Con proyecto de decreto que reforma los artículos 89 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se asigne al Poder Judicial, cada año, un porcentaje no menor al 2% del Presupuesto de Egresos de la Federación, presentada por el diputado José Luis Leyson Castro, del grupo parlamentario del PRI

Por ello es que proponemos que se adicione al texto actual bajo ese tenor, la obligación de que al Poder Judicial se asigne cada año un porcentaje no menor al 2% del presupuesto de egresos de la Federación, que sea administrado directamente por el Poder Judicial.

«Honorable Asamblea: el 19 de mayo de 1995, esta soberanía tuvo a bien aprobar el proyecto mediante el cual se reformaron diversas disposiciones tendientes a dotar al Poder Judicial de la Federación, de un mayor peso dentro de nuestra vida republicana.

Dicha aprobación fue el mejor aliento para la reforma al Poder Judicial que ha propuesto a la nación el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, y que entendemos como inmejorable alternativa para dinamizar y actualizar nuestro sistema republicano y federalista.

Los mexicanos no podemos aspirar a un sistema democrático por excelencia si antes no logramos hacer realidad el concepto de un Poder Judicial autónomo y plenamente separado de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Se trata de algo más que un planteamiento republicano... Sino de una exigencia social la cual ya no podemos diferir por más tiempo.

A nuestro leal entender, las reformas aprobadas por esta Cámara de Diputados al decreto expedido por la colegisladora, el pasado 19 de mayo de 1995, si bien representa un gran avance para consolidar la independencia y autonomía de Poder Judicial, carecieron de propuestas concretas para consolidar su plena independencia presupuestal.

Aquí es donde, sentimos nosotros, puede quedar trunco el ánimo por dotar al Poder Judicial de mayores y más amplias avenidas para el más correcto desarrollo de sus elevadas funciones constitucionales y que tienen qué ver, esencialmente, con que en México sea una realidad la vigencia del estado de derecho.

En esencia, en nuestro país requerimos garantizar que el Poder Judicial tenga una vida institucional más plena, libre e independiente por cuanto contar con todos los recursos susceptibles de sustentar su elevado papel dentro del quehacer nacional. No podemos permitir, por ningún motivo, que subsista la tesis de que la justicia es materia de negociación alguna, de verse sujeta al juego de intereses políticos que, en honor a la verdad, solamente contribuyen a desvirtuar la alta encomienda que nuestras leyes tienen para normar la convivencia social.

La sociedad mexicana se ha pronunciado por un Poder Judicial al servicio de la justicia, entendida ésta como la máxima prerrogativa dentro del estado de derecho. Ese es el tema toral, ése es el objetivo a alcanzar.

Las anteriores han sido las razones para presentar ante esta Asamblea, nuestra propuesta para que de un manera más integral, podamos enriquecer la reforma emprendida y logremos sentar las bases para que en el Poder Judicial mexicano se represente de manera fiel la expresión del federalismo que es demandado por nuestra sociedad.

En ese tenor, la iniciativa propone modificar el artículo 89 constitucional, en su fracción XII, que actualmente sugiere como facultad y obligación del titular del Poder Ejecutivo Federal "facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones".

Debemos reconocer que esta fracción ha sido interpretada, históricamente, como una ajustada dependencia por cuanto la cambiante asignación presupuestal, establecida dentro del presupuesto de egresos de la Federación.

Por ello es que proponemos que se adicione al texto actual bajo ese tenor, la obligación de que al Poder Judicial se asigne cada año un porcentaje no menor al 2% del presupuesto de egresos de la Federación, que sea administrado directamente por el Poder Judicial.

De igual manera, proponemos la modificación del artículo 94 constitucional, cuyo texto no contiene precisión alguna por cuanto los medios y apoyos presupuestales que permitan el cabal desempeño de las funciones del Poder Judicial de la Federación.

Por lo anterior, se propone adicionar un sexto párrafo a dicho artículo y que a la letra establezca: "el Poder Judicial de la Federación gozará de plena independencia y autonomía presupuestal, de tal suerte que anualmente someterá a la aprobación de la Cámara de Diputados un presupuesto anual de egresos que no podrá ser menor al 2% del presupuesto total de egresos de la Federación".

Por último, nos remitimos al artículo 12 fracción XII; de la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente este artículo enuncia la atribución de la Suprema Corte de Justicia para formular anualmente el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación, enunciando la consideración de prever "del ingreso y gasto público federal".

Toda vez que consideramos que dicha expresión viene a ser una limitante para el funcionamiento del Poder Judicial y establece línea de dependencia para con el Poder Ejecutivo, se propone reformular su texto de tal suerte que establezca como atribución de la Suprema Corte formular el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación, mismo que no podrá ser menor al 2% del total del presupuesto de egresos de la Federación a ser aprobado por el Poder Legislativo.

Compañeras y compañeros diputados: estoy cierto que se trata de una iniciativa que fija con precisión los alcances y dimensiones que requiere la aspiración federalista que campea hoy en la nación.

De nada valen las buenas intenciones y aun la mejor voluntad política, si dejamos abiertos esos espacios para que se pueda concretar una reforma integral al Poder Judicial, que abarque aquellos espacios que resultan vitales para definir la estructura que soporte la vida interna y autónoma de esta importante institución de la República.

Por ello, solicito de ustedes su mejor voluntad de análisis y el apoyo necesario para hacer realidad el que nuestro país cuente con un Poder Judicial que, efectivamente y en los hechos, tenga los mejores argumentos y la mejor disposición para hacer realidad tangible el que México sea un país de leyes... un país regido por la civilidad y la legalidad.

Diputado José Luis Leyson Castro.

Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.