Con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaciσn para el Ejercicio Fiscal de 1995, presentada por el Ejecutivo federal

A. EXPOSICION DE MOTIVOS

I. PRESENTACION

CIUDADANOS SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES

El Ejecutivo Federal a mi cargo, por su digno conducto, somete ala consideración de esa Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 1995, para su examen, discusión y, en su caso, aprobación. Con ello, se da cumplimiento a lo previsto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El principal objetivo de la presente administración será impulsar el crecimiento económico para el bienestar de la familia mexicana. En consecuencia, las acciones, el nivel y la composición del gasto público que se proponen en este Proyecto de Presupuesto están orientados hacia ese fin.

El gasto público es uno de los instrumentos fundamentales para hacer frente a las demandas y necesidades básicas de la sociedad; promover el desarrollo social; fortalecer la infraestructura del país a fin de mejorar la competitividad nacional; y preservar la estabilidad macroeconómica.

En este contexto se plantea un nivel de gasto público congruente con las siguientes metas macroeconómicas establecidas en el documento de Criterios Generales de Política Económica para 1995:
 

• Crecimiento económico de, por lo menos, el doble que el de la población;

• Tasa de inflación de 4 por ciento anual, similar a la de nuestros principales socios comerciales;

• Equilibrio en las finanzas del sector público;

• Estabilidad de los mercados financieros;

• Abatimiento gradual de las tasas de interés; y

• Política cambiaria conforme a lo establecido en el marco del Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento.
 

El presente proyecto de Presupuesto de Egresos forma parte de la estrategia integral de la Administración Pública Federal para 1995, toda vez que por separado, en esta misma fecha se presenta a ese H. Congreso de la Unión la iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la cual contempla una nueva distribución de atribuciones y conformación de dependencias.

Con pleno respeto a ese Poder Legislativo, y en congruencia con las adecuaciones propuestas a la citada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el proyecto de Presupuesto de Egresos incluye la conformación orgánica de las dependencias del Ejecutivo Federal que se contemplan en la iniciativa arriba señalada, sin perjuicio de que el mismo sea objeto de las adecuaciones que esa H. Cámara considere pertinentes.

La propuesta de gasto que someto a su consideración se inscribe en la estrategia de gobierno que plantee a la Nación en mi discurso de toma de posesión como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de ello, el presente presupuesto persigue los siguientes objetivos prioritarios:
 

• Crecimiento económico para el bienestar de la familia;

• Combate a la pobreza extrema;

• Creación de empleos;

• Ampliación de la infraestructura básica;

• Fortalecimiento de la seguridad pública y de la procuración e impartición de justicia;

• Consolidación del equilibrio de las finanzas públicas; y

• Apoyo a la estrategia económica establecida dentro de los Criterios Generales de Política Económica para 1995.

En congruencia con lo anterior, el nivel previsto del gasto neto total para 1995 aumenta, en términos reales, en 1.9 por ciento con respecto al ejercicio de 1994. Este monto incluye el gasto programable; las participaciones a entidades federativas y municipios; y el pago de intereses sobre la deuda pública del Gobierno Federal y las entidades paraestatales de control presupuestal directo.

Para alcanzar estos objetivos, el presente proyecto toma en consideración la propuesta de modernización de la Administración Pública Federal y plantea la estrategia del gasto programable, así como su consecuente orientación.

Modernización de la Administración Pública Federal

Este proyecto de presupuesto recoge las razones, postulados y objetivos que sirvieron de base para la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que envié al H. Congreso de la Unión.

La composición propuesta de la Administración Pública Federal refleja el compromiso del Estado de brindar una más eficiente prestación de servicios públicos, mediante la adecuación de las dependencias del Ejecutivo Federal encargadas del desarrollo social; del desarrollo rural; de la contraloría y modernización administrativa; del sector energético; y del cuidado y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Con esta reforma administrativa, se pretende que el Estado refuerce sus acciones en el combate a la pobreza extrema, mediante recursos e instrumentos destinados a la atención comprometida y decidida de millones de mexicanos que exigen, con todo derecho, las oportunidades que hasta ahora nuestro país no les ha podido brindar.

Asimismo, la modernización administrativa tiene por objeto un más riguroso cuidado del medio ambiente, a través de políticas que vinculen el desarrollo económico con la prevención de la contaminación en todas sus manifestaciones. En este sentido, el coordinar las acciones del Gobierno Federal en la atención de las actividades vinculadas al medio ambiente, los recursos naturales y la pesca, busca que el quehacer público en estos renglones fundamentales de la vida del país se lleve a cabo en forma más eficiente y ordenada, bajo políticas orientadas hacia un desarrollo sustentable.

El país requiere de una gestión pública moderna, más eficaz y eficiente, que propicie la descentralización y desconcentración de las acciones del Estado, así como el mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios públicos y la atención ciudadana, bajo un enfoque que refleje una nueva cultura administrativa.

Otra vertiente de esta propuesta está encaminada al establecimiento de una política energética que distinga adecuadamente el papel del Estado en su doble carácter, regulador y propietario; que promueva un mayor ahorro de energía y fuentes alternas no convencionales; y que fomente la participación privada en la generación eléctrica, en los términos que establece la ley de la materia.

Por lo que respecta al sector agropecuario se busca, a través de esta modernización administrativa, propiciar un desarrollo rural sostenido mediante el aprovechamiento de las ventajas que ofrece ese sector, para contribuir así, al bienestar de las familias rurales y a elevar la producción del agro mexicano. Se trata de transitar de una política de subsidios a una de apoyos para el aprovechamiento de ventajas competitivas; de políticas clientelares a la aplicación de políticas de productividad; y de políticas de autosuficiencia a aquéllas que permitan elevar el nivel de vida de la población del campo.

En consecuencia con lo antes expuesto, la reforma administrativa comprenderá fundamentalmente, en caso de ser aprobada por el H. Congreso de la Unión:
 

• La reorganización de la Secretaría de Desarrollo Social, desprendiéndose de las atribuciones en materia ecológica y del patrimonio inmobiliario federal, y concentrando su acción de gobierno en el combate contra la pobreza.

• La transformación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa; absorbiendo las funciones relativas al patrimonio inmobiliario federal y las relacionadas con adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, que hoy competen a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, y con una tendencia prioritaria hacia la modernización de la Administración Pública Federal.

• El reordenamiento de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal que pasaría ahora a ser la Secretaría de Energía, desprendiéndose de las funciones correspondientes a la materia minera y bajo un esquema que distingue las atribuciones regulatorias y de planeación, de aquéllas vinculadas con el manejo eficiente de las entidades paraestatales del sector.

• La transformación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; concentrando su actividad en el desarrollo integral de las comunidades rurales, y desprendiéndose de las atribuciones en materia de recursos naturales e hidráulicos.

• La transformación de la Secretaría de Pesca en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la cual absorbería las atribuciones en materia ecológica y las correspondientes a bosques, fauna, flora, aguas nacionales y minas, hasta ahora distribuidas en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en la de Desarrollo Social, y en la de Energía, Minas e Industria Paraestatal, respectivamente.

Los movimientos de personal que conllevará esta reforma administrativa, se harán con estricto respeto de los derechos laborales de los trabajadores del Estado.

Acciones Estratégicas

En cuanto al gasto programable y su orientación, el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación plantea las siguientes acciones estratégicas:

1. Fortalecer los programas de desarrollo social.

El fortalecimiento de los programas de desarrollo social es fundamental para elevar el nivel de bienestar de la familia mexicana. Canalizar recursos a estos programas es equivalente a invertir en las personas. Mejorar su educación, su capacitación .y los servicios de salud es indispensable para aumentar la productividad de los trabajadores, elevar sus ingresos y acceder a mayores condiciones de bienestar. Asimismo, ampliar el acceso al agua potable, drenaje y vivienda es esencial para mejorar las condiciones de vida de la población.

Esta acción estratégica propone continuar impulsando la educación a fin de resolver los rezagos que persisten, elevar su calidad y fincar bases firmes para la realización y superación individual. En este sentido, y en adición a las acciones que permitan atender la demanda de educación, se ampliará la cobertura de los programas compensatorios hacia los estados con mayor problemática educativa. Dentro de estas últimas acciones destacan un incremento importante en la ampliación de la infraestructura, y la actualización de planes y programas de estudio que respondan a las demandas de la sociedad, la planta productiva y el avance de la ciencia y la tecnología.

En el Sector Salud será igualmente prioritario incrementar los servicios y mejorar su calidad. A partir del próximo año se iniciarán acciones para que, al término de la presente administración, la población que en la actualidad no tiene acceso a los servicios, cuente con la atención necesaria para el cuidado de su salud. Con este objetivo, además de la creación de nuevas unidades, se impulsará un amplio programa de rehabilitación y equipamiento de las unidades médicas del Sector que permita contar con instalaciones dignas y eficientes.

En lo referente a la seguridad social, tal y como lo prevén los recientes cambios en la legislación de la materia, a partir de enero de 1995 la pensión mínima que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social será equivalente al 100 por ciento del salario mínimo que rija en el Distrito Federal. Asimismo, se impulsarán acciones coordinadas para otorgar servicios de asistencia a minusválidos, niños indigentes, y personas de la tercera edad de escasos recursos; así como una mayor cobertura en acciones de apoyo a las madres trabajadoras.

2. Combate a la pobreza extrema.

El combate a la pobreza extrema requiere que gobierno y sociedad emprendan acciones firmes y decisivas tendientes a romper de raíz sus orígenes. En el círculo de la pobreza confluyen, entre otros factores, bajos o nulos niveles educativos; malas condiciones de salud; niveles deficientes de nutrición; carencia de vivienda digna y servicios públicos básicos; así como falta de oportunidades de empleo. Estos factores se retroalimentan entre sí y tienden a perpetuarse a lo largo de la vida del individúo y de las generaciones sucesivas.

La pobreza es inadmisible en el México justo y equitativo que debe construir la presente generación. Los mexicanos han de contar con una plataforma social básica que les permita participar de los beneficios de la nueva etapa de crecimiento económico. Con ello, se contribuirá a mejorar las condiciones de bienestar familiar. En consecuencia, el combate a la pobreza no puede esperar. Así, el gasto público en la presente administración se orientará primordialmente a combatir las condiciones de pobreza extrema en las áreas urbanas y rurales que presentan mayores niveles de marginación, con especial énfasis en las comunidades indígenas.

La consolidación del Programa Nacional de Solidaridad será una de las estrategias primordiales para el combate a la pobreza extrema. Solidaridad concentrará sus programas en atender las carencias y limitaciones de los grupos sociales en condiciones desfavorables. A lo largo de los próximos seis años sus actividades se descentralizarán gradualmente hacia los municipios. A partir de 1995 se perfeccionarán los mecanismos establecidos para reforzar el papel de las comunidades en las decisiones de gasto de Solidaridad.

Para combatir la pobreza, el Gobierno Federal contribuirá activamente con los programas de Solidaridad y con las siguientes acciones:
 

• Dar acceso a una canasta básica de salud a los mexicanos en condiciones de pobreza extrema;

• Mejorar la nutrición de la población más vulnerable;

• Incrementar la construcción de vivienda y sus servicios;

• Impulsar la educación y capacitación de los más necesitados;

• Promover el desarrollo rural integral;

• Dotar de mayor infraestructura para un desarrollo regional más equilibrado;

• Proteger los recursos naturales y el medio ambiente;

• Mejorar la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia; y

• Apoyar proyectos productivos para la generación de empleos y el bienestar.
 

A lo largo de los próximos años, la planta productiva requiere alcanzar los índices de competitividad necesarios para aprovechar los beneficios propios de la globalización de los mercados. A su vez, el incremento de la productividad es indispensable para aumentar los salarios reales. En adición a los esfuerzos de la sociedad en esta dirección, se requiere generar un entorno de eficiencia y competitividad que dé soporte a la planta productiva, mediante la modernización y ampliación de la infraestructura básica, coadyuvando así al logro de las metas de crecimiento económico planteadas para el próximo año.

Con el fin de ampliar la infraestructura, para 1995 se contempla un importante nivel de inversión. En complemento a este gran esfuerzo de inversión pública se promoverá y alentará la concurrencia de los recursos privados:

La política de inversión contempla:
 

• Aumentar la inversión del sector público en 10.9 por ciento en términos reales en relación al cierre estimado para 1994;

• Propiciar, mediante la apertura de mayores espacios a la participación de los particulares, que la inversión privada en infraestructura básica crezca de manera tal que al sumarse a la pública alcance un 25 por ciento real;

• Orientar dicho gasto hacia las actividades de mayor impacto económico y social, particularmente a las que generan más empleos;

• Otorgar prioridad a la conclusión de obras en proceso; al equipamiento, y a la conservación y mantenimiento de la infraestructura ya existente;

• Asegurar que los proyectos nuevos muestren los niveles adecuados de rentabilidad social y económica; y

• Fortalecer la práctica de evaluación de proyectos de inversión.

En el pasado y con el objeto de reducir la deuda pública y su costo financiero, el Gobierno Federal renegoció la deuda externa, saneó las finanzas públicas y aplicó los recursos de la desincorporación de entidades paraestatales a la amortización del débito público, disminuyendo el saldo neto consolidado con el Banco de México de 68 por ciento del PIB en 1989, a 22 por ciento en 1994. Estas acciones abrieron espacios presupuestales permanentes en beneficio de los programas sociales.

Hoy, en virtud de la estabilidad económica y el desendeudamiento alcanzado, ha llegado el momento de promover una política de fomento a la inversión y el crecimiento económico. Por ello se propone, además de un importante incremento en el monto de la inversión pública, que los recursos, producto de la desincorporación de empresas no estratégicas y de otros activos, no sólo se destinen al desendeudamiento, sino también a la ampliación y modernización de la infraestructura, y a otros usos productivos en la economía. Con este propósito, se creará en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) un Fondo para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Básica, capitalizado con los recursos provenientes de dichas desincorporaciones. Este Fondo propiciará la concurrencia de los recursos públicos y privados en proyectos de infraestructura, y facilitará su financiamiento.

4. Promover el desarrollo rural integral.

La estrategia de desarrollo rural se orientará a elevar la producción y productividad en el sector agropecuario. El incremento en volumen, en valor agregado y en calidad de la producción agropecuaria, es condición esencial para el progreso en el campo. Se requiere un nuevo enfoque productivo, el cual no debe restringirse únicamente a las actividades primarias sino que debe abarcar toda la diversidad y las oportunidades que corresponden a la capacidad plena de los campesinos.

Las acciones que se proponen concurren para restablecer la rentabilidad del trabajo, elevando los ingresos de los productores y trabajadores del sector rural, mediante incrementos en la productividad y mejoras en las condiciones del trabajo.

Para elevar el bienestar de las familias rurales se propone consolidar el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), para lo cual se promoverá ante el H. Congreso de la Unión su permanencia durante 15 años. Así, se contribuirá a aumentar la capacidad productiva de los agricultores; los apoyos serán más equitativos; y se facilitará su transición hacia actividades más rentables.

A partir de 1995, se impulsará una transformación productiva en el sector agropecuario, aprovechando el nuevo marco jurídico, los esquemas de apoyo directo y las posibilidades que ofrece el comercio exterior.

La política para el campo dará prioridad al fomento de su capitalización y al fortalecimiento de la infraestructura rural. Además, se impulsarán los programas de investigación; se promoverá la capacitación integral, el uso de nuevas tecnologías, y la sanidad; y, se facilitará el acceso al crédito para permitir el uso de insumos modernos para incrementar la productividad del sector rural. Especial énfasis se dará al desarrollo de esquemas modernos y eficientes de comercialización y abasto.

En materia de rezago agrario, aún subsisten expedientes en trámite. Para lograr su abatimiento se fortalecerá a la Procuraduría Agraria y se destinarán mayores recursos a los tribunales agrarios. Con la finalidad de otorgar mayor certidumbre a los derechos de propiedad, se intensificarán las acciones del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede).

5. Preservar los recursos naturales y el medio ambiente.

En el marco de una política de desarrollo sustentable, no deben sobreestimarse los beneficios del crecimiento económico, ignorando los costos de la contaminación del aire, de la degradación de los suelos, del agotamiento de los mantos acuíferos, de la destrucción de ecosistemas y, en general, de la explotación irracional de los recursos naturales: Esta política debe considerar a los recursos. naturales y al medio ambiente como un bien escaso, en ocasiones no renovable; que da sustento y viabilidad a la vida.

En la presente administración se establecerá una nueva política ecológica que haga compatible la evolución esperada en la actividad productiva con el cuidado y la preservación del entorno natural; y que propicie, de manera coordinada, que los tres niveles de gobierno apliquen en sus respectivos ámbitos de acción los instrumentos necesarios para prevenir o revertir el deterioro ambiental.

Dentro de esta estrategia, se impulsará la inversión en el desarrollo y la adopción de tecnologías que disminuyan los actuales índices de contaminación atmosférica y del agua, así como aquéllas que permitan un mejor tratamiento de los desechos industriales.

Por todo esto, resulta indispensable tomar acciones definidas que generen una nueva cultura ambiental, que se traduzca en la vinculación del desarrollo con el cuidado del medio ambiente. Es por eso que cada programa y cada proyecto que se emprenda debe contener una adecuada evaluación de su impacto ambiental y, desde luego, las medidas necesarias para evitar la contaminación derivada de esos procesos.

6. Mejorar la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia.

El bienestar de las familias requiere la seguridad de las personas y de sus bienes. Es impostergable hacer frente a los problemas de inseguridad y aumento de violencia. Para ello, se seguirá una nueva estrategia para fortalecer nuestro estado de derecho y el orden público. Dentro de esta estrategia se diseñarán e instrumentarán programas específicos para lograr la profesionalización, dignificación y moralización de los cuerpos de seguridad pública. Asimismo, con la participación de los tres niveles de gobierno y la comunidad, se emprenderá una gran campaña de prevención del delito y se intensificará la lucha contra el narcotráfico y los secuestros.

La sociedad demanda un sistema de procuración de justicia moderno, eficiente, confiable y equitativo, que permita a la sociedad desarrollar sus actividades en un ambiente de certidumbre y seguridad. Para lograrlo, se canalizarán mayores recursos públicos, tecnología y capacitación del personal en los estados y municipios, dentro del marco del federalismo. En este sentido, se impulsarán esquemas de coordinación entre los tres niveles de gobierno y entre los diferentes órganos institucionales de los cuerpos policiacos.

Se fortalecerán las instituciones responsables en la materia a fin de incrementar su capacidad para dar una mejor respuesta a la prevención y combate del delito, así como a la procuración e impartición de justicia. De esta manera se buscará recobrar la confianza de la población en los cuerpos encargados de la seguridad.

7. Mantener un estricto control en el ejercicio del gasto público.

La concertación de acciones entre los sectores público, social y privado ha permitido abatir el crecimiento del índice inflacionario. Consolidar este logro constituye un requisito para reiniciar un crecimiento económico. estable y sostenido. En este sentido, el control del ejercicio del gasto público es un elemento fundamental para preservar el equilibrio de las finanzas públicas y la estabilidad de precios, así como para contribuir a la consecución de los objetivos de la política económica de 1995.

El control del gasto es una acción necesaria para evitar que la sociedad pague el impuesto más injusto y que lesiona a quienes menos tienen: la inflación. En consecuencia, la disciplina presupuestal y el saneamiento de las finanzas públicas serán parte esencial de la política fiscal.

PROYECTO GENERAL DE GASTO PUBLICO

Compatible con los objetivos prioritarios mencionados y para dar sustento a las acciones estratégicas planteadas, se somete a consideración de esa H. Cámara de Diputados un nivel de gasto neto total de 352 mil 489 millones de nuevos pesos, superior en 1.9 por ciento en términos reales al del cierre de 1994. Como proporción del PIB, el gasto neto será equivalente a 25.6 por ciento, inferior en 0.5 puntos porcentuales al del año previo.

El gasto programable del sector público en 1995 se ubicará en 273 mil 487 millones de nuevos pesos, lo que significa un crecimiento de 5.1 por ciento en términos reales. Como proporción del PIB, será equivalente a 19.8 por ciento. Por lo que se refiere al costo financiero de la deuda, se prevé una reducción real de 11.5 por ciento, mientras que las participaciones a entidades federativas y municipios aumentarán en 2.8 por ciento en términos reales en relación al año anterior.

Ante el objetivo de impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos sin incurrir en déficit fiscales, este presupuesto busca revertir la tendencia en la que el crecimiento del gasto corriente ha superado al de inversión. Por ello, en este proyecto de presupuesto el gasto corriente crecerá a una tasa menor a la del total de gasto programable. Así, su participación disminuirá dentro de este agregado en beneficio del gasto de inversión.

En consecuencia, el presupuesto de egresos muestra un crecimiento real de 4.6 por ciento en las erogaciones corrientes y de 10.9 por ciento en las de inversión. El nivel de gasto de inversión propuesto permitirá avanzar en la infraestructura social, así como continuar los proyectos en ejecución e iniciar los nuevos que la economía demanda. Asimismo, logrará ampliar, modernizar, mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura. En especial, estas erogaciones permitirán incrementar el equipamiento de las obras del Sector Desarrollo Social.

El gasto programable del Gobierno Federal, excluyendo las transferencias a entidades bajo control directo presupuestal, aumenta a una tasa real de 4.1 por ciento en relación al cierre estimado de 1994. En cuanto a su composición, el gasto directo pasa a representar el 47.3 por ciento del gasto programable del sector central, menor en 0.7 puntos porcentuales al del año anterior. Por su parte, las transferencias son equivalentes al 52.7 por ciento.

Por lo que respecta a los organismos y empresas de control presupuestal directo, su gasto programable ascenderá a 123 mil 074 millones de nuevos pesos, mayor en 4.4 por ciento en términos reales al observado en 1994. Este aumento lo generarán fundamentalmente la inversión física y el pago de pensiones. El primero ascenderá a 25 mil 219 millones de nuevos pesos, superior en 11.7 por ciento en términos reales, mientras que el segundo lo hará a una tasa real de 16.6 por ciento, para situarse en 18 mil 269 millones de nuevos pesos.

En la siguiente sección se presenta en detalle la distribución del gasto programable por sector, así como las principales acciones que se llevarán a cabo.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 1995

*******************TABLAS, PAG. 1202, 103 Y 104

DESARROLLO SOCIAL

La presente administración impulsará una renovada política social, con el propósito de que los beneficios de la transformación nacional se reflejen, de igual manera, en el bienestar y la economía de los hogares. Este objetivo prioritario se sustentará en las nuevas acciones de amplio alcance social que se llevarán a cabo.

