Iniciativas
Rocío Adriana Abreu Artiñano, Morena
Luis Orlando Quiroga Treviño, PVEM
José Manuel Hinojosa Pérez, PAN
Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Morena
José Antonio Nader Nasrallah, PAN
María Graciela Gaitán Díaz, PVEM
Jesús Fernando García Hernández, PT
Ciria Yamile Salomón Durán, PVEM
Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, PAN
Rosario del Carmen Moreno Villatoro, Morena
Francisco Javier Estrada Domínguez, Morena
Aremy Velazco Bautista, Morena
Olga Leticia Chávez Rojas, Morena
Karina Margarita del Río Zenteno, Morena
Efeméride en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena
María de Fátima García León, PMC
Ofelia Socorro Jasso Nieto, PRI
Martha Aracely Cruz Jiménez, PT
María del Carmen Nava García, PVEM
Silvia Patricia Jiménez Delgado, PAN
Amalia López de la Cruz, Morena
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
Clausura de la sesión y cita para la próxima
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Solicito a la Secretaría informe el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: Señor presidente, se tienen registrados 409 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (11:20 horas): Se abre la sesión ordinaria del miércoles 2 de septiembre de 2026 en modalidad semipresencial.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los dispositivos móviles de las y los diputados y contiene los asuntos a tratar en esta sesión.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, en virtud de encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias, señor presidente. Mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se dispensa la lectura. En votación económica, consulta la Secretaría si es de aprobarse el acta de la sesión anterior.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias, señor presidente. Mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Aprobada el acta. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Roberto Sosa Pichardo. ¿Con qué objeto?
El diputado Roberto Sosa Pichardo (desde su curul): Para reconocimiento, señor presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: ¿Sería por hechos?
El diputado Roberto Sosa Pichardo (desde su curul): Por hechos.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante, hasta por un minuto.
El diputado Roberto Sosa Pichardo (desde su curul): Muchas gracias. Querétaro es, sin duda, una historia de éxito que tiene que ser contada en este país. En esta semana, nuestro gobernador, Mauricio Kuri González, está rindiendo su informe de resultados a las y los queretanos. Cinco años de mucho trabajo, pero, por supuesto, de muchos resultados.
Querétaro es el estado que más inversión privada recibe en este país y es referente en muchos rubros, como en seguridad, educación, salud, transparencia y rendición de cuentas. Cero observaciones tiene el gobierno del estado desde que empezó esta gestión por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Empleo formal, entre otros.
Por eso, desde aquí, felicito al gobernador Mauricio Kuri González y a todo su equipo de trabajo por su gran gestión. Querétaro, sin duda, es una historia de éxito que tiene que ser contada en todo nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputado. Ha solicitado también el uso de la palabra la diputada María Isabel Rodríguez Heredia. ¿Con qué objeto, diputada? ¿Diputada Rodríguez, con qué objeto? Ha declinado la solicitud la diputada Rodríguez.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: El siguiente punto del orden del día es el capítulo de iniciativas. Tiene la palabra la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de disponibilidad obligatoria de refacciones.
La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano: Muy buenos días, compañeras y compañeros. Estoy aquí para comentar y, sobre todo, para trabajar en una iniciativa para resolver problemas y proteger los derechos del lado de la gente cuando existe una desigualdad entre personas consumidoras de una empresa.
Materia de la iniciativa de hoy que quiero compartir con ustedes en México lleva una transformación profunda, necesaria en materia de movilidad. Cada vez tenemos más vehículos eléctricos, hídricos, híbridos, nuevas tecnologías que están cambiando en la industria automotriz, que transforman parte de la transición energética de nuestro país.
Desde la Comisión de Energía hemos acompañado la política energética que migra hacia el futuro, acompañando una política energética de la soberanía, justicia energética y bienestar de las personas, siendo de ejemplo de ruta que ha marcado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de desarrollo económico, sí, innovación, sí, inversión nacional y extranjera, sí, pero siempre entendiendo que el crecimiento económico tiene que convertirse en prosperidad compartida y el derecho para el pueblo de México, porque modernizar un país nunca significa dejar indefenso al consumidor.
Y actualmente tenemos un problema que debemos atender, en México, mexicanas y mexicanos adquieren vehículos nuevos, realizan una inversión importante, pagando mensualidades, seguros, impuestos, todos los gastos asociados a este patrimonio, pero cuando se necesita una refacción indispensable puede encontrarse que este tiempo de espera para un vehículo puede ser entre 8 a 12 meses. Es increíble que la realidad que ostenta estos tiempos de un vehículo que ya fue pagado, que es utilizado para las familias no se vea reflejado en el compromiso precisamente de las empresas que lo generan.
Cuando ese vehículo permanece detenido durante meses, porque no existe la refacción, el problema logístico de una empresa termina convirtiéndose en un problema económico de una familia. De ahí precisamente donde el Estado debe garantizar el equilibrio.
El artículo 28 de nuestra Constitución establece obligaciones de proteger a las personas consumidoras. Por ello, esta iniciativa propone reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, pretendiendo lo siguiente:
Primero, una regla muy sencilla: quien comercialice vehículos en México debe contar con capacidad real de respaldo después de venderlos. Con ello, la iniciativa establece que fabricantes, importadores y proveedores deben garantizar en el territorio nacional la disponibilidad efectiva de refacciones, partes y componentes necesarios para el mantenimiento y reparación de los vehículos, incluidos los eléctricos, híbridos y de diésel y de gasolina.
Segundo, establece que, cuando se trate de refacciones críticas que impidan el funcionamiento del vehículo, el plazo máximo para suministrar será de 60 días naturales. Y si ese plazo se rebasa, la consecuencia ya no recaería exclusivamente sobre el consumidor.
La propuesta establece que debe proporcionarse un vehículo sustituto de características similares sin costo. Que se escuche bien: si no hay refacciones, no lo tiene que pagar el pueblo mexicano que de buena fe ha adquirido un vehículo, sino se solicitará que después de transcurrido este término, el responsable o sea la compañía deberá suministrar un vehículo sustituto de las mismas características sin costo, mientras llega la refacción. Y el supuesto correspondiente podrá proceder la revisión del contrato o la reposición del bien conforme a la propia ley.
Tercero, planteamos la obligación de largo plazo que existan refacciones originales y compatibles, nuevas y certificadas durante, por lo menos, 8 años después de un modelo deje de ser comercializado en México.
Y, no menos importante: estamos protegiendo algo fundamental: la garantía. Porque parece increíble, pero la garantía, cuando un vehículo parece detenido de 8 meses hasta 12 meses, resulta que, además de no surtirle la refacción, perder el dinero que está invertido, seguir pagando mensualidades, consumirse su seguro, sino, además, también, resulta que mi garantía... porque, a final de cuentas, quien tenía la obligación, que es, precisamente, quien fabrica el vehículo, no tiene la refacción, pero, además, consume mi garantía.
En este caso, estamos, precisamente, a favor del consumidor. No estamos en contra de la inversión en México, pero tenemos que ser responsables. Somos socios en este sentido. El consumidor actúa de buena fe, invierte su dinero.
Un vehículo es una necesidad básica para una familia: es ir al trabajo, es llevar a los niños a la escuela, es una cuestión de enfermedad, es una cuestión de desplazarte de un lugar a otro. Todos tenemos derecho a tener, precisamente, garantías en este sentido.
Esta es una iniciativa –y la vuelvo a repetir– que nace del sentir ciudadano, que nace de las quejas que tenemos todos los días y escuchamos sobre personas que han sacrificado y que hoy en día tienen un vehículo, y que con el esfuerzo de su trabajo todos los días abonan a este vehículo. Todos los días trabajan para que esta economía mexicana funcione. En este caso, todos tenemos que ser solidarios. De ahí nace esta iniciativa y espero que la respalden todos los grupos parlamentarios. En la voz de México hacemos justicia. Muchas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra el diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 y 167 de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de protección y bienestar animal.
El diputado Luis Orlando Quiroga Treviño: Con su venia, compañera presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy vengo a esta tribuna a hablar de quienes no tienen voz pero sí tienen vida, de quienes dependen completamente de nuestras decisiones y de nuestra responsabilidad.
Tenemos claro que la protección del medio ambiente no puede reducirse únicamente a la conservación de nuestros ecosistemas y recursos naturales. Proteger nuestro entorno también significa reconocer nuestra responsabilidad frente a los seres vivos con los que compartimos este planeta.
Por eso, el día de hoy presento ante esta soberanía una iniciativa con un propósito muy concreto: fortalecer la protección y el bienestar de los animales y, particularmente, prevenir su abandono y garantizar las condiciones adecuadas de cuidado, seguridad y protección.
Nuestra legislación ya establece obligaciones para quienes son propietarios, poseedores de animales domésticos o silvestres en cautiverio. La Ley Federal de Sanidad Animal contempla que debe proporcionar alimento, agua, atención médica y los cuidados necesarios.
Sin embargo, la realidad nos muestra que todavía tenemos mucho por hacer, porque el bienestar animal no puede reducirse a poner comida y agua en un solo recipiente. El bienestar significa garantizar una vida digna, significa proporcionar un espacio adecuado para vivir y significa, sobre todo, asumir una obligación que no puede ser negociable, el no abandonarlos.
El abandono animal no es un problema menor, cada año miles de animales terminan en situación de calle expuestos al hambre, la sed, las enfermedades, los accidentes, de distintas formas de maltrato animal.
Pero debemos entender algo, el abandono no ocurre únicamente cuando alguien deja un animal en la vía pública, también existe el abandono cuando un animal permanece dentro de un domicilio, pero vive en condiciones insalubres, inseguras e incompatibles con sus necesidades.
Por eso, hablar de tenencia responsable significa mucho más que tener un animal de compañía, significa asumir un compromiso, significa reconocer que un animal no es un objeto de compra cuando resulta conveniente y se desecha cuando cambian nuestras circunstancias. Porque cuando una persona abandona un animal las consecuencias no las enfrenta únicamente ese animal, las enfrenta también nuestra sociedad.
Los animales en situación de calle están expuestos a enfermedades, accidentes y maltratos, y su presencia en las calles también puede generar problemas de salud pública, seguridad y afectaciones al medio ambiente.
Y no podemos pretender que los refugios y los albergues sean la única respuesta, sus recursos y sus capacidades también son limitados. Cuando reciben más animales de los que pueden atender se generan condiciones insalubres y disminuyen la posibilidad de brindar una atención adecuada.
Por eso compañeras y compañeros, la solución no puede consistir únicamente en recoger animales después de que hayan sido abandonados, tenemos que actuar antes, tenemos que prevenir el abandono, y precisamente ahí se encuentra el propósito de esta iniciativa.
Proponemos modificar el artículo 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para establecer expresamente que los propietarios o poseedores deberán proporcionar a los animales un albergue apropiado conforme a las características de cada especie, así como protección y seguridad. Asimismo, deberán evitar mantenerlos en condiciones que pongan en peligro su vida, su salud o su bienestar, y deberán abstenerse de abandonarlos.
Pero sabemos que una obligación jurídica pierde fuerza cuando no existen mecanismos para hacerla efectiva. Por ello, proponemos también modificar el artículo 167 de la misma ley, a fin de establecer expresamente como infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 21. No se trata únicamente de establecer obligaciones en la ley, se trata de hacerlas cumplir.
Compañeras y compañeros diputados, hoy tenemos la oportunidad de dar un paso adelante, un paso para prevenir el abandono, un paso para proteger a los animales, que dependen de nosotros, y un paso para construir una legislación que responda a una realidad que ya no podemos ignorar.
Ellos no pueden venir a esta tribuna, no pueden presentar iniciativa, no pueden exigir que se respeten sus derechos, no pueden defenderse cuando son abandonados o maltratados, pero nosotros sí podemos hacerlo y sí tenemos la capacidad de legislar, también tenemos la responsabilidad de hacerlo por quienes no pueden hacerlo por sí mismo.
Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía, para que acompañemos esta propuesta y sigamos construyendo un marco jurídico que convierta la protección y el bienestar animal en una responsabilidad efectiva, porque proteger a los animales, también es proteger nuestro entorno y porque una sociedad que respeta la vida en todas sus formas es una sociedad que avanza. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra el diputado José Manuel Hinojosa Pérez, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de colusión de servidores públicos con miembros del crimen organizado, suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputado.
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez: Compañeras y compañeros diputados, en este primer día de sesiones Acción Nacional presenta nuevamente una iniciativa de la mayor importancia para nuestro país y la soberanía nacional, que se origina a partir de la llegada del gobierno de narcomorena cuando se coludieron con el crimen organizado.
Es doloroso reconocer que el país vive una crisis de seguridad como nunca se había enfrentado, gran parte de la responsabilidad de este problema es de los políticos que recibieron dinero del crimen organizado para financiar sus campañas y ahora trabajan para ellos.
Las y los políticos que recibieron dinero de procedencia desconocida, como Rocha Moya, o los sobres amarillos de Pío López Obrador, y que nos pusieron en una situación de ingobernabilidad que ha escalado y alcanzado lo más valioso que todos tenemos, la vida, la libertad y la familia.
La responsabilidad de nosotros los políticos es la de gobernar para que las personas vivan mejor, desarrollen al máximo sus capacidades y alcancen la plenitud de la dignidad humana.
Las y los políticos debemos ser empleados de la gente, no del crimen organizado. El problema radica en que se han infiltrado en el financiamiento de campañas políticas y han sembrado en el país una cultura del narco que seduce a niños y jóvenes con la promesa de un futuro mejor que nunca llega.
Esa cultura ha promovido desapariciones forzadas, una larga lista de delitos graves, un país sumido en la tragedia, cosas clandestinas por todos lados y un ambiente de desesperanza que nunca se había sentido como ahora.
Pero el daño ya está hecho. Si me pusiera a nombrar en esta tribuna a las y a los presidentes municipales, alcaldes, diputados, gobernadores y senadores de Morena que tienen nexos con el crimen organizado y se escudan en la protección que les brinda el fuero, a mí se me acabaría mi tiempo y ustedes se quedarían sin candidatos.
Es tiempo de que Morena deje de solapar a narcopolíticos y les someta a la justicia. Es tiempo que se haga la designación de Poderes en el estado de Sinaloa. Acción Nacional es la oferta política de las soluciones y las propuestas. Mientras Morena se aferra al pasado, Acción Nacional construye futuro.
Por eso ponemos pena máxima para narcopolíticos. Proponemos que las alianzas entre políticos y personas del crimen organizado sean sancionadas como delito equiparable a traición a la patria. Proponemos que el delito no prescriba y que la pena sea de por vida.
Proponemos que dicha pena impida a los integrantes del crimen organizado atentar contra las instituciones democráticas o tratar de intervenir en los resultados en una jornada electoral.
Proponemos investigar y sancionar la conducta tipificada como delito de colusión para todas y todos los titulares de los tres Poderes, de las de las Fiscalías y del secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, de acuerdo con lo establecido en la presente iniciativa y en los términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en los casos previstos del primer párrafo del artículo 2o. de dicho ordenamiento.
