Intervenciones
Diputado Jesús Izquierdo Rojas
Magistrado Ricardo Sodi Cuellar
Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
Gobernadora Delfina Gómez Álvarez
Secretario Jesús Gilberto González Pimentel
Magistrado Juan Pablo Gómez Fierro
Magistrado Jesús George Zamora
Carolina Denysee Villagrán Salinas
Magistrado Ricardo Garduño Pasten
Ronda de preguntas
Diputado Braulio López Ochoa Mijares
Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
Diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho
Ronda de respuestas
Secretario Jesús Gilberto González Pimentel
Magistrado Juan Pablo Gómez Fierro
Diputado Reginaldo Sandoval Flores
Diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara
Diputado Braulio López Ochoa Mijares
Carolina Denysee Villagrán Salinas
Diputado Hamlet García Almaguer
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
El presentador: Sean tan amables de ocupar su lugar, por favor. Presiden este evento de los Diálogos Nacionales: La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del estado de México. El diputado Jesús Izquierdo Rojas, presidente de la diputación permanente de la LXI Legislatura del estado de México. El diputado Elías Rescala Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura del estado de México.
El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del senado de la República. El magistrado doctor Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de México. Diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados federal. Bienvenido.
El maestro Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del estado de México. El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados federal. El diputado César Agustín Hernández Pérez, diputado federal del distrito 30 del estado de México.
Entre tan respetable audiencia, contamos con la presencia de senadores y senadoras en funciones y electos, diputados federales y locales en funciones y electos, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados federal, barras de abogados, colegios de abogados. Así también, integrantes del Poder Judicial local y federal, asociaciones de jueces y magistrados locales y federales. Y también contamos con la presencia de nuestros ponentes para este diálogo nacional, que incluyen integrantes del Poder Ejecutivo del estado de México, abogados, integrantes de la Judicatura Federal, especialistas y expertos en la materia, público en general. Y agradecemos también la presencia de los medios de comunicación.
El presentador: Solicitamos la intervención del diputado Jesús Izquierdo Rojas, presidente de la Diputación Permanente de la LXI Legislatura del estado de México. Si es tan amable, señor diputado.
El diputado Jesús Izquierdo Rojas: Buenos días, señora gobernadora, maestra Delfina Gómez Álvarez. Bienvenida al Poder Legislativo. Diputado Elías Rescala, magistrado Ricardo Sodi, diputado Ignacio Mier, senador Ricardo Monreal, bienvenidos al estado de México. Diputado Juan Ramiro, diputado electo César Augusto, señor secretario general de Gobierno Horacio Duarte. Diputados electos, en funciones, senadores, senadoras que nos acompañan, bienvenidos todos y todas a ésta, la Casa del Pueblo del estado de México, este palacio del Poder Legislativo del Mexiquense.
Hoy nos congrega el foro titulado “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial”, el tercero de los nueve diálogos nacionales que tiene previsto realizar la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a efecto de analizar y robustecer el cúmulo de reformas a la composición y estructura del Poder Judicial.
En los dos ejercicios de parlamento abierto que antecedieron a este, que abordaron los temas: ¿Qué Poder Judicial tenemos?, ¿qué Poder Judicial queremos? y conformación y reorganización del Poder Judicial, donde la voz de los expertos, académicos, ministros, asociaciones, colegios de abogados, personal del Poder Judicial Federal y de los poderes oficiales estatales se han escuchado en la agenda legislativa y en la opinión pública.
Estoy seguro de que el presente foro no será la excepción y se compilarán los comentarios, reflexiones y análisis de aquellos a quienes la reforma del Poder Judicial repercute directamente.
Esperando que el resultado llegue a oídos de los legisladores federales y tengan los elementos necesarios para votar un dictamen y proyecto de decreto que se adapte a las necesidades institucionales de los impartidores de justicia en nuestro país. Y, por supuesto, en respuesta de nuestras necesidades sociales, en el fortalecimiento de nuestro Estado de derecho.
Como representante de esta legislatura del Estado de México, les doy la más cordial de las bienvenidas a todas y todos los interesados a este ejercicio de consulta interinstitucional, esperando que al finalizar estos diálogos se tenga como resultado una reforma judicial adecuada, consensuada y, por supuesto, que beneficie a todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.
El presentador: Escuchemos la intervención del magistrado doctor Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México.
El magistrado Ricardo Sodi Cuellar: Buenos días. La justicia cotidiana posee su primer punto de contacto con la ciudadanía en los ámbitos judiciales locales, por lo tanto, toda reforma que pretenda hacer sistemática e integral debe tomar en cuenta las necesidades de los estados y enfocarse a fortalecerlos.
Por ello, desde la experiencia local busquemos la mejor reforma posible con perspectiva republicana y federalista. Partamos de indicadores que reflejan nuestra realidad. Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Inegi, en México, en promedio, las entidades cuentan con 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes.
Particularmente, el estado de México tiene 2.8. Somos un país con altos índices de litigiosidad e insuficiente personal judicial, lo que genera lentitud y rezago. Uno de los primeros objetivos de una reforma integral sería abatir dicho rezago o al menos disminuirlo. El estándar internacional implicaría tener al menos 18 jueces por cada 100 mil habitantes, pero seamos realistas, fijemos una meta de 10 jueces por cada 100 mil habitantes.
Para lograrlo, debemos fortalecer la autonomía presupuestal de los Poderes Judiciales de los estados mediante las siguientes acciones. Incorporar a la Constitución General el principio de que los presupuestos de los Poderes Judiciales locales sean progresivos e irreductibles y nunca inferiores al 4 % del Presupuesto de Egresos de la entidad correspondiente. Crear el fondo de apoyo para la impartición de justicia en las entidades, reformando la Ley de Coordinación Fiscal e incorporarlo al Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Exentar a los Poderes Judiciales locales de los límites del 3 % que la Ley de Disciplina Financiera fija como máximo para aumentar el Capítulo 1000, a efecto de poder incrementar el número de servidores judiciales a la velocidad que se necesita.
Por otra parte, no soslayemos los costos en dinero, en tiempo, en calidad profesional y en resultados que significaría la renovación de los cuadros de profesionales de la administración de justicia que actualmente son juzgadores.
Independientemente de los mecanismos concretos para su designación, aprovechemos la gran experiencia de nuestros jueces y magistrados locales y federales, y fortalezcamos la carrera judicial con concursos de oposición que habiliten para desempeñar la función jurisdiccional en todo el país.
Una buena administración de justicia es costosa, una mala administración de justicia es más costosa todavía. Frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales, no es posible hablar de austeridad. El debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente. Eso permitirá acercarnos a los estándares internacionales con un mayor número de personas juzgadoras y mejores condiciones para su trabajo, y así alcanzar un efectivo acceso a la justicia. Muchas gracias.
El presentador: A continuación, la intervención del diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados federal.
El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Muy buenos días a todas, a todos por hacernos el honor de su presencia en este tercer diálogo como ya se señaló que impulsó por acuerdo unánime la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que, a través de la Junta de Coordinación Política en Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales ampliara el diálogo a discusión, el debate, el conocimiento, la socialización de una de las reformas estructurales más importantes en materia judicial de nuestro país en los últimos 150 años.
Ponemos en este diálogo la raíz etimológica de la palabra, ayer lo decíamos en Jalisco, diálogo es a diferencia de un término castellano común, diálogo unifica la palabra, logos palabra, la razón, la palabra razonada, el día es a través, a través del diálogo o la palabra razonada queremos expresarles a ustedes el significado que impulsa la iniciativa del presidente de la República quiere a través del diálogo encontrar una mejor comprensión, socialización para que nos unamos en torno a un solo propósito, garantizarle a los mexicanos el derecho a una justicia pronta, expedita y gratuita, ese es el fondo de la reforma.
Los tres ejes que sustentan esta posibilidad se ha discutido mucho acerca de lo que el propio, aquí un distinguido personaje del Estado de México, de Toluca, recientemente en Cámara de Diputados fue inscrito su nombre con letras doradas Ignacio Ramírez, lo que más defendió fue la autonomía del pueblo, de la soberanía del pueblo, con esa humildad, con ese estoicismo que lo distinguió, él defendió la autonomía del pueblo de México.
Y, nosotros pensamos, estamos convencidos, Claudia Sheinbaum lo ha impulsado, el presidente López Obrador y nuestro movimiento lo dejaron inscrito la iniciativa de reforma es que el pueblo soberano puede elegir libremente, democráticamente a quienes son responsables del Poder Judicial en México en sus diferentes órganos. Iniciando con los ministros, yendo con magistrados y jueces.
El pueblo de México en plena autonomía tiene esa posibilidad, como la tiene de elegir a las otras autoridades integrantes de los otros dos Poderes.
De eso ya no hay discusión. Celebramos, estamos convencidos de ello, que esa discusión quedó superada. Que este diálogo, este debate, su primer producto, que podemos decirle a los mexicanos, es que la inmensa mayoría ha participado, considera una posibilidad real la elección democrática de los integrantes del Poder Judicial.
El cómo es lo que se está discutiendo. La periodicidad, profundizar en la idoneidad, la elegibilidad de cada uno de los tres Poderes responsables de la postulación, emitan protocolos en sus convocatorias abiertas, que sean democráticas efectivamente y que tengan un profundo contenido técnico en el proceso de selección a quienes van a postular ambos Poderes.
El día de hoy tocamos la otra parte fundamental de esta iniciativa. En esta sede en la que generosamente nos recibe la Cámara de Diputados del Estado de México, presidente del órgano superior de gobierno de la Junta de Coordinación Política, el presidente de la Mesa Directiva y teniendo como testigo en la división republicana de Poderes, a quien hoy tiene la titularidad del Ejecutivo, que le tenemos un gran aprecio, cariño, reconocimiento, por todo su significado en nuestro movimiento y por lo que hace como titular del Poder Ejecutivo como gobernadora, nuestra querida amiga, la profesora Delfina. Gracias por su calidad.
Decirles que el día de hoy, tema que vamos a analizar, que ayer de manera tangencial se revisó en Guadalajara, tiene que ver con algo que para nosotros es irreductible, que no está sujeto a discusión y sí a perfeccionamiento, la garantía del respeto a los derechos adquiridos de todos los trabajadores al servicio del Poder Judicial.
Hay dos fideicomisos que están alojados, fuera de ley, pero que están alojados con participación, aportaciones de los trabajadores en la Judicatura federal, en el Consejo de la Judicatura Federal hay dos fideicomisos, pero incluso ellos, el propio décimo transitorio de la iniciativa considera su respeto a las aportaciones y a los derechos adquiridos por los trabajadores, vamos a profundizar en su redacción, así lo hemos platicado con los trabajadores al servicio del Poder Judicial y hoy estaremos atentos a su propuesta, que les dé certidumbre a ellos sobre este derecho adquirido.
También vamos... Y el día de hoy discutiremos sobre los fideicomisos, 14, de esos 14, 13 están fuera de ley y vamos a debatirlo, porque tenemos que ajustarnos a lo que establece el 127 constitucional, tenemos que garantizar que la Ley de Remuneraciones, que de alguna manera reglamenta lo que establece el 127, garantice que ningún servidor público en el ejercicio de su cargo, de su desempeño gane más que el presidente de la República.
Venimos a dialogar, estamos abiertos, es la disposición, es la voluntad política de nuestro movimiento, impulsada por Claudia Sheinbaum, y agradecemos la hospitalidad, la generosidad de recibirnos. Muchísimas gracias.
El presentador: A continuación, la intervención del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Muchas gracias. Agradezco la anfitronía de la titular del Poder Ejecutivo que acompaña, es la primera titular de los 13 eventos que tiene la sensibilidad de acompañarnos a esta serie de foros, gracias, gobernadora. Gracias a los titulares de los Poderes Judicial, Legislativo. Gracias a los coordinadores de grupos parlamentarios, tanto en el Congreso de la Unión como en la legislatura local. A los representantes del Poder Judicial y a los integrantes del Sindicato de los Trabajadores del Poder Judicial.
El tema que ahora nos ocupa en este foro tiene que ver con la austeridad, fideicomisos y derechos de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, y respecto a ello fijaré la posición jurídica y política.
En principio, afirmaré categóricamente que los derechos laborales de las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de Egresos del ejercicio fiscal que correspondan considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos, prestaciones y cualquier otra obligación de carácter laboral. Es decir, todos los derechos y las conquistas laborales de los trabajadores, por disposición constitucional estarán a salvo.
La propuesta de reforma, esta propuesta de reforma establece que, luego de que esta sea aprobada, se llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, los fideicomisos, los mandatos, los contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria. Así también se establece un plazo de 90 días para enterar la totalidad de los recursos remanentes con dichos instrumentos. Los recursos serán concentrados en la Tesorería de la Federación.
Mucha gente se pregunta cuánto constará organizar la elección de los mil 600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculta esta responsabilidad, pudiera erogarse entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos la elección, por única ocasión. Se podría destinar incluso por excepción a este propósito parte de los 23 mil millones de pesos que tienen los fideicomisos que van a ser enterados a la Tesorería.
Para nosotros, la austeridad sí es un deber, sí es una política de Estado. Desde que inició el gobierno del presidente López Obrador, la mayor parte de los órganos del Estado así lo hemos asumido, con excepción del Poder Judicial y de órganos autónomos. Con estos órganos del Poder Judicial consideramos que se está violando la disposición contenida en el artículo 127 de la Constitución respecto de las remuneraciones de todas las personas servidoras públicas que están en funciones.
De existir mayores ingresos, salarios y prestaciones que los devengados por el presidente, una vez que hubieran iniciado la vigencia de la reforma constitucional, los montos deberán ajustarse a los parámetros establecidos de esta disposición.
La reforma establece también que los ministros y las ministras de la Suprema Corte que concluyen su encargo no serán beneficiados con el haber de retiro. La gente nos pregunta ¿qué es el haber de retiro? El haber de retiro es el salario al 100 %, los primeros dos años y el 80 % los siguientes años hasta su muerte, es decir, el total del sueldo tabular de los ministros es de 300 mil pesos, aproximadamente, que se integra por sueldo base más compensación garantizada y previsión social.
El haber contempla también el aguinaldo, 568 mil pesos, que representan 40 días de sueldo, a pesar de ya no estar en activo; un seguro de vida por 12 millones de pesos para los ministros y ministras y su cónyuge. Además, se contempla un pago por defunción de un millón 189 mil pesos de ayuda para gastos funerarios. Un pago por riesgo de 640 mil pesos durante los primeros años. La prima vacacional de 95 mil 474 pesos que representan 10 días de sueldo durante los primeros años, es decir, a pesar de estar en retiro gozarán de una prima vacacional y su sueldo tabular.
El derecho a contar con cinco personas como personal de apoyo, incluyendo chóferes, dos chóferes de servicio y tres técnicos de distinta categoría pagados por el erario de la Corte del Poder Judicial. Reembolso de la compra de los medicamentos, cuales sean, reembolso total. Además de las cinco personas de apoyo, incluyendo dos choferes, otras cinco personas para seguridad, a pesar de no estar en funciones y pagadas por el erario.
Derecho de dos vehículos Suburban blindados, de aproximadamente 3 millones cada Suburban, que acumulan 6 millones. Apoyo para gasolina de 22 mil pesos mensuales. Reembolso de cualquier pago por mantenimiento de las 2 Suburban en los primeros años. Apoyo para el pago de peaje en autopista, a pesar de estar en retiro y no tener viajes programados. Aparte de otros respaldos que como ministros en retiro tienen en los aeropuertos, en los restaurantes.
Con el inicio de la vigencia de la reforma constitucional, las ministras, los ministros que terminen su encargo no recibirán pensiones vitalicias ni haberes de retiro, como actualmente ocurre. Entiendo lo que aquí se ha expresado. Cómo el legislador puede conciliar los derechos adquiridos y la aplicación de la reforma.
Lo mismo pasa con las pensiones complementarias de magistrados y jueces. En donde, como resultado de la pensión complementaria, por ejemplo, en el caso de magistrados y de jueces son 143 mil pesos, ellos sólo reciben el 60 %, pero por la pensión del ISSSTE reciben 33 mil pesos por mes y por la pensión complementaria reciben 52 mil pesos. Es decir, en el caso de jueces de distrito, 33 mil pesos de la pensión del ISSSTE, 78 mil pesos de la pensión complementaria. Todos los jueces de distrito y magistrados gozan de esta prebenda. Cómo conciliar sus derechos adquiridos es lo que estamos intentando construir con imaginación y justicia los legisladores en estos foros de debate.
Concluyendo. Las remuneraciones de las personas servidoras públicas en funciones, tanto del Poder Judicial de la Federación como de los Poderes Judiciales de las entidades federativas no podrán ser mayores que las establecidas del presidente de la República, o presidenta, como es el caso. En el caso de las entidades federativas y sus legislaturas locales, una vez aprobada la reforma, tendrán un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a las leyes locales. Es decir, señor presidente del Tribunal aquí en el estado de México, viva también la austeridad para usted. Saludos.
El presentador: A continuación, la intervención del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados federal.
El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, buenos días a todas y a todos, señora gobernadora, compañeros que presiden esta reunión.
Nos toca escuchar y anotar, concluir y proponer. Hay una propuesta muy importante polémica, en muchos aspectos, pero la propuesta principal dejará de ser, perdería toda razón la iniciativa, la elección de los miembros de la judicatura.
La Constitución nos impone un respeto a la autonomía de los Poderes Judiciales y a los derechos de los trabajadores, todo lo demás está a discusión para disentir, para dialogar, para reconsiderar, para reconfigurar, para recontextualizar, para escribir un proyecto de resolución en el lenguaje legislativo se llama: dictamen. Ese dictamen es el punto de partida del proceso verdaderamente importante el debate en los plenos de las Cámaras del Congreso y de la legislatura de los Estados, nosotros estamos para escuchar un diálogo de audiencia, pero escuchar no es oír sordamente, escuchar es atender razón y canalizarlas.
En el debate, la discusión, los argumentos se convierten en la motivación del voto de los legisladores. Si fuera equivalente a una resolución judicial, es su motivación. Si fuera equivalente el voto de un magistrado para dictar una sentencia, hay pocos, tres, realmente.