La política social encuentra en las condiciones de extrema pobreza uno de sus principales retos. Por ello se buscará que los recursos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población con mayores carencias tengan un alto impacto. Con tal propósito se fortalecerán las acciones de Solidaridad mediante una más amplia participación de los municipios y las comunidades en la ejecución de los programas.

Dentro de esta política se mejorará la calidad de la educación y se abatirán los rezagos en la materia. Para ello, se impulsarán acciones que permitirán consolidar las reformas educativas; elevar la calidad de la educación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología; reducir, mediante programas específicos, los niveles de analfabetismo; y promover la incorporación de comunidades dispersas y de baja densidad de población a los servicios educativos regulares.

Con la finalidad de hacer frente a la transición epidemiológica y a la necesidad de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios médicos, el Sector Salud iniciará una importante reforma en la operación de sus instituciones. Para lograr estos propósitos, se avanzará en acciones de coordinación horizontal entre las dependencias y entidades del Sector Salud, así como con las unidades médicas privadas. Por su parte, los programas del Sector contribuirán a fortalecer y modernizar la infraestructura y el equipamiento de las unidades médicas; y se emprenderán acciones encaminadas a mejorar las remuneraciones de los trabajadores responsables de este fundamental servicio.

Elevar la competitividad del país, requiere de una constante innovación tecnológica, y ésta exige personal más calificado. En consecuencia, la política laboral tendrá como objetivo medular la capacitación. Para lo anterior, se realizará un esfuerzo sin precedente para fortalecer los programas de becas para trabajadores desempleados y en activo, a fin de que refuercen y actualicen sus conocimientos y habilidades, buscando en todo momento que los programas de estudios técnicos y los de capacitación para el trabajo respondan a los requerimientos de la planta productiva.

El desarrollo nacional debe tomar en cuenta una política ecológica que propicie que sus logros sean sostenibles y perdurables. El crecimiento de los asentamientos humanos y los centros de producción debe ser compatible con el cuidado y mejoramiento del medio ambiente. Para ello, se promoverá la ampliación de la infraestructura y de los servicios urbanos básicos que contribuyan a un crecimiento acorde con el cuidado del entorno natural. Asimismo, se consideran en este proyecto de presupuesto acciones que, sustentadas en una amplia participación social y de coordinación entre los tres niveles de gobierno, permitan combatir la contaminación del aire; la degradación de los suelos; revertir el agotamiento de acuíferos; y restaurar los ecosistemas que han sido dañados por la explotación inadecuada de los recursos.

Como parte de los programas de bienestar social, el Gobierno Federal reforzará el programa social de abasto. Este estará dirigido especialmente a las familias que viven en condiciones de pobreza en las comunidades indígenas y en las zonas rurales y urbanas marginadas, a fin de que tengan acceso a una canasta básica alimentaria que contribuya con los requerimientos nutricionales necesarios para su desarrollo.

Para llevar a cabo las acciones anteriormente señaladas, se propone dar un fuerte impulso al gasto en Desarrollo Social durante 1995. Así, se somete a su consideración un presupuesto de 148 mil 734 millones de nuevos pesos, el cual significará un incremento real de 10.9 por ciento respecto al cierre estimado de 1994. Este monto representa el 55.2 por ciento del gasto programable sectorial.

Educación

La educación es un medio fundamental que le permite al ser humano acceder a una vida plena de participación activa dentro de la sociedad.

En nuestro país es un derecho individual y una obligación del Estado otorgarla.

Por lo anterior, y porque se reconoce el valor imprescindible que representa la educación para reafirmar y fortalecer nuestro proyecto nacional, durante la presente administración se le otorgará un apoyo significativo. Este se orientará, principalmente, a extender su cobertura y a elevar su calidad.

Se han logrado notables avances en educación lo que brinda mejores expectativas de desarrollo a la población. Por ejemplo, hace sólo catorce años, a la edad de 15 años o más, un mexicano de cada seis no sabía leer ni escribir. Actualmente esa proporción se ha reducido a uno de cada nueve. En 1970, el 72 por ciento de la población en edad escolar accedía a la educación primaria, y de quienes la concluían, solamente el 60 por ciento ingresaba a la secundaria. En la actualidad, aquel que desee cursar la primaria encuentra mayores opciones para su inscripción en las escuelas públicas, y el ingreso a secundaria se ha elevado a 85 por ciento.

La política salarial seguida en los últimos años ha posibilitado una recuperación sustancial en el ingreso de los maestros de educación básica. Adicionalmente, la Carrera Magisterial puesta en marcha hace dos años permite reconocer y recompensar la labor docente de los maestros con base en criterios objetivos, tales como actualización de conocimientos, capacitación educativa y desempeño frente a grupo.

El esfuerzo realizado en la construcción de espacios educativos ha permitido que la mayor parte de las comunidades del país cuenten con una escuela.

Dentro del Sistema Educativo Nacional, casi una de cada tres personas se encuentra cursando algún tipo de estudios en los planteles públicos y privados. Existe una matrícula de 3.1 millones de niños en educación preescolar; 14.5 millones de alumnos en primaria; 4.5 en secundaria; 2.3 en media superior y profesional; 1.3 millones en superior y posgrado; así como 130 mil futuros maestros en escuelas normales; y 646 mil personas en capacitación para el trabajo.

Los retos que se deben afrontar en los próximos años son de gran magnitud al considerar la dinámica poblacional del país; el difícil acceso a algunas comunidades; y la competencia a nivel mundial que exige, cada vez más, un mayor grado de educación y personal más capacitado. Será necesario hacer un gran esfuerzo para elevar sustancialmente la escolaridad promedio de los mexicanos, que apenas es de seis años.

Este nivel es incompatible con los propósitos para alcanzar el desarrollo al que como nación aspiramos.

La política educativa que se propone impulsar durante esta administración tiene como objetivo lograr un sistema de educación que se transforme permanentemente a partir de las demandas sociales, de los requerimientos de la economía, y de los retos del desarrollo científico y tecnológico. Asimismo, se propone consolidar las profundas reformas jurídicas, institucionales y funcionales del Sector llevadas a cabo en años recientes. También se reforzarán las acciones tendientes a extender la cobertura y a elevar la calidad educativa, principalmente en las zonas periurbanas, rurales y en las comunidades dispersas, que es donde se presentan los mayores rezagos sociales.

Dentro de estas reformas, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica destaca por su trascendencia. Dicho acuerdo fue suscrito con el propósito de reorganizar el Sistema Educativo Nacional, mediante tres grandes líneas de acción: la federalización de la educación básica; la reformulación de los contenidos y materiales educativos; y la revalorización de la función magisterial.

En el ámbito del Acuerdo Nacional, los gobiernos estatales han consolidado su participación, por lo que esta administración seguirá el camino trazado a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la capacidad local de gestión de los recursos, así como apoyar las relaciones de las autoridades locales con la representación sindical del magisterio. Por su parte, el Gobierno Federal profundizará en sus acciones de planeación, normatividad y evaluación educativa.

Con la participación de la sociedad se consolidará la reformulación de los contenidos y materiales educativos, y se continuarán revisando los planes y programas de estudio, incorporándoles contenidos regionales.

Aunado a lo anterior, el Gobierno Federal reconocerá el esfuerzo y el desempeño de los profesores e investigadores, con el propósito de elevar sus condiciones de vida. Asimismo, junto con los gobiernos de los estados, contribuirá a impulsar el Sistema Estatal de Formación de Maestros, a través de la creación de un sistema de preparación y actualización docente sin precedente en la historia del país.

Para fomentar el arraigo del maestro en las comunidades, se otorgarán mayores estímulos y apoyos para vivienda, servicios básicos y transporte. Por su parte, el Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda del Magisterio, durante los próximos dos años, pondrá a disposición de los maestros 80 mil créditos para adquisición de casas habitación.

Política de Gasto Público para 1995

Educación Básica

El Gobierno Federal encabezará una cruzada sin precedentes de apoyo a los niños de escasos recursos. A partir de 1995, establecerá un amplio programa que llegará a otorgar gradualmente un mínimo de un millón y medió de becas hacia el año 2000 a los niños de las comunidades más pobres del país. Se procurará que estos beneficios sean asignados en mayor medida a las niñas, pues son quienes presentan las tasas de deserción escolar más elevadas.

Como complemento a lo anterior, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Solidaridad, 1.4 millones de familias recibirán despensas mensuales, y más de 2 millones de alumnos se beneficiarán con desayunos escolares durante 1995, 37 por ciento más que el año anterior. Esto es un paso previo para alcanzar una meta de 2 y 4 millones, respectivamente, en el año 2000.

El Gobierno de la República confiere especial importancia a la educación preescolar, pues constituye el primer contacto de los niños con la educación formal. En este nivel seguirá aplicándose el nuevo programa de estudios que busca promover el desarrollo físico, afectivo, intelectual y social de los niños. Se propone llevar educación preescolar a todos los niños que demanden este servicio, en particular a las zonas rurales y los sitios donde hasta ahora no se ha logrado extender este sistema de atención. Se estima incrementar la matrícula en 83 mil alumnos durante 1995. Adicionalmente, se brindarán mayores apoyos para dotar de material didáctico e incrementar la inversión en infraestructura, así como para aumentar el número de educadores en 4,800 plazas en 1995.

En educación básica esta administración combatirá aquellas condiciones que impiden a los niños asistir a la escuela o que los obligan a abandonarla antes de completar los estudios. Para ello se ampliarán y consolidarán los programas de atención educativa y social en las comunidades más alejadas y con menores recursos.

El esfuerzo para disminuir la deserción de los alumnos en los distintos niveles educativos debe estar acompañado de una educación permanentemente actualizada, acorde a las condiciones nacionales y a los cambios internacionales. El papel que desempeñan los libros de texto gratuitos es importante para brindar los conocimientos que habrán de formar a nuestros estudiantes; por esto, en el presente ciclo escolar seguirán revisándose y formulándose los textos conforme a los avances de las distintas ciencias y de los métodos de enseñanza-aprendizaje.

En este año la distribución de libros de texto gratuitos será de 172 millones de ejemplares. Para educación preescolar el volumen que se espera producir es de 6.5 millones y para primaria 165.5; superior en 104 y 11.7 por ciento, respectivamente, a la registrada en 1994. Adicionalmente, se proporcionarán 9 millones de paquetes de material didáctico.

Seguirá promoviéndose el crecimiento de los servicios de educación escolar en el ámbito rural; se avanzará en la transformación de las escuelas que ofrecen dos o tres grados a planteles de primaria completa, y se establecerá el servicio de secundaria en aquellas localidades que así lo vayan necesitando. Se impulsarán programas integrales de atención en favor de los menores, así como alternativas de alfabetización para adultos de las comunidades de escasos recursos y difícil acceso.

Durante 1995 se dará un impulso sin precedente a la educación indígena. Serán atendidos 266 mil niños a través del Sistema de Educación Indígena, con lo cual se reducirá el número de niños que no tienen acceso a una educación básica adecuada a sus características lingüísticas y culturales. El propósito es que en el año 2000 sea atendida la totalidad de la demanda de este tipo de educación. Por ello, en 1995 serán preparados 2 mil 300 maestros que hablen la lengua de sus alumnos y se elaborarán libros en lenguas indígenas.

Los programas compensatorios han mostrado gran eficiencia para abatir el rezago en educación inicial, preescolar y primaria. Por tal motivo, durante 1995 se ampliarán las acciones de los 3 programas en operación y se incorporará uno más. Con esto, se cubrirán los estados de la República que presentan mayor atraso, entregando 3.1 millones de paquetes de material didáctico, 290 mil libros para escuelas de educación indígena y 12 mil 300 bibliotecas escolares. Asimismo, se otorgarán 4 mil incentivos a docentes que realizan su función en localidades aisladas y de difícil acceso.

Se sentarán bases reales para la educación ecológica, el desarrollo físico y artístico de los niños, incrementando el número de maestros y promoviendo la incorporación formal de estas disciplinas a los programas de estudio de la enseñanza básica. Asimismo, continuarán impartiéndose cursos introductorios de computación y fomentándose el uso de este tipo de equipamiento.

Las acciones planteadas en el presente proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación permitirán incrementar la cobertura de la educación primaria, alcanzando una matrícula de 10.5 millones de alumnos.

Para cumplir el compromiso establecido por el Estado con los escolares que han terminado la primaria, la educación secundaria recibirá un fuerte impulso en esta administración. Este compromiso se deriva del mandato constitucional que elevó la obligatoriedad de proporcionar educación de seis, a nueve años.

En este sentido, durante 1995 la red de televisión educativa Edusat ampliará su rango de difusión a zonas de difícil acceso mediante la modalidad de telesecundaria, a través de los satélites Solidaridad, por lo que tendrá cobertura en todo el país. La red tiene capacidad para atender 40 mil escuelas rurales, con transmisión simultánea en varias lenguas indígenas. En el futuro también se podrá incorporar un programa para telebachillerato. Durante 1995 operarán 10 mil telesecundarias de este tipo, para lo cual será necesario, entre otras acciones, distribuir 2.7 millones más de libros para llegar a un total de 10 millones en el año; así como adquirir sistemas de energía solar y equipos de recepción y reproducción de señales.

Adicionalmente, seguirá mejorándose la calidad de la enseñanza, ya que se continuará con el programa por asignatura en el que se enfatiza el estudio de la lengua española y las matemáticas, así como el de la historia y la geografía.

La población atendida en el nivel de secundaria será de 3.4 millones de alumnos, de los cuales 1.6 millones corresponden a secundaria general, 1.2 millones a secundaria técnica y 630 mil a telesecundaria.

Educación Media Superior y Superior

En las instituciones de educación media superior se fortalecerán los programas de revisión y actualización de los planes de estudio; se apoyará la capacitación y la titulación de los docentes en servicio; y se incrementarán los acervos bibliográficos. Esto, con el fin de orientar adecuadamente la vocación de los estudiantes y garantizar bases sólidas para su futura formación profesional. La matrícula en este nivel educativo llegará a 1.7 millones de alumnos que se verán beneficiados con 38 mil becas.

En la educación profesional media seguirán multiplicándose las opciones terminales y tecnológicas que posibiliten la integración adecuada del educando al mercado de trabajo. En cumplimiento de esta tarea, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) tendrá una destacada participación con sus 264 planteles y 32 opciones técnicas. Para 1995 se implantarán en el sistema educativo escolarizado nuevas opciones terminales y tecnológicas directamente relacionadas con las necesidades productivas regionales.

En materia de educación superior se pretende incrementar año con año, en términos reales, los presupuestos de las universidades públicas y de los tecnológicos, con objeto de atender dos importantes demandas: actualizar los programas de estudio y mejorar el ingreso de los trabajadores de este nivel educativo. Asimismo, el Gobierno Federal reforzará su compromiso de fortalecer la autonomía de las universidades, y de otorgar apoyos que permitan ofrecer estudios basados en la pertinencia y calidad educativa de las distintas áreas académicas.

En educación de posgrado un objetivo primordial será promover la especialización de los profesionistas en sus áreas de conocimiento. Para lograrlo se estimulará la implantación de nuevos programas orientados hacia áreas de interés nacional y regional. La responsabilidad de llevar a cabo estos programas recaerá de manera compartida en las instituciones de educación superior y en los centros de investigación de excelencia.

Se reforzará la vinculación de los distintos niveles de educación tecnológica con el sector productivo para satisfacer las necesidades que plantea el desarrollo económico a nivel regional y nacional.

Capacitación para el Trabajo y Educación para Adultos

La capacitación para el trabajo amplía las oportunidades de empleo, mejora la productividad, desarrolla habilidades creativas y facilita la incorporación del individuo al mercado de trabajo.

Esta administración creará durante 1995 un programa de educación y capacitación laboral dirigido a las mujeres en zonas marginadas de los estados de Chiapas y Oaxaca. Este es el paso inicial de una meta que se propone beneficiar a un millón de mujeres en todo el país, en los tres próximos años.

Será puesto en operación el Sistema Normalizado de Competencia y Certificación Laboral. En él participarán los empresarios para determinar las necesidades de capacitación y los trabajadores para certificar sus conocimientos y habilidades. Con esto se sentarán las bases para reestructurar los mecanismos de capacitación. Así, se contribuirá a elevar la competitividad del sector productivo y a lograr una inserción cada vez más provechosa de México en la economía mundial.

Adicionalmente, se promoverá la creación de centros de enseñanza especiales para discapacitados, a fin de que este esforzado grupo social contribuya de mejor manera con su gran potencial creativo y productivo en la resolución de los problemas que plantea el desarrollo del país.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) transformará sus métodos de operación y fortalecerá los instrumentos para abatir el analfabetismo, principalmente en las zonas marginadas rurales y urbanas. La meta es reducir el analfabetismo, antes del fin de este siglo, a niveles aceptables internacionalmente. Adicionalmente, en 1995 recibirán educación básica 1 millón 622 mil adultos que no tuvieron la oportunidad de cursarla.

Infraestructura Educativa

El Gobierno Federal estableció un firme compromiso en la Ley General de Educación para ampliar la cobertura de la educación básica, para lo cual, la construcción de espacios educativos debidamente equipados es un importante medio para lograrlo. Durante 1995 el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) experimentará un crecimiento de 19 por ciento real en su presupuesto. El 55 por ciento del total de espacios a construir y equipar corresponderán a los niveles de educación básica, principalmente para preescolar y secundaria. Lo anterior en complemento a las acciones de Escuela Digna en el Programa Nacional de Solidaridad.

La ampliación de espacios para preparatorias, colegios de bachilleres, centros de bachillerato tecnológico y aulas universitarias, representará el 35 por ciento de las metas de construcción de este Comité. La construcción del resto de los espacios educativos se destinará a las modalidades de posgrado y capacitación. Asimismo, se canalizarán recursos a la conservación y al mantenimiento. Es importante resaltar que se construirán 1 mil 747 espacios para educación especial, guarderías y albergues en comunidades indígenas, lo que representa el 7 por ciento del programa del CAPFCE en 1995.

Ciencia y Tecnología

La actualización y fortalecimiento científico y tecnológico es una herramienta prioritaria en los esfuerzos de crecimiento económico. Por ello, durante esta administración se le dará un impulso sostenido a estas actividades para que contribuyan de forma relevante en nuestra estrategia de desarrollo.

Los programas y acciones considerados en este proyecto de presupuesto impulsarán las iniciativas de los centros de trabajo para elevar la productividad, como vía para aumentar el ingreso de los trabajadores. Mediante la adopción de medidas fiscales, crediticias y regulatorias se alentarán nuevas formas de asociación entre empresas para su cooperación en proyectos de investigación y desarrollo.

Dentro de esta estrategia se fortalecerán los vínculos con los gobiernos estatales, las universidades públicas y los sectores social y privado, mediante la operación de 9 sistemas regionales de investigación. Estos servirán para desarrollar proyectos específicos en los que concurrirán recursos financieros, con la convicción de fomentar la participación descentralizada en la toma de decisiones.

Continuará impulsándose el Programa de Apoyo a la Ciencia en México (Pacime), que ha servido para desarrollar el conocimiento científico de manera integral al vincular los recursos para proyectos de investigación con los apoyos para infraestructura científica; la formación de recursos humanos; la movilidad de científicos que facilita el programa de cátedras patrimoniales; y los apoyos al amparo del Sistema Nacional de Investigadores.

Asimismo, se fortalecerán los fondos que han contribuido a elevar el nivel de los investigadores nacionales, así como la excelencia académica; los que han permitido que el número de investigadores se incremente, al retenerlos o repatriarlos porque no encontraban en el país condiciones propicias a su desempeño profesional; y los que han servido para financiar los proyectos para el desarrollo de la infraestructura.

A través del programa para otorgamiento de becas seguirá apoyándose a los mejores estudiantes del país para que eleven su nivel profesional tanto en instituciones nacionales como en el extranjero. En este renglón se espera otorgar 13 mil 677 becas durante 1995, que representan 5.9 por ciento más que las de 1994.

Durante este año se incorporarán 1 mil 500 personas más al Sistema Nacional de Investigadores, para llegar a 8 mil 423. Por la importancia de este incentivo a la investigación, dentro del presente presupuesto se han previsto recursos adicionales para continuar fortaleciendo este programa. Asimismo, se analizarán otras opciones para mejorar la retribución de los investigadores que estén fuera del ámbito académico.

Uno de los principales retos derivados de la firma de acuerdos comerciales con otros países es el del desarrollo e innovación tecnológica. Para afrontarlo se fomentarán proyectos de desarrollo tecnológico regionales y por industria a través de los fondos existentes, con la finalidad de apoyar, alentar y facilitar la iniciativa de los particulares.

Adicionalmente, seguirán estableciéndose centros de investigación públicos en aquellas regiones donde los centros privados no ofrezcan los servicios específicos que demanda la micro, pequeña y mediana industria. También se continuarán estimulando empresas a través de distintos programas para que se mantengan permanentemente actualizadas, reforzándose los fondos que proporcionan información y documentación sobre los avances tecnológicos.

Cultura y Deporte

Como parte de la política cultural, se promoverá la integración de contenidos culturales a los programas de estudio de primaria y secundaria, y se avanzará en la descentralización de instalaciones, recursos y actividades hacia los gobiernos locales, por medio del establecimiento de convenios de colaboración y con la creación de Fondos Estatales para la Cultura y las Artes.

Los estudios de alto nivel sobre las artes tendrán un nuevo respaldo, pues se ampliará su participación dentro del Sistema Nacional de Investigadores y del de Creadores de Arte. De esta manera se apoyará a los profesionales de la cultura y a proyectos de investigación para que se eleve la calidad de las expresiones artísticas y se amplíe su difusión a nivel nacional e internacional. En este esfuerzo destaca la operación del Centro Nacional de las Artes, el cual aglutinará en un solo espacio a artistas y creadores de excelencia para el desarrollo armónico de las bellas artes, mejorando a la vez las instalaciones para los estudiantes.

Seguirá fomentándose la preservación y difusión del acervo cultural de nuestro país, por su importancia en la configuración y reafirmación de la identidad nacional. Con tal propósito, en 1995 está previsto realizar 55 mil actividades culturales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) continuará fortaleciendo sus proyectos arqueológicos a fin de que operen adecuadamente.