Permítanme ser más claro, proponemos la pena máxima para todos aquellos políticos que hagan alianzas con el crimen organizado no vuelvan a ver la luz del sol. No necesitamos rescatar a México de las manos de quienes lo entregaron al crimen organizado y la mejor forma de hacerlo es con todo el peso de la ley.
Como lo dijo nuestro fundador Manuel Gómez Morín y cuyo pensamiento me permito actualizar, las ideas, los valores del alma y las leyes son nuestras únicas armas, no tenemos otras, pero tampoco las hay mejores y si realmente quieren defender la soberanía nacional háganlo combatiendo y eliminando a la narcopolítica de este país, lo señaló Carlos Castillo Peraza, la soberanía pertenece únicamente a la nación, nunca al gobierno en turno y se materializa con instituciones democráticas y el Estado de derecho, todo lo demás es demagogia, complicidad, corrupción, usurpación e ilegalidad.
Salvemos a México dando pena máxima a los narcopolíticos, por la patria, por la familia y por la libertad. Es cuanto.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Ciudadana para dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada Rosalia León Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección frente a contenidos digitales y redes sociales violentas.
La diputada Rosalia León Rosas: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.
La diputada Rosalia León Rosas: Buenos días a todas y a todos, compañeras, compañeros, diputadas, diputados, madres, padres de familia y tutores, ¿qué estamos haciendo para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de aquello que entra todos los días a sus hogares a través de una pantalla? Hoy la violencia no solamente está en las calles también puede encontrarse en un dispositivo electrónico, en una transmisión en vivo, un video, un reto viral, una cuenta de redes sociales o un contenido que bajo la apariencia de entretenimiento termina normalizando la violencia, el odio, el acoso a conductas peligrosas.
La tecnología ofrece enormes oportunidades para aprender, comunicarse, informarse y desarrollar, pero también expone a la infancia y adolescencia a riesgos que evolucionan con una velocidad mucho mayor que nuestras leyes.
El ciberacoso, la exposición a contenidos violentos, los discursos de odio, los retos peligrosos, la explotación y el uso indebido de su imagen y datos personales forman parte de una realidad que no podemos negar. Los datos deben preocuparnos.
En México, alrededor de 25.7% de los adolescentes entre 12 y 17 años fueron víctimas de ciberacoso en 2023. Esto representa aproximadamente 3 millones 300 mil niñas, niños y adolescentes que pudieron haber experimentado miedo, humillación, aislamiento y ansiedad a través de una pantalla.
Esta iniciativa no busca prohibir la tecnología ni cerrar las redes sociales; busca proteger a quienes todavía están aprendiendo a utilizarla y lograr que los espacios digitales sean más seguros.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero también lo es el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia; ambos derechos deben coexistir bajo un principio fundamental: el interés superior de la niñez.
Por ello, necesitamos una perspectiva de protección integral y de corresponsabilidad: el Estado, las familias, las escuelas, las plataformas digitales, los creadores de contenido y la sociedad debemos asumir nuestra responsabilidad.
Proteger a la niñez en el entorno digital no puede recaer únicamente en padres y madres, ni tampoco solamente en el Estado; necesitamos reglas claras, prevención y herramientas que permitan actuar antes de que el daño ocurra.
Por eso, proponemos fortalecer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para reconocer expresamente la violencia digital como una forma de violencia que puede afectar el desarrollo físico, psíquico y social de una persona menor de edad.
También proponemos fortalecer las políticas públicas para construir entornos digitales seguros y establecer responsabilidades para los prestadores de servicios digitales, redes sociales y plataformas de video frente a contenidos que idealicen o normalicen la violencia, inciten al odio, la discriminación, el acoso o prácticas peligrosas.
También tenemos que educar, debemos enseñar a nuestras niñas, niños y adolescentes a utilizar la tecnología de manera responsable, segura y crítica. A identificar riesgos, proteger sus datos y saber a quién acudir cuando algo sucede.
Madres, padres y tutore necesitan herramientas para supervisar, orientar, prevenir riesgos y denunciar contenidos o cuentas que puedan poner en peligro a niñas, niños y adolescentes.
La tecnología avanza, las plataformas cambian y las formas de violencia también. Por ello, nuestra legislación tiene que evolucionar, porque una pantalla no elimina la responsabilidad. Esta iniciativa busca garantizar que el derecho a una vida libre de violencia también sea plenamente reconocida en el entorno digital.
Queremos que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan utilizar la tecnología para aprender a comunicarse, crear y desarrollarse sin quedar expuestos a cualquier contenido sin protección y sin acompañamiento.
No se trata de tenerle miedo a la tecnología, se trata de ponerla al servicio de las personas y especialmente de quienes necesitan mayor protección. Proteger a la infancia no significa mirar al futuro, significa asegurarnos de que pueda llegar a este un futuro con dignidad, seguridad y pleno desarrollo.
Hoy tenemos la oportunidad de actuar, de actualizar nuestra legislación y reconocer una realidad que ya está presente.
En México ningún espacio físico o digital debe ser territorio sin protección para nuestras niñas, niños y adolescentes. Porque cuando se trata de proteger a la niñez, debemos llegar después del daño, debemos prevenirlos.
Una sociedad que protege a sus niños, niñas y adolescentes en el presente es una sociedad que está construyendo un mejor futuro para todas y todos. Unidad nacional, todo el poder al pueblo, gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada, túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra el diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 386 Bis al Código Penal Federal, en materia de delito de fraude digital cometido contra adultos mayores.
El diputado Emilio Suárez Licona: Gracias, presidenta, y felicidades.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante. Y gracias, diputado.
El diputado Emilio Suárez Licona: No hay legislación más noble que la que va dirigida a los grupos vulnerables, a los niños o a los adultos mayores. La iniciativa que estoy presentando, que espero sea apoyada en el proceso legislativo, tiene que ver con fraude digital a adultos mayores. Y déjenme simular algunas llamadas que han sido ya una constante que se da en nuestro país:
–Buenas tardes, le llamamos porque se ha registrado la compra de un boleto de avión con su tarjeta de crédito. ¿Reconoce usted esta transacción?
–Señora, le estamos hablando del banco porque hemos detectado que hubo un intento de hackeo de su cuenta bancaria.
–Señor, debido al buen uso que le da a su tarjeta, el banco le está ofreciendo una recompensa económica. Si usted quiere disfrutarla, requerimos diversos datos para completar un formulario y se le pueda depositar el beneficio.
Estas son solo algunas de las frases de las trampas, de los engaños con las que los defraudadores digitales envuelven a nuestros adultos mayores para quitarles su dinero.
Hace unos días, algún conocido que tiene más de 70 años me contó la forma en la que lo contactaron, lo envolvieron y, aprovechándose de su escaso conocimiento digital, lo persuadieron para proporcionar información y así sustraer la cantidad de 400 mil pesos de su cuenta bancaria. Eran los ahorros de toda su vida.
Este caso no es excepcional, no es aislado y forma parte ya de una estadística que revela cómo los defraudadores aprovechan la vulnerabilidad digital de los adultos mayores para defraudarlos.
De eso se trata esta iniciativa: de actuar para combatir un delito que crece de forma acelerada. Las personas adultas mayores representan el 12.8 por ciento de la población total en México. En los últimos años, las personas entre 60 y 74 años han incorporado a sus vidas cada vez más el uso de internet, de las redes sociales, la banca digital y las nuevas tecnologías. Se trata de personas que en muchos casos se encuentran en la categoría de analfabetas digitales, al no contar con los conocimientos y habilidades necesarias para interactuar en el ecosistema digital de forma segura.
De ahí que el 32.2 %, es decir, la tercera parte de las quejas por fraude financiero bancario ocurre entre las personas mayores de 60 años. El fraude es el delito de mayor prevalencia en el país y 7 de cada 10 fraudes se cometen actualmente en línea o por medios digitales.
Los adultos mayores en su mayoría viven de sus pensiones o de los ahorros de toda su vida como la persona que yo conozco. A diferencia de otros grupos de edad, los adultos mayores no tienen la misma capacidad para regenerar el patrimonio perdido, generando con su pérdida un impacto más severo en su condición emocional.
Es necesario que actuemos, que modifiquemos nuestro marco jurídico para inhibir a los defraudadores, quienes, a través de la generación de confianza, el miedo, la urgencia, obtienen información, contraseñas y datos bancarios de adultos mayores con el fin de robarle su patrimonio.
Nuestro Código Penal ya considera diversos tipos de agravantes cuando la víctima se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Sin duda, el endurecimiento de penas es aplicable para el caso de estas víctimas.
Compañeras y compañeros, poner como un agravante el que sean adultos mayores en los fraudes digitales es justicia para ellos y justicia para su futuro. Pongamos un alto al abuso contra nuestros adultos mayores, que pierden su patrimonio con un solo clic. Gracias, presidenta. Es cuanto.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad.
La diputada Patricia Mercado Castro: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputada.
La diputada Patricia Mercado Castro: Presento al pleno una iniciativa para lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad, un tema que nos ha quedado pendiente en los últimos ocho años de avances y reformas por el trabajo digno.
El trabajo no es solamente una fuente de ingresos: es una herramienta de autonomía. Para las personas con discapacidad, tener un empleo significa salir al mundo, demostrar que sus límites están mucho más allá de lo que otros creen. Un ingreso ganado con esfuerzo da la posibilidad real de construir un proyecto de vida libre y elegido.
La inclusión laboral no beneficia únicamente a quien obtiene un trabajo: al reducir las barreras y las prácticas de discriminación, abre camino a otras personas con discapacidad y también disminuye, como sabemos, las cargas de cuidado no remunerado que históricamente ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres.
El sexenio pasado cerró con malos resultados en inserción laboral. Los centros de trabajo reconocidos con el distintivo de responsabilidad laboral que emplean a personas con discapacidad fue cero. Y la estrategia Abriendo Espacios redujo su efectividad al colocar en un puesto de trabajo a solo 18.5 % de solicitantes en 2023 después de que 5 años antes llegó al 23 %.
Aunque reconocemos los programas sociales que han dado apoyo a las personas con discapacidad, insistimos en que se necesitan alternativas en política laboral para romper el asistencialismo, la dependencia y la discriminación. Las personas con discapacidad agradecen, sin duda, la pensión de 3 mil 300 pesos bimestrales, pero lo que necesitan para lograr su autonomía es un trabajo digno.
Los datos del Coneval y del Inegi señalan que la tasa de participación económica de la población con discapacidad apenas llega al 40.6 %, 28 puntos por debajo para la tasa de personas sin discapacidad.
Y bajo una perspectiva interseccional, el panorama es aún peor: la participación de hombres con discapacidad es del 51.5 %, mientras que la de mujeres cae al 31 %. Esto ocurre porque persisten barreras en el entorno físico, en la formación, en los sistemas de comunicación y en la organización del propio trabajo.
Por estas razones, presento ante este pleno una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo que recupera en gran medida el trabajo legislativo impulsado en la LXV Legislatura y que fue aprobado por unanimidad en el Senado de la República en el 2022.
La iniciativa se estructura en cinco pilares: primero, reconoce la inclusión laboral como un principio de interés público y de corresponsabilidad social entre autoridades y personas empleadoras.
Segundo, instituye una cuota del 5 % de integración laboral de personas con discapacidad en centros de trabajo con 20 o más personas trabajadoras. Aquí es donde está una discusión central. Los empresarios dicen: no me pongas una cuota porque no voy a encontrar necesariamente personas con discapacidad capacitados en lo que yo necesito. Y tienen razón, pero aquí necesitamos resolver las dos cuestiones al mismo tiempo.
Por una parte, por supuesto, programas de formación, y es uno de los ejes también de la iniciativa. Para romper ese círculo vicioso una persona con discapacidad no tiene derecho al trabajo, por lo tanto, no es necesario que se capacite, y como no está capacitada, entonces nadie la va a contratar.
Necesitamos romper ese círculo entre capacitación y, por supuesto, una acción afirmativa que obligue, digamos, que como Congreso hagamos esta reforma para que los sindicatos, las empresas, las y los trabajadores y, por supuesto, las instituciones del Estado mexicano, hagan un esfuerzo por quitar este aspecto discriminatorio en la inclusión laboral.
Esta iniciativa busca contribuir al proceso ya abierto en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde hace un par de semanas se convocó a organizaciones y personas con discapacidad.
Recordemos que la jurisprudencia ya ha señalado la necesidad de que toda legislación que impacte en este sector debe acompañarse de un ejercicio de consulta pública que sea previa, informada, accesible y significativa.
Legislar para la inclusión laboral es evolucionar de un modelo asistencialista hacia un modelo de derechos humanos. Construir entornos de trabajo dignos, seguros y accesibles para las personas con discapacidad es avanzar hacia un México más justo e incluyente. Muchas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
Esta presidencia saluda a las y los alumnos de las licenciaturas en Contaduría y Finanzas y en Economía, de la Universidad Cristóbal Colón del estado de Veracruz, invitados por la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena. Sean bienvenidos a este salón de sesiones.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada Juana Acosta Trujillo, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de trazabilidad y seguridad nacional zoosanitaria.
La diputada Juana Acosta Trujillo: Con la venia, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.
La diputada Juana Acosta Trujillo: Compañeros, compañeras, legisladores, hoy desde esta máxima tribuna para abordar un tema fundamental para nuestro país, la sanidad de nuestro ganado, el patrimonio de quienes viven del campo y la soberanía alimentaria de México.
Detrás de la actividad ganadera existen miles de familias que todos los días trabajan desde temprano, mujeres y hombres que producen alimentos, generan empleos y sostienen la economía de muchas de nuestras comunidades rurales.
Como legisladora, tengo la responsabilidad de contribuir a la construcción de leyes que brinden certeza, seguridad y protección frente a los riesgos que enfrenta actualmente esta actividad. Uno de esos riesgos es la falsificación, clonación, alteración, comercialización y utilización ilegal de los dispositivos oficiales de identificación ganadera.
Hoy quiero decirles con claridad que no se trata de una irregularidad menor, estos dispositivos permiten acreditar la procedencia de un animal y dar seguimiento a su movilización, su destino. Son una pieza fundamental para mantener un sistema de trazabilidad confiable.
Cuando un dispositivo oficial es falsificado, clonado o reutilizado ilegalmente, se pierde la certeza sobre el verdadero origen del ganado, esto puede facilitar prácticas como el contrabando, el lavado de ganado o el abigeato, y la evasión de controles sanitarios de movilización.
Pero existe una consecuencia todavía más delicada, ante la presencia de una enfermedad o un brote zoosanitario, es indispensable identificar rápidamente de dónde provino el animal, por dónde transitó y con qué otros animales pudo haber tenido contacto. Contar con esa información permite a las autoridades reaccionar oportunamente, delimitar riesgos y evitar que una contingencia se extienda hacia otras regiones productoras.
Por eso sostengo que la identificación ganadera no puede verse únicamente como un requisito administrativo, constituye una herramienta estratégica para la seguridad zoosanitaria nacional.
Frente a esta realidad propongo adicionar un artículo 175 bis a la Ley Federal de Sanidad Animal, con el objetivo de establecer consecuencias jurídicas claras y firmes para quienes vulneren deliberadamente los mecanismos oficiales de identificación ganadera.