Es equivalente, acá muchos legisladores votando una resolución motivada por sus discusiones y ahí se llama debate. La próxima legislatura tiene una gran responsabilidad para México, a nosotros nos toca poner el documento para ese gran debate nacional.
Previamente estamos y concluimos, pero nuestra labor en este foro y en los demás venimos a hacer lo propio. Muchas gracias por organizarse. Muchas gracias por participar. Buen día.
El presentador: Escuchemos el mensaje de la gobernadora constitucional del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez: Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Saludo con mucho gusto al diputado Ignacio Mier Velazco, al senador Ricardo Monreal Ávila, al magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, al diputado Elías Rescala Jiménez, al diputado Jesús Izquierdo Rojas, a nuestro diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, al diputado César Agustín Hernández Pérez, al licenciado Horacio Duarte Olivares, así como también a los honorables legisladores y legisladoras, a los integrantes de los Poderes Judiciales federal, de los estados de la república, distinguidas personas asistentes al foro, representantes de los medios de comunicación.
Señoras y señores, les doy la más cordial bienvenida al Estado de México para el diálogo regional sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. Los mexiquenses los recibimos con la calidez de la hospitalidad que caracteriza a nosotros los queridos mexiquenses y deseamos que los trabajos, debates e ideas de este foro contribuyan a robustecer las instituciones responsables de hacer justicia en nuestro país.
Para este gobierno, la impartición de justicia es una de las funciones públicas esenciales y que tiene una relevancia humanista y de atención prioritaria para los ciudadanos.
Considero que este es el mecanismo ciudadano para resolver conflictos que surgen con el día a día y que nos permiten mantener la paz social y un desarrollo de bienestar, además de que como autoridades estamos obligados a garantizar el derecho de acceso a una justicia responsable y eficaz, que proteja a todas y a todos, pero en especial a las personas más vulnerables. Por eso, me congratula que revisen bien y atiendan el que los trabajadores no sean afectados.
En 2024 celebramos 200 años del federalismo. Como otros estados, conmemoramos dos siglos de la erección del Estado de México y su integración como entidad federativa. Los estados de la Unión tenemos la obligación de aportar nuestra experiencia bicentenaria para ensanchar los caminos de un efectivo acceso a la justicia.
Por ello, me congratula que diferentes entidades sean anfitrionas de este ejercicio de diálogo constructivo y agradezco particularmente la diferencia concebida del Estado de México para alojar una de las sedes en donde se tiene como objetivo analizar, reflexionar y debatir sobre el contenido de las propuestas de reforma remitidas por el presidente de la República mexicana el licenciado Andres Manuel López Obrador, referente al poder Judicial.
Y de esta manera lograr, como menciona en algún momento nuestro querido senador Ricardo Monreal, hay que enriquecerla. Con las mejores intenciones de servir a la nación es necesario escuchar a todas las voces y atender todas las propuestas que favorezcan una reflexión profunda para llevar al éxito los trabajos de una reforma integral y eficaz al sistema de justicia.
Considero que este ejercicio enriquecerá el diálogo incluyente y respetuoso a favor de la construcción de la mejor decisión. Por ello, genero la realización de estos diálogos nacionales abiertos en los que se podrá dar voz al pueblo y hacerlo partícipe de esta transformación.
Les invito humildemente a no perder de vista que toda acción de gobierno tiene como finalidad esencial el bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Especialmente, insisto, de aquellas que sufren una afectación en su patrimonio, en su seguridad familiar o laboral, o en su libertad; en suma, en sus derechos humanos. Y por ello recurren a los tribunales, tanto locales como de la federación en demanda de justicia.
Acerca de las justicias de las personas, debe de ser este propósito central de toda reforma judicial, por ello hago votos de que en este foro surjan propuestas que se convertirán en acciones y que tengan por objetivo aplicar de manera pronta y expedita la justicia, garantizando el disfrute y protección de lo que tanto anhelamos todos los seres humanos, también los mexiquenses que son los derechos humanos. Muchísimas gracias, bienvenidos y enhorabuena. Muchas gracias.
El presentador: Muchas gracias. Queremos solicitarle, de una manera respetuosa, a los integrantes del presídium. Hacemos un receso de unos pocos minutos para solicitarles que sean tan amables de trasladarse entre el público y pedirles a los ponentes que sean tan amables también de colocarse en la mesa. Así es que, si ustedes nos lo autorizan, vamos a hacer un espacio de unos pocos minutos, agradeciendo de antemano sus intervenciones y la participación en este evento, Diálogos Nacionales, y pedirles de una manera respetuosa a los ponentes que nos hagan el favor de irse ubicando para dejar las sillas listas que puedan nuestras autoridades ocupar estos lugares.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: ... una norma y se genere una mejor calidad de vida a todas y todos los mexicanos. Como una breve reflexión señalaríamos:
En 1994, en una reforma de Ernesto Zedillo, bastaron 2 meses para que se pudiera hacer una reforma al Poder Judicial. No se consultó a nadie, simplemente fue el Poder Legislativo el que aprobó. En 1995 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encontraba sin ministros de enero a febrero y como tal hubo una disminución de 26 ministros a 11.
Hoy no queremos hacerlo solamente en el recinto legislativo y en un debate al interior de las comisiones, sino por supuesto escuchando a todos los sectores de la población y definitivamente bajo el esquema de que ustedes puedan enriquecer la norma que indudablemente también se habrá de aprobar.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Agradecemos al maestro Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quien habrá de hacer uso de la voz como el primer ponente en este encuentro. Muchísimas gracias.
El secretario general Jesús Gilberto González Pimentel: Buenas tardes. Saludo respetuosamente a los miembros del presídium, especialmente a la gobernadora constitucional del estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Igualmente agradezco a esta soberanía la oportunidad de participar en estos diálogos y particularmente al diputado federal César Agustín Hernández Pérez por su invaluable apoyo en los temas que atañen a los trabajadores que represento.
Inicio con el tema de austeridad. El Poder Judicial de la Federación debe contar con autonomía presupuestaría. Sin embargo, la Cámara de Diputados es la instancia que fija los recursos que dispondrá en el año. Entre 2000 y 2023 solo en una ocasión, me refiero al año 2013, la Cámara de Diputados ha respetado la solicitud presupuestal del Poder Judicial de la Federación en su conjunto. En ese periodo los legisladores que autorizaron en promedio 10.2 % menos de lo solicitado.
Al hablar del Presupuesto es inminente referir a la austeridad con la que se manejan los recursos del Poder Judicial de la Federación. En el sentido o en el entendido que la austeridad no es sinónimo de inoperancia. Para sostener lo anterior, refiero a dos reformas del sistema jurídico mexicano inmediato: la penal y la laboral. Por citar un ejemplo, los centros de justicia penal, salvo los casos excepcionales de la Ciudad de México, estado de México y Guanajuato, en las demás entidades sólo se cuenta con un solo notificador, lo que impide que estos servidores públicos disfruten de sus días de asueto. Y en el peor de los casos, de uno de descanso por tres semanas de trabajo.
Es una realidad que para concretar esta reforma no se asignó el presupuesto necesario para lograr su efectividad, porque los órganos creados para su operatividad realizan las labores con plantillas muy reducidas que desahogan las excesivas cargas de trabajo bajo jornadas inhumanas. Porque los trabajadores se han distinguido por su honorabilidad, eficiencia, alta especialidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
La politización del presupuesto conlleva riesgos. El afectar financieramente al Poder Judicial no sólo implica un impacto en su operación, sino que también limitaría el acceso a la justicia a cientos de miles de mexicanos, lo que retarda la resolución de los asuntos y repercute en la salud de los trabajadores, que se traduce en una sobreexplotación de los recursos humanos y se convierte en una esclavitud velada.
Consecuentemente, es de suma importancia considerar la irreductibilidad de los sueldos de los trabajadores del Poder Judicial, por lo que solicitamos se garantice que las personas servidoras públicas reciban una remuneración adecuada por su trabajo. Para llevar a buen puerto la reforma que nos ocupa es urgente destrabar la contención salarial de las personas secretarias y actuarias, que se actualiza desde hace seis años, cuando hasta el jefe del Ejecutivo obtuvo incremento salarial. Sin dejar de mencionar la existencia de imposibilidad legal del personal de carrera judicial de obtener diverso trabajo remunerado con otro patrón.
Esta representación propone incluir en la legislación una garantía presupuestal al Poder Judicial de la Federación equivalente, al menos, del 2 % del gasto programable, que reduciría los riesgos de debilitamiento en el acceso a la justicia y, por consecuencia, fortalecer la División de Poderes. Y ya que estamos adecuando figuras externas, en Costa Rica, por ejemplo, el financiamiento de su Poder Judicial no puede ser menor al 6 % de los ingresos ordinarios.
Respecto al tema de los fideicomisos, un aspecto a considerar es el relativo a que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en un alto porcentaje ven mermada no solo su salud, sino también su calidad de vida social y familiar, dada la excesiva carga de trabajo en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.
Se tiene la imperiosa necesidad de cubrir horarios extenuantes de trabajo, esto es con entrada a las 9:00 de la mañana y sin hora fija de salida durante los 365 días del año, lo que provoca un deterioro físico, mental y les impide la convivencia con sus seres queridos.
El descuido de las familias que deriva en pensiones alimenticias, riesgos de trabajo generados por los estados de ánimo alterados por el estrés, ansiedad, cardiopatías, aunados al acoso laboral y sexual que afecta no solo a aspectos de salud sino hasta la pérdida de la vida, regulada en la Norma Oficial Mexicana 35, relativa a los riesgos psicosociales, aspectos fácticos y normativos que nos permiten solicitar al Constituyente respetar el derecho adquirido de los trabajadores sindicalizados, relativo a apoyos médicos complementarios y económicos extraordinarios, contenidos en el fideicomiso creado esencialmente para garantizar su derecho humano a la salud y la de las familias, derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial.
En este apartado, debido a la limitación del tiempo de mi participación, me referiré 5 temas que propongo que se consideren. El primero, es la derogación del artículo 51 Bis del Acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.
Con tal disposición se facultó a los titulares cesar directamente a las personas trabajadoras, con lo que se rompe el equilibrio procesal, ya que el titular de la relación laboral es juez y parte en dicho procedimiento, pues no se respetan los principios de presunción de inocencia, legalidad y certeza jurídica.
Por tanto, es de suma importancia que, al igual que en Costa Rica y Paraguay, se integre al órgano de administración y al tribunal de disciplina judicial un representante del sindicato mayoritario, a fin de que las decisiones que se tomen sean objetivas, con perspectiva de género, en las que se aplique el control de convencionalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia
El segundo tópico es el respeto a la progresividad de la carrera judicial, al ser esta un sistema institucional que regula el ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional, que sin duda alguna generará perfiles idóneos para el crecimiento profesional y la calidad del sistema de justicia.
Por lo que reitero, que para ser nombrados o electos jueces y magistrados se debe respetar el marco constitucional y no se soslaye los años de experiencia, la alta especialización, profesionalización y estudio, por lo que deberán ser considerados primordialmente los secretarios de tribunal, juzgados de distrito y plazas homólogas que cuenten por lo menos con cinco años de experiencia profesional.
Además, aprovecho esta tribuna para reconocer la importancia del personal que integra el Instituto Federal de la Defensoría Pública, quienes aportan su talento y son el primer contacto con los más necesitados de la sociedad, a los que nos debemos.
Es necesario que el respeto a la carrera judicial se considere la paridad de género, al ser pieza fundamental para asegurar la efectividad de los derechos de las mujeres desde una perspectiva intercultural.
Otro aspecto que solicito sea considerado en la reforma es garantizar la estabilidad en el empleo de todo el personal de base y enfáticamente señalo a los compañeros que se encuentran en plazas a disposición del Consejo de la Judicatura, pues esa condición se debió al comportamiento dinámico de la propia institución, por lo que no debe afectar sus derechos ni dejar en incertidumbre una posible readscripción fuera de la ciudad donde residen, lo que rompe con proyectos de vida y desintegración familiar. Por tanto, es necesario considerar el trabajo a distancia que permite realizar la actividad laboral utilizando herramientas tecnológicas, conciliando la vida laboral con la familiar.
Es indispensable que se considere el respeto a la jornada máxima legal, que en muchos casos las excesivas cargas de trabajo obligan a las personas servidoras públicas a laborar jornadas extenuantes.
Solicito se incluya a la reforma al Poder Judicial de la Federación lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, respecto a que las jornadas de trabajo superiores al máximo legal establecido en la Ley Federal del Trabajo se consideren delito.
Estoy convencido que, en estos momentos de trascendencia, el mantener el enfoque de la encomienda constitucional no debe de alejarse del respeto a las condiciones generales de trabajo vigentes, los derechos de los trabajadores, su continuidad y su progresividad.
Hoy México necesita instituciones fuertes, en donde los tres Poderes de la Unión realicen su tarea constitucional de manera armónica y por la legitimidad otorgada el 2 de junio esforcémonos por el bienestar del pueblo. Muchas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Gracias por su participación maestro Jesús Gilberto González Pimentel.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: A continuación, tenemos la participación del magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Él estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí donde obtuvo el título de licenciado en derecho, tiene maestría en derecho constitucional y derechos humanos, doctor en derecho por la Escuela Libre de Derecho y especialidades en derecho fiscal, derecho público, derecho constitucional y derecho administrativo.
Ha hecho carrera judicial desempeñándose como oficial judicial, actuario judicial, secretario judicial, juez de distrito y actualmente magistrado del XIV Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito. Tiene el uso de la voz.
El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro: Buenos días a todas y a todos, agradezco la atenta invitación de la Cámara de Diputados a este encuentro de personas que desde nuestras diferentes actividades y funciones queremos mejorar el sistema de justicia para el bien del país. Muchas gracias también al gobierno del Estado de México por su anfitrionía.
En este espacio quiero aportar a ustedes información que desde mi experiencia como juzgador federal pueda contribuir a mejorar la reforma judicial que se propone para este Poder.
Quiero empezar haciendo énfasis en que cuando hablamos de reformar al Poder Judicial de la Federación no solo implica la modificación de los derechos laborales de más de 50 mil servidores públicos que lo integran, desde luego, ninguna reforma puede dejar de lado este aspecto tan trascendente, hablamos de 50 mil familias que podrían verse afectadas por esta reforma, pero considero que lo más importante es poner en el centro de esta importante reforma a los justiciables y la efectiva protección de los derechos humanos.
Como se ha dicho aquí, México necesita una justicia de calidad eficiente, completa e imparcial. Esta función tan trascendente puede ser llevada a cabo, o no puede ser llevada a cabo si no se cuenta con recursos estables y adecuados que estén normativamente asegurados y sean suficientes para cumplir con la función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia.
Por eso es que el ejercicio de recursos, para ello debe tener como objetivo principal a hacer más eficiente la función judicial, que no se comprometan las garantías de independencia, competencia e imparcialidad necesarias para que los operadores de justicia cumplan con los deberes que les son encomendados.
Considero que la austeridad puede conciliarse adecuadamente, sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores y, particularmente, la legitimidad y la independencia judicial.
Cualquier asignación presupuestal debe tener como base la evidencia, sin poner en riesgo las funciones que desarrolla el Poder Judicial de la Federación, así como garantizar los derechos laborales de su personal, fomentar el desarrollo de la carrera judicial y de la defensoría de oficio.
Aquí debe tenerse presente que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Organización de las Naciones Unidas, a través de su relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, han sostenido que el presupuesto asignado al Poder Judicial debe adecuarse a sus necesidades, estar asegurado y revisarse progresivamente, para lo cual deben establecerse un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto en el marco normativo.
Ahora que se pretende hacer una reforma constitucional, me parecería muy adecuado que una reforma de este calado asegure, precisamente, un porcentaje de este producto interno bruto. En México, por ejemplo, hoy, el Poder Judicial de la Federación, el producto que fue asignado es aproximadamente del .4 %, en 2020, esto por debajo de países como Colombia, Brasil y Perú.
El país que registra un menor gasto en el sistema de justicia, en comparación con los demás países miembros de la Organización y Desarrollo Económico, de la OCDE, es precisamente México.
A esto también tendríamos que tomar en consideración la trascendente reforma laboral que fue instaurada recientemente, el aumento en un 43 % de los asuntos que se han conocido en los tribunales recientemente y la reforma en puerta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
En el Poder Judicial de la Federación nadie cuestiona el que ningún servidor público deba ganar más que el presidente de la República. Ninguno de los jueces o magistrados que integramos este Poder recibimos una remuneración superior, los criterios jurisdiccionales que se han emitido sobre el particular apuntan a la necesidad de definir con claridad cuál es la remuneración del presidente de la República, para así establecer el parámetro conforme al cual deberá fijarse la remuneración de todos los servidores públicos.
No puedo dejar de mencionar que en México llevamos cerca de tres décadas desarrollando e implementando un sistema de carrera judicial que, como lo han recomendado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, se base en procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia con base en el mérito y las capacidades profesionales.
Estoy convencido de que este sistema, desde luego perfectible, es el más adecuado para la selección y nombramiento de los futuros jueces y magistrados. Es en los tribunales donde a partir del estudio de los casos concretos se desarrollan las habilidades y destrezas para la solución de los asuntos, desde la integración de los expedientes, la identificación de los programas jurídicos y desde un criterio eminentemente técnico la solución desde la interpretación y aplicación del derecho.
Este mismo sistema es el que me ha permitido pasar por cada una de las categorías que conforman la carrera judicial hasta el cargo que actualmente desempeño como magistrado de circuito, primero como meritorio, más adelante como oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado, de Tribunal Colegiado, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la última década como juzgador federal, lo que ha significado una trayectoria de más de 22 años, más de la mitad de mi vida he dedicado al ejercicio profesional en el que, como muchos otros, he tenido que hacer frente a las dificultades que cada uno de estos cargos representa.
Cuando hablamos del sistema de justicia y con esto concluyo, es un tema, parece que es un tema exclusivo de los tribunales, que resuelven en definitiva las controversias que se les presentan. La realidad es que estamos en presencia de un aspecto multifactorial, que incluye no solo a los tribunales, sino a las autoridades encargadas de la seguridad pública, de la investigación y persecución de los delitos, de la reparación del daño a las víctimas, de los jueces que resuelven en primera instancia, y me parece que una reforma judicial debe, precisamente, incluir estos, precisamente, problemas, para que sea una reforma completa.
