Mensaje de bienvenida, diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes
Intervenciones
Rector Ricardo Villanueva Lomelí
Rector Luis Gustavo Padilla Montes
Magistrado Daniel Espinoza Licón
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
Juan Alberto Ruvalcaba González
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Ronda de preguntas
Diputada Paulina Rubio Fernández
Diputada Laura Lorena Haro Ramírez
Diputada Laura Lorena Haro Ramírez
Senador José Clemente Castañeda Hoeflich
Diputada Claudia Delgadillo González
Ronda de respuestas
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
La presentadora: (Aquí inicia el audio) ... Congreso de la Unión, coordinadores de los grupos parlamentarios, presidentes e integrantes de las comisiones ordinarias. Los diputados y las diputadas de los honorables Congresos estatales, especialmente del Congreso de Jalisco. A los integrantes del Senado de la República, legisladores, tanto en funciones como electos.
Un agradecimiento a los representantes del Poder Judicial y de los tribunales, tanto jueces como magistrados federales y locales.
Agradecemos la presencia de los representantes de barras, colegios de abogados y corredores públicos, abogados litigantes, consultores, representantes de los trabajadores y a toda la comunidad del estado de Jalisco, que hoy nos acompañan.
Un cordial agradecimiento a nuestros ponentes, que incluyen autoridades universitarias, abogados, magistrados, investigadores, constitucionalistas y representantes sindicales que expondrán en este segundo diálogo.
Un especial agradecimiento a las autoridades de la Universidad de Guadalajara, al rector el doctor Ricardo Villanueva Lomelí y al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del CUCEA.
Para llevar a cabo la moderación de este segundo diálogo nacional dejamos en el uso de la palabra a la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes, secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia de la honorable Cámara de Diputados. Tiene usted el uso de -/*/*-la voz, diputada, por favor.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: La democracia asusta a quienes se benefician del poder de una cúpula, a una aristocracia emanada de un poder fáctico que solo tenía una minoría y la democracia es el mandato, el mandato del pueblo, del poder supremo. No debe asustarnos que el Poder Judicial tenga el mandato supremo y que nuestra patria tenga un círculo perfecto, con legisladores electos, con Poder Ejecutivo electo y con Poder Judicial electo. La justicia pronta y expedita es lo que debería de ejecutar todos y cada uno de los que están en el Poder Judicial.
Para nosotros, hoy que estamos discutiendo con la Academia, es también un honor, porque la Academia también es pueblo. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿qué podemos hacer?, ¿qué Poder Judicial tenemos?, ¿qué Poder Judicial queremos? Y, estamos en este diálogo a discutir.
Hoy estamos acompañados de un honroso panel de docentes, de especialistas, pero sobre todo estamos juntos haciendo historia. Es histórico que hoy, en un foro de discusión nacional de una reforma constitucional tengamos no solo este foro, sino tengamos que haber implementado otros dos por la demanda que tuvo en todos los niveles.
Gracias a todos los asistentes –perdón por el calor, ahorita vamos a subirle al aire–, a todos, pero también qué bueno que sepan que el pueblo nos eligió para defender la certeza jurídica, porque la certeza es la que nos da esta capacidad de crear no solo patria, sino también una comunidad justa y con paz. Les vamos a dar la bienvenida, todos y cada uno de nosotros.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Hoy le pediré al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara que nos dé unas palabras de bienvenida en este importante foro del estado de Jalisco. Gracias rector.
El rector Ricardo Villanueva Lomelí: Bueno, pues muy buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan de todos los estados de la República. Y, bueno, yo siempre he sido un convencido que las universidades públicas estamos destinadas a ser uno de los espacios de mayor libertad que los seres humanos hemos construido.
El día que vivamos en una sociedad donde en una universidad pública no se pueda decir algo, hay que empezarnos a preocupar, porque el proceso civilizatorio está empezando a tener problemas.
Entonces, bienvenidos todos a uno de los espacios más libres que puede haber en México, que es una universidad pública, bienvenidos a la universidad de Guadalajara.
Y bueno, pues simplemente para agradecer a toda la comunidad universitaria que nos acompaña el día de hoy. Nos acompañan, invitamos a muchos estudiantes de la carrera de abogado, en esta universidad es el programa educativo, de los más de 200 programas educativos que ofertamos en esta universidad, el de abogado es el que más demanda tiene y de los 19 centros universitarios que tiene la Universidad de Guadalajara, en 15 centros universitarios se oferta la carrera de Derecho, es la carrera a la que más aspirantes tenemos y, actualmente, en esta universidad 12 mil 477 jóvenes estudian la carrera de derecho y si a esto sumamos 2 nuevas ofertas educativas que han dado resultados sumamente exitosas desde el primer que se convocaron que es ciencias forenses y criminología, carreras también que sirven muchísimo para tratar de tener un mejor sistema de justicia, que es a lo que aspiramos todos.
Y bueno, pues a todos los que no vienen, que no son de Jalisco, decirles que la Universidad de Guadalajara, es la segunda universidad más grande del país, tenemos 335 mil 538 jóvenes que todos los días vienen por una esperanza de un mejor futuro a estas aulas; 17 mil estudiantes de esta universidad vienen de otros estados de la República, entonces yo creo que la UDG ya es más nacional que el Politécnico y que la UNAM ¿no? Porque tenemos una matrícula de todo el país, que vienen de todos lados.
Y en el impacto social quiero aprovechar que nos acompañan personalidades de todo el país. Decirles que uno de los grandes orgullos, y aprovecho para saludar al diputado Ignacio Mier, a Ricardo Monreal, al senador y a todos los miembros del presídium que hoy nos acompañan, para dar un dato muy simple, pero muy gráfico, de cómo esta Universidad se ha convertido en la institución de mayor movilidad social en todo México.
En México estudian 4 millones 300 mil jóvenes logran llegar a la educación superior, solo 4 millones 300 mil mexicanos logran llegar y hoy estudian en alguna aula de una institución de educación superior. De esos 4 millones 300 mil jóvenes, solo 380 mil, o sea el 9 % pertenece al primer quintil de más bajos ingresos a la gente que menos ingresos tiene. Por eso, el acceso a la educación superior se ha vuelto casi inalcanzable para la gente de menos recursos de México.
Bueno, la Universidad de Guadalajara hace 30 años decidió irse a todo el estado de Jalisco, abrir campus en todo el territorio del estado, lo que permitió que los jóvenes de Jalisco ya no tienen obligadamente ir a la capital si quieren acceder a educación superior. Hay muchísimos estados en el país que todavía para poder acceder a educación superior hay que viajar a la capital.
Hoy la Universidad de Guadalajara tiene 19 campus en todo el estado de Jalisco, en Colotlán, en Autlán, en Puerto Vallarta, en Ameca, en Ocotlán, en Tepatitlán, en Lagos de Moreno y eso ha permitido que las familias de más bajos ingresos de Jalisco puedan acceder a educación superior.
El dato que les quiero dar es que la matrícula de la Universidad de Guadalajara, mientras en el país solo el 9 % pertenece al primer quintil, en nuestras aulas el 56 % de los jóvenes que estudian pertenece al primer quintil y de ellos el 80 % va a ser el primer profesionista de su hogar.
Eso es movilidad social y eso se logra con un proceso de descentralización, donde las universidades decididamente nos acercamos a los jóvenes y no forzamos que el joven tenga que venir a la capital a estudiar; 80 mil, de los 380 mil jóvenes de México del primer quintil, 80 mil de ellos estudian en la Universidad de Guadalajara, o sea, que aquí atendemos al 22 % de los jóvenes que logran llegar a estudiar una licenciatura del primer quintil. Por eso bienvenidos a la universidad con más impacto social y con mayor movilidad social. Muchísimas gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Le pedimos, por favor, al senador Ricardo Monreal Ávila que nos, vamos adelantar un poco el discurso, él tiene que salir rápidamente a otro evento, que nos comparta también las palabras desde el Senado de la República. Adelante.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Primero quiero expresarles, a todos, mi beneplácito de que estén aquí. Hemos decidido hacer memorias de todo lo que se esté aquí diciendo. Cada una de las participaciones de jueces, distritos, ministros, estudiosos del derecho, universitarios las revisamos puntualmente todas.
A mí me convocaron a las 11 de la mañana y tenía otro foro en otro estado, porque estamos desarrollando foros en todo el país. ¿Por qué es una reforma profunda? La primer Constitución de México, que tuvo aplicación, la de 1824, cumplió 200 años, cumple este año. Desde entonces, en las distintas Constituciones promulgadas, la relación entre los tres poderes fue aceptable y de colaboración, salvo en algunos momentos que registra la historia cuando se presentaron presagios de tormenta y conflictos que finalmente se resolvieron y atenuaron.
En la mayor parte de estos 200 años, salvo momentos de lucidez e independencia en ciertas épocas, se había aceptado la colaboración entre poderes, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, e incluso implícitamente se admitía la subordinación del Judicial al Ejecutivo e incluso del Legislativo al Ejecutivo, dado que la influencia de este último era preponderante para la designación de los ministros de la Corte, y la de éstos a su vez en relación con jueces y magistrados, pues recaía en aquéllos aplicar su decisión vertical.
La Corte se fue alejando del ideal de justicia, profundizando el nepotismo. Y el Poder Judicial... al punto de que circuitos completos pertenecían a una sola familia y, con ello, el tráfico de influencias, la corrupción y la venta de la justicia al mejor postor sí ocurrió y sigue ocurriendo actualmente.
La reforma de Ernesto Zedillo, de despedir con pensiones vitalicias atractivas a los 26 ministros en funciones y nombrar a un nuevo cuerpo de 11 ministros, despertó la esperanza de que la impartición de justicia mejoraría y que la obligación de hacerlo de manera pronta y expedita dejaría de ser letra muerta. No fue así. Y se profundizaron tanto el aislamiento social como el deterioro de la impartición de justicia. La Suprema Corte se fue convirtiendo en una élite poderosa e inatacable, intocable también, llena de privilegios y alejada de la sociedad, distante de los sentimientos de los justiciables.
En el 2018 irrumpe en la sociedad una alternativa política que se fue traduciendo en un cambio de régimen y en una transformación de las instituciones. Muchos de los actores sociales, económicos y políticos creyeron que la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno sería más de lo mismo y que, como ocurrió en el 2000 con Vicente Fox, continuaría el mismo estado de cosas en México. Se equivocaron quienes presagiaron esta situación y poco a poco se dieron cuenta de que el inicio del cambio de régimen y la transición política era real y profunda.
Así, habiendo muchos pendientes de la república, el presidente aplicó sus prioridades: la política social humanista, la distribución equitativa de la riqueza, la separación entre el poder económico y el poder político, la aplicación entre la austeridad como política de Estado y la política de bienestar como uno de los imponderables, además de la rendición de cuentas por parte de todos los sectores, incluyendo el sector empresarial, o de todas las personas contribuyentes, sin importar su poderío o su influencia.
Es decir, atendió primero la casa propia, el elefante reumático al que se refirió de manera frecuente, y detonó un gasto social a las inversiones como obras de desarrollo emblemáticos: la refinería, los aeropuertos, las carreteras, el Tren Maya, el Interoceánico y muchas otras obras más.
Y en el primer tramo de gobierno del presidente López Obrador la relación con el Poder Judicial, sin sobresaltos, sin excesos. Sin embargo, no faltaron iniciativas y propuestas para mejorar la impartición de justicia.
Siendo presidente de la Corte el hoy ministro en retiro, Arturo Saldívar, le planteó o se planteó una reforma insuficiente e incompleta para que caminara el Poder Judicial. El mandatario nacional hizo suya la propuesta y prosperó en el Congreso de la Unión, aprobamos las reformas.
No obstante, dejó insatisfechos a muchos, a muchas personas que pensábamos que se requería una mayor profundidad. Una expresión que solía usar el presidente de la República era: “El Poder Judicial tiene que autorreformarse, autorregularse. Confío en que así sucederá”.
No había por qué dudar de esta parte y en el primer tramo de gobierno no había intención, no la hubo, de reformas profundas como la que ahora discutimos, porque había una relación de respeto, de colaboración entre los poderes.
Varias veces comenté en mi trato frecuente con el presidente la necesidad de presentar iniciativas para reformar este poder, pero él no compartía, al parecer. Con él dialogamos profundamente.
Fue hasta el cambio de la presidencia en la Corte cuando, concluido el mandato del presidente Zaldívar y tras el nombramiento de la nueva presidenta comienza a cambiar la relación entre poderes y, escudándose en que se debía mantener autonomía e independencia, se empieza a tensar la relación.
Los signos y actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales comienzan a separarse y a distanciarse de lo que era una relación institucional. La opinión sobre temas emblemáticos de Estado y la invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos o determinaciones del Ejecutivo y del Legislativo comenzaron a deteriorar la relación.
Hoy mismo, el fin de semana, un juez federal ordena al Tribunal Federal Electoral, que goza de plena autonomía, nombrar en 24 horas a dos magistrados electorales. Esa no es su facultad. Invade la facultad del Poder Legislativo e invade la facultad del Tribunal Electoral y eso nos hace pensar la necesidad de una reforma que acote los abusos de los jueces de distrito y de aquellos que se supone imparten justicia.
La reforma judicial es indispensable. La falta de pericia, entendimiento racional e inteligencia política de quien representaba a la Corte y representa, provocó y provoca que la rispidez y la mala relación fueran un constante en los asuntos públicos que a los Poderes les quedaban atribuidos de acuerdo con la Constitución y la ley.
Esto detonó que el presidente López Obrador, el 5 de febrero, en base a sus facultades, presentara 20 iniciativas de reforma a la Constitución y a leyes reglamentarias, la que también contempla reformas al Poder Judicial, 16 artículos de la Carta Magna y 11 transitorios.
La reforma al Poder Judicial fue recibida con esperanza por muchos sectores de la población que veían imposible el acceso a la justicia, intocable la impunidad y la justicia vendida al mejor postor. Pero también el día de la presentación y posteriormente, el Poder Judicial y sus afines expresaron inconformidad, protestas y, hasta donde recuerdo, una actitud fuera de lo normal diciendo que jamás lograríamos la mayoría calificada y por tanto era quimera lo que nos proponíamos.
Incluso algunos miembros del Poder Judicial y actores políticos señalaron que era un fracaso y que sería un fracaso las reformas planteadas y que seguirían la misma suerte de algunas de las reformas que el presidente había planteado en la legislatura pasada, dado que no teníamos mayoría calificada.
Concluyo –es que es un relato importante que dar–, pero fue grande la sorpresa, dado que el pueblo nos dio el poder reformador de la Constitución. Claro, estamos escuchando, dialogando. Tengo una serie de reflexiones más profundas, pero no quiero abusar del tiempo. Voy a estar pendiente.
Me alegra, rector, que sea aquí este lugar donde estemos deliberando con respeto. Sé que hay jueces locales, federales, magistrados, estudiosos del derecho, sé que hay diputados, senadores, legisladores a los que les va a corresponder reformar la Constitución en su caso.
Por eso, felicito a los organizadores, a las organizadoras, a la Comisión de Puntos Constitucionales encabezada por Juan Ramiro Robledo, a Nacho Mier que somos los corresponsables en todo el desarrollo de estos foros.
Solo les digo una cosa a todos los miembros del Poder Judicial y al sindicato que hace un rato saludé a su dirigente, el sindicato, los trabajadores no tendrán una sola, una sola reforma que les afecte, no hay en los 16 artículos y los 11 transitorios algo que les arrebate sus derechos y conquistas. Los trabajadores y sus derechos están a salvo.
Y, a los ministros, a los magistrados y a los jueces les decimos van a poder participar en el proceso electivo, no están excluidos y vamos a poder, eso sí, señalar modalidades al proceso de elección, a filtros para que la calidad de quienes sean impartidores de justicia no se olvide, filtros, facultades que podemos lograr para que vayan los mejores a estos puestos que serán de elección popular integrantes del Poder Judicial federal.
Nos falta un largo tramo, pero les puedo decir aquí en Jalisco, tierra de juristas, Ignacio L. Vallarta, gran jurista, y otros Mariano Otero, aunque Crescencio Rejón no era de aquí simpatizaba mucho con los jaliscienses, y muchos otros juristas García Salinas que siendo de Zacatecas simpatizaba con Jalisco o Valentín Gómez Farías, que era jalisciense, pero fue vicegobernador en Zacatecas y presidente del Partido Liberal en el país, y presidente de la República.
Jalisco tiene, es cuna de grandes liberales y estoy seguro que aquí habrá un eco a esta reforma. Una disculpa y muchas gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Le pedimos por favor al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del CUCEA, nos dé sus palabras.
El rector Luis Gustavo Padilla Montes: Muy buenas tardes a todas y a todos. Distinguidos miembros del presídium, señores presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, representantes de los tres Poderes públicos en los ámbitos federal y estatal, rectoras y rectores de nuestra Universidad de Guadalajara, comunidad académica, estudiantil, invitadas, invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores.
Primeramente, quiero agradecer al señor rector general de la Universidad de Guadalajara, nos haya permitido fungir como centro universitario de la red de universitaria para este encuentro.
Para la Universidad de Guadalajara y particularmente para CUCEA es un honor recibirles en Jalisco, para los diálogos nacionales Reformas constitucionales al Poder Judicial, organizado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En la Universidad de Guadalajara estamos firmemente convencidos de que la realización de este tipo de encuentros fomenta la libertad de pensamiento, facilita la difusión del mismo, acerca a la sociedad a temas relevantes de la vida pública de nuestro país y por supuesto contribuye a la formación de un Estado libre, diverso y democrático, y no podría ser de otra manera ya que, como lo comentó precisamente el senador, si me permiten decirlo, nuestra Universidad junto con Jalisco ha desempeñado un papel fundamental en la construcción del Estado de derecho que hoy tenemos.
