De reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, del grupo parlamentario del PRD

El dictamen de la Comisión de Hacienda y Cré- dito Público, presentado sólo con las firmas de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, es un documento que en sus considerandos presenta una valoración superficial de la situación que guarda la economía nacional; se omite señalar que la actual crisis económica es el resultado de estrategias que ya han sido aplicadas en los dos sexenios anteriores y que hoy pretenden volver a instrumentar.

Pareciera que los problemas que vive el país son ajenos al modelo de desarrollo por el que se ha conducido al país en los últimos años, problemas comparables a catástrofes naturales, imputables a fuerzas divinas, sin responsables terrenales.

A 12 años de la aplicación de este modelo, quienes han ejecutado estas políticas provocando que la soberanía nacional esté en peligro, quienes han colocado en grave riesgo a la planta productiva y han enviado a las estadísticas del hambre a más de 40 millones de mexi- canos, hoy nos dicen que no hay otra vía que la misma medicina amarga.

Este dictamen defiende un programa de choque para intentar la corrección de las desviaciones de un modelo económico con el que se pretendía incorporar a México al primer mundo. El programa ofrece una profunda recesión con sus efectos de desempleo, inflación, desabasto, pérdida del poder adquisitivo; en síntesis, un brutal deterioro de la calidad de vida de millones de mexicanos. Los impactos negativos no pueden ser más brutales.

La pretensión de reestructurar la administración pública federal mediante la desaparición de algunas secretarías de Estado y el anuncio de programas difusos de empleo rural y apoyo a desempleados, como lo han hecho de manera solidaria, son sólo promesas.

El dictamen que nos ocupa es un camino suicida que tercamente justifica una política económica que ha logrado que más de 40 millones de mexicanos continúen viviendo en condiciones de pobreza.

Ciertamente, compañeras y compañeros diputados, debemos reflexionar si éste es nuestro papel, si efectivamente representamos los intereses de nuestra patria. Habrá que recordar lo que el pasado 1o. de diciembre en esta misma tribuna el presidente Ernesto Zedillo externó: "nuestro reto más importante es lograr condiciones dignas en la vida de cada familia mexicana. El progreso económico sólo tiene sentido si se llega al hogar de cada mexicano.

El propósito de la política económica debe ser el bienestar creciente de cada persona y de su familia, ese bienestar se funda en un empleo digno, bien remunerado. México necesita muchos más de esos empleos y nuestro compromiso es crearlos. La estabilidad de precios es esencial para multiplicar los empleos permanentes y bien remunerados, no destruiremos la estabilidad que con tantos sacrificios del pueblo se ha logrado, por eso mantendremos en estricta disciplina las finanzas públicas."

Hasta aquí la cita del Presidente. Como verán, la reforma va en sentido contrario al compromiso que asumió el Ejecutivo frente a todos los mexicanos. Ahora bien, ante la naturaleza e impacto de la reforma que hoy se propone, conviene revisar el estado de bienestar en que se encuentran las familias mexicanas.

Durante la vigencia de los pactos, el costo de los productos básicos se han incrementado en 437%. En contrapartida, el salario mínimo general ha registrado un crecimiento de apenas el 153%. Este comportamiento de precios y salarios tiene un impacto directo en la modificación del patrón de consumo de los mexicanos, que tiende a un mayor deterioro en la alimentación y su calidad nutricional.

En 1987, el 74% del gasto familiar era destinado a la alimentación. Para el 1o. de febrero de 1995, el gasto destinado a alimentación bajó a 63.8%, esto a pesar de que en el sexenio anterior se nos hizo saber que estábamos a un paso de entrada al Primer Mundo.

