Con fundamento en el primer párrafo del artículo 4o., en la fracción II del artículo 71 y en la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, a efecto de que se turne para su dictamen a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, la siguiente iniciativa de decreto para que se reformen, adicionen y deroguen, diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 1992 se cumplieron 500 años del descubrimiento de América, siendo el caso que de los 90 millones de mexicanos todavía sobreviven contra viento y marea cerca de 9 millones de indígenas en las mismas o peores condiciones y su actual desgracia atestigua la marginalidad que los ahoga como si la lucha de Bartolomé de las Casas no hubiera terminado, quien de existir seguramente denunciaría ante el mundo las bárbaras atrocidades que se cometen en su contra por acción u omisión; de idéntica manera como si Hidalgo, Morelos y Guerrero, no hubiesen vencido a los que ostentaban el poder en esa época y como si la reforma y la revolución fuesen únicamente un proyecto.

De 1492 a 1994 han sido asesinados, encarcelados, perseguidos, explotados, expulsados y sufren permanentes represiones, se les coacciona a cambiar sus tradiciones y a olvidar sus mitos; nunca se les han respetado las formas y contenidos de sus convivencias; han sido objeto de odios, de venganzas, de tutelas, desprecios y por si fuera poco se les ha robado su más preciada posesión: la tierra. Han sido tratados como menores de edad, sin derecho a ser escuchados en sus anhelos, sin más oportunidad que la de malcomer para tener fuerza y volver al trabajo encasillado y sin más fortuna que una choza y un petate.

Lo cierto es que a pesar de ese exterminio, aún subsisten a sus verdugos; pero en condiciones de pobreza extrema, en comunidades donde florece el caciquismo, que los emborracha, los extorsiona y les provoca rencillas y divisiones; no hay un santo día que no sepamos de alguna tortura, de atropellos y de persecuciones por causas religiosas; se les inculpa de crímenes que no cometieron, se les quitan sus bienes y se les despoja impunemente por lo que no cuentan con un estado de derecho justo y equitativo.

Duele decirlo, están peor que los de Guatemala, porque en su propio país no son tratados por lo menos como refugiados; salvo excepciones individuales y de agrupaciones privadas, casi nadie se apiada de ellos que, no obstante sus miles de desgracias, agitan tercamente sus banderas, como un "yo acuso" a la sociedad y al poder público, porque no se les protege cuando son perseguidos, ni se les recibe cuando hacen largas caminatas para protestar, ya no digamos por altos e insensibles funcionarios, ni siquiera por su alcalde; no piden que se les remedien todos sus problemas, sino que no se les niegue el derecho a ser diferentes.

Sin exagerar, bien podemos asegurar que son auténticos parias en su propia patria, hecho que insulta a los sentimientos y a la inteligencia de la que nos ufanamos, porque no podemos negar que es una tragedia su vida, una pugna estéril donde nos desconocemos mutuamente sin razón; lo ideal es reconocernos y abrazarnos pero, ¿quién hará la obra de redención verdadera? Muy sencillo, lo hará la escuela y el trabajo digno.

Lo que nos falta es un examen de conciencia para evaluar nuestras virtudes, nuestros grandes defectos, las fuerzas de que disponemos y nuestros deberes con el porvenir. ¡Una revolución espiritual para estrujarnos lo más íntimo, a fin de imponernos nuevas reglas de convivencia!, incorporándolos para agrandar la República dentro de sus propias fronteras. ¡Hacer más profunda la nacionalidad, dando un gran corazón a la patria!. Corazón que ayudaría a su fiero carácter, que no es otra cosa que un gran tesoro de ternura, convertido ahora en rencor implacable, porque no han tenido a quién volver los ojos, a quién tender los brazos y a quién llamar hermano.

Todo el maravilloso edificio social forjado durante centurias y milenios por el sudor y espíritu creador de los aztecas, mayas, teotihuacanos, olmecas, tarascos y demás que habitaron gran parte del territorio, trató de ser borrado por los conquistadores que se transformaron en amos y señores de esta parte del hemisferio; en concreto, ¡nadie conoce al indio! Es tan susceptible su espíritu, tan de raíz son sus altiveces y tan agudo para captar las nociones superiores del bien y del mal, que de allá mismo arrancan los que parecen ser sus más grandes defectos: ese rencor eterno por el agravio, ese obstinado silencio que no rompe ni la muerte, ese resistir heroico a una civilización que les fue predicada a azotes de encomenderos y a la luz de las antorchas de la inquisición; siguen condenando la felonía de los que llegaron a subyugarlos: ¡un pueblo dentro de otro pueblo!

Es herencia legítima e íntegra de remotos ancestros, luz pura, serena y quieta que se encendió en sangre roja millones de años atrás; que palpita cabal a través de mil generaciones como a través de mil velos; igual, tranquila y limpia; alma soberbia, hosca y divina, que en su corriente de vida, honda y vieja, va por camino propio.

Es una unidad valiosa de raza indómita, colocada en una situación desventajosa para luchar frente a los blancos y los mestizos privilegiados por la fuerza bruta desde la conquista, por lo que se requiere de proyectos en serio y a largo plazo, a fin de alcanzar una sociedad menos diferenciada, donde el primer deber sea ponerlos nuevamente, haciendo un esfuerzo supremo, en igualdad de oportunidades, en plano semejante para exigirles después que marchen al lado de los nuevos tiempos, porque no quieren compasión ni ser objeto de beneficencia; lo que desean ardientemente es participar.

