Bienvenida del senador Ricardo Monreal Ávila
Intervenciones
Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
Receso
Ponencias
José Alfonso Montalvo Martínez
Ronda de preguntas
Diputado Mario Rodríguez Carrillo
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante
Diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara
Ronda de respuestas
Ronda de preguntas
Diputado Francisco Javier Borrego Adame
Diputado Hamlet García Almaguer
Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
Ronda de respuestas
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: En el presídium de este acto, tenemos el honor de contar con la presencia del magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Coahuila. Sea usted bienvenido.
Damos también la bienvenida al diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Bienvenido. Agradecemos la presencia del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Bienvenido, diputado.
Agradecemos también al doctor Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador electo del estado de Chiapas. Sea usted bienvenido. Por supuesto, damos la bienvenida y agradecemos a los ponentes y especialistas que el día de hoy estarán formando parte de ese diálogo:
Ricardo Antonio Silva Díaz, abogado por la Escuela Libre de Derecho. Bienvenido. Sandra Luz Rodríguez Wong, magistrada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. Bienvenida. Taissia Cruz Parcero, magistrada de circuito y directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Celia Maya García, consejera de la Judicatura Federal. Juan Guillermo Ávila, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. El magistrado Sergio Arturo Valls Esponda. Bienvenido. José Alfonso Montalvo Martínez, magistrado y consejero de la Judicatura Federal. Olmo Guerrero Martínez, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Rogelio Rodríguez Garduño, analista jurídico.
Por supuesto, damos la bienvenida al senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República.
Agradecemos también la presencia del maestro José Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la Jucopo en la Cámara de Diputados, bienvenido. Agradecemos la presencia en este acto de los coordinadores, vicecoordinadores y representantes de los grupos parlamentarios: por el Partido Movimiento Ciudadano el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, por el Partido del Trabajo el diputado Gerardo Fernández Noroña, por el Partido Revolucionario Institucional el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, por el Partido Acción Nacional, el diputado Miguel Rodarte de Lara.
Agradecemos también a las diputadas, diputados, senadoras y senadores del honorable Congreso de la Unión, así como de los presidentes de las Comisiones Ordinarias, a las diputadas y diputados de los congresos estatales, en especial del Congreso del Estado de Coahuila, a los magistrados, jueces y representantes del Poder Judicial y de los tribunales federales y locales, especialmente al magistrado Rafael Guerra, presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, a los legisladores electos federales y locales, en especial al diputado Shamir Fernández Hernández, al diputado Francisco Javier Borrego Adame y al diputado Antonio Attolini Murra.
Por supuesto, damos la bienvenida a los representantes de colegios, barras de abogados, corredores públicos, abogados litigantes, consultores, representantes de los trabajadores sindicales, así como a toda la comunidad del estado de Coahuila de Zaragoza que el día de hoy nos acompaña.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: A continuación, para dirigir el mensaje de bienvenida le cedemos el uso de la palabra al senador Ricardo Monreal Ávila. Si es usted tan amable, senador.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Muchas gracias, muchas gracias todas las personas sin distinción las vamos a respetar, ojalá, ojalá y que los asistentes hagan lo propio, nada se pierde con escuchar con respeto, todas las personas sin distinción, tienen reconocidos diversos derechos.
Tengo el derecho a la igualdad, al trabajo, a la salud, a la libertad, a un medio ambiente sano y a la alimentación, entre otros, cuyo ejercicio es necesario para que vivan con dignidad y puedan desarrollarse según su proyecto de vida.
Las personas pueden defenderse por sí, o acudir a las instituciones de defensoría pública, las cuales sin costo alguno proporcionan asesoría y representación legal, a fin de proteger esos derechos. De eso se trata el tema de hoy, en estos diálogos nacionales, sobre la defensoría de oficio y sobre la colegiación.
Las personas también, que se denominan defensoras públicas, es y constituye una obligación del Estado, pues a este corresponde el deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia por medio de defensas, de asesoría en favor de las personas que lo requieran, cuando se transgredan derechos o cuando enfrenten algún problema legal.
El tema de la defensoría pública, que es nuestro tema en este foro en la tierra de Ramos Arizpe, por cierto, sacerdote masón, un grande. Un extraordinario federalista. Para muchos el padre del federalismo, Miguel Ramos Arizpe.
El tema de la defensoría pública en nuestro país se remonta al año de 1847, cuando el Congreso de San Luis Potosí aprobó la Ley de Procuraduría de Pobres, era un proyecto de Ponciano Arriaga, también otro liberal mexicano que al establecer el derecho a la defensa para personas desvalidas, respecto de cualquier exceso, agravio o vejación de los órdenes judicial, político o militar rebasó el ámbito judicial y lo dimensionó a la protección y la defensoría pública.
Esta representación jurídica no siempre fue reconocida, ya que en cierto momento se encontró en un estado deplorable, siendo señalado como una institución despreocupada y que poco o nada hacía en favor de lo representados.
Diez años más tarde, en 1857, los ideales sobre un Estado social de derecho en México se pueden apreciar en el artículo 20 de la Constitución de esa época, en donde se enumeran las garantías del acusado y que establece su fracción V: en caso de no tener quién lo defienda, se le presentará lista de los defensores de oficio para que elija al que los defienda y les convenga.
En esta fracción por primera vez en la historia de las constituciones políticas de nuestro país se establece el derecho a que el Estado provea de un defensor de oficio al inculpado y simultáneamente surja la figura del defensor de oficio.
En la Constitución Política de 1917, particularmente en el artículo 20, fracción IX se mantiene el derecho a un defensor de oficio, como se amplía ahí también el ámbito de su acción.
Dentro de la evolución de esta figura, la separación entre la defensoría de oficio federal y la defensoría de oficio del entonces Distrito Federal se dio el 9 de febrero de 1922, al promulgarse la Ley de la Defensoría de Oficio Federal y el 28 de septiembre del mismo año se publicó el Reglamento de la Defensoría de Oficio del Fuero Federal, aprobado por la Suprema Corte de Justicia el 18 de octubre.
Esta Ley y su Reglamento marcan una clara separación entre la defensoría de oficio del Distrito Federal y la defensoría de oficio de la federación. No fue sino hasta el 29 de mayo de 1989 que entró en vigor la Ley Federal de la Defensoría Pública, la cual creó el actual Instituto Federal de la Defensoría Pública, dotándola de independencia y técnica operativa y adscribiéndola al órgano interno de la Judicatura Federal.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública es el órgano del Consejo de la Judicatura Federal, encargado de garantizar la defensa pública de las personas ante autoridad del fuero federal.
El servicio se brinda a través de personas defensoras públicas en materia penal y personas asesoras jurídicas en todas las materias que no son del orden penal, mediante la orientación, asesoría y representación jurídica. Este instituto brinda sus servicios bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo.
Es importante destacar que, tanto el Poder Judicial Federal como los poderes judiciales estatales, junto con sus respectivos sistemas judiciales, brindan el servicio de defensa pública a los ciudadanos que lo soliciten, aunque son diferentes. Por ejemplo, 25 de las defensorías públicas locales de los estados, 25, óiganlo bien, pertenecen al Poder Ejecutivo local. En ese mismo orden de ideas cabe precisar que el nombramiento de defensor público se encuentra regulado solo en algunos de los ordenamientos locales, pero no en la mayoría de los estados.
Los estados disponen de legislaciones diferenciadas, desde los requisitos para desempeñar las funciones de defensor público, hasta el catálogo de obligaciones del mismo, incluso prohibiciones. Actualmente la evolución del desempeño de la Defensoría Pública, tanto local como federal, es poco alentadora.
Encuestas e investigaciones muestran la insatisfacción de personas que, privadas de su libertad, acuden a este servicio y que lo califican en forma negativa en casi 80 % de los encuestados, a ellos y a sus familias.
No desconocemos que en esta materia permea que la Defensoría en el nivel local y en el federal se ha vuelto obsoleto, incluso podemos afirmar que, más allá de la calidad y el profesionalismo de los defensores, esto se debe más a la estructura actual, que no ha permitido el crecimiento de la institución ni ha logrado obtener los resultados que la sociedad demanda.
Por ejemplo, el diseño de las defensorías públicas en materia penal está aun sentado en las necesidades que planteaba el modelo de justicia penal inquisitivo, en el cual la presencia física de la defensa pública no era vista como requisito esencial, sino como mera apariencia formal del proceso.
En este sentido, desde la constitucionalización de la garantía a una defensa técnica adecuada por un profesional de derecho, la cantidad de trabajo de las defensorías públicas se incrementó considerablemente, pues rompió con la manera en que estas operaban. Sin embargo, el funcionamiento defiende que en la actualidad enfrenta, es muy deficiente. Tanto las defensorías locales como federales son acumuladas y presionadas por el rezago de trabajo, la curva de aprendizaje para los defensores públicos que ya forman parte de estas instituciones y el descuido y la carga laboral excesiva, entre otros factores.
Todo sistema federal tiene que hallar un punto medio entre la concentración y la dispersión de poderes, es decir, definir la autonomía que tienen los estados y municipios para establecer su propio marco legal y el grado de centralización de atribuciones y recursos para que sea adecuada e indispensable.
Tampoco es un secreto que la institución exhibe un desequilibrio entre el ministerio público y el Poder Judicial. Aquí retomo las palabras del gobernador del Chiapas, que ha elevado en distintos foros de que es conveniente acompañar a la reforma al Poder Judicial, la reforma al ministerio público o al sistema de procuración de justicia.
La reforma que presentó el presidente de la República, el licenciado López Obrador, el 5 de febrero del año en curso, busca sustituir al Consejo de la Judicatura Federal para crear dos nuevos organismos, uno de ellos para administrar todo el sistema de justicia, incluyendo la escuela de formación judicial y el Instituto de la Defensoría Pública, es decir, se crea el órgano de administración judicial.
La modificación al diseño y a la estructura de órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial tiene por objeto garantizar su autonomía, independencia y especialidad técnica.
Es importante resaltar que la reforma de referencia en este sentido no debilita al Poder Judicial ni merma su autonomía e independencia, sino que lo fortalece a través de la legitimidad emanada del poder popular cerrando la brecha sistemática que se había creado entre el poder y la sociedad.
Considerando lo expuesto, la mejora de las defensorías públicas federales y estatales tiene varios objetivos fundamentales, garantizar los derechos de la ciudadanía, fortalecer la gobernabilidad y la transparencia e impulsar la profesionalización y el acceso a la justicia, todo ello para contribuir a una sociedad más justa, transparente y participativa.
Estamos viviendo momentos únicos de refundación de la República en sus instituciones, esta es y será una de las reformas más discutidas, más celebradas por la ciudadanía y más polemizadas en centros y círculos también de la ciudadanía.
El acceso a la justicia es el último fin del Estado, es el fin esencial de cualquier estructura social y política de cualquier nación. Nadie puede negar en México que actualmente hay un déficit de justicia, que es indispensable reformar al Poder Judicial y que el movimiento social y político al que pertenecemos tiene un mandato popular por atender, el cual nos fue ordenado en las urnas de manera legítima.
Este es el penúltimo foro de análisis, discusión y concluiremos en Sinaloa, el próximo jueves. Corresponde después a la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside Juan Ramiro Robledo, incorporar al dictamen los asuntos que puedan mejorar, enriquecer o modificar la propuesta presidencial, convertida en iniciativa, ahora en estudio y comento.
Esto será en la tercera semana de agosto seguramente, para iniciar el 2 de septiembre con la discusión y, en su caso, la aprobación de la modificación a la Carta Magna. Respetaremos todas las expresiones, los puntos de vista, resistiremos presiones internas, externas y mantendremos firmes nuestros principios y nuestros compromisos.
Finalmente me refiero a lo expresado por la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, respecto a la reforma. Entiendo y creo que se trata de conjeturas e inexactitudes, a partir de una posición parcial e injerencista y derivada de una lectura incompleta.
Nosotros resolveremos de manera soberana sobre lo que nos corresponde, como Poder de la Unión, sin atender ninguna influencia o presión desmedida del exterior. Les agradezco a todos su asistencia, a los miembros del Poder Judicial, a jueces, a magistrados, a colegios de abogados, a diputados federales electos y a senadores. Un saludo, secretario de gobierno, al gobernador y a todos los asistentes nuestros respetos y nuestra consideración. Continuaremos adelante. Buenos días.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Agradecemos las palabras del senador Monreal Ávila. Queremos agradecer y destacar la presencia del diputado Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Sea usted bienvenido. Por supuesto, damos también la bienvenida a los diputados federales por el estado de Coahuila, el diputado Jericó Abramo Masso, el diputado Jaime Bueno Zertuche y el diputado José Antonio Gutiérrez Jardón. Sean ustedes bienvenidos.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: A continuación, escucharemos las palabras del magistrado Miguel Felipe Mery Ayup. Si es usted tan amable, magistrado presidente.
El magistrado Miguel Felipe Mery Ayup: Muy buenos días a todas y a todos. Por igual saludo con mucho gusto a las y los integrantes de este presídium y con mucho afecto al señor senador Ricardo Monreal. Gracias por sus finas atenciones, senador, para la realización. Igual, en su persona, a todas las y los legisladores.
Pues nos honra mucho que en la capital de Coahuila se celebre uno de los foros de esta reforma tan importante. Gracias por considerar a Coahuila y a Saltillo para analizar uno de los temas fundamentales, que tiene que ver con la visión pues de la reforma en este sentido.
Y para nosotros la visión de la reforma tiene que ver con la cercanía que tenemos que tener con la gente. Y no hay un espacio más cercano que podamos tener en el Poder Judicial que precisamente sea la defensoría pública o defensoría de la gente o lo que pudiera llamarse la defensoría del pueblo, porque es ahí en ese espacio en donde, fíjense ustedes, a nivel nacional los Poderes Judiciales locales solamente cuentan con 6 defensorías públicas del Poder Judicial, 6, las otras 26 pertenecen a los Poderes Ejecutivos.
En este país existen 6 mil 363 defensores públicos y asesores locales, que atienen casi 2 millones y medio de asuntos anuales, es decir, cada defensor o asesor jurídico atiende en promedio 370 asuntos. Sin embargo, hay estado como el nuestro, donde alcanzamos a atender, fíjense ustedes, 800 asuntos anuales.
En Coahuila cada defensor público gana 20 mil pesos, un ministerio público aquí tiene un sueldo de 25 mil. También los Poderes Judiciales locales, bajo el liderazgo del magistrado Rafael Guerra Álvarez, hemos hablado acerca de la austeridad republicana y estamos dispuestos, por supuesto, a entrarle en definitiva a la austeridad que tenemos que tener también como instituciones públicas como poderes de un Estado.
Resalto en este momento la presencia también del magistrado Ángel Gerardo Bonilla, presidente del Poder Judicial de Durango; la presencia del magistrado Arturo Morales Silva, presidente del Poder Judicial de San Luis Potosí; y la presencia del magistrado Carlos Villegas, perdón, de David Cerda Zúñiga, presidente del Poder Judicial de Tamaulipas. Gracias, compañeros, por acompañarnos el día de hoy.
Y retomo. Fíjense, el 72 % de las personas vinculadas a proceso en México requieren de un defensor público. Aquí en Coahuila el 84 % de los asuntos en materia penal son llevados por un defensor de oficio, por un defensor público.
Entonces, necesitamos más defensores públicos y transformar realmente las defensorías, las defensorías públicas. Incorporaría un dato más: ¿por qué no incorporamos a las defensorías públicas, diputados, senadores, la mediación? Una vez que ustedes nos han dado ya la Ley General de Medios, de Solución de Controversias, como es la mediación, ¿por qué no hacemos un esquema de atención a la gente? De ser atentos, de atender con un espíritu de servicio.
La segunda parte tendría que ser ¿cuántos asuntos de esa atención que tenemos podemos mediar? Y, por último, entonces ¿cuántos asuntos pasan a la asesoría jurídica? Y echamos a andar todo el sistema de justicia, que tiene que ver con una demanda, con una contestación. Todo un proceso. Entonces, hacemos un esquema un tanto más sencillo para la gente que le va a llevar menos tiempo a través de la mediación como una solución a un conflicto.
Por ello, reitero que es muy positivo que el día de hoy celebremos este foro, este espíritu que tiene que ver, celebro, que sea la defensoría, que nos toque el tema de la defensoría y la colegiación, y la colegiación bienvenida. Ahora también con la reforma al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares los colegios, barras y foros de abogados están ávidos de capacitarse en el espíritu de la reforma.
Ya capacitamos al Poder Judicial local, a nuestras juezas, jueces, secretarios y actuarios, pero, ¿y los abogados? ¿Cuándo vamos a capacitar a los abogados parta que estemos en la misma lógica de la oralidad en todas las materias?
Cierro saludando al senador de la República Luis Fernando Salazar, a la senadora Cecilia Guadiana, a los señores diputados que se encuentran aquí: Shamir Fernández, Jaime Bueno, Yerico Abramo y Antonio Gutiérrez. Igualmente, a todas y a todos por igual. Son muy amables por su atención.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Muchas gracias, magistrado presidente.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Escucharemos ahora las palabras del diputado Ignacio Mier Velazco. Si es usted tan amable, coordinador.
El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Muy buenos días a todas, a todos. Primero, agradecer su generosidad de su tiempo, del espacio que le dieron a esta reforma importantísima para nuestro país, para millones de mexicanos que están en espera que se le dé cumplimiento a un derecho constitucional de tener acceso a una justicia pronta, expedita y gratuita, y que el Poder Judicial, sus integrantes en todos los estratos garanticen la plena y total independencia y autonomía de cualquier otro poder, sea constitucionalmente establecido, institucionalmente establecido, pero, sobre todo, de poderes fácticos ajenos al andamiaje institucional democrático de nuestro país.
Por eso aprecio de verdad en todo lo que vale que nos hagan el favor el día de hoy de acompañarnos aquí en Saltillo, la capital de este estado importante de la federación, Coahuila, que esté el presidente del Tribunal de Justicia, los diputados federales que en mucho ayudaron a Juan Ramiro Robledo, el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al equipo coordinador de la propia comisión y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para organizar este diálogo aquí que tiene como tema, como ya bien se dijo, la defensoría de oficio y la colegiación del ejercicio de la abogacía.
Entonces, agradezco de verdad a Yerico –gracias, Yerico–, a Jaime Bueno Zertuche, a José Antonio Gutiérrez, también a mis compañeros Javier Borrego, a Shanin, a todos que nos hayan... agradezco al coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ustedes lo saben, Morena junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde construimos una agenda político-electoral que se expresa con candidaturas comunes en las urnas.
Por eso a Gerardo Fernández Noroña, gracias, al vicecoordinador Leonel Godoy, que ha ayudado en mucho a la consolidación del grupo parlamentario en Cámara de Diputados, a mi querido amigo coordinador de la colegisladora, Ricardo Monreal, al senador electo del estado de Chiapas, un senador importante, un gran tribuno que mereció la confianza de las chiapanecas y chiapanecos, a mi querido amigo. A todos ustedes, muchísimas gracias a los ponentes, gracias por compartirnos parte de su experiencia, de su conocimiento, de su expertise.