Con esta iniciativa propongo sancionar a quien fabrique, falsifique, altere, clone o comercialice, distribuya o adquiera o facilite ilegalmente estos dispositivos, así como quien los reutilice para falsear la procedencia del ganado o evadir controles de movilización, cuarentena o exportación. Planteo penas de 5 a 10 años de prisión y multas de 500 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización.
Asimismo, propongo establecer agravantes cuando participe un servidor público o personal técnico autorizado, o cuando estas conductas tengan como finalidad ocultar la procedencia ilícita del ganado, facilitar el abigeato o evadir deliberadamente los controles establecidos por la autoridad.
El objetivo de mi propuesta es concreto: cerrar espacios a la ilegalidad y fortalecer la capacidad preventiva del Estado mexicano. Quien altere un mecanismo oficial de identificación no solo incumple una disposición, puede introducir ganado de procedencia irregular a los canales legales de comercialización y provocar consecuencias económicas y sanitarias para regiones enteras.
Con esta reforma busco fortalecer la certeza sobre el origen de la movilización y el destino de los animales, brindar mayor seguridad a quienes producen dentro de la legalidad y facilitar la actualización de las autoridades ante cualquier contingencia zoosanitaria. También, considero indispensable cuidar la confianza y la competitividad de los productores pecuarios en los mercados nacionales e internacionales.
La ganadería representa comercio, empleos, ingresos para miles de familias, una contingencia sanitaria puede trascender una unidad de producción y afectar comunidades enteras, cadenas de comercialización e incluso el acceso a nuestros productos a mercados internacionales. Por eso, con esta iniciativa busco fortalecer la competitividad y la certeza jurídica de nuestro sector pecuario.
Quiero destacar un aspecto importante, no propongo crear nuevas estructuras burocráticas ni generar cargas presupuestales extraordinarias, lo que planteo es fortalecer el marco jurídico existente y aprovechar las capacidades institucionales con las que ya cuenta el Estado para hacer más afectiva la aplicación de la Ley Federal de Sanidad Animal.
Compañeros y compañeras, estoy convencida de que legislar también significa prevenir, significa identificar riesgos antes de que se conviertan en problemas mayores y cerrar espacios que pueden ser aprovechados para cometer actos ilícitos.
Por ello, hago un llamado respetuoso a las fuerzas políticas representadas en esta Cámara para respaldar esta iniciativa, porque este no es un tema partidista, estoy hablando de legalidad, seguridad zoosanitaria, economía rural y soberanía alimentaria. Estoy hablando del esfuerzo de miles de familias que han construido su patrimonio durante años y que merecen desarrollar su actividad en condiciones de certeza y legalidad.
Con esta reforma quiero enviar un mensaje claro a quien trabaja y produce dentro de la ley. Debe contar con instituciones...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Juana Acosta Trujillo: ... que lo respalden y quienes pretendan beneficiarse de la legalidad, poniendo en riesgo al sector ganadero. Deberá responder ante la ley por nuestras ganaderías, ganaderas y ganaderos, por la seguridad de nuestra producción pecuaria.
Por la economía de nuestras comunidades rurales y por la soberanía alimentaria de nuestra nación, les pido su respaldo para esta iniciativa, porque fortalecer la legalidad de nuestra ganadería es fortalecer al campo mexicano y fortalecer al campo es fortalecer a México. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Túrnense a la Comisión de Ganadería para dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 49 y un segundo párrafo al artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de protección de los derechos de las maestras y los maestros en procedimientos administrativos.
La diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hay una silla en la que una maestra del distrito que representó pasó dos años sentada fuera de su centro de trabajo. Llegaba puntual, cumplía su horario y se iba. Sin grupo, sin tarea, sin fecha y no estaba sola. En la misma oficina había otras compañeras y compañeros esperando lo mismo.
Todo empezó con un balón, en el recreo ese balón le pegó a un niño, ella no lo alcanzó, no alcanzó a detenerlo, por eso le iniciaron un procedimiento administrativo y la separaron de sus funciones.
Me buscó en un recorrido por el distrito cuando llevaban meses en esa silla, venía con todo lo que nadie había querido contestar, si eso era un castigo, hasta cuándo iba a durar y por qué toda la escuela y los padres de familia sabían que la habían acusado antes de que nadie resolviera nada, y me dijo una frase que no se me ha borrado, ¿por qué sigo aquí?, si nadie me ha probado nada.
Dos años después la autoridad resolvió que no tenía ninguna responsabilidad, dos años por un balón que no alcanzó a detener. No hubo una sanción oficial y aún así la castigaron todos los días. Por esos dos años nadie respondió, porque no hubo una regla que se rompiera. Esa regla todavía no está escrita y cada quién actuó con el criterio que tenía a la mano.
Eso es lo que hoy vengo a proponer a esta Cámara que escriba con una fracción XI al artículo 49 y un segundo párrafo al artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Su pregunta tiene respuesta en la fracción XI, nunca hubo proporción entre un balón y dos años.
La fracción exigiría que la medida provisional responda a un riesgo advertido sea proporcional a su gravedad y no opere como sanción anticipada. Y, vale en los dos sentidos, cuándo el riesgo para un niño es serio la proporcional es la separación inmediata y estricta, el expediente se movía, la silla no. Nadie preguntó, ¿si seguía habiendo riesgo ni cuánto más iba a durar?, nadie preguntó nada durante dos años.
Una medida que nadie revisa deja de ser provisional y se convierte en castigo. Por eso, la fracción exigiría que sea temporal, decir que alguien está en un procedimiento se entiende como decir algo peor y esa versión corre más rápido que cualquier resolución. En una escuela el rumor llega antes que el oficio y se queja mucho más tiempo. La fracción cerraría esa puerta, confidencialidad y prohibición de difundir información que presente como responsable a quien nadie ha declarado responsable.
Y cuando por fin llegó la resolución, ya no reparaba nada. Ella quiso volver a su grupo y le dijeron que no se podía, que su lugar ya estaba ocupado.
Un procedimiento que no probó nada no debería seguir cobrándose años después. La fracción ordenaría que las medidas queden sin efectos cuando una resolución firme no acredite responsabilidad y que la sola existencia del procedimiento no cuente como antecedente disciplinario ni genere efectos laborales o profesionales adversos. Todo esto configura una falta no grave.
Cuando alguien lo hace de manera deliberada, ejerciendo atribuciones que no tiene o valiéndose de las que tiene, ya no es un descuido, es abuso de funciones. Y para eso es el segundo párrafo del artículo 57.
Quiero ser clara sobre lo que esta reforma no hace, se dirige a las autoridades, no a quien denuncia. Ninguna queja necesita pruebas para ser recibida y ninguna autoridad pierde facultad de apartar de inmediato a una persona del contacto con el alumnado cuando hay riesgo.
El propio texto ordena observar estas obligaciones sin menoscabo del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Aquí nadie recibe inmunidad y ninguna denuncia se presenta, se presume falsa. Proteger a un niño y respetar a una maestra caben en el mismo procedimiento.
Aquella maestra ya volvió a su grupo, sus dos años ya no vuelven, ni para ella, ni para los niños que le esperaron en su lugar vacío.
Compañeras y compañeros, hacer equipo con la educación es hacer equipo con quienes la sostienen todos los días. Con ellas y con ellos se hace equipo dándoles certeza. Certeza de que su nombre no se toca mientras no haya una resolución. Eso es lo que les debemos y te pagan escribiéndolo en la ley, antes de que a alguien más le toque esa silla. Es cuanto.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Túnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra el diputado Ricardo Crespo Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 122 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
El diputado Ricardo Crespo Arroyo: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Crespo Arroyo: Compañeras y compañeros legisladores, el día presento una iniciativa que tiene una enorme importancia para la seguridad, para la justicia y, sobre todo, para la capacidad del Estado mexicano de responder ante quienes comenten un delito.
Lo que hoy estoy proponiendo es claro; derogar el artículo 122, de la Ley de Vías Generales de Comunicación. El Estado mexicano ha impulsado un proceso permanente de fortalecimiento institucional orientado a garantizar la seguridad pública, la procuración de justicia y la protección de los derechos fundamentales de las personas.
Como mexicanos no podemos pedirles a nuestras autoridades que combatan eficazmente a la delincuencia y, al mismo tiempo, mantener disposiciones que en la práctica pueden convertirse en obstáculos para realizar una investigación.
La información sobre una mercancía, una ruta, un envío, un destino o un traslado puede ser la diferencia entre prevenir un delito y llegar demasiado tarde. Entre desarticular una red criminal o permitir continúe operando, entre localizar a una persona o perder su rastro.
El artículo, la eliminación del artículo 122, de la Ley de Vías Generales de Comunicación resulta plenamente compatible con el orden jurídico vigente, toda vez que no genera vacíos normativos en materia de confidencialidad comercial, logística o financiera por las siguientes razones.
Uno, suficiencia y especialidad del marco legal mexicano, el ordenamiento jurídico mexicano cuenta con un sistema robusto diversificado y especializado de protección de la información confidencial según la naturaleza de los datos. El cual opera con independencia de la legislación de vías de comunicación.
Segundo, innecesaria duplicidad regulatoria. Mantener un candado genérico en la legislación especial de vías de comunicación obliga a la autoridad administrativa a fungir como un filtro burocrático redundante. La protección de los datos y secretos industriales no desaparece con la derogación del artículo 122, sino que se rige directamente por los estándares generales y especializados del orden jurídico mexicano, los cuales ya sancionan la revelación indebida de información.
Y quiero ser muy claro, esta propuesta no significa dejar desprotegida la información privada, comercial o financiera. No, México ya cuenta con leyes que protegen esa información y que establecen responsabilidades para quienes hagan uso indebido de ella. Lo que busco es evitar una duplicidad que termine generando confusión y, sobre todo, que impida que las instituciones encargadas de investigar puedan cumplir con su responsabilidad.
Lo que busco es la eliminación de barreras normativas obsoletas que actualmente obstaculizan las labores de investigación penal. Con ello, se favorece una coordinación ágil, expedita y directa entre los sujetos regulados y el Estado, rigiéndose bajo el marco constitucional y legal especializado, en beneficio irrenunciable de la seguridad pública, la procuración de justicia y la protección del interés general.
Estamos hablando de las vías generales de comunicación: carreteras, transporte aéreo, marítimo y ferroviario, así como de servicios de correos y telégrafos, que son espacios estratégicos para nuestra nación. Por medio de ellos se trasladan millones de personas y mercancías todos los días, pero también pueden ser utilizados por organizaciones, situaciones y actividades ilícitas.
Como legisladores, estamos aquí para cumplir con las familias mexicanas, darles seguridad y justicia, caminando en perfecta sintonía con las metas trazadas del Plan Nacional de Desarrollo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque tenemos mucha presidenta. Ella sí defiende, ella sí protege, ella sí procura la justicia y protege el interés de todas y todos los mexicanos.
Aprobando en su momento esta modificación mandamos un mensaje claro, un mensaje claro a nuestra nación: el Estado mexicano no va a claudicar en su deber de mejorar las condiciones de todas y todos los ciudadanos. Por el bien de todos, primero los pobres. Viva la soberanía nacional. Viva México. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra el diputado José Antonio Nader Nasrallah hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de fortalecer el otorgamiento de contratos públicos bajo procedimientos de licitación pública, suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Antonio Nader Nasrallah: Con su venia, presidenta. Subo a esta tribuna para presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de fortalecer el otorgamiento de contratos públicos bajo procedimientos de licitación pública, a cargo de las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En esta tesitura urge que este Congreso de la Unión priorice los mecanismos para que las asignaciones de contratos públicos se sustenten en verdaderos procesos de licitación pública para otorgar contratos a las mejores ofertas a través de procesos abiertos y fiscalizables.
De acuerdo con un análisis de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, los primeros nueve meses de la administración federal del año 2021, disponible en la plataforma de Compranet, las adjudicaciones directas fueron el mecanismo favorito de asignaciones, ya que hasta octubre del año 2024 y 21 el 80.4 % del total de contrataciones fueron asignadas directamente.
No obstante, la titular de la Secretaría de la Función Pública, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados en el año 2020, llegó a justificar su otorgamiento con base en el monto adjudicado, es decir, admitió que sí se realizaron más adjudicaciones directas por el monto adjudicado que es menor al que se ha adjudicado por licitaciones públicas.
Asimismo, datos más recientes dan cuenta de que en el año 2023 se registró el porcentaje de adjudicaciones directas más alto de los últimos 17 años con el 82 % de los contratos que se dieron bajo adjudicación directa.
Es por lo expuesto el otorgamiento de contratos públicos bajo procedimiento de licitaciones públicas es un asunto de primera importancia evitar la desproporcionalidad con la adjudicación de los contratos públicos, cualquiera que sea el monto de los mismos.
Es necesario que se detenga la asignación de contratos a amigos o de vínculos de familiares directos, evitar la valoración subjetiva de la autoridad responsable que le permita decidir que en los términos convenidos no se están contradiciendo los principios constitucionales que rigen esta materia.
Esta iniciativa busca limitar los casos en que estas adquisiciones u obras públicas puedan ser adjudicadas nuevamente... directamente, excluyendo de los supuestos en que este proceso no aplica a las licitaciones públicas cuando las contrataciones estén relacionadas con la operación y administración de infraestructura o de acciones de carácter civil y que sean siempre realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina, ya que estas no se encuentran relacionadas con los fines exclusivamente militares ni con aquellos relacionados con la preservación de la seguridad nacional o de la seguridad pública.
Con esta propuesta se restringirá que en dichos casos se otorguen contratos a través de la invitación a cuando menos tres personas o por adjudicación directa, o alguna otra modalidad que la ley lo permita.
Por lo antes expuesto, en esta iniciativa proponemos reformar los párrafos quinto y sexto, y adicionar un párrafo séptimo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos a efecto de precisar que la federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México, tanto sus demarcaciones territoriales, estarán obligadas a observar estas disposiciones en materia de procedimiento de contratación pública, debiendo prever en sus legislaciones los procedimientos de contrataciones distintas a las licitaciones públicas.
Establecer un tope a las contrataciones vía adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas, y las demás que contemplen siempre las leyes, las cuales no deberán exceder del 20 % del presupuesto total asignado a las dependencias y entidades que han sido asignadas, estas dependencias, que tengan contemplado para el ejercicio fiscal correspondiente. Asimismo, estos procedimientos...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputado.
El diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah: ... no podrán fraccionarse con las intenciones de quedar comprendidos en los supuestos de excepción que establezca la ley en esta materia. Establecer la sujeción de los procesos de licitación pública tratándose siempre de obras públicas realizados por la Sedena o por la Marina.
Las y los diputados del Partido Acción Nacional estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas que han formado parte de nuestros principios y los estatutos formales de la plataforma política de nuestro partido. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada María Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Educación Superior en materia de fortalecimiento, enseñanza, preservación y reconocimiento académico de las lenguas indígenas nacionales.
La diputada María Graciela Gaitán Díaz: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputada.
La diputada María Graciela Gaitán Díaz: La diversidad cultural es uno de los pilares del Estado mexicano, la conformación histórica de la nación tiene sus raíces en los pueblos indígenas que han sido, que han sabido conservar sus propias formas de organización social, sistemas normativos, expresiones artísticas, conocimientos tradicionales y su riqueza lingüística.
