A. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Presentación

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes

De conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo a mi cargo somete, por su apreciable conducto, a la consideración de esa honorable Representación Nacional, el apoyo del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 1993. Para su examen, discusión y en su caso, aprobación.

La política presupuestal que se propone para 1993 parte de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994. Con ella, se continuará apoyando la consolidación de la estabilidad de precios, el crecimiento económico gradual y sostenido, así como una participación creciente del gasto social dentro del presupuesto de egresos.

La consecución de las metas económicas plantea la necesidad de adecuar el monto de las erogaciones públicas a niveles que, de acuerdo con la evolución prevista de los ingresos y el gasto de los sectores privado y social, contribuyan al abatimiento de la inflación y a un crecimiento de la actividad productiva superior al de la población. Asimismo, dentro de un marco de disciplina presupuestal y de cambio estructural, conducente a mejorar las condiciones de vida de la población, la distribución sectorial del gasto es congruente con los objetivos de la modernización del país.

El saneamiento de las finanzas públicas, la concertación social y la apertura comercial han demostrado su eficacia para controlar el fenómeno inflacionario, factor que ha coadyuvado en la recuperación del poder adquisitivo de los mexicanos. Al mismo tiempo, el crecimiento económico superior al de la población y el mayor gasto programable destinado a satisfacer las demandas sociales, han permitido elevar el bienestar social.

En 1992, por cuarto año consecutivo, se espera que el producto interno bruto tenga un crecimiento real por encima del demográfico y que la inflación se sitúe en el nivel más bajo de los últimos 20 años. Por su parte, las finanzas públicas, como elemento fundamental de la estrategia económica, mostrarán un superávit financiero, aún sin considerar los ingresos extraordinarios por concepto de la privatización bancaria, de la venta del segundo paquete accionario de Teléfonos de México y de las ganancias obtenidas por reducción de deuda externa.

Durante la presente administración los resultados muestran importantes avances en el programa económico y social. Sin embargo, es necesario perseverar en los esfuerzos para alcanzar logros aún mayores y de carácter permanente. El redimensionamiento del sector público, como premisa de la Reforma del Estado, fortalece su rectoría en el ámbito económico y le permite concentrar su acción en las áreas estratégicas y prioritarias, para así cumplir con sus responsabilidades sociales.

La sustancial reducción en el pago de intereses de la deuda, consecuencia de la significativa disminución del acervo de la deuda pública y de las menores tasas de interés, aunada al citado redimensionamiento, han permitido, simultáneamente, la generación de superávit financieros y mayores márgenes para expandir el gasto público en Desarrollo Social y otras actividades de interés general. En efecto, mientras que en 1988 el gasto en intereses era casi tres veces mayor al gasto social, para 1993 se alcanzará una situación inversa, en la que el gasto social superará en poco más de tres veces al costo financiero de la deuda. Lo anterior, dentro de un marco en el que se promueve la participación de los sectores privado y social mediante la concertación y la apertura de mayores oportunidades.

En este contexto la política de gasto para 1993, que se somete a consideración a través de la presente Iniciativa, está diseñada tanto para continuar promoviendo el cambio estructural como para conservar el superávit en las finanzas públicas que permita continuar el abatimiento de la inflación. De esta forma, la política presupuestal propuesta abre mayores espacios para poder asignar recursos crecientes a gasto social.

La distribución del gasto programable se orienta a continuar promoviendo el bienestar de la población y a consolidar la infraestructura básica necesaria para sustentar los mayores ritmos de crecimiento de las actividades productivas. Se ha puesto especial atención a la modernización de la educación, al campo, al sistema de salud y servicios asistenciales, a la dotación de servicios básicos y de vivienda, a la protección del medio ambiente, al equilibrio ecológico y al combate a la pobreza extrema. En suma, la política de gasto propuesta concentra sus esfuerzos para elevar el nivel de vida de la población, tanto en el ámbito urbano como en el rural.

La Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación que se presenta a consideración de esa honorable Cámara de Diputados, tiene como objetivo promover un desarrollo económico equitativo entre los diversos sectores de la sociedad, que induzca a un mayor equilibrio entre las regiones del país.

Es importante destacar que, de conformidad con el artículo décimo transitorio del Decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario, todas las cifras correspondientes al ejercicio de 1993, se expresan en la presente Iniciativa en términos de "nuevos pesos".

II. Evolución de la política de gasto público en 1992

Durante 1992, la estrategia presupuestal de disciplina y manejo eficiente de los recursos públicos contribuyó a la estabilización de la economía, con una recuperación gradual del crecimiento económico. Además, las finanzas gubernamentales se apegaron estrictamente a las prioridades del desarrollo. Se cumplió el objetivo de ampliar la participación del gasto programable en las erogaciones totales. Esto permitió canalizar mayores recursos al Desarrollo Social, especialmente a los subsectores Educación, Salud, Desarrollo Urbano. Agua potable y Ecología y al sector Desarrollo Rural contribuyendo así a elevar el nivel de vida de la población.

Los objetivos de ampliar la infraestructura social y económica se obtuvieron con una distribución del gasto orientada a favorecer a los sectores prioritarios. El país cuenta ahora con mayor inversión pública y privada en infraestructura que permiten al Estado atender las demandas de la población en servicios básicos. Se avanzó en importantes objetivos, como apoyar las actividades agropecuarias, a fin de mejorar las condiciones de vida rural y fomentar la producción en el campo. A través del Programa Nacional de Solidaridad continuó la incorporación de un mayor número de comunidades al beneficio del progreso económico, sobre todo de la población de bajos ingresos.

El ejercicio del gasto público en 1992 guardó congruencia con los objetivos y lineamientos de los Criterios Generales de política Económica, aprobados para este año. La disciplina fiscal observada en el manejo de los recursos públicos y la concertación social contribuyeron significativamente al abatimiento de la inflación.

En 1992, el superávit financiero del sector público, sin considerar los ingresos extraordinarios generados por la desincorporación bancaria, la venta del segundo paquete accionario de Teléfonos de México y las ganancias por amortización de deuda externa, se estima en 0.4% del producto interno bruto. Al incorporar dichos ingresos extraordinarios, se obtendrá un superávit financiero 3.4 puntos porcentuales respecto del producto interno bruto, el cual es superior al previsto.

Conforme a lo programado, en el ejercicio fiscal de 1992 se estima que el sector público ejerza un gasto neto presupuestal de 254 billones 848 mil millones de pesos, monto inferior al de 1991 en 3.8% en términos reales y en 1.6 puntos porcentuales respecto al producto interno bruto.

En paralelo a esta disminución, se generó un aumento del gasto programable. Esto fue posible debido, principalmente, a la citada reducción en el costo de la deuda. Para el año de 1992, se estima que el pago de intereses de la deuda sea menor en 32.6% en términos reales al del año anterior y se reduzca su participación de 6.1% del producto interno bruto en 1991 a 4.0% en 1992.

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el presupuesto aprobado, el gasto programable incrementó su participación dentro del gasto total. Para el cierre de 1992, se estima que el gasto programable ascenderá a 179 billones 193 mil millones de pesos, monto superior en 5.0% en términos reales con respecto a 1991; en términos de su participación en el gasto total, éste pasó de 64.4 a 70.3% para el mismo período.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 13 del Decreto del Presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal de 1992, el Ejecutivo Federal ejerció un gasto programable adicional de 6 billones 196 mil millones de pesos, ampliación que no afectó el cumplimiento de las metas financieras. Ello obedece, por una parte, al efecto compensado que produjo el menor pago de intereses y, por otra, a los ingresos fiscales adicionales que se captaron. Para el Gobierno Federal, la ampliación fue de 4 billones 150 mil millones de pesos, mientras que para el conjunto de entidades controladas ascendió a 2 billones 46 mil millones de pesos.

Para 1992, a nivel sectorial, el gasto programable refleja las prioridades establecidas. en el sector Desarrollo social, que incluye Educación, Salud, Vivienda, Ecología, Agua Potable, Trabajo y Previsión Social y Desarrollo Urbano, se estima alcanzar un gasto de 86 billones 618 mil millones de pesos. A su vez, este gasto significará prácticamente la mitad del gasto programable sectorial al ubicarse en 49% mientras que en 1988 esta proporción era de la tercera parte. El crecimiento real acumulado del gasto en Desarrollo social es de 57.3% para el período de referencia.

Por su parte en el subsector salud se estima un gasto de 38 billones 915 mil millones de pesos, 8.4% real superior al de 1991. Su participación dentro del gasto programable sectorial será de 22.1%, 0.8 puntos porcentuales más que lo alcanzado un año antes. con dicho presupuesto ha sido posible un mayor acceso de la población a los servicios de atención médica de primer nivel en zonas marginadas urbanas y rurales, y a los servicios de tratamiento materno infantil Así por ejemplo, en medicina preventiva se avanzó en la vacunación de la población infantil. Se continuó en la atención de enfermedades transmisibles de medicina curativa general y especializada, de servicio rehabilitatorio y de planificación familiar.

En el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se continuaron los esfuerzos para elevar la calidad de la educación y ampliar la cobertura del nivel básico a zonas urbanas marginadas, rurales e indígenas Simultáneamente, bajo un nuevo modelo pedagógico de la educación básica donde los contenidos y métodos de enseñanza se encuentran en proceso de reformulación, se inició el ciclo escolar 1992 - 1993. La población estudiantil que se atiende en tal ciclo es de 15 millones 621 mil alumnos de educación básica y de 2 millones 735 mil alumnos de nivel medio superior y superior. Así, en Educación, se estima que le gasto público ascienda a 35 billones 725 mil millones de pesos, 15.1% real superior al de 1991.

De acuerdo con las prioridades del Programa Integral de Apoyo al Campo, así como dentro del nuevo marco jurídico derivado de las reformas al artículo 27 constitucional, la acción gubernamental presento avances significativos para elevar la participación productiva del sector Agropecuario y en el abatimiento del rezago agrario. En 1992 se incrementó el otorgamiento del crédito, se fortaleció el autoseguramiento y se desarrollaron mecanismos más ágiles de comercialización de granos básicos. A la vez, se impulsó la infraestructura hidroagrícola y se desarrollaron proyectos de investigación de nuevas variedades y técnicas de cultivos. Al tal efecto, el gasto público en el sector Desarrollo Rural ascenderá a 9 billones 966 mil millones de pesos, monto por encima del de 1991 en 9.9% real.

Al concluir 1992, a través del Programa Nacional de Solidaridad, se estima ejercer un gasto de 6 billones 817 mil millones de pesos, monto superior n 36.7% en términos reales al de 1991. Con ello, el gobierno habrá construido y rehabilitado alrededor de 40 mil espacios educativos; 240 centros de salud, 31 unidades médicas rurales y construido y equipado 16 hospitales y rehabilitado y ampliado otros 161. Adicionalmente, se habrán incorporado 2,397 sistemas de agua potable y 785 de alcantarillado. Asimismo, se incorporarán 961 localidades urbanas y 2,912 comunidades rurales al servicio eléctrico.

Las acciones del gobierno se intensificaron para mejorar la calidad de vida de la población a través de la conservación del medio ambiente. Se avanzó en el mejoramiento de la calidad del agua potable y en el control de desalojo de residuos en ríos y mantos acuíferos. También se celebraron convenios sobre prevención y control de desechos industriales contaminantes. En el año de 1992, se calcula que el sector público erogue 2 billones 538 mil millones de pesos en el cuidado del medio ambiente.

Por lo que respecta a la oferta energética nacional, se obtendrán los niveles proyectados. En materia de electricidad, la generación durante 1992 ha sido suficiente para satisfacer la demanda interna. en cuanto a los productos refinados, la combinación de la producción nacional y la importación de algunos de éstos permitieron cubrir la demanda nacional. la asignación de recursos a este sector ascenderá a 42 billones 672 mil millones de pesos. Dentro de este monto, Petróleos Mexicanos participará con el 56.9% y el subsector eléctrico con el restante 43.1%

En 1992 el sector Comunicaciones y Transportes recibió un monto importante de recursos. Se estima que las erogaciones alcancen la cantidad de 10 billones 206 mil millones de pesos. Adicionalmente a través del Programa de Carreteras de Cuota Consecionadas se agregaron flujos de inversión del sector privado por un monto de 7.3 billones de pesos en 20 proyectos. entre éstos destacan por su importancia las carreteras de Cuernavaca - Acapulco, Culiacán - Mazatlán, León - Lagos de Moreno - Aguascalientes, Córdova - Veracruz y Monterrey - nuevo Laredo.

De acuerdo con el compromiso de mejorar la productividad y las condiciones de vida de los servidores públicos, en 1992 se estima que la administración pública federal centralizada y paraestatal ejerza un gasto en servicios personales superior al de 1991 en 14.8% en términos reales. En este aspecto es importante destacar que las áreas que han ganado participación son aquellas con mayor impacto social, como Educación y Salud.

En síntesis durante 1992 el ejercicio del gasto público permitió lograr avances importantes conforme a los objetivos planteados en los distintos sectores.

III. Política de gasto publico en 1993

La estrategia presupuestal para 1993 se orienta, por un lado, a continuar apoyando el proceso de crecimiento económico con estabilidad de precios y, por el otro, a mejorar el nivel de vida de la población. en el contexto macroeconómico el combate a la inflación se mantendrá en primer plano con el objeto de obtener incrementos al nivel general de precios similares a los de los principales socios comerciales de México y para alcanzar un crecimiento económico gradual y sostenido, que se traduzca en una mayor generación de empleos. Para ello, es necesario adecuar el monto de la erogaciones públicas de tal manera que no excedan la disponibilidad de Ingresos.

En este contexto, de acuerdo con las metas de finanzas públicas propuestas, el gasto neto presupuestal presenta una disminución real de 0.4% con respecto a 1992. Por su parte, en el gasto programable se prevé un crecimiento real anual de 4.1%

Para responder a las demandas de bienestar de la población, la estructura del gasto programable continuará orientándose hacia los rubros prioritarios. En este sentido y atendiendo al plan Nacional de Desarrollo, el énfasis corresponde al gasto social y a la infraestructura básica.

Con el fin de que el ejercicio del gasto público avance en las directrices señaladas, se plantean los siguientes objetivos para el ejercicio de 1993:
 

I. Contribuir al logro de las metas de finanzas públicas establecidas en los Criterios Generales de Política Económica correspondiente a 1993.

II. avanzar en la recomposición del gasto público, asignado prioridad al Desarrollo Social y a la infraestructura social y económica del país.

III. Ejercer las erogaciones públicas con el selectividad eficiencia y la más estricta disciplina presupuestal, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y avanzar en la modernización de las diversas ramas y sectores de la economía.

Acciones estratégicas

Los objetivos de la política de gasto contenidos en el proyecto del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993, que el ejecutivo somete a la consideración de esa honorable Cámara de Diputados, están sustentados en las siguientes acciones:

1. Compatibilidad del nivel de gasto total con la estabilidad macroeconómica.

Para consolidar la estabilidad macroeconómica es necesario continuar avanzando hacia el logro de las condiciones y los equilibrios fundamentales. Si bien las acciones requeridas para ello son aplicables a todos los campos de la política económica, los lineamientos en materia de política presupuestal son esenciales.

Los Criterios Generales de Política Económica para 1993 proponen, como condición para avanzar en el crecimiento económico y combatir a la inflación la generación de un superávit financiero del sector público equivalente al 1.7% del Producto Interno Bruto.

Con objeto de alcanzar el superávit fiscal, el gasto total presupuestal propuesto para 1993 asciende a 275 mil 532 millones de nuevos pesos. Con respecto al cierre estimado para 1992, el monto anterior representa una disminución de 0.4% en términos reales y una reducción de 0.9 puntos Porcentuales del Producto Interno Bruto, al ubicarse en 24.6% Al comparar el monto propuesto con el correspondiente a 1988, se observa que éste disminuye en 27.7% real y en 15.6 puntos porcentuales como proporción del Producto Interno Bruto, ya que en este año representaba un 40.2%.

La disminución de la erogaciones públicas totales es consecuencia, fundamentalmente, del menor costo de la deuda derivado de la renegociación de la deuda externa, de menores tasas de interés, y del desendeudamiento realizado durante la presente administración con recursos provenientes de las privatizaciones y de la generación de superávit económico. Así, el pago de intereses de la deuda pública total, que representaba el 17.7% del producto Interno Bruto en 1988 y que se estima para el cierre de 1992 en 4.0%, se reducirá aún más hasta significar, en 1993 el 3.1% del producto, con un monto de 34 mil 368 millones de nuevos pesos.

En síntesis con base en lo presupuestado para 1993, en los cinco años de la actual administración, el gasto presupuestal se reducirá en 15.6 puntos porcentuales del Producto interno bruto y el pago de intereses, tanto internos como externos lo hará en 14.6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. En 1993, el gasto por concepto de intereses representará 12.5 del gasto total, mientras que en 1988 representaba el 44.2%

2. Concentración de las erogaciones públicas en áreas estratégicas y prioritarias de la actividad gubernamental.

La disminución del gasto total hace compatible la generación de un superávit financiero con la ampliación de espacios presupuestales para aumentar el gasto programable. De esta manera, es posible incrementar las erogaciones en los sectores prioritarios dentro de la estrategia de desarrollo.

El gasto programable que se propone para 1993 asciende a 202 mil 3 millones de nuevos pesos, cifra que representa un crecimiento real de 4.1% con respecto al cierre estimado de 1992 y de 11.9% comparado con el de 1988. De igual forma, su participación dentro del gasto total aumenta de 47.5 en 1988 a 73.4% en 1993. Asimismo en relación con el Producto Interno Bruto, dicho gasto se incrementa al pasar de 17.9 por ciento en 1992 a 18.1 por ciento en 1993.

La distribución del gasto programable tiene como propósito coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Por ello dentro de su composición se le otorga el mayor énfasis a los rubros que apoyan directamente el bienestar social. Así, para el gasto en desarrollo social, que entre 1988 y 1992 se incrementó 57.3% en términos reales, se plantea para 1993 un aumento adicional de 13.4% real. Con lo anterior, la participación del sector Desarrollo social dentro del gasto programable sectorial pasaría de 32.0% en 1988 a 53.6% en 1993

En síntesis, mientras que en 1988, de cada peso de gasto total 16 centavos correspondían a Desarrollo Social se propone que para 1993 este gasto aumente a 39 centavos por cada peso. Ello implica que el gasto en dicho sector presente un incremento real acumulado de 78.3% en cinco años.
 

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3. Continuar el fortalecimiento del proceso de modernización de la educación y el desarrollo científico y tecnológico.

Las bases culturales y de conocimientos necesarios para fortalecer las formación de los recursos humanos requieren de un sistema de educación altamente competitivo. Desde las áreas básicas hasta las científicas, la educación constituye un elemento fundamental para la permeabilidad social y para coadyuvar permanentemente a que los mexicanos tengan una mayor capacidad de generación de ingresos.

El proceso de formación educativa requiere, de manera esencial de una mayor calidad en los ciclos de enseñanza básica. Es precisamente en esta área en la que se concentran los esfuerzos del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

la estrategia presupuestal respaldará al nuevo modelo pedagógico de la educación básica y contribuirá a transformar la estructura de la actividad educativa y actualizar su equipamiento. De esta manera, aumentarán los recursos destinados a este rubro y se revalorizará la función magisterial. Todo ello se llevará a cabo bajo el nuevo esquema de coordinación entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, a que de lugar el citado Acuerdo.

En educación media superior y superior, se continuarán impulsando las opciones terminales y tecnológicas. Se proseguirá con la actualización de planes y programas de estudio y la aplicación de métodos de enseñanza más eficientes. En estudios de posgrado se promoverán las áreas de interés nacional y regional.

Para alcanzar los objetivos anteriores, en 1993 se propone un gasto en educación por 44 mil 567 millones de nuevos pesos. cifra que representa un incremento real del gasto en educación de 15.0% en 1993. De esta manera, el gasto propuesto en educación representará el 22.4% del gasto programable sectorial y el 16.2% del gasto total de 1993, mientras que en 1988 los mismos coeficientes eran de 13.9% y 6.6% respectivamente.

