Exposición de Motivos

Los años recientes han conocido una profunda transformación del orden internacional, diseñado a raíz y como resultado de la Segunda Guerra Mundial. En un nuevo contexto, han perdido sus fundamentos, incluso su vigencia, varias de las estructuras y de las organizaciones que determinaron las relaciones económicas internacionales, así como las alianzas políticas y militares, construidas en ese marco que procuraban alinear a los países de acuerdo a intereses e imperativos de carácter estratégico.

La experiencia del último decenio y las actuales tendencias indican que nos encontramos frente a cambios imprevisibles pero también a grandes peligros debido a la arbitrariedad con que actúan las potencias que, con frecuencia, ponen en riesgo la seguridad de todos. Es notable la ausencia de normas sustitutivas al ordenamiento económico, hoy en evidente obsolescencia. Han emergido nuevos polos de poder y la geopolítica se confunde y se mezcla con la ahora llamada geoeconomía. En contraste, cuatro quintas partes de la humanidad viven en la pobreza, en la zozobra y hacen frente a un horizonte sin esperanza. Países y continentes enteros son excluidos o marginados de los beneficios del progreso y de las prioridades competitivas de los nuevos polos dinámicos de la economía mundial.

En esta etapa de cambios y transición en las relaciones internacionales algunos países se han dividido o se han disuelto. En contraste, se han fortalecido otros que han logrado potenciar sus recursos a través de la participación en espacios mayores y de la consolidación de sus proyectos nacionales. Hoy más que nunca es necesario que los países periféricos articulen sus esfuerzos y posibilidades y se integren entre sí, con base en sus propias experiencias. En el caso de nuestra región, la Comunidad Latinoamericana de Naciones es la forma en que nuestros países deben y pueden enfrentar los retos del desarrollo y conquistar una posición digna en el concierto político y en el escenario internacional.

La política exterior de México es producto de nuestra trayectoria histórica y sintetiza un conjunto de elementos y factores que deben ser eje permanente de la acción política de nuestro país. Principios como la auto determinación de los pueblos, la no intervención, la igualdad jurídica de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz y la seguridad internacionales, son algunos de los más destacados y responden al imperativo de custodiar el interés nacional, defender la independencia y preservar nuestra integridad como nación. Todos ellos están plasmados en los ordenamientos constitucionales y a este mismo rango pertenece la aspiración a construir la Comunidad Latinoamericana de Naciones.

En diferentes coyunturas y encrucijadas, nuestro país ha combinado los principios con una amplia actividad que le han permitido sobrevivir en situaciones que han amenazado, incluso, su propia existencia. No es verdad que la política exterior de México en el siglo XIX haya sido pasiva sino que fue muy activa y de gran amplitud. A más de una intensa y valerosa defensa de la independencia de la nación y de la construcción del Estado, nuestro país estuvo presente y fue signatario del Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, convocado por Simón Bolívar. Durante la primera mitad del siglo pasado, se enfrentó a la desintegración del territorio original, primero con la desincorporación de Centroamérica y, más tarde, con la pérdida de los territorios del norte. En la segunda mitad de ese siglo, las guerras de Reforma y en contra de la intervención sustentaron y dieron origen a nuestros principios de política exterior, Sobre todo, permitieron afirmar nuestro carácter nacional como entidad política independiente por encima de las debilidades y claudicaciones de las élites proclives de los intereses extranjeros.

Por su posición geográfica, evolución y cultura, que le otorgan un perfil propio a nivel internacional, México se ha opuesto a la prepotencia, al uso de la fuerza y ha estado del lado de los países agredidos, apoyándolos en sus anhelos y políticas de reivindicaciones. Ha hecho suya también la defensa del derecho internacional en tanto que garantía para los países que no poseen un poder disuasivo de naturaleza estratégica y no buscan imponer sus intereses más allá de sus fronteras.

