Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Mujeres de todo México participan cada vez más con mayor entusiasmo en las luchas sociales y políticas de nuestra patria. Están reclamando espacios de participación, con ello ofrecen una perspectiva renovada de la vida económica, social y política de la nación.

El momento histórico que vivimos, los retos que la modernidad nos plantea, exige más que nunca la apertura de espacios a su acción política. Por esto la propuesta que presentamos hoy esta dirigida a garantizar a las mujeres un porcentaje mínimo de las candidaturas a senadores y diputados federales y a cargos de elección en los ayuntamientos y legislaturas locales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que las mujeres obtuvieron el derecho al voto, apenas en el mediodía de este siglo, nuestro país se ha transformado significativamente. El rostro rural le cedió paso al urbano y el afán industrializador sentó sus reales impulsando a México hacia un imaginario progreso que pronto mostraría sus límites y fracasos, La rebelión estudiantil de 1968 pondría también en evidencia los signos de agotamiento de este esquema de desarrollo y del pacto social correspondiente y le abriría la puerta a nuevas y variadas movilizaciones que desde los años setenta son la expresión de estos profundos cambios: en el campo, en las ciudades, en las universidades y escuelas, en las fábricas, en los barrios y colonias, se llevaron a cabo importantes luchas reivindicativas y surgieron organizaciones autónomas e independientes que de manera franca empezaron a cuestionar la política gubernamental.

A este nuevo perfil social y económico del país no han correspondido una reforma política: el presidencialismo, el corporativismo, el patrimonialismo y el régimen de partido de Estado, siguen siendo los rasgos característicos del sistema político mexicano. Han sido necesarios muchos años de movilización, de acumulación del descontento popular, de crisis y rupturas, de éxitos y fracasos de una sociedad que aprende a organizarse y cuya entrada a la política es muy reciente, para que emergiera desde lo más profundo de nuestro México la necesaria e ineludible responsabilidad de rescatar, de disputar nuestra nación.

En todo este proceso, las mujeres aunque aparentemente invisibles han estado presentes. Son más de la mitad de la población y de manera creciente, se han incorporado a la economía hasta llegar a representar en la estadística oficial la tercera parte de la fuerza de trabajo, porcentaje inferior al real si consideramos su enorme participación en la economía informal, en las labores del campo y en el trabajo domiciliario. Cada vez un número mayor de mujeres accede a la educación y logran abrir importantes espacios en las universidades y centros de educación superior. En los últimos años, una cantidad significativa de mujeres ha tenido que asumir la responsabilidad de manutención de una familia antes del desempleo y subempleo masculino, el abandono o la migración de los maridos hacia lugares lejanos en busca de un mejor trabajo y un mejor salario. Un porcentaje también muy amplio ha tenido que compartir esta responsabilidad con su pareja, ante la caída brutal de los ingresos y la necesidad de incorporar a las tareas remunerativas a toda la familia para poder sobrevivir. Ahí están los indicadores oficiales en torno a la extensión de la jornada de trabajo familiar para evidenciar este fenómeno social.

Las mujeres han sido y son la premisa necesaria para romper con los moldes tradicionales y androcéntricos de la política. Ellas son portadoras de una actitud nueva, respetuosa y tolerante, que reconoce la diversidad y la pluralidad; representa su contribución una nueva cultura; constituye también la aseveración de que es necesario reconocer la diferencia (de género, pero también étnica, generacional etcétera) para llegar efectivamente a la igualdad.

En todo este camino, las mujeres han querido construir una nueva utopía. Sueñan con un país verdaderamente democrático. Con una nación donde todos los niños, sin excepción alguna, tengan derechos a pan, techo y educación.

Una nación soberana porque su desarrollo esté fincado en la voluntad y la capacidad creadora de sus integrantes y no en decisiones impuestas desde el exterior. En donde la miseria y la violencia no sean más una realidad en sus calles y en el que tengan derecho a elegir libremente a nuestros gobernantes.

Una patria en la que el voto sea respetado, en la que todos los partidos participen en condiciones de igualdad en los procesos electorales, cuya organización sea responsabilidad de la sociedad civil y no del Gobierno. Un país en el que el partido único o de Estado sea simplemente una referencia al pasado para no cometer los mismos errores en el presente. En el que el respeto a los derechos humanos sea principio fundamental.

En este proceso las mujeres quieren lo que por años les ha sido negado. Desean ocupar cargos de representación popular; quieren ser reconocidas en las direcciones de los partidos y las organizaciones sociales. En resumen, aspiran legítimamente a estar en los espacios donde la vida del país se decide.

Luchan porque nunca más a una mujer se le niegue un trabajo o sea despedida de un empleo por estar embarazada. Quieren tener acceso sin ninguna cortapisa a mejores salarios, capacitación, seguridad social, educación y vivienda. Quieren también tener acceso a la tierra y al crédito. Desean un desarrollo sustentable que no comprometa la reproducción vital de las generaciones futuras.

Pretenden tomar en sus manos su destino y por ello han empeñado su fuerza, alegría e imaginación. Por ello también han salido de sus casas y se han adentrado sin tapujos en los terrenos de la política y en la disputa por la nación.

A lo largo de estos años las mujeres han comprobado que su problemática oscila entre las dificultades para que se reconozca su diferencia y los problemas por alcanzar una igualdad jurídica real, ciudadana, política y laboral, con los varones.