El emblemático edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situado al pie de la escalinata principal, muestra con orgullo las efigies serenas de don Ignacio L. Vallarta y don Mariano Otero, destacados juristas jaliscienses, que definieron en el siglo XIX los valores éticos y doctrinales de la justicia federal.
Desde su establecimiento, en 1792, nuestra Universidad ha sido una institución comprometida con la formación de abogados y juristas, con un fuerte compromiso social que contribuya al desarrollo, no solamente del occidente de nuestro país, sino a toda nuestra nación.
Muchas de las mentes más brillantes del constitucionalismo mexicano han cruzado por los umbrales universitarios jaliscienses y han delineado la fortaleza del Estado mexicano como, por ejemplo, don Prisciliano Sánchez, el padre del federalismo mexicano, don Mariano Otero y su fórmula, que sirvió para ponderar la naturaleza jurídica del juicio de amparo para defender el régimen de los derechos humanos en el orden federal; qué decir de don Ignacio L. Vallarta, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con su obra: Votos, hoy es legado y ejemplo para advertir de los errores contenidos en las malas interpretaciones legislativas y finalmente a don Luis Manuel Rojas, jurista y Constituyente Revolucionario de 1917.
Por tanto, contar con la presencia en este recinto universitario de todas y todos ustedes, en un ejercicio pleno de parlamento abierto, donde los órganos parlamentarios interactúan estrechamente con la comunidad académica, es todo un honor y un acto que se realiza en consonancia con la gran tradición jurídica que distingue a nuestro estado y a la propia Universidad de Guadalajara.
En las últimas décadas, nuestro país ha implementado importantes reformas para fortalecer la eficacia, la independencia y, por supuesto, la transparencia del Poder Judicial, a pesar de los avances significativos realizados, nuestro Poder Judicial se enfrenta a desafíos importantes que, para ser abordados, necesitan esfuerzos para consolidar la impartición de la justicia.
Por consiguiente, reflexionar sobre la configuración de la reestructuración del Poder Judicial de nuestra nación pone de manifiesto la importancia de la necesidad de adaptación y modernización del sistema judicial como una respuesta a los retos sociales y políticos que enfrentamos. Somos conscientes que la impartición de justicia debe ser imparcial, transparente y ágil para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, los juicios deben llevarse a cabo con apego a la ley, respetando el debido proceso y garantizando la defensa de todas las partes involucradas.
También es fundamental que los jueces y magistrados actúen con ética y profesionalismo, evitando caer en cualquier tipo de discriminación y asegurando la igualdad ante la ley. Además, es importante que se brinde acceso a la justicia a todas las personas, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad, para que puedan hacer valer sus derechos de manera efectiva.
Por todo lo anterior, sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos a nuestra universidad, al CUCEA, en donde la práctica de la autonomía universitaria se materializa con una larga tradición de participación en la vida pública y democrática de nuestro país. Hacemos votos, porque se cumplan los objetivos de este importante ejercicio de parlamento abierto. Enhorabuena, muchísimas gracias y muchas felicidades.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Le pedimos, por favor, al magistrado Daniel Espinoza Licón nos dé unas palabras.
El magistrado Daniel Espinoza Licón: Buenas tardes a todas y todos los presentes. Sean bienvenidos a la tierra de Prisciliano Sánchez, Valentín Gómez Farías, padres del federalismo mexicano; la tierra de Ignacio Vallarta y Mariano Otero, entre otros fundadores del amparo, ejemplo vivo para el mundo. Agradecemos al Congreso de la Unión por la apertura, el consenso y la modalidad de parlamento abierto. Muchas gracias.
Siendo autocríticos, es necesario reconocer que el Poder Judicial requiere una reforma para hacer una labor jurisdiccional más eficaz y eficiente; ofrecer una justicia más cercana, más amigable.
Hay jueces que trabajan con puertas cerradas, mostrando indolencia frente a los conflictos que tienen en sus manos. No se debe olvidar que no se trata solo de expedientes, sino de familias y vidas que son afectadas.
La pérdida de un expediente, la falta de una resolución o un acuerdo a tiempo, el aplazamiento o diferimiento de audiencias, no deben ser la constante cuando alguien espera justicia pronta y expedita.
Los jueces y magistrados deben ser de puertas abiertas, dispuestas al diálogo, a la apertura, a la escucha. Su función debe ser más humana, más cercana, más empática. Hay quejas para el Poder Judicial y es responsabilidad de todos replantear la forma de trabajo con todo ahínco, profesionalismo, eficacia y eficiencia que la ciudadanía espera.
Sin embargo, se reconoce que el pueblo de México, a través de sus instituciones y decisiones democráticas, ha otorgado al Congreso de la Unión la posibilidad de realizar reformas constitucionales, incluyendo la propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.
Como Poder Judicial se respeta profundamente las decisiones tomadas por otras instituciones autónomas independientes como el Congreso de la Unión y se espera la misma reciprocidad hacia nuestras propias determinaciones.
Como presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura se representa un colegiado de 34 magistrados, 5 consejeros y 206 jueces de primera instancia a quienes respeto profundamente. Entre ellos se han escuchado voces a favor y en contra de la reforma constitucional.
Debo de precisar en torno a esto tres propuestas. La primera, tiene que ver con las futuras designaciones de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Siendo objetivos y realistas, este es un tema que a los que estamos no nos afecta.
La forma de designación de las futuras generaciones de quienes impartirán justicia es una decisión del Congreso de la Unión, debe ser acatada y respetada si pasa por todo el proceso legal para convertirse en una ley positiva y vigente. Sin embargo, sería importante implementar mecanismos de selección rigurosos que aseguren que los candidatos para estos cargos sean los más idóneos.
El objetivo debe ser identificar a los profesionales más capacitados, priorizando la competencia y la integridad sobre la popularidad. Solo así se podría garantizar y exigir una judicatura que responde efectivamente a las necesidades de justicia de nuestra sociedad.
Segundo punto a precisar. El poder reformador es recordar el derecho adquirido de quienes ya están ocupando el cargo de juzgador o magistrado, quienes trabajaron y estudiaron, se prepararon para llegar a ese puesto aprobando rigurosos exámenes de conocimientos para lograr llegar. Derechos adquiridos, generados y reconocidos por la jurisprudencia sí de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ese sentido, en nombre de todas las juzgadoras, juzgadores, magistradas y magistrados del estado de Jalisco se exhorta al Congreso de la Unión que en las futuras reformas se respeten los derechos laborales previamente adquiridos, evitando sentencias nacionales o incluso internacionales con posibles condenas al Estado mexicano.
Algunos casos destacados, en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Estados por la separación de jueces y magistrados, incluyen el caso Apis-Barrera y otros contra Venezuela en el 2008, caso Reverón-Trujillo contra Venezuela en el 2009, caso López Lon y otros contra Honduras en el 2015, caso Maldonado Ordóñez contra Guatemala en 2016, caso Genoveva y otros contra Perú en 2021.
En todos estos casos la Corte Interamericana determinó que la destitución de jueces y magistrados violó sus derechos a la estabilidad en el encargo, el debido proceso y a la protección judicial, resultando en indemnizaciones millonarias a favor de las y los juzgadores.
Asimismo, la corte señaló que los periodos del encargo deben ser lo suficientemente largos para asegurar la estabilidad y la independencia frente a presiones externas y enfatizó que la estabilidad en el cargo de los jueces es un elemento fundamental para garantizar esa experiencia.
El tercer aspecto y último es resaltar la modalidad de quiénes están y cuándo deberán retirarse del encargo para que entren las nuevas generaciones de impartidores de justicia. En ese contexto, el respeto de los derechos labores adquiridos de las juezas, jueces, magistrados y magistrados es fundamental.
Se considera que el retiro escalonado y progresivo hasta que se termine el periodo por el que fueron designados sería la modalidad que respeta sus derechos humanos. En este tránsito progresivo, cada vez que se genere una vacante seguirá entonces el nuevo proceso de designación.
Como representante del Poder Judicial del estado de Jalisco, se insta respetuosamente a las y los integrantes del Congreso de la Unión a tomar en cuenta estas consideraciones vitales al implementar una posible reforma, asegurando así un Poder Judicial eficaz, eficiente, humana, cercano a las y los justiciables. Muchas gracias.
L a moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Ahora sí ya. Le pedimos por favor al diputado Ignacio Mier Velazco, es nuestro coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, que nos emita unas palabras.
El diputado Ignacio Mier Velazco: Muy buenas tardes a todas, a todos. En principio, expresar mi gratitud, mi profunda gratitud a todas por distraer estas horas de su tiempo, de su trabajo, de su actividad tradicional para dedicarla a la patria.
Creo que vale la pena, en este ejercicio dialéctico de diálogo. Los griegos, fantásticos dicen que el diálogo, su significado, su raíz, era y es, sigue vigente, la utilizamos como parte diaria en nuestros quehaceres, el diálogo viene de, palabra, de razón, la palabra razonada, la palabra razonable y del otro prefijo, que significa a través. El día a través de la palabra razonada.
Y por eso decidimos y lo hizo suyo la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión, como exhorto, de que se pudiera ampliar el diálogo de un tema estructural fundamental del régimen republicano de División de Poderes en nuestro país, a partir de reflexiones que no nacieron en los últimos 14 días, sino es una reflexión que dio origen en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a través de un acuerdo unánime del órgano superior de gobierno, que es la Junta de Coordinación Política para que empezáramos a reflexionar, a dialogar, a cuestionar, a releer, si el procedimiento que establece la Constitución para la elección de los ministros del órgano superior del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía que ser revisado, consultado.
Fue un conversatorio, así lo denominamos, en el que se concluyó, no solo que debería de revisarse, sino en ese momento determinar cuál era o debería de ser el mejor procedimiento democrático para su elección. Había –y hay que reconocerlo– desde entonces nuestra convicción de que debería de ser un asunto del pueblo y definir de manera colegiada, a través de diálogos de qué manera podríamos acercarnos a un mejor procedimiento electivo, que respetara la voluntad del soberano que expresa nuestra Constitución.
Después de eso vino la iniciativa de reforma, que como dijo ya el senador Ricardo Monreal, se presentó en el marco de un paquete de 18 reformas, de iniciativas de reforma a la Constitución y 2 reformas legales. Una de ellas, la que más interés público, político, social desató es la reforma al Poder Judicial que hoy nos tiene acá.
Por eso estamos aquí reunidos en el segundo diálogo nacional, para tratar uno de los siete temas sustantivos que trae la iniciativa presidencial. Seguramente porque así es, porque están articulados de manera programática, sistemática, los siete temas torales, los ejes centrales de la reforma, de manera tangencial se irán abordando otros.
Uno especialmente, el del procedimiento de selección a través de la legitimidad democrática, la expresión a través del voto de las y los mexicanos para los integrantes de los distintos órganos del Poder Judicial, muy especialmente por lo que se refiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese va a seguir apareciendo.
Otro tema recurrente va a ser el del respeto irrestricto a los derechos adquiridos por parte de los trabajadores al servicio del Poder Judicial de nuestro país.
Y, finalmente, el otro de los grandes ejes temáticos es el que se refiere a la reforma al Consejo de la Judicatura Federal para separar, separarlo, a sus titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también asegurar dos órganos: un órgano administrativo y el otro disciplinario que evalúe el desempeño, que evalúe la eficiencia, la eficacia, que tenga un puntual seguimiento efectivo, no simulado al Servicio Profesional de Carrera a través de la carrera judicial en la que muchos trabajadores actuarios, secretarios, expresan que después de 20, 25, 30 años y que están inscritos en la carrera judicial, en el momento de la promoción hacia jueces de distrito, finalmente sigue prevaleciendo el régimen de nepotismo y el régimen de corrupción y favoritismo y que está cuestionable y está siendo cuestionado realmente el Servicio Profesional de Carrera a través de la escuela de carrera judicial. Todos están articulados.
Hoy, agradeciendo, de verdad, la generosidad, la expresión real, libertaria de universalidad, que es lo que anima a las instituciones de educación popular, especialmente a los centros universitarios públicos, que como acá se dijo, no es una mercancía, la educación es un derecho, es un derecho que tiene todo ser humano y más en nuestro país, que esa sensibilidad que es parte de nuestra pedagogía como pueblo, de la pedagogía que anima una de las universidades más importantes de México, la segunda más importante, no solo por su matrícula o por oferta académica, o por el número de campus que tiene, 19, y por su matrícula de más 325 mil mexicanos o porque están atendiendo a los deciles más paupérrimos, a la gente más humilde, que eso simpatiza con nuestro movimiento, no solamente por eso, sino por la vocación democrática agradecerles a los dos rectores, el rector general, a Ricardo, al rector Padilla por su hospitalidad, a todas y a todos ustedes.
Vamos a escuchar con toda atención. No es un acto de simulación. En principio la mayoría calificada que el pueblo de México le otorgó a nuestro movimiento de manera total, en el caso de la Cámara de Diputados, y poco para lograrlo en Cámara de Senadores, no significa raja tabla, no significa cerrazón, lo podríamos hacer.
Es más, si nos animara el viejo pensamiento, que animó a las mayorías en el pasado, a partir de un término que se convirtió en el desvanecimiento de las ideologías, el acuerdo, el consenso. A través del consenso hicieron más de 11 reformas estructurales a nuestro país. Hicieron la reforma educativa, concedieron a intereses extranjeros los recursos estratégicos de nuestro país en materia energética.
En un solo día la reforma educativa, una noche, en una hora, fue reformada la Constitución y los congresos locales se disputaban a ver quién lo lograba hacer en menos de 12 minutos.
Nosotros decidimos abrirnos, independientemente de contar con la mayoría calificada, es un acto de voluntad política, de quien va a ser la primera mujer presidenta de este país, después de 200 años, Claudia Sheinbaum. Ella fue la que impulsó a este cuestionamiento, nuestro movimiento, y nos dijo claramente: el mandato popular lo tenemos, no vamos a renunciar a él, porque no podemos traicionar la voluntad de los mexicanos, pero es necesario escuchar la otra parte de esta triada virtuosa para tener un Poder Judicial honesto, al servicio de la gente, que garantice el goce de nuestros derechos y libertades, pero también el derecho constitucional a tener una justicia pronta, expedita y gratuita, y no justicia que está referida, desafortunadamente, a unos cuantos y donde el principal aditivo es el dinero.
Solo con un diálogo abierto plural podemos cuestionarnos el significado que nosotros tenemos como movimiento de justicia. Y a través del diálogo podemos construir juntos, y comprender, un nuevo acuerdo en México que nos garantice a todos, a todos sin excepción, que haya un México justo, democrático con un Poder Judicial al servicio del pueblo, de los derechos de las y los mexicanos.
Por eso celebro, agradezco de verdad a mis compañeras y compañeros diputados en funciones, electos de todos los partidos políticos, a los rectores, a los que se desempeñan en el Poder Judicial Federal, en el Poder Judicial local, a los estudiosos y especialmente a los académicos investigadores de esta universidad, en cuyos 15 campus tienen la oportunidad los hombres y mujeres que estudian de apropiarse del derecho como un instrumento de defensa de las libertades de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Le pedimos al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, que nos comparta la visión desde la comisión.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias, compañera Cecilia. Señor rector general, señor rector del CUCEA, señor presidente del Supremo Tribunal de Justicia, coordinador Ignacio Mier, muchas gracias a todos ustedes, legisladores compañeros de esta Legislatura y de otra, compañera amiga, Claudia, maestros y alumnos de esta gran universidad. En la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara nos tocará recoger las líneas torales de la discusión que haya de aquí a los siguientes foros, la opinión importantísima del foro anterior, de los señores ministros y ministras de la Suprema Corte para tratar de convertirlas en considerandos que apunten hacia una conclusión que se pueda convertir en proyecto de decreto y se vote con una gran discusión y difusión en todo el país, después de haber pasado por este proceso de gran deliberación con universidades, con asociaciones de abogados, con tribunales, con jueces y magistrados locales y con todos.
Miren ustedes, hay a nuestro juicio tres cosas de la iniciativa del presidente y de su contorno, porque hay 34 iniciativas más de legisladores que propusieron cosas similares a las que hizo el presidente el 5 de febrero. Esas también informan el gran dictamen que se pretende elaborar. En buena parte está avanzado.
No se puede poner a discutir la nueva institución que debe quedar escrita en la Constitución, para permitir que la participación ciudadana esté involucrada sustantivamente en la elección de los ministros, principalmente, y de los juzgadores del país. Ese es un mandato vinculante y no está a discusión.
La independencia judicial es uno de los puntos centrales de la Constitución que no se pueden mover, a nuestro juicio, con un proceso constituyente reformador ordinario. Tendríamos que ir a un Congreso Constituyente para que se modificara la división de poderes. No está en nuestras manos eso. Y tampoco socavar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, ni de lo federal ni de los estados.
Todos los demás aspectos, proposiciones y planteamientos de esa iniciativa y de las otras 34, y de los muchos puntos relevantes que en los foros anteriores a lo que se refirió el coordinador Mier y lo que vamos a hacer todavía, están a discusión. A discusión implica dialogar, escuchar, anotar, escribir y convertir en ley.
Miren ustedes, se dijo aquí hace un momento: la idoneidad, la excelencia de quien vaya a desempeñar el cargo de juez mayor del país debe tener ingredientes adicionales a los de un gran jurista, debe tener una visión de Estado, es el tribunal de la nación, no es la última instancia de cualquier querella. Ese concepto de idoneidad tiene que quedar claro y sencillo pero precisamente redactado como una condición previa, como una condición sine que non, decimos los abogados, de alguien que pueda llegar a presentarse ante las urnas para ser ratificados. Entendemos esa propuesta de buscar el voto popular como una especia de referéndum ratificatorio del pueblo de México para los grandes jueces del país. Encontrar esa fórmula es el primer asunto a discusión y lo tenemos que resolver.