En suma, el gasto en Educación propuesto para 1993 llevará a que dicho rubro registre un aumento real de 77.8% durante la presente administración.

La promoción del desarrollo científico y tecnológico constituye una acción estratégica para la modernización nacional. Dentro de sus objetivos destaca la elevación de la calidad y la excelencia de los proyectos, sobre todo de aquellos aplicables al mejoramiento de los procesos productivos.

No obstante que entre 1988 y 1992 el incremento acumulado de los fondos destinados a ciencia y Tecnología ha sido de 58.5% real, para 1993 se considera un aumento adicional de 8.8% en términos reales. Con ello se pretende continuar equipando las instituciones de educación superior e investigación, fomentar la investigación básica y aplicada, proporcionar la repatriación de científicos nacionales y desarrollar la capacidad de investigación en la industria. Adicionalmente se promoverá una mayor participación de las comunidades académicas, científica y tecnológica, que operan bajo los auspicios del sector privado.

4. Mejorar los servicios de salud y seguridad social.

La salud y la seguridad social son esenciales para elevar el nivel de vida de la población, tanto en el ámbito como en el rural. Por ello es necesario fortalecer la prestación de estos servicios mejorando su eficiencia y ampliando su cobertura social y regional.

El sistema Nacional de Salud tiene como prioridad en los avances logrados en medicina preventiva, curativa y rehabilitatoria. Para ese fin, se redoblarán esfuerzos dentro de los programas de Vacunación Universal, de Nutrición y Salud, de Modernización de la Regulación Sanitaria contra las Adicciones y de Planificación Familiar.

En seguridad social se extenderá la cobertura de la atención integral a los hijos de madres trabajadoras; se simplificarán trámites para el pago de pensiones y jubilaciones; se incrementará la difusión de lo programas de fomento cultural, deportivo y de esparcimiento entre los beneficiarios y derechohabientes.

Con el objeto de alcanzar las metas propuestas dentro del sector Salud y Seguridad Social, para 1993 se propone incrementar los recursos presupuestales en 12.8% en términos reales.

En síntesis, con el gasto propuesto en Salud y Seguridad social su proporción dentro del gasto programable aumentaría de 14.8% en 1988 a 24.0% en 1993 y de esta forma se registraría un incremento real acumulado en cinco años de 78.5%

5. Intensificar las medidas para mejorar la calidad del medio ambiente con el objeto de elevar el bienestar de la población.

Para que el progreso económico sea congruente con la elevación del bienestar general de la población, es necesario concentrarse, de manera simultánea, en la protección del medio ambiente, en mantener el equilibrio ecológico y en racionalizar el uso de los recursos naturales, particularmente los no renovables.

Esta tarea es responsabilidad tanto de las autoridades como de la sociedad en general. Con ello se reafirma su compromiso de continuar cumplimiento con su parte a través de la ejecución del Programa Nacional de Protección al Medio Ambiente. Dentro de él, se pretende avanzar en mejorar la calidad del agua potable, incrementar el número de plantas de tratamiento de aguas negras, disminuir los índices de contaminación del aire en las grandes ciudades, mejorar los métodos para disponer de los desechos sólidos, consolidar el sistema de reservas naturales y proteger la biodiversidad del país. Por ello, dentro del Proyecto de Presupuestos para 1993 se propone incrementar el gasto destinado a Desarrollar Urbano, Agua Potable y Ecología en 26.9%, el de protección del medio ambiente crecerá en 53.9% en términos reales. Por consiguiente el monto a este rubro ascendería a 3 mil 494 millones de nuevos pesos. Cabe señalar que este monto no contempla el gasto para protección del medio ambiente que canalizará el Departamento del Distrito Federal.

6. Avanzar en el mejoramiento del bienestar de la población de menores ingresos mediante el Programa Nacional de Solidaridad.

El Programa Nacional de Solidaridad es un instrumento de extraordinario alcance social cuya eficacia ha sido comprobada en las obras y acciones desarrolladas. El Programa recoge las propuestas de los grupos participantes y promueve su intervención organizada y corresponsable en las decisiones y la ejecución de las obras realizadas en provecho de la comunidad.

Los objetivos del Programa son el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población y el combate a la pobreza extrema. El avance en el logro de los objetivos ha requerido de la ampliación en la dotación de servicios básicos a ritmos mayores que el del crecimiento de la población. Por ello, se estima que de 1988 a 1992, los recursos destinados a este propósito muestren un crecimiento de 236.5% en términos reales.

Las acciones específicas del Programa Nacional de Solidaridad se han materializado en escuelas dignas, electricidad, agua potable y drenaje, escrituras públicas sobre propiedad, alumbrado público, pavimentación y equipamiento urbano, apoyo a la producción mediante la creación de fuentes de empleo y financiamiento a las actividades agropecuarias.

Para continuar e intensificar las tareas enmarcadas dentro del Programa, el Presupuesto para 1993 propone un monto de 7 mil 747 millones de nuevos pesos, a los cuales se sumarán las aportaciones de los gobiernos estatales y municipales y las de los propios beneficiarios. Considerando sólo los recursos presupuestales federales, el monto antes mencionado representa 4.7% real más que lo erogado durante 1992. Con lo anterior, el gasto asignado a Solidaridad incrementará su participación dentro del gasto programable de 1.3% a 3.9% de 1988 a 1993

7. Impulsar la actividad productiva del sector Agropecuario, a fin de elevar las condiciones de vida rural y la producción de alimentos e insumos.

Las reformas realizadas en lo referente al campo mexicano buscan ensanchar el horizonte productivo, ampliar las oportunidades de trabajo y fomentar la participación de los campesinos, incorporándolos al progreso nacional con mejores niveles de bienestar.

Para avanzar en lo anterior, es necesario continuar destinando recursos al sector Agropecuario, logrando así capitalizarlo, aumentar el financiamiento, ampliar la cobertura del seguro agrícola, fortalecer la infraestructura y promover la tecnología, desarrollar los mecanismos de comercialización, abrir opciones de proyectos productivos y formas de asociación, y proteger la vida y las labores comunitarias.

De esta manera, se propone destinar para 1993 un total de erogaciones al Desarrollo Rural de 11 mil 817 millones de nuevos pesos. Con respecto a lo destinado en 1992, representaría un incremento real de 9.3%. Adicionalmente, los diversos programas sociales, como Educación, Salud y el de Solidaridad, orientarán parte de sus acciones hacia las comunidades rurales para impulsar la elevación de las condiciones de vida en el campo.

8. Fortalecer la infraestructura básica para apoyar el crecimiento de la actividad productiva, atrayendo recursos complementarios del sector privado.

El proceso de crecimiento económico sostenido requiere de la consolidación de la infraestructura básica en sectores tales como el de Comunicaciones y Transportes y el de Desarrollo Rural.

En este contexto y con el propósito de promover el desarrollo y la modernización de la infraestructura básica, se ha establecido como estrategia, conforme a los ordenamientos legales vigentes, complementar la inversión pública con recursos del sector privado. Esta mayor participación de inversión privada en la ampliación y la construcción de infraestructura permite racionalizar y concentrar fondos públicos en la rehabilitación, la conservación y el mantenimiento de la infraestructura disponible, además de liberar recursos para el sector Desarrollo Social.

En materia del sector de Comunicaciones Transportes, la inversión pública presupuestal para 1993 será de 3 mil 621 millones de nuevos pesos. Al sumar la inversión esperada de los particulares en el subsector Carretero, la inversión total registrará un monto del orden de los 13 mil millones de nuevo pesos. Además de carreteras, en este sector se promueve la inversión con financiamiento privado en puertos, aeropuertos y ferrocarriles.

En el sector Desarrollo Rural, la inversión en infraestructura para 1993 será de 2 mil 733 millones de nuevos pesos y se destinará básicamente a la construcción, la rehabilitación, la conservación y el mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola y a obras productivas que impactan de manera directa en el incremento de la producción de alimentos e insumos. Además, conforme al nuevo marco jurídico agrario, dentro del sector Agropecuario también se promoverá la participación de los sectores social y privado en la generación de infraestructura básica y productiva, particularmente en plantas de tratamiento de agua.

Por tanto, de 1988 a 1993 la inversión pública y privada en infraestructura económica habrá crecido en términos reales en 156.0%.

9. Asegurar la disponibilidad de energéticos.

En el sector energético es necesario asegurar el suministro de combustibles y electricidad, ya que constituyen importantes insumos para las actividades productivas y para el bienestar de la población. Por ello, se continuará dando apoyo a los proyectos prioritarios y a los que representan mayor grado de avance en su ejecución, teniendo especial relevancia los destinados a consolidar la infraestructura existente y el desarrollo de la capacidad instalada . Asimismo, se proseguirán los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las diversas instalaciones, fortaleciéndolas para la prevención de siniestros, a la vez que se impulsarán las medidas de protección ecológica. Para cumplir los objetivos mencionados, se propone ejercer un gasto programable en el sector Energético por 43 mil 956 millones de nuevos pesos.

Con el propósito de incrementar la eficiencia y productividad de Petróleos Mexicanos, así como de cubrir la demanda interna y mantener la plataforma de exportación de petróleo, se ha llevado a cabo un cambio estructural en dicho organismo. En consecuencia , se han creado cuatro organismos que corresponden a: exploración y producción; refinación; gas y petroquímica básica; y petroquímica secundaria. La nueva estructura administrativa de Petróleos Mexicanos permite lograr los objetivos antes mencionados con un gasto de inversión de 9 mil 487 millones de nuevos pesos.

Por lo que se refiere al subsector eléctrico, los recursos públicos propuestos para 1993 ascienden a 5 mil 450 millones de pesos. Con ello se pretende avanzar en el desarrollo de los programas considerados como de alta propiedad, con el objeto de expandir la oferta de electricidad en congruencia con el crecimiento estimado de la demanda.

Entre las obras de infraestructura del subsector Eléctrico destacan la continuación de la construcción de proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos y de diversas obras de transformación y distribución, así como el mantenimiento de plantas, subestaciones y líneas de transmisión y distribución. Con el propósito de destinar cada vez mayores recursos a este subsector, se continuarán fomentando los mecanismos de cofinanciamiento entre el sector público y el privado.

Proyecto general de gasto

Se propone a esa Honorable Cámara de Diputados de la LV Legislatura que, en 1993, el gasto programable de los Poderes, los Órganos Electorales, los tribunales Agrarios y la Administración Pública Federal, excluyendo transferencias y aportaciones a organismos y empresas controladas presupuestalmente, ascienda a 107 mil 599 millones de nuevos pesos, lo que significaría un crecimiento de 13.9% en términos reales con respecto al cierre estimado para 1992. Por otra parte, el gasto programable de los organismos y las empresas controlados presupuestalmente sería de 94 mil 777 millones de nuevos pesos, lo que representa un descenso real de 5.1% respecto a 1992. Sin embargo, dentro de este gasto, el de las instituciones de salud crece en 6.8% en términos reales, lo cual es congruente con la política de gasto dirigida a concentrar las actividades del Estado en atender las demandas prioritarias de la población. El total del gasto programable es de 202 mil 376 millones de nuevos pesos, con un incremento real de 4.1% respecto del estimado para 1992.

El gasto en participaciones y estímulos a los estados y municipios ascienden a 34 mil 450 millones de nuevos pesos y el de adeudos de ejercicio fiscal anteriores a 4 mil 388 millones de nuevos pesos. Así el gasto primario, que resulta de sumar al gasto programable los dos conceptos anteriores del gasto no programable, alcanza un monto de 241 mil 164 millones de nuevos pesos. Se estima que el pago por intereses de la deuda pública presupuestal sea de 34 mil 368 millones de nuevos pesos, con una reducción de 20.7% en términos reales.

En resumen, se somete a la consideración de esa honorable Cámara de Diputados el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 1993, por un monto total de gasto de 275 mil 532 millones de nuevos pesos que, en términos reales, es 0.4% inferior al de 1992.
 

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IV. Análisis sectorial del gasto público

La distribución de las erogaciones entre los distintos sectores y programas es de fundamental importancia para la política de gasto público. Por su incidencia, la canalización de recursos hacia las áreas estratégicas y prioritarias es uno de los instrumentos más eficaces para promover el desarrollo económico y regional.

Para 1993, la orientación del gasto programable tiene como propósito mejorar el bienestar de los mexicanos que menos tienen y consolidan la infraestructura básica. Por ello, y en concordancia con las prioridades que establece el Plan Nacional de Desarrollo, la distribución de los egresos públicos pone especial atención en ampliar la infraestructura social, fortalecer la infraestructura económica y atender a las necesidades más apremiantes de la población de más bajos ingresos.

Con la distribución propuesta del gasto programable, se persevera en las metas de la presente administración, tendientes a apoyar la modernización social y económica del país y a mejorar las condiciones de vida de la población. A continuación se analiza la propuesta de distribución sectorial del gasto.

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El Desarrollo Social tiene como objetivo la incorporación gradual de mayores núcleos de la población, particularmente los de zonas rurales y urbanas marginadas, a los beneficios del progreso.

En esta materia se propone un crecimiento real del gasto programable de 13.4% con respecto a 1992. Ello representaría un incremento acumulado, de 1988 a 1993, de 78.3% en términos reales. De esta manera, la participación del gasto en Desarrollo Social dentro del sectorial programable pasaría de 33.2% en 1988 a 53.6% en 1993. Por su parte, como proporción del gasto total, los coeficientes del gasto en Desarrollo Social serían de 15.7% y 38.7% en esos mismos años.

La inversión pública presupuestal que se propone asignar el sector Desarrollo Social ascenderá a 14 mil 881 millones de nuevos pesos, 8.0% superior en términos reales a la esperada para 1992. La participación de este sector en el total de la inversión pública sectorial se ubica a 40.2%.

Con los recursos destinados a Desarrollo Social se mejorará la calidad y se ampliará la calidad y se ampliará la cobertura de los servicios educativos y de salud; se fortalecerá la ampliación de la justicia laboral; se cubrirá más ampliamente las necesidades de desarrollo urbano y agua potable; y se intensificarán las medidas tendientes a reducir la contaminación ambiental. Todo ello se hará conjuntado las acciones del gobierno con la de los sectores productivos y de la sociedad en general.

Educación

La educación es el medio para alcanzar un desarrollo con equidad en el reparto de sus beneficios. Una educación amplia y de calidad constituye uno de los propósitos centrales de la modernización del país. En consecuencia con este propósito, en 1993 el Sector Educativo Nacional, con el apoyo del que hacer social que se promueve con la concertación, dirigirá su esfuerzo a elevar la calidad y cobertura de la educación básica, a abatir los rezagos existentes y a propiciar la excelencia y la pertenencia en los planes y programas de la educación media superior, superior y de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. La unidad e identidad nacionales se fortalecerán con el impulso a las actividades de conservación y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales de la nación. Con la promoción del deporte masivo y de alto rendimiento se contribuirá al bienestar de las personas y las comunidades, fomentando la convivencia sana y saludable, y premiando el esfuerzo que enaltece a quien lo desarrolla.

En la educación básica los propósitos establecidos serán alcanzados mediante el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica; con el fortalecimiento del federalismo que permite una reorganización del sistema escolar basada en la participación amplia de padres, maestros y autoridades, con la reforma integral de los contenidos y materiales educativos, y la revalorización del magisterio. En los niveles de enseñanza subsecuentes las acciones a realizar buscarán, además de vincular a la educación con su entorno social, dar respuestas adecuadadas a las demandas del sector productivo, alentar su participación, e impulsar las actividades de investigación científica y de desarrollo tecnológico que el país demanda.

Con la transferencia a las entidades federativas de la administración de los servicios de educación básica y de formación de maestros que estaban bajo la responsabilidad del Gobierno Federal, así como de los recursos presupuestales que se proponen para su atención, se fincaron las bases para una mayor participación activa de la comunidad; se establecieron las condiciones para alcanzar una mayor eficacia de las acciones de los tres niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto, en beneficio de la educación; y se fortaleció la función normativa y rectora del gobierno federal.

Asimismo, se dará un decidido impulso a las medidas que atiendan las demandas de vivienda de los docentes; se avanzará en la implantación de la carrera magisterial, y se fomentará el arraigo y el desempeño de los docentes en las comunidades más apartadas del país, a través de mejores condiciones para el ejercicio de su actividad.

Se intensificarán las acciones que propicien la superación profesional del magisterio. Entre otras acciones, se fortalecerá los programas de actualización, los cuales combinan la educación a distancia, la impartición de cursos, la provisión de materiales y el trabajo colectivo e individual de los maestros, con recursos federales en 1993 que, de ser aprobados por esa Soberanía Popular, el gasto en estos rubros casi duplicará en monto erogado en 1992.

El esfuerzo colectivo que representa estas acciones, se traducirá en una mejoría de la calidad de la educación básica, en los diversos niveles que la componen preescolar, primaria y secundaria.

En la educación preescolar se consolidarán la reforma integral de los contenidos educativos, la cual toma en consideración tanto las necesidades nacionales como las de cada región; se buscará articularla mejor con los niveles de educación subsecuentes; y se ampliará la infraestructura, especialmente en las comunidades urbanas, rurales e indígenas.

En la educación primaria se fortalecerá el programa de cada asignatura con la renovación de los contenidos y materiales educativos a partir de las propuestas y recomendaciones que se obtengan de la Consulta Nacional sobre los Planes y Programas de Estudio para la Educación Primaria y Secundaria, convocada por el Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE). Antes de concluir la actual Administración se habrá reformado la totalidad de planes y programas de estudio subrayando los conocimientos y destrezas básicos, así como los libros de texto gratuitos que, con ello, confirman su vigencia educativa y social.

El federalismo educativo valora la solidaridad con las comunidades, municipios y entidades federativas afectadas por mayores rezagos sociales, los cuales se vinculan estrechamente con las deficiencias educativas; asimismo, significa brindar oportunidades de educación a quienes menos tienen y por ello más las necesitan, compensando las diferencias entre regiones y grupos sociales. Esta función compensatoria es parte indisoluble de ese federalismo.

En consecuencia con lo anterior, se intensificarán las acciones del Programa para Abatir el Rezago Educativo y del Programa de Escuelas en Solidaridad, puestos en marcha en 1992. Con el Programa para Abatir el Rezago Educativo se propone eliminar, en cuatro años, el rezago que aqueja a la educación primaria en los cuatro estados en los que las condiciones sociales son más apremiantes, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca, y coincidentemente, en los que el rezago educativo es mayor. El Programa de Escuelas en Solidaridad, está dirigido a apoyar por lo menos las 100 escuelas primarias de cada Estado que tienen los índices más elevados de reprobación y deserción escolar. Este programa ya se aplica en 17 estados de la República y en 1993 sus acciones se extenderán a 10 entidades más.

En educación primaria, las acciones darán prioridad a la prestación del servicio en las comunidades urbana y rurales más apartadas del país. Se otorgarán becas para residencias a los niños en cuyas comunidades no sea posible establecer escuelas, se pugnará para que cada escuela cuente con una biblioteca; se redoblarán los esfuerzos para producir y distribuir con oportunidades más y mejores materiales educativos; y, de manera relevante, se mejorarán las condiciones para propiciar el arraigo del maestro en esas comunidades y un mejor desempeño de su actividad.

En 1992 se reimplantó en el primer grado de secundaria el programa por asignaturas, en sustitución del programa por áreas. En el ciclo escolar que iniciarán en septiembre de 1993, el programa por asignaturas se extenderá al segundo grado de este nivel de enseñanza. Al igual que en la primaria, los contenidos educativos serán reformulados con base en el diagnóstico y las propuestas que se recojan de la Consulta Nacional sobre los Planes y Programas de Estudio para la Educación Primaria y Secundaria.