En este diálogo, que hay que decirlo, lo comentaba hace un momento con Juan Ramiro, este diálogo que estamos organizando surge a partir de una reflexión que hizo el Grupo Parlamentario de Morena, los integrantes de la comisión y lo socializamos con los otros partidos.
Aquí el diputado Rubén Moreira jugó un papel fundamental. Acá está el diputado Camacho, lo sabe, porque la iniciativa de reforma no considera modificación al artículo 20 constitucional, la defensoría de oficio que bien señalaba el presidente del tribunal, necesaria para poder atender los más de 2.5 millones de asuntos, de los cuales, por falta de recursos económicos, porque no se garantiza ese derecho a las mexicanas y a los mexicanos, tiene que ser atendidos el 72 % y 85 % en materia penal, por defensores públicos.
Por eso quisimos, por sensibilidad política, por darle cumplimiento realmente a ese derecho que se analizara aquí en Saltillo este tema, para incorporarlo a una revisión integral de todo el sistema de justicia del país. Por eso hoy lo vamos a abordar y vamos a abordar pasado mañana, en Sinaloa, también dos temas que no están dentro de la iniciativa de reforma, pero que en perspectiva lo vamos a incorporar para tener verdaderamente una revisión integral del sistema de procuración y administración de justicia en nuestro país y darle cumplimiento al derecho constitucional de las mexicanas y mexicanos.
En Sinaloa vamos a tratar seguridad pública, que tiene que ver con primeros respondientes que es parte fundamental del nuevo sistema de justicia oral, y lo vamos a hacer también en materia de procuración. Después de haber dotado de autonomía a las fiscalías, como se articula de manera sistemática la seguridad pública con la procuración y la administración de la justicia, y poder atender de manera integral con una lupa, una dioptría mayor, esto que ya aquí se esbozaba, las distorsiones que hay un defensor de oficio púbico que gana 20 mil pesos, el defensor del pueblo, el agente del Ministerio Púbico, 25 mil y cómo jueces magistrados, ministros superan hasta 10 veces ese salario. Eso requiere una revisión integral. De los 100 mil millones de pesos que se destinan para la procuración y administración de justicia en el país, el 80 % se lo lleva el Poder Judicial, que atiende el 20 % de los asuntos.
Por eso lo tenemos que hacer. Porque nosotros lo que pusimos énfasis en esta iniciativa de reforma fueron las dos cosas. Es una iniciativa que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador y encuentra en la persona de Claudia Sheinbaum y en la voluntad del pueblo de México que se amplíe la discusión.
Miren ustedes, con la mayor honestidad, pudimos haber optado por el camino tradicional. Menos escabroso: el camino del confort. Que, al tener mayoría calificada, asegurada, en la Cámara de Diputados, no hubiera diálogo. Pero quisimos dialogar. Quisimos hacer lo que no ha vivido nunca nuestro país.
Cuándo los mexicanos vamos verdaderamente a aspirar en los hechos a una plena democracia, si no prestamos nuestros oídos, nuestra atención, nuestra prudencia, nuestra disposición a dialogar. ¿Cómo puede un país encontrar verdaderamente la ruta democrática si no aprendemos a escucharnos, a hablar?
Por esa razón es que hoy venimos acá. No hay ninguna razón para que no tengamos los canales de comunicación. Por eso venimos acá y queremos escuchar con educación, con mesura, con disposición, incluidas esas expresiones. Gracias.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: (Habla fuera de micrófono) No sé si quieras pedir un receso.
El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: (Habla fuera de micrófono) A ver, ya lo voy a decir.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: (Habla fuera de micrófono) Que les den un pliego, si quieren.
El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Bueno, hemos escuchado con atención la petición de las personas trabajadoras que están acá. Yo les voy a pedir al diputado Yerico, al secretario técnico, que nos auxilien, y al diputado Javier Borrego, que nos auxilien para que se forme una comisión y que participen aquí en el micrófono, hasta por cinco minutos.
De esa manera vamos a poder continuar con este diálogo respetuoso porque a eso venimos. Hemos escuchado a los trabajadores a través de las dos representaciones sindicales y para garantizar el diálogo, pues, tiene que haber disposición al diálogo.
Entonces, yo les pediría, por favor, que pudieran formar una comisión para poder continuar y escucharnos todos. Gracias. Gracias por su comprensión. Gracias, Yerico. Entonces, el día jueves estaremos en Sinaloa donde vamos a abordar los otros componentes para garantizar una revisión integral.
Hoy podemos decirles que el esfuerzo que ha hecho la comisión es muy importante. Parte de ello ya lo dijo el diputado... el senador Ricardo Monreal y diputado electo. Es de aproximaciones sucesivas. En los próximos días seguramente en Sinaloa vamos a poder expresar las primeras líneas de modificaciones a la iniciativa en varios aspectos centrales que yo les puedo hoy anticipar:
El primero es la conformación y nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la implementación de la modificación del procedimiento de designación de los integrantes, de tal manera que se garanticen dos cosas que han aparecido de manera reiterada como preocupación y propuesta en los foros:
Uno, los criterios de elegibilidad que garanticen que se cumplan los requisitos y que todos los que cumplan los requisitos, hombres y mujeres, puedan pasar a través de los comités técnicos que se instalarán con personas del más alto nivel y experiencia en la impartición y procuración de justicia para que ese comité técnico defina a través de entrevistas, exámenes, ensayos, la idoneidad de los más capacitados, de los más preparados, de los que tienen las características académicas, personales de historia de vida para cumplir con esa función sustantiva y quienes actualmente estén, puedan participar igual.
Segundo. La gradualidad y el escalonamiento para hacer el procedimiento de selección democrática. Todo eso se ha venido haciendo y lo hemos escuchado respetuosamente en los diálogos, también poder garantizar a todos los trabajadores y reiterar que los derechos adquiridos, incluidos, el retiro de haber que están alojados en dos de los tres fideicomisos se va a respetar, porque es dinero de los trabajadores, porque es de ellos, es producto de su trabajo de años, de esfuerzo.
Y, eso, el más sensible de ello es nuestro movimiento, porque es un movimiento que se debe al pueblo y respetamos los derechos del pueblo y los vamos a hacer por convicción y porque así debe de ser, de tal manera que el día de hoy, al estar en este importante foro aquí en saltillo damos testimonio de que vivimos en un país democrático, que en nuestro movimiento –y lo reiteramos– sabemos escuchar, por que durante más de 40 años no fuimos escuchados y si algo aprendimos es que debemos en el diálogo a prestar atención respecto, disposición, porque nada puede ayudar a la democracia que el respeto y el diálogo. Muchísimas gracias.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Agradecemos al diputado Mier Velasco.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Para dar cierre a este acto inaugural, le pedimos al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, sea tan amable de dirigirnos un mensaje. Por favor, diputado.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Buen día a todas y a todos. Senador Ricardo Monreal, coordinador de la Jucopo en el Senado; diputado Ignacio Mier, coordinador del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados; señores consejeros, consejeras, del Consejo de la Judicatura; distinguidos ponentes; diputados locales; diputados federales; compañeros coordinadores; buen día a todos.
No voy a repetir lo que se ha dicho, ha sido muy puntual, solo quiero centrar los perímetros de la discusión que debería de darse hoy, que debe darse hoy. Este tema y el que se vería pasado mañana en Sinaloa, en Culiacán, no forman parte de la propuesta central de reforma judicial. Se agregaron para darle pues un contorno a una discusión cabal sobre el sistema de justicia.
Primero, no puede haber sistema de justicia que funcione sin alguien que lo impulse porque las materias que caminan oficiosamente son muy pocas. Todas las demás requieren el empujón de parte interesada, la demanda, el trámite, la interposición de todas las medidas procesales, recursos por parte de quien tenga el interés legítimo y apoyados en sus patrocinadores. Esa palabra no tiene que ver con el argot comercial. En el lenguaje de los abogados es el defensor el abogado que patrocina una causa judicial. Lo sabemos, la mayoría de los que estamos aquí.
No puede caminar el proceso sin defensores, sin acusadores en la parte penal. Se trata de que veamos que está funcionando qué. ¿Están funcionando los defensores del Estado mexicano? ¿Están bien pagados? ¿Hicimos lo correcto hace 24 años, 26 años, para sacar la estructura de la defensoría pública del Poder Ejecutivo y traer al Judicial? ¿Son independientes? ¿Tienen el margen de libertad, de capacidad, los defensores de oficio? ¿Deben quedarse ahí? ¿Qué les falta?
Del otro lado, los abogados de paga particular, los buenos abogados de paga particular o los que ponen malas prácticas en el proceso judicial. Lo digo con mucho respeto, yo he sido litigante, para todos los litigantes; pero el sistema de justicia puede caminar muy bien con buenos abogados a los lados, o al revés. Ese es un tema fundamental para analizar hoy.
Ahora, el ejercicio de la profesión se puede colegiar de tal manera que sea como lo hacen los contadores ahora que para ciertas materias los dictámenes fiscales, por ejemplo, requieran de una autorización que les da la Secretaría de Hacienda, ¿algo así o cómo entendemos la colegiación?, yo fui presidente de los abogados en mi estado, San Luis Potosí, muy joven y ese era un tema que traíamos en boga y entonces éramos 404 abogados en San Luis Potosí y ahora hay 10 mil más, 442 mil abogados en el país según el Inegi en su último dato.
Yo creo que es la profesión más amplia, se abrió al mercado la educación superior en las últimas décadas y, ¿qué pasó? Proliferaron las escuelas, pero, sobre todo de las ciencias sociales y particularmente la abogacía. Debe seguir eso, tiene que ver con el ejercicio de la profesión, yo creo que sí, pero, ¿a ver qué dicen los ponentes?, y a ver, ¿qué les responden a los legisladores los ponentes sobre cuestiones como esas?
La colegiación la vamos a entender como un requisito más para ejercer la profesión en ciertas materias, ¿quién va a dar ese registro?, ese fiar de ejercicio profesional y, ¿lo podemos hacer con esa masificación de la abogacía? Yo no lo veo tan sencillo, pero son retos del sistema de justicia en México, ese es el tema de hoy.
Y, el que falta, también fuera de la propuesta central de reforma judicial el de Sinaloa, toco otro tema importantísimo, que lo sembramos nosotros, porque nos parece fundamental, jueces, magistrados, académicos, profesores, principialistas, neoconstitucionalistas, y sobre todo barras y colegios de abogados están pensando todo el tiempo en los derechos humanos. Muy bien, es un valor importantísimo, rompió la columna vertebral de la Constitución en el año 11.
Yo no sé si había autoridad, suficiente legitimidad fuera de un congreso constituyente para cambiar diametralmente la estructura del funcionamiento constitucional del país. He escuchado que no todo se puede mover con el constituyente ordinario, el poder reformador ordinario de la Constitución que hay cosas que no pueden modificarse, bueno, se cambió la manera de hablar de la Constitución en México, está muy bien, es un valor importantísimo, todos comprometidos con la preservación, la defensa de los derechos humanos, pero, ¿es el único valor que hay que cuidar en México?
¿La seguridad pública no es preexistente para los derechos humanos? ¡Sin seguridad pública pueden existir, pueden ser vigentes, puede haber validez de los derechos humanos? Cuando menos tiene el mismo valor. Este tema hay que discutirlo en Sinaloa y, entre todos, adelantando mucho lo que hemos llevado ya discutiendo, anotando, estudiando, considerando, ahí va fraguándose un proyecto de dictamen que va a darle respuesta a muchas cosas que hoy son inquietud y que generan discusiones y protestas antes de saber qué va a pasar.
Hoy a nadie se le ha afectado, hoy a nadie ha corrido y no se pretende afectar a ningún trabajador del Poder Judicial. Tema para nosotros, gracias.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Agradecemos al diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a quien dejaremos nuevamente en el uso de la palabra para llevar a cabo la moderación y explicar el formato y metodología que seguirá este octavo Diálogo, defensoría de oficio y colegiación del ejercicio de la abogacía. Si es usted tan amable, diputado.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Hacemos un receso, vamos a despedir a algunas personas que tienen que retirarse, otras se quedarán, desde luego, todos vamos a seguir colaborando.
Y veremos ahorita a qué acuerdo pueden llegar los tres comisionados que mandó el diputado Mier para los coahuilenses legisladores, con este grupo de inconformes, a ver si pueden arreglos, escucharemos con el grado de estridencia que quieran los escuchamos.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Sí, la idea que aquí Nacho y yo como coordinadores de ambas Cámaras, coordinación de la Jucopo, hemos decidido que se les dé la palabra a las personas que seleccionen, no tenemos ningún inconveniente ni objeción en escucharlos, a eso venimos.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Un receso de cinco minutos.
(Receso)
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: ...a Rogelio Rodríguez Garduño, analista jurídico. Y se incorporan a este diálogo, por acuerdo de los diputados y senadores, Diana Berenice López Gómez y José Guadalupe Méndez de Lira. Si son tan amables de ocupar sus lugares, para poder ceder el uso de la palabra, por favor.
Por supuesto, queremos dar la bienvenida al maestro José Omar Sánchez Molina, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, quien coordinará y moderará este octavo diálogo. Maestro Sánchez Molina, si es usted tan amable.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta segunda parte. Recordarle a la audiencia que estamos en transmisión en vivo por la señal del Canal del Congreso, y que de acuerdo con el formato aprobado tenemos la oportunidad de escuchar, hasta por cinco minutos, a las ponencias, a quienes agradecemos su presencia aquí en Saltillo, Coahuila, para que puedan brindar información sobre su perspectiva respecto a este tema tan importante de la defensoría de oficio y la colegiación del ejercicio de la abogacía.
El proyecto que aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales posteriormente prevé también la participación de las diputaciones y las senadurías, en su caso, para que puedan hacer preguntas a las personas ponentes y en ese sentido tendrán igualmente, hasta tres minutos, para que puedan formular la pregunta con la representación de los grupos parlamentarios y posteriormente tres minutos también las personas ponentes, para responder en caso de que sean requeridos por...
Y como decía nuestra maestra de ceremonias, se han incorporado Diana Berenice y José Guadalupe, por un acuerdo importante para ampliar este diálogo. Y pedirle, por favor, a la Red Laboralista de Abogados de Saltillo, Asociación Civil, si nos permite, para que la transmisión pueda llevarse a cabo. Tendrán oportunidad de hacer las manifestaciones correspondientes del caso, pero permítannos, por favor, que la visión de las personas que están atrás de ustedes no se vea interrumpida, siempre con el respeto correspondiente, para que si se colocan en alguna parte donde no afecte la visión de las personas, en respeto pleno, por favor, a los demás y no afectar su visión y estadía en esta sesión. Por favor, les pido que lo hagamos con el debido respeto.
Muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar con Ricardo Antonio Silva Díaz, él es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Mencionar también, que tiene estudios de maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En el aspecto profesional se ha desarrollado tanto en el ámbito público como en el privado. También fue rector de la Escuela Libre de Derecho de noviembre de 2018 a octubre de 2022 y vocal de la Junta Directiva de noviembre de 2014 a noviembre de 2018.
En el ámbito académico es profesor por oposición de la cátedra de derechos fundamentales y de derecho procesal constitucional y conferencista en diversos temas vinculados con constitucional, derechos humanos, teoría política. Y también es investigador honorario del Centro de Investigación e Informática Jurídica.
Recordarles a los ponentes, hay un cronómetro que estará enfrente de ustedes para que sea una guía visual y les permita cumplir con el tiempo. Pedirles, de manera muy respetuosa, que puedan ajustarse a los cinco minutos, tenemos ya 11 ponencias. Sé que el tiempo no es suficiente, que puedan dejar una primera indicación y, posteriormente, las diputaciones harán preguntas que podrán ampliar la primera perspectiva que puedan dar sobre el tema. Así que, Ricardo, si gustas adelante, por favor, con tu participación inicial.
El ponente Ricardo Antonio Silva Díaz: Muy buenas tardes a todos. Primero, mis agradecimientos de parte de la Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, por la invitación a las autoridades del estado de Coahuila y, desde luego, también a las autoridades legislativas federales por la invitación a este foro.
Iniciaré primero con la identificación de los tres problemas que me parecen centrales en el tema de este sistema de justicia y me parece que alrededor de los foros se ha discutido acerca de la importancia y de la gravedad que existe en los retrasos y la demora en la solución de conflictos, en los formalismos que impiden resolver de manera eficaz los conflictos y la lejanía de los funcionarios judiciales con la propia ciudadanía.
¿Cuál es el origen del problema? Durante los foros se ha apuntado que el responsable directo son los jueces y me parece que esa visión es una visión equivocada, aunque el origen del problema se ha apuntado dentro del Poder Judicial a la corrupción, al nepotismo y al acoso sexual, eso es solo una parte del problema.
La descomposición del sistema de justicia depende de muchos factores que no han sido analizados debidamente y que por ello festejo este foro, y sobre todo estos aspectos deben ser tomados en cuenta para poder implementar una reforma adecuada y, sobre todo, integral.
Permítanme afirmar de manera contundente, no son los jueces, o no solo son los jueces, también somos las y los abogados, las facultades y las escuelas de derecho las que hemos colaborado o no hemos hecho lo suficiente para evitar que la abogacía deje de ser el problema de la ineficiencia de la justicia.
Frente a este escenario de una reforma tan trascendental del momento, es el momento de una autocrítica y reconocer que hemos fallado a la ciudadanía. Nuestra mejor defensa a la independencia judicial debe ser el reconocimiento de nuestros errores y la propuesta de soluciones.
¿En qué hemos fallado? Pensemos lo siguiente: ¿cuántos juicios no pueden resolverse porque los abogados no tienen el conocimiento o la experiencia para llevarlo? ¿Cuántos juicios no se han resuelto porque la abogada o el abogado han decidido prolongarlo para obtener un beneficio inadecuado? ¿Cuántas veces no hemos escuchado consejos de abogados para interponer recursos con tal de no obtener una sentencia definitiva? ¿Cuántos juicios son improcedentes porque las y los abogados no han presentado los recursos o acciones correctas?
Sí, los jueces se niegan a hablar con las partes y a compartir sus opiniones, pero cuántas veces se han mal interpretado o abusado de la palabra de un juzgador para obtener un beneficio. Hagamos una encuesta para determinar cuántas veces una persona ha tenido que cambiar de abogados o cuántas familias han tenido que invertir todo su patrimonio en la defensa de una causa.
Así, pensar que el retraso en la justicia o los excesivos formalismos son solo porque las y los funcionarios judiciales no cumplen con su labor, es tanto como creer que un partido no se gana porque no se hicieron los cambios a tiempo. Todas y cada una de las respuestas evidencian que hay una gran responsabilidad en la preparación pública y privada de las y los abogados, y también una gran área de oportunidad en la vigilancia y capacitación continua de la profesión.