La carrera judicial ha aportado mucho. También se ha desvirtuado. Tenemos que preservarla, apuntar las fallas, proponer las modificaciones pertinentes y también hacerlas compatibles con una ratificación popular.
El calendario de las elecciones de los jueces, de los ministros, de los juzgadores, dicutamos si vienen empatados con una elección partidaria y todo lo que eso significa, o en el año previo a las elecciones. Eso es muy importante.
Y ¿qué tanto pueden interesar a un proceso como este los poderes fácticos? No lo dimensionamos. Hay muchas declaraciones políticas interesadas en los medios de comunicación, pero no lo dimensionamos. Pero eso no significa que dejemos desapercibida en la Constitución la necesidad de que debe hacer una protección, una preservación de la imparcialidad, objetividad, naturalidad y un proceso delicado como el de elegir a los grandes jueces del país.
Y la regulación de las campañas, ese es un asunto importantísimo. Radio, televisión, dice la iniciativa del presidente. Desde luego, no territorio, no campañas ordinarias. Es inconcebible, impensable eso. Tiene que presentarse y difundirse el perfil de idoneidad de los prospectos y de ahí informar lo suficiente para que cualquier persona con algún medio moderno pueda participar y decir sí o no.
Las redes digitales también tienen que ser reguladas en este proceso. Son invasivas, son avasalladoras y portan información y desinformación. Se nos ha quedado tarde la regulación en lo general en el país de un ámbito que no tiene ninguna norma de responsabilidad, que son los grandes medios de comunicación, y ahí van ya las redes sociales digitales.
¿Hasta dónde puede llegar el tribunal de disciplina que se está imaginando? ¿A revocar una resolución o a escudriñar los motivos que hayan dictado esa resolución? Y ¿qué sanciones, con qué procedimiento? Eso es algo que está también a discusión y puede quedar en la ley secundaria, pero las bases deben estar apuntaladas en el texto de la Constitución. Vamos a discutirlo.
Y el federalismo y la justicia, el poder federal dice la última palabra en todas las materias y el amparo administrativo se introduce en todas las competencias.
Le decía hace rato a Fany, a Fany Jiménez, la presidenta de la Asociación Nacional de los 32 Tribunales de Justicia Administrativa, que me referiría a este punto, porque es una de las cuestiones que a mí y a otros compañeros y compañeras nos trae muy preocupados desde hace tiempo y particularmente en estos tres años de la LXV Legislatura.
Dijo un jurista que invitamos a la primera serie de consultas sobre la reforma al artículo 96, Diego Valadés, muy conocido por todos los abogados del país, dijo: vamos a hacerle un juicio al amparo.
¿Para qué queremos tribunales administrativos? Yo provengo de ahí. Si cualquier juez de amparo se brinca la definitividad y no le importa que haya una salida normal, natural, cualquier asunto lo toma a su contento.
En los últimos años se hicieron reformas a la Constitución que merecerían haberse llevado a un Congreso Constituyente. Hay cosas importantísimas que se modificaron en una madrugada. Lo dijo hace rato también el coordinador, nosotros no estamos en ese propósito. Esta discusión tiene en esta legislatura, cuando menos en esta legislatura, pues prácticamente dos años.
En Chiapas va a haber un tema importantísimo, medios legales y constitucionales de control. Los jueces de amparo, lo saben todos los abogados y los maestros y los estudiantes, los jueces de amparo le dan la vuelta a los ocho votos de la Constitución de la Suprema Corte y por la vía ordinaria de ellos están reformando la Constitución, están mandando sentencias con efectos generales y la justicia indígena también debe quedar con unas notas en la Constitución.
Y también, finalmente, discutir algo muy importante, hasta dónde llega el famoso interés legítimo que le permite a tantísimas organizaciones no gubernamentales, pero sí partidarias, utilizar al juicio de amparo con fines políticos para detener cualquier cosa que corresponde más a los intereses de esa naturaleza y no sociales o jurídicos.
Y, finalmente, si los derechos humanos también atañen a las empresas mercantiles con fines de lucro, porque hay precedentes de esta Corte que dice que sí. Todas esas cosas y la interpretación judicial y el famoso principialismo frente a las leyes que le da a los ministros y magistrados, la facultad de dictar una sentencia a contrapelo, en contradicción de la letra de la ley son cosas a discutir.
Unas sí, otras no. Hay campo abierto para hacer un gran diálogo franco, honesto en México con este gran tema. Muchas gracias por su atención.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Les recuerdo que en este momento vamos a comenzar con nuestra participación de los ponentes y le agradecemos a todos, ellos y cada uno, me voy a poner aquí porque es muy incómodo estar leyendo y lo voy a poder hacer mejor acá.
Ana Sofía Torres Menchaca, ella es maestra en derecho constitucional, derechos humanos por la Universidad Panamericana, con estudios de derecho constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de diversas asignaturas jurídicas e investigadora en temas de antropología jurídica, microfinanzas y derechos humanos. Ella ha colaborado con las instituciones gubernamentales y organizaciones y empresas en la sensibilización y la formación de justicia penal de género de los derechos humanos y sobre todo en la cultura de la legalidad. Su experiencia incluye trabajos en empresas internacionales y comisiones de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. Por favor, adelante, Ana Sofía.
La ponente Ana Sofía Torres Menchaca: Saludo a todas las personas presentes, a quienes me han antecedido en la palabra, agradezco la consideración que se ha tenido conmigo para participar en este diálogo.
Primeramente, debo decir que es una reforma compleja, amplia, pero que es una reforma bien elaborada, me parece que se ha estudiado en tema, ha planteado un buen argumento documentado, cuenta con detalles que muestran un conocimiento interno de la institución y de cómo opera.
Encuentro, por ejemplo, valioso ofrecer una justicia pronta y expedita, revisar los sueldos del funcionariado público y la crítica, por supuesto, al gobierno de las élites.
Me voy a detener quizá en el aspecto más cuestionado por la oposición que es la elección popular de las personas ministras, magistradas, juezas y también en la propuesta de eliminar la medida cautelar de suspensión de normas.
La propuesta plantea que esta forma de elegir al funcionariado público la va a dotar de legitimidad en su actuar, cercanía, mayor confianza. En oposición se ha señalado que se puede perder la independencia y que eso no va a generar más calidad.
Antes de hablar de estos detalles, yo quiero decir qué es una reforma. Cuando uno piensa una reforma en materia de justicia, me parece que es incompleta si no vamos a incluir también a las fiscalías, las comisiones, por ejemplo, la verdad, atención a víctimas, derechos humanos y, por supuesto, las escuelas de derecho, donde se crean los primeros sentidos del derecho en una sociedad.
Pienso, además, que para entender las causas de las problemáticas de la justicia en este país, es fundamental revisar nuestra cultura política, el lugar que le hemos dado a la ley y al derecho, examinar por eso el reto que siempre ha estado en regular la fuerza del poder a través de nuestras normas, también importante examinar por eso la cultura de la legalidad y de la ilegalidad que conviven permanentemente en México, en la que participamos todas y todos, no la que nos gustaría tener, ojalá, ¿no?, pero hay que hablar de la que tenemos, efectivamente. Las formas de poder que ejercemos, el valor que le damos a la ley, a su cumplimiento o no, esto está todo el tiempo jugando de manera paralela.
Las leyes en México han servido para reproducir, por ejemplo, la opresión, el clasismo, formas legitimadas de violencia y la manera en que fluye el derecho a través de los vínculos en las personas.
Las experiencias de justicia e injusticia pueden explicar el estado de cosas que guarda la justicia en nuestro país. La sola ingeniería organizacional no va a resolver el problema, no lo ha hecho antes, no creo que deba o pueda hacerlo ahora.
Partiendo de esto, creo que hay una distancia grande entre las causas de la justicia en México y la propuesta que se está haciendo, no quedaría claro, por ejemplo, por qué un juez que se elige de manera popular va a ser mejor, más idóneo, cercano, confiable a la sociedad, por qué ahora sí lo va a lograr y, sobre todo, por qué sería capaz de resolver los problemas que experimentamos en la justicia y la ley en México que hasta ahora no hemos podido resolver.
En principio, esto podría levantar ciertas sospechas, la oposición ha dicho, por ejemplo, que se pueda capturar a las instituciones, y yo debo decir que hasta cierta medida las instituciones del Poder Judicial en México están capturadas por intereses legales y también por intereses ilegales, así son las cosas en nuestro país.
Con la confianza electoral que tiene el actual gobierno, tiene la legitimidad para cambiar a los tomadores de decisiones, por supuesto, hay que decirlo, ojalá la aproveche para promover principios democráticos, también de autocontrol en el ejercicio del poder.
Quisiera entonces hablar de detalles particulares, primero, en cuanto a la elección de personas juzgadoras. Aquí en Jalisco contamos con experiencias valiosas en la designación de puestos públicos con participación ciudadana, por ejemplo, de quienes integran el ITEI ¿no? los tomadores de decisiones.
En este modelo hay principios, metodologías y elementos que creo es fundamental incluir en las convocatorias públicas como uno de los detalles más importantes a cuidar. Me parece que en eso el diseño que está planteando la reforma va bien, sin embargo, habría que cuidar que sean mejores procesos y, por supuesto, uno de los principales retos va a ser siempre trascender el partidismo, las fórmulas de cuotas y amigos, aunque también de esa manera se ha permitido cierta representatividad en las fracciones en estos espacios tomadores de decisiones.
Debo decir también que, como otras muchas iniciativas, al final dice que no hay un impacto presupuestal la iniciativa original y luego el dictamen dice, es un impacto diferenciado. Yo no sé por qué eso se hace en los procesos legislativos, por supuesto que tiene un impacto presupuestal enorme transformar una institución de esta naturaleza, cambiando el Consejo de la Judicatura en un tribunal disciplinario y luego también, un órgano de administración y todo lo que implica impartir por fin una justicia pronta y expedita, claro que tiene un impacto presupuestal y no solo en términos, digamos, de recursos financieros son recursos en muchos sentidos, hay que hacer el pormenor de lo que eso va a impactar.
Ya ahorita se mencionaba, por ejemplo, si se van a empatar las elecciones o no, etcétera, pero es en esto cuando el cambio en la cultura organizacional o el cambio en la ingeniería organizacional se va quedando corta y por eso algunas de nuestras reformas no han funcionado.
Quiero terminar el detalle sobre esto diciendo, que en mi concepción el juez ideal, como se ha dicho, por supuesto tiene que ser ético, probo, conocedor de la técnica jurídica, pero yo diría que, además, incluso de tener una buena argumentación, debe de recuperar el sentido común, hace falta volver a ser persona y para eso hay que saber integrar el cuerpo, las emociones, la racionalidad con una perspectiva de conciencia, no estoy aquí, digamos, llamando el emotivismo, ni tampoco la racionalidad exacerbada, para resolver las experiencias de justicia en México hay que hacerlo de manera sencilla y empática. Todas estas cualidades, por cierto, generalmente ausentes en la cultura emocional de la abogacía y la política en México.
En cuanto al segundo punto de la eliminación como medida cautelar de la suspensión que reforma en esto el artículo 105 y 107, yo quiero decir abiertamente que no estoy de acuerdo, pues su principal función es prevenir daños irreparables, sí, como dice la iniciativa, el juzgador no hace una prueba de daño o un estudio de constitucionalidad, debe de corregir ese error, pero no dejar a las personas sin este mecanismo de protección, eso sí, es una regresión de derechos.
También me parece que los efectos generales de una declaratoria de inconstitucionalidad son parte del quehacer de la Suprema Corte de Justicia en tanto tribunal constitucional. No hay que olvidar nunca que siempre está esta confusión porque le pusimos las dos funciones allí. Es una tarea de cualquier tribunal constitucional en el mundo limpiar las normas que no son constitucionales y este es el mecanismo. No hay que continuar con esta confusión.
Ojalá, si estamos pensando en la ingeniería de las instituciones, hubiésemos creado un tribunal constitucional por fin autónomo en México. Hay buenos ejemplos: Colombia tiene, por ejemplo, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, en ocasiones tienen choque de trenes, piensan diferente, pero regulan de esa manera el poder y esa es su tarea...
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: –Maestra– les voy a recordar a todos y cada uno de los ponentes –perdón por interrumpirla–...
La ponente Ana Sofía Torres Menchaca: Sí, está bien.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: ... que vamos a tener un ajuste de tiempo para todos y cada uno de los que van a hacer uso de la voz, en vista de que estamos superando un poco el tiempo que teníamos programado. Les recordamos a todos que tienen cinco minutos.
La ponente Ana Sofía Torres Menchaca: Ah, bien.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Y disculpe, maestra, la interrupción, pero, bueno, estamos en transmisión nacional. Gracias.
La ponente Ana Sofía Torres Menchaca: Está bien y yo estoy terminando. Entonces, con esto solamente quiero apelar a que esta reorganización del Poder Judicial ponga énfasis en un horizonte de justicia amplio. Una justicia terapéutica, que repare, que restaure, que rehabilite, que fomente el diálogo y el acceso de todas las personas por igual; que sea cercana, en la que prevalezca la comunidad y no la institución. Esto es algo muy necesario en México, muy necesario en el mundo. Ojalá le pongamos ese horizonte de llegar a la justicia de nuestro país.
Quiero decir con esto que agradezco este espacio de diálogo. Me parece, digamos, muy loable. Ojalá tengamos en algún momento esta reflexión más amplia y por ahora esperemos que quienes decidan sobre la reforma puedan tomar los elementos que ahora se comparten para lograr el mejor escenario posible. Muchas gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: El maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, doctor en Derecho, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, con más de 40 años de experiencia: él ha ocupado diversos cargos en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, incluyendo el del Instituto de Investigación y Estudios Legislativos de la Universidad de Guadalajara y también ha sido secretario técnico, director de Extensión Universitaria y actualmente es director de la División de Estudios Jurídicos. Es miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco y presidente de la Red Internacional de Posgrado de Derecho. Maestro, un honor como siempre.
El ponente Carlos Ramiro Ruiz Moreno: Muy buenas tardes, saludo a todas y a todos con mucho respeto. Y quiero comenzar mi intervención diciendo que en principio es muy importante señalar que toda iniciativa de reforma constitucional, que conlleva además una sería de revisiones normativas estratégicas a distintos ordenamientos legales cuyos efectos se concretan en alterar o modificar la forma de gobierno como lo previene expresamente el artículo 39 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, debe emanar de manera expresa de la voluntad soberana del pueblo mexicano.
Y por esta misma razón resulta oportuno y pertinente celebrar estos diálogos nacionales que organiza la honorable Cámara de Diputados de la federación para consultar a los sectores público, privado y social en un auténtico ejercicio soberano de parlamento abierto que resultó a consecuencia directa del proceso electoral del pasado 2 de junio del año en curso.
Este es el caso que nos ocupa respecto de la reforma al Poder Judicial y respecto a los Poderes Judiciales de cada uno de los estados y de la Ciudad de México. Iniciativa que cobra especial relevancia en virtud de que a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se focaliza el ejercicio del cinturón constitucional jurisdiccional que repercute en toda la sociedad mexicana a través de sus resoluciones vinculatorias a los otros poderes constituidos que no obstante la separación de los poderes se someten a través del pacto federal. Pero que por necesidad histórica, desde la reforma de 2013 comenzó a cobrar efectos generales erga omnes conforme a la Ley de Amparo reglamentaria de los artificios 103 y 107 constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de ese año 2013.
Quiero expresar públicamente que ante la impronta de una reforma constitucional y legislativa tan importante y trascendente como la que contiene esta iniciativa presidencial comentada, no procederían de manera fácil y gratuita los medios de defensa de la Constitución en méritos de su propia naturaleza constitucional.
Me parece muy importante y también estratégico analizar más allá de la línea de tiempo de las reformas para estudiar la estructura, la organización y el funcionamiento del Poder Judicial federal, unos principios que fueron aprobados en el año de 1985 por las Naciones Unidas en materia, precisamente, de lo que para nosotros es la independencia judicial y la autonomía de los jueces.
Estos principios, insisto, aprobados por las Naciones Unidas en el año 85, estudiaron las condiciones de servicio en la movilidad. Son cuatro los aspectos versados en los numerales 11, 12, 13 y 14 de esas condiciones en los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, los que me mueven a considerar las siguientes propuestas.
Abierto a que, en un afán de lograr un mayor grado de gobernanza, se pretende la iniciativa presidencial, incorporar una elección popular directa de ministras y ministros para alcanzar así mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, donde el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato, a la postre, podrán ponerse en movimiento.
Lo que es importante considerar son los fundamentos de la gobernabilidad, es decir, no generar una parálisis en las decisiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia que el constituyente revolucionario de 1917 estableciera originalmente sin salas.
Habría que considerar también el perfil de elegibilidad que se deberá determinar para ministras y ministros conozcan de las diferentes disciplinas jurídicas, respecto de las cuales tendrían que estar preparadas y preparados las mayorías relativas y las absolutas.