La formación integral del individuo debe contemplar la práctica deportiva, por ser un elemento fundamental en la conformación y fortalecimiento del carácter, y en el cuidado de la salud. En este rubro, la presente administración se propone fomentar una cultura nacional deportiva, impulsando el deporte estudiantil, el popular y el de alto rendimiento.

Asimismo, se establecerán programas especiales para que las escuelas cuenten con la infraestructura y los recursos humanos necesarios; y se promoverá la práctica deportiva cotidiana en centros de trabajo y en la comunidad en general.

Para el conjunto del Sector Educación, en 1995 se destinarán 4 mil 597 millones de nuevos pesos en gasto de inversión, teniendo como proyectos principales la construcción y equipamiento de 27 mil 017 espacios educativos; el equipamiento de 1 mil 770 telesecundarias; la conservación, rehabilitación, y adquisición de maquinaria e instrumentos nuevos para escuelas en diversos estados; así como el equipamiento de cinco universidades tecnológicas. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dispondrán de recursos adicionales para la construcción y equipamiento de laboratorios, edificios administrativos y equipo de cómputo e informática.

Dentro del presupuesto de inversión del Sector, cabe resaltar las acciones de los programas compensatorios para abatir el rezago educativo (PARE, PAREB, PRODEI y PIARE), a través de los cuales se continuará atendiendo a los estados con mayor problemática. A estos programas se canalizarán 688.1 millones de nuevos pesos.

El presupuesto previsto para el Programa Conalep III por 171 millones de nuevos pesos, se destinará para adquirir y renovar el equipo de los planteles educativos de esta institución, así como para la actualización de sus planes y programas de estudio.

Con los recursos canalizados al INAH para rescate y preservación, habrán de consolidarse durante 1995 los proyectos arqueológicos.

Asimismo se atenderán las necesidades de equipamiento del Centro Nacional de las Artes y las acciones de remodelación del Palacio de Bellas Artes.

Para lograr los objetivos anteriormente planteados, se propone que el gasto del Sector Educación durante 1995 ascienda a 65 mil 500 millones de nuevos pesos, superior en 13.5 por ciento real al de 1994. Con este nivel, el presupuesto del Sector será el más importante dentro del gasto programable total al representar el 24.3 por ciento.

************TABLA, PAG. 1220 Y 1221

Salud y Seguridad Social

La salud es condición indispensable para el desarrollo social y la productividad. Constituye un compromiso para el Estado, cuyo cumplimiento favorece el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, y amplía las oportunidades de progreso de la población. Sólo un país con niños, mujeres y hombres sanos puede aspirar a una verdadera justicia social, a un perdurable bienestar familiar y a una auténtica prosperidad económica.

Entendida no sólo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico, mental y social, la salud tiene gran incidencia en todos los ámbitos de la vida nacional. La ampliación de la cobertura, la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios constituyen una prioridad para el gobierno. Por ello se requiere intensificar las acciones que contribuyan a prevenir, preservar o restituir la integridad y vitalidad de los individuos. La asistencia y la seguridad social complementan a la salud, y cumplen el propósito de atender el bienestar de la población.

Las instituciones prestadoras de los servicios de salud han trabajado intensamente en los últimos años para transformar y elevar su nivel de atención a la población. En 1950 la esperanza de vida en México era de sólo 50 años y en la actualidad es de 71.5. Hace 40 años uno de cada tres mexicanos moría a causa de enfermedades infecciosas y parasitarias; actualmente esa proporción es menor de uno por cada veinte. En 1970 el 20 por ciento de la población total era derechohabiente de las instituciones de seguridad social, mientras que en 1994 esa cifra superó el 50 por ciento. En los años recientes, y como respuesta a los compromisos de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, nuestro país ha logrado erradicar las principales enfermedades que inciden en la mortalidad infantil. Esto ha permitido alcanzar varias de las metas que se habían fijado para el año 2000, como es el caso del combate a la poliomielitis, la difteria y el tétanos.

El Sistema Nacional de Salud cuenta actualmente con 14,500 hospitales, clínicas y centros de salud, en donde se atienden casi a 80 millones de mexicanos. Esta infraestructura y el concurso del personal médico y paramédico permiten otorgar 440 mil consultas diarias.

En los últimos diez años el número de servicios médicos ha presentado significativos incrementos. La consulta externa tuvo un crecimiento de 33 por ciento; la hospitalización de 26 por ciento; y las dosis biológicas aplicadas de 59 por ciento. Por otra parte, dentro del Programa Nacional de Planificación Familiar, las nuevas aceptantes y usuarias de métodos registraron avances de 48 y 96 por ciento, respectivamente.

El personal médico, las enfermeras y los paramédicos han aumentado en el mismo periodo en cerca de 57 por ciento. Lo anterior ha dado como resultado que, al complementarse con los servicios privados, actualmente se cuente con 1.6 médicos por cada mil habitantes. En Latinoamérica, así como en los países desarrollados, existen en promedio 1.2 y 3.1 médicos por cada mil habitantes, en cada caso.

El Sector Salud enfrenta un doble reto: el primero, un patrón patológico y demográfico en plena transformación. El país atraviesa por una transición epidemiológica que se refleja en los cambios en la prevalencia de las principales causas de mortalidad y en el surgimiento de las llamadas enfermedades emergentes como el SIDA, además de las crónico-degenerativas. Por otro lado, la estructura de la población mexicana se ha modificado en virtud de la disminución de la mortalidad y del aumento en la esperanza de vida. Aunado a lo anterior, persisten aún desigualdades en la atención de la población a lo largo del territorio nacional. Esto conlleva serias repercusiones, ya que se requieren servicios médicos y hospitalarios más avanzados.

El segundo reto corresponde a la cobertura de servicios. No obstante que hoy más de 45 millones de mexicanos están cubiertos como derechohabientes por el sistema de seguridad social y 33 millones más reciben servicios de asistencia pública, subsiste el compromiso de atender aproximadamente a 12 millones que todavía carecen de servicios regulares de salud, por lo que es necesario extender los servicios de asistencia pública a este segmento de población. Como primer paso hacia este propósito, se iniciará la elaboración de un padrón computarizado de usuarios no cubiertos por los servicios de salud, a quienes se les expedirá una credencial para acceder a éstos.

Los retos planteados exigen una profunda transformación del Sector que dé un enfoque distinto y privilegie las acciones de mayor impacto social. Esta transformación requiere un esfuerzo conjunto de las instituciones del sector público y la iniciativa de los particulares. Será necesario revaluar la calidad de los servicios médicos y la organización de las instituciones públicas de salud para transformarlas en un sistema que pueda responder ágilmente, que utilice productivamente los recursos y que, sobre todo, proporcione atención cálida a la población demandante.

Es propósito central de esta administración impulsar una política con profundo sentido humanista y apoyar la conformación de un nuevo sistema de salud que aproveche las ventajas de la medicina institucional y la medicina privada. Este sistema deberá asegurar la introducción progresiva de un paquete básico de atención con servicios de salud suficientes, cercanos y de alta calidad.

Por el papel que desempeñan los médicos, paramédicos y demás trabajadores, se realizará un esfuerzo especial para corregir gradualmente el rezago salarial del personal de las instituciones de la Secretaría de Salud (SSA). La estrategia de recuperación salarial deberá reconocer el desempeño, aptitudes y eficiencia del personal.

Política de Gasto Público para 1995

Salud

Uno de los propósitos rectores de la política de salud será atender a la población que vive en condiciones de extrema pobreza y que aún no cuenta con algún tipo de cobertura institucional. La provisión de los servicios se llevará a cabo mediante estrategias de acceso a la población y el reforzamiento coordinado de las acciones que lleven a cabo la SSA y el Programa IMSS-Solidaridad.

Se realizarán esfuerzos adicionales en las comunidades rurales dispersas, primordialmente en la población indígena, y en los núcleos periurbanos marginados, de tal manera que se garantice un nivel suficiente de atención a los grupos más desprotegidos.

Para preservar las facultades físicas y mentales de la población es necesario que cuente con elementos nutricionales mínimos. Esta administración procurará que las familias de escasos recursos tengan acceso a una canasta básica alimentaria. En 1995 se contempla otorgar mensualmente 1.4 millones de despensas familiares que se incrementarán gradualmente hasta alcanzar 2 millones en el año 2000.

Adicionalmente, el DIF impulsará un amplio programa de desayunos escolares con metas específicas anuales, que implicará otorgar 4 millones de desayunos diarios hacia finales de la presente administración. En 1995 se tiene la meta de ampliar en 37 por ciento los desayunos que actualmente se ofrecen, para beneficiar diariamente a 2 millones de escolares.

En materia de control de enfermedades prevenibles se extenderá el Programa Nacional de Vacunación mediante la aplicación de 86.2 millones de dosis, principalmente contra el tétanos, la difteria, el sarampión y la poliomielitis. Se ampliarán las acciones de fomento y difusión de prácticas en contra de enfermedades diarréicas y transmisibles, ya que éste es el método más efectivo para evitarlas. Asimismo, se multiplicarán las actividades que permitan el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de enfermedades crónicodegenerativas como hipertensión arterial, diabetes y cáncer.

Durante 1995 se promoverá el aprovechamiento óptimo de la capacidad instalada y de recursos humanos existentes, a fin de lograr que el número de egresos hospitalarios se incremente en 5.2 por ciento y el de consultas otorgadas en los servicios general, especializado, urgencias y rehabilitación en 8.7 por ciento respecto a 1994.

Garantizar una mayor protección y desarrollo de los niños constituye una meta prioritaria para el Sistema Nacional de Salud. En este contexto, se incrementarán las acciones tendientes a promover la salud del grupo materno-infantil, que comprende a los menores de cinco años y a las mujeres en edad fértil. Durante la presente administración se brindará particular atención al estado nutricional y al crecimiento de estos menores otorgando 14.1 millones de consultas. Las acciones del Programa de Vigilancia de la Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del Niño y del Programa Alimentario para Menores de Cinco Años apoyarán este esfuerzo. Asimismo, se proporcionará vigilancia prenatal a las mujeres embarazadas a través de 8.1 millones de consultas.

Mediante el Programa de Planificación Familiar, el Sistema Nacional de Salud continuará promoviendo durante 1995 la reducción de la tasa de crecimiento de la población, que actualmente se ubica en 1.8 por ciento. Todo ello se hará con respeto a la dignidad y la decisión de la pareja. Asimismo, dará continuidad a las actividades de protección de la salud reproductiva y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. A este respecto, se continuará con las campañas de difusión y se otorgarán 11.8 millones de consultas.

Por otra parte, el Gobierno Federal impulsará acciones en favor de la población no derechohabiente, mediante el Programa de Apoyo a los Servicios de Salud a Población Abierta. (PASSPA-SSA) y el Programa IMSS-Solidaridad. Este último tiene presencia en 18 entidades federativas y ampliará su cobertura en 1.2 millones de personas, alcanzando un crecimiento de 11 por ciento respecto a la población atendida en 1994.

Actualmente los servicios de salud se han descentralizado a 14 estados de la República. A partir de 1995, el compromiso de esta administración es culminar el proceso al hacerlo extensivo al resto de las entidades federativas. No será un proceso de desconcentración, sino un proceso auténtico de descentralización que entrañará una mayor eficiencia operativa del sistema y el fortalecimiento del federalismo. El objetivo será promover una mayor autonomía de los estados y de los municipios en la atención y prevención de los diferentes problemas de salud que localmente aquejan a la población. Para ello, se les transferirán los recursos humanos, materiales y financieros necesarios. Un objetivo primordial es eliminar los desequilibrios regionales que hoy existen en materia de salud; con tal fin, se destinarán mayores recursos a las regiones que muestran rezagos importantes en esta materia.

Se atenderá de manera especial la capacitación a nivel estatal para formar los recursos humanos necesarios que den soporte a la descentralización. Tanto en la etapa de transición, como en la de consolidación de este proceso, deberá mejorar de manera significativa la prestación de los servicios en las unidades médicas.

La atención a la población será más efectiva si se aprovechan los recursos de manera coordinada. Dentro de la política de modernización de las instituciones, se promoverá de manera paulatina la operación horizontal del Sistema Nacional de Salud, a fin de coordinar las acciones de normatividad, recaudación y de servicios que las instituciones vienen realizando por separado. De esta forma, la prestación de servicios podrá realizarse de manera integral, evitando duplicaciones. Con ello se logrará que los servicios públicos de salud lleguen a aquellas regiones donde todavía no se alcanzan a cubrir las necesidades de las comunidades.

La calidad deberá ser un compromiso cotidiano de todas las clínicas y hospitales del Sistema Nacional de Salud. Durante 1995 se implantarán indicadores de evaluación de gestión, así romo programas de conservación y mantenimiento preventivo de la infraestructura de salud, para evitar su deterioro.

Se impulsará el fortalecimiento de la estadística sectorial coordinando a las diferentes instituciones y niveles generadores de información mediante criterios y metodologías uniformes. Asimismo, se buscará mejorar el registro de indicadores que permita retroalimentar los servicios descentralizados para sistematizar y dar mayor permanencia a la información.

Un aspecto fundamental será que los administradores de las unidades médicas cuenten con la capacitación necesaria para ejercer un mejor control en el ejercicio del presupuesto y, simultáneamente, mejorar la calidad de la atención.

Adicionalmente, se establecerán nuevos modelos de organización de servicios que permitan obtener resultados a un menor costo. Un ejemplo es la atención ambulatoria que constituye una alternativa a la hospitalización y los esquemas de atención supervisada en el hogar y en la comunidad.

Con objeto de simplificar y fortalecer sus funciones sustantivas, las instituciones públicas de salud estudiarán la posibilidad de subrogar, mediante licitación, aquellos servicios que puedan ser realizados por terceros a menor costo y con alta calidad.

La presente administración se propone inducir en la población un cambio de actitud ante la relación salud-enfermedad; impulsar una cultura-social hacia la prevención y autocuidado de la salud, así como el conocimiento de los derechos y obligaciones que tienen como usuarios de los diferentes servicios institucionales. Esto se logrará mediante campañas de difusión educativa para la salud dirigidas a los ámbitos individual, familiar y comunitario.

En los aspectos de control sanitario se promoverá la difusión de prácticas higiénicas en el manejo de los desechos para evitar la contaminación del medio ambiente, así como para la preparación de alimentos: A efecto de regular y controlar las emisiones industriales se actualizarán las reglas técnicas y de verificación de instalaciones sanitarias en las industrias.

Con objeto de evitar la instalación en nuestro país de empresas con operación de alto riesgo para la salud, se integrará una comisión con las dependencias del sector público para que vigile, evalúe y prevenga el posible traslado de este tipo de empresas.

Se destinarán más recursos humanos, materiales y financieros para impulsar las labores de investigación científica e innovación tecnológica que realizan las instituciones de enseñanza e investigación y los centros de atención del Sistema Nacional de Salud.

Con el objeto de dar respuesta a un reclamo sensible de la sociedad, a partir de 1995 recibirá un gran impulso la conservación, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de las unidades médicas para hacerlas más decorosas y eficientes. Entre otros proyectos, se construirán, ampliarán, remodelarán y equiparán 461 hospitales y centros de salud, entre los que destacan el Centro Médico de Rehabilitación; el Hospital General de México; el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Alvarez; el Hospital General de Pedregoso en Querétaro; las obras complementarias en el Centro Nacional Hospitalario 20 de Noviembre; así como la remodelación de los Hospitales de Especialidades en Torreón, Guadalajara, Monterrey y Veracruz.

Seguridad Social

El presupuesto para seguridad social contempla recursos para continuar fortaleciendo la política de mejoramiento de las condiciones de vida de los pensionados y de sus familiares. En particular, y como ya se mencionó, a partir del primer día de 1995, el monto de las cuantías mínimas de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social será equivalente al 100 por ciento del salario mínimo que rige en el Distrito Federal.

Estos esfuerzos son de gran relevancia, tomando en consideración que el número de personas en el sistema pensionario crece a un ritmo de 7.2 por ciento anual, por lo que se prevé un incremento en el fondo respectivo. El número de derechohabientes se elevará a 47.3 millones a finales de 1995, de los cuales 1.8 millones serán pensionados y jubilados.

Una acción complementaria a la seguridad social la constituye el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), mecanismo financiero que permite a los trabajadores contar con cuentas individualizadas capitalizables, para el momento de su retiro, cuyos recursos son aportados por los patrones y que generan rendimientos por encima de la tasa de inflación. Dentro de este sistema, destaca la creación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, órgano desconcentrado de coordinación intersectorial, con el cual se logrará una mayor eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, lo que, además, se traducirá en una mayor captación de ahorro interno.

Con la finalidad de propiciar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familias se seguirán proporcionando servicios sociales, culturales, deportivos y recreativos por parte de las instituciones de seguridad social. De igual manera, se protegerá y apoyará al núcleo familiar en momentos de duelo, con el otorgamiento de paquetes funerarios económicos.

Especial atención pondrá esta administración para ampliar la cobertura integral de los servicios de salud y asistencia social para los discapacitados, indigentes y personas de la tercera edad de escasos recursos. Con tal propósito se crearán programas específicos que contribuyan a la integración productiva de estos grupos a nuestra sociedad. Se propondrá la creación del Consejo Nacional de Asistencia Social que tendrá como objetivo principal coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones que tienen comprometidas las dependencias y entidades públicas. Este órgano deberá tener carácter multisectorial y lo coordinará la Secretaría de Salud.

Por otra parte, las estancias de bienestar y desarrollo infantil dedicadas al cuidado y atención de los hijos de las mujeres trabajadoras atenderán a 77 mil infantes en 586 unidades.

Mayor cobertura y mejores servicios de salud, particularmente a los más necesitados, es propuesta y convicción irrenunciable de esta administración. Los servicios de salud y seguridad social, al igual que los educativos, continuarán teniendo prioridad en la distribución de los recursos públicos. De ser aprobado este proyecto de presupuesto, el gasto en salud y seguridad social representará el 22.4 por ciento del gasto total programable.

Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados se somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados un presupuesto para el Sector Salud y Seguridad Social de 60 mil 396 millones de nuevos pesos, superior en 9.9 por ciento real al de 1994. De este monto, 2 mil 687 millones de nuevos pesos corresponden a inversión en el Sector, cantidad que significará un crecimiento del 5.4 por ciento real.

********TABLAS, PAG. 1232

Laboral

La capacitación de los trabajadores desempeña un papel decisivo en la modernización y el cambio estructural del país. El mejoramiento de las capacidades y habilidades de los recursos humanos constituye un factor determinante para hacer frente al cambio tecnológico, fortalecer la productividad y competitividad de la economía y elevar el nivel de vida de la población trabajadora.

Dentro de la política laboral de la presente administración la capacitación permanente de los trabajadores, junto con una mejor educación y servicios de salud, será la plataforma social para elevar su nivel de productividad y, consecuentemente, sus ingresos.

Política de Gasto Público para 1995

Una parte importante de los recursos asignados al sector laboral se orientarán a mejorar e incrementar la capacitación y readiestramiento de la población desempleada a través del Servicio Nacional de Empleo; a promover la capacitación en la pequeña y mediana empresa; y a impulsar la capacitación de la población en activo. Asimismo, se orientarán recursos tendientes a mejorar la procuración e impartición de la justicia laboral y al fomento de la seguridad e higiene en el trabajo.

Conforme a los lineamientos establecidos, se otorgarán 250 mil becas a trabajadores desempleados a través del Programa de Becas de Capacitación a Trabajadores (Probecat), y otra cantidad similar a trabajadores en activo a través del Programa de Calidad Integral y Modernización (Cimo). En total, 500 mil becas que representan un incremento del 43 por ciento en relación a las que se concedieron en 1994. Con ello se logrará no solamente mayores niveles de capacitación y adiestramiento, sino también mayores posibilidades de empleo mejor remunerado.

Asimismo, a partir de 1995 y en el contexto de esta estrategia de capacitación, se dará inicio al Sistema Normalizado de Competencia y Certificación Laboral, conjuntamente con la SEP. Este sistema definirá los contenidos de la capacitación a partir de las necesidades de los sectores económicos y no del perfil de la oferta de servicios que actualmente existe. Además, alentará la participación permanente en su diseño y operación de las empresas y los trabajadores. Aquéllas contarán con la mano de obra acorde con el desarrollo tecnológico y, éstos últimos, con los conocimientos actualizados que se traducirán en mayores oportunidades de superación, permitiéndoles incrementar su productividad y, por ende, su ingreso.

Como parte de las acciones del sector laboral, el Gobierno Federal promoverá que empresarios y trabajadores convengan, con base en criterios definidos, el establecimiento de parámetros de medición de productividad que permitan reconocer y premiar el esfuerzo individual. Adicionalmente, los programas que otorgan créditos para la adquisición de bienes y servicios serán reforzados y, dentro del Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento, seguirá impulsándose el cumplimiento de los compromisos.

Por su parte, en el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte se promoverán actividades conjuntas de cooperación con Estados Unidos y Canadá; y se fortalecerán los instrumentos para promover la observancia de los derechos de los trabajadores.

Para cumplir con estos propósitos se propone un presupuesto para el sector de 969 millones de nuevos pesos, monto que representa un incremento real de 20.1 por ciento respecto al de 1994.

************TABLA, PAG. 1235

Programa Nacional de Solidaridad

El combate a la pobreza y la elevación de los niveles de bienestar de los mexicanos serán la prioridad de la administración que inicia. Este es un compromiso histórico del Estado mexicano y una aspiración de la sociedad.

Ante una población creciente y una sociedad que es ahora mayoritariamente urbana, las demandas sociales se han canalizado a través de diversas vías institucionales. El conjunto de instituciones creadas en los últimos años han dejado un cúmulo de experiencias y personal capacitado que han permitido avanzar en la atención de los problemas sociales, logrando formas de trabajo novedosas y más cercanas a las demandas de la sociedad.

Aún así, persisten tareas pendientes y problemas que requieren solución prioritaria. El propósito es combatir la pobreza y asegurar una mejor calidad de vida para todos los mexicanos mediante la ampliación de los servicios de salud y educación, así como mejorar la nutrición y vivienda. Adicionalmente, se dirigirán esfuerzos para incrementar y diversificar las oportunidades de empleo e ingreso de los grupos de población en situación de pobreza, estableciendo las condiciones que permitan su vinculación eficiente y equitativa al proceso de modernización regional y nacional.

En este contexto, en el Programa Nacional de Solidaridad se llevará a cabo una profunda transformación guiada por el objetivo de descentralizar parte importante de los recursos, así como las decisiones, a las comunidades organizadas y las autoridades locales. De esta manera, se tratará de canalizar los recursos a las prioridades libremente elegidas por la comunidad y fortalecer la infraestructura social y productiva.