Concluyo. Yo también me rehúso a creer que estos 30 años, después de este sistema de selección, solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias.
Estoy convencido de que tiene muchas oportunidades de mejora, por eso estamos aquí, participando en estos foros para compartir desde nuestra experiencia los elementos que permitan llevar a cabo la reforma al Poder Judicial que garantice, no solo el respeto de los derechos laborales de quienes integramos esta gran institución, sino principalmente la prestación del servicio público de administración de justicia de calidad y una adecuada protección de los derechos humanos en beneficio de todas las personas. Muchas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Agradecemos la participación del magistrado Juan Pablo Gómez Fierro.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: A continuación, le damos el uso de la palabra a Jesús George Zamora, quien cursó la licenciatura en derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en derecho procesal constitucional en la Universidad Panamericana.
Cuenta con diplomados en políticas e instrumentos de seguridad pública, negociación, mediación y construcción de consensos, derecho electoral, geografía electoral, política y territorio, y análisis político estratégico. Actualmente cursa el doctorado en derecho por investigación en la Facultad de Derecho de la UNAM, con el tema evolución argumentativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el periodo 2011-2022.
En el sector público se ha desempeñado como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, como asesor del Consejo Nacional del INE, director de Organización del Instituto Electoral del Estado de México, asesor jurídico de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, director de Verificación en la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y subdirector de Proyectos Normativos en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A partir del 2016 se desempeña como consejero jurídico del gobierno del estado de México. Le damos el uso de la palabra a Jesús George Zamora.
El ponente Jesús George Zamora: Buen día a todas y a todos. Agradezco y saludo a todas y todos en estos diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. A los legisladores federales que fungen como auténticos coordinadores del trabajo de un Poder constituyente en ciernes, y a los legisladores locales por la apertura y disposición al diálogo en los grandes temas nacionales.
Entro de lleno al tema con una pregunta, ¿los jueces en el juego político? Los abogados y los jueces solemos confundir el derecho con las políticas públicas. La distinción es muy importante pues la herramienta esencial para que los jueces solucionen conflictos son los derechos, no las políticas públicas.
Un juez declara, reconoce y hasta puede crear derechos, pero carece de elementos suficientes para dictar políticas públicas que den satisfacción a esos derechos de manera general o universal.
Los entes del Estado que cuentan con instrumentos y capacidades para crear políticas públicas adecuadamente son los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no el Poder Judicial. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo son los que cuentan con los recursos, métodos e instrumentos y hasta tiempos suficientes para diagnosticar y ofrecer soluciones a problemas que afectan a toda la sociedad o a un sector determinado de la sociedad.
Parte importante para solucionar un problema que aqueja a toda la sociedad, es que resulta indispensable reconocer los recursos presupuestales que el Estado tendrá para hacer frente a ello.
Los análisis y estudios de los órganos legislativos y ejecutivos no se centran en casos concretos, lo hacen los jueces. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo tienden a diagnosticar al fenómeno en su generalidad y buscar las soluciones más aptas y viables posibles para la sociedad en su conjunto.
Por definición, una política pública siempre debe ser general, no pueden existir políticas públicas para una persona en particular. En cambio, los jueces, carecen de herramientas cognoscitivas y metodológicas para diagnosticar, integrar exhaustivamente, un problema que afecta o podría afectar a toda la sociedad.
Los análisis los efectúan con base en elementos precarios para poder identificar todas las variantes o variables de un problema, resultando por ello insuficientes las soluciones generales que propongan en sus sentencias, pues por la propia naturaleza de los juicios, en estos solo se dirimen controversias particulares.
Esto aplica, incluso, para las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en las que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se ve limitada a concentrar sus esfuerzos de solución los argumentos de las partes.
Un juicio no es un lugar apto para formular políticas públicas, estas no pueden estar sujetas a los argumentos de unas cuantas personas por más honorables que sean. Las políticas públicas, requieren de un estudio holístico exhaustivo de amplia deliberación y de la mayor pluralidad de voces posible.
Los jueces pueden ordenar al Estado que respete un derecho en bien del daño ocasionado por no respetar ese derecho, pero a partir del análisis de casos concretos, los jueces no pueden formular políticas públicas aplicables a toda la sociedad o, por lo menos, deberían ser verdaderamente prudentes.
Ahora bien, si los jueces insisten en entrar al campo de la formulación y discusión de políticas públicas y desbordan su atribución originaria de concentrarse en resolver casos concretos, entonces debe existir un control más estricto de las personas que serán juzgadas, por lo menos de quienes integrarán los órganos cúspides del Poder Judicial.
La proactividad de los juzgadores más allá de la competencia que la Constitución les confiere nos obliga a plantearnos, si se requiere, de mecanismos estructurales que equilibren y legitimen tal actuación. Compensen la nueva actitud judicial en el campo de lo público.
Desde mi punto de vista, este es precisamente lo que la iniciativa de reforma constitucional pretende. Se trata de permitir que los jueces, o por lo menos los jueces de mayor jerarquía tengan una legitimidad reforzada que fortalezca su actuación y sus resoluciones tengan al respaldo que solo da el voto popular, y prevalece la prudencia judicial en el Poder Judicial de la Federación y los propios jueces y tan politizar su resolución, es indudable que no existiría necesidad de buscar instrumentos que compensen el desequilibrio que supone la invasión que podría ser el Poder Judicial a funciones primarias de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Pero, si la auto restricción judicial ha fracasado y los jueces estiman que sus facultades jurisdiccionales llegan a abarcar la definición de políticas públicas con efectos generales, una forma de equilibrar es alternancia, alteración orgánica funcional, es sujetar a los jueces a un régimen de selección más democrática, de tal manera que eso influencia en la creación, modificación o anulación de políticas públicas, tenga una legitimación más genuina que derive de haber sido electos por el voto popular.
La prudencia judicial también debe prevalecer en el ejercicio de su presupuesto. El presupuesto del Poder Judicial, debe estar destinado al cumplimiento de la prestación del servicio público de administrar justicia, parte muy importante de su presupuesto, por su puesto debe cubrir las remuneraciones legales, es decir, que cumplan con el criterio constitucional de no rebasar la remuneración presidencial.
Los jueces y las prestaciones que razonablemente deban ser atendidas. Un principio básico del ejercicio presupuestal de un país es que los remanentes de los recursos financieros otorgados a los entes públicos deben ser restituidos a las arcas públicas. Es un medio de control presupuestal que impide a las autoridades crearse incentivos para ejercer el gasto público sin una planeación y programación adecuada.
Otras palabras, la obligación de devolver remanentes presupuestales trata de evitar que las autoridades gasten esos remanentes en proyectos o programas que no hayan sido previamente planeados, y tan la corrupción en la planeación presupuestal.
Por tal razón, es muy cuestionable que existan instituciones públicas que eludan esta obligación presupuestal. Esta anomalía presupuestal ha sido atemperada mediante la Ley Federal de Austeridad Republicana, restringiendo el uso de los fideicomisos en la administración pública federal.
Sin embargo, en el Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos, haciendo uso o más bien abuso de su autonomía presupuestal, se continúa con esta mala práctica. Ella original del Poder Judicial, se hayan destinado remanentes de su presupuesto para la creación de fideicomisos dirigidos al financiamiento de prestaciones consideradas excesivas y ajenas al contexto económico, social, político y cultural de nuestro país, que además han propiciado la opacidad en la administración y gestión del capital otorgado por el Poder Legislativo.
Existen 14 decomisos en el Poder Judicial federal, seis de la Suprema Corte, seis del Consejo de la Judicatura y dos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, con un saldo total aproximado de 23 mil... La eliminación de fideicomisos propuesta por la iniciativa de reforma constitucional promueve una mayor transparencia sobre el uso de los fondos públicos alineándose con los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución.
Un movimiento transformador respetuoso de los marcos jurídicos es aquel que privilegia los derechos humanos. La iniciativa incluye disposiciones transitorias para salvaguardar los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial.
Sea cual sea el destino de la iniciativa de reforma constitucional -y con esto termino- una cosa queda clara, ministros, magistrados y jueces federales deben actuar con verdadera prudencia judicial, tanto al emitir sus resoluciones, como en el ejercicio de sus de los recursos públicos, no pueden darse el lujo de seguir remando a contracorriente de la... Afortunadamente, los buenos jueces, aquellos que hacen uso de la verdadera potencia mundial, son la mayoría, jueces y juezas, son los que harán que el Poder Judicial de nuestro país reflorezca y sea un auténtico... de la justicia para nuestro pueblo. Gracias a todos.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Muchas gracias por su participación, maestro Jesús George Zamora.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Ahora damos uso de la palabra a Sergio Arturo López Servín, licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con especialidad en Derecho de Amparo por Universidad, Maestría en Derecho por la UNAM, Maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y doctor en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, así como por la Unidad de Posgrado de la UNAM.
Además, es catedrático en la maestría y en la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor en la Universidad Marista del Centro Universitario México y en el año 2014 fue reconocido por la Universidad Ius Semper como docente destacado en la maestría de derecho de amparo.
Cuenta con vasta experiencia laboral en el Poder Judicial de la Federación y ha sido secretario de Tribunal Adscrito al Tribunal Colegiado de Circuito. Actualmente es secretario de Tribunal Adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Tiene el uso de la voz Sergio Arturo López Servín.
El ponente Sergio Arturo López Servín: Muy respetable señora gobernadora del Estado de México, honorables diputadas y diputados del Congreso local mexiquense, distinguidos funcionarios del gobierno del Estado de México, estimados compañeros del Poder Judicial tanto de la federación como de este estado, amable auditorio, buenas tardes. Sobre todo, quiero agradecer a los señores diputados de esta honorable Cámara y en especial al señor diputado César Agustín Hernández Pérez por la oportunidad de estar en este evento tan importante. Todos ustedes, muchas gracias.
En esta ocasión mi participación se referirá a la parte de la iniciativa de la reforma del Poder Judicial de la Federación, relativa a la carrera judicial como un derecho laboral. En ese sentido, quiero empezar mi disertación haciendo alusión a la justicia. El tema ha sido de suma importancia en cualquier sociedad desde la antigüedad hasta nuestros días.
En la actualidad, bajo la idea de la división de poderes la cuestión relacionada con la forma de nombrar a los integrantes de los órganos encargados de llevar a la práctica la justicia sigue siendo un tema polémico en constante evolución.
En ese sentido, la reforma legal que nos ocupa propone un sistema de elección de juzgadores que se realizará por voto directo y secreto de la ciudadanía conforme a las bases previstas en el texto reformado al artículo 96 constitucional de la iniciativa.
Asimismo, se propone adecuar el artículo 95 constitucional, el cual establece los requisitos de elegibilidad como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia, sustituyendo toda referencia a designación por el de elección, en consonancia con la reforma de mérito.
Lo anterior demuestra que los autores de la reforma mostraron confianza en que la elección de los juzgadores y juzgadoras tendrá que hacerse por parte del pueblo. Decir que correrá a cargo del pueblo mexicano elegir a quienes se encargaran de esa noble tarea de impartir justicia bajo la vigilancia de la opinión pública y el escrutinio de la sociedad en general.
En ese sentido, el contexto actual del país nos obliga a realizar una profunda reflexión sobre el sistema de elección de juzgadores y juzgadoras que propone la reforma, dándole la importancia que realmente se merece. Porque, así como el ejercicio de la política es una vocación, también la impartición de justicia requiere de una votación de tiempo completo que dicho sea de paso, es con todo el respeto.
Así como no puede haber legisladores improvisados, tampoco puede ni debe haber impartidores de justicia improvisados. De esa manera es necesario definir con precisión cuál es el perfil de los juzgadores y las juzgadoras que nuestro país requiere de acuerdo a nuestra realidad social.
En este orden, he de destacar como útil referente la importancia de una carrera judicial que respete el derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial. No basta el mero conocimiento técnico del derecho, se requiere de una pluralidad de factores o características personales.
Pues ello garantizará que se elijan a los juzgadores y juzgadoras con calidad moral e intelectual, con la capacidad profesional adecuada y con ética; con oficio y con una profunda convicción de servir a la justicia. Jueces capaces de interpretar y aplicar las leyes de una manera justa e imparcial siempre en beneficio de la sociedad a la que se sirve.
Señoras legisladoras, señores legisladores, señora gobernadora, señoras legisladoras, hacemos un voto de esperanza para que la propuesta que se hace en la reforma constitucional para la elección por voto popular como un nuevo sistema selectivo permita contar con más juzgadores de excelencia humana y profesional como muchos de los que ya existen en las filas del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial del estado mexiquense, en aras de una mayor protección a los gobernados, así como a una sociedad que reclama justicia y que exige de sus funcionarios el máximo apego a las leyes y a la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Muchas gracias, Sergio Arturo López Servín.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Ahora damos paso a Carolina Denysee Villagrán Salinas, jurista mexiquense toluqueña, actualmente visitadora judicial B del Consejo de la Judicatura Federal, especialistas en Derecho Constitucional y amparo, así como Derecho Procesal Penal, en Derecho Laboral y en Argumentación Jurídica.
Es funcionaria judicial federal desde 2006 con principal desempeño en los cargos de secretaría proyectista de juzgados de distrito y tribunales judiciales de circuito en diversas materias, entre ellas amparo en materia penal, civil, laboral, administrativa, competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
Ha impartido clases en el Instituto de la Judicatura Federal, actualmente Escuela Federal de Formación Judicial. Ha sido ponente y participante en diversos foros internacionales, nacionales y estatales organizados por distintas instituciones jurídicas y académicas, como la Universidad de Alicante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces Procuraduría General de la República, la Facultad de Ciencias Políticas de la UAEMEX, la Dirección General de Desarrollo Político y la Dirección de Participación Social del gobierno del estado de México, entre otras.
Es articulista permanente de la revista Jurista en temas de justicia social, violencia política contra las mujeres y paridad de género, ponente en entrevistas en Cadena Radio, Cadena Política y Periódico Digita, para abordar aspectos relacionados con impartición de justicia, gobernanza, derechos humanos, derechos humanos de la infancia, derechos humanos de las mujeres y constitucionalismo, entre otros temas. Muchísimas gracias pos u participación.
La ponente Carolina Denysee Villagrán Salinas: Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a esta honorable casa del pueblo. Como parte integrante del Poder Judicial de la Federación, parecería que tengo un punto sesgado con relación a esta reforma, pero la realidad es que tengo una visión objetiva porque no solo soy funcionaria judicial desde hace casi 20 años, también soy académica y también soy mujer. Agradezco ser la única en esta mesa, deberíamos abrir más espacios como éste.
Como parte de mi labor jurisdiccional durante estos años he aprendido que estamos transitando hacia una situación de cambio, en la que es necesario poner en movilidad las cosas cuando ya no funcionan. Hemos tenido reformas, como ya lo comentaron, estructurales y que a todos nos dan miedo, siempre da miedo el cambio, pero siempre es bienvenido, es necesario para avanzar. Si no cambiamos, no evolucionamos. Y creo que es lo que nos hace falta institucionalmente.
Se han abordado varios puntos de vista con relación a la materia de esta reforma. Para entender mi postura voy a platicarles en tres segundos lo que hago. Somos 19 visitadores a nivel nacional, que revisamos la actuación de más de mil 600 jueces y magistrados. Como parte de esta función todos los días del año, más del 98 %, estoy fuera de casa verificando cómo se comportan nuestros titulares.
Tenemos gente profesional, excelente, estudiosa, valiosa, los reconozco, los admiro y los respeto profundamente, pero también tenemos malos operadores jurídicos que han manchado nuestra institución y que desgraciadamente no solo afecta a nuestra imagen, también los derechos de los trabajadores.
Tenemos titulares enfermos de poder, de querer manipular, de controlar y que son cuestiones en las que yo insistiría y propondría que nuestro Tribunal Disciplinario, como parte de esta reforma, se encargue de fortalecer.
Tenemos una unidad especializada actualmente en combate y acoso laboral y sexual. No lo dejemos de lado, porque es una realidad que viven y vivimos, porque me incluyo dentro de ello, todas las funcionaras del Poder Judicial de la Federación. Me parece que son puntos que no se han tocado y los cuales no deben pasar por alto el acoso laboral, la intimidación, el exceso de poder, temas de nepotismo.
Compañeros funcionarios, creo que en gran parte nos equivocamos y la consecuencia es que el pueblo de México actualmente no confía en nosotros. Tenemos que ganarnos esa confianza nuevamente, cómo, dignificando nuestra labor. No es un tema de recursos, es un tema de vocación. Claro que se puede tener austeridad, siempre y cuando haya racionalidad.
Y, como ya sabemos todos, que todo aquel que se queje y que se acerque a pedir el amparo y protección de la justicia federal tenga un tribunal que lo escuche y lo proteja del arbitrario, pero sobre todo que ese arbitrario no sea el propio juzgador. Muchísimas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Muchas gracias a Carolina Denysse Villagrán Salinas por su participación. Y, sobre todo, agradecemos que destaque en la reflexión, que es la única mujer que hoy acompaña en esta mesa. Quisiera precisar que desafortunadamente de último momento tres mujeres ponentes cancelaron. Nos habría encantado, por supuesto, que se engalanara la mesa con más compañeras mujeres mexicanas y mexiquenses.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: A continuación, le damos el uso de la palabra a Jaime Miguel Moreno Garavilla. Es licenciado y doctor en derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de especialización en derecho constitucional y administrativo. Fue profesor adjunto del doctor Ignacio Burgoa Orihuela de 1982 a 1990 en las cátedras de derecho constitucional y garantías individuales y sociales, presidente del Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en Derecho y del Consejo Nacional de Egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Diputado federal en las Legislaturas LVII y LIX, diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la II Legislatura, habiendo fungido como presidente de la Mesa Directiva en ambos órganos legislativos. Es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, impartiendo durante los últimos 42 años ininterrumpidamente distintas materias relacionadas directamente con el derecho constitucional en la licenciatura y en posgrado en la propia faculta. Servidor público en diversas dependencias.
