo 61. La evaluación respecto de las medidas de orientación, de protección y de tratamiento se efectuará de oficio por los consejeros unitarios con base en el dictamen que al efecto, se tomará en cuenta el desarrollo de la aplicación de las medidas, con base en los informes que deberá rendir previamente la unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores. El consejero unitario, con base en el dictamen técnico y en consideración al desarrollo de las medidas aplicadas, podrá liberar al menor de la medida impuesta modificarla o mantenerla sin cambio según las circunstancias que se desprendan de la evaluación.

Artículo 62. El personal técnico designado por la unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores, aplicará las medidas ordenadas por el consejero unitario y rendirá un informe detallado sobre el desarrollo y avance de las medidas dispuestas, para el efecto de que se practique la evaluación a que se refiere el artículo anterior. El primer informe se rendirá a los seis meses de iniciada la aplicación de las medidas y los subsecuentes, cada tres meses.
 

CAPÍTULO III
Del recurso de apelación

Artículo 63. Contra las resoluciones inicial, definitiva y la que modifique o dé por terminado el tratamiento interno, procederá el recurso de apelación.

Las resoluciones que se dicten al evaluar el desarrollo del tratamiento, no serán recurribles. Las que ordenen la terminación del tratamiento interno o lo modifiquen serán recurribles a instancia del comisionado o del defensor.

Artículo 64. El recurso previsto en esta ley tiene por objeto obtener la modificación o la renovación de las resoluciones dictadas por los consejeros unitarios conforme a lo previsto en este capítulo.

Artículo 65. El recurso antes señalado será improcedente cuando quienes estén facultados para hacerlo valer se hubieren conformado expresamente con la resolución o no lo hubieren interpuesto dentro de los plazos previstos por esta ley, o cuando ocurriere el desistimiento ulterior. Tampoco procederán los recursos planteados por personas que no estén expresamente facultadas para ello.

Artículo 66. No serán recurribles las resoluciones que emita la sala superior respecto de los recursos interpuestos en ella.

Artículo 67. Tendrán derecho a interponer el recurso de apelación:
 

I. El defensor del menor;

II. Los legítimos representantes y, en su caso, los encargados del menor, y

III. El comisionado.

En el acto de interponer los recursos, dichas personas expresarán por escrito los agravios correspondientes.

Artículo 68. La sala superior deberá cumplir las deficiencias en la expresión de agravios cuando el recurrente sea el defensor, los legítimos representantes o los encargados del menor.

Artículo 69. El recurso de apelación deberá interponerse por escrito dentro de los tres días posteriores al momento en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada.

Artículo 70. El recurso de apelación se resolverá, dentro de los tres días siguientes a su admisión, si se trata de la resolución inicial y dentro de los cinco días siguientes a dicha admisión cuando de trata de la resolución definitiva o de aquella que modifica o da por terminado el tratamiento interno.

La substanciación de dicho recurso se llevará a cabo en única audiencia, en la que se oirá al defensor y al comisionado, y se resolverá lo que proceda.

Esta resolución deberá engrosarse en un plazo de tres días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, hecho lo cual se hará la notificación correspondiente a las partes y se remitirá el expediente al órgano que haya dictado la resolución impugnada.

Artículo 71. Los recursos deberán interponerse ante el Consejero Unitario correspondiente, para que este los remita de inmediato a la sala superior.

Cuando se trate de la resolución inicial, se remitirá copia auténtica de las actuaciones. En los demás casos, se remitirá el original de las actuaciones con la documentación presentada en la interposición del recurso.

Artículo 72. En la resolución que ponga fin a los recursos, la sala superior podrá disponer:
 

I. El sobreseimiento por configurarse alguna de las causales previstas en la presente ley;

II. La confirmación de la resolución recurrida;

III. La modificación de la resolución recurrida;

IV. La revocación para el efecto de que se reponga el procedimiento, y

V. La revocación lisa y llana de la resolución material del recurso.
 

Artículo 73. El procedimiento se suspenderá de oficio en los siguientes casos:
 

I. Cuando después de transcurridos tres meses de la fecha en que quede radicado el asunto, no sea localizado o presentado el menor ante el Consejero Unitario que esté careciendo;

II. Cuando el menor se sustraiga de la acción de los órganos del consejo, y

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III. Cuando el menor se encuentre temporalmente impedido física o psíquicamente, de tal manera que se imposibilite la continuación del procedimiento.
 

