Dictámenes a discusión
Carol Antonio Altamirano, fundamentación
Posicionamientos
Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, PAN
Carlos Hernández Mirón, Morena
Votación de los artículos reservados, en términos del dictamen
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera
Carol Antonio Altamirano, fundamentación
Posicionamientos
Christian Mishel Castro Bello, PRI
Héctor Saúl Téllez Hernández, PAN
Gabriela Jiménez Godoy, Morena
Votación de los artículos reservados, en términos del dictamen
Por el que se expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral
Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, fundamentación
Presentación de mociones suspensivas
Posicionamientos
Irais Virginia Reyes de la Torre, PMC
Nora Yessica Merino Escamilla, PT
Javier Octavio Herrera Borunda, PVEM
Carmen Rocío González Alonso, PAN
Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno, Morena
Continúa la presentación de reservas
Efemérides relativas al Natalicio de José María Morelos y Pavón, y al 2 de octubre de 1968
Clausura de la sesión y cita para la próxima
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Solicito a la Secretaría dar cuenta con el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El secretario diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Señor presidente, se encuentran registrados 459 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (14:39 horas): Se abre la sesión ordinaria vespertina del martes 6 de octubre de 2026, en modalidad presencial.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: El orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas instaladas en las curules de las diputadas y los diputados, y contiene los asuntos a tratar en esta sesión.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: El siguiente punto en el orden del día es la declaratoria de reforma constitucional en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos federales y locales. Solicito a la Secretaría dar lectura al oficio que remite la Cámara de Senadores.
El secretario diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Ciudad de México, 6 de octubre de 2026. Secretarios de la Cámara de Diputados, presentes.
Tenemos el honor de remitir a ustedes para los efectos constitucionales el expediente con el proyecto de declaratoria del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos federal y locales, que contiene 22 votos aprobatorios de los Congresos de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Atentamente, senadora Claudia Tello Espinosa, secretaria.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Pido a la Secretaría realice el cómputo correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
El secretario diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Esta Secretaría, en relación con el proyecto de decreto por el que reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos federal y locales, da fe de la recepción y cómputo de 22 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México. Se pide a todos y a todas los presentes ponerse de pie.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite la siguiente declaratoria: el Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformados y adicionados los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivo, Federal y Locales. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. Pueden tomar asiento.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: En términos del artículo 104, numeral 1 del Reglamento, se concede el uso de la palabra al diputado Carol Antonio Altamirano para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, hasta por 10 minutos. Adelante, paisano.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su venia, presidente, a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados presento ante esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. En primer lugar, expreso nuestro reconocimiento a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión pertenecientes a los diversos grupos parlamentarios por su madurez, altura de miras y sensatez observada en el proceso de dictaminación.
En el dictamen se reconoce que en México ha habido enormes avances en lo que se refiere a la inclusión financiera, así como en la modernización del sistema financiero para facilitar su uso y democratizar el acceso a los productos y servicios que éste ofrece.
Sin embargo, aún la gran mayoría de los pagos que realiza la población son con el uso de efectivo, con lo cual se han desaprovechado las ventajas que tienen las innovaciones tecnológicas y el ahorro de recursos que su utilización adecuada implica.
La iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo federal, que es materia de este dictamen, propone establecer un marco jurídico para promover la adopción e implementación de medios de pagos electrónicos y digitales en nuestro país.
Se trata de una nueva ley de vanguardia e innovadora que propone ampliar y facilitar el uso de los pagos digitales mediante una implementación gradual, mayor seguridad, menores costos para las personas usuarias y mejores mecanismos de control y recaudación.
Se busca modernizar los medios de pago, ampliar la inclusión financiera y aprovechar las herramientas digitales para facilitar las operaciones de las personas, los comercios y de las autoridades.
La propuesta reconoce que la transformación digital no constituye únicamente un cambio tecnológico, sino una oportunidad para ampliar derechos, acercar los servicios financieros a más personas, facilitar el cumplimiento de obligaciones y reducir las desigualdades que todavía existen en el acceso a los medios de pago.
La innovación tecnológica y la transformación digital son componentes importantes para la modernización de la vida pública del país. El dictamen responde a ese propósito y propone construir un marco jurídico que acompañe los cambios que ya se están produciendo en la economía y en la manera en que las personas realizan sus actividades cotidianas.
México vive una transformación económica acelerada, cada día más personas utilizan plataformas digitales, realizan transferencias electrónicas, venden productos en línea, acceden a servicios financieros mediante dispositivos móviles y participan en mercados que hace apenas un año eran impensables.
Sin embargo, también es cierto que millones de mexicanos continúan excluidos de estos beneficios. La brecha digital y financiera sigue representando una barrera para el desarrollo de las familias, emprendedores y pequeñas empresas.
Precisamente por ello surge esta nueva ley. Su propósito es impulsar una economía más moderna, más eficiente e incluyente, mediante el fortalecimiento de los pagos digitales y electrónicos, como herramientas de desarrollo económico.
La economía digital ya no es un fenómeno del futuro, es una realidad del presente. Y, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de generar condiciones para que esa transformación ocurra con reglas claras, con seguridad jurídica y con beneficios compartidos para toda la población.
El dictamen plantea, como uno de los elementos más relevantes, promover una mayor utilización de medios de pago digitales que permitan reducir costos de transacción, aumentar la eficiencia económica y facilitar la participación de personas y empresas en la actividad productiva.
En el contenido del dictamen se establece que, en la contratación digital de servicios financieros, la Curp Digital será aceptada como un mecanismo de confianza, y que las personas usuarias podrán utilizarla ante las entidades como mecanismo de identificación oficial para la contratación de servicios financieros.
También se propone la creación de un expediente digital ciudadano, para la consulta y uso de documentos e información de las personas usuarias, que contará con los efectos jurídicos que se da a los documentos físicos.
Con lo anterior, se establecen las condiciones adecuadas para que las personas contraten servicios financieros de forma totalmente digital, reconociendo estos mecanismos válidos de identificación y acreditación documental con la misma validez jurídica que los documentos físicos, siempre y cuando sean utilizados con autorización de los usuarios.
Por otro lado, con la nueva ley se promoverá el uso de transferencias electrónicas, tarjeta bancaria, códigos QR, tecnologías NFC, y otras herramientas digitales de pago reconocidos por las autoridades financieras.
Esta nueva ley también obligará a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que realicen las acciones necesarias para aceptar estos mecanismos de pagos electrónicos y digitales para atención de trámites y servicios. Y establece que cuando se presente una contingencia que imposibilite la recepción de algún medio de pago electrónico y digital, se permitirá el pago en efectivo o en cheque.
La nueva ley faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para identificar sectores o actividades económicas donde los pagos digitales podrían convertirse en la única forma de pago aceptada.
En estos casos las autoridades correspondientes deberán emitir reglas específicas para un cambio gradual del efectivo hacia esquema de pagos electrónicos, y se contempla ciertas excepciones temporales cuando existan fallas tecnológicas o contingencias que impidan la operación de dichos sistemas.
Por otro lado, la ley asigna responsabilidades al Banco de México, a las instituciones financieras y a las autoridades gubernamentales para promover la inclusión financiera, ampliar la conectividad, facilitar la apertura de cuentas bancarias, fortalecer las plataformas de pago y simplificar trámites mediante herramientas digitales. Toda transformación económica relevante plantea una decisión de fondo, la decisión de quedar observando cómo cambia el mundo o la decisión de competir y prosperar en él.
Compañeras y compañeros, hoy tenemos la oportunidad de enviar un mensaje claro: México no puede quedarse rezagado en la revolución digital que está redefiniendo la economía del planeta.
Por todas las razones anteriores, solicito el voto a favor de esta nueva ley que, sin duda, va en la dirección correcta para avanzar en la modernización económica y la inclusión financiera del país. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado Carol Altamirano.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Para presentar moción suspensiva, tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Martínez García, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
La diputada Verónica Martínez García: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Verónica Martínez García: Compañeras y compañeros legisladores, hoy vengo en representación de mi grupo parlamentario del PRI, para presentar una moción suspensiva al dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Hablar de economía digital es hablar del futuro de México, pero construir el futuro exige reconocer las condiciones del presente, modernizar sí, pero sin dejar a nadie atrás.
Compartimos el objetivo de facilitar las operaciones económicas, impulsar la inclusión financiera y aprovechar las herramientas tecnológicas. Lo que no podemos acompañar es una reforma que pretenda avanzar hacia la digitalización sin garantizar que todas y todos tengan las mismas condiciones para hacerlo.
Por eso presentamos cinco razones para detener la discusión de este dictamen:
Primera. No se resuelve la brecha digital. Tener un teléfono inteligente no significa contar con internet confiable ni con las condiciones necesarias para utilizar adecuadamente una plataforma financiera.
Segunda. Digitalizar los pagos no significa acabar con la informalidad. En México, alrededor del 55 % de la población económicamente activa se encuentra en esa condición. Una transacción digital puede facilitar la formalidad, pero para lograrlo se necesitan incentivos, simplificación y condiciones que hagan viable dar este paso.
Tercera. No existe suficiente claridad sobre la transición para los pequeños negocios. El 95 % de las unidades económicas son microempresas. Tenemos que decirles cuánto les costará esa transición, qué herramientas tendrán a su alcance y qué alternativas existan cuando la tecnología o los sistemas fallan.
Cuarta. Una mayor digitalización exige mayor seguridad. El crecimiento de las operaciones digitales también aumenta la exposición al fraude y a los ciberdelitos. Por ello, cualquier reforma de esta naturaleza debe establecer medidas claras de prevención y protección y mecanismos efectivos de respuesta y responsabilidades perfectamente definidas.
Quinta. Debemos garantizar la protección de los datos personales y financieros de las y los mexicanos. Esta reforma contempla mecanismos como el uso del CURP y el expediente digital. Concentrar información de esta naturaleza exige garantías sólidas para evitar su uso indebido. La innovación no puede avanzar a costa de la privacidad ni la seguridad de las personas.
Compañeras y compañeros, México necesita avanzar hacia una economía digital, pero necesitamos hacerlo bien. No podemos construir un México más digital generando nuevas desigualdades.
Por eso, proponemos retirar este dictamen del orden del día y devolverlo a la comisión dictaminadora para abrir un parlamento abierto y escuchar a especialistas, sectores productivos, ciudadanía y realizar un análisis técnico, inclusivo y responsable. Modernizar a México es necesario, pero sin excluir. Esa es nuestra responsabilidad. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva para su discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta a la asamblea si la moción suspensiva se toma en consideración para su discusión de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: En consecuencia, continuaremos otorgando el uso de la palabra a los grupos parlamentarios para fijar postura, hasta por cinco minutos. Iniciamos con MC en la voz de la diputada Patricia Flores Elizondo, hasta por cinco minutos. Quiero señalar a la asamblea que estaré haciendo llamados a los 15 segundos a efecto de que todas las legisladoras y legisladores puedan sujetarse al tiempo.
La diputada Patricia Flores Elizondo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, Movimiento Ciudadano no está en contra de la digitalización: estamos contra una digitalización que se aprueba primero y se paga después con el dinero de quienes menos tienen.
Y aquí está la primera pregunta: ¿quién paga? Imaginen a doña Lupita que tiene una tiendita. Si esta ley la empuja a cobrar con tarjeta o QR, necesita terminal, Internet y adaptar su sistema, además el banco le cobrará una comisión por cada venta.
En México, las cuotas de intercambio llegan hasta 1.91 % en crédito y 1.15 % en debido. Una tiendita no negocia con el banco, simplemente acepta lo que le cobran. Y, ¿a dónde va ese costo? A la lechuga, al refresco, a la tortilla, se le traslada al consumidor. Las grandes cadenas sí negocian tarifas, tienen volumen y áreas jurídicas, las pequeñas no.
Esta ley trata... Esta ley no tratará igual a desiguales. Veamos el ejemplo que más citan cada vez que hablamos del pago digital, la India, su sistema, el Interfaz de Pagos Unificada, UPI, nació en 2016, hace 10 años, como infraestructura pública interoperable, y en 2020 el gobierno decidió algo clave, que cobrar a los comercios pequeños costaba cero y que el Estado compensaría a bancos y plataformas con recursos del presupuesto. Eso lo dejaron por escrito, con una política y un presupuesto. Tampoco prohibieron el efectivo y aún así hoy discuten que ese subsidio es insuficiente.
Reportes recientes indican que ya aplican un cobro del punto 4 % solo a pagos grandes, mientras protegen a los pequeños, es decir, hasta en la India quien paga se define con reglas claras.
Aquí la iniciativa dice: promuevan, habiliten, realicen las acciones necesarias, pero no dice quién pone el dinero. Por eso, proponemos algo muy sencillo, que la ley diga expresamente que los costos de terminales, QR, conectividad y adaptación para micro y pequeños negocios los asume el Estado, así como la infraestructura que habrán de desarrollar los municipios pequeños de pocos recursos, con un fondo etiquetado en el presupuesto y que se prohíba trasladar esas comisiones al consumidor. Si no está en la ley, no está garantizado.
Hablemos del artículo 13, este Congreso no define que son los sectores estratégicos, donde el pago digital será la única forma de pagar, se lo deja todo, todo el poder a Hacienda, para que Hacienda decida. Y el tercero transitorio, le da 15 días hábiles para decidirlo, 15 días para cambiar la forma en que millones, millones de mexicanas y de mexicanos pagamos bienes básicos.
Dicen que el efectivo se permitirá en caso de contingencia, ¿qué es para este gobierno contingencia?, porque el dictamen no define quién declara la falla ni cuánto dura ni cómo paga la gente. Mientras tanto, un billete no necesita internet ni batería ni servidor.
Legislar es poner los límites en la ley, pero aquí Hacienda decide, el Congreso se vuelve solo un espectador. Pedimos que los sectores y los criterios estén en la ley o que cualquier determinación de Hacienda pase, como debería de ser por este Congreso.
Hoy deciden que se pagará gasolina y peaje de manera digital, pero basta ver que el pago digital en las carreteras es un desorden, cada autopista con su propio Tag y sus propias reglas, sin que ninguno sirva en todas. Necesitamos que sea operable en toda la red y no que se hagan cuellos de botella que cuestan mucho dinero.
Y algo muy delicado, los datos del pueblo de México, cada pago digital cuenta una historia, ¿dónde compras?, ¿a qué hora?, ¿en qué farmacia?, ¿con qué médico? Sumen la CURP digital y el expediente digital ciudadano y tenemos información comercial, financiera y potencialmente de salud reunida en un solo lugar.
La iniciativa no dice qué datos se guardan, por cuánto tiempo, quién los consulta ni para qué, no habla de auditorías independientes ni sanciones por filtraciones. En un país donde las filtraciones de datos son frecuentes, esto no es solo un detalle técnico, es una puerta abierta peligrosa en las manos de un Estado que ha usado a este Congreso, a sus diputados, solo para concentrar poder.
Concluyo. El propio dictamen cambió ampliar por regular en el artículo 19, y corrigió palabras en los transitorios, pero no tocó lo esencial, quién paga, quién decide y quién protege nuestros datos.
Digitalizar sí, pero con el costo a cargo del Estado y no de la tiendita, con los sectores definidos aquí en esta Cámara...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Patricia Flores Elizondo: Y con los datos de las personas blindados. Pagues como pagues tu dinero debe de valer lo mismo, 200 pesos deben ser 200 pesos de producto, ni un centavo menos. Mientras eso no esté en la ley, nuestro voto será en contra. Muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Emilio Suárez Licona, del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Emilio Suárez Licona: Gracias, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante.
El diputado Emilio Suárez Licona: Compañeras y compañeros, quién podría oponerse a que el país avance para garantizar la inclusión financiera, transitar hacia la formalización de la economía, la simplificación administrativa y la modernización tecnológica. En el Grupo Parlamentario del PRI no podemos estar más de acuerdo con esos objetivos.
México requiere transitar por los cambios y transformaciones que permitan reducir la brecha de la economía digital, precisamente por eso es que vemos este dictamen con profunda preocupación, porque con lo que se plantea aprobar el riesgo de ampliar la brecha digital es mayor. Basta con reconocer lo que indican las cifras, el acceso a las tecnologías de información y comunicación en nuestro país es claramente desigual.
En virtud de ello es que las y los legisladores del PRI anunciamos nuestro voto en contra de una reforma que es al menos insuficiente, aquí expongo nuestras razones:
Vamos a depender de la tecnología instalada, pues, no se aprecia en el dictamen una estrategia para reducir la brecha digital y garantizar que las y los mexicanos puedan acceder sin discriminación a los beneficios propuestos.
Confundir la disponibilidad tecnológica con el acceso efectivo es un error estructural del dictamen que discutimos. Una persona puede tener teléfono celular y aun así carecer de internet confiable, alfabetización digital, cuenta bancaria, recursos para pagar datos o protección frente a los fraudes.
Se requiere mucho más que lo establecido en este dictamen para resolver el grave problema de informalidad. En una sociedad en la que el 55 % de la población económicamente activa trabaja en el sector informal.
¿Qué otras medidas se perfilan para que transitemos a una economía formal? Sería necesario que esta nueva ley y su implementación vayan acompañadas de otras medidas para combatir la informalidad.
El proceso de adaptación para pequeños negocios es insuficiente. Debemos considerar que el 95 % de las unidades económicas son microempresas en donde laboran hasta 10 trabajadores, se requiere claramente una estrategia de transición que no está en esta propuesta. Las Mipymes son la piedra angular de México, aportan más del 52 % al producto interno bruto y generan el 68 % de los empleos.
Otro problema de este dictamen es el relativo a la seguridad de las personas frente al aumento potencial de fraudes y ciberdelitos, los cuales han incrementado sin que haya una estrategia de prevención y contención suficiente.
Hace unas semanas presenté una iniciativa para combatir este delito, particularmente en personas adultas mayores, porque las cifras son absolutamente claras, hoy 60 % de los fraudes se cometen en los ecosistemas digitales.
El país no ha avanzado lo suficiente para prevenir y combatir esos delitos. En ese contexto, esta reforma debería ir acompañada de una estrategia para combatir el fraude digital.
Y no voy a omitir mencionar que con este dictamen se perfila una concentración de información financiera y personal en manos del gobierno, sumándose a otras reformas impulsadas desde el oficialismo con las cuales se vigila, se censura y se controla.
Por último, el dictamen plantea una ambigüedad institucional, se distribuyen facultades entre la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades. Si las competencias no quedan claramente delimitadas, podrían surgir duplicidad regulatoria, conflictos de competencia, incertidumbre para empresas y usuarios, diferencias entre normas federales y disposiciones sectoriales, así como retrasos en la implementación, solo por mencionar algunos casos.
Esta ley podría combatir y ayudar a modernizar la economía mexicana y ampliar el acceso a servicios financieros, pero como está planteada, el riesgo es que aumente la exclusión, la vigilancia y la vulnerabilidad tecnológica si se aplica de manera obligatoria, sin infraestructura suficiente...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Emilio Suárez Licona: ... ni protección efectiva de los usuarios. Por todas estas razones, las y los legisladores del PRI, no podemos acompañar el dictamen. Gracias, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Luis Armando Díaz, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Armando Díaz: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Luis Armando Díaz: Por primera vez, contaremos con un marco jurídico que obliga a los tres órdenes de gobierno a impulsar los pagos digitales. Ese marco también establece reglas de confianza, identidad digital, trazabilidad, seguridad e interoperabilidad para que todas y todos puedan usarlo.
El problema que atiende esta ley es claro, compañeras y compañeros, México no carece de infraestructura digital, lo que falta es que esa infraestructura llegue a la vida cotidiana de las personas. Un dato, según la estadística, hay en México 94 millones de cuentas bancarias, los usuarios de estas cuentas bancarias, aproximadamente 21 millones de ellos y ellas, utilizan Codi, y esto quiere decir, entonces, que vamos avanzando y se da un paso importante para que esta nueva ley opere en nuestro país.
Los datos lo demuestran, el 83 % de las personas en México utiliza Internet y una proporción similar cuenta con un teléfono celular. El SPEI, operado por el Banco de México, procesó 4 mil 600 millones de transferencias, entre julio de 2023 y junio de 2024, y el 90 % fueron operaciones de bajo valor. Se estima que el 73.5 millones de personas adultas ya son usuarias del sistema.
Tenemos la tecnología, tenemos la escala y tenemos los usuarios potenciales. Sin embargo, el efectivo sigue dominando. En 2024, el 85.2 % de la población pagó principalmente en efectivo sus compras de 500 pesos o menos. Solo el 4.4 % utilizó una transferencia o una aplicación móvil, herramientas que ya existen, como CoDi y Dimo, apenas son utilizadas por un 4 % y el 1 % de la población.
Esa brecha que este dictamen de esta nueva ley busca cerrar, la existente entre la infraestructura disponible y su aprovechamiento real, compañeras y compañeros.
Y esa brecha no es igual en todo el país. En compras mayores de 500 pesos el efectivo representa el 55.2 % en la Ciudad de México, pero alcanza el 82 % en la región sur. Las desigualdades territoriales también se expresan en la forma en que pagamos. Quienes más pierden son las comunidades rurales, los pueblos indígenas y afromexicanos y las regiones históricamente rezagadas.
Para el Partido del Trabajo no es un asunto menor, cuando una persona o un pequeño negocio opera exclusivamente en el efectivo, queda fuera del sistema financiero, no genera historial, no puede acreditar sus ingresos y no puede acceder a un crédito.
Los censos económicos 2024 del INEGI muestran que el 95 % de las unidades económicas urbanas emplea al menos a 10 personas, pero solo el 23 por ciento maneja una cuenta bancaria.
Entre las microempresas la proporción baja al 20 %, y únicamente el 10 % de las microempresas obtuvo financiamiento en 2023.
Compañeras y compañeros, ahí está la verdadera dimensión de esta ley, cada pago digital genera un registro, cada registro ayuda a construir un historial, ese historial abre la puerta al crédito, a la formalización y al crecimiento. La tienda de la esquina, la fonda o la persona que vende por su cuenta podrán demostrar lo que trabajan y lo que ganan. Ese es el sentido social de esta reforma.
Por eso, decimos que se trata de un avance tecnológico con rostro humano. El Estado no se limita a reconocer que la tecnología existe, asume la responsabilidad de que sus beneficios no se queden en quienes ya tienen acceso a la banca.
Los pagos digitales deben llegar también a las y los trabajadores, a las micro, pequeñas y medianas empresas y a las regiones que durante décadas han estado al margen del desarrollo.
Una economía digital solo es justa si es incluyente. Y solo es incluyente si genera confianza.
Por eso, respaldamos que la ley establezca reglas claras de seguridad, identidad digital e interoperabilidad. Las personas deben tener la certeza que su dinero y sus datos están protegidos. Por esas razones....
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya.
El diputado Luis Armando Díaz: ... el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen. Es cuanto. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Gracias Presidente
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Compañeras diputadas, compañeros diputados, buenas tardes a todas y a todos. Toda ley orientada al desarrollo y a la justicia económica deben nacer de la realidad cotidiana de las personas, no se construye de manera distante, sino escuchando las necesidades de la calle, del pequeño comercio y de las familias trabajadoras que mueven la economía de nuestro querido México.
La realidad de México no nos invita a la pausa, nos exige evolucionar, como lo han hecho los países más avanzados. Hoy nos enfrentamos a una profunda brecha de inclusión, mientras el mundo avanza aceleradamente hacia la digitalización, los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, nos muestran un panorama contundente.
Esto es que el 85.2% de la población sigue dependiendo del efectivo para sus operaciones cotidianas, y solo un 37.3% de las y los mexicanos entre 18 y 70 años tienen acceso a un crédito formal.
Es alta, como vemos, la dependencia del dinero en efectivo, y no es simple este dato, no es un simple dato estadístico, en el día a día se traducen costos ocultos, horas pérdidas en filas, riesgos permanentes de inseguridad y, sobre todo, una trampa de liquidez para más del 99% de las unidades económicas del país.
Hablamos de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, las Mipymes. Depender únicamente del efectivo limita la capacidad de la tiendita de la esquina o del negocio familiar para crecer, vender en plataformas digitales y construir el historial financiero necesario para acceder a un crédito bancario formal y con intereses razonables.
Mantenerlos al margen de la transformación digital es postergar la inclusión de quienes más lo necesitan. Por eso la aprobación de este dictamen es adecuada e indispensable. Al expedir la Ley General de Economía Digital establecemos un marco jurídico sólido y con certeza para garantizar que la tecnología sea el motor de desarrollo compartido y de bienestar.
Esta ley transformará la relación de las personas con el gobierno y con el sistema financiero, ya que democratiza los pagos digitales y, al ordenar a los tres órdenes de gobierno la implementación de transferencias, códigos QR y cobros con tarjeta en el pago de trámites y servicios públicos.
Asimismo, impulsa la inclusión y la justicia financiera mediante herramientas de confianza como la CURP digital y el expediente digital ciudadano, permitiendo así a la ciudadanía acceder a créditos y servicios financieros 100 % digitales con plena validez jurídica y sin trabajos burocráticos.
Además, asegura la transición ordenada y paulatina donde la Secretaría de Hacienda determinará los sectores estratégicos para el uso de medios electrónicos, garantizando que el efectivo y los cheques sigan disponibles ante cualquier falla técnica o cualquier contingencia para que nadie quede excluido.
Finalmente, también se garantizará la equidad territorial comprometiendo al Estado a desplegar planes de conectividad que lleven esta transformación digital a las zonas rurales y parajes donde hoy persisten las brechas de acceso.
Como lo ha señalado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, este avance no es solo una reforma administrativa, es una estrategia integral de seguridad, eficiencia e inclusión productiva.
Desde la Secretaría de Hacienda se ha enfatizado que la digitalización permite dotar de historial crediticio a quienes antes eran invisibles al sistema financiero, transformando cada pago digital en una llave para el desarrollo de las personas y de sus negocios.
Al reducir el uso de efectivo, fortalecemos la trazabilidad, combatimos la informalidad, protegemos a los comerciantes contra la delincuencia y construimos un México más transparente y equitativo.
Cabe señalar que esta ley no genera erogaciones adicionales al Presupuesto de Egresos de la Federación. Por el contrario, genera un impacto profundamente positivo en la competitividad, la transparencia y el desarrollo económico de México.
Lo que estamos haciendo es aprobar de manera inteligente la infraestructura tecnológica con la que ya cuenta el Estado, como el SPEI, CoDi o Dimo, para ponerla directamente al servicio del pueblo.
Aprobar este dictamen es darle herramientas sencillas a las y los mexicanos para realizar sus trámites. Es respaldar al pequeño comerciante para que su negocio crezca y es dar un paso firme hacia una economía moderna que no deje a nadie atrás.
Por esas razones, en el Partido Verde, nuestro grupo parlamentario, estará a favor de este dictamen. Y además, reconocer en la Secretaría de Hacienda y sus funcionarios, la apertura para que en las leyes secundarias, el reglamento, va a ser en plena apertura para escuchar a los diferentes sectores con los que se van a operar estas leyes, por lo cual reconocemos esa disposición para que pueda aplicarse perfectamente bien esta ley sin que perjudique a nadie. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene el uso de la palabra el diputado Homero Niño, del PAN, hasta por cinco minutos.
El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela: Gracias a todos. Pues aquí estamos una vez más con el mismo tema de siempre, porque lo que estamos discutiendo hoy aquí es este talante autoritario del gobierno federal, del gobierno de Morena. Este talante autoritario que se presenta prácticamente en todas las iniciativas que llegan a esta Cámara de Diputados.
Esta iniciativa es así: es autoritaria, es arrogante, es prepotente, como todo lo que ustedes vienen a presentar aquí. Lo de ustedes es un autoritarismo salvaje, es ya patológico. Cualquier espacio que ven lo hacen para controlar más y más. Es que su afán por controlarlo todo es insaciable.
Y miren, déjenme darles algunos datos y empiezo diciéndoles, como es obvio, que no estamos en contra de las nuevas tecnologías y de los pagos digitales: de lo que estamos en contra es de la manera en que se plantea esta iniciativa.
A ver, nos dicen que los sectores estratégicos y actividades relevantes que se definan serán los obligados a aceptar pagos digitales, pero no nos dicen cuáles son los criterios a través de los cuales se van a definir estos sectores y actividades relevantes. Algo tan sencillo y tan básico.
Esto, por supuesto, pues, genera incertidumbre. El no saber si uno está en un sector estratégico o actividad relevante, pues, genera incertidumbre para todas las familias dueñas de micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de esas familias.
Por cierto, esta iniciativa tampoco habla de mecanismos de defensa. ¿Cómo se van a defender los ciudadanos ante lo que consideren como algún abuso de poder o alguna arbitrariedad?
Por supuesto, lo que proponen es definir sectores estratégicos, pero sin consultar a la gente que está en el campo. Lo van a definir o proponen, que se defina desde un escritorio de Hacienda por un burócrata, con tendencias arrogantes y autoritarias y que todos lo acatemos y que aquí vengamos a aprobarles esa discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda.
Y déjenme leer textual lo que dice el artículo tercero transitorio de la ley que proponen en el gobierno federal: dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Hacienda definirá cuáles son los sectores estratégicos y actividades relevantes. Pero en cualquier momento va a poder ampliar dicha determinación, es decir, lo que ustedes pretenden que votemos es que le dejemos manga ancha a la Secretaría de Hacienda, para que sin criterios definidos decida en cualquier momento ampliar y definir cuáles son estos sectores estratégicos y actividades relevantes. Por supuesto, pues es una locura.
Miren, es que a ustedes les molestan los controles y los equilibrios. A ustedes siempre les ha molestado los frenos al poder, pero déjenme decirles que de eso se trata la democracia, precisamente. La democracia se trata de ponerle frenos al poder en beneficio de los ciudadanos y todo lo que ustedes nos vienen a proponer aquí siempre es exactamente lo contrario. Ustedes vienen a proponer siempre ponerle controles a los ciudadanos en beneficio del poder.
Por eso, nosotros no podemos acompañar esta iniciativa y, repito, como empecé, porque consideramos que es autoritaria, prepotente, arrogante y discrecional, y es obvio que no podemos acompañar una cosa así, que los retrata como autoritarios salvajes que son. Muchas gracias. Gracias, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Hernández Mirón, de Morena, hasta por cinco minutos. Antes de que inicie el orador, esta Presidencia saluda a estudiantes de las carreras de economía y turismo, del Centro Universitario Grupo Sol, invitados por la diputada Laura Hernández García, de MC. Sean bienvenidos a este Salón de Sesiones. Ahora sí, orador, adelante.
El diputado Carlos Hernández Mirón: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Carlos Hernández Mirón: Muchas gracias. Compañeras y compañeros legisladores, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi Grupo Parlamentario de Morena, en el tema de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
Primero quisiera hacer un reconocimiento al presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Carol Antonio Altamirano, ya que en las propias comisiones se llevó a cabo una discusión, donde todos los grupos parlamentarios tuvieron la inclusión.
Esta iniciativa la presenta nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero hay que mencionar que en el cuerpo del propio dictamen se incorporan iniciativas de diputadas y de diputados de Morena y del Partido Acción Nacional. Es muy importante que se sepan estos elementos.
De aprobarse este dictamen, compañeras y compañeros, les estaremos dando a nuestro país una herramienta necesaria que impulsa el mercado interno, así también como un beneficio transversal directamente en el comercio que se realiza en la nación.
Si partimos de experiencias en otras latitudes, veremos que principalmente en China e India, los resultados de implementarse sistemas financieros de esta naturaleza determinan que los mayores beneficiarios es la economía y los consumidores. A partir de ese elemento, me parece que es un elemento noble de esta iniciativa para que podamos apoyarlas.
Existe un mecanismo compatible de este dictamen, de esta iniciativa de esta ley, directamente con la política nacional de inclusión financiera. Cuando hay personas que no pueden acceder al sistema financiero con esta ley, obviamente se generan las condiciones necesarias para que se accedan a productos financieros que beneficien a las personas.
Pero no se limita solamente a ellas, sino también a las pequeñas empresas, las pequeñas empresas, las Mipymes serán beneficiarias de un sistema financiero digital en donde podrán elevar obviamente las condiciones en su pequeña empresa.
Es importante mencionar que nuestra nación hoy cuenta con la infraestructura necesaria para contar con pagos masivos, esto es necesario que lo podamos nosotros comentar porque esta nación cuenta con todas las condiciones. También la información que genera, la información estadística que genera el Inegi nos dice que el 98 % de mexicanas y de mexicanos hoy cuentan con un dispositivo celular, un elemento fundamental que va a ser necesario en las transacciones.
Esta iniciativa, es necesario mencionarlo y resaltarlo, no implica un impacto presupuestal, ya que en el propio PEF, en el Proyecto de Egresos de la Federación, se consideran 4 mil millones de pesos que irán directamente a la Agencia de Transformación Digital, así como también a la Secretaría de Hacienda. Y obviamente también en el mismo elemento los tres órdenes de gobierno irán adecuando sus condiciones para los pagos digitales.
Es necesario recalcar, compañeras y compañeros, y principalmente a las personas que nos ven por los medios de comunicación, el uso de efectivo se seguirá manteniendo, no se prohibirá en ningún momento el uso de efectivo, como se ha comentado en algunos otros espacios, el uso de efectivo, la persona que cuente con efectivo podrá hacer sus pagos, sus transacciones directamente con efectivo. Este sistema financiero viene solamente a fortalecer parte de la digitalización en nuestro país.
Se ha mencionado también que algunos sectores poblacionales no podrán acceder por desconocimiento al avance digital. Eso es mentira, porque las y los adultos mayores, principalmente se ha mencionado en las discusiones en comisión, remontan a una discusión antigua, porque se decía que las adultas y adultos mayores no iban a –poner– tener la capacidad de tener un dispositivo o de poderlo manejar. Y hoy la experiencia nos dice que adultas y adultos mayores cuentan con un dispositivo, pero, no solamente eso, hacen uso de sistemas digitales, de plataformas sociodigitales, las personas adultas mayores sin duda podrán hacer uso de esta condición.
Esta ley generará el menor costo posible, esperamos que vaya avanzando y que las personas, principalmente consumidoras, llega un momento en que digan que no es necesario tener que pagar aquella cuota que nos piden por el manejo del sistema financiero de este país. Es por ello, compañeras y compañeros, ...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Carlos Hernández Mirón: ... –concluyo–. Es por ello que les pedimos, compañeras y compañeros legisladores, votemos a favor de esta iniciativa, que es noble, que beneficia a la economía, que beneficia a los consumidores y que obviamente apoya directamente a nuestro país. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Está a discusión en lo general, por lo que se otorgará el uso de la palabra a las diputadas y diputados, hasta por cinco minutos, para hablar en contra y a favor. Iniciamos con la diputada Verónica Pérez Herrera, del PAN, para hablar en contra, hasta por cinco minutos.
La diputada Verónica Pérez Herrera: Con su permiso, presidente. Dentro de esta Cámara vivimos una realidad muy cómoda, podemos salir de este salón, bajamos a la cafetería, vamos al restaurante, compramos un café, pagamos con tarjeta, acercamos el teléfono a una terminal y listo. Ni siquiera sacamos la cartera, todo rápido, todo digital, todo moderno y está excelente.
Yo también quiero un México así, pero compañeros despierten, despierten de su burbuja, porque una cosa es el México que vemos desde aquí y otra muy distinta es el México que existe cuando cruzamos la puerta de esta Cámara. El México real no está en la pantalla de nuestros teléfonos ni en las presentaciones de PowerPoint de la Secretaría de Hacienda. El México real está en la Sierra Madre Occidental, está en las comunidades indígenas de Durango, está en Oaxaca, está en la Sierra Tarahumara, está en la Selva Lacandona y está en miles de comunidades donde el efectivo sigue siendo la manera más sencilla, más práctica y muchas veces la única forma de comprar, vender y ganarse la vida.
Por eso yo sí les pediría que antes de hablar de una economía completamente digital, salgamos un momento de esa burbuja y pensemos en la persona que está allá afuera. Pensemos en doña Mary que tiene una pequeña tienda, en el señor que vende en el mercado, en la familia que tiene un pequeño negocio en una comunidad, en quien trabaja todos los días con lo que tiene y que de pronto va a escuchar que ahora resulta que para seguir vendiendo tiene que comprar una terminal, contratar una conexión, pagar comisiones, aprender a utilizar un sistema y además tener la certeza de que donde vive sí habrá señal para que la operación pueda realizarse.
Y yo les pregunto con toda sinceridad quién va a pagar todo eso, porque aquí podemos hablar muy bonito de transformación digital, pero la terminal no se paga con discursos, el Internet no se paga con propaganda y las comisiones no desaparecen porque les cambiemos el nombre y les llamemos modernización.
Ese es justamente el problema de esta propuesta, la idea de digitalizar la economía no es mala, al contrario, México tiene que avanzar, tiene que aprovechar la tecnología y tenemos que facilitarle la vida a la gente, pero una cosa es modernizar y otra cosa muy distinta es imponer a lo que ustedes están acostumbrados a hacer todos los días en este país.
No podemos pretender que todo el país avance al mismo ritmo cuando nosotros mismos sabemos que no todos tienen las mismas condiciones. El propio dictamen reconoce que el efectivo sigue siendo el principal medio de pago y que existen diferencias regionales en el acceso a los medios digitales.
Entonces, si sabemos eso, ¿por qué hacemos una ley como si todos los mexicanos y mexicanas tuvieran una cuenta bancaria, un teléfono inteligente, Internet, una terminal y señal permanente? ¿Por qué legislamos desde la comodidad de la Cámara como si esto fuera México solamente?
Pero, ahora quiero ir a otro lado de esta discusión, porque hay algo que me parece todavía mucho más delicado, esta propuesta viene acompañada de una mayor utilización de la identidad digital y de herramientas como la CURP digital y eso significa que conforme digitalizamos nuestras operaciones, también aumenta la cantidad de información que se genera sobre cada una de las y de los mexicanos.
Y aquí yo sí quiero ser, yo sí quiero que nos hagamos una pregunta que no tiene nada que ver con la tecnología y que cualquier ciudadano pueda entender perfectamente, ¿cuánto quiere saber el gobierno de nuestra vida?, porque ya existen mecanismos para conocer nuestra ubicación a través de nuestros teléfonos, ya existe una cantidad enorme de información fiscal que pasa por el SAT, ya estamos avanzando hacia una identidad digital que cada vez es más presente, está en nuestras relaciones con el Estado y ahora queremos que cada vez más operaciones económicas también ocurran dentro de un ecosistema digital.
Entonces, ¿ya no va a existir la vida privada en México?, porque ya saben en dónde estamos, de qué hablamos y ahora quieren saber hasta en qué gastamos cada peso. Porque seamos sinceros, compañeras y compañeros, una cosa es que el gobierno tenga que identificarte para prestarte un servicio y otra cosa es que terminemos construyendo un sistema donde cada vez que haces algo quede una huella digital que pueda ser vinculada con tu identidad.
Una cosa es que la tecnología te facilite la vida y otra muy diferente es que la tecnología termine facilitándole al gobierno la posibilidad de saber cada vez más sobre tu vida. Y ahí es donde tenemos que poner un límite, porque en una democracia el Estado no puede convertirse en el curioso de la casa, ese que quiere saber dónde estás, qué haces, cuánto tienes y en qué te gastas cada peso.
Así que sí, compañeras y compañeros, modernicemos México, hagámoslo, pero no confundamos modernización con control, ni digitalización con vigilancia, ni una buena herramienta con una obligación mal diseñada.
Porque el progreso no consiste en que el gobierno tenga más información sobre nosotros, el progreso consiste en que nosotros tengamos más oportunidades, más salud, más herramientas y más libertad.
Y, desde esta tribuna se los digo con toda claridad: México no es esta Cámara, México no está en una cafetería donde todos podemos pagar con un teléfono y México no es la oficina, donde siempre hay Internet.
México está allá afuera, en las comunidades, en los mercados, en las tienditas, en el campo, en las sierras y en las familias...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Verónica Pérez Herrera: ... que todos los días salen a trabajar. A ellos tenemos que legislarles, a ellos tenemos que escuchar y a ellos tenemos que responder. Es cuanto. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar en por, el diputado Jesús Valdés Peña, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Valdés Peña: Con su venia, presidenta. Compañeras, compañeros legisladores, inicio reconociendo a las y los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por la apertura y el diálogo demostrado en la construcción de este dictamen, en especial a su presidente, el diputado Carol Antonio Altamirano.
El análisis plural de este dictamen se distingue por el excelente diálogo y buena coordinación institucional, es un punto muy importante donde participaron autoridades, sector público, sector social en su análisis.
Asimismo, por el impulso a la certeza jurídica, simplificación administrativa, desarrollo tecnológico e impulso económico.
Compañeras, compañeros, México está cambiando la manera en que compramos, vendemos, transferimos recursos y hacemos negocios se transforma todos los días. Y qué bueno, porque el mundo avanza y está demostrando también que la tecnología avanza mucho más rápido de lo que los gobiernos toman acción.
Por eso no sólo celebro, sino apoyo e invito a todas y todos a sumarnos para implementar esta iniciativa lo más pronto posible, antes de que nos siga superando el avance tecnológico.
Esta iniciativa representa una oportunidad hacia una economía más moderna, más competitiva y con mayores oportunidades para todos. La digitalización no significa limitar a alguien, ni eliminar el efectivo, todo lo contrario, es ampliar alternativas, significa facilitar el comercio, significa darle a una pequeña empresa mexicana las herramientas para venderle, no solamente a quien lleva efectivo en el bolsillo, sino a más consumidores que se encuentran en más mercados y que puedan alcanzar a través de más canales. Y sí se puede, y de manera gradual como se muestra con las Mipymes, y con amplios beneficios, voy a citar un caso.
En la Secretaría de Economía, encabezada por el licenciado Marcelo Ebrard, en colaboración con Visa y aliados estratégicos, puso en marcha el programa Crece mi Mipyme con pagos digitales, y en menos de un año a través de este programa ya digitalizaron un millón de Mipymes mexicanas, es decir, ya fueron habilitadas para aceptar pagos digitales un millón de negocios mexicanos incorporados a nuevas herramientas de cobro.
Los resultados importan, por darles alguna cifra, los comercios participantes incrementaron en promedio sus ventas con tarjetas en 68%. Eso se traduce directamente en crecimiento financiero para la empresa, porque ese 68% de ventas digitales pudieron no haber pasado por una simple barrera tecnológica. Entonces pregúntenle a cualquier empresa si le hubiera gustado tener 68% más de ventas, a ver qué opinan.
Esto demuestra que la digitalización, más que despertar preocupaciones sobre el acceso, puede convertirse, si la implementamos correctamente, en un poderoso facilitador comercial. Y no estamos solos en esta dirección, en esta gran visión está nuestra presidenta.
La experiencia internacional muestra que la digitalización ayuda a pequeñas y medianas empresas a mejorar su eficiencia, a elevar su competitividad y, sobre todo, acceder a nuevos mercados.
México debe aspirar a esos estándares internacionales, porque una economía digital significa operaciones más ágiles y transparentes. Significa reducir fricción para hacer negocios. Significa conectar a nuestras empresas con más consumidores, con el sistema financiero y con mercados que antes estaban fuera de su alcance. Significa también, generar mejores condiciones para traer inversión.
Una empresa que evalúa invertir en México no solamente observa nuestros costos o nuestra ubicación geográfica, también importa qué tan sencillo es abrir, operar, pagar y realizar trámites en nuestro país, por eso son tan importantes las herramientas como el CURP digital, el Expediente Digital Ciudadano, la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, entre otros, porque da transparencia y competitividad como país. Compañeros, compañeras, esta iniciativa es un puente vinculante más que algo nuevo. El objetivo es conectar a la mayoría de las y los mexicanos con las ventajas tecnológicas con las que ya contamos.
México...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputado.
El diputado Jesús Valdés Peña: ... ya contamos con una infraestructura digital considerable. De acuerdo con el Inegi, tan solo en 2025 se realizaron más de 7 mil millones de transferencias digitales.
¿Qué tenemos? Una paradoja que resolver. México realiza más de 7 mil millones de transferencias SPEI en un solo año y que son gratuitas, pero 84 de cada 100 micronegocios todavía no utiliza el efectivo en sus ventas y solo menos del 15 % reportó aceptar con tarjeta o transparencia. Aquí es muy importante porque tenemos alrededor de 5 millones de Mipymes que no entran a este proceso de digitalización.
Compañeras y compañeros, la tecnología por sí sola no transforma un país, la transforma lo que hacemos con ella. Hoy tenemos la oportunidad de poner la infraestructura digital de México al servicio de nuestra gente, del pequeño comerciante que quiere vender más, de la emprendedora que quiere hacer crecer su negocio...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputado.
El diputado Jesús Valdés Peña: ... de la Mipyme que quiere llegar a nuevos mercados, y de las empresas que encuentran en México un país en el cual invertir y crecer. Por eso, nuestro deber en la Cámara es impulsar este tipo de iniciativas que dan a nuestros emprendedores mexicanos el ecosistema moderno e innovador necesario para competir ante este mundo global, competir con las grandes potencias tecnológicas.
–Concluyo, presidenta–. Conclusión: esta iniciativa fortalece la democracia de la economía, impulsa el desarrollo económico, reduce los costos y los tiempos de operación, garantiza la mayor inclusión financiera, incentiva la educación financiera y reduce la brecha digital. Reconozco la visión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por transformar a México en un país más moderno y más competitivo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra, hasta por cinco minutos. Les recuerdo a las y los diputados que estaré haciendo llamado a los 15 segundos para que puedan concluir y respetemos el tiempo de todos. Gracias.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: Gracias, presidenta. Honorable asamblea, promover la inclusión financiera y la educación financiera; facilitar los pagos, hacerlos más accesibles y ampliar las opciones que tienen las personas para realizarlos al cerrar la brecha en la infraestructura digital sin duda es un objetivo que compartimos. También el de digitalizar la economía, pero hacerlo bien es indispensable.
No podemos suscribir la hoja de ruta que ha trazado la iniciativa presidencial para lograr estos objetivos. Se defiende como una invitación a digitalizar lo que en realidad es una imposición. Peor aún: una prohibición que se va a decidir después unilateralmente en oficinas de gobierno, dejando abiertas o, incluso, sin mencionar previsiones que son indispensables para garantizar que se logren esos objetivos sin vulnerar derechos.
En el corazón del presente dictamen está la atribución que se pretende conceder a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que el pago digital será la única forma de pago, o sea, no dice el dictamen cuáles son los sectores y las actividades en las que estará prohibido de facto el uso del efectivo. Eso lo dirá después la Secretaría de Hacienda. ¿Cuáles son esos sectores? No se sabe. ¿Con qué criterio se van a elegir? Tampoco se dice. ¿Hasta dónde va a extenderse la lista? Hoy no tiene límites.
Un Congreso de la Unión que se limita a anunciar que alguien más va a decidir después lo que es esencial es un Congreso que está abdicando de su responsabilidad constitucional.
El principio de reserva de ley exige que los elementos esenciales de toda restricción a los derechos estén en la ley aprobada aquí por el voto público de quienes representamos a la ciudadanía. No se puede pedir al Legislativo un cheque en blanco para que una dependencia de gobierno lo llene a conveniencia. Me cuesta concebir que haya una mayoría que esté dispuesta a concederlo.
La atribución que se pretende otorgar a la Secretaría de Hacienda es inconstitucional. Y algo quizá más grave, el dictamen cruza una línea que la norma suprema estableció hace más de tres décadas, la autonomía del Banco de México. El artículo 28 constitucional establece que el objetivo del banco central autónomo es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda, al Banco de México le corresponde emitir los billetes y regular el sistema de pagos. La Ley Monetaria dispone que esos billetes tienen poder liberatorio ilimitado, con ello se paga cualquier deuda.
Y, ¿qué propone el dictamen? Que sea la Secretaría de Hacienda, una dependencia del Ejecutivo, quien decida en qué sectores esos billetes ya no van a poderse usar para pagar, es decir, que quien recauda defina como puede o no circular la moneda nacional. Este dictamen vulnera una auténtica conquista constitucional, la autonomía del Banco de México.
La experiencia histórica nos ha demostrado los riesgos de que los gobiernos tengan incidencia en las decisiones monetarias. Cuando la moneda está al servicio de las necesidades de gasto, el costo lo pagan las familias, en inflación, en devaluaciones y en crisis perfectamente evitables.
Y hablemos de lo más elemental, los derechos y las libertades de las personas. La pluralidad de los medios de pago es una forma de libertad y esa libertad es la que hoy está en juego.
Quien vende tiene derecho a dedicarse al comercio lícito, quien compra tiene derecho a decidir cómo dispone de su patrimonio y cómo lo utiliza. Una ley que permite prohibir el uso de efectivo en ciertos sectores aún por definir, restringe ambos derechos.
No olvidemos que cada pago digital, como ya se ha dicho aquí, deja una huella de dónde compramos, cuánto gastamos y con qué frecuencia, datos que concentrados revelan buena parte de la vida cotidiana de una persona y el dictamen no explica cómo se resguardarán, con qué límites ni para qué propósitos.
La mayoría de esta Cámara con frecuencia aprueba sin reflexión las cosas y sin escuchar, sin escuchar ya no a las oposiciones, a las personas que van a verse afectadas por lo que aquí se aprueba.
Se les olvida que ninguna política pública, ninguna decisión de gobierno, por legítima o pertinente que parezca, puede ignorar la realidad en la cual tendrá que implementarse. Los resultados de una política nacional van a depender de que se conozca y reconozca esa realidad, de que en su instrumentación se tomen en cuenta las diferencias, ya no solo de las regiones, sino de los grupos de población que van a ser los destinatarios de la norma.