Su tarea de investigación se centra en temas relacionados con el derecho constitucional, con la ciencia política y la axiología. Entre otras, cuenta con las siguientes publicaciones: antología Panorámicas de nuestro tiempo, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para niñas, niños y jóvenes de edad y de espíritu, y El ejercicio de las profesiones en el Estado federal mexicano.
Es candidato a ocupar la Dirección de la Facultad de Derecho de la UNAM, integrado para ello la terna propuesta por el rector... para rector de la UNAM. Recipiendario del Galardón y la Medalla al Mérito Docente Jaime Torres Bodet, en el rubro Educación en Posgrado, otorgado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la VII Legislatura. Tiene el uso de la voz Jaime Miguel Moreno Garavilla.
El ponente Jaime Miguel Moren Garavilla: Con la venia de las damas aquí presentes. Saludo muy afectuosamente al señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Agradezco mucho la invitación que me formuló para esta ocasión de este importante foro.
Y quiero felicitar también, además de a mi gran amigo, académico, jurista, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz. Al diputado Ignacio Mier, a quien decía yo que, entre otras cosas, haber advertido su talento... como siempre. Hoy dio cuenta de un valor de valores, que es muy importante... sencillez, de humildad.
Y, al saludarles cordial y afectuosamente, haciendo eco de la gratitud a la que Cicerón se refería como la virtud de virtudes, la que encabeza, corona y comprende al resto de las virtudes, yo diría, con respeto a Cicerón, que no es esa la virtud de virtudes sino el amor el que encabeza, comprende y corona al resto de las virtudes.
Quiero, si ustedes me lo autorizan, salir del marco del ambiente académico e indagatorio unos minutos. Ya no referirme al artículo 39 constitucional y la facultad que tiene el pueblo en todo momento inalienablemente para darse o modificar su forma de gobierno.
Ya no referirme al 49 constitucional para hablar de la División de Poderes, que mejor debiera llamarse una colaboración armónica de las funciones de los órganos primarios de gobierno del Estado y tampoco eludir a la democracia y a sus elementos. ¿Cuál es? Fundamentalmente se halla esa declaración dogmática de que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, pero de los varios elementos esenciales que conforman a este otro gran valor de valores, como es el de la gratitud y el del amor, la democracia, permítanme someter a la mejor reflexión de ustedes, dos, tan solo dos de sus elementos esenciales. Uno es el de la juridicidad, que implica que ninguna autoridad puede realizar algo que esté fuera del texto de la ley. Punto. Aplicar el principio de legalidad, simple y llanamente, y desde luego comenzando por la supremacía constitucional consagrada en el artículo 133.
No se puede hacer algo que la Constitución no permita a alguien que funcione como un ser, con mayúsculas el ser y luego con minúsculas el vidor, servidor público, aquel ser que ejerce el más elevado de todos los quehaceres humanos, el único que conduce a la paz y que irremisiblemente otorga la felicidad para quienes vemos en la paz, precisamente, el valor de la felicidad. Ese tesoro tan acariciado y afanosamente buscado por el ser humano a lo largo de toda la historia de la humanidad.
Esa juridicidad nos conduce a la justicia, a la que tanto se ha hablado en estas últimas semanas, cuando se ha puesto a debate un tema que podría haber sido objeto de la decisión histórica tomada por el pueblo de México el 2 de junio pasado, pero que, con humildad —otro gran valor— se ha decidido someter a la consideración de todos nosotros los que participamos y nos interesamos. Eso es humildad política, muy lejos de la soberbia, muy lejos de la arrogancia, de la prepotencia, del autoritarismo que tanto arguye algunos espíritus que no es que sean miopes, sino que la avaricia les vuelve esa ceguera inaudita.
La juridicidad por otro lado nos lleva a la justicia social, si lo primero nos llevaba a la justicia jurídica esta nos lleva, esta segunda vertiente nos conduce a esa justicia social, a esa justicia que no podemos olvidar, que implica el poder colocarse en el medio justo aristotélico para tratar de la misma manera a los intereses de los más, tienen menos y a veces nada, a y los intereses de los menos que tienen más y a veces muchos más de lo que merecieran.
Por andar hablando de valores ya se me presentó el dios Cronos aquí enfrente, me anuncia que debo retirarme pronto.
Entonces, yo lo único que voy a terminar diciéndoles es que no veamos esto como una guerra fratricida, que lo veamos cómo la maravillosa oportunidad de construir juntos al nuevo México, a la nueva infraestructura social, institucional, política, jurídica que haya de servirle a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, nuestros padres y abuelos no nos dejaron este país como estaba, como lo recibió Andrés Manuel en el 2018, nuestros padres y abuelos querían la felicidad para nosotros.
Vayamos a participar, aportemos las luces, no le tengamos miedo a lo que ha pasado en otras latitudes, lo que pasó en Bolivia, lo que ha pasado en Alemania, lo que ha pasado en Suiza, eso de verdad debe de ser muy respetable como ejemplos, pero nosotros tenemos históricamente las luces suficientes, las luces necesarias para construir nuestras propias instituciones. Permítanme, para terminar, honrar a Crescencio Rejón con la Constitución yucateca de 1840, legando generosamente al mundo nuestro glorioso juicio de amparo.
Permítanme recordar a Mariano Otero, al insigne jalisciense que federaliza el amparo en el acta constitutiva del 47, digo, en el acta de reformas del 47. Permítanme esbozar a nuestros constituyentes del 16, 17, que legaron al mundo la justicia social.
Si... se hubiera preocupado por voltear a ver a nuestros constituyentes del 16 y 17, le hubiera dado cuentas buenas a Tony Blair cuando afanosamente estaba buscando la tercera vía. Hubiera sido... Ahora sí ya me voy, verdad. Ahora sí ya me voy, verdad de Dios que ahora sí ya termino.
Oigan, participemos, ¿saben qué?, sin ego, despojémonos del ego. Ese ego que hace sufrir destruye al ser, a la familia, a la vecindad, a la nación, al mundo, por querer controlar, por querer acaparar, por avaricia. La avaricia desmedida que hace olvidar de los grandes valores que todos llevamos aquí. El amor, fundamentalmente, y todos sus derivados. Una disculpa por haberme excedido.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Gracias, doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: A continuación, tenemos la participación de José Reyes Doria, él es politólogo, asesor parlamentario, consultor y columnista. Su formación es la de licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cuenta con maestría en Auditoría Gubernamental por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ha tomado diversos diplomados, cursos y seminarios sobre temas legislativos, de gobierno, derechos humanos y políticas públicas. Asesor parlamentario por más de 20 años en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Secretario técnico de la Comisión de Asuntos Indígenas en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y además de ser columnista en diversos portales electrónicos de noticias, publicando columnas de opinión semanales en portales como SDP Noticias y actualmente en el portal Julio Astillero. Tiene el uso de la palabra José Reyes Doria.
El ponente José Reyes Doria: Buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación a este importantísimo foro y agradezco la hospitalidad de esta soberanía mexiquense.
Bueno, vamos a abordar el tema de la austeridad un poco desde la perspectiva de las ciencias políticas. En ese sentido, podemos decir que la reforma al Poder Judicial en curso, constituye por sí misma una profunda reforma del Estado, porque plantea, entre otros cambios de gran calado, una transformación significativa del modelo de integración, organización y funcionamiento de uno de los tres Poderes de la federación al establecer la elección popular para elegir a los integrantes del Poder Judicial, estos temas se están discutiendo... Ese tema se está discutiendo a fondo en otros foros, pero aquí lo que podemos decir, que un cambio de esta dimensión requiere un potente referente transversal que lo sustente y que le proporcione una narrativa.
Ese referente, el que propone el Ejecutivo federal en sus iniciativas, es el de la austeridad republicana, entendida como valor fundamental del servicio público mexicano, asociado al principio de racionalidad.
La austeridad es un criterio imprescindible para orientar la estructuración y el funcionamiento del servicio público y es moralmente indispensable, porque nuestro país presenta profundas y agraviantes desigualdades sociales. En este sentido, la austeridad es también un principio humanista y filosófico.
En el Poder Judicial, sobre todo entre ministros, consejeros de la Judicatura y buen número de magistrados y jueces impera un conjunto de excesos, privilegios, beneficios indebidos y dispendio de recursos públicos que, entre otros impactos negativos, ha provocado un distanciamiento creciente entre la sociedad y el Poder Judicial, estas condiciones colocan en permanente riesgo la integridad, la imparcialidad, la autonomía y el compromiso social de ministros, magistrados y jueces.
Por ello, es pertinente lo que establece la reforma al prohibir la creación de fideicomisos o fondos para financiar prestaciones exorbitantes, eliminar la pensión vitalicia de ministras y ministros de la Corte y obligar a que sus sueldos no rebasen el del presidente de la República.
Pero, la implantación adecuada y eficaz del principio de austeridad constituye todo un desafío, un reto formidable, porque requiere de toda la congruencia, toda la honestidad y la altura de miras de los gobernantes para poder establecer la ruta adecuada y marcar la ruta del rediseño institucional, a fin de que los entes públicos ajusten sus estructuras orgánicas y ocupacionales, identifiquen y eliminen excesos y duplicidades, erradiquen adquisiciones y contratos o bienes de servicios innecesarios, impidan privilegios en materia de prestaciones, seguros, entre otros. Y todo esto se tiene que hacer, sin afectar negativamente derechos sociales ni precarizar las capacidades gubernamentales.
Es acertado, por ello, que la actual reforma del Estado proponga incluir el principio de austeridad republicana en el artículo 134 constitucional, con un mandato para que la administración de los recursos públicos y la gestión gubernamental de los tres órdenes de gobierno se lleven a cabo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, como ya lo mandata el 134 vigente. Pero, ahora también con austeridad republicana.
En conclusión, si el principio de austeridad republicana se instaura adecuadamente tendremos, al menos, tres beneficios significativos para la vida pública nacional. Primero, porque se atiende una demanda largamente ignorada del pueblo mexicano, con lo cual se incrementarían los niveles de legitimidad del Estado. Y en el Poder Judicial se reduciría la brecha entre los privilegios excesivos de ministros y magistrados, respecto al resto del personal y de la sociedad, en general.
Segundo. La austeridad permitiría recuperar importantes recursos económicos para reasignarlos a necesidades más legítimas y generales de orden social. En el caso del Poder Judicial podrían reasignarse recursos para cubrir necesidades impostergables en áreas operativas y administrativas que son funcionales a la administración de justicia.
En tercer lugar, la austeridad podría contribuir a mejorar la gestión gubernamental, a fortalecer los mecanismos de integridad, de administración, consecución de metas, de control interno y fiscalización.
En este caso, en el Poder Judicial el beneficio se traduciría en una recuperación paulatina del aprecio social del que hoy carece, sobre todo, si logra establecer el acceso a la justicia expedita y para todos.
Finalmente, la austeridad debe contribuir a hacer realidad el derecho a un buen gobierno y no reducirse a meros recortes presupuestales, ese es el gran reto. La austeridad bien implementada, debe ayudar a que la máxima de que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre transite de la retórica hacia una nueva racionalidad estatal. Muchas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Agradecemos su participación José Reyes Doria.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: A continuación, el magistrado federal Ricardo Garduño Pasten, quien cursó la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde se graduó con Mención Especial.
Cuenta con especialidad en Interpretación y Argumentación Jurídica en el Centro Superior de Estudios Jurídicos de Tepic, Nayarit; especialidad en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; maestría y doctorado en Derecho Procesal Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal A.C., graduado con Mención Honorífica. Es profesor en la licenciatura de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, en las cátedras de Delitos en Particular y Derecho Procesal Penal.
Ha sido participante ponente, moderador y jurado en clases, diplomados, actualizaciones, talleres, conferencias en universidades públicas y privadas; institutos, fiscalías, zonas militares, en el Senado de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Escuela Federal de Formación Judicial y Centros de Reinserción Social para Personas Menores de Edad en los Estados de Nayarit, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México.
El 16 de octubre de 2017 inició funciones como Magistrado de Circuito, Magistrado Federal en Culiacán, Sinaloa, posteriormente en Guanajuato y, actualmente, en Toluca, Estado de México.
Es presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Honoríficamente fue el director de imagen y, actualmente es el director regional de la Asociación de Jueces y Juezas de Distrito, Magistradas y Magistrados del Segundo Circuito, Estado de México. Tiene el uso de la palabra Ricardo Garduño Pasten.
El ponente Ricardo Garduño Pasten: Muy buenas tardes. De inicio quiero destacar algunas cuestiones. La mayor parte de la base del Poder Judicial de la Federación en la cual me sitúo, está consciente de que viene una reforma. Con agrado he escuchado que esta será mesurada y respetuosa de derechos. Agradezco este espacio.
A los antecedentes narrados de su servidor agrego con orgullo, soy hijo de un comerciante y una ama de casa, primer profesionista de mi familia, oriundo de un pueblo, pagué mis estudios y como juzgador he estado adscrito a ocho estados en 13 años de juzgador, 20 años lejos de mis raíces. He recibido amenazas de muerte y un atentado. No tengo familiares dentro del Poder Judicial de la Federación. En general mi historia de vida.
Habrá quien diga, una persona soberbia, presumida y jactanciosa. Habrá otros que quizá piensen, ser juzgador e integrante de la institución es complejo, implica sacrificios y riesgos. Señor senador Ricardo Monreal, señor senador Damián Zepeda, señor diputado Ignacio Mier, señor diputado José Fernando Noroña... Fernández Noroña, señoras y señores legisladores. Esa es la historia de la mayor parte de aquellos que integramos la institución, personas que hemos vivido y deseamos vivir al servicio de México, no servirnos de México.
Las y los juzgadores, el personal, somos parte del pueblo mexicano. Conózcanos, austeridad, con orígenes humildes, creen que desconocemos las necesidades de a pie. No, señoras y señores. Claro, que debe imperar la austeridad, con escenarios básicos, como la inversión efectiva en la impartición de justicia, rendición de cuentas, transparencia y no afectación a derechos adquiridos de los trabajadores, de hecho, lo agradeceríamos.
Cierto, existe un reclamo por la tardanza y la falta de efectividad en la impartición de justicia. Sin embargo, las y los juzgadores, no creamos los tribunales, no distribuimos las cargas de trabajo. Hacemos lo que podemos, al igual que el personal que trabaja jornadas extenuantes, estamos ahogados de caso. Deben invertirse más en órganos jurisdiccionales y no en órganos administrativos, vean que quienes integramos la carrera judicial somos los de talacha, nos tocan las amenazas y atentados del crimen organizado. Juzgadores han sido privados de la vida de forma violenta, de ahí la necesidad de salvaguardar, cuando menos, los fideicomisos relacionados con los derechos laborales.
Recordemos que la Constitución para los titulares, prohíbe recibir emolumentos por actividades diversas al servicio, así como a laborar dos años después de concluido. La población habló en la votación pasada, nos queda claro, sería hasta soberbio ir en contra de esa voluntad, pero con respeto, también sería cuestionable a nivel nacional e internacional desconocer derechos adquiridos por trabajadores en activo y jubilados.
Apoyamos la democracia, apoyamos a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Nos sumamos a un mejor México, pero también apelamos al Estado de derecho, que si en la institución hubo excesos en la contratación de familiares, maltrato laboral, sí, cómo tapar el sol con un dedo, claro que existió.
Sin embargo, destacó una verdad objetiva, el 2 de enero del 2019, con el señor ministro Arturo Zaldívar, muchas cosas comenzaron a cambiar, una reforma se comenzó a vivir, no está centrada esa reforma en lo que hoy se discute, fin al nepotismo, paridad en cargos, combate al acoso laboral y sexual, perspectiva de género, exámenes para que mujeres pudieran acceder al cargo de juzgadoras federales. Hoy, una mujer encabeza el máximo tribunal del país.
Crear un organismo que administre a la institución con mayor eficacia, eficiencia y transparencia, sería admitido por la mayor parte del personal, lo agradeceríamos. Crear un tribunal especializado de disciplina no generará inquietud si es imparcial y objetivo, desde siempre hemos sido fiscalizados en todos los aspectos.
Un máximo órgano jurisdiccional integrado por personas con sapiencia jurídica y elegidos por el pueblo, que den la última interpretación a un tema jurídico de repercusión nacional no corresponde determinarlo a los juzgadores, ya lo dijeron los electores: cambios escalonados, democráticos, que respeten la paridad de género, no desgaste monetario en liquidación de personal, así como en litigios, respetar el Estado de derecho y los derechos adquiridos, sin duda generará armonía y esa visión a nivel internacional.
Todos y todas somos mexicanos, también los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Gracias por permitirme hablar desde las entrañas del Poder Judicial de la Federación. Habrá un antes y un después de esta reforma. Dios provea lo mejor. Gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Gracias, magistrado Ricardo Garduño Pasten.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Nuestro último ponente, José Carmen Castillo Ambriz, en su formación académica cuenta con licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestría en Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y maestría en Administración de Justicia por la misma casa de estudios.
En su experiencia laboral ha sido juez menor municipal, juez de primera instancia, magistrado del Poder Judicial del Estado de México, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en los Estados Unidos Mexicanos, magistrado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, director general de Estudios y Proyectos Normativos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, subsecretario de Justicia del gobierno del Estado de México y actualmente es encargado de despacho de la Subconsejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos del gobierno del Estado de México, además de ser catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México durante 12 años. Le damos uso de la palabra, José Carmen Castillo Ambriz.
El ponente José Carmen Castillo Ambriz: Buenas tardes a todos. Saludo con afecto a los integrantes del presídium, al selecto auditorio aquí reunido, a los representantes de los medios de comunicación. Agradezco la invitación formulada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Los Diálogos Nacionales tienen por objeto en la expresión de los diversos sectores de la sociedad en torno a esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Permítanme esta tarde manifestarme como encargado del despacho en la Sub Consejería Jurídica y Derechos Ciudadanos del gobierno del Estado, pero también por haber tenido la oportunidad de permanecer 36 años en el Poder Judicial de mi estado.
Teniendo la oportunidad de ser integrante, el coordinador administrativo del Consejo de la Judicatura y posteriormente presidente del mismo consejo; esto me permite manifestarme al respecto. Sin duda, consideró que por demás la reforma que se propone es acertada y permítanme referirme en el caso concreto a la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal.