Ya hemos apuntado desde distintas organizaciones académicas la disparidad que existe en los distintos planes y programas de estudio. Una escuela puede impartir solo unas cuantas horas de derecho procesal para considerar acreditada la materia, mientras otras invierten meses en la preparación. Hay escuelas que consideran apta para la abogacía a una persona que invirtió solo los fines de semana un aproximado de mil horas, mientras otras exigen 10 semestres o cinco años que se traducen en 4 mil horas.
Existen una responsabilidad del Estado en el otorgamiento de registros de validez oficial para la impartición de estas clases, pero, sobre todo, la supervisión de su cumplimiento. Aquí es donde los colegios de profesionistas debemos abonar y tener la capacidad de participar y coadyuvar a la autoridad en la supervisión de los planes y programas de estudios.
En términos similares a como está en el artículo 3o. constitucional. Pero también debemos ser puntuales que existe un vacío respecto a la vigilancia de la profesión y que los colegios de profesionistas no contamos con las herramientas normativas suficientes para poder evaluar e incentivar el adecuado ejercicio de la profesión. Como ya lo apunté, el problema se genera por muchos factores y, por eso, con todo respecto, una reforma al artículo 17 constitucional en la que se impongan plazos fatales no va a brindar soluciones.
La imposición de esos plazos nos llevará, necesariamente, a privilegiar los formalismos frente al fondo de la controversia. Desde 1994, el Consejo de la Judicatura ha partido de identificar el número de resoluciones que se emitan, por lo que la evaluación ha sido solo cuantitativa y no cualitativa. La evaluación bajo ese tamiz sería a partir de los plazos fatales. Además, incrementará ese análisis meramente cuantitativo lejos de la ansiedad impartición adecuada de justicia.
Como soluciones, desde el ilustre y nacional Colegiado de Abogados proponemos una reflexión en esta primera etapa de reforma constitucional a que exista un pensamiento sobre el artículo 5o. constitucional, la Ley Reglamentaria, para poder establecer los elementos necesarios en la vigilancia de la propia profesión; y segundo, que pueda coadyuvarse como auxiliares de la propia autoridad federal para supervisar el otorgamiento de registro de validez oficial, así como la vigilancia y supervisión de la abogacía.
Finalmente, en cuanto al artículo 17 constitucional, nos parece totalmente relevante y, dejar claro, que poner plazos fatales en la justicia solo mejorará la cantidad y no la calidad de la misma. El ilustre y nacional Colegio de Abogados está siempre dispuesto para apoyar, no solo en los diagnósticos, sino en trabajar, investigar y redactar propuestas en las que se brinden las mejores soluciones para lograr la eficacia de la justicia sin menoscabo de la independencia judicial. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Ricardo, por tu primera intervención. Antes de darle la palabra a Sandra Luz Rodríguez Wong, a quien agradecemos también su presencia. Importante el gesto que se ha tenido para abrir este diálogo, incorporar a las dos personas con representación de los trabajadores. Me parece que es un gesto que la Comisión de Puntos Constitucionales y también con la anuencia de las coordinaciones de los grupos parlamentarios es un signo, insisto, de apertura para escuchar a todas y todos, con base en el formato aprobado por la propia comisión.
En ese sentido vamos ahora a escuchar a Sandra Luz, que es una, en este momento, candidata en doctora en derecho constitucional, por la Universidad Autónoma del Noreste. Licenciada en derecho y maestra en derecho fiscal por la Facultad y Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y en juicio de amparo por el Institución de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Fue magistrada, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila y al concluir su periodo legal, ocupa el cargo de magistrada de la Sala Especializada en materia de responsabilidades también del mismo tribunal.
En el servicio público estatal destaca que estuvo a cargo de la subdirección de la Defensoría de Oficio en materia penal y, posteriormente, en la subdirección de la Unidad de Defensa Civil y Familiar. Años más tarde, se hace cargo del despacho de la Dirección de la propia Defensoría en los que contribuyó con la total reestructuración orgánica y funcional de la institución, entonces a cargo del Poder Ejecutivo.
Actualmente, además, se desempeña como catedrática de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sandra, bienvenida. Adelante con tu intervención inicial.
La ponente Sandra Luz Rodríguez: Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a todas y a cada una de las personas que integran este tan distinguido foro. Saludo con respeto al senador Ricardo Monreal y con él a senadores y diputados de toda la república.
Agradezco al diputado Juan Ramiro Robledo la invitación para dirigir a ustedes algunas de las ideas que también surgen en mi paso como defensor de oficio en distintas materias. El camino de la defensoría obliga a aquellos que abrazamos el servicio a ver la desmedida desigualdad de quien defiende una causa con recursos y quien en la penumbra de la incertidumbre por la carencia de ellos busca el defensor, en el defensor la solidaridad y la justicia.
La defensoría, cuya semilla germinó en 1847, como ya se mencionó, no es simplemente la respuesta a la necesidad de la defensa legal, sino un reflejo del pensamiento profundo de quienes soñaron con una sociedad donde la igualdad ante la ley no fuera un mero ideal.
Ponciano Arriaga, en su incansable búsqueda de justicia, nos legó la certeza de que el derecho a la defensa es un derecho humano, su visión se entrelaza con los cambios constitucionales de 1857 y 1917. No obstante, la travesía de la defensoría no ha estado exenta de desafíos, la transformación que experimentó a nivel federal entre 1994 y el 2011, aunque prometedora, reveló un entramado de rezagos que aún persisten.
A nivel nacional, los análisis y reporte resaltan la importancia de un modelo de defensoría pública que priorice la independencia y la imparcialidad. Es complejo hablar de independencia en un escenario histórico en el que solo vemos una división tripartita de poderes.
La primera ley reglamentaria de la defensoría de 1922 hizo depender del Poder Judicial Federal la defensoría pública. En los estados el modelo varió, actualmente se ha hablado de aquellas defensorías que dependen directamente de los Ejecutivos del estado o aquellas que dependen del Poder Judicial.
Pero aún cuando la competencia dentro del Ejecutivo se amplía en asuntos de naturaleza civil y familiar, además de la penal, cómo el día de hoy garantizaríamos esa autonomía cuando en estos días hablamos de defensa en materia administrativa, de responsabilidad patrimonial, de responsabilidades de servidores públicos y hasta en materia electoral, cómo podríamos garantizar a la ciudadanía desde la percepción ciudadana un acceso a la justicia en condiciones de igualdad como un derecho fundamental, cuando los propios órganos del Estado dependientes del Poder Ejecutivo son parte de esos procesos.
En materia penal la figura del defensor busca el equilibrio jurídico entre las partes acorde al principio de contradicción, conforme al cual debe existir la igualdad de oportunidades entre el Ministerio Público y la defensa, pero la simetría de recursos que cada uno tiene para operar marca sus grandes diferencias.
La falta de recursos acarrea problemas operativos, como la falta de personal para la atención de asuntos. Así, la insuficiencia del personal reduce la efectividad en la carga de trabajo.
Los estudios revelan cuántos asuntos atiende cada defensor público. Estudiosos expertos llaman a garantizar condiciones de autonomía para que las defensorías no dependan presupuestalmente de ninguno de los poderes, dotándolos de un presupuesto suficiente, planes de profesionalización y estandarización mínima de sus estructuras y procedimientos.
La defensoría no debe ser la herramienta de ninguno de los poderes, sino un baluarte de la democracia. Frente a este panorama, surge la necesidad de propuestas concretas que permitan a México honrar principios fundamentales de la defensoría pública.
Es imperativo implementar un sistema de formación continua para defensores que garantice su competencia y compromiso. Es esencial asegurar que la defensoría cuente con recursos suficientes y su funcionamiento sea independiente de influencias políticas de cualquier tipo.
Nunca me gustó ser un defensor visto desde la parte social como un defensor de segunda. La cercanía de la sociedad para la prevención y auxilio de asesoría... Gracias. Es para ustedes, porque finalmente yo también fui parte de la defensoría de oficio y al día de hoy el Poder Judicial ha reconocido la poca cercanía que ha tenido con la ciudadanía.
Desde mi experiencia como defensor de oficio les puedo decir que la cercanía con la sociedad es una parte importante que no los deja el día de hoy avanzar. En la vorágine del día a día se pierde cada uno de los momentos en los que puede uno estar en la cercanía y en auxilio y con el patrocinio de aquellas personas que acuden con nosotros.
El papel del defensor no nos permite ni nos da la oportunidad de echar a andar programas de apoyo a la ciudadanía. Los talleres de orientación prematrimonial, por ejemplo, se diseñaron en Coahuila con el afán de orientar a las familias en problemas de índole familiar.
¿Cuántas personas de aquí saben cómo firmar un pagaré? Es crucial fomentar una cultura de prevención y conciliación, pero, en conclusión, en defensor del ciudadano es más que un profesional del derecho, es un guardián. La justicia no es un privilegio, es un valor que debe ser defendido con valor, con pasión y con justicia. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Sandra, por esa intervención magnífica.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuar más adelante seguramente contigo para las preguntas que hagan las diputaciones. Vamos ahora a la participación de Taissia Cruz Parcero, ella es magistrada de circuito y directora del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Destaca también que ella ingresó al Poder Judicial en 1991 como oficial judicial. Ocupó cargos de actuaría y secretaría proyectista en diversos juzgados. Se desempeñó también como jueza de procesos penales federales de 2006 a 2014. De 2014 a enero de 2023 ocupó el cargo de magistrada de circuito en materia penal y, como decíamos, a partir de febrero del año pasado, comisionada por el pleno del Consejo de la Judicatura para el cargo que tiene hoy como directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Gracias, Taissia, adelante con tu participación.
La ponente Taissia Cruz Parcero: Muchas gracias. Buena tarde a todas las personas. En otras latitudes, perdón, dividiré esta exposición en tres apartados: los datos, las preocupaciones y las propuestas.
Los datos. En otras latitudes para garantizar el derecho de defensa se opta por el subsidio estatal a despachos privados. En cambio, en Latinoamérica, los países han optado por el modelo de defensorías públicas, que solo en cinco países son órganos autónomos de los otros Poderes constituidos.
En México, la defensa pública gratuita y de calidad es un derecho de todas las personas, reconocido en el artículo 17 constitucional, el cual dispone de la existencia de defensorías públicas que cuenten con un servicio profesional de carrera y cuyo personal tenga ingresos no menores a los de los Ministerios Públicos.
En el ámbito federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que presta los servicios de defensa en materia penal y de asesoría jurídica en las demás materias.
Para el desempeño de sus funciones, el instituto cuenta con autonomía técnica y de gestión. En él trabajamos más de 3 mil personas, de las cuales 874 son defensoras especializadas en materia penal y 316 son asesoras jurídicas, quienes atienden asuntos en materia administrativa, civil, mercantil, laboral. Contamos también con áreas de ciencias forenses y de trabajo social.
De 2023 hasta abril de 2024, atendimos a más de 74 mil personas en asuntos penales y a casi 60 mil en el área de asesoría jurídica, principalmente personas adultas mayores, migrantes, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas indígenas.
Según las fuentes de consulta, ya se habló aquí de las defensorías locales, voy a omitir los datos, pero mencionaré que la paridad salarial entre fiscalías y defensorías a nivel local no es un principio constitucional cumplido.
Las preocupaciones. Agarramos a los criminales y los jueces los liberan. Esta frase, contra lo que se pudiera pensar no es de hoy, no es del presidente López Obrador, es del expresidente Felipe Calderón. La recuerdo aquí para que no olvidemos que las decisiones de las juezas y los jueces muchas veces incomodan a los otros Poderes, y esa incomodidad es la que nos tiene discutiendo una iniciativa de reforma que, a partir de una legítima exigencia social de justicia en su parte esencial pretende socavar la independencia judicial.
Para esta defensoría pública federal resulta preocupante el posicionamiento de un discurso que erosiona la confianza de las personas en los tribunales y que tiene como efecto perverso anular el gran valor de principios constitucionales básicos, como el de la legalidad, debido proceso, imparcialidad, separación entre jueces y acusación, presunción de inocencia, libertad personal, proporcionalidad de penas.
Ninguna defensa puede ser efectiva frente a una judicatura temerosa, ningún defensor o defensora estará en condiciones de exigir a los tribunales la exclusión de pruebas derivada de violaciones graves a derechos humanos como la tortura, si se responsabiliza a las personas juzgadoras de la impunidad, sin atender las graves deficiencias que afectan el desempeño de policías, fiscalías e instancias de atención a víctimas, por no insistir en los riesgos que se derivan de la militarización en las labores de seguridad pública.
Las propuestas. Con el interés de mejorar los derechos de acceso a la justicia y la adecuada defensa, proponemos reformar el artículo 73 constitucional para que el Congreso de la Unión emita una ley general que homologue los servicios de defensa pública en materia penal y en todas las demás materias.
Que establezca la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación y las entidades federativas. Que esta Ley General de Defensorías Públicas garantice la autonomía técnica y de gestión con que cuenta el Instituto Federal de Defensoría Pública actualmente, y extienda esta garantía a las defensorías locales.
Que se adscriba a las defensorías públicas a los Poderes Judiciales o bien que se les contemple como órganos autónomos. Que se aseguren las asignaciones presupuestales necesarias para cumplir con la paridad salarial y además para contar con personal suficiente y adecuadamente capacitado que cumpla con altos estándares de calidad y especialización en la prestación del servicio.
Regular el servicio civil de carrera como un mecanismo de ingreso y permanencia. Dotar a todas las defensorías de investigadores profesionales y de servicios periciales propio. En ello no hay igualdad procesal posible. Establecer bases y protocolos de actuación homologados, asegurar asesoría y asistencia legal en todas las materias, contar con sistemas informáticos compartidos entre defensorías, implementar mecanismos itinerantes para acercar los servicios a las personas.
Concluyo. En el contexto de la discusión nacional sobre la pertinencia y necesidad de una reforma que mejore las condiciones del acceso a la justicia en favor de todas las personas, en especial en favor de aquellas que han padecido históricamente exclusión, violencia, marginación, discriminación o persecución ilegal, reforzar a la Defensoría Pública Federal y a las defensorías de cada una de las entidades federativas es una tarea impostergable. Señoras y señores, sin independencia judicial no hay defensa. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Taissia, por esta intervención inicial y por las propuestas.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a nuestra siguiente ponencia de las que tenemos inscritas, se trata de Sergio Valls Esponda, quien es licenciado en Derecho, también tiene una maestría en Derecho y diversos cursos de especialización en universidades del exterior, autor de múltiples artículos de investigación jurídica y crítica también jurídica, coautor de la obra Tiempos de justicia.
A partir de 2020 funge como director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. El 30 de junio del año pasado fue designado mediante asamblea de Conatrib, coordinador de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Adelante, Sergio, con tu intervención inicial, por favor.
El ponente Sergio Arturo Valls Esponda: Muchas gracias, saludo a todas y todos, muy buenas tardes. Diputados Mier, Robledo, gracias por darnos un espacio. En esta ocasión vengo en representación de los 33 integrantes del recién creado Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, apenas derivado de la ley publicada en enero de este año.
Aprecio muchísimo el espacio que nos dan. Saludo también al presidente don Rafael Guerra, presidente de Conatrib, gran aliado de la mediación. Gracias a su esfuerzo, señor presidente. Hoy la mediación está en el radar de la opinión pública nacional. Saludos a los presidentes y las presidentes que también nos acompañan.
Soy mediador antes que abogado, antes que magistrado. Queda claro y creo que hoy hemos sido testigos de una cátedra de mediación, la importancia de la mediación. Había un conflicto en ciernes, explotó, escaló el conflicto; afortunadamente hubo un abordaje adecuado, contención, escucha activa, planteamiento de alternativas, diagnóstico, mapeo de conflicto y solución, acuerdo y acá estamos. Nadie puede dudar de la importancia de la mediación y que en cada uno de nosotros vive un mediador o mediadora.
Además, -gracias- las personas facilitadoras, que así nos contempla la nueva ley y que ahí incluye mediadores, conciliadores, árbitros, especialistas en gestión de conflictos, además de resolver muchas veces disolver los conflictos, buscamos que las relaciones humanas, que el tejido social no se dañe o se dañe lo menos posible y para eso existe una fórmula, que es la fórmula de las tres erres ¿no? Y en esta ocasión es cuando les pido su escucha activa.
Escucha activa, es algo que a veces nos hace mucha falta, que es escuchar para entender, para tratar de ponerse en la posición del otro, no es escuchar para responder. que es como escuchamos generalmente. Es escuchar para entender.
Y la fórmula de las tres erres en injusticia es: la primera erre, reconocimiento. Reconocimiento de lo que he hecho mal y de lo que me ha faltado hacer. Reconocimiento que es muy difícil para todas las personas, pero sobre todo para los y las abogadas, pero sobre todo si los abogados son legisladores, pero sobre todo si son jueces o somos juzgadores, ahí ese reconocimiento es verdaderamente complejo, porque eso quiere decir que hay algo que estamos haciendo mal o que hemos dejado de hacer, es la primera erre, pero de nada sirve el reconocimiento sin la segunda erre, que es la responsabilidad.
Asumir responsabilidades. Una vez que reconozco mis fallas, asumo la responsabilidad y es el núcleo de lo que estamos haciendo en estos diálogos, reconocer nuestras falencias como servidores públicos judiciales y reconocer lo que ha fallado también como legislador y a partir de ahí, responsabilizarnos. Creo que es un ejercicio de una enorme responsabilidad y que estamos también corresponsabilizando a muchos otros actores, entre ellos a la propia sociedad, a quienes estamos viendo de frente, sobre todo para ofrecer una disculpa, porque no hemos tenido la sensibilidad para atender, en forma eficiente, sus necesidades de justicia de personas, familias y empresas mexicanas.
Y la última erre. Cuando hay reconocimiento, cuando hay responsabilidad, entonces y sólo entonces habrá restauración. No podemos restaurar sin esas dos anteriores, sin reconocimiento, sin responsabilidad, ahí la restauración. Ese es el verdadero proceso de la justicia, esa es la verdadera fórmula de solución de controversias.
Es lo que faltan las sentencias, por eso muchas veces las sentencias no se cumplen, porque no hubo nunca reconocimiento ni se asumió la responsabilidad, al contrario, atrás de cada sentencia, y hay que decirlo claro, hay un grado de violencia, porque te están obligando a hacer algo en contra de tu voluntad. Es ahí la importancia de retomarlos más que en una reforma judicial; no pueden estar ausentes.
Finalizo. Defensoría pública, creo que lo ha hecho muy bien el presidente del Tribunal de Coahuila. Defensoría pública... son el primer contacto muchas veces con las ciudadanas, con los ciudadanos, que están en la angustia, en el infierno de un conflicto. Ahí hay que hacer el diagnóstico. Es lo que le falta a nuestro sistema: un certero diagnóstico de los conflictos. No puede ser que todos los conflictos se estén resolviendo en juzgados. Esa es la saturación, eso es lo que nos tiene las tuberías procesales atascadas. Necesitamos diagnóstico de conflicto eficiente. No es lo mismo un dolor de cabeza que un tumor en el cerebro. Y todo lo estamos atendiendo con el neurólogo; el neurólogo no es para eso. Esos son nuestros jueces, esos son nuestros juzgadores...