Artículo 75. Cuando se tenga conocimiento de que ha desaparecido la causa de suspensión del procedimiento, el órgano que corresponda, de oficio o a petición del defensor del menor o del comisionado, decretará la continuación del mismo.
 

CAPÍTULO V
Del sobreseimiento

Artículo 76. Procede el sobreseimiento del procedimiento en los siguientes casos:
 

I. Por muerte del menor;

II. Por padecer el menor trastorno psíquico permanente;

III. Cuando se da alguna de las hipótesis de caducidad previstas en la presente ley;

IV. Cuando se comprueba durante el procedimiento que la conducta atribuida al menor no constituye infracción, y

V. En aquellos casos en que se compruebe con el acta del Registro Civil o con los dictámenes médicos respectivos, que el presunto infractor en el momento de cometer la infracción era mayor de edad, en cuyo caso se pondrá a disposición de la autoridad competente, acompañando las constancias de autos

Artículo 77. Al quedar comprobada cualquiera de las causales enumeradas en el artículo precedente, el órgano del conocimiento decretará de oficio el sobreseimiento y dará por terminado el procedimiento.
 

CAPÍTULO VI
De las ordenes de presentación, de los exhortos y de la extradición

Artículo 78. Las órdenes de presentación de los menores quienes se atribuya un hecho tipificado en la ley como delito, o de aquellas personas que aún siendo ya mayores hubieren cometido los mismos hechos durante su minoría de edad, deberán solicitarse al Ministerio Público, para que éste, a su vez, formule la petición correspondiente a la autoridad judicial, siempre que exista denuncia, apoyada por declaración bajo protesta de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la participación del menor, en los términos previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En todas las solicitudes que deban hacerse a la autoridad judicial para el libramiento de un exhorto que tenga por objeto la presentación de un menor infractor o presunto infractor, ante el comisionado o ante el consejero unitario, deberá proporcionarse los elementos previstos por el artículo 51 del Código Federal de Procedimientos Penales. Al efecto, el exhorto que expida la autoridad judicial deberá contener el pedimento del Ministerio Público, la resolución en la cual se haya ordenado la presentación y los datos necesarios para la identificación de la persona requerida y, en su caso, la resolución inicial o la definitiva, dictada en el procedimiento que se siga ante el consejo de menores.

Si el infractor se hubiere trasladado al extranjero, se estará lo dispuesto por el artículo 3o. y demás aplicables, en lo conducente, de la Ley de Extradición Internacional.

El extraditado será puesto a disposición del comisionado o del órgano del Consejo de Menores competente, para los efectos de la aplicación de los preceptos contenidos en la presente ley.

En todo lo relativo a extradición de menores son aplicables, en lo conducente, la Ley Reglamentaria del Artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley de Extradición Internacional, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo IV del título primero del Código Federal de Procedimientos Penales.
 

CAPÍTULO VII
De la caducidad

Artículo 79. La facultad de los órganos del consejo de menores, para conocer de las infracciones previstas en esta ley, se extingue en los plazos y conforme a lo establecido en el presente capítulo.

Artículo 80. Para que opere la caducidad bastará el simple transcurso del tiempo que se señale en esta misma ley.

Los plazos para la caducidad se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio nacional, si por estas circunstancias no es posible iniciar el procedimiento, continuarlo, concluirlo o aplicar las medidas de tratamiento.

Artículo 81. La caducidad surtirá sus efectos aunque no la alegue como excepción del defensor del menor.

La sala superior del consejo de menores y los consejeros unitarios están obligados a sobreseer de oficio, tan luego como tengan conocimiento de la caducidad, sea cual fuere el estado del procedimiento.