En este último caso, si se pretende que se mantenga el efecto del Gaomnes o se quiere regresar al principio de... para particularizarlas solo al caso concreto. Lo mismo para garantizar la transversalidad de género, ya que el número par o non del pretendido número de ministras o ministros, número de nueve, deberá tener esa perspectiva, sin soslayar que conforme a las disciplinas concernientes a la toma eficiente de decisiones, bajo la luz de la teoría de juegos, se tiene que considerar el número óptimo, no sólo por austeridad, sino también por eficacia, eficiencia, rendimiento y representación federalista, tal y como lo postulaba el constituyente de 1917, si ya para entonces la intervención del senado podría estar sustituida por la elección electoral. Creo que hasta aquí me corresponde participar por el imperio del tiempo. Agradezco su atención.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés: Por eso hasta maestro es.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés: Juan Alberto. Le pedimos por favor al abogado Juan Alberto Ruvalcaba, destacado abogado de la Universidad de Guadalajara, maestro de derecho público, en la Panamericana también, especialidad en derecho corporativo, económico, en derecho constitucional, amparo, derecho procesal civil, mercantil. Además, cuenta con el máster de investigaciones en ciencias jurídicas de la Universidad de Abad Oliba en CEU en Barcelona.
Es también expresidente del Capítulo Occidente de la Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y practica actualmente como postulante, abogado postulante coautor de varios libros y revistas. Gracias, maestro.
El ponente Juan Alberto Ruvalcaba González: Muy buenas tardes, me dirijo a ustedes como profesor universitario de esta casa de estudios y presidente, como se dijo, del Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, fundado en 1760, ante la enorme importancia que representa cualquier reforma constitucional al Poder Judicial. Agradezco el espacio para la abogacía organizada.
Las reformas constitucionales del 94 al Poder Judicial y del 2011 en materia de derechos humanos comprometió a México en un Estado constitucional de derecho. Esa ha sido, creemos, la labor digna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo demuestran sus fallos en materia de derechos humanos.
Y sí, el tribunal constitucional debe renovarse, pero debe hacerlo de manera periódica y parcial, como lo dispone la Constitución. Su renovación debe continuar con las designaciones sucesivas y escalonadas a propuestas de la próxima presidenta de la República, según su término del periodo de cada ministra o ministro.
Esto ha permitido, por ejemplo, que el actual gobierno de la República, que el actual presidente haya propuesto a cuatro ministras, a tres ministras y un ministro de la Suprema Corte y haya designado, incluso de manera directa, a uno de ellos. Casi el 50 % de la Suprema Corte de su integración actual del pleno ha sido propuesto por el actual Ejecutivo de la República.
Creemos que su designación adecuada es a través del artículo 96, a propuesta del presidente, de la presidenta futura y la designación por dos terceras partes, después de una primera y segunda terna, como lo prevé actualmente la Constitución. Y a falta del voto de las dos terceras partes proponemos que la designación sea por insaculación entre las magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
La legitimidad democrática de las y los ministros es evidente y se funda en la Constitución. Su designación republicana es tan legítima y democrática como es la decisión del presidente de proponerlos y, del Senado de designarlos, es un ejercicio colaborativo y republicano.
No desmantelen, señores legisladores, de la próxima integración al Poder Judicial de la Federación. La asignación de magistradas y magistrados y de juezas y jueces debe sostenerse en la carrera judicial, en concurso de oposición y en la acreditación de exámenes de alta complejidad acordes a su responsabilidad, los actuales juzgadores son un gran capital humano.
Su permanencia en el cargo después de su ratificación debe ser tanta como hasta la fecha de su jubilación y separado solo por faltas graves que amerite su destitución, no puede haber independencia judicial sin estabilidad en el cargo de las y de los jueces.
Los jueces no deben de hacer campañas. No imagino a un candidato juez de lo penal ofreciendo sentencias absolutorias o sentencias condenatorias. Los jueces deben estar de la manera... Los jueces deben de estar de la manera más humana, más sensible y más empática, dictando sentencias, abonando a la justicia y a la paz que este reclama.
El pretendido Tribunal de Disciplina no debe revisar la actuación de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, este debe ser siempre el máximo Tribunal y tampoco este Tribunal de Disciplina debe de ir en contra de la cosa juzgada.
La elección popular de las jueces, de las y los jueces y magistrados, según la iniciativa de reforma, provocaría –vía la propuesta de candidatos a juzgadores por el presidente y por los senadores y diputados– la intervención indirecta, pero determinante de los partidos políticos en su elección, no sería una auténtica elección popular.
No queremos un Poder Judicial que se deba –como ya sucede en algunos Poderes Judiciales locales– a cuotas de partido. Tampoco queremos Poderes Judiciales en los estados cooptados por la política, porque en los estados debe reforzarse la carrera judicial.
La justicia necesita presupuesto suficiente e irreductible para que haya jueces suficientes, especialmente en la justicia cotidiana. Y un buen ejemplo es el presupuesto constitucional para el Poder Judicial aprobado en el estado de Jalisco. La falta de presupuestos suficientes es la principal causa de la dilación de la justicia. Nuestro respeto a las y los juzgadores, fruto de la carrera judicial, del estudio constante y del trabajo incansable. Muchas gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: El magistrado de circuito Gildardo Galinzoga Esparza, es abogado originario de Uruapan, Michoacán, con residencia en la Ciudad de México, 55 años de edad, pero actualmente es magistrado en el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito desde el 2010 y también tiene una destacada trayectoria de más de 35 años dentro del Poder Judicial Federal y su extensa formación incluye múltiples maestrías, doctorados en derecho, especializados en derecho administrativo y se ha reconocido como doctor honoris causa, también es profesor, ponente en eventos nacionales e internacionales y hay que destacarlo, que es uno de los más reconocidos, este magistrado en esta materia. Adelante.
El magistrado Gildardo Galinzoga Esparza: Muy buena tarde. Agradezco profundamente estos foros, desde luego la invitación para permitirme participar en ellos. La reforma al Poder Judicial debe ser socializada, no solo en su votación parlamentaria, sino, sobre todo, en su implementación, consolidación y verificación de éxito.
Esa socialización no solo es recogiendo la opinión de todas y todos, que es bastante importante, sino también, por ejemplo, hay que socializarla con principios básicos, como la independencia judicial, la carrera judicial, incluso con requisitos no solo de legibilidad, sino también de idoneidad. Además, desde luego, hay que socializarla con los compromisos internacionales que tiene suscrito nuestro país.
El Poder Judicial ciertamente es perfectible, en eso nadie tiene duda, pero existen puntos en la iniciativa de reforma que deben reflexionarse a profundidad. Mucho se critica que uno de los pilares de la reorganización del Poder Judicial de la Federación y de los estados, sea la elección popular de personas juzgadoras judiciales. No los voy a repetir por el tiempo, pero acudo a estos diálogos a realizar propuestas.
La primera de ellas, y que pongo a su consideración, tiene su fundamento en reconocer que las y los juzgadores, deben tener necesariamente condiciones esenciales que nos fueron exigidas en las urnas por la sociedad, como una sólida formación ética, sensibilidad a la protección de la población más vulnerable, una visión judicial más humanista y en general el juez o jueza deben ser más receptivos a la viva voz de las personas.
Adicionalmente pienso que deben ponerse candados estrictos para tan solo aspirar a una candidatura a juez o jueza de distrito, magistrado o magistrada de circuito. Así lo mencionaron varias veces el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta virtual electa, doctora Claudia Sheinbaum, así como la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en este foro incluso se los escuché a los diputados Mire y el diputado Robledo.
La carrera judicial se va a respetar, así que hay que tomarles la palabra e imponer perfiles adecuados más allá de la edad, la ciudadanía o antigüedad de título profesional entre ellos y en mi particular punto de vista que se tenga una carrera judicial sólida, no menor a entre 5 y 10 años, según se pretenda el cargo de juez o magistrado, ello a partir del cargo de secretario o secretaria de juzgado y del tribunal, no haber sido sancionado o sancionados por falta grave.
Paralelamente, en caso de que no se cuente con carrera judicial, para justificar un acceso abierto a terceros entonces la persona aspirante debe cumplir con un examen de oposición que le practique la nueva Escuela Federal de Formación Judicial, solo así respetuosamente considero, con una combinación de humanismo y capacidad profesional se cerrará la brecha para cualquier injerencia indebida de terceros en el criterio jurisdiccional de la o el aspirante.
Por otro lado, un punto medular que debe ponderarse es que una reforma sin la colaboración del tiempo, alejada del principio esencial de la gradualidad, se volverá en el corto plazo muy compleja y con daños no previsibles, incluso reversibles para la administración de justicia y no solo para las y los operadores jurídicos, sino sobre todo para el usuario final, que resulta ser el principal eslabón de la cadena de administración de justicia.
Todas las reformas constitucionales han sido graduales, la penal de 2008 hasta el 217 se consolidó, la laboral de 2009, vamos en 2024, está terminando de consolidarse, con esos dos ejemplos sobre la necesaria gradualidad llamo respetuosamente a su atención para que se reflexione y no sea la excepción la reforma en análisis.
Y sobre este tópico propongo respetuosamente, y dado que se trata de una reforma inédita en México, que la primera elección extraordinaria recaiga exclusivamente sobre las vacantes que existan de personas juzgadoras, pues considero sería sano que sirviera como un ejercicio piloto a fin de verificar, sí, en efecto resulte en un éxito la implementación y posterior consolidación de la selección de aquellas por votación popular. Para ello, sin lugar a dudas, habría que modular el régimen de transitorios de la iniciativa para que todos los juzgadores y las juzgadoras que ya fueron producto de la carrera judicial permanezcan en sus cargos.
Y, dado que la corrupción es otro fundamento de la reforma, concomitantemente propongo que los novedosos órganos constitucionales disciplinario y administrativo evalúen nuestra evolución patrimonial, actividad y calidad jurisdiccional. Y sólo a partir de ese análisis se determine la permanencia de la persona juzgadora o, en su caso, si ese cargo se somete a las urnas en el siguiente periodo electoral.
Finalmente, un tiempo, de manera muy rápida señalo, es importante tener presente que en 1994, cuando se crea el Consejo de la Judicatura Federal con siete miembros, existían menos de la mitad de los jueces y magistrados que en la actualidad y, por ende, de órganos administrativos y edificios. Por lo tanto, el nuevo organismo de administración judicial, que será construido únicamente por cinco miembros, estimo que será rebasado en el corto plazo.
Dejo a su consideración rápidamente esas propuestas y agradezco su amable atención. Gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Katya Fernanda Ocampo Sáenz, licenciada en derecho con preespecialidades en derecho internacional público de la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente cursa la maestría en derechos humanos, garantías... Complementa su formación académica con un diplomado de juicio de amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estudios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Muchas gracias, Katya.
La ponente Katya Fernanda Ocampo Sáenz: Buenas tardes. Agradezco a la Cámara de Diputados por la invitación para participar en este diálogo como parte del equipo del ministro en retiro Arturo Zaldívar, y también a la Universidad de Guadalajara, por recibirnos en este maravilloso recinto. Por cuestiones de tiempo únicamente me centraré en platicarles sobre el nuevo mecanismo que propone la reforma en cuanto a la selección popular de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Quiero empezar diciendo que esta propuesta se da en el marco de un debate que no sólo está ocurriendo en México, sino que está ocurriendo en todo el mundo, sobre una crisis de la justicia constitucional, en el que nos estamos cuestionando los papeles que juegan las altas Cortes en los países, ya sea por decisiones regresivas en materia de derechos humanos, por escándalos de corrupción, por cercanías con el poder político o el poder económico o por la falta de legitimidad democrática, que siempre ha sido un cuestionamiento que han tenido las altas Cortes, entre otros muchos factores.
Sabemos que el método de elección de ministros actuales deviene de la reforma constitucional de 1994, propuesta por el entonces presidente Ernesto Zedillo, y en 30 años no ha tenido cambios, pero sí ha tenido muchas críticas. Y entre esas críticas destacan justamente la posibilidad de que los perfiles que llegan a la Suprema Corte tengan una cercanía con el Poder Ejecutivo y el amplio margen de discrecionalidad que tiene el Poder Ejecutivo precisamente en la elección de estos perfiles.
También se cuestiona la transparencia y la rigurosidad del procedimiento en el Senado de la República para evaluar a los aspirantes que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También se ha cuestionado la poca participación de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y del público en general en estos procesos, que generalmente no tienen la oportunidad de cuestionar a las personas que aspiran a la Suprema Corte. La reforma pretende aliviar algunas de estas críticas.
Y ¿cómo lo hacen? Supongo que ya todos aquí leímos la reforma, pero esencialmente la reforma cambia el mecanismo de elección en el sentido de que ya no es el presidente de la República el que tiene el monopolio de proponer candidatos al Senado de la República, sino es que esta posibilidad se reparte entre los tres Poderes de la Unión de forma igualitaria.
Entonces, el Poder Judicial tiene la posibilidad de proponer a 10 candidatos, la Cámara de Diputados puede proponer a otros 10 candidatos y el presidente puede proponer a otros 10 candidatos. Se integra la lista y esto es lo que se va a votar por la población de manera libre y secreta.
De manera que, contrario a lo que se ha sostenido en algunos sectores, se requiere mucho mayor consenso para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se reduce la participación del Poder Ejecutivo porque hay todos los tres Poderes de la Unión participan en los perfiles.
Tenemos una posibilidad de elegir entre perfiles mucho más diversos y al final es la población quien decide cuáles son los perfiles que llegarán al máximo tribunal del país. En esto creo que debemos abandonar la idea de tenerle miedo a la ciudadanía, a que la ciudadanía decida quiénes van a ser quienes decidan justamente los asuntos más relevantes para la población.
Creo que debemos abandonar una justicia elitista, una visión de una justicia elitista, donde justamente se han dejado solo estas decisiones a los que en algún momento se consideró que eran los que únicamente sabían sobre derecho.
Perdamos el miedo a que la ciudadanía participe en las elecciones más trascendentales en la vida pública de nuestro país y apostemos por un Poder Judicial que le rinda cuentas a la gente. Apostemos por un Poder Judicial que tenga cercanía con la gente y apostemos por un Poder Judicial que resuelva en favor de la gente. Un Poder Judicial que se aleje del poder económico y del poder político y, justamente, dejemos que la gente elija a quienes van a ser sus más altos jueces y juezas constitucionales. Al final, la responsabilidad va a recaer tanto en los tres Poderes de la Unión, pero también la última palabra, como siempre debe ser, la tiene el pueblo de México. Muchas gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Fany Lorena Jiménez Aguirre es presidenta de la Asociación Nacional de Tribunales de Justicia Administrativa, es también abogada egresada de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con dos maestrías, un doctorado, destacándose también en sistemas acusatorios y gestión pública con más de 12 años en el Poder Judicial y también magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Jalisco. Tiene cargos de administración pública estatal y ha sido profesora también de varias instituciones académicas. Adelante.
La magistrada Fany Lorena Jiménez Aguirre: Muy buenas tardes. Agradezco de verdad la invitación a este tan importante foro. Me tocó estar también en el de la Ciudad de México, en el que compartimos también muchas de las dudas que genera una reforma tan importante.
Bueno, hoy nos integran esta tarde tres temas de suma importancia: la nueva integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia, la duración del cargo de jueces, magistrados y ministros y el régimen de responsabilidades. Sin olvidar los dos anteriores, yo me centraré en el régimen de responsabilidades.
El sistema judicial ha albergado a excelentes y reconocidos juristas a través de los años, quienes han vivido modificaciones en su estructura durante el tiempo, por lo que en este momento nos encontramos ante una época de constantes cambios, mismos a los que nos debemos adaptar y estar abiertos a ellos.
Sin duda, hoy la ciudadanía nos exclama y reclama un llamado para reorganizar al Poder Judicial. Algunas de las palabras más valiosas que deseamos escuchar y hemos escuchado en estos diálogos son carrera, claridad, independencia y consensos, pero ante todas ellas, las más trascendentes son cercanía y confianza, porque este es el deseo que expresó mayoritariamente el pueblo de México a las principales demandas a los Poderes Judiciales.
Me presento hoy ante ustedes en mi experiencia como una magistrada local, pero también como la misma persona que hace más de tres décadas era una estudiante de derecho en las aulas de esta benemérita universidad, alguien que tuvo su primer encuentro con la realidad del Poder Judicial del estado, siendo meritoria y que desde entonces a la fecha ascendí en función a la preparación académica, la experiencia y la participación en concursos de oposición.
Hablo desde el pleno conocimiento de lo que implica ocupar un cargo como impartidora de justicia a nivel local y es en función de ello que también reconozco que el valor de la propuesta de un cambio consensuado para definir un proceso del cual de manera paulatina, transparente y democrática se ocupen los cargos de ministras, ministros, jueces, juezas, magistradas y magistrados de excelencia con altos valores éticos y técnicos, con legitimidad social e independencia de intereses ajenos.
Porque para llegar a este punto es necesario reconocer que sí, hay personas que ejercen con probidad y profesionalismo su mandato en la impartición de justicia, así como es innegable que el ciudadano hoy percibe la justicia como lejana, de difícil acceso y no expedita.
Y, ¿cómo hacerlo?, a través de una reforma que como esta incluya un tribunal de disciplina que deberá ser conformado por perfiles de excelencia, trayectoria impecable, que vele por el buen actuar de las y los impartidores de justicia lo que nos permitirá dar un paso adelante a fin de recobrar la confianza de la sociedad mexicana a la que le rendimos cuenta de nuestro quehacer diario.
No debemos olvidar que la participación ciudadana es de vital importancia, ya que las y los ciudadanos son directamente afectados por las decisiones que como juzgadores tomamos, pues nosotros en nuestra investidura, muchas veces tenemos en nuestras manos la seguridad, el patrimonio y la libertad de las personas, lo que no es cualquier cosa.
Por ello, cuando comprendamos la responsabilidad que recae en nosotros entenderemos también que son precisamente los ciudadanos quienes tienen el derecho a involucrarse en estos procesos.