Defensoría de oficio como primeros respondientes. Creo que necesitamos ahí platicar mucho para dotarlos de las herramientas, de las destrezas, de las habilidades, de la mediación y que, entonces, ahí se haga este primer diagnóstico y podamos dirigir y gestionar debidamente cada uno de los conflictos como sucede ya en otras partes: este multi-door courthouse en donde, dependiendo el conflicto, es si vas con un mediador, con un conciliador o con un psiquiatra y, la última instancia, con una o con un juez.
Y, por último, únicamente agradecer la oportunidad. Decir que en el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias estamos a la disposición del Poder Judicial, del Poder Legislativo, para poder incorporar mejores y mayores formas de acceder a la justicia desde la jurisdicción para que entiendan los jueces y las juezas estas habilidades de las que tantas veces carecemos: habilidades para diagnosticar, para gestionar, debidamente los conflictos. Muchas gracias y termino en el tiempo.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Sergio Arturo, por estas reglas también que comentas y que quedan para la memoria. Recordarle a la audiencia que todo el material derivado de los diálogos nacionales se publica en un micrositio que es reformapoderjudicial.diputados.gob.mx, pueden consultar la versión estenográfica, el video completo, el resumen y todo el material que la Comisión de Puntos Constitucionales incorporará como elemento de información al proceso de dictamen.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar a Juan Guillermo Ávila Sarabia. Él obtuvo el grado de licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey y también cuenta con una maestría en Derecho Privado por la Universidad Regiomontana. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León. Actualmente coordina la Comisión de Derecho Civil. Es miembro también del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
Destacar, que fue miembro del grupo técnico revisor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que recientemente se aprobó, participando en las sesiones de trabajo para su redacción, como saben, aprobado de manera unánime por el Congreso de la Unión en abril de 2023. Juan Guillermo, adelante con tus cinco minutos iniciales, por favor.
El ponente Juan Guillermo Ávila Sarabia: Muchas gracias, presentador. Primero que nada, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación realizada por la Cámara de Diputados a titulo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y en lo personal. Estoy muy contento de poder participar en un foro de tanta trascendencia nacional, como el que hoy estamos.
Primero comenzaré diciendo: Cuantas veces hemos escuchado una frase o una pregunta para saber las referencias de un abogado empezando así. ¿Ese abogado se vende? Creo que muchas veces no. Y a mí la verdad frases como esa o preguntas de ese tipo me ponen triste, me ponen triste porque están hablando de la profesión que más amo, la que decidí entregar mi vida y hacer un estilo y un proyecto. Cuando forme mi despacho, cuando forme instituciones como la Barra. Definitivamente, hay algo que hacer.
Hace algún tiempo, a finales del año pasado, pude participar, efectivamente, en la redacción del proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que al apostro se convirtió ya en una ley vigente, solamente esperando su aplicación.
Lamentablemente, también, esta ley se implemento en base a un amparo que se tuvo que promover y fue un cumplimento, una ejecutoria. Es decir, se tuvo que hacer manita de puerco al Poder Legislativo, para que hiciera algo que ya se había comprometido a hacer.
Por qué las cosas tienen que ser así, porque no podemos hacer las cosas de una manera adecuada y convivir cívicamente y hacer primero el bien común. Yo siempre les he dicho a mis alumnos: El derecho es muy sencillo, el derecho es el bien común. Tú piensas lo que está bien regularmente acertaras.
Hablando del tema, en particular esto: La colegiación obligatoria. Es algo que la Barra y otros Colegios de Abogados hemos estado constantemente tratando de impulsar, inclusive las asociaciones que contienen varios colegios de abogados han propuesto una ley general que regula la abogacía.
¿Por qué es tan necesaria? ¿Por qué estamos hablando hoy de esto, si ni siquiera está incluido en la propuesta formal de la reforma judicial? Porque el ejercicio de la abogacía tiene varias profesiones legales, digámosle así. Están los notarios, están los corredores, está la función jurisdiccional. Todas estas, reguladas; pero la persona ante quien acuden aquellas personas en búsqueda del auxilio, porque eso quiere, abogado, el que auxilia, no se le regula. No tiene una norma o límites, restricciones, que digan hasta dónde debemos actuar o no.
Hay estados donde ni siquiera existen aranceles para regular los cobros de abogados. Es por ello que no podemos contemplar una verdadera reforma a la impartición de justicia sin que existan leyes o una ley que regule la abogacía, a todos los actores de esta. Debemos de ponernos límites, pero también debemos tener derechos para ejercer la defensa de la defensa. Yo no puedo ser libre de ejercer la abogacía, si voy a estar restringido o no voy a estar dentro de un Estado de derecho.
Es por ello que verdaderamente culminamos a que como parte de esta reforma al Poder Judicial, además de otros análisis que se han hecho en previos foros, principalmente sobre el ejercicio de la función jurisdiccional, también se integre verdaderamente la colegiación obligatoria para todos los egresados de las carreras de derecho, que ejerzan distintamente su profesión regulando normativamente todos los colegios de abogados, pero que exista una pluralidad de abogados, de colegios, perdón, y que al final sea cada egresado de la carrera quien pueda decidir a qué colegio irse, pero siempre siguiendo las normas éticas y certificaciones debidas que la normatividad correspondiente imponga. Por su atención, muchas gracias; y nuevamente, muy contento de estar en este foro.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Juan Guillermo, por esta propuesta también en materia de abogacía, como mencionas, muy importante.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar, por el acuerdo que hemos tomado, a Diana Berenice López Cárdenas, que viene en representación, como se mencionó, de los trabajadores del Poder Judicial. Así que, Diana, adelante con tu intervención hasta por cinco minutos.
La ponente Diana Berenice López Gómez: Hola, buenas tardes, primero gracias por dejarnos entrar, vengo representando y acompañando a un grupo de compañeros trabajadores del Poder Judicial de la Federación que hemos formado un grupo que le denominamos Noreste, estamos conformados por trabajadores de Monterrey, bueno, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila y de Zacatecas, les agradecemos muchísimo habernos dado la oportunidad de entrar.
Para estar aquí nosotros tuvimos como trabajadores del Poder Judicial de la Federación, tuvimos que pedir un permiso, nosotros deberíamos de estar hoy cumpliendo con nuestras funciones, lo que hacemos día a día, puedo hablar por los casi 600 compañeros que están allá afuera, todos estamos haciendo un esfuerzo porque sentimos lo mismo que dice mi playera el día de hoy, están ignorando a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación para reformar a nuestra institución.
Consideramos que dos meses para aprobar una reforma de tal importancia es muy poco tiempo, también creemos que no nos están dando la oportunidad de expresar el sentir real de los trabajadores. Sí han invitado a líderes sindicales, sí se ha hecho invitación a quienes forman la cúpula o lo más importante de nuestra institución, pero nosotros somos los que hemos sentido los recortes presupuestales.
Estamos indignados e indignadas porque están poniendo en la misma bolsa al Poder Judicial de la Federación y a las fiscalías, estamos viendo que su reforma o su proyecto de reforma no tiene una separación real, no tiene un estudio verdadero respecto de lo que hacen las fiscalías, de lo que hace el Poder Judicial local y lo que hace el Poder Judicial de la Federación.
Estamos muy conscientes, y discúlpenme si no estoy abordando el tema de lo que tratan estos diálogos, simplemente nos pensamos que nos fueran a dar la palabra, no traigo un discurso preparado estoy hablando por el sentir de mis compañeros y lo que nos hizo hoy levantarse muchos a las 4 de la mañana para poder estar aquí, que no hay un análisis real en esta reforma.
Hoy, por ejemplo, si una compañera se embaraza o se enferma no hay quién la cubra y no nos quejamos de eso, no nos quejamos de que no nos han subido el sueldo desde hace mucho tiempo a ciertos mandos porque lo que creo que la mayoría o la mayoría de los trabajadores nos caracteriza es que amamos nuestro trabajo.
No queremos que se termine la carrera judicial, es evidente, totalmente evidente que con la votación de jueces, juezas, magistrados y magistradas, más allá de los ministros, las aspiraciones profesionales de todos quienes formamos por más de hasta 25 años el Poder Judicial Federal se van a ver truncadas, porque nosotros nos tenemos acceso a los partidos políticos, nosotros, de verdad, a veces trabajamos y no es por romantizar el trabajo tan pesado que tenemos en el Poder Judicial Federal, pero trabajamos más de 12 horas continuas y no nos quejamos.
Una cosa que nos caracteriza a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y es donde está centrado su discurso y su reforma, es que somos personas patrióticas, tenemos un código de ética, ahí está nuestra manta que nos caracteriza, no somos corruptos.
Se ha dedicado a decir que el Poder Judicial de la Federación es corrupto y no lo es. Los niños que no tuvieron vacunas en la pandemia, el Poder Judicial de la Federación les otorgó vacunas. Nosotros nos dedicamos día a día con fuerza, con profesionalismo a dar lo mejor que tenemos.
Queremos que nos incluyan, queremos ser escuchados, esto no se trata de prestaciones, porque a los trabajadores se nos ha querido vender un discurso de que nuestras prestaciones no van a ser respetadas. Se trata de profesionalizar.
Tenemos una carrera judicial muy buena dentro del Poder Judicial Federal, y ahora que están las Olimpiadas les quiero poner un ejemplo, y para las personas que me escuchan, que no son abogadas, cualquiera puede ser velocista, se dieron cuenta cómo pasó, cualquiera puede ser corredor. ¿Qué pasó en la carrera de los cien metros? Quedaron así del límite.
En los concursos para jueces y juezas así quedan, cualquiera puede ser corredor, pero, no cualquiera puede ser velocista. Cualquiera puede ser abogado, cualquiera puede trabajar en el Poder Judicial Federal, pero no cualquiera puede ser juez y no queremos jueces puestos, no queremos jueces que vengan a decirnos que no podemos resolver, como lo dicen las constancias, no podemos presentar proyectos, como lo dicen las constancias, no podemos acordar acuerdos como nos los están pidiendo los justiciables, porque eso no le gusta al gobierno en turno.
La pérdida de la carrera judicial es la pérdida de la independencia judicial y estamos en contra de esto. Queremos que nos respeten, tenemos dignidad, somos trabajadores que damos la vida por la nación y así como los diputados aprueban las leyes viendo a la Bandera Nacional, nosotros trabajamos todos los días con la Bandera en el corazón. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Diana Berenice, por tu participación y la ampliación a este diálogo nacional, llevado a cabo en Saltillo.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora, le pido al auditorio, por favor, que guardemos el respeto a todos los ponentes, por favor, para continuar con nuestro diálogo. Vamos a escuchar ahora a José Alfonso Montalvo Martínez, consejero de la Judicatura Federal, para que la audiencia también sepa sobre su trayectoria. Es maestro en derecho por la Universidad Panamericana y en administración pública por la Universidad Autónoma de Querétaro.
También cuenta con una especialidad en derecho fiscal. Ponente en diversos foros sobre temas de justicia iberoamericana, en materia de amparo, administración de justicia, servicio público e informática jurídica. Así que, sin más preámbulos, magistrado, consejero, por favor, adelante con su participación.
Si nos permiten, hay un acuerdo para poder llevar este foro con el respeto y vamos a continuar con las ponencias, dado como se ha acordado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Adelante, consejero, por favor.
El ponente José Alfonso Montalvo Martínez: Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es el penúltimo de los nueve foros y mi sorpresa ha sido que a la Judicatura Federal apenas se nos ha asignado 4 horas con 42 minutos frente a las casi 8 horas asignadas a los legisladores. Y mi sorpresa también ha sido que algunos compañeros ni siquiera los han dejado entrar y a otros se les ha apagado el micrófono.
Ahora les pregunto, ¿de verdad consideran que poco más de 4 horas son suficientes para realmente sostener que estamos frente a un diálogo, frente a un intercambio de ideas donde todas las voces se tomen en cuenta? ¿De verdad consideran que 4 horas son suficientes para exponer las razones necesarias y demostrar los riesgos que esta propuesta representa para la seguridad jurídica y para la economía del país?
Esto no es darle una verdadera voz al Poder Judicial de la Federación y a la sociedad. Esto es un intento superficial de aparentar que se ha escuchado a todas las partes. Esto en lugar de un diálogo constructivo, es una narrativa unilateral que no refleja las complejidades ni las necesidades del sistema judicial.
En realidad, en buena parte solo han servido para generar opinión pública sobre la falsa idea de que el Poder Judicial de la Federación es el culpable del ambiente de inseguridad pública que se vive en este país.
Pero, ahora yo pregunto, ¿qué va a pasar en algunos años, cuando supuestamente ya se haya democratizado el Poder Judicial, se hayan seleccionado a los juzgadores por voto y que los índices de inseguridad y los retrasos en investigaciones sigan igual o más elevados? ¿Entonces, la propuesta de reforma será elegir a los policías y a los ministerios públicos por voto popular?
Hemos insistido mucho en que el Poder Judicial no investiga delitos ni está encargado de la procuración de justicia. Esa responsabilidad recae en el Ministerio Público, cuya labor investigadora se aleja mucho de lo que se requiere para sustentar una sentencia de condena para el delincuente. Pero, lamentablemente, esa ineficiencia de las fiscalías se ha atribuido históricamente al Poder Judicial de la Federación.
Este discurso de culpabilidad hacia el Poder Judicial, no solo es injusto, sino que desvía la atención de los verdaderos problemas que, definitivamente, no se solucionan extinguiendo una institución, como es el Consejo de la Judicatura Federal, que durante casi 30 años ha sido un garante de la independencia y de la carrera judicial, y mucho menos despidiendo de la noche a la mañana a todos los juzgadores federales y locales bajo el argumento de que con esto todos los problemas estructurales de seguridad y justicia se van a solucionar.
También se ha tratado de confundir, diciendo que nosotros mismos sabemos que necesitamos una reforma y que, incluso, hemos formulado propuestas alternativas para lograrlo. Esto no es cierto, nosotros no necesitamos una reforma en los términos propuestos, lo que necesitamos es una reforma que fortalezca a organismos internos, como la Defensoría Pública para acercar la justicia a la gente.
Lo que necesitamos es contar con un presupuesto suficiente y seguro para ampliar y capacitar a nuestra plantilla de defensores públicos y asesores jurídicos para atender a los usuarios de primer contacto, a las personas imputadas y a los más de 74 mil servicios de asesoría gratuita, pues cuando los ciudadanos tienen acceso a defensores públicos gratuitos competentes se fortalece la confianza ciudadana en el sistema de justicia, se promueve la igualdad ante la ley y se asegura que todos, independientemente de su situación económica, reciban una representación legal adecuada.
Pero, en lugar de que estuviéramos dialogando sobre esto, año con año la preocupación es si la Cámara de Diputados asignará el presupuesto suficiente para crear nuevos juzgados con sus defensores públicos y asesores jurídicos.
Lo que realmente necesitamos son reformas que se centren en las leyes procedimentales de todas las materias, necesitamos leyes procesales claras y sencillas, que reduzcan el margen para chicanas dilatorias, legaloides y malintencionadas. Solo así podremos garantizar una justicia más rápida y efectiva para todas, pues reitero, lo que mencioné hace algunas semanas, así se cambie una o diez veces a los jueces, la administración de justicia pronta y expedita no mejorará si las leyes procedimentales no cambian.
En temas de justicia, México necesita que la Secretaría de Educación Pública y las universidades públicas y privadas aumenten los niveles de exigencia académica para que los egresados de la carrera de Derecho participen de mejor manera en los juicios y que defiendan mejor.
Debemos insistir en la colegiación obligatoria de todos los abogados para garantizar su calidad y profesionalismo. Ojo, nosotros no damos sabadazos ni domingazos ni nada. En la justicia a nivel federal todos los días y horas son hábiles.
En materia de amparo la ley establece los supuestos en los que siempre debe existir un juzgado de distrito abierto a todas horas para recibir las demandas de tramitación urgente, no importa si la decisión se toma en lunes o en viernes o en sábado, la protección de este derecho fundamental no está condicionada por el calendario.
–Con esto termino–. Este tipo de foros serían muy útiles si realmente se tomaran en cuenta todas las voces desde todos los puntos de vista y no a partir de irreductibles. Es una tarea que requiere colaboración genuina, es una labor de construcción conjunta, dejemos de lado las medidas drásticas y trabajemos juntos para abordar los problemas reales donde realmente residen.
Exterminar una generación de funcionarios judiciales no es ni será nunca la respuesta. El verdadero camino hacia la justicia y la equidad es trabajar juntos de manera colaborativa y continúa. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias consejero José Alfonso Montalvo, por esta intervención inicial.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuar con nuestro diálogo, escuchando ahora, con respeto, por favor. Le pedimos a nuestra audiencia que podamos guardar el orden para tener respeto a todas las personas, tanto, audiencia, ponentes y a quienes nos están viendo en la señal en vivo en el Canal del Congreso.
Continuamos con Rogelio Rodríguez Garduño, quien es también licenciado en Derecho con mención honorífica y acreedor a la medalla Gabino Barrera, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene especialidad en Administración de Empresas de Servicios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y también ha realizado estudios en el extranjero para poder también integrarse como miembro del Comité Jurídico de la OACI.
Auditor Legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titular de la Unidad de Políticas y Evaluación de Seguridad en el Consejo de la Judicatura Federal y también secretario técnico de Asuntos Penales y Amparo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura. Así que, Rogelio, gracias por tu asistencia. Adelante con tu intervención inicial.
El ponente Rogelio Rodríguez Garduño: Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero que tengo es, agradecer al diputado Juan Ramiro Robledo, porque me haya invitado a estos trabajos, al diputado Ignacio Mier, por supuesto y al senador Ricardo Montreal Ávila. Diputadas, diputados, senadoras y senadores, juezas, jueces, consejeros, a secretarias, secretarios del Consejo de la Judicatura Federal, actuarias, a oficiales, judiciales, en general todas y todos los trabajadores de esta entidad de nuestra República.
Bueno, quiero, primero que nada, dar satisfacción a lo que me pidió o nos pidió el señor diputado Juan Ramiro Robledo. ¿Qué hacer con el papel de los jueces, perdón, de los abogados? Sería un dato hace un momento, 440 mil licencias y licenciados, licenciadas en derecho en este país, 440 mil personas que potencialmente pueden hacerse cargo de la defensa o la asesoría jurídica.
Pero estos 420 mil licenciadas y licenciados en derecho no necesariamente están capacitados para ello. Entonces la colegiación obligatoria ¿sí o no? Respuesta categórica. No. Porque para llegar a esto tendríamos que tener colegios y barras que tuvieran cuando menos la posibilidad, como lo dijo muy honestamente un correpresentante de sus asociaciones, de llevar a cabo un control y seguimiento riguroso. No meramente ser quienes capaciten, citen a foros, etcétera, y hagan, por qué no decirlo, una labor social jurídica. Más bien de socializar.