A casi 30 años de su nacimiento, recordemos que el 31 de diciembre de 1994 con una iniciativa del presidente Zedillo, creó una, para aquel entonces, una reforma trascendental al Poder Judicial. Se le suprimió a los señores ministros antigüedad y se les nombró por 15 años, se redujo el número de ministros de 21 a 11, se creó el Consejo de la Judicatura y por eso les menciono que tiene por cumplir 30 años de existir.
¿Por qué es acertada la sustitución del cambio de la judicatura federal? Primero, como ustedes recordarán, este consejo tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Pero acontece algo, la reforma estableció que el Consejo de la Judicatura solamente regiría de los magistrados federales hacia debajo, de los magistrados de circuito.
El Consejo de la Judicatura no tenía ninguna intervención, ninguna participación en el en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, considero que el presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues tenía a su cargo la administración del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin tener un órgano de vigilancia.
Entre otras cosas, considero que es acertada la sustitución del Consejo de la Judicatura porque ahora esas tres funciones, la primera, que es de administración, se le otorga a un órgano administrativo judicial; y las dos estantes, a un tribunal de disciplina judicial que se va a encargar de la revisión y disciplina del Poder Judicial, pero algo muy importante: estos dos organismos ya van a regular desde la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia hasta el puesto más pequeño del Poder Judicial. Eso es la importancia y lo acertado de esta reforma.
Debo comentarles que, para mí, como les mencionaba, no existe duda de que esta reforma va a prosperar y por ello me dediqué a realizar un pequeño análisis de lo es la iniciativa, lo que me permite hacer algunos señalamientos. Primero, creo que para muchos es necesario dar más difusión a esta propuesta de reforma, es necesario que todos los ciudadanos estemos enterados de los alcances de la misma. Por eso, yo exhorto a que hagamos uso de todos los medios masivos de comunicación para que llegue hasta los últimos rincones de nuestro país.
En segundo lugar, como ya hice referencia, la reforma va a prosperar, pero me atrevo a decir que no basta la reforma al Poder Judicial, es necesario que se haga igual reforma a las fiscalías generales de justicia de todo el país y a los institutos de la defensoría pública. ¿Por qué? Recordemos lo que nos señalaba Couture, aquel jurista uruguayo muy destacado que decía que en el proceso penal interviene una trilogía; el juez, el ministerio público y el defensor; y que entre estos entes debe haber una estrecha relación para que en los juicios cada uno haga lo que la ley, la obligación, la ley le otorga como obligación para que se llegue al conocimiento de la verdad en cada uno de los asuntos.
De ahí mi atrevimiento a proponer que es necesaria también una reforma integral a las Fiscalías Generales de Justicia del país y a las defensorías públicas. Puedo ponerles como argumento, encontramos en muchos casos integraciones de carpetas de investigación con mucha deficiencia, que motiva que posteriormente los jueces decreten la libertad de las personas con la consecuente crítica de la ciudadanía. Y qué decir de los defensores.
Y formulo una interrogante a los señores legisladores: ¿Será conveniente que los defensores públicos a nivel federal dependan del Consejo de la Judicatura, que es decir del Poder Judicial, podrán ser jueces y parte? ¿Por qué no le damos la autonomía que requieren los defensores públicos para que no dependan del Poder Judicial?
Como hacia yo referencia, me voy a atrever a formular algunas observaciones a la iniciativa o a la propuesta de reforma. Fíjense ustedes que, cuando se propone la reforma a los artículos 96, 97, 99 y 100, se establece que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como del tribunal al que se va a dar origen de disciplina judicial, nos dice la reforma, que serán designados por el voto ciudadano.
Y nos dice también que para ello los representantes de los tres poderes propondrán a 10 personas para que aspiren a este cargo. Esa propuesta se enviará al Senado de la República, quien es el responsable o va a ser el responsable de llevar a cabo el proceso de elección. Muy bien. Sin embargo, me atrevo a sugerir, todos en aras y con la mejor buena fe del mundo, todo en aras de mejorar esta propuesta de reforma. Debe establecerse que el Senado de la República tiene como obligación que en forma clara, puntual y rigurosa establezca una serie de requisitos que deban cumplir los aspirantes que sean propuestos por los tres Poderes.
Y algo muy fundamental... Yo lo viví, señores. Un juez y un magistrado no se hacen de la noche a la mañana. Tendrán que capacitarlo, y tenemos la obligación de que se capaciten. El Senado fundamentalmente de inicio... Entonces qué sugiero. Que ojalá antes de la propuesta las personas aspirantes acrediten haber aprobado un curso de capacitación riguroso sobre la materia a la cual van a ser propuestos. El que el Senado de la República esté consciente de la magnitud de las responsabilidades que se van a otorgar a estas personas.
Y aún más. No permitamos que estas personas lleven constancias de escuelas patito donde ya cursaron ese curso de capacitación. Considero que es necesario que el propio Senado de la República establezca los planes de trabajo para esos cursos, y sea el mismo Senado quien aplique esos cursos de capacitación. Y veremos a la postre, señores, que en poco tiempo tendremos juzgadores que sepan aplicar el derecho, y que tengamos la justicia que todos anhelamos.
Otra propuesta que me permito hacer es en torno a la reforma del párrafo primero del artículo 98. Establece que cuando falta un ministro por un periodo mayor de 30 días o de un mes... La iniciativa no sé por qué se anotó, pero se dice: El presidente de la República enviará una terna al Senado, para que éste, dentro de esa terna elija... o nombre, mejor dicho, para este momento, nombre al ministro interino.
Si dejamos como está planteado, pues tal parece que vamos a dar vigencia a la ley que ahora estamos observando, y que el presidente de la República va a conservar esa facultad de propuesta para la designación de ministros de la Corte.
Como he mencionado, se va a dar origen a un órgano de administración judicial que va a ser el responsable no solamente de la cuestión de los dineros, sino también de controlar los recursos materiales, los recursos humanos. Por lo tanto, deberá ser este órgano de administración judicial el que haga saber al Senado, primero, que tiene una vacante. Y segundo, que sea él quien proponga al Senado la terna para la elección de ese ministro interino.
Si me permiten, también haré comentarios a la propuesta del párrafo tercero del artículo 94, donde se establece que se disminuye el número de miembros del Senado, de 11 a 9 ministros y, además, como todos sabemos en la actualidad, la Corte actúa en pleno o en salas. Y la reforma dice que se suprima que actúe en salas y actuará solamente en pleno, y hasta ahí se quedó la propuesta.
Debo decirles que en la actualidad el presidente de la Suprema Corte no integra salas como antes, recuerden que había las dos salas. Esto acontece en todos los estados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia no integra salas. ¿Qué va a acontecer?
Mi sugerencia respetuosa es que la iniciativa establezca con toda exactitud que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que actuar en pleno. De no ser el caso, fíjense ustedes, cuando vinieran las discusiones de los asuntos y que, por la dificultad de muchos de ellos no se pusieran de acuerdo, y como el número es parte de los que integraron el pleno, pues entonces quedaríamos en un empate de cuatro votos a favor y cuatro votos en contra.
Sabemos que esto tiene solución. ¿Por qué? Porque se va a remitir el asunto a un nuevo magistrado para que haga una nueva propuesta y hasta que se convenza. Todo esto va a traer como consecuencia la tardanza en la solución de los asuntos.
Por ello, mi sugerencia es que se concretice y diga que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrará pleno para que, valga la expresión, para que le entre al estudio de todos los asuntos.
Quisiera hacerles más comentarios, ya nos limita el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Buenas tardes.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Muchas gracias, a don José Carmen Castillo Ambriz.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: A continuación, tendremos una primera ronda de preguntas a los ponentes iniciando Braulio López. Micrófono, por favor. Agradeceríamos que su participación pudiera ajustarse a una intervención de tres minutos, por favor.
El diputado Braulio López Ochoa Mijares: Con gusto, compañeras y compañeros, saludo atentamente a todos los integrantes del presídium, a las personas que nos acompañan, a los legisladores aquí presentes.
Mencionarles primero la importancia del diálogo, el diálogo justo tiene que cumplir con esquemas de transparencia y equilibrio, debe buscar una equidad en la participación de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados que desafortunadamente el día de ayer no se cumplió con ello.
Y, hay que decir que también buscábamos que el diseño sea en coordinación, veamos justo perfiles propuestos por los distintos grupos parlamentarios simplemente para enriquecer el diálogo más allá de felicitar a todos los ponentes que participaron el día de hoy con sus ideas de cómo modificar el Poder Judicial.
También, hay que decir que esta discusión, sobre todo, debe ser con el máximo respeto a las y los trabajadores del Poder Judicial federal, hay gente de verdad con una vocación de servicio enorme y que a veces con ciertas adjetivaciones, adjetivizaciones pueden dañarse y realmente hay unas personas por todo el país que realmente hacen un trabajo ejemplar, y hay que reconocérselos y siempre tratar con el máximo respeto en esta discusión.
Hay varias propuestas y discusiones a dar a partir de la iniciativa presidencial que me gustaría preguntarles. Uno, es por ejemplo el tema de los derechos laborales, sobre todo con el esquema de la sustitución del Consejo de la Judicatura federal a un órgano de administración y con esto hay un cambio de patrón en la relación laboral hacia los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Desde nuestra perspectiva no está claro que se vayan a proteger las condiciones generales de trabajo, creo que tenemos que hacer una modificación que justo, justifique que este traspaso, quede muy claro a que sea un patrón sustituto que va a tomar las condiciones generales de los trabajadores como debiera ser, para cuidar justo los derechos ganados por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
También creo que pasa por valorar los distintos fideicomisos públicos, se optó, cuando se requiere bisturí, a veces se toca el machete y pues realmente hay fideicomisos muy distintos y hay algunos que van ligados justo a condiciones generales del contrato colectivo de trabajo que no se respetan si justo se, digamos, cortan los fideicomisos.
Se habla mucho de privilegios de las ministras y los ministros, pero realmente hay muchos derechos de los trabajadores que están fincados en esos fideicomisos, de los cuales no podemos cortar a rajatabla. O si no, asegurárselos de otra manera.
Está el tema del presupuesto, por ejemplo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un dictamen en el que dice que no hay impacto presupuestal en esta reforma. Y, lo que tenemos que ver es justo cómo, pues justo si se rebanan los fideicomisos, si, cómo vamos a dar cumplimiento a todas esas condiciones generales cuando no se establece un presupuesto definido para ello o cómo se garantiza.
Y también paso al esquema de establecer un presupuesto fijo para el Poder Judicial Federal, que eso les permitiría realmente tener autonomía del poder político y del poder económico.
Tercer punto, el esquema de competencia para jueces y magistrados salientes. Si nosotros sujetamos a que los jueces y magistrados salientes no puedan competir, a menos que los proponga el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo, pues estamos limitando la puerta de entrada que sí dan los concursos.
La gente de los concursos puede participar bajo ciertas condiciones, pero es mucho más abierto a que si solo es una postulación por alguno de los Poderes del Estado y creo que eso, si queremos ser democráticos, realmente es algo que tenemos que abrir, justo a que haya la posibilidad de competir y no se restringe a que el presidente te proponga, que la Cámara de Diputados te proponga o que el mismo Poder Judicial te proponga para efectos de competir para ser juez o magistrado.
Otro punto que es importantísimo y lamento mucho que no hubiera más mujeres en el presídium, ya explicaron las razones. Pero sí hay un tema de acoso laboral en el Poder Judicial Federal y necesitamos muchísimo de entendimiento de lo que se vive, cómo se vive y posibles soluciones.
Y también problemas que se dan dentro del Poder Judicial, como es el ejemplo de la readscripción de juezas y magistradas.
Como las mujeres en este país se dedican muchísimo a tareas de cuidados y, por lo tanto, una readscripción es muy complicada, sobre todo en las mujeres por el efecto de esos compromisos a veces que tienen las familias y creo que tenemos que ser muy sensibles a esas condiciones.
También establecer que la competencia electoral tiene que ser paritaria, no hay definición, justo, de cómo estas campañas electorales, cómo estas propuestas por los poderes políticos impactan el tema de la paridad. También el tema de los concursos. Estos concursos deben ser paritarios justo para entender esas diferencias e ir, exacto, y que sean concursos abiertos.
También el tema, por ejemplo, de que requerimos más jueces, ¿no? Ahorita estamos viendo cómo acortar, cómo cambiar los que ya hay, posiblemente, pero estamos, de verdad, en un déficit de juzgadores y juzgadoras en este país.
Por cada 100 mil habitantes tenemos poco más de un juez, cuando en otros países pues esto es totalmente distinto. El caso de Alemania son 24 juzgadores por cada 100 mil habitantes. Esto es claramente pues una de las razones por las cuales no tenemos una justicia pronta, expedita, pues es porque no tenemos jueces suficientes para dar abasto a lo que requiere el servicio de justicia de este país.
Y también especificar, la reforma es necesaria, es obviamente necesaria, parte de un diagnóstico, pero no dice cómo resolverlo, realmente la iniciativa presidencial no nos está dando una vía. Esperemos, justo, que estos diálogos nos permitan establecer dinámicas que sí aseguren que esta vía pueda ser la correcta, ¿para qué? Para tener mejores jueces.
Si –muchas gracias– justo, por ejemplo, el sistema de elección popular nos permitiera tener solo personas que no fueran corruptas, pues no habría diputadas y diputados, senadores y senadoras, presidentes municipales, que sobran corruptos, y pues creo que hay muchos ejemplos desafortunadamente en el país que prueban lo contrario. Necesitamos otros requisitos para asegurar capacidad técnica, para asegurar honorabilidad, para asegurar responsabilidad en el servicio público, no es solo la elección popular.
También decirlo, que lo han dicho en muchas ocasiones, pero este es un sistema integral, no podemos pensar en una reforma al Poder Judicial sin pensar en fiscalías y realmente, por qué no, también a los fiscales de los estados someterlos justo a una elección popular, cuando sabemos que los fiscales de los estados participan normalmente de apego a los gobernadores de los estados y eso creo que pues ahí parte la cadena, ahí parte justo la posibilidad de modificar, porque lo que quiere la gente es realmente una justicia pronta, expedita y correcta y la verdad es que esta iniciativa se queda muy corta para ello.
Veremos en el dictamen cómo la participación de la gente, que de verdad yo he notado una participación, un interés en participar muy amplio y lo celebro, veremos en el dictamen qué tanto de estas participaciones se escuchan, qué tantas de estas razones, de estos argumentos se escuchan, esperemos que así sea, por el bien de la república. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Muchas gracias, a Braulio López, por sus reflexiones y sus preguntas. Consultaríamos a los ponentes en la mesa, ¿quién gustaría referirse?, ¿al final? ¿Algún comentario?
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Daríamos el uso de la palabra al compañero Gerardo Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a seguir con la bonita tradición de no hacer preguntas, aunque voy a hacer una petición.
A ver, yo sostengo que no es una reforma al Poder Judicial, que es una revolución, y las revoluciones son un poquito brusquitas. Entonces, oponerse a ello es ocioso. Yo creo que nos ayudaría mucho, hubo varias intervenciones con preocupaciones de cómo fortalecer, por ejemplo, los requisitos, ¿de dónde vamos a sacar a los integrantes del Poder Judicial? Pues mayoritariamente del Poder Judicial, yo no veo de dónde vaya a salir.
El juez que intervino, por ejemplo, si a mí me tocara que estuviera en campaña, pues yo votaría por él. Me parece que su definición fue muy clara, a favor de la justicia.
Entonces, yo creo que lo que se está... hay un sector que se está atrincherando en que, como si esto no... ya se decidió el 2 de junio, que se van a elegir todos los integrantes, todos los juzgadores por voto universal secreto y directo. Muy probablemente el primer trimestre de 2025.
Y también se plantea aquí, me sorprendió mucho que la representación sindical esté en contra de la austeridad. Aquí en el cuadro en una orillita, pero no importa que esté en la orillita, está el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, que decía que había que vivir en la honrosa medianía, creo que sostenía.
Y yo escuché argumentos en contra de la austeridad, inclusive de los ministros de la Corte. Casi me convencieron. Y cuando los vi salir con el aparatazo de camionetas blindadas, de un policía abriéndoles camino, entonces el asunto, dije, algo no está funcionando bien.
O vas a la Corte y te encuentras, se dice que los trabajadores, que los de abajo... Son outsourcing, las trabajadoras de limpieza, trabajadores de limpieza son outsourcing, los trabajadores de vigilancia son outsourcing. Los más humildes son los más maltratados, deben ser parte del Poder Judicial y de las condiciones de trabajo generales.
Yo aquí quiero plantear que se va a respetar absolutamente los derechos de las trabajadoras y trabajadores, faltaba más. ¿Cuál patrón sustituto? Si es el Estado mexicano su patrón y seguirá siendo y tendrán que ser respetados los derechos plenamente. Pero, creo y esa es la petición, que nos ayudaría mucho si nos plantearan, a ver qué políticas de austeridad.
Aquí alguien inclusive se atrevió a decir que no se respetaba el presupuesto solicitado por la Corte. No, pues no se respeta ni se le falta al respeto ni se deja de respetar, es potestad exclusiva de la Cámara de Diputados decidir el presupuesto de la nación y esa es una definición del marco constitucional.
Entonces, yo cierro planteando, ah, y los fideicomisos. El Poder judicial pudo hacer su reforma y no quiso hacerla, se negó a hacerla. Paró la que iba en camino, bueno, pues ese es un hecho que se tiene que asumir. Dijo la presidente de la Corte, la ministra Norma Piña, el fideicomiso de 20 mil millones que vaya para Acapulco, estamos de acuerdo, revisémoslo luego, nada, nada, no dieron ni un centavo partido a la mitad, no puede ser.
Cierro planteando. Yo soy diputado federal, ya me salgo en agosto. Dicen que nos van a dar, no nos van a dar más que las gracias. No llevamos ningún retiro.
Yo me atiendo, no me atiendo en el ISSSTE, me atiendo en el Seguro Social y ahí me seguiré atendiendo, no se les va a caer el pelo a los hombres que se atiendan en el Seguro Social, es un buen servicio. Y hay que mejorarlo, hay que mejorarlo, hay que ir a ahí para que hagamos señalamientos de cómo mejorarlo.