En educación media superior se continuarán impulsando las opciones terminales y tecnológicas. Se promoverá y atenderá el incremento del número de estudiantes de acuerdo con la capacidad instalada de los planteles existentes; el excedente de la demanda se canalizará a nuevos colegios de bachilleres, a preparatorias federales por cooperación, a los nuevos centros de estudios científicos y tecnológicos con participación federal y estatal, y a los sistemas abiertos. Se fomentarán la capacitación y la titulación de docentes en servicio, el incremento de los acervos bibliográficos, la dotación de microcomputadoras, la coedición de libros técnicos y el reforzamiento de los vínculos con el sector productivo.

En la educación superior se continuará motivado a las instituciones para que eleven la calidad de su servicios y promuevan la pertinencia de sus planes y programas de estudio; se fomentará la creación de institutos tecnológicos descentralizados de los gobiernos estatales y su vinculación con los sectores productivos; y se impulsará la reordenación administrativa, la descentralización académica, la actualización de planes y programas de estudio y el empleo de métodos de enseñanza que preparen profesionales capaces de responder a las necesidades del desarrollo y de actualizar permanentemente sus conocimientos. Con apoyo en el Sistema Nacional de Orientación Educativa, se favorecerán las áreas de ciencias básicas, ingeniería y tecnología .

En la educación superior pedagógica se incluyen actividades que combinan la educación a distancia, sesiones colectivas cursos, estudios de intercambio y trabajo individual. En el caso de la formación profesional inicial, se diseñará un modelo educativo con un tronco básico general y opciones orientadas a la práctica en preescolar, primaria y secundaria.

En posgrado e investigación, se buscará la excelencia de los servicios y se existentes y se promoverá su crecimiento en áreas estratégicas. Se continuará impulsando el desarrollo de la investigación, sobre la base de la excelencia y la pertinencia de sus planes y programas; se promoverá la vinculación entre la investigación y la docencia y su articulación con las necesidades regionales y nacionales. En desarrollo tecnológico, se buscarán nuevas opciones de cofinanciamiento de los centros de investigación tecnológica del sector público, mediante la prestación directa de servicios a empresas públicas, sociales y privada.

En educación extraescolar, se promoverá la expansión de la educación inicial en las poblaciones rurales, indígenas, urbanas marginadas y de alta concentración de madres trabajadoras. Asimismo, se seguirá impulsando la detección y la atención, mediante educación especial, de niños con capacidades sobresalientes. Como parte de la función compensatoria del gobierno federal en este año se puso en marcha un Programa de Educación inicial no escolarizado para atender a los niños menores de cinco años en comunidades y regiones de bajo nivel de vida. En la actualidad sus acciones se realizan en los diez estados que presentan el mayor rezago de atención, y en 1993 se extenderá gradualmente a otras entidades.

En educación para adultos se acentuarán los esfuerzos para abatir el analfabetismo, el cual es más frecuente en las comunidades más aisladas, especialmente las indígenas. Para ello se intensificarán los programas que permitan ofrecer una pronta adquisición funcional de la lectura escritura y de las matemáticas básicas, y se dará prioridad a las regiones en que este rezago es más acentuado.

Para ampliar los servicio de capacitación se promoverá el apoyo de los gobiernos estatales y de los sectores productivos, se crearán nuevos centros e institutos descentralizados para atender oportunamente los requerimiento de distinta ramas de actividad económica. Se intensificarán los servicios de capacitación acelerada, vinculándose con los sistemas de certificación de competencias ocupacionales, y se ofrecerán cursos de capacitación para el trabajo a grupos marginados y en localidades pequeñas mediante unidades móviles.

Se establecerán nuevas escuelas de arte coordinadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes, a fin de propiciar una profunda reestructuración de la educación artística, especialmente a nivel profesional.

Al efecto, se integrará en un solo espacio físico un conjunto de centros educativos y de investigación en artes, con la finalidad de ofrecer altos niveles de profesionalismo y de excelencia en esa materia.

A fin de fortalecer la identidad cultural mediante la vinculación de nuestra historia con la realidad actual, el gobierno federal destinará más recursos con objeto de rescatar los sitios arqueológicos de mayor importancia para el país, y promoverá la participación activa y financiera de los sectores privado y social.

Durante 1992, el gobierno federal destinó 12 mil 988 millones de pesos para el desarrollo de la arqueología en México, particularmente sobre los siguientes proyectos: Teotihuacán, Monte Alban, Chichén Itzá, Xochicalco, Palenque, Filo Bobos, Sur de Quintana Roo, Cantona, Xochitecatl, Arte Rupestre de Baja California Sur, Museo del Pueblo Maya y Museo de las Culturas del Norte. Estos implicarán mayores inversiones para 1993 y 1994, cuyos recursos adicionales serán posibles gracias a la constitución del Fondo Nacional Arqueológico, el cual recibirá aportaciones públicas, pero también, y de manera importante, del sector privado.

Se continuará ampliando la red nacional de bibliotecas públicas y su acervo bibliográfico, con la participación comprometida de los gobiernos estatales y municipales, y se intensificará la difusión de la cultura a través de los medios masivos de comunicación.

En los programas de deporte, se acentuarán los esfuerzos dirigidos al impulso de su práctica, a fomentar sus modalidades organizadas y de excelencia y a reorientar estructuralmente el que hacer deportivo en su conjunto. Se buscará incrementar la participación sistemática de la población en actividades físicas, recreativa y deportivas que coadyuven a elevar el bienestar individual y comunitario; se proseguirá con el establecimiento de centros de desarrollo deportivo municipal y se organizarán eventos estudiantiles con la intervención de las instituciones educativas. En materia de deportes de excelencia, seguirán apoyando y estimulando las actividades de las preselecciones y selecciones nacionales para su buen desempeño en eventos nacionales e internacionales, así como las nacionales e internacionales, así como las acciones de detección, seguimiento y desarrollo de talentos deportivos.

Se ofrecerán servicios recreativos, culturales y de turismo a un mayor número de jóvenes de escasos recursos, fomentando así el uso sano del tiempo libre. Se establecerán convenios de concertación con los sectores productivos y financieros para apoyar a los jóvenes mediante empleos e instalaciones de microempresas.

En el sector Educación, los recursos destinados para inversión pública ascienden a 2 mil 891 millones de nuevos pesos, superior en 29.1% en términos reales a la esperada para 1992. Las acciones se orientarán al fortalecimiento de la infraestructura educativa para ampliar la cobertura social y territorial; para ello se construirán 21 mil 604 espacios educativos con 5 mil 604 aulas, 540 laboratorios, 1 mil 001 talleres y 14 mil 459 anexos, resaltando 11 mil 733 en educación básica y 2 mil 828 en superior. En cuanto el equipamiento, tendrá prioridad el correspondiente a planteles tecnológicos y de capacitación para el trabajo e investigación.

Con objeto de avanzar en las metas del sector educación, se propone para 1993 un gasto de 44 mil 567 millones de nuevos pesos, que representa un incremento real de 15.0% con respecto al del año anterior.

Este monto incluye las aportaciones del Gobierno Federal para la educación básica en los estados por 20 mil 339 millones de nuevos pesos, que representa un incremento real del 10.9% con relación al gasto que durante el presente ejercicio la Secretaría de Educación Pública destina a este concepto en los estados.

Asimismo, cabe señalar que los recursos que ejercerán los estados, en caso de su aprobación, se registrarán en un nuevo ramo administrado por la Secretaría de Educación pública de acuerdo a sus atribuciones. Con ello se propiciará una mayor oportunidad en la asignación de los recursos que permitirán identificar las aportaciones a los estados, conforme a la nueva organización del sistema educativo.

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Salud y seguridad social

Las acciones adoptadas durante los últimos cuatro años en materia de Salud y Seguridad Social, han permitido avanzar en la consolidación de los esfuerzos para mejorar el bienestar de la población. Para 1993, el Sistema Nacional de Salud continuará trabajando en la misma dirección, poniendo en práctica las siguientes estrategias:

Fortalecer las actividades de medicina preventiva y autocuidado individual, familiar y colectivo, de la salud; ampliar la cobertura y el acceso a las instalaciones médicas; impulsar el Programa de Modernización de la Regulación Sanitaria; intensificar el Programa de Planificación Familiar, con pleno respeto a las decisiones de cada pareja; apoyar a los grupos más desprotegidos para que se integren a una vida económica y social más equilibrada; y avanzar tanto en la descentralización administrativa como en la coordinación intersectorial del Sistema, fomentando también la participación de la comunidad.

A través del Programa de Nutrición y Salud se mantendrá e intensificará la orientación y capacitación a la población para fomentar la selección, el manejo higiénico y la preparación adecuados de alimentos con mayor valor nutricional y compatibles con el presupuesto familiar. Asimismo, se reforzarán los programas de asistencia alimentaria, proporcionando raciones alimenticias a la población de menores recursos y fomentando el establecimiento de cocinas populares.

Se pondrá especial atención en el grupo materno-infantil, protegiendo la salud de la madre durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como la del niño (desde su etapa intrauterina hasta los cinco años de vida), bajo un concepto de bienestar integral.

Mediante el Programa de Vacunación Universal, se continuará atendiendo al 100% de los niños, sin importar lo alejados o dispersos que se encuentren. Se aplicará el esquema completo de vacunación contra la difteria, la tosferina, el tétanos, el sarampión y la poliomielitis, con especial énfasis en los días nacionales de vacunación. En 1993, el Sistema Nacional de Salud en su conjunto distribuirá y aplicará alrededor de 80 millones de dosis a lo largo y ancho del país.

El programa Contra las Adicciones continuará promoviendo los servicios de orientación, asistencia, tratamiento y rehabilitación del alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia.

La medicina curativa y rehabilitatoria se desarrollará bajo un modelo basado en la atención primaria y en la participación comunitaria.

En rehabilitación, se aplicará un esquema integral mediante el tratamiento de deficiencias, incapacidades e invalidez del aparato locomotor, de la comunicación humana, y de los sistemas visual y mental. Adicionalmente, se realizarán actividades de prevención mediante la detección temprana y la atención oportuna de secuelas de enfermedades y lesiones.

En cuanto a la extensión de la cobertura, se buscará el acceso de los servicios básicos de atención primaria en las comunidades menores de 2,500 habitantes, donde no existen servicios formales de salud.

Se continuará con la prevención y el control de enfermedades infecciosas, parasitarias y crónicodegenerativas. Se otorgará atención especial a la detección oportuna del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, el cólera y el dengue.

La prevención y el control sanitario de riesgos ambientales se realizará a través de la regulación y el control sanitario de los agentes de origen químico, físico y biológico.

En asistencia social, se buscará ampliar la cobertura de las actividades destinadas a la atención de niños desamparados, mujeres gestantes de escasos recursos, ancianos desprotegidos y minusválidos.

Se alentará la producción de insumo médicos y material de curación, destinados a apoyar la demanda de los programas sustantivos.

En materia de Seguridad Social, se incrementará la difusión de los programas de fomento cultural, deportivo y de esparcimiento entre los beneficiarios y derechohabientes; se simplificará los trámites de accesos a los servicios funerarios y para el de pago de pensiones y jubilaciones; se extenderá la cobertura en la atención integral a los hijos de madres trabajadoras; y se consolidarán los esquemas de financiamiento, fomentando nuevos planes para la adquisición de viviendas para los trabajadores al servicio del Estado.

En el Subsector Salud y Seguridad, los recursos destinados a inversión ascienden a 2 mil 412 millones de nuevos pesos y se destinarán preponderantemente a la terminación de las obras y los proyectos que presenten mayor grado de avance físico y justifiquen su existencia en el ámbito económico y social.

En su programa de inversión, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene contemplando la construcción, ampliación y remodelación, de 23 clínicas de atención médica de primer nivel a través de los proyectos Saltillo Urdiñola en Coahuila; León Oriente, Guanajuato; y Guadalajara Tonalá, Jalisco, correspondientes todas ellas a unidades médicas familiares; así como la construcción y la remodelación de 27 hospitales generales de zona, distinguiéndose los proyectos Aguascalientes, Aguascalientes y Naucalpan, Estado de México. Adicionalmente, iniciará la construcción de cinco centros deportivos vacacionales que se ubicarán en distintas zonas de la república.

El Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado canalizará su inversión principalmente a la ampliación y la remodelación de 23 hospitales generales y regionales, una clínica de especialidades y 22 clínicas-hospital. Se continuará la construcción de ocho nuevas clínicas-hospital. Se continuará la construcción de ocho nuevas clínicas- hospital, 27 clínicas de medicina familiar y 13 estancias de bienestar y desarrollo infantil, entre otras obras.

Para avanzar en el mejoramiento de los servicios de salud, se propone asignar un presupuesto de 47 mil 158 millones de nuevos pesos, que representa un incremento real de 12.8% con respecto al de 1992, y de 78%, en términos reales, en el período 1988-1993.

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Trabajo y previsión social

Con el propósito de dar continuidad al proceso de consolidación de las líneas de política y los objetivos que señala el Plan Nacional de Desarrollo en materia de Trabajo y Previsión Social,

Para 1992 el sector ha establecido las siguientes prioridades:

Continuar el fortalecimiento de la política laboral, con estricto apego a la Ley Federal del Trabajo y acorde con las necesidades del país, así como fortalecer el Servicio Nacional de Empleo para mejorar la vinculación entre la oferta y la demanda de mano de obra.

Llevar a cabo una estricta vigilancia para el cumplimiento de la normatividad laboral.

Contribuir al fomento del empleo, a través de mecanismos de coordinación entre diversas instancias involucradas.

Diseñar y operar políticas, programas y acciones para lograr el crecimiento equilibrado de la actividad económica nacional.

En materia de medicina preventiva y de seguridad en los centros laborales, se proseguirá regulando el funcionamiento y la operación de las comisiones mixtas de seguridad e higiene, fortaleciendo particularmente la investigación de las causas de los accidentes de trabajo y promoviendo la protección ecológica.

En materia de capacitación, el programa nacional para 1993 pretende continuar con las actividades para dar respuesta efectiva a la transformación que enfrenta el país, a través del Proyecto Modernización de los Mercados Laborables, financiado parcialmente con crédito externo, que incluye el otorgamiento de becas con el objetivo de elevar la capacidad de la población para su desempeño eficiente en las diferentes actividades productivas del país.

Asimismo, se desarrollará la infraestructura técnica y metodológica que facilite la operación y la organización de procesos permanentes de capacitación en las empresas. Se darán incentivos a las instancias de participación obrero patronal establecidas a nivel regional, sectorial y nacional. Además, se apoyará con equipo a centros de capacitación en 150 especialidades que se beneficiarán con inversiones complementarias.

Para el logro de estos objetivos, se propone asignar recursos al sector Trabajo y Previsión Social por 485 millones de nuevos pesos, los cuales representan un incremento real de 15.7% con respecto a 1992.

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Desarrollo urbano, ecología y agua potable

Los objetivos y prioridades del Sector de Desarrollo Urbano, Ecología y Agua Potable se orientan a mejorar la calidad de vida de la población mediante acciones que contribuyen al ordenamiento de los centros de población, a la promoción de la vivienda y al ciudadano del medio ambiente.

Dentro de este contexto, las actividades programadas para 1993 se enfocan hacia la continuación de obras en proceso y al inicio de un conjunto de acciones, integradas en un marco de prioridades que se señala a continuación.

Se celebrarán convenios y acuerdos de coordinación con los estados y con otras dependencias públicas, para la realización de acciones con un claro propósito de Desarrollo Social. Asimismo, en el financiamiento de servicios se prevé la participación de los tres niveles de gobierno y de los sectores privado y social.

Para el sector Desarrollo Urbano, Ecología y Agua Potable se propone una asignación presupuestal de 3 mil 494 millones de nuevos pesos, que representa un crecimiento real de 26.9% en relación al cierre estimado de 1992. De esta cantidad se propone una inversión por 2 mil 470 millones de nuevos pesos para 1993, lo que representa un incremento real del 12.8% con relación a 1992.

Desarrollo Urbano y Ecología

En materia de Desarrollo Urbano, el país enfrenta una distribución territorial de la población caracterizada por una excesiva concentración en las principales zonas metropolitanas. Como consecuencia de esta tendencia se han venido generando costos económicos y sociales que impactan directamente el bienestar de la población.

Ante esta situación, se hace necesario avanzar en la atención de los rezagos en materia de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos y mejorar las condiciones ambientales de las ciudades medias, para que éstas se conviertan en alternativas viables para captar los flujos migratorios.

Con objeto de lograr lo antes expuesto, se ha diseñado el Programa de Desarrollo Urbano de Cien Ciudades. Este Programa se llevará a cabo mediante un conjunto de acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno y con la participación de los sectores social y privado.

Por otra parte, se avanzará en la regulación del uso del suelo mediante la actualización de los planes de desarrollo urbano y de legislación local. Asimismo, se promoverá la modernización catastral para fortalecer la capacidad financiera municipal.

Se ampliará la oferta de lotes con servicios mediante acciones de suelo urbano y reservas territoriales, para fortalecer el crecimiento ordenado de las ciudades y evitar así los asentamientos sobre terrenos irregulares, siendo frente a la especulación y defraudación inmobiliaria.

La atención de la vialidad y el transporte urbano permitirán avanzar en la estructuración de una vialidad primaria más eficiente y a mejores niveles de servicio en el transporte público, que contribuyan al mejoramiento del bienestar social y económico y a la disminución de la contaminación ambiental.

En relación con los aspectos ambientales, se impulsara la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales y se apoyará el mejoramiento de los sistemas de recolección y manejo de residuos sólidos, promoviendo la concesión de estos servicios al sector privado.

Se fomentará la renovación urbana de los centros de las ciudades, mediante la protección y el aprovechamiento del patrimonio histórico, la rehabilitación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios. Adicionalmente, se continuarán las obras ya iniciadas de conservación en sitios y monumentos históricos como la Catedral y Sagrario Metropolitanos, Palacio Nacional y la Antigua Basílica de Guadalupe.

Atención especial recibirán los centros urbanos de la frontera, donde se continuará con la ejecución del Plan Integral Ambienta Fronterizo de acuerdo a los convenios bilaterales establecidos.

La vivienda es un factor fundamental para el bienestar integral del país. Por una parte, contribuye a la mejor distribución de la riqueza, al consolidar el patrimonio familiar; y, por otra, actúa como motor del desarrollo al estimular en todo el territorio la actividad productiva de casi 40 ramas industriales, a la vez que funge como uno de los principales agentes de ordenamiento territorial. En consecuencia, la vivienda actúa como agente del desarrollo social y económico.

En la actualidad, producir y adquirir vivienda aún requiere de costosos, complejos y tardados trámites. Ante ello, el Ejecutivo Federal propuso a las entidades federativas y a los principales participantes de la actividad habitacional un Programa de Fomento y Desregulación de la Vivienda. El acuerdo de coordinación para el fomento y desregulación de la vivienda, así como los convenios de concertación para agilizar los trámites de producción y titulación, y el correspondiente al apoyo de materiales de construcción, tienen como objetivo común la reducción y, en su caso, la eliminación de barreras, trámites y costos, así como el fomento a la construcción de nueva vivienda y al mejoramiento de la existente. De esta manera, ha dado inicio un proceso que disminuirá los costos indirectos en el proceso habitacional.

En el ámbito institucional, los organismos de vivienda de cobertura nacional han iniciado su modernización y adecuación a las nuevas condiciones de la economía nacional. Así, se busca ser más transparente y eficiente la canalización de recursos y mejorar en los programas de la banca comercial, mejorar el acceso a la vivienda especialmente a las familias de bajos ingresos. Con estos fines, la Federación y las Entidades Federativas se han comprometido instrumentar las medidas legales necesarias para desregular la producción y adquisición de vivienda. El Gobierno Federal y los organismos públicos involucrados con la misma dejan de construir vivienda y de ser propietarios de reservas territoriales, para fortalecer su papel de fomento y así encauzar los esfuerzos de los sectores social y privado en la edificación de la vivienda.

Con las acciones de protección al medio ambiente se promoverá la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, a fin de armonizar el crecimiento económico con el restablecimiento de la calidad de vida de la población en materia ambiental. Para ello, a través del Instituto Nacional de Ecología y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se aplicarán acciones preventivas y de vigilancia conforme al marco jurídico en vigor.