Política de Gasto Público para 1995

Para el ejercicio fiscal de 1995 se impulsarán nuevas formas de trabajo para acercarlas más a los ciudadanos y al nivel de gobierno que les es más próximo. La estrategia comprende el fortalecimiento de la capacidad financiera de los gobiernos municipales para que puedan responder con mayor amplitud y flexibilidad a las propuestas de obras y proyectos, tanto sociales como productivos, que surjan de las organizaciones comunitarias.

Asimismo, se consolidarán aquellos programas que tienen un impacto directo e inmediato en las condiciones de vida de los grupos más pobres, como los servicios de agua, drenaje y electrificación, así como el mejoramiento de la vivienda. Especial importancia se otorgará a la nutrición de las comunidades indígenas y de la población en riesgo, como son los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos.

La participación del gobierno municipal, en coordinación con las comunidades organizadas, será fundamental para el diseño, ejecución, control y evaluación de las acciones.

A través del Fondo de Solidaridad Municipal se incrementarán los recursos de inversión a los municipios y se establecerá un mecanismo de trabajo que les permita tomar las decisiones con oportunidad y de acuerdo a los planteamientos de la población. Se fortalecerá la organización social para la planeación participativa y se establecerán los conductos y ordenamientos necesarios para institucionalizar la participación solidaria de la sociedad.

A fin de fortalecer las acciones de Solidaridad en las propias comunidades, se dejará en manos de los municipios la rehabilitación y construcción de los caminos rurales, así como la rehabilitación y mantenimiento de las clínicas y de las unidades médicas rurales. La participación de este nivel de gobierno será fundamental, también, para el Programa de Nutrición de la población de alto riesgo.

En manos de los grupos de productores y la autoridad municipal, el Fondo Productivo Municipal tendrá un gran potencial y podrá responder a las particularidades y necesidades de cada grupo social y región. La vertiente productiva del Fondo de Solidaridad Municipal tendrá el apoyo de Empresas de Solidaridad, a fin de establecer la normatividad y los mecanismos de trabajo que permitan la recapitalización de las Cajas Solidarias, al constituirse en receptoras de los recursos recuperados de los apoyos directos a los campesinos.

Con el Fondo de Solidaridad Municipal se avanzará en la demanda social de fortalecer la capacidad de respuesta de los ayuntamientos a las propuestas de desarrollo de las comunidades. A través de este fondo se cubrirán 2 mil 392 municipios y se ejecutarán más de 32 mil obras y acciones.

Especial atención se dará al desarrollo de las comunidades indígenas con la constitución de un fondo que apoye las propuestas de solución a la carencia de servicios, que impulse el fortalecimiento de sus expresiones culturales y que apoye sus proyectos productivos. Este fondo comprenderá los programas vigentes tales como el de fondos regionales, el del patrimonio cultural y el que se lleva a cabo con los cafeticultores. Se sumarán, además, los recursos que actualmente destina el Instituto Nacional Indigenista (INI) a la operación de las escuelas y los albergues indígenas, así como a los programas de salud para estas comunidades. Adicionalmente, se sectorizará el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) en la Secretaría de Desarrollo Social. Con ello, se dispondrá de un instrumento más para impulsar el desarrollo productivo de esas comunidades.

Con el objetivo de asegurar a la población de escasos ingresos el acceso a los servicios de salud, se propone avanzar en la descentralización de los recursos y de los programas específicos hacia los gobiernos estatales y municipales, con una eficiente coordinación con las instituciones respectivas del Gobierno Federal. Asimismo, se ampliará la cobertura, el equipamiento y la calidad de los servicios de salud, con prioridad en el medio rural y en las colonias populares de todo el país.

Se requiere mejorar la nutrición de los grupos sociales en situación vulnerable, principalmente de los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y lactantes, así como personas de la tercera edad.

A través del Programa de Niños en Solidaridad se apoyará a educandos de nivel básico para que continúen con su instrucción. Se tiene previsto atender a 1 millón 500 mil niños mediante el otorgamiento de becas, además de brindarles asistencia médica y alimentaria.

Por otra parte, el Programa de Escuela Digna prevé rehabilitar y mejorar las condiciones de 25 mil planteles. Las acciones coordinadas en materia de infraestructura educativa permitirán la creación de 8 mil 570 aulas, talleres, laboratorios y anexos.

El programa de servicio social favorecerá la incorporación de pasantes de educación superior y técnica, a tareas de beneficio comunitario. Al respecto se ha previsto otorgar 242 mil becas para apoyar estas actividades.

Los programas y acciones en el renglón de salud favorecerán la atención en las áreas rurales y urbano populares, propiciando el fortalecimiento de la infraestructura, así como la ampliación de la cobertura de estos servicios. Se apoyará la construcción, rehabilitación o equipamiento de 37 Hospitales Generales administrados por los gobiernos estatales; de 7 Hospitales Rurales; 120 Centros de Salud; y 187 Unidades Médicas Rurales.

En materia de servicios urbanos, el proyecto de presupuesto contempla construir, ampliar y rehabilitar 800 sistemas y redes de agua potable y 738 de alcantarillado; incorporar al servicio de energía eléctrica a 3 mil 700 poblados rurales y 600 colonias populares; así como construir banquetas y pavimentar calles en 600 colonias.

El sistema de operación de estos programas tendrá como base el aprovechamiento de la red institucional formada por dependencias federales y estatales, con la coordinación de los gobiernos municipales y la participación directa de las comunidades que requieran este apoyo.

Con el propósito de consolidar y fortalecer la construcción y mejoramiento de vivienda para los grupos sociales más necesitados, se integrará un programa de vivienda digna con apoyos directos a las familias, que complemente las acciones de otros sectores de la Administración Pública Federal. Se propone llevar a cabo la construcción de 10 mil pies de casa y ejecutar acciones de mejoramiento en 300 mil viviendas.

Se propone también dar mayor impulso al Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad, para que a través del apoyo a 5 mil empresas relacionadas con las actividades agropecuarias, forestales, mineras, agroindustriales y de comercialización de básicos entre otras, se llegue a más amplios grupos de productores y zonas del país. Se plantea fortalecer los esquemas de diversificación productiva, de reconversión tecnológica y de comercialización, con el apoyo de procesos de asociación y complementación a nivel local y regional que permitan asegurar la viabilidad de las empresas y abrir espacios en mercados rentables en los que tengan niveles adecuados de calidad y competitividad. En particular se buscará la realización de proyectos conjuntos con los participantes en las Cajas Solidarias, a fin de ampliar el uso de este instrumento financiero.

Las acciones para promover la integración de la mujer a actividades productivas y de beneficio comunitario, considerarán la ejecución de 850 proyectos productivos y 770 de carácter social y de servicios.

En apoyo a la población que emigra en busca de oportunidades de empleo, se propone fortalecer las acciones de un programa de apoyo a la población migrante orientado a generar nuevas y mejores condiciones de vida, y opciones de trabajo en los lugares de origen y destino.

Con el fin de apoyar e impulsar los esfuerzos que diversos sectores de la sociedad realizan para expresar su solidaridad con grupos específicos de la población, se propone la constitución de un Fondo de Participación Social. De esta manera, se estimulará el trabajo de las organizaciones civiles que promueven actividades para discapacitados, jóvenes, mujeres, jubilados, niños sin familia y grupos con problemas de drogadicción.

Se continuará con los programas de desarrollo regional, a fin de aprovechar el potencial de zonas específicas del país con proyectos sociales, de infraestructura y productivos.

Estas acciones se integrarán en un proceso consolidado de los tres niveles de gobierno, en un marco federalista y de coordinación en los respectivos ámbitos de competencia, con la finalidad de asegurar que el conjunto de las políticas y de los programas de gobierno incidan favorablemente en las actividades económicas, la generación de empleo, la elevación del ingreso y la superación constante del bienestar familiar.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se propone asignar 10 mil 676 millones de nuevos pesos para Solidaridad y Desarrollo Regional, lo que representa un incremento del 7.5 por ciento en términos reales, respecto al cierre estimado de 1994.

Programa Social de Abasto

En el marco de la reforma administrativa propuesta, el Programa Social de Abasto será impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social en su carácter de coordinadora de la acción gubernamental en el combate a la pobreza. Por otra parte, las actividades de la Conasupo relacionadas con la comercialización de granos básicos estarán bajo la coordinación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Dentro de las acciones de abasto social cabe incluir aquéllas encaminadas a apoyar a los grupos de menores ingresos a través del Programa Tortilla-Solidaridad. Este esfuerzo beneficiará, con un kilogramo de tortilla diario durante 1995, a 2 millones 300 mil familias con ingresos menores a dos salarios mínimos.

El Sistema Dicconsa fortalecerá la infraestructura de distribución para garantizar el abasto suficiente en zonas rurales y urbanas marginadas. Asimismo, se comercializarán productos básicos y de consumo generalizado a precios socialmente competitivos en zonas de alta marginación.

A través de las empresas del Sistema Dicconsa y con la participación de los Consejos Comunitarios de Abasto se atenderá oportunamente el compromiso de proveer con despensas de productos básicos y de consumo generalizado, accesibles en calidad y precio, a zonas marginadas y comunidades indígenas.

Particular énfasis se dará al fortalecimiento de la Contraloría Social en el abasto popular, para lo cual se fomentará la participación comunitaria.

Los recursos para este Programa ascienden a 3 mil 493 millones de nuevos pesos, superior en 11.9 por ciento en términos reales en relación al cierre observado de 1994.

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Desarrollo Urbano

El acelerado crecimiento de las ciudades implica un triple reto para los diferentes niveles de gobierno. El. primero, es que los asentamientos humanos en las zonas urbanas se desarrollen de manera ordenada; el segundo, demanda que la dotación de servicios básicos como agua, manejo de desechos y construcción de vialidades sea adecuada y suficiente; y, el tercero, consiste en hacer compatibles los dos anteriores con el cuidado del medio ambiente. Enfrentar tales retos conlleva necesariamente un esfuerzo coordinado de los distintos niveles de gobierno y, particularmente, el fortalecimiento de la capacidad municipal.

Asimismo, por la importancia que reviste, durante la presente administración la construcción y adquisición de vivienda tendrá un renovado impulso mediante mecanismos más expeditos y eficaces, y de más opciones para su financiamiento.

Política de Gasto Público para 1995

Para 1995, la política de gasto de Desarrollo Urbano se orientará a favorecer un patrón de desarrollo territorial más equilibrado y a fortalecer la capacidad municipal para promover un crecimiento ordenado de las ciudades. Para ello, se dará un especial impulso a la consolidación de los avances en la redistribución de las actividades en el territorio nacional, y a desalentar la concentración poblacional y económica en las grandes zonas metropolitanas, a través del Programa Cien Ciudades con sus programas específicos de regulación del uso del suelo y administración urbana, reservas territoriales, vialidad y transporte.

Se propiciará la participación de los sectores social y privado para prestar servicios de infraestructura y equipamiento urbano; asimismo, se promoverá la autosuficiencia de los municipios para que, a través de su propia gestión, puedan solucionar internamente sus necesidades e impulsen acciones como las de modernización catastral. En este sentido, se buscará que la prestación de servicios básicos municipales tenga al menos el retorno suficiente para sufragar su mantenimiento y operación.

Para ello, se llevará a cabo un amplio programa de carácter normativo y regulador para la aplicación de la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades federales, estatales y municipales involucradas en el desarrollo urbano se sujeten a los planes y programas en la materia. Se impulsarán las tareas de regulación de uso de suelo y reservas territoriales, vialidad y transporte, renovación urbana de los centros de las ciudades, y continuarán las obras de restauración y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural del país.

De gran importancia será la promoción de acciones en materia de desarrollo de obras y proyectos para el tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, saneamiento de cauces y presas, redes de alcantarillado y colectores pluviales. Se fomentará la participación del sector privado en la construcción de obras y la operación de servicios públicos.

Se buscará dar un mayor dinamismo a la atención de las necesidades habitacionales, mediante la modernización de los instrumentos de financiamiento a la vivienda; una mayor calidad y abaratamiento de los procesos de construcción habitacional; y apoyo y fomento a la autoconstrucción.

La política de desarrollo social emprendida significará más y mejores viviendas; con ese fin, se creará un mercado secundario de créditos hipotecarios y se destinará un importante monto de recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro en apoyo al financiamiento de la vivienda de interés social.

Se fortalecerá la coordinación institucional de organismos federales y estatales de vivienda, principalmente para reforzar los aspectos de financiamiento habitacional, así como realizar adecuaciones al interior de estas instituciones, a fin de incrementar su capacidad de respuesta a las demandas sociales. Asimismo, será necesario incrementar la oferta de suelo para la vivienda de familias de escasos recursos; promover e impulsar mejoras en los procesos de producción y distribución de insumos; continuar con la elaboración y puesta en marcha de instrumentos para la desregulación y disminución de los costos directos y trámites; y atender el patrimonio inmobiliario federal con acciones como la concesión de suelo federal, delimitación y deslinde, y la regularización de la tenencia de áreas federales.

Es indispensable lograr a la brevedad posible el objetivo de construir y mejorar alrededor de 700 mil viviendas al año. En 1995 se hará un esfuerzo extraordinario a fin de alcanzar la meta de construcción y rehabilitación de 350 mil viviendas. Para quienes no tengan acceso al financiamiento institucional, se fortalecerá el programa de crédito a la palabra. Las organizaciones populares y vecinales contarán con apoyo para acceder a financiamientos directos de largo plazo, y con asesoría técnica para proyectos: Los programas orientados a concluir la regularización de la tenencia de la tierra en las áreas urbanas, tendrán un decidido respaldo para que se garantice el patrimonio familiar.

Para ello, en el presupuesto de 1995 se han considerado recursos por 1 mil 096 millones de nuevos pesos.

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Ecología

Para la presente administración, la política en materia ecológica constituye un punto toral para los propósitos del desarrollo social. Esta política considera al medio ambiente como un activo escaso, por lo regular no renovable. Por ello, se busca que el país tenga un desarrollo sustentable; es decir, que atienda las necesidades de la generación actual, sin afectar las condiciones de vida de las futuras.

El crecimiento económico debe estar vinculado con la protección del medio ambiente. La capacidad de la naturaleza para asimilar los procesos de producción y de consumo es limitada. Por este motivo, el crecimiento económico debe ser compatible con la protección ambiental y no debe contribuir al agotamiento y degradación indiscriminada de los recursos naturales. Es necesario reorientar la política ambiental para que sea más equitativa y refleje una auténtica justicia, que obligue a quienes deterioren el medio ambiente a asumir el costo y que beneficie a quienes lo conservan.

Esta política debe reforzar la interdependencia existente entre crecimiento económico y protección ecológica; en su ejecución, sobre la base de una nueva regulación clara y concisa, deberá promover la iniciativa de los particulares, a partir de estímulos e instrumentos fiscales, económicos y financieros adecuados.

Se realizarán nuevos esfuerzos para renovar las instituciones encargadas de normar las políticas de este sector y de descentralizar sus actividades, al tiempo que se promoverá la innovación tecnológica que propicie la protección ambiental y la corrección de los patrones de consumo lesivos para el ambiente.

Política de Gasto Público para 1995

En 1995 las acciones en materia de protección ambiental tenderán a fortalecer el ordenamiento territorial, a fin de orientar adecuadamente la ubicación de las actividades productivas, así como las modalidades de uso de los recursos naturales.

Para ello, se realizarán 43 estudios de ordenamiento ecológico del territorio. Con ellos se tendrá la base para determinar la densidad y formas de uso del suelo, las áreas a conservar y a restaurar. Se buscará que las acciones de ordenamiento sean acordadas y consensadas entre los distintos niveles de gobierno, grupos sociales y productores.

Se ampliará y fortalecerá el programa de descentralización de la gestión ambiental que permita a los estados y municipios cumplir con sus responsabilidades ambientales. De esta manera, se mejorarán los mecanismos de coordinación entre la autoridad federal ambiental y las autoridades estatales.

Para continuar con el esfuerzo de protección y conservación de los recursos, se fortalecerá el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, buscando su mejor funcionamiento y superando los problemas operativos que enfrenta, tales como los agrarios, la falta de indemnizaciones, la indefinición o los conflictos derivados de los derechos de propiedad, y el financiamiento.

A fin de mejorar la conservación de la biodiversidad, se fortalecerá la normatividad respectiva y se fomentará el aprovechamiento racional de la flora y la fauna: silvestre, fluvial, marítima y lacustre.

La política ambiental tiene como fundamento un ambicioso programa de normalización que, para 1995, prevé el diseño y expedición de 32 nuevas normas oficiales mexicanas orientadas a regular actividades relacionadas con la emisión de contaminantes a la atmósfera, descargas de aguas residuales, manejo de residuos peligrosos, ruido y uso de recursos naturales: Estas tareas se ejercerán a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización Ambiental, con la participación de los distintos sectores de la población.

Se ampliará, perfeccionará y aprovechará el procedimiento de licencias de funcionamiento, conformando un sistema de información que permita evaluar de manera oportuna y fidedigna el desempeño ambiental de la industria, con base en parámetros claros de comportamiento.

Se desarrollarán normas específicas para el manejo y seguimiento de los residuos generados dentro del territorio nacional, así como para el movimiento transfronterizo de los mismos, de tal forma que se cubran todas las etapas: transporte, almacenamiento, reciclaje, confinamiento y destrucción. Estos esfuerzos se redoblarán en la frontera norte, a la luz de las nuevas condiciones y compromisos bilaterales qué ha suscrito México.

El Instituto Nacional de Ecología (INE) participará en los trabajos conjuntos (EPA-Sedesol) sobre el programa ambiental fronterizo, y en el análisis y cumplimiento de las obligaciones derivadas de diversos convenios y acuerdos internacionales sobre residuos peligrosos de los cuales México es signatario, tales como el Convenio de Basilea, el de Londres, el de Cartagena y el Acuerdo de La Paz.

Para el mejoramiento de la calidad ambiental se consolidará el funcionamiento del laboratorio central del INE, como laboratorio de referencia y análisis para el sistema de información de la calidad ambiental, y como apoyo a los programas de normalización. En materia de cooperación internacional, un número importante de proyectos serán atendidos a través de programas de administración de calidad ambiental.

Se estrechará la vinculación con las instituciones de investigación para el fomento y realización de estudios, y la transferencia y adaptación de tecnologías, que propicien cambios hacia procesos productivos eficientes y con calidad ambiental. Asimismo, se fortalecerán los programas de educación ambiental y de capacitación.

Los programas regionales de calidad del aire serán fortalecidos para que generen información sobre la evolución de las emisiones contaminantes, el análisis de sectores de actividad urbana, y para que se amplíen las redes de monitoreo y las unidades móviles. Ello implica un gran esfuerzo de capacitación y descentralización, así como un trabajo conjunto con universidades y centros regionales de investigación.

El servicio de evaluación del impacto ambiental es un instrumento estratégico de política ecológica. Para hacer más eficiente su operación, se revisará el padrón correspondiente para integrar un colegio de profesionales en la materia que apoye la generación de programas técnicos, y en el seguimiento al componente ambiental de los programas y políticas sectoriales de dependencias y entidades del sector público. En este último aspecto, se fortalecerá la coordinación con otras áreas del Gobierno Federal a través de mecanismos que permitan incorporar el componente ambiental en los programas y políticas sectoriales de las instituciones públicas, además de fortalecer los instrumentos actuales de coordinación como son los convenios, acuerdos y comisiones.

De igual forma, se institucionalizará la Unidad de Protección al Ozono y se propiciará que opere con recursos propios, y no sólo con donaciones. Esta incrementará su capacidad de identificación y formulación de proyectos, así como de promoción industrial y análisis técnico.

La conservación de los recursos naturales, así como el impulso que la presente administración le dará a la ecología, hace necesario modificar el marco interinstitucional a fin de unificar políticas, avanzar en la normatividad, e incrementar la capacidad de acción del Gobierno sobre estos aspectos.

Por lo anterior, se ha propuesto crear la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Esta Secretaría agrupará las funciones sobre estas materias que estaban dispersas en distintos organismos y entidades, en especial las atribuciones normativas y de vigilancia. Asimismo, se fortalecerá la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Los recursos destinados a la protección del medio ambiente, incluyendo los que otras dependencias y entidades erogarán en la materia, ascenderán a 2 mil 734 millones de nuevos pesos.

Agua Potable

Dentro de la estrategia de gasto público en materia de Desarrollo Social, el agua potable constituye un rubro de atención prioritaria. En años recientes, más de 16 millones de mexicanos se han beneficiado del acceso a este vital líquido. No obstante, el objetivo de elevar el bienestar familiar no estará plenamente satisfecho mientras importantes núcleos de población no reciban los beneficios del agua potable.

Ello adquiere mayor relevancia, al considerar que de la adecuada disponibilidad del agua potable dependen actividades y renglones estratégicos del desarrollo nacional, como la salud y la alimentación.

Política de Gasto Público para 1995

En este Sector sólo podrán concretarse avances significativos en, la medida en que se amplíe la cobertura del servicio y la regularidad del suministro; se mejore la calidad del líquido; y se generalicen las acciones en materia de saneamiento.

En la actualidad, la población urbana del país recibe alrededor de 170 metros cúbicos por segundo (m³/s) de agua potable y genera aproximadamente 115 m³/s de aguas residuales, de las cuales solamente el 15 por ciento recibe tratamiento. Por ello, para 1995 las acciones del Gobierno Federal se centrarán en ampliar el acceso al agua potable y la infraestructura de drenaje. Así, para el presente ejercicio fiscal, a través de las obras previstas por la Comisión Nacional del Agua, se aumentará el suministro de agua potable en 3.3 m³/s, y se incrementará la operación de acueductos para llegar a 35.2 m³/s.

De esta manera, se darán pasos firmes hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos para que en el año 2000, todas las comunidades de más de mil habitantes cuenten con agua potable y aquellas localidades con menos de un millar de habitantes con tomas de agua. A nivel regional, estas acciones atenderán de manera prioritaria zonas rurales de los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Con el Programa de Agua Limpia, que ha mostrado ser una herramienta efectiva para prevenir enfermedades como el cólera, el Sector continuará dando particular atención a las tareas de desinfección en importantes centros poblacionales.