Artículo 82. Los plazos para la caducidad serán continuos, en ellos se considerará la infracción con sus modalidades y se contarán:
 

I. A partir del momento en que se consumó la infracción, si fuere instantánea;

II. A partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si la infracción fuere un grado de tentativa;

III. Desde el día en que se realizó la última conducta, tratándose de una infracción continuada, y

IV. Desde la cesación de la consumación de la infracción permanente.

Artículo 83. Los plazos para la caducidad de la aplicación de las medidas de tratamiento serán igualmente continuos y correrán desde el día siguiente a aquél en el que el menor infractor, aun cuando haya cumplido la mayoría de edad, se sustraiga a la acción de los órganos, unidades administrativas o personas que las estén aplicando.

Artículo 84. La caducidad opera en un año, si para corregir la conducta del menor solo se previene la aplicación de medidas de orientación o de protección; si el tratamiento previsto por esta ley fuere de externación, la caducidad se producirá en dos años y si se tratare de aquellas infracciones a las que deban aplicarse el tratamiento en internación, la facultad de los órganos del consejo operará en el plazo que como mínimo se haya señalado para aplicar las medidas de tratamiento, sin que ningún caso sea menor de tres años.

Artículo 85. Cuando el infractor sujeto a tratamiento en internación o externación se sustraiga al mismo, se necesitará para la caducidad, tanto tiempo como el que hubiese faltado para cumplirlo y la mitad más, pero no podrá ser menor de un año.
 

TITULO CUARTO
De la reparación del daño

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 86. La reparación del daño derivado de la comisión de una infracción puede solicitarse por el efectuado o sus representantes legales, ante el consejero unitario.

Artículo 87. Los consejeros unitarios una vez que el o las personas debidamente legitimadas soliciten el pago de los daños causados, correrán traslado de la solicitud respectiva al defensor del menor y citará a las partes para la celebración de una audiencia de conciliación, que se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes, en la cual se procurará el avenimiento de las mismas, proponiéndoles las alternativas que estimen pertinentes para solucionar esta cuestión incidental.

Si las partes llegaran a un convenio, éste se aprobará de plano, tendrá validez y surtirá efectos de título ejecutivo, para el caso de incumplimiento.

Si las partes no se pusieren de acuerdo, o bien si habiéndolo hecho no cumplieren con el convenio resultado de la conciliación, se dejarán a salvo los derechos del afectado para que los haga valer ante los tribunales civiles en la vía y términos que a sus intereses convenga.
 

TITULO QUINTO
Del diagnóstico y de las medidas de orientación, de protección y de tratamiento externo e interno

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 88. El Consejo, a través de los órganos competentes, deberá determinar en cada caso, las medidas de orientación, de protección y de tratamiento externo e interno previstas en esta ley, que fueren necesarias para encauzar dentro de la normatividad la conducta del menor y lograr su adaptación social.

Los consejeros unitarios ordenarán la aplicación conjunta o separada de las medidas de orientación, de protección y de tratamiento externo e interno, tomando en consideración la gravedad de la infracción y las circunstancias personales del menor, con base en el dictamen técnico respectivo.

Se podrá autorizar la salida del menor de los centros de tratamiento en internación sólo para atención médica hospitalaria que conforme al dictamen médico oficial respectivo deba suministrarse, o bien, para la práctica de estudios ordenados por la autoridad competente, así como cuando lo requieran las autoridades judiciales. En este caso el traslado del menor se llevará a cabo, tomando todas las medidas de seguridad que se estimen pertinentes, y que no sean ofensivas ni ventajosas.
 

CAPÍTULO II
Del diagnóstico

Artículo 89. Se entiende por diagnóstico el resultado de las investigaciones técnicas interdisciplinarias que permita conocer la estructura biopsicosocial del menor.

Artículo 90. El diagnóstico tiene por objeto conocer la etiología de la conducta infractora y dictaminar, con fundamento en el resultado de los estudios e investigaciones interdisciplinarios que lleven al conocimiento de la estructura biopsicosocial del menor, cuáles deberán ser las medidas conducentes a la adaptación social del menor.

Artículo 91. Los encargados de efectuar los estudios interdisciplinarios para emitir el diagnóstico, serán los profesionales adscritos a la unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores. Para este efecto, se practicarán los estudios médicos, psicológico, pedagógico y social, sin perjuicio de los demás que, en su caso, se requieran.