Qué sucede con quienes no están bancarizados, con las personas adultas mayores que no tienen acceso a la tecnología o desconfía de ella, con los millones que viven en regiones sin infraestructura tecnológica suficiente o en la informalidad por causas casi estructurales, con los millones de jóvenes que hoy para efectos prácticos están reprobados en matemáticas...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: Voy, presidenta. Que hoy para efectos prácticos están reprobados en matemáticas y queremos que de pronto tengan cultura financiera, con los miles de pequeños negocios que tendrán que asumir el costo de la digitalización.
Como está planteado, les aseguro, que lejos se promover la educación o la inclusión financiera ni bajarle la evasión fiscal, se generarán más esquemas informales y mercados negros.
Compañeras y compañeros, votaremos en contra del presente dictamen porque hay mejores formas de lograr los objetivos planteados, que tomen en cuenta la realidad de la diversidad nacional. Porque modernización no puede justificar que el Congreso renuncie a su responsabilidad legislativa.
Porque la autonomía del Banco de México no es una concesión que el Ejecutivo y sus mayorías puedan administrar a conveniencia y porque una economía verdaderamente moderna amplía la libertad de las personas, en lugar de reducirla. Muchas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar en pro, la diputada Cindy Winkler Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Cindy Winkler Trujillo: Con el permiso de su Presidencia.
Sobre la economía digital que hoy discutimos, se han planteado diferentes tipos de dudas legítimas y no tan legítimas. Se han difundido afirmaciones que no corresponden a exactamente lo que el dictamen establece.
Yo, como secretaria de la Comisión de Presupuesto, puedo decirles que sé exactamente lo que el dictamen dice y no es necesariamente lo que compañeros diputados de la oposición han querido establecer o dar entender sobre este dictamen. Y esto lo voy a resumir en cuatro preguntas, lo que he escuchado lo voy a contestar en cuatro preguntas que he escuchado sobre el debate que estamos comentando el día de hoy.
Primer pregunta, ¿esta ley va a eliminar el efectivo en México? La respuesta es no, compañeros, la ley no establece que todas las compras deban realizarse digitalmente ni que a partir de su entrada en vigor deje de utilizarse el efectivo.
Lo que sí establece, lo que sí dice esta ley es que la Secretaría de Hacienda podrá determinar sectores estratégicos o actividades específicas en ciertos sectores, como en los medios digitales, como única forma de pago. Para esos casos, las autoridades correspondientes deberán establecer las condiciones y podrán definir los mecanismos necesarios y los plazos para realizar la transición gradualmente.
Segunda pregunta: ¿Qué ocurrirá con las personas que no tienen acceso suficiente a internet o a servicios financieros? Esta es una preocupación legítima, México todavía tiene brechas en la conectividad y también en la inclusión financiera.
El propio dictamen lo reconoce, pero precisamente por eso la ley no se limita a promover los pagos digitales, obliga a las autoridades a impulsar acciones para eliminar barreras de inclusión financiera y también para eliminar barreras en la inclusión de la conectividad al internet, políticas y programas de conectividad, deben facilitarse el acceso a toda la población y este tipo de herramientas que requiere toda la población. Y por eso este dictamen va a obligar a que el país efectúe a estas zonas.
Lo anterior significa a que digitalizar no puede constituir simplemente en exigir un medio de pago, también debe crear las condiciones a que más personas puedan utilizarlo.
Tercera pregunta: ¿Qué sucede si se cae el internet, falla la electricidad o el sistema de pagos deja de funcionar en estos sectores donde esta ley va a obligar que el pago sea electrónico? La propia ley y este dictamen contempla estas situaciones, cuando una contingencia imposibilite recibir un pago digital o electrónico simplemente se va a permitir el pago en efectivo o mediante un cheque, así de sencillo, compañeros.
Cuarta y última pregunta: ¿Esta ley crea nuevos impuestos o nuevas facultades para que el SAT vigile cada una de nuestras compras? La respuesta definitivamente es no, no crea nuevos impuestos ni crea nuevas facultades para el SAT. El dictamen que estamos votando no crea impuestos ni tampoco nuevas facultades de fiscalización para el Sistema de Administración Tributaria. Una operación digital desde luego no puede generar un registro electrónico, pero una cosa es que exista una operación y otra muy distinta afirmar que esta ley crea un nuevo impuesto, por lo que no lo hace.
También se han planteado preocupaciones sobre los pequeños comerciantes. Debemos ser muy claros, compañeros, en este dictamen. Incorporar nuevas formas de pago pueden implicar costos y requerir con actividad, infraestructura y capacitación. La transición deberá ser gradual y tendrá que cuidar que los nuevos costos y condiciones tecnológicas no se conviertan en nuevas barreras.
Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista consideramos que México debe avanzar hacia una economía más moderna e incluyente, pero debe de hacerlo sin dejar atrás a quienes todavía enfrentan barreras de conectividad, acceso financiero o conocimiento tecnológico.
Compañeros, la digitalización nos ha rebasado, debemos ya reformar en normatividad a esta nueva ley. Es urgente e importante. La transformación digital no debe imponerse a la normatividad mexicana. Por esas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor de este dictamen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada.
Tiene ahora la palabra para hablar en contra el diputado Emilio Lara Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Emilio Lara Calderón: Con el permiso de la Mesa Directiva. Coincidimos en que México necesita una economía digital que abra oportunidades y proteja a las personas, pero lo que no podemos permitir es que la necesidad recaudatoria de este gobierno lo pretendan disfrazar como si fuera una inclusión, porque una cosa es fomentar oportunidades y otra es obligar, como lo establece el artículo 13 que faculta a la Secretaría de Hacienda para decidir los sectores donde únicamente se podrán utilizar medios digitales para realizar los pagos.
Hay que partir de la realidad que vive nuestro país. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2024, el 85.2 % de las personas entre 18 y 70 años, utilizan el efectivo como medio de pago más frecuente y para compras mayores lo hacen una proporción del 73.5 % y en estados como el mío, Campeche, que formamos parte de la región sur esta cifra se eleva al 82 %.
Por lo tanto, coincidimos en que tenemos que fomentar la inclusión financiera, los servicios digitales, pero tenemos que hacerlo de una manera humanitaria, pensando en el campesino que va a cargar gasolina para vender su cosecha, pensando en las personas que tienen que tomar carretera para hacer un chequeo médico, en todos los sectores y los más vulnerables.
Y, por otra parte, otra parte del dictamen con la que no coincidimos es en la privacidad, el proyecto reconoce a la CURP digital y el Expediente Digital Ciudadano para facilitar servicios financieros, pero creemos que entre cada vínculo que exista, entre una operación financiera y un dato biométrico debe haber protección y privacidad, mismas que hoy no se garantizan con este gobierno. Estamos a favor de incluir a los sectores más vulnerables y de combatir la informalidad, pero este dictamen es solo un esfuerzo recaudatorio. Es cuanto.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado.
Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado José Antonio López Ruíz, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado José Antonio López Ruíz: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, la semana pasada en la Comisión de Hacienda nosotros poníamos sobre la mesa que antes no se hablaba de esto, nadie abonó en este tema, y cuando hay una reforma por parte de la presidenta que ahora vamos a hablar de sus bondades no nos podemos poner de acuerdo. Desde luego, la ley es perfectible, la iniciativa es perfectible. Pero, esta iniciativa en realidad ayuda a muchas más personas.
Les voy a explicar por qué. Porque para empezar estamos viendo de que el 85 % de las personas en nuestro país utiliza Internet, tiene acceso a dispositivos móviles, la infraestructura ya existe.
Lo que nosotros estamos diciendo es que hoy pequeños negocios, que son los principales que fortalecen nuestra economía, hoy van a contar con datos para poder solicitar un crédito más adelante y así poder crecer. Formalizar la economía no nos tiene que dar miedo. Ahí está la Secretaría de Hacienda, que ha sido una Secretaría responsable, y cómo habla en la parte del Resico.
Lo que pasa es que la oposición últimamente está más negativa que nunca. Si se dan cuenta, imagínense vivir con eso. Que hacia cada buena propuesta estén viéndole solo lo malo y no se dan cuenta que no están proponiendo nada. Y así va a pasar en el siguiente dictamen, van a ver exclusivamente lo malo.
Por eso, compañeros, de verdad seamos responsables de lo que sí le ayuda al país. Hoy el expediente digital va a facilitar la vida de las personas. Hoy podemos tener un mercado más ordenado. Más del país vive en informalidad y eso no le ayuda a nadie.
Esta reforma es un primer paso para incluir, de manera digital, inclusión a los ciudadanos y eso es lo que debe de saber el pueblo de México.
Es una reforma con 22 artículos, con 5 Títulos y que busca modernizar, ampliar las oportunidades y porque debemos de aprovechar la tecnología como un fin que nos ayude y nos facilite la vida, y no al revés.
Por eso, nuestra posición en el Partido del Trabajo es que vamos a favor de este dictamen y a favor de esta gran reforma. Unidad nacional y todo el poder al pueblo.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar en contra, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Compañeras y compañeros legisladores, nadie puede estar en contra de la modernización tecnológica, ya se ha dicho aquí por quienes me han antecedido en el uso de la voz, pero necesitamos hacerlo con orden, con claridad y no dejando atrás al que menos puede.
Porque facilitar pagos, reducir trámites, aprovechar las herramientas digitales que tenemos hoy en día, por supuesto que estamos a favor, el problema es que una cosa es promover la digitalización, y otra muy distinta es convertirla sin las garantías suficientes, como es el caso, en una condición para que las personas puedan realizar determinadas operaciones económicas, sobre todo, en los pueblos y en las comunidades más alejadas de nuestro país.
Y eso viene plasmado en el artículo 13 de esta ley, donde establece que la Secretaría de Hacienda podrá determinar, es decir, podrá determinar los sectores estratégicos ¿qué quiere decir eso? Que la Secretaría de Hacienda un día puede tener un criterio y al día siguiente puede tener otro criterio y otro criterio, y los ciudadanos, el pequeño comercio, el empresario o al final los consumidores, están precisamente, pues, dependiendo del criterio de ese día de la Secretaría de Hacienda.
Por eso esto no es un asunto menor, amigas y amigos, ya se ha dicho aquí por varias y varios legisladores, y es un asunto de vital relevancia, porque cuando el Estado establece que el efectivo puede dejar de ser aceptado en determinadas actividades, ya no estamos hablando únicamente de modernización tecnológica, estamos hablando del acceso efectivo a la economía de nuestro país.
Y antes de establecer una medida de esta naturaleza, nosotros, este Congreso, debe tener absoluta certeza de que ninguna persona quedará excluida por no tener conectividad, dispositivos electrónicos, servicios financieros o condiciones tecnológicas suficientes.
Por ejemplo, me pongo a pensar en la gente de Sierra Mojada o de Ocampo, en mi estado Coahuila, municipios pequeños alejados, que en muchas ocasiones no cuentan con toda esta tecnología y, por supuesto, utilizan el efectivo todavía.
El propio dictamen reconoce exactamente esto, que la adopción de estos mecanismos no es uniforme en nuestro país y que existen diferencias serias en nuestras regiones, en nuestros estados y en nuestros municipios sobre el acceso y la utilización sobre transferencias electrónicas y aplicaciones móviles.
Por eso resulta contradictorio reconocer esta realidad, por un lado en el dictamen y, al mismo tiempo, avanzar hacia esquemas donde el pago digital pueda convertirse en la única alternativa y en la única herramienta digital.
Segundo, el proyecto en este dictamen impone obligaciones a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a la federación, al estado y a los municipios, para habilitar infraestructura, aceptar el pago en medios digitales, informar a los usuarios y atender contingencias.
Pero igual la incongruencia de este dictamen sostiene que no habrá un impacto presupuestario. Entonces, la pregunta es muy muy sencilla: ¿quién va a pagar los platos rotos? ¿El ciudadano, el pequeño comerciante, la tiendita?
Porque digitalizar, amigas y amigos, no significa solamente aprobar una ley, significa sistema, infraestructura, conectividad, seguridad informática, mantenimiento, actualización tecnológica, capacitación y capacidad de respuesta ante una falla. Y por eso, por estos simples argumentos, es que el Grupo Parlamentario del PAN votará en contra. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en pro, el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes: Muchas gracias. Con su venia, presidenta. Con su venia, sus señorías. Bueno, el mundo está cambiando y hoy nos toca legislar para una nueva realidad que es la economía digital. No hay una sola área de nuestra vida en lo cotidiano, en lo personal, en la educación, en todos los aspectos, que no haya sido alterada profundamente por la tecnología. Y vamos, el dinero no es la excepción.
Esta ley para la economía digital y los pagos digitales, hay que aclarar porque oímos muchas cosas: simplemente es algo que busca facilitar y extender los pagos digitales en México, aprovechando herramientas que ya existen como el SPEI y el CoDi. ¿Qué plantea? También que los gobiernos puedan aceptar medios digitales; nadie puede estar en contra de eso. Facilitar la apertura y contratación de servicios digitales con una CURP digital; nadie puede estar en contra de eso. Ampliar la inclusión financiera, aumentar la seguridad y la eficiencia de las transacciones, creo que es difícil estar en contra.
Pero, al final del día, frente a la economía digital no hay dilema: o vamos un paso al frente en los pagos digitales o nos condenamos al retraso y a la exclusión. Y en México no partimos de cero: tenemos el SPEI, tenemos un sistema financiero, tenemos el CoDi, tenemos millones y millones de teléfonos conectados. ¿Qué es lo que nos falta? Que lleguen todos.
El mundo ya nos demostró que se puede y no solo las grandes potencias tecnológicas y económicas. Brasil creó un sistema público que en cinco años llegó a 170 millones de usuarios, más de tres cuartas partes de su población. India hizo lo mismo: tan solo en junio de este año procesaron más de 22 mil millones de operaciones. En África, en Kenia y en Ghana, se han implementado sistemas que hoy tienen 75 millones de cuentas electrónicas.
¿Qué es lo que nos enseñan estos países? Que cuando un Estado pone reglas claras, infraestructura común e interoperabilidad, el vendedor y las grandes empresas usan la misma herramienta. De eso se trata la inclusión.
¿Y qué gana México con esta ley? Primero, baja los costos. Hay que aclararlo: el efectivo no es gratuito, tiene costos de operación, costos de seguridad, costos de logística. Es más barato cobrar de cuenta a cuenta y, sobre todo, porque la infraestructura es del Banco de México.
Segundo, abre la apertura a un sistema financiero. Con el CURP digital de uso voluntario será posible abrir una cuenta a distancia, sin burocracia.
Tercero, muy importante, formaliza sin castigar. Cada cobro digital deja un historial verificable de ingresos que se convierte en la posibilidad de obtener un crédito y de crecer.
Cuarto, transparenta. Los gobiernos municipales y estatales podrán aceptar medios digitales de pago, esto significa un mejor manejo de los recursos, menos efectivo y, por lo tanto, mayor transparencia.
Quinto, fortalece a los comercios y a la hacienda pública. Para los negocios, la digitalización se traduce en mayores ventas y una contabilidad mucho más sencilla. Para el país, reduce riesgos, fortalece la trazabilidad y ayuda a combatir la evasión fiscal.
Y quiero decirles que he oído con atención las participaciones y creo que muchas de ellas son válidas y merecen una respuesta respetuosa. He oído que preocupa que el dinero digital resulte más caro que el efectivo. Eso es falso, el dinero digital en las operaciones resulta mucho más económico, simplemente cuánto vale mover 10 mil pesos de Querétaro a la Ciudad de México, o todos los costos inherentes a la logística, cuando se puede enviar sin costo, ¿por qué? Porque la plataforma es del Banco de México.
La Universidad Tops hizo un estudio en el que dice que los costos en México por usar efectivo son más de 2 mil 300 millones de pesos al año. Entonces, pues este argumento se cae.
El total de comisiones, pues, no es significativo. El costo mensual promedio del procesamiento de transacciones en efectivo es de 17 pesos, frente a los 2 pesos por comisiones por transacción, es más barato el dinero digital que el efectivo.
A quienes les inquieta lo nuevo, pareciera que estamos de vuelta en los debates de los primeros días de los pagos de nómina con tarjeta, estos argumentos son los que se usaron hace muchos años. Hoy está normalizado el uso con la tarjeta.
Y para concluir, esto demuestra dos cosas, que les falta barrio y les falta mundo. Les falta barrio, porque no se han dado cuenta que los apoyos que ya da el gobierno federal se hacen a través de vía digital y están en todas las comunidades. Y les falta mundo para entender que en prácticamente todo el mundo se está recorriendo hacia el dinero en digital.
La economía digital ya existe, lo que vamos a decidir es si avanza con reglas claras, con la conducción del Estado y con beneficios compartidos, porque los pagos digitales no son un fin en sí mismo, son la puerta de entrada al ahorro, al crédito a los seguros y a lo que Shakespeare diría a este bravo y nuevo mundo que es el dinero digital.
La modernización y la digitalización solo tienen sentido cuando se convierten en bienestar del pueblo, y por eso apoyaremos con determinación esta buena ley, es la cuenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado.
El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes: Muchas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene ahora la palabra para hablar en contra, el diputado Christian Castro Bello, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Christian Mishel Castro Bello: Con el permiso de la Presidencia.
En el Grupo Parlamentario del PRI votaremos en contra de este dictamen porque queremos que la transformación digital debe ir acompañada de políticas públicas de inclusión y accesibilidad. Antes de garantizar la transición financiera es fundamental atender, sobre todo, entender nuestra realidad.
Compañeras y compañeros legisladores, hoy vivimos en la era de la tecnología de la información. Los avances tecnológicos nos obligan a dar un salto hacia el futuro y comenzar con una transformación digital, pero cómo podemos lograr eso cuando México cuenta con tantas desigualdades.
En el PRI siempre hemos sido conscientes de la gran necesidad de crear canales de comunicación que permitan llevar la tecnología a todos los lugares de México, desde lo más básico, como hacer obligatorio en las escuelas la enseñanza del inglés y la computación, porque nuestra prioridad siempre fue preparar a las niñas y a los niños de México para este futuro, pero lamentablemente ustedes eliminaron ese proyecto.
Con el dictamen que estamos discutiendo, Morena lo que busca es crear un sistema financiero digital en el país, pero cómo pretenden lograrlo cuando eliminó los medios para construir un país digital. México es un país de profundas desigualdades, porque actualmente no se cuenta ni con la infraestructura ni con la preparación suficiente para lograr los objetivos de esta ley.
¿Cómo hablar de pago digital? Si más de 32 millones de personas no tienen acceso al internet, cuando más de la mitad de la población no tiene una computadora. Actualmente más de 20 millones de adultos mayores no tienen cuenta bancaria, lo que es obligatorio para poder realizar pagos digitales. Es más, hoy en México 300 mil personas todavía viven sin luz en sus hogares y 6.4 millones no tiene drenaje.
Se dicen ser defensores del pueblo muchas veces, pero es claro que no tienen ni idea de los grandes problemas que viven las familias mexicanas. Actualmente el 7.5 % de nuestra población de más de seis años no sabe usar el internet.
Nosotros en el PRI votaremos en contra, porque la iniciativa no contempla los medios y mecanismos para la implementación de un proyecto accesible e incluyente, no considera la realidad social y, lo más importante, no contempla medios para la protección de los datos personales, por el contrario, la ley hace referencia a la creación de un expediente electrónico con la CURP digital.
No podemos dejar de señalar el carácter autoritario de esta última disposición, el gobierno de México tendrá acceso a tu información financiera, a tus pagos, a los movimientos que se hacen en tus cuentas, creando un nuevo mecanismo más de control y de vigilancia.
Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que estamos discutiendo una vez más constituye la legalización del control disfrazado de transformación. Hoy se vota una ley que permite la vigilancia de nuestras cuentas bancarias, de nuestros movimientos digitales y que autoriza la creación de expediente.
¿Y a eso le queremos llamar futuro? Futuro que, por cierto, debería llegar primero con la luz en el 100 % de las casas mexicanas. Parece una mala broma que digan que vamos a simplificar trámites, que vamos a garantizar una inclusión financiera, cuando el 88.6 % de la población de 18 años y más sigue usando el efectivo.
No nos dejemos engañar, esto no es inclusión ni es un avance tecnológico. Esto se llama control. Y nosotros, en el PRI, no vamos a permitirlo, no avalaremos la simulación ni mucho menos avalaremos la mentira. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Luis Enrique Miranda Barrera: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputado.
El diputado Luis Enrique Miranda Barrera: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La forma en la que los mexicanos compramos, vendemos, pagamos y hacemos negocios está cambiando todos los días. Hoy desde un teléfono podemos pagar un servicio, hacer una transferencia, comprar un producto o cobrar nuestro trabajo.
Y los números hablan por sí solos, en México más de 104 millones de personas utilizan internet. Y tan solo en agosto de este año se realizaron más de 797 millones de operaciones en SPEI entre personas.
La economía digital ya no pertenece al futuro, la economía digital ya está aquí. Por eso lo que hoy estamos discutiendo no es simplemente una nueva forma de pagar. Estamos hablando de cómo lograr que la tecnología se convierta en una herramienta que facilite la vida de las y los mexicanos, de las personas y abra oportunidades para quienes todos los días trabajan y emprenden.
Pensemos, por ejemplo, en una tienda, en un pequeño restaurante, en el taller, en los jóvenes que comienzan y emprenden. Poder recibir pagos digitales significa vender de otra manera, generar registros de sus ingresos para poder construir un historial eventualmente y poder facilitar su acceso a servicios financieros y de crédito, y que puedan avanzar. Y para millones de ciudadanos significa todavía mucho más.
Por eso, desde el Partido Verde creemos que la tecnología tiene sentido cuando está al servicio de las personas, cuando ayuda a un emprendedor a crecer, cuando permite que una familia realice un trámite sin perder horas, cuando ayuda a un pequeño negocio a competir y cuando acerca oportunidades a quienes históricamente han tenido menos acceso a ellas.
También debemos hablar de confianza y seguridad, porque una economía más digital necesita ciudadanos que sepan que su economía va a estar protegida y cuidada por instituciones.
No estamos votando para sustituir una moneda por una pantalla, estamos dando un paso para construir una economía formal, más sencilla, más accesible y crear mejores oportunidades financieras para las y los mexicanos.
La tecnología seguirá avanzando con nosotros o sin nosotros. Nuestra responsabilidad como legisladores es procurar que ese avance tenga reglas, tenga seguridad y, sobre todo, un sentido social. Que nadie se quede atrás por no tener conectividad, que ningún pequeño negocio se quede fuera por no saber utilizar las herramientas y que cada avance tecnológico pueda convertirse también en una oportunidad de desarrollo para las y los mexicanos.
Por eso el Grupo Parlamentario del Partido Verde acompañará este dictamen, porque creemos que un México que innova es un México que emprende y, sobre todo, en un México donde la tecnología acerque oportunidades en lugar de crear nuevas distancias. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Diego Angel Rodríguez Barroso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Diego Angel Rodríguez Barroso: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, modernizar a México sí, digitalizar nuestra economía también, facilitar los pagos y aprovechar la tecnología por supuesto que sí, pero modernizar a México no puede significar sangrar la economía de las familias mexicanas, mucho menos utilizar la tecnología como pretexto para imponer más costos y más obligaciones a quienes todos los días trabajan por salir adelante.
Detrás de las palabras bonitas de este dictamen hay preguntas que nadie, en la mayoría de Morena, ha querido responder: ¿Quién va a pagar las terminales? ¿Quién va a pagar la infraestructura? ¿Quién va a absorber las comisiones bancarias? ¿Quién va a pagar la conectividad en muchas zonas donde ni siquiera hay señal?
Pues, muy sencillo, ustedes van a obligar al pequeño negocio a absorber un costo adicional, al comerciante a pagar una terminal y la comisión bancaria, y al vendedor del mercado a contratar más servicios, y tarde o temprano todo terminará reflejándose en el precio final, afectando directamente a los mexicanos que todos los días les alcanza para menos.
El artículo 13 dice expresamente que la Secretaría de Hacienda podrá determinar los sectores, actividades en los que los medios digitales y electrónicos sean la única forma de pago, y el transitorio tercero le da a Hacienda 15 días adicionales para decir cuáles serán esos sectores y todavía le va a permitir ampliar esa determinación.
¿Esa es su inclusión financiera? Vaya ironía, la verdadera inclusión financiera abre oportunidades y consiste en que una persona pueda decidir cómo pagar. Lo que ustedes quieren es que aquí les aprueben un cheque en blanco, donde siempre salga ganando el gobierno.
Nos queda claro, para aquellos que nos decían que nos hacía más falta barrio, que no conocen el México real. Para prueba un botón, la Encuesta nacional de inclusión financiera de 2024 señaló que el 94 % de la población adulta realizó sus pagos en efectivo, y en las comunidades rurales alcanzó el 96 %.
Es decir, esta reforma lo único que va a provocar ese ampliar la brecha de desigualdad social, dificultando la adquisición de productos a las personas más vulnerables.
Por si fuera poco, este dictamen también incorpora la CURP digital y el expediente digital ciudadano como mecanismos para la contratación y acceso a servicios financieros.
Todo esto, aun cuando el gobierno ya cuenta con las herramientas para conocer movimientos financieros, cumplir con condiciones fiscales y de prevención en operaciones ilícitas.
Ahora pretenden ustedes avanzar en un modelo donde nuestra identidad digital esté cada vez más vinculada, de manera que sepan las operaciones económicas que la gente realiza.
¿Y quién nos garantiza que esa concentración de información no termine espiando a los ciudadanos? Esa es la pregunta.
Previo a pretender aprobar estas reformas para controlar a las y a los mexicanos, lo que deberíamos de estar discutiendo en esta Cámara de Diputados son las iniciativas que hemos presentado las y los diputados de Acción Nacional, para que a las personas no les cueste utilizar las tarjetas de crédito y de débito. Para que no haya comisiones ni cobro por usos de plástico. Para que no haya precios diferenciados si los ciudadanos pagan con una tarjeta o en efectivo.
Primero eliminemos las barreras. Primero combatamos los cobros abusivos, primero evitemos que las comisiones terminen trasladándosele al consumidor. Primero garanticemos que el pequeño comercio pueda incorporarse sin que esto signifique sacrificar sus ingresos.
Antes, antes de querer fregar otra vez al ciudadano de bien, empiecen por incautarle los recursos ilícitos a los criminales con los que ustedes cogobiernan.
Desde aquí, desde aquí los retamos, a ver si son muy gallitos, a que inicien con la incautación de los más de mil 433 millones de pesos que le encontraron en un banco suizo al narcoempresario prestanombres de Andy N, Jorge Amílcar Olán Aparicio.
Ahí sí, ahí sí deberían de estar concentrados, ahí sí deberían de estar preguntándose de dónde salió el dinero, ahí sí queremos ver toda esa capacidad de rastreo financiero que tanto presumen. Cuando lo hagan y presenten un dictamen serio para verdaderamente facilitar la inclusión financiera de todas y todos, entonces hablamos.
En Acción Nacional...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputado.
El diputado Diego Angel Rodríguez Barroso: ...creemos firmemente que la tecnología debe ser una herramienta de libertad, de competencia y de oportunidades, nunca jamás un pretexto para cargarle una vez más la mano al ciudadano de bien. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Tiene la palabra ahora, para hablar en pro, la diputada Alma Rosa De la Vega Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Alma Rosa De la Vega Vargas: Con su permiso, diputada presidenta. La forma en que las y los mexicanos compramos, vendemos, pagamos y realizamos trámites han cambiado, por eso nuestra legislación también tiene que cambiar.
Hoy respaldamos la iniciativa de nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y damos un paso firme y muy importante con la expedición de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
Esta propuesta parte de una realidad muy sencilla: la economía digital ya existe, lo que necesitamos es darle certeza, reglas y condiciones a las y a los mexicanos para que sus beneficios lleguen de manera segura a muchas más personas.
Con esta nueva legislación facilitamos el pago de trámites gubernamentales, de servicios y de productos mediante herramientas digitales. Además, reducimos los costos y tiempos que implica trasladarse y esperar afuera de oficinas y bancos para realizar dichas transacciones. Esta ley tiene el objetivo de ayudar a mejorar la trazabilidad de las operaciones y, con ello, disminuiremos los riesgos asociados al manejo de efectivo.
Ahora bien, quiero hacer un paréntesis y aclarar que esta transición no se plantea de manera improvisada, la ley establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán avanzar en la aceptación de medios de pago digitales para trámites y servicios, y esto tendrá que hacerse de manera gradual, con reglas específicas y con periodos de transición.
Además existe una salvaguarda muy fundamental. Cuando una contingencia impida utilizar los medios digitales se permitirá el pago en efectivo o mediante cheques. Es decir, estamos impulsando la digitalización sin ignorar la realidad diversa y compleja de nuestro país.
También estamos fortaleciendo la coordinación entre instituciones como la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Es decir, esta iniciativa toma en cuenta a todos los sectores para crear un ambiente propicio para controlar y salvaguardar el dinero que se mueve a través de las tecnologías digitales.
Y hoy, otro punto que vale la pena destacar: esta reforma busca aprovechar la infraestructura tecnológica que México ya tiene, sin generar un nuevo gasto permanente para el Estado.
Estamos construyendo un sistema económico mucho más eficiente, más conectado y con mayores posibilidades para las personas y para las pequeñas y medianas empresas. Ponemos la tecnología al servicio de la ciudadanía y no al revés.
México necesita una legislación que esté a la altura de la economía que ya estamos viviendo. Y este dictamen, sobre la iniciativa de nuestra presidenta, le da a México las herramientas y la garantía que necesita.
Si solamente algo me permitiría yo añadirle a este dictamen es la denominación, pues considero que su naturaleza y la amplitud de facultades y obligaciones que coordina son dignas de reconocerlas, llamándola Ley General de Economía Digital.
Por ello, nos posicionamos en la defensa de este dictamen, porque el que avanza hacia una economía digital regulada y avanzamos hacia un México con más inclusión financiera, mejores servicios, menos trámites y mayores oportunidades. Sigamos transformando México. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Suficientemente discutido en lo general. Se informa a la asamblea que, para la discusión en lo particular, se han presentado diversas propuestas de modificación a los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, así como los artículos transitorios primero, tercero, cuarto y quinto del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de lo no reservado.
El secretario diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de lo no reservado.
(Votación)
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación. Aguarde, Secretaría, por favor. ¿Alguna legisladora o legislador falta por emitir su voto? Ahora sí, ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.
El secretario diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 300 votos en pro... 330 votos en pro, 122 votos en contra y 0 abstenciones.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Aprobado en lo general por 330 votos.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Pasamos a la discusión en lo particular, iniciamos con el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene la palabra la diputada Anayeli Muñoz Moreno, hasta por cinco minutos.
La diputada Anayeli Muñoz Moreno: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante.
La diputada Anayeli Muñoz Moreno: Quiero empezar dejando algo muy claro, que ya tanto mi compañera Claudia Ruiz como mi compañera Patricia Flores han reiterado, han dejado muy claro, votar en contra de este dictamen no significa estar en contra de la digitalización, de la inclusión financiera o inclusión de la modernización tan necesaria, de la forma de los medios de pago en México.
Lo que hoy estamos diciendo, desde la bancada naranja, es que estamos en contra de una transición apresurada, una decisión más que suena autoritaria, porque está ignorando la realidad, la vida cotidiana de millones de mexicanos y de mexicanas.
Una vez más, imagínense, son ideas que sí podrían funcionar si en México las cosas funcionaran distinto, porque este dictamen no solamente está planteando un cambio tecnológico, es un cambio profundo en la relación cotidiana entre la ciudadanía, el sistema financiero y también el gobierno.
Avanzar en digitalización es necesario, pero hay puntos que este dictamen ignora. Uno, más que la inclusión, con esta nueva legislación estamos cayendo en la exclusión de personas que todavía dependen del efectivo, es una realidad.
Punto número dos, ignora todas las zonas con mala conectividad en México, deja atrás a millones de personas que no tienen ni acceso a internet ni mucho menos a teléfonos inteligentes. Las cifras las han mencionado, hay que reiterarlas porque no están reflejadas en estas decisiones.
En el 2024, el 73 % de los hogares mexicanos sí tenía acceso a internet y en la Ciudad de México, bueno, fue superior al 80 %, pero qué pasa en Oaxaca donde fue 55 %, en Chiapas apenas del 50 %. Mientras que el 86 % de la población urbana utilizaba internet, en las zonas rurales era aproximadamente del 68 %, esa es la realidad de México, y qué va a pasar, además, cuando la tecnología falle.
Pero también está dejando atrás a millones de personas que no cuentan, que no tienen una cuenta bancaria. En la iniciativa, en la exposición de motivos, se habla de 20 millones de personas.
Sin embargo, hay una encuesta que se realizó, una encuesta nacional de inclusión financiera, tanto de Inegi como datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde dice que son cerca de 30 millones de personas mayores de 18 años que no tienen una cuenta bancaria, no tienen tarjeta.
No conocen, y eso se lo pregunto a cada uno de ustedes, ¿no conocen de verdad ustedes a decenas de personas que no tienen un medio digital de pago?, ¿que no tienen una cuenta bancaria?, ¿que no tienen internet?, ¿que no tienen un teléfono inteligente?, ¿que no tienen una tarjeta para pagar? Seguramente que sí las conocen.
Y un punto más, ¿quién va a pagar la infraestructura necesaria para digitalizar los pagos? Porque no es magia, se necesita infraestructura. Es evidente que son los comercios y esos pequeños negocios, esos pequeños comercios, a su vez, van a pasar este costo a las y los consumidores, como los 200 pesos de gasolina que ponía en el ejemplo mi compañera Paty Flores, que ya no son 200 pesos, que va a ser menos dinero para las personas que tengan que utilizar un medio digital de pago, hay comisiones.
Y aunque hoy se habla de las gasolineras y de las casetas, seguro va a llegar el momento de que se afectan los pequeños negocios porque se da una amplia facultad a la Secretaría de Hacienda para definir medios digitales como única forma de pago.
¿Qué pasa con las y los mexicanos que están en la informalidad? Porque según el Índice de Competitividad, estatal, nacional, 2026, del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, y hoy se publica en algunos medios, el 55 % de las personas ocupadas en México están en la informalidad, subió medio punto porcentual. Y voy a poner como ejemplo mi estado, Aguascalientes, donde también hoy se da a conocer que la informalidad creció un punto porcentual.
Pensando en quien vende tacos en la calle, quien vende ropa o fruta, por ejemplo, en el tianguis de La Purisima, allá en Aguascalientes, que no todas y todos tienen un medio digitalizado de pago. Muchos reciben efectivo, pero qué va a pasar cuando se les prohíba que pueden cargar gasolina y más adelante se les prohíba que pueden hacer otros pagos en otros negocios en efectivo, cuando se les diga que no pueden hacerlo.
Y, si aplicamos la perspectiva de género, las mujeres mexicanas también en ese ámbito enfrentan mayor desigualdad que los hombres. En el mercado laboral remunerado su participación es del 46 % frente al 75 % de los hombres. Pero no ignoremos la brecha salarial, las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Es la realidad. Aunque en el discurso y aunque vengamos y digamos lo contrario, 13 % menos ganan las mujeres solo por el hecho de ser mujeres.
Y si le sumamos que muchas mujeres se dedican al trabajo de cuidados, no tienen un empleo remunerado. Es decir, las mujeres se encuentran en desventaja, en desigualdad, muchas de ellas carecen de prestaciones, imagínense...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Anayeli Muñoz Moreno: ... carecen incluso de una cuenta bancaria. Con esto concluyo, presidenta. México debe avanzar hacia una economía digital, pero hacerlo con responsabilidad, garantizando que nadie pague más, que nadie quede excluido.
Debemos distinguir entre ofrecer opciones y eliminar alternativas. Por eso, votamos en contra de este dictamen y proponemos esta serie de reservas no para frenar la modernización del país, sino para exigir una transición que sea gradual, segura, justa e incluyente y verdaderamente, termino, que sea accesible para todas y todos los mexicanos, no solo quienes hoy están aquí en el pleno. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
Esta Presidencia saluda a la excelentísima señora Bita Rasoulian, embajadora de la República de Austria en México, invitada por la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI, presidenta del Grupo de Amistad México-Austria. Sea bienvenida a este salón de sesiones.
Para presentar propuesta de modificación, tiene ahora la palabra el diputado Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos, cinco minutos, perdón.
El diputado Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.
El diputado Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa: Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, hoy quiero presentar una reserva que tiene una enorme importancia en la vida cotidiana de las y los mexicanos, porque estamos hablando de algo que todas y todos conocemos, del dinero que tenemos que pedir prestado cuando llega una emergencia.
En México sabemos perfectamente lo que significa pedir prestado: le pedimos a la familia, le pedimos a un amigo, participamos en una tanda, empeñamos algo o utilizamos una tarjeta de crédito, y ahora cada vez más abrimos una aplicación y solicitamos un crédito desde nuestro teléfono celular.
Esta también es la realidad financiera del México de hoy y debemos legislar pensando justamente en ella, porque la tecnología está cambiando la manera en la que compramos, pagamos, ahorramos y también la manera en la que nos endeudamos.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2024 nos muestra algo muy importante: cerca de 8 de cada 10 personas adultas en México cuentan ya con al menos un producto financiero. La inclusión financiera aumentó 8.7 puntos porcentuales respecto al 2021 y alcanzó su nivel más alto desde que se realiza esta medición. Esa es una buena noticia. Significa que cada vez más personas tienen acceso a cuentas, créditos, seguros o instrumentos para ahorrar para el retiro, pero también nos plantea una nueva responsabilidad, porque tener acceso a un producto financiero no significa necesariamente saber utilizarlo o poder asumir cualquier obligación que ese producto implique, y ahí es donde está esta reserva.
La propia Encuesta Nacional de Inclusión Financiera incorporó las preguntas específicas sobre los productos financieros contratados a través de páginas en Internet y aplicaciones móviles, precisamente, porque la digitalización ya forma parte de nuestra realidad financiera y los datos muestran esta transformación.
El 12.2 % de las personas que contrataron su último crédito lo hicieron mediante una aplicación o página de Internet de la institución financiera, en las zonas urbanas, la proporción fue del 13.4 %, puede parecer una cifra pequeña, pero representa una transformación muy importante.
Cada vez necesitamos menos sucursales para acceder al crédito. Ahora podemos hacerlo desde la comodidad de nuestro hogar, desde nuestro celular, y esto tiene enormes ventajas. El crédito puede ayudar a una persona a enfrentar una emergencia, puede ayudar a una familia, puede financiar un negocio, puede permitir que un emprendedor compre un equipo, mercancía o materia prima, y puede convertirse en una herramienta para construir patrimonio.
El problema no es el crédito, el problema aparece cuando la facilidad para obtenerlo no va acompañada de responsabilidad. Hoy podemos percibir y recibir una oferta de crédito de inmediato, y si el dinero llega, cuál también la deuda llega también, y mientras contratar un crédito puede tomar solamente unos minutos, sus consecuencias pueden acompañarnos durante meses e incluso durante años.
Por eso, esta reserva no busca cerrarle la puerta al crédito, busca que esa puerta tenga una responsabilidad. Proponemos modificar la fracción IV, del artículo 20 de este dictamen para establecer que los créditos financiados y préstamos otorgados mediante medios digitales se concedan de manera responsable, transparente y conforme a la capacidad de pago de las personas usuarias, evitando prácticas que puedan propiciar un sobreendeudamiento.
¿Y por qué hablar de la capacidad de pago? Porque una cosa es que una persona pueda recibir un crédito y otra muy distinta es que realmente pueda pagarlo, y ahí tenemos que poner el foco, en la persona, no solamente en la operación, no solamente en la velocidad y no solamente en cuántos créditos pueden colocarse, sino en la persona que lo tenga que pagar.
Compañeras y compañeros, la transformación digital es inevitable. Lo que sí podemos decidir es qué tipo de transformación queremos construir. Una en donde la tecnología solamente haga las operaciones más rápidas, o una donde la tecnología también haga que los servicios financieros sean más transparentes, responsables y seguros para las personas.
Hoy, tenemos esa oportunidad, podemos impulsar una economía digital moderna, innovadora y accesible, pero también responsable. Porque detrás de cada número...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputado.
El diputado Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa: ... y detrás de cada crédito hay una persona.
Por esta razón, solicito respetuosamente que esta reserva sea incorporada al dictamen presentado. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias. No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
Tiene la palabra la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para presentar su reserva.
La diputada Laura Hernández García: Con la venia de la Presidencia. La propuesta de digitalizar nuestra economía, aunque suene repetitivo es necesario decirlo, surge en medio de una contradicción, pues no toda la población mexicana tiene acceso a Internet. Y también se quiere obligar a todas las personas a usar servicios financieros digitales cundo miles de personas no tienen la posibilidad de este acceso por múltiples causas sociales y económicas. Sectores, los más vulnerables, la población de los pueblos indígenas, afrodescendientes y, en especial, las personas en pobreza.
Y, hay que hacer una mención especial a las personas adultas mayores, que el hecho de que tengan acceso a su tarjeta del Bienestar, la gran mayoría, y pueden verlo ustedes aquí en la Ciudad de México, en el estado de México, las grandes filas cuando van a cobrar su pensión, porque no utiliza ni siquiera el cajero, muy pocos.
Y yo me pregunto, ¿creen ustedes que una señora de la tercera edad, de las personas adultas mayores, pueda ir a comprar al Walmart, a cualquier otra tienda de conveniencia, por un litro de leche y pague con esto o pague a través de un celular? Es muy poco probable, y eso hace que sea aún más excluyente.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, sólo el 85% de las personas del país tiene acceso a ese servicio, una cifra que se acrecienta en los entornos rurales que no tiene este servicio, donde al menos el 70% de su población no puede acceder.
Por ello, presenté una reserva al artículo 10 de esta iniciativa, a fin de que haya mayores facilidades de pago para quienes en esta cuestión tecnológica, incluida la imposibilidad del acceso a plataformas digitales, cuenten con otras opciones, que es el pago en efectivo, para poder realizar sus operaciones financieras o comprar a su despensa, lo más indispensable, pagar 200 pesos. No solamente en la gasolinería, en el Oxxo, en donde sea.
Por otra parte, a pesar de que esta iniciativa conmina a los tres niveles de gobierno a digitalizar sus mecanismos de pago e incentivar la economía digital, no solo los obliga a difundir, promover y proteger derechos establecidos, no lo está haciendo. La protección de los datos personales es fundamental.
Por esa razón, propongo agregar al artículo 12 de esta iniciativa una fracción más, que los tres niveles de gobierno promuevan estos derechos con la ciudadanía, que los conozca y que sepa qué hacer en caso de alguna intromisión o anomalía. Y que tengan las herramientas necesarias en los municipios para poder dar respuesta.
Desde la bancada naranja consideramos que esta ley es excluyente, pero debido también a una falta de herramientas para saber quién paga. Ya lo dijo mi compañera Paty Flores, ¿quién va a pagar? si a esos 200 pesos que se paguen en la gasolinería ¿quién va a pagar las comisiones en los bancos?
Esto es una ambigüedad, una falta de definición, los cuales podrían hacer que esto, en vez de beneficiar a la población, se agrave y también que sea letra muerta y que no se lleve a cabo. Por eso apostamos por una transición digital incluyente, gratuita para la ciudadanía, clara, sin ambigüedades y que tampoco vulnere la autonomía del Banco de México y que los billetes valgan lo que tienen que valer, como es hasta este momento. Es cuanto.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Juan Armando Ruiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Armando Ruiz Hernández: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.
El diputado Juan Armando Ruiz Hernández: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy hago uso de esta tribuna para presentar una reserva al artículo 13 de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Esta reserva es bastante interesante y la soportamos en tres supuestos.
El texto que se pretende aprobar establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos en los que los medios digitales serán la única forma de pago permitida, con el objeto de fomentar la inclusión financiera, la modernización de las transacciones y la trazabilidad de las operaciones comerciales.
Nosotros creemos que esto no es correcto y procedo a hacer las siguientes consideraciones: La narrativa oficial nos dice que este dictamen busca armonizar la inclusión financiera, pero si leemos con cuidado el dictamen encontraremos que el artículo 13 no es un incentivo tecnológico, sino una imposición autoritaria, es una desmonetización forzosa. Este artículo le otorga a la Secretaría de Hacienda la facultad de determinar supuestos sectores estratégicos donde los medios digitales serán la única forma de pago permitida.
Aprobar esto en sus términos es cometer una triple violación a nuestro marco constitucional y legal. Primero, estamos fracturando la autonomía de Banxico para instaurar un modelo de control político.
Compañeras y compañeros, la verdadera inspiración de este dictamen no es la vanguardia tecnológica: es el esquema centralizado del Banco Popular de China. Dejar que Hacienda pueda prohibir el uso de efectivo en las áreas de la economía que decida responde a una agenda de control estatal. Significa que los intereses políticos del gobierno serán más importantes que cuidar el valor de nuestro dinero que usamos todos los días.
Segundo, estamos legislando un tipo penal en blanco que privatiza y atenta contra la libertad del comercio. Como esta ley no define directamente ni un tipo penal ni una sanción, le estamos entregando un cheque en blanco a la Secretaría de Hacienda para que invente cómo castigar a los comerciantes que acepten billetes. Esto vulnera el principio de exacta aplicación de la ley.
Además, no tiene sentido que la Ley Monetaria establezca que los billetes tienen poder liberatorio ilimitado y que nosotros con esta reforma queramos criminalizar el uso de esos billetes.
Por otra parte, al forzar los pagos digitales estamos obligando coactivamente a las y los mexicanos a contratar intermediarios privados y a pagar comisiones bancarias únicamente para ejercer un negocio.
Tercero y último, estamos yendo en sentido contrario de las democracias liberales. Mientras aquí, inspirado en el modelo del control de China, en Suiza elevan el derecho de usar efectivo a rango constitucional: a través de la iniciativa ciudadana el efectivo es libertad y lo hacen por una razón fundamental: todo sistema digital es vulnerable a ataques, caídas de las redes y apagones. El dinero físico es la única infraestructura financiera infalible y nuestro último reducto de privacidad frente al Estado.
Hagamos una pausa para entender la gravedad de lo que vamos a votar hoy. Si forzamos la digitalización, el Estado tendrá el poder de monitorear y perfilar el comportamiento de cada persona, un control absoluto que, por cierto, será operado por una autoridad que nada tiene que ver con la recaudación ni con la política monetaria, como es la Agencia de Transformación Digital.
Frente a la amenaza de una sociedad forzada a vivir sin efectivo, el gobierno y la democracia Suiza nos demostraron que ninguna nación verdaderamente libre puede entregarle el dinero de la gente a las redes de telecomunicaciones...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputado.
El diputado Juan Armando Ruiz Hernández: ... a los intermediarios tecnológicos ni al capricho recaudatorio del Estado.
Compañeras y compañeros, la modernización no se decreta prohibiendo libertades. La reserva que hoy presento propone una modificación muy sencilla, pero vital, cambiar la imposición por el fomento, que la Secretaría de Hacienda, en estricta coordinación con el Banco de México, promueva e incentive el pago digital, pero sin establecerlo como única forma de pago, respetando la libertad de elección del usuario y la autonomía del banco central. No privaticemos el derecho al comercio. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
Tiene la palabra, para presentar su reserva, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Ana Isabel González González: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.
La diputada Ana Isabel González González: Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, en el PRI siempre vamos a estar a favor de la digitalización y de que este país crezca, de que este país avance. Yo creo que todos los que estamos aquí es lo que queremos de nuestro bello México, pero si no tenemos las condiciones para poder hacerlo, aquí la pregunta es: ¿cómo se va a hacer y cómo se va a lograr?
Es muy bonito venir a decir que se va a buscar una ley que en cuestión de pagos electrónicos se tenga que hacer de manera obligatoria para las y los mexicanos, sí, diciendo que se pueden evitar tipo de corrupción y demás, lo que ustedes quieran y manden, lo que quieran venir a decir esta tribuna.
Lo que sí les puedo decir es que no todos en nuestro país tienen las mismas condiciones, no son las mismas condiciones de las y los ciudadanos que vivimos en Monterrey, por ejemplo. No son las mismas condiciones de las y los mexicanos que viven en Puerto Escondido, por mencionar otro punto.
No son las mismas condiciones, estoy hablando de alcances digitales, estoy hablando de cuestión de conectividad en materia de internet también, por supuesto, y también del fomento a la información para poder saber cómo realizar diferentes trámites.
No se los tengo que decir yo, ustedes mismos, diputadas y diputados, al acudir a sus entidades, cuando de repente le presentas un QR a alguna vecina, algún vecino y te dicen: bueno, ¿y luego de aquí qué hago? ¿Y luego de aquí qué voy a hacer? –No, pero mire, no se preocupe, aquí en la página me puede escribir–. Híjole, ¿y no tiene mejor un número de teléfono para marcarle?
Y de repente le dices: nombre, por WhatsApp, no se preocupe. Estamos a un WhatsApp de distancia, si estoy en México, con un WhatsApp le atiendo. –Hijole, es que yo a eso la verdad no le sé, necesito que alguien me diga, necesito que alguien me oriente, fíjese que en mi casa, pues ya vivo solo y quién me va a ayudar–.
Imaginemos que esto sucede ya de manera obligatoria para poder hacer un pago, para poder sacar un crédito, para poder tener tu cuenta bancaria. Repito, no es que estemos en contra de que el sistema avance y de que en México avance.
Estamos en contra de que no se tenga la inversión necesaria para poder tener a cabo todas estas actividades de manera correcta, hablando y partiendo desde la conectividad, desde el internet.