Las lenguas indígenas nacionales representan un patrimonio vivo que trasciende la función comunicativa, en ella se preservan conocimientos sobre el territorio, la biodiversidad, la medicina tradicional, la resolución comunitaria de conflictos, las prácticas agrícolas, la cosmovisión y la memoria histórica de los pueblos que las hablan. Cada lengua constituye una forma particular de interpretar la realidad y una expresión irrepetible.
El reconocimiento constitucional de la composición pluricultural del país implica una responsabilidad permanente para el Estado mexicano, pues exige no solo reconocer la existencia de los pueblos indígenas, sino también establecer mecanismos que garanticen el ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho a conservar y transmitir sus lenguas.
En los últimos años México ha avanzado en el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas, las reformas constitucionales, la expedición de leyes especializadas y la incorporación de instrumentos internacionales han fortalecido el marco de protección de los derechos lingüísticos.
Sin embargo, la realidad demuestra que aún existen importantes desafíos para traducir ese reconocimiento normativo de acciones concretas que garanticen su ejercicio cotidiano. Hoy persisten brechas entre el contenido de las normas y las condiciones materiales que permitan preservar las lenguas indígenas como parte del patrimonio cultural de la nación.
Diversos procesos han contribuido a reducir los espacios donde estas lenguas se utilizan de manera habitual, limitando su transmisión entre generaciones y disminuyendo el número de hablantes. La desaparición de una lengua implica la pérdida de conocimientos, expresiones culturales y formas de organización social, que enriquecen el patrimonio colectivo del país.
Cada lengua que deja de transmitirse significa también la desaparición de una forma particular de comprender el mundo. Por ello, la protección de las lenguas indígenas debe ser una política de Estado, orientada a preservar uno de los componentes más importantes de la diversidad nacional.
En este contexto, el sistema educativo representa el instrumento más eficaz para fortalecer la permanencia de una lengua, pues es en la escuela donde las nuevas generaciones adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y construyen valores relacionados con la identidad nacional.
El sistema educativo nacional debe promover que todas las personas conozcan la diversidad lingüística que caracteriza al país y comprendan el valor cultural, histórico y social que esto representa.
La enseñanza de las lenguas indígenas, favorecen el desarrollo de una ciudadanía intercultural basada en el respeto mutuo, la inclusión y la igualdad sustantiva, además de contribuir a la disminución de prácticas discriminatorias.
También se debe de tomar en cuenta que diversos servicios públicos requieren una comunicación efectiva con personas hablantes de estas lenguas, por ello la formación de profesionistas con conocimientos en lenguas indígenas fortalece la calidad de los servicios públicos, mejora el acceso efectivo a derechos fundamentales y contribuye a reducir barreras de comunicación entre las instituciones públicas y las comunidades indígenas.
La presente iniciativa parte de la convicción de una política educativa moderna debe reconocer. Al mismo tiempo, la importancia del aprendizaje y del español, el dominio de lenguas extranjeras y la preservación de las lenguas indígenas nacionales, entiendo que estos rubros no son excluyentes sino complementarios para el desarrollo integral.
La legislación educativa vigente incorpora principios relacionados con la inclusión, la interculturalidad y el respeto a la diversidad cultural. Sin embargo, estos principios requieren fortalecerse mediante disposiciones que impulsen de manera más decidida la enseñanza y valoración de las lenguas indígenas dentro de todos los tipos educativos.
La presente iniciativa no pretende establecer una obligación general para que todas las personas aprendan una lengua indígena.
Su finalidad consiste en ampliar las oportunidades de enseñanza y reconocimiento académico de dichas lenguas dentro del sistema educativo nacional. Además, se busca impulsar la investigación, documentación y preservación de las lenguas indígenas mediante proyectos universitarios y de largo plazo, contribuyendo a su revitalización y fortalecimiento.
La enseñanza de las lenguas indígenas no debe concebirse exclusivamente como una medida...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada María Graciela Gaitán Díaz: ... dirigida a los pueblos originarios. Por el contrario, debe entenderse como una política educativa orientada a fortalecer el conocimiento de la diversidad nacional, promover el respeto entre las distintas expresiones culturales y contribuir a la construcción de una sociedad más incluyente.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, les pido su apoyo para que esta iniciativa transite una vez que sea turnada a la comisión dictaminadora. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo transitorio segundo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se abroga su Ley Orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023 para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el propósito de impulsar el establecimiento de pensiones equitativas. Adelante, diputado.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: Ánimo, ánimo. Desde Navolato vengo. Con el permiso de la Mesa Directiva y con el permiso del pueblo de México. Hoy vengo a tocar algo muy sensible, algo que el magisterio y todos los trabajadores al servicio del Estado gritan, pero no gritan de júbilo y no gritan de alegría, gritan de dolor y gritan de tristeza.
La palabra jubilación significa propiamente eso, proviene del latín jubilare, que significa en términos gritar y saltar de alegría, pero lo repito otra vez, es un grito de tristeza cuándo ya los trabajadores pasan a jubilarse. Lo digo una y otra vez.
Y empiezo con una iniciativa que hemos estado proponiendo varias veces y que en el mes de abril la volvimos a ratificar que es de acuerdo a las Unidades de Medida y Actualización, las famosas UMAs que a los jubilados les pagan en UMAs y no les pagan en salarios mínimos, y si se les descuenta en salarios mínimos les tienen que pagar la jubilación en salarios mínimos.
Hacemos una pequeña historia y chéquenlo ustedes y me van a dar la razón y hay que sacarnos un diez con los trabajadores para el momento de jubilarse. En 2016 la UMA era de 73 pesos con 4 centavos y el salario mínimo exactamente 73 pesos con 4 centavos, ahí no había ningún problema, era lo mismo si le pagaban en UMAs y le pagaban salarios mínimos.
Pero, vean el desarrollo, ya en el 18 la UMA era de 80 pesos con 60 centavos y el salario mínimo ya era de 88 con 36, 8 pesos más. Nos vamos al 22 y era de 96 pesos con 22 centavos la UMA y el salario mínimo con 172.87, ya una diferencia grande. Pero, chéquenla ya para el 26, para no irme año tras año, el 26, este año la UMA es 117 pesos con 31 centavos y el salario mínimo con 315.
¿Qué quiere decir esto? Que, si hoy un trabajador se jubila en UMAs esos 117 por los 30, por los 10 días, da 35 mil 193, pero si se jubilara con los salarios mínimos los 315 por los 30 días del mes, por los 10 días serían 94 mil 452 pesos. Chequen la diferencia, chequen, 35 a 94, pero sí estuviera en la frontera el salario mínimo es de 440.87, tuviera una jubilación de 132 mil 261, qué chulada. Ahí sí, gritaba de júbilo, gritaba de alegría por jubilarme, ¿sí?
Si sacamos otras cuentas, porque se reformó el decreto de esto, del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el 30 pasado de abril, para los trabajadores regidos por las leyes del IMSS y del ISSSTE, y en ese artículo 127 constitucional de las famosas pensiones doradas, que nuestra presidenta tuvo a bien dar aquí en el Congreso y nosotros votar, es la mitad de su sueldo.
Y esas pensiones tienen un tope de 70 mil pesos al mes, que es el 50% del sueldo de las ciudadanas. Repito, el 10 de abril de 2026 metimos nosotros eso. Pero esto no toca las pensiones de los trabajadores del IMSS y del ISSSTE.
Pero ¿qué pedimos?, ¿qué pedimos nosotros que se haga? Así como hay un tope en el pago de las pensiones, también que haya pago de pensiones de un piso; que no gane menos de eso, porque hay trabajadores que ganan una irrisoria cantidad en la cuestión de la jubilación y queremos que ganen más.
Si sumáramos, ¿sí?, el sueldo de la presidenta, de 134 mil 290, entre tres, daría 44 mil 763 pesos; y un estudio de familia de cuatro integrantes, papá, mamá y los hijos, señala que el promedio de gasto para satisfacer todas las necesidades es de 42 mil 735.
Fíjense. Si sacáramos un promedio de los 94 mil 452 de los salarios mínimos con los 35 mil 193 de las sumas, daría un total de 129 mil 645; entre los dos sería 64 mil 822 pesos.
¿Qué pedimos? Que no nos paguen esto, los 64 mil 822 pesos, sino que fluctúe entre el pago de la pensión de los trabajadores; y pedimos que a todos los trabajadores se les paguen...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputado.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: ... un mínimo de 44 mil 763 pesos como pensión mínima, como pensión piso. Por eso decimos que tenemos que gritar de júbilo y tenemos que gritar de alegría. Ánimo y a sacarnos un diez. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Vamos, pues, a sacarnos ese diez, es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Bienestar, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Esta Presidencia saluda a Ana Rosa Váldez, diputada local del estado de Veracruz y a Chirley Panamá, invitadas por la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del PRI. Sean bienvenidas a ese salón de sesiones.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra el diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 32 Bis, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de precios comparables y prevención de descuentos fraudulentos en las ventas digitales.
El diputado Yerico Abramo Masso: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputado.
El diputado Yerico Abramo Masso: Compañeras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna a presentar esta iniciativa de ley que modifica el artículo 32 Bis, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y lo que busca, amigas y amigos, es hacer más competitiva las plataformas de venta digital, pero también más transparentes.
Hoy en México se compra casi el 4 % del PIB nacional en plataformas digitales. Hoy en el 10 de mayo, en el Buen fin, en el Día del padre, el Día del niño y de la niña millones de mexicanas y mexicanos compramos vía tarjetas, apps, plataformas digitales; Amazon, y muchas otras cosas que están de oferta para productos en nuestro país.
Según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online, el comercio electrónico de venta al por menor en México alcanzó un valor de 941 mil millones de pesos en el año 2025. Esto representó un 19. 2 % más que el año inmediato anterior.
En el Buen fin se vendieron 219 mil millones de pesos; en el 10 de mayo se vendieron 94 mil millones de pesos en comercio digital. En el Día del padre se vendieron 14 mil millones de pesos y en el Día de la niña y el niño, 37 mil millones de pesos.
Eso está muy bien, amigas y amigos legisladores, pero el grave problema que tenemos es que en el comercio que actualmente tenemos falta mucha transparencia y mucha atención de la lista de precios.
Y pongo un ejemplo muy fácil, dos meses antes del Buen Fin, muchos comercios organizados suben sus precios 20, 15, 18, 30 por ciento y, una semana antes del Buen Fin, dicen: –Te vamos a dar un descuento del 15 o del 20 por ciento– sobre el 30 por ciento que ya habían subido.
Entonces te dicen: esta pantalla LED o high definition, que cuesta 20 mil pesos en el mes de abril, la suben en el mes de mayo o la suben en el mes de septiembre, la suben de 15 mil a 25 mil pesos, y llega el Buen Fin y te dicen: –Esta tele te la damos en 18 mil pesos–. Sigue estando más cara que los 15 mil pesos originales que tenían en el mes de abril.
La reforma al artículo 32 Bis que estoy proponiendo de la Ley de Protección al Consumidor lo que busca es que las plataformas de venta digital pongan los últimos 60 días de su precio, para que la gente pueda tomar las mejores decisiones de compra antes de ponerle sí al cargo a la tarjeta de crédito, y esto les permita a los consumidores blindar su economía y comprar los mejores productos al mejor precio, y hacer plataformas digitales mucho más competitivas y menos opacas.
Por un comercio competitivo, transparente y que genere empleos, hagamos un comercio justo, un comercio que genere alternativas verdaderas de descuento y saquemos del contexto el abuso, la opacidad y los precios inflados.
Hoy por hoy, compañeras y compañeros legisladores, si dictaminamos esta ley, vamos a estar muy a tiempo antes de que nos llegue el Buen Fin, para poder tener las mejores ofertas en los mejores momentos en las plataformas digitales.
Y con esto quiero aprovechar, antes de terminar mi tiempo, comentarles que a la Ley de Protección al Consumidor le hemos hecho muchos remiendos. Tan solo un servidor ha presentado seis iniciativas de ley que tienen que ver con la protección a las y los consumidores de México, y el problema que tenemos, amigas y amigos legisladores, es que la ley no está actualizada.
Yo hago un llamado para que podamos hacer una comisión de análisis para crear una nueva ley, un nuevo marco jurídico para el tema de protección al consumidor. Garanticemos derechos de todas y de todos, transparencia, mejor precio y mejores condiciones de compra para las y los mexicanos.
A la fecha, hay más de 6 mil iniciativas de ley de esta legislatura en comisiones, más de 6 mil, con un proceso de dictaminación de menos del 95 por ciento. Solamente se han dictaminado menos del 6 por ciento de las iniciativas que llegan a las comisiones.
Todas ustedes y todos ustedes han presentado iniciativas de ley, todos hemos presentado iniciativas de ley. Yo, al día de hoy, llevo 121 iniciativas de ley presentadas y menos de 5 dictaminadas.
¿Por qué está pasando esto, amigas y amigos? Porque las comisiones tienen que ser más dinámicas, todos tenemos que ser más corresponsables y, como legisladoras y legisladores, tenemos que ponerle mucha atención a lo que esta Cámara propone y a lo que dictamina.
Creo que todas y todos venimos con una intención después de la elección: traer la voz ciudadana a las iniciativas de ley que presentamos. Y quizá no todas tendrán que pasar, pero yo sí creo que es importante que se dictamine ya sea a favor o en contra las leyes que están en turno a comisión.
No pasemos a la historia con una legislatura que solamente votó lo que venía del Ejecutivo federal, tenemos que votar lo que proponen las y los legisladores de todos los grupos parlamentarios. Es cuanto, diputada presidenta. Y hago un llamado respetuoso para que podamos modernizar esta legislatura. Muchas gracias y buenas tardes.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de reconocimiento de la madre tierra.
La diputada Ciria Yamile Salomón Durán: Gracias. Con su venia, presidenta. Nosotros dependemos de la tierra, pero la tierra no depende de nosotros. Estamos ante una de las oportunidades históricas para emitir una Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente que garantice realmente el cuidado efectivo de nuestro entorno. Y, para lograrlo, tenemos que superar paradigmas arcaicos y obsoletos que veían al medio ambiente como un recurso explotable e infinito y reconocerlo por lo que realmente es, el suelo, la tierra, el agua y el aire que nos sostienen y nos alimentan.
Las cuentas económicas y ecológicas del Inegi revelan que los costos por degradación ambiental y agotamiento de los recursos naturales equivalen al 4.1 % del producto interno bruto nacional, una cifra que asciende a más de 1.38 billones de pesos anuales.
Este impacto económico no es abstracto, se traduce en la generación de más de 102 mil toneladas de residuos sólidos urbanos cada día, toneladas de residuos cada día, en la contaminación de nuestra infraestructura hídrica y en la emisión constante de gases contaminantes que se sitúan a la contaminación del aire en nuestras ciudades como uno de los principales factores de gasto ecológico y de salud pública.
A la crisis urbana se suma la pérdida acelerada del patrimonio natural de las zonas rurales y selvas. De acuerdo con el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de la Conafor, México registra una deforestación bruta por medio de entre 177 mil y 200 mil hectáreas al año, impulsada principalmente por el cambio de uso de suelo.