El someternos a órganos disciplinarios debe ser una constante en nuestra actividad, exigiendo nuestro máximo estándar de excelencia y profesionalismo, pues debemos tener claro que no solo resolvemos para cubrir cifras o estadísticas, sino resoluciones que estén a la altura de una justicia igualitaria, transparente, equitativa, con paridad, respetuosa de los derechos humanos y sobre todo apegada siempre a la ley.
Avancemos en esos consensos, hagamos posible un cambio democrático para que el pueblo de México y cada entidad de la República confíe, de verdad, en un Poder Judicial. Muchísimas gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: El doctor Marcos de Rosario Rodríguez es doctor en derecho con mención honorífica en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Cuenta con maestrías y posgrados en diferentes materias del derecho: administrativo, constitucional y juicio de amparo. Es profesor en posgrados y licenciaturas en materia constitucional. También ha escrito, no uno, sino un centenar de libros en la materia. Y también ha colaborado en varias revistas y es muy popular en la televisión. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados y del ilustre Colegio de Abogados de México. Adelante.
El ponente Marcos del Rosario Rodríguez: Muchas gracias. No, el centenar de libros, ojalá que algún día pueda escribirlos, pero no, no.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: No, no, decena.
El ponente Marcos del Rosario Rodríguez: Decena. Aspiro a eso. Muy buenas tardes, es un placer, un privilegio estar con todas y todos ustedes. Como académico y como integrante de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados es indispensable que en estos foros hagamos valer cuál es nuestra opinión, nuestra postura respecto a esta importante iniciativa de reforma constitucional en materia judicial.
El pasado 27 de junio, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se iniciaron los trabajos de los diálogos nacionales sobre la iniciativa de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, con lo cual se pretende escuchar, como estamos aquí, las opiniones de expertos y operadores jurisdiccionales en la materia.
Un primer consenso, me parece alcanzado desde este primer foro, tiene que ver con la necesidad de una reforma al Poder Judicial, una reforma integral que le permita ser un órgano que administre justicia de forma eficiente y garantice integralmente los derechos de los justiciable, de ahí que este consenso entre los diversos actores involucrados, tanto en la Judicatura como en el ejercicio de la abogacía, es que este cambio no puede ser ya impostergable, tiene que hacerse.
Y en ese sentido, si bien la iniciativa, presentada el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es pertinente y oportuna en ese sentido, algunas de las razones que la motivan tienen que ser discutidas y complementadas con las propuestas que desde la academia y desde los colegios queremos hacer valer.
La iniciativa de reforma en cuestión tiene como objetivo acabar con la corrupción y garantizar un verdadero acceso a la justicia a través de la elección directa de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como todas y todos ustedes saben.
Lo anterior, si bien es cierto es un fin objetivo loable y plenamente legítimo, habrá que ver los como y cómo se tiene que materializar, que ahí es donde existen algunas dudas y donde se tiene que trabajar para una deliberación adecuada y que esta reforma en caso de proceder pues sea realmente una reforma que mejore el Poder Judicial de la federación.
El argumento principal que sostiene esta reforma es que el Poder Judicial carece de legitimidad democrática, este argumento, si bien es cierto, si se mira la luz de la democracia como la votación directa puede tener una razonabilidad, lo cierto es que los jueces constitucionales, no solamente en los sistemas jurídicos sino en cualquier parte del mundo, se legitiman a través de sus sentencias, las cuales tienen que ser ajustadas a los parámetros de regularidad constitucional.
El acceso a la justicia es una de las apuestas principales de esta iniciativa, en la medida que un Estado garantiza las condiciones para asegurar que las personas puedan hacer valer sus pretensiones o salvaguardar o solventar las violaciones a los derechos o presentar una controversia, se estará ante un verdadero Estado constitucional de derecho.
Para garantizar el acceso a la justicia, se requiere de jueces que la administren con perspectiva de derechos humanos, que cuente con el suficiente criterio para dar entrada a los asuntos que requieran una atención urgente o, en su caso, dictar las medidas cautelares necesarias de manera oportuna y pertinente, y de esta forma proteger los derechos humanos que puedan verse en riesgo.
Por lo tanto, el acceso a la justicia, en ese sentido, más que una cuestión de elección de los jueces tiene que ver con modificar y solventar las estructuras de acceso y protección a los derechos. Es indispensable que quienes integran los cargos jurisdiccionales estén ajenos de cualquier interés o pretensión de partes de grupos políticos, económicos o delincuenciales, ya que, de lo contrario, sus decisiones al momento de resolver una litis estarán sesgadas y coaccionadas para resolver en un sentido determinado.
Además de lo anterior, si la forma de integrar al Poder Judicial pasa por un proceso de elección y no se garantiza que los órganos de poder, así como los partidos políticos, se mantengan neutros, la cooptación de éste sea inevitable, pues la actuación de los órganos jurisdiccionales no se centra en buscar la prevalencia del parámetro de regularidad constitucional. De ahí que sea fundamental que prevalezca la carrera judicial como sistema basado en el mérito y la igualdad de oportunidades, la formación de quienes administran justicia es fundamental, debido a que la labor jurisdiccional exige conocimientos jurídicos, experiencia en los tratamientos y elaboración de los casos y sobre todo, un alto sentido ético en su quehacer ordinario.
Un juez sin una formación técnica y ética administrará justicia de forma deficiente y su actuación tenderá a corromperse para favorecer a determinados grupos de interés, tampoco se solvente en sí mismo, no elección, pero sí puede complementarse con el establecimiento de requisitos estrictos para acceder al cargo.
En ese sentido, nos preocupa efectivamente que la idoneidad de quienes van a ocupar los cargos jurisdiccionales no prevalezca. En tal sentido, yo me sumo a lo que se ha venido diciendo desde el primer foro: que la idoneidad sea el factor principal, así como la gradualidad en la implementación de la reforma.
Sin independencia judicial, sin posible existencia de pesos y contrapesos entre poderes, indispensables para que el ejercicio de este poder sea de forma controlada y para evitar excesos que conlleven la vulneración de derechos humanos.
Por eso, voy a insistir en que la prevalencia de la idoneidad de quienes aspiren a ocupar cargos jurisdiccionales tiene que ser lo que prevalezca en esta reforma. Muchísimas gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Víctor Flores Nicolás es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sección II, en Toluca. Es especialista en derecho de amparo y litigio estratégico y ha implementado cambios en la representación sindical, defendiendo siempre los derechos humanos sindicales. Adelante, maestro.
El ponente Víctor Flores Nicolás: Muchas gracias a todos. Gracias a la Cámara de Diputados por esta invitación. Yo vengo en representación de los trabajadores que me eligieron en la sección que yo ocupo.
Es importante que ustedes sepan que la opinión que voy a brindar acá va desde la perspectiva laboral. Considero que no podemos ocupar más tiempo, que es muy breve, con otros temas.
Sin embargo, sí quiero tomar en cuenta que existe una propuesta, una iniciativa, para reintegrar la conformación del Poder Judicial de la Federación. Y hay que tomar en consideración muchos aspectos:
El actual Consejo de la Judicatura Federal sí requiere una modificación. En primera, porque no puede estar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en manos de una sola persona, y el consejo también. Creo que son cosas muy independientes. Ese poder en manos de una sola persona afecta los derechos laborales de los trabajadores.
Los trabajadores, sobre todo las mujeres, padecen de que no se respete la igualdad de género. A las mujeres no se les da un tratamiento igual que a los hombres.
En el Consejo de la Judicatura Federal de disten infinidad de demandas y de quejas pro acoso sexual, por acoso laboral, por pagos de horas extras que no son cubiertas. Existen jornadas de trabajo de 12, 14, 16 y más horas diarias que no son cubiertas tampoco, no se respeta la integridad de los trabajadores.
Es por ello que propongo que, en el Consejo de la Judicatura, así como en el Tribunal de Disciplina Judicial se integren representantes de los trabajadores que provengan del sindicato para que exista un contrapeso dentro del nuevo órgano de administración judicial y en el Tribunal de Disciplina Judicial. Es necesario que existan representantes de trabajadores en esos nuevos organismos que se proponen para el caso de que se apruebe la reforma.
Algo muy importante también es que se acoten las facultades del Consejo de la Judicatura, porque ellos legislan en materia laboral y no esto creo que no es adecuado. Las facultades de un Consejo de la Judicatura son administración, vigilancia y disciplina; sin embargo, ellos emiten acuerdos en donde regulan nuestras relaciones laborales en donde ellos han previsto el cese de los trabajadores fastrak, en 20 días cesan a un trabajador y eso inhibe que un trabajador pueda levantar la voz en contra de un titular.
Eso inhibe que un trabajador pueda pedir justicia al interior de los órganos administrativos en el Consejo de la Judicatura, puesto que si promueven una queja, de inmediato el titular los cesa. Les indica un procedimiento de cese que no tarda ni 29 días.
Y este acuerdo que emitió el Consejo de la Judicatura va en contra de la ley burocrática. La ley burocrática establece un procedimiento en donde los trabajadores son citados por el titular a una audiencia para que presente sus pruebas y se defienda y se levanta un acta administrativa.
El titular hasta ahí debe de cumplir con su función, sin embargo, ir a emitir esa acta administrativa a la Comisión de Conflictos Laborales para que sea esta comisión la que determine si procede o no el cese de un trabajador. Así lo estableció el Congreso de la Unión en la ley burocrática. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura emitió un acuerdo en donde se brinca todo este procedimiento y les dio facultades omnipotentes a los titulares para que ellos mismos den el derecho de audiencia al trabajador y en esa audiencia puedan emitir la resolución de cese.
Eso es en menos de 20 días. Desgraciadamente, el Consejo de la Judicatura legisla en materia laboral, y esta es una de las propuestas, que se acote ese tipo de facultades para que solamente sean facultades en materia administrativa.
Por último, quiero que sepan que el Poder Judicial sí requiere de una carrera judicial, que se respete, para que nosotros continuemos laborando y aspiremos con carrera judicial, toda la base trabajadora, a ser jueces, a ser magistrados. Además, recojo las propuestas del presidente de la República, la oferta de la presidenta electa, de los legisladores...
Hoy escuché al senador Monreal, al diputado Mier, diciendo que no se van a afectar los derechos laborales. Pido que entonces les tomemos la palabra, aquí en este foro y que en el Décimo Transitorio se amplíen y se garanticen las condiciones generales del trabajo.
Eso es muy importante para tranquilidad de los trabajadores y para que sigamos sirviendo a la nación con la imparcialidad que se merece. Por los derechos de los trabajadores, vamos a seguir luchando. Muchas gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Jaime Fernando Cárdenas Gracia es doctor en Derecho de la UNAM y de la Universidad Complutense de Madrid con la maestría en Derecho y especialidad en Derechos Humanos y Ciencias Políticas, investigador del Conahcyt, nivel tres, y ha sido consejero electoral, diputado federal, constituyente de la Ciudad de México y también ha sido investigador en varias Universidades. Sus publicaciones incluyen, sobre todo, obras en Derecho Constitucional y Electoral internacionalmente.
El ciudadano Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar en la Universidad de Guadalajara, una universidad tan importante y desde luego con una concurrencia tan amplia. Mi agradecimiento a las autoridades universitarias y, principalmente, a los legisladores que me invitaron para estar aquí, agradezco mucho al diputado Juan Ramiro Robledo, desde luego al líder del Grupo Parlamentario de Morena, al diputado Mier, a Hamlet, al diputado Hamlet Almaguer, al diputado Clemente Castañeda, a mi amigo, el diputado Leonel Godoy, en fin, a muchas personas, al diputado Caro, que también nos acompaña, a muchas personas que son conocidas y queridas.
Sé que hay un grupo importante de jueces, magistrados aquí presentes, también profesores universitarios. Voy a tratar de ser muy breve en los cinco minutos de tiempo que se me conceden.
Decir que es muy importante, desde mi punto de vista, que esta iniciativa de reforma constitucional del presidente de la República, en materia del Poder Judicial, la contextualicemos en una discusión más amplia. Por ejemplo, la discusión en torno a la naturaleza del derecho, ¿por qué? Porque si no contextualizamos la reforma en ese tipo de asuntos, creo que no logramos entender bien a bien cuál es el objetivo o de qué se trata.
Esto de lo de la naturaleza del derecho es importante, porque hay una idea equivocada entre nosotros los juristas que el derecho son solamente las normas o los ordenamientos jurídicos y esto es equivocado. Como ustedes saben, muchos de ustedes saben, juristas también, que el derecho tiene dimensiones que no son solamente normativas, sino que son contextuales, que son políticas, que son históricas. Y en este momento estamos en ese ámbito de un contexto distinto para entender el derecho de nuestro tiempo.
¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a algo que Hans Kelsen dijo hace muchos años, el acto de interpretar el derecho y de crear derecho, de aplicar el derecho, como el acto de creación del derecho. O sea, el acto de producir el derecho, lo que hace el legislador, como el acto de aplicación y de interpretación del derecho no son científicos, son política jurídica. Esto lo dijo Hans Kelsen hace muchos años, hace casi 100 años.
Y esto es así, el acto interpretativo no es un acto científico, es un acto de política jurídica en donde las concepciones del derecho, nuestras precomprensiones como individuos, como sociedad, nuestras ideologías tienen un impacto.
En este momento en el derecho en México, en el mundo, hay un modelo dominante, una teoría dominante, que son las teorías que tienen muchos nombres, pero vamos a decir que se llama teoría postpositivista. Esta teoría le da un gran poder al juez, sobre todo al juez constitucional. El juez constitucional está por encima del legislador, está por encima del Ejecutivo, él define el alcance del derecho, dice qué es un derecho humano, hasta dónde llega, establece los límites de la división de Poderes, establece los límites de las instituciones.
Y yo creo que este modelo de entender el derecho, pues riñe con la democracia. ¿De qué sirve –les pregunto a los legisladores, a los políticos, a las políticas que estén aquí– ganar con 36 millones de votos o con 30 millones de votos, si después no se puede hacer nada, porque hay un Tribunal que dice: hasta aquí, ¿no? Hasta aquí llegaste, hasta aquí significa el derecho, estos son los límites, no puedes ir más allá.
Entonces, esto tiene que ver con el cambio de este modelo y con un entendimiento adecuado de la democracia y de la de función judicial.
¿Cuál es el fundamento de la iniciativa del presidente de la República? Pues un fundamento obvio, la soberanía reside en el pueblo, artículo 39 de la Constitución, todo poder público debe dimanar del pueblo, sobre todo los poderes públicos que son poderes cúspide del Estado mexicano, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial debe dimanar directamente del pueblo y este es el fundamento de la propuesta del presidente.
Ha habido muchos antecedentes históricos y comparados, como ustedes saben. Aquí se ha hablado en la mañana mucho de Mariano Otero, pero si ustedes leen el acta de reformas de 1847, ahí está establecido por don Mariano Otero que la elección de ministros y de jueces era por voto directo.
No se pudo, el acta de reformas del 47 nunca pudo entrar en vigor, pero está prevista en el acta de reformas de Mariano Otero de 1847, la elección directa de los jueces, de los magistrados.
¿Por qué no volver a ese modelo? ¿Por qué no tomar en cuenta modelos como el de Japón, como el de Suiza, como el de Estados Unidos? Ah no, nos ponen el peor ejemplo, que es el de Bolivia para desacreditar la idea de la elección por voto ciudadano de los ministros, magistrados y jueces.
¿Qué encuentro yo? Voy a ir terminando brevemente, pues yo encuentro que hay un gran problema de nepotismo en el Poder Judicial federal, local, esto que hablan tanto de la carrera judicial, pues discúlpenme, casi el 84 % de los concursos son concursos cerrados, no son concursos abiertos, a todos los abogados y abogadas que cumplan los requisitos, es un Poder Judicial con muchos privilegios, los salarios, las prestaciones, los privilegios del Poder Judicial, al menos federal, no se tienen ni el Poder Legislativo, ni en el Ejecutivo, ni en los órganos autónomos.
Hay cosas terribles que ha hecho la Suprema Corte en este gobierno como, por ejemplo, otorgar suspensiones, en contra de la ley, en contra del texto de la ley, en acciones de inconstitucionalidad y en controversias constitucionales, en contra de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución.
Como sabemos todos, un juez de distrito se atrevió, en contra de la tradición del juicio de amparo, sin que el juicio de amparo, la Ley de Amparo lo establezca, a dictar suspensiones generales en materia de amparo, provisionales y definitivas, respecto a una legislación tan importante para la defensa de bienes estratégicos como es la Ley de la Industria Eléctrica.
Termino diciendo, que es una reforma fundamental. Y voy a mencionar dos cosas solamente, dos, ya voy a terminar: una, que a esta pregunta que nos decía don Juan Ramiro Robledo, el diputado, ¿cuándo debe ser la elección de los ministros y las ministras y de los jueces y magistrados? Yo creo que es muy importante que sea la elección el día del resto de las autoridades electas. Uno de los problemas del diseño de Bolivia es ese ¿no?
Y otra cuestión muy importante también, que ya no me da tiempo de comentar, es la del Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal tiene que ser muy poderoso. Ese tribunal debe ser capaz de superar el secreto fiscal, el secreto bancario, el secreto ministerial, el secreto fiduciario. Es muy importante que este tribunal tenga facultades para asegurar bienes y para congelar cuentas de funcionarios judiciales y que en la reforma secundaria se establezca, desde luego, un catálogo de faltas administrativas y de delitos. Discúlpenme. He terminado. Muchas gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Les vamos a pedir a todos los asistentes, que recuerden que este es un foro que realiza la Cámara de Diputados, que tenemos un respeto sobre los que están exponiendo y que debemos de mantenerlo, que se permite y que sean foros abiertos porque así lo mandata, pero que también les suplicamos sean respetuosos con los que, las opiniones que están emitiendo los ponentes.