Artículo 92. En aquellos casos en que los estudios de diagnóstico se practiquen estando el menor bajo la guarda o custodia de sus legítimos representantes o sus encargados, éstos en coordinación con el defensor, tendrán la obligación de presentarlo en el lugar, día y hora que se les fijen por la unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores.

Artículo 93. Aquellos menores a quienes hayan de practicarse en internamiento los estudios biopsicosociales, deberán permanecer en los centros de Diagnóstico con que para tal efecto cuente la unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores.

Artículo 94. Los estudios biopsicosociales se practicarán en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de que el Consejero Unitario los ordene o los solicite.

Artículo 95. En los centros de Diagnóstico se internará a los menores bajo sistema de clasificación, atendiendo a su sexo, edad, estado de salud físico y mental, reiteración, rasgos de personalidad, gravedad de la infracción y demás características que presenten. En estos centros se les proporcionarán los servicios de carácter asistencial, así como la seguridad y la protección similares a las de una positivo ambiente familiar.
 

CAPÍTULO III
De las medidas de orientación y de protección

Artículo 96. La finalidad de las medidas de orientación es obtener que el menor que ha cometido aquellas infracciones que correspondan a ilícitos tipificados en las leyes penales, no incurra en infracciones futuras.

Artículo 97. Son medidas de orientación las siguientes:
 

I. La amonestación;

II. El apercibimiento;

III. La terapia ocupacional;

IV. La formación ética, educativa y cultural y

V. La recreación y el deporte.

Artículo 98. La amonestación consiste en la advertencia que los consejeros competentes dirigen al menor infractor, haciéndole ver las consecuencias de la infracción que cometió e induciéndolo a la enmienda.

Artículo 99. El apercibimiento consiste en la conminación que hacen los consejeros competentes al menor cuando a cometido una infracción, para que éste cambie de conducta, toda vez que se teme cometa una nueva infracción, advirtiéndole que en tal caso su conducta será considerada como reiterativa y le será aplicada una medida más rigurosa.

Artículo 100. La terapia ocupacional es una medida de orientación que consiste en la realización, por parte del menor, de determinadas actividades en beneficio de la sociedad las cuales tiene fines educativos y de adaptación social.

La aplicación de esta medida se efectuará cumpliendo con los principios tutelares del trabajo de los menores y durará el tiempo que los consejeros competentes consideren pertinentes, dentro de los limites establecidos en esta misma ley.

Artículo 101. La formación ética, educativa y cultural consiste en brindar al menor, con la colaboración de su familia la información permanente y continua, en lo referente a problemas de conducta de menores en relación con los valores de las normas morales, sociales y legales, sobre adolescencia, farmacodependencia, familia, sexo y uso del tiempo libre en actividades culturales.

Artículo 102. La recreación y el deporte tiene como finalidad inducir al menor infractor a que participe y realice las actividades antes señaladas, coadyuvando a su desarrollo integral.

Artículo 103. Son medidas de protección, las siguientes:
 

I. El arraigo familiar;

II. El traslado al lugar donde se encuentre el domicilio familiar;

III. La inducción para asistir a instituciones especializadas;

IV. La prohibición de asistir a determinados lugares y de conducir vehículos y

V. La aplicación de los instrumentos, objetos y productos de la infracción, en los términos que determine la legislación penal, para los casos de comisión de delitos.

Artículo 104. El arraigo familiar consiste en la entrega del menor que hacen los órganos de decisión del Consejo a sus representantes legales o a sus encargados, responsabilizándolos de su protección, orientación y cuidado, así como de su presentación periódica en los centros de tratamiento que se determinen, con la prohibición de abandonar el lugar de su residencia, sin la previa autorización del consejo.

Artículo 105. El traslado al lugar donde se encuentre el domicilio familiar consiste en la reintegración del menor a su hogar o a aquél en que haya recibido asistencia personal en forma permanente, por lo que se refiere a sus necesidades esenciales, culturales y sociales, siempre que ello no haya influido en su conducta infractora.

Esta medida de protección se llevará a cabo con la supervisión de la unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores.

Artículo 106. La inducción para asistir a instituciones especializadas de carácter público y gratuito que el consejo determine, consistirá en que el menor, con el apoyo de su familia, reciba de ellas la atención que requiera, de acuerdo con la problemática que presente.