Por medio del Programa de Protección Ecológica se promoverá el desarrollo de estudios y proyectos cuyo objeto será avanzar en el diseño de medios y sistemas para prevenir, controlar y corregir la contaminación en el suelo, en el aire y el agua, así como ampliar el reconocimiento de la biodiversidad nacional.

Con el Programa de Ciencia y Tecnología se definirá la normatividad aplicable en los procesos de autoconstrucción y en la restauración del medio ambiente.

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Agua Potable

La acción gubernamental en materia de agua para uso urbano e industrial se orientará a consolidar y aumentar los apoyos al sector hidráulico en beneficio de la salud y el bienestar de la población. Las medidas más representativas son: ampliar la cobertura de agua potable y los servicios de suministro; mejorar la calidad del agua mediante la desinfección y el tratamiento, para eliminar cualquier posible contaminante; la optimización de su uso, disminuyendo las pérdidas en la conducción del servicio y ampliando la infraestructura de distribución de desalojo.

Se plantea alentar una nueva cultura del agua mediante reformas de fondo al marco jurídico que permitan la unificación de criterios en cuanto a la aplicación de tarifas acordes con la capacidad de pago de los usuarios y con los costos de construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de suministro.

Las acciones de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para 1993 están orientadas a lo siguiente: ampliar la cobertura de agua potable y la operación de acueductos; continuar la desinfección y la potabilización mediante el Programa de Potabilización Agua Limpia; y avanzar en los sistemas de tratamiento de aguas residuales, apoyando la construcción de 21 plantas.

Cabe destacar que la Comisión Nacional de aguas continuará la operación del Sistema Cutzamala y del Plan de Acción Inmediata, para atender los problemas del suministro de la zona metropolitana de la ciudad de México. Asimismo, se continuará con la construcción de la presa El Cuchillo para aliviar el déficit de abastecimiento de agua a la ciudad de Monterrey.

En conjunto con Banobras y Solidaridad, la Comisión Nacional de Aguas continuará realizando estudios y proyectos que conlleven a proporcionar agua potable a las colonias populares y a las poblaciones rurales por medio del Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

La Comisión Nacional de Aguas, dentro de su presupuesto por 2 mil 222 millones de nuevos pesos, invertirá 297.9 millones de nuevos pesos en obrera de construcción y ampliación de sistemas de agua potable, 314.8 millones de nuevos pesos en la operación y el suministro de agua potable, 39.8 millones de nuevos pesos en la construcción y la ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales y 19.9 millones de nuevos pesos para fortalecer a nivel nacional el Programa de Potabilización Agua Limpia.

Por su importancia, cabe señalar que para 1993 el presupuesto de la Comisión Nacional de Aguas contempla que el gasto destinado para prestar los servicios de agua potable en su conjunto, sean por un monto equivalente al ingreso que se capte por el pago de derechos respectivo.
 

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Desarrollo rural

De conformidad con los cambios del marco legal de la tenencia de la tierra y la necesidad de elevar la productividad en el sector agropecuario, se propone asignar recursos públicos que contribuyan a promover la creación de nuevos esquemas de asociación productiva y comercial y que fomenten el desarrollo de mecanismos adecuados para generar la capitalización del sector. Asimismo, el presupuesto para este sector contempla atender la conservación de los recursos naturales y la diversificación de las actividades productivas.

Se continuará con el proceso de desconcentración y descentralización de funciones, actividades y recursos humanos, financieros y materiales a las áreas operativas ubicadas en las entidades federativas. Adicionalmente, y de acuerdo con los gobiernos estatales y municipales, se establecerán compromisos por medio de los cuales los recursos presupuestales de los tres niveles de gobierno se enfocarán a apoyar, en forma conjunta, la participación de los productores en el incremento de la productividad agropecuaria y forestal.

En materia de financiamiento, se han establecido reglas de operación que agilizan y hacen transparente el proceso de canalización de recursos y apoyos crediticios. El Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura y el Banco Nacional de Crédito Rural, con la participación de la banca privada, continuarán apoyando la actividad agropecuaria a través de la canalización de recursos financieros. A la par, se promoverá la participación de los estados mediante la constitución de fondos estatales de inversión, para propiciar la autosuficiencia financiera, la autogestión y la autonomía en las organizaciones de productores.

Por su parte, Banrural ha definido criterios de operación que permiten una asignación más oportuna y directa. Además, con las modificaciones legales se permiten las operaciones individuales con ejidatarios, con lo que, bajo criterios de rentabilidad financiera, se incrementará el universo de productores a atender.

Dentro de los criterios de política sectorial, Agroasemex continuará subsidiando el 30% de la prima con cargo al gobierno federal, cubriendo el 90% del valor de la producción asegurada. La empresa seguirá fungiendo como vehículo de canalización de subsidio a productores, ya sea que contraten su seguro a través de las instituciones privadas o, bien, que constituyan fondos de autoaseguramiento.

Para 1993, se plantea un cambio sustancial basado en la interacción de las dependencias del Gobierno Federal con los productores, a fin de vincular el sistema productivo desde la investigación hasta la comercialización de los productos. Este cambio implica reducir los costos de producción, reorientar el patrón de cultivos y diseñar una estrategia clara de comercialización.

Entre las principales líneas de acción de la política de gasto del sector destacan las de sanidad animal y vegetal, en las que se promoverá la participación de organizaciones de productores en las campañas de prevención control de plagas y enfermedades.

Las acciones de investigación y desarrollo tecnológico se orientarán al fomento de nuevas especies y variedades vegetales, a través de una mayor vinculación de los centros de investigación y capacitación con los productores.

Asimismo, se descentralizará a los gobiernos de los estados y las organizaciones de productores la operación de los servicios de asistencia técnica y control fitosanitario, lo que coadyuvará a fortalecer a consolidar el sistema de extensión agrícola.

En materia pecuaria, se dará atención a las diferentes especies a través de programas concertados de sanidad, mejoramiento genético, investigación aplicada y la búsqueda de una mejor organización de los productores. Además, se impulsará el uso integral de los recursos forrajeros.

En el ámbito forestal, las principales acciones se orientarán a mejorar la producción silvícola, mediante el aprovechamiento racional de los recursos y el fortalecimiento de la infraestructura. Se llevarán a cabo programas de protección ecológica de los bosques, se continuarán la vigilancia y el combate incendios y la asistencia técnica, y se fomentarán proyectos financiados con recursos externos.

Para el fortalecimiento de la infraestructura hidroagrícola, la Comisión Nacional del Agua continuará la descentralización y la desconcentración de funciones. Estas se transferirán a las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, que recibirán apoyo técnico y asesoría. También continuará promoviendo proyectos de infraestructura hidroagrícola con la participación del sector privado con el objeto de ampliar la superficie de áreas de riego.

Se fomentará el uso de sistemas modernos de riego mediante programas de divulgación, la realización de campañas de convencimiento para el uso eficiente del agua y la creación de infraestructura con recursos externos, con lo cual se ampliará la superficie de áreas de riego. También se destinarán recursos para acciones de desinfección y control de la calidad del agua y para la investigación de las cuencas hidrológicas, así como para la observación de los fenómenos atmosféricos.

Por otra parte, dentro de las actividades encomendadas a las paraestatales del sector, destaca el Fideicomiso de Riesgo Compartido, que desarrollará obras para mejorar terrenos de cultivo y construir y rehabilitar caminos rurales.

Se continuará con los apoyos a la educación especializada a través de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de Posgraduados y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

El proceso de abatimiento de rezago agrario se inscribe en la consecución de dos grandes objetivos: el primero corresponde a la regularización, de la tenencia de la tierra, y el segundo, a la organización, la capacitación y el desarrollo agrario. Para alcanzar estos propósitos se establecen los siguientes lineamientos de política agraria:

Desahogar de forma expedita los expedientes que se encuentran en trámite y otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, mediante la entrega de documentos probatorios de la propiedad y el usufructo parcelario.

Conocer los procedimientos agrarios para resolver las controversias (surgidas entre sí o con terceros) de ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados, así como las inconformidades en el manejo administrativo.

Mantener actualizado el catastro rural y el registro de los sucesores agrarios en el Registro Agrario Nacional.

Emitir opinión técnica y dictaminar diversas acciones, tales como la de representar a jornaleros y avecinados en la defensa de sus derechos.

Atender a diversos núcleos sociales en la promoción de solicitudes de inversión de fondos comunes.

Fortalecer la organización agraria y las inversiones productivas mediante la integración de formas asociativas y productivas permitidas en la nueva Ley Agraria, así como concertar acciones para dotación de infraestructura social y productiva.

Ejidales. Mediante este programa se efectúan los trabajos técnicos conduncentes a la identificación, delimitación, ubicación geográfica precisa y medición de los linderos y superficies de las tierras ejidales, parcelas, solares urbanos, tierras comunes y demás predios. En este programa de carácter interinstitucional intervienen la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Registro Agrario Nacional (RAN). La Procuraduría Agraria certificará y vigilará la legalidad en las decisiones de las asambleas ejidales. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realizará los trabajos de medición y al Registro Agrario Nacional corresponderá registrar y expedir los títulos de propiedad.

Durante 1992, se han llevado a cabo los trabajos preparativos para la medición. El inicio del programa con un operativo a nivel nacional se hará en 1993. Esto permitirá avanzar en la titulación de parcelas, áreas de uso común y solares urbanos.

La regularización y ordenamiento de los asentamientos humanos contribuirá a elevar el bienestar y la seguridad de la población rural.

En el nuevo marco jurídico agrario, el programa de inversión pública se destinará principalmente a construír obras que permitan incorporar 58.5 miles de hectáreas nuevas de riego a la producción y a rehabilitar 170.9 miles de hectáreas. Para tales fines destacan los proyectos: Río Verde en Oaxaca; Andrés Figueroa, Vicente Guerrero y Hermenegildo Galeana en Guerrero; Baluarte Presidio en Sinaloa; Fuerte Mayo en Sinaloa-Sonora; Coahuyana en Colima; Ajacuba en Hidalgo; y el paquete de obras mediana irrigación a nivel nacional. En la rehabilitación destacan los siguientes proyectos: Alto Río Lerma en Guanajuato; Río Colorado en Baja California; Delicias en Chihuahua; Autlán El Grullo en Jalisco; Cupatitzio-Tepalcatepec en Michoacán; Río Fuerte en Sinaloa; Región Lagunera en Coahuila Durango y Modernización Yaqui en Sonora, entre otros.

En los estados de Sinaloa y Sonora se continuará la construcción del proyecto Huites para incorporar 70.0 mil hectáreas al riego y generar, a su vez, una capacidad de energía eléctrica de 400 megawatts. El costo de esta obra es de 2 mil 100 millones de nuevos pesos, mismos que se financiarán en su mayor parte con recursos recuperables de aportación de inversionistas privados y con fondos de los gobiernos federal y estatales.

En áreas de temporal, se prevé la construcción de infraestructura productiva y de apoyo que permita la incorporación de nuevas superficies a este tipo de agricultura, para lo cual se habilitarán 52.6 miles de hectáreas a través de la construcción de los proyectos Pujal - Coy (segunda fase), Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo a nivel nacional y Plan Chiapas, Chiapas.

Para lograr los objetivos señalados se propone asignar el sector Desarrollo Rural un gasto de 11 mil 817 millones de nuevos pesos, que representa un incremento real de 9.3% con respecto al de 1992. Dentro de este monto, se destinarán 2 mil 733 millones de nuevos pesos al renglón de inversión.

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Comunicaciones y Transportes

Durante 1993, el sector continuará con el proceso de desregulación, a la vez que promoverá la inversión privada en obras de infraestructura como carreteras de cuota e instalaciones portuarias y aeroportuarias.

Se dará prioridad al mantenimiento y modernización de la capacidad instalada y a la terminación de proyectos de alto beneficio social. En efecto, en 1993, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignará una inversión de 1 mil millones de nuevos pesos, a realizar trabajos de conservación y mantenimiento de la red carretera federal, incluyendo el mejoramiento de puentes y libramientos. En construcción de carreteras federales, se atenderán exclusivamente las obras en proceso, para las cuales se asignan 31 millones de nuevos pesos.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos orientará sus acciones a rehabilitar 250 kilómetros de pavimentos en autopistas, caminos directos y puentes, así como a conservar la red de 1,625.0 kilómetros bajo su administración. Además, através de esta entidad, se asignan recursos para participar minoritariamente en la construcción de autopistas concesionadas al sector privado. Para estos propósitos, se asignará un gasto al organismo de 792 millones de nuevos pesos.

Cabe mencionar que en el año de 1993 continuará el Programa Nacional de Carreteras de Cuota Concesionadas para el cual se estima una inversión global por 9 mil 700 millones de nuevos pesos.

El Fideicomiso Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas (Conacal), continuará las acciones de concertación con los gobiernos estatales y los sectores privado y social, para financiar obras de beneficio regional.

A la Policía Federal de Caminos y Puertos se le asignan 60 millones de nuevos pesos, destinados al mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades terrestres, aéreas y portuarias, lo que permitirá garantizar la vigilancia y la seguridad de las instalaciones federales. En medicina preventiva para el transporte, se continuará la práctica de exámenes psicofísicos y médicos y se terminará la construcción de 11 unidades de servicio médico con el propósito de garantizar el buen estado de salud de los operadores del autotransporte público federal y, en consecuencia, incrementar la seguridad para el público usuario.

Ferrocarriles Nacionales de México atenderá una demanda en el servicio de carga de 35.0 mil millones de toneladas/km y la movilización de 4.4 mil millones de pasajeros/km. Asimismo, se atenderá la conservación de la infraestructura de fuerza atractiva y de equipo de arrastre. Por otra parte, dentro del marco constitucional se promoverá la participación del capital privado en aquellos servicios que garanticen un incremento en la productividad.

Para este propósito se asigna un gasto a Ferrocarriles Nacionales de México por 4 mil 908 millones de nuevos pesos, de los cuales 3 mil 637 millones de nuevos pesos se destinarán a cubrir el gasto de operación y 1 mil 271 millones de nuevos pesos a inversión.

Entre las metas de inversión destaca la reconstrucción de 286 carros de carga y de 71 locomotoras, la rehabilitación mayor de 288 locomotoras y el arrendamiento de otras 100; la rehabilitación de 197 kilómetros de vías con riel nuevo y 100 kilómetros con riel de recobro; se colocarán 632 mil durmientes de madera y concreto y se aplicarán 1,280 miles de metros cúbicos de balastro para conservación.

En transporte marítimo, las acciones se orientan hacia el fortalecimiento de la autoridad portuaria y se continúa con la conservación de capitanías de puerto y equipo de señalamiento para garantizar la seguridad a la navegación en los puertos nacionales.

Asimismo, se continuará fomentando el movimiento de carga y pasajeros y se fortalecerá la coordinación de las operaciones en los puertos marítimos con acciones orientadas al incremento de la productividad.

Se consolidarán la infraestructura y el equipamiento portuarios y se diseñarán procesos de concesión en los puertos para estimular la competitividad y fomentar el desarrollo del transporte intermodal.

Para lograr el fortalecimiento y la modernización de los parques y puertos industriales y de las marinas turísticas, el Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios (Fondeport) promoverá los asentamientos de industrias que contribuyan a impulsar el desarrollo portuario nacional.

A través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, se atenderá un movimiento esperado de 40.9 millones de pasajeros y 1.4 millones de operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves. Para fortalecer el Sistema Aeroportuario Metropolitano, se adquirirá del Gobierno del Estado de México el aeropuerto de la Ciudad de Toluca. Asimismo, se atenderá en forma prioritaria la construcción de terminales de pasajeros, pistas y plataformas en Culiacán, Guadalajara, Huatulco, Distrito Federal, Monterrey, Puerto Vallarta, Silao y Tijuana. También se llevará a cabo la modernización y la reconstrucción de pistas y plataformas en Toluca y San José del Cabo y obras complementarias de apoyo provisional. Para estos fines, se le asignará a la entidad un gasto por 590 millones de nuevos pesos.

Para regular las actividades del transporte aéreo, se asignan recursos para atender en forma prioritaria la conservación del Sistema de Ayudas a la Navegación Aérea.

Se continuará el proyecto de modernización de la red de monitoreo y administración del espectro de frecuencia radioeléctrica, con el fin de ofrecer un servicio más eficiente en apoyo a la emisión y la recepción de señales.

Con el proyecto de Asistencia Técnica a Telecomunicaciones, se vigorizará el carácter regulatorio de los servicios, la modernización y expansión de las 27 estaciones terrenas que, actualmente, componen la red nacional de radiomonitoreo.

Telecomunicaciones de México (Telecomm) continuará con el proceso de puesta en órbita del Sistema de Satélites Solidaridad. Además, se procurará una utilización más eficiente de los servicios que presta actualmente el Sistema Morelos, con el fin de continuar proporcionando los servicios de voz, datos y videoconferencias a bajas y altas velocidades. El sistema de Transferencia Electrónica de Fondos será prioritario, lo que incrementará la seguridad y la confiabilidad en el manejo de giros nacionales e internacionales.

En el servicio Postal Mexicano, se continuará mejorando la eficiencia de sus sistemas de operación y administración en el manejo y la entrega de las piezas postales. Para ello, se capacitará a 15 mil empleados en el desarrollo de funciones operativas y de atención al público; se llevarán a cabo acciones que permitan consolidar la prestación del servicio de telégrafo en oficinas postales, a fin de mejorar su rentabilidad; se reforzará el servicio de mensajería acelerada nacional e internacional denominado Mexpost; se ampliará la cobertura del servicio de mensajería local Rapidpost en las ciudades más importantes del país; y se reforzará, también, el servicio de paquetería nacional e internacional Paqpost, con el cual se pretende impulsar las ventas por correo dando mayor fluidez al envío de mercancías.

En materia de desarrollo tecnológico, se canalizarán recursos al Instituto Mexicano del Transporte y al de Comunicaciones, procurando fomentar proyectos de desarrollo tecnológico con participación privada; en particular, el Instituto Mexicano del Transporte continuará con diversos estudios de investigación hacia el mejoramiento de la infraestructura carretera y de operación de los diversos medios de transporte.

Con el objeto de avanzar en las metas del sector Comunicaciones y Transportes, para 1993 se propone un gasto de inversión por 3 mil 621 millones de nuevos pesos y un programable por 10 mil 558 millones de nuevos pesos.

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Energético

En 1993, la reestructuración de Petróleos Mexicanos tiene implicaciones cuantitativas y cualitativas, principalmente sobre su gasto de inversión y su operación. Por ello, los programas de inversión para el subsector petrolero observan cambios que se reflejan en un crecimiento moderado en la inversión directa respecto a los montos de 1992. En el subsector Eléctrico se presenta el fenómeno de descenso relativo en la inversión pública, con la característica de que en éste la participación complementaria de financiamiento privado permitirá atenuar la disminución del proceso de capitalización.

Con el objeto de complementar los recursos públicos en el sector Energético, se otorga, dentro del marco legal, un renovado impulso a la participación del financiamiento privado en proyectos de infraestructura eléctrica y también se promueve en otras actividades, como es el caso de la petroquímica secundaria. Con esta estrategia, las entidades liberan recursos y centran sus inversiones en proyectos prioritarios, por lo cual requieren de montos menores para alcanzar sus objetivos y metas.

Durante 1993 se continúa dando apoyo a los proyectos prioritarios y a los que presentan mayor grado de avance en su realización. Tienen especial relevancia los destinados a consolidar la infraestructura existente y el desarrollo y modernización de la capacidad instalada.

El gasto asignado al sector garantiza la producción y el abasto de hidrocarburos y la generación de energía eléctrica, ambos de acuerdo con el comportamiento esperado de la demanda. En el ámbito externo, se proyecta mantener las exportaciones de hidrocarburos y complementar los recursos internos con financiamientos externos.

Asimismo, prosiguen los planes y acciones de ahorro de energía y se refuerzan los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las diversas instalaciones, además de las medidas de protección ecológica.