Yo creo que hay que ajustarnos a la nueva política, a la nueva dimensión y respetar –termino– la exigencia del pueblo de México del 2 de junio, que no solo votó mayoritariamente por nuestro movimiento, sino en las encuestas que se hicieron, hasta el 90 % está de acuerdo en una reforma al Poder Judicial; 80 % está de acuerdo en que se elijan. Entonces, no hay más que cumplirle al pueblo de México y mi petición es que, quienes nos están ayudando en estos foros, nos hagan llegar reflexiones, propuestas que enriquezcan lados ciegos –termino– lados ciegos –termino– como los que aquí se han planteado, faltan las fiscalías, yo creo que hay que hacer una defensoría del pueblo, falta en el ámbito laboral, falta en el ámbito agrario. Dígannos cómo fortalecemos la austeridad.
Entonces hay muchas cosas por hacer y será ideal que lo hagamos de manera colectiva. Muchas gracias por su atención.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Muchas gracias don Gerardo Fernández Noroña.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Tenemos enlistada la participación de Melissa Vargas.
La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho: Muchas gracias, muy buenas tardes. Felicitar, en primer lugar, a todos los ponentes, la verdad es que ha sido una mañana muy interesante escuchar todas las visiones, que al final de esto se trata todo, de escuchar los diferentes puntos de vista para poder retomar de ahí lo más importante.
Este foro, como se ha planteado, se trataba fundamentalmente sobre el tema de los recursos. Sin embargo, pues no se puede dejar de tocar el tema de la elección de los ministros y de los jueces a través del voto popular, porque es el corazón de la reforma. Yo quisiera hacer algunas reflexiones, en primer lugar, y después unas preguntas que me queda claro que, pues los ponentes no las van a contestar, sino lo harán en su momento los legisladores, quienes serán quienes estarán haciendo estas reformas, en el próximo periodo, pero sí quisiera dejarlas para la reflexión.
Primero, si la elección por voto popular asegura la honestidad, pues entonces por qué no elegir también a los miembros del gabinete federal, estatales y municipales, donde también hay actos de corrupción en todo el país, o mejor aún, coincido con la propuesta del subsecretario, que planteó que también urge reformar a las fiscalías y al Ministerio Público. Por qué no elegirlos también por voto popular, como lo señalaba uno de los que hicieron aquí preguntas, coincido. Si el voto popular elimina la corrupción, pues apliquemos ese principio para todos, es decir, todos parejos y todos coludos, que el pueblo decida para todos, completamente para todos los niveles y para todos los Poderes.
Sin embargo, sabemos, que no es así, que la corrupción solo termina con mecanismos de transparencia, de control y tenemos que trabajar en fortalecer esos mecanismos de control en todos los niveles de gobierno y en todos los poderes, independientemente de quienes los encabezan.
Sin embargo, sé, como bien lo dijo el legislador Noroña que, pues esto es una reforma ya, ya tomada y que se va a legislar, independientemente lo que se diga en los foros, independientemente de lo que se opine, que esto es ya un hecho consumado. Por lo tanto, es casi un hecho que los jueces y magistrados se van a elegir por voto popular. Si así es, déjenme entonces, y así será, dejar algunas preguntas.
Primero, ¿cómo se va evitar la injerencia del crimen organizado en el proceso de elección de jueces y magistrados, si en el proceso electoral que acabamos de vivir el 2 de junio no se pudo evitar y hubo lugares donde evidentemente del crimen organizado no solamente puso, sino que decidió prácticamente también muchos de los resultados electorales? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo vamos a evitar que eso suceda en el máximo órgano donde se imparte justicia?
Segundo. ¿Cómo este mecanismo no va a eliminar el sistema de carrera judicial, es decir, cómo se van a empatar? Pero, además, ¿qué va a pasar con los que ya están participando en los concursos después de esta reforma? Y esta es una pregunta que me hicieron y que me pidieron muchos de estos miembros del Poder Judicial que están ya en estos concursos y en estas carreras y que les ha llevado mucho tiempo que hiciera, ¿qué va a pasar con ellos, quienes ya están a punto de aprobar los exámenes de oposición?
Tres. ¿Quién va a regular las ofertas de campaña? Digo, imaginémonos hasta las más absurdas ¿no? porque lo hemos visto en todas las acciones, en todas las elecciones. Es decir, imaginémonos proponer sentencias a modo, por ejemplo ¿no? no sé cuáles serán, porque al final pues como una oferta de campaña, pues todos tendrán que decir que van a actuar conforme a la ley, no me imagino otra oferta de campaña, pues.
¿Cómo evitar que los partidos terminen cooptando la voluntad de los jueces y de los magistrados si van a participar en política? Porque lanzarlos a una campaña es lanzarlos a eso.
Y la quinta. ¿Cuáles van a ser los filtros? Para que, por ejemplo, los grandes organismos empresariales y empresarios no incidan también con financiamiento en las campañas y en la elección de jueces y de magistrados. Ya estamos pensando en eso, ojalá y la reforma lo integre porque si no, pues va a ser una reforma, creo que se va a quedar muy corta y que va a poner en riesgo a muchos en el país.
Por último, quisiera señalar de nuevo que, en el Grupo Parlamentario del PRI, no estamos en contra de la reforma y, sobre todo, en una reforma que maximice el presupuesto y que elimine privilegios, estamos de acuerdo. Sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es en una reforma que afecte el sistema de pesos y contrapesos con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo, una reforma que afecte los equilibrios de los poderes, eso se debe de salvaguardar a toda costa, porque ahí se nos va la República, eso nos estamos jugando.
Por último, estimado diputado Noroña, tuve la oportunidad de ser compañera de usted, vamos, voy a concluir la legislatura con usted y yo le diría, está bien que veamos lo que sufren los servidores con el nivel más bajo en el Poder Judicial, pero yo lo invito a que también veamos lo que sufren los servidores en el nivel más bajo en nuestra Cámara de Diputados en San Lázaro, a quienes por cierto también fueron maltratados al no entregárseles y no terminar su contrato conforme a la ley, al igual que sin privilegios, tuvieron que haberlo terminado con nosotros. Muchísimas gracias, sería cuanto.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Daríamos el uso de la palabra a Damián Zepeda, quiere participar.
El senador Damián Zepeda Vidales: Muchas gracias a todos ustedes, me presento, soy el senador Damián Zepeda Vidales, a sus órdenes. En mi opinión, el sistema de justicia en México está colapsado. Lo dije en el marco de los foros del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, me tocó ser presidente de la Comisión de Justicia a nivel local y ver el nuevo Código Nacional... bueno, primero, local de procedimientos penales y luego nacional, a nivel federal.
Sin embargo, cuando hago esta afirmación no me refiero exclusivamente al Poder Judicial y lo he aclarado siempre, sino a cómo la ciudadanía concibe el sistema de justicia, que no es el Poder Judicial. Si hablas en materia penal, tendríamos que incluir, incluso, a las policías en materia de los delitos, el Ministerio Público, las fiscalías, los jueces y el sistema de readaptación social o reinserción social. El sistema en conjunto está colapsado.
¿Qué tenemos que hacer para cambiarlo? Pues muchas cosas. Tendríamos que aspirar a una justicia mucho más ágil, más rápida, mucho más barata para el ciudadano, sí para el gobierno, pero para el ciudadano, ¿no?, justicia más accesible, de más fácil acceso y justicia de mayor calidad. Mi pregunta concreta es: ¿Esos temas los aborda esta reforma? Mi respuesta es no.
Cuando se presentó la pasada reforma al Poder Judicial, por el entonces ministro Zaldívar, un servidor en el Senado decía que era una reforma muy corta, de muy corta visión, que no cambiaba el sistema de justicia en México porque no entraba al fondo de los temas, se quedaba en la cúpula.
Lo mismo le pasa a esta reforma. Si bien toca algunos temas positivos que, incluso, un servidor ha presentado iniciativas previamente como separar a la Corte del Consejo de la Judicatura, claro que está bien eso, ponerle un límite de seis meses, exclusivamente escogieron los juicios tributarios que son de interés del gobierno. Yo diría: pues entremos a todos, ¿no? Casi 70 % de los juicios en este país tienen que ver con la materia civil y familiar, no con la materia tributaria. Entonces, ¿quieren entrar verdaderamente? Hay que entrar ahí.
Entonces, lo que tendríamos que estar haciendo es una reforma que atienda esos problemas. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues, primero, con nuevos procedimientos más sencillos y más ágiles. Por eso se hizo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por eso la Ley... de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Tendríamos que mandar toda oralidad en este país.
Segundo, tendríamos que invertir en capacitación y profesionalización de los que van a estar impartiendo, precisamente, esta justicia en el país. A eso tendríamos que apostarle.
Tercero, tendríamos que invertir en nuevas tecnologías: justicia digital como lo está haciendo, por ejemplo, el estado de Nuevo León para hacer más accesible la justicia a los mexicanos.
Cuarto, tendríamos que invertir en infraestructura para que puedan tener más juzgados, ¿no?, en el país.
Quinto, tendríamos que invertir en más plazas para jueces y magistrados porque no tienen el don de estar en dos lugares al mismo tiempo, tienen que atender un número extraordinario de juicios que los tendrías que atender con más jueces.
Entonces, si verdaderamente queremos entrar a mejorar el sistema de justicia, tendríamos que atender eso, que va a tener un impacto directo con que la gente reciba una mejor justicia y hoy desgraciadamente eso nos está planteando.
El tema quizá más polémico en esta reforma es el de los nombramientos de los jueces, magistrados y ministros. Yo abiertamente sin titubeos les digo que considero que es una pésima idea lo que se está planteando y que creo que, incluso, con las propuestas de mejora que se plantean no se resolvería el problema y me explico.
No es un tema político, es un tema técnico. Ser juez ser magistrado y ser ministro no es un concurso de popularidad, de hecho, si me apuran, necesitas que el juez magistrado y ministro tenga el carácter de en ocasiones saber que no va a ser popular y de todas maneras tomar esa decisión porque en muchas ocasiones lo que necesitas, no es muchas, en todas, es que defiendan el derecho de cada persona. No necesariamente lo que opine una mayoría, de hecho, tienes que defender los derechos humanos de las minorías. Entonces, no es un asunto de quién es más popular.
¿Qué problema trae esta propuesta que tienen ahí? Permitir que una persona por ser popular sea juez, magistrado o ministro, deja a un lado el que tenga la capacidad y el profesionalismo que se requiere para atender ese cargo. Si los suples y pones los filtros que sería menor mal, avanzaríamos una parte, pero no resolverías el problema completo por dos motivos.
Hoy por más que se diga que la ciudadanía va a votar en esta propuesta, eso no es cierto. Van a votar a los que diga el partido que tiene el control de la Cámara, hoy es Morena, pero mañana puede ser otro, que puedes votar. Es decir, el abogado más brillante del país, la abogada más brillante del país, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México no se puede postular si no tiene el visto bueno del partido gobernante.
Porque solo puede ser postulado por la Presidencia de la República, por el grupo mayoritario en en el Congreso, dos terceras partes o por el Poder Judicial, que en esta ocasión a lo mejor pudiera ser más plural, pero que a partir de la próxima elección ya no lo será.
Entonces, no va a llegar el mejor perfil a ser electo por el ciudadano. Voy, gracias, sé que me pasé un poquito, voy a concluir. Pero eso se agrava más cuando te bajas a los jueces y magistrados. Cada juez de distrito, dos propuestas por presidente de la República, dos propuestas por el Congreso, dos propuestas por el Poder Judicial.
Como senador de la República les digo que está completamente viciado los mecanismos en donde el poder político hace propuestas. Desgraciadamente, con excepciones, las listas de las personas que llegan recomendadas para ser postuladas magistrados, hoy, son políticas. Pasa lo mismo con magistrados electorales que con magistrados de justicia administrativa y con muchos otros casos. No, no son los mejores perfiles, son los amigos, compadres, primos, vecinos, esposas, esposos de quien tiene poder político. Pasa hoy y pasó ayer.
Yo no soy defensor del pasado. Claro que pasó ayer. Es el famoso problema de cuates y cuotas. Deberíamos de acabarlo, pues. Deberíamos de acabarlo; y, por último, aun cuando hicieras la mejor selección y pusieras a postulación a esas personas, convertirías eso en un juez que esté interesado por quedar bien con el ciudadano, con la mayoría, porque quiere ser electo, que depende, por cierto, de que le den una ficha para participar y entonces es empleado del que le da el acceso; pero segundo, que sus sentencias van a estar enfocadas a quedar bien con el ciudadano.
Eso es lo que pasa, volteemos a ver la experiencia internacional. Es mentira que este modelo funciona en otros países. Funciona con jueces locales, muy menores, en Estados Unidos, sí, nomás que tienen otro modelo, primero tienen contrapeso de jurado popular, no tiene el poder absoluto el juez. Segundo, puede postularse quien quiera; y tercero, las sentencias suben cuando llegan las elecciones, volteen a ver la evidencia, suben porque los jueces andan en campaña. Pues no, no es algo deseable que queramos para este país.
Por todo eso es que consideramos que ese modelo, no toda la reforma, el modelo de nombramientos de jueces, magistrados y ministros, es incorrecto. ¿Tiene que cambiar el actual? Por supuesto, pero para despolitizarle, quitarle al presidente la facultad de proponer, hacer concursos de oposición y que lleguen solo los mejores perfiles al Poder Judicial.
Por último, y con mucho respeto, yo escucho aquí que este es un tema inevitable. Yo tengo otros datos, me permito diferir. Hoy, la asignación del congreso todavía no está hecha, el INE tiene que hacer esa asignación; y el tribunal, decidir las impugnaciones que habrá, porque habemos muchos que consideramos que tener el 54 % de los votos es muchísima votación, pero no es las dos terceras partes de este país; y vamos a luchar porque no exista una sobrerrepresentación en el congreso, sobrerrepresentación que, soy honesto, así ha sido en el pasado.
Hay que decir las cosas como son: Así ha sido en el pasado, pues mal en el pasado, mal en el presente y evitemos que se haga un mal en el futuro; y dos, en el Senado de la República les faltan tres votos. Mi llamado, que concluyo, a los legisladores de oposición, es: Así como los legisladores de la mayoría tienen muy claro que el mandato de la población fue hacer este cambio, el mandato de los ciudadanos que votaron por legisladores de oposición fue no permitir que se acabe con la división de poderes. Yo les exijo que estén a la altura y que no se doblen. Si no se doblan, una reforma dañina no pasa. Y entonces pasemos a una reforma positiva para el Poder Judicial. Muchas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Tiene el uso de la palabra así enlistada la compañera Juanita Guerra.
La diputada Juanita Guerra Mena: Buenas tardes a todas y a todos. A sus órdenes, soy diputada federal, Juanita Guerra, del estado de Morelos y senadora electa de la república mexicana.
Y quiero saludar con enorme respeto a las y a los ponentes expertos en derecho, pero también quiero saludar al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al igual que a mis compañeras y compañeros legisladores saquí presentes y al personal también del Poder Judicial en toda la república. Mi respeto para todas y todos ustedes.
Creo que es importante lo que acabamos de escuchar. Y nosotras y nosotros como legisladores debemos de poner atención en qué consisten los planteamientos que aquí han expuesto.
Coincidimos en grandes puntos, que existe un antes y un después a esta iniciativa de reforma, es cierto, por supuesto que no es lo mismo porque no somos arbitrarios. Y recordemos al más grande, a Morelos, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche y lo ampare y lo defienda contra el fuerte y contra el arbitrario.
Existen foros, hoy, participación ciudadana que define que este 2 de junio la representación popular es del pueblo y lo mandata para las y los legisladores. Defender y representar con dignidad y respeto a las y los ciudadanos. ¿Están de acuerdo con la reforma, exponentes? ¿Están de acuerdo que exista una legitimación en una designación que requiere el pueblo de México para una representación de justicia?
Requisitos en el Senado se harán, como lo dicen, pero de acuerdo a lo que salga en estos foros creo que es importante establecerlo. Defender la carrera judicial también es importante. Hay personas con una calidad moral, con un profesionalismo, con una entrega con valores indiscutibles, como es la justicia, el amor y el respeto.
También hay la jurisidad, cierto, lo existe. También existe la humanidad. Creemos firmemente, pero también hay corrupción, hay impunidad y hay nepotismo. Por eso existe hoy la exigencia del pueblo de México en que se extienda, pero sobre todo se dé a conocer esta reforma para que a su vez el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, sea aprobada. Respetuosa de los derechos humanos va a ser, va a coincidir. Rendición de cuentas y transparencia, tendrá que ser.
Al igual, como también he escuchado a mis compañeros y compañeras legisladores, ¿de verdad se han puesto a leer no sólo la técnica legislativa sino la técnica jurídica de esta reforma? Porque los invito a que lo hagan, para que den a conocer al pueblo de México en qué consiste.
Creo también firmemente en que hoy en día la democracia está puesta en el pueblo de México. Por eso hoy, si están o no las dos terceras partes, tendrá el pueblo la decisión, y a lo ha dicho este pasado 2 de junio.
Decirle a todo el personal del Poder Judicial: serán garantizados sus derechos. Pero aquel personal que ha luchado... porque he ido a los tribunales... y lo digo en específico, al Tribunal de Justicia del Sexto Distrito Judicial en Morelos, he ido con mi padre, quien me ha enseñado que el valor de la justicia es tocar la puerta. Pero también he visto que personal, como son archivistas, secretarios de acuerdos, actuarios, jueces que han aspirado a una carrera judicial, pero sobre todo a una posición en el Poder Judicial, no se les ha dado la oportunidad, porque ha habido favoritismo. Por eso creo firmemente en esta reforma, y creo firmemente en la propuesta del Poder Ejecutivo, del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hoy en día tenemos que refrendar el respeto a los ciudadanos.
Es por ello que quiero hacerles una pregunta con todo respeto a ustedes, ponentes, y ojalá me la puedan dar claramente. El 19 de noviembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Austeridad Republicana. Ahora, bien, el 5 de febrero del 2024 el Ejecutivo Federal, enviando al Congreso de la Unión la presente propuesta, en la que entre diversas modificaciones, establece la prohibición de que el Poder Judicial pueda constituir fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos, en el que no se cuentan previstos en la ley secundaria.
