Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Estado mexicano provea la defensa y tutela de los recursos naturales renovables y no renovables, presentada por el diputado Matías Salvador Fernández Gavaldón, del grupo parlamentario del PAN
Los suscritos, diputados de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la Asamblea de esta Cámara de Diputados el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Es deber del Estado proveer a la defensa y tutela de los bienes colectivos entre los que destacan el ambiente natural y el ambiente humano, cuya salvaguardia no puede estar asegurada por los simples mecanismos del mercado. La consideración del mercado se entiende como el sistema de precios que debería reflejar todos los costos y beneficios sociales de los recursos con los que cuenta la sociedad; sin embargo los problemas ambientales no son reflejados adecuadamente. Por eso, así como en los tiempos del viejo capitalismo el Estado tenía el deber de defender los derechos fundamentales del trabajo, ahora, con el nuevo capitalismo, el Estado y la sociedad tienen el deber de defender los bienes colectivos que, entre otras cosas, constituyen el único marco dentro del cual es posible para cada uno conseguir legítimamente sus fines individuales.
Sobre la cuestión ecológica dice la plataforma política 1994-2000 del Partido Acción Nacional: "desde su plataforma de 1958-1964, mostró preocupación por estos temas al proponer el levantamiento de un inventario nacional de recursos naturales, para su debida protección y cuidado, además de su explotación racional. En los últimos años la política gubernamental se ha caracterizado por dar mayor importancia a corregir los efectos de la contaminación más que a combatir e investigar las causas que la originan, cuál ha sido su evolución, para así determinar y adoptar las medidas de prevención o de riesgo. No se debe hablar sólo de conservar, deben agregarse los conceptos de recuperar y restaurar el medio ambiente. Ello implica una nueva cultura ecológica que permita, primero: disminuir y frenar el ritmo de deterioro; después, regresar a puntos viables de la naturaleza. Se difundirá de una manera sencilla y clara, la información sobre la situación del medio ambiente, con objeto de involucrar a la población en el uso responsable de nuestros recursos naturales". Hasta aquí la cita.
La legislación ambiental ha venido mejorando con diversas reformas y adiciones e incluso se legisló sobre el derecho a un ambiente sano y el manejo sustentable de los recursos naturales. Pero no basta por sí sola la presencia de una buena ley, es necesario además el esfuerzo conjunto de la voluntad política y la participación consciente y responsable de todos los elementos por ella involucrados para concretar los objetivos que el ordenamiento jurídico pretende.
La conservación de los recursos naturales debe ser prioridad nacional porque de otro modo el desarrollo del país puede ser inviable a corto plazo. A continuación damos algunos datos para confirmar nuestra aseveración.
De acuerdo con cifras de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en México se deforestan 675 mil hectáreas al año, una de las tasas de deforestación más altas del mundo. La degradación de los suelos puede conducir a una situación irreversible: la desertificación. De los 200 millones de hectáreas del territorio nacional 154 millones están sujetas a diversos grados de erosión leve y moderada entre 79 y 90 millones de hectáreas; severa y muy grave en 60 y 80 millones, lo que representa el 78.30% de la superficie nacional. Sólo el 14% de la superficie cultivable se encuentra en óptimas condiciones, además existen poco más de 400 mil hectáreas de riego con problemas de salinización.
Las tendencias estimadas de la tragedia ecológica a nivel planetario son espantosas: entre 1500-1850 fue eliminada una especie cada 10 años. Entre 1850-1950 una especie por año. En el año de 1990 desaparecieron 10 especies por día; cerca del año 2000 desaparecerá una especie por hora. El proceso de muerte se acelera cada vez más, entre 1875 y 2000 habrán desaparecido el 20% de todas las especies de la vida.
A partir de 1950 se perdió la quinta parte de la superficie cultivable y de los bosques tropicales. Cada año se pierden 25 millones de toneladas de humus a causa de la erosión, salinización y desertificación. Esto equivale a una área correspondiente a los países del Caribe (menos Cuba).
Los bosques del mundo se están acabando a un ritmo de 20 millones de hectáreas por año. En fin, millares de especies están desapareciendo. Solamente en el Amazonas se calcula que cerca de 50 mil especies de insectos, plantas y otros seres vivos habrán desaparecido al año 2000 bajo el impulso devastador de los grandes proyectos tecnológicos que agreden a la naturaleza.
Los proyectos faraónicos en el Amazonas de Henry Ford con el caucho en 1927 y 50 años más tarde de Daniel Ludwig con la celulosa y la madera en Jari y de la Wolkswagen en los años setenta redundaron en un inmenso fracaso debido a la desconsideración total del aspecto ecológico. Pero eso costó 2 millones de hectáreas de bosque en el caso de Jari, y 144 mil henares quemados en el caso de la Volkswagen para alimentar a 46 mil cabezas de ganado, habiéndose destinado, fantásticamente, para cada una, 30 mil metros cuadrados.
El faraonismo de tales proyectos revela la irracionalidad del modelo de desarrollo y la necesidad de que las políticas de desarrollo sean adecuadas al ecosistema regional.
Los mayores contaminadores del planeta, al orden del 80%, son los países ricos e industrializados. Los Estados Unidos, sólo en 1985, lanzaron a la atmósfera un millón y 186 mil toneladas de bióxido de carbono; la antigua Unión Soviética lanzo 985 mil y aquí surge una paradoja y también una hipocresía; mientras los países del hemisferio norte son los principales causantes de la crisis ecológica mundial que nos afecta a todos, son ellos también los que no quieren asumir el principal compromiso ante la principal corrosión del proceso de desarrollo, al contrario, imponen a los países del hemisferio sur las normas de cómo se debe tratar a la naturaleza. Eso se vio claramente en la II Conferencia Internacional de Ecología y Desarrollo, realizada bajo los auspicios de la ONU, en junio de 1992 en Río de Janeiro.