El presupuesto de gasto programable proyectado para 1993 en el sector Energético alcanza un monto de 43 mil 956 millones de nuevos pesos.

Petróleo.

Para hacer más eficiente las labores de Petróleos Mexicanos, en 1992 el Poder Legislativo aprobó crear cuatro organismos (exploración y producción, refinación, gas y petroquímica básica) además del organismo controlador. Esto permitirá obtener mejores resultados durante 1993, al descentralizar funciones y responsabilidades que conducirán a elevar la eficiencia.

En 1993, se mantiene la oferta de hidrocarburos para exportación y transformación, con el propósito de cubrir la creciente demanda interna y atender al mercado externo.

Se presta especial cuidado a la mejoría en la calidad de la producción de combustibles y otros productos refinados (para evitar daños ecológicos), a otorgar el mantenimiento necesario a las instalaciones productivas y a continuar el mejoramiento financiero del subsector.

La propuesta de gasto de inversión correspondiente a 1993 asciende a 9 mil 487 millones de nuevos pesos, que representan un crecimiento en términos reales del 1.2% sobre 1992 y se centra en los proyectos estratégicos que marcan el rumbo de la institución en el mediano plazo. Por otra parte, se promueve la presencia complementaria de financiamiento del sector privado para la inversión en obras de infraestructura.

En la rama de Exploración y Producción se asignan 5 mil 678 millones de nuevos pesos (6.6% superior en términos reales a 1992 y con una participación de 60.0% del total de la inversión), buscando consolidar fundamentalmente la plataforma de explotación de petróleo, con objeto de tener capacidad de respuesta oportuna a los requerimientos de los mercados interno y externo. Los principales proyectos de producción primaria apoyados son Cantarell, Abkatum - Pol - Chuc y Miguel Angel Zenteno, orientados a mantener su contribución del 54% en la producción total de petróleo crudo y del 31% en gas natural.

Al área de Refinación, que incluye ahora funciones no sólo de transformación industrial sino también de la extinta área de comercialización, se canalizan recursos por 2 mil 744 millones de nuevos pesos (0.3% inferior en términos reales a 1992 y una participación del 29.0% en el total de la inversión). El esfuerzo está encaminado principalmente a atender las obras del paquete ecológico (calidad de las gasolinas), así como a ampliar la capacidad y la calidad de refinación, concluyendo los proyectos en proceso y, así, atender en mayor medida al mercado interno. En esta área se incluyen los proyectos estratégicos de las refinerías de Salina Cruz, Cadereyta y Tula, segunda etapa.

Adicionalmente, se destinan 464 millones de nuevos pesos a gas y petroquímica básica (37.3% mayor que en 1992 y con una participación del 5.0% en la inversión total), los cuales serán canalizados principalmente al proyecto de modernización del proceso de producción y comercialización de gas L.P. En el segmento de petroquímica secundaria se canalizan 275.8 millones de nuevos pesos a los programas de Protección Ecológica, Ahorro de Energía y Seguridad Industrial. Es necesario aclarar que la decisión adoptada por las autoridades en materia de reclasificación de los petroquímicos genera mayores oportunidades de financiamiento privado en esta área y permite a Petróleos Mexicanos dedicar mayor inversión en el área de exploración y producción.

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Electricidad

La política de gasto en el subsector para 1993 que incluye la Comisión Federal de Electricidad y CL y FC se orienta a lograr la generación requerida para atender un crecimiento de la demanda estimado en 2.6% Asimismo, busca mayor eficiencia en la generación, la transformación y la comercialización de la energía, lo cual permitirá fortalecer su autosuficiencia financiera.

Para disponer de la infraestructura requerida por el subsector en función del crecimiento de la demanda, se sigue promoviendo la utilización de mecanismos de financiamiento combinados entre el sector público y el privado. En este sentido, la participación complementaria del ahorro privado sigue formando parte importante del esfuerzo sectorial para 1993. Así, se continuará la construcción de los proyectos termoeléctricos Carbón 11 (unidades 3 y 4), Topolobampo (unidades 1 y 2), Adolfo López Mateos (unidades 3 y 4) y Petacalco (unidades 3, 4, 5 y 6), principalmente. Además, se continúan diversas obras de transformación y distribución. Se prosigue el Proyecto Hidroeléctrico Huites, coordinado por la Comisión Nacional del Agua, con un esquema de financiamiento que conjunta recursos públicos y privados.

En 1993, la inversión total del subsector, considerando recursos públicos e inversión con financiamiento privado, se prevé asciende a 9 mil 230 millones de nuevos pesos.

La inversión pública del subsector, que asciende a 5 mil 450 millones de nuevos pesos, se orienta a atender obras prioritarias, principalmente la continuación de los proyectos hidroeléctricos Aguamilpa, en Nayarit, y Zimapán, en Hidalgo; la segunda unidad de la nucleoeléctrica Laguna Verde, en Veracruz; y la conclusión del proyecto termoeléctrico Petacalco en Guerrero (unidades 1 y 2).

Adicionalmente, se destinan recursos al mantenimiento de plantas, subestaciones y líneas tanto de transmisión como de distribución, así como también a la construcción de infraestructura ecológica, con el fin de asegurar el suministro de energía eléctrica y la protección del medio ambiente.

Para atender estos propósitos, la asignación propuesta de gasto programable a este subsector asciende a 19 mil 659 millones de nuevos pesos.

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Comercio

Durante 1993, se dará un énfasis especial a fortalecer al sector exportador, garantizar el abasto de productos básicos y contribuir a la estabilidad de precios.

Se fomentará la constitución y el desarrollo de la actividad artesanal y de industria micro, pequeña y mediana, así como de sociedades cooperativas y agroindustrias, identificando los requerimientos tecnológicos para su operación con el fin de determinar su correspondencia con la oferta de los centros de investigación y desarrollo tecnológico.

En cuanto al Tratado de Libre Comercio, se coordinarán actividades de promoción y difusión del mismo a través de diversos foros, con el fin de mantener informados a todos los sectores sociales del país.

Además, se buscará el fortalecimiento de las actividades metrológicas mediante la formulación de documentos normativos que incidan directamente en el cuidado de la salud, la seguridad, la ecología y el desarrollo de la industria en general.

En la nueva etapa que enfrentará nuestro país cobran especial importancia la capacitación y el desarrollo tecnológico. En este contexto, se propiciará la instalación de comités para la capacitación empresarial y de la mano de obra y se continuará con la política de apoyo a la modernización tecnológica y a la protección de la propiedad industrial.

En materia de abasto y comercio interior, se fortalecerá el acceso a alimentos y productos básicos en buenas condiciones de calidad y precio, sobre todo a los grupos de más bajos ingresos.

La Compañía Nacional de Subsistencias Populares continuará interviniendo en la comercialización de maíz y frijol, asegurando su abasto y el ingreso de los campesinos. Asimismo, mediante el Programa de Apoyo a la Comercialización Ejidal se proporcionan recursos a los productores de menores ingresos para el traslado de sus productos de la parcela a los centros de acopio.

Se prevé la comercialización de 4 millones 425 mil 100 toneladas de granos y se promoverá el proceso de harinización del maíz para la producción de tortilla. Por otra parte, se continuará brindando apoyo a los grupos de menores ingresos, a través del Programa Tortilla-Solidaridad y el Programa de Abasto Social de Leche. Con el primero se distribuirá 1 kilogramo de tortillas diariamente a 2.5 millones de familias cuyos ingresos son menores a 2 salarios mínimos, en 202 ciudades de la República. A la vez se beneficiarán 7.3 millones de niños con el Programa de Abasto Social de Leche, el que implica un beneficio por 2 mil 131 millones de nuevos pesos.

Por las características del comercio en las zonas rurales y urbanas marginadas el Sistema de Distribuidoras de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares fortalecerá su presencia en ellas. Mediante este esquema de distribución se proporcionará el abasto necesario de productos básicos a los sectores más desprotegidos, lo que implicará un beneficio e incremento al poder adquisitivo de 5 millones de familias. Asimismo, participará en la comercialización de 582 mil toneladas de harina de maíz en el medio rural, a través de 19 mil 700 puntos de venta.

Por su parte, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial atenderá la protección de los derechos de propiedad industrial en México y hará investigaciones sobre el estado de la técnica en el país.

La Procuraduría Federal del Consumidor adecuará sus funciones y atribuciones a la dinámica y la complejidad de las relaciones de consumo, incrementando acciones de cooperación con los sectores social y privado y consolidando esquemas de corresponsabilidad social a nivel nacional. Por último se ampliarán los estudios relacionados con los medios de comercialización, fortaleciendo los sistemas de difusión de información de mercados a través de los estudios del Servicio Nacional de Información de Mercados.

La inversión de las entidades paraestatales se canalizará fundamentalmente a rehabilitar y conservar la infraestructura con que cuentan, y a continuar con la modernización de los servicios de distribución y abasto. Destacan las obras para la apertura de 155 lecherías y la ampliación y modernización de los almacenes estratégicos Boruconsa. El gasto propuesto para el subsector Comercio-Paraestatal es de 246 millones de nuevos pesos.

La propuesta de gasto presupuestal para el sector Comercio y Abasto es por un monto de 9 mil 36 millones de nuevos pesos. Dicho monto incluye una inversión por 187 millones de nuevos pesos, lo que representa un incremento real del 14.5 % con relación al cierre de 1992.

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Industrial

Los procesos de cambio estructural en la industria paraestatal continuarán vigentes durante 1993. El objetivo es avanzar en una más eficiente combinación de los factores productivos, que se materialice en mayores niveles de producción, reducción de costos e incremento de los beneficios tanto financieros como sociales. Con ello, además de contribuir al saneamiento de las finanzas públicas, se permite abastecer la demanda nacional a precios competitivos, además de fomentar las exportaciones.

Dentro del sector se continúan con las adecuaciones administrativas y con el redimensionamiento de las entidades. Asimismo, se mantiene la desincorporación de empresas no estratégicas ni prioritarias. En consecuencia, el monto de gasto programable propuesto asciende a 942 millones de nuevos pesos.

Minería.

En 1993, el subsector minero estará sujeto a un profundo cambio estructural, de acuerdo con lo establecido en la Nueva Ley Minera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992, misma que prevé entre otros cambios, la liquidación de la Comisión de Fomento Minero, reasignando las funciones de otorgamiento de crédito al Fideicomiso de Fomento Minero y las actividades técnico operativas al Consejo de Recursos Minerales. En esta materia, también destaca el énfasis en materia de seguridad jurídica, la capitalización del sector y la ampliación de la seguridad industrial y la protección ecológica.

Estas acciones permiten al Estado ofrecer un apoyo más efectivo a la pequeña y la mediana minería, así como al sector social, mediante el otorgamiento de créditos a los programas de Exploración de Riesgo Compartido y de Apoyo Crediticio a la Minería Social.

En apoyo de las metas anteriores, se continúa con la utilización de créditos externos (Banco Mundial) enfocados a sustentar el Programa Sectorial Minero, el cual pone especial énfasis en la pequeña y mediana minería. Se prevé utilizar 20 millones de dólares de estos créditos en 1993.

Por otro lado, al reforzar la estructura del Consejo de Recursos Minerales con los laboratorios de la Comisión de Fomento Minero, se está en condiciones de continuar en forma intensiva con los programas de exploración, levantamiento del inventario de Reservas Minerales, elaboración de cartas geofísicas y la publicación de monografías para diferentes estados de la República.

Las empresas productivas del subsector, como es el caso de Exportadora de Sal, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Transportadora de Sal, Sociedad Anónima de Capital Variable, además de continuar con su producción actual de sal industrial, principalmente para exportación, prevén la incursión en el mercado de productos con mayor valor agregado (sal de mesa, sulfato de magnesio sal secada y cribada, blocks para ganado y pellets para suavizadores de agua).

Se pretende concluir con el proceso de desincorporación de Azufrera Panamericana, Sociedad Anónima y Compañía Exploradora del Istmo, Sociedad Anónima.

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Turismo

En 1993, el sector Turismo tendrá como propósito impulsar proyectos turísticos orientados al desarrollo regional, cuidando preservar los recursos naturales y promoviendo la afluencia turística nacional e internacional que permita generar empleos productivos y captar divisas.

En la promoción interna, se busca incrementar la demanda que dé sustento a la actividad y permita, a su vez, el conocimiento de los valores del extenso patrimonio histórico-cultural existente en nuestro país.

La promoción hacia el exterior se enfoca prácticamente a todos los mercados, en particular al de Estados Unidos, Canadá, y países europeos y asiáticos. Las campañas de publicidad de los principales centros turísticos nacionales absorberán 220.7 millones de nuevos pesos en 1993.

Para lograr un mayor alcance de las funciones turísticas, se continuará adecuando la normatividad con el objeto de desconcentrarlas hacia los gobiernos estatales.

La inversión pública presupuestal, además de asignar recursos crecientes, se complementará con la participación de la inversión privada en los rubros de construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura turística. Bajo estas consideraciones, la propuesta de inversión pública asciende a 81 millones de nuevos pesos, 12.3% real superior a la esperada para 1992.

La promoción de la inversión privada seguirá llevándose a cabo en todos los renglones, de manera particular en cinco polos de desarrollo turísticos: Cancún, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; Los Cabos y Loreto, Baja California Sur; y Bahías de Huatulco, Oaxaca. Se hará énfasis en la construcción de marinas y puertos de arribo para consolidar la escalera náutica del país. Se seguirá fomentando el desarrollo de megaproyectos y corredores turísticos, a fin de interesar a los inversionistas nacionales y extranjeros en las actividades del sector. Los megaproyectos en cuestión son: Puerto Cancún, San Buenaventura y Puerto Bello, en Quintana Roo; Marina Ixtapa y Punta Ixtapa, en Guerrero; Puerto Loreto y Punta Bono en Baja California Sur; Puerto Chahué y Bahía de Cacaluta, en Oaxaca; El Soldado de Cortés, en Sonora; La Pesca, en Tamaulipas; Rancho Majahua, en Colima, El Arcotete, en Chiapas; y Santa María del Obraje, en Guanajuato. Se proseguirá con el otorgamiento de apoyos a la pequeña y la mediana industria turística, mediante los fondos estatales de garantía.

Para 1993, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo seguirá con su proceso de cambio estructural a través del Programa de Desincorporación de Activos, el cual pretende un mejor aprovechamiento de recursos, a la vez de incentivar la participación de inversionistas privados en el desarrollo de la infraestructura turística. Además, se continuará con la desincorporación de empresas no prioritarias y se intensificará el proceso de modernización de las entidades que prevalecen, buscando aumentar su eficiencia y su productividad.

Para contribuir al logro de las metas programadas, el gasto propuesto para el ejercicio 1993 asciende a 509 millones de nuevos pesos, monto que representa un crecimiento real de 6.7% en relación con el del año anterior.

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Pesca

Durante 1993, el sector se propone continuar con la obtención de tasas de crecimiento de la producción superiores a las del aumento de la población, mediante el incremento moderado de la captura y un crecimiento acelerado de la acuacultura. Los volúmenes de producción primaria e industrial sustentarán la exportación. Con el fomento a la producción pesquera, se pretende ampliar la oferta nacional y mejorar la distribución, contribuir a la generación de empleos e ingresos de las comunidades pesqueras, propiciar un desarrollo regional equilibrado y aprovechar racional e íntegramente los recursos.

Se continuará con las acciones definidas en el Acuerdo Nacional de Modernización del Sector Pesquero y la Ley Federal de Pesca, como instrumentos de acción inmediata. El acuerdo sienta las bases normativas para promover el financiamiento y la inversión, la organización y la capacitación de los agentes sociales que participan en la actividad, y fomenta la investigación y el uso de nueva tecnología. Por su parte, la Ley tiene por objeto garantizar la conservación, la preservación y el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros y establecer las bases para su adecuada explotación.

En función de lo anterior, se presentan como propósitos fundamentales: la revisión, la modernización y la adecuación de las estructuras institucionales del sector pesquero; la descentralización, la desconcentración y la simplificación de trámites; el mejoramiento de los sistemas de información y registro; y el uso eficiente de los recursos públicos destinados al sector.

Las principales líneas de acción del sector para 1993 son: continuar con el fortalecimiento de la organización de los sectores social y privado, a través del fomento de diversos programas en las actividades de procesamientos primario semiindustrial, industrial y comercial, dando una especial atención a las tareas de evaluación, otorgamiento de concesiones, licencias y permisos, además de las acciones de vigilancia e inspección para la protección de especies; también se impulsarán las acciones de fomento en materia de investigación y desarrollo tecnológico. Adicionalmente, se dará asistencia técnica y capacitación a organizaciones para la adecuada explotación de los recursos pesqueros, fortaleciendo, dentro del marco regulatorio, los diferentes tipos de pesca, como son la de fomento, la comercial, la de consumo doméstico y la deportivo-recreativa. Asimismo, se dará apoyo en el mantenimiento y la reparación de la flota, el equipo y las artes de pesca; y al desarrollo integral de la acuacultura.

Se continuará con el impulso de la infraestructura pesquera y acuícola destinando 76 millones de nuevos pesos en inversión, principalmente a la conclusión de obras en ejecución y la rehabilitación de las existentes. Lo anterior, para elevar la eficiencia y la productividad general del sector. Se construirán dos parques camaronícolas, uno en Veracruz y otro en Oaxaca; un ostrícola en Tabasco; y uno de maricultivo en Quintana Roo. Se proporcionará equipamiento a 19 centros acuícolas y conservación y mantenimiento a otros 18. De igual manera, se llevarán a cabo la construcción, la conservación y la rehabilitación de 999 metros de escolleras en lagunas litorales, todo ello con la finalidad de elevar las condiciones de bienestar de las comunidades pesqueras de menores ingresos. Para el logro de estos propósitos, el presupuesto programado para este sector asciende a 326 millones de nuevos pesos, con un crecimiento real de 2.9% con respecto a 1992.

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Seguridad Nacional y Procuración de Justicia.

El Estado mexicano busca alcanzar el desarrollo integral de la nación en un ambiente de libertad, paz y justicia social. Ello plantea como condiciones imprescindibles la seguridad nacional y la procuración de justicia para mantener el orden constitucional, con absoluto respeto al Estado de derecho y a los principios en que se traduce.

En 1993, la Secretaría de la Defensa Nacional consolidará los avances logrados en su modernización organizativa y en infraestructura y capacitación militar. Continuará protegiendo los recursos naturales y las instalaciones estratégicas del país para asegurar un ambiente de sana convivencia y solidaridad social. Participará, con las autoridades competentes, en acciones de alto contenido social, como la atención de la población en casos de desastre y de apoyo en campañas de reforestación, fitosanitarias y de alfabetización.

Para la atención de las acciones que le competen en materia de combate al narcotráfico y a la producción de enervantes, en 1993 se adquirirá equipo electrónico para la modernización de su infraestructura en la faja costera del pacífico, se repondrán helicópteros y, en general, se dará mantenimiento mayor al equipo y a las instalaciones de la dependencia.

Se atenderán las necesidades en materia de construcción y rehabilitación de hospitales militares, cuarteles y bases de operación; adquisición de vehículos terrestres y aéreos para transporte militar e incremento de la capacidad operativa en misiones de seguridad interna y contra enervantes, y de refacciones y accesorios mayores para mantenimiento de unidades terrestres y flota aérea militar. Se considera también la adquisición de equipo de defensa y seguridad nacional, así como equipo de radiocomunicación para reconocimiento y operaciones táctico-militares.

Por su parte, la Secretaría de Marina continuará garantizando la soberanía del país mediante la vigilancia de costas, mares e islas nacionales. En coordinación con las autoridades competentes, contribuirá al desarrollo y la coordinación de la investigación oceanográfica. De acuerdo con los objetivos de la política de ordenamiento ecológico, esta Secretaría continuará apoyando acciones encaminadas a la prevención y el control de la contaminación marina causada por derrames de hidrocarburos, y a la vigilancia en el cumplimiento de las normas aplicables a la conservación y la protección de las especies marinas.