Yo les pregunto, diputadas y diputados, en sus entidades federativas, ¿todos tienen acceso a internet? ¿Sí? Oiga, déjeme voy para felicitarlo. ¿De qué estado es? Yo sé que no hay charla, disculpe. Puebla. ¿Todo Puebla tiene? ¿Las zonas rurales también? Diputado, no venga y mienta por convivir, no venga y mineta por convivir. A ver, vamos a preguntarle a los ciudadanos si todos tienen internet en su casa, si todos pueden a parte pagar internet en su casa o se esperan hasta llegar a sus trabajos para conectarse en una zona de Wifi para poder tenerlo.
Compañero, de verdad, lo escucho gritar cada vez y escucho gritar a todos. Y yo sí confío en la libertad de expresión. Griten, digan, hagan, pero la gente allá afuera se da cuenta que no lo están haciendo por beneficio de ellos. No, no todo México tiene internet. Las zonas rurales también de mi estado, Nuevo León, no tienen internet y no pueden a veces pagar esos costos. Eso es mentira.
Como se los he dicho una y otra vez en esta tribuna, no mientan por convivir, no tienen que quedar bien con nadie. Con quien tenemos que quedar bien –sí, con nadie de aquí–, con quien tenemos que quedar bien es con las y los mexicanos, que siempre lo he dicho, están aquí afuera del Palacio Legislativo, que están afuera de San Lázaro y que buscan mejores oportunidades y más facilidades.
Ojo, aplaudimos la digitalización, pero no de manera obligatoria. Enseñemos a la ciudadanía a cómo lo tiene que utilizar, que se haga la inversión necesaria para que cada rincón del país tenga internet.
Y, por supuesto, también hay que invertirle a la ciberseguridad, porque, discúlpenme, más de dos o tres diputados de aquí y personal de nuestros equipos de trabajo han caído en un fraude electrónico, por un mensaje que te llega ni siquiera por WhatsApp, hasta por un mensaje de texto, ¿sí o no? Claro que sí. ¿No? Oiga, qué inteligente y qué capacidad tecnológica tienen en esta Cámara de Diputados. Me sorprende.
Ojalá y todo México tuviera esa facilidad que usted y ese beneficio que usted como diputado tiene y que nosotros como diputados tenemos. No caigamos en querer vender a la ciudadanía una realidad que no existe.
Hay una realidad allá afuera, que a lo mejor, les digo algo, no conocen, porque si recorrieron sus distritos se darían cuenta que los adultos mayores, no nos vamos ya ni a la comunidad rural, se las pongo en bandeja de plata más fácil, mucho más fácil, los adultos mayores, muchas veces te dicen: es que yo eso del WhatsApp y es que me escriben y es que; no, mejor dígame a dónde voy con mi dinero en efectivo, que me den mi papelito y que con eso yo pueda comprobar que hice un pago, porque luego no sé ni a dónde me llega.
Es más, muchos d ellos vecinos de nuestros distritos no tienen correo electrónico. Y saben por qué se los digo, porque en mi colonia y en muchas colonias de alrededor del Distrito Tec se hacen también oportunidades de juntas con vecinos, que ya son adultos mayores, para enseñarles cómo utilizar redes sociales, cómo descargar plataformas...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Ana Isabel González González: ... cuidado, seguridad y de otras funciones también. Cómo les duele que les digan las verdades. Cómo les pesa, sí, tiempo, tiempo es el que va a perder el ciudadano a querer entenderle cómo hacer sus trámites y no poder, porque México no tiene inversión en tecnología, porque no todo México tiene internet y eso es lo que deberíamos primero de discutir para poder pasar a la obligatoriedad en cuestión digital y también en pagos electrónicos.
Diputada, diputados, gracias por su atención, no saben el gusto que me da que hoy que si hay diputados en cámara pongan atención. Es cuanto.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar su reserva.
La diputada Xitlalic Ceja García: Con la venia de la presidenta. ¿Otra vez Morena? ¿Es neta? ¿Otra vez Morena? ¿Otra vez Morena? Ya se les hizo costumbre querer joder al pueblo de México. Es una constante, es cada semana venir a esta tribuna y toparse con una nueva realidad de Morena.
¿Otra vez Morena? Otra vez Morena y su mundo mágico en el que viven, en el que piensan que en todos los municipios se encuentra el Internet. Yo nada más les quiero decir a quienes gritaron de Puebla, si me pueden decir si en Camocuautla, si en Zongozotla, si me pueden decir si en Chila de la Sal, si en Xicotlán, si en Huitzilan, me pueden decir si en los 217 municipios, y ojo, no sólo en las cabeceras, en las juntas auxiliares, en las rancherías y en cada rincón del estado contamos con Internet.
Yo quiero que esta realidad la enfrente, no aquí, porque es bien fácil venirse a sentar, levantar la mano de todo lo que les piden, desde el Palacio Nacional, cobrar su quincenita y hacer que chambean. Quiero que enfrenten esta realidad allá en el territorio, allá con la gente le digan que sí tienen acceso a Internet, a Internet gratuito, a tener un equipo digital con el cual puedan hacer esta estrategia fuera de lugar.
Viven en un país de las maravillas. De verdad que Morena, que tanto presumen tener una cercanía con el pueblo de México, no están más que alejados de una realidad. ¿En qué país despiertan?, porque en el México en el que yo despierto no solamente hay una gran desigualdad, 45 % de los mexicanos no cuentan con una cuenta bancaria, no en los 217 municipios de mi bello estado se puede contar con este privilegio.
La tecnología debería acercarnos, la digitalización debería incluir, no alejar. La verdad es que, desde el grupo parlamentario del PRI, claro que estamos a favor de la digitalización, de que la tecnología llegue a todos los lugares. Claro que estamos a favor, de lo que no estamos a favor es que Morena imponga.
Que con esta forma de imponer de Morena que tiene y hacerlo de verdad que ya de manera tan burda que los ciudadanos y los mexicanos están normalizando cada una de estas prácticas espurias que representan cada una y cada uno de ustedes, legisladores, paleros del régimen oficialista de esa narcodictadura.
Y si ustedes dicen que, pues es un tema recaudatorio que, pues es un tema para poder tener mayores controles, para poder erradicar vicios y corruptelas, no se anden preocupando por los mexicanos de Zongozotla, de Chila de la Sal, no se preocupen por el mexicano de a pie.
Deberían cuestionar al Bobby, deberían cuestionar a Rocha Moya, deberían cuestionar al clan de los López Beltrán, a Amílcar Olán, por supuesto, allá es donde deberían poner la mirada del flujo de efectivo, bola de hipócritas. Hipócritas porque al pueblo le dicen una cosa y con sus acciones y con su voto les dicen otra.
Ya basta Morena, otra vez con sus graciosadas, otra vez con sus chins, con sus chistes y la verdad es que no solamente en un ánimo de censura, la realidad es que Morena cada día no deja de sorprender con esta forma de legislar, con esta forma de llevar un narcogobierno, asfixiar a las y los mexicanos.
Deberíamos estar planificando que mexicanas y mexicanos pudieran tener un mayor acceso, no solamente a la digitalización. Imagínense que con estas medidas y estas prácticas impositivas los ciudadanos cada día se verán más alejados de la realidad.
Legislar, legislar es entender la verdadera realidad que viven mexicanas y mexicanos. Despierta México, despierta. Esto es una pesadilla, ocho años de un narco gobierno de Morena. Ocho años de decisiones espurias. Ocho años en los que los mexicanos están ávidos de soluciones, de respuestas, de que dejen de proteger a sus compañeros narco políticos. De que pongan orden, desde la Presidencia de la República y dejen de chingar al ciudadano.
México despierta. México despierta, porque Morena no tiene otra facultad que con esa mayoría que se robaron en el Tribunal Electoral hoy toman decisiones que no le convienen a ningún mexicano.
Estamos unidos mexicanos, estamos unidos mexicanos, estamos unidos mexicanos para sacar al narco gobierno de Morena. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar su reserva, hasta por cinco minutos.
La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández: De verdad que si por cada mentira que dijera Morena les creciera la nariz, estarían peor que Pinocho. Así se los digo.
Yo no sé por qué esta vez no salieron antes a hacer encuestas, como acostumbran ustedes, esas encuestitas, que, por cierto, ahorita todo mundo se está peleando en Morena por sus encuestas falsas que no existen, que es de dedazo nada más, porque lo sabemos todas y todos. Por qué no salen a preguntarle a la ciudadanía si realmente quieren y aprueban esta tontería más, esta ocurrencia.
Como en tantas veces y tantas ocasiones, la mayoría oficialista vuelve a tropezar con la misma piedra, la premura, las prisas y la absoluta falta de análisis técnico, que terminan construyendo marcos jurídicos improvisados que al final contienen y generan desventajas para quienes menos tienen. Así es, porque aquí la realidad es chingar al pueblo, nada más, no hay otra.
La urgencia legislativa jamás debe de ser un pretexto, ni justificación, para avalar la exclusión de millones de mexicanas y mexicanos. Pretenden imponer por decreto una transición forzada hacia los pagos 100% digitales, en un país donde brechas estructurales no se resuelven con buenos deseos, ni con discursos mañaneros, como lo hacen todos los días.
Junto a esto, este dictamen deja a la discriminalidad absoluta del gobierno y de la Secretaría de Hacienda, decidir qué sectores y actividades comerciales prohibirán el uso del dinero.
Así es, esta vez ya nada más les faltaba eso, ya se metieron con la salud, ya se metieron con la educación, ya se metieron con la cultura que, por cierto, ya no hay cultura, y ahora también se meten con lo financiero.
En qué momento y en qué cabeza cabe el meter esta aberración, cuando sabemos que realmente sí es cierto, no todo mundo tiene internet. Aquí en la Ciudad de México, simplemente los hospitales no tienen internet, y no me digan que no. Aquí hay falta de internet, y así mismo, es como pretenden fregar a la ciudadanía.
¿Y saben por qué? Porque esto lleva un trasfondo, y ese es que todo lo quieren llevar a un mismo sistema, en donde al ratito su dinero va a aparecer también en las famosas tarjetitas del bienestar y lo van a estar maiceando cada dos meses. Eso es lo que quieren ahora.
Sabemos que estos nacopolíticos no nada más se basan con una cosa, quieren seguir chingando al país todos los días. Así como hacen sus encuestas y acuerdos en lo oscurito, así como entregan contratos fraudulentos y corruptos sin transparencia, su nula planeación y su falta de visión condenan una vez más a que sea el pueblo de México quien pague los platos rotos de la incapacidad administrativa. Cállense guacamayas.
Pretenden obligar a la gente a usar sistemas electrónicos en un país que no cuenta con la infraestructura tecnológica básica y suficiente. Un país donde las redes de telecomunicaciones fallan a diario. En donde los programas gubernamentales y la insignia son el internet.
Han terminado en sonados fracasos que dejaron desconcentradas a las comunidades más apartadas y ya hasta le quitaron más del 90 % del presupuesto para el próximo año. Así es, aquí la intención es ver de qué manera friegan al país y hoy lo hacen nuevamente.
¿Ya se les olvidó la realidad que vive nuestra gente en la calle? Porque realmente existe gente en la calle también, no crean que todos son como ustedes, que les pagan nada más por venirse a sentar y levantar la mano.
Cerca del 16 % de los adultos en México dependen estrictamente del dinero en efectivo y más del 85 % de las compras cotidianas menores a 500 pesos se realizan con monedas y billetes.
Esta propuesta va en contra de la señora del mercado, que por cierto, hace un rato me marcaban –porque yo sí ando en territorio, ya se los dije–, y me hablaba la señora de la tienda y me decía: qué vamos a hacer nosotros con esta ocurrencia que hoy se les está ocurriendo, una vez más, a estos de Morena.
Esto va en contra también de todas aquellas personas y del abuelo jubilado. Antes de avanzar hacia pagos digitales obligatorios, es necesario garantizar la conectividad. Antes de hacer esto, es lo que hubieran hecho, primero ver que todo mundo tuviera internet, dar la capacitación al menos, y después imponer lo que siempre se hace. Pero, obviamente, siempre lo hacen con las patas y hoy hacen una imposición más, que es esta.
No podemos avalar otra ocurrencia más y mal planeada que terminará pagando la ciudadanía de su propio bolsillo. El Estado tiene la obligación de acompañar, no de imponer ni abandonar a la gente que está, a la gente, a través de la forma digital. Dejen de legislar con las espaldas y vean y métanse a las calles, es real lo que está pasando y ustedes es con lo que quieren acabar.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández: No también –concluyo–. No también por quedar bien, nada más vengan y alcen la mano. Hagan una conciencia, por favor, de lo que quieren hacer. Es una aberración porque no todo mundo, y menos los adultos mayores, saben usar una tarjeta.
Lo que están haciendo es acabar también con esa economía. Lo están haciendo simplemente, y hoy ustedes lo van a aprobar y después se van a lamentar. Y se van a lamentar mucho, saben cuándo, cuando también los narcopolíticos les den la espalda a ustedes, porque ahorita...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Por favor concluya, diputada.
La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández: ...vemos cómo se están matando por estar en esas famosas encuestas que no existen. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra para presentar reserva la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
La diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno: Con el permiso de la Presidencia. Estamos frente a una realidad que ya no podemos ignorar: la economía digital forma parte de nuestra vida cotidiana. Millones de personas transfieren, pagan y administran sus recursos por medios digitales. La tecnología ha ampliado el acceso a los servicios financieros, pero también trae nuevos riesgos: hablamos del patrimonio de las familias; del dinero de las personas; del salario de un trabajador; del ahorro de una persona adulta mayor; del recurso con el que una madre, un padre, paga la colegiatura de sus hijos.
¿Qué sucede cuando alguien descubre un cargo que nunca realizó o fue víctima de suplantación de identidad o de robo de una credencial? Y mucho menos sabemos cuando no tenemos internet en comunidades como las que se encuentran al sur del Estado de México. En muchos casos, la respuesta es: la operación fue realizada mediante mecanismos de autentificación. Y nosotros no sabemos ni qué hacer. Y entonces comienza el verdadero calvario, porque una cosa es que una operación aparezca registrada en un sistema y otra muy distinta es que la persona titular la haya autorizado.
Por eso, proponemos incorporar en esta ley una definición clara: operación no reconocida, aquella realizada por medios digitales o electrónicos que la persona titular manifieste no haber utilizado ni realizado, incluyendo el fraude, la suplantación de identidad, el robo de credenciales y el acceso no autorizado. Pero, insisto, y sin internet, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué podemos hacer?
Quiero ser muy clara en esta propuesta: esta propuesta no presume que toda operación desconocida sea un fraude ni se traslade automáticamente a la responsabilidad de algún proveedor. Lo que proponemos en esta, es que exista una investigación.
Desconocer una operación debe de activar un procedimiento formal para determinar qué ocurrió exactamente. No podemos permitir que la persona usuaria sea declarada constantemente responsable de las operaciones que aparecen solamente en una plataforma.
Por eso, el proveedor deberá de tener mecanismos accesibles, gratuitos y expeditos para investigar y resolver la reclamación. Y esto, compañeros, esto no determina en ningún momento poder poner un peso más en el presupuesto.
De nada sirve un derecho sin ejercerlo, esto implica procedimientos complicados, costos o barreras tecnológicas y mientras se investiga la persona usuaria no debe de asumir automáticamente el monto controvertido, salvo que se acredite dolo, fraude o negligencia grave atribuible a esta operación.
Aquí debe de existir equilibrio de cada parte, la responsabilidad, desde luego, tendría que ser del responsable, pero de manera fraudulenta no puede ser respondiendo. Pero si el problema provino de una vulnerabilidad del sistema, una falla de seguridad o, insisto, de no poder tener Internet al alcance, también debe de ser responsabilidad de este gobierno.
Por ello, propongo tres cosas. La primera, que haya autentificación reforzada. Segunda, monitoreo de operaciones inusuales. Y desde luego, prevención del fraude, pero esta no puede avanzar si, insisto, seguimos sin Internet.
No podemos exigirle al ciudadano conocimientos de ciberseguridad, quien administra estas plataformas sí tiene los recursos y la autoridad deberá de fijar plazos máximos para resolver y cuando corresponda restituir los recursos.
Porque cuando se trata del patrimonio de una persona, de una familia, el tiempo, el tiempo sí importa. Para una institución, una cantidad es una operación entre millones. Para una familia, puede ser todo su ingreso.
No podemos permitir que la transformación digital avance más rápido que la protección de los derechos. Queremos pagos digitales e innovación, sí, y modernización, sí, pero esto debe de ir de la mano de la cobertura de Internet en todo el país. Queremos una economía digital que genere confianza, no incertidumbre, que nadie sienta que, si algo sale mal, estará solo frente a un sistema que no puede controlar y mucho menos que no puede dar el servicio de Internet. Este es el sentido de nuestra propuesta, la digitalización no puede significar que los ciudadanos asuman solo un riesgo.
Si construimos una nueva economía digital, construyamos también una plataforma, una plataforma que esté al alcance de todos los mexicanos. Una en la que cuando una persona diga: yo no realicé esta operación. La respuesta no se: pues usted demuéstrelo. Debe de ser: no se preocupe, vamos a investigar, vamos a actuar. La confianza no se decreta, se construye con seguridad, con transparencia y con protección efectiva.
Por eso solicitamos que esta propuesta sea incorporada al dictamen. Una economía digital moderna no solo permite operar más rápido, también sabe proteger a las personas cuando las personas salen mal. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo, por favor, (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo, por favor, (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Abigaíl Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Abigail Arredondo Ramos: Con el permiso de la Presidencia y de mis compañeras y compañeros diputados. Este dictamen es una clara muestra, como ya estamos acostumbrados, de este doble discurso que siempre hace y efectúa Morena. Es una muestra de cómo lanzan la piedra y esconden; la mano de cómo dicen una cosa, pero hacen otra, de cómo saludan con la izquierda y cómo golpean con la derecha.
Y lo digo de esta manera porque el método de cobro que se pretende imponer con esta Ley de Economía Digital es una calca fiel de cualquier manual de ultraderecha. ¿No que esas medidas eran tecnócratas?, ¿no que eso era un asqueroso neoliberalismo?
Con esta ley se pretende obligar a que todos los pagos de actividades comerciales se realicen mediante instrumentos digitales, como tarjetas bancarias, códigos QR, aplicaciones, entre otras. Se acabó el efectivo, la moneda corriente quedará en desuso, afectando el valor real de esta divisa.
Seamos honestos, ¿a quiénes impactará más esta medida? Como siempre, a los que se han dedicado a madrear desde que llegaron a gobernar, que es los micros y pequeños comerciantes; a los que con muchos esfuerzos libran la quincena para poder salir adelante, como el dueño de la tiendita de la esquina, que vende en menudeo; el que vende artículos en un mercado, en un tianguis; o la dueña de una fondita, que vende comida a bajo costo.
Mexicanas y mexicanos, no nos dejemos engañar nuevamente, esta ley no va a facilitar el pago de bienes y servicios ni tampoco llevará a México a un panorama moderno de digitalización, como nos lo están queriendo vender.
Lo que hará es ampliar el margen de vigilancia del SAT para sacar más impuestos, eso que nos ha tocado ver a lo largo de estos dos años, estas iniciativas y estas leyes que pretenden hacer que la gente tenga que pagar más dinero sin verlo cristalizado en su vida diaria. Seamos claros, obligar a que toda actividad comercial se realice mediante pagos digitales, excluyendo cualquier tipo de transacción en efectivo, lo que ustedes están haciendo es ampliar la lista de contribuyentes cautivos y apretar a quienes de por sí cada mes pagan impuestos y ya no les alcanza.
Es clara la tendencia recaudatoria de este gobierno, su urgencia de obtener recursos después de todo lo que hizo el expresidente López Obrador con esas obras faraónicas, que nos siguen costando a las y a los mexicanos, como la refinería que no refina y como el Tren Maya, que se descarrila. Y, sí, lo decimos y no nos vamos a cansar de decir todos los errores que han cometido.
¿Por qué no mejor se ponen a confiscar todos los bienes que se llevó Andy López Beltrán y su amigo Amilcar Olán? ¿Por qué no? ¿Por qué no se ponen a arreglar y a solucionar el huachicol fiscal que nos tiene hundidos como nación? Y, sí, aunque algunos cuestionen y puedan decir –sí, sí, sí, sí, aquí lo único que vemos en este país es...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Permítame, diputada. Diputada, permítame. Diputadas y diputados, vamos a poder continuar, por favor, escuchando a los oradores como lo hemos hecho con los demás. Les solicito que podamos escuchar respetuosamente. Adelante, diputada.
La diputada Abigail Arredondo Ramos: No hablamos por hablar. No hablamos por hablar. ¿Dónde está Rocha Moya? No hablamos por hablar. ¿Dónde está Inzunza? En su curul viviendo del fuero. Así que silencio y respeta.
Y quiero decir, esta ley hubiera podido ser buena hablando del poder digitalizar los trámites, el poder hablar del uso de las tarjetas y así poder tener beneficios, pero todo esto lo echaron a perder cuando meten lo que más les gusta, que es la discrecionalidad del fisco.
En los artículos 13 y 14 de esta ley delegan la facultad a la Secretaría de Hacienda y a otras dependencias de gobierno federal para definir cuáles van a ser las que van a poder cobrar únicamente de forma digital. Esto genera obviamente una gran incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque los lineamientos los van a poner al contentillo como están acostumbrados con su dictadura.
Nuevamente dejan la manga ancha al Poder Ejecutivo para imponer las cargas contributivas a quienes a usted se les pegue la gana, pero además es una ley trabajada sobre las rodillas –como también ya estamos acostumbrados–, sin considerar la realidad de nuestro país.
Y ahorita justo hablaron de la cobertura, ¿cómo se atreven a decir que tenemos 100 % de cobertura? Simplemente en Chiapas...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Abigail Arredondo Ramos: ...gobernado por ustedes, el 30 % de la población no cuenta con el servicio de Internet y son datos públicos para que le busquen y dejen de decir tonteras aquí.
Además, ¿qué decir de la gente que hoy, que es también un 30 % en este país, sufren analfabetismo tecnológico? ¿Qué va a pasar con esa gente? Muchas personas no están familiarizadas con el uso de aplicaciones o el uso de Internet, y eso qué provoca...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Abigail Arredondo Ramos: ...discriminación. Es discriminatoria esta iniciativa que ustedes presentan de esta manera y, además, ya para concluir, ¿quién asegura que la secrecía de nuestros datos personales no va a ser entregada esa información al crimen organizado? Porque quiero recordarles que por desgracia en este país desaparecen 135 mil personas, todo el tiempo hay desaparecidos.
¿Cómo confiar en ustedes? Y tiempo, tiempo se los he dicho, tiempo van a necesitar para pedirle perdón a la población con tantas tonterías que están haciendo. Es cuanto y es obvio que el Partido Revolucionario va en contra de como siempre esta cochinada de iniciativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra para presentar reserva, hasta por cinco minutos, el diputado Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado Roberto Armando Albores Gleason: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, mexicanas y mexicanos, Paulo Freire escribió, nadie ignora todo, nadie sabe todo. Lo recuerdo porque aquí hay quien sostiene que los mexicanos no están listos para pagar con un celular. Presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Solicito a las y los diputados que podamos guardar orden y escuchar al orador.
El diputado Roberto Armando Albores Gleason: Con todo respeto, eso no es prudencia, es prejuicio y los datos lo demuestran, 98.6 millones de mexicanos usan celular y casi todos tienen un teléfono inteligente, 99 de cada 100 dólares en remesas llegan hoy por transferencia electrónica, y no confundir acceso de Internet en vivienda, a acceso el día a día de los mexicanos.
El problema no es la gente, es que el sistema no se ha abierto para ellas. En el sur, cierto, apenas el 6 % paga principalmente con un celular no por incapacidad, sino porque los comercios no lo aceptan y abrir una cuenta sigue siendo un viacrucis.
Este dictamen cambia eso, identidad digital, la CURP digital permite abrir una cuenta desde el celular con el consentimiento de la persona. Gobierno digital, los tres órdenes de gobierno aceptarán pagos digitales en sus trámites. Banxico, autónomo, podrá regular cuentas sencillas y que toda terminal acepte pagos con QR. Nadie se queda afuera, la transición es gradual y el efectivo se acepta cuando falle el sistema. Esta ley suma acciones, no quita ninguna, no mientan.
Brasil lo demostró cuando lanzó Pix en 2020. También dijeron que la gente no lo usaría, hoy lo usan 161 millones de brasileños, 75 % de la población y 27 millones de personas más entraron al sistema financiero.
Imaginemos un artesano de los altos de Chiapas que cobra con su celular, cada venta queda registrada. En un año tiene historial y con él su primer crédito. Multipliquemos eso por millones de mujeres y pequeños negocios, eso es crecimiento desde abajo.
Compañeras y compañeros, a la oposición nada le embona. Si no hay ley dicen que México se quedó atrás. Cuando hay ley dicen que la gente no está lista. Pero el efectivo no es gratis, lo paga la tendera que cierra temprano por miedo a un asalto, el productor que viaja horas para cobrar y el trabajador al que le niegan un crédito porque su ingreso no deja huella. Una economía digital no es un lujo, es más seguridad, más crédito, más transparencia y más formalidad en México.
Lo dijo Freire, nadie sabe todo. Y quienes se oponen a la economía digital, sin duda no lo saben todo. México no puede seguir pagando el costo del efectivo mientras el mundo avanza.
Los mexicanos, las mexicanas estamos listos, lo que falta es esta ley, por eso, en el Partido del Trabajo votaremos a favor. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidenta, retiro mi reserva.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. No hay materia de consulta. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Guízar Macías, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado Francisco Javier Guízar Macías: Con su permiso, presidenta. La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, sin duda va a fortalecer a esta agencia de transformación digital, pero, sobre todo, va a fortalecer al pueblo de México. Por eso, el Partido del Trabajo apoyaremos esta propuesta que envía la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Este cambio de tecnología es para todas y para todos, no para los que pensamos de una forma ideológica o de otra forma ideológica, o tenemos algún interés partidista particular o tenemos otro interés partidista particular.
Ese cambio de tecnología es para beneficiar a las y los mexicanos de todas las edades, de todos los segmentos de la sociedad, de todos los rincones de este país. Este cambio de tecnología nos va a permitir que el efectivo cada vez sea menos.
Nos va a permitir que el costo, el costo del efectivo... cuando alguien viene de Guadalajara a México a pagar alguna cuestión en efectivo tiene que pagar gasolina, cuando lo puede hacer de manera digital, o tiene que pagar el autobús también. O a la mejor, incluso, hasta se lo pueden robar. En fin.
¿Cómo lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer de manera gradual, y por eso si ustedes leyeron bien esta propuesta, la Secretaría de Hacienda tiene un apartado especial en esta ley, y también la Agencia de Transformación Digital, de manera conjunta dirán qué rubros de la economía, qué rubros de los comercios o de los negocios tendrán que ser al 100% para evitar la informalidad.
También podrá ser gradual, y tendrá que capacitar a las tiendas de barrio para que pueda ser también de forma gradual. Tendremos que trabajar en los aspectos secundarios de esta ley para que las mexicanas y los mexicanos puedan entrar de manera gradual a este nuevo modelo.
Yo quiero invitarlos nada más a reflexionar. Vivimos en un mundo global, ya nos pasó una pandemia, los niños estuvieron en esta pandemia trabajando en sus casas, las mamás y los papás tuvieron que aprender a tener en sus casas una computadora, una herramienta disponible, un celular para que pudieran tener clases y cuidar su salud.
Pasamos esta pandemia y el gobierno federal, en la época del presidente López Obrador, fue responsable y generó nuevos modelos digitales para poder llevar la educación a las casas de las y los mexicanos. Hoy estamos trabajando en este nuevo modelo digital.
Por eso, el Partido del Trabajo apoya a este México moderno que la presidenta Claudia Sheinbaum está construyendo, a este México global, a este México digital que lo va a hacer más justo. Retiro mi reserva, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado, no hay materia de consulta. Tiene la palabra la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.
La diputada Nora Yessica Merino Escamilla: Presidenta, con su permiso. Pues quisiera comentar varios puntos que aquí se han tratado desde la total, ya no se sabe si ignorancia o las ganas de engañar como lo hacían cuando sentían o pensaban que el poder les iba a ser eterno.
Nos dicen que los adultos mayores no tienen cuentas bancarias. Les informamos que hoy millones de adultos mayores reciben su pensión en la tarjeta del Banco del Bienestar. Y esta ley va más allá: le da al Banco de México la facultad de regular cuentas que se adapten. Artículo 19.
Es una ley de 22 artículos y ninguno autoriza revisar los movimientos bancarios de nadie. La ley dice que la CURP digital y el expediente digital ciudadano se usan siempre con el consentimiento de la persona titular y conforme a la Ley de Protección de Datos Personales. Y ese, el expediente digital, ni siquiera lo crea esta ley: ya existe en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Están votando en contra de un fantasma que ustedes mismos inventaron.
Preguntan: ¿quiénes van a pagar las terminales? Les respondo con el artículo 11: Los comercios podrán... Dice: podrán. Por eso, quien acá asegura que es obligación, no, no leyó la ley. Eso es importante: que se pongan a hacer su chamba, para eso les pagan. Dice: Los comercios podrán aceptar pagos digitales. Dice podrán, no deberán. Nadie obliga.
Y si un comercio decide cobrar en digital, el artículo 19 ordena que las terminales acepten pagos con código QR bajo reglas del Banco de México: transferencias desde el celular sin necesidad de plástico. Y si tanto les preocupan las comisiones, esta línea es el camino. Votar en contra es dejar las cosas como les gustan a los bancos.
Aunque, la verdad, conmueve mucho ver a la triste y débil oposición preocupada por los bancos. Sí, el mismo PAN que votó con el PRI para convertir el Fobaproa en deuda pública. Rescataron a los bancos con el dinero del pueblo. Y hoy se nos ponen muy sentimentales. Ay, ternuritas. Se nos ponen muy sentimentales por la comisión de la tiendita de la esquina. Ah, pero no fuera el Fobaproa porque ahí sí hay... el dinero de los mexicanos para salvar a los bancos. Muy bien. Buena idea.
Nos dicen que Hacienda tendrá un cheque en blanco. Falso. El artículo 14 obliga una transición gradual, con plazos específicos por sector y reglas públicas. Y el artículo 15 garantiza que si falla el sistema se acepte efectivo o cheque. El único cheque en blanco en la historia de este país es el que les firmaron y el que los compraron, mismo que hoy les ha revocado en su mayoría el pueblo de México.
Citan que la mayoría de la gente paga en efectivo. Y pagar en efectivo no es el problema, es una decisión y esta ley la respeta. El efectivo sigue siendo efectivo, lo que cambia es que ahora quien quiera pagar con el celular también podrá, esto se llama libertad, la palabra que tanto les gusta a los azules y tampoco entienden ni llevan a cabo.
Y aquí viene lo más curioso, dice que defiende el efectivo para proteger tu libertad. Ese es el choro, la mentira que echan por convivir. El mismo PAN, que cuando gobernaba les puso un impuesto a los depósitos en efectivo, porque cuando era gobierno el efectivo era sospechoso y ahora que son oposición es sagrado. Ni ustedes se la compran.
Yo les digo que 8 de cada 10 ventas en los micronegocios hoy se cobran en efectivo, con esta ley ese negocio va a poder cobrar también con el celular, generando historial, este mismo historial que les va a permitir tener acceso a muchos más créditos y hacer mucho más fuerte su propio negocio.
Esta ley impulsa la conectividad en el artículo 18, elimina barreras a la inclusión financiera en el artículo 17, y según el propio Centro de Estudios de Finanzas Públicas no genera impacto presupuestario, porque el Presupuesto del 27 ya contempla 4 mil 749 millones de pesos para estas tareas.
Entonces, sí, esta ley funciona y funcionará. Entonces, sí, estamos del lado del pueblo de México, porque los que madrearon al pueblo de México fueron ustedes, durante más de 70 años. Los que no se cansaron todos los días de ocupar ese efectivo para llenarse las bolsas, fueron ustedes. Es un cinismo total que el PRI hable de madrear al pueblo de México, cuando los que le dieron en la madre a esta sociedad, fueron ustedes. Poquita vergüenza, poquita memoria y un poquito de dignidad. Porque si hablamos de madre, es la que les falta para poder hablar aquí de la defensa, de la defensa de nuestro pueblo, del pequeño comerciante, que todos los días se levanta para sacar adelante a su familia. De la jefa de familia que tiene una tienda desde hace décadas y no puede acceder a créditos comerciales.
Eso es lo que necesitamos, tener memoria y, sobre todo, tener mucho amor al pueblo de México y aquí la bancada del PT tiene de todo, mucho amor al pueblo de México y mucha memoria y, sobre todo, la conciencia social de que de la mano del pueblo todo y cuando dejas al pueblo de lado, te quedas sin nada, así como les pasó a quienes hoy son parte de la historia, esa historia que parece novela, peor que La Rosa de Guadalupe, porque ya no la ven ni los suyos. Es cuanto. Y en el PT, claro que aprobaremos esta reforma, porque estamos del lado de la digitalización, del avance y, sobre todo, del pueblo de México. Es cuanto. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Retiro la reserva.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No hay materia de consulta. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputado.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Pues es que están enojados porque aquí el tema es que ya nadie, nadie, pero nadie confía. Los mexicanos ya no confían en las iniciativas que manda la presidenta.
¿Cómo confiar en un gobierno que duplica la deuda pública? Y no se ven resultados. Un gobierno que tiene un sistema económico que crece de manera paupérrima, pues está carajo así, un gobierno cuyos compinches se van a bancarizar el efectivo a Suiza. Está carajo.
Entonces, por eso okey, modernizar sí, pero no imponer. Los derechos de los ciudadanos, aquí les digo a los diputados y diputadas de Morena, son primero. Sí, modernizar a México es necesario, facilitar los pagos, combatir la evasión fiscal y ampliar la inclusión financiera son objetivos que sí podemos compartir, claro que sí, pero hay preguntas que son indispensables antes esa falta de confianza.
¿Estamos legislando para el México que existe o para el México que se están imaginando por acá? Porque una cosa es promover los pagos digitales y otra muy distinta es crear condiciones para que, por decisión del gobierno, el efectivo deje de ser una opción en determinados sectores.
Si checamos los datos del Inegi, pues son contundentes, el 85.2 de la población utiliza habitualmente efectivo para hacer compras de hasta 500 pesos. Y para compras superiores a esa cantidad, el efectivo sigue siendo el medio más frecuente para el 73 % de la población.
¿Y dónde se realizan buena parte de esas compras? Voy a decir lo que compañeros ya han comentado aquí, pues sí, en la tiendita de la esquina porque ahí es donde está la economía que nos interesa, la economía de abajo, los que más la necesitan. Está en el mercado, está en el vendedor ambulante, en el pequeño comerciante que vive al día.
Por eso las preguntas, por cuestión de merma la utilidad o por simple democratización en el progreso de esta ley, ¿quién va a pagar esas herramientas para cobrar?, ¿quién va a pagar las comisiones bancarias?, ¿quién garantizará la conexión a internet? Las estadísticas que han dado, que son puras mentiras, la accesibilidad al internet no está en los porcentajes que aquí han venido a comentar.
La brecha es inmensa todavía, sobre todo en las zonas más alejadas y donde está la gente por la que ustedes y nosotros siempre hemos luchado. ¿Y quién responderá cuando falle el sistema y una familia no pueda comprar lo indispensable para su día? Sí, a quién se le ocurrió que tener celular significa tener internet, en qué momento. Tener internet no significa tener una cuenta bancaria y tener una cuenta bancaria tampoco significa contar con los recursos, los conocimientos o las condiciones para utilizar pagos digitales en cada operación.
Otra vez, una ley hecha desde la comunidad del sofá de la burocracia. Además, el artículo 13 de esta iniciativa permite que Hacienda determine también sectores en los que los pagos digitales puedan convertirse en la única forma de pago, como así nada más por decreto el efectivo ya no vale.
Entonces, con qué criterio se va a decidir, qué estudios de impacto económico lo justificarán, qué protección tendrá el pequeño comerciante y qué pasará con las comunidades sin conectividad suficiente.
Y hay otra preocupación que no podemos ignorar, que no hay que pasar por alto, la privacidad, sí, la libertad, claro, por eso es por lo que luchamos aquí, por mantenerlas, porque ustedes las están cooptando y las están reduciendo todos los días.
Digitalizar significa generar registros en las operaciones, por eso necesitamos garantías claras sobre qué información se recopila, quién puede consultarla, para qué puede utilizarla y cómo se impedirá su uso indebido.
La modernización no debe convertirse en un mecanismo de vigilancia injustificada sobre la vida cotidiana de las personas. Si la intención es que más mexicanos contribuyan al gasto público, hagamos más sencillo incorporarse a la formalidad. Sí, enfrenten ese 56 % de la economía informal que no quieren involucrar porque no les conviene.
Reduzcamos los costos de cumplir, apoyemos a los pequeños negocios y cerremos los espacios de evasión con inteligencia, no imponiendo cargas que terminan pegando a los consumidores. No estamos defendiendo la informalidad ni rechazando la tecnología, por supuesto, estamos defendiendo a las personas que no pueden y no deben quedar excluidas por una decisión administrativa.
La inclusión digital no se decreta, se construye. La formalidad no se impone únicamente con controles, se facilita con oportunidades. Modernicemos a México, claro, pero hagámoslo sin castigar al que menos tiene, sin trasladar costos injustos al consumidor y sin sacrificar libertades...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputado.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: ... en nombre de la eficiencia, porque el propósito de la tecnología debe ser mejorar la vida d ellos mexicanos, no obligarlos a vivir bajo condiciones que todavía no están dadas. Primero garanticemos el acceso, garanticemos la competencia, garanticemos la privacidad y también la igualdad, después discutimos la obligatoriedad. Es todo, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
Tiene la palabra la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado: Con el permiso de la Presidencia. Que quede claro, no estamos en contra de la tecnología, no estamos en contra de la modernización y mucho menos estamos en contra de que México avance hacia una economía digital.
Estamos en contra de que bajo el argumento de modernizar, terminemos imponiendo una transformación para la cual millones de mexicanos todavía no tienen las mismas condiciones, porque una cosa es ofrecer una alternativa digital y otra muy distinta es convertirla en obligación.
El dictamen que hoy discutimos reconoce los beneficios de los pagos electrónicos, eficiencia, seguridad, reducción de costos, inclusión financiera y simplificación de trámites. Todo eso suena bien, pero una buena intención no convierte automáticamente una iniciativa en una buena ley.
El problema es la implementación, facultando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar sectores estratégicos o actividades relevantes en los cuales los medios de pagos digitales y electrónicos podrán ser la única forma de pago.
El propio proyecto contempla después mecanismos y plazos para transitar gradualmente del efectivo hacia esos medios. Y entonces tenemos que preguntar: ¿única forma de pago para quién? ¿Para el adulto mayor que nunca ha utilizado una aplicación bancaria? ¿Para el pequeño comerciante que trabaja todos los días con efectivo? ¿Para quien no tiene teléfono inteligente?
No confundamos digitalización con imposición, la verdadera modernización amplía las opciones de las personas, no las reduce, y lo más contradictorio es que el propio dictamen reconoce el problema.
Reconoce que la infraestructura tecnológica y financiera no se utiliza uniformemente en nuestro país y que existen diferencias regionales en la adopción de transferencias electrónicas y aplicaciones móviles. Incluso, señala que la digitalización debe acompañarse de conectividad, información, educación financiera y acceso a productos y servicios financieros.
Entonces, si sabemos que existe una brecha digital, ¿por qué primero imponemos la digitalización y después esperamos que las condiciones aparezcan? ¿No debería llegar primero la infraestructura, la conectividad, garantizar la inclusión financiera, capacitar a la población y después hablar de transición?
Además, estamos otorgando facultades importantes a las autoridades para definir sectores, establecer condiciones, requisitos, obligaciones y mecanismos de transición. Una transformación de esta magnitud no puede descansar excesivamente en disposiciones administrativas posteriores. Las garantías fundamentales deben estar en la ley, no quedar para después en reglas que todavía no conocemos.
Y, existe además una contradicción que esta Cámara no debería pasar por alto, queremos más infraestructura tecnológica, más conectividad, nuevos sistemas, homologación de trámites, inclusión financiera, implementación gubernamental y transición digital, pero el propio dictamen señala que las erogaciones derivadas de la entrada en vigor deberán cubrirse con los presupuestos autorizados y que no se incrementará el presupuesto regularizable ni se autorizarán recursos adicionales en ejercicios subsecuentes.
Es inevitable preguntarnos, ¿cómo se pretende hacer una transformación nacional sin garantizar los recursos necesarios para realizarla? No podemos legislar como si la infraestructura apareciera por decreto. No podemos aprobar obligaciones desde un escritorio y después trasladar el costo de cumplirlas a los municipios, a las instituciones, a los comercios y finalmente a los ciudadanos.
La economía digital debe servir al ciudadano, no obligar al ciudadano a servir a la economía digital. ¿Queremos un México moderno? Sí, pero también queremos un México incluyente. Queremos tecnología, pero con libertad. Queremos pagos digitales, pero como una opción accesible, segura y competitiva, no como una puerta que se cierra para quien todavía utiliza efectivo.
El progreso que solamente funciona para quien tiene Internet, teléfono inteligente, cuenta bancaria y conocimiento digitales no es inclusión, es una nueva forma de desigualdad. En Acción Nacional queremos un futuro en el que quepan todos. Digitalicemos a México, pero sin dejar a ningún mexicano sin efectivo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
Tiene la palabra la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con su venia, presidenta. Digitalizar la economía, sí. Excluir al ciudadano que no puede pagar digitalmente, no.
Esa es la posición que en Acción Nacional se ha mantenido respecto a este dictamen. Y es que nadie puede estar en contra de la tecnología, de la innovación financiera, de las transferencias electrónicas, de los códigos QR o de que el ciudadano pueda realizar cualquier trámite desde su teléfono.
Pero hay algo que no podemos perder de vista, México no es digitalmente homogéneo, tenemos a millones de personas para quienes el acceso a Internet, a un teléfono inteligente o utilizar una aplicación bancaria no es algo garantizado.
Hay adultos mayores que no utilizan servicios digitales. Hay comunidades rurales donde la conectividad sigue siendo limitada. Hay familias para las que adquirir o renovar un dispositivo representa un gasto importante. Y, con este dictamen corremos el riesgo de que la brecha digital se convierta en una nueva barrera económica.
El propio Inegi reveló que hasta el año pasado el 21.7 de las viviendas mexicanas permaneció desconectada, principalmente por falta de recursos económicos, siendo Chiapas, Oaxaca y Veracruz las entidades con los menores niveles de acceso a internet.
Y ahora, si para pagar un producto, contratar un servicio, realizar una operación necesitamos un teléfono inteligente, acceso a internet y una cuenta bancaria, entonces debemos preguntarnos ¿qué estamos haciendo con quien no tiene algunas de estas tres cosas? ¿Los estamos incluyendo, los estamos dejando fuera, los estamos marginando?
Primero, tendríamos que discutir en cómo garantizar el acceso de la gente a la tecnología, y solo después hablar de obligatoriedad. Vaya, ni siquiera han logrado una cobertura del Banco Bienestar en todos los municipios de México como lo prometieron, no podemos pensar en una economía digital suponiendo que las condiciones son las mismas en una comunidad indígena de Veracruz que en la Ciudad de México.
Y aquí hay un punto que no podemos olvidar, la igualdad no puede entenderse como imponer a todos exactamente las mismas condiciones, sino lograr que todos puedan ejercer sus derechos.
No podemos llegar a decirle a las comunidades: la economía ya es digital, adáptense. Si primero imponemos la digitalización y después pensamos en cómo incorporar a quienes se quedaron fuera, paradójicamente, estamos avalando instrumentos que pueden profundizar las desigualdades que se buscan combatir.
Lo reitero, la digitalización de México debe llegar con todas las comunidades, no por encima de ellas. Y quiero poner un ejemplo muy concreto, pensemos en el norte de Veracruz, en las comunidades de municipios como Platón, Chontla o Tantoyuca, la señal de telefonía móvil es intermitente o sencillamente no existe.
Ahí la discusión sobre si una persona prefiere pagar con una aplicación o con efectivo es prácticamente irrelevante. Por eso esta Cámara debe legislar pensando en el México real, no en ese país de ensueños en donde le quieren hacer creer a la gente que vivimos.
Y aquí hay otra pregunta que debemos hacernos, ¿quién va a pagar la infraestructura necesaria para que esta digitalización funcione? Para una gran cadena comercial instalar la infraestructura digital puede ser parte de sus costos operativos, pero para la pequeña tlapalería, la miscelánea o para un productor del campo, la historia es completamente distinta.
Y entonces podemos llegar al absurdo de que un pequeño negocio de comunidad tenga que pagar una conexión digital o incluso un servicio como Starlink. Y esto, simplemente para cumplir con las condiciones que esta ley va a establecer para recibir un pago digital.
¿De verdad pretenden que el pequeño comerciante tenga que asumir este costo? Primero llevemos la señal, primero llevemos el internet, primero llevemos la infraestructura bancaria, primero garanticemos el acceso y solo cuando hayamos cumplido con eso, podremos hablar de una verdadera economía digital. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Merary Villegas Sánchez: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.
La diputada Merary Villegas Sánchez: Quiero, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, fijar la postura a favor de esta ley, el dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, propuesta por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y también parte del Paquete Económico 2027.
Y lo hago con especial satisfacción, porque este dictamen no analizó una sola iniciativa, integró varias en la materia, entre ellas la que una servidora presentó ante esta soberanía para ampliar el derecho a una cuenta básica accesible y libre de comisiones abusivas.
La comisión reconoció que ese objetivo fortalece la inclusión financiera y los derechos de las y los usuarios de los servicios de pago. Queda atendido en lo sustancial por esta nueva ley. En lo esencial, compañeras y compañeros, esta ley logra cosas muy concretas: que una persona pueda identificarse con su CURP digital y su expediente digital ciudadano para abrir una cuenta o contratar un servicio financiero desde su teléfono, sin la necesidad de tener que acudir a la sucursal ni entregar documentos en papel.
También, a que los tres órdenes de gobierno acepten pagos electrónicos en sus trámites y servicios y que los comercios puedan hacer lo mismo, que el Banco de México abarate el cobro digital para que hasta el pequeño comercio reciba pagos por QR sin comprar una terminal cara y que la inclusión financiera deje de ser una aspiración para volverse una obligación de las autoridades y las instituciones.
Hoy, y esto me parece un dato relevante, hoy más de 8 de cada 10 compras de 500 pesos o menos se siguen pagando en efectivo. Esta ley acerca la economía formal a quien hoy está fuera de ella. Al reducir poco a poco el uso de efectivo construimos, además, una economía más transparente que estrecha los espacios de la informalidad, la evasión fiscal y el lavado de dinero, sin tocar el bolsillo de nadie.
Y quiero ser clara: no se prohíbe el efectivo: se ordena una transición gradual y por etapas, con la garantía de que, ante cualquier contingencia, siempre se podrá pagar en efectivo.
Y permítanme ser igual de clara en algo que, con razón, genera dudas: esta ley descansa en la libertad de las personas, no en su vigilancia. Usar la CURP digital para identificarse es una opción que cada quien elige, no una obligación. Esa información se trata únicamente con el consentimiento de su titular y conforme a las reglas de protección de datos personales. Y donde el pago digital llegue a ser la vía ordinaria lo será solo en los sectores que la autoridad determine y de manera gradual, nunca de un día para otro.
Lo decimos sin rodeos: la modernización no se construye a costa de la confianza de la gente, sino sobre ella. Por eso, esta ley avanza en comodidad, sin pedir a nadie que renuncie a su libertad de elegir.
Ahora, ¿qué podemos esperar de esta ley? Para las familias que hoy cobran en efectivo, empiecen a construir el historial que mañana les abra las puertas del crédito que siempre se les negó.
Para las pequeñas y medianas empresas, que son la mayor parte de nuestra economía, dos cosas, que vendan más y que accedan a mejor financiamiento. Que vendan más, porque hoy buena parte del gasto de las familias, el sueldo, la pensión, la beca, la remesa que llega de lejos, ya no viaja en billetes, sino en una cuenta o una tarjeta.
El negocio que solo puede cobrar en efectivo queda fuera de ese dinero y el que acepta un pago por transferencia o por código QR lo alcanza.
La experiencia de las tienditas que ya dieron el paso es contundente. Cuando un comercio pequeño empieza a aceptar pagos digitales, vende más y maneja su negocio con menos riesgo y que accedan a mejor financiamiento, porque el registro de esas ventas se convierte en la prueba de ingresos que la banca les exigía y que nunca pudieron presentar. Financiamiento con menos trámites y menos exposición por el manejo de efectivo.
Y para las mujeres, las comunidades rurales y los pueblos indígenas y afromexicanos, que la puerta de entrada a la economía formal deje de ser una sucursal lejana y pase a ser el teléfono que ya llevan consigo.
Y para el país, una economía más formal, más conectada y más transparente se traduce en finanzas públicas más sanas, en un Estado con mayor capacidad para atender a la gente y en una competencia más justa en la que quien cumple no pierda frente a quien se esconde en el efectivo...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Merary Villegas Sánchez: Sí, presidenta. Por eso, en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor, apoyaremos esta iniciativa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque moderniza sin imponer, incluye sin dejar a nadie atrás y pone la tecnología al servicio de la gente y porque al hacerlo damos un paso firme hacia un México en el que el desarrollo digital no sea un privilegio de unos cuantos, sino un derecho al alcance de todas y todos. Por su atención, es cuanto, presidenta. Y retiro mi reserva.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. No hay materia de consulta. Tiene la palabra la diputada Leticia Farfán Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Leticia Farfán Vázquez: Con tu venia, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.