Si el menor, sus padres, tutores o encargados lo solicitaren, la atención de éste podrá practicarse por instituciones privadas, a juicio del Consejero que corresponda. El costo, si lo hubiese, correrá por cuenta del solicitante.

Artículo 107. La prohibición de asistir a determinados lugares, es la obligación que se impone al menor de abstenerse de concurrir a sitios que se consideren impropios para su adecuado desarrollo biopsicosocial.

Artículos 108. La prohibición de conducir vehículos automotores es el mandato por el que se impone al menor la obligación de abstenerse de la conducción de los mismos.

Esta medida durará el tiempo que se estime prudente, siempre dentro de los límites previstos por este ordenamiento legal.

Para este efecto, el consejero respectivo hará del conocimiento de las autoridades competentes esta prohibición, para que nieguen, cancelen o suspendan el permiso de conducir, en tanto se levanta la medida indicada.

Artículo 109. En caso de incumplimiento a lo preceptuado en este capítulo, se impondrá a los responsables de la custodia del menor, sanciones administrativas que consistirán en multa de cinco a treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de su aplicación, las que podrán duplicarse en caso de reincidencia.

Los servidores públicos que infrinjan la prohibición prevista en el segundo párrafo del artículo anterior, se harán acreedores a la sanción antes señalada, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que incurran conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Cuando el menor, los representantes legales o encargados de éste quebranten en más de dos ocasiones la medida impuesta en este capítulo, el consejero que la haya ordenado, podrá sustituir esta medida por la de tratamiento en externación.
 

CAPÍTULO IV
De las medidas de tratamiento externo e interno

Artículo 110. Se entiende por tratamiento, la aplicación de sistemas o métodos especializados, con aportación de las diversas ciencias, técnicas, y disciplinas pertinentes, a partir del diagnóstico de personalidad para lograr la adaptación social del menor.

Artículo 111. El tratamiento deberá ser integral, secuencial, interdisciplinario y dirigido al menor con el apoyo de su familia, y tendrá por objeto:
 

I. Lograr su auto estima a través del desarrollo de sus potenciales y de auto disciplina necesaria para propiciar en el futuro el equilibrio entre sus condiciones de vida individual, familiar y colectiva.

II. Modificar los factores negativos de su estructura biopsicosocial para propiciar un desarrollo armónico, útil y sano;

III. Promover y propiciar la estructuración de valores y la formación de hábitos que contribuyan al adecuado desarrollo de su personalidad;

IV. Reforzar el reconocimiento y respeto a las normas morales, sociales y legales, y de los valores que éstas tutelan; así como llevarlo al conocimiento de los posibles daños y perjuicios que pueda producirle su inobservancia y

V. Fomentar los sentimientos de solidaridad familiar, social, nacional, y humana.
 

Artículo 112. El tratamiento se aplicará de acuerdo a las siguientes modalidades:
 

I. En el medio socio familiar del menor en hogares sustituidos, cuando se aplique el tratamiento externo, o

II. En los centros que para tal efecto señale el Consejo de Menores, cuando se apliquen las medidas de tratamiento interno.

Artículo 113. El tratamiento del menor en el medio socio familiar o en hogares sustituidos, se limitará a la aplicación de las medidas ordenadas en la resolución definitiva, que deberán consistir en la atención integral a corto, mediano o largo plazos.

Artículo 114. El tratamiento en hogares sustitutos consistirá en proporcionar al menor el modelo de vida familiar que le brinde las condiciones mínimas necesarias para favorecer su desarrollo integral.

Artículo 115. Cuando se decrete la aplicación de medidas de tratamiento externo, el menor será integrado a sus padres, tutores , encargados o jefes de familia del hogar sustituto.

Artículo 116. Los centros de tratamiento brindarán a los menores internos orientación ética y actividades educativas, laborales, pedagógicas, formativas, culturales, terapéuticas y asistenciales, así como la seguridad y protección propias de un positivo ambiente familiar.

Los sistemas de tratamiento serán acordes a las características de los menores internos, atendiendo su sexo, edad, grado de desadaptación social, naturaleza y gravedad de la infracción.