Los pueblos indios no pretenden la creación de miniestados, lo que quieren es respeto a su cultura y tradición, para disfrutar de libertad en sus comunidades; que se reconozca su capacidad de autogestión y su sabiduría política para gobernarse a sí mismos, sin interferencias externas y que el Gobierno central, sea para ellos como la sombra de un árbol, fuerte y capaz de prestarles auxilio en caso de calamidad o conflicto, nada más, pero nada menos; por lo tanto, tenemos mucho que aprender de quienes han reconstituido sus ámbitos y lejos de ir a enseñarles un régimen ajeno, hemos de aprender a respetarlos y luego a escuchar sus enseñanzas.

No podemos seguir manteniendo los ojos cerrados ante el potencial que representan, para que todas las dependencias desperdigadas, incluso la última que se acaba de crear y que han terminado vencidas por la inercia y en la más espantosa burocracia, devengan en una Secretaría de Desarrollo Indígena, para conjuntar esfuerzos y que se establezca en Chiapas o en Oaxaca, donde están sus conglomerados más significativos, porque nada tendría que hacer en esta urbe enloquecida de exagerada demografía, además que sean los propios protagonistas los que la dirijan, en razón de que el tiempo se agotó y llegó el momento de pagarles en mínima parte la vieja deuda que se les tiene pendiente.

Para acabar pronto, aquí mismo hace falta el 9% de diputados que los representen para que puedan gritar sus reclamos y sus dolores, por lo que se debe atender sin demora a ese universo olvidado, máxime que ninguna otra nación del continente, cuenta con la población indígena que hay en México, que equivale a la cantidad de habitantes que tienen países europeos como Suecia, Bélgica y a la suma de los de Nicaragua, Panamá y Costa Rica, argumentos más que suficientes para que se apruebe en su oportunidad la presente iniciativa que espero no termine en el cajón del archivo y si desafortunadamente así fuera, estoy seguro que más temprano que tarde se les hará estricta justicia a los que hace más de cinco siglos siguen esperando su salvación.

Por lo anteriormente expresado, someto a su consideración su creación, con las siguientes reformas y adiciones, como la derogación de algunos preceptos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo único. Se reforman los artículos 26 y 32, fracción VI; se adicionan el artículo 41 - bis y se deroga la fracción VII del artículo 32, para quedar como sigue:

Artículo 26. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretarías de: Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Contraloría General de la Federación, Energía, Minas e Industria Paraestatal, Comercio y Fomento Industrial, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, Desarrollo Indígena, Turismo, Pesca y Departamento del Distrito Federal.

Se reforma el artículo 32, en su fracción VI, para quedar como sigue:

Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Indígena corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
 

VI. Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos y de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, juntamente con los colonos urbanos, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal, correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

Artículo 41 - bis. A la Secretaría de Desarrollo Indígena corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
 

I. Formular, conducir y evaluar la política general de integración y desarrollo de los pueblos indígenas;

II. Coordinar, concertar y ejecutar programas para su atención, con objeto de elevar su nivel de vida, promoviendo la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

III. Estudiar sus circunstancias socio - económicas y dictar las medidas para lograr que la acción coordinada del poder público redunde en su provecho, para que conserven y preserven sus culturas, lenguas, usos y costumbres originales, así como promover y gestionar ante los tres niveles de gobierno todas aquellas medidas que le conciernen;

IV. Coordinar las acciones y definir las políticas que en el ámbito de la administración pública se requieran para impulsar, proteger y apoyar su desarrollo integral;

V. Fungir como cuerpo consultivo de las instituciones oficiales y privadas, en materia de asuntos indígenas.

VI. Coordinar a las dependencias y entidades que tienen competencia con relación a los diferentes aspectos de administración y procuración de justicia, para la atención adecuada de los reclamos que en esta materia presentan los miembros de sus comunidades;

VII. Establecer los mecanismos necesarios que le permitan fungir como interlocutor válido de esas organizaciones en su relación con el Estado y apoyar el desarrollo participativo de las mismas y

VIII. Servir de enlace e instancia de coordinación y concertación con los distintos grupos y miembros de la sociedad interesados en coadyuvar a la satisfacción de las necesidades de carácter social, económico, cultural, educativo, de trabajo y de salud que más frecuentemente presentan las etnias.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. A partir de la entrada en vigor, el Consejo Directivo del Instituto Nacional Indigenista y la Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia Social para los Pueblos Indígenas, serán presididos por el Secretario de Desarrollo Indígena, en tanto se instrumentan los mecanismos para fusionar a estos organismos con esta dependencia.

Cuarto. Los derechos laborales del personal que en virtud de este decreto pase a formar parte de la secretaría que se crea, se respetarán conforme a la ley.

Las atribuciones que en virtud de otras leyes o reglamentos se otorguen al Instituto Nacional Indigenista y a la Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia Social para los Pueblos Indígenas, se entenderán otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Indígena.

Diputados: Hugo Arce Norato, Martín Tavira Urióstegui, Francisco Hernández Juárez y Jesús Ramírez Guerrero.

Turnada a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos Indígenas.