La diputada Leticia Farfán Vázquez: Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, mexicanas y mexicanos, es indudable que el gran motor de cambio es la tecnología.
México se encuentra ante un escenario global de constante movilización humana, económica y cultural. Nuestros hábitos de convivencia, relaciones personales y educación se modifican día con día aceleradamente, la forma en que realizamos muchas de nuestras actividades desde hace un par de décadas han quedado atrás gracias a la revolución tecnológica.
Entre estas actividades, la economía ha sido protagonista del cambio tecnológico. Cuántas veces nos sorprendemos de la inmediatez de las transferencias monetarias, sin recordar cuál fue la última vez que hicimos fila en una sucursal bancaria para hacer un depósito, lo cual era común hace 30 años.
Nuestro país es privilegiado y adelantado en su estructura financiera y bancaria. Sistemas como SPEI y CoDi para transferencias inmediatas desarrolladas por el Banco de México es una prueba cotidiana de ello, las personas físicas pequeños y medianos comercios pueden recibir pagos fiables y seguros en cuestión de cuatro o cinco segundos.
Nadie puede dudar de esta maravilla, con este antecedente el Ejecutivo federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del trabajo impecable de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, envió una iniciativa para crear la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
En síntesis, se trata de dar un paso hacia delante en la modernización de nuestra economía, para promover la adopción e implementación de pagos digitales de forma universal. Toda innovación implica dejar atrás una arraigada mentalidad anacrónica que entorpece el desarrollo económico de nuestras familias.
Siempre hay excusas para no modernizarse, para no avanzar. Sin embargo, invitamos a todas las fuerzas políticas de esta honorable Cámara para que reflexionemos sobre las grandes ventajas de la nueva ley sin pretextos mezquinos ni revanchismos políticos.
Con la adopción de la economía digital se garantizará la inclusión financiera de la población mexicana históricamente relegada. Con el esfuerzo de los últimos años de la cuarta transformación, a nivel federal y local, para implementar la conectividad universal del acceso a internet, todas las personas podrán acceder de forma remota a productos y servicios financieros. Así será más viable que utilicen instrumentos de ahorro, crédito, financiamiento, seguros y medios de pago o cobro.
Quienes se pronuncian en contra de esta iniciativa no saben lo que es sufrir marginación económica o, si bien la han padecido, ya se les olvidó. Para ellos es fácil tomar su teléfono de alta gama y ver reflejada su quincena o las ganancias de sus negocios. Sin embargo, les preocupa el alto índice de población que no tiene una cuenta bancaria para manejar su dinero de forma segura, sin que les interesen los pequeños negocios que viven en la incertidumbre de no completar para la renta de su local.
Este voto por la Ley de Economía Digital requiere sensibilidad y reflexión, sabemos que muchas unidades económicas enfrentan dificultades para documentar sus operaciones, demostrar la regularidad de sus ingresos y así acceder al financiamiento formal.
También hay quienes aprovechando dolosamente la informalidad se aprovechan de los pagos en efectivo para varias sus precios dependiendo del cliente, defraudar al Fisco y cometer actos de corrupción. Eso también debe terminarse.
En mi estado, Michoacán, el gobierno estatal ha realizado una magnífica campaña de eliminación de efectivo para el pago de contribuciones y derechos, desterrando los añejos vicios de funcionarios corruptos, es nuestra oportunidad llevar esto a todo el país y generalizar la seguridad que implica cambiar a los pagos digitales.
Retiro mi invitación para que logremos este paso histórico. Reitero, perdón, reitero mi invitación para que logremos este paso histórico...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Leticia Farfán Vázquez: ... en la modernización de nuestro país y en la inclusión financiera de los sectores que sostienen la nación. Garcias. Retiro mi reserva.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. No hay materia de consulta. Tiene la palabra la diputada Sandra Patricia Palacios Medina, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Sandra Patricia Palacios Medina: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Antes de empezar mi discurso quiero hacer una reflexión a la derecha. Qué bárbaros, eh. ¿Qué tantas barbaridades han subido a decir? Y lo que más me causa impresión es la osadía de que digan que no quieren el código QR, cuando en las pasadas elecciones de Coahuila usaron los códigos QR para hacer y orquestar un fraude electoral. Fuimos testigos de cómo utilizaron los códigos QR en Coahuila para poder orquestar este fraude electoral, pero bueno, ahí se los dejo a su consideración.
Hoy quiero hablarle a las mujeres emprendedoras de México y a las de mi estado de Nuevo León, que con mucho orgullo represento. Y lo hago con firme convicción de que el dictamen que hoy votaremos para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos es una herramienta de justicia económica.
La propuesta que envió nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y que ha sido enriquecida con el trabajo de la comisión parte de una premisa fundamental: la transición hacia la economía digital no es opcional ni es momentánea. Es una realidad que a nivel mundial representa la mayor transformación económica del siglo XXI, con los retos que ello implica.
Les contesto también a la derecha. Claro que nuestro país ya posee una infraestructura digital, que emplean plataformas como SPEI, CoDi y Dimo. Sin embargo, las transacciones en efectivo continúan dominando el 80 % de nuestras transacciones cotidianas.
Y aunque el comercio electrónico y los servicios financieros digitales han avanzado a pasos agigantados, este crecimiento ha sido profundamente desigual para las mujeres emprendedoras. Mientras las grandes corporaciones aprovechan al máximo las ventajas de la conectividad, las plataformas y las finanzas digitales, nuestras emprendedoras se están quedando al margen de esta riqueza, aisladas financieramente y limitadas en su oportunidad de crecimiento.
El desarrollo tecnológico de una nación no puede medirse por el éxito sólo de unos cuantos, debe medirse por su capacidad de democratizar los beneficios y es especialmente ahí donde esta ley interviene para igualar las oportunidades.
Y les explico brevemente por qué, y yo lo sé porque yo soy una de ellas. Soy una mujer, a mucho orgullo, emprendedora de esta nación. Las mujeres en nuestro país emprendemos por la necesidad de aportar un recurso y apoyar en la economía de nuestros hogares, de nuestras familias.
Sin embargo, desde el inicio del emprendimiento nos enfrentamos a una triple barrera: la carga de la burocracia bancaria, los riesgos asociados por trasladar efectivo y la falta de acceso a los créditos formales. Por eso, esta ley beneficia en estos tres aspectos fundamentales.
Uno, será más fácil abrir una cuenta bancaria, la simplificación de este servicio hará que ninguna mujer que decida abrir una tienda en su colonia o vender sus productos en línea tenga que pasar semanas completando trámites burocráticos ante el banco mediante el uso del CURP digital y el Expediente Digital Ciudadano garantiza plenamente abrir una cuenta para su negocio.
Dos, se pone el alcance de toda la ciudadanía a los cobros digitales porque al generalizar el uso de códigos QR, bien utilizados, no como la derecha, y tecnología de comunicación de campo, nuestros amigos de los mercados o una tienda de abarrotes podrán recibir pagos en menos de cinco segundos. Tres, esta ley facilita el financiamiento para los pequeños negocios, para esos negocios que se mantienen con esfuerzo y que sacan adelante día a día sus ventas.
Es momento de derribar los mitos, es momento de que esta ley entendamos que no viene a eliminar de golpe las monedas, es momento de decir y de aprobar que tampoco busca crear nuevos impuestos, eso no es cierto, lo que busca es dar seguridad financiera y, sobre todo, igualdad de oportunidades para nuestros emprendedores y emprendedoras.
No me resta decir más que, compañeras y compañeros legisladores, la inclusión financiera y la inclusión digital tiene hoy rostro de mujer. Porque hoy es tiempo de mujeres también en la economía, y cuando apoyamos a una mujer emprendedora, no solo transformamos su realidad individual, estamos apoyando a toda una familia.
Apoyaremos esta iniciativa porque apoyarla significa apoyar a las mujeres emprendedoras y sus familias, es apoyar el rumbo de un México más justo en la economía digital.
Por eso decimos, a favor de esta nueva iniciativa. Es cuanto, presidenta. Retiro mi reserva.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada, no hay materia de consulta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Una vez agotada la presentación de reservas, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen.
(Votación)
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: ¿Falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto?
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: El sistema continúa abierto. Si alguna diputada o diputado falta por emitir su voto puede acceder a él.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación. Sigue abierto el sistema. Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 327 votos en pro, 122 en contra y 0 abstenciones.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Aprobado por 327 votos los artículos reservados en términos del dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: En términos del artículo 104, numeral 1 del Reglamento, se concede el uso de la palabra al diputado Carol Antonio Altamirano, para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, hasta por diez minutos.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso, presidente. A nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público vengo a esta soberanía a presentar y a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
Antes de referirme a su contenido, quiero reconocer el trabajo de las y los diputados de todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Hacienda. El buen ánimo que caracteriza a la comisión, la madurez, la sensatez y la disposición de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PT, del Verde, del PAN y de Morena, permitió escuchar, debatir y presentar propuestas que posibilitaron modificar y enriquecer la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.
El proceso de dictaminación de esta reforma fue resultado de un proceso abierto, plural y técnicamente sólido. El trabajo en la comisión fue intenso. Sostuvimos reuniones de trabajo con autoridades de la Agencia Nacional de Aduanas de México y con los sectores social y privado, tales como los agentes aduanales, especialistas y actores vinculados en el comercio exterior, quienes aportaron información especializada y propuestas en las que nos basamos para modificar y enriquecer la iniciativa, materia de este dictamen.
Es grato expresarles que este dictamen fue producto de un debate respetuoso, sustentado en evidencias, en el análisis técnico y responsabilidad institucional.
La iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo federal parte de una realidad que debemos atender: las aduanas son fundamentales para la recaudación, para el comercio exterior y para combatir prácticas que afectan los ingresos públicos y la legalidad de las operaciones.
Por eso, en el dictamen se plantea fortalecer la capacidad de la autoridad aduanera para evitar que mecanismos de valoración y procedimientos previstos en la ley puedan ser utilizados para declarar mercancías por debajo de su valor y disminuir indebidamente las contribuciones.
El planteamiento central del dictamen es preciso: fortalecer los mecanismos legales que permiten proteger el interés fiscal del Estado mexicano, combatir la evasión y cerrar espacios a conductas ilícitas que afectan las finanzas públicas, así como atacar de frente fenómenos que durante muchos años han afectado profundamente a nuestro país como lo es el contrabando de mercancías y lo que coloquialmente se ha conocido como el huachicol fiscal.
Cuando hablamos de aduanas no únicamente nos referimos al comercio exterior: se trata de ingresos públicos, de legalidad, de competencia y de seguridad nacional. Por ello, el dictamen lo que busca es fortalecer el marco jurídico y generar herramientas de control y fiscalización para mejorar el sistema aduanero mexicano.
El objetivo de la reforma y que se plantea muy claro en el dictamen es el combate frontal a la subvaluación de mercancías, misma que constituye uno de los mecanismos más utilizados para reducir artificialmente el pago de contribuciones, evadir controles y obtener ventajas indebidas en el comercio exterior. Esta práctica afecta la recaudación pública, perjudica la industria nacional y genera condiciones desleales de competencia para quienes sí cumplen con sus obligaciones fiscales y aduanales.
Se propone fortalecer las facultades de comprobación de la autoridad cuando el valor declarado en un pedimento sea inferior al valor de transacciones de mercancías idénticas o similares determinado conforme a la ley. En este caso, las autoridades aduaneras podrán iniciar de oficio sus facultades de comprobación.
La finalidad es concreta: que una diferencia en el valor declarado pueda ser revisada por la autoridad, mediante criterios y procedimientos establecidos en la propia legislación, protegiendo el interés fiscal y evitando que la subvaluación se convierta en una vía para disminuir indebidamente las contribuciones.
Se propone eliminar el umbral del 50 % que actualmente limita la actuación de la autoridad aduanera en diversos supuestos. La información presentada a esta comisión evidenció que miles de operaciones, potencialmente irregulares, quedaban fuera de revisión por observar ese porcentaje específico, aún cuando existieran diferencias relevantes de valoración.
Asimismo, se actualizan las disposiciones relacionadas con el embargo precautorio, la sustitución de garantías y la liberación de depósitos, fortaleciendo la capacidad institucional para proteger el interés fiscal sin apartarse de los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso.
Se plantea fortalecer las facultades de fiscalización de la autoridad sin afectar los mecanismos de defensa del particular ni permitir que una mercancía permanezca indefinidamente afectada cuando se desvirtúen las causas que dieron origen al procedimiento de embargo.
Gracias al debate respetuoso que tuvimos al interior de la comisión, durante el proceso de dictaminación realizamos una revisión exhaustiva de los alcances de la iniciativa y concluimos que era necesario fortalecer algunos de sus componentes para responder de mejor manera a los desafíos que enfrenta el país en materia de control aduanero y combate a la ilegalidad.
Por ello, en la Comisión de Hacienda hicimos modificaciones para perfeccionar la iniciativa del Ejecutivo Federal, la primera de ellas incorpora un régimen sancionatorio reforzado para los casos relacionados con hidrocarburos y petrolíferos, estableciendo multas equivalentes de entre el 50 y el 100 % del valor comercial de las mercancías cuando se actualicen determinadas infracciones aduaneras vinculadas con ese tipo de producto.
Lo hicimos, porque los hidrocarburos y petrolíferos son mercancías estratégicas para la economía nacional. La propia comisión identificó que ese tipo de mercancías ha sido utilizado de manera recurrente en esquemas asociados al contrabando y al huachicol fiscal, conductas que generan graves afectaciones a la hacienda pública y a los mecanismos de control del Estado mexicano.
Por ello, consideramos indispensable enviar una señal clara, quien utilice operaciones aduaneras para facilitar esquemas ilícitos relacionados con combustibles, deberá enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad del daño que ocasiona al país.
Es importante destacar que esta modificación contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Otra modificación importante que hicimos en la Comisión de Hacienda está orientada a fortalecer la implementación de la reforma, a través de un régimen transitorio se faculta a las autoridades aduaneras para emitir las disposiciones necesarias que permitan aplicar nuevos mecanismos de control bajo criterio técnicos, objetivos y sustentado en análisis de riesgo.
De esta disposición fortalece un modelo de fiscalización inteligente, un modelo que concentra capacidades institucionales en las operaciones de mayor riesgo que mejora la eficiencia de la supervisión y que dirige los esfuerzos de la autoridad hacia los sectores y mercancías, donde existe una mayor probabilidad de subvaluación, evasión o contrabando.
Lo que se busca es generar revisiones indiscriminadas, se pretende dotar al Estado de herramientas más eficaces para identificar conductas ilícitas, proteger del interés fiscal y fortalecer la legalidad en el comercio exterior.
Diputada y diputados, las aduanas constituyen una de las principales líneas de defensa económica del país. Ahí se protege la recaudación pública, ahí se protege a la industria nacional, ahí se protege la competencia leal y ahí también se combate una parte importante de las redes que buscan obtener beneficios mediante la subvaluación, el contrabando, la evasión y el huachicol fiscal.
Hoy esta soberanía tiene la oportunidad de fortalecer al Estado mexicano sin crear nuevos impuestos, sin afectar a quienes cumplen con la ley y sin obstaculizar el comercio legítimo. Vamos a votar una reforma que protege a las finanzas públicas, que protege a la planta productiva nacional, que protege y fortalece la legalidad. Por estas razones le solicito respetuosamente su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado Carol.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se otorgará el uso de la palabra a los grupos parlamentarios para fijar su postura hasta por cinco minutos en orden creciente. Iniciamos con la diputada Patricia Flores Elizondo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Patricia Flores Elizondo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, combatir la evasión en las aduanas es necesario y en eso todos estamos de acuerdo, pero este dictamen no resuelve el problema grave. Lo que hace es darle más poder a la autoridad sin ponerle reglas y quien paga las consecuencias es el importador que sí cumple.
Empiezo por lo que sí votamos a favor en la comisión. En la comisión se aceptó una reserva que no venía en la iniciativa. Una multa del 50 % al 100 % del valor comercial cuando se trate de hidrocarburos y petrolíferos.
Movimiento Ciudadano votó a favor; pero seamos claros, esta medida para contrarrestar el huachicol fiscal es insuficiente. El huachicol fiscal es un robo organizado que se hace con permisos, facturas falsas, agentes aduanales y empresas de papel. Se trae diésel disfrazado de aditivos y no se pagan IVA ni IEPS.
Cientos de miles de millones de pesos robados en los últimos años. Ese dinero pudo comprar medicinas para hospitales sin abasto y pudo reforzar la seguridad de nuestras calles. En cambio, se fue al bolsillo de las redes que parecieran tienen la protección del Estado.
Se los aseguro, una multa mayor no sirve si no se desmantelan las redes corruptas. Una multa no sustituye a una investigación. Y hay que decir algo que incomoda, el huachicol fiscal nació cuando se abrió la puerta a la importación de combustibles y se dieron decenas de permisos privados. Se multiplicó con la corrupción y la omisión de quienes debieron en su momento vigilar.
¿Por qué entonces votamos en contra del dictamen? Por cuatro razones. Primera, se elimina por completo el límite del 50 % para embargar mercancías. Cualquier diferencia de precio, aunque sea pequeña, basta para retener la carga. Pero un precio menor no siempre es un fraude.
Un importador puede pagar menos por una compra grande, por una liquidación o por un acuerdo con su proveedor. Si una empresa compra un lote con 25 % de descuento, hoy no pasa nada y con esta reforma puede quedar bajo presunción de infracción.
Segundo. Se baja la presunción de infracción del 50 % al 20% y se elimina la excepción de la garantía del 86-A. Para liberar su mercancía, el importador tendrá que depositar dinero en efectivo, aunque después demuestre que tenía razón, ya perdió tiempo, ya pagó almacenaje y ya se le atrasó la cadena de suministros. ¿Una pequeña empresa aguanta eso? No, no lo aguanta. ¿Una gran red criminal? Por supuesto que sí.
Tercera. El segundo transitorio le deja a la autoridad aduanera decidir, por disposiciones administrativas, el porcentaje que activará el embargo. Es decir, hoy este Congreso quitará el límite de la ley y luego dejará que la propia autoridad decida cuál será. Nos están pidiendo un cheque en blanco. Ya lo dijimos en el dictamen de pagos digitales y lo repetimos aquí, lo que importa debe quedar escrito en la ley, no en una circular.
Y cuarta. Los datos con los que se justifica la reforma no están a la altura. La Asociación de Aduanas de México habla de 2 mil 541 operaciones con un valor comercial de mil 586 millones de pesos en año y medio. Con eso, no se justifica tanto poder cuando el huachicol fiscal se estima en cientos de miles de millones. Parece que se apunta al importador que sí aparece en el sistema y no a la red que lo evade con permisos.
Concluyo. Combatir la subvaluación, por supuesto que sí, pero con criterios claros, con pruebas y con reglas que no dependan de lo que un funcionario considere correcto. Y combatir el huachicol fiscal de verdad significa investigar, sancionar a las redes y a los funcionarios que las protegieron, a quienes diseñaron el esquema de corrupción más grande del país.
No queremos solo multas que los corruptos fácilmente pueden pagar, lo que exigimos son resultados. Por eso, a favor de la reserva sobre hidrocarburos, pero en contra de este dictamen. Muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada Flores.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Christian Castro Bello del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos
El diputado Christian Mishel Castro Bello: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fijamos nuestra posición en contra de este dictamen de reforma a la Ley Aduanera.
Y quiero comenzar dejando algo muy claro. En el PRI estamos en contra del huachicol, del contrabando, de la subvaluación y de cualquier red que utilice nuestras aduanas para defraudar al estado mexicano.
Queremos que quien viole deliberadamente la ley sea investigado y sancionado. Queremos proteger a los productores mexicanos frente a prácticas desleales, y queremos más aduanas, más eficientes y más seguras.
El problema, entonces, no está en el objetivo de la reforma, está en los instrumentos que proponen para alcanzarla. Esta reforma amplía las facultades de la autoridad aduanera, pero no fortalece en la misma medida los límites y controles sobre su actuación.
Un ejemplo es el embargo precautorio. La propuesta elimina parámetros que hoy sirven para acotar cuándo puede detenerse una mercancía. Eso significa que una diferencia de valoración o una irregularidad, que todavía pueda aclararse, podría terminar paralizando una operación completa.
Y una medida preventiva no debe convertirse en una sanción anticipada, porque mientras se resuelve el procedimiento, las mercancías quedan detenidas, los costos aumentan y las empresas siguen teniendo que pagar salarios, proveedores y compromisos.
Para una pequeña o mediana empresa, unos días de incertidumbre puede significar perder un contrato, detener su producción o poner empleos en riesgo.
Pongámoslo de una manera más sencilla: ¿Qué sucede si una pequeña empresa importa una pieza indispensable para mantener su funcionamiento de su maquinaria y su mercancía queda detenida durante semanas por una diferencia de valoración? Se detiene su producción, se incumplen sus contratos, se pierden clientes y se pone en riesgo miles de empleos.
Una gran corporación puede soportar meses de litigio. ¿Una pequeña empresa mexicana? Muchas veces no. La ley debe ser dura para quien engaña al estado, pero no puede ser injusta con quien intenta cumplir. También nos preocupa la proporcionalidad de las sanciones.
No podemos dar el mismo trato a una red organizada de contrabando que a una empresa formal que enfrente una regularidad administrativa susceptible de aclararse. No toda irregularidad es delincuencia, y no todo contribuyente sujeto a revisión es un delincuente.
Además, esta reforma puede generar costos que terminarán pagando las familias mexicanas. Cada día que una mercancía permanece detenida, genera almacenaje, demoras, transporte y financiamiento, y estos costos incorporándose al precio final. Por eso hoy hablamos también de los consumidores, de los productores, de los comerciantes y de los trabajadores. La protección de la industria nacional no puede convertirse por una mala instrumentación en un impuesto indirecto para las familias mexicanas.
Existe además una deficiencia importante: el dictamen no presenta una evaluación integral sobre los efectos para empresas, cadenas de suministro, empleo y competitividad. Y proteger a la industria mexicana requiere mucho más que endurecer controles aduaneros. Requiere financiamiento, energía competitiva, carreteras, puertos, seguridad, innovación y simplificación. No existe una política industrial seria, construida solamente desde una garita aduanera.
Y sí, también hay que hablar del huachicol fiscal, pero combatirlo de verdad significa identificar quién importa, quién transporta, quién almacena, quién factura y, sobre todo, quién se queda con el dinero.
Queremos castigo para quien trafica con combustible ilegal, pero también certeza para el transportista que trabaja legalmente, para la empresa que paga impuestos, para el productor y para el pequeño comerciante.
Compañeras y compañeros, nuestra posición no es una defensa del contrabandista, es una defensa de la legalidad bien aplicada. Combatir el contrabando sí, combatir el huachicol sí, fortalecer las aduanas sí; pero con reglas claras, proporcionalidad, debido a proceso, tecnología y controles sobre la autoridad porque México no tiene que escoger entre combatir la ilegalidad y proteger a quien trabaja dentro de la ley. Podemos hacer las dos cosas.
Mano firme contra los delincuentes, certeza jurídica para quien cumple y reglas justas para quien trabaja. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del PRI votará en contra del presente dictamen. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado Castro.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Antonio López Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.
El diputado José Luis López Ruiz: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, vengo a esta tribuna a fijar nuestra postura a favor de este dictamen.
Para nosotros es importante señalar que nos sentimos orgullosos de la conducción que se dio en la Comisión de Hacienda, y quiero felicitar a mi compañero Carol, presidente de esta comisión, por su excelente conducción.
Quiero explicar el objetivo de esta reforma de manera muy sencilla. Si una mercancía vale 100 pesos, no puede entrar a nuestro territorio declarando que vale 50, solamente para pagar menos impuestos, porque lo que busca esta reforma es combatir la subvaluación, porque esto no solo le hace daño al erario público en términos de los impuestos, sino también es una competencia desleal para los empresarios, para los productores, para los comerciantes.
¿Ustedes ven aquí agentes aduanales manifestándose en contra de esta reforma? No. ¿Ustedes ven aquí empresarios manifestándose en contra de esta reforma? No. ¿Y saben por qué? Porque el que nada debe, nada teme, porque quien declara artificialmente un precio menor no solamente deja de pagar impuestos.
Y, simplemente, lo que queremos es la modificación del artículo 144, que cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de las mercancías idénticas o similares, determinado conforme a los métodos establecidos con la Ley Aduanera, es cuando la autoridad hace un procedimiento de solo comprobación.
No entiendo por qué aquí quieren satanizar esto. Nosotros queríamos una aduana más responsable. Por eso, en la comisión, los compañeros de distintas fuerzas parlamentarias votamos sobre todo el endurecimiento en el tema de los hidrocarburos.
El huachicol fiscal nos ha hecho mucho daño y lo sabemos y lo reconocemos. Por eso lo estamos atendiendo y por eso estamos endureciendo que quien trate de, sobre todo, ingresar al país hidrocarburos va a tener multas del 50 al 100 %.
Desde el Partido del Trabajo lo decimos con claridad, no se trata de cobrarle más al que ya cumple, se trata de que todos paguen lo que legalmente les corresponde. Esta reforma no crea nuevos impuestos, fortalece los mecanismos para verificar que las contribuciones y las cuotas compensatorias se determinen conforme a los valores establecidos en la ley, porque combatir la subvaluación es evitar que quien manipula el valor de sus importaciones obtenga una ventaja artificial frente a quien produce, invierte, genera empleos y cumple con sus obligaciones en nuestro país.
Por eso este dictamen tiene tres propósitos muy claros: fortalecer las aduanas, proteger el interés fiscal y generar condiciones de competencia más equitativas. Queremos aduanas modernas y eficientes, pero también autoridades sujetas a la ley, a procedimientos claros y a métodos objetivos de evaluación.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen y ojalá y que nos hagan esto más corto. La gente lo necesita, la gente lo quiere y sobre todo no veo por qué suban a posicionar cosas que no tienen caso.
Porque esto está muy claro, porque combatir las subvaluaciones es defender a quienes sí cumplen porque recaudar mejor no significa necesariamente crear más impuestos, también significa crear espacios que enfrenten la evasión y garantizar que cada quien contribuye conforme a la ley. Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto. Muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Pedroza Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por cinco minutos.
El diputado Héctor Pedroza Jiménez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, hablar de aduanas puede parecer muy lejano a la vida cotidiana de las familias mexicanas, pero lo que ocurre en ellas termina teniendo consecuencias para todos. Cuando una mercancía entra legalmente al país, debe declararse cuánto vale y pagar la contribución que corresponda.
El problema surge cuando una mercancía se declara por debajo de su valor para pagar menos de lo debido. Eso puede significar menos recursos públicos y también una competencia injusta para las empresas y productores que cumplen con la ley, eso es lo que busca esta reforma.
Actualmente para que una diferencia de valor pueda dar lugar a un embargo precautorio el valor declarado debe de ser al menos el 50 % inferior al de la mercancía idéntica o similar. Esta reforma elimina ese límite para fortalecer la capacidad de la autoridad de detectar y revisar posibles casos de subvaluación.
Pero esto ha generado una preocupación comprensible, ¿significa que cualquier diferencia de valor hará una mercancía sea embargada o que el importador sea considerado automáticamente infractor? La respuesta, no. Aquí es importante explicar la diferencia.
Detectar una diferencia permite revisar. Revisar no significa sancionar y tampoco significa que se haya demostrado una irregularidad.
El propio dictamen reconoce expresamente que una diferencia de valor no constituye por sí misma una irregularidad definitiva. El embargo precautorio tampoco es una sanción, es una medida preventiva que permite retener temporalmente la mercancía mientras se aclara la operación. Además, durante el proceso legislativo se incorporó un cambio importante para aplicar una nueva causal de embargo, las autoridades aduaneras deberán emitir reglas que determinen las mercancías y el procedimiento aplicable. Estas reglas deberán publicarse antes que entre la reforma en vigor del primero de enero del 2027.
Lo acredita, no se le impondrán sanciones y la mercancía deberá ser devuelta. Fortalecer los controles no significa presumir que todos incumplen, significa tener mejores herramientas para investigar cuánto existe, señalar de una posible irregularidad.
Y hay otros cambios que merecen especial atención. Durante la discusión legislativa se incorporó además una medida específica para hidrocarburos y petrolíferos. Cuando se incumplan determinadas obligaciones se presentará información y documentación aduanera a esta contendrá datos falsos o inexactos. La multa podrá ser del 50 % al 100% del valor comercial de la mercancía.
Con ello, se fortalecen los controles frente a las irregularidades aduaneras relacionadas con combustibles. Un ámbito especialmente relevante por su impacto económico y fiscal. No estamos hablando de crear nuevos delitos ni destituir la persecución penal. Estamos hablando de hacer más severa las consecuencias económicas, de determinar infracciones aduaneras cuando involucren hidrocarburos y petrolíferos.
Compañeras y compañeros, México necesita aduanas que faciliten la actividad comercial de quienes cumplen, pero también que existan herramientas eficaces para enfrentar la subdevaluación, el contrabando, la ración de controles, porque detrás de una operación irregular no solo hay números en un pedimento, sino que puede haber recursos públicos que dejan de recibirse, y empresas mexicanas que no compiten en condiciones iguales.
México no tiene que elegir aduanas ágiles y aduanas firmes, necesita ambas aduanas que faciliten el comercio legal y que protejan los recursos públicos y de la competencia justa. Que cumplir sea más sencillo y que hacer trampa deje de ser negocio.
Por esas razones, el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: Con su permiso, presidente. Hace aproximadamente un año estuvimos debatiendo aquí en esta tribuna los cambios a la ley aduanera, y les dijimos perfectamente que esos cambios a la Ley Aduanera iban a tener efectos negativos para nuestra economía mexicana y para las operaciones que se realizan desde las aduanas.
Y, bueno, la verdad es que tenemos que decirles que sí, que ya hay datos que recalcan los efectos negativos de la reforma aduanera. Fíjense nada más lo que recauda la Agencia Nacional de Aduanas. En el caso del IVA, al corte de junio de 2026 recaudó 650 mil millones de pesos.
En ese mismo periodo había recaudado en el año 2025, 711 mil millones de pesos. Esto quiere decir que recaudó 54 mil millones de pesos menos en IVA.
Ahora vamos al IEPS. En el año 2026 lleva recaudado hasta junio 444 mil millones de pesos. Bueno, en el año 2025 había recaudado 499 mil millones de pesos. Esto quiere decir que recaudaron otra vez menos, 7 mil 182 millones de pesos se quedaron abajo.
Y vamos con el Impuesto General de Importación, el famoso IGI. Se han recaudado 90 mil millones de pesos, pero se quedaron abajo de la meta, que era de recaudación de 120 mil, según las proyecciones de la Secretaría de Hacienda. Es decir, que, por estos aranceles, por el IGI, han recaudado 30 mil millones de pesos menos.
Lo que quiero decirles es que, con estas reformas, la recaudación de la hacienda mexicana va a volver a tener problemas. Esta Ley Aduanera castiga a los productores, castiga a los importadores y a las empresas dedicadas al comercio exterior.
Eleva los costos de la cadena logística retrasa y ralentiza operaciones de despacho de importaciones; y lo más grave de todo es que utiliza una figura muy agresiva, que es el embargo precautorio para prácticamente criminalizar a todas las empresas importadoras de nuestro país, bajando el umbral del 50 al 20 %.
Lo que no tienen idea es el número de operaciones que se viven día a día en las aduanas mexicanas, y esto sin duda va a traer una relentalización de este tema. El embargo precautorio va a detener la producción, rompe la cadena productiva, habrá costos elevados y retraso en entregas de cumplimiento.
Se deja ver, entonces, se deja de ver, porque aquí un diputado vino a decir que no pasaba nada, pero lo que no se dan cuenta es que muchos importadores negocian por precios de volumen, negocian descuentos con productores y fabricantes, negocian condiciones comerciales, negocian condiciones de compra y también se tiene que ver el origen y la calidad de los productos.
Se prejuzga prácticamente como sospechosos a todos los importadores. Y habíamos dicho que la propuesta más idónea era superar y distinguir los sectores vulnerables. Si el gobierno mexicano tiene identificados los sectores vulnerables como son textil y calzado, debería de circunscribirse únicamente a esas materias y no abrir esta reforma hacia todas las actividades del comercio exterior.
También se está utilizando de manera agresiva la figura del depósito en efectivo para liberar las garantías con embargo precautorio. Eso va a traer, sin duda, que las empresas pierdan su liquidez y su manejo de caja de flujo.
Se manejó una reserva que se aprobó en la comisión, en donde, por cierto, el diputado Döring trató de mejorar la propuesta que hizo el presidente de la comisión, según ustedes, para luchar contra el huachicol, pero lo único que hicieron fue otorgarle beneficios a las empresas huachicoleras, a los operadores del huachicol en nuestro país, para que pudieran estar pagando multas de entre un 50 al 100 %.
Imagínense nada más. ¿Ustedes creen que los huachicoleros no tienen la capacidad de llevar a cabo el pago de esas multas? Me parece que no es el camino.
Lo que hemos nosotros descrito es que queremos que se castigue a toda la línea criminal del huachicol en nuestro país con pena corporativa. Que vaya desde el tráfico de influencias que llevó a cabo el hijo del expresidente López Obrador, Andy López Beltrán, también contra su operador principal, que fue Amílcar Olán en el contrabando de combustibles, también contra todos los funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas que han permitido el contrabando de combustibles en nuestro país...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputado.
El diputado Héctor Saul Téllez Hernández: ...y no solamente que existan multas, sino que exista cárcel, cárcel para todos aquellos que traficaron a través de barcos que entraron por las aduanas mexicanas.
Esos barcos que no quisieron ver los combustibles y el contrabando no entran por el aire, entran por las aduanas mexicanas, entran por las redes de corrupción enquistadas en Morena y en este gobierno, que perfeccionaron los hijos del presidente López Obrador y sus operadores del clan del malestar.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene el uso de la palabra la diputada Gabriela Jiménez Godoy, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Gabriela Jiménez Godoy: Con su venia, Presidencia. Diputadas y diputados, desde Morena sostenemos que la transformación del país también pasa por la transformación profunda de nuestras aduanas, porque un Estado al servicio del pueblo tiene la obligación patriótica de proteger los recursos de la nación, defender nuestra economía y hacer valer la ley frente a quienes pretenden enriquecerse a costa de México.
Combatir la corrupción no es un discurso, es una responsabilidad del Estado y un deber moral con el pueblo. Quien evade sus obligaciones fiscales, no solamente defrauda el fisco, roba oportunidades, debilita los servicios públicos y castiga a quienes trabajan, producen y cumplen con la ley.
El contrabando y el huachicol fiscal no son simples irregularidades administrativas ni faltas menores, son mecanismos organizados de saqueo que le roban ingresos a la nación, destruyen la competencia, golpean a las empresas que cumplen y financian redes de corrupción.
Cada cargamento que entra ilegalmente, cada impuesto que se evade, cada documento que se falsifica, representa menos recursos para la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de las familias mexicanas. Detrás de esas prácticas hay intereses que buscaron convertir las aduanas en puertas de entrada para el fraude y el enriquecimiento ilícito.
Por eso, decirlo con toda claridad, el huachicol fiscal debe enfrentarse con inteligencia, con coordinación institucional y con todo el peso de la ley. Se acabaron los privilegios, se acabó la protección para quienes defraudan al pueblo mexicano. El poder económico, las influencias y las redes de corrupción jamás deben de convertirse en un permiso para robarla a México.
La ley debe aplicarse con firmeza y sin excepciones. Por eso, esta reforma tiene un profundo sentido de justicia fiscal y de defensa de la soberanía nacional. Las y los trabajadores, los pequeños negocios, las empresas que cumplen merecen instituciones aduaneras fuertes, honestas, eficaces, capaces de cerrar el paso al contrabando, combatir el huachicol fiscal y protegerlos frente a la competencia desleal.
Cumplir con la ley debe ser la base de nuestra economía. Quien produce, invierte y trabaja honestamente debe de tener la certeza de que el Estado lo respaldará y quien defrauda, contrabandea o participa en redes de corrupción debe enfrentar las consecuencias.
Esta reforma también fortalece la capacidad del Estado para prevenir, detectar y sancionar las conductas que dañan las finanzas públicas. No se trata de obstaculizar el comercio ni de imponer cargas injustas. Se trata de garantizar que el comercio exterior se realice con legalidad, transparencia y responsabilidad. Se trata de proteger a quienes cumplen y de cerrar los espacios que durante años fueron aprovechados por quienes hicieron del fraude un negocio.
Con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Morena, respaldamos un Estado firme, honesto y soberano que defienda los intereses del pueblo y combata de frente a la corrupción. Esta reforma representa un paso decidido para fortalecer nuestras aduanas, proteger los ingresos públicos y cerrar las puertas al saqueo de la nación. México no está en venta, sus recursos no son un botín para unos cuantos. La transformación significa que el dinero público se quede al servicio del pueblo y que la ley se cumpla para todas y para todos.
Hoy votamos por aduanas más fuertes, por una economía más justa y por un Estado que no se arrodilla ante los intereses particulares. Quiero decir y hacer un reconocimiento a los agentes aduanales de CAAAREM por respaldar esta reforma y también al presidente de la Comisión de Hacienda, al diputado Carol Altamirano, por su excelente conducción.
Hoy, votamos para que nadie vuelva a utilizar las fronteras de México como una rota de impunidad. Hoy votamos para que cada peso que corresponda a la nación llegue a donde debe llegar, a las escuelas, a los hospitales, a la seguridad y al bienestar de nuestro pueblo.
Desde esta tribuna lo decimos con firmeza, en México se acabó la época de hacer negocios con el fraude, comprar silencios y de convertir corrupción en privilegio. Quien le robe al pueblo enfrentará la ley y quien cumpla encontrará en el Estado un aliado. Y la oposición que dice que quiere combatir el huachicol fiscal los invitamos a votar a favor de este dictamen.
Por la defensa de la soberanía, por la justicia fiscal, por el bienestar de las familias mexicanas, el Grupo Parlamentario de Morena vota a favor de este dictamen en sus términos.
Y que quede claro, las aduanas son de México, los recursos son del pueblo y la ley se aplica sin excepciones. Por la defensa de la soberanía nacional, Viva. Por la defensa de la economía nacional. Viva. Por el combate al huachicol fiscal. Viva. Por la transparencia, la legalidad y la justicia tributaria. Viva. Y por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Es cuanto. Muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Está a discusión en lo general. Se otorgará el uso de la palabra a las diputadas y diputados hasta por cinco minutos para hablar en contra y a favor. Iniciamos con la diputada Eva María Vázquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para posicionar en contra hasta por cinco minutos.
La diputada Eva María Vázquez Hernández: Voy a explicar esto con palitos y bolitas, a ver si así le entienden un poco.
Vamos a empezar por algo que es mucho muy sencillo: la subvaluación. Imaginen todos ustedes que compran algo en 100 pesos, pero cuando llegan a la aduana dicen que les costó 50. ¿Qué pasa? Que sobre esos 50 pesos van a calcular los impuestos y terminan pagando menos de lo que corresponde.
Eso es subvaluar. Y cuando se hace deliberadamente para evadir impuestos o competir de manera desleal, claro que debe perseguirse y sancionarse. En eso estamos completamente de acuerdo.
Lo que no podemos aceptar es que, para perseguir al que hace trampa, se ponga bajo sospecha al que sí cumple porque el problema justamente de este dictamen está precisamente en cómo pretende hacerlo.
La propuesta reduce del 50 al 20 % el margen de diferencia en el valor declarado frente a mercancías idénticas o similares para presumir una infracción. Dicho en términos sencillos, antes había un margen y ahora lo hacen mucho más pequeño, de manera que una diferencia en el valor declarado puede llevar con mucha mayor facilidad a que una mercancía sea detenida.
Y aquí es donde tenemos que hacer una pausa porque una diferencia de precio no necesariamente va a significar un fraude. No puede ser así. Puede haber diferencias por volumen, por condiciones comerciales. por características del producto, proveedores, mercados o circunstancias particulares de una operación.
Y cuando hablamos de una aduana, y vaya que en Baja California sabemos de eso, esto no es un juego de escritorio. Un embargo precautorio significa mercancía detenida, dinero inmovilizado, proveedores esperando, contratos que se retrasan y, en muchos casos, hay que decirlo con todas sus letras, empresas que tienen que seguir pagando nóminas, aunque su mercancía esté detenida.
En Baja California, les digo, sabemos perfectamente de qué se trata, porque se trata de una frontera que funciona y que debe funcionar bien; no que funcione bien, que debe funcionar bien y que también sabemos qué pasa cuando una operación de esta naturaleza se atora. Detrás de cada caja detenida hay una empresa, detrás de cada empresa hay trabajadores y detrás de cada trabajador pues definitivamente hay una familia.
Por eso nosotros no estamos diciendo que se deje pasar al que defrauda, estamos diciendo exactamente lo contrario: persigan al que defrauda, pero denle certeza al que cumple. No podemos construir un sistema en el que primero se detenga la mercancía y después la empresa tenga que demostrar que no hizo nada malo.
Y si vamos a endurecer las reglas, también tenemos que hacerlas claras, objetivas y capaces de distinguir entre el fraude y una operación legítima. Y aquí es donde regreso a algo que me parece todavía más grave: hace unos días nos sentamos en la Comisión de Hacienda con servidores públicos, con empresarios, con especialistas que conocen las aduanas.
Los escuchamos, ellos hicieron planteamientos, preguntas, nos manifestaron sus preocupaciones, presentaron alternativas y ¿saben qué pasó? Nada, absolutamente no se le movió una coma ese dictamen. Entonces, ¿para qué hacemos esas mesas de trabajo?
Porque escuchar no es poner una silla para que alguien la ocupe y se manifieste, escuchar es tener la humildad de reconocer que quizá el legislador no tiene todas las respuestas y que una propuesta todavía puede mejorarse, por supuesto.
Y hablando de cosas que sí deberían castigarse con toda la fuerza de la ley, hablemos del huachicol. En esta Comisión de Hacienda se incorpora una reserva para establecer multas relacionadas con el huachicol, y, por supuesto, nosotros estamos de acuerdo en que quien participe en estas prácticas tiene que pagar las consecuencias.
Pero Acción Nacional propuso algo todavía mucho más contundente, que una empresa que participe en huachicol no simplemente tenga que pagar una multa y después pueda seguir operando como si nada, sino que sea inhabilitada de por vida, además de enfrentar las consecuencias de carácter penal que esto correspondan.
Porque, si alguien utiliza una empresa para robar, para defraudar y para hacer negocio, pues no puedes salir con una multa solamente bajo el brazo y regresar mañana a hacer exactamente lo mismo.
Pero, para sorpresa de nadie, ustedes, los de Morena, tampoco quisieron acompañar esa propuesta. Pensando mal, ya uno puede deducir que no quisieron porque quieren encubrirse entre ustedes mismos.
Y hablando de encubrir, desde esta tribuna quiero decirlo con absoluta claridad, en Baja California no vamos a permitir que Morena pretenda tapar lo que tiene que investigarse, porque mientras aquí discutimos cómo castigar a quien evade impuestos, en nuestro estado existen señalamientos gravísimos en contra de la gobernadora Marina del Pilar, y parece ser que ahí sí no quieren combatir a los delincuentes.
Ahí está el caso de Vida Orgánica Tijuana, empresa vinculada con la gobernadora Marina del Pilar y que fue incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en las sanciones anunciadas contra personas y empresas señaladas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Por eso, ayer presentamos una denuncia ante la fiscalía general de la República por delincuencia organizada, lavado de dinero, corrupción y traición a la patria contra Marina del Pilar, porque también están los antecedentes de la revocación de visa, los audios difundidos y reconocidos por ella y los señalamientos sobre intercambio de información sensible con autoridades de los Estados Unidos. Todo esto merece una investigación y no que la protejan por ser parte de Morena.
Así que hoy, desde esta tribuna, se lo digo a Morena, si de verdad quieren combatir la ilegalidad, empiecen por no proteger delincuentes, ni al pequeño defraudador o al gran empresario, ni al funcionario o a la gobernadora de Baja California. Es cuanto, presidente.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Claudia Rivera Vivanco, hasta por cinco minutos.
La diputad Claudia Rivera Vivanco: Con el permiso de la Mesa. Compañeras, compañeros, pueblo de México, ¿por qué sí a esta Ley Aduanera? Aquí les enlisto algunas de las razones del por qué sí. Primero, porque en la cuarta transformación estamos comprometidas, comprometidos con la cero tolerancia a la corrupción y elevación fiscal.
Segundo, porque confiamos en que es posible aumentar la recaudación fiscal sin necesidad de aumentar los impuestos, como se ha demostrado hasta ahora.
Tercero, porque México es un país competitivo y de puertas abiertas. Por lo mismo, es un país con la gran responsabilidad de proteger a sus productoras, a sus productores y comerciantes nacionales. Así lo ha hecho y así lo continuará realizando.
Así es que, compañeras y compañeros, se acabaron las trampas fiscales en las aduanas de México. Con esta iniciativa que presenta nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, hoy le ponemos un alto rotundo a la subvaluación de mercancías, a la competencia desleal, al saqueo fiscal. Con esta reforma que se presenta se le cierra la puerta a prácticas desleales, donde, fíjense nada más lo que ocurría y que no es secreto, había productores, empresarios que declaraban mercancías a precios ridículamente bajos para no pagar lo justo.
Eso aquí y en cualquier parte del mundo no se le puede llamar comercio, eso se le llama fraude. Por eso desde la Comisión de Hacienda, durante las diferentes mesas de trabajo que tuvimos con funcionarios, con empresarias, empresarios, representantes de los sectores económicos, así como de las diferentes bancadas, coincidimos en varias cosas.
Coincidimos en que queremos que le vaya bien a México. Coincidimos en que queremos más recursos y que estos se inviertan en bienestar y prosperidad para el país. Entonces, me extraña que ahora se estén retractando, aún cuando quedaron solventadas muchas de sus dudas e incluso aún cuando quedaron integradas y aclaradas varias observaciones que hicieron.
Por ejemplo, que esta reforma le da a las autoridades aduaneras las herramientas para actuar con justicia y objetividad, cero solapamiento, tecnología contra la corrupción, mediante revisiones automáticas de oficio, nada de que a ojo de buen cubero, de oficio y se acaba el margen de extorsión y entra la automatización. Garantía y protección al honesto. El que nada bebe, nada teme.
Esta iniciativa no toca ni modifica en lo absoluto las importaciones temporales. Las cadenas globales de valor, como la industria de autopartes y vehículos, seguirán operando bajo el programa IMMEX a cargo de la Secretaría de Economía.
Entonces, compañeras, compañeros, ciudadanas, ciudadanos, ¿saben en qué más coincidimos durante las diferentes reuniones, aunque muchos no lo reconozcan públicamente? Coincidimos en que la estrategia de nuestra presidenta de la República en el combate a la corrupción y la evasión fiscal ya funciona, es eficiente y será mucho mejor en el corto y en el mediano plazo.
Además, como diría el doctor Samuel Ortiz, una vez aprobada esta Ley Aduanera, debemos ir pensando, compañeras y compañeras, en los siguientes pasos, en las siguientes reformas, como la creación de un programa nacional de desarrollo de proveedores, como la posibilidad del condicionamiento de incentivos fiscales y aduaneros, que las extensiones aduaneras deben estar sujetas a que las empresas demuestren actividad de investigación, de capacitación, de desarrollo, de localización, de proveeduría nacional.
Queremos que toda esta inversión pública que motiva al sector privado verdaderamente invierta en el talento nacional. Que la renta extraordinaria aduanera proyectada por los nuevos aranceles sea etiquetada de manera exclusiva para capitalizar la estrategia industrial del país.
Compañeras, compañeros, debemos lograr que esta Ley Aduanera pronto pueda evolucionar, de ser una herramienta recaudatoria y de control a convertirse en una verdadera palanca de política industrial que contribuya a elevar los encadenamientos productivos y las metas que están contenidas en el Plan México.
Esta estrategia, que además tiene un amplio reconocimiento a nivel mundial por este bienestar compartido. Que se oiga fuerte y que se oiga claro en todo el territorio nacional, en las aduanas de la transformación, piso parejo para las y los honestos, cero tolerancias para los tramposos. Por eso sé que solo aquellas y aquellos que verdaderamente estén a favor de combatir la evasión fiscal, a combatir la corrupción, votarán a favor.
Compañeras y compañeros, les pregunto, ¿a favor del combate a la corrupción? ¿A favor del combate a la evasión? ¿A favor del huachicol fiscal?
Queremos ver el voto. Queremos ver a favor del combate a la corrupción, a favor del combate al huachicol fiscal, el proceso de transformación en la votación por unanimidad. A ver si es cierto que a favor del combate a la corrupción y la evasión fiscal. ¿Es cuánto?
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Erubiel Lorenzo Alonso, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos para hablar en contra.
El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que: Gracias. Hola. Usted dice, presidente.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputado.
El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que: Muy buenas noches. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, acabamos de escuchar una confesión de hechos.
Aquí la legisladora que me antecedió dijo que están a favor del huachicol fiscal. Qué terrible declaración y qué terrible aceptación de lo que estuvo aquí en su intervención. Desde el 2018 que llegó Morena al poder llevan 6 titulares: 5 con López Obrador y 1 con el actual jefe de Ejecutivo: 32 funcionarios designados en su periodo fueron destituidos y 10 denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República por corrupción y lavado.