El programa de inversiones para 1993 apoyará la conclusión de instalaciones del sector naval en La Pesca, Tamaulipas, dentro del marco de modernización de las instalaciones de la Armada de México. Asimismo, se prevén apoyos económicos para la terminación y el equipamiento de un buque guardacostas clase Holzinger que iniciará operaciones en 1993 y para la construcción de unidades de superficie.

La Procuraduría General de la República continuará su proceso de modernización, depuración y elevación de la calidad profesional de quienes intervienen en la procuración de justicia, mediante la aplicación de los sistemas de profesionalización en el servicio; y la simplificación de los procedimientos judiciales y administrativos.

En materia de inversiones, durante 1993 adquirirá equipo aéreo y terrestre para combatir el narcotráfico, complementará la red de telecomunicaciones que enlazará a las delegaciones estatales y a las corporaciones de la Policía Judicial Federal para contribuir a la modernización de sus cuerpos policiacos; y apoyará la terminación de los inmuebles que albergarán a delegaciones estatales para dotarlas de instalaciones acordes con la nueva imagen institucional de la dependencia.

Se dará mantenimiento a los hangares y plataformas en lugares de difícil acceso para la flota aérea que participa en la campaña contra el narcotráfico, a fin de incrementar su eficiencia operativa.

La Secretaría de Gobernación orienta sus acciones a promover la democracia y el respeto recíproco entre los poderes. Igualmente, es responsable de apoyar el fortalecimiento del sistema penitenciario; de asegurar el ejercicio de las libertades públicas de prensa, expresión, reunión y manifestación; de garantizar la seguridad nacional y la paz pública; de regular los flujos migratorios y de determinar la política poblacional. También coordina la consolidación de mecanismos de protección a la ciudadanía ante la eventualidad de desastres, así como el uso eficiente de los medios oficiales de comunicación social para atender las necesidades de la población en materia de información, cultura, educación y esparcimiento.

El gasto de inversión de la Secretaría de Gobernación se canalizará a la construcción y el equipamiento del reclusorio de alta seguridad en el Estado de Tamaulipas, dentro del Programa de Modernización y Dignificación del Sistema Penitenciario Nacional, la construcción de centros de readaptación social en ocho estados de la república con apoyo de la banca de desarrollo; la rehabilitación y el equipamiento de estancias migratorias en el marco del Programa de Actualización de los Servicios Migratorios del País; y la adquisición de equipo electrónico para fortalecer el programa de seguridad nacional en el interior de la República.

El subsector paraestatal Papel, Prensa y Derivados Celulósicos, consolidará los avances tecnológicos realizados en materia de equipamiento y mantenimiento de su planta productiva, a fin de aumentar la utilización de su infraestructura en condiciones competitivas y de acuerdo con las exigencias del mercado de la industria editorial, abierto a la libre importación de papel periódico.

A partir de 1992, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se separa orgánicamente de la Secretaría de Gobernación y se eleva a rango constitucional. Se constituye en organismo público descentralizado, con el propósito de que una instancia independiente e imparcial sea la responsable de la defensa de los derechos humanos.

En ese sentido, para 1993 se prevé la operación independiente de este nuevo organismo con un presupuesto de 60 millones de nuevos pesos, que se canalizarán fundamentalmente a la investigación y la dictaminación de casos de denuncia sobre violaciones a los derechos humanos, coordinación y desarrollo de programas de capacitación y defensa de los derechos humanos, mediante eventos y convenios con organismos internacionales; así como a la adquisición y acondicionamiento de su edificio alterno, de acuerdo con las reformas a su estructura orgánica y funcional.

El proyecto de presupuesto del sector Seguridad Nacional y Procuración de Justicia ascienda a un monto de 9 mil 041 millones de nuevos pesos, que representa un incremento real de 12.8% en relación con 1992. La inversión propuesta para este sector, asciende a 1 mil 143 millones de nuevos pesos, que representa un decremento real del 8.5% en relación a 1992
 

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V. Programa nacional de solidaridad

En los cuatro años que tiene de operar, el Programa Nacional de Solidaridad se ha consolidado como un medio eficaz para atender las necesidades prioritarias de la población. Asimismo, Solidaridad ha apoyado proyectos productivos que permitan el desarrollo autosostenido y permanente de las comunidades. Por otro lado, ha contribuido a fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el conjunto de las entidades públicas que contribuyen al mejoramiento productivo del nivel de vida de la población y al combate a la pobreza extrema.

Sus acciones, en las que se estimula la corresponsabilidad del Estado y las comunidades, se concentran en mejorar los niveles de salud, alimentación, educación, vivienda, medio ambiente y la regularización del uso del suelo. Además, se extienden los servicios de agua potable, drenaje, electrificación, urbanización, caminos y carreteras.

El más destacado de sus programas recientes es la creación del Fondo Nacional para Empresas de Solidaridad, que apoya a 1,240 empresas con capital de riesgo y a 1,600 formadas con el apoyo de 44 fondos regionales de garantía y financiamiento. Estas empresas representan una nueva forma de trabajo del Estado con los productores del medio rural y urbano. Para asegurar su eficacia, se canalizan recursos directamente a los proyectos que acreditan viabilidad, mercado e impacto social.

En su tiempo de operación, solidaridad ha permitido integrar al servicio de energía eléctrica a 13 millones de habitantes de 9,655 localidades rurales y 3,447 colonias populares.

El agua potable se proporciona a 11 millones más de usuarios y el alcantarillado beneficia a 8.5 millones de personas que carecían de él. Conjugando esfuerzos, ha sido posible pavimentar a 3 mil 200 kilómetros de calles y avenidas y entregar más de 1.5 millones de escrituras.

La cobertura de los servicios de salud se ha ampliado e incorpora a 7.5 millones de mexicanos, que antes no tenían acceso a este servicio.

Son más de 70 mil las escuelas que se han reparado y equipado para formar mejor a nuestros niños y jóvenes, y se han proporcionado alrededor de 550 mil becas a jóvenes pasantes que han realizado su servicio social en proyectos de desarrollo comunitario.

En apoyo a los grupos étnicos, que ocupan un lugar prioritario, se han integrado 120 fondos regionales indígenas en los que participan 1,482 organizaciones con la ejecución de 2 mil proyectos que benefician a más de 586 indígenas de 4,619 comunidades en 1,110 municipios de 22 estados de la República.

La participación comunitaria en solidaridad se ha sustentado en la organización de más de 100 mil comités de Solidaridad entre 1989 y 1992, con lo que ha sido posible lograr no sólo importantes metas en obras sociales y proyectos productivos, sino recobrar la vitalidad creativa de las comunidades para actuar con decisión, pluralidad y libertad en los esfuerzos para ofrecer mejores oportunidades y condiciones de vida.

Si bien es cierto que se ha avanzado, aún falta mucho para erradicar la pobreza extrema y elevar el bienestar comunitario, garantizando el empleo de sus capacidades productivas. Por ello, solidaridad seguirá respondiendo a las demandas de la comunidad organizada.

Para 1993, se consolidarán los proyectos productivos, se continuarán las obras en proceso hasta su total conclusión con la calidad requerida, se ampliarán los programas regionales y se avanzará en la atención a las necesidades básicas de los mexicanos.

Estas son las prioridades para el ejercicio, y la estrategia de acción seguirá fundamentada en la organización comunitaria y la canalización suficiente y oportuna de los recursos y apoyos para su empleo eficiente en los lugares que más lo requieren. Se enfatizará en el control de las acciones y de los recursos por parte de las autoridades competentes y de las comunidades a través de la contraloría social, con una evaluación constante que permita superar lo alcanzado y asegurar condiciones propicias para el desarrollo de las nuevas generaciones.

Salud y Hospital Digno. El acceso a la salud es condición necesaria para hacer real la igualdad de oportunidades para mejorar el bienestar. En 1993 se iniciará la construcción de 30 unidades médicas rurales, 30 centros de salud y 66 centros de bienestar social, Continuarán las obras de construcción y equipamiento de 31 hospitales que se encuentran en proceso. Se rehabilitarán las áreas de urgencia y consulta externa de 150 hospitales, con el fin de dignificar los servicios para el público usuario con una mayor calidad y eficiencia. La inversión propuesta para las acciones en materia de salud ascenderá a 405 millones de nuevos pesos.

Infraestructura educativa. La construcción de aulas, anexos, talleres y laboratorios fortalece el servicio que prestan los centros escolares y contribuye a una mejor preparación de los alumnos. Para 1993 se tiene previsto construir 7,800 aulas y 7,300 anexos en preescolar, primaria, secundaria y otros niveles, además de 290 laboratorios y 680 talleres.

El Programa Escuela Digna ha permitido una gran movilización social dirigida al mantenimiento y la dotación de equipo para los planteles en que se forman los niños. Se programa ejecutar trabajos de rehabilitación y mejoramiento de 37,000 planteles en todo el país.

Se consolidarán también las acciones del programa Escuelas de Solidaridad, iniciando a mediados de 1992, con el objeto de elevar la calidad del servicio. En estos programas para la educación, se canalizarán 610 millones de nuevos pesos.

Niños en Solidaridad. Con el propósito de contribuir al abatimiento de la deserción escolar de los niños en educación primaria, se continuará proporcionando becas, despensas y consultas médicas a niños seleccionados por la propia comunidad escolar. Se tiene proyectado otorgar 600 mil becas a un igual número de niños que, sumadas a las acciones para una mejor calidad en la educación, contribuirán a que un número cada vez mayor de niños terminen la educación primaria. Niños en Solidaridad contará, según lo propuesto, con 683 millones de nuevos pesos.

Apoyo al servicio social. Con solidaridad para el servicio social se programa continuar vinculando a los jóvenes en proyectos para el beneficio de la comunidad y, al mismo tiempo, desarrollar su compromiso social y su ética profesional. La meta es proporcionar 180 mil becas, con una asignación de 170 millones de nuevos pesos.

Urbanización. Se continuarán las obras de equipamiento urbano en colonias populares y comunidades rurales. Se terminarán las obras en proceso y, conforme a las definiciones de los comités de Solidaridad, se iniciarán nuevas acciones de pavimentación, así como de construcción de calles, avenidas, guarniciones, banquetas y puentes vehículares y peatonales. Para el conjunto de estas acciones se propone invertir 675 millones de nuevos pesos.

Agua potable y alcantarillado. Se busca ampliar la cobertura de agua potable a 3 millones de mexicanos en todo el país y un monto similar de beneficiarios en alcantarillado, presupuestándose una inversión de 675 millones de nuevos pesos.

Electrificación rural y urbana. Se prevé ampliar la cobertura del servicio a 600 colonias populares y 2,000 poblados rurales, y atender mediantes proyectos de electrificación no convencional a 450 pequeñas comunidades dispersas en el territorio. Los recursos propuestos para realizar tales acciones ascienden a 250 y 30 millones de nuevos pesos, respectivamente.

Apoyo a la vivienda. Se continuará con las acciones para apoyar la construcción y el mejoramiento de vivienda en las zonas rurales y urbanas populares. El Programa de Vivienda Digna comprenderá la dotación de materiales para construcción, la construcción de pies de casa, de letrinas y otras obras que mejoran las condiciones de habitación. Para realizar estas acciones se propone asignar 150 millones de nuevos pesos.

Apoyo a la práctica del deporte. Se plantea la meta de construir 500 canchas, proseguir los trabajos de construcción de 60 unidades deportivas e iniciar los de otras 20, así como la rehabilitación de 50 módulos para la práctica de estas actividades. Los recursos que se proponen para estas acciones suman 150 millones de nuevos pesos.

Empresas en Solidaridad. Se plantea alcanzar una cobertura nacional para estimular la creación y la consolidación de más de 1 mil empresas en el medio rural y urbano, y de 50 fondos de garantía y financiamiento. Se propone una asignación de 400 millones de nuevos pesos.

Fondos de Solidaridad para la Producción. Para continuar con el apoyo a los campesinos que no son sujetos de crédito en la banca comercial o de desarrollo se apoyará a 700 mil productores para el cultivo de 2 millones 200 mil hectáreas. Asimismo, se fortalecerán las acciones para la infraestructura productiva y se realizarán acciones de fomento en beneficio de productores específicos. Se destinará, de acuerdo con lo propuesto, una inversión de 900 millones de nuevos pesos.

Solidaridad con las Comunidades Indígenas. Para las comunidades indígenas se continuará con los fondos regionales que apoyan sus proyectos productivos, así como con las acciones de bienestar social, procuración de justicia y fomento al patrimonio cultural de los grupos étnicos. Para los jornaleros agrícolas se fortalecerán las acciones que buscan el mejoramiento de sus condiciones de vida y generar oportunidades de empleo en sus lugares de origen. Para estas labores, que se realizan coordinadamente con el Instituto Nacional Indigenista, se prevé una asignación de recursos por 375 millones de nuevos pesos.

Programas de Desarrollo Regional. Se consolidará la operación de los 15 programas de desarrollo regional vigentes, que cubren acciones en 12 entidades federativas. Se pondrán en marcha los de La Chontalpa y Los Ríos, en Tabasco; Cuitzeo, Lagos de Pátzcuaro y Zirahuén en Michoacán; la Costa Grande de Guerrero; La Huasteca, en Hidalgo; Norte de Nuevo León; Cuenca de Papaloapan, en Veracruz y Oaxaca.

En las acciones de desarrollo regional se contemplan las de Ecología Productiva, del Plan Integral Ambiental Fronterizo (PIAF) y las actividades que lleva a cabo el Instituto Nacional de Solidaridad. Asimismo, se ejecutarán acciones y obras de infraestructura para apoyar las actividades productivas, agropecuarias, agroindustriales y pesqueras, entre otras; se fortalecerá el programa para atender a los jóvenes y a los grupos de jubilados y de obreros. Para el conjunto de estos programas se propone invertir 819 millones de nuevos pesos.

Con el Programa de Ecología Productiva se fortalecerán acciones orientadas a la preservación del medio ambiente en armonía con opciones productivas para las comunidades. Se consolidarán los programas de protección a la zona de la mariposa monarca y los programas de empleo productivo en las regiones de los Chimalapas, los Montes Azules, Xian-Kán y Calakmul, así como en otras regiones prioritarias para la protección de la biodiversidad. Asimismo, se iniciará el programa de reforestación que tiene como meta sembrar 100 millones de árboles en todo el país.

El Instituto Nacional de Solidaridad consolidará su labor de capacitación y vinculación entre los sujetos de solidaridad en todo el país, diversificando sus acciones y haciéndose llegar a todo el territorio nacional.

Mujeres en Solidaridad. Se consolidarán los proyectos en operación y se iniciarán nuevas acciones en materia de bienestar y productivas para apoyar a las mujeres del medio rural y urbano. Para este programa se propone una inversión de 50 millones de nuevos pesos.

Infraestructura Carretera y de Caminos. Se programa construir 1 mil kilómetros de caminos rurales, reconstruir 100 y conservar 2 mil 900. En carreteras alimentadoras se tiene programado construir 1 mil 500 kilómetros, reconstruir 1 mil y conservar 17 mil. Para este programa se propone una inversión de 800 millones de nuevos pesos.

Fondos Municipales de Solidaridad. Se programa una meta de cobertura de 2 mil 129 municipios, a los que se canalizarán directamente recursos para la ejecución de obras y el fomento de iniciativas directas de su población. Los municipios del país contarán, de acuerdo con lo propuesto, con 650 millones de nuevos pesos.

Se pondrá en operación el Programa jóvenes en Solidaridad, que busca recoger las iniciativas de los jóvenes campesinos, indígenas y de las colonias populares para llevar a cabo proyectos productivos, obras de beneficio comunitario y actividades educativas, de capacitación, deportivas, recreativas o culturales, así como fortalecer su conciencia solidaria y de arraigo a sus lugares de origen. El propósito es abrir las opciones para desarrollar armónicamente las facultades y el potencial creativo de los jóvenes, tomando en cuenta tanto sus rasgos comunes como su diversidad.

Se contribuirá a que las comunidades organizadas que tengan iniciativas de proyectos culturales cuenten con el apoyo necesario para llevarlos a cabo y desarrollen sus tradiciones, valores e identidad regional y nacional.

En el marco de los programas para maestros jubilados y jubilados en general, se apoyarán actividades de bienestar y fomento económico que les resulten atractivas, rentables y socialmente útiles.

El Programa de Solidaridad Obrera prevé estimular la organización de los trabajadores para mejorar las condiciones de las unidades habitacionales en que viven sus familias, así como estimular proyectos productivos viables para mejorar el nivel de ingresos y el consumo familiar.

Para el cumplimiento de las metas antes señaladas se propone destinar recursos federales por 7 mil 747 millones de nuevos pesos, lo que implica un crecimiento real de 4.7% en relación con el cierre previsto para 1992. De este monto corresponden a la inversión pública 6 mil 939 millones de nuevos pesos, que representan un incremento del 2.2% en relación con 1992.

El ejercicio de estos fondos se coordinará a través del Convenio Único de Desarrollo que la Federación firme en 1993 con cada Estado de la República. De esta manera, se mantendrán los principios de descentralización y gran participación social que caracterizan la operación del programa, sin perder el control central del mismo, con objeto de garantizar que sus beneficios lleguen cada vez más, a un mayor número de compatriotas.

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VI. Estrategias específicas

Desarrollo Científico y Tecnológico

En el mundo contemporáneo, los países que avanzan con paso rápido y firme en el terreno económico fundamentan su éxito en las ventajas competitivas de su planta productiva, generadas a partir de nuevos procesos y productos. Así, el aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos es un factor decisivo en el éxito económico de las naciones.

En virtud de que la competitividad está señalada por factores tecnológicos, es indispensable fortalecer la aplicación de la estrategia científica y tecnológica que permitirá a nuestro país alcanzar los niveles de competitividad necesarios para desarrollarse en un mundo marcado por una creciente globalización económica y una interdependencia de los mercados.

El esfuerzo que desarrolla el Gobierno Federal para otorgar su verdadero valor a la ciencia y al progreso tecnológico como instrumentos del cambio, se refleja en la asignación de recursos a ciencia y tecnología. Para 1993, los recursos asignados serán del orden de 4 mil 300 millones de nuevos pesos, 8.8% superior en términos reales a lo ejercido en 1992. La participación del gasto federal en ciencia y tecnología respecto al producto interno bruto, ha aumentado de manera gradual pero constante; durante los últimos cuatro años, ésta ha pasado de 0.27% en 1989, a 0.38% en 1992 y al 0.82% en 1993.

Como producto de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el presente año se reforzó a la Secretaría de Educación Pública como la dependencia rectora de la política científica y tecnológica del Gobierno Federal al serle transferidas las atribuciones de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto en esta materia.

Sin embargo, la canalización creciente de recursos públicos a la ciencia y la tecnología no es suficiente. Es necesario incrementar de manera sustancial la participación del sector privado en estas materias y en especial en los centros de investigación y desarrollo de vocación tecnológica, los cuales, una vez que hayan alcanzado la madurez necesaria para ser manejados y financiados por los particulares, serán desincorporados.

Durante 1991, se diseñó y se puso en operación un sistema de evaluación para la asignación de los recursos a estas actividades, en él participan activamente la comunidad científica y tecnológica de nuestro país. Asimismo, la asignación de estos recursos considera, además de los criterios financieros, los méritos académicos y la pertinencia social propia de estas actividades y responde a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994.

Especial mención merecen los recursos que se canalizarán a los Fondos Presidenciales de Apoyo a la Ciencia y la Tecnología, establecidos en 1991 a sugerencia de la comunidad científica encaminados a revertir el grave deterioro que se venía dando en la infraestructura docente y de investigación el demérito económico de estas actividaes y la constante fuga de talentos. Se propone para estos fondos una asignación presupuestal de 87 millones de nuevos pesos para 1993.