Hagamos lo siguiente. Propuesta. Tomemos el ejemplo de otra carrera sensible, medicina. Los médicos se hacen cargo de la salud, entonces los médicos especialistas. A mí no me puede operar, salvo en caso de emergencia, un médico que no sea especialista en cirugía general, determinada especialidad.
Entonces abramos nosotros las especializaciones jurídicas y el Estado mexicano debe hacerse cargo de llevar a cabo este control, no como en el ramo médico. Donde, fíjense ustedes, una médico, o un médico pasa su examen de especialidad, después tiene que hacer cuatro años de residencia promedio. Controlado por una universidad y por un hospital donde opera, donde trabaja con el paciente, imagínense ustedes, pero en el último año no puede ser especialista si un instituto privado, que está por ahí –diputados, senadores, revisémoslo, por favor–, un instituto que se llama Conacem, no leo una certificación VIL, por eso tenemos un déficit de especialistas médicos.
El Estado mexicano tiene que hacerse cargo de ver que un abogado penalista sea penalista, cuatro años en un juzgado, cuatro años en una fiscalía, con un centro de enseñanza y una certificación del Estado que diga que ese abogado es experto en materia penal.
Y los litigantes en distintas áreas civiles, en distintas áreas familiares, administrativas, porque el litigio no solo se da en la cuerda penal, civil o familiar, también en la cuerda administrativa, también en la cuerda laboral, en distintas cuerdas por supuesto.
Luego, decir a ustedes que es el Estado, y no puede ser más que el Estado, quien certifique y dé las especialidades, acabemos con las especialidades patito, especialidades de a deveras que habilite el Estado mexicano a una abogada, abogado, abogade a que pueda hacerse cargo del ejercicio de la profesión. Puntualmente el señor diputado Ramiro, Juan Ramiro Robledo, puntualmente.
Ahora, con el tema de la defensoría de oficio, puntualmente, creemos la defensoría pública, general de la república, porque es increíble que, como dirían los procesalistas, la trilogía procesal, donde hay un juez, donde hay un fiscal en la materia penal y haya un defensor público o privado débil, porque no siempre son los despachos caros, a veces es el abogado que puedes contratar y que te va a cobrar nada quizá porque no va cerrada, perdónenme que se los diga. ¿Y quién va a sufrir o resentirse de ese tema? Pues quien requería los servicios.
Puntualmente la creación con una estructura homóloga y semejante en formación, en sueldos, etcétera, a la que tendrían los jueces, magistrados y a la que tendrían también la Fiscalía General de la República.
Ultimo tema, me dejé un espacio para este tema, carrera judicial. Carrera judicial de a deveras. Aquí están presentes quizás alumnas, exalumnos míos, porque yo aquí he dado clase al Instituto de la Judicatura Federal, se llega a ser secretario por examen de oposición o actuario y nunca vas a ejercer, no se vale esto, hasta que el juez o el magistrado te designe. Eso debe acabarse, señores diputados, senadores. No lo he visto yo en los diálogos.
Y hace un momento dijo una compañera que se deben oír los problemas del Poder Judicial. Y ese problema no se ha oído, no se ha dicho. Para qué quiero examen de oposición que me lleva la vida entera, 12 años de mi vida, si el día que tengo la patente voy a ser un desempleado hasta en tanto el titular, perdónenme, señores jueces y magistrados, no me nombre. Entonces, para qué, porque esto es así. Y esto no puede ser porque hay recursos públicos, por qué el esfuerzo y a la frustración de profesionistas de calidad en este país, y esto no puede ser así. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Rogelio, por esta primera intervención inicial. Si nos permite, por favor, la audiencia continuar con el diálogo. Es un ejercicio parlamentario que requiere una secuencia, un orden y también la libertad para hablar en este recinto.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar a Olmo Guerrero Martínez, a quien agradecemos su presencia aquí. Él es educado también por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, cuenta con esa licenciatura en derecho. También de la Universidad de Illinois, tiene maestría en derecho con acentuación en derecho constitucional e internacional. Maestría en derecho energético en la Universidad Regiomontana.
Es titular del área de derecho administrativo en Martínez Arrieta Abogados. Editorialista del periódico El Norte, y también es asesor jurídico externo de la Cámara de la Industria y la Transformación, conocida por sus siglas como Caintra. Así que, sin más preámbulo, adelante con tu intervención, Olmo, por favor.
El ponente Olmo Guerrero Martínez: Nuevamente, muchas gracias a todas y a todos por la oportunidad de estar aquí y con un sínodo tan brillante. Coincido con las palabras del ministro Laynez: los jueces también tienen que estar en el debate técnico. No únicamente ellos, también nosotros los abogados litigantes, postulantes y el público en general.
En este posicionamiento, creo que tenemos que identificar los principios que justifican la reforma, principios o postulados que han establecido como mejorar la justicia, lograr la independencia, democratizar la justicia y lograr su autonomía son los ejes rectores de la propuesta de reforma.
Un primer planteamiento es que estamos buscando una solución compleja, algo que debemos mejorar, cuando se ha afrontado de forma parcial solo los elementos necesarios en el estudio. Se busca reformar el Poder Judicial Federal, pero temas como las fiscalías siguen estando olvidados en este debate. Hasta en tanto no se ingresen al debate, no se puede obtener una solución a medias.
Ejemplo de las autonomías, por ejemplo, que se ha intentado en las entidades o en las fiscalías, perdónenme, que ya se han intentado en diversas entidades, hemos encontrado dificultades que se pueden llegar a replicar para la propuesta de reforma judicial aquí.
En el estado de Nuevo León, por ejemplo, bajo el eslogan de lograr la autonomía, se incorporaron los comités de selección para elegir a los fiscales. Sin embargo, en estos comités de elección se le daba el rol al ciudadano únicamente de verificar requisitos reglamentarios sobre papelería y la decisión terminaba finalmente de nuevo ante los diputados.
Elevo la pregunta: ¿qué estamos haciendo para que en el proceso de elección de los jueces no caigamos en el mismo error en el que se ha caído, al menos en Nuevo León, para la elección de los fiscales, donde la autonomía es mera demagogia? Creo que es uno de los puntos que se tienen que abordar y es uno de los puntos que se tienen que resolver.
Hablemos de la carrera judicial. En principio, creo que es el sentir generalizado del gremio, siempre habrá voces disidentes y se respetan, pareciera ser que tumbar la carrera judicial en términos generales no es idóneo, pero vale hacer una aclaración y es parte, creo yo, de las políticas o temáticas que tienen que respetarse.
Al día de hoy también tenemos un problema, el problema es que los puestos más altos, ministros, ministras o magistrados del Tribunal Superior de Justicia, la elección de los mismos no requiere carrera judicial. ¿Y por qué no se requiere carrera judicial en los puestos últimos de decisión? Ustedes saben la respuesta.
Entonces, cuando hablamos de carrera judicial, por un lado, considero que es un error eliminar o volver la elección para todos los jugadores y magistrados desde abajo. Sin embargo, si esta carrera judicial se debe exigir y se va a exigir, hay que obviamente elevar el aspecto técnico, pero reconocer que al menos el problema que tenemos histórico y actual es que al día de hoy la carrera judicial no se exige ni para ministros ni para magistrados de los tribunales superiores de justicia. Entonces, hay que aclararlo, creo que, si no entramos con esta honestidad al problema que tenemos, no vamos a encontrar una solución eficiente.
Insisto, se requiere... no se debe evitar la carrera judicial, se debe mejorar, pero si no se va a evitar o se va a evitar, según la decisión que se determine, hay que entender dónde empezamos, ausencia de carrera judicial en lo mero arriba y qué queremos ahora, es decir, qué tanto, qué tan idóneo sería que el funcionamiento de elección de los magistrados y jueces en las partes de abajo realmente sea eficiente.
Falta el día de hoy, considero yo, un evidente ejercicio de actualización de los jueces y juezas, es un área de oportunidad. Se logra llegar al puesto, creo que falta identificar la idoneidad de un proceso para que se mantenga con ese expertise, con esas cualidades para seguir juzgando. Sin embargo, sigo buscando y no encuentro un solo argumento con lo que pueda coincidir que la elección de los magistrados y jueces realmente sea un sustituto idóneo y funcional. ¿Requerimos cambios? Sí, desde la perspectiva de los postulantes, pero creo que estos cambios tienen que conducir de forma más idónea a la solución de los problemas.
Casi termino. Creo que con el tema que nos llama en particular de la colegiación, hay que poner mucha atención. Colegiación sí, pero no cuando se garanticen, hasta en tanto no se garanticen, perdón, las condiciones para que la colegiación no sea una manera indirecta de subyugar a los postulantes en el ejercicio profesional.
Así como la propuesta de reforma tiene la posibilidad de creación de un tribunal disciplinario, mismo que responde a la necesidad de que por fin se haga efectivo responsabilidades por errores judiciales o deficiencias operativas como tal, el propio tribunal disciplinario, creo yo, no tiene las reglas específicas suficientes para poder decir que va a ser un instrumento idóneo para castigar cuando se debe de castigar y que no se va a convertir en una última instancia en la que indirectamente se podría constreñir a que se resuelva en un sentido u otro un específico asunto.
En la coordinación igual, es necesaria pero siempre que antes se garantice que las condiciones para... sea en términos de libertad y autonomía de nuestro gremio, no debe hacerse. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Olmo, por tu participación inicial. Seguramente regresaremos con preguntas de las legisladoras y los legisladores.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Y como se acordó, también tenemos una representación adicional de los trabajadores a cargo de José Guadalupe Méndez de Lira, a quien le agradecemos su presencia aquí y que pueda hacer uso de la voz en entera libertad y con base en el acuerdo aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Adelante, por favor, José Guadalupe.
El ponente José Guadalupe Méndez de Lira: Muchísimas gracias. Me dirijo al pueblo de México y a todos mis compañeros trabajadores del Poder Judicial de la federación y de los Poderes Judiciales de los estados.
El gremio de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas, de cuyo sindicato soy representante, repudiamos, óiganlo así, la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial de la federación, y esto se debe a que parte de una premisa falsa para sostenerse, la misma se apoya en que el Poder Judicial o los Poderes Judiciales, haciendo énfasis en el federal, es un Poder Judicial corrupto, lleno de nepotismo, lleno de influyentismos y que se dedica a defender solamente a la clase privilegiada y que obedece a intereses de factores de poder. Lo repudiamos completamente.
Para prueba de ello, con el debido respeto de quienes están aquí, pongo de testigo de calidad al propio exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el exministro Arturo Zaldívar. En su cuarto informe de gobierno como ministro presidente señaló y concluyó: Hoy, al cierre de mi gestión, tenemos un servicio profesional de carrera alejado del nepotismo y del tráfico de influencias. El mayor número de mujeres juzgadoras designadas en la historia del Poder Judicial, políticas públicas premiadas nacional e internacionalmente y un servicio de defensoría pública revolucionario, cuya labor impacta en todos los días a nivel estructural en nuestro sistema de justicia.
Tenemos un Poder Judicial que comunica e informa sobre su labor, que defiende a gran escala la cultura jurídica, cercano a las y los jóvenes y con la mayor presencia en redes sociales en el mundo. Tenemos un poder judicial en el que cada persona juzgadora es libre de resolver, con toda independencia, protegida por las garantías institucionales preservadas a su favor. Hoy tenemos un poder judicial diferente, una justicia transparente, honesta, modesta, diversa, independiente, más cercana y más humana que nunca.
Estas son las palabras de un testigo de calidad que es parte de su acción parlamentaria. Los invito a que le den crédito y no lo hagan ver como un mentiroso con lo que incluye... Perdón, estoy en mi espacio.
Segundo, se dice aquí mucho que la reforma que se presenta no va a afectar a los trabajadores e insisten mucho en su redacción del último transitorio. Con todo respeto, tenemos propuestas de adiciones para que se protejan bien las prestaciones y los sueldos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Pero qué tristeza me dan todos nuestros compañeros que hoy nos presentamos aquí para hacerles ver que los trabajadores, primero que nada, no nos mandan los ministros, ni nos mandan los consejeros, ni los titulares.
Estamos aquí por pasión, por amor a la institución. Porque nos duele que nos hagan ver como corruptos, porque nos duele que no reconozcan nuestro trabajo. De tantas mujeres y hombres que dan la vida, su salud, sacrifican su familia por estar y llevar al Poder Judicial de la Federación a darle al pueblo de México algo que tanto se merece: Una justicia imparcial y digna, pero sobre todo de gente preparada que se esfuerza día con día.
Eso es lo que defendemos. Defendemos el derecho, señores diputados, señores legisladores, defendemos el derecho a que por carrera judicial se siga como hasta ahora el poder tener acento a ser juez y magistrado por un anhelo fundamental. No solamente el derecho que tengo yo de llegar por mi esfuerzo y mi mérito a convertirme en juez y magistrado desde el escaneo más bajo, sino por el derecho que tiene el pueblo de México a tener a la gente más experimentada, la más preparada y sobre todo la que pasa por filtros de no corrupción.
Y lo más importante -porque sé que me lo van a refutar, lo he escuchado constantemente-, yo no sé de qué se quejan, si ya vamos a meterle a la iniciativa, que se privilegie, que participen en el voto popular la gente de carrera judicial. No, señores diputados y legisladores, se equivocan. Los trabajadores defendemos el anhelo de convertirnos en jueces y magistrados por nuestro mérito porque queremos llegar a ejercer ese cargo de manera imparcial, defendiendo la autonomía e independencia del Poder Judicial.
De nada me va a servir a mí llegar a juez y magistrado si voy a defender los intereses de quienes voten por mí para convertirme y continuar en el puesto. Qué tristeza me da y nos da a todos los trabajadores que no vean ese aspecto. Hablo por todos mis compañeros. Muchas gracias. Hay muchas cosas más que quiero decir, pero les demando, en la reforma judicial requiere de muchas reflexiones, no intenten sacar en tres meses una reforma tan profunda.
Se llevó ocho años la penal, ocho años la laboral y les pido humildemente y les exijo a nombre de mis compañeros trabajadores, escuchen a la base trabajadora y escuchen a todas las opiniones de experticia que se han dado en la República mexicana para solucionar el problema de corrupción y el problema de que la justicia sea pronta y que llegue a la gente, estamos en contra de los privilegios, tampoco los defendemos.
Adelante, tiren los privilegios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sin lacerar la garantía de independencia y autonomía que están en el artículo 94 constitucional. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, José Guadalupe. Pedimos al auditorio, por favor, que guardemos orden para poder continuar con nuestro diálogo con base en el acuerdo aprobado.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Y, a continuación, vamos a escuchar a la siguiente... Sí, ya hay un formato aprobado y se ha ampliado este diálogo y, de hecho, el ejercicio como tal es un ejercicio ciudadano para poder escuchar a las personas ponentes, a nuestros expertos, abogados, representantes de colegios, notarios, ministros de la Suprema Corte, magistrados, también litigantes, representantes de las asociaciones civiles que han acudido a los distintos foros este ya el octavo, así que vamos a dar continuidad con la participación de la consejera Celia Maya García.
Recordarles que ella fue hace ya casi un año nombrada consejera de la Judicatura Federal por el Senado de la República. También, se desempeñó como integrante del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro, jueza en materia civil titular del Juzgado Tercero –si nos permite, por favor, les pido al auditorio de manera muy respetuosa, que hemos aprobado un formato donde un ponente nos habló de la escucha activa y me parece que sería algo importante que lo ejercemos todos, por favor–. Si nos permite, por favor.
La ponente Celia Maya García: Señoras y señores.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Consejera, por favor, adelante con su intervención.
La ponente Celia Maya García: México quiere un renovado sistema judicial y a ello va encaminada la iniciativa del Ejecutivo federal. La reforma planteada no contradice, sino, por el contrario, fortalece el principio rector de la separación de los poderes y la independencia del Poder Judicial; democratiza el acceso a la función judicial; sustenta en la voluntad soberana del pueblo el nombramiento de los jueces; acota la permanencia en los cargos para que opere un natural remplazo y relevo del personal judicial, con lo que se evita la generación de espacios de influencia y nexos de autoritarismo, privilegio y corrupción; y proscribe la impunidad de malos servidores del Poder Judicial al establecer una agencia encargada de sancionar los desvíos de la función pública, las conductas ilegales e inmorales, con lo cual se garantiza el cumplimiento cabal de un sistema de responsabilidad jurídica del personal judicial.
La reforma al sistema judicial no puede limitarse a la transformación de los órganos y competencias de los tribunales que integran la judicatura tanto nacional como local. Una visión de gran calado para que sea efectiva esa reforma profunda demanda que se enderecen acciones relativas a la mejora de las fiscalías y de otras agencias y entidades cuya agenda está estrechamente vinculada a la administración o a la procuración de justicia.
El defensor de oficio fue durante décadas el cargo más vilipendiado en el foro: se le atribuían incontenibles defectos que no voy a repetir aquí. En definitiva, no garantizaba una adecuada defensa o patrocinio de los justiciables, era un sinónimo de mala administración de justicia. La reforma constitucional del 2008 en materia de proceso penal adversarial tocó incidentalmente la cuestión y hubo algunos avances.
Hoy se requiere que esta unidad se fortalezca para que se brinde a los solicitantes del apoyo jurídico un servicio de calidad, suficiente y eficaz, esto demanda una reestructuración que permita que este servicio se brinde sin corrupción, con transparencia, con suficiencia de recursos, con el personal que demanden las necesidades de atención para que la gente confíe en los defensores públicos tanto en materia penal como en el orden familiar y civil.
Hay que acercar a la gente las oficinas, hacerlas accesibles, visibles, abiertas, confortables y hay que redimensionar el valor de su función para equipararlo al nivel y a la disponibilidad de recursos que las fiscalías y las policías tienen. La defensoría pública deberá pasar de ser una simple y obscura dependencia a un activo fundamental que coadyuve a la mejora sustancial del sistema judicial.
Hasta hoy, se ha debatido la pertinencia de la colegiación obligatoria de los abogados y ciertamente se han señalado defectos, de establecer un corporativismo que sea un instrumento de control político al servicio de las facciones y un espacio de promoción política para las dirigencias, o incluso, un órgano legitimador de las decisiones del poder público.
Sin embargo, en el marco de una reforma estructural, profunda del sistema judicial, el papel del abogado es de gran importancia, porque es un agente del mismo y es baluarte de la defensa y gestión de los derechos de las personas, que, para entablar acciones ante los tribunales requieren.
Ante la transformación del sistema judicial como gremios los colegios de abogados están llamados a ser caja de resonancia de los problemas de a qué enfrenta para lograr sus elevados fines para contribuir a la adecuado y eficiente desempeño profesional de sus integrantes.
Por lo que se dice en un garante de confianza para que la sociedad confíe sus intereses a los colegios. Inmenso es el reto. Demanda altura de miras, pero debemos confiar en que las organizaciones de abogados, algunas con decenas de años de continuo funcionamiento sabrán adecuarse y ser colaboradores para ser una nueva historia de la justicia. Por ello, es que estamos a favor de la colegiación obligatoria para el ejercicio profesional de la abogacía.