El sentido práctico de lo señalado se puede expresar en los siguientes términos: en 1982 un trabajador acudía al mercado a comprar carne de res con lo que ganaba en un día de salario mínimo, este trabajador podía llevar a su casa 2.4 kilos de carne, mientras que ahora ese mismo trabajador no puede adquirir con un día de su salario ni un kilo de carne. También si desea adquirir leche, su salario le alcanzará para comprar seis litros, mientras que en 1982 podía adquirir 19 litros; igualmente hoy se adquieren tres kilos de huevo con un día de salario mínimo, mientras que en 1982 se obtenían ocho kilos de huevo.

Para redondear este breve diagnóstico de las condiciones de bienestar, consideraremos el costo de la canasta básica. Actualmente el costo de una canasta básica familiar cuesta, por 34 productos básicos, asciende al monto de 496 nuevos pesos, lo que representa el 100% de un salario mínimo regional mensual. Este costo no incluye el gasto que realizan las familias para la preparación y consumo de alimentos y más aún no incluye los gastos que la familia debe realizar por concepto de transporte, vivienda, educación, entre otros.

Lo que quiere decir que si un trabajador con salario mínimo hace un gasto en los útiles escolares de sus hijos o si les compra una camisa o zapatos, ese mes su familia carecerá de los alimentos indispensables. Este tipo de canasta es similar a las que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y el Banco de México usan para las estimaciones y fundamentos de la política de salarios y precios.

Sin embargo, si nos apegamos estrictamente a la Constitución, esta soberanía debe ser respetuosa y obrar en consecuencia de lo que marca el artículo 123 en su fracción VI, que a la letra dice: "los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden ma- terial, social, cultural y para promover a la educación obligatoria de los hijos.

En congruencia con este mandato constitucional, no debemos reducir el concepto de necesidades básicas de la población, a un concepto biológico de la pobreza de mera subsistencia.

Por ello, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, nos manifestamos en contra de la reforma en materia tributaria y fiscal, por contradecir los principios constitucionales que juramos respetar y hacer respetar.

La salida de la crisis exige revisar el papel del Estado en la economía, no para volver a un estado paternalista, ineficiente y corrupto, que no logró crecimiento sostenido, ni el bienestar para la mayoría de los mexicanos.

Compañeras y compañeros diputados, por esta razón debemos encontrar alternativas viables que, eficientemente aplicadas, atenúen el impacto de las graves medidas que la mayoría ha aprobado, aún en contra de los sentimientos y la voluntad nacional.

La alternativa que presentamos en la siguiente propuesta, exime de la aplicación del impuesto sobre la renta a los asalariados que perciben hasta cuatro salarios mínimos y se aplica una tasa superior al 35%, para quienes ganan más de 50 salarios mínimos al mes, para quedar como sigue:

Propuesta de modificación de los artículos 80, 80-A, 80-B y 81 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y al artículo 1o. del dictamen de la iniciativa de ley que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones fiscales, para quedar como sigue:

"Artículo 80. Tarifa: de 481 a 719, 0% de tasa; de 962 a 1,199, 0% de tasa ; de 1,440 a 1,679, 0% de tasa; de 1,920 a 2,879, 0% de tasa; es decir, hasta cuatro salarios mínimos, 0% de tasa.

Los rangos de las tarifas se indexarán trimestralmente al crecimiento del indice nacional de precios al consumidor, que publica el Banco de México o institución oficial competente.

Artículo 80-A. (derogado.)

Artículo 80-B. (derogado.)

Artículo 81. (derogado.)"

Compañeras y compañeros diputados: yo confío en que la diputación obrera del Partido Revolucionario Institucional, estará de acuerdo con esta propuesta, puesto que la diputada Claudia Esqueda, a nombre de la fracción obrera del Partido Revolucionario Institucional, hace algunas horas, en esta misma tribuna, dijo:

"Por ello es que pedimos sea reconsiderada la propuesta de exentar el pago de impuesto sobre la renta hasta cuatro salarios mínimos."

Por lo tanto, confiamos en que ella habló a nombre del sector obrero y que, consecuentes con esta propuesta, la votarán, confiamos en que se sumen a ella y la voten a favor.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.