La instrumentación de la política de administración integral del agua ha requerido un proceso continuo de análisis y actualización del marco jurídico que norma y regula la participación del gobierno y de los diferentes sectores de la sociedad. En este sentido, para 1995 se propiciará la participación de los sectores social y privado en las inversiones para la expansión, rehabilitación y operación de la infraestructura; así como en el suministro, distribución y saneamiento de agua. Elementos importantes para el éxito de estos esquemas tienen que ver con la promoción de fuentes alternativas de financiamiento, así como con la elevación de la autosuficiencia de los organismos operadores.

Se establecerán compromisos precisos con las ciudades medias del país para contar con plantas de tratamiento de aguas residuales, organismos operadores autossuficientes y padrones de usuarios actualizados. En concreto, durante 1995 se habrán de iniciar por lo menos diez proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales y sus colectores asociados en ciudades medias bajo modalidades de mezcla de recursos públicos y privados, destacando las correspondientes a Acapulco, Gro. y Morelia, Mich. En este esfuerzo participará activamente el Fondo para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Básica.

La Comisión Nacional del Agua continuará fortaleciendo la operación del Sistema Cutzamala para atender los problemas de abastecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México y racionalizar la explotación del manto acuífero. Asimismo, iniciará un ambicioso proyecto integral de saneamiento de la Cuenca del Valle de México que prevé el tratamiento de la totalidad de las aguas residuales que se generan en esta concentración urbana. Para ello, se concluirán los estudios correspondientes y se iniciarán en 1995 las primeras obras que incluirán plantas de tratamiento, drenaje y colectores. Se terminará con los cauces a cielo abierto, considerando el entubamiento del Gran Canal; en este proyecto se promoverá la concurrencia de la inversión pública y privada.

Otro proyecto de particular importancia a nivel urbano se localiza en la zona metropolitana de la Ciudad de Guadalajara; al respecto, se impulsará, el proyecto La Zurda-Calderón, con lo que se cubrirán las necesidades de agua potable de esta ciudad y se apoyará la recuperación del embalse del Lago de Chapala.

La Comisión Nacional del Agua, en coordinación con Banobras y el Programa Nacional de Solidaridad, continuará realizando estudios y ejecutando proyectos que permitan proporcionar agua potable a las colonias populares y a las poblaciones rurales, en el marco del Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que a su vez prevé una participación fundamental de los otros dos niveles de gobierno.

Para emprender estas obras de construcción y ampliación de sistemas de agua potable: la operación y suministro de agua potable; el fortalecimiento del programa de Agua Limpia a nivel nacional; y el tratamiento de aguas residuales, incluyendo la realización de los estudios de preinversión para las obras del Saneamiento de la Cuenca del Valle de México, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 1995 para la Comisión Nacional del Agua prevé un monto de inversión por 878 millones de nuevos pesos.

La importancia que reviste el agua potable exige fortalecer el marco institucional para facilitar y dar mayor congruencia a los esquemas normativos y de regulación en la materia. En respuesta a ello, se ha planteado que la Comisión Nacional del Agua quede sectorizada en el ámbito de la nueva Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través de la cual se llevará a cabo el diseño de la política en materia de agua.

Con la finalidad de alcanzar las metas planteadas en el Sector Desarrollo Urbano, Ecología y Agua Potable, el presente proyecto contempla una asignación de recursos por 7 mil 700 millones de nuevos pesos, lo que representa un incremento real de 1.7 por ciento respecto al cierre estimado para 1994. El gasto de inversión para este Sector asciende a 6 mil 143 millones de nuevos pesos, que es mayor en 7.9 por ciento en términos reales al cierre del año anterior.

*************TABLA, PAG. 1253

DESARROLLO RURAL

En el México de hoy, más de la cuarta parte de los mexicanos reside en el campo. En el sector rural vive cerca del 60 por ciento de la población más pobre del país, constituida principalmente por campesinos y jornaleros agrícolas.

El campo ha resentido una profunda crisis que se prolongó casi un cuarto de siglo, resultando en muchos casos en descapitalización y pobreza. En este sector la productividad y el ingreso promedio representan una cuarta parte en relación al de otros sectores de la economía. Esta baja productividad se asocia a la falta de tecnología adecuada a las características de cada región, así como a condiciones educativas y sanitarias deficientes.

Por lo anterior, la estrategia de desarrollo nacional con justicia social encuentra en el medio rural uno de sus principales focos de atención. El campo mexicano enfrenta grandes retos: la superación de la pobreza y el avance productivo. La corrección de estos dos problemas es el único medio para elevar el bienestar de la familia campesina.

Una vez concluida la reforma al marco legal para acelerar la modernización del sector rural, es necesario consolidar los avances logrados dando permanencia a las políticas de promoción, tanto de la producción, como de la productividad agropecuaria y forestal, así como a las de bienestar de la población rural.

Por ello la política de gasto del sector rural dará énfasis a la consolidación del esquema de apoyo directo a los productores agrícolas, al fomento de las obras de infraestructura necesarias para apoyar la producción agropecuaria, al desarrollo tecnológico, a la capacitación, a la modernización de la comercialización, al fortalecimiento de los esquemas de financiamiento y seguros, y a la conclusión del problema del rezago agrario.

Política de Gasto Público para 1995

En 1995, la política de desarrollo rural orientará sus acciones para que el campo mexicano mejore su viabilidad, al compensar las prácticas de subsidio que se llevan a cabo en la mayoría de los grandes países productores y exportadores. Con esta finalidad se deben privilegiar los apoyos directos, a fin de que los recursos lleguen efectivamente al productor para su aplicación en los proyectos que convengan a sus intereses.

En este sentido, al ser Procampo un instrumento eficaz para apoyar a los productores agrícolas, esta administración promoverá ante el H. Congreso de la Unión su permanencia durante quince años, bajo reglas claras, precisas y sustentadas en principios de equidad y eficiencia.

Como parte de las acciones del Procampo, en 1995 se incrementará en 15 por ciento el pago mínimo por hectárea cultivada, para establecerlo en 380 nuevos pesos en el ciclo otoño-invierno 94-95. En el ciclo primavera-verano 95 dicho pago alcanzará los 400 nuevos pesos, beneficiando a los productores de 14.9 millones de hectáreas. Adicionalmente, en el próximo año los precios de garantía se mantendrán en los niveles de 600 y 1 mil 600 nuevos pesos por tonelada de maíz y de frijol, respectivamente. El presupuesto asignado al Procampo, incluyendo las compras nacionales de granos que efectúa Conasupo, asciende a 12 mil 638.8 millones de nuevos pesos, cifra superior en términos reales a los 11 mil 700 millones asignados en 1994.

La estrategia para la agricultura tiene como propósito fundamental el incremento de la productividad; la incorporación de nuevas áreas de riego y temporal; y la integración con la industria a través de los sistemas agroindustriales y alimenticios. Por ello, se promoverá el uso de nuevas tecnologías; se fomentará el mejoramiento de la sanidad; se modernizarán los esquemas de comercialización directa entre productores y mayoristas; y se continuará con la descentralización de funciones y con el incremento de recursos a los programas de capacitación integral.

La capitalización del campo se inicia con el fortalecimiento de su infraestructura, lo que permite incrementar su rentabilidad, facilitar el acceso al crédito, favorecer el uso de insumos modernos y elevar en forma permanente su productividad.

Se brindará un importante apoyo a los productores de riego y temporal. Respecto a los primeros, se reforzará el Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía para racionalizar su consumo, y se intensificarán otros para que en las zonas de riego por bombeo se cultiven productos de alto valor. En las áreas de temporal, la construcción de infraestructura deberá realizarse bajo un enfoque regional, que coadyuve a incrementar la producción y disminuir el riesgo de producir en condiciones de incertidumbre.

Para el desarrollo de áreas de riego, en 1995 se destinarán 1 mil 558.6 millones de nuevos pesos. Se espera incorporar al riego 43 mil 300 hectáreas con el avance en obras de irrigación mayor y menor. Entre los proyectos a desarrollar destacan: Andrés Figueroa y Hermenegildo Galeana en Guerrero; Baluarte, Elota-Piaxtla, Río Sinaloa y Río San Lorenzo 2a. Etapa en Sinaloa; y Coahuayana en Colima. Además, se ejecutarán acciones de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de riego en 88 mil 100 hectáreas entre las que destacan las modernizaciones en Colonias Yaqui y Mayo en Sonora; Morelia-Queréndaro y Cupatitzio-Tepalcatepec en Michoacán; Valle del Carrizo y Río Fuerte en Sinaloa; Delicias en Chihuahua; así como los proyectos Río Colorado en Baja California; Alto Río Lerma en Guanajuato y el proyecto de riego parcelario a nivel nacional. De igual forma, se apoyará la conservación y mantenimiento de los distritos de riego en 3.2 millones de hectáreas, así como su transferencia.

Se continuará con el desarrollo de infraestructura agrícola en áreas de temporal, programándose atender una superficie de 43 mil 400 hectáreas, continuando los proyectos Pujal-Coy 2a. Fase en San Luis Potosí y Tamaulipas; Plan Chiapas; y el Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo (Proderith).

Otro de los mecanismos para modernizar y capitalizar al campo, lo constituye el flujo de recursos hacia estas actividades en condiciones adecuadas. La elevación de la rentabilidad de la actividad agropecuaria deberá atraer una mayor canalización de inversión privada y financiamientos que fortalezcan su modernización. En este sentido, durante 1995 los productores deberán contar con financiamientos y plazos acordes a las condiciones propias de la actividad, y con tasas que paulatinamente resulten competitivas a nivel internacional.

El proceso de transformación que ha experimentado el sistema financiero y de seguros que atiende al campo ha hecho más transparentes y efectivos los instrumentos de apoyo a las actividades productivas del sector. Lo anterior ha contribuido, además de incrementar la cobertura de crédito, a especializar los servicios financieros en función de las características específicas de los productores.

Para 1995 los organismos de fomento, como Banrural, FIRA y Agroasemex, continuarán atendiendo a aquellos agricultores cuyos niveles de productividad aún requieren de apoyos financieros y seguros para consolidar su adecuada capitalización; para tal fin, se canalizarán apoyos fiscales del orden de 1 mil 795 millones de nuevos pesos. El Programa de Solidaridad continuará apoyando a productores cuyas características no les permiten acceder a los esquemas de crédito bancario.

Complementariamente, el Fondo de Capitalización de Inversión del Sector Rural (Focir) promoverá la asociación productiva mediante asesoría técnica y capital de riesgo en proyectos productivos, para lo cual contará con recursos fiscales por 100 millones de nuevos pesos.

Es indispensable dar certeza a la tenencia de la tierra ejidal, comunal y pequeña propiedad. En 1995, se avanzará en el abatimiento del rezago agrario. Con las acciones a realizar se consolidará el régimen que regula las distintas formas de tenencia de la tierra, al concluir el desahogo de expedientes agrarios que se encuentran en diversas etapas procesales.

De manera conjunta, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el INEGI, continuarán con las tareas de certificación de parcelas y de derechos sobre terrenos de uso común, así como con la titulación de solares urbanos en ejidos y comunidades. Este programa (Procede), cuenta con un presupuesto de 1 mil 025 millones de nuevos pesos. El objetivo es terminar antes del año 2000 este esfuerzo de certificación, que es el más grande en la historia de México y no tiene precedente en ningún país del mundo.

Adicionalmente, la Procuraduría Agraria continuará sus tareas de asesoría a núcleos agrarios y de resolución de controversias que pudieran surgir entre los productores del sector rural. Para cumplir con estos objetivos el organismo contará con 225 millones de nuevos pesos.

El Registro Agrario Nacional ejercerá un presupuesto de 108 millones de nuevos pesos para la expedición de los certificados legales de derechos agrarios. Asimismo, intensificará los trabajos para actualizar y mantener vigente el catastro rural.

El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, en el marco de un proceso de reestructuración, aplicará recursos financieros provenientes de las indemnizaciones a los núcleos agrarios que sean afectados. También supervisará la reversión de tierras en caso de que la promovente no cumpla con el destino original de la expropiación o no se ajuste al plazo que señale la Ley Agraria. Por su parte, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra continuará con los trabajos para regular los asentamientos humanos en las áreas urbanas.

Los Tribunales Agrarios continuarán su labor de resolución de conflictos en límites, dotación de tierras y ampliación de ejidos. Para ello, contarán con un presupuesto de 152 millones de nuevos pesos. Estos Tribunales enfocarán sus acciones a través de dos programas sustantivos: el de impartición de justicia y vigilancia de la legislación agraria, y el de promoción de la justicia en el campo. Realizarán foros nacionales orientados a difundir el nuevo derecho agrario y la organización de un mayor número de campesinos, y continuarán con la estrategia denominada Justicia Itinerante, que implica el traslado de los magistrados a los ejidos, comunidades o pequeñas ciudades, permitiendo una mejor, procuración de justicia agraria.

En materia de productividad del campo, el Ejecutivo Federal se propone impulsar la modernización tecnológica, procurando una mayor vinculación entre centros de estudio e investigación y los requerimientos reales del sector rural.

En este sentido, se procurará que los resultados de las investigaciones agropecuarias se traduzcan en beneficios a la producción. Para ello el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) se reestructurará para vincular de una mejor manera sus investigaciones con las necesidades tecnológicas de los productores. Las acciones de investigación y desarrollo de tecnología se apoyarán con 334.5 millones de nuevos pesos destinados a la promoción y validación de 92 paquetes tecnológicos y a la realización de 5 mil 100 investigaciones agropecuarias y forestales.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de Posgraduados, la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" y el Colegio Superior Agropecuario del estado de Guerrero, destinarán 519 millones de nuevos pesos para la preparación de alumnos de nivel medio, superior y de posgrado en las distintas disciplinas agronómicas.

La capacitación del sector rural es fundamental para el incremento de la productividad. Sólo con un gran esfuerzo en capacitación, el campo podrá enfrentar adecuadamente las tareas de reconversión. Esta capacitación debe rebasar el ámbito de la actividad agropecuaria y promover la presencia de los agricultores en los sectores industrial, comercial y de servicios, para lo cual se requiere una importante participación de instituciones privadas y sociales.

Así, los objetivos de reconversión y modernización productiva del campo encuentran en la capacitación una herramienta esencial para su logro. En consecuencia, es necesario dedicar recursos crecientes a esta importante actividad. Los recursos programados para capacitación se destinarán para impartir en todo el país 1 mil 826 cursos de capacitación técnica, administrativa, agropecuaria y forestal.

La eficiente comercialización de los productos agrícolas es un elemento fundamental dentro de la política agropecuaria. Actualmente los productores pierden ingresos por el excesivo intermediarismo. Es necesario actuar de inmediato para poder lograr un sistema moderno y equitativo de comercialización. Con estos fines, se pondrá en marcha la bolsa agropecuaria, y se fortalecerán los sistemas centrales de abasto y redes de frío.

En lo que respecta a la promoción de las exportaciones, se alentará la creación de mecanismos de participación y asociación de empresas comercializadoras nacionales para competir a nivel internacional. Asimismo, las organizaciones de productores contarán con apoyos para, en su caso, presentar demandas concretas ante prácticas desleales de comercio.

Para las actividades de regulación y fomento agrícola se destinan 561 millones de nuevos pesos, con lo que se espera realizar alrededor de 1 millón de inspecciones, expedir 84.2 miles de certificados de calidad de productos e insumos y realizar campañas fitosanitarias en 5.5 millones de hectáreas.

En materia pecuaria se propone destinar 254.4 millones de nuevos pesos para proporcionar asistencia técnica a los productores, vigilar y proteger al ganado contra enfermedades, y mantener el combate a la abeja africana, entre otras acciones.

El fomento a la producción forestal se basará en una mayor eficiencia y racionalidad en la explotación de los recursos. Con tal fin, en el presente ejercicio fiscal se erogarán 150 millones de nuevos pesos para: expedir 39 mil permisos para aprovechamiento forestal; brindar asistencia técnica a casi 1.9 millones de productores; detectar y combatir plagas y enfermedades en un millón de hectáreas; reforestar 46 mil hectáreas; controlar y vigilar 27 millones de hectáreas; y prevenir y combatir incendios forestales.

A fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas señalados, el presupuesto asignado al Sector Desarrollo Rural asciende a 17 mil 574 millones de nuevos pesos, lo que representa un incremento anual de 5.1 por ciento en términos reales. El gasto destinado a la inversión en infraestructura asciende a 3 mil 021 millones de nuevos pesos, con un crecimiento real de 5.9 por ciento.

************TABLA, PAG. 1261, 1262 y 1263

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Un eficiente sistema de comunicaciones y transportes, así como la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura y el equipo, constituyen elementos determinantes para avanzar sólidamente en el desarrollo económico del país.

En este sentido, durante los siguientes años se tendrá que acelerar el proceso de modernización del Sector: Para ello se fortalecerán, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las funciones normativas, de fomento, y de coordinación sectorial; se apoyará la autonomía de gestión de las entidades del sector, así como sus programas de cambio estructural; y se promoverá la participación complementaria de la inversión privada en aquellos proyectos que por su naturaleza así lo permitan.

Asimismo, se reforzarán las acciones tendientes a mejorar la infraestructura, asignando recursos sin precedente a los programas de mantenimiento y rehabilitación de carreteras, tanto federales como rurales. También se dará prioridad a un gran programa de construcción y modernización de carreteras federales, considerando su importante efecto sobre la creación de empleos y el desarrollo regional. Por lo que se refiere a los ferrocarriles y a la infraestructura aeroportuaria, el énfasis se dirige a las actividades de mantenimiento y equipamiento.

Política de Gasto Público para 1995

Para 1995 el sector tendrá como objetivos principales dotar de la infraestructura necesaria al país en beneficio de la población y satisfacer las demandas que genera el desarrollo nacional. Estas demandas se cubrirán mediante la modernización y conservación de la infraestructura existente, así como con una mayor calidad y eficiencia de los servicios que ésta proporciona. Se modernizará y ampliará la infraestructura en telecomunicaciones para dar un gran impulso a la integración entre las diversas regiones del país, lo cual permitirá un México mejor comunicado.

En materia de infraestructura carretera, el presupuesto asignado para 1995 alcanza un monto de 5 mil 127 millones de nuevos pesos. Se atenderá fundamentalmente la conservación y el mantenimiento de los 46,600 km de la red carretera federal, con objeto de mejorar las condiciones de vialidad de dicha red. Con tal fin se asignarán 1 mil 912 millones, monto que representa, en términos reales, un incremento de recursos de 43.8 por ciento respecto a 1994.

Igual atención recibirá la construcción de nuevas carreteras troncales, programa al que se destinarán 2 mil 492 millones de nuevos pesos y en el que destaca la continuación de las siguientes carreteras de gran impacto para el desarrollo regional: Ocozocoautla-Cosoleacaque; Fronteriza del Sur en Chiapas; Huejutla-Chicontepec-Alamo; Magdalena de Kino-Tubutama; Guachochic-Creel; Guadalajara-Colotlán-Tepetongo; Ameca-Mascota; y los libramientos de Apizaco en Tlaxcala y de Tabasco en Zacatecas, entre otras.

Con una asignación de 723 millones de nuevos pesos se llevará a cabo la modernización de varias carreteras, entre las que destacan Querétaro-San Luis Potosí; Morelia-Pátzcuaro; Monterrey-Tampico; Aguascalientes-Calvillo; Aguascalientes-Rincón de Romos; SonoytaPuerto Peñasco; Pátzcuaro-Uruapan; Cancún-Tulum; y ChetumalEscárcega.

Destaca también el inicio de la construcción de la carretera de altas especificaciones entre Morelia y el puerto Lázaro Cárdenas, la cual incorporará a vastas regiones del estado de Michoacán y la actividad comercial de este importante puerto del Pacífico.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) orientará sus esfuerzos a la rehabilitación de 164 km de pavimentos; la continuación de terceros carriles; y las labores de conservación, modernización y operación de la infraestructura a su cargo. Su gasto programable previsto para 1995 asciende a 1 mil 326 millones de nuevos pesos. Adicionalmente, Capufe atenderá sus compromisos de participación en proyectos carreteros concesionados.

El Fideicomiso para la Comisión Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas (Conacal) dirigirá sus actividades a la construcción de 372 km y a la modernización y ampliación de otros 131 km de carreteras alimentadoras y caminos rurales.

Se continuará con el Programa Nacional de Autopistas que considera, para 1995, la terminación de varios proyectos en ejecución entre los que destacan las carreteras Cadereyta-Reynosa; Mexicali-Tecate; Acatzingo-Esperanza-Cd. Mendoza; México-Tuxpan; y Agua DulceCárdenas, entre otras. Asimismo, se apoyará el inicio de otros proyectos de alta prioridad que permitan incidir en el desarrollo regional y completar ejes troncales hacia ambas fronteras, así como del este al oeste.

En materia de ferrocarriles se han racionalizado estructuras; fortalecido funciones comerciales; suprimido servicios improductivos; y cerrado instalaciones innecesarias. En 1995 Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) orientará sus acciones a la ampliación de la fuerza tractiva y el equipo de arrastre, así como a la conservación de la infraestructura. Con estos esfuerzos se atenderá la demanda de 52.7 millones de toneladas netas en el servicio de carga y de 8 millones de pasajeros. El cumplimiento de estas metas se apoyará en la consolidación del proceso de cambio estructural. Dicho cambio se logrará, por una parte, con acciones operativas y comerciales como los convenios de transporte con usuarios, el mayor movimiento de trenes unitarios y el funcionamiento de nuevas terminales multimodales; y por la otra, con la promoción de la participación del sector privado dentro del marco constitucional, en el servicio de mantenimiento de locomotoras y equipo de arrastre.

El gasto programable previsto para Ferronales alcanza un monto de 5 mil 191 millones de nuevos pesos, del cual, 26 por ciento corresponde al gasto de inversión, representando éste un incremento anual de 15 por ciento en términos reales.

En materia de transporte aéreo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) dará atención prioritaria a la conservación y modernización de sus instalaciones, con el propósito de atender de manera más eficiente a 56.7 millones de pasajeros y 1.6 millones de operaciones aéreas. Asimismo, se ampliarán edificios terminales y plataformas de aviación comercial. Destacan la remodelación y ampliación de los edificios terminales de los aeropuertos de Tepic, Tijuana, Morelia y Veracruz. Para estos fines se asignará a la entidad un presupuesto de 923 millones de nuevos pesos. Durante 1995 se concluirán los estudios para la localización del aeropuerto alterno de la Ciudad de México y se definirán los términos de su financiamiento.