No hay duda alguna acerca de la pertinencia de la reforma que introduce en el sistema judicial de nuestro país la transformación más profunda desde el constituyente de Querétaro de 1917, y todo esto es para alcanzar la demanda social más patente en la historia nacional, la aspiración de alcanzar justicia. Por eso, adelante con la propuesta, porque el pueblo así lo quiere y porque así tendrá la justicia que reclama. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, consejera Celia Maya. Les pido, por favor, a la audiencia que guardemos orden.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora al siguiente momento de nuestro diálogo. Recordar que hay una ronda de intervención de los ponentes. Son 11 ponentes y a continuación tendrán hasta 3 minutos, los diputados y las diputadas, para hacer preguntas a los ponentes. Les pido que por favor indiquen con claridad a qué ponente le dirigen su pregunta. Iniciamos con la intervención del diputado Mario Rodríguez Carrillo. Adelante, diputado, por favor. Tres minutos, recordarle. Donde guste, puede ser, en el pódium o, si gusta, en el lugar donde está.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muy buenas tardes, muy buenos días. Ya pasamos de... ¿No se escucha? ¿Ya? Bueno, bueno. Bueno.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Le pido por favor a la audiencia que guardemos el orden por favor. Adelante, diputado, por favor.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Sí, buenas tardes. Ya se escucha, ¿verdad? Okey. Sin duda alguna, a mí me parece que algo rescatable del día de hoy es tiempo. Yo creo que sí tenemos que ponderar en un asunto importante de revisar de manera sistémica todo lo que implica esta reforma de este gran calado. Me queda claro que no puede hacerse en la premura del tiempo. Tendría que materializarse sobre espacios de discusión más amplios y de revisar; y me voy a centrar principalmente en los temas del día de hoy. Empezaría con el de colegiación, para formular mis preguntas.
Ahí hay un problema sistémico. El hecho de que aquí se ha hecho una distinción entre universidades patito, universidades de calidad. A mí me parece que les toca a todos. Hay una responsabilidad compartida. Al final de del camino, las universidades públicas hacen extensión en las universidades privadas otorgando RVOE.
La Secretaría de Educación Pública hace extensiones de lo que es lo público hacia lo privado, es decir, no funcionan por separado, tanto hay capital humano que puede ser bueno en uno o en otro, pero me parece que en algunas instituciones sí hay problemas estructurales, pero hay mecanismos que permiten ratificar o quitar los RVOE para la formación de profesionistas y esa es una responsabilidad compartida, no puede decirse que sean únicamente las privadas, es también quien evalúa y supervisa en la ratificación del RVOE. A mí me parece que esa parte es preponderante. Entonces, ahí tenemos un asunto que es de unos y de otros.
Segundo. La colegiación, la colegiación resuelve un problema en un asunto cómo voy a ser colegiado y, por lo tanto, tengo este asunto de calidad, me parece que no necesariamente, ¿qué ofrecen los colegios para materializar?, y aquí le hago la pregunta a quienes han expresado la colegiación en términos de que esto podría resolverlo, a mí me parece que es tanto como decir que sean egresados de universidades públicas, tampoco lo resuelve como si fueran egresados de universidades privadas, el que estén colegiados tampoco resuelve por arte de magia.
Este es un problema sistémico en el cual tenemos que entrarle todos, tenemos que entrar a verificar, ¿qué es lo que van a garantizar los colegios?, y aquí hago las preguntas, ¿qué se ofrece en los colegios?, yo como egresado de una institución y de una carrera participo en un colegio, en una federación, pero sin lugar a dudas hay deficiencias también en términos de lo que ofrecen para actualizarme, para actuar como órganos complementarios de la actualización, de la profesionalización de las carreras.
Creo yo que aquí estamos ante un problema sumamente complejo, por lo tanto, vuelvo al punto de partida, necesitamos tiempo para discutir y armar un andamiaje sólido que permita garantizar y corregir a cada quién su responsabilidad porque créanme que aquí, en esta parte de la colegiación hay un asunto sistémico que le toca a todos, nadie puede abstraerse de la responsabilidad que le toca.
Sin embargo, creo yo que hay muchas oportunidades que podríamos rescatar y a mí me gustaría escuchar, ¿cuáles son esas?, porque esas son con las que tendríamos que empezar a materializar, a hacerlas operativas, a darles las herramientas importantes que ustedes necesitan para que nosotros desde el Legislativo poderles otorgar herramientas. Sin embargo, creo yo con esos matices que hago, creo yo que nada se puede hacer si nos pasamos la bolita unos a otros o sí decimos que el otro es responsable.
Decía un amigo en la formación, como los profesores cuando somos docentes, decimos que terminamos echándole la culpa a la maestra Lupita de preescolar de todos los problemas que suceden en la educación superior y no es así, cada quien tiene una responsabilidad en esta parte y a mí me gustaría escuchar dónde atorarle de entrada. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la intervención del diputado Gerardo Fernández Noroña. Adelante, diputado. Le pido a la audiencia, por favor, que guardemos orden, para escuchar con respeto a nuestras intervenciones.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bienvenidos a los trabajadores, mujeres y hombres, del Poder Judicial. Este tema es muy importante, de hecho, el gran Ponciano Arriaga, en el siglo XIX, fue el primero que planteó una defensoría del pueblo y en pleno siglo XXI no hemos logrado que haya una defensoría eficaz para el pueblo de México.
El presidente del Tribunal de Coahuila, Miguel Mérida, hizo un diagnóstico que comparto plenamente. De hecho, fui impulsor de que este foro se hiciera sobre la necesidad de una defensoría del pueblo, no está en la iniciativa y se debe hacer esa parte de la reforma constitucional, porque como aquí se planteó, el 84 % del pueblo va con defensores de oficio, sobrecargados, mal pagados, vistos por encima del hombro por sus colegas, como si fuera un trabajo, defender al pueblo fuera un trabajo degradante, cuando es un trabajo fundamental. Así es que todo lo que se enriquezca esta iniciativa es muy importante.
Ahora bien, yo escuché con mucha atención a los trabajadores que hablaron a nombre del Poder Judicial y no deja de sorprenderme su intervención. Yo pensé que iba a hablar alguna trabajadora humilde, de limpieza outsourcing, que ni siquiera se le reconocen sus derechos, que no existen para la mayoría de las personas, que los ven como si fueran invisibles y que nadie y nadie habló aquí de sus derechos. Me parecía importante que los... Ya oímos a representantes de los trabajadores...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Pido que guardemos el orden, por favor, a la audiencia, por favor, nos escuchemos con respeto.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Buenos, aguanten los argumentos, compañeros y compañeras, porque yo los escuché con atención. No, el problema no es que estén afuera, el problema es que nadie habló de sus derechos. El problema es que nadie habló de las jornadas de más de ocho horas sin pago de horas extras. El problema es que nadie habló de que la mayoría de los trabajadores, mujeres y hombres, del Poder Judicial sufren una explotación feroz y que deben modificarse sus condiciones de trabajo.
El problema es que nadie habló de que el presupuesto para el Poder Judicial de la Federación es de 78 mil 326 millones de pesos... Escuche, escuchen, quieren escuchar y no... Quieren ser escuchados y no quieren escuchar, escucha, compañera, escucha, llevas de agresiones toda la mañana.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputados. A la audiencia. Diputado Fernández Noroña, si me permite. Hay un acuerdo para continuar con el diálogo, se amplió. Compañera, hay un acuerdo para continuar con el diálogo. Si no respetamos el formato, el riesgo de que este diálogo se suspenda es muy alto, así que, a toda la audiencia, por favor, les pido que guardemos el respeto. De lo contrario, podemos terminar... A ver, compañera...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Está bien que estén afuera. Por lo menos, debieron haber metido a una, hubiera sido un buen gesto de compañeros y compañeras trabajadores.
78 mil 326 millones de pesos de presupuesto al Poder Judicial de la Federación. De esos, 5 mil 787 son para la Suprema Corte, 68 mil 917 para el Consejo de la Judicatura, 3 mil 622 para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ese presupuesto no llega abajo, a los trabajadores y trabajadoras.
No se dijo nada de eso... Aguanten los argumentos, yo no les grité cuando estaban hablando y yo estoy defendiendo... Sí, nada más que en el tiempo me descuentas todo lo que me han estado interrumpiendo.
A mí me parece que es muy, muy delicado, muy delicado que el discurso de lo... Con todo respeto, el discurso de los trabajadores y trabajadoras coincida con el discurso de todas las personas que han venido a hablar aquí en contra de la reforma al Poder Judicial, que desprecian al pueblo, que piensan que el artículo 39 de la soberanía del pueblo no debe aplicar, porque se creen por encima del pueblo y que consideran un insulto, que consideran un insulto que el pueblo, que es el soberano y que es el que manda elija, no solo al Ejecutivo y al Legislativo, sino también al Poder Judicial.
Hay trabajadores y trabajadoras que no se dan cuenta que esta reforma al Poder Judicial les está abriendo la puerta a muchos, que nunca serían juzgadores, les está abriendo la puerta para que lo sean.
Aquí hubo un expositor que lo dijo y no lo escucharon. Dijo, ¿de qué me sirven 12 años de preparación, la carrera al Poder Judicial, a tener todos los méritos y la preparación, aprobar el examen, si al final, si no tengo la bendición de una persona juzgadora, no voy a ocupar nunca un juzgado. Esa fue, no mi intervención. Termino, termino, termino. Le estás diciendo mentiroso...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Por favor, le pedimos respeto...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Yo pido que esta persona sea respetuosa...
El moderador José Omar Sánchez Molina: ... No es un evento donde solo tengas el derecho a la voz. Por favor, hay un acuerdo, se ha escuchado al trabajador...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: ... Porque no le dijo, no le dijo mentiroso a quien esto sostuvo y yo, que solo lo repito, está faltando al respeto. A mí me parece, bueno, a ver, si vienen a expresar su opinión, aunque yo no la comparta, es válido.
Si vienen a reventar el evento, no es correcto, porque se plantea que no son escuchados, han venido los dirigentes sindicales, hemos escuchado con mucho respeto a la trabajadora y al trabajador que hicieron uso de la palabra y me parece que deben, y me parece que deben otorgar lo propio, escuchar cuando uno está hablando, lo otro es una majadería, lo otro es una falta de respeto.
Lo otro es una actitud de provocación inaceptable para compañeros y compañeras trabajadores con los cuales siempre estaremos de su lado, siempre defenderemos sus derechos, siempre vigilaremos que no sean atropellados y aunque vengan a vituperarnos –termino– aunque vengan a injuriarnos, aunque vengan a descalificarnos, siempre estaremos de su lado y a su servicio.
Para nosotros no hay nada más importante que servir con honestidad, con compromiso, con pasión y con entrega al pueblo de México y así será.
Y también será una realidad que en 2025 se elegirán las personas juzgadoras de los niveles federal y local, por más que haya críticas a esta decisión soberana del pueblo de México del pasado 2 junio. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al diputado Marco Mendoza Bustamante.
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante: Buenas tardes a todas y a todos. Saludo con afecto al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila, el magistrado Miguel Mery. Al coordinador de la fracción de Morena, el diputado Ignacio Mier, con el reconocimiento, por la apertura que ha tenido al diálogo al incentivar la participación de quienes representan hoy al Poder Judicial.
Al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, les saludo también con afecto y reconocimiento y, desde luego, a mis compañeros diputados federales coahuilenses, del Partido Revolucionario Institucional, a Jericó Abramo, a José Antonio Gutiérrez Jardón, a Jaime Bueno, les saludo con afecto, compañeras y compañeros.
En primer lugar, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, celebrar la realización de este foro que abona al intercambio de opiniones y de puntos de vista sobre esta reforma judicial. Sin duda, el tema de la defensoría pública es fundamental, se preveía desde la Constitución del 57, también en el constituyente del 17. Sin embargo, fue hasta 1922 cuando hubo una primera legislación orgánica en la materia y, sin embargo, sigue siendo una asignatura pendiente.
Sin duda, el papel de las y los abogados no están bien y he insistido siempre, un sistema de justicia es tan fuerte como el eslabón más débil y hoy varios de los ponentes han señalado las debilidades que existen en materia de defensoría pública y no por causas imputables a los defensores públicos, sino por deficiencias estructurales que hoy tendríamos la oportunidad de poder incorporarlo a esta reforma judicial que, como se ha dicho, no prevé el tema de las defensorías públicas y de la colegiación obligatoria que, sin duda, son dos temas que representan un reto titánico para el sistema de justicia y, sobre todo, para quienes tenemos la obligación y la responsabilidad de legislar y de ofrecerle al pueblo de México una alternativa que les permita acceder de manera plena a todos sus derechos y, sobre todo, a un sistema de justicia, que sea humano, que sea accesible, que sea transparente, que sea eficiente.
Mi pregunta es para la magistrada Sandra, ha expuesto aquellos puntos sobre los cuales podría perfeccionarse y fortalecer la defensoría pública. Preguntarle sobre ¿cuál podría ser un esquema de gradualidad asertivo para la implementación de una posible reforma en materia de defensoría pública? Sin duda la planeación judicial es fundamental en este país, es también una asignatura pendiente.
Y, nuevamente, agradecer la oportunidad de estar el día de hoy en Coahuila, este estado, cuna de uno de los padres fundadores de la República, don Miguel Ramos Arizpe, y cuna también de don Venustiano Carranza, artífice de la Constitución de 1917. Muchas gracias a todas y a todos.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Marco Mendoza, por la pregunta que formula.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar con atención al diputado Miguel Rodarte. Diputado, por favor, adelante con tu intervención y pregunta.
El diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara: Gracias a todos los ponentes. Compañeros diputados, diputadas, diputados electos, público, muy buenas tardes. Estos temas, los que se ven hoy en este foro, en Saltillo, los que vamos a ver en Culiacán, el jueves, y los que vimos en Puebla, son los que verdaderamente debería tener una reforma judicial que fuera por el beneficio del pueblo mexicano.
Esto es la procuración de justicia, la defensoría pública, la reforma a los Poderes Judiciales locales, incluso la colegiación obligatoria. Esos son los temas que deberíamos estar viendo. No cómo se eligen a las y los juzgadores, no cómo se reforma administrativamente al Poder Judicial. Y no por que no tengan su importancia, claro que la tienen, pero lo que realmente le afecta a la gente día con día en la justicia cotidiana es no tener acceso a una defensa, no tener acceso a alguien que les resuelva su problema y les dé la justicia. Eso es lo que debemos estar viendo, diputadas y diputados, no temas de cómo se eligen a los legisladores, digo, perdón, a los juzgadores y juzgadoras. Y mucho menos querer influir en la carrera judicial.
Para Acción Nacional, el tema de la defensoría pública ha tomado un valor importantísimo, por qué, porque defendemos la dignidad de la persona humana. Y para esto la gente debe tener acceso a una defensa gratuita, profesional y de calidad. Si no tenemos eso, qué podemos esperar de cómo van a juzgar cualquier tipo de juez haya sido elegido como haya sido elegido.
Enfoquémonos en esto, enfóquensenos en las fiscalías, que es lo que vamos a ver en Culiacán, ahí esta el problema, ahí está el problema de por qué la gente, el 90 % de la gente, no va a presentar denuncias, ahí está el problema. Vayamos a eso.
Y estos temas no están incluidos en la reforma del presidente, no están incluidos en lo que envió el 5 de febrero, pero faltan pocos días para que nos demos cuenta si realmente el oficialismo quiere entrar a estos temas que son los que le preocupa a la gente o solamente van a cerrar los ojos y van a ver y reformar aquellos temas que el presidente de la República les haya enviado para cumplir con él y no con la gente.
Ahora, en cuanto a las preguntas quisiera, para quien pudiera contestar, si es necesario, creo que no se ha tocado, el poder tener una ley de defensoría pública y que de alguna manera tuviera tres cosas principales, que es –perdón, sí lo tocaron, la ley, la ley general de defensoría pública, pero que tuviera tres cosas principales–, es: de quién van a depender, porque –como dijo el senador Monreal– hay unos que dependen del Poder Judicial, hay otros que dependen del Poder Ejecutivo estatal, cómo se van a fondear, debe tener un presupuesto siempre obligatorio y progresivo, y sobre todo qué independencia van a tener para poder defender a la gente. Esto es, es importante que esté separado el Poder Judicial, es importante que esté separado del Ejecutivo, de las fiscalías, que tenga su propia independencia. Veamos eso, porque la gente lo que más necesita es tener y saber que está protegida por el Estado mexicano. Muchas gracias, a todas y a todos.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Miguel Rodarte.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar ahora al diputado Leonel Godoy Rangel. Adelante, diputado, con tu intervención, por favor.
El diputado Leonel Godoy Rangel: Buenas tardes a los presentes, a los trabajadores del Poder Judicial, al presídium, a las diputadas y diputados federales que aquí se encuentran. Fíjense que ahorita, revisando este asunto de la colegiación obligatoria, me encontré la resolución de la Corte sobre la reforma laboral de 2019, que señala que elegir a los dirigentes sindicales no viola la autonomía de los sindicatos. Eso tiene que ver con un argumento falso: que elegir a los jueces, magistrados y ministros es violar la autonomía, poner en riesgo la autonomía del Poder Judicial.
Yo creo que lo más importante no va a ser solo la elección, sino qué hará el Poder Judicial Federal y los Poderes Judiciales locales a partir de esta reforma. Aquí hablaron de la reforma penal, que se le dio un plazo de ocho años para implementarse. Pues aquí hemos hablado de la gradualidad que, por cierto, es falso que estemos en contra, que ninguna coma se le quite a la iniciativa.
Ya lo verán en los próximos días, cuando, concluidos los foros el 8 en Culiacán que, por cierto, se tratará una parte importante de lo que es el sistema de justicia penal integral, que es la policía, o sea la Policía Preventiva, y el Ministerio Público.
Entonces, sí tendremos un panorama completo del sistema integral de justicia penal y en su momento los que seremos legisladores y legisladoras podremos presentar iniciativas al respecto, donde, por cierto también, el Poder Judicial tiene la atribución de presentar iniciativas y ojalá lo haga.
También quiero decir finalmente que es falso que solo se les han dado cuatro horas al Poder Judicial para exponer. En el primer foro hablaron los 11 ministros, los 11 ministros. En uno que fui en Xalapa, de 12 ponentes, 9 estuvieron en contra de la reforma del Poder Judicial, 9. Ha habido apertura, se debe de discutir, se debe de debatir y agradezco que me estén escuchando porque eso es lo que necesitamos, escucharnos, ver qué le conviene al pueblo de México.
Nosotros hemos dicho hasta la saciedad que habrá temas que queremos que se debatan y que no están en la propuesta del 5 de febrero del presidente de la República. Reitero el tema de la gradualidad, reitero el tema de los requisitos de elegibilidad, entre ellos la idoneidad y reitero el tema de los transitorios, que es un tema importantísimo, donde por cierto el Poder Judicial va a tener mucho que decir para la transición de los juicios. ¿Qué harán los juzgadores de primera instancia en relación a los que se van y a los que se quedan?