Gabriela Díaz Salinas, abogada, destacada abogada con la sólida formación académica, incluyendo, desde luego, no solo una maestría en filosofía jurídica y política contemporánea, también tiene maestría en derecho internacional, en derechos humanos. Liderea políticas de igualdad. Ha tenido puestos muy destacados en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La ponente Gabriela Díaz Salinas: Buenas tardes a todas y todos. Procuraré ser bastante breve para ceñirme al tiempo y no quitarle la palabra a nadie más. Estoy muy agradecida y muy contenta por formar parte de este foro, de un tema que nos atañe a todo el pueblo. No me gusta decir ciudadanía, me gusta decir pueblo para que no nos olvidemos de quiénes son las personas más vulnerables y receptoras de los obstáculos a la justicia. De entrada, eso quisiera decir. Y un agradecimiento a las personas que me invitaron y a las personas que me antecedieron en el uso de la voz.
Voy a hablar sobre los temas, me encantaría hablar de todos los temas, pero dado el tiempo y dado a los temas que nos proponen voy a hablar de dos temas principalmente sobre la nueva composición de la Suprema Corte y sobre el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Sobre el primer tema, bueno, de entrada, decirles que este es un foro que promueve la democracia y que con base en eso tenemos que tener muy consciente que tenemos que empezar a socializar el derecho. Y eso empieza desde el lenguaje que usamos nosotros. Este es un foro que es por la gente y para la gente.
Entiendo que en su gran mayoría todos y todas aquí somos estudiosos del derecho, conocedores y conocedoras del Poder Judicial tanto a nivel federal como local. Sin embargo, creo que la mayoría de los abogados y abogadas adolecemos de un vicio muy grande. Y ese vicio es que hablamos y nadie nos entiende, más allá y fuera de nuestro gremio y de nuestro mundito jurídico nadie nos entiende. Ese es el primer factor antidemocrático del derecho. Esa es la primera cuestión que nos invitaría a todas y todos los presentes a que lo tuviéramos en cuenta.
Escuché litis, escuché a la postre, escuché concomitante, escuché no es óbice, y así muchas que leemos también en las sentencias. Si de por sí en las sentencias utilizamos este lenguaje a pesar de los esfuerzos que ha habido desde la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal de hacer que las sentencias sean más accesibles, están plagadas de este tipo de términos.
Y, si no, las personas que leemos las sentencias, que –seamos realistas– somos exclusivamente el gremio jurídico, ahora imaginemos la gente de a pie, esos 36 millones de personas que votaron en favor de un proyecto político, que también debe abarcar un proyecto de sistema de justicia, me queda claro.
De entrada, la nueva composición de la Suprema Corte, el principal cambio es la manera en la que se resuelven los asuntos, nadie ha tocado ese tema. Antes se resolvían, como ya sabemos, en dos salas. Ahora se resolverá todo a través del pleno. Me parece que simple y sencillamente eso favorece la democracia, el escrutinio público. Decía por aquí una persona que me antecedió en el uso de la voz: y de qué va a servir, cómo vamos a garantizar que los jueces ahora no sean corruptos por elegirlos popularmente. Es que la reforma no es un fin en sí misma, la reforma es un medio para obtener otros fines que son más valiosos.
Entonces, la elección popular no es el fin, es un medio para poner luz en donde nunca ha habido luz. Para escrutinizar lo que nunca se ha esrutinizado. A mí me va a encantar ver en la tele, en las noticias, discutirlo con mi familia, con mis amigas abogadas y no abogadas, también que me están viendo. Me va a encantar discutir con ellas quién es el juez fulanito de tal, quién es la jueza fulanita de tal, quién es esta candidata, quién es este candidato. Y que salga en todos los noticieros y que podamos conocer todos los perfiles de estas personas. Eso en sí mismo abona a la democracia, nos guste o no. Y lo digo, no nos va a llevar al escenario utópico, pero definitivamente nos va a acercar, es una realidad. Cómo nos podemos quejar de más democracia. Es imposible.
Por otro lado, voy a hablar sobre el tema de... Gracias... el tema del equilibrio de los poderes. Esta manera también de resolver los asuntos en pleno va a restaurar el equilibrio de poderes, este equilibrio de poderes con que la oposición se da golpes de pecho, ¿no?, la división de poderes, el equilibrio de poderes.
Cómo es posible, como ya lo dijo el doctor Jaime Cárdenas, cómo es posible que, si 36 millones de personas votaron a favor de un proyecto, una noción de justicia, cómo puede ser posible que cuando se sesionaba en salas 1 persona o 2 personas, en su fuero interno, con su propia ideología, con su noción de valores constitucionales, entendidas como la Constitución es un papel y el parámetro constitucional y el bloque de constitucionalidad.
El derecho es más que eso, como lo decía el doctor Jaime Cárdenas. El derecho no es la Constitución. Los abogados tendemos a darnos golpes de pecho. El artículo 1, el artículo... Yo no me sé ningún artículo de memoria, y no por eso desconozco las teorías de la justicia social, la justicia que viene de abajo.
Ahora, claro que hay críticas. Yo tengo una crítica en particular que es muy operativa, y la digo de manera muy breve. El tema del órgano de administración de justicia, o sea, que el consejo se va a dividir en el tribunal y en este órgano administrativo. Este órgano administrativo se propone que lo lleven a cabo o hagan sus funciones la Escuela Federal Judicial, me parece, y el Instituto de Defensoría Pública. Creo que el pleno del Instituto de la Defensoría Pública es un error, igual, porque están bastante saturados los defensores públicos.
De hecho, la defensoría hay que fortalecerla, me parece, y claro que va a haber recurso para hacerlo. Si ya vamos a tener nueve ministros, si además les vamos a recortar el salario. Ojalá les quitemos las camionetas, porque tienen camionetas cada ministro, por si no lo sabían.
Les quitemos la seguridad, les quitemos todas estas cosas que son innecesarias. Nadie más en la administración pública tiene un seguro de gastos médicos mayores privado, sin límite, nadie más. Me parece que es bastante ilegítimo, de manera democrática, los salarios. Y que de ahí se fortalezca, se haga un diagnóstico y se fortalezca a los tribunales, los tribunales y los juzgados que tengan mayor necesidad. Gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: El doctor en ciencias sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y el doctor Javier Hurtado es licenciado en sociología, abogado de la Universidad de Guadalajara. Especialidad en derecho constitucional de la universidad. Es profesor investigador titular. También fue titular del Colegio de Jalisco y profesor honorífico de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, maestro.
El ponente Javier Hurtado González: Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Ojalá que me descuenten de mi tiempo los saludos. Distinguidas autoridades universitarias –es que es de gente educada saludar–. Distinguidos legisladoras y legisladores en ejercicio y electos. Muy estimados colegas que comparten este micrófono conmigo y quienes se encuentran presentes en el auditorio, señoras y señores, amigas y amigos todos. Ahora sí, que empiece el tiempo.
Voy a referirme a especialmente el tema de la nueva integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia y, si se puede, algo del régimen de responsabilidades. Pero, previamente, quiero hacer una reflexión y un breve diagnóstico de lo que es la situación del Poder Judicial de la Federación y, específicamente, de la Suprema Corte, para después hacer dos o tres propuestas que me parecen importantes.
En primer lugar, creo que la iniciativa que nos convoca es de la mayor trascendencia, porque viene a cuestionar uno de los supuestos más importantes de la... de la separación de poderes, que es el prejuicio ese de que quienes hacen las leyes sí pueden ser electos, pero quienes las interpretan no.
La otra cuestión, que es también muy importante de esta iniciativa es que, aunque no lo plantea textualmente, pero se readecua o se revisa el concepto de autonomía e independencia del Poder Judicial, que se ha tergiversado, porque la autonomía e independencia es de la función jurisdiccional, no del Poder Judicial.
No puede haber en el mundo ni en ninguna democracia constitucional, y de derecho, un Poder autónomo e independiente. Eso es ilógico, es un absurdo y una contradicción histórica. Hay que tener cuidado con eso.
Estos supuestos y el hecho de que la Suprema Corte interpreta la Constitución y la ley por métodos que quién sabe cuáles sean, porque se comunican con los creadores originales de la Constitución, quienes les dicen, a través de la güija, quienes les dicen cuál es el sentido de lo que quisieron decir en sus artículos. Eso luego lo aplican a sus sentencias y luego después, todo eso lo aplican en sentencias en beneficio de ellos mismos, los ha hecho un Poder absoluto, un suprapoder incontrolable.
Y de eso se ha derivado una situación que quisiera presentarles en algunos cuadros de la situación del Poder Judicial, por ejemplo, representan uno de los funcionarios mejor pagados del mundo y más ineficientes. El sueldo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que asciende a 5 millones 529 mil 451 pesos anuales, es superior al de cualquier presidente de la República de América Latina. Supera al del rey de España, sí, que solamente gana 5 millones 293 mil pesos. Supera al de varios primeros ministros de Europa y supera al presidente de Francia también. Todo esto es producto de que este Poder es incontrolable.
Quisiera proponerles ahora a ustedes lo que es más importante, que de la lista de los 30 candidatos de los cuales se van a elegir quienes integren la Suprema Corte, no sea una sola lista nacional, sino que sean en tres listas divididas en tres circunscripciones, circuitos o regiones, con candidatos oriundos o que hayan hecho su carrera profesional en algunas de las entidades federativas que formen parte de esa delimitación.
Cada ciudadano tendría derecho a 9 votos, y esos 9 votos los ordenaría de manera preferencial, 3 para cada uno de los 10 propuestos por cada Poder, en el orden que él quisiera, poniendo el número al margen del nombre de la persona.
Y esto me propongo, me permito proponerlo en razón de las siguientes fundamentaciones. En primer lugar, es importante terminar con el centralismo que tradicionalmente ha existido en la conformación de la Suprema Corte de Justicia. De los actuales 11 ministros, 7 son oriundos de la Ciudad de México y los otros 4, si bien no son nacidos ahí, todos han hecho su carrera profesional en la Ciudad de México.
Entonces, si no se considera un sentido regional para esto, pues en verdad juristas que sí existen en las regiones y en las entidades federativas como Vallarta, Rejón o Mariano Otero nunca podrían ser ministros de la Suprema Corte.
Segundo punto. Por elemental congruencia a esta propuesta de hacerlo por regiones, porque se trata de un sistema federal, una república federal no unitaria y para congruencia también con el sistema prevaleciente entre 117 y 28, en que los miembros de la Corte eran electos por el Congreso de la Unión a partir de propuestas de las legislaturas de los estados.
Y, la última y la más importante, elemental en una república presidencial, democrática, ninguna otra persona que no sea el jefe de Estado o el presidente o presidenta de ese país puede ser votado de manera universal en todo el territorio nacional y mucho menos arriesgarse a que otro individuo pueda igualarlo o superarlo en número de votos, porque entonces la legitimidad democrática del jefe del Estado se vería sumamente cuestionada.
Esto, en verdad creo que es muy importante tomarlo en consideración porque si no entonces el remedio nos puede salir peor que la enfermedad y el mismo criterio aplicaría también para el tribunal de la Sala Superior del Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial. Muchas gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: A continuación, vamos a hacer mención que hay participaciones de los grupos parlamentarios, por tres minutos. Le voy a suplicar a todos y cada uno de los que estén presentes sí se vale emitir nuestro aplauso y esto, pero que seamos respetuosos con todos los grupos parlamentarios que nos hacen el favor de acompañarnos. Entonces, iniciaremos con la participación, con un participante de Morena, el diputado Leonel Godoy Rangel. Adelante, por favor.
El diputado Leonel Godoy Rangel: Bueno, buenas tardes, como dijo el maestro Hurtado, los saludos son necesarios. Saludo a todo el presídium, saludo al auditorio y es un gusto estar en esta gran Universidad de Guadalajara, una de las cunas del liberalismo mexicano.
Sin duda lo que nos convoca, no solo a las legisladoras y legisladores en funciones y electos, sino a los estudiosos del derecho, a los que aplican el derecho, es qué podemos hacer para que la justicia en México sea pronta y expedita y gratuita, qué tenemos que hacer para que esto ocurra, y por eso es plausible que estemos haciendo un esfuerzo para escucharnos y escucharnos significa escucharnos todos.
También se ha dicho, y es cierto, nosotros tenemos mayoría calificada y podríamos tomar decisiones como se tomaban en otros tiempos, pero no es lo que anima ni al presidente actual ni a la presidenta electa, esta manera de ser. Ya se han mencionado muchos casos de lo que se llama fast track o legislar al vapor.
La noche neoliberal dio más de 400 reformas a la Constitución y Andrés Manuel López Obrador solo ha hecho 61 propuestas. Calderón, que ganó apenas con 250 mil votos, presentó 120 reformas a la Constitución, que fueron aprobadas.
Entonces, sin duda hay que combatir el que se quiera decir que somos autoritarios y que queremos concentrar el poder en alguien, porque justo esta reforma y más en el tema más controvertido que es el de la elección de jueces, magistrados y ministros, lo que busca es que el presidente ya no tenga esa atribución, ya se dijo aquí, y por eso para nosotros es muy importante lo que aquí han expuesto los ponentes.
Como entiendo que nosotros debemos de hacer una pregunta, yo quisiera preguntar a los ponentes ¿qué opinan de esta decisión, de que el presidente ya no tenga el monopolio de proponer a los ministros y que no haya una elección indirecta? Porque sí es una elección al final del día de los ministros, se los preguntaría. Fundamentalmente al magistrado Gildardo, se lo preguntaría también al doctor Cárdenas ¿qué opinan al respecto? Y muchas gracias, por este gran evento que tuvimos aquí en la Universidad de Guadalajara.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Corte: Por favor, maestros, si pasan uno por uno o me pueden facilitar dos micrófonos, para que yo les pueda pasar los micrófonos. Esta es... primero todos los grupos, les vamos apuntando... ya, ya creamos la batería de respuestas ¿les parece? Y entonces, pues ya nos vamos parando cada uno de los...
Bueno le voy a pedir, por favor, vamos a hacer a intercalar las participaciones. Les recuerdo que el grupo mayoritario es Morena y lógicamente esto tiene un mayor impacto en cómo participan y cuántos miembros participan en esto. Pero entonces, le pediría por favor a la diputada Paulina Rubio Fernández que haga la participación del Partido Acción Nacional.
La diputada Paulina Rubio Fernández: Muchísimas gracias, saludo a todo el presídium que hoy nos acompaña. Miren, quisiera ser muy clara. Desde el primer día en que se iniciaron estos foros, Acción Nacional aplaudió el hecho de que se pueda hablar sobre este tema.
Reconocemos que podemos mejorar el Poder Judicial, reconocemos que podemos platicar algunos de los puntos de esta iniciativa. Sin embargo, tenemos que ser muy claros, la elección de ministros, jueces y magistrados por el voto popular no es una opción para el Partido Acción Nacional y no lo es, porque es parte de una mentira.
Parte de la mentira que estas personas serán elegidas por el pueblo, sin embargo, hay que ser muy claros con las y los mexicanos, quienes elegirán a estas personas son los poderes. Parte de una terna, más bien de una lista que emite la Cámara de Diputados, de una lista que emite la propia presidenta de la República y de una lista que emite el Poder Judicial.
¿Y quiénes son quienes hoy controlan esos poderes? Pues, por supuesto que es el partido Morena, así que los perfiles que estarían votándose en esa elección serían perfiles únicamente cercanos al partido en el poder. Por esta razón es por la que no podemos acompañar una elección de tajo que sea por voto popular, además de que es una reforma que se queda corta.
Aquí escuché, efectivamente, que es una reforma que, si bien quisiéramos que fuera lo suficientemente robusta, tendríamos que empezar por las fiscalías, que es donde la gente padece el primer contacto con la justicia y hoy en día esta reforma no toca ni habla de las fiscalías.
Además, me parece sumamente grave que hoy en día podamos dar por hecho que es una reforma que va a transitar. Habrá que recordar que durante esta legislatura no cuentan con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República.
Pero también habría que recordar que la integración de la Cámara y del Senado son integraciones virtuales para la próxima legislatura y que por supuesto que el Partido Acción Nacional estará... estará peleando por la conformación de esta Cámara ante los tribunales porque los mexicanos le dieron el 54 % de los votos a la alianza y no el 76 % de la representación como quieren tomarla.
Es por eso que, además, esta virtual conformación en el Senado de la República, bien lo reconocía el senador, están a tres senadores de poder tener una mayoría calificada, lo cual, hoy en día, si así fuera la conformación del Senado, también habla de que no podrían transitar esta reforma constitucional si no es avalada por la oposición porque les faltarían tres senadores.
Por lo que yo les pediría que pudiéramos ser mucho más humildes a la hora de externar nuestros comentarios y no asumir que tienen la mayoría calificada aún. Esa... esa parte le toca calificarla al Tribunal Electoral.
Y si vamos a hablar de invasión de competencias, pues empecemos desde casa, empecemos por hablar con la verdad, empecemos por decirle a la gente cuál es el verdadero corazón de la reforma.
Y, por supuesto, escuchemos aquí las opiniones de expertos, las opiniones de quienes ejercen el derecho, las opiniones de quienes van a hacer uso de esta norma, pero, sobre todo, esperemos a que estos foros terminen para saber cómo quedará el dictamen porque lo más importante, además de estos foros, no es solo lo que venimos a escuchar, sino qué vamos a lograr poner en el dictamen para, entonces, ponerlo... someterlo a la votación de las y los legisladores. Es cuanto. Muchísimas gracias.