En el 2021, este régimen, liderados por el presidente López Obrador, entregaron las aduanas marítimas a la Marina, porque ellos decían que había mucho negocio esos 3 años. Después, la Fiscalía General de la República atribuyó a los hermanos Farías Laguna, una red de marinos, aduanales, empresarios que habrían ingresado al menos 31 buques con combustible de contrabando por diversas aduanas del país.
Es increíble como son parte de lo mismo y de lo que siempre han señalado. Más de 20.9 millones de litros de diésel declarados como aditivos y que siempre fueron por una evasión fiscal. Este vicealmirante Farías, que pertenece al clan de Andy López Beltrán, y nueve personas más fueron vinculados a proceso en septiembre del 2025, hace exactamente un año.
Este contraalmirante, que fue detenido en Argentina, ha declarado y ha señalado, ha mandado cartas al gobierno de los Estados Unidos y a diversas corporaciones de investigación del mundo.
¿Y qué creen? El robo, la afectación al erario, a las arcas del Estado y del país, atiende a más de 600 mil millones de pesos. Es el robo más grande en la historia que haya tenido un país en cualquier parte del mundo.
Los que dijeron actuar con honestidad, no robar, no mentir, han hecho exactamente lo mismo durante estos años desde el 2018. ¿Qué pudimos haber hecho con ese dinero de elevación fiscal? 545 hospitales. Aunque les duela, hay gente que se está muriendo de cáncer, niños que no son atendidos por lo que ha sido Morena desde que está en el gobierno.
Pudieron haber hecho 5 mil colegios de bachilleres a lo largo y a lo ancho del país para atender la demanda educativa que hoy están sufriendo nuestros jóvenes. Por eso a ti, tabasqueña; a ti, tabasqueño; a ti mexicana, a ti mexicano; siempre lo he dicho, desde que llegó Morena al poder en Tabasco, somos el segundo lugar nacional en percepción de inseguridad.
Tenemos el desabasto del 85 % de las recetas, que se deben de suministrar a las familias tabasqueñas. Hoy tenemos un cáncer que nos está pegando a todos. Los mechones que están en el municipio del centro, que van a originar enfermedades como cáncer y leucemia en las familias: el gobierno no atiende esta demanda porque son parte de lo mismo. ¿Qué está sucediendo en todo el país? ¿Y qué está sucediendo en Tabasco?
Vemos con claridad que este es un gobierno electorero, que los principales problemas que tenemos en el país han sido olvidados; que el campo mexicano está sufriendo la peor crisis porque no hay instrumentación de los avances; que hoy la industria mexicana está falta de competitividad ante el mundo porque no hay apoyos del Gobierno de la República; que el turismo en el país ha perdido participación porque no quieren venir los turistas de ninguna parte del mundo, ya que en México corre sangre a lo largo y a lo ancho.
Amigas y amigos todos, compañeras y compañeros legisladores, es increíble el cinismo. Ahora quieren perseguir al importador que declara, al importador que trabaja, al importador que genera empleos, para aumentar más huachicol, más tranza, como está sucediendo en todas las aduanas del país.
Pregúntenles a los empresarios que tienen la necesidad de traer sus mercancías por los puertos, ya sea por Colima o ya sea por algún otro. La corrupción de este gobierno está a flor de piel. Por eso, nosotros votaremos en contra de esto que va a perseguir a quienes realmente trabajan en este país. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. La diputada Claudia Vivanco ha solicitado la palabra. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Claudia Rivera Vivanco (desde su curul): Por alusiones, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada. Tiene hasta un minuto, por favor.
La diputada Claudia Rivera Vivanco (desde su curul): Sí, muchas gracias, presidenta. Es que es el colmo de la oposición, que no solamente escuchan o inventan lo que quieren decir. Justamente, en mi participación expresé lo contrario.
Aquellos que no quieran combatir la corrupción no veremos reflejado su voto. Dicho de otra manera, aquellas personas que históricamente, desde aquella reforma energética con Peña Nieto, del PRI, que empezó el huachicol fiscal, no quieran combatirlo, veremos su voto, que no estará reflejado.
Es decir, aquellos que vamos a combatir la corrupción, la evasión fiscal, estamos a favor de esta reforma. Quienes no, que se dejen de habladurías, que se dejen de inventos, porque está muy claro lo que el pueblo de México ha mandatado, eficiencia fiscal, combate a la corrupción, combate a la evasión fiscal y no más prácticas del pasado.
No más prácticas del prianismo que llevaron a México a una grave crisis y que hoy, por primera vez en la historia, está floreciendo y está traduciéndose en bienestar, en desarrollo, en prosperidad y en una buena recaudación gracias al combate a la evasión fiscal. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Erubiel? Sonido a su curul, por favor.
El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (desde la curul): Bueno, bueno. Yo no mencioné el nombre...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (desde la curul): ...Por rectificación de hechos...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: No procede, diputado, eso será hasta el final.
El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (desde la curul): ...por qué no procede, si el Reglamento es muy claro, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Continuamos con el debate. Tiene la palabra el diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal, hasta por cinco minutos, para hablar en pro.
El diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal: Gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, Presidencia. La reforma que hoy tenemos ante nosotros representa un paso importante para fortalecer nuestras instituciones aduaneras, proteger el interés fiscal de nuestro país y construir un sistema de comercio exterior más justo, transparente y competitivo.
Estamos hablando de una modificación necesaria para enfrentar una práctica que durante años ha mermado nuestro sistema tributario, la subvaluación de mercancías, es decir, la declaración de un valor inferior al que realmente corresponde con el propósito de reducir las contribuciones y, en determinados casos, las cuotas compensatorias que deben cubrirse por las operaciones de importación.
Por ello, esta reforma busca fortalecer los mecanismos de verificación del valor declarado en los pedimentos, utilizando métodos de valoración reconocidos internacionalmente y establecidos en nuestra legislación.
No se trata de obstaculizar el comercio exterior ni de imponer cargas injustificadas a quienes cumplen con la ley, se trata de garantizar que las operaciones de importación se realicen bajo condiciones de legalidad, transparencia y equidad.
Uno de los aspectos centrales de esta propuesta es ampliar la revisión del valor declarado, cuando la autoridad advierta que el valor consignado en el pedimento es inferior al valor de transacción de transacción de mercancías idénticas o similares, determinado conforme a la ley, deberá iniciar la revisión correspondiente para verificar que dicho valor sea el correcto. Esto permitirá atender situaciones que actualmente pueden quedar fuera del alcance de la autoridad debido al umbral vigente.
Hoy, la posibilidad actual está limitada cuando la diferencia no alcanza el 50 %. La reforma elimina esa barrera para permitir que las autoridades puedan revisar diferencias menores al 20 % cuando existan elementos que justifiquen una verificación en la que la diferencia del valor pueda traducirse en una omisión de impuesto de los valores al comercio exterior.
Debemos ser claros, revisar no significa sancionar automáticamente. La revisión tiene como finalidad determinar si existe o no un incumplimiento. Y, precisamente por ello la propuesta establece mecanismos para que los importadores puedan acreditar la legal estancia o tenencia de las mercancías, desvirtuar las causas que originaron un embargo o demostrar que el valor declarado fue determinado conforme a la legislación. También se fortalecen las medidas precautorias para salvaguardar el interés fiscal.
De igual manera, de igual forma esta reforma también tiene una dimensión económica y productiva. Combatir la subvaluación significa proteger la recaudación, pero también proteger la competencia.
No podemos permitir que quienes cumplen correctamente con las obligaciones fiscales compitan en desventaja frente a quienes recurren a prácticas que reducen artificialmente el valor de sus mercancías. Tampoco podemos permitir que se distorsione la balanza comercial.
Es por eso que la reserva presentada por el diputado Carol Antonio Altamirano va focalizada a los sectores más susceptibles, como el textil, el calzado y otros, mi querido amigo presidente de la comisión. Espero que estos sectores agradezcan estas medidas por el bien de México y se generen empleos de una industria verdadera.
Por ello, esta reforma fortalece la responsabilidad de todos los participantes en las operaciones al comercio exterior. Los importadores tendrán que contar con el mayor respaldo documental para acreditar el valor declarado, particularmente, cuando existan condiciones comerciales que expliquen diferencias de precio, como el volumen adquirido o el nivel comercial de la operación.
En suma, estamos frente a una reforma que busca cerrar espacios a la evasión, fortalecer la capacidad de fiscalización y garantizar condiciones de competencia más justas y equitativas para todas las empresas. Sin distorsionar el mercado, el gobierno va a fiscalizar más donde tenga que hacerlo y donde mayormente se requiera.
Quiero también reconocer la labor de los más de 850 agentes aduanales representados por la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, por tratarse de la primera línea de defensa y ser los primeros, orgullosamente lo digo, en aplicar esta reforma. Ojalá que con estas medidas quede claro cuáles son las obligaciones que deben cumplir los agentes aduanales para que el gobierno federal, de una vez por todas, se lo reconozca.
Desde esta tribuna debemos respaldar todas aquellas medidas que permitan contar con aduanas más eficientes, una recaudación más justa y un comercio exterior basado en reglas claras, porque proteger los ingresos públicos significa proteger los recursos que pertenecen a todas y a todos los mexicanos.
Por estas razones en el Partido Verde manifestamos nuestro respaldo a esta reforma y votaremos a favor. Por su atención mil gracias y buenas tardes, buenas noches, compañeros.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para hablar en contra.
El diputado Emilio Suárez Licona: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputado.
El diputado Emilio Suárez Licona: Compañeras y compañeros, el dictamen que se presenta hoy es un despropósito, busca combatir un problema que con los cambios propuestos no encontrará solución. Estamos nuevamente ante una propuesta de reforma meramente recaudatoria.
En el PRI nos pronunciamos a favor de combatir la subvaluación y elevación de impuestos en las aduanas, en lo que tenemos una opinión distinta al gobierno es en la forma en la que se busca combatir y expongo nuestros argumentos.
Primero, por qué este dictamen genera incertidumbre. Pretende resolver la subvaluación y la evasión otorgando más facultades a la autoridad aduanera, adicionales a las que le otorgaron en la reforma anterior. Esto, con el riesgo claro de que las y los importadores enfrenten criterios discrecionales y decisiones arbitrarias por parte de la autoridad.
En el dictamen que discutimos se sustituye el umbral rígido por una discrecionalidad todavía más riesgosa y peligrosa. Están eliminando el umbral del 50 % para ejercer el embargo precautorio con el argumento de que se dejan fuera operaciones relevantes. El problema es que se abre la puerta para ejecutar acciones basadas en valoraciones subjetivas.
Con esta decisión, la factura de la incertidumbre la van a pagar las empresas y los consumidores, las cuales podrían enfrentar reglas diferenciadas entre aduana y aduana. Insisten ustedes en generar incertidumbre en el país. Nosotros insistimos: sin certeza no hay confianza, no hay inversión, no hay empleo y no hay crecimiento.
Segundo. Se castiga la formalidad. So pretexto de combatir el contrabando, con esta reforma se presiona y castiga al importador formal que al contrabandista. Ya se les ha hecho costumbre que sus medidas fiscales van dirigidas a presionar cada vez más a los contribuyentes cautivos, a quienes desde la formalidad cumplen con la ley y aportan al país, porque es más fácil fiscalizar a las empresas instituidas que desplegar estrategias de inteligencia para identificar y combatir el contrabando.
No hay que confundirse. Estos cambios, no es claro cómo va a desmantelar las redes de contrabando organizadas que operan fuera de los canales de la formalidad. Peor aún, menos se define cómo contribuirán estos cambios a combatir el verdadero problema de las aduanas: el huachicol fiscal, el cual no solo esquivó los canales formales, sino que contó con la anuencia de las autoridades.
Y lo reiteramos porque, aunque en el régimen transitorio se incluyó su mención, lo cierto es que se trata de un delito que implicó un desfalco al pueblo de México por más de 600 mil millones de pesos.
Tercero. Las consecuencias negativas recaerán principalmente sobre las pequeñas y medianas empresas. Una empresa grande puede inmovilizar capital, contratar abogados y soportar meses de litigio. Una pequeña empresa quiebra por una retención aduanera y en ello falla este dictamen, pues no se establecen medidas suficientes para limitar su impacto negativo en las Mipymes.
Además de estos riesgos, la reforma carece de medidas que permitan impulsar una política industrial integral, carece de controles externos suficientes y se basa en datos de un par de sectores productivos, entre otras deficiencias.
Por último, no dejaremos de señalar el riesgo que con esta reforma y con el afán recaudatorio del gobierno no se genere un efecto de encarecimiento de los productos para las familias mexicanas. Lo van a pagar las familias mexicanas.
Compañeras y compañeros, las y los legisladores del PRI no podemos acompañar una reforma que, con el objetivo primordialmente recaudatorio, tenga impactos negativos en la dinámica comercial del país. El país necesita certeza jurídica para que se pueda invertir, generar productividad y crecimiento. Solo con eso se podrán pagar los programas sociales. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Armando Albores Gleason, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para hablar en pro.
El diputado Roberto Armando Albores Gleason: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, mexicanas y mexicanos, hay quien ve en esta reforma solo un árbol, un embargo, un trámite, un porcentaje; otros ven el bosque. Los invito a ver ambos.
Empecemos por el árbol. Hoy entran a México zapatos declarados más baratos que el cuero con que están hechos. No son baratos: la factura miente. Y si la factura miente, el arancel desaparece. Dice el refrán: hecha la ley, hecha la trampa. Y aquí la trampa está en la propia ley. Solo permite embargar si el valor declarado es menos de la mitad del real.
De enero de 2025 a agosto de este año, 2 mil 541 operaciones por casi mil 600 millones de pesos pasaron por debajo de esa raya. Y en calzado y textil bastaba una garantía para meter la mercancía y venderla antes de comprobar su valor.
En 2025, 753 importadores usaron ese camino, con garantías por más de 13 mil millones de pesos. ¿Quién paga? El zapatero de León y de San Mateo Atenco, las tejedoras de Moroleón y Uriangato, las maquilas de mezclilla de Tehuacán, solo en León más de 100 mil personas viven del calzado, todos compiten contra un precio fantasma.
Ahora el bosque, una aduana que se deje engañar pierde impuestos, pierde empleos y pierde soberanía. Por eso, reconocemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha puesto en orden en las aduanas, con determinación, empezando por el huachicol fiscal. Los resultados están a la vista. En 2025, las aduanas recaudaron más de 1.45 billones de pesos, la cifra más alta de su historia sin crear impuestos nuevos.
Este dictamen da el siguiente paso, gestión de riesgos, desaparece el umbral fijo del 50 %, se revisa dónde hay riesgo con reglas publicadas antes del 31 de diciembre. La garantía ya no es pase de entrada para mercancía subvaluada.
Importación temporal, donde la mercancía entra sin pagar impuestos, se presume contrabando desde 20 % de diferencia, ya no desde 50 %.
Certeza al que cumple, depósito en lugar de embargo, liberación si prueba su valor y cuatro meses para resolver y multas del 50 % al 100 % al contrabando de combustibles.
Les dije hace un rato en tribuna y lo repito, a ustedes, la oposición, ningún chile les embona, cuando entra mercancía subvaluada dicen que el gobierno no protege a la industria, cuando le damos herramientas a la aduana dicen que es demasiado control, parecen ustedes un síndrome de insatisfacción y catastrofismo severo. Relájense, tanta amargura hace daño.
Y a quien dice que habrá embargos automáticos, hay reglas públicas, plazos y derechos a aprobar. Lo único automático hoy es el pase libre del 49 %.
Pensemos en lo que viene, un taller de San Mateo Atenco, una fábrica de suéteres en Moroleón, desde enero compite con un precio real, conserva a su gente y vuelve a invertir. Ese es el Plan México, producir aquí, invertir aquí, crecer aquí. Y cada peso que deja de perderse en una factura falsa es un peso para escuelas, hospitales y carreteras.
Compañeras y compañeros, vimos el árbol, una factura que miente; vimos el bosque, una industria, unos empleos y una soberanía que se pierden con cada engaño. Con este dictamen la factura vuelve a decir la verdad y el bosque vuelve a crecer.
Este dictamen no cierra la puerta del comercio, cierra la puerta al engaño. Hoy hacemos la ley que cierra la trampa, por eso en el Partido del Trabajo votaremos a favor. Unidad nacional, todo el poder al pueblo.
Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos, para hablar en contra.
La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza: Buenas noches, compañeras y compañeros.
Quiero comenzar diciendo que en Acción Nacional estamos a favor de combatir la subvaluación, la evasión y las prácticas ilegales en nuestras aduanas. Quien declara valores falsos para no pagar lo que corresponde, perjudica al Estado, pero también al empresario que sí cumple y a la industria nacional que compite en condiciones desiguales.
En eso no hay discusión y siempre estaremos a favor de compartir esos actos ilegales. El problema es que este dictamen pretende combatir la ilegalidad haciendo más difícil la vida de quienes sí cumplen, y lo digo convencida desde mi experiencia personal.
Soy diputada migrante, tengo doble nacionalidad y vivo la realidad de las fronteras, conozco nuestras aduanas, no solamente por lo que dicen los informes desde la Ciudad de México, sino por lo que sucede todos los días en los cruces fronterizos. Y créame, la frontera funciona de manera muy distinta desde una oficina, que desde una fila de tráiler esperando cruzar 48 y 72 horas.
Esta reforma elimina el umbral del 50 % que hoy existe para determinados supuestos relacionados con la subvaluación y amplía la posibilidad de que una diferencia entre el valor declarado y el determinado por la autoridad active facultades de comprobación y bajo los supuestos correspondientes un embargo precautorio. Además, el 20 % adquiere una relevancia mucho mayor para determinadas consecuencias jurídicas. ¿Dónde está el problema? En que un precio menor no significa necesariamente fraude ni subvaluación ni evasión.
En el comercio internacional, para los que conocemos, existen descuentos por volumen, términos internacionales de comercio, niveles comerciales distintos, contratos de largo plazo, condiciones especiales de compra, diferencias logísticas, y muchas otras variables que modifican legítimamente el valor de una operación, por eso existen métodos de valoración.
Pero con esta reforma estamos aumentando primero la capacidad de intervención de la autoridad y dejando al empresario la tarea de demostrar después que no hizo nada malo, primero detenemos la mercancía y luego averiguamos. Magnifica estrategia para un país que necesita atraer inversión, agilizar sus fronteras y compartir contra el mundo.
Una mercancía detenida no es solamente una caja en aduana, son miles o millones de pesos en costos, es una línea de producción que puede detenerse, es un transportista esperando, es una empresa pagando almacenaje, es capital inmovilizado, es una entrega incumplida y, finalmente, es un costo que termina pagando alguien más: la empresa, el trabajador y finalmente los mexicanos.
Sí, necesitamos mejores expedientes de valoración, sí, necesitamos contratos, facturas, pagos, trazabilidad y documentación que permita demostrar correctamente el valor en aduana, pero también necesitamos autoridades técnicamente preparadas, criterios homogéneos y seguridad jurídica, porque sin una aduana interpreta de una manera y otra aduana interpreta de otra, no estamos combatiendo la subvaluación, estamos fabricando incertidumbre. Tenemos que entender que los métodos de valoración responden a estándares internacionales aprobados y nosotros estaríamos inventando. Y ese es el problema económico de fondo. México necesita facilitar el comercio legal, fortalecer sus cadenas productivas y aprovechar su posición estratégica frente a Estados Unidos.
Desde Acción Nacional decimos sí al combate frontal contra la subvaluación, no a convertir al importador cumplido en presunto infractor. Sí a fortalecer las aduanas, pero con tecnología, inteligencia, profesionalización y análisis de riesgo, no con discrecionalidad.
Hablan de combatir la corrupción, pero actualmente, según la OCDE, México ocupa el lugar número 38, sí, de 38 países en corrupción. Y en el ranking mundial, México ocupa el número 141 de 182 países en corrupción. ¿Creen que con estos cambios podrán controlar la corrupción que se genera dentro de las aduanas? No, compañeros, combatir la ilegalidad es obligación del Estado, convertir la actividad económica legal en una carrera de obstáculos es una decisión del gobierno y esa decisión, compañeras y compañeros, nosotros no la podemos acompañar. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para hablar en pro.
La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo: Compañeros y compañeras diputadas, la subvaluación de mercancías perjudica la recaudación pública, distorsiona el mercado y coloca en desventaja a quienes producen, importan y comercializan cumpliendo la ley. El dinero asociado a la subvaluación, es decir, declarar un valor menor en aduana no ingresa formalmente a México, se queda en los bolsillos de unos cuantos. Es la ganancia ilícita para el importador o la red comercial que comete el fraude, el delito.
Por eso, debemos reconocer el trabajo y la visión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha colocado el fortalecimiento de las aduanas, la protección nacional y el combate a la evasión entre las prioridades del gobierno.
El dictamen que hoy se responde tiene esa visión, fortalece la capacidad del Estado para enfrentar prácticas de subvaluación, proteger la recaudación y garantizar condiciones más justas para quienes participan legalmente del comercio exterior.
Para que todo esto sea posible, es preciso dotar a la autoridad con instrumentos legales adecuados para identificar y revisar aquellas mercancías que contengan diferencias relevantes del valor sin topes extremos como el del 50 %, sin que, de manera automática, como se ha dicho aquí, una diferencia de precios sea considerado una presunción de ilegalidad. No es automático.
Debemos entender que una correcta valoración de las mercancías no es un simple trámite administrativo, de esto depende que cada operación contribuya conforme a la ley y que ningún producto obtenga una ventaja indebida mediante valores declarados incorrectamente.
El artículo 144 fortalece las facultades de comprobación cuando el valor declarado sea inferior al valor de la transacción de mercancías idénticas o similares. Esta revisión deberá sustentarse con elementos objetivos que permitan presumir que el valor declarado o el pedimento no fueron determinados conforme a las disposiciones aplicables.
El artículo 151 modifica las reglas de embargo precautorio y elimina el umbral del 50 % previsto para determinados supuestos, también incorpora elementos objetivos para sustentar la actuación de la autoridad como falsedad, la simulación, la alteración documental, la inexistencia de proveedor, la reincidencia u otras conductas dirigidas a evadir obligaciones fiscales y aduaneras.
Esto debe quedar muy claro, una diferencia de precio no significa por sí misma que exista una conducta ilegal, tampoco significa que cualquier diferencia de valor producirá automáticamente un embargo, no es así. La autoridad revisará cada operación conforme a los procedimientos, los métodos, valoración y las garantías establecidas en la Ley Aduanera.
Los artículos 153 y 154 preservan los derechos de los particulares. Cuando una persona acredite la legal estancia o tenencia de las mercancías, o demuestre que el valor declarado fue determinado correctamente, la autoridad deberá resolver y ordenar la devolución de las mercancías. Además, se mantiene la posibilidad de sustituir el embargo mediante una garantía.
El dictamen distingue entre diferencias menores al 20 % y aquellas iguales o superiores a ese porcentaje, estableciendo las condiciones aplicables para garantizar las contribuciones y las cuotas compensatorias correspondientes.
Por su parte, el artículo 177 reduce del 50 % al 20 % la diferencia del valor previsto para actualizar la presunción de infracción en los supuestos establecidos por la propia ley.
El comercio exterior necesita controles efectivos y reglas claras. Quien pretenda obtener una ventaja mediante la subvaluación debe saber que la autoridad tendrá instrumentos para detectarlo y actuar conforme a derecho.
México actualiza y moderniza la Aduana para que deje de ser un simple punto de control fronterizo y se convierta real y efectivamente en uno de los pilares de recaudación fiscal del país. Que cada contenedor que ingrese a México pague IVA, los aranceles y cualquier tributación que corresponda.
Gracias, presidenta Claudia Sheinbaum, por impulsar una política de mayor vigilancia en nuestras aduanas, porque México, el México actual exige una Aduana a la altura de su potencial. Modernizar nuestras leyes, nuestras fronteras, las puertas de entrada a nuestra casa para hacerlas más eficientes y más seguras. Para que el comercio exterior se traduzca en desarrollo, en motor de la inversión pública y de la equidad social.
Porque no queremos nunca más zares de la frontera norte. Nunca más personas que se valgan de su encargo, extendido por años, para torcer las leyes. Y hablo de Ernesto Ruffo Appel, no queremos más personajes como ese señor que defiende la oposición. Por eso, compañeros, les pido que voten a favor de este dictamen. Gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Lara Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para hablar en contra.
El diputado Emilio Lara Calderón: Con el permiso de la Mesa Directiva.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputado.
El diputado Emilio Lara Calderón: El presente dictamen presenta un riesgo que, bajo el legítimo argumento de combatir la subvaluación y la evasión fiscal, terminen asfixiando y perjudicando a las pequeñas y medianas empresas que hacen todo en orden, que cumplen con sus impuestos, pero que están al día.
Porque nadie aquí está en contra de hacer algo para prevenir esas 2 mil 541 operaciones que las propias agencias aduanales reportaron se vinculan con la subvaluación, pero esto no ataca a los grandes problemas de raíz que tenemos en las aduanas.
Este dictamen presenta un riesgo, el confundir una operación comercial, un descuento de temporada, alguna adquisición especial, con un delito aduanero. Y por estas razones no podemos apoyarlo.
Eliminar el artículo 151 para quitar el umbral de subvaluación del 50% al 20% es un auténtico riesgo para las empresas. ¿Qué va a pasar cuando una empresa logre un descuento legítimo por volumen? ¿Qué va a pasar cuando una promoción de temporada o una fluctuación abarata una mercancía?
La autoridad, que no cuenta con los criterios técnicos, asumirá que hay un delito, dejará caer el mazo del embargo precautorio de forma automática, inmovilizando los bienes desde el primer día. Despojando al contribuyente del derecho básico a ser escuchado y a presentar pruebas antes de ser sancionado. Esto, sin duda, a quien más afecta es a las pequeñas y medianas empresas.
Y, por si fuera poco, la reforma añade una rigidez financiera desproporcionada. En el artículo 154 para cualquier diferencia, igual o mayor al 20%, se prohíben las fianzas y las cartas de crédito. Se exige exclusivamente el depósito en efectivo a cuentas de garantía. Esto no es fiscalización, este es el secuestro de la liquidez de las empresas pequeñas y medianas.
Mientras se desahoga un largo procedimiento administrativo, las empresas tendrán millones en pérdidas y millones en pesos congelados. Las grandes corporaciones, por el contrario, pueden resistir este impacto financiero.
Claro que estamos a favor de transparentar, de mejorar las medidas en las aduanas, pero de nada sirve reducir el umbral del 50 al 20 % si las autoridades van a seguir confundiendo el diésel con el aceite vegetal. Los verdaderos problemas en las aduanas radican en otras áreas. Por lo tanto, no podemos apoyar este dictamen. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por cinco minutos, para hablar en pro.
El diputado Mario Alberto López Hernández: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputado.
El diputado Mario Alberto López Hernández: Hablar de la Ley Aduanera implica hablar de comercio, de recaudación, de competitividad y, sobre todo, de la capacidad del Estado mexicano para garantizar que quienes participan en el comercio exterior lo hagan bajo reglas claras, equitativas y respetando sus obligaciones.
Por eso, la reforma que hoy nos ocupa parte de la premisa fundamental de que en México nadie debe obtener una ventaja económica mediante la declaración incorrecta del valor de las mercancías que importa.
Uno de los objetivos centrales de esta reforma es combatir la subvaluación de mercancías. La subvaluación ocurre cuando se declara ante la autoridad aduanera un valor inferior al que corresponde conforme a las reglas de valoración aduanera.
No se trata de una simple diferencia administrativa. Al declararse valores artificiales bajos se reducen las contribuciones que deben pagarse por una operación de importación. Y en los casos que corresponda, también las cuotas compensatorias.
Por ello, esta reforma busca fortalecer la capacidad de la autoridad para identificar y revisar aquellas operaciones en las que existan indicios de que el valor declarado no corresponde con el valor que legalmente debe reconocerse.
Y aquí existe otro punto particularmente importante: actualmente el margen establecido para determinadas actuaciones de la autoridad contempla un umbral del 50 % de diferencia. Esto significa que pueden existir operaciones con diferencias significativas en el valor declarado sin embargo no alcancen ese porcentaje.
¿Debemos permitir que una posible irregularidad quede fuera de revisión únicamente porque la diferencia es de 49 % y no de 50? La respuesta que plantea esta reforma es que la autoridad debe contar con herramientas para revisar los casos en los que exista indicio razonable de subvaluación, independientemente de que la diferencia alcance o no un porcentaje estricto. Esto significa fortalecer las facultades de comprobación para que la autoridad pueda investigar, verificar y, cuando corresponde conforme a derecho, determinar las consecuencias que procedan.
Cada importación debe contribuir al valor que legalmente le corresponde. Y debemos ser muy claros en señalar que los recursos que el Estado deja de recaudar por prácticas indebidas, son recursos que dejan de estar disponibles para financiar las responsabilidades públicas.
Por eso, combatir la subvaluación no significa simplemente incrementar la recaudación, significa garantizar que las obligaciones fiscales se cumplan de manera correcta y equitativa.
Tampoco debemos permitir que la subvaluación genere condiciones que perjudiquen injustificadamente a quienes producen en México y cumplen con sus obligaciones. Las reglas deben ser iguales para todos.
Quienes cumplen no pueden terminar pagando el costo de quienes incumplen, por eso esta reforma también busca proteger la competencia y contribuir a generar condiciones más equitativas entre importadores y productores nacionales.
El dictamen señala que estas mercancías han sido utilizadas de manera recurrente en esquemas relacionados con el contrabando y la evasión de controles aduaneros. Por ello, la reforma plantea sanciones económicas más estrictas, cuando se actualicen determinadas infracciones aduaneras relacionadas con estos productos.
Se trata de cerrar espacios a las prácticas ilegales que buscan evadir controles, reducir artificialmente obligaciones o aprovechar las características de determinados mercados para obtener beneficios indebidos.
Fortalecer las herramientas que tiene la autoridad, significa dotarlas de mecanismos eficaces para ejercer sus contribuciones frente a situaciones que pueden afectar la recaudación, la competencia y el adecuado funcionamiento del comercio, siempre dentro del marco jurídico aplicable. Lo que buscamos es un sistema en el que las reglas sean claras, los procedimientos sean verificables y las decisiones de la autoridad estén sujetas a la ley.
Por todo lo anterior, esta reforma representa un paso hacia un sistema aduanero con mayores capacidades de prevención, revisión y respuesta. En concordancia, el Partido Verde votará a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos, para hablar en contra.
El diputado Federico Döring Casar: Gracias. Con la venia de la Presidencia.
Antes quisiera solicitar una moción de ilustración para que se dé lectura al pleno de la reserva, la verdadera reserva de combate al huachicol fiscal que ha registrado Acción Nacional para esta iniciativa de modificaciones a la Ley Aduanera.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Por favor, secretario, si da lectura a la solicitud del diputado.
El secretario diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Artículo 185. Debe de decir: tratándose de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, la multa que se refiere a las fracciones I, II y III, primera, segunda y tercera de ese artículo, será del 50 al 100 % del valor comercial de las mercancías.
Esta sanción económica se aplicará de manera directa, concurrente y solidaria a todos los participantes en la cadena de internación, transporte, almacenamiento, custodia y comercialización que ejecuten, faciliten, coadyuven o consientan las conductas omisas, extemporánea, inexactas o falsas previstas en el artículo 144, 184, perdón, de esta ley.
Siempre que la conducta impida la verificación de la lícita procedencia de los bienes, altere los sistemas regulatorios de control volumétrico o implique la internación de mercancías sin los permisos previos de importación o los registros de capacidad de almacenamiento vigentes exigidos por la normatividad energética.
En los casos de errores administrativos menores o involuntarios que no generen daño fiscal o distorsión del control volumétrico, la autoridad aduanera aplicará las sanciones ordinarias correspondientes.
Cinco relativo. Para los efectos del párrafo anterior, son sujetos obligados solidarios al pago total de la multa los concesionarios o permisionarios de los medios de transporte terrestre, ferroviario o marítimo, así como los propietarios u operadores de terminales de almacenamiento y centros de distribución que reciban o trasladen los bienes sin verificar la plena congruencia de los datos digitales y volumétricos en los sistemas aduaneros.
Si el infractor o coadyuvante tiene la calidad de servidor público la autoridad aduanera dará visita inmediata al Órgano Interno de Control competente para que proceda en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Cuando las conductas sumisas extemporáneas, inexactas o falsas a las que se refiere este artículo involucren la participación, omisión, auxilio o facilitación por parte del personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, del Servicio de Administración Tributaria, de la Comisión Reguladora de Energía o de la Secretaría de Energía, la autoridad aduanera que tenga conocimiento de los hechos estará obligada a dar vista de manera inmediata a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano Interno de Control de la dependencia respectiva, pues, al inicio del procedimiento por falsas administrativas graves que correspondan.
Asimismo, de forma concurrente se formulará la denuncia ante el Ministerio Público Federal por la probable comisión de delitos cometidos por servidores públicos y los previstos en la legislación especial en materia de hidrocarburos.
El agente aduanal o agencia aduanal que intervenga en el despacho de los bienes y transmita con datos falsos o alterados los pedimientos, avisos o dictámenes químicos a los que se refiere el párrafo anterior responderá directamente con su patrimonio por la totalidad de la multa determinada, con independencia de las sanciones penales que correspondan.
Asimismo, la determinación firme de esta sanción administrativa constituirá el hecho generador para que la autoridad aduanera inicie de forma inmediata el procedimiento de cancelación de la patente aduanal en los términos de las disposiciones aplicables de esta ley. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Muchas gracias, secretario. Adelante, diputado.
El diputado Federico Döring Casar: Gracias, presidenta. Con mucho candor escuchamos –a quien– no solo a quien vino a decir que apoya al huachicol fiscal y todas esas cosas. Qué bárbaro. No, pues les traiciona el subconsciente.
Pero escuchamos a quien a nombre de Morena quiso presentar el dictamen. Esa diputada no integra la Comisión de Hacienda, aquí está el dictamen, nunca estuvo presente en la discusión, no tiene idea de lo que estaba hablando cuando vino a retar al PAN a combatir el huachicol fiscal.
El secretario de Hacienda vino aquí y le pidió al PAN acompañar los esfuerzos de combate al huachicol fiscal y yo lo dije a los que sí estuvimos en la comisión, aprovecho para felicitar a Carol Altamirano, tú eres un gran presidente de la comisión y es un ejemplo de cómo se puede ganar en democracia con una mayoría sin atropellar al adversario.
En tu comisión la oposición puede discutir reservas como esta que tú propusiste y que te votamos a favor, no como otras comisiones que cruzando el pasillo les da miedo el debate de reservas en lo particular, como en Puntos Constitucionales.
Y decía la diputada Patricia Flores Elizondo que votaban a favor de la modificación a este artículo, también el PAN, pero a nosotros no nos quedó grande la redacción.
¿Por qué está este barquito aquí de los de Andy, de los de Amilcar, de los del diputado Asaf, que algo no le permitió permanecer en la curul para este debate? Porque el debate de esta reserva, Carol, cuando nosotros la apoyamos y a propuesta de Reginaldo, se votó y se dijo: que es la primera votación por unanimidad en la Comisión de Hacienda.
Entonces, ¿qué decíamos? Que los delincuentes del gobierno, coludidos con empresas para defraudar en el huachicol fiscal, si algo les sobra es dinero para pagar multas y lo que el PAN puso en la mesa y votó en contra Morena, pero sí votó a favor el PT y votó a favor el PRI y votó a favor MC y votó a favor el PAN fue que alguien, que un delincuente y como agente aduanal que quiere engañar con un valor comercial de un barquito como este, el de Tampico, donde hay 20 millones de litros de diesel y el valor comercial que reporta es 50 % al menos inferior al valor real, eso no es un error involuntario, no es un error casuístico, esa es colusión, asociación delictuosa para engañar a la Hacienda.
Y le dijimos a Morena que si algo le sobra al ratero de Andy, Amílcar y a los que viajan a Tokio con él, es dinero para pagar las multas. Por cada barco que encuentren de huachicol fiscal, les sobran carrotanques y barcos para pagar las multas.
¿Y qué dijo el PAN? Esta reserva que acaban de leer, no solo hay que multar al que quiera defraudar con barcotes de huachicol fiscal, sino también hay que retirarle la patente al privado que se colude para financiar las campañas de Morena y ustedes votaron en contra.
Por eso, retomo lo que dijo la diputada Patricia Flores, también la votamos a favor, pero también vamos a votar en contra, porque a ellos les quedó grande el reto que les pusimos en la mesa. Y, desde aquí, al secretario de Hacienda le digo, está usted servido, secretario Amador, cuando nos pidió acompañarlo para combatir el huachicol fiscal, votamos a favor, secretario Amador y es la primera votación por unanimidad que hay en esa comisión.
Pero, cuando les pusimos la vara a la altura de lo que México requiere. Cárcel para los delincuentes que están defraudando con el huachicol fiscal. Cárcel para los que toman los vinitos del Sassicaia, de 24 mil pesos, con el dinero robado. Cárcel para los que compran en Tokio el arte de Yayoi Kusama, y después, para que no los cachen, ¿a dónde llega la pieza de arte?, al depa de Copilco, porque nada más tenemos 200 pesitos en la cartera y un par de zapatos, ah, pero sí compramos arte machuchón, pero, qué no llega a mi mansión, sino que llega al depa de Copilco. Ah, sí, cómo no. Que te compre quien no te conozca.
Por eso votamos en contra y vamos a volver a plantear la reserva, pero que quede claro, secretario Amador, que le tomamos la palabra y le cumplimos a usted. Y los que no le ayudaron, secretario Amador, y los que quieren que siga habiendo agentes aduanales trabajando para Andy, para Amílcar y para Asaf, defraudando al fisco y robándose el dinero de los mexicanos, fueron los diputados y diputadas de Morena. Es cuánto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Morales Rubio. Diputada Patricia Flores, sonido a su curul, ¿con qué objeto?
La diputada Patricia Flores Elizondo (desde la curul): Por alusiones personales.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, por un minuto.
La diputada Patricia Flores Elizondo (desde la curul): Sí, ciertamente lo que dice el diputado Döring es cierto, votamos a favor de esa medida, de esa reserva. Sin embargo, no es suficiente y así lo mencioné yo en el pleno.
Me parece que mientras todos los que idearon esta red de corrupción, la más grande de México, no estén en la cárcel, y mientras el Estado no recupere el dinero perdido que nos robaron a las mexicanas, a los mexicanos, y que nos debe de servir para tener mejores carreteras, más seguridad, más medicinas, mejores hospitales, este tema de una sanción y una multa sigue siendo insuficiente. Muchas gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para hablar en pro del dictamen.
La diputada María Guadalupe Morales Rubio: Gracias, presidenta. De manera muy institucional les digo, esta reforma responde a una necesidad impostergable de nuestra nación: fortalecer nuestras instituciones aduanales para combatir prácticas que afectan la recaudación, distorsionan la competencia y terminan perjudicando siempre a quienes sí cumplen con sus obligaciones.
Que no los engañen, la gente que cumple no va a tener ningún problema, quienes van a tener problemas son aquellos viles, como Ernesto N, por ejemplo. Que, por cierto, he de decirles, yo creo este es el buque escala que él tenía, bueno, uno de los tantos miles de buques y por eso lo trajeron aquí, para presumirnos cómo operaba el señor Ernesto y se llenaba la boca de decir que fue el mejor gobernador, el primer gobernador, vergüenza les debería de dar.
Durante años este contrabando y la evasión han sido un secreto a voces que ninguno pudo atacar, que nadie pudo combatir esta impunidad que alcanzaba a las aduanas, a los agentes, a los funcionarios y a todos los niveles.
¿Cuándo hicieron algo? Sí, gestionar para sus cuates, para quienes llegaban a detener y poder meter cualquier tipo de mercancía. Hoy tenemos una presidenta que con determinación y tamaños que no tuvieron muchos establece reglas claras ante una problemática que ustedes decidieron ignorar y que les duele mucho escuchar.
Pero hoy este país tiene rumbo, y ese rumbo está dirigido por la mejor presidenta del mundo, la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha tenido y ha marcado una línea de cero impunidad, caiga quien caiga, le duela a quien le duela. Y esta reforma es la continuación legislativa de esa decisión y aprobarla es cuestión de congruencia política.
Esta reforma que hoy tenemos fortalece las herramientas del Estado para detectar y combatir la subvaluación de mecanismos importados. Y para quienes se oponen a esta ley y toman como pretexto una reserva, que les crea su abuela porque este México ya no les creyó, que hayan sido ustedes quienes han engañado al pueblo durante tantas décadas, hay que recordarles que esto y este problema lo crearon ustedes, es engañar a la autoridad, es pagar menos de lo debido, es combatir con una trampa al empresario que sí cumple, y al final la factura la terminábamos pagando todas y todos. No defiendan lo indefendible.
¿Tenía que haber una diferencia de la mitad del valor para actuar con firmeza acaso? ¿Cuánto evadía un defraudador sin cruzar esa línea? ¿Y a cuántos defraudadores ustedes defendían? ¿Y cuántas autoridades se coludían bajo estos márgenes? Esto es lo que la oposición no quiere responder y nunca le convino atender.
Y eso es lo que hoy vienen a alegar. Se paran aquí a esta tribuna para defender a un huachicolero como Ernesto N., qué desvergüenza, qué cinismo, no crean que el león es de su misma condición. No vengan a inventar narrativa, que los huachicoles fiscales están allá; los defraudadores, los rateros y quienes defraudaron y dañaron a este pueblo de México durante décadas están de aquel lado, por eso hoy están en esa miseria legislativa.
Esta reforma establece herramientas sólidas para que la autoridad pueda verificar el valor declarado cuando este sea inferior. Eso les duele porque van a dejar de transar.
La firmeza de esta reforma no se detiene ahí, también endurece las medidas en un sector estratégico y de seguridad nacional: el de los hidrocarburos y de los petrolíferos. Y no es para presumir, pero solo miren los resultados de quien sí está atacando el huachicol y toda la serie de irresponsabilidades y delitos que ustedes dejaron amañados y bien guardados debajo de la alfombra.
Pero miren, como ejemplo, basta lo que voy a comentar. Hoy bajo el gabinete de seguridad, encabezado por nuestro amigo el secretario Omar García Harfuch, al que por cierto muchos de ustedes respetan, reconoce y hasta se les cuadran tras bambalinas. Quien sí ha dado resultado y no simulaciones, quien sí ha incautado de verdad, y no como otros que solamente crearon montajes y se coludieron con los grandes criminales.
Y como ejemplo, pues les digo, se han bloqueado 159 operaciones de importación irregular de hidrocarburos, se han asegurado mil 938 tomas clandestinas, además de 2 mil 663 efectivos de las Fuerzas Armadas que siguen trabajando en todas las aduanas contra la corrupción y la evasión.
Eso es lo que hace un gobierno que sí actúa. Eso es lo que hace un gobierno que no está coludido con toda esta gente. Eso es lo que hace un gobierno que no tiene huachicoleros como ustedes...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya diputada.
La diputada María Guadalupe Morales Rubio: ...que les regatea herramientas a la autoridad luego exige resultados. No entienden el problema o no quieren resolverlo o están coludidos con la delincuencia.
Pero saben qué, con esta votación vamos a ver de qué lado masca la iguana, porque del lado de la ley, del lado del crecimiento económico, del lado del pueblo siempre está y estará Morena. Allá están los huachicoleros fiscales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Suficientemente discutido en lo general. Se informa a la asamblea que para la discusión en lo particular se han presentado diversas propuestas de modificación a los artículos 144, 151, 153, 154, 177 y 185, así como a los artículos transitorios primero y segundo del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de lo no reservado.
La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de lo no reservado.
(Votación)
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.
La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 334 votos en pro, 119 en contra y 0 abstenciones.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Aprobado en lo general por 334 votos.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Pasamos a la discusión en lo particular. Iniciamos con la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
La diputada Lorena Piñón Rivera: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante.
La diputada Lorena Piñón Rivera: Nadie en esta tribuna defiende el huachicol fiscal, nadie, pero esta reforma no va contra los huachicoleros: va contra quien importa con la factura en la mano.
Hoy, la aduana solo puede retener una mercancía cuando el precio declarado es la mitad o menos del precio de productos parecidos. Esta reforma quita ese límite, es decir, ya no hace falta una diferencia grande. Una diferencia menor, la mercancía queda detenida mientras la autoridad verifica.
Y cómo deciden el precio, es demasiado bajo. En la audiencia legislativa se expuso que algunos verificadores lo comparan con lo que cuesta en Mercado Libre o en Amazon, pero ese es el precio de la tienda con la ganancia del comerciante incluida, no el precio de la factura con que se importó. Es como comparar lo que paga el mayorista con lo que paga el cliente en el mostrador.
Todo eso lo operaría una aduana, a la que dan el mismo dinero que el año pasado, con la inflación eso es 3 % menos para trabajar. Una aduana cuyo sistema se ha caído cinco veces este año, como advirtieron los exportadores, una aduana lenta también es un arancel, porque cada día de retraso lo paga quien trae la mercancía.
Imaginemos a un transportista de Veracruz en nuestro puerto, trae un contenedor legal, un verificador decide que el precio es bajo y lo retienen. Cada día de espera le cuesta entre 4 y 14 mil pesos por unidad, él paga la estadía mientras la autoridad decide si tiene razón. Gane o no, ya perdió la semana, al cliente y sus ahorros.
Y los grandes, en comisión se propuso algo elemental, cancelar la patente al agente aduanal que participe en huachicol fiscal. La mayoría lo rechazó.
Para los pequeños es la retención, para el agente que participa la patente intacta, por eso hablemos de Andy y de Amílcar. Amílcar, el empresario consentido del sexenio pasado, amigo cercano de los hijos del expresidente, audios difundidos por LatinUS, los vinculan con una cédula criminal, con una cédula criminal dedicada al huachicol. Reforma liga a una de sus empresas con un huachicol fiscal de 834 millones de pesos. Hoy, hoy está en Suiza.
La Fiscalía dijo que no hay investigación ni orden de aprehensión y Hacienda lo repitió esta semana, no es un prófugo de la justicia, es un prófugo de las preguntas. Porque aquí en la Fiscalía nadie quiere hacérselas. Andy dice que no hay una sola prueba, pero andan buscando una curul para escudo.
Según The New York Times, dos agencias de Estados Unidos analizan señalamientos en su contra y a él ya le retiraron la visa, y la declaración de procedencia de un diputado la decide esta Cámara por mayoría, su juez sería la propia bancada. Hoy no hay carpeta, con fuero habría menos. Esa red tiene nombre dentro del propio expediente federal, la llamada Red del capitán Sol, documentada en estímulos incorporados a la investigación, en los que se le atribuye la frase: libérenme ese barquito porque es el de Andy.
No hace falta un discurso más largo para entender de qué tamaño es el problema que la autoridad se niegue a investigarlo a fondo. A ese mismo círculo pertenecía Amílcar Olán, que pasó de vender azulejos y pasó de vender muebles de baño en Tabasco, a convertirse en un multimillonario en negocios de medicamentos, infraestructura y combustibles.
Por eso el PRI no se queda a medias, el 23 de septiembre de 2025 nuestro dirigente nacional, Alejandro Moreno, presentó su denuncia ante el FBI, la DEA, el Departamento del Tesoro, el departamento de justicia dirigida a la, entonces, fiscal general Pam Bondi, por una red de huachicol fiscal, contrabando y lavado de dinero. Y hace unos días exigió que Olán sea extraditado.
Mientras unos buscan fuero, el PRI, el PRI busca justicia. Y una última palabra sobre lo que ya votamos, la reforma de derechos de autor. Votamos en contra, con argumentos, hace responsables a las plataformas por lo que digan sus usuarios, deja al IMPI, una autoridad administrativa, imponer multas de hasta 40 mil UMA, más de 4 millones y medio de pesos sin pasar por un juez.
Cuando borrar en redes sociales sale más barato que defender, la primera víctima es el periodista, el creador y el ciudadano. Y la Convención Americana prohíbe restringir la expresión por las indirectas. Proteger a los autores sin censurar por la puerta de atrás, no.
Yo vine aquí a representar a los veracruzanos, a los que llegan en el puerto, en el campo y del trabajo honesto. Y con el PRI, con el PRI también bajo liderazgo de Alito Moreno y aquí coordinados por el diputado Ruben Moreira, son la guía.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya.
La diputada Lorena Piñón Rivera: Son la guía y mantenemos el compromiso de no ser cómplices como todos ustedes. Porque esta ley castiga al que trabaja y perdona al que saquea.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Lorena Piñón Rivera: Por eso mandaremos en contra. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Verónica Martínez García, del PRI.
La diputada Verónica Martínez García: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Verónica Martínez García: Compañeras y compañeros diputados, quiero empezar por algo en lo que seguramente todos coincidimos, México tiene que combatir con firmeza el contrabando, la subvaluación y cualquier práctica que se utilice para evadir impuestos. Quien infrinja la ley debe ser sancionado.
Lo que no podemos hacer es que, por perseguir a quienes fuera de la legalidad, terminemos perjudicando a las empresas que trabajan, generan empleos y cumplen con sus obligaciones. Y justamente es ahí la preocupación del Grupo Parlamentario del PRI, ese dictamen propone eliminar el umbral del 50 % que actualmente funciona como referencia para determinados supuestos de embargo precautorio y al mismo tiempo establece un parámetro del 20 % cuando se asuman posibles infracciones relacionadas con la subvaluación.
Se necesitan criterios para determinar cuándo puede existir una subvaluación en la mercancía y cuándo la autoridad puede intervenir de manera discrecional, por eso es importante crear un reglamento.
En el comercio internacional los precios no siempre son iguales, las empresas pueden conseguir mejores condiciones por comprar con un mayor volumen, por tener un contrato a largo plazo, por recibir un descuento de sus proveedores o simplemente por adquirir un producto en un mercado distinto. Eso no lo convierte automáticamente en una empresa que esté defraudando.