Para ponerlo en perspectiva, cada año perdemos bosques y selvas en una superficie equivalente a la Ciudad de México y sus municipios conurbados. Eso destruye hábitats, agrava la crisis hídrica por la sobreexplotación de los acuíferos y frena las posibilidades de desarrollo sostenible de nuestro país.
Y todos sabemos que no es una situación aislada. A nivel internacional, un número creciente de naciones y tribunales están abandonando la visión tradicional que reduce al medio ambiente a una simple fuente de recursos explotables, transitando hacia el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos.
Pionero en este cambio histórico fue Ecuador que incorporó a los derechos de la Pachamama en su Constitución de 2008, mientras que Bolivia promulgó la Ley Marco de la Madre Tierra en 2012 para garantizar legalmente su restauración y protección.
Este modelo vanguardista se ha expandido a escala global mediante sentencias y leyes locales: en Nueva Zelanda se otorgó personalidad jurídica al río Whanganui; en Colombia las Altas Cortes declararon como sujetos de derechos al río Atrato y a la Amazonía colombiana; en España se reconoció el estatus de la persona jurídica a la laguna del Mar Menor e, incluso, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 22 de abril como el Día de la Madre Tierra.
Estos precedentes internacionales apelan a un cambio de paradigma imperativo: entender que proteger el entorno ya no es una opción política pública, sino una obligación legal y ética ante la crisis global.
Entidades de nuestra federación lo han entendido. México ya cuenta con precedentes pioneros que han comenzado a incorporar esta vanguardia jurídica en sus marcos normativos. La Ciudad de México marcó un hito histórico al reconocer en su Constitución a la naturaleza y sus ecosistemas como entes colectivos sujetos de derechos, obligando a las autoridades a garantizar su preservación y restauración.
A este hecho se han sumado estados como Oaxaca en 2021, Guerrero, Colima y el Estado de México cuyas reformas constitucionales y leyes locales han reconocido explícitamente los derechos intrínsecos de la biodiversidad, las especies nativas y los cuerpos de agua a existir, regenerarse y mantener sus ciclos vitales.
Y la pregunta aquí, compañeras y compañeros, es: ¿cuándo avanzaremos en el ámbito federal? ¿Hasta qué momento realizaremos este cambio a nuestras leyes? ¿Es necesario ver secos todos nuestros ríos y contaminadas todas nuestras lagunas para que, por fin, cambiemos esta forma de ver la naturaleza? ¿Una vez que estén talados todos nuestros bosques e incineradas todas nuestras parcelas entenderemos?
La necesidad de reconocer a la madre tierra como sujeto de derechos, de respetar sus ciclos y de garantizar su debida protección y procuración en su conjunto, es urgente y necesaria esta nueva ley.
Por eso presento esta iniciativa, con la esperanza de que se incorpore en los principios rectores de esta propuesta, porque, compañeras y compañeros legisladores, lamentablemente es ahora o nunca. Por el derecho a la vida, muchas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra el diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el Código Civil Federal en materia de protección patrimonial del adulto mayor.
El diputado Bruno Blancas Mercado: Con la venia, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputado.
El diputado Bruno Blancas Mercado: Compañeras, compañeros legisladores, hablar de los derechos de las personas adultas mayores es hablar de dignidad, justicia y reconocimiento, es hablar de quienes durante toda una vida trabajaron, cuidaron a sus familias y contribuyeron a construir el país con el que hoy contamos.
En México no solo construimos patrimonio, construimos hogares, por eso cada inmueble, cada terreno y cada casa acumulada por una persona adulta mayor representa mucho más que solamente un valor económico, representa décadas de trabajo, esfuerzo, sacrificio, y en muchos de los casos privaciones.
Cuando una persona adulta mayor es despojada de su patrimonio no pierde únicamente una propiedad, pierde su hogar, su seguridad, su independencia, y la tranquilidad que debería de acompañarnos a todos en esta etapa de la vida.
La iniciativa que hoy presentamos parte de una realidad que no podemos ignorar, las personas adultas mayores pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad frente al fraude, a la manipulación, a la coacción y al abuso patrimonial.
De acuerdo con los datos disponibles, el 87% de los casos de violencia contra las personas adultas mayores ocurre dentro de los ámbitos familiares, y el 41% corresponde específicamente a la violencia patrimonial.
Esto nos obliga a reconocer que el abuso no siempre proviene de desconocidos, en ocasiones puede venir, precisamente, de quienes deberían brindar el cuidado, el apoyo y la protección.
El caso del señor don Juan, en Puerto Vallarta, es un ejemplo doloroso de lo que ocurre cuando la protección jurídica resulta insuficiente. Después de trabajar toda su vida, don Juan terminó siendo desalojado de su propio hogar por intereses de su familia, luego de una serie de actos jurídicos realizados en un contexto de manipulación y bajo el argumento de proteger al patrimonio familiar.
Este caso nos deja una enseñanza fundamental, ninguna firma, donación o acto jurídico, debe convertirse en una herramienta para despojar a una persona adulta mayor de aquello que construyó durante toda su vida.
Por ello, esta propuesta plantea establecer un usufructo vitalicio obligatorio en favor de la persona adulta mayor que done un inmueble y, en su caso, de su cónyuge. El objetivo es claro, donar una propiedad no debe significar perder el derecho a vivir en ella, disfrutarla o recibir los ingresos que pueda generar.
Asimismo, se contempla cuidar al cónyuge sobreviviente, porque la muerte de uno de los integrantes de esta pareja no debe convertirse en una oportunidad para arrebatarle al otro su vivienda o sus medios de subsistencia.
También se busca fortalecer la posibilidad de revocar donaciones o solicitar la nulidad de actos jurídicos cuando exista engaño, abuso, coacción o despojo.
Salvaguardar el patrimonio de las personas adultas mayores, no significa limitar su libertad. Significa garantizar que esa libertad sea auténtica, informada y ejercida sin presiones.
Una donación no puede convertirse en una sentencia de despojo, la confianza en la familia no puede utilizarse para cometer un desalojo. Después de una vida de trabajo, nadie debería terminar en la calle por haber confiado en los suyos.
Esta reforma propone algo fundamental, que el patrimonio construido durante toda la vida siga cumpliendo su propósito esencial, que es garantizar una vejez digna para todos.
Proteger a nuestras personas adultas mayores, es proteger la memoria, el esfuerzo y la dignidad de nuestras propias familias. Porque una sociedad que verdaderamente reconoce a sus adultos mayores, no solo les agradece lo que hicieron por ella, también se asegura de que no puedan arrebatarle lo que legítimamente construyeron en su vida productiva.
Protejamos la dignidad de nuestros adultos mayores. Y a todos los abuelitos les damos las gracias por ser la raíz fuerte de nuestro árbol familiar que nos ha llenado de guía. Construyamos todos juntos un México libre, igualitario, fraterno y soberano. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia para dictamen. Esta Presidencia saluda al Colectivo Intercultural de Pueblos Indígenas del estado de México, invitados por la diputada Claudia Leticia Garfias Alcantara, del Grupo Parlamentario de Morena. Sean bienvenidos a este salón de sesiones.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de crear la figura del consejo consultivo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputada.
La diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer: Compañeras y compañeros, hoy venimos a presentar un proyecto que no busca imponer, sino fortalecer algo que nos pertenece a todas y a todos: el derecho a saber, repito, el derecho a saber.
Hablo de transparencia como herramienta de democracia, de la rendición de cuentas como regla y no como excepción, y del acceso a información pública como un deber del Estado.
Este proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el único objetivo claro de crear un consejo consultivo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué será importante crear este consejo? Porque cuando el país exige resultados, también exige coordinación, criterios claros y la información en tiempo y forma.
La transparencia no funciona a ciegas. Con este consejo consultivo, el sistema nacional generará una visión técnica, un acompañamiento y recomendaciones que ayuden a corregir el rumbo en tiempo.
Un consejo consultivo es un puente entre el Estado y la sociedad, y nace para sumar. Al crear esta figura, el sistema nacional contará con un espacio permanente para emitir recomendaciones y observaciones que favorezcan criterios más convenientes, mejor planeación, mayor efectividad y un enfoque centrado en el derecho al acceso a la información pública.
En resumen, menos discrecionalidad y más claridad. Transparencia para prevenir la corrupción y aquí quiero detenerme, la corrupción no crece sola se alimenta de la opacidad y ejemplos recientes nos recuerdan por qué este tema no puede tratarse con tibieza, necesita soluciones.
Por eso, necesitamos hacer preguntas para que en el poder no puedan evadir su respuesta. Tal es el caso, por ejemplo, de Romedic, empresa propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, a varios nos hace sentido como amigo de Andy López Beltrán, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó de 2020 a 2022, más de 490 millones de pesos provenientes del extinto Insabi, que terminaron en las cuentas de Romedic, mediante operaciones que participaron los gobiernos de Quintana Roo y de Tabasco. La investigación también señaló que en esta lista aparecían también distribuidores de medicamentos que incumplían con la regulación sanitaria.
Esta empresa terminó recibiendo cientos de millones de pesos provenientes de recursos públicos y la pregunta es muy clara, quién tomó estas decisiones, bajo qué criterios, quién revisó los contratos para que no llegaran a esta empresa tantos recursos provenientes del gobierno.
Otro caso que también es digno de mencionar son las investigaciones periodísticas que reportaron entre 2022 y 2024 durante la gestión de funcionarios de Cenagas se otorgaron 12 contratos por alrededor de 2 mil millones de pesos a empresas vinculadas con los cercanos de Andy López Beltrán, la fuente, Latinus.
Nuevamente, no estamos diciendo que una relación personal sea por sí misma un delito, estamos diciendo algo mucho más sencillo, cuando hay dinero público de por medio las relaciones personales deben de estar sometidas al escrutinio público, porque en democracia no basta decir confiemos en nosotros, la respuesta debe de ser, aquí están los contratos, aquí están los criterios de selección, aquí están los expedientes, aquí está la información y así dejar que se revisen como todo procedimiento es obligado a ser.
Compañeras y compañeros, el Partido Acción Nacional, en el Partido Acción Nacional creemos en las instituciones que trabajan en base a la ley y a los mecanismos que garanticen que la ciudadanía puede exigir cuentas.
Esta propuesta no tiene colores, por eso queremos sumar las voluntades para crear este Consejo Consultivo como un sistema nacional de acceso a la información pública, porque cuando un ciudadano tiene acceso a la información, tiene poder y cuando tiene poder, la democracia se fortalece. Es cuanto.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XIV, al apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho permanente a la representación política de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputada.
La diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro: Legisladoras y legisladores, hoy vengo a esta tribuna a hablar de una deuda histórica que México tiene con nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Y voy a empezar con algo muy sencillo, la representación política no puede ser una medida temporal, tiene que ser un derecho y debe estar plasmado en la Constitución.
En los últimos procesos electorales, las acciones afirmativas permitieron que más personas con autoadscripción indígena y afromexicana llegaran a este Congreso y eso fue un avance histórico.
Y quiero decirlo con claridad, las acciones afirmativas no fueron un error, fueron un paso necesario para corregir una desigualdad histórica y abrir espacios de representación que durante mucho tiempo estuvieron cerrados, pero también se debe reconocer una realidad. Los derechos no pueden depender de medidas temporales o de acuerdos políticos, lo que hoy tenemos que hacer es convertir ese avance en una garantía constitucional permanente, porque lo que se ha conquistado no debe de quedar sujeto a decisiones coyunturales.
Por eso propongo adicionar una fracción XIV, al apartado A del artículo 2o. constitucional, para reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a contar con una representación política efectiva y progresiva, tanto en el Congreso de la Unión como en las legislaturas de las entidades federativas. Esto es justicia, lo digo desde Chiapas, desde mi tierra, desde una realidad que conozco de cerca.
He recorrido nuestras comunidades, sé de las necesidades, sé de las luchas y también sé de las esperanzas. Sé que hablar de nuestros pueblos originarios no es hablar de los otros, sino que es hablar de nosotros. Porque nuestros pueblos originarios están nuestras raíces, nuestra historia, nuestras lenguas, nuestra cultura y una parte fundamental de lo que somos como nación.
Y hay algo que no podemos olvidar, nuestros pueblos originarios estuvieron aquí antes que muchas instituciones, antes que los congresos, antes que los partidos políticos, antes que las estructuras electorales que hoy conocemos.
Por eso, no estamos hablando de conceder un espacio a quienes han estado fuera de la vida pública, estamos hablando de reconocer plenamente a quienes han formado parte de esta nación desde las raíces, a quienes también formaron el México presente.
Los pueblos indígenas no pueden ser buscados solamente en tiempos electorales, buscamos el derecho de ser representados permanentemente mediante los mecanismos que instruyan las instituciones.
Esa representación debe estar protegida por nuestra Constitución, porque una acción afirmativa puede abrir una puerta, pero cuando detrás de esa puerta hay un derecho, esa puerta no puede cerrarse. Debe permanecer abierta para las generaciones que vienen.
Quiero hacer también una precisión importante, de la propuesta de la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, no establece de manera expresa el carácter permanente de la representación política mediante acciones afirmativas.
Por eso, esta iniciativa busca dar un paso más, que el avance alcanzado mediante las acciones afirmativas deje de depender de medidas temporales y se convierta en una garantía constitucional.
Compañeras y compañeros, si México se reconoce como una nación pluricultural, esa diversidad no puede quedarse solamente escrita en nuestra Constitución, tiene que estar presente en los espacios donde se decide el futuro de nuestro país.
Por eso les pido que acompañemos esta iniciativa porque con ella estamos reconociendo, garantizando un derecho que ha correspondido a nuestros pueblos originarios. No están pidiendo un lugar en México; el Estado mexicano tiene la obligación de reconocer el lugar que siempre han tenido. Muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para opinión.
Esta Mesa Directiva felicita a la diputada Greycy Marian Durán Alarcón, del Grupo Parlamentario del PT, con motivo de su cumpleaños. Le extendemos una atenta felicitación, en especial por ser la diputada más joven del Congreso. Felicidades, diputada.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Estrada Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 5 del artículo 266 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del orden en que aparecen los emblemas de los partidos políticos en las boletas electorales.
El diputado Francisco Javier Estrada Domínguez: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputado.
El diputado Francisco Javier Estrada Domínguez: Saludos desde esta alta tribuna al pueblo de México, de manera especial a mi estado de Guanajuato, a la gente del distrito cuatro. También quiero aprovechar para felicitar a nuestra presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por el segundo informe que ayer rindió ante esta soberanía y que también nos deja, para el estado de Guanajuato, una gran lección de que sí se pueden hacer las cosas.
Actualmente, Guanajuato está dentro de los proyectos nacionales. Hay infraestructura, educación, salud, energía, justicia social y programas para el bienestar. Todo esto se está llevando a cabo en todo lo largo y ancho del estado de Guanajuato.
Ahora paso al contenido de la iniciativa por la cual hoy estoy aquí, en esta alta tribuna. Propongo al Pleno una iniciativa con proyecto de decreto para que se reforme el numeral 5 del artículo 266 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del orden en que aparecen los emblemas de los partidos políticos en las boletas electorales.