Ah, la pregunta, la pregunta. Perdón. Ahí voy. Y mi pregunta sería, para quien guste contestarla, es: ¿Creen ustedes que la reforma tal cual se encuentra redactada salvaguarda los derechos adquiridos de juzgadores federales y locales de acuerdo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Es cuanto.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Les recuerdo que no es un posicionamiento de las fracciones, sino que es una pregunta a nuestros ponentes porque lo que se trata es de escucharlos. Bueno, la siguiente es la diputada electa Mery Pozos, Gómez Pozos, por favor. Adelante, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Merilyn Gómez Pozos: Muchas gracias y una felicitación a los organizadores de este evento y gracias a la universidad por abrirnos sus puertas, como siempre.
La reforma al Poder Judicial en México marca un momento crucial en la historia de nuestro País, una oportunidad para transformar nuestro sistema en uno verdaderamente accesible, equitativo y eficiente. Este proceso no solo es una iniciativa legislativa, sino un compromiso firme con la justicia social, las libertades y el bienestar de la gente.
La democratización del acceso a la justicia, y no solo responde a una cuestión de eficiencia, sino también a un imperativo moral. Todos los mexicanos merecen un sistema judicial que los represente y proteja sus derechos de manera equitativa; y justamente la equidad es un pilar central de esta reforma.
Un sistema judicial que actúe sin discriminación y asegure que todas y todos los ciudadanos sean tratados con dignidad y con respeto es esencial para construir una sociedad más justa. La eliminación de privilegios para la élite del Poder Judicial y en la aplicación de la justicia es un paso crucial en la igualdad, y esta reforma representa un gran avance en esa dirección.
Ello significa garantizar que todas y todos los mexicanos, independientemente de su origen social, género, orientación o etnia puedan acceder a una justicia verdaderamente pronta y expedita. Este enfoque no solo mejora la percepción pública del sistema judicial, sino que también promueve una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos. Es un recordatorio de que la justicia no debe de ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho inalienable para todas y todos los mexicanos.
La reforma también contempla la reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la nueva integración de jueces, magistrados y ministros. Esta reestructuración es vital para asegurar que el Poder Judicial actúe con independencia y eficiencia, estableciendo un marco de responsabilidades claras y efectivas.
La duración de los cargos, la evaluación permanente y continua y el régimen de responsabilidades son aspectos cruciales para garantizar la imparcialidad y el compromiso con el bienestar público.
Uno de los temas más importantes en México sin duda es la seguridad. La Cuarta Transformación aborda las causas de la inseguridad mediante oportunidades a los jóvenes, al fortalecimiento de la Guardia Nacional y la profesionalización de las policías, así como la coordinación de diversas instancias; y una parte fundamental de esta reforma es el combate a la impunidad. La impunidad es la principal causa de que delincuentes permanezcan en libertad, y al no haber castigo se fomenta la inseguridad.
La existencia de un órgano verdaderamente autónomo que vigile y sancione el actuar de los jueces y magistrados es vital. Un sistema judicial que no se corrompa es clave para garantizar que, quienes cometan delitos, enfrenten las consecuencias legales.
–Concluyo, gracias Ceci–. La sociedad tiene un papel fundamental en la construcción de este nuevo Poder Judicial y por eso es importante que esta reforma no sea postergable, es urgente y estoy segura de que marcará un cambio de paradigma en la impartición de justicia que nos ayudará a construir con instituciones más sólidas, democráticas y, sobre todo, el servicio de la gente.
Más que una pregunta, Ceci y a todos los panelistas, es mi reconocimiento de que podemos tener un diálogo plural y de que vamos a transitar, sin duda, a un México más justo. Muchas gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Les recuerdo que son tres minutos su participación, su ponencia, su pregunta, lo que quieran hacer, solo tres minutos, por favor, a todos los compañeros y compañeras. A continuación, por la participación del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Laura Haro Ramírez. Adelante.
La diputada Laura Lorena Haro Ramírez: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente en mi universidad, en la Universidad de Guadalajara. Agradecerte, querido rector, por la posibilidad de abrir este espacio plural, que la verdad no lo está cumpliendo el propósito, pero que esa era la aspiración de un parlamento abierto y, por supuesto, querido rector, también este centro universitario Gustavo Padilla.
Y al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, permítanme saludarle en la persona de Juan Ramiro Robledo, a todas y a todos mis compañeros legisladores y legisladoras federales.
Y, por supuesto, a la gran comunidad universitaria, a todos los ponentes, los panelistas, a esta gran participación de personas interesadas en construir y consolidar un México de libertades y un México de equilibrio de Poderes.
Quiero comenzar con una petición a quienes serán las próximas y los próximos legisladores federales, voten en contra de esta reforma. No hay manera de transitar hacia un país que vigile el equilibrio y que regule el equilibrio de los Poderes, sometiendo al Poder Judicial a otro Poder, a un Poder que hoy ha dejado en claro y en manifiesto su visión electorera de la fallida justicia mexicana.
Por supuesto que decimos que sí a una reforma profunda del Poder Judicial, por supuesto que decimos que sí a garantizar que los impartidores de justicia puedan hacer su labor en condiciones de paz, en condiciones de respeto, en condiciones que hoy son precisamente inhibidas por la presencia, en todos los rincones, de la delincuencia organizada, de la criminalidad.
No he escuchado un solo posicionamiento al respecto. No he escuchado a ninguno de los que ha hecho uso de la voz de hablar de esto. Todo nuestro respeto a quienes imparten justicia de manera pronta, de manera expedita, pero también apegados a la legalidad.
Vale la pena resaltar que nadie está hablando aquí de qué presupuesto más se le va a otorgar al Poder Judicial, cuando hoy solamente se le otorga el 0.5 % del producto interno bruto, cuando la OCDE establece, por lo menos, el 1 punto %.
Tampoco escuché hablar cómo se va a fortalecer la presencia de los impartidores de justicia, porque hoy nuestro país apenas alcanza el 4 punto juzgadores por cada 100 mil habitantes, cuando lo recomendable sería 10.
Ojalá estos espacios, y lo digo para toda la comunidad universitaria, a los jóvenes, que saludo con mucho aprecio, no se queden con un mal sabor de boca de que estos ejercicios es lo que siempre le ha gustado hacer a Morena y sus aliados, ejercicios de simulación, de pose, porque realmente van a aprobar lo que se les dé la gana. Ojalá no sea así.
Y, por supuesto, también señalar que se debe de cuidar con mayor vigilancia quiénes serán los ponentes de los próximos foros, porque aquí escuché por lo menos a dos ponentes hablar de la oposición, yo no soy oposición de ninguno de ustedes, yo soy una diputada federal, soy una compañera jalisciense que no soy oposición de ninguno de los ponentes, todo lo contrario, aquí venimos a escuchar opiniones libres. Qué lástima, qué lástima que estos espacios se utilicen únicamente para hacer un circo de una reforma fundamental. Muchas gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Le pido, por favor, a la diputada Irma Juan Carlos, porque tome el uso de la voz. Diputada federal Irma Juan Carlos. –Es la segunda, diputado–. Adelante Irma, adelante.
La diputada Irma Juan Carlos: (Habla en lengua originaria) Irma Juan Carlos, y hola diputada (habla en lengua originaria). Buenos días, buenas tardes, hermanas, hermanos. Muchas gracias por brindarme esta oportunidad, darle la voz a quienes a pesar de ser los legítimos dueños de estos territorios no se nos ha escuchado.
Quiero... somos los dueños de estas tierras irónicamente. Somos los más desprotegidos, a los que más se ha humillado y por eso quisiera preguntarles a las y los ponentes, si tienen el dato, cuántas mujeres y cuántos hombres indígenas hay sin haberse sentenciado y que, aún a pesar de haber sido sentenciados estos hermanos, cuántos son culpables.
Yo decía hace unos días: la justicia aquí es para los que tienen el dinero. La mayoría de las personas encarceladas son personas pobres, mayoritariamente de comunidades rurales e indígenas. Por eso creo que esta reforma, aunque les duela, es necesaria, aunque a la mayoría aquí o a la minoría, la minoría presente, olvidemos de los colores.
La minoría presente diga que no es una reforma necesaria o que es el partido Morena. Les recuerdo que somos parte de este pueblo, que elegimos el color de Morena, porque vimos como la única opción, después del azul, después del rojo, que lo único que hicieron fue despojarnos, lo único que hicieron fue humillarnos, orillarnos a la pobreza y a la marginación.
Por eso elegimos Morena y por eso vamos los pueblos originarios y los pueblos afromexicanos estamos con este proyecto alternativo de nación, lejos de colores y de partidos. Esta reforma al Poder Judicial es necesaria, porque –ya se dijo aquí– los lujos, los privilegios que gozan, los sueldos elevados, los autos de lujos, las casas, cuánto cobra un campesino, cuánto cobra un ministro. ¿Eso es justo, señores? Vamos entonces por la reforma al Poder Judicial del pueblo de México. Gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: La participación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a cargo del senador Clemente Castañeda, adelante.
El senador José Clemente Castañeda Hoeflich: Gracias. Muy buenas tardes. Saludo con aprecio al presídium, a mis compañeras, compañeros legisladores, a la comunidad universitaria. Siempre es bueno estar en casa, rector, rectores.
Déjenme empezar diciendo a propósito de quien me antecedió en el uso de la palabra que ojalá se apelara a la mayoría, justamente para terminar y concretar el reconocimiento de los pueblos, de las comunidades indígenas como sujetos de derecho. Para eso sí sirve la mayoría. Ejérzase rápidamente y nosotros con mucho gusto los acompañamos.
Nosotros –ya se tardaron, han perdido mucho tiempo en ello, pura alaraca–, nosotros atendemos a estos foros de la reforma judicial entendiendo que nuestra obligación es mejorar las instituciones del Estado mexicano, se vale imaginar mejores instituciones. Y en una democracia representativa pues todas las voces deberían contar y foros de esta naturaleza deberían tener un sentido de mucha más equidad.
Las y los mexicanos, en efecto, decidieron en las pasadas elecciones construir una mayoría, pero también se pronunciaron por una composición plural de las propias Cámaras y nos obligan por supuesto a tener mucho más diálogo, menos simulación, menos imposición de las mayorías. Nadie tiene el monopolio de la voluntad popular en este país.
Desde Movimiento Ciudadano por supuesto que creemos que se tiene que reformar el Poder Judicial, pero hagámoslo fortaleciéndolo sin vulnerar su independencia, que la impartición de justicia sea eso, que esté del lado de las personas.
Hoy tenemos una oportunidad, la oportunidad de reformar nuestro sistema judicial. Pero esta oportunidad se puede convertir en un riesgo y un daño para México si permitimos que se desvíe el espíritu de nuestro sistema democrático de pesos y de contrapesos, de equilibrio de los poderes públicos.
El tema que nos convoca el día de hoy, esta reforma judicial, particularmente en el tema de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece que lo que tiene que estar en el centro de este debate de manera esencial es entender que el Poder Judicial, la Corte en particular, es una institución contramayoritaria, es decir, una instancia del Estado mexicano que en organización y funcionamiento siempre debe estar por encima de cualquier interés particular.
La justicia, lo digo categóricamente, no puede estar subordinada ni a mayorías partidistas ni a poderes fácticos ni a gobiernos en turno. La reforma que se construya tiene que partir de este principio fundamental, que es el pilar del acceso a la justicia para las personas.
Se ha hablado aquí, yo he escuchado con muchísima atención a los ponentes... Me parece que el espíritu de este foro es justamente tratar de intercambiar puntos de vista... Y tanto el doctor Jaime Cárdenas Gracia como el doctor Javier Hurtado trajeron a colación el problema de la interpretación... en todo caso... y el de impartición de justicia. El doctor Javier Hurtado incluso decía: pues esta es la oportunidad de que algunos se comuniquen con sus antepasados para interpretar correctamente el sentido de las normas.
La pregunta de manera muy puntual para mis compañeras ponentes, para las y los ponentes es: y qué nos hace pensar que la elección de los jueces, de los ministros, de los magistrados va a traer en automático una interpretación mucho más fehaciente, directa, consistente de la norma jurídica, que es tarea de todos los juzgadores, provengan de donde provengan. No he escuchado un solo argumento en este foro de cuáles son justamente los beneficios de la elección popular de los jueces, ministros y magistrados.
Me encantaría escuchar la opinión de mis colegas y decir también, como ya se ha expresado aquí, que la construcción de mayorías en la próxima legislatura será una tarea de todas y de todos. Que no hay, como ya se reconoció aquí, un cheque en blanco para nadie. Que, al contrario, estamos obligados a construir una interpretación y una mayoría que pueda sacar adelante las grandes transformaciones de este país con el consenso y con el diálogo de todas y de todos. De lo contrario, será un rotundo fracaso. Muchas gracias y buenas tardes.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Les recuerdo a mis compañeros y compañeras que la participación es de tres minutos, para que no la excedamos, porque todavía tenemos las respuestas de los ponentes. Por el Partido Verde tengo la participación de mi compañera diputada Claudia Delgadillo. Adelante.
La diputada Claudia Delgadillo González: ¿Cómo están? Saludo con mucho gusto a todos mis colegas abogados y, por supuesto, a este gran presídium. Muchas gracias y con el permiso de mi rector general, Ricardo Villanueva. Este foro nos brinda una gran oportunidad de reflexionar sobre las deficiencias y retos que enfrenta nuestro sistema de justicia y, más importante aún, nos permite delinear un camino hacia un sistema justo, inclusivo y eficaz.
Nuestro modelo actual de impartición de justicia se caracteriza por ser un sistema viejo, un sistema conservador que, lamentablemente, no está diseñado para reparar a las víctimas ni para impartir justicia de manera equitativa.
Esta realidad se manifiesta en diversas problemáticas que aquejan a nuestro sistema judicial. Las personas de escasos recursos enfrentan numerosas barreras para acceder a la justicia, desde la falta de información y recursos económicos, hasta la carencia de una representación legal adecuada.
La corrupción dentro del sistema judicial es una preocupación constante para todos los habitantes de nuestro país, esto influenciado por intereses políticos y económicos que nos generan totalmente desconfianza.
La administración de justicia en México es conocida por su lentitud y procedimientos burocráticos excesivos. Por todo esto, la independencia del Poder Judicial está frecuentemente en entredicho, ya que la designación de jueces y magistrados a menudo responde a intereses políticos.
En la reforma presentada por el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados se plantea la necesidad de transformar el Poder Judicial de manera integral. Sin embargo, desde mi experiencia personal quiero hoy plantear un asunto fundamental para nuestra vida democrática, la justicia electoral y el respeto a la voluntad popular.
Es urgente, es muy urgente reformar y fortalecer las instituciones encargadas de supervisar y calificar los procesos electorales para evitar violaciones a la voluntad de nuestro pueblo. En Jalisco enfrentamos un lamentable fraude electoral y es un claro ejemplo de cómo las autoridades electorales pueden manipular los resultados en perjuicio de la decisión de nuestros habitantes en México, porque en Jalisco el pueblo se expresó claramente, sin embargo, no fueron los votantes quienes decidieron el resultado, sino aquellos encargados que se dedicaron a hacer un fraude de manera total.
Por eso debemos de garantizar la independencia de los tribunales electorales para que sus decisiones reflejen y defiendan de manera voluntaria que los votantes estén de manera constante y apegados a la legalidad. Es necesario que podamos confiar en el desempeño de la autoridad judicial, porque con esto vamos a transformar a nuestro Poder Judicial en uno que verdaderamente sirva a la justicia y sirva a la ciudadanía. Necesitamos un compromiso decidido con esta reforma. Les agradezco mucho a todos mis compañeros y amigos, colegas abogados.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Les recuerdo que cada uno de los grupos parlamentarios tiene el derecho de decir, como diputado, lo que quiera en tribuna. Si a algunos otros compañeros les molesta, tienen que entender que fueron escuchados con respeto y que es lo mismo que pedimos para todos y cada uno de los ponentes.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Por el Partido del Trabajo cedió su participación al maestro, al maestro, espérenme tantito, Óscar Cantón Centeno. Por favor, maestro, adelante. Centeno, Zetina, perdón.
El diputado Óscar Cantón Zetina: Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, gracias por la hospitalidad de la Universidad de Guadalajara, gracias a los ponentes, al comité organizador, y ciertamente estamos para escuchar. Soy secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y senador electo, o sea, si Dios quiere me permitirá dictaminar, después discutir y seguramente aprobar la gran reforma judicial que el pueblo requiere.
El 2 de junio el pueblo dijo, ¿qué quiere?, dijo que quiere una reforma judicial. ¿Qué dejó en nuestras manos?, el cómo y el cuándo. ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Qué hay que hacer gradual el nombramiento de los ministros, de los magistrados o de los jueces?, esto es lo que vamos a determinar, por eso es tan importante la aportación de todas y de todos ustedes que actúan de buena fe y con su gran conocimiento, porque están creyendo en una república con una división de Poderes auténtica, qué no haya nadie, ningún Poder, nada sobre la soberanía popular, sobre la voluntad de la gente.
No hay porque tenerle miedo al pueblo, que acaso de los huarachudos de la revolución no se dio la primera, la primera revolución social y se dio una Constitución que puede avanzar y de vanguardia en el mundo como la de 1917, salió de esos huarachudos que no tenían doctorados ni maestrías ni nada de privilegios, pero tenían un amor por la patria, un sentido de justicia, un sentido de consideración humana.
Que acaso el pueblo no nos dictó ya lo que tenemos que hacer, esto no está a discusión, y la intolerancia y la falta de compasión hacia los más desprotegidos, eso es lo que está matando al país, esa serie de privilegios que tienen esos ministros, que no tienen nada más que ver con sus camionetas blindadas y sus comidas, con grandes vinos, no hombre, eso es lo de menos, ojalá que con dinero se solucionaran los problemas de la injusticia y de la desigualdad de nuestro querido país.