¿Una diferencia entre el precio debe investigarse y aclararse? Sí, pero no puede convertirse por sí sola en una razón para tratar a todos como si estuvieran cometiendo una ilegalidad; porque, cuando una mercancía queda detenida en la aduana, el problema no termina ahí, se generan costos de almacenamiento, se retrasan entregas, faltan insumos y se afectan cadenas de producción. Incluso las empresas que trabajan bajo el criterio de just in time puede llegar a detener una línea completa por no recibir una pieza o la materia prima. ¿Y quién termina pagando las consecuencias? Las empresas, los trabajadores y finalmente los consumidores.
Por eso nuestra postura es muy sencilla, mano firme contra quienes no respeten la normativa, pero certeza para los que sí. Queremos aduanas modernas, eficientes y con tecnología, autoridades capaces de detectar dónde está realmente el riesgo y concentrar ahí sus esfuerzos, no en una aduana que detenga por detener, sino una autoridad que sepa qué revisar, dónde revisar y a quién revisar.
Y cuando hablamos del llamado huachicol fiscal debemos ser todavía más firmes, cero tolerancia. Se necesita inteligencia, coordinación entre autoridades, trazabilidad de los combustibles y sanciones específicas para quienes evaden impuestos. Combatir el huachicol fiscal no puede convertirse en el pretexto para imponer mayores cargas a las empresas que respetan la normatividad fiscal.
México necesita reglas claras, se debe impulsar el comercio legal, proteger nuestras cadenas productivas y dar confianza a quienes intervienen y generan los empleos en nuestro país, porque si queremos atraer nuevas inversiones y aprovechar las oportunidades que tiene México frente al mundo para importar y exportar, debemos ofrecer algo que es fundamental: la certeza jurídica.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario del PRI votará en contra de esta reforma. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Moreno de Haro, del PRI, para presentar reserva.
El diputado Juan Moreno de Haro: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, combatir la subvaluación y el fraude aduanero es una obligación del Estado, pero una cosa es cosa es perseguir al defraudador y otra muy distinta es convertir prácticamente a todo importador en sospechoso. Ese es el problema central que tiene esta reforma. Elimina el piso objetivo de lo que hoy funciona como protección frente a un embargo automático y endurece el umbral del artículo 177.
En lugar de concentrar la fuerza de la autoridad donde existen señales reales de fraude, abre la puerta a una medida que afecta a operaciones legítimas y hay que dimensionar lo que está en juego, México no importa solamente productos terminados, una parte fundamental de nuestras importaciones corresponde a bienes intermedios y de capital que alimentan la producción nacional.
Inegi reporta que estos rubros representan una parte sustantiva de las importaciones mexicanas. Por eso, cualquier fricción adicional, en las aduanas, se convierte en un problema para las cadenas productivas.
Nuevo Laredo y Ciudad Juárez son puntos críticos del comercio fronterizo. En 2024, Nuevo Laredo concentró 35.9 % del valor de las operaciones fronterizas y Ciudad Juárez el 12.1 %. No podemos combatir un problema específico generando incertidumbre para toda la cadena de suministro.
Además, si una diferencia de valoración puede conducir al embargo y su sustitución queda condicionada a un depósito en efectivo, debemos preguntarnos qué impacto tendrá sobre la liquidez de las empresas, particularmente de las Mipymes. Y el consumidor tampoco se queda al margen, más controles, más revisiones y posibles retrasos trasladándose a precios, disponibilidad y tiempos de entrega.
La pregunta es sencilla, ¿por qué no focalizar esta idea en mercancías y sectores donde realmente existe evidencia de sublevación? ¿Se puede combatir el fraude sin poner en riesgo a quienes importan maquinaria, insumos y bienes necesarios para producir en México?
Compañeras y compañeros diputados, más control no significa mejor control. Mejor control significa inteligencia, focalización y reglas claras. México necesita, a México le urgen aduanas fuertes, sí, pero también necesita certeza jurídica, cadenas productivas eficientes y condiciones para invertir y generar empleos. No se trata de permitir el fraude, se trata de no tratar como defraudador a quien nos demuestra que está cumpliendo. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, para presentar reserva.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Compañeras y compañeros, en este gobierno de la transformación hemos tenido que hacer leyes que resuelvan la problemática que nos dejaron los gobiernos neoliberales.
Por eso, cada vez que suben a esta tribuna vienen muy enojados porque saben que se les acabaron sus privilegios, y también saben que en el 2027 no los van a recuperar, sino todo lo contrario. Por eso, es imperante que el gobierno de la transformación estemos realizando leyes que beneficien al pueblo de México y, sin duda, esta es una.
Hoy estamos discutiendo algo muy sencillo, si queremos aduanas con capacidad para hacer cumplir la ley o si vamos a seguir dejando espacios para que algunos obtengan ventajas indebidas a costa de quienes sí cumplen.
Porque cuando una mercancía entra al país declarando un valor menor al que realmente corresponde, no estamos hablando de una simple diferencia administrativa, estamos hablando de competencias desleales, estamos hablando de recursos que dejan de ingresar al Estado y estamos hablando de productores y empresas mexicanas que tienen que competir contra quienes buscan pagar menos de lo que está establecido en la ley.
Eso es precisamente lo que este dictamen busca corregir. La reforma fortalece las facultades de comprobación de la autoridad aduanera, mejora los mecanismos para detectar posibles prácticas de subvaluación y establece reglas para actuar cuando existan diferencias entre el valor declarado y el valor de las mercancías idénticas o similares.
Y frente a quienes pretenden presentar esta reforma como un exceso de la autoridad, hay que decir las cosas como son, aquí no se está inventando nuevos impuestos, no se está castigando a quien importa legalmente, no se está persiguiendo a quien trabaja y cumple, se está fortaleciendo la capacidad del Estado para que todos jueguen con las mismas reglas.
Entonces, vale la pena preguntar a quienes se oponen ¿qué parte de esto les incomoda? Qué la autoridad pueda verificar el valor real de una mercancía, qué quien cumple con la ley deje de competir en desventaja, o qué cierren espacios que durante años permitieron que algunos hicieron negocios pagando menos de lo que correspondía.
Porque una cosa debe quedar muy clara, defender el comercio exterior no significa defender las irregularidades. México necesita importar, exportar, atraer inversión y facilitar el comercio. Por supuesto que sí, pero también necesita un piso parejo para quienes producen, generan empleos y cumplen con una obligación.
El dictamen establece, además, mecanismos para proteger la seguridad jurídica de los particulares cuando se acredita la legal estancia de las mercancías, se desvirtúan las causas del procedimiento o se demuestra que el valor declarado fue determinado conforme a la ley. La autoridad deberá devolver las mercancías y liberar las garantías correspondientes.
Por eso tampoco es válido decir que estamos otorgando facultades sin límites. Hay procedimientos, hay reglas, hay mecanismos de defensa y hay obligaciones para la propia autoridad.
Lo que ya no podemos aceptar es que, la preocupación por quien pudiera ser revisado sea mayor que la preocupación por quien lleva años cumpliendo la ley. Ese argumento está al revés.
Este Congreso tiene que defender primero a quienes hacen las cosas bien, a quienes pagan correctamente, a quienes producen en México, a quienes generan empleos y a quienes todos los días cumplen con sus obligaciones. También estamos hablando de hidrocarburos y de petrolíferos.
El dictamen establece sanciones específicas de entre el 50 y el 100 % del valor comercial de las mercancías en determinados supuestos de infracción. Diputadas y diputados, tenemos que seguir fortaleciendo nuestros marcos jurídicos. Esta ley va a resolver muchos asuntos que en la aduana le competen a muchas y muchos mexicanos.
No podemos exigir mayor recaudación y al mismo tiempo tolerar prácticas que afecten los ingresos públicos, por eso lo decimos fuerte y claro: seguiremos legislando a favor del pueblo de México. Como diputados del Grupo Parlamentario...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: ... del Partido del Trabajo, decimos fuerte y claro: unidad nacional, todo el poder al pueblo. Retiro mi reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. Tiene el uso de la palabra la diputada Vanessa López Carrillo, del Partido del Trabajo, para presentar reserva.
La diputada Vanessa López Carrillo: Con tu permiso, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Vanessa López Carrillo: Compañeras y compañeros. Quiero referirme también a quienes hoy anuncian su voto en contra de esta reforma. Resulta cuando menos contradictorio que quienes durante décadas tuvieron la responsabilidad de construir un sistema aduanero que permitió enormes espacios para la evasión, el contrabando y prácticas como la subvaluación, hoy pretendan frenar una reforma que precisamente busca cerrar esos espacios.
El PRI y el PAN han cuestionado esta reforma, pero aquí la pregunta es muy sencilla: ¿de qué lado queremos estar? ¿Del lado de quienes quieren mantener las cosas como están o del lado de quienes estamos construyendo un sistema aduanero con mayores controles, mayor fiscalización y herramientas para combatir el contrabando? Porque votar en contra es fortalecer las facultades de comprobación, de combatir la subvaluación y de cerrar espacios al llamado huachicol fiscal merece una explicación frente al pueblo de México.
No se trata de defender al gobierno, se trata de defender los recursos de la nación. No se trata de una lucha entre partidos, se trata de decidir si las aduanas estarán al servicio del interés público o si seguiremos permitiendo espacios que beneficien a unos cuantos.
Desde la cuarta transformación tenemos una definición muy clara: primero el pueblo y después los privilegios. Y por eso vamos a seguir fortaleciendo las instituciones, combatiendo la corrupción y cerrando las puertas a quienes durante mucho tiempo encontraron la manera de evadir sus responsabilidades. A quienes hoy votan en contra les decimos con respeto, pero con firmeza: el pueblo de México merece saber por qué se oponen a fortalecer sus propias aduanas.
Nosotros sí tenemos claro de qué lado estamos. Estamos del lado de quienes trabajan, del lado de quienes producen, del lado de quienes cumplen y, sobre todo, como lo hemos venido demostrando en cada una de las reformas que hemos aprobado, estamos del lado del pueblo de México.
Esta reforma busca cerrar la puerta a la subvaluación en las aduanas, que una mercancía que cuesta 300 pesos no se declare como si valiera 100 pesos para pagar y evadir impuestos.
¿Qué cambia con la reforma porque pareciera que no queda clara? Se pretende una mayor vigilancia sobre el valor de las importaciones, se endurece el combate a la subvaluación, se elimina el umbral general de 50 % que actualmente contempla el artículo 151 para el embargo precautorio en determinado régimen. La presunción de infracción pasa a una diferencia del 50 al 20 %. También se refuerza especialmente la vigilancia de hidrocarburos y petrolíferos.
No se deja indefenso al importador como se ha querido manejar. Si demuestra que declaró correctamente o que la operación es legal, se deben devolver las mercancías y liberar las garantías o depósito correspondiente.
¿A qué y a quiénes ayuda esta reforma? Por supuesto que ayuda a las aduanas porque tendrán mayores herramientas para detectar posibles operaciones. Al comercio formal: por supuesto que también ayuda al comercio formal porque busca reducir la ventaja de quien importa mercancías declarando artificialmente un precio menor. A la Hacienda pública, porque busca que los impuestos y cuotas correspondientes se calculen sobre los valores que correspondan conforme a la ley. A los importadores que cumplen, porque la reforma conserva garantías y procedimientos para acreditar la legalidad de sus operaciones.
¿Quiénes se benefician? Y esta pregunta es importante hacérnosla y responderla. Principalmente, las empresas y comerciantes que sí cumplen con las reglas, porque ese es y ha sido el objetivo de este gran gobierno.
En pocas palabras, queremos evitar que alguien que importe una mercancía, como lo hemos mencionado, que tiene un valor lo reporte en un valor menor, porque los recursos del pueblo de México pertenecen única y exclusivamente al pueblo de México.
Por eso, nosotros decimos con claridad y con certeza: en el Partido del Trabajo vamos a favor de esta reforma porque decimos no a los privilegios, no al contrabando, no a la evasión, sí a la transformación, sí a la soberanía económica de México. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Retiro mi reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Armando Díaz, del Partido del Partido del Trabajo, para presentar reserva.
El diputado Luis Armando Díaz: Con su permiso, presidente. Detrás de un tecnicismo aduanero, hay un problema que afecta directamente a la economía de las familias mexicanas.
Cuando una mercancía entra al país, declarando un valor artificialmente bajo, ocurren tres cosas. El Estado deja de recaudar los recursos que corresponden, el importador que hace trampa obtiene una ventaja indebida sobre quien cumple, y el productor nacional tiene que competir contra precios que no son reales. Al final, quien pierde es el trabajador mexicano, cuyo empleo depende de que su empresa pueda competir en condiciones justas.
Hoy, la ley establece un margen tan amplio que muchas de estas prácticas pasan sin consecuencias. Para que proceda este embargo precautorio, la diferencia en el valor declarado debe ser al menos el 50 %, las cifras lo confirman.
En 2025 y hasta agosto de este año, 2 mil 541 operaciones por alrededor de mil 586 millones de pesos quedaron fuera del embargo únicamente por ese umbral, son recursos públicos que se escapan por una rendija legal.
Este dictamen cierra esa posibilidad, deja atrás el parámetro rígido del 50 % en el artículo 151. Además, reduce del 50 % al 20 % el margen, para presumir una infracción en el artículo 177. Con ello, la autoridad podrá actuar a tiempo, sin esperar a que el daño alcance proporciones mayores y lo hace con responsabilidad.
La reforma no deja el valor de las mercancías al criterio de la autoridad, porque se mantienen como referencia los métodos de valoración de los artículos 72 y 73 de la Ley Aduanera. Además, el artículo 153 garantiza que quien acredite la legalidad de su operación recupere sus mercancías y, en su caso, su garantía. Se sanciona al que hace trampa, no al que cumple.
Para el Partido del Trabajo fortalecer las aduanas es defender la soberanía económica, cada peso que se recupera de elevación, es un peso que puede destinarse a salud, a educación y a programas sociales. Cada mercancía subvaluada que se detiene es una oportunidad que se protege para la industria nacional, con congruencia con el Plan México.
Compañeras y compañeros, diputadas, diputados, hoy, sin duda alguna, vamos a dar un gran paso al aprobar estas reformas y adiciones a la Ley Aduanera. Quien esté a favor del pueblo de México, quien esté a favor de una soberanía económica para nuestro país, seguramente habremos de votar a favor; quienes no, van evidenciar esa condición que siempre nos ha caracterizado de estar en contra de los intereses de la gente, de estar en contra de los intereses del pueblo.
Por eso hoy decimos fuerte claro, en el Partido del Trabajo vamos a estar a favor de la lucha para combatir la corrupción, para combatir la subvaluación, para proteger a los productores mexicanos, para proteger a los trabajadores de la industria mexicana, para mejorar la recaudación.
Y lo más importante, para seguir del lado correcto de la historia apoyando este gran proyecto de nación, que es la cuarta transformación y apoyar a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que hay que decirlo también fuerte y claro, con firmeza ha pagado la casta por México y ha dirigido una política económica correcta para el bien de México, para el bien de los mexicanos y, por supuesto, poniendo en alto a nuestro país con ese ejemplo de ser una gran mujer que gobierna nuestro México lindo y querido.
Por eso, compañeras y compañeros, en el Partido del Trabajo estamos a favor también de combatir el huachicol fiscal. Por ello, decimos fuerte y claro: Unidad nacional, todo el poder al pueblo.
Gracias, presidente. Retiro mi reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta.
Tiene ahora el uso la palabra la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer, del Partido de Acción Nacional, para presentar reserva.
La diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer: Gracias, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer: Con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy nos quieren presentar una reforma como una herramienta para combatir el contrabando. Y quiero ser muy clara: combatir el contrabando, sí; dar carta blanca a la discrecionalidad, no. Por eso nuestro voto va a ser en contra de esta iniciativa, de esta reforma.
Esta reforma elimina el umbral del 50 % del embargo precautorio por subvaluación. Ahora, si la autoridad considera que el valor declarado está por debajo del valor de referencia, puede iniciar facultades de comprobación y proceder al embargo. Y aquí, esto, es un problema, un precio diferente no siempre significa un delito, porque aún en el mismo producto puede ser de diferente tecnología, de diferente origen, de diferente volumen, y eso podría variar su valor, así lo señalaron los especialistas y representantes del sector productivo que estuvieron trabajando en las mesas de consulta.
Entonces, pregunto: ¿Vamos a detener mercancías por que un funcionario considera que su precio no coincide al del otro? Y si esto fuera así, ¿quién paga esta detención? ¿La empresa? ¿El trabajador? ¿El proveedor? ¿La cadena productiva? Esto es bastante grave, porque el producto significa prácticamente capital de trabajo, almacenaje, maniobras y retrasos que pueden afectar principalmente a aquellas empresas que trabajan bajo el sistema de just in time, como lo es la automotriz, las autopartes e IMEX.
Y hay algo todavía más grave, el propio análisis advierte que los importadores pueden no tener acceso a las operaciones de terceros utilizadas como referencias. Entonces, cómo se puede defender a alguien de la acusación cuando no conoce la evidencia de lo que se le acusa. Eso es indefensión, es un tema de un vacío jurídico que no le permite continuar.
Queremos combatirlo con toda la fuerza del Estado, hablemos del huachicol fiscal. Celebramos que las multas por hidrocarburos y petrolíferos puedan ser hasta un 100 % del valor comercial de la multa, pero una multa económica no basta. Es necesario que también se le castigue al agente aduanal que lo permitió o aquel funcionario público que colaboró, y no con una sola multa económica. Qué fácil y qué barato sería. Que respondan y que respondan con todo el peso de la ley.
Compañeras y compañeros, no confundamos autoridad con arbitrariedad. Queremos aduanas fuertes, queremos combatir la evasión, queremos terminar con el contrabando, pero también queremos reglas claras de gestión de riesgos, auditorías y garantías. No estamos defendiendo a los contrabandistas, estamos defendiendo al empresario que cumple, al trabajador que genera y al México que produce, porque el Estado debe tener autoridad, pero la autoridad también debe tener límites.
Por eso nuestro voto será en contra. En contra del contrabando, sí. En contra de la evasión, sí. En contra de la corrupción, sí. En contra de la discrecionalidad, no. No queremos una aduana que intimide, queremos una aduana que investigue. Es cuanto. Gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Julia Licet Jiménez Angulo, del PAN, para presentar reserva.
La diputada Julia Licet Jiménez Angulo: Con el permiso de la Presidencia. En Acción Nacional estamos de acuerdo en algo fundamental, México necesita aduanas fuertes, necesita combatir la subvaluación y necesita cerrar las puertas al contrabando y al llamado huachicol fiscal, pero precisamente porque queremos combatir la ilegalidad no podemos aprobar reformas que en nombre de ese combate genere incertidumbre para quienes sí cumplen con la ley, y ese es el problema de esta reforma.
Hoy se pretende eliminar el umbral del 50 % que existe para determinadas medidas frente a la subvaluación. Con ello, una diferencia entre el valor declarado de una mercancía y un valor de referencia podría ser suficiente para activar facultades de comprobación y en determinados casos llegar incluso al embargo precautorio.
Pero, quiero hacer una pregunta muy sencilla, ¿una mercancía más barata significa necesariamente que es una mercancía ilegal?, la respuesta es no. El precio de un producto puede cambiar por su marca, por el volumen de compra, por su origen, por su tecnología, por contratos de largo plazo, por sus condiciones comerciales o por sus características técnicas. Dos mercancías pueden pertenecer a la misma fracción arancelaria y sin embargo no ser realmente comparables. Comparar precios no es lo mismo que demostrar una irregularidad.
Y hay otro problema todavía más grave, la reforma puede convertir una diferencia de precio en un problema de liquidez para las empresas. La propia propuesta contempla depósitos en efectivo o cuentas aduaneras de garantía. Es decir, una controversia sobre el valor de una mercancía puede terminar inmovilizando recursos que las empresas necesitan para operar, y cuando una mercancía se detiene, el costo no se queda en la aduana, hay almacenamiento, maniobras y demoras.
Se pueden afectar cadenas productivas completas, particularmente aquellas que trabajan bajo esquemas de producción y abastecimiento justo a tiempo, con inventarios mínimos como ocurre en sectores estratégicos de nuestra economía.
Pero, además hay un problema de certeza jurídica, se pretende que buena parte de las reglas para aplicar estas medidas sean definidas posteriormente mediante disposiciones administrativas y estas reglas deberán conocerse prácticamente al momento de entrar en vigor la reforma. No podemos pedirles a las empresas que cumplan reglas que todavía no conocen.
Desde Acción Nacional proponemos algo distinto, combatir la subvaluación, pero con criterios objetivos, proteger el interés fiscal, pero garantizando el derecho de defensa; perseguir el contrabando, pero utilizando inteligencia, gestión de riesgos y auditorías posteriores, y cuando el interés fiscal pueda garantizarse mediante una garantía financiera, privilegiar la garantía sobre la inmovilización de las mercancías.
Y frente al huachicol fiscal también debemos ser claros, no basta con imponer multas., hay que investigar toda la cadena de responsabilidades, a los agentes aduanales que participen y también a los servidores públicos o particulares con influencias en el gobierno que sean parte de estas operaciones. El huachicol fiscal tiene que combatirse sin simulaciones y sin impunidad.
La reciente atención del llamado capitán sol, señalado como una pieza relevante en la red de contrabando de hidrocarburos, vuelve a poner sobre la mesa la magnitud de una estructura que involucra presuntamente a funcionarios, empresarios y operadores.
En las investigaciones y testimonios ministeriales han aparecido también referencias a personajes como Andy López Beltrán y Amílcar Olán, que acaban de encontrarlo en Suiza con sus millones y quién sabe dónde se encuentra ahorita.
Y precisamente por eso nuestra exigencia es muy clara, que se investigue todo, que se llegue hasta las últimas consecuencias y que no haya intocables. Si hubo funcionarios o sus familiares, empresarios, agentes aduanales o servidores públicos involucrados que respondan ante la justicia.
El huachicol fiscal le cuesta miles de millones de pesos al Estado mexicano y no puede haber justicia selectiva. En México no debe haber espacio para la impunidad, venga de donde venga y alcance a quien alcance.
Compañeras y compañeros, en combatir la subvaluación estamos de acuerdo, pero detener mercancías por cualquier diferencia de precio no estamos de acuerdo. México necesita aduanas fuertes, pero también necesita reglas claras, porque una diferencia de precios...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Julia Licet Jiménez Angulo: ... no es automáticamente un delito, y porque cuando una mercancía se detiene injustificadamente el costo no lo paga solamente el importador, lo paga la producción, lo pagan las cadenas de suministro y, finalmente, lo pueden pagar los trabajadores. Por estas razones, Acción Nacional votará en contra de estar reforma. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado César Israel Damián Retes, del PAN, para presentar reservas.
El diputado César Israel Damián Retes: Gracias, presidente. Venimos este día, esta noche ya, a darle más facultades a las aduanas, pero lo que quieren ustedes es discrecionalidad, le llaman embargo precautorio.
A ver ¿qué significa eso fácil y sencillo? que si ingresa una mercancía al país y ustedes piensan que tiene un valor distinto, entonces hay que confiscarla, esa es la palabra. Y para poder liberar la mercancía, en lo que averiguan, hay que depositar una suma millonaria, y ese dinero nunca lo van a regresar.
Pues es que están buscando más dinero porque no les alcanza después de todo lo que están robando, de todo lo que están saqueando, están buscando nuevas formas de encontrar redes y cárteles con lo que puedan ingresar a nuestro país. De eso va esta reforma, eso es lo que no dicen.
Porque quieren más facultades a aduanas después de todo lo que hemos descubierto, porque les recuerdo que hay una red, ahí en aduanas, que involucra a agentes aduanales, a elementos de las Fuerzas Armadas, desgraciadamente, después de que les dieron las aduanas y que ha quedado totalmente impune. Pero quieren que un agente, a su antojo, por su capricho, diga: esta mercancía me la quedo, es embargo precautorio. Ustedes quieren, sin duda, un Estado autoritario.
Pero, es que a estas alturas uno ya no entiende si Andy le aprendió muy bien a Carlos Torres y a su hermano, o de plano fueron a la misma escuela con la gobernadora de Baja California. Porque lo único que están pensando es cómo comprar obras de arte en Japón, una casa en California, con todas estas mansiones. No les bastaron los carros chocolate y se brincaron al huachicol fiscal. No fueron suficientes los barcos, van con las pipas, los pedimentos falsos, todos los tanques.
¿Y qué ha ocurrido? Nada, silencio, esa es la realidad. Porque tuvo un periodista que encontrar a Jorge Amílcar Olán en Suiza, no la Fiscalía, un periodista, quien ha sido señalado por ser el líder del lavado de dinero del cártel de Tabasco. Todo apunta a Palacio Nacional, a la chingada y a los hijos de López Obrador.
Pero yo creo que Jorge Amílcar está muy preocupado y por eso se anda escondiendo, porque tiene miedo del propio gobierno, de sus socios, pues. Porque ya le encontraron reemplazo, y el reemplazo se llama Mario Mabarak Paniagua. Seguramente vamos a estar escuchando mucho ese nombre porque ahora todos los negocios están bajo ese nuevo Amílcar, de Andy López Beltrán.
Pero miren, lo que tenemos que hacer es entrarle de a deveras a los temas, porque cada peso que no llega al erario público, a las arcas, no se traduce en beneficio para las familias. Son medicinas que no llegan a los enfermos, es una patrulla que no se compra, es una ambulancia que no está disponible cuando se necesita.
Eso sí, van a tener sus mansiones, sus aviones y todos sus juguetes muy, muy caros. Pero quizá porque ya no hay dinero, solo quizá, por eso el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro cerró sus inscripciones. Ya no va a haber más inscripciones, ya no hay dinero para los programas sociales.
¿Pues que no lo habíamos aprobado y presupuestado aquí en la Cámara de Diputados? ¿Dónde quedó ese dinero? ¿A dónde se lo llevaron? ¿En qué se gastó? ¿Quién es el responsable?
Diputadas y diputados de Morena, no vengan a pedir más atribuciones arbitrarias para las aduanas cuando no pueden con lo que tienen. Se han encargado de derrochar el dinero. No solamente traicionaron al pueblo de México, se traicionaron a ustedes mismos, porque ¿dónde quedó eso de no robar, de no mentir y de no traicionar? Si los primeros que se traicionaron son ustedes mismos, pues cómo se pueden ver al espejo.
Primero limpien las aduanas. Primero investiguen la red de corrupción que sin duda apunta entre ustedes mismos. Está muy sencillo, pues sigan el dinero. Ahí está la UIF. ¿No querían más atribuciones para que hiciera su trabajo? Pues les recuerdo, ni siquiera pudo encontrar a Jorge Amílcar Olán.
Después de que hayan hecho eso, hablemos de nuevas facultades, porque México no necesita aduanas más poderosas, México necesita aduanas limpias. Y porque aunque todo este entramado pase por Palacio Nacional y llegue a Tabasco...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado César Israel Damián Retes: ... aunque el nombre a quien apunte sea Andrés, el diminutivo Andy, y el apellido López, se tiene que hacer justicia. Gracias, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Narro Céspedes, de Morena, para presentar reserva.
El diputado José Narro Céspedes: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, al trabajador le descuentan sus impuestos antes de que pueda tocar su salario. Al pequeño comerciante le exigen facturas, declaraciones y cuentas claras. Al productor mexicano le cuesta todos los días mantener abierto su negocio y pagar la nómina. ¿Entonces por qué habría que aceptar que alguien introduzca mercancías al país declarando el valor artificialmente abajo para pagar menos de lo que le corresponde? ¿Por qué el que cumple tiene que competir con desventaja contra el que hace trampa y el que ha hecho trampas siempre... son los que están en contra? Ese es el fondo de esta discusión.
La subvaluación tiene consecuencias muy concretas: permite reducir indebidamente el pago de contribuciones, perjudica a quienes comercian legalmente y golpea a la producción nacional. Detrás de esa competencia desleal está el taller que pierde pedidos, la fábrica que reduce su producción y la familia que empieza a preocuparse por su empleo.
Por eso, vamos a respaldar esta reforma a la Ley Aduanera porque defender la economía mexicana también significa cuidar a quienes producen, generan empleo y cumplen con sus obligaciones.
Y a los compañeros del PRI y del PAN les digo: debatamos de frente. Podemos discutir cómo mejorar los procedimientos, cómo evitar abusos y cómo facilitar el comercio legítimo. Ese debate es necesario, pero si van a cuestionar que el Estado tenga mejores herramientas para detectar valores artificialmente reducidos, expliquen también cómo van a proteger al empresario mexicano que sí paga sus impuestos, porque exigir que todos cumplan la ley también es defender a las empresas.
Lo que estamos proponiendo tiene sustento: cuando el valor declarado sea inferior al de la mercancía idénticas o similares, conforme a los métodos de valoración de la ley la autoridad deberá iniciar sus facultades de comprobación.
Se elimina el artículo 151, el umbral general del 50 % para el embargo precautorio por subvaluación, con reglas de aplicación previstas en el régimen transitorio. Y para determinados supuestos de presunción de infracción, el umbral se reduce del 50 al 20 %, ¿qué significa esto para la gente que nos escucha? Que habrá mejores herramientas para revisar operaciones que puedan estar perjudicando la recaudación y la competencia. Que declarar una mercancía por debajo de su valor legalmente determinado tendrá consecuencias.
Alto ya al contrabando y al huachicol fiscal a través del contrabando y que el Estado tendrá que actuar, en lugar de dejar que la irregularidad siga avanzando. Ahora también lo decimos con claridad, la autoridad tiene que respetar la ley, debe de justificar sus decisiones, aplicar los métodos de valoración y respetar el derecho de defensa.
Si el particular acredita la legalidad de su operación y desvirtúa las causas del embargo, corresponde devolver las mercancías y liberar la garantía o devolver el depósito. Queremos una autoridad firme que pueda rendir cuentas de cada una de sus decisiones, además se establecen multas entre el 50 y el 100 % del valor comercial para determinadas infracciones relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos.
Estamos hablando... Esto no implica que la gente que cometa huachicol fiscal no tenga que ser sujeta a procedimientos penales, porque también lo señala el artículo 19 de la Constitución. Estamos hablando de un sector que exige vigilancia, documentación y trazabilidad, aquí no puede haber permisos políticos para incumplir.
Y lo digo desde esta tribuna, cualquier irregularidad debe investigarse, venga de donde venga. Si participa una empresa que responda, si participa un funcionario que responda y si alguien pretende protegerse detrás de una militancia, que responda también. Ninguna credencial de partido puede servir de salvoconducto para la corrupción.
Compañeras y compañeros, este debate también tiene memoria, en el gobierno de Ernesto Zedillo se instrumentó el rescate bancario mediante el Fobaproa, después se estableció el marco del IPAB para asumir obligaciones del que es rescate que al final el pueblo de México...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado José Narro Céspedes: Ha estado pagando. Cuando se trató de respaldar grandes obligaciones bancarias, también encontraron la manera de comprometer recursos públicos. Hoy nosotros planteamos fortalecer la vigilancia para que se paguen las contribuciones...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado José Narro Céspedes: Que legalmente correspondan. Porque acompañar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, significa respaldar las reformas y trabajar para que se cumpla con honestidad la confianza del pueblo, se honra con resultados. Esta reforma tiene que traducirse en operaciones mejor vigiladas, procedimientos legales y contribuciones más justas para quienes producen en México.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado José Narro Céspedes: Por eso votaremos a favor. Para el PRI y el PAN les digo, podrán subir el tono, podrán llenar esta tribuna de descalificaciones calificaciones, pero tendrán que responder al argumento central, ¿cómo se protege la producción nacional si se permite que la trampa tenga ventaja? Nosotros vamos a defender que quien...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado José Narro Céspedes: Incumple, cumpla. Que quien deba contribuir, pague; y que quien abuse, responda ante la ley. Que lo escuchen bien, el trabajo de los mexicanos merece respeto, el dinero del pueblo se defiende y la ley también se aplica a los poderosos. Ni privilegios para evadir ni protección para corromper, ni impunidad para saquear. Es cuanto, presidente. Que viva en la cuarta transformación. Retiro la reserva, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: No hay materia consulta. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Estrada Domínguez, de Morena, para presentar reserva.
El diputado Francisco Javier Estrada Domínguez: Con el permiso, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Francisco Javier Estrada Domínguez: Esta reforma a la Ley Aduanera contempla la modificación de varios artículos, pero antes de hablar de ello quiero, pues irme un poquito a los antecedentes de lo que se ha comentado en esta alta tribuna de lo que es el huachicol.
Y pues, sin duda, la madre, el padre de esta práctica muy común, pues tiene que ver con la reforma energética, la reforma Peñista, la reforma Prianista, que aprobaron en el 2013 los del PRI y los del PAN.
Y no fue precisamente en este espacio, fue allá en el Auditorio Aurora, donde a los compañeros los callaban, donde a los compañeros los violentaban y donde incluso algunos compañeros diputados de aquel entonces les trataban de negar el derecho a expresarse. Esa, ese es el origen del huachicol.
Y antes de esto, pues, también hablar cómo controlaban las aduanas los hijastros del expresidente Fox, los hijos de Marta Sahagún, cómo controlaban las aduanas desde aquel entonces, cómo se iba toda la recaudación que hacía Acción Nacional a la Fundación de Vamos México, construyeron el Centro Fox y no sé cuántas más asociaciones, vivían de eso, ese era el control de aduanas que tenía el prianismo anteriormente.
¿Qué hemos hecho como gobierno de la cuarta transformación? Ya va a ser un año, el 10 de diciembre de 2025 aprobamos una reforma a la Ley General de Importaciones y Exportaciones. Esta reforma ha estado dando frutos en todo este tiempo. En promedio ha habido una disminución a importaciones en sectores que son clave para mantener el empleo de nuestro país, como es el calzado, autopartes, plásticos, papel cartón, aquí ha habido una reducción a importaciones. Y esto lo comento porque hoy la reforma que estamos discutiendo, pues, también va enfocada a eso, también va enfocada a proteger el empleo de las familias mexicanas, va enfocada a proteger sectores clave de nuestro país.
La reforma contempla modificación a varios artículos de la Ley Aduanera y de manera central pretende cerrar espacios a las subvaluaciones de mercancías importadas. Es decir, cuando alguien declara que una mercancía vale menos de lo que realmente corresponde para reducir impuestos o cuotas. En términos sencillos, busca que las aduanas tengan más herramientas para revisar operaciones sospechosas y cuando corresponda aplicar un embargo precautorio. Actualmente uno de los supuestos exige que el valor declarado sea por al menos el 50 % del valor inferior de las mercancías idénticas o similares. El dictamen considera que ese umbral deje fuera operaciones potencialmente problemáticas y propone disminuir al 20 %.
Hoy no estamos discutiendo únicamente procedimientos aduaneros, estamos hablando de algo mucho más cercano a la vida cotidiana de millones de familias. Cómo defendemos el empleo, ¿cómo defendemos la industria nacional y cómo defendemos a quienes producen?
El dictamen que hoy discutimos reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, fortalece las facultades de la autoridad para detectar y combatir la subvención de mercancías, es decir, aquellos casos en los que los productos ingresan al país declarando valores inferiores a los que realmente corresponden. Y lo hace, además, sin crear nuevas contribuciones ni nuevas cargas fiscales para la ciudadanía.
Para quienes somos de Guanajuato, este tema no nos es ajeno en lo absoluto. En nuestro estado sabemos perfectamente lo que significa competir contra mercancías que entran al país en condiciones desiguales. Pensemos solamente en un sector que es muy sensible para nuestro estado, el sector cuero-calzado. Guanajuato produce alrededor del 75 % del calzado nacional y desafortunadamente estas prácticas que se han llevado a cabo han puesto en riesgo esta industria en nuestro estado y en nuestro país.
Y de acuerdo a las cifras del propio gobierno de Guanajuato, el cluster de moda incluye, en el sector cuero, calzado y textil, confección que genera más de 150 mil empleos en nuestro estado. Por eso, cuando hablamos de subvaluaciones...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Francisco Javier Estrada Domínguez: ... no hablamos de únicamente de una hoja de cálculo, hablamos de talleres familiares en municipios como en León, como en San Francisco, hablamos de pequeñas empresas que pagan impuestos de seguridad social, hablamos de salarios, hablábamos de materias primas en México y que durante años han tenido que enfrentar mercancías importadas a precios difíciles...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Francisco Javier Estrada Domínguez: ... Por eso, desde esta tribuna manifestamos que vamos a aprobar esta reforma a la Ley Aduanera. Es cuanto, su señoría. Retiro la reserva, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. Tiene el uso de la palabra la diputada Vianey García Romero, de Morena, para presentar reserva.
La diputada Rafaela Vianey García Romero: Con tu venia, presidente. ¿Cómo decía el clásico cuando nada les embonaba? ¿No se acuerdan ustedes? ¿Cómo decía el expresidente del PRI cuando no les embonaba qué cosa? Como decía su presidente, abro comillas, ningún chile les embona, cierro comillas.
Que si se fortalecen las aduanas, no les gusta; que si se fortalecen las aduanas para evitar el contrabando, no les gusta; que si se fortalecen las aduanas para combatir el huachicol fiscal, ese que distingue tanto al primer gobernador panista, ¿cómo se llama? Ruffo, Ruffo, ese gran legado panista que si se fortalecen las aduanas para combatir el huachicol fiscal, no les gusta.
Que si se quiere acabar con la práctica de declarar una mercancía por debajo de su valor real para pagar menos impuestos, no les gusta; que si se busca que la recaudación del gobierno incremente sin aumentar nuevos impuestos, ¿qué creen? No les gusta.
No les gusta porque realmente lo que les importa no es combatir el huachicol, es querer ganar un poquito más despacio para poder llegar a la siguiente elección más fortalecidos, pero se van a topar con pared porque ya no les alcanza y por eso recurren de manera constante a la politiquería barata.
A la politiquería que miente cada vez que se suben a la tribuna, mienten cada vez que van a un espacio, a una mesa de debate, mienten cuando están en una discusión, en un debate y votan en contra de manera continua, deberían de nombrar a su alianza los prianistas naranjas contreras, ese debería de ser el nombre por el cual deberían de competir en las siguientes elecciones. Desafortunadamente, o bueno, afortunadamente para nosotros tenemos una oposición tan pequeñita, tan diminuta, que nos permite avanzar realmente en el combate contra el huachicol fiscal. Nosotros lo que estamos buscando es que hoy entren de manera real a nuestra recaudación más de 32 mil millones de pesos.
Queremos que haya competitividad de la industria nacional, que se combata el huachicol y que se compita en condiciones asimétricas frente a mercancías artificialmente abaratadas.
Hoy, la ley no deja a la Aduana retener una mercancía subvaluada, aunque haya pruebas. La diferencia es menor al 50 %. Por eso, con la reforma se pretende que si hay indicios de que se declaró por debajo de su valor, la mercancía se queda en la Aduana hasta que se aclare.
¿Qué es lo que no les gusta? Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum está dando muestra de cómo se tienen que combatir todos estos actos ilegales. Pero eso es lo que no les gusta, porque hoy nosotros estamos cumpliendo con lo que se dio en campaña, lo que dijo López Obrador en el 2018, porque hay de frases célebres a frases célebres. El presidente López Obrador dijo: no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México. Y eso es lo que mantiene hoy el legado de la cuarta transformación.
La reforma busca combatir la competencia desleal, derivada de importaciones subvaluadas y proteger la base gravable nacional frente a su erosión sistemática.
Nosotros creemos que si se mantiene esta reforma avante no solamente va a haber finanzas públicas sanas, sino que va a haber legalidad y va a haber combate real contra la corrupción. Habrá una industria formal fortalecida y sin aumentar impuestos llegaremos a una recaudación histórica por arriba de los 10 billones de pesos, sin aumentar impuestos.
Eso es lo que no les gusta, no les gusta que el pueblo tome decisiones y que hoy avance hacia la progresividad de los derechos. No les gusta que el pueblo sea soberano porque les encanta ponerse de tapete. No les gusta que nosotros cumplamos y que eso nos permita mantener...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Rafaela Vianey García Romero: ... la preferencia electoral.
No les gusta, y aunque no les guste nosotros vamos a seguir avanzando, porque para eso llegó la cuarta transformación. Nosotros no somos tapadera de nadie, ni mucho menos seguiremos haciendo las prácticas...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Rafaela Vianey García Romero: ... que dañaron tanto en el pasado. Por eso, nosotros vamos a favor de esta reforma aduanera e iremos a favor de combatir el huachicol. Es cuanto, presidente, retiro mi reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las diputadas y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados, en términos del dictamen.
(Votación)
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: ¿Falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto?
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 338 votos en pro, 114 en contra y 0 abstenciones.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Aprobados por 338 votos los artículos reservados en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Continuamos con la discusión del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: En términos del artículo 104, numeral 1, del Reglamento, se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, hasta por diez minutos.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción presento a esta soberanía el dictamen por el que se expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.
El propósito de esta nueva ley es muy claro: contar con información confiable sobre los patrimonios inmobiliarios y las instituciones que brindan certeza jurídica a la propiedad, por lo cual es una ley de alto interés público.
Una vivienda, un inmueble, un terreno, representan años de trabajo. Este esfuerzo merece protección, no debe quedar expuesta la propiedad a registros contradictorios, trámites innecesarios, información falsa, decisiones discrecionales y mucho menos a la corrupción. El catastro describe dónde está un inmueble, cuánto mide y cuáles son las características.
El registro público de la propiedad da publicidad a los actos y derechos inscritos sobre ese inmueble, sobre esa propiedad. Cuando sus datos no coinciden, son manipulados, aparecen dificultades que las personas deben resolver, muchas veces, con tiempo y dinero que no tienen. Esto da pie a juicios larguísimos, a sobornos, pero también a la corrupción inmobiliaria.
Este dictamen busca que ambas instituciones, los catastros y los registros públicos compartan información de manera segura y puedan descubrirlas de manera oportuna, para corregirlas conforme a la ley. Esta propuesta deriva de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca reglamentar la facultad que tiene este Congreso de la Unión para establecer una ley general en la materia.
Hay que señalarlo, esta base constitucional data de 2013, ¿qué significa? Que ha habido una omisión legislativa de casi 14 años y esto también se debe al cúmulo de intereses que giran en la órbita de la propiedad, de los inmuebles, de los registros públicos, de los catastros.
Cuántos y cuántas de ustedes, en su labor cotidiana, no atienden a gente que llega con problemas en su propiedad, por dobles registros, por doble escrituración, por malos deslindes, por abusos en las oficinas que están para servir, pero que muchas veces sirven para despojar. Y cuántos de los ingresos que debieran entrar a las arcas de los municipios se van por el caño de la corrupción ni siquiera entran a las finanzas municipales.
Por eso buscamos que cada actuación y cada modificación dejen un registro totalmente trazable. La ley establece planes nacionales, criterios comunes para los trámites y herramientas digitales que faciliten la coordinación entre autoridades.
Habrá una clave única catastral que permitirá identificar cada inmueble. Esto será una especie de CURP para cada inmueble, para que no haya que aparece un mismo inmueble con dos propiedades.
Combatir la corrupción exige cerrar los espacios donde la información tiene la posibilidad de ocultarse o manipularse. La transparencia también se construye con sistemas públicos confiables.
Quiero señalarles que hubo un debate de altura en la comisión, cada grupo parlamentario expresó sus legítimas posturas, se recogieron algunas de ellas en el dictamen y todo nuestro respeto a las posiciones. Sin embargo, sí sostenemos que esta información no tiene por qué ocultarse, tiene que haber transparencia total.
Y el texto incorpora claramente los principios de respeto al federalismo y la autonomía municipal. La plataforma catastral municipal se concibe como un mecanismo de coordinación tecnológica, la gestión y el uso de la información permanece bajo la competencia de los estados y los municipios y la responsabilidad será de las autoridades correspondientes.
Lo que se plantea es coordinación, no centralización. Compartir herramientas, estandarizar los registros no significa sustituir a los gobiernos locales. También debemos ser precisos, esta ley no crea nuevos impuestos ni transfiere a la Federación la recaudación del predial.
Como todos sabemos, el impuesto básico por excelencia de los municipios, conforme al 115 constitucional, es el impuesto predial, que se determina con base en las Leyes de Ingresos Municipales, que son aprobadas por las legislaturas de los estados. Y esto seguirá aconteciendo, que no haya confusiones. No se trata de una ley para cobrar el predial, eso le corresponde a cada municipio y a cada estado.
La prevención de la corrupción, queremos subrayarlo, comienza en decisiones concretas: registrar las actuaciones, conservar los antecedentes y permitir que las modificaciones puedan revisarse. Todos los Registros Públicos estarán sujetos al escrutinio público. Hay casos vergonzosos donde incluso en los Registros Públicos arrancaban las hojas con las inscripciones de la traslación de dominio de una propiedad, los avisos preventivos los dejaban a un lado, todo eso se va a evitar si se cumplimenta bien esta disposición.
La ley prevé también consecuencias por el incumplimiento en términos de las Leyes de Responsabilidades Administrativas federal y locales aplicables. También la utilidad del catastro alcanzará para una mejor planeación urbana. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, a juicio de la mayoría de la comisión esta ley va a beneficiar la transparencia inmobiliaria, la homologación de los catastros y los Registros Públicos en todo el territorio nacional, se combatirá la corrupción inmobiliaria, los despojos, los fraudes y la mala adquisición de bienes a partir del engaño.
Por esa razón invitamos a esta asamblea a votar a favor del dictamen, el patrimonio de las familias merece certeza. La propiedad anhela transparencia, cerremos la puerta a la corrupción inmobiliaria, fortalezcamos los municipios y apoyemos la digitalización de lo servicios públicos en el país. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado Mejía.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene la palabra la diputada Nancy Olguín Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar moción suspensiva hasta por tres minutos.
La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz: Gracias, presidente. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, subo a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para exigir la aprobación inmediata de esta moción suspensiva. Un recurso a lugar que tenemos para detener de inmediato la decisión de un procedimiento viciado y frenar este dictamen que queda claro, no venimos a frenar por capricho la modernización del país, venimos a frenar un atropello a la Constitución, a defender el patrimonio de las familias y a detener la peligrosa tentación centralista de este gobierno.
Presentamos esta moción fundada en faltas graves que anulan completamente la validez de este procedimiento. Este dictamen nació violando la norma constitucional, pues la reforma que le dio origen estableció el mandato claro, irrenunciable e ineludible de consultar y escuchar formalmente la opinión de las entidades federativas y de los municipios de México.
Sin embargo, la mayoría omitió deliberadamente este procedimiento obligatorio y no existe prueba alguna en el expediente a haber consultado a quienes administran día a día los registros públicos y catastrales en nuestras colonias y municipios. Ignorar este mandato del Constituyente invalida jurídicamente todo este proceso.
Este dictamen perpetra una intromisión inconstitucional a la autonomía local. Cuando se autorizó homologar criterios tecnológicos, el Constituyente dejó asentado con absoluta claridad que esta ley de ninguna manera podría federalizar los registros públicos ni catastrales. Hoy pretenden hacer exactamente lo contrario, subordinar a los gobiernos locales, imponerles modelos obligatorios desde el centro y fiscalizarlos bajo amenaza de sanción si no se someten, peor aún, en el artículo noveno transitorio imponen todas estas obligaciones tecnológicas a los municipios sin asignarles un solo peso de presupuesto federal, obligándoles a pagar la infraestructura con sus propios recursos.
Todo esto para meter mano en la gestión del impuesto predial, disfrazando de tecnología un voraz afán recaudatorio sobre la vivienda de las familias. Esta medida afectará directamente a cada mexicano y mexicana al concentrar un poder desmedido y alarmante de la Agencia de Transformación Digital.
Esta súper-agencia que ya controla actualmente la identidad digital, los datos biométricos, la ciberseguridad, la inteligencia en seguridad pública y las compras de tecnología del gobierno, y ahora pretenden entregarle también la llave maestra de la información patrimonial inmobiliaria de toda la población.
Esta acumulación masiva, insensible operará sin contrapesos institucionales, sin supervisión independiente, sin transparencia y sin la obligación de su titular que venga y rinda cuentas de manera periódica ante este Congreso sobre el uso que le da a todos estos datos que está concentrando.
Nos preocupa profundamente que pretendan exportar a todo el país el modelo centralista e invasivo que se ensaya en la Ciudad de México. En la capital, el control central sobre el territorio y los valores inmobiliarios generó una grave incertidumbre sobre la propiedad privada y provocó severas presiones tributarias sobre la ciudadanía. Lo que está en juego aquí no es un asunto menor ni meramente administrativo. Está en riesgo el derecho a la propiedad, la privacidad de los datos familiares...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputada.
La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz: ...y la certidumbre jurídica sobre el asunto, sobre el hogar y los bienes de las familias que les han costado muchos años construir. Las familias de México... Sí, presidente, deben de estar muy atentas a lo que hoy se pretende aprobar.
Si permitimos que el gobierno central tome el control absoluto sobre los registros inmobiliarios y catastros, le abrimos la puerta para intervenir en sus bienes, alterar los valores de sus inmuebles, vigilar su patrimonio sin contrapeso. Señores, no podemos entregar a ciegas el patrimonio de las y los mexicanos. Por lo que decimos, desde Acción Nacional, no lo vamos a permitir...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputada.