A través de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), se atenderán 14.2 millones de operaciones de control de tránsito aéreo y se proporcionarán 2.4 millones de informes metereológicos para la navegación aérea.

En el ámbito portuario se concluirá la descentralización de la administración de los principales puertos del país, mediante la consolidación de las Administraciones Portuarias Integrales (Apis). Una vez constituidas las Apis se procederá en 1995 a concesionar terminales y servicios portuarios en un marco de competencia. Asimismo, se seguirá atendiendo la conservación y modernización del señalamiento marítimo.

Telecomunicaciones de México (Telecomm) continuará impulsando la modernización y la expansión de los sistemas de telecomunicaciones del país, a través de la obtención de tecnología de punta a nivel mundial. Este avance se concretará con la conclusión del proyecto de la banda L, que sirve para la interconexión entre puntos móviles a través del Sistema de Satélites Solidaridad. Para tales fines se asignará un gasto de 925 millones de nuevos pesos.

En 1995 y con base a lo dispuesto en el título de concesión de Teléfonos de México, se procederá a emitir las reglas que regirán, en su momento, la apertura de los servicios de telefonía local y de larga distancia nacional e internacional, con objeto de propiciar la competencia, mejorar la calidad del servicio, incrementar la cobertura del mismo y acceder a una gama más amplia de modalidades tecnológicas y servicios.

Se impulsará el Programa de Telefonía Rural que permitirá ampliar la cobertura de este medio de comunicación a 2 mil poblaciones menores de 500 habitantes para lograr su integración al desarrollo del país.

Se continuará con la administración del Espectro Radioeléctrico y la operación y mantenimiento de la Red Nacional de Radiomonitoreo con sus 52 estaciones fijas, 11 móviles y su centro de control, a fin de vigilar la correcta operación de los sistemas radioeléctricos.

Dada la rapidez en el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones se plantea la necesidad de crear una comisión reguladora de telecomunicaciones con objeto de regular, supervisar y administrar los aspectos medulares de este sector.

El Servicio Postal Mexicano (Sepomex) orientará sus actividades hacia el fortalecimiento de la atención a la demanda, proporcionará el servicio de correo a la población del país poniendo especial interés en las colonias populares y las comunidades rurales. Para lograrlo se destinará un monto de 914 millones de nuevos pesos.

El correo mantendrá en operación 29,509 puntos de servicio establecidos con terceros y 2,132 oficinas propias, con lo que se cubre el 98 por ciento de la población total del país. Con esto se prevé recibir, clasificar y entregar 1,023 millones de piezas postales.

En materia de investigación y desarrollo tecnológico, en el marco de un esfuerzo de reestructuración, el Instituto Mexicano del Transporte continuará impulsando el desarrollo de estudios y proyectos destinados a mejorar la infraestructura carretera y la operación de los diversos medios de transporte. El Instituto Mexicano de Comunicaciones invertirá recursos principalmente para la adquisición de herramientas, instrumental y equipos necesarios para la investigación científica y tecnológica.

Con el propósito de avanzar en las metas señaladas, así como incidir en la creación de empleos y en el desarrollo regional, particular énfasis se pondrá al gasto de inversión del Sector Comunicaciones y Transportes, mismo que se prevé crezca en 17.7 por ciento en términos reales. Cumplir con este propósito ha requerido de un importante esfuerzo de reestructuración del presupuesto del sector, en especial mediante una racionalización del gasto corriente. Con todo ello, el gasto programable del sector alcanzará 15 mil 908 millones de nuevos pesos.

***********TABLA, PAG. 1269

ENERGETICO

En los últimos años, y en el marco de las grandes transformaciones que se viven en el contexto nacional e internacional, el sector energético ha llevado a cabo un cambio estructural profundo en todas sus áreas, procesos y estructura de gasto. Esta transformación se ha reflejado en la recuperación de la inversión física y la racionalización del gasto corriente.

Dado el dinamismo del sector y la creciente participación de la iniciativa privada en la generación de electricidad, se hace necesario modificar el marco institucional a fin de fortalecer la coordinación sectorial, distinguiendo el papel del Estado en su doble carácter de regulador y propietario. Para ello, se propuso la modificación de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en la Secretaría de Energía, cuyo papel fundamental será el diseño y ejecución de la política energética, que incluye la promoción del ahorro de energía; el uso de fuentes alternas no convencionales y de seguridad industrial; y el resguardo de instalaciones. De igual manera se fortalecerá y ampliará el ámbito de competencia de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica en una Comisión Reguladora de Energía. Las actividades referentes a la minería se transferirán a la nueva Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

La administración que inicia fomentará la consolidación de estos avances; acelerará su proceso de modernización; y ubicará al sector dentro de un marco de disciplina presupuestal. Dicha disciplina procurará una eficiencia microeconómica, en la que los criterios de rentabilidad y competitividad sean elementos que determinen la operación del sector.

De esta manera, el gasto se orientará a modernizar la planta productiva y a satisfacer la demanda interna con oportunidad y eficiencia. En el ámbito externo se prevé sostener la plataforma de exportación de hidrocarburos asumiendo una actitud competitiva a nivel internacional.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, en 1995 el sector energético presentará una derrama económica de 53 mil 529 millones de nuevos pesos, lo que representa un crecimiento real de 4.7 por ciento respecto al cierre de 1994. Por su parte, el gasto de inversión presentará un importante aumento anual de 10 por ciento en términos reales.

Política de Gasto Público para 1995

Subsector Petróleo

En Pemex se dará un fuerte impulso a la inversión, motor del crecimiento económico y del empleo, a través de la selección de proyectos que tengan un efecto multiplicador importante sobre la demanda de trabajo en las regiones económicas de influencia de dichos proyectos.

Para 1995 la política de gasto de operación seguirá caracterizándose por su racionalidad y disciplina. La inversión se orientará hacia los proyectos prioritarios y, de manera particular, hacia los que registren un mayor grado de avance en su ejecución y un mayor beneficio social, económico y ecológico. Asimismo, en las diferentes instalaciones de Pemex se atenderán los programas de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan otorgar seguridad a la población.

El gasto programable de Pemex para 1995 se ubicará en 28 mil 770 millones de nuevos pesos, lo que representa un crecimiento en términos reales de 6.3 por ciento respecto a 1994. El gasto de operación permanecerá constante en términos reales, en el que destaca la compra de materiales y suministros necesarios para la producción. Es importante señalar que la inversión registrará un aumento anual de 16.2 por ciento, con lo cual su participación dentro del gasto programable total de la entidad pasará de 41.8 por ciento en 1994 a 45.7 por ciento para el ejercicio 1995.

El gasto destinado a la inversión de Pemex (incluyendo proyectos ecológicos) ascenderá a 13 mil 147 millones de nuevos pesos, de los cuales se asignarán a PEMEX-Exploración y Producción 7 mil 530 millones de nuevos pesos, que representan 57.3 por ciento de la inversión total de la entidad. Este monto, que manifiesta un crecimiento de 19.2 por ciento en términos reales respecto al cierre de 1994, se destinará de manera prioritaria a incrementar la producción petrolera mediante la explotación de yacimientos de hidrocarburos, entre los que destacan el desarrollo de los campos Och-Uech, Abkatun-Pol-Chuc, Cantarell, Jacinto, Sen, Catedral, Taratunich y Chinchorro.

También se continuará la política de inversión encaminada a mantener el nivel de reservas de hidrocarburos del país mediante la perforación y terminación de pozos exploratorios con capacidad productiva en la sonda de Campeche, Simojovel, litoral de Tabasco marino y cuenca del sureste. Paralelamente, se atenderán los proyectos de seguridad, ecología y ahorro de energía; asimismo, durante 1995 se completará el traslado de las oficinas centrales de esta subsidiaria a Villahermosa, Tabasco.

A PEMEX-Refinación se asignará una inversión por un monto de 3 mil 985 millones de nuevos pesos, 30.3 por ciento de la inversión consolidada de Pemex, que representa un crecimiento real de 20.6 por ciento respecto al cierre de 1994. Los recursos se destinarán principalmente al aumento de la producción de combustibles de mayor calidad ecológica como la gasolina Magna Sin, el combustóleo desulfurado, el gasóleo industrial y el Diesel Sin.

Se atenderán prioritariamente los proyectos en ejecución; entre ellos destaca el Paquete Ecológico que incluye la construcción de dos plantas hidrodesulfuradoras de diesel en Tula, Hgo. y Salamanca, Gto.; cuatro plantas de alquilación y tres de isomerización en diversas refinerías del país; tres plantas productoras de MTBE y dos de TAME, componentes de la gasolina sin plomo; y tres plantas de regeneración continua destinadas a producir gasolinas de alta calidad y reducir emisiones de azufre a la atmósfera.

Asimismo, se destinarán recursos para la modernización y ampliación de las refinerías existentes en el país. Esto incluye el inicio de la construcción de una planta coquizadora en la refinería de Cadereyta, N.L.; la ampliación de la red de ductos; la reubicación de terminales de almacenamiento y distribución para evitar riesgos potenciales a la población; y un nuevo poliducto de Minatitlán a Mérida. Estos proyectos permitirán abastecer la demanda nacional de productos de alta calidad ecológica y hacer un uso más eficiente de los insumos primarios en los procesos de refinación y distribución.

Pemex Gas y Petroquímica Básica tendrá un presupuesto de inversión similar al ejercido en 1994, el cual ascenderá a 935 millones de nuevos pesos. Este monto le permitirá a la subsidiaria continuar con su proceso de modernización y cambio estructural, de cara a las nuevas condiciones de competencia en el mercado internacional y a los requerimientos ecológicos. Las inversiones se orientarán a los siguientes proyectos estratégicos: tres plantas endulzadoras y estabilizadoras de condensados; una planta fraccionadora de hidrocarburos; la optimización del proceso de gas para la recuperación de licuables; y el inicio de la construcción de un nuevo gasoducto que abastecerá a la península de Yucatán, a la nueva planta de generación de energía eléctrica Mérida lll, bajo la modalidad de productor independiente, así como a la reconversión de plantas generadoras de la CFE en dicha región. Además, se atenderán y reforzarán las obras de mantenimiento y seguridad en ductos, protección ecológica y ahorro de energía.

En 1995 se canalizarán a Pemex Petroquímica recursos de inversión por un monto de 448.8 millones de nuevos pesos, mismos que se destinarán al mantenimiento de la planta productiva existente en condiciones óptimas de seguridad y protección ecológica.

A Pemex Corporativo se le asignarán 248.5 millones de nuevos pesos, básicamente para continuar con el proyecto integral de desarrollo de telecomunicaciones.

Subsector Electricidad

Uno de los objetivos básicos que se plantea la nueva administración para el desarrollo del sector energético es la inducción de cambios profundos en las entidades paraestatales que lo integran.

En ese contexto, en materia de electricidad, el aprovechamiento de las opciones que ofrece el nuevo marco legal será uno de los instrumentos fundamentales para la consecución de los objetivos Trazados. Esto se logrará dirigiendo la inversión prioritariamente al mejoramiento de la infraestructura de transmisión y distribución, además de fortalecer la participación privada en el ámbito de la generación.

Las principales acciones serán incrementar la inversión para reducir los cuellos de botella de la infraestructura de transmisión y para la conexión de las nuevas centrales generadoras, con el fin de lograr una mayor flexibilidad en el Sistema Interconectado Nacional; apoyar la rehabilitación de las líneas y subestaciones actuales; y reducir las pérdidas de energía ocasionadas por las deficiencias en la actual infraestructura. Con ello se busca incrementar la calidad del servicio para ubicarlo en estándares internacionales.

La política de gasto para 1995 se orientará a aumentar la generación de energía para atender un crecimiento de la demanda que se estima aumentará en 4 por ciento. Paralelamente, se buscará una mayor eficiencia en la producción, transformación y comercialización de la energía. Esto permitirá fortalecer la autosuficiencia financiera de los organismos que integran el subsector. Para alcanzar dichos propósitos la asignación de gasto programable destinada al subsector asciende a 26 mil 956 millones de nuevos pesos, que en términos reales resulta superior en 6.9 por ciento a la de 1994.

El presupuesto de inversión asciende a 8 mil 162 millones de nuevos pesos, superior en términos reales en 8.1 por ciento al de 1994. Dicho gasto se destinará a obras prioritarias, entre las que destaca la conclusión de la Central Hidroeléctrica de Zimapán en Hidalgo; la Carboeléctrica Carbón ll, Unidades 3 y 4 en Coahuila; y la atención a los programas anuales de transmisión, subtransmisión y distribución con un monto de 2 mil 295 millones de nuevos pesos, 47 por ciento superior en términos reales al de 1994. Para generación se destinan 4 mil 806 millones de nuevos pesos, monto 3.6 por ciento inferior en términos reales al de 1994. Esto último se explica por la prioridad asignada a los proyectos de transmisión y distribución y al hecho de que un número importante de proyectos de generación fueron concluidos precisamente en 1994.

La participación del ahorro privado seguirá formando parte importante del esfuerzo sectorial para 1995. Con este tipo de financiamiento se continuará la construcción de los proyectos de: Petacalco, Unidades 5 y 6 en Guerrero (conclusión); Adolfo López Mateos, Unidades 5 y 6 en Veracruz; Samalayuca II en Chihuahua; la ampliación de Temascal en Oaxaca; así como el inicio del primer proyecto licitado bajo la modalidad de productor independiente, Central Mérida III en Yucatán. De igual forma, se concluirá el Proyecto Hidroeléctrico Huites en Sinaloa, con un esquema de financiamiento que conjunta recursos públicos y privados; y se mantendrá el impulso de proyectos bajo las modalidades de cogeneración, autoabastecimiento y pequeña producción.

De esta manera, para 1995, con la conclusión de los proyectos citados, la capacidad de generación aumentará en 2,249 MW, que significa un incremento de 7.1 por ciento respecto a la de 1994. Adicionalmente con el propósito de aprovechar de una manera más eficiente la capacidad instalada, se propiciará, dentro del marco jurídico, la interconexión eléctrica en diversos puntos fronterizos que ofrezcan tanto ventajas energéticas como económicas.

En relación con el Programa Nacional de Solidaridad, se mantendrá la concertación entre CFE, gobiernos estatales y particulares para la realización de obras por 679 millones de nuevos pesos, que beneficiarán a distintos poblados y colonias populares, con objeto de que para el año 2000 se pueda garantizar el suministro de electricidad a todas las comunidades del país con más de 100 habitantes.

Finalmente, es necesario apoyar con recursos fiscales la pérdida en la operación de Luz y Fuerza del Centro. Se estima que dichos recursos alcancen 2 mil 299 millones de nuevos pesos. Además, es importante responder a los grandes retos que enfrenta el subsector por el crecimiento de la demanda y los rezagos existentes. Por ello, será necesario emprender cambios al interior de las empresas de este subsector.

Subsector Minería

Se continuarán, las acciones tendientes a modernizar y eficientar la actividad minera, a fin de consolidar su desarrollo. En materia de exploración se dará prioridad a la reorientación de las actividades regionales; a la certificación de reservas mineras en apoyo al sector social; a la licitación de proyectos promocionales para ponerlos a disposición del sector privado,; así como a otros servicios de investigación y divulgación de información geológico-minera.

En materia crediticia se apoyará a los pequeños mineros para explorar yacimientos, intensificar las labores de asistencia técnica y realizar convenios de cooperación con los gobiernos estatales y otras instituciones relacionadas con la actividad, para fondear proyectos de exploración.

A este subsector se le asignará un gasto programable de 707 millones de nuevos pesos. Con estos recursos se seguirá realizando la exploración y cuantificación de reservas del país para fomentar y alentar inversiones en nuevas unidades de extracción y apoyar técnica y financieramente a los pequeños y medianos mineros del sector social en la realización de proyectos que impulsen exportaciones y sustituyan importaciones.

Adicionalmente, se crearán 3 fondos de riesgo compartido para la exploración en los estados de Oaxaca, Durango y Zacatecas que se sumarán a los 3 creados en 1994; se formalizará una línea de crédito especial para financiar la certificación de reservas de pequeños productores; y se proporcionarán los servicios de laboratorios que demanda la industria para continuar con los programas de capacitación que se instrumentan de manera permanente.

Entre las principales metas se tiene la exploración de 107,200 km², mediante reconocimientos aéreos y terrestres; 80,300 km² de aeromagnetometría; así como la elaboración de 5 monografías mineras y 4 cartas geofísicas. En materia crediticia, se canalizarán 260 millones de nuevos pesos.

Por lo que se refiere a las salineras las metas son producir, comercializar y transportar 6 millones de toneladas métricas de sal, manteniendo con ello el nivel registrado en 1994.

****************TABLA, PAG. 1277 Y 1278

COMERCIO

Las posibilidades para lograr un mayor crecimiento y desarrollo económico a través del comercio se han incrementado dada la globalización de las actividades económicas, la existencia de modernas tecnologías en los procesos de producción industrial y la introducción de nuevas formas de organización productiva.

El Sector Comercio enfrenta el reto de aprovechar este nuevo entorno en beneficio de la economía nacional. Por ello, es indispensable atraer mayores flujos de inversión extranjera y promover las exportaciones de alto valor agregado para la creación de empleos y la incorporación de nuevas tecnologías. Asimismo, es importante introducir mecanismos más eficientes de comercialización; garantizar el abasto interno; modernizar los registros públicos de la propiedad y de comercio; así como propiciar un mercado nacional más extenso, competitivo y eficiente. Estos elementos contribuyen de manera importante para reiniciar el crecimiento económico sostenido e incrementar la competitividad de los productos nacionales en el exterior.

Política de Gasto Público para 1995

En el nuevo contexto internacional, la política de gasto en el Sector Comercio para 1995 busca aprovechar las oportunidades del libre intercambio que ofrecen los diversos tratados comerciales que México ha celebrado con otros países. Por ello, es impostergable impulsar la transformación microeconómica del aparato productivo del país.

La estrategia dirige sus esfuerzos a impulsar la modernización de la industria nacional, particularmente la pequeña y mediana empresas; propiciar un mercado extenso y eficiente; garantizar el nivel de abasto interno; y promover las exportaciones de productos nacionales.

Para alentar un mercado competitivo, se avanzará en el Programa de Desregulación Económica y se ampliará la revisión del marco regulatorio de las actividades productivas con el propósito de eliminar las restricciones, tanto internas como externas, que impiden la sana competencia económica. Adicionalmente, a través de la Comisión Federal de Competencia, se combatirán las acciones y prácticas monopólicas y se fortalecerán los centros de información, asesoría y formación técnica en apoyo a los empresarios.

En 1995 se iniciará, en conjunto con los gobiernos estatales, la modernización de los registros públicos de la propiedad y comercio, con la finalidad de introducir mejoras en los aspectos jurídicos, administrativos, operativos y tecnológicos que contribuyen a que el proceso de registro sea más seguro, eficiente y eficaz. Las acciones que se emprendan permitirán dar seguridad jurídica y de publicidad a los actos insertos en dichos registros y a la información que ahí se deposita. Asimismo, al homogeneizar los procedimientos a nivel nacional se podrá establecer una red registral uniforme a lo largo del país, a través de sistemas y programas informáticos interconectados que faciliten consultas remotas.

Por lo que toca al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas se fomentarán esquemas de innovación y difusión tecnológica, a través del Programa de Fomento y Regulación de la Investigación Científica, así como una mayor participación de la banca de desarrollo en el financiamiento de este sector.

Para abatir el costo de los insumos de producción nacional y de los servicios, se impulsará la integración de mercados y se apoyarán las actividades de almacenamiento.

En cuanto al comercio con el exterior, se promoverán las exportaciones no petroleras y la inversión extranjera para complementar la nacional. La conducción de las negociaciones comerciales ante foros bilaterales y multilaterales permitirá conformar acuerdos y tratados en donde se garanticen las condiciones más favorables para el país en el intercambio con el exterior; se buscará eliminar obstáculos administrativos a nivel internacional; se alentará la constitución de alianzas estratégicas con empresas extranjeras; y se promoverá una competencia justa. Por su parte, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) realizará una extensa promoción de exportaciones de productos nacionales, además del apoyo financiero a esta actividad.

Se impulsará la actividad comercial que se deriva de la puesta en marcha de los tratados de libre comercio. Por ello, se mantendrán en operación las distintas instancias jurisdiccionales para dirimir las controversias que con respecto a la actividad comercial puedan surgir. Asimismo, se instrumentarán medidas para hacer más expedita la resolución de denuncias presentadas sobre prácticas desleales. También se constituirá un sistema de verificación a efecto de que las resoluciones administrativas sean inobjetables.

Con el propósito de fortalecer las negociaciones comerciales internacionales y atender las demandas del intercambio de comercio internacional, . se reforzarán presupuestalmente los programas de las representaciones comerciales de México en el extranjero.

En cuanto a la política de abasto, se continuará con la asignación de subsidios para beneficiar directamente a la población de menores ingresos. A este respecto; la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) continuará participando en la comercialización de maíz y frijol, de forma tal, que sus precios de garantía tengan vigencia. Los recursos destinados a esta actividad forman parte de Procampo. Con estos fondos se complementan los ingresos de los productores agrícolas y se garantizan las reservas técnicas a nivel nacional, así como la suficiencia y oportunidad en el abasto.

Para asegurar lo anterior, Conasupo adquirirá en el mercado nacional 8 millones 231 mil toneladas de maíz y 309 mil 584 toneladas de frijol. Se canalizarán al mercado nacional ventas por 8 millones 223 mil y 338 mil 500 toneladas de estos productos, respectivamente.

Dentro del Programa de Apoyos a la Comercialización Ejidal (PACE), y en apoyo al combate de la pobreza extrema, Conasupo atenderá a 8 mil 845 núcleos agrarios que agrupan a 180 mil productores de temporal, con una bonificación de 56.06 y 96.06 nuevos pesos por tonelada de maíz y frijol, respectivamente.

Para llevar a cabo los objetivos sectoriales del ejercicio fiscal de 1995, se propone una asignación de recursos para el Sector Comercio por 8 mil 458 millones de nuevos pesos. La inversión que se considera dentro de este presupuesto asciende a 128 millones de nuevos pesos.

*********TABLA, PAG. 1282 Y 1283

TURISMO

El turismo requiere de un gran impulso que permita ofrecer servicios de calidad atractivos para el mercado nacional y competitivos a nivel internacional, a fin de aprovechar plenamente el potencial que ofrece el país en este renglón. Dicho impulso se debe apoyar primordialmente en las acciones de promoción en las que coparticipa el Gobierno Federal y la iniciativa privada.