Asimismo, ha defendido la formación de un orden mundial justo y equitativo que asegure los derechos esenciales de la mayoría de las naciones para el logro de su cabal desarrollo y para que la cooperación se convierta en el eje de las relaciones internacionales y permita el mejoramiento constante del bienestar de la población. Nuestro país, en ocasiones, ha tenido un papel destacado en el continente y en el mundo, en particular en la defensa de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos. Ha participado y hecho valiosas contribuciones a movimientos y procesos de concertación política tanto a nivel internacional como regional.

La Comunidad Latinoamericana de Naciones como aspiración y reclamo ha sido una constante histórica y ha sentado las bases políticas, culturales, económicas y organizativas para que pueda plantearse, en la actualidad, una amplia integración subregional. La integración de América Latina como forma y condición para preservar nuestra integridad frente a las pretensiones expansionistas de las grandes potencias fue percibida desde los primeros años de la vida independiente.

El esquema contemplaba la integración, tanto en lo económico como en lo político, a partir de la igualdad entre los pueblos, la solidaridad y la seguridad colectiva, Sin embargo, los tiempos no fueron los más propicios y el proyecto enfrentó circunstancias políticas, sociales y económicas desfavorables.

En cambio, los Estados Unidos manifestaron una vocación expansionista desde sus primeros gobiernos. En 1823 expresaron, a través de la llamada Doctrina Monroe, un destino manifiesto, esto es, la pretensión de proteger a los demás países del hemisferio frente a las intenciones coloniales de las potencias de la época.

En la práctica, la Doctrina Monroe se impuso al proyecto bolivariano. Fueron diversos los instrumentos y las estrategias que se pusieron en juego: desde el comercio, las presiones y las amenazas hasta llegar a la intervención política y, cuando fue preciso, a la armada. Parte de la estrategia consistió en estimular la división y fragmentación del continente de manera que los países latinoamericanos pudieran ser cada vez más vulnerables y manejables. El propósito fue facilitado, en no pocas ocasiones, por la corrupción de los grupos dominantes que, sin sustento interno, prefirieron apoyarse en aliados externos para impulsar e implantar un proyecto de asociación subordinada.

El sistema interamericano es, ante todo, un ámbito político en donde se han concretado las aspiraciones hegemónicas de los Estados Unidos; el panamericanismo ha sido su expresión ideológica. Para ese país, América Latina ha sido considerada como una zona de dominio, una base natural y estratégica para la búsqueda del lugar hegemónico a que aspira a escala mundial.

Al lado de la orientación panamericanista, en el continente se han desenvuelto importantes esfuerzos de integración que han intentado vías laterales y alternativas a las tendencias prevalecientes. Con el inicio del proceso de industrialización de América Latina, se empezaron a proporcionar las bases de sustentación material al proceso de integración. Desde entonces, se han producido importantes aunque limitadas experiencias en esa dirección: la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC); el Pacto Andino; la Comunidad del Caribe; el Mercado Común Centroamericano; el Pacto Amazónico; el Mercosur y el Grupo de los Tres, entre otros acuerdos multilaterales y bilaterales. También han sido creados organismos para la cooperación y el desarrollo entre nuestros países, como el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).

Desde finales de los años setenta, con el predominio de los criterios monetaristas la integración se orientó hacia los esquemas informales o por proyectos y se ensayaron mecanismos flexibles de tipo bilateral. En 1980, como heredera de ALALC, se creó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). En los años que corren, el nuevo impulso parte de la Iniciativa para las Américas propuesta por el gobierno norteamericano como modelo de integración, a través de la celebración de acuerdos bilaterales de libre comercio que tienen como propósito reforzar su presencia en el hemisferio en el marco de la postguerra fría. El Tratado Trilateral de Libre Comercio se inscribe en esa tendencia.

En el terreno político los esfuerzos de concertación han sido también significativos, aunque no han terminado de cristalizar. En 1964 se creó el Parlamento Latinoamericano como un elemento articulador de las estrategias para la integración, con la participación de representantes populares de 14 países convocados con el fin de estimular la integración, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo económico y cultural de la región. El Parlatino aglutina a la mayor parte de las tendencias políticas existentes en los parlamentos de los países miembros.