Gracias a los apoyos otorgados por estos fondos, desde su creación se han repatriado más de 300 investigadores mexicanos, que significaron una erogación mayor a los 24 millones de nuevos pesos. Se han financiado proyectos de investigación científica del más alto nivel con recursos por 178 millones de nuevos pesos, que contaron con la aportación de fondos concurrentes de las instituciones postulantes, requisito indispensable para la obtención del apoyo, por un monto cercano al 40% de las asignaciones del fondo.

Asimismo, se otorgaron apoyos a más de 330 investigadores y catedráticos del más alto nivel, entre los que se encuentran los de carrera de excelencia, los visitantes y lo que se encuentran elaborando libros de texto especializados en su materia. Estos apoyos, que importan cerca de 20 millones de nuevos pesos, han servido para fortalecer a las universidades y centros de investigación científica y tecnológica y formadores de recursos humanos de excelencia.

Por otra parte, se propone que el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ascienda a 684 millones de nuevos pesos, 18% más en términos reales que el ejercido en 1992. El programa de becas será reforzado y contará con recursos federales por 184 millones de nuevos pesos. Adicionalmente, se canalizarán apoyos por 135 millones de nuevos pesos para el fortalecimiento del sistema nacional de investigadores.

Para 1993 se propone asignar recursos por 194 millones de nuevos pesos al Programa de Carrera Docente del Personal Académico, cifra que incluye los recursos del Programa de Becas a la Productividad y Desempeño Académico y que a partir de ese año, formará parte del presupuesto regularizable de las instituciones. Con ello se busca mejorar las perspectivas de los investigadores y docentes, ya que de su actividad dependen los horizontes de nuestro país.

Durante 1992, se generalizó al Sistema de Centros Secretaría de Educación Pública-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología integrado por 30 instituciones, un método de asignación de recursos que toma en consideración indicadores de desempeño, tales como excelencia científica y tecnológica, formación de recursos humanos, vinculación con el sector privado y eficiencia administrativa. Por medio de este método se garantiza la asignación transparente de los recursos y se premia la eficiencia de operación administrativa y de investigación de los centros.

El Gobierno Federal está decidido a continuar promoviendo las condiciones para que el sector privado se comprometa y coadyuve también en estas actividades fundamentales. También busca enfatizar la excelencia y la descentralización de la investigación científica y tecnológica hacia los estados de la República. El objetivo es cumplir con el compromiso adquirido para impulsar la investigación de manera integral y articular la actividad científica del país con las corrientes mundiales del conocimiento.

Programa de Protección Ecológica.

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 establece como prioratorio la protección del medio ambiente, ya que constituye un factor importante para mejorar la calidad de vida de la población dentro de las perspectivas de desarrollo económico del país.

En este sentido, el sector público coordinará esfuerzos en todas sus áreas a fin de que, dentro de las disposiciones legales vigentes, se vigile el cumplimiento de las mismas por los particulares, orientando la preocupación de la sociedad en una auténtica participación consciente.

Dentro de este esquema, se pretende que toda actividad se lleve a efecto en función de la vocación natural de suelo donde se realiza, lo cual implica impulsar una rigurosa política de ordenamiento ecológico y la aplicación de procedimientos que permitan evaluar el impacto ambiental de las acciones a realizar, principalmente en aquellos proyectos de gran escala con incidencia en el entorno ecológico.

Para ello, la estrategia a aplicar está basada en un fuerte impulso a los instrumentos y mecanismos que permitan avanzar en el fortalecimiento de las atribuciones y la capacidad operativa de los gobiernos locales en la gestión del desarrollo. Se continuará actuando en una vertiente de corresposabilidad con la sociedad en la solución de problemas que impiden el uso racional de los recursos naturales y la protección ambiental.

Las acciones de coordinación y concertación a realizar descansarán sobre bases legales y técnicas específicas para cada problema.

Adicionalmente, se realizarán acciones para reforzar las actividades rectoras de coordinación, de manera que todas las dependencias y entidades que conforman la adiministración pública federal, centralizada y paraestatal, apeguen sus gestiones anuales a las directrices generales que establece el Programa Nacional Para la Protección del Medio Ambiente, de conformidad con la vertiente de obligatoriedad contenida en la Ley General de Planeación.

En función de este esquema, las principales líneas de acción que se contemplan para 1993 son: fortalecer la política ecológica nacional, apoyándose en la formulación de los proyectos de ordenamiento ecológico, en sus diversas modalidades; acelerar la generación de las normas a las que deben sujetarse las actividades productivas en cuanto a la emisión de contaminantes; intensificar la capacidad de inspección y vigilancia sobre la aplicación correcta del marco normativo; incrementar la capacidad de respuesta para los dictámenes de manifestaciones de impacto ambiental; y aumentar los programas de prevención y control de accidentes por actividades riesgosas.

Asimismo, se avanzará en la coordinación y el monitoreo de las acciones de las empresas paraestatales para prevenir y controlar la emisión de contaminantes; adecuar sus procesos productivos para su operación limpia; consolidar la capacidad de monitoreo ambiental en todo el territorio nacional; ampliar y fortalecer el inventario de fuentes contaminantes de aire, suelo y agua, poniendo énfasis en aquellas que afectan a las cuencas hidrológicas que se encuentran en situación crítica; realizar estudios y aplicar las medidas necesarias para la producción de combustibles menos contaminantes; determinar mediante estudios y proyectos de investigación, los efectos de la contaminación ambiental en la salud y expedir la regulación relacionada con la sanidad ambiental; participar en la prevención y el control de la contaminación marina; aplicar los programas de inspección y prevención de la conservación ecológica de los recursos naturales.

Otras acciones importantes serán las de combinar los programas de Ecología Productiva con proyectos que eleven los ingresos de comunidades de pocos recursos sin deteriorar el medio natural. Entre ellos, se impulsarán las acciones de reforestación y plantaciones; de protección contra incendios forestales; de inspección y vigilancia forestal, todos ellos para estimular una cultura forestal.

También se ampliarán los programas educativos ecológicos, poniendo especial atención a los mecanismos para incorporar contenidos ecológicos en planes y programas de estudios de todos los niveles educativos. Para asegurar que se cuenta con el mejor conocimiento científico y tecnológico para la protección ambiental, se impulsarán proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico; estos últimos se vincularán a programas de formación de personal especializado de alto nivel.

Para lo anterior, se propone una asignación presupuestal de 1,563.7 millones de nuevos pesos.

Tal monto será duplicado por 11 dependencias, 24 entidades y por instituciones de crédito a través de apoyos financieros.

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VII Proyecto de presupuesto del costo de la deuda pública.

En 1992, la deuda pública presupuestal tanto externa como interna, registró una reducción importante en su saldo, debido fundamentalmente al saneamiento de las finanzas públicas. En efecto, se estima que la deuda total neta, consolidada con el Banco de México, se redujo de 62.4% del producto interno bruto en 1988, a 28.4% en junio de 1992. Por su parte, el saldo de la deuda bruta del sector público interna y externa, al mes de septiembre se ubicará en alrededor del 36% como proporción del producto interno bruto, cifra que se compara con el 74% registrado en 1988.

Dicha reducción, en conjunto con la evaluación de las tasas de interés, permitirán que el pago de intereses de la deuda disminuya del 6.1% del producto interno bruto en 1991 al 4.0% en 1992.

La estrategia de deuda para 1993 continuará con los alineamientos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo. Se continuará diversificando las fuentes de financiamiento externo, mejorando las condiciones financieras de los créditos contratados, asegurando la permanencia de la disminución en las transferencias netas de recursos al exterior y sustentando sobre bases sólidas el crecimiento de la base productiva del país. En materia de deuda interna se buscará continuar con la disminución en su saldo, permitiendo, a su vez, satisfacer las necesidades transitorias de crédito del sector público sin afectar a los mercados de crédito internos y sin recurrir a financiamientos que podrían ser inflacionarios.

Así, el proyecto de presupuesto para el costo de la deuda en 1993 asciende a 34 mil 368 millones de nuevos pesos. Los intereses correspondientes al Gobierno Federal son de 29 mil 084 millones de nuevos pesos, lo que significa un descenso de 22.8% en términos con relación a 1992.

Los organismos y empresas en presupuesto destinaran al pago de intereses 5 mil 284 millones de nuevos pesos que, comparados con los de 1992, representan un decremento del 7.0% en términos reales.

Por último, en 1993 los adeudos de ejercicio fiscales ascienden a 4 mil 338 millones de nuevos pesos.
 

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VIII. Proyecto de presupuesto de egresos de la federación

Poder Legislativo

Con el propósito de cumplir con sus funciones y alcanzar sus objetivos y metas previstas, el Poder Legislativo envió para su inclusión en este proyecto, una propuesta de gasto que, sumada a la previsión del paquete salarial, asciende a 478 millones de nuevos pesos, con la composición siguiente:
 

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Por otra parte, en materia de inversiones, en 1993 concluirá la edificación de un inmueble para albergar a las comisiones parlamentarias del Senado de la República.

Poder judicial

El Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de su autonomía, envió su Proyecto de Presupuesto que, sumando a la previsión del paquete salarial, a asciende a 953 millones de nuevos pesos, con la composición siguiente:
 

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Su gasto de inversión está destinado, fundamentalmente, a continuar la construcción de diversos inmuebles para tribunales y juzgados ubicados en el interior de la República, así como a terminar el quinto y último módulo del edificio central del honorable Poder Judicial Federal. También incluye la adquisición de equipo electrónico para complementar la red satelital que permitirá enlazar a tribunales y juzgados del interior de la República con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de contribuir a agilizar los procedimientos.

Administración Pública Centralizada

El proyecto de presupuesto para la administración pública central, plantea un nivel de gasto programable por 117 mil 423 millones de nuevos pesos, cifra superior en 12.3% real al cierre estimado para 1992. Entre las dependencias con mayores crecimientos reales en las erogaciones destacan: Educación Pública, con 19.0%; Salud, con 31.3%; Agricultura y Recursos Hidráulicos, con 17.7%; Desarrollo Social, con 8.7%; Defensa, con 13.4%; Marina, con 13.3%; y Procuraduría General de la República, con 8.7%. En conjunto, estas cifras representan el 51.1% del gasto directo del sector Central.

En la integración de sus componentes, el gasto corriente muestra un monto de 35 mil 073 millones de nuevos pesos, equivalente a una variación real de 13.6% frente al cierre estimado para 1992. Estos recursos se destinarán fundamentalmente al apoyo del proceso de modernización de la educación básica, al desarrollo científico y tecnológico, a mejorar los servicios de salud, a fortalecer la seguridad nacional y a imprimir mayor eficacia a la procuración de justicia.

Por su parte, las erogaciones para inversión física alcanzan un monto de 11 mil 758 millones de nuevos pesos, representando en término reales un crecimiento de 0.2%. Cabe señalar que el 94.1% de este monto se orientará a obras públicas, en especial para la ampliación de la infraestructura social, la cual se incrementa en 6.1% en términos reales.

Las transferencias del sector público ascienden a 70 mil 591 millones de nuevos pesos, lo que equivale a un incremento de 14.0% real. Con esto se posibilita canalizar mayores recursos, en un contexto de selectividad, transparencia y racionalidad, hacia actividades de beneficio social. Así, las transferencias se vincularán con el robustecimiento en la atención a las necesidades básicas de la población.

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Administración Pública Paraestatal

La política de gasto del sector paraestatal bajo control presupuestal directo tiene como propósito consolidar los avances logrados en materia de saneamiento financiero y modernización de la empresa pública, propiciando su redimensionamiento a fin de hacerla más eficiente, productiva y competitiva frente a un nuevo contexto macroeconómico caracterizado, entre otros rasgos, por la apertura comercial.

En consecuencia, la estrategia de gasto persigue, fundamentalmente, el suministro de servicios asistenciales, el desarrollo de la infraestructura social, la generación y el abasto de productos básicos y la conservación y el mantenimiento de la capacidad instalada existente.

El proyecto de gasto programable de los organismos y las empresas de control presupuestal directo asciende a 94 mil 777 millones de nuevos pesos. No obstante que este monto significa una disminución en términos reales de 5.1%, los recursos son suficientes para alcanzar las metas planteadas como resultado del cambio estructural que se está llevando a cabo en estos organismos y empresas. La distribución de estos recursos se especifica a continuación.

El gasto programable asignado a Petróleos Mexicanos se ubica en 23 mil 563 millones de nuevos pesos, lo que significa un 10.5% de decremento real, con una participación, respecto del total, de 24.9%. Las actividades que se garantizarán con estos recursos son las de exploración, producción, seguridad y prevención de siniestros, y comercialización interna y externa de productos primarios y petrolíferos.

Con el propósito de hacer frente al crecimiento de las necesidades de energía eléctrica, el gasto programable de la Comisión Federal de Electricidad será, de acuerdo con lo propuesto, de 16 mil 719 millones de nuevos pesos, lo que equivale a un decremento de 3.7% real con respecto a 1992. Para complementar los recursos públicos, se continuará estimulando la participación del sector privado en programas y proyectos de inversión y coinversión.

En comunicaciones, los subsectores carretero, Portuario y Aeroportuario son objeto de transformaciones necesarias para acceder a la modernización. Al respecto sobresale la participación del sector privado en dichos subsectores para incrementar su eficiencia, permitiendo a su vez reducir las erogaciones públicas y fortalecer la función reguladora del Estado en las áreas estratégicas. Para 1993, el gasto propuesto para Ferrocarriles Nacionales de México asciende a 4 mil 909 millones de nuevos pesos, lo que significa un incremento real de 7.9%; Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos tiene un monto previsto de 792 millones de nuevos pesos, con una reducción real de 46.5%; y Aeropuertos y Servicios Auxiliares presenta un presupuesto programable de 590 millones de nuevos pesos, 12.0% menor en términos reales al esperado para 1992. La reducción en el gasto de estas últimas dos paraestatales obedece, principalmente, a la creciente participación de la inversión privada en carteras de cuotas y en terminales y servicios aeroportuarios.

Para la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, se propone un gasto por 7 mil 149 millones de nuevos pesos, lo cual representa un decremento real de 0.8% con respecto a la cifra estimada para el año anterior.

Por último, y acorde con el rasgo distintivo de la política económica y social de la presente administración, el énfasis otorgado al fortalecimiento del bienestar social se ve reflejado en la sustancial canalización de recursos hacia las entidades encargadas de la seguridad social. Así, el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá, de acuerdo con las cantidades propuestas, un gasto de 29 mil 234 millones de nuevos pesos, mismos que representan un crecimiento real de 8.7% y que permitirá dar mayor cobertura a través de sus principales programas; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado ejercerá, según se propone, un gasto de 7 mil 600 millones de nuevos pesos, manteniéndose constante en términos reales, lo cual le permitirá cubrir la demanda de atención médica y seguridad.

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Órganos electorales

El Instituto Federal Electoral se propone fortalecer el régimen de partidos políticos, propiciar la participación ciudadana en los procesos electorales, perfeccionar la organización y los instrumentos electorales, reforzar técnicamente el funcionamiento de los órganos desconcentrados (juntas locales y distritales), formar funcionarios profesionales de carrera en materia electoral y coadyuvar a la promoción y la difusión política.

Dentro de los programas especiales que tienen previsto iniciar el Instituto Federal Electoral para 1993, para su conclusión en 1994, destaca el denominado "depuración integral del padrón electoral y elaboración de credencial para votar con fotografía", cuyo propósito es lograr la correspondencia fiel entre la información de la base de datos, los documentos fuente, la cartografía electoral y los movimientos de altas y bajas de ciudadanos. El objetivo final de este programa es emitir nuevas credenciales con fotografía para votar; con esta acción se dará cumplimiento a la exigencia legal consignada en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de contar con este nuevo instrumento electoral, sobre la base de un padrón depurado.

En los términos de las disposiciones internas del Instituto Federal Electoral, el citado programa fue aprobado por el Consejo General del Instituto en abril pasado, para ser iniciado en este mismo año y concluido a más tarde el 17 de julio de 1994.

Conforme a las disposiciones constitucionales, compete al Tribunal Federal Electoral, órgano jurisdiccional autónomo en esta materia, atender y dar respuesta a los grupos de apelación y a las inconformidades que se planteen.

En apoyo a las actividades de los órganos electorales, la inversión física se destinará a la construcción del edificio que servirá de sede a la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, la cual constará de una sala de pleno para llevar a cabo las sesiones públicas, así como de las instalaciones adecuadas para el mejor desarrollo y cumplimiento de las funciones que le fueron encomendadas.

Asimismo, durante 1993, a nivel central se dará énfasis en las acciones preparatorias del proceso electoral federal a desarrollarse durante 1994, permitiendo así la consolidación de la infraestructura necesaria.

El financiamiento público a partidos políticos durante 1993, se atenderá en los términos previstos por la nueva legislación electoral para el trienio 1992-1994. Se ha previsto, además del financiamiento público que legal y tradicionalmente se otorga por la actividad electoral, el relativo a la subrogación de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos, así como para la capacitación política, cuyos aspectos están consignados en el artículo 49 del Código Electoral.

A fin de cumplir con los objetivos y programas que sustentan las funciones de los órganos electorales y atendiendo a la autonomía establecida en dicho Código, se les incorpora de manera explícita en un ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual asciende a 1 mil 866 millones de nuevos pesos.

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Para 1993, el Instituto Federal Electoral realizará actividades de alta prioridad que permitan avanzar hacia la modernización de la vida democrática, lo que implica fortalecer el régimen de partidos políticos y perfeccionar los sistemas de organización de procesos electorales; reforzar el funcionamiento de sus órganos internos; formar funcionarios profesionales de carrera en materia electoral; y enriquecer la cultura cívica y electoral de la población.

El proyecto de presupuesto para los Órganos Electorales, se integra en los siguientes términos:

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Tribunales agrarios

La reforma al artículo 27 constitucional tiene como uno de sus propósitos el otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Con ello se brinda a los núcleos agrarios el reconocimiento a su personalidad y libertad para que dispongan del destino de las tierras y aguas que constituyen su patrimonio. Asimismo, se estimula la participación de las sociedades civiles y mercantiles en las actividades forestales y se sienten las bases para promover nuevas formas de asociación que permitan la capitalización y la modernización del campo.

Para ello, se han creado los tribunales agrarios como órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos. Se integran por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por el Senado de la República. Conforme a su Ley Orgánica, los tribunales tienen como funciones: resolver en definitiva asuntos en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población; y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva.

En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos y las prioridades que se proponen satisfacer los tribunales agrarios son:

Garantizar la certidumbre jurídica de la tenencia de la tierra.

Otorgar seguridad en el desarrollo de esquemas de asociación que atraigan la inversión hacia el campo, tanto nacional como extranjera.

Propiciar el mejoramiento del nivel de bienestar de los productores del campo y el de sus familias.

Contribuir al aseguramiento del abasto y a la suficiencia alimentaria.

Otorgar al campo la estabilidad jurídica que dé las bases para que alcance márgenes de competitividad.

Para llevar a cabo estos objetivos, los tribunales agrarios cuentan para 1993 con una propuesta de presupuesto de gasto de 185 millones de nuevos pesos, que se dividen de la siguiente manera:
 

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Resultado presupuestal

En 1993, el balance de las finanzas públicas será superavitario como resultado de la evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, de la reducción en el pago de intereses internos y externos, y de la adecuación en el nivel de gasto primario.

El superávit presupuestal del sector público asciende a 18 mil 159 millones de nuevos pesos, de los cuales 9 mil 888 millones de nuevos pesos corresponden al Gobierno Federal y los restantes 8 mil 271 millones de nuevos pesos a los organismos y empresas del sector paraestatal en presupuesto.

Al excluir el pago de intereses, el superávit primario presupuestal resultante es de 52 mil 528 millones de nuevos pesos, en donde el del Gobierno Federal es de 38 mil 973 millones de nuevos pesos y el de los organismos y empresas en presupuesto de 13 mil 555 millones de nuevos pesos.

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Durante el ejercicio de 1993, el Gobierno de la República dirigirá sus esfuerzos y trabajo, a la consolidación de las obras y tareas emprendidas a lo largo de los años anteriores de la presente administración.