La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz: ...exigimos formalmente aceptar la moción, devolver el dictamen a la comisión, abrir verdaderos foros parlamentarios. En Acción Nacional defendemos el patrimonio familiar, la propiedad privada, el federalismo y la privacidad ni un paso atrás a este centralismo impuesto. Es cuanto.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si la moción suspensiva se toma en consideración para su discusión de inmediato.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica se pregunta a la asamblea si la moción suspensiva se toma en consideración para su discusión de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gibrán Ramírez Reyes, suplicándoles a las y los diputados que se puedan ceñir al tiempo preestablecido. Gracias.
El diputado Gibrán Ramírez Reyes: Gracias, presidente. Este dictamen presenta varias inconsistencias y problemas de fondo que no pueden ignorarse.
Primero y más grave, que ya se mencionó. Desde la reforma constitucional de 2013 quedó establecido que antes de expedir esta ley general debía solicitarse, obligatoriamente, la opinión de las entidades federativas.
No sucedió, ¿y por qué no sucedió? Porque las entidades federativas, como entes soberanos no iban a estar dispuestos a ceder un área que debe depender, exclusivamente del pueblo y la sociedad de cada uno de los estados. Pero aún, se solicitó formalmente la realización de un parlamento abierto y eso tampoco sucedió.
Esta reforma pretende modificar una de las funciones primordiales de los municipios y no se está escuchando a nadie de quienes la van a implementar. Y esta ha sido una constante cuando se trata de reformas que incluyen en su eje a la Agencia de Transformación Digital.
Esta ley le entrega a la Agencia funciones para diseñar modelos de homologación, desarrollar y administrar plataformas, establecer mecanismos de interoperabilidad, habilitar accesos, así como supervisar la implementación.
En los hechos y con estos verbos, con estas palabras se permite que la federación intervenga en atribuciones que constitucionalmente no le corresponden. Y para ello, curiosamente, en los transitorios le dan a la Agencia 30 días, solo 30 días para emitir los lineamientos y habilitar las plataformas.
Entonces, resulta evidente que buena parte de ese trabajo ya está definido, ya está incluso escrito y que a esta Cámara la toman únicamente como oficialía de partes para hacer un trámite de lo que el Ejecutivo ya decidió.
Soberanía significaría, de nuestra parte, detener esto, regresarlo a las comisiones, discutirlo seriamente, escuchar a los estados, escuchar a los municipios y entonces decidir. Defiendan su investidura, defiendan lo que representan y regresen esto a comisiones, compañeras y compañeros del oficialismo. No habrá, de otra manera, una construcción, aunque sea bien intencionada, de una nueva etapa para el país.
En la Ciudad de México ya se intentó hacer esa centralización y no ha funcionado. Han visto ustedes como después de eso las denuncias por despojo incluso se incrementaron. El control digital no impide que la corrupción avance.
Creo que lo único que lo impediría es que esta soberanía se tome en serio a sí misma, que intentemos cuidar el federalismo, porque algún día esto que ustedes quieren aprobar puede estar en manos de sus adversarios y entonces no les va a gustar, porque entonces no van a confiar en la buena fe de quien encabece estas instituciones autoritarias. Gracias, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si la moción suspensiva se toma en consideración para su discusión de inmediato.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica se pregunta en la asamblea si la moción suspensiva se toma en consideración para su discusión de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, para presentar moción suspensiva del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.
El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI presentamos esta moción suspensiva y solicito devolver el dictamen a comisiones, ya lo expuso hace un momento aquí mis compañeros del MC. Pues igual si no se consultó a los municipios, a los estados, ni a la Comisión de Federalismo se le pidió opinión, con eso creo que queda muy claro la falta de poder llevar esta reforma, que realmente fuera, pues, tratada en parlamentos, para poder llevar una buena opinión de la misma.
A las familias que nos escuchan, esta reforma trata de datos de su casa, de su terreno y de cómo se conecta esta información con el Registro Público de la Propiedad. Hablamos del esfuerzo de años, de créditos, de herencias y del hogar donde viven hoy nuestros hijos.
El PRI quiere trámites fáciles y documentos seguros. Rechazamos que bajo el pretexto de modernización se imponga obligación, sin garantizar los recursos suficientes y se ponga en riesgo la autonomía municipal.
Tenemos cuatro razones por las cuales ponemos en la mesa esta moción suspensiva.
Primera. Proteger las decisiones de nuestros municipios. El artículo 115 constitucional protege sus atribuciones y la libre administración de su hacienda. Este dictamen impone modelos, plataformas y lineamientos nacionales obligatorios bajo la conducción de una agencia federal. Aunque reconoce las competencias locales, debe dejar claramente establecido dónde termina la coordinación tecnológica y cómo se impide que condicione las decisiones municipales. La autonomía municipal no puede quedar subordinada a instrucciones emitidas desde el centro del país.
Segunda. Los municipios necesitan condiciones reales para cumplir. Legislan como si todos los municipios fueran iguales. El municipio rural que no tiene internet no es igual a la ciudad grande que tiene todos los servicios. Hay ayuntamientos sin equipo suficientes, sin personal especializado y con dificultades para atender los servicios básicos, pero el régimen exige cubrir los costos con los presupuestos aprobados, sin autorizar recursos adicionales para lo mismo.
La federación ordena, pero deja a los gobiernos locales la cuenta por pagar. ¿De dónde saldrá el dinero para poder llevar agua potable a los hogares, para llevar alumbrado, para arreglar las calles, para llevar los servicios básicos a los municipios?
El calendario diferenciado y el acompañamiento técnico previstos deben respaldarse con recursos y condiciones suficientes. Además de actualizar los valores catastrales, puede traducirse hoy en mayores cobros de predial, dependiendo de las leyes y tarifas locales. Ahí el riesgo del predialazo que hemos denunciado en el PRI. Exigimos que la modernización no termine castigando los bolsillos de las familias.
Tercero. La ley no toma en cuenta a los notarios. El gremio notarial advierte que esta reforma deja vacíos importantes para su implementación: no reconoce expresamente la función de los notarios ni su acceso institucional a las nuevas plataformas, no establece mecanismos claros para corregir discrepancias entre el catastro y el registro, y fija una transición acelerada sin garantizar recursos adicionales ni un periodo de convivencia entre sistemas, lo que puede dificultar la implementación de esta propuesta. Por último y la cuarta, ustedes lo han dicho siempre y antes lo decían: las consultas...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputado.
El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez: ... a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta reforma no pasó por la consulta y los afecta en sus territorios, en sus tierras, en la forma de su organización. Sus derechos merecen respeto, sus comunidades deben de ser escuchadas. Omitir esta obligación expone la ley a impugnaciones y a un riesgo de invalidez.
Por eso pedimos suspender la discusión y devolver el dictamen a comisión para proteger las facultades municipales, establecer una implementación acorde a sus distintas capacidades y garantizar los derechos de las comunidades. Si la federación quiere modernizar...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputado.
El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez: ... que aporte recursos y asuma su responsabilidad. El PRI defenderá el patrimonio de las familias y la autonomía de nuestros municipios. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si la moción suspensiva se toma en consideración para su discusión de inmediato.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica se pregunta a la asamblea si la moción suspensiva se toma en consideración para su discusión de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se desecha.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se otorgará el uso de la palabra a los grupos parlamentarios para fijar su postura, hasta por cinco minutos, en orden creciente. Tiene el uso de la palabra la diputada Irais Reyes de la Torre, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre: Con permiso de la Presidencia. Hoy quiero expresar una postura que nace de la responsabilidad y del compromiso con el federalismo, con la certeza jurídica y con la protección del patrimonio de las personas.
Es evidente que México necesita modernizar sus catastros y sus registros públicos. Para nosotros es importante digitalizar trámites, interoperar sistemas, cerrar espacios a los fraudes inmobiliarios y garantizar que la información sobre la propiedad sea clara, accesible y confiable.
Nadie puede negar que la modernización es necesaria y menos aún que la digitalización puede generar transparencia y fortalecer la seguridad jurídica. Ese no es el debate. El problema no es el qué: el problema es el cómo. Y es precisamente que hoy votaremos en contra.
Bajo la narrativa de homologación y modernización, este dictamen construye un modelo en el que todas las decisiones tecnológicas, operativas y de implementación quedan subordinadas a la federación.
El artículo 7 plantea que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la encargada de diseñar los planes nacionales, definir los modelos de homologación, desarrollar y administrar las plataformas, emitir los estándares técnicos, habilitar los accesos y supervisar la implementación en estados y municipios, eso rebasa a una simple homologación.
Si una sola agencia federal diseña, controla, supervisa todo, entonces no estamos ante un modelo de coordinación, estamos ante una centralización tecnológica que contradice el espíritu del artículo 115 constitucional y la propia reforma, de 2013, a la fracción XXIX del artículo 73, donde la oposición, incluyendo legisladores que hoy integran la mayoría parlamentaria, advirtió que homologar no debía significar centralizar.
Ahí están los diarios de debates del 27 de diciembre de 2013, donde Mario Delgado, Manuel Bartlett y Layda Sansores dijeron que esta facultad podría vulnerar el federalismo. Es paradójico que quienes antes advertían riesgos, ahora lo niegan, y eso coloca de manifiesto que hay una evidente inconsistencia legislativa.
Además de la centralización, este dictamen impone obligaciones sin recursos. La Subsecretaría de Egresos concluyó que no existe impacto presupuestario, es decir, se crean nuevas cargas para estados y municipios, pero se les dice que deberán absorberlas con sus propios presupuestos. Cómo se supone que van a capacitar personal, adoptar sistemas, actualizar cartografía, cumplir estándares tecnológicos, garantizar interoperabilidad, integrar la clave única catastral y digitalizar trámites, si no hay un solo peso adicional.
Modernizar cuesta y no podemos legislar como si todos los municipios de México tuvieran las mismas capacidades institucionales, tecnológicas y presupuestarias. Aquí se legisla como si la modernización fuera automática, gratuita y homogénea, y eso en la realidad no es así. Sin financiamiento esta ley nacerá como letra muerta.
Por si fuera poco, estamos legislando a ciegas, hay elementos esenciales, estándares técnicos, mecanismos de interoperabilidad, reglas de seguridad, criterios de acceso, integración de la clave única catastral, pero no están definidos en la ley, se dejan para lineamientos posteriores de la agencia y la Sedatu.
¿Cómo vamos a aprobar una ley que regula la información patrimonial de millones de personas sin conocer las reglas de seguridad que la protegerán? Ya hemos vivido casos de hackeo de información gubernamental, y en ese contexto se pretende que una sola agencia federal pueda concentrar la información catastral y registral de todo un país.
Imaginemos el nivel de vulnerabilidad, el riesgo para la certeza jurídica, el impacto si esa información se compromete, se filtra, se roba y cae en manos ajenas como otras veces ya ha sucedido. Cambiar el nombre de plataforma nacional, a plataforma municipal, no resuelve nada, es simplemente un acto más de simulación, es solo maquillaje porque la ley, la estructura, sigue siendo centralizada.
Por otro lado, los tiempos de arranque son incumplibles. El dictamen aprobado en la Comisión de Transparencia establece plazos que no corresponden con la realidad operativa de los municipios, hay localidades que ni siquiera tienen catastro digitalizado. Pretender que a diciembre de 2026 cumplan estándares nacionales es desconocer el territorio y legislar desde una visión que no reconoce las desigualdades institucionales del país.
Ese dictamen ignora la historia legislativa sobre el tema. En 2017, en el Senado durante la discusión de la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos, Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros, la oposición advirtió exactamente los mismos riesgos: centralización, indefinición técnica, vulneración del federalismo.
No vamos a aprobar una ley que pone en riesgo la certeza jurídica, la seguridad de la información y la autonomía de los territorios. Modernizar sí, digitalizar sí, interoperar sí, pero sin centralización.
No sin recursos ni sin reglas claras, ni sin inseguridad de información, no con plazos irreales, no vulnerando el federalismo, no subordinando estados y municipios a una agencia federal.
Y por todas esas razones Movimiento Ciudadano no acompaña el dictamen y nuestro voto será en contra. Es cuanto.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Arturo Yáñez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Arturo Yáñez Cuéllar: Compañeras y compañeros, diputados, quiero hablarles de manera muy clara y muy contundente a los mexicanos, porque esta nueva ley les va a afectar su bolsillo, porque Morena quiere cobrarles más de impuestos por tu cas sin poner un solo ladrillo. Tu sueldo, mexicano, sigue igual, tus servicios públicos siguen igual, pero Morena sí quiere hacer un cambio, un cambio en tu recibo de predial para cobrártelo más caro.
Esta nueva ley que hoy discutimos, dejando los tecnicismos y dejando la paja de cómo es su nombre, hay que llamarle por su nombre y esta ley es el predialazo de Morena. Las familias mexicanas terminar pagando más por su predial de su casa. Escúchenlo bien, familias mexicanas, porque este dictamen habla de ampliar la base gravable del predial.
Y ahí está el detalle, no se requiere tener técnica ni ser economista, el predial se calcula como referencia, entre otras cosas, el valor catastral de tu propiedad. Si antes calculabas el predial por 100 pesos y mañana te lo van a calcular por 150 pesos, pues, aunque mantengas el mismo porcentaje va a pagar más el contribuyente.
Eso es lo que va a pasar, eso busca Morena, mexicanas y mexicanos, porque una cosa es actualizar el predial y otra cosa muy distinta es que bajo el argumento de modernizar el catastro terminemos haciendo que el patrimonio de las familias tenga más valor y con ello pueda aumentar lo que pagan. Por eso, de esta manera, muy contundente y clara, les volvemos a repetir: es el predialazo de Morena lo que van aprobar esta noche.
Aquí, aquí vienen a llenarse la boca con sus frases de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, de que primero el pueblo, pero son pura mentira, son pura farsa, ustedes morenos. Lo que ustedes quieren es exprimir a las familias mexicanas, quieren vaciar sus carteras, porque ya se acabaron el dinero, porque el huachicol fiscal ya los rebasó. Y no lo ocultan, aquí mismo en esta tribuna lo reconocen. Ya no hallan cómo tapar el boquete fiscal de 600 mil millones de pesos, ya no hayan de dónde sacar el dinero, ya no hallan cómo esconder sus corruptelas, por eso les vamos a repetir una y otra vez: esta ley, esta ley es el pedalazo de Morena.
Porque ustedes con su ambiciosa transformación deciden, deciden actualizar los valores catastrales y una cosa es digitalizar el catastro y otra cosa muy distinta es pensar en aquellos municipios que tienen oficinas y que tienen en estas oficinas sistemas antiguos de recursos limitados. En eso no han pensado ustedes.
Lo dicen claro, quieren ustedes convertir al municipio en una oficialía de partes del gobierno federal. No, señores, no, señores, el municipio tiene autonomía, tiene responsabilidades y tiene sus propias realidades, pero ustedes lo que quieren es controlar a los municipios, es convertirlos en una ventanilla más del gobierno federal.
Mexicanas y mexicanos, estamos aquí ante otra ocurrencia más de Morena, una ocurrencia como la que hacen los comunistas, una ocurrencia más de pagar y de vaciar tu cartera, de que tú pagues el predial, de que una ocurrencia más como la reforma judicial.
Por eso les decimos a ustedes, ustedes prefieren que los mexicanos paguen sus corrupciones y no lo vamos a permitir. Por eso aquí el PRI en esta iniciativa vamos en contra, porque exigimos cuentas claras al huachicol, porque ya vaciaron a México, porque ustedes mexicanas y mexicanos se deben dar cuenta, de que cuando hablamos con estos morenarcos es gritarle a la pared.
Hoy, hoy lo que busca Morena es sanear sus fallidas finanzas a costa del patrimonio de ustedes los mexicanos. Quieren meterle la mano al bolsillo de las mexicanas y de los mexicanos. Por eso una cosa es que el gobierno actualice cuánto vale tu casa y otra cosa muy diferente es que cuando lo actualice...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputado.
El diputado Arturo Yañez Cuellar: ... descubra cuánto más te puede cobrar. Por eso, mientras no existan garantías suficientes para proteger a las familias, desde el PRI les decimos con toda claridad, no más a este tipo de ocurrencias, morenos; no más un voto de confianza a estos morenos corruptos y no más al predialazo de Morena. Es cuanto.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputado.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.
La diputada Nora Yessica Merino Escamilla: Con su venia, presidente. Gracias. El día de hoy venimos a posicionar sobre este dictamen y he escuchado con atención lo que nuestro presidente de la comisión, el diputado Ricardo Mejía, nos comparte sobre esta importante actualización y necesaria en materia de esta Ley General para el Fortalecimiento, en Materia de Armonización Catastral.
Por ello, es que me veo obligada a puntualizar algunos términos y algunas de las confusiones, porque yo espero que sea ignorancia con la que hablan y no sea malicia. Espero pensar que son ignorantes y no asegurar que además de eso también son mentirosos.
Por ello, tengo que decirles que la discusión jurídica se debe de distinguir entre armonizar y centralizar, el artículo 115 Constitucional protege a la hacienda y las competencias municipales, mientras que el artículo 73 y la fracción XXIX del mismo faculta expresamente al Congreso para expedir leyes generales que armonicen y homologuen los registros públicos, inmobiliarios y los catastros municipales.
Por eso, armonizar no es centralizar y una plataforma nacional no sustituye la competencia municipal, pero, ¿la ley obliga a aumentar el predial? No, no existe en el dictamen una tasa nacional de predial, un porcentaje mínimo de incremento tampoco existe una tarifa federal ni una disposición que ordene a los municipios aumentar el impuesto. El artículo 17 incorpora a la plataforma nacional catastral un módulo de gestión del impuesto predial y otro para habilitar pagos digitales.
La modernización del catastro sí puede identificar predios faltantes, modificaciones o información desactualizada. No confundamos recaudar mejor con aumentar por ley la tasa del predial.
¿El dictamen habla de que se aumentará la base gravable del predial? No, no establece un aumento de la base gravable del predial ni fija un nuevo valor para los inmuebles ni establece una nueva tasa del predial
Lo que sí hace es establecer mecanismos para fortalecer, modernizar, homologar y actualizar los catastros, así como entregar información catastral y registral. Y aquí está la distinción importante para que si no se la saben le apunten, actualizar el catastro es diferente a aumentar automáticamente el predial.
El catastro genera información sobre el inmueble, esta información puede utilizarse, en otras cosas y casos, para determinar valores catastrales, pero el impuesto predial y sus elementos fiscales dependen de la legislación fiscal correspondiente.
De hecho, en el antecedente legislativo que tenemos del 2021, se explica que el catastro permite determinar la base gravable del predial y del traslado de dominio. Eso describe una función de catastro, no significa que la ley esté ordenando incrementar esa base gravable.
Por ello, yo le digo de manera muy puntual a quien a esta tribuna sube a decir mentiras, a quien a esta tribuna sube para grabar un video y después subirlo a TikTok y pautarlo en las redes, donde quieren volverse mediáticos, yo lo reto, señáleme el artículo donde dice que se aumenta la base gravable, ¿en qué artículo?, ¿en dónde está el predialazo?
Dígame dónde dice que se aumenta la base gravable, para tenerlo muy claro. ¿Dónde dice que se aumenta la tasa? ¿Dónde dice cuánto más va a pagar un propietario? ¿En qué parte del articulado, en qué parte de toda la ley? No lo dice, porque es una realidad, no existe ese artículo, no existe.
Lo que hace la ley es armonizar y homologar la información catastral, que un catastro tenga información más precisa no significa que automáticamente aumente el impuesto. Y, es importante que las y los mexicanos sepamos y no nos dejamos convencer por quien, bueno, ni en campaña nos convence, menos desde tribuna les vamos a creer, esto no aumenta automáticamente el impuesto. No confundamos el instrumento con la aplicación o el aumento del predial.
¿Esta ley está hecha únicamente para recaudar? No, falso. El objetivo previsto en el dictamen es fortalecer, modernizar, homologar, actualizar e interoperar catastros y registros.
¿El artículo 17 federaliza el predial? No, se desprende, para nada se toma de este texto. El artículo 17 regula componentes tecnológicos de la plataforma. El artículo 21, en cambio, establece que la gestión y uso de la información y los datos catastrales corresponden única y exclusivamente al ámbito de competencia.
¿En el artículo 115 hay invasión de competencias? Tampoco. El artículo 115 protege a la hacienda municipal, lo dice el artículo 73, fracción 29, ahí está contenido.
La cuestión constitucional no es elegir entre el 73 y el 115, sino hacer compatible la armonización nacional y la preservación de las competencias municipales. Por eso para nosotros es muy importante, y decirlo de manera muy puntual, esta iniciativa es necesaria, esta iniciativa fortalece la ley, esta iniciativa da certeza jurídica.
Y me atrevo a decir que quienes están defendiendo lo contrario, quienes hablan desde un lugar de ignorancia, de mentira, de falsa información, o de plano pecan de ignorantes o traen unos bisnesotes con el cártel inmobiliario o son de los que cuando llegan al notario les dicen: oye, por favor, échame la mano, que esté más bajito para no pagar tantos impuestos; oye, por favor, que no sepan que nos costó más caro, que la colonia diga que está irregular. Porque les encanta, les encanta mentir, les encanta robar.
Y por eso entonces díganos, o son ignorantes o son de verdad unos gandallas y unos lacras o son de los dos. Ahí al tiempo y, sobre todo, a que las mexicanas y los mexicanos decidan.
El PT va a favor y siempre estaremos a favor, no nada más de este dictamen por la naturaleza del fortalecimiento catastral, sino por la certeza jurídica de las y los mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto. Y unidad nacional, todo el poder al pueblo.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Javier Herrera Borunda, del Partido Verde, hasta por cinco minutos. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Arturo Yañez Cuellar (desde la curul): Claro que se refirió, claro que se refirió antes de que subiera yo a la tribuna. Me estaba refiriendo. Claro, le voy a comentar...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Deme unos minutos, diputado. El equipo de la Mesa Directiva está revisando si verdaderamente hubo una alusión implícita o explícita. Es a consideración de esta Mesa Directiva sí la hubo y el equipo lo está revisando. Me da unos minutos, por favor.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Podemos desahogar... vamos a desahogar al diputado Javier Herrera, vamos a revisar en el Diario de los Debates si hubo alusión o no. Y en base a eso le daremos el uso de la palabra. Adelante, diputado Herrera.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda: Muchas, muchas gracias, presidente. Con la venia de ustedes, con la venia del pueblo y, sobre todo, con la venia de mis compañeras y compañeros.
En el Partido Verde claro que vamos a acompañar porque necesitamos darle certeza al patrimonio de las familias, es el esfuerzo de toda una vida y no puede quedar expuesto a documentos falsificados, a expedientes perdidos, a información que una autoridad dice que no puede verificar.
Detrás de una escritura hay una casa, hay un terreno, hay una herencia, hay una lucha de familias enteras, está el sudor del campesino, está el trabajo del obrero y hay una vida en la cual alguien construye el patrimonio de sus hijos. Hay quienes pueden pasar años envueltos en un juicio sin tener la certeza porque alguien cometió una avidez y falsificó un documento.
Por eso debemos insistir en la trazabilidad, podemos conocer y debemos de tener digitalizados que haya interoperabilidad entre los sistemas.
Creo que el debate lo estamos dando así casi todos los grupos parlamentarios, ese no es el punto. Lo que sí les quiero decir es que, claro que no estamos en un evento fuera de la legalidad o de la Constitución.
El artículo 73 nos dio facultades claras desde el 2015 para que este cuerpo legislativo legislara en la materia, tenemos esa facultad. El Congreso estaba en falta, no lo hicimos por muchos años y en ese tiempo seguramente pasaron miles, si no es que millones de despojos.
Por eso les digo con vehemencia: debemos ejercer esa atribución, hoy la estamos haciendo con el pleno respeto al artículo 115 constitucional que vela por la autonomía municipal. La Federación solo va a aportar coordinación y apoyo técnico. Los municipios conservan en todo momento su atribución sobre la recaudación del predial, administran su hacienda.
Las legislaturas estatales, a ellas les corresponde, en materia tributaria, poner los impuestos y lo van a seguir haciendo, no lo pone la federación, solo apoyo técnico. Los ayuntamientos mantienen su participación constitucional, su propuesta de cuotas, sus tarifas, sus tableros de valores.
Ese es el marco que estamos respetando, está claro y meridiano en cada uno de los articulados de la propuesta que tenemos de ley. Pero, compañeros, les digo al falso debate que dan, es como decir que una agencia federal no puede regular sobre cómo manejan los residuos sólidos los municipios, es como si la Semarnat no pudiera dar las normas.
Pues claro que lo damos, tenemos la Ley General de Prevención y Gestión Integral de recursos, la facultad es municipal, pero los estándares los pone una secretaría, los pone para el mejor manejo y convivencia de todos.
Así va a ser, y también los que dicen que se está incumpliendo por una, porque no se hizo la consulta, les recuerdo –porque se puede revisar en el Diario de los Debates–, que en el IV Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en la página 298, da cuenta a esta soberanía que ya se habían hecho las consultas a los estados y municipios de la materia para regular sobre la ley general que estamos haciendo en este momento.
Lo traigo a colación porque hay ejemplos también subestatales. En Yucatán que opera muy bien el tema de catastro hay un instituto que se creó a iniciativa del Revolucionario Institucional cuando en el estado gobernaba la hoy coordinadora de Movimiento Ciudadano, que ese organismo estatal pone los estándares a los municipios de cómo regular la materia catastral y registral. Y ahí dicen que funcionan. ¿Por qué ahí no dieron el debate en Yucatán en su momento, que también lo gobernó el PAN? ¿Por qué ahí no lo vieron mal y en la federación sí? ¿Por qué allá lo protegen y aquí sí? ¿Será la coyuntura política? Ahí lo dejo para el debate.
Lo único que les quiero decir: estamos en la legalidad, estamos en la constitucionalidad, pero además lo requiere México porque no podemos seguir en un sistema arcaico donde se pone en riesgo el patrimonio de nuestros hijos, el patrimonio de nuestros padres que lucharon por tenerlo y que estemos en pleno siglo XXI viviendo en la precariedad. Por estas razones y más, el Verde no titubeará y votará a favor. Muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado Herrera. Al diputado Yañez, hemos revisado con todo el equipo técnico de la Mesa Directiva. Se lo digo de manera muy respetuosa. Incluso, un servidor revisó en el video que le están mostrando. Respecto a la intervención de la diputada del PT, no existe ninguna alusión ni implícita ni explícita. Existen calificativos que no son alusiones a menos que usted los interprete como dichas alusiones. De parte de esta Presidencia no hay interpretación de alusión implícita o explícita. Por eso le he solicitado al equipo de Servicios Parlamentarios que le enseñe la intervención.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene el uso de la palabra la diputada Carmen Rocío González Alonso, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.
La diputada Carmen Rocío González Alonso: Gracias. Buenas noches. Modernizar los catastros y los registros públicos no solo es importante: es necesario. Armonizar información, aprovechar la tecnología y dar mayor certeza jurídica también lo es. Pero modernizar no significa centralizar. Coordinar no significa subordinar. Y armonizar no puede convertirse en una excusa para debilitar al municipio libre. Por eso, hoy vengo a esta tribuna a hablar en contra de esta iniciativa, de este dictamen.
La propuesta pretende crear plataformas nacionales bajo el esquema en el que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones administraría plataformas y estándares que deben adoptar autoridades estatales y municipales. Y ahí comienza mi preocupación, en la palabra administrar utilizada como verbo, porque, miren, en el derecho los verbos sirven como herramientas esenciales para establecer acciones, obligaciones, consecuencias y son el centro de conductas sancionadas.
El uso adecuado de los verbos en las iniciativas, en la técnica legislativa y en los dictámenes, garantiza precisión técnica y correcta interpretación de las normas, porque aunque el texto del dictamen habla del respeto a las competencias locales, como lo han venido a decir aquí, en los hechos el artículo 7, en sus fracciones IV y V, no respeta la autonomía municipal, además obliga, sin recursos, a los municipios a adoptar una plataforma nacional, implementar una clave única catastral utilizando modelos de homologación y mantener actualizada su cartografía.
Porque cuando encontramos la palabra administrar en las atribuciones de la agencia, en el artículo 7, no solo se debe entender en lo general, sino en la definición de administrar, que trae consigo organizar, dirigir y controlar. Y, ¿qué controla? Recursos, tiempo, personas, insumos, materiales, y en lo material los sistemas. Eso no es una coordinación entre iguales si desde el centro se establecen las reglas y desde lo local solamente se tiene la obligación de cumplirlas.
Además, queremos dejar esta pregunta, ¿quién va a pagar esta implementación? La iniciativa obliga a los congresos locales a realizar adecuaciones y prever recursos para su implementación, pero al mismo tiempo establece que no habrá recursos federales adicionales, para cumplir con estas nuevas obligaciones. Solo se limitan a decir en el dictamen, que de acuerdo a lo que Sedatu determine en sus presupuestos, sujetándose al Presupuesto de Egresos. Entonces, si no hay presupuesto, que hasta hoy no lo hay, esto es letra muerta, no se establece una real obligación para la federación, es decir, la federación impone la obligación, pero los estados y municipios pagan la cuenta.
Y esto es particularmente grave, porque hay muchísimos municipios con menores capacidades financieras, tecnológicas y humanas. Todos aquí conocemos que hay ayuntamientos que ni siquiera cuentan con la infraestructura mínima necesaria para cumplir con la ley que se pretende exigir.
Pero hay otra preocupación fundamental, la seguridad de la información de millones de mexicanas y mexicanos. Estamos hablando de conectar catastros y registros, de intercambiar información inmobiliaria en plataformas nacionales.
Sin embargo, aunque la iniciativa habla de protección, integridad y trazabilidad de los datos, no desarrolla en la propia ley los mecanismos concretos para garantizar esa seguridad, no podemos entregar un cheque en blanco desde aquí, desde los diputados del PAN se los digo, en una materia tan delicada.
Estamos hablando del patrimonio de los mexicanos y tampoco debemos aprobar primero para preguntar después. La reforma constitucional del 2013 estableció que se debían de expedir en la legislación general. Para expedir esto debía previamente pedir la opinión de las entidades federativas.
Ahí dicen que hubo una consulta, pero para este momento esta legislación ni siquiera le preguntó a la Comisión de Federalismo una opinión, ni siquiera les preguntó a los municipios una opinión y mucho menos a las entidades federativas.
Por eso nuestra posición es clara, sí a la modernización, sí a la operabilidad, sí a los mejores catastros, pero no a costa del federalismo, no a costa de la autonomía municipal y no imponiendo obligaciones en presupuesto y no centralizando información sin garantías suficientes.
México necesita municipios fuertes, no municipios subordinados o arrodillados ante el gobierno centralista de Morena. Coordinación mediante convenios, recursos suficientes y reglas claras que respetan las competencias constitucionales de cada orden de gobierno, sí. Eso es precisamente lo que proponemos con las reservas planteadas mediante las modificaciones planteadas por los diputados del PAN.
No estamos en contra de modernizar a México, estamos en contra de utilizar la modernización como argumento para centralizarlo. Termino ya pronto, presidente. Las actualizaciones catastrales son una obligación de los municipios, es una obligación que ya está establecida. Deben hacerse con responsabilidad pensando en la capacidad de pago de las familias.
Sin embargo, como lo plantea la iniciativa, como lo plantea este dictamen, viene un predialazo, que, a ustedes, señores de Morena, los responsabilizo desde este momento de lo que van a aprobar. En el Grupo Parlamentario del PAN y con esto termino...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputada.
La diputada Carmen Rocío González Alonso: No tenemos ninguna duda. En el Grupo Parlamentario del PAN no tenemos ninguna duda de que esta iniciativa es un silencioso ataque a la propiedad privada, van contra los esfuerzos de millones de familias que han forjado un patrimonio. Por estas razones, nuestro voto será en contra. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, han transcurrido ya casi 13 años desde que se dio el mandato constitucional para poder hacer esta reforma, de tal manera que hoy es necesario e imprescindible terminar con esta omisión.
El alcance mismo del dictamen menciona que no es redistribuir las competencias entre los diferentes órdenes de gobierno, sino uniformar la organización y el funcionamiento de las instituciones que se dedican al tema catastral y registral.
Establecer estándares comunes no significa trasladar a la federación las facultades de las entidades federativas o de los municipios, se tata de establecer bases que permitan que las instituciones conserven sus respectivas competencias, pero al mismo tiempo puedan compartir información, utilizar estándares comunes e interoperar.
Loque hoy se propone no es nuevo, hay un trabajo previo muy fuerte de parte de la Sedatu. En octubre del año 2025 la Sedatu informa que más o menos el 70 % de las entidades federativas de nuestro país han caminado hacia la digitalización de sus servicios en el Registro Público de la Propiedad y del catastro.
En febrero de 2026 se reportaron 25 proyectos estatales de modernización, 10 de estos que ya concluyeron. Es decir, ya existe un proceso de modernización y sobre esta base es en la que hay que construir.
Por otro lado, es muy cierto que existen grandes diferencias de las capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas de las autoridades catastrales y registrales a lo largo de nuestro país, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y precisamente esto es lo que la ley, que vamos a aprobar, pretende disminuir, pretende garantizar que haya una homogeneidad en el catastro en todo nuestro país.
La información física de los inmuebles y la información jurídica de la propiedad de ese inmueble no necesariamente se encuentran vinculadas. Y estas diferencias pueden afectar la calidad de la información territorial, dificultar la realización de trámites y fundamentalmente disminuir la certeza jurídica sobre el patrimonio de las personas.
La Clave Única Catastral será una clave que se le otorgue a cada predio en los diferentes municipios de nuestro país y esta clave no va a constituir en sí misma un documento que acredite la propiedad o que sirva para generar alguna irregularidad en torno al propio territorio. La Cédula Única Catastral y Registral, por su parte, es la vinculación entre el predio, el inmueble y su situación jurídica.
Debemos hacer otra precisión también: esta ley no está planteando ningún impuesto, tampoco modifica las tasas del impuesto predial de ningún municipio. Esto es algo que tenemos que tener claro porque solo el municipio es la autoridad que regula y determina el impuesto predial, nadie más. Entonces no hay que confundir las cosas.
La federación lo que hace, lo que hará en esta propuesta es garantizar un mejor inventario de los predios municipales. El catastro es eso, un gran inventario de todos los predios de nuestro país y el predial es el impuesto que se cobra por ese territorio.
Entonces, el predial, ojo, seguirá siendo una facultad exclusiva del municipio, de nadie más y en esta plataforma se consolidará un inventario, como lo mencioné, de todos los predios de nuestro país. Esa es la intención.
¿Cuáles son los plazos para implementarlo? Los plazos como lo determina la ley serán también en función de las capacidades instaladas de los municipios y de las autoridades catastrales. La pretensión de esta ley es avanzar hacia tener un inventario mejor. No podemos decir que pues un pueblo pequeño tiene que tener una estructura irregular en torno al catastro. Al contrario, tenemos que garantizar que se modernice, que se actualice, porque recordemos, predial más agua determinan que la federación incremente el presupuesto de los municipios.
Entonces, esto habla de un círculo virtuoso para la población de cada uno de los municipios de nuestro país. Así que los invitamos a votar en favor de esta gran reforma de la ley para el catastro y el registro de nuestro país. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Con esto concluimos los posicionamientos de los grupos parlamentarios.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: A continuación, se otorgará el uso de la palabra a las diputadas y diputados, hasta por cinco minutos, para hablar en contra y a favor. Iniciamos con el diputado Roberto Sosa Pichardo, del grupo parlamentario del PAN, tiene el uso de la palabra para posicionar en contra, hasta por cinco minutos.
El diputado Roberto Sosa Pichardo: Muchas gracias, muy buenas noches con su venia, presidente. Bueno, comenzaremos a hablar de una palabra que hoy está en la agenda nacional, que se habla todos los días, y esta palabra es soberanía.
Vamos a comenzar preguntándonos y preguntarle a Morena y a sus aliados si realizaron lo que se tenía que hacer para la presentación de este dictamen, que era realizar consultas, realizar foros, realizar parlamento abierto, mesas de trabajo para llegar a una determinación sobre el presente dictamen. La respuesta es no.
Igual que con la ley que pasaron hace algunas horas de la Ley de Economía Digital, en que no le preguntaron absolutamente a nadie, pues también con esta ley tampoco le preguntaron ni a los estados, ni a los municipios, pasando por encima de su soberanía para la presentación de esta ley. Pero, vamos por partes, ¿por qué quieren pasar esta ley en lo que viene?, y precisamente en las siguientes semanas se va a presentar el Paquete Económico 2027.
Y en este Paquete Económico 2027 lo que vamos a encontrar una vez más, más deuda se va a endeudar al país, Morena y sus aliados en tan solo 7 años van a haber endeudado al doble de lo que veníamos teniendo como deuda histórica, y lo grave de toda esta situación de más deuda es que al paso que vamos, Morena va a quebrar al país.
Y entonces se convierte en algo muy tentativo empezar a hablar del catastro y de empezar a hablar del Registro Público de la Propiedad, temas que son de índole estatal y de índole municipal, pasando por la soberanía nacional.
Entonces, no vaya a ser que más adelante o que en esta ley se estén planteando y se estén poniendo las bases para que más adelante Morena quiera trasladar el pago del predial a la federación. Digo, no vaya a ser y no hay que pensar mal.
Pero bueno, hay que decirlo con claridad a las y a los mexicanos, Acción Nacional está a favor siempre, por supuesto que va a estar a favor de la simplificación administrativa, de la digitalización de trámites y servicios, de la regularización y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, de la armonización entre los estados y la federación.
De hecho, quiero comentarles que ya en estados como Aguascalientes, como Guanajuato, obviamente como Querétaro, ya hemos hecho la tarea, ya hay armonización, hay coordinación con la federación y eso, de verdad, tienen que dejarlo muy claro, porque la eficiencia en la recaudación ahí está, a la vista de todos.
Sin embargo, hay que decirlo también con claridad, hay muchos otros estados, y no dicho por nosotros, dicho por la Coneval y por la INEGI, en donde el índice de rezago social-económico es muy alto. ¿En dónde creen que gobierna Morena en estos estados? Pues sí, en estados como Veracruz, como Guerrero, como Oaxaca, como Puebla, en esos estados por supuesto que necesitan ayuda de la federación y es donde se tienen que meter ustedes a realizar estas tareas.
Nosotros, en Acción Nacional vamos a votar en contra de la presentación de esta reforma, y vamos a votar en contra porque no estamos de acuerdo en darle más control al gobierno, más poder a la Agencia de Transformación Digital y Tecnológica. No estamos de acuerdo en que la federación pase por encima de los estados y los municipios, no respetando el 115 constitucional.
Y, por cierto, hablando de soberanía, vale muchísimo la pena mencionar lo que pasó el viernes pasado en el estado de Querétaro, en donde el gobernador Mauricio Kuri realiza tareas a favor de la seguridad de las y los mexicanos y la implementación de una academia internacional de capacitación, y, por supuesto que hubo todo un boom, porque resultó que aquí, en México, a la presidenta Claudia Sheinbaum no le informaron que estaban todas las personas en materia de seguridad y ahí estaban en esta reunión. El gobernador cumplió con los protocolos, cumplió con las invitaciones y aquí no se les informó.
Una vez más, desde aquí, en el gobierno federal, en este gobierno autoritario nos vuelven a señalar, igual que señalaron en meses anteriores al gobierno de Chihuahua, porque es en donde precisamente se está trabajando a favor de la seguridad.
Nosotros desde aquí, desde esta tribuna hacemos un llamado y respaldamos, por supuesto, todo el trabajo de nuestro gobernador en el estado de Querétaro.
Mexicanas y mexicanos, en Acción Nacional siempre vamos a ver a favor de las y de los mexicanos. La presentación de este dictamen, de esta reforma atenta ante la propiedad privada y las familias de ustedes.
Y nosotros vamos a seguir siempre señalando lo que está mal, cuidemos muchísimo lo que está por venir porque ahí está siempre la tentación de que Morena y sus secuaces vayan por nuestras cosas. Muchísimas felicidades y muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Humberto Aldana Navarro: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputado.
El diputado Luis Humberto Aldana Navarro: Compañeras y compañeros, yo expreso mi respaldo total a la expedición de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, en los términos propuestos por la mejor presidenta del mundo, que es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sino que pregunten al mundo, no a su mundito.
Y miren, es claro que quienes votarán en contra son quienes están a favor de la incertidumbre, de la especulación, del desorden catastral, del desorden registral y de la implementación de aparatos que detecten este tipo de delitos. Porque entonces sabremos que son parte, socios, amigos o defensores del cártel inmobiliario.
De ellos son socios y son herederos de aquellos que nos hundieron en la pobreza durante el periodo neoliberal y que diseñaron este esquema para el cual sí se requería mucha transparencia, y jamás se dignaron a publicar las listas de quienes componían este proyecto llamado Fobaproa, que le hace un bache cada año en el diseño del presupuesto a la disponibilidad de recursos para hospitales, escuelas, las vacunas que tanto se quejan de que no hay cuando sí hay. Y, además, de que no hay claridad de cuándo se va a acabar de pagar esta deuda, esto fue durante 30 años el lastre que tuvo que sufrir el pueblo de México.
Este esquema va a establecer una base nacional de identificación de datos. Por ahí se juntan cada vez que hay una ley, una propuesta de ley de nosotros para transparentar, para combatir la corrupción, para tratar de disminuir las fugas que genera este esquema de corrupción que instalaron durante tantos años, se dedican a inventar alguna historia que les permita transitar por la ciudadanía, pero que es falsa y que repliquen los medios de información tradicionales, tal como se vio en la discusión de este dictamen en la comisión, en donde afirmaban que el gobierno federal se iba a apropiar del impuesto predial.
Eso no va a ocurrir, porque las facultades del municipio siguen siendo las de cobrar el impuesto predial y las de la modificación de las tarifas y demás sigue siendo parte de la obligación local de los Congresos locales.
Este esquema de la Clave Única Catastral y la Clave Única Registral va a permitir ir al fondo y al origen y obtener la trazabilidad de aquellos inmuebles que han sido vendidos a través del tiempo y saber si existe alguna irregularidad. Además, quien tenga el resguardo de esta clave, de esta cédula, no podrá tener necesariamente el derecho de la propiedad. También se protege eso, se protege el derecho a la privacidad y al uso de datos personales. Nadie va a poder acceder a esa información a menos que exista un mecanismo que requiera que se investigue, ni el SAT ni la UIF, por si no leyeron de qué se trataba esta propuesta.
¿A quién le conviene entonces que esto no ocurra? Pues a los del cártel inmobiliario, a la gente que se ha enriquecido a manos llenas especulando con tierras, especulando con edificios y construyendo grandes desarrollos inmobiliarios, a veces a costa del pago muy pequeño de terrenos a los propietarios originales.
Lo que aporta este mecanismo, esta ley, son instrumentos para actualizar la información y facilitar el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, esto va a ayudar a que se eleve la recaudación, a que haya mayor incentivo para que la gente pueda, ya sea pagar digitalmente o en persona como lo hacen, pero de una manera más fácil y con más certidumbre. Y hay que ser muy claros, esta ley no va a crear ningún impuesto nuevo y solamente estos instrumentos.
En Quintana Roo, de hecho, así como en otros estados, ya existe un mecanismo implementado por la gobernadora Mara Lezama, que ha permitido dar esta certidumbre y tener mayor facilidad de acceso a esta información para bien de los ciudadanos.
Miren, la oposición va a seguir con este discurso. Yo los exhorto, los invito a que dejen de jugar con la inteligencia del pueblo, a que ya no vayan más al fondo de su misma arena movediza de estiércol que ustedes mismos generaron, porque van a desaparecer. Y bueno, esa ya es una responsabilidad de ustedes. Han cavado su tumba reiteradamente y eso es cosa que ustedes tendrán que pagar. Por eso luego tienen que pagar los votos. Por eso tienen que ocupar a los medios de información para engañar a la gente. Y nadie en su sano juicio votaría realmente por quien los hundió en la pobreza. El pueblo de México ya despertó hace muchos años...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputado.
El diputado Luis Humberto Aldana Navarro: ... ya los conoce, los ve claramente, sabe quiénes son y ya no los quieren. Por mi parte, es cuanto, compañeros y compañeras.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado Aldana. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para hablar en contra, el diputado Alfonso Vargas Ochoa, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputado.
El diputado Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, hoy no estamos discutiendo simplemente una actualización de sistemas informáticos: estamos discutiendo quién concentra la información sobre el patrimonio de las y los mexicanos, quién establece las reglas para administrarlas y hasta dónde puede llegar el gobierno federal en materia que tiene una dimensión constitucionalmente municipal.
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea una plataforma nacional catastral, una clave única catastral, una cédula única catastral... registral y modelos nacionales de homologación, dando a la Agencia de Transformación Digital un papel central en el desarrollo y administración. Modernizar los servicios públicos es necesario. El problema es cuando bajo el argumento de modernizar se convierte información tecnológica y capacidad de decisión.
Por eso, nuestra posición en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es clara: este dictamen no puede aprobarse en sus términos actuales. Primero, por el federalismo. El artículo 115 constitucional reconoce al municipio libre y soberano, así como a sus atribuciones. Sin embargo, la propuesta obliga a las autoridades catastrales a adoptar modelos, proporcionar información, utilizar plataformas nacionales e implementar herramientas definidas desde el ámbito federal.
Una cosa es coordinar y otra muy distinta es generar una dependencia tecnológica. Si un municipio conserva formalmente una atribución, pero para ejercerla debe hacerlo dentro de una plataforma, modelo o estándar, definidos desde el centro tenemos que preguntarnos, ¿dónde entonces termina la coordinación y dónde empieza la centralización?
Movimiento Ciudadano defiende un federalismo donde la federación apoye y coordine, pero no sustituya ni condicione indebidamente las decisiones de los gobiernos locales.
Segundo. La información. El catastro y el registro pueden tener información personal, patrimonial, fiscal, geográfica y relacionada con la vivienda. El propio dictamen advierte riesgos de acceso no autorizado, robo de identidad, fraude inmobiliario, extorsión, uso comercial indebido y vigilancia desproporcionada.
Pensemos en un caso concreto, una familia tiene registrada su casa en el catastro municipal, en el registro público existe la histórica jurídica del inmueble y existen datos sobre sus propietarios y situación territorial, así como fiscal. Ahora, imaginemos que toda esa información queda vinculada mediante una clave única, una cédula común y una plataforma nacional. Si todo funciona correctamente, el trámite, efectivamente, puede ser más rápido, pero si alguien obtiene acceso indebido, la vulneración ya no solo afecta a un expediente municipal, podría permitir construir un mapa patrimonial mucho más amplio que las propias personas.
Ese es el riesgo que debemos prevenir, no basta decir, no basta decir que habrá protección de datos, hay que establecer con precisión quién puede acceder, qué puede consultar, qué queda registrado, quién audita y qué ocurre después de una intrusión.
Tercero. Seguridad jurídica. La interoperabilidad tampoco garantiza que los datos sean correctos. El propio análisis advierte que vincular registros incompletos o contradictorios puede generar errores de titularidad, duplicidades, cobros indebidos y conflictos entre propietarios y posesionarios.
¿Qué pasa si una familia descubre que después de una migración de datos, su inmueble aparece registrado incorrectamente? ¿A quién acudiría? ¿Al municipio? ¿Al registro estatal? ¿A la agencia o a la plataforma nacional?
Una persona no puede convertirse en rehén de sistemas públicos que se remiten unos a otros. Digitalizar un error no lo corrige, interconectar un error puede multiplicarlo. Por eso, frente a este dictamen nuestra posición es firme, primero las personas, primero sus derechos y primero la Constitución. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Muchas gracias, diputado Alfonso. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para hablar a favor del dictamen.
La diputada Celia Esther Fonseca Galicia: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada Celia Esther Fonseca Galicia: Compañeras y compañeros diputados, durante años la función catastral se ha cincelado sobre la realidad territorial de cada municipio, sobre sus previos, sus transformaciones y el valor de una tierra que además de construir patrimonio para las familias, representa una fuente relevante de recursos para las haciendas municipales.
Sin embargo, persisten márgenes importantes para fortalecer su recaudación. Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcación Territoriales de la Ciudad de México, en 2024 los municipios programaron 92 mil 817 millones de pesos por concepto de impuesto predial, pero recaudaron 48 mil 703 millones, equivalente al 52.5 % de lo previsto.
Esta brecha permite advertir la importancia de contar con catastros actualizados, herramientas digitales y mejores mecanismos de gestión, particularmente cuando el predial constituye una de las principales fuentes de ingresos propios de los gobiernos municipales.
Es bajo esta realidad que la iniciativa por la que se expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral representa un paso necesario para modernizar dos funciones públicas que durante años han operado bajo sistemas, criterios y capacidades tecnológicas distintas. Su propósito es forjar un marco común que permita ordenar, homologar y vincular la información catastral y registral del país, respetando en todo momento las atribuciones que corresponden a las entidades federativas y a los municipios.
Uno de los aspectos más relevantes es la creación de la Plataforma Nacional Catastral y de la Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad, concebidas para articular información que actualmente se encuentra dispersa. La primera integrará la cartografía e información catastral, además de herramientas para la gestión del impuesto predial y los pagos digitales. La segunda permitirá gestionar la información, trámites y servicios registrales.
Su interoperabilidad permitirá vincular la Clave Única Catastral que identificará inequívocamente cada inmueble con el folio real correspondiente, dando lugar a la Cédula Única Catastral y Registral. Con ello se busca únicamente reducir discrepancias entre catastros y registros, y brindar mayor certeza jurídica.
Este proceso de modernización tiene también un componente fiscal relevante, la digitalización y actualización de la información catastral que puede contribuir a mejorar la gestión y recaudación del predial. Sin embargo, queda plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado que ello no implica federalizar el impuesto ni retirar atribuciones a los ayuntamientos.