Los derechos de la mujer son extensión lógica del reclamo de libertad y autonomía individual, y base de una sociedad moderna. En nuestro país, después del reconocimiento del derecho de voto a las mujeres, casi 20 años después se eliminaron obstáculos jurídicos para hacer efectiva su igualdad civil, laboral y mercantil; pero quedó estancado el proceso para hacer real el principio constitucional de igualdad del varón y la mujer, lo que sólo es posible mediante el acceso de ésta a la esfera pública.

Hace tiempo que las mujeres vienen luchando contra ciertas formas persistentes de desigualdad económica y social, lo que se magnifica especialmente en el terreno político. Las mujeres y sus hijos son las primeras afectadas por las políticas de salud, educación, vivienda, alimentos y, sin embargo enfrentan dificultades, legales y culturales, para imprimir a la vida política su visión y para incidir en las decisiones públicas que les afectan.

Las "cuotas" de participación de la mujer en los puestos de elección popular, no son sólo importantes en sí mismas, sino que una composición distinta en términos genéricos de los órganos de poder político, haría posible el que se generen propuestas políticas públicas acordes a las necesidades de las mujeres. Si aceptamos el significativo papel que las mujeres desempeñan en la reproducción de la vida social; aceptaremos también que no aprovechar toda su experiencia acumulada en el conocimiento y solución de problemas sociales, constituye un derroche que bajo ningún concepto se justifica. Estamos convencidos de que garantizar espacios para la participación política de la mujer redundará en profundos y positivos cambios para la vida el país.

La necesidad de establecer cuotas de participación política para las mujeres forma parte de la tradición social en la que el Estado mexicano se constituyó. Ahí está el carácter tutelar de la Ley laboral que reconoce el principio de dar trato desigual a los desiguales para poder alcanzar la igualdad .

Dejar al libre juego del mercado de la política la garantía de que la mujer participe en los espacios de las decisiones públicas es un principio del liberalismo del siglo pasado tan anacrónico e injusto, como anacrónicas e injustas son las políticas que se inspiran en ese principio. La modernidad de este fin de siglo nos obliga a hacer una realidad los derechos individuales y sociales de sectores como el de las mujeres, que siendo protagónicos en la construcción de nuestra identidad nacional, son hasta ahora tratados como minorías.

Los resultados en términos del número de mujeres que realmente han podido acceder a los ámbitos donde se hace y decide la política no sólo es marginal, sino que, además ha ido decreciendo sustancialmente.

El Gobierno mexicano ha suscrito y ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979, cuyo artículo 4o. dice "La adopción de medidas especiales de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de hecho, entre el hombre y la mujer, nunca puede considerarse un acto discriminatorio respecto al hombre".

Para los estados modernos y organismos internacionales, las acciones positivas o afirmativas de la igualdad entre el hombre y la mujer tienen diversas traducciones. Según la definición del Comité para la igualdad del hombre y la mujer del Consejo de Europa, "la acción positiva es una estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades a través de medidas que permitan contrarrestar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o de sistemas sociales, se trata de medidas que van más alla del control de la aplicación de las leyes de igualdad, puesto que su finalidad es poner en marcha programas concretos para proporcionar a las mujeres ventajas concretas."

En el ámbito del derecho positivo de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, el artículo 2.4 de la directiva 76/207 especifica que: "tal directiva no pone obstáculos a las medidas tendientes a promover la igualdad de oportunidades, especialmente a aquellas que están dirigidas a solventar las desigualdades de hecho que afectan a las mujeres". Es decir: las medidas de promoción dirigidas a corregir las ya existentes y persistentes desigualdades y discriminaciones, no son incompatibles con el principio de igualdad.

Las acciones positivas o afirmativas son, hasta ahora, el más válido instrumento elaborado y aceptado a nivel internacional para salvar los obstáculos que se interponen en el logro de la igualdad entre hombres y mujeres, aspecto que ya se refleja en las leyes y en las constituciones.

Es un instrumento que debe ser aceptado y utilizado en todas sus facetas, incluida, cuando así proceda, la referente a "las cuotas" de lugar, espacio presencia reservados únicamente a las mujeres.

Las acciones afirmativas son siempre transitorias, son medidas que ayudan a dar pasos gigantescos y de hecho contra la discriminación de las mujeres y deben tender a desaparecer una vez que la sociedad asuma las diferencias genéricas como potenciadoras de la civilización y no como desigualdades.

En virtud de lo expuesto, las diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Cámara la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Artículo primero. Se adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 115 constitucional, que será el segundo, recorriéndose en su orden los siguientes para quedar como sigue:

Artículo 115. . . .
 

I. . . .

Las fórmulas para las elecciones de ayuntamiento que registren los partidos políticos deberán integrarse con una proporción de mujeres o varones no menor, en ningún caso, al 30% de las candidaturas.
 

Artículo segundo. Se adiciona el último párrafo de la fracción II del artículo 116 constitucional para quedar como sigue:

Artículo 116.
 

I y II.

En la legislación electoral respectiva se introducirá el sistema de diputados de minoría en la elección de las legislaturas locales. También se establecerá que los partidos políticos deberán presentar en sus fórmulas de candidaturas a diputados, una proporción de mujeres o varones no menor, en ningún caso, al 30%.

Artículo tercero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 175.
 

1 y 2. . . .

3. Los partidos políticos deberán presentar en sus fórmulas de candidaturas uninominales a senadores y diputados, una proporción de mujeres o varones no menor, en ningún caso, al 30% de sus candidaturas. En las listas plurinominales las candidaturas de mujeres y varones se presentarán de manera alternada, apareciendo intercaladas las unas de las otras.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 7 de julio de 1993.- Del grupo parlamentario del PRD.- Apoyo a iniciativa mujeres.- Rúbricas.

Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.