La destrucción de la capa de ozono, que es un estrato atmosférico a la altura de 30 a 50 km. de la superficie de la Tierra y que protege la vida de las radiaciones ultravioletas que provocan tumores en la piel y el debilitamiento del sistema de inmunización. La emisión de compuestos químicos industriales (llamados clorofluor-carbonos o CFC), solventes para lavar en seco, aerosoles e insecticidas, provocan el hoyo de ozono. Se calcula que por cada punto porcentual que se disminuye al ozono se producen sólo en Estados Unidos 10 mil casos nuevos de cáncer en la piel.
Hasta aquí podemos extraer la conclusión de que la cuestión ecológica nos remite a un nuevo espacio de la conciencia mundial: la importancia de la Tierra como un todo, el destino común de la naturaleza y del ser humano, la interdependencia reinante entre todos, el riesgo apocalíptico que pesa sobre la creación.
Formamos con la naturaleza un todo orgánico, que no está sólo fuera sino también dentro de nosotros; nos pertenecemos mutuamente. Cualquier agresión a la Tierra significa también una agresión al hombre.
Hablar de Ecología de un modo responsable implica necesariamente hacer referencia a una actitud moral, a un modo de vida regulada por criterios éticos; pero toda dimensión moral tiene por necesidad referencia al ser humano, de otro modo estaríamos hablando del vacío en el vacío; con otras palabras: una ecología sin moral no se entiende y una moral sin ser humano es palabra hueca.
La basura generada por los habitantes de la Ciudad de México ha propiciado el surgimiento de "ciudades perdidas" que son la imagen más viva que ser humano pueda tener del infierno descrito por Dante... pero ¡basta ya de sombras! ¡Es tiempo ya que los habitantes de esas ciudades salgan, como el gran florentino, a ver de nuevo las estrellas!
Renovamos nuestra solidaridad con los empobrecidos habitantes de nuestra patria y precisamente por ello reafirmamos, con profunda convicción, la dimensión humana de la ecología. Compañeros diputados: asumamos juntos el reto, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, para que no se nos aplique a nosotros la palabra del creador: "Caín, ¿qué has hecho de tu hermano?"
En mérito de lo antes expuesto y además con fundamento en la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde residen las facultades del Congreso de la Unión y donde expresamente se autoriza al propio Congreso para "expedir todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores y todas las concedidas por la Constitución a los poderes de la Unión" sometemos a la elevada consideración de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 27 DE LA CONSTlTUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se adiciona al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un nuevo párrafo, que se ubica en el orden de los establecidos en su contexto, como el número diez, para quedar como sigue:
Artículo 27. . . .
Es deber y responsabilidad del Estado ante la nación mexicana, proveer a la defensa y tutela de los recursos naturales renovables y no renovables. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen como base un aprovechamiento sustentable.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, Distrito Federal, a 5 de diciembre de 1996.— Diputados: José Luis Aguilar Martínez, Alicia Céspedes de Carmona, Francisco Ledezma Durán, Andrés Galván Rivas, Alfonso Martínez Guerra, Margarita Villanueva Ramírez, Jorge Hernández Domínguez, Salvador Avila Zúñiga, Salvador Fernández Gavaldón, Gonzalo Alarcón Bárcena, Régulo Pastor Fernández R., Alfonso Martínez Guerra, Rodrigo Robledo Silva, Giuseppe Macías Beilis, Jorge Humberto Gómez G., Lauro Norzagaray N., Luis F. Mena Salas, Humberto Andrade Quezada, Francisco Limón T., Fernando, Garzacabello, Jorge Nieto Guzmán, Apolonio Méndez Menenses, Manuel Baeza González, Manuel Arciniega Portillo, Jorge Urdapilleta N., Miguel Acosta Ruelas, Jorge Antonio Catalán Sosa, Francisco Javier Santos C., José J. Durán Ruiz, Ramón Cárdenas G., Tarcisio Navarrete M., Zenen Xochihua V., Margarita Villanueva, Guillermo Lújan Peña, José Iñiguez Cervantes, Jorge H. Padilla Olvera, Luis Ruan Ruiz, Carlos Alfonso Nuño Luna, Eduardo Arias Aparicio, Miguel Hernández Labastida, Consuelo Botello Treviño, Jesús Ramón Rojo G., Tomás López Martínez, Horacio A. Gutiérrez, María. Elena Alvarez B., Macario Rodríguez Rivera, Celina Prado Piña, María. Teresa Tapia B., Max Tejeda, Javier Viniegra Z., Rafael Núñez Pellegrín, Javier Gutiérrez Robles, Javier Ortega Espinoza, Raúl Ríos Magaña, Eduardo Cárdenas L., José Pedro Sánchez Ascencio, Audómaro Alba Padilla, Martín Hernández Balderas, Cruz Pérez Cuéllar, José Luis Torres Ortega, Rafael Díaz Chávez, María Remedios Olivera Orozco, Nohelia Linares González, Andrés Galván Rivas, José de Jesús Preciado, José de Jesús Sánchez Ochoa, Salvador Becerra Rodríguez, Rosa Margarita Guerrero Aguilar, Martha Patricia Mendoza Peña, Salvador Beltrán del Río Madrid, Manuel Beristáin Gómez, Eusebio Moreno Muñoz, Luis Rico y Samaniego, Pedro Flores Olvera, Luis Andrés Esteva Melchor, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Ricardo García Cervantes, Alejandro Higuera O., Miguel Alberto Segura Dorantes, Alicia Céspedes de C., Fernando Rivadeneyra Rivas, María Teresa Gómez Mont.
Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.