Desde su punto de vista, muy respetuosa, y quien me quiera dar la respuesta, les pido: qué ha realizado el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de los estados de la república para estar alineados a las políticas de austeridad, para que este recurso sea utilizado para el fortalecimiento del Poder Judicial, y así exista una verdadera justicia para las y los ciudadanos mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Gracias, Juanita Guerra.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Ante esta primera intervención de legisladoras y legisladores, damos el uso de la palabra, si así tuviera alguien a bien de los ponentes, compartir alguna reflexión o respuesta.
El ponente Jaime Miguel Moreno Garavilla: Muchas gracias, diputado Hernández. Quisiera referirme, desde luego agradeciendo el planteamiento de la diputada federal y actual senadora Juanita, señalar que ha habido dos o tres puntualizaciones que valdría la pena formular dentro de un contexto amplio.
Decía o preguntaba la diputada Melissa Vargas que cómo se evitaría la participación del crimen organizado, que cómo se eliminaría, cómo no se eliminaría la carrera judicial, quién regula la oferta de las campañas, los filtros para que las grandes empresas no pudieran inmiscuirse en el proceso, las barras de abogados, los colegios de abogados. Y un tema que también le preocupó al señor senador Zepeda, la afectación de pesos y contrapesos.
En alguna intervención previa nos permitimos someter a la consideración de la UIC en esa ocasión la posibilidad de que, una vez que se emitiera la convocatoria por quien lo vaya a determinar, Congreso, todos aquellos seres que estén dispuestas y dispuestos, que se sientan aptos para participar levanten la mano: yo voy a participar. A sabiendas de que van a ser examinados públicamente.
Públicamente, yo quiero enfatizar esto, por el propio instituto del Poder Judicial de la Federación, para que, una vez que tengan las y los candidatos el documento de acreditación de ese examen, lo puedan incorporar a su retahíla de requisitos frente al Instituto Electoral para que les dé el registro y puedan participar.
No se trata de hacer campañas, se trata de mostrarle al pueblo que el pueblo soberano, que es el que tiene la facultad de mandar y de elegir, elige a los mejores. Permítanme decir que sería, entonces, esto una aristocracia dentro de la democracia nuestra, porque el pueblo estaría eligiendo a los aristos, a los mejores, y eso no se los va a ganar porque le metan más o menos dinero a la campaña. No va a haber influyentismos, ahí va a ganar el mejor y la mejor, a la luz de la nación entera. Y eso sí, habrá que poner especial énfasis en que todos los medios de comunicación ayuden a difundir estos exámenes para que todos nos demos cuenta de que efectivamente las y los mejores integran precisamente al Poder Judicial.
Por otro lado, y digo esto lo haríamos precisamente pensando en una campaña territorial. Y, por otro lado, imaginen ustedes que se va a descomponer ese sistema de pesos y contrapesos, todo lo contrario, se va a fortalecer.
Imagínense que el diputado Fernández Noroña nos acaba de recordar una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que es nada más y nada menos que conocer, discutir y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que le manda el Ejecutivo. Y la fracción IV del artículo 74 fue precisamente modificada a propuesta de la fracción panista, del PAN, porque antes decía, antes de esta reforma decía que la Cámara de Diputados tenía la facultad exclusiva para conocer y aprobar, no discutir y/o enmendar. Esto se le agregó, a propuesta precisamente de nuestros compañeros diputados de Acción Nacional en esa época, me estoy refiriendo a otra legislatura.
Resulta que el presidente Fox, a través de su consejería, interpone el recurso ante la Corte para hacer valer la facultad del veto que contempla el artículo 72 constitucional respecto de un acuerdo tomado por la Cámara de Diputados, por los representantes de la nación. Así lo señala textualmente el artículo 51 constitucional, representantes de la nación, los que tienen que decidir cómo se gasta, otra vez el dios Cronos, ya no más, cómo se gasta el dinero del pueblo, Cámara de Diputados, entonces, le querían hacer valer el derecho del veto del presidente de la República.
Entonces, resulta que el presidente de la República armaba el Presupuesto de Egresos de la Federación y le imponía a la Cámara el criterio con el cual debía aprobar el propio proyecto de Presupuesto, ¿dónde estaba la división de Poderes?
Y, ¿saben cómo se resolvió eso?, entre el día 25 y 31 de diciembre, sesionando la comisión, la comisión que resguardaba las vacaciones de las y los ministros sin facultad alguna decide esa comisión hacer procedente el recurso interpuesto.
Entonces, tres personas sin facultad, alejados de la juridicidad desvanecen a todo un Poder, qué chulada, ahí sí no se nota, no, tenemos que darle como ustedes muy bien dicen, peso y contrapeso, equilibrio porque si no lo hacemos así el célebre barón de la Brède, Montesquieu, si resucita le va a dar otro infarto.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Gracias. Solicita también intervención Jesús Gilberto González Pimentel.
El secretario Jesús Gilberto González Pimentel: Gracias. Quiero darle respuesta a lo que comentó en tribuna el señor diputado Fernández Noroña, en el Poder Judicial conocemos lo que acaba de comentar mi antecesor, la facultad exclusiva del Poder Legislativo para la elaboración del Presupuesto, yo nunca me expresé en contra de la austeridad, lo que yo señalé es que los Presupuestos deben estar diseñados a efecto de que haya operatividad, dije que austeridad no es sinónimo de inoperatividad. Si realmente ustedes hacen un examen de cuánto dinero les han dado a las reformas constitucionales como la penal, la laboral ha sido insuficiente o a lo mejor no han fiscalizado adecuadamente si efectivamente ese dinero ha caído para esas reformas.
Yo hablé claramente de insuficiencia de plantillas de personal, sí, yo lo invito a que vaya a un centro de justicia para que vea cuántos notificadores hay, yo lo invito a que vea a mis compañeros cuántas horas de trabajo destinan en aras de sacar lo más pronto posible los requerimientos de la oralidad, se resuelvan los asuntos que se dirimen en esos centros de justicia. No nada más estoy hablando de esa reforma penal, estoy hablando también de la laboral.
Ahora bien, seguramente, o no lo han tomado en cuenta, no hay sustitución de licencias por maternidad en el Poder Judicial eh, porque no hay presupuesto. No hay sustitución de licencias médicas porque tampoco lo hay.
Se imagina usted... yo hablé de jornadas extenuantes. Y a veces hasta 20 horas. ¿Qué pasaría, yo le pregunto a los diputados que elaboran este presupuesto, si se pagaran las horas extras que de veras se deben devengar?
Donde la ley, no constriñe, o sea, lo que no está en la ley está permitido. Díganme, ¿en qué parte del artículo 123, Apartado B, establece que a los actuarios y los secretarios no deben de pagárseles tiempo extra? Yo no lo veo.
Ahora, no sé si ustedes sepan, un actuario ocupa su propio vehículo, él lo paga de su dinero, él paga la gasolina. ¿Saben cuánto le dura ese vehículo? Máximo 3 años, porque si hicieran las notificaciones en transporte público no lograrían hacerlo.
Espero, ahora sí como me dijeron, el padre Cronos, pero espero haberle dado respuesta y si quiere que ampliemos la respuesta, con todo gusto se la daría en corto. Gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Solicita la palabra también el doctor Juan Pablo Gómez.
El ponente Juan Pablo Gómez Fierro: Solamente destacar, por la preocupación que hay en relación con este nuevo esquema de designación, que entiendo es el centro de la reforma, la elección popular de jueces y juezas, creo que es importante destacar que el Estado mexicano ha invertido una gran cantidad de recursos en la formación y en la preparación de los servidores públicos que hoy prestan el servicio público de administración de justicia, desde la capacitación al interior de la Escuela Federal de Formación Judicial, así como también la capacitación que se da dentro de los propios órganos jurisdiccionales.
En una encuesta que he hecho, quizá cercana con compañeras y compañeros, la mayoría de los que hemos llegado a desempeñar el cargo de juzgador a juzgador federal ha sido producto de 15 años previos al interior de experiencia adquirida en los tribunales jurisdiccionales.
Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta, porque, así como el Estado ha hecho inversión para preparar a sus médicos en el Servicio Exterior, el Servicio Profesional de Carrera, también esto ha acontecido dentro del Poder Judicial.
Quince años de servicio previos a un concurso de oposición, que muchas veces se tiene que intentar en varias ocasiones y son procesos muy rigurosos, para que pueda elegirse o se pretenda desde luego elegir a los mejores perfiles.
Entonces, nada más destacar que un cambio radical en la forma de designación podría minar notablemente la capacidad en el funcionamiento de los tribunales y desde luego en la prestación adecuada del servicio público de administración de justicia, poniendo desde luego en riesgo, más allá, porque esto es muy relevante y estamos aquí por eso, de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a los justiciables que son quienes acuden ante un tribunal a pacificar un conflicto. Muchas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Muchas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Solicita también la palabra Sergio Arturo López Servín.
El ponente Sergio Arturo López Servín: Muchas gracias, nuevamente. Seré muy breve. Prácticamente ya acaba el magistrado Juan Pablo de hablar en relación a esta carrera judicial.
Estamos ya de acuerdo en que el alma de la reforma es la elección de los juzgadores y, bueno, tan es así, que varios de los disertantes y varios de los participantes en la ronda de preguntas y respuestas se ocuparon de ello, porque justamente es, sí es el alma de la reforma esa elección y por eso precisamente en mi incipiente participación hace un rato, hablé precisamente e hice hincapié en la carrera judicial.
Debemos de privilegiar esa carrera judicial, no es tomar ventaja, no es querer tomar ventaja sobre los que están afuera. Es querer ser racionales y querer ser objetivos. Nuestra preparación dentro del Poder Judicial de la Federación no es de la noche a la mañana, quienes queremos ser juzgadores y quienes ya lo son saben de lo que estoy hablando, son noches, días, años, meses y mucho tiempo, mucho tiempo de preparación.
La carrera judicial lleva años, desde el primer peldaño hasta el último nos puede llevar ene cantidad de años y a veces no lo logramos. La preparación la exige la misma calidad del trabajo, porque ahí está, ahí está el resultado, las sentencias ahí están, en todas las materias: penal, civil, administrativo, laboral, agrario, fiscal, la que ustedes elijan, lleva por lo menos el mínimo de calidad. Cada sentencia es una lección, cada sentencia lleva detrás un bagaje de conocimientos.
Yo exhorto a los señores legisladores que están inmersos en esta ocasión para decidir sobre esta reforma tan importante al Poder Judicial de la Federación, que tomen en cuenta, de veras, tomen en cuenta la experiencia de las personas que estamos dentro de las filas. Que hay malos, definitivamente, no lo podemos negar. Pero, como ustedes mismos establecieron, sí hay filtros para darse cuenta, para percatarse quién es quién dentro del Poder Judicial de la Federación. Los malos solos se van a ir eliminando, pero la carrera judicial se debe de privilegiar necesariamente.
Insisto, no es querer tomar ninguna ventaja, es simplemente querer continuar en una labor tan imperativa y significativa, como es la administración de justicia. Insisto en lo que en mi disertación incipiente dije, no puede haber jueces y magistrados improvisados. No los puede haber ni los debe de haber. Todos los jueces y magistrados que ahora serán elegidos...
Yo por eso dije que hacía votos de fe y de confianza, para que se percaten muy bien llegado el momento, en esas elecciones que se ven venir, que tomen en cuenta esto, porque la experiencia se forja con los años. Y no es nada más ser un técnico, un buen técnico en el derecho y hablar bonito, de hacer una bonita campaña para llegar a ser juzgador. Créanme, se requiere vocación y se requiere mucho servicio. Muchas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Muchas gracias por su participación.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Tenemos enlistadas a tres participaciones. Cedemos el uso de la palabra a Reginaldo Sandoval Flores.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Muchísimas gracias. Felicitar a este foro y, como son muy pocos minutos, voy a irme en la ruta rápida del tema y todo va a ser en asunto de pregunta. Miren, este año 2024, para el Poder Judicial tiene un Presupuesto de 78 mil 327.3 millones de pesos, la mitad de lo que tienen la suma de los 32 Poderes Judiciales o Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, los Poderes Judiciales sacan casi el triple de lo que saca el Poder Judicial con el mismo presupuesto.
Luego, fíjense nada más, la Suprema Corte, solo los 11 ministros, tiene un presupuesto de 5 mil 787.2 millones de pesos. Si divides ese Presupuesto entre 11 ministros, le toca 526 millones 109 mil 90. Si lo divides entre los 365 días del año, contemplando sábados y domingos, le toca gastar un millón 441 diario. ¿Saben en qué se gasta todo eso? Yo creo que no saben, y menos el sindicato, porque año con año, la Suprema Corte, le damos más presupuesto y por eso armó los fideicomisos.
Voy ahora al tema de los fideicomisos. De los 13 fideicomisos, 12 son ilegales, los que dicen que son responsables de ver que la ley se cumpla y cumplir la ley. Ah, y entonces qué está pasando, 13 fideicomisos ilegales.
Y fíjense aquí, debo de decir que esta ruta de los fideicomisos es un modelo neoliberal que se implementó en todo el sistema, por eso el presidente solicitó que se desaparecieran 300 fideicomisos que tenía cada Secretaría, porque eso lo venían haciendo para no regresar los ahorros a la hacienda pública, y así lo empezó a hacer el Poder Judicial, por eso son ilegales.
Luego, el tema de los trabajadores, pues entonces no es un problema de falta de presupuesto que no haya personal en el Poder Judicial, porque año con año les ha sobrado presupuesto y lo han ido acumulando en el tema de fideicomiso.
Yo quisiera ver en el Poder Judicial al nuevo sindicalismo de la 4T, que aproveche este proceso para empoderarse, porque sí requerimos un sindicato que vigile, que supervise, porque estas cuentas que les hago no es tan sencillo. A ver, díganme, quién las sabe.
Luego vino aquí el senador que ya se fue, del PAN, porque es también diferente cómo leer el tema del poder y del mandato popular. Debo de decirle al senador, que de 300 distritos que hay en el país, la coalición Sigamos Haciendo Historia, junta, ganó 257, el 86 % del territorio nacional.
Qué va a hacer él con... tenemos otros datos. Tenemos las dos terceras partes en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y entonces invitar a que, entendamos que estamos en un proceso de transformación profunda, le llamamos la cuarta transformación. Es una revolución pacífica, pero es una revolución, es una transformación en serio.
En el tema de austeridad, para que tengamos clarito. Cámara de Diputados, la legislatura anterior cuando llegamos nos dejaron una proyección de presupuesto, 9 mil 300 millones. Arrancamos con 6 mil, llevamos seis años y no llegamos a los 6 mil.
El último gobierno, el último Ejecutivo gastaba 8 mil millones de pesos. Actualmente el presidente, 500 millones. Está claro el tema de austeridad y el Poder Judicial no ha querido entrarle al tema de austeridad. También va en serio el tema de austeridad.
Qué hacemos con eso que no conocemos. Digo, hablémonos con franqueza y digámonos las cosas como son. Yo estoy en la lógica de que sí mejores y hagamos cosas de mejora a la iniciativa, pero que la iniciativa va, tampoco tengo ninguna duda, ya dije que tenemos las dos terceras partes y recojamos y no le tengamos miedo a la discusión y al cambio de mentalidad.
Yo presido la Comisión de Infraestructura y por eso sé también que lo más difícil es cambiar la estructura mental, pero hay que cambiarla, porque sí estamos en un proceso de transformación. Ahí quisiéramos nosotros que nos ayuden a mejorar la discusión y todo esto nos ayuda a entendernos, porque nosotros nos respetamos y somos mexicanos, todos. Pero no tengo ninguna duda que necesitamos un Estado mejor, porque el centro de la 4T es el tema de la justicia y, sobre todo, a los que menos tienen, sin ninguna duda. Muchas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Muchas gracias, al diputado Reginaldo Sandoval.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Solicita el uso de la voz la participación, Miguel Humberto Rodarte de Lara.
El diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara: Muy buenas tardes. Trataré de ser muy breve, ya está haciendo tiempo uno de la comida. Como todos saben, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional acompañó, tanto en la Comisión Permanente, como en la Junta de Coordinación Política, la ampliación de estos foros, la participación de más ponentes para escuchar su visión de la iniciativa que presentó el presidente de la República el pasado 5 de febrero del presente año, pero escuchar también significa que podamos tomar en cuenta lo que aquí se diga, mejorar la propuesta del presidente Ejecutivo federal, también poder irnos a alguno de los temas que a consideración de lo que se ha venido diciendo en este foro y en los anteriores y en los que platiquemos las y los legisladores, enfoquemos la reforma a esos temas que realmente afectan en primera necesidad a las y los mexicanos ¿no?
Más allá de enfocarnos en el nombramiento de ministros, jueces y magistrados, vayámonos también a este tema se ha tocado aquí, que es la justicia cotidiana, la del día a día, las fiscalías, las fiscalías estatales. La gente no va a denunciar los delitos, la gente como aquí se dijo, piensa que dentro del Poder Judicial está esa parte también de que le toca la procuración de justicia, que le toca las fiscalías estatales, nueve de cada diez mexicanos no denuncian por muchas razones, por miedo o porque simplemente saben que no va a pasar absolutamente nada. Vayamos ahí, vayamos ahí, que es donde el ciudadano va en primera instancia.
También necesitamos y esto ojalá sea amplíe en la reforma, vemos a la gente, al pueblo mexicano, la defensa que se merece fortalezcamos las defensorías públicas, que cada mexicano que tenga la necesidad de ir a la procuración de justicia o a la administración de justicia, es decir, que tenga que ser defendido, tenga derecho a una defensa pública digna y gratuita y sobre todo, profesional, que nadie se quede sin defensa en este país y rompamos el peor de los vicios que tiene nuestro sistema de justicia y que es, que solo el que tiene dinero tiene derecho a un abogado de este país. Vayamos ahí, vayamos ahí y no nos enfrascamos en discusiones que todavía creo que podemos darle mucho más tiempo para discutirlas.
En fin, dentro de esto a una sola pregunta qué es y sobre la reforma es, sí. Cómo podemos nosotros controlar que aquellos que están en la carrera judicial ¿no? que han venido como lo ha platicado aquí, desde meritorios, secretarios, oficiales, perdón de sistemas judiciales, actuarios, secretarios, en fin. ¿Cómo hacemos para aquellos en este nuevo sistema, si se da, puedan tener esa posibilidad de llegar a ser -discúlpenme- jueces y magistrados?