Ese sufrimiento de la gente que tiene a su pobre familiar allá, refundido por falta de una sentencia o que es inocente y que también está refundido, porque hubo un poderoso y un rico que llegó y compró la justicia. Eso es lo que nos tiene que mover al corazón y nos tiene que mover a ser buenos abogados, a ser buenos juristas, a ser buenos, pues, servidores públicos.
Eso es lo que está en discusión, la sensibilidad social de un Poder, de un Poder de la Unión, como es el Poder Judicial. La reforma judicial no le pertenece a Andrés Manuel López Obrador, no les pertenece a los partidos políticos, no les pertenece a los abogados. Le pertenece ya al pueblo de México, porque así lo refrendó el 2 de junio y es así como estamos, con esa disposición, para engrandecer a la república.
No seamos mezquinos ni pequeños ante esa grandiosidad y generosidad del pueblo mexicano, hay que respetar la democracia, sí, la democracia se constituye de mayoría y de minoría, respeto a las dos partes, pero sobre todo respeto a lo que marcó el pueblo, y la justicia solo es válida cuando se da en cada persona, en cada ciudadano, independientemente de si tiene títulos, si tiene riquezas o si tiene algunas otras cosas materiales. La justicia se da cuando nos vemos de tú a tú, cuando entendemos el dolor ajeno y cuando lo sufrimos y tenemos impotencia de no poder remediarlo.
Así que, de verdad, ponentes, de verdad, a ustedes asistentes, muchísimas gracias por enriquecer este diálogo nacional. La Cámara de Diputados, el Senado de la República, el Congreso de la Unión estará a la altura de lo que esta gran república exige y de lo que, con toda humildad, el pueblo de México nos marcó el 2 de junio. Muchas gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: A usted, maestro. Bueno, les damos la oportunidad a todos nuestros ponentes, si alguno quiere hacer o dar respuesta a lo que en esta primera ronda presentaron los partidos, por favor.
El ponente Eduardo Casillas Ávila: ... de que iba a participar.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: A ver...
El ponente Eduardo Casillas Ávila: ... No lo están cumpliendo, el compromiso.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: A ver, maestro, quiero...
El ponente Eduardo Casillas Ávila: Le pido respetuosamente...
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: ...quiero pedirle lo siguiente. A ver, sí, le pido a todos los participantes que hay una primera ronda donde participan los partidos políticos, preguntan. Después hay una ronda que sale a votación, votan...
El ponente Eduardo Casillas Ávila: ...participando otra vez y todavía no participo yo.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Discúlpeme, maestro, hay un orden, hay ponentes que tienen que responder. Le suplico, maestro... no, bueno, maestro.
El ponente Eduardo Casillas Ávila: ...me dijeron que era un tercer participante.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Discúlpeme usted, maestro, hay un orden de la Junta de Coordinación Política, yo estoy solo ejecutando el orden de los ponentes que fueron invitados de forma... Adelante, adelante, por favor. Le recuerdo, por favor, que tiene usted tres minutos.
El ponente Eduardo Casillas Ávila: Me da mucha pena tener que haber llegado a estos extremos para lograr mi participación en este importante ejercicio democrático y poder decir lo que un ciudadano sin currículum majestuoso, como los que acabo de escuchar, piensa simple y sencillamente como abogado y como maestro desde hace 28 años en esta universidad, que es mi alma mater en la facultad de Derecho.
Después de conocer los temas, los lugares y las fechas para la realización de estos foros, me nació la inquietud de participar haciendo un análisis de lo que considero el punto toral de esta reforma y que es el de conocer los principios morales de quienes aspiran a impartir la justicia en nuestro país. Es importante el cómo, pero creo que es más importante el quién y cómo estos piensan, y qué concepción tiene en el derecho, instrumento con el que se demanda la justicia y es la filosofía que nos puede ayudar a resolver este tema y que es el de la oposición, que existe entre derecho positivo y el derecho natural, cuestión clave de toda la filosofía jurídica.
Entonces, esta separación tajante entre el orden jurídico y las exigencias éticas de justicia es aceptada por un buen número de académicos en el ámbito jurídico y, sobre todo, por los impartidores de justicia en quienes prevalece a una interpretación positivista alejada de principios éticos pero muy acordes a su ideología política, de ahí que, al llamar el señor presidente de la República la Corte, la Suprema Corte del Derecho, yo le agregaría del derecho positivo.
El actual máximo tribunal judicial ante conflictos donde están en juego beneficios de la nación y actuar buscando y aplicando lo que en justicia procede, actuar con criterios iuspositivistas, amparados en la validez de la norma, sin valorar el perjuicio que se le infringe al país al beneficiar a particulares y empresas transnacionales con sus resoluciones injustas, pero fundamentadas, eso sí, en derecho.
El derecho positivo no solo es creado por los legisladores, sino por los propios jueces: al convertirse en jurisprudencia sus resoluciones, adquieren sustento para sus sentencias y más que lo hacen con fundamentos legales y no priorizando los principios morales como antes lo habíamos hecho.
Pasemos a comentar rápidamente la postura y la otra teoría que es la del iusnaturalismo. La oposición de derecho positivo con derecho natural es la cuestión clave de toda la filosofía jurídica.
Desde los filósofos griegos Sócrates, Platón, Aristóteles, la filosofía estoica con su fundador Zenón de Citio en Grecia, Marco Aurelio y Cicerón en Roma y la filosofía escolástica y cristiana, aportaron los elementos para construir la teoría del derecho natural.
El derecho natural no es el mero sentimiento de la justicia ni un código ideal de normas, sino el conjunto de criterios y principios racionales supremos y evidentes y universales que presiden y rigen la organización verdaderamente humana de la vida social que asigna al derecho su selección con las exigencias ontológicas del Hombre y establece las bases de la selección de las reglas e instituciones técnicas adecuadas para realizar esta finalidad en un medio social histórico.
Para un iusnaturalista, como hemos visto, una norma no es válida si no es justa. Para la doctrina opuesta, el iuspositivismo, una norma es justa solo si es válida.
Pongámoslo en contexto... ya voy a terminar... la ley que permite el aborto es aceptada por los iuspositivistas pro aborto y, por lo tanto, es legal, es legal, mientras que para los iusnaturalistas pro vida es una ley injusta, inaceptable, porque atenta contra la vida de un ser humano desde su concepción, gestación, hasta su nacimiento.
Pero, regresando al tema y para concluir, sostengo que la moral será el alimento de que se nutre, de la atmósfera que se respira el derecho que será moral o no será verdaderamente derecho. No se puede entender un derecho sin moral y un derecho sin moral no es un derecho justo y la justicia es, como ya lo dije al principio, el fin y el objeto de este.
¿Queremos continuar con una suprema corte del derecho o una Suprema Corte de Justicia? En los Estados democráticos existe una división de poderes, correspondiendo al Poder Judicial la impartición de justicia y en este Poder participan jueces, magistrados y ministros designados de acuerdo a lo establecido por la ley, lo cual es plenamente justificado, pero que lo hacen atendiendo instrucciones del gobernador en turno y a las cuotas de poder de los grupos sociales representados en los partidos políticos, poderes fácticos y organizaciones de la llamada sociedad civil de la iglesia y hasta de las universidades. El que le quede el saco que se lo ponga.
Resulta pues que cuando estos cumplen con su encargo lo hacen atendiendo a las instrucciones de quienes los nombraron, traicionando con tan infame comportamiento y como súbditos y lacayos de los gobernantes en turno y de los grupos de poder en ambiciones insanas y mercantilistas, pervertir el derecho y la justicia y convertir los tribunales en burdeles judiciales en donde como meretrices se vende y se compra la justicia al mejor postor.
Afortunadamente esta reforma en el que se establezcan las formas de mantenimiento del Poder Judicial mediante un sistema democrático en donde sean electos por el pueblo quienes reúnan los requisitos de conocimiento y experiencia, sobre todo, con una probada honestidad y con una ética en donde esté por encima de todo el pundonor de su probidad. Por su atención, muchas gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Le suplico a aquellos que recibieron las preguntas, si quieren pasar a responderlas tienen máximo tres minutos para las respuestas. Adelante, maestro. ¿Si? Por favor. Lo que voy a hacer es lo siguiente, les voy a dar el micrófono si quieren. ¿Allá tienen uno? Adelante, maestro.
El ponente Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Bueno. Hubo varias preguntas muy interesantes. Una del diputado Leonel Godoy en donde pregunta si este procedimiento por voto popular para elegir a ministros, magistrados y jueces va a eliminar o no el poder del presidente.
Desde luego que sí porque serán los tres Poderes de la Unión los que harán las propuestas, 10 propuestas cada uno de los poderes. Es decir, el presidente de la República ya no tendrá el monopolio de la presentación de propuestas al Senado de la República como hoy es el procedimiento, sino que será. Los tres poderes de la unión los que plantearán las propuestas que serán electas, escogidas por voluntad popular.
El actual meteoro, como sabemos, es una reforma a la reforma de 1928, del 17. En el 28 el monopolio del presidente era absoluto y con las mayorías que tenía el PRI en el Senado de la República, pues la propuesta del presidente era la que salía, ¿no?, salía designada.
A partir del año 94, por los pactos entre el PRI y el PAN, se modifica la constitución para establecer el método que hoy tenemos vigente y hoy en día este método, desde mi punto de vista, muy respetuoso, pues es un método que favorece el reparto de cuotas en el Senado de la República entre los dos partidos mayoritarios; y en caso de que los dos partidos mayoritarios no se pongan de acuerdo, como ocurrió con el último nombramiento de la ministra Lenia Batres, pues es el presidente de la República.
Desde luego, esto es un método mejor. El método propuesto en la iniciativa es un método mejor al método que hoy en día tenemos; y como me queda un minuto, brevemente, atendiendo lo que comentaba la diputada del Partido Acción Nacional, que no se encuentra presente, sobre las garantías judiciales, yo creo que estas garantías judiciales que han sido reconocidas en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que son parte del patrimonio jurídico de la OEA, desde luego que se cumplen, se cumple con la independencia judicial.
Este método favorece más independencia porque se debe al pueblo y no a los poderes formales, no a los poderes fácticos, la elección de jueces, magistrados y ministros. Se garantiza también la inamovilidad. Durante 12 años, los ministros serán inamovibles, a menos que incurran en una falta grave y los jueces y magistrados serán designados o electos, perdón, por 9 años y podrán ser reelegidos también por el pueblo. Se garantiza la permanencia.
Yo creo que sí, lo único donde hay no hay una afectación, sino una correspondencia con el resto de la constitución, es en el tema salarial. Los salarios de ministros, magistrados y jueces no podrán ser superiores a los del presidente de la República, como establece el artículo 127 de la constitución. Muchas gracias.
El ponente Gildardo Galinzoga Esparza: Bueno, ¿me escuchan? Agradezco la pregunta del diputado.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: ¿No se escucha? Sí.
El ponente Gildardo Galinzoga Esparza: Ah, bueno, ya estoy aquí. Diputado Leonel Godoy, gracias por su pregunta. Quiero aclarar que mis respuestas son a título personal, no represento a ningún grupo de jueces o magistrados, mis compañeros del Poder Judicial de la Federación.
Hemos escuchado últimamente la palabra del juez democrático, la iniciativa de ley tiene varias columnas fundamentales, la corrupción y una de ellas que requieren un juzgador más cercano a la gente. Pero, me quiero robar, para poder responder, darle contexto, un tema, se habla mucho de que los jueces y magistrados vamos a poder participar en estas novedosas elecciones, pero nadie dice cómo ni por qué, o de qué medio o de qué forma lo vamos a hacer. Por eso, en respuesta al diputado, celebro la iniciativa del señor presidente y próxima presidenta electa, virtual electa, de que los tres Poderes podrán participar en sus candidatos por cada una de las vacantes.
No se trata de que ya estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el tema de la elección popular de juzgadores. Yo tengo mi propia percepción sobre el tema, ya lo decía en mi inicial participación. Ya se trata de ver cómo participamos, cómo le hacemos ver a la sociedad que nosotros, los jueces, también somos producto del esfuerzo, porque también somos pueblo, también somos mexicanos, también venimos desde abajo, también somos producto de escuelas públicas.
Entonces, participar en esta elección y diluir el monopolio del... bueno, la pregunta se refirió a la Suprema Corte, pero bueno, yo no pertenezco a ese alto tribunal, por eso quise hacer el contexto nada más de jueces y magistrados. Pero, en torno exclusivo a la Suprema Corte, diluir el poder también forma parte de la democracia mexicana y dividirlo, hacerlo por candidatos vía tripartita, pues me parece muy correcto por parte de la iniciativa de ley. Espero haber sido claro, gracias.
El ponente Javier Hurtado González: Gracias. La diputada Cecilia me dio ya la palabra. Eso en relación a una pregunta que hacía el diputado Leonel Godoy. A mí me parece de la mayor trascendencia e importancia esta iniciativa del presidente de la República, que incluso es de una enorme responsabilidad que pueda ser llevada a buen término, porque viene a su verter y a cuestionar, abre una nueva etapa en el pensamiento político acerca de la posibilidad, romper un prejuicio de que los Poderes Judiciales no pueden ser electos popularmente.
Ese fue un invento de los gringos. Los gringos tenían aversión a la expresión popular del pueblo, por eso inventaron el Colegio Electoral para la elección del presidente. Y, entonces cómo no hallaron cómo hacerle para encontrar una justificación de lo que les impactaba, la Revolución Francesa o de lo que se estaba discutiendo en Europa, dijeron, bueno, pues entonces que el Congreso sea electo popularmente, pero el presidente no, ni mucho menos el Poder Judicial.
Y en esa estamos y en esa llevamos siglos. Por eso es de la mayor importancia esto, pero no hay ninguna razón ni fundamento absolutamente para que los miembros del Poder Judicial no puedan ser electos, o sea, lógicamente, teóricamente, filosóficamente no existe ninguna razón ni fundamento de eso, es un prejuicio.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Gracias maestro Hurtado.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: ¿Alguno más, de los ponentes, quiere dar respuesta a lo que preguntaron? Gracias.
La ponente Gabriela Díaz Salinas: Sí, gracias. Yo le quiero responder a las diputadas del PRI y del PAN, que en una actitud algo antidemocrática se retiraron, pero bueno, igual, si ven la transmisión pues les respondo.
Sobre el tema de los derechos laborales de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos yo les respondería con otra pregunta. O sea, más bien les diría, si actualmente, con el sistema que tenemos actualmente, se están respetando las recomendaciones, si nos vamos a tribunales internacionales, mecanismos especiales y a todo esto del soft law y también del derecho vinculante que nos proporciona el derecho internacional.
Pues entonces, también le preguntaría ¿si se están respetando actualmente las recomendaciones que nos ha hecho la relatoría especial de la independencia de magistrados y jueces? Porque, actualmente, no solamente no se cumple eso del tema de que el presidente de la Suprema Corte es presidente también del Consejo de la Judicatura, sino que estos se replica en todos los estados, o sea, no se está cumpliendo con eso y esa visita oficial a México fue en 2010.
Entonces, si nos ponemos como en un tema muy estricto en temas internacionales, eso por una parte.
Por otra parte, también, yo hablaría del tema de, o sea, compararía con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hablaba mucho sobre las sentencias de la Corte Interamericana, sin embargo, la Corte Interamericana funciona de manera diferente al Tribunal Europeo, en este caso creo que el Tribunal Europeo tiene un abordaje mucho más democrático y que privilegia los consensos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que es una discusión que se puede dar entre abogados porque actualmente en la Corte Interamericana se están haciendo muchísimas vulneraciones, desde mi óptica, a la soberanía nacional.
Ya nos están diciendo prácticamente, cómo construir la Constitución, y lo sabemos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una cuarta instancia, se deben de privilegiar los consensos como lo hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ellos privilegian que si en un tema hay consenso en los diferentes países que aportan dinero para pertenecer a la comunidad europea, entonces se les da un margen de apreciación mucho más amplio que cuando no hubiera consenso. Entonces, eso también lo deberíamos de tener en cuenta, a lo mejor para una discusión mucho más técnica.
Por cuanto decía, a lo que decía la diputada, me parece que era del PAN –no recuerdo, la verdad–, o es lo mismo el Prian, ya sabemos, verdad. Pero ella mencionaba que revisaron los perfiles, porque ella no se considera oposición a nadie. Yo la verdad, a lo mejor si ella no se considera oposición a nadie, yo sí me considero oposición a ella y a los ideales que representan esos diputados, sinceramente.
Además, que la oposición es deseable. En una democracia la oposición es ultra deseable, es ultra natural, humana, esperada, o sea, claro que todos debemos disentir y oponernos ¿no? Entonces bueno, si ella se considera que no es oposición a nadie, pues la invito a reflexionar muy bien sobre su calidad humana, porque, pues no somos cebollas aquí, verdad, aunque unos digan que son ciudadanos y Movimiento Ciudadano y no sé. Todos aquí hacemos política, simple y sencillamente por el hecho de estar aquí y que no nos dé asco lo popular y que no nos dé asco pedir el voto, y que no nos dé asco salir a las calles a democratizar lo que ya sucede. Gracias.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Bueno, el pueblo nos eligió a nosotros los legisladores y ahora está exigiendo tener la certeza jurídica. Uno, no para, no solo para uno, sino para todos. Todos merecemos justicia, bienestar, paz y, sobre todo, vivir en un país mejor, donde todos realmente seamos iguales, y para eso estamos luchando hoy.
La moderadora diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Les agradecemos muchísimo la participación que tuvieron en estos diálogos nacionales, la Conformación y Reorganización del Poder Judicial, a la Universidad de Guadalajara, a los dos rectores, a todos los ponentes muchísimas, muchísimas gracias desde el corazón de la Cámara de Diputados y desde el pueblo mexicano.
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