La pregunta se la quiero dirigir a la consejera Celia Maya. ¿Habrá alguna diferencia entre esta resolución de la Corte que dice que no es obligatoria la sindicalización, con esta propuesta de una colegiación obligatoria que usted y otros mencionaron? Quisiera saber cuál es la diferencia, porque yo creo, en mi opinión, que las reformas o las resoluciones últimas de la Corte han ido en contra de obligar, de forzar a que se colegien las gentes, los miembros, por ejemplo, en este caso de los trabajadores, como ha ocurrido con dos resoluciones de la Corte. Esa sería mi pregunta a la magistrada, a la consejera Celia Maya. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Leonel Godoy Rangel.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Bien, para seguir el diálogo vamos a escuchar ahora a los ponentes. Han sido mencionadas la magistrada Sandra Luz y también la consejera Celia Maya, y también se lanzaron algunas preguntas en lo general por los diputados, por lo tanto, dado que se mencionó específicamente, por favor, magistrada Sandra, si gusta usar la tribuna para poder dar respuesta al planteamiento que le hizo el diputado Marco Mendoza Bustamante y a la vez poder responder algún otro planteamiento de los que se generaron en la participación de los diputados. Hasta por tres minutos.
El ponente Sandra Lucía Rodríguez Wong: Sí, muy amable. Específicamente se preguntó cuál sería la gradualidad de la reforma. Bueno, todas las leyes llevan implícito precisamente la forma en la que han de implementarse, porque no se va a echar a andar una reforma al otro día porque requiere una serie de procedimientos. Esos procedimientos, para empezar, van a ser los juicios que van a traer en su momento todos los defensores de oficio y que tendrán que migrar de una institución a otra.
La reforma penal, me comentaban que lleva ocho años y aún no se ha consolidado. La reforma en materia laboral aún se está consolidando, llevamos tres, cuatro años en estarla implementando, pero hay formas en las que tampoco, eso es porque son procesos de orden jurisdiccional.
En el tema argumento en el que hablamos solamente de la defensoría creo que uno de los diputados nos acaba de dar parte de la solución también, y hablo de una ley general.
Actualmente hablamos de que las defensoría está sujeta a una ley federal y la ley general vemos últimamente experiencia en la implementación de leyes generales y la ley general obviamente va a marcar los mínimos o los elementos que tendrán que buscarse para todas y cada una de las defensorías del país, tanto para la defensoría federal, para su autonomía, y que a partir de esa ley general que tendrán que sujetarse también los demás estados a su estructura y a sus elementos mínimos indispensables para poder operar todos de la misma manera, también se señalarían, sería obligatoria para todos los estados y para todas las defensorías del país. No sé si contesto a su pregunta, diputado. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, magistrada.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la consejera Celia Maya, que fue requerida para dar respuesta a la pregunta del diputado Leonel Godoy, y lo mismo, consejera, dar respuesta a algunos planteamientos generales que hicieron los diputados.
La ponente Celia Maya García: Sí, con mucho gusto. Para el diputado Godoy, efectivamente no está decidido que sea obligatoria la colegiación, porque en principio uno tiene que querer formar parte de un grupo o no formar.
Hoy, lo planteé en otros foros hace años, incluso cuando fui abogada litigante decía: -Bueno, mejor es ser libre muchas veces, uno anda aquí, quiere decir lo que uno considera- planteaba lo de la colegiación obligatoria y me pronunciaba que me parecería conveniente porque con esto que está ocurriendo en el país, con esta reforma de profundo calado, pues nomás la tenemos que pensar en su dimensión.
Y es de profundo calado, y va a caminar. ¿Por qué? Porque la demanda de justicia en el país es inmensa, la gente no está contenta. Yo le quiero decir aquí a los compañeros del Poder Judicial, yo soy una juzgadora profesional, 44 años de juzgadora, entonces sí sé lo que es el Poder Judicial, pero también les quiero decir que incluso hoy como consejera, nada más por todas partes y hasta de otros estados, no nada más en el mío que es Querétaro, que regreso cada semana a ver a mi familia, vengo a trabajar en la Ciudad de México, pero la gente me busca para señalarme las deficiencias, que un asunto, que otro. La gente no está contenta con la justicia.
Entonces, esta reforma de hoy pretende dar una respuesta. Claro, puede que no sea así como está planteada, pero por eso se están haciendo estos foros, por eso ya los señores y las señoras diputadas han mencionado que están escuchando. Ya la van a reestructurar. Pero yo creo, sí, que los colegios de abogados tendrán que estar presentes.
Y como no es posible hoy, ya terminó, no es posible hoy una democracia como en Atenas, donde todos vayamos a la plaza y opinemos, pues tenemos que hacerlo a través de la representación de los abogados. Y creo que los abogados hoy más que nunca necesitan hacer presencia porque se trata de una reforma de la justicia. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, consejera Celia Maya.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Le pregunto ahora a los ponentes, ¿alguien quiere tomar tres minutos para responder planteamientos generales? Magistrada, adelante, por favor.
La ponente Taissia Cruz Parcero: Muchas gracias. Muy brevemente, porque uno de los diputados preguntó sobre si se va a tocar el tema de defensorías y lo platicaba aquí con el diputado Robledo, que fue, como me decía, uno de los que participaron en la ley que hace 26 años se expidió para la Defensoría Pública Federal.
Yo lo que mencioné en mi participación, es la posibilidad de pensar una Ley General, pero no pensar en una defensoría nacional del pueblo que concentre en un elefante enorme a todas las defensorías y mezclar los fueros federal y local, yo creo que de la apuesta es reforzar nuestro federalismo y, a partir de eso, una Ley General que sí homologue, que estandarice, que coordina las defensorías, porque en muchos casos que se conocen en la Defensoría Pública Federal tienen alguna ramificación a la justicia local o viceversa.
Entonces, creo que hay mucho que hacer por acá y yo sí lo único que pediría es que sí en este diálogo, en esta posibilidad de reforma se va a incorporar el tema de defensorías, pues que las defensorías públicas, tanto la federal como las locales podamos participar directamente y tener porque, además, creo que hace falta mucho conocimiento respecto de nuestro trabajo.
La Defensoría Pública Federal, por ahí alguien se atrevió a decir, no quiero mencionar quién, que éramos el patito feo, desde luego que no lo somos, aquí están mis compañeras y compañeros defensores, yo les invito a que nos conozcan y a que vean el trabajo tan comprometido, tan honesto, que se hace en este instituto que, insisto, está cumpliendo ya 26 años. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, magistrada.
El moderador José Omar Sánchez Molina: ¿Algún ponente? Si quieres vamos con Rogelio y después José Guadalupe ¿no hay problema? Sí quieres desde el pódium, sin problema.
El ponente Rogelio Rodríguez Garduño: Muchas gracias, seré breve. Quiero dejar un tema abierto, no lo quiero cerrar y no porque yo lo decida, sino que es un tema que tiene que remitirse a constancias, estamos finalmente ante abogados.
Hace un momento señalé y lo digo, lo dije y así lo sostengo, que no basta ser vencedor en un concurso... oposición de secretario o actuario para que seas nombrado forzosamente en un juzgado o en un tribunal colegiado.
Bueno, eso lo señalé y dije también que eso no es posible porque queda una facultad que hay que revisar y la facultad del titular de designar a quienes ya fueron vencedores y esperar que pase el tiempo hasta que venga otra nueva lista de vencedores y se acumulan vencedores que tienen que seguir siendo, tener un nombramiento de secretarios, perdón, de secretarios de 15 días, esperar tres años de oficiales o irse a la calle, esa es una realidad, pero repito, hay que ir a constancias para saber si esto es o no es así.
Cuando se habla de la carrera judicial por supuesto que es una fortaleza y tenemos que apoyar la carrera judicial, pero la carrera judicial tiene que partir que quien va subiendo en la escala tiene que asumir la función.
Escuché una voz muy sensata que dice: no hay lugares. Pues es que necesitamos juzgados, necesitamos tribunales.
Y cierro: necesitamos, cuando menos, triplicar el número de juzgados federales, incluyendo juzgados de distrito, colegiados de apelación y, por supuesto, colegiados de circuito y ya no digamos de los tribunales superiores de justicia donde, según he hecho un estudio que compartiré, requerimos quintuplicar.
Y, por último, evitar que todo se judicialice. Ministras, ministros, sé que me están escuchando. Yo he sostenido en diálogos que necesitamos revisar el alcance del artículo 14 constitucional porque no podemos judicializar todo y hoy en México todo lo judicializamos. Tenemos que cambiar la cultura. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Rogelio.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Ahora le damos la oportunidad a José Guadalupe, por favor, para tomar la intervención. Tres minutos.
El ponente José Guadalupe Méndez de Lira: Nada más... bueno, con relación a lo que comentó el diputado Noroña, no hablamos de los problemas de los trabajadores de más bajo ingreso porque estamos hablando de un tema de reforma fundamental y estructural al Poder Judicial de la Federación, no de los problemas laborales per se que siempre se tienen. No es la naturaleza del foro.
Segundo, el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de los estados somos gente del pueblo y hemos nacido y crecido en él con nuestro propio esfuerzo. Le apostamos a que no haya privilegios.
Es teoría general del Estado de todas las universidades que en los Estados democráticos la soberanía nace y reside en el pueblo y se ejerce por medio de los poderes, de los tres poderes que establece su Constitución. La soberanía del pueblo no se ejerce solamente de manera directa mediante el voto popular: también se establece de manera indirecta y mediante la democracia participativa.
Y lo que ahora se está discutiendo y que ustedes con la iniciativa trajeron a los parlamentos es volver a poner y a cuestionar algo que nuestros padres constituyentes del 17 y desde 1924 y desde el Constituyente del 57 rechazaron el voto popular de jueces y magistrados por muchas y muy valiosas razones que deben pervivir.
Yo los invito a que escuchen el Diario de Debates. No me da el tiempo aquí para leérselos, pero fueron gente tan sabia que expresó las razones por las cuales no era viable que jueces y magistrados fueran electos por voto popular, precisamente, para defender un privilegio de México, que los jueces sean imparciales, ajenos a cualquier tipo de interés. Si ellos...
Adelante, amiga. La ley permite que se meta a los jueces a la cárcel si son corruptos. Ese es el problema que le han vendido al pueblo de México, que el tema de autonomía e independencia no significa impunidad.
Si un juez es corrupto que se le meta a la cárcel y eso lo postula el pueblo de México y no tiene nada que ver con la pretendida reforma para que ahora se elija a jueces por voto popular. Muchas gracias.
Honremos a los constituyentes del 57, que vivieron en carne propia la dictadura. Honremos a los constituyentes del 57, que vivieron en carne propia la monarquía y si ellos que vivieron en carne propia, esos gravísimos problemas, decidieron que no era viable el voto popular, honrémoslo, porque ellos lo vivieron y fueron testigos directos. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, José Guadalupe.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con Juan Guillermo, por favor, para tomar la palabra hasta por tres minutos.
El ponente Juan Guillermo Ávila Sarabia: Muchas gracias, de nuevo. Por ahí lanzaron una pregunta respecto que los colegios qué ofrecían o por qué deberían los abogados colegiarse. Ahorita la contestaré, pero, dado que en este foro es estar encaminado al tema de la colegiación y defensoría pública, quisiera hacer un acotamiento que creo es importante en una reflexión que cada quien tomemos.
¿Qué países tienen un sistema donde los ministros o los jueces federales se eligen por voto popular? Hay un país muy afín a este gobierno, que es el país de Bolivia y que está totalmente arrepentido de haber elegido a sus jueces por voto popular. Ya no saben qué hacer, no hay decisiones políticas que avancen, no hay decisiones presidenciales. Mírenlo y vean si quisiéramos estar así. Por favor, reflexiónenlo.
Por otro lado, entrando en materia, qué ofrece un Colegio de Abogados, tengo la dicha de pertenecer a dos muy importantes y es lo que ofrecen en continua preparación estar siendo regidas por cuestiones éticas, pero no deja de ser en un tema, en el que estoy afiliado de manera voluntaria.
Lo que se está proponiendo en la Ley General que rija la gobernancia son estándares mínimos que rija a todos y cada uno de los colegios para que los abogados ejerzamos nuestra profesión en el marco de una legalidad y que se nos exija conforme a lo que somos, defensores de una causa.
Finalmente, en materia de defensoría pública, una cosa que puede funcionar muy bien y que no necesariamente impactaría al presupuesto público es que los defensores privados tuviéramos la obligación, por ley, de prestar trabajo pro bono. Eso funciona muy bien en otros países donde te llega una designación de ciertos casos como abogado particular para crearles una defensa pro bono, y eso definitivamente no impactaría al presupuesto social y además es una obligación en una profesión de carácter social como es la abogacía. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Juan Guillermo.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a escuchar ahora a Diana Berenice, que también ha pedido el uso de la palabra.
La ponente Diana Berenice López Cárdenas: Bueno, pues, por alusiones personales, quisiera contestarle al diputado. Si no está aquí alguna compañera que trabaja en el servicio de limpieza de los edificios del Poder Judicial Federal es porque ellas no forman parte de los trabajadores del Poder Judicial.
En algunos edificios se necesita auxilio. Tenemos compañeros que son oficiales administrativos, que sí se dedican a la limpieza, son oficiales de mantenimiento y ellos también forman parte del Poder Judicial Federal. Sus nombramientos dependen del Poder Judicial Federal y si no están aquí es porque están allá afuera algunos, los que vinieron; y realmente pues el acercamiento no ha venido de parte de los diputados ni de los senadores ni de las personas que han... Específicamente usted no nos ha buscado para preguntarnos qué es lo que realmente necesitamos.
No puede minimizar la voz que tenemos los dos compañeros que logramos entrar porque no somos personal de limpieza. Empezamos muchos desde abajo y hemos logrado escalar; y voy a la siguiente parte, la pregunta de por qué no a todos los que aprueban el examen de actuario, de secretario, los hacen inmediatamente actuarios o secretarios, porque no hay lugares.
Los nombramientos desde oficiales de mantenimiento son basificables, los actuarios son basificables, los secretarios, a excepción de la nueva reforma que ustedes aprobaron de 2020, que apenas va a cumplir cuatro años, la implementación. Hay un número de secretarios a nivel nacional que son secretarios proyectistas. Ellos no son basificables, pero necesitan cumplir con exámenes estrictos y el trabajo es muy complicado en el Poder Judicial Federal. Nosotros juzgamos la actuación de la autoridad, por eso es necesario que haya independencia judicial.
Entonces, también es importante que los jueces y los magistrados sean los que elijan al personal porque la obligación del juez no solamente es dictar las sentencias, el juez tiene una triple obligación en los juzgados de distrito, una es la administrativa, otra es el orden laboral que debe guardar el juzgado y otra es el dictado de sentencias.
Por eso, es evidente que de quien depende el nombramiento es del juez, si un actuario, si un secretario no está trabajando bien o no está funcionando o si le da la oportunidad dos meses, un mes y demuestra que le hace falta para poder darle una base, es totalmente válido porque el trabajo que nosotros realizamos tiene más de 40 formas de responsabilidades administrativas que sí estamos vigilados, cada dos años rendimos un informe y tenemos, dos veces al año tenemos visita y rendimos un informe.
Por tanto, si no están aquí es porque están allá afuera y si no se les nombra a todos los que participan, concursan y ganan es porque necesitamos más órganos jurisdiccionales no que destruyan al Poder Judicial Federal.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Diana por la respuesta brindada.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a abrir una segunda ronda de participación con la intervención del diputado Yerico Abramo y el diputado Francisco Borrego. Si nos permite la audiencia, por favor, creo que el respeto que merecemos al formato, hemos escuchado con atención y vamos ahora con la intervención del diputado Yerico Abramo. Adelante, por favor.
El diputado Yerico Abramo Masso: Buenas tardes compañeras y compañeros que se reúnen en este diálogo histórico para la reforma del Poder Judicial, hoy México requiere certidumbre, México requiere que nos pongamos de acuerdo, hay cosas en las que podemos coincidir y otras en las que no nos vamos a poner de acuerdo.
Pero, la importancia de un diálogo como este es que pongamos las cosas que le hacen falta a México, efectivamente, no hay Poder de la república que pueda ser perfecto ni el Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial, pero hay voluntad de los mexicanos de que las cosas cambien.
Hoy en nuestro país un defensor de oficio atiende a 117 personas al año, un Ministerio Público atiende a 227 temas o carpetas por año, 2 millones de carpetas se abrieron en el año 2022 en nuestro país, de las cuales el 53 % siguen abiertas y el 43 se cerraron y solamente se llegó a sentencia del 4.6 %. Eso es lo que la gente de México, el pueblo de México exige, que sus funcionarios de todos niveles políticos resolvamos.
Claro que nos vamos a meter en un debate a partir del primero de septiembre, interesante, productivo y con mucho tema jurídico, político e ideológico, porque el debate se va a dar en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Claro que no queremos corrupción en ningún poder, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo ni en el Judicial. Pero para eso tenemos que construir leyes de avanzada que permitan que los acuerdos lleguen a mejor puerto.
Las cifras que exigen las víctimas en nuestro país es tener justicia y cada uno le bajamos casi el 4 % del Presupuesto de Egresos de la Federación al Poder Judicial, tan solo para el 2024 se bajaron 5 mil 420 millones de pesos al Poder Judicial. ¿Ya compañera? Muchas gracias.
Dieciocho juezas y jueces son los que la estadística mundial dice que tiene que tener un país como el nuestro. Dieciocho juezas y jueces por cada cien mil habitantes. En México tenemos 4.7 juzgadores. Necesitamos más juezas y más jueces.
Luego vemos cómo lo vamos a elegir. Todo el debate se está centro en que si van a ser electos, si van a salir de una lista, si van a salir por tómbolas, que sería lo peor que podría pasar. Tendrían que salir de una selección y filtros tan importantes como que tengan carrera judicial, que sean personas, mujeres y hombres honorables. Que no tengan deudores para mujeres en ninguno de los casos. Que sean mujeres y hombres que tengan la capacidad suficiente de representar al pueblo y que vayan a juzgar con total apego a derecho y con criterios claros en la defensa de las y los ciudadanos. Ese es el Poder Judicial, que creo que todas y todos los que estamos aquí deseamos.
Luego vemos el tema ideológico y el tema político. Cuando la política se utiliza para hacer justicia fracasa la justicia. Cuando la justicia es meramente para hacer justicia triunfa el pueblo, triunfan las personas, triunfan las víctimas. No cometamos el error, compañeras y compañeros legisladores, amigas y amigos juzgadoras, juzgadores, trabajadores del Poder Judicial, de no escuchar a todas y a todos.
Felicito a todas las personas que aquí están, de todos los bandos, de todas las creencias ideológicas. Eso no importa, somos mexicanos. México nos ocupa poniéndonos de acuerdo. Habrá cosas en las que alguien de los que estamos aquí no estemos de acuerdo, eso lo dejamos para San Lázaro, para el debate de la comisión.