¿Por qué? Porque, sobre todo en el tema de elegir a los jueces y magistrados, nos podemos llevar muchísimos problemas, es complejísimo el sistema que se está proponiendo, complejísimo, cuando hay sistemas mucho más abiertos, más democráticos en cuanto al funcionamiento y en cuanto a quién debe ser juez o ministro y simplemente es con concursos públicos abiertos.
Que participen los de la carrera judicial, todos los que quieran, pero que también participen los mejores abogadas y abogados en cada una de las circunscripciones... vamos abriéndolo, y entonces ahí sí estamos democratizando al que sabe más, al mejor juez o magistrado y no a quien de antemano alguien escogió sea cualquiera de los poderes. Muchas gracias por su atención.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Gracias. Gracias, Miguel Humberto Rodarte.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Continuaría Javier Huerta Jurado.
El diputado Javier Huerta Jurado: Buenas tardes a todas. Buenas tardes a todos. Creo que la mesa ha abordado una gran diversidad de temas, aunque la mesa creo que se llamaba Austeridad, fideicomisos y derechos laborales. Entonces, yo me voy a restringir a este tema por el tiempo que tenemos.
Seguramente no podremos desarrollar todas las ideas que traemos, pero creo que está muy claro lo que decía el diputado Reginaldo: estamos, decía, tenemos la necesidad de cambiar las estructuras mentales, principalmente de los que participamos en estas discusiones porque tenemos que estar abiertos a escuchar, a escucharnos.
Y también comparto la opinión del diputado Noroña de que de lo que se trata es de una revolución cultural que ya empezó, empezó desde hace un buen rato, y creo que se podrían tomar como ejemplo varios temas: en este caso, la austeridad.
Creo que hay que distinguir la austeridad neoliberal que surgió con la época del salinismo, en la época de la restructuración del sistema económico, político, social, y que obviamente esa idea de la austeridad que pretendía cargar sobre la espalda de los trabajadores el recorte a los salarios, creo que todos tenemos aquí claridad de que los salarios se contuvieron, que no subieron más de 88 pesos en más de 30 años, y hay que contrastarla contra la austeridad republicana que es la que plantea este movimiento.
Que no es cargar sobre los trabajadores el recorte, sino es recortar excesos y privilegios arriba y que han empezado en el gobierno federal, creo que el presidente es el ejemplo más claro de lo que implica la austeridad republicana. Y creo yo que, si nosotros ubicamos el contenido de esos dos conceptos de austeridad neoliberal y austeridad republicana, estaremos entendiendo en qué consiste la revolución de las conciencias o la revolución cultural.
Que se trata de que los juzgadores asuman una postura, como lo han dicho algunos de los ponentes, de servicio. Y también darle certidumbre a los trabajadores que la austeridad republicana no es la austeridad neoliberal. ¿Qué quiere decir? No les van a recortar su salario, se van a garantizar sus derechos laborales.
Para que no haya ninguna duda de que la transformación del sistema judicial, pues no tiene que ver con arrebatarle el derecho a los trabajadores ni quitar sus sueldos, sino se trata de eliminar privilegios, de eliminar excesos que yo creo que todos los que han participado los han puesto en evidencia. Y que estamos ante la necesidad también de conocer datos.
O sea, yo les invitaría a los ponentes, a los estudiosos del tema, que hagan un estudio, creo que el Inegi lo tiene, de más de 2 millones de denuncias que interpusieron el último año solamente se resolvieron 95 mil, es decir, el 4 %. Entonces, que analicemos si el sistema de justicia con esa carrera judicial, con el Servicio Civil de Carrera es tan eficiente como poder atender los reclamos de la ciudadanía.
Entonces, yo invito a que estudiemos esos temas, si los aumentos salariales de los magistrados, jueces y ministros corresponde con las demandas de justicia de los mexicanos. Esa es mi intervención y muchas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Gracias, diputado Javier Huerta.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Habría otra participación, Braulio López.
El diputado Braulio López Ochoa Mijares: Compañeras y compañeros, pues primero hacer una reflexión sobre otro de los temas que se ha tratado aquí, que es el tema de la elección popular. Simplemente para resaltar algo que me parece importante, y es la incongruencia en cómo se ocupa la elección popular en distintas argumentaciones; ¿y a qué me refiero? Se dice: Los ministros que hoy son nombrados a propuesta del presidente de la República y aprobados por las dos terceras partes del Senado de la República no nos garantizan esa calidad de ministros.
Entonces, lo que tenemos que hacer es que, a propuesta del presidente, del senado, de la Cámara de Diputados y del Poder Judicial, se vayan a una elección. No es una elección libre en la cual cualquiera se inscribe, sino que realmente lo que sucede es que hay una preselección por los Poderes del Estado.
Ahora, en jueces y magistrados todavía me parece más llamativo que se pasa de un sistema en el cual, justo lo mencionaba el magistrado Gómez Fierro, se requiere tiempo, se requiere experiencia para poder concursar para juez. Bueno, se elimina eso para efectos de que el presidente, de que los diputados, de que la Suprema Corte de Justicia te proponga; y eso va a ser votado después por la ciudadanía.
Entonces, no es cierto esto de que hay una apertura total a que cualquier persona participe y que sea electa por el pueblo de acuerdo con sus condiciones, hay una preselección por Poderes del Estado y ahí hay que llamar la atención, y también decirlo: Se dicen protectores de la democracia y justifican un sistema que es pervertir la votación popular, y es la sobrerrepresentación.
Es increíble que del 54 % de los votos se crezca hasta el 75 % en una de las cámaras. Eso, justo, es no respetar, o un sistema que no respeta, justo, lo que vota la gente en el día de las elecciones. Lo que tenemos que buscar es un sistema cada vez más apegado a lo que la gente quiere, y eso pasa por quitar la sobrerrepresentación y de verdad irnos a lo que la gente aprueba y quiere.
Ahora, para cuidar esto, yo a lo que invito es a que no dejemos ambigüedades en la iniciativa presidencial. Si queremos proteger los derechos laborales y las condiciones generales de los trabajadores del Poder Judicial Federal, que así se establezca, que se establezca que el patrón sustituto del Consejo de la Judicatura Federal va a ser este órgano administrativo y entonces se va a hacer cargo de esas obligaciones.
Si queremos la autonomía del poder político, el poder económico, entonces, pongamos que va a haber un presupuesto fijo, progresivo, en el Poder Judicial; así pongámonoslo en el dictamen. ¿Queremos gente con experiencia y capacidad? Bueno, pongamos que todos los candidatos van a tener un concurso en el cual prueben estas capacidades, llevado a cabo por la Escuela de Formación Judicial, y por tanto pueden ser propuestos.
¿Queremos convocar al talento? Pues establezcamos, entonces, que va a haber participación abierta, justa, inclusive a gente fuera del Poder Judicial, pero que pueda hacer estos concursos. Queremos que haya equidad de género, pues establezcamos entonces que va a haber paridad en las postulaciones para magistradas, para juezas en este país.
Los invito, compañeras, compañeros, compañeras, a que no dejemos las buenas ideas y los argumentos en el tintero, que no dejemos los foros que sean una simple simulación, sino que valgan la pena y que esto se vea en el dictamen que se discutirá en agosto. Muchas gracias nuevamente, compañeras y compañeros.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Le damos el uso de la palabra a Carolina Denysee Villagrán Salinas.
La ponente Carolina Denysee Villagrán Salinas: Bueno, hay un punto al que yo no me referí y del cual tengo conocimiento justamente como parte del Poder Judicial de la Federación. Tocando el tema de los concursos que actualmente están y a manera de nutrir el diálogo, sobre todo teniendo en cuenta que están tomando nota para que se implementen o se consideren las opiniones que estamos generando, nuestros concursos también se pueden mejorar, nuestros concursos han sido de alguna forma, además de cerrados, antes se publicaban las calificaciones, ahora no sabemos las calificaciones, te dan tu calificación hasta que impugnas. Y cuando impugnas te impiden participar en los siguientes concursos.
Entonces, si vamos a hablar con seriedad y con claridad de lo que se puede mejorar, también este proceso de selección se puede mejorar. El último ejemplo que tuvimos hace dos años, se vendió un resultado de un concurso, ¿no?, se tuvo que anular de hecho ese recurso entonces, ese concurso para juez y magistrados.
Otros concursos que tampoco me parecen viables dentro de la carrera judicial son los concursos a modo para secretarios de Estudio y Cuenta de la Corte, que estamos privilegiando la carrera judicial, como todos tenemos que pasar por todos estos escalafones, por qué hacer concursos a modo, ¿no? O sea, si es abierto, es abierto. Y que participe y que gane el mejor. Muchas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: En el último registro tenemos a Hamlet García Almaguer.
El diputado Hamlet García Almaguer: Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo a la mesa, a la y los ponentes. Es importante que, en un foro que está siendo atendido por los medios de comunicación y por muchos juristas en todo el país, podamos atenernos al texto constitucional.
Se han dicho muchas mentiras aquí, una de ellas es que Morena y aliados obtuvimos el 54 % de los votos. Sean honestos, si van a redondear fueron 54.7, redondeen hacia arriba. Está más próximo el entero superior que el inferior: 55.
Y además a eso, porque tiene que aprender a distinguir la votación total emitida y la votación nacional emitida, le tiene que restar los votos del Partido de la Revolución Democrática, que no logró el registro, y los votos nulos en todo el país, y los votos por los candidatos no registrados. De tal manera que estaremos muy cerca del 60 % de los votos... Sí. Yo no lo interrumpí cuando estaba hablando, ¿sí?, bien, aun cuando dijo mentiras desde aquí. Además, ya le señalaron el número de distritos de mayoría que ganamos en todo el país y el número de escaños en el Senado de la República. Se ganaron las 2 fórmulas en 30 de las 32 entidades federativas, y en 2, Senado por primera minoría.
Ustedes votaron en contra de una reforma electoral que proponía la representación proporcional pura. Y ahora vienen y alegan que el sistema por el que se van a asignar las diputaciones es injusto. Pues son víctimas de su propio voto en el Congreso de la Unión. Si hubieran aprobado la iniciativa del presidente de la República tendríamos una representación perfecta, y ustedes estarían cercanos al 10 % de la integración del Congreso. Pero no. Y en todo el país nada más ganaron 1 distrito, por cierto, sigue en tribunales, y les van a asignar 24 diputaciones de representación proporcional, les van a pagar 24 a 1 sobre sus triunfos en las urnas.
Termino con las mentiras de la sobrerrepresentación. Hay jurisprudencia en esta materia, reiterada. Y le pedimos al Tribunal Electoral que honre su línea jurisprudencial. No es momento de cambiar arbitrariamente de criterio.
Y me gustaría pronunciarme también sobre un juez de distrito que se volvió loco, el juez noveno de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que amaneció el primero de julio, se tomó un café y dijo: no me importa que el artículo 99 constitucional establezca la inatacabilidad a las determinaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y después le dio otro sorbo y dijo: no me importa que el artículo 61 de la Ley de Amparo, en dos de sus fracciones, establezca que los amparos son improcedentes en materia electoral. Y le tomó otro sorbo a su café y dijo: no me importa que yo esté en el primer escalafón del Poder Judicial federal como juez de distrito, voy a intentar, como un pato tirándole a las escopetas, darle instrucciones a un tribunal constitucional, como es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Primero vino la grosera intromisión de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al enviar mensajes a las 3:00 de la mañana al magistrado Fuentes, un magistrado, además, de carrera del Poder Judicial Federal, que terminará en breve su encargo en la Sala Superior y tendrá que regresar al seno del Consejo de la Judicatura Federal a que le determinen su adscripción, la materia y la ciudad en la que va a impartir justicia.
Y cuando Norma Piña le dice que solo confía en él porque los demás son políticos, ahí está la amenaza velada a un juez que pronto la necesitará, según sus propios cálculos y sus datos.
Pues hoy, desde la bancada de Morena decimos que el juez De la Peza, el juez noveno de distrito tiene que ser suspendido de manera inmediata por el Consejo de la Judicatura Federal, por violar el artículo 99 de la Constitución y el artículo 61 de la Ley de Amparo, independencia a las determinaciones de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Basta de intromisiones, y hay datos sobre las relaciones familiares del juez De la Peza y su dependencia de Norma Piña. Muchas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Gracias, Hamlet García.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Para la conclusión de este diálogo, le damos el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Como ustedes atestiguan, ha sido de extraordinaria calidad y la dinámica ha cursado de una manera natural y muy ágil en todas las disquisiciones que ha habido en este foro.
Hay hasta temas que no eran parte de la convocatoria, como la sobrerrepresentación y otras situaciones, pero nada impide que un legislador suba, hable y toque otro tema que puede volver a tocar en otro espacio, en otro foro. Ese y otros asuntos más.
Bien, hay notas particulares de nosotros sobre los aspectos que consideramos más relevantes, pero todo está grabado y todo se ha difundido en vivo prácticamente en todo el país, a través de la televisión pública y un encadenamiento con otras televisoras y estaciones de radio, de universidades, de organizaciones no comerciales.
Hay una gran difusión del tema, pero repito, hay constancia pública y grabada de todo lo que se ha dicho. La carrera judicial es un reclamo de que sea respetada, derechos de los trabajadores también.
La precisión de los alcances del tribunal de disciplina judicial, ahí en Guadalajara preguntábamos, ¿puede revocar el sentido de la resolución? Claro que no, pero puede estudiar los motivos porque se tomó ese sentido de la resolución. Ese es un punto que tenemos que decidir y proponer en el dictamen como parte de la competencia del tribunal, no nomás averiguar sobre las relaciones de los jueces o los magistrados adentro del tribunal o con los despachos u otros actos que son delitos, sino algunas otras conductas que lindan entre la responsabilidad administrativa y la autonomía del juez para decidir. Ese es un asunto difícil de precisar, pero tenemos que hacerlo.
Hace rato parecía que nos pedían quienes no están de acuerdo con la iniciativa de fondo, que tuviéramos las respuestas de muchas cosas que son las que estamos discutiendo y por las cuales nos estamos informando para tratar de resolver.
Nosotros, yo creo que todos, no concebimos una proposición arbitraria de personas con perfiles políticos dentro de las cuotas que podrían presentar los tres Poderes. También nos cuestionamos por qué ha de proponer la Corte en las condiciones en que está su propio relevo o por qué el Senado propone a cinco y luego califica a sus propios cinco, y por qué le quitamos la facultad exclusiva histórica del Ejecutivo de proponer.
Estamos pensando también en que debe haber una especie de consulta abierta del Ejecutivo o de los otros dos Poderes, si es el caso, que se queden como propositores de los prospectos a magistrados, a ministros.
Una consulta abierta en donde cada quien se inscriba, lo dijo hace un momento Moreno Garavilla, con un filtro sobre requisitos formales y sobre requisitos de excelencia, de idoneidad, y luego una depuración para que viniera una propuesta ya formal de un número reducido, seleccionando a los mejores a juicio de quienes van a proponer, no puede ser de otra manera, y en donde el Senado de la República se erija en gran jurado de calificación, y eso sería la precondición infaltable para poder llegar a pedir el refrendo popular en una elección posterior.
Estamos pensando que la carrera judicial tiene que respetarse en su génesis, en su naturaleza, en su desarrollo, pero que desemboque también en una evaluación que les dé con una rigurosísima calificación, evaluación para llegar a una calificación de excelencia que les dé una especie de registro para ir a solicitar la ratificación también en un sufragio cómo de referéndum en las vacantes quizás todos juntos hay muchas complicaciones.
Para el segundo periodo ratificatorio que les dé la definitividad a jueces y magistrados es otra opción, no estamos pensando en que la iniciativa se quede como está, se van a mover muchos puntos y muchas comas.
Otro punto importante que se ha apuntado aquí, que ha señalado, y que nos va a hacer que nos quebremos la cabeza, pero tenemos que abordarlo con muy buena fe y apertura total y pensando siempre en recompensar a todos los servidores públicos muy buenos que hay en el Poder Judicial, muchos muy buenos que hay en el Poder Judicial es que la iniciativa propone respetar los derechos de los trabajadores de manera impecable, todo mundo estamos de acuerdo, solo que la iniciativa conceptualiza a los trabajadores como los que no son miembros de la judicatura. Es decir, todos los 50 y tantos mil trabajadores del Poder Judicial que no son ni jueces ni magistrados, pero los jueces y magistrados se asumen trabajadores, se sienten comprendidos en esa invocación de respeto a los derechos de los trabajadores.
Y, bueno, el Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que es algo así como el patrón frente a dos millones de trabajadores del Apartado B, del artículo 123, un solo individuo es depositario de todo el Poder Ejecutivo.
El Poder Legislativo se deposita en dos plenos de 500 y 128, en dos Cámaras, esos dos son los patrones de sus servidores en el Apartado B, son los representantes de los patrones.
El Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte, en un Consejo de la Judicatura, en un Tribunal Federal Electoral, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales de Apelación de Circuito también colegiados y en jueces de distrito, en juzgados de distrito.
Los jueces y los magistrados tienen una dualidad de personalidad, son representantes de los patrones y son también trabajadores, es una cuestión que borda alrededor de toda esta discusión, la puntada la vamos a seguir discutiendo, la vamos a dilucidar, a tratar de hacer una proposición y lleve una resolución el dictamen, ya serán los legisladores debatiendo, motivando con su discusión, con su debate, su voto, los que decidan finalmente con justicia, con buena fe y con hermandad de mexicanos.
Están agotadas todas las cuestiones que nos han parecido dignas de tomarse en cuenta para seguir siendo discutidas y está también grabado, repito, todo lo aquí dicho. Listo. Muchas gracias.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Muchas gracias, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
El moderador diputado César Agustín Hernández Pérez: Así es como este ejercicio de diálogo nacional genera un precedente histórico. La ruta que ha trazado la LXV Legislatura es de fortalecimiento institucional y de los Poderes, con altura de miras y bajo la circunstancia histórica que vive la patria. Agradecemos a los medios de comunicación su cobertura, al Canal del Congreso, a quienes nos siguen por las distintas plataformas digitales. Agradecemos la participación de la y los ponentes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
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