La generación de empleos y captación de divisas, características distintivas de este Sector, se verán incrementadas por este impulso, en beneficio además, del desarrollo regional.

Política de Gasto Público para 1995

México cuenta con una amplia gama de atractivos que le permitirán mejorar significativamente su posición como centro de destino turístico a nivel mundial. Sin embargo, es necesario que la consolidación de los principales destinos sea acompañada de la creación de nuevos centros de atracción turística. Se requiere un enfoque intermodal que ofrezca las facilidades para el desplazamiento y estancia de los visitantes; un programa que incentive a los participantes en esta actividad a ofrecer los servicios, precios y la calidad necesarios para alcanzar las metas que se establezcan; y, de manera destacada, emprender las acciones que eleven sustancialmente la seguridad de los turistas.

A partir del próximo año, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal estrecharán la coordinación de sus actividades en apoyo a la promoción y desarrollo de atractivos turísticos. Además, promoverán el turismo social mediante el desarrollo de centros vacacionales en beneficio de las familias con menos recursos y de los jubilados, principalmente. Asimismo, se dará impulso a la promoción de destinos turísticos no tradicionales, zonas arqueológicas y ciudades coloniales, entre otros.

Se continuará fortaleciendo a través de Fonatur la inversión tanto para la consolidación, conservación y mantenimiento de los polos de desarrollo turístico, como para la incorporación de los nuevos destinos. A tal fin, el Sector Turismo a través de este fondo, canalizará recursos por 103.5 millones de nuevos pesos, con los que se avanzará en la expansión y modernización de los principales polos de desarrollo como Cancún, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; Los Cabos y Loreto, Baja California Sur; y Bahías de Huatulco, Oaxaca. Asimismo, concluirán las obras del desarrollo El Soldado de Cortés, en Sonora.

Se intensificarán las acciones de capacitación y profesionalización de los trabajadores del sector con el objetivo de elevar la calidad en la prestación de los servicios.

A lo anterior, el Gobierno Federal destinará al Sector Turismo 576 millones de nuevos pesos, que representan un aumento de 4.9 por ciento real, en relación al gasto de 1994. En esta asignación presupuestal se incluyen recursos para la participación de la Secretaría de Turismo en el Proyecto Alameda de la Ciudad de México.

Los programas de promoción y fomento recibirán un fuerte apoyo del sector público, los que requerirán complementarse con las acciones de los particulares en la creación de los elementos que aprovechen el potencial del país para incrementar sustancialmente la afluencia turística.

*************TABLA, PAG. 1285

PESCA

Este Sector requiere de un fuerte impulso para lograr una modernización que permita, bajo criterios de eficiencia, explotar la riqueza y amplitud que ofrecen las costas mexicanas, así como sus numerosas presas, lagunas y ríos.

Para lograr dicho impulso, se requiere de una mayor coordinación interinstitucional y presencia internacional, así como de una mejor vigilancia de los recursos naturales del país. Para tales propósitos, será necesario coordinar las políticas de vigilancia y regulación para hacer más efectiva la protección de especies que sufren deterioro ecológico, como la tortuga marina y el delfín, sin afectar la explotación del atún.

Política de Gasto Público para 1995

La política rectora será la modificación de los procesos productivos para que, bajo principios de racionalidad en la explotación, se logre aumentar considerablemente la producción mediante el desarrollo de obras de dragado y escolleras en las áreas estuarinas; el fomento y promoción de diversas especies a través de la acuacultura; la obtención de economías de escala; la actualización y mejoramiento de tecnologías; y el fomento de la investigación y capacitación.

Una de las metas de más alta prioridad será elevar la eficiencia de la industria pesquera a través de la incorporación de tecnologías de punta y de avanzados métodos para la captura, el manejo y cultivo de especies que, en el marco de normas oficiales actualizadas, permitan garantizar la cantidad y calidad de productos, facilitando así el acceso a los mercados internacionales.

Se fortalecerá particularmente el establecimiento de zonas de cultivo y parques acuícolas que integren a diversas especies en lagunas, esteros y bahías. La promoción de la acuacultura buscará la modernización y el desarrollo de otros centros productores, así como la obtención de economías de escala que surjan mediante un mejor aprovechamiento de la infraestructura básica. Parte fundamental será la actualización, mejoramiento y difusión tecnológica. En este sentido, destaca la creación de unidades demostrativas para el cultivo de diversas especies marinas.

Como respuesta a los retos planteados y a la inminente necesidad de modernización del Sector, se ha propuesto transformar a la Secretaría de Pesca en la nueva Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Al darse esta reorganización administrativa se busca que la explotación de los recursos se enmarque dentro de una instancia gubernamental que tendrá una visión integral en cuanto a la regulación y vigilancia para la conservación de las especies. Asimismo, se contará con mejores instrumentos para fomentar la producción y promoción a nivel nacional e internacional.

En 1995 se desarrollará la infraestructura pesquera. Para tal fin, el gasto en inversión alcanzará un monto de 173 millones de nuevos pesos; con estos recursos se llevará a cabo, entre otras acciones, la reactivación y terminación de 10 proyectos de dragado para la rehabilitación de esteros y lagunas costeras, principalmente en los estados de Oaxaca, Colima, Sinaloa y Chiapas.

Asimismo, se realizarán 8 proyectos para construir 3 mil metros lineales de escolleras dentro de los que destacan los de Colima, Veracruz y Oaxaca.

Para el desarrollo de la infraestructura acuícola se iniciará un programa de construcción de parques camaronícolas, ostrícolas, trutícolas, y maricultivos en diversos estados de la República.

En lo referente a la construcción, conservación y mantenimiento, se atenderán 15 centros de investigación y 6 de capacitación pesquera; así como 55 obras de infraestructura acuícola.

Especial atención tendrá la preservación de las especies marinas, para lo cual se reforzarán las tareas de vigilancia de vedas y regulación de las explotaciones. Se intensificarán los programas de protección a la tortuga marina, el atún, el delfín y el programa nacional de investigación y conservación de mamíferos marinos.

En lo relativo a la producción de semillas, post-larvas y alevines de diversas especies se producirán 120 millones de unidades a fin de incrementar los pies de cría y en consecuencia los volúmenes de producción acuícola.

En suma, para la consecución de las metas señaladas se propone que al sector pesquero se le asigne en 1995 un gasto programable por 438 millones de nuevos pesos, superior en 4.5 por ciento en términos reales al de 1994.

*********TABLA, PAG. 1288

SEGURIDAD NACIONAL Y PROCURACION DE JUSTICIA

El bienestar de las familias comienza con la seguridad de las personas y de sus bienes. Uno de los principales objetivos de esta administración será construir un sistema de justicia moderno, eficiente y confiable. Las expectativas de la sociedad deben cimentarse en la certidumbre de la ley y no vivir en la incertidumbre de su cumplimiento. Por ello, se han dado los primeros pasos hacia una reforma integral de los sistemas de justicia y seguridad, que implica una profunda revisión de leyes y de los sistemas de procuración e impartición de justicia, abarcando desde las policías y el ministerio público hasta las procuradurías.

Esta reforma partirá de los postulados básicos de la Constitución: la voluntad de los mexicanos de vivir en un Estado de derecho; la democracia; la división de poderes y el federalismo; y fundamentalmente, el respeto de las garantías individuales.

La modernización de la Procuraduría General de la República constituye uno de los cambios prioritarios que demanda la población ante la creciente inseguridad pública. Se debe contar con una estructura que asegure el acceso y permita atender las exigencias de la ciudadanía de manera eficiente. Para lo anterior y con objeto de que el esfuerzo lleve a resultados permanentes, se dará énfasis a la profesionalización, dignificación y moralización de los cuerpos de seguridad pública.

Se llevará a cabo una intensa campaña de prevención del delito, en donde se convocará a una amplia participación social a través de todas las instituciones de la sociedad: familia, escuelas, empresas, organizaciones vecinales y comunitarias, así como medios de comunicación.

Para el combate al narcotráfico se redoblarán esfuerzos de manera integral; reforzando la capacitación del personal; fortaleciendo la capacidad regional mediante la unión de acciones entre los diversos sectores de la población al interior del país; modernizando el equipo utilizado; y fortaleciendo la cooperación internacional. Lo anterior para lograr un control eficaz en los distintos niveles en que el narcotráfico se perpetra; es decir, producción, tráfico, venta y consumo, lavado de dinero, tolerancia y corrupción.

A fin de hacer más efectiva la ejecución de programas para el combate al narcotráfico, se consolidará el Instituto Nacional de Combate a las Drogas dando énfasis a su desarrollo regional. Se procederá a la construcción de inmuebles para las delegaciones regionales del mismo, y se promoverán las reformas necesarias que permitan la persecución del narcotráfico y delitos colaterales.

Asimismo, se adquirirá y modernizará el equipo necesario para la lucha contra el narcotráfico; en particular, se adquirirán unidades aéreas para fortalecer las acciones que se realizan, así como adquisición de equipo y aparatos de telecomunicaciones para enlazar delegaciones de circuito y delegaciones regionales.

Se fortalecerán las campañas preventivas contra el narcotráfico y farmacodependencia mediante la difusión e información en medios masivos.

Política de Gasto Público para 1995

La modernización del sistema de impartición de justicia ha sido un sentido reclamo de la sociedad. Por ello, desde el inicio de mi gestión gubernamental, propuse al H. Congreso de la Unión una reforma integral tendiente, entre otros objetivos, a mejorar los sistemas de impartición de justicia federal, del Distrito Federal y, en el marco del federalismo, de las entidades federativas y municipios.

En el contexto de esta reforma destaca la necesidad de consolidar la carrera judicial; impulsar los sistemas permanentes de capacitación profesional; desarrollar sistemas de información y comunicación avanzados; así como crear nuevos juzgados que equilibren las cargas de trabajo de los órganos judiciales, y permitan una pronta y expedita impartición de justicia en beneficio de la ciudadanía.

Es por ello que se propone considerar los recursos necesarios para instrumentar un programa de apoyo que permita llevar a cabo la modernización y el mejoramiento de los sistemas de justicia, así como el fortalecimiento de la autonomía de los órganos judiciales.

El fideicomiso es el instrumento idóneo para garantizar la administración transparente y eficaz de los recursos que, en el marco de la reforma propuesta y en el de aquellas que las entidades federativas promuevan, sean destinados a los objetivos señalados.

Así, mediante la aportación de los recursos que esa H. Cámara de Diputados autorice, se constituirá un fondo cuyos recursos serán administrados en forma transparente por un comité técnico y habrán de ser destinados a apoyar el fortalecimiento de los órganos de impartición de justicia, en el marco de coordinación con las entidades federativas y con pleno respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal y el de los estados.

Para 1995, la Procuraduría General de la República promoverá la modernización de las acciones en materia de control de drogas, lavado de dinero y bienes asegurados; se reforzarán las acciones de prevención de la farmacodependencia y de lucha contra el narcotráfico; se adoptarán acciones precisas para abatir el rezago en averiguaciones previas y el cumplimiento de mandatos judiciales, así como para reforzar la capacidad de actuación de los órganos auxiliares.

Se impulsarán amplios programas de información sobre los derechos y garantías individuales, así como de asesoría jurídica; y se fortalecerán los sistemas de contraloría dentro de la Administración Pública Federal, a fin de que las quejas ciudadanas reciban atención ágil y eficaz sobre la actuación ilegal de servidores públicos.

Especial atención tendrán las políticas de respeto y defensa de los derechos humanos mediante su coordinación, formulación y difusión, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con especial énfasis en los asuntos indígenas. Con este fin se complementará el equipamiento de las instalaciones centrales y se modernizarán los sistemas de comunicación y equipo de transporte.

En el marco de la política interna del Estado mexicano, la Secretaría de Gobernación tendrá como prioridades: lograr una mayor coordinación institucional con las diferentes dependencias relacionadas con la seguridad y procuración de justicia, al fortalecer la división de poderes y la autonomía de los tres niveles de gobierno; y profundizar en las políticas de descentralización y consolidación del municipio, a fin de que éste se constituya en promotor de su desarrollo. Con este propósito, aumentará la capacidad de acceso de los servicios, la modernización de equipos, capacitación del personal y se logrará una mayor participación ciudadana mediante el fomento de la cultura jurídica entre la población.

En los programas de readaptación social de adultos y menores infractores, se plantean acciones de prevención; de mejoramiento de la administración de los centros federales de readaptación social de alta seguridad; y el otorgamiento de servicios de capacitación y promoción laboral a liberados para apoyar su reincorporación a la sociedad.

Para 1995 se prevé concluir un nuevo reclusorio de alta seguridad en Matamoros, Tamps., así como la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el Centro de Readaptación de Almoloya, Estado de México. Asimismo, se apoyará el Programa de infraestructura Penitenciaria y Equipamiento de Corporaciones Policiales en gobiernos estatales y municipales. Por otro lado, se continuará cubriendo el pago de rentas del Programa de Construcción de 12 Centros de Readaptación Social en el interior de la República vía arrendamiento financiero; y se iniciará una segunda etapa de dicho programa con la construcción de instalaciones adicionales.

En materia de migración y con el propósito de racionalizar el esquema de atención, registro y resolución de trámites migratorios, se rehabilitarán 10 garitas migratorias y se construirán nuevas en igual número. También se harán más eficientes los instrumentos para regular los fenómenos que afectan a la población en el territorio nacional, así como el equipamiento de la Red Nacional de Información del Instituto Nacional de Migración.

En comunicación social se promoverá la utilización más intensa, plural y sistemática de los medios de difusión de que dispone el Estado, garantizando el acceso de los diversos grupos sociales.

Las Fuerzas Armadas participarán en la protección de instalaciones estratégicas para la seguridad y economía nacionales, coadyuvando así a la soberanía nacional. En coordinación con las autoridades civiles, llevarán a cabo acciones de auxilio a la población en casos de desastre, apoyo a campañas fitosanitarias, de reforestación y alfabetización. Además fortalecerán sus programas contra el narcotráfico mediante campañas de combate al cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes.

Los programas de la Secretaría de la Defensa Nacional se orientarán a optimizar los recursos asignados, a fin de elevar la capacidad operativa del ejército y fuerza aérea nacionales. Para el logro de esos propósitos, durante 1995 la Secretaría de la Defensa Nacional llevará a cabo acciones para el mantenimiento de sus equipos militares; la construcción y rehabilitación de cuarteles y alojamiento para sus efectivos; así como la adquisición de equipo para fortalecer sus tareas de combate al narcotráfico.

La Secretaría de Marina en atención a sus atribuciones, orientará sus esfuerzos a la vigilancia y protección de las zonas marítimas; impulsará y fomentará la investigación oceanográfica para contribuir a su desarrollo a nivel nacional y coadyuvar a la preservación del ecosistema marino. Asimismo, prestará tareas de auxilio a la población en casos y zonas de desastre y lucha contra el narcotráfico.

Para lograr esos objetivos, se propone asignar al Sector Seguridad Nacional y Procuración de Justicia un gasto de 12 mil 651 millones de nuevos pesos, superior en 6.5 por ciento real al cierre de 1994.

**************TABLAS, PAG. 1294, 1295

FOMENTO A LA INVERSION

El crecimiento sustentable de la economía se perfila como uno de los grandes retos del país para los próximos años. Para superarlo, el incremento de la inversión constituye una herramienta fundamental.

En este sentido, la política de estabilización y cambio estructural emprendida en los últimos años sentó las bases para un entorno más favorable, tanto para la inversión privada, motor del crecimiento económico, como para la inversión pública. En ésta, se ha reflejado una reorientación de recursos crecientes a los sectores de mayor impacto social, derivado de la menor participación del Estado en la economía, y de la contribución de particulares en la ampliación y modernización de la infraestructura básica.

En este contexto, para aprovechar el potencial de la inversión pública como detonador del crecimiento y como palanca importante para alcanzar un desarrollo regional equilibrado, se propone que el esfuerzo de inversión para los próximos años se dirija fundamentalmente a romper cuellos de botella en sectores estratégicos; a proveer de la infraestructura necesaria para el desenvolvimiento de las actividades productivas; y a contribuir a elevar los niveles de bienestar de la población.

Dentro de esta perspectiva se plantea como un elemento básico de la política económica de la presente administración un crecimiento de 11.2 por ciento real en el gasto de inversión física del sector público, excluyendo Poderes y Organos Autónomos.

La política de gasto de inversión, como se propone en el presente proyecto de presupuesto, se desarrollará en el marco de una estrategia presupuestal caracterizada por la disciplina y el manejo eficiente de los recursos. La determinación de su nivel tiene como objetivo central fomentar el incremento de la actividad económica dentro de un marco de equilibrio fiscal. Esto se hará adecuando las inversiones públicas a la disponibilidad de recursos y evitando la presencia de crecimientos económicos efímeros e inflacionarios.

Dicho objetivo entraña el reto de una utilización racional y escrupulosa de los recursos, de por sí escasos, con que cuenta el país para inversión. La combinación entre estabilización, transformación estructural de la economía y el gasto de inversión, demuestran que en México el desafío ya no es exclusivamente el monto, sino su orientación, sentido e intención. En síntesis, el reto actual no es únicamente de cantidad, sino también de calidad y eficiencia.

Conquistar este desafío significa no sólo consolidar los logros que se han alcanzado en materia de calidad y orientación del gasto de inversión, sino también avanzar decididamente en la conformación de una política global y sectorial. Esta política habrá de contar con una determinación clara de prioridades y una mejor evaluación, de proyectos. De esta forma, se podrán jerarquizar adecuadamente las necesidades y los proyectos, en un marco de coordinación, que cuente con mejores instrumentos para optimizar la inversión pública y atraer la participación del sector privado.

De ahí la importancia de actuar coordinadamente con los participantes involucrados en el proceso de inversión y de abarcar todo el ciclo de ejecución de los proyectos. Para ello se
 

• Definirán las líneas estratégicas sectoriales, institucionales y regionales, que a su vez se traduzcan en proyectos concretos;

• Evaluarán los proyectos de inversión para determinar su rentabilidad económica y social;

• Establecerán órdenes de magnitud y la prelación que los proyectos tienen en el tiempo; y

• Evaluarán los proyectos con base a las prioridades sectoriales, institucionales y regionales que, dando orden y continuidad al esfuerzo de inversión, se traduzcan en un avance hacia la consecución de los objetivos nacionales.

Lo anterior ha permitido jerarquizar la cartera de proyectos de inversión de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, a fin de incluir dentro de la propuesta de presupuesto, los más rentables desde el punto de vista social, económico y ecológico, y que reflejen las prioridades establecidas.

Este esfuerzo tiene que complementarse con el desarrollo de un esquema de supervisión y evaluación expost de los proyectos, para tener mayor certidumbre de la ejecución física y financiera de éstos. Por lo tanto, será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contar con dicho esquema e iniciar su aplicación en el ejercicio fiscal de 1995.

El establecimiento de los lineamientos de política de gasto de inversión permitirá elevar la rentabilidad económica y social de éste y, consecuentemente, incrementar su calidad.

Dado que la inversión pública deriva en programas y proyectos concretos, su impacto regional es innegable y decisivo. En muchas regiones del país, ésta representa un factor de modernización frente a las actividades tradicionales de la zona. Asimismo, en tanto que involucra recursos financieros, materiales y humanos, dicha inversión es uno de los vínculos para fortalecer el pacto federal.

Durante la administración que inicia, se otorgará mayor atención al desarrollo regional. Por ello, el Gobierno Federal, a través de la SHCP, establecerá una mesa de coordinación a efecto de incorporar de manera más participativa a los gobiernos estatales y municipales, a los sectores social y privado locales, y a la sociedad civil en su conjunto, buscando encadenamientos más eficientes con las actividades económicas regionales, para que la inversión sea un factor de progreso y modernidad en las distintas partes donde se concentre su impacto.

Al propiciar un desarrollo regional más equilibrado, el gasto en infraestructura y equipamiento hará más sostenible y viable el crecimiento económico nacional, ya que permitirá optimizar los alcances de las regiones más prósperas e incorporar a regiones deprimidas al progreso económico.

Dentro de este marco, la estrategia de inversión tomará en cuenta como elemento básico el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, pues ellos constituyen uno de los activos fundamentales del desarrollo económico del país. Dañarlos lesiona gravemente, en ocasiones de manera irreversible, las perspectivas de bienestar de la población. Por eso, el Gobierno Federal pondrá un mayor cuidado en que la ejecución de los programas y proyectos no representen un factor de deterioro del hábitat natural.

En un marco de estabilidad económica, no obstante el gran esfuerzo por canalizar mayor gasto y optimizar su asignación a través de un riguroso examen de prioridades, los recursos públicos no serán suficientes para atender simultáneamente los requerimientos del desarrollo social y el incremento en inversión que la dinámica del país demanda. En efecto, para incrementar la competitividad y sustentar el desarrollo es impostergable la ampliación y la modernización de la infraestructura básica del país, por lo que el Gobierno Federal reforzará la promoción de la participación privada en este sector, instrumentando las siguientes líneas de política que permitan atraer flujos importantes y crecientes de inversión:
 

• Incrementar los espacios de participación de los particulares en infraestructura básica. Para ello, será necesario desarrollar diversas acciones que incluyen aspectos tales como la identificación y evaluación de proyectos, propuestas para adecuar el marco jurídico y el diseño de esquemas financieros apropiados.

• Continuar con el proceso de desincorporación de empresas no estratégicas, así como iniciar un proceso de venta o bursatilización de activos productivos, según corresponda, que no comprometan el desarrollo de un sector; y destinar estos recursos a la capitalización del Fondo para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Básica.

• El Fondo tendrá la capacidad de invertir capital en forma temporal y minoritaria, buscando siempre complementar la aportación privada. Sus recursos se destinarán a proyectos específicos, cuya rentabilidad asegure su capacidad de pago. Dicho Fondo quedará ubicado como un fideicomiso en Banobras, institución que, a su vez, experimentará un proceso de reestructuración, no sólo para cumplir con los objetivos y reglas de operación del Fondo, sino también para iniciar un programa de garantías a proyectos de inversión para que obtengan financiamiento a tasas y tiempos acordes con su rendimiento y plazo de maduración, lo que contribuirá a detonar la participación de los particulares en este sector.

Por otra parte, el Gobierno Federal, con el propósito de brindar mayores elementos a la H. Cámara de Diputados sobre proyectos de inversión incluidos en futuras iniciativas de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como para garantizar la disponibilidad de recursos para proyectos cuya ejecución abarque más de un ejercicio fiscal, propondrá a esa Soberanía mecanismos para establecer un esquema de presupuestación multianual.