Ciertamente, la política de gasto para 1993 constituirá una herramienta insustituible en la consecución de las prioridades conforme a las cuales se preservará en una mayor atención al Desarrollo Social, atendiendo a la planeación nacional, mediante el crecimiento económico gradual y sostenido con estabilidad de precios.

La orientación seguida como consecuencia natural de la Reforma del Estado, conduce a nuestro país a trabajar solidariamente en favor de quienes menos tienen.

Es en ese sentido, en el que se dirige la distribución del gasto público, incorporada a la Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993, la cual someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados.

Reitero a ustedes las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 1992.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.
 
 

Iniciativa de decreto del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 1993.

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1993, se sujetarán a las disposiciones de este Decreto y a las demás aplicables a la materia.

Artículo 2. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los ramos de aportaciones a seguridad social y erogaciones no sectorizables para el año de 1993, importan la cantidad de.... N$89,809,142,700 (ochenta y nueve mil ochocientos nueve millones ciento cuarenta y dos mil setecientos nuevos pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
 

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Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.

Artículo 3. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los estados y municipios en el año de 1993, importan la cantidad de N$62,416,378,800 (sesenta y dos mil cuatrocientos dieciséis millones trescientos setenta y ocho mil ochocientos nuevos pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:

00025 Aportaciones para Educación Básica en

los Estados 20,339,160,500

00026 Solidaridad y Desarrollo Regional 7,747,418,300

00028 Participaciones a Estados y Municipios 34,329,800,000

El ramo 00025 por concepto de aportaciones para Educación Básica en los estados, será administrado por las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Las previsiones del ramo 00026 por concepto de Solidaridad y Desarrollo Regional se orientarán a obras y proyectos de inversión de vivienda, educación, agua potable, salud, electrificación, infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos naturales, que atiendan la demanda directa de las comunidades indígenas, campesinas y grupos populares urbanos. Asimismo, se destinarán a promover proyectos productivos en el medio rural y urbano, con la debida asistencia técnica. Los recursos por este concepto serán intransferibles, debiendo informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre en manejo de los fondos, solidaridad estatales, municipales y especiales apoyados con recursos federales.

El ramo 00026 Solidaridad y Desarrollo Regional, será administrado por la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Las erogaciones correspondientes al ramo 00028 participaciones a estados y municipios, se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 4. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1993, importa la cantidad de N$ 444,102,100 (cuatrocientos cuarenta y cuatro millones ciento dos mil cien nuevos pesos, moneda nacional).

Artículo 5. El presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1993, importa la cantidad de N$ 727,190,000 (setecientos veintisiete millones ciento noventa mil nuevos pesos, moneda nacional).

Artículo 6. Las erogaciones previstas para el año de 1993, correspondientes a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluidos en este Presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:

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Artículo 7. Las erogaciones previstas en le Presupuesto de Egresos para el pago del servicio de la deuda del Gobierno Federal en 1993, importan la cantidad de N$29,084,250,000 (veintinueve mil ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta mil nuevos pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:

00024 Deuda Pública 28,301,040,100

00029 Erogaciones para Saneamiento Financiero 783,209,900

Los intereses y comisiones correspondientes a las entidades paraestatales cuyos programas están incluidos en este presupuesto, ascienden a la cantidad de N$ 5,283,966,100 (cinco mil doscientos ochenta y tres millones novecientos sesenta y seis mil cien nuevos pesos, moneda nacional).

Las asignaciones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores del Gobierno Federal importan la cantidad de N$ 4,338,000,000 (cuatro mil trescientos treinta y ocho millones nuevos pesos, moneda nacional).

El ejercicio de los recursos a que se refiere este artículo estará vinculado a la evolución de las condiciones económicas y sociales del país y, en su caso, se ajustarán a los requerimientos que demande el desarrollo nacional.

El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda, en términos nominales. Adicionalmente podrá amortizar deuda pública hasta por el monto del superávit presupuestario. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos a la Cámara de Diputados, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable, también, a las entidades a que se refiere el artículo 6 de este Decreto.

Artículo 8. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el ramo 00022 órganos electorales, para el año de 1993, importan la cantidad de N$ 1,847,786,200 (un mil ochocientos cuarenta y siete millones setecientos ochenta y seis mil doscientos nuevos pesos, moneda nacional).

Artículo 9. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el ramo 00031 tribunales agrarios, para el año de 1993, importan la cantidad de N$ 110,995,500 (ciento diez millones novecientos noventa y cinco mil quinientos nuevos pesos, moneda nacional). Artículo 10. Los titulares de las dependencias así como los órganos de Gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales de mediano plazo, programas objetivos anuales y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán Periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con las estrategias, prioridades y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los criterios de política económica, de los programas de desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la Administración Pública Federal, respecto de las entidades agrupadas en el sector que coordinan.

Artículo 11. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La aprobación de los calendarios de gasto deberá quedar concluida, a más tardar, en los primeros 20 días del ejercicio.

Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, en su caso, podrá reservarse dicha autorización y solicitar a las coordinadoras de sector la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas, en los siguientes casos:
 

I. Cuando no envíen la información de que les sea requerida, en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos, con base en lo dispuesto por el artículo 37 de este Decreto;

II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas, resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados o se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;

III. En el caso de subsidios, el incumplimiento de la cuenta comprobada motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que, por el mismo concepto, se hubieran autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;

IV. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Cuando en los términos del artículo 29 del presente Decreto, se hayan celebrado convenios de asunción de pasivos y no se cumpla con las obligaciones pactadas y los programas de saneamiento respectivos o con los compromisos de déficit o superávit; y

VI. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto de dicten.

Salvo lo previsto en los artículos 14 y 34, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, ni tampoco ampliaciones líquidas a los presupuestos; en consecuencia las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.

Las entidades no comprendidas en el presupuesto, se sujetaran a los calendarios de gastos que aprueben sus respectivos órganos de Gobierno, con base en los lineamientos generales que emita la propia Secretaría.

Artículo 12. Para que las dependencias y entidades puedan ejercer crédito externos, serán necesario que la totalidad de los recursos correspondientes se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la aprobación previa y expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos que se prevean ejercer por este concepto serán intransferibles y sólo podrán aplicarse a los proyectos para los cuales fueron controlados los créditos.

En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de deuda que los créditos generen.

Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades dentro de sus presupuestos autorizados para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.

Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales, debidamente justificados y de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo 13. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio del presupuesto, vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.

Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, así como de los órganos de Gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas; acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal; así como del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizar dichos compromisos, salvo lo previsto en el artículo siguiente.

Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del ramo 00023 erogaciones no sectorizables.

Artículo 14. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social o programas y proyectos estratégicos o prioritarios del Gobierno Federal, tales como desarrollo rural, comercialización de productos agropecuarios, educación, salud, vivienda, infraestructura básica y medio ambiente, así como para autorizar deuda pública, con cargo a:
 

I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1, 2, 3 y 4 de su fracción II "aportaciones y abonos retenidos a los trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores". "cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores",, "cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores" y "cuotas para el Instituto de Seguridad Social para la Fuerza Armada Mexicana a cargo de los militares".

II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este Decreto, y

III. Ingresos que obtenga el Gobierno Federal como consecuencia de la desincorporación de entidades paraestatales, o del retiro de la participación estatal en aquéllas que no sean estratégicas o prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros.

En el caso de excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este Decreto, serán canalizados para fortalecer, cuando así lo amerite, su propia situación financiera.

Asimismo, se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el Gobierno Federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas y proyectos específicos para los que hubieran sido contratados.

El Ejecutivo Federal, al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1993, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en este artículo.

Artículo 15. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados.

Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gastos y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de los órganos de Gobierno de las propias entidades.

Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las metas sustantivas del gasto social y principales proyectos de inversión, optando preferentemente, en los casos de programas de inversión, por aquéllos de menos productividad e impacto social y económico.

En caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 12.5%, el Ejecutivo Federal, en el contexto de los párrafos anteriores, procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar e informará, también de inmediato, a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Artículo 16. Todas las cantidades que se recauden por cualquiera de las dependencias federales no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados y conforme a sus presupuestos autorizados.

Artículo 17. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambios, quedarán definitivamente como economías del presupuesto.

En el caso de servicios personales, las economías definitivas podrán aplicarse a programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que las generen sujetándose a los lineamientos administrativos que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 18. La administración, control y ejercicio de los ramos de aportaciones a Seguridad Social, erogaciones no sectorizables, participaciones a estados y municipios, deuda pública y de erogaciones para saneamiento financiero a que se refiere el presente Decreto, se encomienda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 

CAPITULO II
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales

Artículo 19. Sin prejuicio de los que establece el presente Decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las dependencias así como los órganos de Gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales contenidas en el presente capítulo. Su incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la Ley.

Artículo 20. Las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas, sin perjuicios de los derechos laborales de los trabajadores. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar, conforme a los programas y recursos en este presupuesto, la creación de las plazas que sean disponibles para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.

Los órganos de Gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello contribuya a elevar el superávit de operación se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recurso propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de Gobierno, debiendo informar de lo anterior a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación.

La designación y contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores surtirá efectos a partir de la fecha de la autorización correspondiente, sin que en ningún caso pueda dárseles afectos retroactivos.

Las dependencias y entidades podrán llevar a cabo conversiones de plazas, puestos y categorías, siempre y cuando se realicen mediante movimientos compensados. Para tal efecto deberán sujetarse a los lineamientos que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las dependencias y entidades no podrán modificar su estructura orgánica básica y ocupacional aprobada en el ejercicio de 1992, debiendo ser éstas acordes con las normas vigentes, por lo que cualquier adecuación sólo podrán hacerla las dependencias, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, las entidades paraestatales, por su órgano de Gobierno, conforme a los lineamientos que se dicten para tal efecto, de acuerdo con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.

Artículo 21. Las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales, deberán:
 

I. En las secciones de descentralización, dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas, sin que ello implique la creación de nuevas plazas;

II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para las dependencias y, en el caso de las entidades, por el órgano de Gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.

Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia en la actuación y otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el órgano de Gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior.

Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las entidades paraestatales, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contraactuales respectivas;

III. Abstenerse de cubrir gastos por concepto de honorarios que rebasen los montos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien que en cualquier forma supongan el incremento del número de los contratos relativos, celebrados en el ejercicio de 1992.

Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o entidad de que se trate.

La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuente. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de Gobierno de la entidad de que se trate;

IV. Observar la normalidad que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de remuneraciones, a miembros de órganos de Gobierno o de vigilancia de entidades paraestatales;

V. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y

VI. Abstenerse de realizar cualquier transferencia de recursos de otro capítulo de servicios personales.
 

Las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus presupuestos, sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior, para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales, cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. Asimismo, continuarán en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, revisando dichas cuotas en relación con los fines de los organismos y sus propias atribuciones, a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando, en el contexto de las prioridades nacionales, no se justifiquen.

Durante el ejercicio fiscal de 1993, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la a opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector, en función de las disponibilidades de recursos, adoptará medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior.

Artículo 23. Las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus presupuestos para el año de 1993, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
 

I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliarios, equipo, vehículos terrestres y marítimos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, se deberán optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan.

II. Vehículos aéreos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía, así como la procuración de justicia.

En el caso de arrendamiento financieros de bienes muebles e inmuebles, las condiciones de pago deberán ofrecer ventajas con relación a otros medios de financiamiento. Asimismo, se deberá hacer efectiva la opción de compra, a menos que ello no resulte conveniente, lo que deberá ser acreditado debidamente ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público y, en materia de bienes inmuebles, de Desarrollo Social, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Cualquier erogación que realicen las dependencias por los conceptos previstos en el presente artículo, requerirá de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la forma y términos que ésta determine.

Tratándose de entidades paraestatales, se requerirá de la autorización específica y previa de su órgano de Gobierno, la cual deberá sujetarse a la normatividad vigente.

Artículo 24. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable, su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o del órgano de Gobierno de la entidad correspondiente:
 

I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero; congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de servicios bancarios, correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable; y donativos, en los términos del artículo 30 de este Decreto;

II. Contratación de asesoría, estudios e investigaciones, y

III. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar personalmente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.

Las erogaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993, deberán ser autorizadas por las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público y, las que efectúen las entidades, se autorizan por el órgano de Gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías.

Artículo 25. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1993:
 

I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras vinculadas a la prestación de los servicios de educación, salud, vivienda, protección del medio ambiente, equipamiento urbano, producción y abasto de alimentos, seguridad e impartición de justicia, con especial atención de aquellos que se orienten a satisfacer las necesidades de la población de los bajos ingresos; así como para la modernización de la infraestructura básica de comunicaciones y transportes, hidráulica, energía eléctrica y basto de combustibles; a los que estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y a los que presenten un mayor grado de avance físico.

Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos, cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos financieros para su terminación, puesta en operación y mantenimiento; y en ningún caso, existan otros proyectos similares que puedan ser concluidos con los recursos disponibles.

II. Se deberán aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, para abatir costos. En igualdad de condiciones para abatir costos. En igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberán dar prioridad a los contratistas y proveedores locales, en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles;

III. Se considerará preferencia la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra;

IV. Se deberán estimular los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales para la ejecución de obras y proyectos de infaestructura y de producción, estratégicos y prioritarios, como parte de la modernización económica y social comprendidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas formulados con base en la Ley de Planeación.

En el caso de proyectos y obras de beneficio social se concertará, con arreglo a la Ley, la participación activa de las comunidades locales;

V. Los proyectos de inversión financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las dependencias y entidades y sujetarse a los términos de las autorizaciones que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, los ejecutores de gasto y los agentes financieros del Gobierno Federal, informarán a la citada Secretaría, del ejercicio de los créditos con base en los recursos autorizados en sus respectivos presupuestos;

VI. Las inversiones financieras con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993, serán aquellas estrictamente necesarias y se realizarán previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se orientarán.

a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y

b) Al financiamiento y capitalización de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.

Las inversiones financieras deberán estar vinculadas a programas de saneamiento financiero, productividad y eficiencia y responder a las orientaciones de los programas sectoriales de mediano plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse, además, a lo que dispone el artículo 29 de este decreto, y

VII. Las entidades paraestatales deberán ajustar sus programas de expansión productiva a los programas de mediano plazo correpondientes, a las prioridades de la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de Desarrollo y a las previsiones de recursos disponibles.

Artículo 26. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se sujetarán a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la Ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:
 

I. El otorgamiento se hará con base en criterio de selectividad, temporabilidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;

II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;

III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que, al mismo tiempo, eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;

IV. Los subsidios para las actividades productivas serán congruentes con los fines de la estrategia económica del Plan Nacional de Desarrollo, dando prioridad a las actividades del sector social, y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra, a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos y a promover la capacidad de exportación y la generación de divisas;

V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme a las necesidades sociales y con el objeto de preservar el nivel de ingresos de los productores. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y del poder adquisitivo de la población;

VI. Las transferencias destinadas al apoyo de entidades para estatales se deberán orientar selectivamente hacia actividades estratégicas y prioritarias a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;

VII. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investigación en instituciones públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;

VIII. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales, y

IX. No se deberán otorgar transferencias cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidades y condiciones de los mismos.

Artículo 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará las transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos a las dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales bajo su coordinación, verificando previamente:
 

I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función de estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;

II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y

III. El avance físico-financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.

Las dependencias coordinadoras de sector podrán suspender las ministraciones de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información física- financiera en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, informando de inmediato a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha información deberán ser proporcionadas en los términos del artículo 37 de este Decreto.

Artículo 28. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.

Artículo 29. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades paraestatales convenios para:
 

I. El establecimiento de metas de desempeño, de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado, y

II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivo de entidades paraestatales estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente, a más tardar, el 30 de junio de 1993 a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento y sea aprobado por ésta.

La Comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios, respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concretadas, la Comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrá el que se hagan del conocimiento de la dependencia coordinadora de sector y de la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.

El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, informará anualmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.

La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento establecerá los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y hará la determinación de las entidades paraestatales con las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de Gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios.

Artículo 30. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no podrá autorizar subsidios, ni las dependencias y entidades otorgar donativos y ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social. Tampoco se otorgarán a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan del mismo.

Artículo 31. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información sobre las transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias. Dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 del presente Decreto.

Artículo 32. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorro, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades. En todo momento, se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.

Para la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resolverá lo conducente, debiendo dar prioridad a las dependencias dichos ahorros, para estimular así la creatividad y productividad de las mismas.

Artículo 33. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades previstas en le artículo 6o. de este Decreto, respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles salvo en el caso de valores gubernamentales de renta fija para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la Información financiera que requiera el sistema Integral de Información de los ingresos y gasto público a que se refiere el artículo 37 de este decreto.

A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de crédito o adeudos, las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal informarán de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, en los términos que se establezcan con base en lo dispuesto por el artículo 37 del presente decreto.

Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos contraídos entre sí, las que se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar cinco puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del corte compensario. La aplicación de esta tasa se efectuará sobre los adeudos reportados por el Sistema de Compensación de Adeudos del Sector Público, desde la fecha en que debieron liquidarse tales adeudos.

Artículo 34. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuará las adecuaciones necesarias a los calendarios de gastos en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento que se presenten. En estos casos se cuidará no afectar los programas de inversiones prioritarios.

Artículo 35. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1993, serán los siguientes:
 

tabla
 

Los montos establecidos deberán consideranse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal para hacer frente a dichos contratos.

Artículo 36. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado por lo menos a tres proveedores, según el caso, de las adquisiciones arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1993, serán los siguientes:
 

tabla
 

Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal para hacer frente a dichos contratos.

Artículo 37. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación, así como el Banco de México, operarán el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, y establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho Sistema, los cuales deberán ser del conocimiento de las dependencias y entidades, a más tardar dentro de los primeros 30 días del ejercicio.

Las dependencias y entidades deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el Sistema. Para tal efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, conjuntamente con la coordinadora de sector, harán compatibles los requerimientos de información que demande el Sistema, racionalizando los flujos de información.

Artículo 38. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre los resultados de las verificaciones a que se refiere el artículo 10 de este decreto, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, incluyendo las de las entidades paraestatales que celebren convenios de déficit, en su caso, superávit financiero y hará asimismo, las aclaraciones que ésta le solicite, a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sobre la detención de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.

Los informes trimestrales deberán se presentados a más tardar 45 días después de terminado el trimestre de que se trate.

Artículo 39. Para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por Ley o Decreto del Congreso de la Unión se requerirá autorización previa del mismo.

En los términos de los artículos 15, 16 y 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5o. de su Reglamento, así como los respectivos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo podrá proceder a la desincorporación de entidades paraestatales, comprendidas en este decreto, sujetándose a las siguientes bases:
 

a) Las propuestas que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios; enajenar la participación estatal y funcionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial de Gastos Financiamiento, los cuales deberán considerar el efecto social y productivo de estas medidas incorporando los puntos de vista de los sectores interesados, y

b) Enviar previamente informe escrito, a la Cámara de Diputados, de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.

La Cámara de Diputados vía la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la información a que se refiere el inciso b) anterior y en su caso dará su opinión.

El Ejecutivo Federal, dentro del contexto del proceso de cambio estructural, podrá proceder a la escisión de las entidades paraestatales, cuando estos permita mejorar substancialmente la eficiencia y rentabilidad, o así convenga al interés público. La escisión de paraestatales deberá sujetarse al procedimiento previsto en los incisos anteriores.

Artículo 40. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las leyes que resulten aplicables y el presente decreto, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y entidades coordinadas y no coordinadas, en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales y podrá requerir de las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 41 de este decreto.

Del cumplimiento a los dispuesto en este artículo se dará cuenta a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 38 de este decreto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Artículo 41. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación y los órganos internos de control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la ley, comprobarán el cumplimiento, por parte de las propias dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, de las obligaciones derivadas de este decreto.

Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieren, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, en los términos de la coordinación que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 42. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 1993.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, Distrito Federal a 10 de noviembre de 1992

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.

Turnada a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.