En resumen, quiero reducir al mínimo el sesgo electoral que aún persiste en este ordenamiento jurídico. La democracia constitucional exige que los procesos electorales se desarrollen bajo condiciones de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, procurando en todo momento que las distintas fuerzas políticas que participan en una elección cuenten con las condiciones más equitativas para competir en el voto de la ciudadanía.
Dentro de los elementos que integran un proceso electoral se encuentra la boleta electoral, instrumento mediante el cual las personas ciudadanas expresan su voluntad en las urnas y que por ello debe reunir condiciones que permitan garantizar a las distintas, opiniones políticas, opciones políticas sean presentadas de manera imparcial.
Actualmente este numeral establece, artículo 266, numeral 5, los emblemas o color de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden que le corresponde de acuerdo a la fecha de registro, de acuerdo a la fecha de registro. En el caso de dos o más registros de partidos políticos hayan sido otorgados en la misma fecha, los emblemas de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden descendiente que le corresponde de acuerdo al porcentaje de la votación obtenida en la última elección de diputados federales.
Es decir, la regla general, con base, se basa en la fecha de registro para que aparezca el emblema o color de los partidos políticos en la boleta electoral. Es decir, por los siglos de los siglos o, bueno, si sigue conservando su registro el partido del PRI, siempre aparecerá en primer lugar.
Esto es como lo que conocemos actualmente como sesgo de ordenamiento. Y claro que hay un efecto en la votación, hay estudios muy serios por diferentes dependencias a nivel nacional, a nivel internacional, que indican que un porcentaje entre el 1 y el 10 % en la votación puede influir en la ubicación del color o del emblema del partido político en la boleta electoral. –Qué vamos a– Qué estamos proponiendo:
1. Eliminar la ambigüedad del registro como criterio para determinar la posición de los partidos políticos en las boletas electorales.
2. Evitar que una fuerza política conserve permanentemente una posición determinada en la elección.
3. Garantizar que todos los partidos políticos participen, tengan las mismas posibilidades de ocupar cualquiera de las posiciones disponibles.
4. Incorporar un mecanismo transparente, público y verificable para la asignación de las posiciones.
5. Reducir en la medida de lo posible los efectos derivados del denominado sesgo de ordenamiento.
6. Fortalecer el principio de equidad en la competencia electoral.
7. Evitar que los partidos políticos de reciente creación sean colocados automáticamente en la última posición, es decir, la más desfavorable.
¿Qué estamos proponiendo? En el numeral 5o. del artículo 266 el texto que se propone es el siguiente: para establecer el orden en que aparecerán en la boleta los emblemas o colores de los partidos políticos se deberá usar un método aleatorio de insaculación que deberá ser llevado a cabo en sesión formal y pública del Consejo General.
Dicho organismo, mediante acuerdo emitido previamente a dicha insaculación, establecerá los lineamientos, los requisitos y los materiales a ser usados en esta, buscando siempre garantizar la igualdad entre cada partido político y sus correspondientes candidatos y candidatas.
Para efectos mencionados en el párrafo precedente, se considera como primer lugar de aparición el ubicado en la parte superior izquierda de la boleta; el segundo, el lado derecho del anterior; y el tercero, inmediatamente debajo del primero, y así sucesivamente. Vienen los transitorios y con esto concluyo.
Diputadas y diputados, las elecciones deben ganarse de manera democrática, clara y transparente, no por el sesgo de ordenamiento que actualmente se encuentra vigente en la ley electoral. Por eso, yo les solicito que esta iniciativa sea aprobada por esta Cámara de Diputados y Diputadas. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Reforma Política-Electoral para dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada Aremy Velazco Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de fortalecimiento normativo contra el robo carretero.
La diputada Aremy Velazco Bautista: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, transitar por una carretera no debería significar poner en riesgo nuestro patrimonio, nuestra integridad o nuestra vida.
Sin embargo, el robo carretero se ha convertido en un problema que rebasa fronteras en cualquier estado, afecta a las familias que viajan, a quienes utilizan diariamente las carreteras para trabajar, a los transportistas, al comercio, al turismo y a las actividades económicas que dependen de la movilidad de nuestro país. Por eso, garantizar su seguridad es una responsabilidad que debemos asumir con toda seriedad.
Como representante de San Luis Potosí, me preocupa especialmente lo que ocurre en mi estado, donde se ha registrado una alta incidencia de robos y asaltos carreteros. Y me preocupa particularmente que una parte muy importante de estos hechos afecten a vehículos particulares porque eso significa que el problema alcanza directamente a las familias y a los ciudadanos que transitan por nuestras carreteras. Pero también afecta a transportistas, pasajeros, turistas y a quienes dependen de esas vías para desarrollar sus actividades.
El problema se vuelve todavía más grave cuando el robo se acompaña por violencia, porque ya no estamos hablando únicamente de la pérdida de un vehículo, de mercancías o de pertenencias. Estamos hablando de personas que pueden ser amenazadas, golpeadas o lesionadas para ser despojadas de sus bienes.
Y frente a quienes deciden utilizar la violencia para delinquir, el Estado debe de contar con leyes claras, firmes y suficientes para actuar.
Por eso, hoy presento esta iniciativa. La propuesta es sencilla y concreta:
Primero. Aumentar de 10 a 15 años la pena mínima para quien ejerza violencia contra los ocupantes de un vehículo en caminos, carreteras, puentes o vías férreas, manteniendo la pena máxima de 30 años.
Segundo. Establecer expresamente que cuando una persona sea lesionada deliberadamente con motivo de robo, esa lesión sea considerada lesión calificada y reciba la sanción agravada que ya contempla el Código Penal Federal.
Tercero. Dejar claramente establecido que cuando un robo se cometa con violencia en una vía general de comunicación, se apliquen tanto las penas correspondientes al robo como las previstas para la violencia ejercida contra quienes transitan por estos espacios.
Y hay que dejar algo muy claro: no estamos creando un nuevo delito, estamos fortaleciendo y articulando las disposiciones que ya existen en nuestro Código Penal Federal. Queremos que quienes tienen la responsabilidad de investigar, perseguir y juzgar esos delitos cuenten con un marco jurídico más claro y más severo frente a sus manifestaciones violentas.
Porque también desde el Poder Legislativo debemos respaldar los esfuerzos que realizan los distintos órganos de gobierno para recuperar la seguridad de nuestras carreteras.
A las instituciones de seguridad y procuración de justicia les corresponde detener e investigar. A los jueces, aplicar la ley. Y, a nosotros nos corresponde procurar que esa ley sea suficientemente clara y firme para responder a la realidad que enfrentamos.
No podemos pedir mejores resultados si dejamos vacíos, dispersiones e incongruencias en nuestras propias normas. Debemos dar al Estado mejores herramientas jurídicas para que quienes asaltan, golpean y lesionen a las personas en nuestras carreteras sean investigados, procesados y, cuando se acredite su responsabilidad, reciban las penas que corresponden por la gravedad de sus conductas.
Porque quien golpea y abandona a una persona en una carretera, no solamente afecta a su patrimonio, puede dejarla lesionada, incomunicada, lejos de su familia y sin posibilidad inmediata de recibir auxilio. Esta conducta la debemos de calificar como agravada.
Queremos carreteras en las que puedan transitar las familias, los trabajadores, los transportistas, y quienes visitan nuestro país y nuestros estados. Carreteras que comuniquen y acerquen a México, no caminos en los que los delincuentes pretendan imponer el miedo. Fortalecer nuestro Código Penal Federal es una parte de esa responsabilidad.
Aquí estoy ante las peticiones de mi distrito. Y frente a quienes utilizan la violencia para lastimar y despojar a los ciudadanos, el mensaje debe ser claro, el Estado debe de contar con todas las herramientas que la ley permita para llevarlos ante la justicia y sancionarlos con firmeza. Es cuanto.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal, en materia de pensiones por violencia de género.
La diputada Olga Leticia Chávez Rojas: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputada.
La diputada Olga Leticia Chávez Rojas: Buenos días, compañeras y compañeros, diputados y diputadas. Saludo con gusto a las personas que nos hacen el favor de seguirnos a través del Canal del Congreso.
La violencia de género en México es un problema estructural y multifacético que afecta a miles de mujeres y niñas en todo el país. Esta violencia se manifiesta de diversas formas y está directamente relacionada con desigualdades históricas, culturales y sociales.
Las leyes existen, pero por sí solas no imparten justicia, ni brindan protección. Las mujeres continúan expuestas a sufrir daño y se ven obligadas a modificar sus rutinas, a cambiar de trabajo, incluso, de su propio hogar. Mientras que los causantes de este daño no se enfrentan a consecuencia alguna.
El artículo 3o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que las medidas que se deriven de dicha ley garantizarán la prevención, atención, sanción y la erradicación de todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sin embargo, la violencia contra las mujeres va en aumento en todo el territorio nacional.
Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares indica que del total de mujeres de 15 años y más, 70 % han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminatoria y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.
La violencia psicológica es la que se presenta en mayor prevalencia 51.6 %, seguida de la violencia sexual 49.7 %, de la violencia física 34 % y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación el 27.4 %.
El Estado mexicano ha implementado políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres, estableciendo a nivel federal la Secretaría de la Mujer. No obstante, la violencia contra la mujer va en aumento.
La erradicación no es responsabilidad solo del Estado ni de una sola institución ni de un solo orden de gobierno, sino que debe ser el resultado de un trabajo en conjunto con la sociedad, de una educación familiar eficaz y de respeto, y de un trabajo interinstitucional y de coordinación y cooperación entre las diferentes órdenes de gobierno.
Desde diciembre del 2018 hasta junio de 2024 el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra la Mujer, recopiló información de más de 1.5 millones de personas víctimas de violencia y brindó más de 4.5 millones de servicios especializados, emitió más de 230 mil órdenes de protección y se identificaron a más de 1.5 millones de personas agresoras. En la mayoría de los casos se puede pensar que para las mujeres violentadas, los tribunales penales son donde se sufre más. Sin embargo, para las mujeres la injusticia se manifiesta con mayor frecuencia en los sistemas civiles y administrativos: derecho de familia, conflictos laborales, vivienda, inmigración, acceso a prestaciones, etcétera.
En ese sentido, la iniciativa que hoy propongo a su consideración tiene por objeto que el hombre agresor, por razón de género, no tenga derecho a recibir la pensión de la beneficiaria victimizada, es decir, si una mujer llegase a fallecer su pareja, esposo o concubino no tendrán derecho a la pensión en caso de que haya ejercido algún momento de la vida violencia contra la beneficiada.
Por eso, se propone modificar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajos del Estado, la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal.
Compañeros y compañeras, se debe tomar en cuenta que la violencia de género tiene un impacto profundo en la sociedad y en la economía de México. Para las víctimas, las consecuencias pueden ser devastadoras, incluyendo daños físicos, psicológicos, pérdida de autonomía, dificultades para reconstruir sus vidas.
Muchas mujeres sufren de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático como resultado de la violencia que enfrentan. Como legisladores es una obligación modificar el marco normativo en beneficio de la sociedad y en ese sentido debemos de legislar con perspectiva de género en protección a la mujer.
En ese sentido, es necesario que la mujer denuncie la violencia sufrida para efectos de esta iniciativa. Compañeras, denuncien. Tarde o temprano les va a beneficiar. Insisto, un hombre agresor no tendrá derecho a la pensión de su viuda. Es cuanto. Gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social para dictamen y a la Comisión de Justicia para opinión.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 31 y reforma el numeral 1 al artículo 59 y el numeral 2 del artículo 62, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de uso obligatorio de lengua indígena nacional, al inicio de las sesiones ordinarias.
La diputada Karina Margarita del Río Zenteno: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.
La diputada Karina Margarita del Río Zenteno: Compañeras y compañeros legisladores, México es mucho más que un territorio, México es nuestra historia, nuestros pueblos, nuestras culturas, sus tradiciones y también profundamente sus lenguas indígenas.
Hoy subo a esta tribuna para presentar una iniciativa sencilla, pero también muy profunda, las lenguas originarias de México merecen ocupar el lugar que les corresponde en la vida pública de nuestro país porque cuando hablamos de una lengua indígena no hablamos solamente de palabras, hablamos de memoria y de identidad, hablamos de una manera de comprender el mundo que ha sido transmitida de generación en generación durante siglos.
Nuestra Constitución reconoce que México es una nación pluricultural y multiétnica, sustentada originalmente en sus pueblos originarios y establece la obligación de preservar, proteger, desarrollar y difundir sus lenguas.
Además, la legislación mexicana reconoce a las lenguas indígenas y al español como lenguas nacionales con la misma validez, pero este reconocimiento jurídico tiene que convertirse también en presencia real, porque una lengua que solamente reconocemos en nuestras leyes, pero que dejamos de escuchar en nuestros espacios públicos, corre el riesgo de convertirse solamente en una declaración y precisamente eso es lo que queremos cambiar.
La iniciativa que hoy presento propone reformar el Reglamento de la Cámara de Diputados para establecer que al inicio de cada sesión ordinaria, una persona hablante de una lengua indígena nacional pueda ocupar esta tribuna y dirigirse a la representación nacional en su propia lengua.
Queremos que desde esta Cámara se escuche el tzotzil, el tzeltal, el zoque, el maya, el náhuatl, el mixteco, el zapoteco y las distintas lenguas que forman parte de la enorme riqueza lingüística de nuestro país y queremos hacerlo no solo como un acto meramente simbólico, queremos hacerlo porque las lenguas originarias son parte de nuestra identidad nacional.
La propia iniciativa establece que esta participación tendrá como propósito reconocer, visibilizar y promover la preservación, el desarrollo y el uso de las lenguas indígenas nacionales, así como proteger los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de nuestros pueblos y comunidades.
Preguntarán: ¿Qué queremos darle a la gente con esa reforma? Queremos darle reconocimiento, queremos dar visibilidad, pero sobre todo queremos ayudar a que las nuevas generaciones comprendan la enorme importancia de conservar aquello que nos hace México.
Porque debemos sentirnos profundamente orgullosos de nuestro origen. Debemos sentirnos orgullosos de los pueblos que, después de siglos de colonialismo, discriminación y exclusión, lograron mantener vivas sus lenguas, conocimientos, tradiciones y su manera de entender el mundo. Y que esas lenguas continúen hablándose hoy también es una historia de resistencia, y esa resistencia merece ser escuchada en la máxima tribuna de esta nación.
El desafío es enorme. La propia exposición de motivos de esta iniciativa advierte que en México diversas lenguas indígenas han desaparecido durante el último siglo y otras se encuentran en distinto grado de riesgo.
También señala una realidad que debe llamarnos profundamente la atención: millones de mexicanas y mexicanos se reconocen como indígenas, pero una proporción mucho menor conserva una lengua indígena.
Cuando desaparece una lengua, no desaparecen solamente palabras, desaparecen historias y conocimientos. Se pierde una parte de México. Un país fuerte no es aquel que pretende borrar sus diferencias. Un país fuerte es aquel que reconoce la riqueza de su diversidad y la convierte en motivo de unidad y orgullo nacional.