La crisis político - militar centroamericana propició que los gobiernos de Colombia, Panamá, Venezuela y México constituyeran en 1983 el Grupo de Contadora e iniciaran un proceso de mediación entre los países centroamericanos, contando con el apoyo de otros países de América Latina. Por primera vez un grupo de países latinoamericanos asumieron una función activa y autónoma en la búsqueda de la paz en la región.

En 1986 este esfuerzo fue continuado y ampliado a partir de la formación del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, conocido como Grupo de Río, mediante el acuerdo de los integrantes del Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo, más tarde ampliado a otros países sudamericanos y a una representación de la comunidad del Caribe y a otra centroamericana. Se han sentado así las bases para constituir un foro latinoamericano destinado a atender los problemas políticos y la resolución de las cuestiones relativas a la paz y la seguridad subregionales.

Las Cumbres Iberoamericanas cuya realización se determinó que fueran permanentes y periódicas, además de su función como foro de reflexión, deben tener como justificación y propósito trascendentes la integración entre los países latinoamericanos y la búsqueda de una mejor posición de conjunto en la vida internacional.

No hay criterios únicos y uniformes en el camino universal hacia la integración. En el caso latinoamericano se cuenta con enseñanzas que arrojan saldos positivos y negativos, que señalan posibilidades y limitaciones y que han permitido crear útiles instrumentos que deben potenciarse y actualizarse como punto de partida de esta gran empresa.

Para la formación de la Comunidad Latinoamericana de Naciones deben aprovecharse el gran potencial de recursos con que cuenta la región y los elementos desarrollos en cada país. La población de América Latina, multiétnica y multicultural, es de aproximadamente 450 millones. Es mayoritariamente joven y con una utilización racional de los recursos se convertiría en nuestra mayor riqueza y en un amplio mercado potencial. Como punto de arranque, requiere remontar la deuda social originada por la crisis económica y las políticas de ajuste hechas evidentes en la llamada década perdida.

El territorio de América Latina abarca más del doble de la extensión de Europa y representa más del 15% del total mundial; posee el 10.5% del total de tierras cultivables, el 17.3% de las extensiones de praderas y pastos y el 24.5% de la superficie forestal del planeta. Tiene un acceso privilegiado a fuentes de agua y energía, así como a reservas minerales necesarias para las actividades productivas y estratégicas.

El complemento productivo de recursos naturales existentes y la diversidad ambiental entre la América tropical y la América templada y fría permitirían, con una planificación regional adecuada, estructurar una nueva geografía abierta a las crecientes necesidades de la población. Poseemos importantes recursos naturales, renovables y no renovables que explotados racionalmente, bien distribuidos en el interior y vendidos en forma justa al exterior, constituirían una base sólida para un desarrollo regional consistente y endógeno.

El capital acumulado por nuestros países, tanto productivo como en infraestructura básica, carreteras, vías férreas, obras de riego y generación de energía eléctrica, es también importante. Sin embargo, se encuentra en un franco deterioro por el abandono y la falta de inversión pública, a su vez debido al cambio de estrategias y al modelo de desarrollo. En este renglón es inaplazable diseñar un vasto programa de reconstrucción.

La industrialización, que a partir de la década de los años cincuenta se había concentrado en algunos países, se ha expandido por todo el continente, particularmente en ramas como la textil, la alimenticia y la siderúrgica. En la región también hay industrias con tecnología de punta, algunas automatizadas, en muchos casos instaladas por las grandes empresas transnacionales que encuentran en nuestros países mano de obra barata, exenciones fiscales y otras facilidades que es preciso replantear desde bases justas y equitativas. Las políticas económicas orientadas al mercado externo han acentuado el fenómeno de la heterogeneidad estructural y desarticuladas de las cadenas productivas, aumentado el peso de la economía informal, la especulación financiera y las actividades comerciales en el conjunto de la economía.