Este esquema se orientará a cumplir con los siguientes cuatro objetivos centrales:
 

• Lograr la congruencia de los proyectos de inversión con los objetivos y prioridades del desarrollo nacional.

• Garantizar la estabilidad y continuidad de los proyectos incluidos en los presupuestos de egresos.

• Otorgar mayor autonomía de gestión a las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.

• Lograr un mayor control de la evolución del gasto y del avance físico de los programas y proyectos de inversión.

En suma, la creación de una infraestructura moderna y eficiente permite enfrentar los desafíos del mañana. Se trata de desarrollar infraestructura, pero sin invertir desordenadamente como reacción ante las necesidades inmediatas; es decir, se debe fortalecer y crear únicamente infraestructura que se traduzca en niveles más altos de competitividad y bienestar. Asimismo, es necesario invertir en los sectores de más alto impacto económico y social que efectivamente conduzcan a una nueva etapa de desarrollo económico y con mayor generación de empleos. En otras palabras, la inversión es el instrumento que permite solventar carencias, pero sobre todo, prever los retos más complejos que la misma dinámica de la vida económica contemporánea presenta a todas las sociedades.

Así, la propuesta de presupuesto de inversión para 1995 asciende a 57 mil 047 millones de nuevos pesos, superior en 11.2 por ciento en términos reales a la esperada para 1994. De este monto, 31 mil 828 millones de nuevos pesos corresponden a inversión física de la Administración Central, y 25 mil 219 millones de nuevos pesos al sector paraestatal. De esta manera, la inversión del Gobierno Federal se incrementa 10.7 por ciento en términos reales, en tanto que la de organismos y empresas paraestatales observa un incremento real del 11.7 por ciento.

Para 1995 este gasto será equivalente a 4.2 por ciento del PIB, 0.3 puntos porcentuales más que en 1994 y, en relación al gasto programable total, representará el 21 por ciento, 1.1 puntos porcentuales más que en 1994.

El monto total de la inversión pública permitirá desarrollar 551 proyectos, de los cuales 376 se encuentran en ejecución y representan el 83.2 por ciento del total de este gasto, y los 175 restantes son proyectos que en 1995 iniciarán su ejecución.

A continuación se presenta la distribución de la inversión pública por sector.

Desarrollo Rural

La estrategia en este Sector estará orientada a apoyar la modernización del sector agropecuario y a promover condiciones de competencia con el exterior, mediante el desarrollo de la infraestructura hidroagrícola, especialmente la pequeña y mediana irrigación, el drenaje, la nivelación de suelos, los caminos rurales y las obras para el control de la erosión; el desarrollo de los sistemas agroindustriales y alimenticios; así como la consolidación y el perfeccionamiento del Procampo. Este impulso a la productividad y su impacto en la superación de la pobreza en el medio rural, son los ejes estratégicos de la inversión en el Sector.

La inversión asignada para el desarrollo rural asciende a 3 mil 621 millones de nuevos pesos, superior en 5.9 por ciento en términos reales respecto a la esperada para 1994.

Los recursos programados se destinarán a los siguientes proyectos principales: Aprovechamiento Hidroagrícola; Programa de Desarrollo Parcelario, Programa de Rehabilitación y Mejoramiento de los Distritos de Riego, Riego por Bombeo Eléctrico y el Programa de Desarrollo Rural Integral del Trópico Húmedo.

***************TABLA, PAG. 1303

Pesca

La estrategia del Sector Pesca se orienta a fortalecer la infraestructura productiva de esta actividad, para el mejor aprovechamiento de las potencialidades que las condiciones naturales del país ofrecen y a fin de incrementar la producción alimentaría. En este sentido, la inversión del Sector se destinará principalmente al fomento de la acuacultura, al dragado y a la construcción y conservación de escolleras.

El presupuesto de inversión del Sector asciende a 173 millones de nuevos pesos, que representa un incremento del 6.5 por ciento en términos reales, con respecto al de 1994.

Entre los principales proyectos destacan: el Parque Ostrícola en Tamaulipas, los Parques Camaronícolas en Tabasco y Campeche, así como el Parque de Maricultivos en Quintana Roo. Dragado del canal de intercomunicación en el Sistema Lagunario Huizache Caimanero, del canal de comunicación entre la Laguna de Agua Grande y el Tapo Revolución, en Sinaloa, así como dragados para la rehabilitación del Sistema Lagunario Norte de Nayarit, y la reparación y prolongación de la escollera este en la boca del Malecón Laguna de Cuyutlán en Colima.

***********TABLA, PAG. 1304 y 1305

Desarrollo Social

El objetivo central de la política de inversión es aumentar el bienestar de las familias, otorgando especial atención a la inversión en las personas, a fin de que los trabajadores mexicanos sean más productivos y estén mejor remunerados.

En Educación, el esfuerzo se orienta a resolver los rezagos que persisten en la educación básica y media, elevando su calidad; a impulsar la extensión y calidad de la educación superior; y a dar un aliento importante a la investigación científica y tecnológica. En el Sector Laboral, la inversión se dirige a incrementar sustancialmente la capacitación de los trabajadores, mediante la ampliación de los programas de becas y de los apoyos económicos para adultos empleados y desempleados. Asimismo, se instrumentarán esquemas de incentivos gubernamentales, basados en la estructura y necesidades de las empresas y la modernización de los mercados laborales. En lo que respecta al Sector Salud y Seguridad Social, se mejorarán los servicios, destinando recursos a la ampliación, equipamiento, conservación y rehabilitación de hospitales y centros de asistencia y seguridad social.

Adicionalmente, la inversión se orientará a un desarrollo urbano equilibrado, basado en una visión global que considera acciones de reordenamiento territorial, suministro de agua potable, saneamiento y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, así como a la atención de residuos sólidos y protección al medio ambiente.

En lo que respecta al Programa Nacional de Solidaridad, éste se verá fortalecido para llegar a un mayor número de habitantes de escasos recursos, y para elevar su nivel y calidad de vida. La estrategia de fortalecimiento de Solidaridad estará basada en un proceso de descentralización de la inversión hacia los gobiernos estatales y municipales, lo que permitirá elevar su eficiencia, así como la capacidad de decisión de las comunidades organizadas y de las autoridades locales.

Para 1995, Solidaridad tendrá un presupuesto de inversión de 9 mil 396 millones de nuevos pesos, cifra 6.1 por ciento superior real a la del año anterior.

Congruente con esta alta prioridad, dentro de la inversión presupuestal, destaca la participación de los recursos asignados al total del Sector de Desarrollo Social, los cuales ascienden a 23 mil 496 millones de nuevos pesos, 41.2 por ciento del total de la inversión pública para 1995. Este monto es superior, en términos reales, en 12.3 por ciento al del cierre de 1994.

En particular, al Sector Educación se canalizarán recursos para inversión por 4 mil 597 millones de nuevos pesos; en el Sector Salud y Seguridad Social se invertirán 2 mil 687 millones de nuevos pesos. En el Sector Laboral se destinarán 557 millones de nuevos pesos. En Desarrollo Urbano, Agua Potable y Ecología se contemplan 6 mil 143 millones de nuevos pesos para inversión.

Respecto a los proyectos específicos, en Educación destacan: los Programas para Abatir el Rezago Educativo en varios estados de la República; el Programa de Educación Inicial no Formal; el Programa de Construcción y Equipamiento de la UNAM; el Programa de Capacitación de Maestros, así como el fortalecimiento de la infraestructura del Conalep; los Programas de Desarrollo Tecnológico Conacyt/Pacime y Conacyt/Fidetec; y el programa de infraestructura educativa del CAPFCE.

En materia laboral, sobresale el Proyecto de Modernización de Mercados de Trabajo y, conjuntamente con el Sector Educación, el Sistema Normalizado de Competencia y Certificación Laboral.

Con respecto a la inversión del Sector Salud, cabe mencionar el Programa de Apoyo a los Servicios de Salud a Población Abierta (PASSPA), el Centro Médico de Rehabilitación, el Hospital General de Tulyehualco, la conclusión de la modernización del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y los programas de construcción, equipamiento y modernización de clínicas y hospitales de la SSA, el IMSS y el ISSSTE.

Dentro del Sector Desarrollo Urbano, Agua Potable y Ecología destacan el Programa Cien Ciudades, el Plan Integral Ambiental Fronterizo, el Programa de Recuperación Ecológica, el fomento a la vivienda y conservación de edificios públicos e históricos; así como la continuación del Sistema Cutzamala, el Plan de Acción Inmediata y Saneamiento de la Cuenca del Valle de México, y del Programa de Agua Potable de la Zona Metropolitana de Guadalajara (La Zurda-Calderón). También, sobresalen los Proyectos Agua para el Bienestar de las Comunidades Rurales, y Agua y Drenaje en Zonas Urbanas e Industriales. En el cuidado del medio ambiente, deben señalarse los paquetes ecológicos de la industria petrolera para reforzar la producción de destilados de alta calidad, con la modificación e instalación en Tula, Salina Cruz y Salamanca de 3 nuevas plantas de productos oxigenadores de gasolinas (MTBE y TAME), 2 plantas desulfurizadoras de diesel y 1 planta de hidrotratamiento de residuos.

************TABLA, PAG. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312

Comunicaciones y Transportes

La inversión en infraestructura de transporte es esencial para reducir costos y aumentar el empleo, a través de una red más amplia y económica que apoye el esfuerzo de las empresas para acceder a los mercados regionales y extranjeros. La estrategia deberá orientarse a una organización de los distintos medios, de acuerdo a una visión global, que permita desarrollar el concepto de corredores de transporte y la evolución del transporte intermodal. Asimismo, se seguirá promoviendo el Programa Nacional de Autopistas con la participación del capital privado.

En este sentido, se propone destinar mayores recursos presupuestales al mantenimiento, construcción y modernización de la red troncal de carreteras federales, así como a carreteras alimentadoras y caminos rurales. En ferrocarriles se atenderá la conservación y rehabilitación de la infraestructura existente, manteniendo la fuerza tractiva y el equipo de arrastre. En el sistema aeroportuario, se otorgará prioridad a la construcción y remodelación de edificios terminales, pistas y plataformas. Por su parte, en telecomunicaciones la inversión se destinará a su modernización, adaptando su regulación al cambio tecnológico.

Para 1995 el Sector canalizará a la inversión 8 mil 595 millones de nuevos pesos. Dicho monto representa el 15.1 por ciento de la inversión total, y es 17.7 por ciento superior en términos reales a la esperada para 1994. De este presupuesto destaca: la SCT que invertirá directamente 6 mil 302 millones de pesos; Capufe 419 millones de nuevos de pesos; Ferronales 1 mil 355 millones de nuevos pesos; y ASA invertirá 212 millones de nuevos pesos.

*****************TABLA, PAG. 1313

Comercio

La inversión en este Sector se orientará a fortalecer el sistema de abasto y distribución.

Así, se destinará para el rubro de inversión un total de 128 millones de nuevos pesos. Al respecto se señalan los Proyectos de Rehabilitación de Almacenes, Construcción y Remodelación de Edificios Delegacionales y Acondicionamiento de Centros de Acopio en diversos estados de la República y el equipamiento de laboratorios.

************TABLA, PAG. 1314

Turismo

Con el propósito de estimular el crecimiento de la actividad turística y el desarrollo nacional, la inversión del Sector Turismo para 1995 se orientará a avanzar en la expansión y modernización de la planta de servicios en los 5 polos de desarrollo turístico en Cancún, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; Los Cabos y Loreto, Baja California Sur; y Bahías de Huatulco, Oaxaca; así como al fomento y promoción del turismo nacional y extranjero a través de servicios de mejor calidad.

Para dichos fines, Fonatur prevé una inversión de 103.5 millones de nuevos pesos. Estos recursos se destinarán a los proyectos de conservación, mantenimiento y a la construcción de las obras de cabeza de estos polos de desarrollo; y a la conclusión del desarrollo turístico El Soldado de Cortés en Sonora.

En resumen, para 1995 se contempla una inversión total de 159.1 millones de nuevos pesos, superior en 42.1 por ciento real respecto a la del año anterior.

************TABLA, PAG. 1315

Energético

En el Sector Energético los recursos se orientarán a la construcción, ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura que permita aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica, producción de materias primas y combustibles.

En materia de electricidad, se fortalecerá y mejorará la transmisión y distribución, y se alentará la participación privada en la generación.

En el Subsector Petróleo se concentrarán los esfuerzos en la exploración y extracción, así como en acciones para mejorar el suministro de combustibles industriales, incluyendo el gas natural. Dichas acciones se encaminarán al suministro rápido, confiable y de calidad, a precios competitivos.

Para 1995, la inversión pública que se destinará al Sector Energético, asciende a 19 mil 166 millones de nuevos pesos, 10 por ciento más, en términos reales, a la esperada para 1994. Por su parte, el Subsector Eléctrico destinará 8 mil 138 millones de nuevos pesos a la inversión y el Subsector Petróleo, 11 mil 028 millones de nuevos pesos.

En el Subsector Eléctrico destacan la terminación de los proyectos: hidroeléctrico de Zimapán; segunda unidad de la nucleoeléctrica Laguna Verde; termoeléctrica Petacalco; geotermoeléctrica los Humeros VIII y la Carboeléctrica Carbón II; la ampliación de Cerro Prieto III; así como importantes proyectos para reducir pérdidas en la transmisión y distribución. Dentro del gasto de inversión de Petróleos Mexicanos destacan: la explotación de yacimientos en los campos de Abkatún, Cantarell y Och-Uech, así como de los campos en Mojarreñás, Muspac, Jujo, Ku y Bacab, entre otros; y la perforación de pozos exploratorios en la Sonda de Campeche, Simojovel y en el Litoral de Tabasco.

En relación a los proyectos de refinación, cabe mencionar la ampliación de las refinerías de Tula, Hidalgo y la de Salina Cruz en Oaxaca. En la refinería de Cadereyta, N.L., se construirá una coquizadora, se instalarán 2 torres despuntadoras de crudo, una mezcladora de asfaltos, 2 tanques de almacenamiento de crudo de 500 mil barriles cada uno y una reductora de viscosidad. En materia de gas natural, destaca la construcción del gasoducto a la Península de Yucatán para abastecer a las centrales eléctricas y otros usos industriales, principalmente. Adicionalmente, se realizarán diversos proyectos de Pemex en apoyo al mejoramiento ambiental.

**********TABLA, PAG. 1317, 1318, 1319

Seguridad Nacional y Procuración de Justicia

En materia de seguridad nacional y procuración de justicia, en 1995 se invertirán 1 mil 902 millones de nuevos pesos, monto 4.2 por ciento mayor al del año anterior.

La Secretaría de la Defensa Nacional destinará recursos de inversión al equipamiento de unidades militares y a la construcción de cuarteles para batallones de infantería, y a la comandancia del primer batallón de Guardias Presidenciales. La Secretaría de Marina realizará mantenimiento y reparación de unidades navales, aeronavales y de superficie, así como el equipamiento del taller de mantenimiento de motores Holtzinger. Por su parte, la Procuraduría General de la República destinará su inversión a la adquisición de equipo aéreo. Dentro de los proyectos de la Secretaría de Gobernación destaca la conclusión del Cefereso de Matamoros, así como el inicio de la segunda etapa del programa de construcción de reclusorios bajo el esquema de arrendamiento financiero.

***************TABLA, PAG. 1320, 1321

IV. PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA DEUDA PUBLICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA DEUDA PUBLICA

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1995 contempla 30 mil 263 millones de nuevos pesos para cubrir el costo financiero de la deuda del Gobierno Federal y de los organismos y empresas bajo control directo presupuestal. Este monto es equivalente al 2.2 por ciento del PIB esperado para 1995. Con respecto a 1994, el costo financiero de la deuda pública disminuirá en términos reales 11.5 por ciento.

De este costo financiero total, el Gobierno Federal ha presupuestado 24 mil 646 millones de nuevos pesos para el pago de intereses y comisiones sobre su deuda interna y externa. Esta cantidad muestra un decremento real de 13.8 por ciento en relación al año previo.

Por lo que respecta a los organismos y empresas paraestatales bajo control directo presupuestal, el costo financiero de sus pasivos para 1995 asciende a 5 mil 617 millones de nuevos pesos, lo que representa un incremento real de 0.4 por ciento con respecto a 1994.

Adicionalmente, se ha presupuestado para 1995 un pago por concepto de adeudos de ejercicios fiscales anteriores por 4 mil millones de nuevos pesos.

************TABLA, PAG. 1322

V. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

PODER LEGISLATIVO

El presupuesto que envía el Poder Legislativo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de 1995, asciende a 1 mil 054 millones de nuevos pesos. Con el gasto directo de administración se atenderá el costo de operación de las Cámaras de Diputados y Senadores, de acuerdo con su nueva integración, así como el de la Contaduría Mayor de Hacienda. Este gasto presenta un crecimiento real con respecto a 1994 de 40.5 por ciento, debido principalmente a la nueva conformación del Senado, que duplicó el número de representantes de esa Cámara.

El presupuesto para inversión registra un decremento real de 36 por ciento, debido a que el Programa de Reconstrucción del Palacio Legislativo de San Lázaro concluyó en 1994. Con el nivel asignado se cubrirá el equipamiento de diversas áreas del Palacio Legislativo, así como la adquisición de equipo de cómputo para la Contaduría Mayor de Hacienda. Por su parte, el gasto de inversión contempla la 2ª. etapa de construcción del edificio sede para el Senado.

*********TABLA, PAG. 1323

PODER JUDICIAL

El Poder Judicial propone como parte de sus objetivos prioritarios, impulsar acciones que contribuyan a mejorar y ampliar las funciones de sus órganos de impartición de justicia, y simplificar sus procesos. Para alcanzar estos objetivos se programa ejercer un presupuesto durante 1995 de 1 mil 467 millones de nuevos pesos, el cual es superior en 19.9 por ciento, en términos reales, al de 1994.

************TABLA, PAG. 1323

El nivel de gasto propuesto permitirá la instalación de 14 nuevos órganos; el fortalecimiento de la estructura operativa de los órganos jurisdiccionales, de las defensorías de oficio y de los juzgados de paz; la modernización de sus sistemas de información; así como un amplio programa de construcción y equipamiento de inmuebles.

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA

El proyecto de presupuesto para la administración pública central plantea un nivel de gasto programable por 164 mil 851 millones de nuevos pesos, cifra superior en 6.1 por ciento real al cierre estimado para 1994.

En la integración de sus componentes, el gasto corriente muestra un monto de 129 mil 303 millones de nuevos pesos, equivalente a una variación real de 6.1 por ciento frente al cierre estimado para 1994. Este gasto incluye un presupuesto para servicios personales que muestra un incremento real anual de 8.5 por ciento. Dicho aumento se explica por los recursos necesarios para cubrir el gasto regularizable, la previsión de incrementos salariales, y para la creación de nuevas plazas, principalmente en los sectores de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.

Por su parte, el gasto de capital ascenderá a 35 mil 548 millones de nuevos pesos, dentro del que destaca la inversión física directa con un monto de 19 mil 394 millones de nuevos pesos, representando en términos reales un crecimiento de 10.5 por ciento.

***********TABLA, PAG. 1324, 1325, 1326

ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL

El proyecto de gasto programable de los organismos y las empresas de control presupuestal directo asciende a 123 mil 074 millones de nuevos pesos. La distribución de estos recursos se especifica en los cuadros que se presentan a continuación.

Por su parte, el gasto de capital ascenderá a 27 mil 392 millones de nuevos pesos. Dentro de éste sobresale la inversión física con un presupuesto de 25 mil 219 millones de nuevos pesos, 11.7 por ciento real superior al del año anterior.

********TABLAS, PAG. 1327, 1328

ORGANOS ELECTORALES

Con la finalidad de llevar a cabo las acciones previstas por la legislación electoral, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral proponen un presupuesto de 1 mil 423 millones de nuevos pesos para el ejercicio fiscal de 1995.

************TABLA, PAG. 1329

El nivel de gasto asignado para administración permitirá llevar a cabo la organización de los procesos electorales; cubrir el costo del programa permanente para la actualización del padrón electoral y de fotocredencialización; así como proporcionar el financiamiento público a los partidos políticos, en función de lo previsto por las disposiciones legales vigentes.

El presupuesto para inversión estará orientado a continuar la obra de rehabilitación de oficinas de las juntas locales ejecutivas; la construcción de almacenes para resguardo de material y equipo; así como la construcción del edificio anexo del Tribunal Federal Electoral.

La disminución del presupuesto de 1995 respecto al cierre del año anterior, obedece a que las actividades sustantivas de la fotocredencialización y del propio proceso electoral federal llevadas a cabo en 1994, no se repiten en el ejercicio para 1995 y, por tanto, el gasto asociado a ello no se regulariza.

TRIBUNALES AGRARIOS

En el ejercicio fiscal de 1995 los Tribunales Agrarios continuarán resolviendo asuntos en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; así como en la restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva. Para alcanzar lo anterior, enfocarán sus acciones jurisdiccionales a través de dos programas sustantivos: el de impartición de justicia y vigilancia de la legislación agraria, y el de promoción de la justicia agraria.

Para el cumplimiento de estas acciones, en 1995 se proponen recursos por 152 millones de nuevos pesos.

****************TABLA, PAG. 1330

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION

Con objeto de dar plena vigencia a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en el sentido de que este órgano jurisdiccional administrativo esté dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y funciones que la propia ley establece, se propone asignar a este Tribunal un ramo presupuestal independiente del que comprende a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y así facilitar el ejercicio de su gasto, para el debido cumplimiento de sus fines.

Para ello, en 1995 se propone el otorgamiento de recursos por un monto de 48.5 millones de nuevos pesos.

**************TABLA, PAG. 1331

RESULTADO PRESUPUESTAL

Para 1995 se propone un equilibrio en las finanzas públicas. En el resultado propuesto, la suma de los ingresos es igual al costo financiero de la deuda interna y externa más el gasto primario del sector público.

El endeudamiento neto correspondiente al Gobierno Federal será de 2 mil 904 millones de nuevos pesos. Por su parte, los organismos y empresas presentarán un superávit de 2 mil 749 millones de nuevos pesos. El. equilibrio en el balance financiero se obtendrá por el superávit del sector paraestatal bajo control indirecto.

************TABLA, PAG. 1332, 1333, 1334