Aquí quiero que se escuche el México profundo que nunca desapareció y que, pese a siglos de adversidad, continúa vivo. Porque reconocer nuestras lenguas originarias significa reconocer a quienes las hablan. Que nunca más hablar una lengua originaria sea motivo de vergüenza o discriminación.
Que sea motivo de orgullo, porque nuestras lenguas hablan de dónde venimos, de quiénes somos y del México que queremos seguir construyendo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para opinión. Esta Cámara de Diputados da un saludo y la bienvenida al alcalde de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, Vicente Cabrera Castro, invitado por la diputada Noemí Luna.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: El siguiente punto en el orden del día es la efeméride con motivo del 5 de septiembre, Día internacional de la mujer indígena, a cargo de los grupos parlamentarios, quienes tendrán el uso de la palabra, hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada María de Fátima García León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María de Fátima García León: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada María de Fátima García León: Compañeras y compañeros diputados, hablo aquí por nuestras abuelas, nuestras madres y nuestras hermanas.
Al conmemorar el Día internacional de la mujer indígena no solamente debemos reconocer la enorme importancia de las mujeres de nuestros pueblos originarios, sino también mirar de frente una realidad que no podemos seguir ignorando.
Las mujeres indígenas continúan enfrentando profundas desigualdades y múltiples formas de discriminación que limitan el ejercicio pleno de sus derechos. El 5 de septiembre debe ser un día de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres originarias que resistieron y resisten la opresión. Pero también de reflexión y, sobre todo, de compromiso.
Las mujeres originarias han sido fieles guardianas de nuestras lenguas, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestros territorios y de nuestra identidad comunitaria. Han sostenido a sus familias y comunidades en condiciones de pobreza, marginación y falta de oportunidades.
Por eso, al reconocer su enorme contribución debemos preguntarnos ¿qué estamos haciendo como Estado y sociedad para garantizarles una vida digna y con igualdad de oportunidades?
En materia de salud las desigualdades siguen siendo evidentes, muchas mujeres indígenas viven en comunidades donde los servicios médicos son insuficientes, distantes o carecen de personal, medicamentos y equipamiento.
La atención durante el embarazo y el parto continúa siendo insuficiente, especialmente en las comunidades apartadas. En este contexto, es fundamental reconocer el invaluable trabajo de las parteras y curadoras tradicionales.
En materia educativa, aunque hemos avanzado en el acceso a la escuela de niñas y jóvenes indígenas, aún persisten enormes desigualdades relacionadas con la pobreza, la distancia, la falta de infraestructura y las responsabilidades familiares que recaen sobre las mujeres.
Muchas niñas indígenas tienen que elegir entre continuar sus estudios o ayudar en las tareas del hogar, entre permanecer en su comunidad o migrar en busca de oportunidades. Y cuando una niña abandona la escuela, no solamente pierde una oportunidad educativa, también se reducen sus posibilidades de acceder a un empleo digno y de construir un proyecto de vida con mayor autonomía.
Para las y los diputados de Movimiento Ciudadano está claro que educar a una niña indígena es también fortalecer a una familia, a una comunidad y a todo un pueblo. Por eso, luchar por los derechos de las mujeres indígenas es una de nuestras prioridades.
Pero también existe otro ámbito que no podemos descuidar: la participación política. Las mujeres indígenas tienen derecho no solamente a votar, tienen derecho a decidir, gobernar, representar y participar en igualdad de condiciones en la vida pública.
En Oaxaca, de los 418 municipios indígenas, solamente 35 son gobernados por mujeres. Esto quiere decir que más de 9 de cada 10 presidencias municipales indígenas de Oaxaca siguen ocupadas por hombres. La democracia no puede considerarse completa mientras las mujeres indígenas continúen estando ausentes en los ayuntamientos.
Necesitamos pasar de los discursos de inclusión a una verdadera redistribución del poder. Esto implica respetar los sistemas normativos indígenas, pero también garantizar que dentro de ellos se respeten plenamente los derechos políticos de las mujeres.
Como diputadas y diputados, debemos legislar para que todas las mujeres indígenas puedan hablar, decidir y ejercer plenamente sus derechos. No puede haber justicia para los pueblos originarios si no hay justicia para las mujeres. Tampoco puede haber democracia plena si las mujeres indígenas no están plenamente representadas.
Por eso es importante refrendar nuestro compromiso: que ninguna niña indígena tenga que renunciar a sus sueños por ser mujer y por pertenecer a un pueblo originario; que ninguna mujer tenga que enfrentar sola su embarazo...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputada.
La diputada María de Fátima García León: ...por falta de servicios de salud; que ninguna joven tenga que abandonar sus estudios por falta de oportunidades; que ninguna mujer sea excluida de las decisiones de su comunidad por el simple hecho de ser mujer, garantizar igualdad sustantiva, autonomía, seguridad, salud, educación, acceso a la tierra y participación política efectiva es el verdadero desafío.
Por eso, es importante que, cuando revisemos la iniciativa de la nueva Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos hoy, bajo consulta, además de garantizar los derechos de las mujeres...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputada.
La diputada María de Fátima García León: ... tomemos medidas y acuerdos para que se cuente con presupuesto, programas, instituciones e infraestructura necesaria para hacer efectivos esos derechos. De lo contrario, solamente tendremos un documento lleno de buenos propósitos.
Ninguna ley sobre los pueblos indígenas estará completa si no garantiza plenamente los derechos de las mujeres de nuestros pueblos originarios. Vivan las mujeres indígenas de nuestro país. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.
La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. En inicio de este periodo ordinario conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Indígena. Con honor hago uso de esta tribuna para honorar la memoria de Bartolina Sisa y la lucha histórica de millones de mujeres que sostienen la identidad, la cultura y la vida de nuestros pueblos originarios.
Sin embargo, sería una hipocresía venir aquí a pronunciar un discurso maquillado, lleno de elogios vacíos, mientras afuera la realidad de las mujeres indígenas es de violencia, marginación y olvido. Se debe reconocer que no hay nada que celebrar con el gobierno actual.
Desde esta tribuna señalamos el grave abandono en el que han asumido a los pueblos originarios, en los últimos años el discurso oficialista ha pretendido envolverse en la bandera de la justicia social. Pero los hechos demuestran todo lo contrario, las dos últimas administraciones han representado un retroceso sin precedentes para las mujeres indígenas en nuestro país: les retiraron los apoyos a la producción, desmantelaron los programas de salud comunitaria, liquidaron los presupuestos destinados al desarrollo integral de los pueblos indígenas, eliminaron las estancias infantiles y los refugios para mujeres víctimas de violencia, dejando a miles de madres y niñas indígenas en la indefensión absoluta.
Nos dijeron: primero los pobres, pero en los hechos a las mujeres indígenas las dejaron al final, sin acordarse de ellas. Hoy enfrentan los índices más altos de pobreza extrema, la falta de acceso a hospitales equipados y el acoso constante de la violencia que azota sus territorios sin que el Estado mueva un solo dedo para protegerlas.
Se recortaron los recursos para la infraestructura básica: ni agua potable ni caminos dignos ni escuelas de calidad para los hijos. El abandono institucional a las comunidades indígenas no es austeridad: es negligencia y es desprecio.
No se puede hablar de soberanía ni de orgullo patrio cuando a las mujeres que custodian nuestra cultura, nuestras lenguas y nuestra tierra se les niega el derecho a una vida digna y segura.
Desde la oposición lo decimos fuerte y claro: ya basta de demagogia. Las mujeres indígenas no necesitan discursos paternalistas ni entregas simbólicas: necesitan presupuesto, programas sociales efectivos, seguridad, acceso real a la justicia y oportunidades de desarrollo.
La historia de México demuestra que cuando el Partido Revolucionario Institucional impulsó las instituciones, la infraestructura y las políticas públicas del campo y de las comunidades hubo certeza, desarrollo y gran crecimiento.
Con la fuerza y la experiencia de la alianza y la asociación con el PRI hay prosperidad. El camino para recuperar la grandeza de nuestras comunidades originarias exige volver a construir, garantizar derechos y devolverles los programas de los que fueron despojadas.
Es momento de corregir el rumbo, de devolverle la dignidad a nuestras mujeres indígenas y de volver a la prosperidad que todas y todos los mexicanos nos merecemos. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos. Adelante, diputada.
La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez: Con su permiso a la Mesa Directiva. Hoy vengo a hablar sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena. (Habla en mixe). Buenas tardes a todos, gracias. Les acabo de hablar en mi lengua materna, el mixe, de una agencia de Totontepec Villa de Morelos de donde soy originaria y orgullosamente de la sierra de Oaxaca.
Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, fecha instituida en 1983 durante el II Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América.
Esto sale a relucir porque en México casi 3.7 millones de mujeres que hablan una lengua originaria y al mismo tiempo se reconocen como indígenas, parece que no existimos, nos tienen aún relegadas.
No se trata de una población pequeña, de una realidad distante. Se trata de millones de mexicanas cuyos derechos están reconocidos en la Constitución y en el 2024, en esta misma Cámara, les dimos reconocimiento en el 2o. constitucional, pero que todavía enfrentan importantes obstáculos para ejercerlos plenamente. Las cifras educativas muestran con claridad la dimensión de esta desigualdad.
En el 2023 las mujeres indígenas de 15 años y más, tenían en promedio apenas 6.1 grados de escolaridad, las mujeres no indígenas alcanzaban 10.5 grados. Es una desigualdad muy grande entre las mujeres indígenas y las que no lo son.
En materia económica la desigualdad es igualmente visible. En el 2023 solo 45.2% de las mujeres indígenas de 12 años y más, participaban en alguna actividad económica, frente al 86.1% de hombres indígenas. El Coneval estimó que en el 2022 el 66% de las mujeres hablantes de una lengua indígena se encontraban en situación de pobreza y el 26.8% vivía en pobreza extrema.
Esta realidad aún no cambia para nosotras las mujeres indígenas de México. La salud es otra expresión de la deuda histórica. En el 2022 el 59.4% de la población hablante de una lengua indígena, presentaba carencias por acceso a los servicios de salud, mientras que el promedio nacional era del 39.1%. Además, el 77.5% carecía de acceso a la seguridad social. Por eso mi lucha para que el IMSS Bienestar se refuerce, porque son donde tienen acceso las mujeres indígenas al servicio de salud.
También debemos hablar de la violencia que ocurre dentro de los hogares y las relaciones de pareja, pero también de la violencia política en razón de género, y más cuando somos indígenas y queremos participar. Aún nuestros sistemas normativos internos nos restringen la participación. Aún nuestros propios compañeros indígenas no nos dan reconocimiento de la participación de las mujeres y nos siguen violentando y revictimizando.
Por eso hago un llamado a las autoridades, para que actúen conforme a derecho, que a las mujeres se les permita el ejercicio pleno de sus derechos político electorales.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de las Mujeres, elaborada con base al Endireh 2021, el 67.6% de las mujeres indígenas de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Pero a veces no mencionamos un tema tabú: la violencia sexual, la violencia que se da a través de los medios de comunicación digital a las mujeres, que se ha acentuado en los últimos años con el tema de los grupos de WhatsApp, que se comparten pack, imágenes de mujeres indígenas.
Entonces, debemos reforzar la atención a estos nuevos tipos de violencia. Debemos garantizar Ministerios Públicos cercanos, intérpretes y traductoras acreditadas, asesoría jurídica gratuita. Si supieran ustedes cuánto cuesta poder tener asesoría jurídica gratuita, por eso muchas mujeres no denuncian, porque se encuentran limitadas. Medidas de protección, culturalmente pertinentes. Atención psicológica y personal capacitado para atender la intersección entre género, identidad indígena, pobreza y aislamiento territorial.
Hay otra realidad especialmente dolorosa que no podemos omitir, los embarazos en niñas. La maternidad infantil no puede presentarse como una decisión adulta ni reducirse a una estadística de fecundidad.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputada.
La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez: Es una alarma, cuando una niña de 10 a 14 años está embarazada, el Estado debe activar inmediatamente sus mecanismos de protección y de investigación. Las diferencias de edad, poder, dependencia económica y autoridad, pueden ser indicios de coerción, abuso o violencia sexual y deben ser investigadas.
Ahora bien, según la Encuesta Nacional de Discriminación, en el 2022, el 28.1 % de las mujeres indígenas de 12 años y más, declaró haber sido discriminada durante los 12 meses anteriores.
Quiero hacer un llamado a cada uno de los representantes de todas las bancadas aquí presentes, en el Senado, con los gobernadores, que no ejerzan más discriminación contra las mujeres, porque lo hacen en sus discursos, lo hacen en sus actos, y de todas las bancadas, no omito mi bancada...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputada.
La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez: ...porque somos parte de esa forma de discriminación. La consulta debe permitir... Ahora bien, quiero hacer... Permítame, presidenta. Hay un tema que en este momento nos ocupa a todas las mujeres indígenas, se está consultando la Ley de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, por eso en esta tribuna formulo un llamado respetuoso y concreto a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a las autoridades responsables del proceso de consulta, solicito que en los foros, asambleas regionales y mesas de trabajo se garantice la participación directa, efectiva y sustantiva de las organizaciones colectivas...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputada.
La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez: ... redes defensoras y autoridades regionales de mujeres indígenas. El proceso de consulta contempla la participación de miles de comunidades, pero no es así a la hora de abrirles el micrófono, se nos ha negado. Es necesario garantizar que puedan hablar, presentar propuestas, ser escuchadas y conocer la forma que sus planteamientos serán incorporados al texto legislativo.
Una ley general elaborada sin la participación sustantiva de las mujeres indígenas estaría incompleta. Que las mujeres indígenas estén en los foros, en la construcción de la ley, en las decisiones presupuestales y en todos los espacios donde se define el futuro de sus pueblos.
Que el Día Internacional de la Mujer no sea solamente una fecha en el calendario, que sea una oportunidad para escuchar a quienes durante demasiado tiempo han sido habladas por otras que no son mujeres indígenas. Es cuanto, diputada.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada María del Carmen Nava García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
La diputada María del Carmen Nava García: Muy buenas tardes, compañeros diputados. Con el permiso de la ...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputada.
La diputada María del Carmen Nava García: Compañeras y compañeros legisladores, hoy, desde esta máxima tribuna, quiero hablarles de las mujeres indígenas. Quiero hablar de ellas no solamente porque se conmemora esta fecha muy importante, sino para reconocer su historia, su lucha y, sobre todo, su enorme aportación a la construcción de nuestro país.
Hablar de las mujeres indígenas es hablar de fortaleza, identidad, resistencia y dignidad. Hace más de dos siglos, una mujer aymara, llamada Bartolina Sisa, levantó la voz frente a un sistema que buscaba someter a su pueblo. Defendió su identidad, su comunidad y su libertad. Su lucha le costó la vida, pero no consiguió borrar su historia.
Por el contrario, su nombre permaneció como símbolo de fuerza de miles de mujeres indígenas, que a lo largo de generaciones han defendido sus raíces y han abierto camino para quienes vienen detrás, porque las mujeres indígenas nunca han sido espectadoras de nuestra historia, han sido protagonistas de ella.
Durante siglos, nuestros pueblos originarios enfrentaron discriminación y desigualdad, y dentro de esa realidad, las mujeres indígenas enfrentan todavía más obstáculos, fueron discriminadas por ser mujeres y, al mismo tiempo, por pertenecer a pueblos y comunidades que históricamente fueron marginados.