Pese a todo, los países de América Latina podrían tener condiciones favorables para integrarse económica y políticamente. Compartimos una cultura común y dos idiomas cercanos. Existen numerosas empresas que en distintos países, por radio, televisión y prensa y con diverso alcance y contenido, permiten la comunicación entre los latinoamericanos. En materia educativa los intercambios son numerosos aunque queda mucho por hacer para profundizar el conocimiento de nosotros mismos y desarrollar la tecnología apropiada a nuestras condiciones.

Otro factor nuevo y destacado es el retorno a la institucionalidad civil. No obstante, la democracia en nuestros países está amenazada por la simulación y la suplantación, lo mismo que por la corrupción. Su consolidación depende del fortalecimiento de nuestras economías y del reparto equitativo y justo de la riqueza. La democracia no puede florecer en donde más de la mitad de la población está excluida del bienestar socialmente generado y cuando se violan, con frecuencia y masivamente, los derechos humanos y civiles.

Debemos construir una estrategia de desarrollo alternativa, centrada en el combate a la pobreza que reoriente la economía hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la población y no una que privilegia la exportación de materias primas; que tienda hacia una redistribución progresiva del ingreso, que permita mejorar las condiciones de vida de la población y que no favorezca la concentración monopólica.

Requerimos impulsar un modelo y un estilo de desarrollo que genere nuevas demandas como estímulo a la inversión productiva, que otorgue prioridad al avance de los estratos rezagados de la producción. Es necesario garantizar la salud, la educación y la capacitación tecnológica; la inversión en capital humano será la mejor inversión en nuestros países.

La competitividad externa y nuestra participación en el mercado mundial no deben sustentarse en los bajos salarios y la depredación de los recursos naturales. Debemos preservar el medio ambiente no porque sea una exigencia externa sino para garantizar las mejores condiciones de vida a las futuras generaciones de latinoamericanos.

La creación de una Comunidad Latinoamericana de Naciones es el proyecto que sustentan instituciones como el Parlamento Latinoamericano del cual México es signatario. En la Declaración de Cartagena en 1991 se planteó "la urgencia impostergable de que América Latina se integre, para ser dueña de sus destino y actuante en la humanidad, lo que exige la creación de la Comunidad Latino Americana de Naciones con su Parlamento Popular, electo libre y directamente por su pueblo, en torno a la justicia, paz, democracia y libertad".

La participación de nuestro país en esta iniciativa debe trascender su carácter declarativo y formal y convertirse en prioridad nacional no sólo del Gobierno sino de los partidos y de las organizaciones políticas y sociales como una demanda y una necesidad avalada y sustentada por la sociedad civil.

La Comunidad Latinoamericana de Naciones debe constituir un espacio en el que nuestros países definan sus prioridades, estimulen y aprovechen sus ventajas comparativas, articulen sus esfuerzos y les permita vincularse en mejores condiciones con el exterior. Será la forma precisa en que subrayemos nuestra identidad y de actuar congruentemente con un proyecto histórico. Representa, asimismo, la oportunidad de convertirnos en auténticos interlocutores para participar en plenitud y en forma creativa en la construcción de un orden internacional no restrictivo ni excluyente sino en beneficio de la humanidad.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en la fracción II del artículo 71 Constitucional, sometemos a la consideración de esta Cámara la presente

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo único: Se adiciona a la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Artículo 89.
 

I al IX.

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos; la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales". "La política exterior de México, asimismo, tendrá como uno de sus objetivos primordiales la formación de una Comunidad latinoamericana de naciones de la que nuestro país forme parte".

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, martes 13 de julio de 1993.- Diputados: René Bejarano, Martha Maldonado, Gilberto Rincón Gallardo, Ricardo Valero y Humberto Zazueta.

Está fechado el día de hoy, martes 13 de julio de 1993.

Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.