Con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo y sexto del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Matías Salvador Fernández Gavaldón, del grupo parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la Asamblea de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de Ley que reforma el artículo 25, en sus párrafos segundo y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

EXPOSICION DE MOTIVOS

La globalización, la apertura comercial, los avances tecnológicos, el Tratado de Libre Comercio, la crisis ecológica, la deuda externa y la democratización del país, implican para el Estado mexicano enfrentar nuevos retos. Desde 1929 el grupo en el poder, que es el mismo que ha gobernado a México, ha identificado al Estado con el Ejecutivo. Las políticas económicas han sido aplicadas con propósitos de dominio político.

Del mismo partido salieron teorías económicas tan disímbolas como el "socialismo dentro de la constitución", "el capitalismo nacionalista", el "desarrollo estabilizador", "el desarrollo compartido", el "aprender a vivir con la inflación y la administración de la abundancia", el "centro progresista" y, por último, el "neoliberalismo" llamado "liberalismo social" de los últimos dos sexenios.

Durante los últimos 12 trágicos años, han dilapidado recursos y desperdiciado posibilidades, han llevado al país al borde de la quiebra. El poder político se entrelazó con el poder económico: políticos y dueños de capital se coligaron para controlar a la sociedad. La crisis que afecta a México tiene dimensiones tan dramáticas porque las causas que la han generado son múltiples y variadas; podemos afirmar que se han conjuntado las causas internas con las causas externas y las estructurales con las coyunturales.

Es preocupante constatar que detrás de la crisis de los llamados países del Tercer Mundo, hay una reivindicación de justicia mayor en las relaciones económicas mundiales. Cada vez más se está exigiendo una revisión radical de las mismas estructuras que han permitido un desarrollo económico tan dispar, una crisis que produce, a su vez, no pocas víctimas y precisamente en los países más pobres, que son los más indefensos.

Ha dicho una voz autorizadísima: "Queda mostrado cuan inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo deje al capitalismo como único modelo de organización económica. Hay que romper las barreras y los monopolios que dejan a tantos pueblos al margen del desarrollo y asegurar a todos, individuos y naciones, las condiciones básicas que permitan participar en dicho desarrollo". Hasta aquí la cita.

El mercado es un instrumento valioso dentro de la actividad que, en la medida que opere en libertad (economía de mercado), permite lograr el uso eficiente de los recursos escasos y creación de riqueza. Sin embargo el mercado por sí solo no asegura ni el desarrollo ni la solidaridad. Con otras palabras: el mercado es factor necesario, pero no suficiente. Por eso es preciso que esté orientado al bien común. Para ello es necesario un sólido marco jurídico, un adecuado control social y político y un eficiente autocontrol de las propias empresas y sectores.

La libre competencia y su aportación al bien común se ve entorpecida cuando el poder económico impide la libre fijación de precios a través de prácticas monopolistas. Es cometido del Estado determinar el marco jurídico dentro del cual se desarrollen las relaciones económicas. De igual relevancia resulta que el Estado y la sociedad toda otorguen un lugar preponderante a la iniciativa de los ciudadanos como a la de los denominados cuerpos intermedios, actividad orientada por la consecución del bien común y regulada por el desarrollo, que no mero crecimiento, de las potencialidades de la persona humana.

El libre mercado es eficaz ante las necesidades solventes y recursos vendibles, pero existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en él y son necesidades de mujeres y hombres con igual dignidad y derecho a sobrevivir y participar en la vida económica. El medio ambiente natural y el medio ambiente humano no puede estar asegurado por los simples mecanismos del mercado. El desastre ecológico es el fruto necesario de un sistema económico que sólo se interesa por la satisfacción de necesidades solventes, es decir, aquellas que pueden pagarse y producir beneficios económicos. Así, el mercado no puede hacer efectivo por sí mismo el primer principio de todo ordenamiento ético-social: el destino universal de los bienes de la tierra para todos los hombres, para cada hombre.

La intervención del Estado en la economía debe ser racional: corregir el funcionamiento del mercado, preservar y aumentar los empleos, una política fiscal que impulse el desarrollo armónico de los distintos sectores sociales, manejar con honestidad y eficacia las áreas estratégicas de la economía. Nadie desea volver al pasado en que el Estado se fue quedando con hoteles, restaurantes, agroindustrias y hasta con una fábrica de bicicletas y otra de escobas.

La reforma política y la reforma económica son procesos inseparables porque un gobierno democrático representará los intereses de la sociedad. "La democracia está al servicio de la verdad y la justicia cuando defiende la dignidad de toda persona humana, cuando respeta los derechos humanos inviolables e inalienables; cuando convierte el bien común en el fin y el criterio que gobierna toda la vida pública y social. Con todo, estos mismos valores deben tener un contenido objetivo. De otra forma, corresponden sólo al poder de la mayoría o a los deseos de quien grita más fuerte".

Todas estas ideas están en la base del Partido Acción Nacional, que desde su fundación se ha empeñado por una auténtica reforma política; hay constancia en el Diario de los Debates de esta soberanía, de las innumerables iniciativas presentadas en este sentido. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, consciente de su responsabilidad ante el pueblo de México, inició en el Congreso de la Unión una auténtica reforma del Estado con miras a una verdadera transición a la democracia, elemento indispensable para lograr un marco jurídico que si bien siempre perfeccionable, con la democracia como fundamento deja de ser simple quimera; una democracia que tienda a la realización de los valores individuales y sociales.

Decía don Manuel Gómez Morín "...sabemos que hay, peculiarmente en el mundo moderno, trágicamente uno y a la vez, hendidos en fracciones dispersas y hostiles, fuerzas sociales y económicas ineludibles, por lo menos para un país aislado, que puede congestionar de abundancia a una patria y hundir a otras en las carencias más espantosas y que dentro de ese grupo social y dentro de cada hombre, existen también, sin cesar, despiertas, fuerzas de degeneración que arrastran hacia abajo, hacia el engaño, la injusticia y el mal; pero hemos de recordar siempre que contra esas fuerzas y esas tendencias hay técnicas y empeños colectivos y dirección social empapada de actitudes, de ardimiento y de generosidad y existe una aspiración también, viva siempre e irresistible, a la verdad y al bien. Sabemos, pues, que es posible la lucha contra el desamparo y la miseria y que esa lucha es nuestro deber, deber de todos y de todos los momentos".

En mérito de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se reforma el artículo 25 en sus párrafos segundo y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Párrafo segundo: El Estado animará, coordinará, fortalecerá, integrará la actividad de los individuos y los cuerpos intermedios y garantizará un conjunto de condiciones sociales que permitan a los individuos el desarrollo de su propia personalidad en todas sus dimensiones en el marco de las libertades que otorga esta Constitución.

Párrafo sexto: Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía con base en el principio de subsidiariedad en virtud del cual el Estado las fomenta, ordena, complementa y suple, sujetándolas tanto a las modalidades que dicte el bien común como al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo único. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados a 23 de abril de 1996.— Firman por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputados: Ricardo García Cervantes, Fernando Pérez Noriega, Francisco Peniche y Bolio, Eugenio Ortiz Walls, Juan Antonio García Villa, Salvador Beltrán del Río y Salvador Fernández Gavaldón.

Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.