Artículo 117. La unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores, contará con los centros de tratamiento interno que sean necesarios para lograr la adecuada clasificación y tratamiento diferenciado de menores.

Artículo 118. La unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de menores deberá contar con establecimientos especiales para la aplicación de un tratamiento intensivo y prolongado respecto a los jóvenes que revelen alta inadaptación y pronóstico negativo.

Las características fundamentales a considerar en estos casos, serán:
 

I. Gravedad de la infracción cometida;

II. Alta agresividad;

III. Elevada posibilidad de reincidencia;

IV. Alteraciones importantes del comportamiento previo a la comisión de la conducta infractora;

V. Falta de apoyo familiar y

VI. Ambiente social criminógeno.
 

CAPÍTULO V
Del seguimiento

Artículo 120. El seguimiento técnico del tratamiento se llevará a cabo por la unidad administrativa de prevención y tratamiento del menor, una vez que éste concluya, con objeto de reforzar y consolidar la adaptación social del menor.

Artículo 121. El seguimiento técnico del tratamiento tendrá una duración de seis meses contados a partir de que concluya la aplicación de éste.
 

TITULO SEXTO
Disposiciones finales

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 122. Para los efectos de esta ley, la edad del sujeto se comprobará con el acta respectiva expedida por las oficinas del Registro Civil, de conformidad con lo previsto por el Código Civil correspondiente. De no ser esto posible, se acreditará por medio de dictamen médico rendido por los peritos que para tal efecto designa el consejo. En caso de duda, presumirá la minoría de edad.

Artículo 123. Los medios de difusión se abstendrán de publicar la identidad de los menores sujetos al procedimiento y a la aplicación de las medidas de orientación, de protección y tratamiento.

Artículo 124. El tratamiento no se suspenderá aun cuando el menor cumpla la mayoría de edad, sino hasta que a juicio del Consejero Unitario, haya logrado su adaptación social, en los términos de la presente ley, sin rebasar el límite previsto en la resolución respectiva, cuando se trate de tratamiento externo o interno.

Artículo 125. Cuando hubiesen intervenido adultos y menores en la comisión de hechos previstos por las leyes penales, las autoridades respectivas, se remitirán mutuamente copia de las actuaciones del caso.

Artículo 126. Las autoridades encargadas de la aplicación de las medidas de orientación, protección y tratamiento, en ningún caso podrán modificar la naturaleza de las mismas. Sólo deberán rendir los informes conducentes a la evaluación prevista en la presente ley.

Artículo 127. El ejercicio de los cargos de Presidente del Consejo, de consejero, de Secretario general de Acuerdos de la Sala Superior, de secretario de acuerdos, de defensor de menores y de comisionado, son incompatibles con el ejercicio de cualquier cargo en la procuración y administración de justicia, en la defensoría de oficio federal o del fuero común, así como con el desempeño de funciones policiales.

Artículo 128. En todo lo relativo al procedimiento así como a las notificaciones, impedimentos, excusas y recusaciones, se aplicará supletoriamente lo dispuesto pro el Código Federal de Procedimientos Penales.

TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la ley que crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1974.

Tercero. Se derogan los artículos 119 a 122, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; 73 a 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 503 del Código Federal de Procedimientos Penales; así como los artículos 673 y 674, fracciones II y X, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, únicamente por lo que hace a menores infractores.

Cuarto. Los asuntos que se encuentren en trámite en la fecha en que entre en vigor esta ley, serán turnados a las áreas competentes que corresponda conocer de los mismos, conforme a la nueva determinación de competencias.

Quinto. La normatividad de los centros de diagnóstico y tratamiento, deberá expedirse dentro de los noventa días siguientes a la fecha de instalación del consejo de menores.

Sexto. Los consejeros auxiliares actualmente existentes conocerán de las faltas administrativas a los reglamentos de policía y buen gobierno en que incurran los menores, en tanto se instaure el órgano competente. Estos consejeros únicamente podrán aplicar las medidas de orientación y de producción previstas en la presente ley.

Séptimo. En tanto el consejo de menores no haya integrado sus servicios periciales, podrá auxiliarse con los órganos correspondientes de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Turnada a la Comisión de Justicia.