Muchas crecieron con la idea de que su lugar estaba únicamente en el hogar, en el trabajo doméstico y en el cuidado de la familia. Se les negó la oportunidad de estudiar, de participar, de decidir y muchas veces de contribuir libremente a su propio proyecto de vida, pero las cosas están cambiando y están cambiando porque las mujeres indígenas han levantado la voz, porque han exigido sus derechos y ser escuchadas, porque han defendido mucho más que su identidad.
Muchas mujeres como Bartolina Sisa, y como tantas otras que no aparecen en la historia, decidieron abrir caminos para las nuevas generaciones. Hoy vemos mujeres indígenas estudiando, trabajando, participando en la vida pública y ocupando espacios de decisiones dentro de sus comunidades.
Estos avances son producto de décadas de lucha, pero también de decisiones públicas que han convertido muchas de esas demandas desde los derechos. Desde este Congreso también hemos dado pasos importantes, la reforma al 2o., Constitucional representa un avance para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, poniendo especial atención en los derechos de las mujeres, y no podemos dejar de mencionar que en el 2025 fue declarado como el Año de la Mujer Indígena, como un reconocimiento de su historia y a su lucha y a sus aportaciones, a la construcción y desarrollo de nuestro país.
Por eso, quiero dejar muy en claro, no podemos pensar que la tarea está terminada, todavía existen mujeres indígenas que enfrentan obstáculos para ejercer plenamente sus derechos, mujeres que encuentran dificultades para acceder a oportunidades, mujeres que no son escuchadas cuando se toman decisiones que afectan sus propias comunidades y mientras esa realidad exista, nuestra responsabilidad como legisladores continúa.
Por eso, hoy quiero hacer un llamado desde esta tribuna, no basta con reconocer los derechos de las mujeres indígenas cada año, tenemos que reconocerlas todos los días con acciones concretas, necesitamos leyes que protejan sus derechos, políticas públicas que atiendan sus necesidades institucionales, que escuchen sus voces y, sobre todo, condiciones que les permitan vivir con dignidad, seguridad y dignidad, porque reconocer sus derechos en la ley es importante, pero garantizar que esos derechos se cumplan en cada comunidad es nuestra verdadera responsabilidad.
Como mujer y como representante de Guerrero quiero reconocer especialmente a las mujeres indígenas de nuestro estado, a las mujeres que mantienen vivas nuestras lenguas, a las que a las que preservan nuestras tradiciones, a las que trabajan por su familia, a las que sostienen a sus comunidades, a las que muchas veces desde el silencio y con grandes dificultades siguen construyendo un mejor futuro para sus hijos e hijas.
A ellas quiero decirles, su voz importa, su cultura importa, su historia importa y sus derechos importan. Las mujeres indígenas no deben ser vistas solamente como parte de nuestra historia o como beneficio de políticas públicas, deben ser protagonistas de las decisiones que construyen el futuro de sus comunidades y de nuestro país.
En este Día Internacional de la Mujer Indígena no sea solamente una conmemoración, que sea un recordatorio de las responsabilidades que tenemos de seguir avanzando hacia un México más justo, más incluyente y con verdaderas oportunidades para todas, porque cuando una mujer indígena puede estudiar, participar, decidir y vivir con dignidad, no solamente avanza ella, avanza su familia, su comunidad, y avanza México.
Hoy, desde esta tribuna le decimos: no están solas. Seguimos trabajando para que sus derechos no se queden solamente en los escritorios, en la Constitución, en las leyes, sino que se conviertan en una realidad en cada comunidad.
Por las mujeres que lucharon antes, por las mujeres que siguen luchando hoy, por las niñas indígenas que mañana tendrán que encontrar un México con mayor igualdad, más oportunidades y más justicia. Que vivan las mujeres de México. Que vivan las mujeres de Guerrero. Que vivan nuestros pueblos indígenas. Es cuanto, buena tarde.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. hasta por tres minutos.
La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado: Buenas tardes, con el permiso de la Presidencia, hoy vengo desde Durango, un estado que lleva en sus raíces la historia y la fuerza de sus pueblos originarios; Tepehuanos del Sur, Wixáritas, Mexicaneros, Coras y Rarámuris.
En nuestras comunidades indígenas hay mujeres que todos los días mantienen vivas nuestras lenguas, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Mujeres que trabajan la tierra, que cuidan a sus familias, que enseñan a sus hijas e hijos el valor de sus raíces y que a pesar de las dificultades siguen luchando por salir adelante.
Hoy no subo a esta tribuna solamente a conmemorar una fecha, subo con esta efeméride a reconocer una historia de resistencia, pero también a señalar una deuda que México mantiene con millones de mujeres indígenas. Se calcula que en México hay una población de 20.3 millones de mujeres indígenas.
Cada 5 de septiembre rendimos homenaje a las mujeres indígenas, heredadas de nuestra cultura originarias, guardianes de lenguas, saberes, territorios y tradiciones. Mujeres que sostienen familias, comunidades y muchas veces sin recibir el reconocimiento que merecen.
Su contribución es incalculable, han cuidado de sus hijas e hijos, de sus familias y también de sus personas mayores. Pero mientras ellas han cuidado históricamente de México, debemos preguntarnos con toda seriedad ¿quién está cuidando de ellas?
Porque detrás de los discursos, de las ceremonias y de las fotografías oficiales existe una realidad que no podemos ignorar. Muchas mujeres indígenas siguen enfrentando pobreza, marginación, discriminación; violencia, falta de acceso efectivo a servicios de salud, educación, justicia y oportunidades económicas.
Y estas desigualdades se agravan todavía más cuando hablamos de mujeres indígenas adultas mayores. Hace casi un año subí a esta tribuna y advertí algo muy claro; el presupuesto estaba asfixiando al Inapam.
Lo dije el 4 de noviembre de 2025 durante la discusión del Presupuesto de Egresos. En aquel momento advertí que en las casas de atención de día ya habían pasado de proporcionar dos alimentos a solamente uno al día. No era una ocurrencia, no era una exageración y mucho menos era politiquería. Era una advertencia.
Hoy, meses después, el propio Inapam nos está dando la razón. La directora de Fortalecimiento y Operación de Políticas Públicas del instituto reconoció ante esta Cámara que los recursos apenas alcanzan para cubrir la nómina y el gasto corriente.
Entonces, debemos preguntarlo desde esta tribuna: ¿Cómo pretendemos llegar hasta una mujer indígena adulta mayor que vive lejos de las grandes ciudades, que necesita orientación jurídica, atención gerontológica, acompañamiento frente a la violencia o, simplemente, una institución que pueda escucharla y defenderla, si no fortalecemos al organismo encargado de hacerlo?
No confundamos las cosas. Las transferencias económicas son importantes y los apoyos sociales son necesarios, pero una pensión no sustituye una política integral de envejecimiento digno. Una transferencia económica no sustituye atención gerontológica, no sustituye asesoría jurídica frente al abandono o el despojo, ni un albergue o una residencia de día.
Por eso, el presupuesto también habla. El presupuesto revela cuáles son verdaderamente las prioridades de un gobierno, porque reconocer derechos sin asignar recursos suficientes para garantizarlos convierte esos derechos en promesas.
Y las mujeres indígenas no necesitan más promesas. Necesitan instituciones fuertes, presupuesto, seguridad, acceso a la justicia y oportunidades.
Hoy, las mujeres indígenas se enfrentan al desplazamiento forzado que ha afectado de manera significativa a las comunidades de México, incluyendo a un gran número de mujeres.
Y no, presidenta Sheinbaum, con usted no llegaron ni llegamos todas. En lo que va de su administración, no hemos visto algún acercamiento, mucho menos una política de Estado para apoyar a las mujeres indígenas.
Están más ocupados en ver a quién censuran, qué personajes de sus filas protegen y en programas sociales electoreros, en lugar de gobernar para todas y todos.
No podemos celebrar a las mujeres indígenas el 5 de septiembre y olvidarlas el día 6. La mejor conmemoración no es un discurso, es garantizar que una mujer indígena pueda vivir todas las etapas de su vida con dignidad.
Ahora corresponde al Estado estar a la altura de esa enorme contribución. Desde esta Cámara tenemos una responsabilidad muy concreta: que cada derecho tenga respaldo presupuestal, que cada institución tenga capacidad para cumplir su misión y que ninguna mujer sea abandonada por ser indígena, por ser pobre o por haber llegado a la vejez.
En Acción Nacional nos comprometemos a seguir luchando, a redoblar esfuerzos y proponer alternativas que lleven a un mejor México para todas las mujeres indígenas. Seguiremos luchando y alzando la voz por tener en México en que los sueños de las niñas y mujeres indígenas se hagan realidad. A todas ellas, como mexicanas, como mexicanos, nuestro más sentido reconocimiento, respeto y gratitud. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Amalia López de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
La diputada Amalia López de la Cruz (Habla en wixárika): Con el permiso de la presidenta. Ke 'akú. Hermanas y hermanos, diputados, soy Amalia López de la Cruz, soy una mujer indígena y soy originaria de San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco. Hoy vengo con ustedes a decirles que las mujeres de nuestras comunidades están al frente de las decisiones de nuestro país. El día de hoy recordamos la lucha de muchas mujeres que han participado como guardianas de la memoria de nuestros pueblos.
Yo llegué hace muchos años de la sierra a Aguascalientes buscando mejores oportunidades para mi familia. Cuando llegué a la ciudad me encontré que no había espacios para nosotras. Nos habían dicho que las mujeres indígenas solo servíamos para trabajar en casa y cuidar los hijos. Pero, yo pensé que las mujeres podíamos hacer más cosas.
Gracias a este movimiento en el cual he caminado por años elegí organizarme con otras hermanas para ayudar a más mujeres, demostrar que sí podemos ser autoridades, que podemos hacer leyes para cuidar a nuestras comunidades.
Las mujeres indígenas que pertenecemos a la cuarta transformación encabezada por nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, defendemos los territorios sagrados, el maíz, peyote y el venado.
Invito a las mujeres que me están escuchando a que no tengan miedo de participar. Soy el ejemplo de que se puede llegar muy lejos si seguimos en el camino correcto. No estamos solas. Tenemos a la presidenta. Viva las mujeres indígenas. Viva las mujeres wixaritari. Vivan los pueblos originarios. Viva la presidenta. Viva México.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Con esta intervención se concluye la efeméride. El diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán ha solicitado la palabra. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán (desde la curul): Para hacer una denuncia.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene hasta un minuto, diputado. Adelante.
El diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán (desde la curul): (Habla en lengua originaria) Presidenta. Antes que nada, felicito a la compañera diputada Amalia por hablar en su lengua materna, para que vean que hablar en nuestra lengua materna es difícil y a veces no comprendemos nosotros. Y ojalá un senador no prohíba hablar nuestra lengua materna y que se eduque ese senador. Ya sabrán quién prohibió hablar nuestra lengua materna. Que viva las lenguas maternas.
Quiero hacer una denuncia sobre un hostigamiento laboral que está sufriendo una compañera maestra, allá en una universidad intercultural, allá en Chiapas, con sede en Las Margaritas, de la compañera maestra María Bertha Sántiz Pérez.
Le prohibieron hablar su lengua materna tojol-ab'al y por hacer una denuncia por acoso sexual, por acoso laboral y por muchas cosas que está pasando en esa sede universitaria en Las Margaritas. Y hoy la están corriendo por su trabajo y por eso hoy, en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ya no debe de sufrir una mujer indígena, una madre indígena en los pueblos de aquí de México. Que vivan las mujeres indígenas. Que viva las lenguas de México. Y que viva las diputadas. Muchas gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Ha quedado asentada su denuncia en el Diario de los Debates. Ahora, la diputada Margarita García García, ¿con qué objeto?
La diputada Margarita García García (desde la curul): Por hechos, diputada.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: No hay hechos, diputada, pero adelante.
La diputada Margarita García García (desde la curul): Muchas gracias. Hoy que tenemos el Día Internacional de la Mujer Indígena, pues quisiera pedirle a mi querido estado de Oaxaca, a todos los ciudadanos y ciudadanas, a las autoridades municipales, que hoy no estamos conmemorando aquí desde la Cámara de Diputados un hecho aislado, sino que sabemos que hay muchas mujeres indígenas que están ocupando sindicaturas, regidurías, que les ponen a hacer los trabajos más complicados y más difíciles. Pero que, además, están siendo violentadas por los presidentes municipales, las tratan como empleadas, no como representantes populares.
Entonces, desde aquí, como mujer mixteca oaxaqueña, quiero levantar la voz y pedirles que sea un respeto irrestricto a los derechos de las mujeres indígenas, y que nunca más sean violentadas. Pero que, además, a las mujeres les pido que se armen de valor y que denuncien a todos los presidentes municipales, a los síndicos y a todos aquellos machistas que crean que pueden seguir intimidando a las mujeres.
No están solas, desde el Partido del Trabajo les decimos que defendemos con hecho a las mujeres indígenas y a todas las mujeres. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Sus expresiones han quedado asentadas en el Diario de los Debates. La diputada Paulina, Isabel, la diputada Isabel, ¿con qué objeto?
La diputada María Isabel Rodríguez Heredia (desde la curul): Presidenta, ha abierto el micrófono para hechos, quisiera ser para hechos.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: No hay hechos, diputada, pero tiene usted la palabra.
La diputada María Isabel Rodríguez Heredia (desde la curul): Gracias. Decir que en Yucatán no podemos normalizar que la luz se vaya y que nadie sepa cuándo va a volver.
El pasado 31 de agosto más de 430 mil, perdón, usuarios en Yucatán se quedaron sin energía eléctrica toda la noche y toda la madrugada. Hogares, negocios y familias enteras pasaron de la oscuridad de un momento a otro.
Y la verdad es que la CFE, mientras le llama a esto suspensión del servicio, yo quiero decir que esto tiene un nombre muy claro, apagones. Y lo que tampoco es normal es que la luz se vaya, pero el recibo sí sigue llegando y carísimo.
Entonces, desde este máximo recinto exhorto a la Comisión Federal de Electricidad, a que emprenda acciones de mantenimiento y de prevención y de inversión para la energía eléctrica, para toda la red, para la transmisión y el suministro de energía que llega a los hogares yucatecos. Ya lo reiteramos antes, y lo volvemos a decir el día de hoy.
Y, por supuesto, respaldar las iniciativas de nuestro coordinador, Elías Lixa, donde se está exigiendo tarifas más justas y también compensación en los recibos de luz ante estos apagones, donde no ha hecho acciones puntuales la Comisión Federal de Electricidad. Yucatán merece un servicio digno y confiable. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Sus expresiones han quedado asentadas en el Diario de los Debates.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Solicito a la Secretaría dar cuenta con el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria el acuerdo de Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año del ejercicio de la LXVI Legislatura. En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: En términos de los artículos 100, 102 y 299 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (14:35 horas): Se levanta la sesión y cito para la próxima que tendrá lugar el martes 8 de septiembre del año en curso, a las 11 horas, en modalidad presencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las nueve horas a través de las tabletas instaladas en las curules de las diputadas y los diputados.
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