Felicito a Juan Ramiro, que ha hecho un trabajo interesante. Don Leonel Godoy, gran amigo, decía: necesitamos la gradualidad. Efectivamente, cada una de las acciones y reformas tendrá que aplicarse de forma gradual y tendremos que ver los tiempos y las formas, las urgencias y los momentos en que tendrán que resolverse rápido, en corto, mediano y largo plazo.
Septiembre es la fecha, vamos a un tiempo donde la gente nos va a observar y nos va a evaluar. Amigas y amigos abogados que están aquí en este foro, a los cuales les agradezco a todas, y a todos, su posición, dígannos ustedes desde la índole jurídica, y la voy a dejar abierta para que el que tome la pregunta en primera instancia me lo pueda responder, ¿cómo ayudamos, desde la Cámara de Diputados, a asignar más presupuesto para que un defensor de oficio no gane lo que hoy gana en el tema local y no gane lo que gana en el tema federal?
Queremos dignificación, queremos transparencia, queremos cero corrupción y verdadera representación hacia las víctimas, pongamos gente capacitada, pero que tenga un sueldo decoroso, que le dé para vivir en la sana medianía como lo manda la Constitución, para que no sea corrupta ni corrupto y para que haga bien su chamba en favor de los mexicanos. Eso queremos. En la Cámara de Diputados...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado, si podemos concluir, por favor.
El diputado Yerico Abramo Masso: ... tenemos la facultad presupuestal y tenemos la facultad jurídica de votar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Vayamos pues, diputadas y diputados, después de la reforma jurídica que se haga, a meterle presupuesto a cada área para ampliar más juezas, más jueces, más ministras, más ministros, más ministerios públicos, menos burocracia, fortalecer a los trabajadores del sector judicial, darles sus garantías para que puedan tener carrera judicial, no dejarlos a la deriva y garantizarles a los mexicanos que tendrán un México de derecho y no un México de impunidad. Es cuanto, muchas gracias. Y felicidades a todas y a todos los de este foro.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el diputado Francisco Javier Borrego, para que haga su pregunta.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Muy buenas tardes a todas y a todos. Los saludo, con mucho respeto, a todos los aquí presentes, a los compañeros del Poder Judicial que, pues están exigiendo su derecho de también exponer el tema y creo que estos foros, pues para eso son.
Quiero decirles que mi nombre es Javier Borrego, soy diputado por el distrito 02 de Coahuila y tengo dos legislaturas y voy por la tercera legislatura. El tema de mi distrito, que es un distrito totalmente humilde, de los más humildes de Coahuila, pues, la verdad, piden justicia, piden lo que no se les ha dado en muchos años. Tengo dos legislaturas, que ya voy a terminar la segunda y es la misma petición.
Si nosotros del distrito 02 hubiéramos hecho lo mismo que hicieron los compañeros del Poder Judicial, hubieran venido no 500 o 600 que dicen ellos, hubieran venido mil, dos mil, tres mil ciudadanos que claman justicia, que verdaderamente tenemos ciudadanos que están sin una oportunidad de que se les escuche. Ciudadanos que tienen dentro de las cárceles mucho tiempo y ni siquiera les han avisado por qué están dentro de la cárcel.
Entonces, creo que es importante, como lo hicieron los compañeros, que se escuchen que también nosotros, los que representamos un distrito, pues también les hagamos saber cuál es la necesidad de la gente que verdaderamente grita y aclama justicia.
Y como ya lo dijo el licenciado... Disculpe, magistrado, usted, discúlpeme que no me acuerde de su nombre. Pero, bueno, él dijo que verdaderamente necesitaban más acercamiento a la gente. Yo lo felicito, magistrado, por pensar así. Ojalá que la gente de Coahuila lo escuche y que se hayan dado cuenta de esa manera de pensar, porque Coahuila y sobre todo la gente más humilde de Coahuila quiere eso que usted acaba de decir, que se les escuche, que se les atienda y que se les haga justicia, que no hemos tenido en muchos años en Coahuila.
En ese sentido, mi pregunta es para la licenciada Cecilia Maya. Licenciada, usted mencionó que la reforma fortalece la soberanía del Poder Judicial y amplía los derechos de la ciudadanía. Pregunto, ¿por qué considera que esta reforma articula y fortalece los derechos de las personas que requieren justicia?
Debo de aclarar que su servidor está favor de la reforma por las consideraciones que usted mencionó, en el sentido de ampliar los derechos de las personas y que estos foros sean muy ilustrativos con reflexiones que valoraremos en la legislación secundaria.
Decirles que verdaderamente haber traído este foro a Coahuila fue una petición de un servidor cuando estaban formándose los foros en la Cámara de Diputados. Por eso agradezco yo a mi compañero diputado Ignacio Mier, que es nuestro coordinador actual en la Cámara de Diputados, a nuestro coordinador en unos pocos días más, Ricardo Monreal, por haber aceptado que se llevara aquí en Coahuila, este foro.
Coahuila es uno de los estados de la mayoría del país que quiere justicia, que quiere que verdaderamente la gente se le escuche, que la gente verdaderamente se tenga acercamiento con la autoridad, como ya lo dijo el magistrado. Muchas gracias magistrado, por ser como es y ojalá que la gente de Coahuila, como un servidor, valoremos sus palabras que acaba de decir. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Perdón, gracias, Ramiro, también, mi diputado Ramiro, por la invitación.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Así es. Diputado Juan Ramiro que coordina estos foros.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al diputado Hamlet García Almaguer.
El diputado Hamlet García Almaguer: Buenas tardes, saludo a la audiencia, a quienes nos ven a través de las distintas plataformas del Canal del Congreso y, por supuesto, al presídium.
Es un gusto estar en Coahuila. Mi madre es originaria de Matamoros y mi abuela de la región de la Laguna. Así que seguramente la constitución local dirá que también coahuilense, por ser hijo de madre coahuilense.
Saludo especialmente también a mi profesor, Ricardo Antonio Silva Díaz, es un gusto encontrarlo aquí. Y quisiera expresar algunos comentarios en torno a las posturas que han fijado los ponentes. Miren, la representación en tribunales es muy importante, porque se está jugando el patrimonio y la libertad de las personas, y quienes sufren una inadecuada representación con mayor énfasis pues son las personas en situación de personas, en interseccionalidad por las múltiples desigualdades e injusticias de nuestro país y discriminaciones, pero esto ocurre en todos los ámbitos.
Y quiero comentarles aquí una reflexión que es vigente, porque este 14 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues sesionará para la declaratoria de validez de la elección presidencial y quedará en esa sentencia en el proyecto que ya ha circulado, la terrible, inadecuada defensa que ha tenido la candidata Xóchitl Gálvez. Su demanda va a ser desechada, y va a ser desechada, porque no sé si es un gran despacho quien la representó, si forma parte de la elite jurídica del país, pero equivocó la vía y la sentencia los desnuda.
Dice la sentencia que la demanda es oscura, que es contradictoria, que equivocaron el recurso que están presentando. Se presentó un juicio de inconformidad. El abogado que la representa desconoce que el juicio de inconformidad, pues es un recurso para cuatro cosas, para impugnar los resultados en una casilla, para impugnar la validez de una elección, para impugnar la elegibilidad de un candidato o, también, para impugnar por error aritmético. Pues los abogados de Xóchitl Gálvez utilizaron un juicio de inconformidad para pedir otra cosa, que no está en la Ley General del Sistema de Impugnación en materia electoral.
Ahora ella está muy molesta con la Sala Superior, pero pues se lo debe a su inadecuada defensa, y esto ocurre cuando abogados que no están especializados en una materia pretenden pues representar en cortes a una de las partes.
El doctor Rogelio hizo aquí un planteamiento muy interesante que me gustaría cruzar con los representantes de las barras, con mi profesor Ricardo Silva. Qué opinan sobre el planteamiento que hizo el doctor Rogelio, en cuanto a la especialización en estos exámenes o estos proyectos para la colegiación. Desde mi perspectiva, quien aspire a litigar mercantil, pues, tendría que contar con conocimientos exclusivamente en esa materia y quien pretenda representar en materia penal, de igual forma. Y desde aquí les digo a los abogados de Xóchitl Gálvez, quien pretenda representar en materia electoral, tiene que ser electoralista. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Hamlet.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a cerrar con la participación del diputado Fernández Noroña y posteriormente vamos con los ponentes para que puedan dar respuesta como han sido solicitados e ir cerrando este diálogo.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias. Solo para un par de aclaraciones, alusiones a mi persona. Primero, los trabajadores, mujeres y hombres del país y del mundo, mueven al mundo y al país. La riqueza se produce con trabajo, no se produce de otra manera y son ellos. Sin ellos no habría nada de lo que existe de la creación humana.
De igual manera, sin los trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial, el Poder Judicial no se movería. Sin los trabajadores del Poder Legislativo, mujeres y hombres, no se movería el Poder Legislativo. Sin los trabajadores del Poder Ejecutivo no se movería el Poder Ejecutivo. Son la base fundamental del impulso en nuestro país. Siempre nuestro reconocimiento, no hemos variado un milímetro nuestra postura.
Lo que yo aquí comenté es otra cosa. Lo que yo aquí comenté, tampoco hice una crítica por que no fuera una humilde trabajadora de limpieza la que hablara, lo que yo dije es que los trabajadores que pedían el uso de la palabra pues para hablar de la visión de los trabajadores, mujeres y hombres, y de las carencias que tienen.
Ahorita, que iba va al baño y que fui aludido y me tuve que quedar ahí, un trabajador me decía: es que cada que ha habido políticas de austeridad es abajo a donde aplican, es a nosotros a los que nos disminuyen los sueldos, es a nosotros a los que nos cortan derechos. Los magistrados, jueces tiene comedores especiales y nosotros no tenemos ni un comedor modesto para cubrir nuestras necesidades. Tenemos muchísimos gastos.
Cosas que debieron haberse planteado aquí, me parece, desde la visión de los trabajadores. Pero, insisto, que desde la posición de los trabajadores se empate con la posición de los ministros de la Corte, magistrados, mujeres y hombres, jueces, mujeres y hombres que se oponen a que el pueblo tome el control del Poder Judicial en sus manos, que no van a ser los partidos, no va a ser nuestro movimiento, 16 millones de personas votaron por la derecha, pues saldrán a votar en consecuencia también cuando se elijan personas juzgadoras.
Todas las personas juzgadoras tienen pase automático a participar y muchos de los actuales trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial podrán participar también, si cubren los requisitos. Y, si en el Poder Judicial no los proponen, vayan al Legislativo, que los vamos a proponer. ¿De dónde vamos a sacar las propuestas, si no es de los abogados y abogadas que ya existen?
Entonces, yo creo que ni siquiera necesitas buscarme, nada más con que vayas a registrarte. Si cumples los requisitos, serás considerada. No necesitarás el padrinazgo de ninguno de nosotros, de nadie. Por eso, puedo... está muy bien. Dice, me interrumpe y dice que no tienen tiempo ni para irse a registrar. Pues entonces yo pediría...
El moderador José Omar Sánchez Molina: ¿Quiere evitar los diálogos? Por favor.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Yo nunca te interrumpí. Yo tengo muchísimo trabajo y no los invito a que ayuden a recorrer al país, a que vean las necesidades del pueblo, a que vean lo que escucho, a que vean lo que combatimos, a que vean. No, no, yo hago mi tarea. Punto.
Y si tú tienes interés a ser persona juzgadora, te podrás registrar y podrás participar. Y, si realmente no tienes tiempo, te darás tiempo. Cierro, porque ya se me acabó también el tiempo. Hay gente que me dice que no tiene tiempo para la lectura y yo creo que no puede haber mujeres y hombres libres sin la lectura, pero yo les diría: yo no tengo tiempo para otras cosas, yo solo tengo tiempo para la lectura, porque uno le dedica el tiempo a lo que le interesa.
Y, si a las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial les interesa mejorar sus condiciones, tendrán las puertas abiertas para participar ante la posibilidad de ser personas juzgadoras. Eso lo tienen garantizado. Están defendiendo lo indefendible, el Poder Judicial fue juzgado y sentenciado el 2 de junio y el pueblo determinó que las personas juzgadoras sean elegidas por el pueblo, y así se hará. Muchas gracias, por su atención.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con la participación y respuesta que brinde la consejera Celia Maya al planteamiento que se le formuló, consejera. Y después iremos con el doctor Ricardo Silva, que también fue solicitado. Adelante, por favor.
La ponente Celia Maya García: Diputado, como respuesta, sí creo que la reforma que se está proponiendo de que intervenga el pueblo para elegir a los integrantes del Poder Judicial fortalece la División de Poderes y también la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ahora todos los del Poder Judicial van a estar legitimados porque fueron electos por el pueblo. Le van a tener que... en la Constitución estará ya bien claro que tendrá que tener su presupuesto, eso que siempre se ha venido señalando, que lo puede tener un porcentaje para tener lo que necesite para poder dar el servicio.
La independencia, ya en otro foro les decía yo, yo fui juez muchos años y no porque me nombre el pueblo, porque me nombre el presidente, por el simple hecho de aceptar ser juzgador tengo que ser independiente, no le puedo deber a nadie ni le puedo: oye, como tú votaste por mí te parece que o tú dijiste que te parece que así resuelva. No.
Entonces, yo creo que el hecho de que los mismos juzgadores no se sientan obligados ni hacia el Consejo de la Judicatura ni a los ministros si los recomendaron, sino que van a ser electos por el pueblo les va a dar fortalecimiento en sus decisiones y en lo que van a hacer.
Yo realmente lo veo desde ese punto. Claro que va a ser difícil la implementación, que se está hablando de gradualidades, pues sí, pero ya ustedes en el Poder Legislativo lo discutirán y si necesitan opiniones en cuanto a lo que tengan, pues para eso fueron los foros y también pueden seguirnos preguntando.
Yo aquí ya vi que todos se pusieron a disposición de que, si algo se ofrece, pues lo que queremos es que este país tenga justicia, que a mí me ha dado toda la vida tristeza que no hayamos en todos estos años haber satisfecho el anhelo de Morelos, que la gente encontrara tribunales que le dieran justicia. Hoy nos toca, hagámoslo. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, consejera.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con don Ricardo Silva para brindar respuesta al planteamiento que le formuló el diputado Hamlet.
El ponente Ricardo Antonio Silva Díaz: Gracias, diputado, por el planteamiento. Yo lo que traigo aquí a reflexionar con todas estas ideas sobre lo que hoy esta Cámara está considerando y estos diálogos están considerando en el debate es un nuevo bien constitucional que es la justicia para el pueblo.
Y cuando se está debatiendo sobre ese bien constitucional que es la justicia para el pueblo y los distintos acercamientos que debe de haber, me parece que tiene que verse esto como un engranaje y dentro del propio engranaje tienen que funcionar como reloj esos engranajes y precisamente no solo puede verse el nombramiento, sino que tiene que verse los dos lados de la moneda y en este caso, el caso de las y los abogados.
Si ustedes dan una lectura al artículo 5o. constitucional que regula las profesiones, hay dos espacios en donde regulan estas profesiones y dice: la ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Esa es toda la regulación que hay en materia de reglamentación.
La pregunta es, si yo coincido con la especialización de los abogados para poder ejercer la profesión. Y no solo coincido con la especialización, sino coincido con que necesitamos todo un marco regulatorio y dentro de esta doctrina ahora del Estado regulador, de cómo debe de intervenir el Estado en juego con la autonomía universitaria, en juego con la educación superior, en juego con el ámbito privado y las barras para poder generar ese engranaje que permita que la justicia llegue a la gente.
La justicia no va a llegar a la gente si no hay un abogado que plantee adecuadamente el caso y hablamos de las defensorías, pero también hablamos del ámbito privado, y citaba hoy, hay universidades, escuelas privadas y públicas, que imparten la carrera de derecho con mil horas de capacitación y esa es la que presenta ante la justicia el caso.
El juez tiene que hacer su labor conforme a los elementos que le son presentados y evidentemente no podemos partir de la idea de que el juez tiene que sensibilizarse frente a quien tiene la razón, porque las dos partes están presentando los casos, y eso es a lo que se refiere la propia independencia y la imparcialidad.
Los y las abogadas somos en gran parte y en gran medida responsables de este problema que aquí se está identificando y para poder atacarlo de manera adecuada y que en seis años no estemos discutiendo en un foro similar que la elección popular no fue útil, hoy tenemos que atender el problema de raíz y el problema de raíz es que la abogacía mexicana requiere de profesionalización, requiere responsabilidad y requiere de ética.
Es injusto acusar a los y a las juzgadoras de las cuestiones que están pasando en los tribunales, porque el problema es de las y los abogados. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Ricardo.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Y cerramos con la participación de Olmo Guerrero para dar respuesta al planteamiento general formulado. Le pido a la audiencia, por favor, que guardemos el respeto a todas las personas que han guardado silencio, por favor.
El ponente Olmo Guerrero Martínez: Para ahondar un poco en el tema ya tocado de colegiación, por aquí se hacía el planteamiento de qué ofrecían los colegios. Creo que pudiésemos reformularlo y decir qué deben ofrecer los colegios.
En Nuevo León tuvimos una experiencia en la cual uno de los colegios de abogados, a través de un juicio de amparo, combatió la ley estatal en términos del artículo 5o. que citaban, que establecía que en la entidad únicamente podían existir cinco colegios, porque en Nuevo León hay mucho más que esa cantidad.
La resolución del juzgador, creo que, de manera adecuada, dio prevalencia a la libertad de asociación y estableció que podían existir más de cinco, pero si la pregunta original debe ser, ¿qué deben ofrecer los colegios?, creo que precisamente es importante ahondar en eso, porque, así como se exige una profesionalización mayor de los juzgadores, como postulantes tenemos que asumir con responsabilidad que tenemos muchísimo que aportar y muchísimo que mejorar.
¿Qué deben ofrecer los colegios? La garantía de una profesionalización constante y especializada. Creo que es un tema pendiente y es un tema que esta reforma tiene que ser como justificante para que se dé. Y la existencia y creación de un régimen disciplinario para nuestro gremio. Creo que en la colegiación sí hay que ver todas las características y las garantías para que no se nos resulte contraproducente, pero sí entenderlo como un medio para mejorar el ejercicio profesional. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Olmo. Con esta participación cerramos este diálogo.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Agradecerles a todos los ponentes, a Ricardo Antonio, a Sandra Luz, a Taissia, a Sergio Arturo, a Juan Guillermo, a José Alfonso, a Diana Berenice –que se incorporó–, también a Rogelio, a José Guadalupe –también que se incorporó– a Olmo y a la magistrada y consejera Celia Maya por su participación en este diálogo.
Nos vemos en el siguiente que tendrá lugar en Culiacán, Sinaloa, en el Congreso estatal, el próximo jueves 8 de agosto a las 11 de la mañana. Muchas gracias por su participación.
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