El artículo 12 de esta nueva ley dispone que el Plan Nacional Catastral deberá implementar con pleno respeto al ámbito de competencia municipal previsto en el artículo 115 constitucional. Por tanto, la facultad sobre el predial permanece en los municipios y los recursos derivados de su recaudación continúan formando parte de sus haciendas públicas.
Contar con información catastral actualizada, mejorar la identificación de los inmuebles, facilitar el pago digital y hacer más eficiente la gestión del predial puede ampliar la base gravable, reducir costos administrativos y mejorar la capacidad recaudatoria de los municipios sin necesidad de modificar la naturaleza municipal de esta contribución.
Desde una perspectiva institucional, la reforma también atiende un problema de costos, de información y de transacción, cuando la información sobre un mismo inmueble se encuentra dispersa entre distintas autoridades, sistemas y bases de datos. Ciudadanos y gobiernos deben destinar mayores recursos y tiempo para verificarla.
La interoperabilidad entre catastro y registro público permite disminuir estas cargas y reducir las asimetrías de información existentes. Asimismo, una mejor identificación de los inmuebles y de los derechos asociados a estos permite contar con reglas más claras y derechos de propiedad mejor definidos.
Esto disminuye la incertidumbre, facilita las operaciones inmobiliarias y reduce los costos necesarios para comprobar las características y antecedentes de un inmueble...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputada.
La diputada Celia Esther Fonseca Galicia: ... Concluyo, presidenta. Instituciones más claras y mejor coordinadas generan mejores incentivos para que ciudadanos y autoridades actúen dentro de la formalidad.
La iniciativa no debilita al municipio, por el contrario, respeta sus facultades y abre la posibilidad de fortalecer sus finanzas. Por ello, el Partido Verde votará a favor de una reforma que busca construir catastros más modernos, registros mejor vinculados y haciendas municipales más sólidas. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada Celia. Tiene la palabra el diputado Humberto Ambriz Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para hablar en contra.
El diputado Humberto Ambriz Delgadillo: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputado.
El diputado Humberto Ambriz Delgadillo: Compañeras y compañeros legisladores, México es un país de municipios profundamente distintos entre sí. Hablar de ellos desde esta Cámara es muy, muy sencillo. Lo difícil, lo difícil es gobernarlos.
Hay municipios metropolitanos con una gran capacidad tecnológica y financiera, pero también hay municipios pequeños, rurales con capacidades institucionales muy limitadas.
Les recuerdo que la autoridad más cercana al ciudadano son precisamente los presidentes municipales. Ellos atienden todos los días todo tipo de situaciones. No van con la gobernadora ni con el gobernador y mucho menos con la presidenta, van a la presidencia municipal todos los días.
Y te piden apoyos para medicamento, apoyos para atención médica. Hay que estar cuidando a los adultos mayores que están abandonados, llevarles de comer, crear espacios sanos para ellos.
También se acercan muchas jefas madres de familia, y, por supuesto, muchos jóvenes y adultos mayores que quieren participar en eventos deportivos, culturales y académicos. Apoyos para gastos funerarios, todos los días, de gente que no tiene dinero. Por supuesto, las fiestas patronales.
Además, lo que nos obliga el artículo 115 constitucional: los ayuntamientos tienen a su cargo las funciones y servicios públicos esenciales para la comunidad, entre otros, el agua potable y el alcantarillado, que cada vez es más caro extraer el agua, cada vez hay más fugas. El alumbrado público, que brinda seguridad a los ciudadanos, a las mujeres que se levantan temprano y van a trabajar.
Por supuesto, la limpia, recolección y disposición de basura, los panteones, los parques y jardines y, por supuesto, un tema que no es nada barato: la seguridad pública y el tránsito municipal, porque ahí se pagan sueldos, se pagan los combustibles, las patrullas, el armamento y las municiones.
Y esta ley pretende imponerles a todos los municipios, sin importar de dónde sean, el mismo modelo.
Por supuesto que desde los municipios existen estrategias. Hace ratito escuchaba a alguien que se quejaba que los municipios no querían recaudar. Por supuesto que quieren recaudar, porque depende de lo que recauden en el predial llegan participaciones y eso les sirve mucho a los municipios. Se hacen estrategias diferentes, se rifan casas para los ciudadanos cumplidos, vehículos, pero aun así el recurso es insuficiente en los municipios.
Estoy plenamente convencido de que todas las autoridades municipales quieren recaudar más predial, pero cada vez es más difícil por la situación económica. Lo fácil es tomar decisiones desde un escritorio, desde la capital.
Quien conoce mejor la realidad catastral de un municipio, será el presidente municipal o alguien de acá del centro del país, una agencia federal. Desde luego que necesitamos modernización, necesitamos catastros actualizados y con mejores herramientas tecnológicas.
Los municipios no son oficinas administrativas del gobierno federal, son entes autónomos con un orden de gobierno reconocido por nuestra Constitución. Y la propia Constitución les reconoce atribuciones vinculadas con su hacienda y, por supuesto, con las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Por eso esta reserva no busca detener la modernización, busca ponerle un límite. Por supuesto, es importante respetar siempre a quien tiene la competencia constitucional para ejercer esa función.
Se los dejo de tarea, compañeras y compañeros, porque muchos de nosotros que estamos aquí venimos de municipios de zonas no metropolitanas, que cada vez tienen más necesidades porque desde hace ocho años dejaron de llegar recursos a los municipios.
¿No me creen? Pregúntenles a sus presidentes municipales, pregúntenles a los ciudadanos de a pie. Estoy seguro que la respuesta es que cada vez hay menos recursos en los municipios. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Muchas gracias, diputado Humberto. Tiene la palabra el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para hablar a favor del dictamen.
El diputado José Luis Montalvo Luna: Presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputado.
El diputado José Luis Montalvo Luna: Gracias. Honorable asamblea, para la inmensa mayoría de las familias mexicanas la vivienda representa el esfuerzo de toda una vida. No es simplemente un espacio físico, es el refugio donde crecen sus hijos, la base de su estabilidad presente y el principal patrimonio que pueden llegar a las siguientes generaciones.
Sin embargo, en todo el país se enfrenta una dura realidad, la fragilidad e inseguridad jurídica en la que se encuentra el patrimonio de millones de personas debido a la falta de regularización y registro formal de sus inmuebles.
No estamos hablando de un problema menor, ni de casos aislados. De acuerdo con datos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y del Inegi, en México existen más de 24 millones de inmuebles en situación de informalidad patrimonial, y 1 de cada 4 viviendas carece de escrituras públicas.
En entidades del sur del país esta realidad es aún más alarmante, alcanzando casi el 45% de los hogares. Son millones de familias que adquirieron su casa o terreno de buena fe, pero que hoy viven en una constante zozobra de no contar con un solo documento que acredite jurídicamente que el techo bajo el que duermen es formalmente suyo. Esta problemática se profundiza debido a que el sistema catastral y registral actual, opera bajo una fragmentación desarticulada que genera incertidumbre.
En el ámbito local la falta de reglas claras y de herramientas estandarizadas fomenta la dilación administrativa y abre espacio a la discrecionalidad. Situaciones en las que el trámite de una clave catastral se entorpece entre las dependencias o donde se imponen pretextos injustificados, llegando incluso a argumentar falsamente que un predio pertenece al régimen de propiedad social cuando no es así, terminan por condenar al ciudadano a la informalidad forzada.
Las consecuencias de esta situación son graves. Un inmueble que no cuenta con identificación catastral ni registro adecuado queda en el limbo jurídico, que expone a las familias al riesgo constante de invasiones, fraudes inmobiliarios, duplicidad de escrituras y, lo más lamentable que viven todas las familias mexicanas, el despojo.
Al dificultar el acceso a un registro oficial la autoridad no solo perpetúa la indefensión, sino que bloquea la movilidad social, impidiendo que el ciudadano pueda acceder a créditos, formalizar sus escrituras o proteger su propiedad a través de un testamento. Vamos a esperar a que termine la fiesta allá, los que ningún chile les embona porque están haciendo mucho ruido.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Les pedimos a las diputadas y a los diputados guardar silencio en la presentación de las y los diputados. Muchas gracias. Continúe, diputado.
El diputado José Luis Montalvo Luna: Ya me perdí.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Continúe, diputado.
El diputado José Luis Montalvo Luna: Al dificultar el acceso a un registro oficial, la autoridad no solo perpetúa la indefensión, sino que bloquea la movilidad social, impidiendo que el ciudadano pueda acceder a créditos, formalizar sus escrituras o proteger su propiedad a través de un testamento.
Frente a este diagnóstico, la iniciativa para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, propone una solución de fondo. La reforma plantea la creación de un Plan Nacional Catastral y un Plan Nacional Registral que incorporen un identificador único para cada inmueble, así como la homologación nacional de trámites mediante una plataforma digital pública, transparente e interoperable.
Esta propuesta no centraliza ni vulnera las atribuciones municipales, sino que dota al país de estándares técnicos y tecnológicos modernos al integrar en un mapa base la información geográfica y jurídica de la propiedad civil, social y pública.
La iniciativa elimina los vacíos que permiten la arbitrariedad, da trazabilidad a cada solicitud y garantiza que las actuaciones administrativas sean auditables. Garantizar la certeza jurídica del suelo es una causa que debe unirnos. Apoyar esta reforma es defender el fruto del trabajo de las familias mexicanas y brindarles la tranquilidad de que su patrimonio esté plenamente protegido por la ley. No más cochupos. No más corrupciones. Los catastros municipales siempre son el artefacto, el vehículo para los despojos. Siempre y casi siempre. Gracias. Retiro mi reserva. Unidad nacional...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado Montalvo. Estamos en discusión a favor y en contra y tiene el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN, la palabra, hasta por cinco minutos, para hablar en contra del dictamen. Sí se lo comenté, diputadas.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Las nueve palabras más aterradoras en inglés son: soy del gobierno y estoy aquí para ayudarte.
Compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a hablar de la casa, de la casa de cada familia mexicana y de la casa común, que es el municipio, porque eso es un catastro, el registro de lo que una familia levantó con años de trabajo, y eso es un municipio, el primer gobierno que la gente conoce, el que tiene rostro y el que está a la vuelta de la esquina cuando falte el agua o cuando se apaga la luminaria.
Hace 87 años, en septiembre de 1939, un grupo de mexicanos, encabezados por Manuel Gómez Morín, exhibió los principios de la doctrina de Acción Nacional, la base de la estructuración política nacional ha de ser el gobierno de la ciudad del municipio.
Y añadieron que la comunidad municipal es fuente y apoyo de la libertad política, de la eficacia del gobierno y de la limpieza en la vida pública. No lo escribieron desde el poder, lo escribieron desde la intemperie.
Yo vengo de León, Guanajuato, en mi ciudad, el 2 de enero de 1946 hubo ciudadanos masacrados que cayeron en la plaza para defender el voto de su municipio. En mi tierra, el municipio libre no es una frase de la Constitución, es una plaza llamada Mártires del 2 de Enero.
Por eso lo decimos con claridad, Acción Nacional sí quiere catastros modernos, sí quiere registros digitales, trámites sencillos y certeza sobre el patrimonio en México, donde el valor catastral es apenas el 45. 4 % del valor comercial y el predial recauda apenas el 0.2% y hay mucho que mejorar y queremos mejorarlo.
Pero este dictamen no moderniza, centraliza. Y votaremos en contra, por tres razones. Primera, porque nace viciado de origen, la reforma constitucional de 2013, la misma que faculta a este Congreso para expedir la ley general, estableció una condición en el segundo transitorio, que no se ha cumplido, era obligatorio solicitar la opinión de las entidades federativas. Han pasado casi 13 años y en esta propia comisión dictaminadora claramente no se hizo esta consulta.
Una ley que se expide sin cumplir el requisito que la propia Constitución le impuso, es inconstitucional desde su proceso legislativo. No se puede armonizar con la federación silenciando a quienes la integran.
Segunda razón, porque se invade el artículo 115, que concede a los municipios administrar libremente su hacienda y percibir las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. El dictamen, como ya mencionó la compañera Rocío, pone en manos de una agencia federal la plataforma, los datos, un módulo de gestión del predial y, además, las demás herramientas que ella misma determine. Eso es un cheque en blanco, quien controle el dato, controla la decisión y coordinar no es subordinar.
Tercera. Porque ordena sin pagar, obliga a estados y municipios a cambiar sistemas, cartografía, personal y ciberseguridad antes del 1 de enero de 2027. Y en el octavo transitorio les advierte que no habrá un peso adicional, ni este año ni los siguientes.
¿Con qué va a cumplir el municipio pequeño o el rural que quizás apenas tenga internet? Eso no es federalismo, es mandar desde el centro con la cartera ajena. Presentamos reservas para corregir cada uno de estos puntos y ahí están, contexto y fundamento. Si esta mayoría los acepta, tendrán una mejor ley, pero mientras el dictamen siga como está, nuestro voto será en contra.
Compañeras y compañeros, el artículo 40 establece que somos una República federal, compuesta por estados y soberanos. El 115 dice municipio libre, libre, no dice ventanilla, tampoco dice sucursal. La subsidiariedad que en el PAN nos enseñaron nuestros fundadores es sencilla, tanta sociedad como sea posible tanto gobierno como sea necesario.
Y lo que puede resolver el gobierno cercano es que no se lo arrebate lejano. El patrimonio de una familia no cabe en una base de datos gobernada desde un escritorio de la capital. Cabe en una escritura, en un predio, en una calle con hombre y en un ayuntamiento que sí responda a sus necesidades.
Sí a la modernización, no a la centralización. Por el municipio libre, por el federalismo y por el patrimonio de las familias mexicanas, Acción Nacional votará en contra. Solicito, presidenta, que la versión íntegra de esta intervención que le entregaré se inserte en el Diario de los Debates.
Y un último mensaje a los compañeros que con ocurrencias en su imaginación de un alimento mexicano quieren ganar un aplauso y lo han dicho varias veces aquí. Con la ocurrencia de su chile embonado quizás pueda ganarles un aplauso, pero yo les invito a que tengan educación, la cual les va a ganar respeto. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Su solicitud se atiende y será registrada en el Diario de los Debates. Tiene el uso de la palabra el diputado Eleazar Guerrero Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para hablar a favor del dictamen.
El diputado Eleazar Guerrero Pérez: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputado.
El diputado Eleazar Guerrero Pérez: Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy tenemos la gran oportunidad de avanzar hacia un Estado más moderno, más coordinado y con mejores herramientas para servirle a la gente.
Durante décadas el país ha enfrentado sistemas catastrales y registrales fragmentados, desiguales y en muchos casos rezagados frente a las necesidades de la población. Esto ha dado como resultado desorden, opacidad, corrupción, despojos y abusos ante la falta de certeza jurídica sobre el patrimonio.
La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral busca precisamente poner orden, generar interoperabilidad y aprovechar la tecnología para garantizar una mayor certeza jurídica sobre la propiedad.
Hablamos de una Clave Única Catastral, de una Cédula Única Catastral y Registral, hablamos de plataformas digitales, hablamos de mecanismos de coordinación entre la federación, estados y municipios.
Esta ley plantea avanzar hacia un Estado que utilice la tecnología. No para complicarle la vida a la gente, sino para hacer más sencillos los trámites, reducir la discrecionalidad y fortalecer las capacidades públicas. Que el gobierno tenga mejores herramientas, sí, pero para que el pueblo tenga mejores mecanismos de garantía en el ejercicio de sus derechos, pero por eso debemos ser muy responsables con la información.
Y no podemos dejar pasar las mentiras que se han venido a decir aquí en esta tribuna por la oposición, porque solo en sus mentes febriles y retorcidas existen esos temas que vienen a plantearle a los mexicanos. En ninguna parte de la ley existe. Es más, ni siquiera insinúa la intención para sustituir las facultades que solo corresponden a los municipios.
Los diputados de la cuarta transformación somos garantes de desde esta Cámara, desde esta tribuna del respeto al artículo 115, del respeto al municipio libre, del respeto a la administración de sus haciendas municipales, porque fortalecer al Estado mexicano no significa debilitar a los municipios, por el contrario, significa dotarles de mejores herramientas para cumplir con sus responsabilidades constitucionales.
Y esto es especialmente importante para los municipios que históricamente han enfrentado mayores rezagos tecnológicos, presupuestarios y administrativos. No podríamos hablar de transformación si dejáramos atrás a quien tienen menos capacidades.
Tenemos muy claro que un catastro no es solamente una base de datos, es una herramienta que nos permita conocer mejor nuestro territorio, que nos permita mejorar la planeación, fortalecer las haciendas municipales y combatir los rezagos administrativos.
Un registro público moderno tampoco es solamente una plataforma digital. Es certeza para quien compra o adquiere una propiedad, para quien hereda, para quien invierte, para quien necesita acreditar legalmente sus derechos.
Porque la cuarta transformación seguirá legislando para el pueblo con esta ley de fortalecimiento, armonización del catastro y de los registros...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputado.
El diputado Eleazar Guerrero Pérez: ... porque sabemos que detrás de cada registro hay una persona, porque sabemos que detrás de una escritura hay una familia, porque sabemos que detrás de un inmueble hay un patrimonio construido seguramente con sacrificios y seguramente con décadas de trabajo...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputado.
El diputado Eleazar Guerrero Pérez: ...por eso esto merece que este patrimonio sea protegido por instituciones capaces. No queremos más opacidad, no queremos más anarquía, no queremos más despojo. Le decimos desde esta tribuna: no a los abusos, no más cárteles inmobiliarios, se les acabó el negocio, que viva la cuarta transformación.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado Eleazar. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en contra del dictamen.
La diputada Xitlalic Ceja García: Con la venia, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.
La diputada Xitlalic Ceja García: Despierta México, despierta. Es que hoy legisladores de Morena y partidos aliados y cómplices, diría yo, le van a entregar en bandeja de plata el catálogo patrimonial de todas las mexicanas y los mexicanos a manos del crimen organizado.
Es la realidad, esas son las letras chiquitas, eso es lo que no vienen a decir aquí en esta tribuna, eso es lo que desafortunadamente Morena hoy estará votando con esa mayoría espuria a favor.
Despierta México, porque este predialazo con el que se van a ir a dormir hoy los legisladores de Morena, esta ley de terrorismo catastral y control autoritario, no es más que un agandalle, es que esta ley carece de pluralidad, parlamento abierto y pues se olvidaron de quienes vienen aquí a presumir que tanto defienden a las comunidades indígenas y afromexicanas.
No vengan después con hipocresías que los quieren, que los apoyan y que son muy importantes, porque hoy en esta ley los están dejando de lado. La verdad es que este es un atropello al pacto federal. No te garantizan la propiedad, pero sí te garantizan el cobro.
Morena quebró las finanzas de este país. Grita mucho la diputada, por ahí hay una diputada que grita mucho, así quisiera que gritara cuando se trata de dar recursos para la salud, la educación y las causas de este país para sacar a México del bache. Con esos gritos ojalá se dirija en los próximos meses, votando a favor del Presupuesto. Con ese mismo ánimo la espero aquí, en esta tribuna y con su voto a favor de las reservas que presentaremos al Presupuesto.
Si quieren más recaudación fiscal, déjense del huachicol fiscal. Ya vimos que aquí aplauden, aplauden muy fuerte a favor del huachicol fiscal. Ya los vimos, el subconsciente los traiciona.
Y, obviamente, ustedes angustiados por fregarse al ciudadano, pero pues el huachicol fiscal, que es el saqueo más grande de la historia en este país, dirigido y orquestado por Andy, Bobby, el clan de los López Beltrán y hay uno que anda bien huido, Amílcar Olán, su protegido, su aliado, su patrocinador.
La verdad es que, si quiere más recaudación fiscal, ahí tiene la clave, ahí tiene la respuesta. Déjense de huachicol fiscal, narco partido de cuarta.
Morena avienta la piedra y esconde la mano, vaya estrategia de Morena. Y es que Morena impondrá el valor catastral, pero le dejarán el costo político a los presidentes municipales y a los gobernantes.
¿Por qué digo esto? Pues la gente pagando, pagando porque sí van a pagar. Aquí vienen a mentir, piensan que la gente es tonta, el pueblo es noble pero no es tonto. Van a tener una recaudación porque quebraron las finanzas de este país. Y, obviamente, obviamente con esta recaudación los que menos ven materializados estos recursos son en los municipios, el primer toque con la ciudadanía que son los presidentes municipales.
Ya no hablemos de las juntas auxiliares, a quienes les regatean el presupuesto para poder cubrir los servicios básicos y mínimos, como es el agua potable, como es el alcantarillado, como es todos los recursos que necesitan las y los mexicanos. Vaya incongruencia de este partido, de este narco gobierno.
Hoy, con esta estrategia, yo no sé si lo consultaron con los más de 2 mil 400 presidentes municipales de este país. Yo no sé si les preguntaron lo que ustedes están haciendo y esto, obviamente, genera incertidumbre, genera muchísimo temor, porque cuando de Morena se trata, piensa mal y acertarás.
Ese es el verdadero problema, que no se puede confiar en ustedes. Que tienen un checklist de todo lo que están provocando para agandallarse, o pretender agandallarse de este país.
¿Qué proponemos en el Grupo Parlamentario del PRI? Con el objeto de fortalecer las capacidades técnicas, propongo que se puedan suscribir convenios de coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el ámbito de sus respectivas competencias.
Despierta México, despierta, y estemos unidos mexicanos. Porque Morena no solo está dando señales, está activando todas las alertas que tendríamos que estar pendientes para poder evitar que este gobierno, que este corrupto narcogobierno de cuarta, sí miente, sí roba y sí traiciona.
Este narcogobierno de cuarta que prometió la gasolina a diez pesitos, este narcogobierno que se comprometió a tapar los baches en este país.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputada.
La diputada Xitlalic Ceja García: Este narcogobierno que censura, este narcogobierno que no se cansa de chingar al pueblo.
Este narcogobierno de Morena que simplemente mucho bla, bla, bla, pero a la hora de legislar en favor de las necesidades y de las causas que más aquejan a los mexicanos, como es la salud, la educación, la seguridad, simplemente se les va la memoria y se olvidan. Estamos a unos días de aprobar el Presupuesto de Egresos...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputada.
La diputada Xitlalic Ceja García: ...de la Federación, estamos a unos pocos días de aprobar la Ley de Ingresos, y aquí es donde las mexicanas y mexicanos tienen que estar muy alertas de toda esta incongruencia entre el decir y el hacer.
Así es que estemos unidos mexicanos para sacar a nuestro país del bache en el que nos tiene Morena, su narcogobierno de cuarta, y que se incomodan, se inconforman...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputada.
La diputada Xitlalic Ceja García: ...pero así me gustaría ver que se inconformen ante las atrocidades, ante todo lo que está lastimando a nuestras niñas y niños de este país.
Qué bueno. Tiempo, tiempo piden, pero tiempo es lo que mexicanas y mexicanos pidieron para poder tener justicia y para poder tener acceso a un México que les prometieron y que simplemente les fallaron. Les incomodan mis palabras...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Xitlalic Ceja García: ...pero, aunque siempre sea el estilo de la Presidencia de limitar la expresión de quienes venimos a esta tribuna en oposición, porque cuando se trata de legisladores del oficialismo se pueden extender la cantidad de minutos que quieran.
Pero saben qué, ustedes ya se quieren ir a dormir a sus casas, pero antes de irse a dormir a sus casas le están dando en la torre a la propiedad, a los impuestos que pagan los mexicanos y a todas y todos los que tenían una expectativa de ustedes y que simplemente los traicionaron. Que viva México, pero que viva México libre de Morena. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Alejandro Avilés Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por cinco minutos. ¿Con qué objeto, diputado Guillermo?
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Una moción de orden, por favor, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputado.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Nada más solicitarle a la Presidencia de este Congreso, que se respete el tiempo de las y los oradores, porque se extendió bastante con calumnias, engaños y mentiras, porque el PRI está completamente en proceso de extinción. Y no vamos a permitir más insultos a nuestro partido, movimiento Morena. A Morena y a México se les respeta. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Les pedimos a las diputadas y a los diputados que por favor se ciñan a los cinco minutos establecidos en el Reglamento. Muchas gracias. Adelante, diputado Avilés.
El diputado Alejandro Avilés Álvarez: Gracias. Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputado.
El diputado Alejandro Avilés Álvarez: Hay decisiones en este recinto que suelen ser catalogadas como meros ajustes normativos, pero en el fondo tocan la médula de la vida cotidiana de las personas. La reforma que hoy discutimos pertenece precisamente a este grupo. Es importante destacar que, bajo el lenguaje técnico del ordenamiento territorial, se esconde la historia del esfuerzo de millones de hogares de mexicanos.
El patrimonio inmobiliario no es una cifra en la contabilidad del Estado. Para la gran mayoría de la población, la casa, el terreno o el pequeño local comercial representan la joya de la corona de décadas de trabajo, renuncias familiares, sacrificios y planes de vida.
Sin embargo, durante generaciones, la relación de la ciudadanía con la gestión de su propia tierra ha estado marcada por una arquitectura institucional fragmentada, lenta y burocrática.
Hasta hoy, la norma ha sido la falta de la articulación. Una misma propiedad suele existir en el universo de los trámites con dimensiones distintas en la escritura notarial, con claves inconexas en el Registro Público y con datos obsoletos en las fichas municipales.
Esta falta de correspondencia no es un detalle menor ni un simple desajuste de archivos. Para la familia significa enfrentarse a trámites suspendidos de forma indefinida, a gastos imprevistos, a disputas jurídicas desgastantes y a la amarga sensación de que la propia autoridad le pone trabas al reconocimiento de sus derechos.
El fondo de este dictamen ataca directamente esa distorsión al establecer la interconexión de la información territorial como una obligación del Estado. No se trata únicamente de digitalizar documentos o crear nuevas bases de datos, sino de lograr que las dependencias públicas compartan una misma realidad geográfica e inmobiliaria.
Cuando las instituciones se entienden entre sí se elimina la carga de exigirle al ciudadano que demuestre repetidamente lo que el propio Estado debería de saber y validar.
Un componente central de esta propuesta reside en asegurar un historial público y verificable para cada inmueble, garantizar que cada modificación o actualización de un inmueble quede registrada con absoluta claridad.
La ciudadanía, por supuesto que tiene derecho a la absoluta certeza de que los datos que respaldan la titularidad de sus propiedades no serán alterados, traspapelados o modificados de manera opaca o arbitraria.
Asimismo, debemos desmantelar el prejuicio de que una reforma en la gestión territorial tiene únicamente un fin recaudatorio. Un mapa actualizado y preciso es, antes que nada, una herramienta de planeación social. Modernizar estos mecanismos es, por tanto, una vía directa hacia la justicia social. Es facilitar los procesos de regularización para quienes llevan años habitando en la incertidumbre.
El proyecto plantea una clave única catastral y una cédula única catastral y registral, además de mecanismos para intercambiar información. Dicho en términos ciudadanos, que una propiedad pueda ser identificada de manera consistente y que la información física del inmueble pueda siempre relacionarse con la información jurídica que corresponde a sus propios derechos.
Hay otro punto fundamental del que casi nadie habla, la tranquilidad de saber que nadie va a llegar mañana a alterar tus datos, a inventarse una construcción que no tienes o a quitarte un metro enfrente...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputado.
El diputado Alejandro Avilés Álvarez: ... a alguien que se le traspapeló el expediente. Crear una huella imborrable de cada cambio en los registros es como ponerle un cerrojo digital a la puerta de tu patrimonio. Significa que lo que es tuyo, es tuyo y nadie nunca te lo puede cambiar por debajo de la mesa. Por esas razones, la bancada del Partido del Verde emitirá...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputado.
El diputado Alejandro Avilés Álvarez: ... su voto a favor de este proyecto, lo hacemos con la convicción de dotar al país de un sistema territorial integrado, confiable y transparente. También es proteger de manera efectiva la tranquilidad de las familias, reducir las brechas de la desigualdad y construir un Estado más eficiente al servicio de toda la gente. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos, para hablar en contra del dictamen.
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres: Con su permiso, presidenta. Solicito una moción de ilustración al pleno, si me hicieran favor. Pido que la Secretaría dé lectura a la parte conducente de la fracción IV, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular aquella que establece que los municipios administrarán libremente la hacienda y que contempla las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Secretaria, si nos ayuda con la solicitud del diputado.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Los municipios, los municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas se establezcan a su favor y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad de inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. Es cuanto.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, secretaria.
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres: Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Presidenta, acabamos de escuchar la Constitución. La pregunta ahora es muy sencilla, ¿esta ley la está respetando o la estamos vulnerando?
La casa de una familia, el terreno de un pequeño empresario y el rancho de un productor, representan muchos años de trabajo. Por eso, cualquier reforma que organice la información sobre ese patrimonio debe ofrecer certeza, proteger derechos, datos personales y respetar el artículo 115 constitucional.
La interoperabilidad de esta iniciativa son bondades que debemos reconocer, vincular al catastro con el registro público de la propiedad puede ayudar a detectar inconsistencias, reducir trámites y dar mayor seguridad para a las operaciones inmobiliarias.
Una clave única puede facilitar la identificación de esos predios y mejores herramientas pueden fortalecer la recaudación municipal para atender alumbrado, calles y servicios públicos.
Si bien, el Congreso tiene facultades constitucionales para armonizar esta materia, estas deben ejercerse junto con el respeto al artículo 115 que protege la libre administración de la Hacienda municipal y la participación de los ayuntamientos en la propuesta de valores inmobiliarios. Por eso, nuestra responsabilidad es revisar si las garantías del proyecto son suficientes.
Primero. La autonomía municipal. El artículo 12 reconoce las competencias municipales, sin embargo, los artículos 7, 8, 22 y 23 otorgan a la Agencia de Transformación Digital amplias facultades para emitir modelos obligatorios, administrar plataformas y supervisar su adopción. Exigimos limites expresos.
Segundo. La protección del patrimonio. El artículo 28 contiene una garantía valiosa, la clave catastral por sí misma no acredita plenamente la propiedad ni crea o extingue derechos. Esa protección debe alcanzar también a la cédula y a las correcciones de información. Una familia no debe enfrentar incertidumbre sobre su patrimonio porque dos bases de datos no coincidan.
Tercero. Los datos personales. El proyecto contempla intercambio de información y reconoce su protección, pero debemos precisar quién podrá consultar cada dato, para qué finalidad y bajo qué controles. La policía registral cumple una función legítima. Vincular información patrimonial en plataformas nacionales existe controles para impedir consultas abusivas, extracción masiva o tentaciones de un gobierno, que ya lo ha demostrado, y que eso permita darle usos ajenos a la ley.
Cuarto. El bolsillo de las familias. Para la diputada que me antecedió, pero que aparentemente ya se fue a descansar, esa es la exposición de motivos en el último párrafo de la hoja cinco, donde se plantea actualizarlos valores catastrales y ampliar la base gravable. Es decir, sí viene lo que ustedes dicen que no viene, pero si no lo leen no se van a enterar.
Eso puede mejorar las finanzas públicas municipales, sí es cierto, pero también podría incrementar el predial conforme a las decisiones locales aplicables. Precisamente por eso exigimos que cualquier actualización respete las competencias constitucionales, sea transparente y garantice los mecanismos locales para evitar cargas excesivas y poder lacerar a las familias de México.
Quinto. Los recursos y los plazos. El quinto transitorio exige adoptar las plataformas antes del 31 de diciembre de 2026. ¿Cómo cumplirán los municipios con menos personal, conectividad y capacidad técnica? ¿Quién financiará la depuración de archivos, la capacitación y la seguridad de los sistemas?
Desde Acción Nacional defendemos una modernización que fortalezca nuestros municipios y proteja a nuestras familias, productores y comunidades. Corrijamos los riesgos antes de apoyar los beneficios. La coordinación necesita límites claros, la tecnología necesita garantías y las obligaciones necesitan recursos. Este dictamen no debe aprobarse en este momento. El patrimonio de los mexicanos requiere certeza, el municipio libre merece respeto...
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputado.
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres: ...y esta Cámara debe de garantizar ambos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado Agustín. Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Rivera Vivanco, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para hablar a favor.
La diputada Claudia Rivera Vivanco: Con el permiso de la Mesa, compañeras, compañeros legisladores, pueblo de México a favor del federalismo, a favor del fortalecimiento municipal, a favor de la buena coordinación entre los tres órdenes de gobierno, a favor de la modernización del sistema público que contribuye a darle certeza jurídica al patrimonio de la población.
Miren ustedes, el dictamen que propone la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral viene a saldar una deuda histórica pendiente desde la reforma constitucional de 2013.
Esta ley transforma la certeza patrimonial en un derecho accesible para todas y para todos, crea la Clave Única y el Plan Nacional Catastral y Registral para cerrarle la puerta a la corrupción, pero principalmente para cerrarle la puerta al delito del despojo.
Fíjense, una de las principales demandas y quejas o preocupaciones de la gente es que, al día de hoy, en la mayoría de los catastros municipales, su información aún está en carpetas de papel archivadas en la opacidad. Lo que ha permitido también históricamente la clonación de títulos de propiedad. Por eso la importancia de esta ley, con la que avanzamos hacia un sistema digital, interoperable, trazable y protegidos con la más alta seguridad tecnológica y el uso de la Llave MX.
Nunca más, compañeras y compañeros, nunca más el despojo del patrimonio de las familias mexicanas. Hoy desde esta tribuna del pueblo le ponemos un alto definitivo a la duplicidad de escrituras, un alto al caos registral, pero principalmente un alto le ponemos a la mafia inmobiliaria.
Se han dado cuenta, compañeras y compañeros, cómo todas las intervenciones de la oposición inician diciendo que están a favor de la modernización del catastro, que están a favor de que el municipio tenga mayores recursos para que se inviertan en más y mejores servicios, pero terminan sus intervenciones diciendo que no van a apoyar la reforma. Solo les faltaría reconocer que no van a apoyar la reforma por consigna de sus jefes, de sus dirigentes, que n o quieren perder sus negocios.
Aquí la oposición grita una supuesta invasión de la autonomía municipal, un incremento de impuestos. Y les respondo con la verdad de la norma en la mano, eso es falso. Les explico lo que no hace la federación con esta ley y lo que sí hace. Fíjense, la federación no invade funciones municipales, más bien garantiza el 115 constitucional. La federación no fija valores catastrales, esa es facultad del cabildo de cada municipio. La federación no crea impuestos, no cobra predial, no suplanta atribuciones de los ayuntamientos, esa es función exclusiva de los gobiernos municipales.
Lo que sí hace el gobierno federal con esta reforma es proveer de la infraestructura tecnológica gratuita para que los municipios puedan fortalecer su propia recaudación de manera justa y de manera transparente. Lo que también hace esta reforma es que registra los predios que antes estaban congelados o invisibilizados por la burocracia.
Por cierto, para quienes alegan imposibilidad técnica, el propio dictamen tiene aprobada que la Agencia de Transformación Digital publicara calendario de implementación progresiva para que tomen en cuenta las capacidades operativas y tecnológicas de cada municipio. Y recordemos finalmente, compañeras y compañeros, que es esta soberanía la que tiene la facultad, como lo estamos ejerciendo, de legislar para implementar, homologar, modernizar los servicios en beneficio de las autonomías y competencias de cada orden de gobierno en favor del pueblo de México.
Diputadas y diputados, aprobar esta reforma es ponerle fin al rezago de más de 13 años que lleva esperando, siendo atendida esta demanda municipal. Escucharon bien, más de 13 años.
Aprobar esta reforma fortalece la soberanía territorial, dinamiza la economía local, fortalece los recursos propios de cada municipio y blinda el patrimonio de las familias mexicanas que han construido con el sudor de su gente.
Es tiempo de transformación y en esta era digital que estamos viviendo, el deber de aprovechar al máximo las tecnologías, sobre todo cuando son en beneficio del pueblo, de los 2 mil 467 municipios que tiene este país.
Por eso, compañeras y compañeros, sí a la reforma, sí a la certeza jurídica para el pueblo, sí al blindaje contra el despojo, sí a la prosperidad de nuestros municipios. Es cuanto.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Suficientemente discutido en lo general. Se informa a la asamblea que para la discusión en lo particular se han presentado propuestas de modificación a la totalidad de los artículos del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de lo no reservado.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de lo no reservado.
(Votación)
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: ¿Falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto? Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 324 votos en pro, 107 en contra y 1 abstención.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Aprobado en lo general por 324 votos.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Pasamos a la discusión en lo particular. Tiene el uso de la palabra el diputado Gildardo Pérez Gabino, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Gildardo Pérez Gabino: Diputadas y diputados, modernizar el catastro es necesario, lo que no podemos es seguir debilitando al municipio. Desde Movimiento Ciudadano hemos explicado las razones por las cuales hemos votado en contra este dictamen.
El artículo 115 constitucional establece la libre administración de la hacienda municipal y reconoce las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria como fuente de ingresos de los municipios.
Este dictamen es contrario al federalismo. Crean una plataforma nacional catastral, planes nacionales y modelos obligatorios. La Federación establece lineamientos, administra la plataforma y supervisa su implementación, mientras los municipios tienen que cumplir. ¿Y quién paga?
El transitorio octavo de este dictamen establece que no habrá recursos adicionales para su implementación.
El impuesto predial es una de las fuentes fundamentales de los ingresos municipales. No pueden ustedes seguir concentrando más poder en la federación, mientras los municipios tienen la responsabilidad de prestar seguridad, agua, alumbrado público, recolección de basura, evitar inundaciones, atender los problemas de tránsito vehicular.
México ya vivió esta historia en 1836 con el centralismo de Santa Anna. El poder se concentró en el centro y los estados y municipios perdieron autonomía. Los municipios tenían los problemas, pero el centro tenía el poder.
Ahora ustedes, diputadas y diputados de Morena, tendrán que explicarle a México cuánto va a costar realmente implementar esta reforma en los estados y municipios. Cuánto costará actualizar la cartografía. Cuánto costará migrar la información. Cuánto costará adaptar los sistemas. Cuánto costará capacitar al personal. Cuánto costará garantizar la interoperabilidad. Cuánto costará mantener la seguridad de las bases de datos.
Como lo hemos enumerado aquí, esta reforma tendrá consecuencias porque si la federación no asignará un solo peso a estados y municipios, las y los mexicanos pagarán su implementación con el alza al impuesto predial.
El gobierno federal está creando una falsa narrativa en la cual miente tal y como lo ha hecho en otras reformas como la reforma al Poder Judicial, argumentando que, con ese dictamen, al igual que con este, evitarán las invasiones y despojos en inmuebles, cuando para acabar con los despojos se necesita una reforma en procuración de justicia y acabar con la corrupción. Las y los diputados de Morena mienten. No a la centralización. Sí al federalismo. Defiende tu casa, no al impuesto predial. No más alzas al impuesto predial. Gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada María de Fátima García León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María de Fátima García León: Con la venia de la Presidencia. Buenos días a todas y a todos, compañeros. Que quede claro desde el principio: las y los diputados de Movimiento Ciudadano no estamos en contra de la modernización catastral, estamos en contra de que bajo el concepto de armonización terminemos construyendo un modelo centralizado que desconozca la realidad de nuestros municipios y pueda convertirse en una presión sobre el patrimonio de las familias mexicanas.
La iniciativa que hoy discutimos pretende establecer bases nacionales para homologar, actualizar e interoperar los catastros y los registros públicos, además de crear una plataforma nacional catastral y establecer instrumentos como la clave única y la cédula única catastral y registral.
La pregunta es, ¿quién va a decidir cómo se administra la información de nuestros territorios y bajo qué criterios se valoran nuestros bienes inmuebles? Porque el territorio mexicano no es uniforme y mucho menos en Oaxaca, en donde más del 80 % de su territorio es de propiedad social, ejidal o comunal.
No podemos pretender que las mismas reglas que funcionan para una gran zona metropolitana, funcionen para una comunidad indígena, un municipio rural o una región donde existen formas particulares de tenencia de la tierra. Homologar procedimientos puede ser razonable, homologar realidades puede ser un grave error.
También, debemos hablar claro de un asunto que preocupa directamente a las familias, el valor catastral. Actualizar el catastro puede ser necesario para dar certeza jurídica, pero debemos garantizar que esa actualización no se convierta de manera automática o indirecta en un mecanismo para incrementar el impuesto predial, porque detrás de cada clave catastral hay una familia, hay un patrimonio construido con años de sacrificio. Modernizar el catastro no puede ser un pretexto para avaluar más, para cobrar más.
La propuesta contempla una plataforma nacional catastral y mecanismos de interoperabilidad entre Federación, estados y municipios, estamos hablando de información patrimonial de millones de mexicanas y mexicanos. Por eso necesitamos garantías mucho más contundentes sobre seguridad, privacidad, acceso, responsabilidades y protección frente al uso indebido de esa información.
Y hay otro problema, los municipios tendrán que cumplir nuevas obligaciones, ¿pero con qué recursos? Porque para digitalizar archivos, actualizar cartografía, capacitar personal y mantener sistemas tecnológicos, se necesita presupuesto.
No podemos aprobar obligaciones nacionales y después decirles a los municipios: ahora resuelvan con sus propios recursos. Por eso debemos exigir que la modernización venga acompañada de recursos suficientes, capacitación y asistencia técnica, particularmente para los municipios con menor capacidad institucional.
Compañeras y compañeros, el catastro debe servir para dar certeza sobre la propiedad, debe ayudar a ordenar nuestro territorio, debe combatir la corrupción, debe facilitar los trámites, pero no debe convertirse en una herramienta de centralización ni en una vía indirecta para aumentar la carga fiscal de las familias.
Queremos catastros modernos, pero municipales; queremos tecnología, pero con protección de datos; queremos información homologada, pero respetando nuestras realidades territoriales; queremos certeza jurídica, pero también respeto a la autonomía municipal; y, sobre todo, queremos que la modernización catastral tenga como propósito principal proteger el patrimonio de las personas, no aumentar la recaudación a costa de ellas.
Por estas razones estoy proponiendo, antes de que entre en vigor esta reforma se haga una consulta libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Es cuanto.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alfonso Vargas Ochoa, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hoy presento una reserva al artículo 24 de esta iniciativa porque estamos frente a una decisión que parece técnica, pero que en realidad toca un principio fundamental, nuestro federalismo, quién decide, quién administra y quién controla la información catastral de los municipios.
La iniciativa enviada por la presidenta establece que esta Clave Única se integrará conforme a los estándares y criterios técnicos que emita la Secretaría y la Agencia, mediante el modelo nacional correspondiente.
El objetivo de armonizar y hacer interoperable los catastros puede ser legítimo, pero el problema está en cómo se pretende hacerlo, porque armonizar no significa centralizar y establecer un estándar nacional no puede convertirse en una autorización para que desde el gobierno federal se diseñe la participación efectiva de los gobiernos locales, la manera en que deberán operar sus catastros.
El artículo 73 de la Constitución faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que armonice, homologue y, sobre todo, organice el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de los catastros municipales, pero esa facultad debe ejercerse dentro del sistema federal y respetando las competencias que la propia Constitución reconoce en los municipios.
El artículo 115 es contundente, la competencia de la Constitución otorga al gobierno municipal, ya que se ejerce por medio del ayuntamiento de manera exclusiva. Y en materia hacendaria los municipios administran libremente su hacienda y perciben las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria conforme a su marco constitucional y local.
Por eso, desde Movimiento Ciudadano decimos con claridad: una ley general puede establecer bases comunes, no puede utilizar la armonización como vía para desplazar las capacidades institucionales de los municipios.
¿Qué cambia en nuestra reserva? Cambia algo fundamental, la coordinación deja de ser una palabra y se convierte en una obligación. Proponemos que los estándares sean emitidos por la Secretaría en coordinación con la Agencia, pero previa consulta de las entidades federativas y de los municipios.
¿Por qué? Porque los catastros no son iguales. Hay municipios con sistemas digitales avanzados y otros que todavía enfrentan rezagos tecnológicos, presupuestales y de personal. Hay entidades que cuentan ya con claves, padrones, cartografía y plataformas que funcionen. Pretender que una autoridad federal pueda definir unilateralmente un modelo y después exigir su adopción inmediata, puede generar costos, duplicidades, migraciones innecesarias y pérdida de información histórica. La modernización debe conectar lo que ya existe, no empezar de cero por decreto.
Y hay un segundo punto que no podemos ignorar: Estamos hablando de información patrimonial. Un catastro no contiene solamente números de cuenta o referencias geográficas. Puede contener información que vinculada con registros públicos son identidad y otros sistemas gubernamentales. También permite construir una radiografía muy detallada de los bienes inmuebles de sus titulares.
Nuestra reserva establece que el modelo nacional deberá ser compatible con los sistemas catastrales locales existentes que cumplan con los estándares nacionales aplicables y, sobre todo, señala expresamente que la emisión de estándares y criterios no podrá alterar las competencias constitucionales y legales de las entidades federativas y los municipios, ni imponer sustitución inmediata de sus sistemas, padrones, cartografías o claves locales.
Compañeras y compañeros, no nos oponemos a tener mejores catastros, no nos oponemos a una clave única catastral, no nos oponemos a la interoperatividad, nos oponemos a que bajo el argumento de armonizar, se construya un esquema que concentre decisiones técnicas y administración en el gobierno federal y deje a los municipios solamente con la obligación de obedecer.
Desde Movimiento Ciudadano defendemos una idea sencilla: México necesita un Estado que coordina mejor, no un gobierno federal que decida todo. Es cuando, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Con el permiso de la Mesa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.
La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Buenos días. No estamos en contra de que existan trámites digitales ni de que se utilicen nuevas tecnologías, lo que planteamos es que sea modernizados y no eliminen otras formas de atención, porque la Llave MX puede ser una herramienta útil para quien pueda y quiera utilizarla, pero no debe convertirse en un requisito que impida a una persona acudir directamente ante la autoridad para realizar un trámite.
La digitalización puede facilitar muchos trámites, pero también puede convertirse en una barrera cuando se pretende imponer el uso de una sola herramienta, como es la Llave MX en nuestro país, donde todavía no tenemos un servicio de Internet al 100 %.
Y, por lo tanto, numerosas comunidades no cuentan con estos dispositivos electrónicos, en donde las personas adultas mayores y personas con discapacidad no cuentan con habilidades digitales o con condiciones de accesibilidad adecuadas para poder utilizar este tipo de plataformas, adquiriendo especial importancia cuando hablamos de grupos vulnerables, por lo que no podemos construir un sistema de trámites pensando únicamente en quienes tienen acceso permanente a Internet y están familiarizados con este tipo de herramientas.
Para una persona adulta mayor realizar un trámite digital puede implicar dificultades, para crear una cuenta, recordar contraseñas, recibir códigos de verificación o seguir cada uno de los pasos que exige el sistema. Mientras que para una persona con discapacidad pueden existir barreras de accesibilidad que hagan difícil o, incluso, imposible utilizar una plataforma sin apoyo o sin los ajustes necesarios.
Es indispensable establecer en la ley una alternativa clara para quienes no pueden realizar estos trámites por medios digitales. El acceso a un trámite público no puede depender de que una persona tenga un teléfono inteligente, una computadora, conexión a Internet o la capacidad para utilizar la aplicación o plataforma digital.
Porque la obligación de toda autoridad es facilitar el acceso al servicio y ofrecer medios adecuados para atender a quienes requieren una forma distinta de realizarlo. La atención presencial sigue siendo necesaria para quienes requieran orientación o acompañamiento.
Esta propuesta busca garantizar que las personas adultas mayores y con discapacidad tengan una alternativa, y que ninguna solicitud pueda ser rechazada por no contar con una cuenta Llave MX.
Por estas razones pongo a consideración de ustedes y de esta asamblea la siguiente adición al artículo 18 de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral para quedar como sigue:
Las autoridades catastrales deberán garantizar la atención presencial para la solicitud y gestión de trámites y servicios mediante los mecanismos de identificación previstos en las disposiciones aplicables, sin exigir la creación de una cuenta Llave MX, así como proporcionar asistencia gratuita para realizar trámites digitales y garantizar condiciones de accesibilidad y los ajustes razonables que requieran las personas con discapacidad y los adultos mayores. Por lo que la falta de conectividad de dispositivos electrónicos o de habilidades digitales no podrá construir motivo para negar la recepción o tramitación de solicitudes.
Esta reserva permite avanzar en la digitalización sin cerrar la puerta a quienes necesitan una forma distinta de atención. Porque modernizar los trámites también implica garantizar que todas las personas puedan acceder a ello sin condiciones adecuadas.
Por tal motivo, los invito a votar a favor de esta reserva, cuyo objetivo es atender las necesidades y contribuir al bienestar de los grupos más vulnerables en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias por su atención y espero contar con su afirmativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra el diputado Israel Betanzos Cortes, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Israel Betanzos Cortes: Con su venia.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputado.
El diputado Israel Betanzos Cortes: Compañeras y compañeros legisladores, hay cosas que un gobierno puede perder y recuperar, una plataforma puede fallar y repararse, un programa puede corregirse, pero cuando se filtra información patrimonial de una familia, el daño puede ser permanente, y eso es lo que le preocupa al PRI de este dictamen.
Hablar de movilización catastral y registral es el principio de hablar de una necesidad real del Estado mexicano. Necesitamos catastros actualizados, registros confiables, sistemas que puedan comunicarse entre sí y herramientas digitales que permitan a la ciudadanía realizar trámites con mayor certeza y menos burocracia.
En eso podemos coincidir, porque estamos hablando de una reforma importante, tenemos que discutirla con seriedad, no solamente quedarnos con la idea de que todo lo que se presenta con modernización es positivo.
Esta propuesta busca establecer bases de datos comunes para fortalecer catastros, homologar procesos, mejorar la información sobre la propiedad y aprovechar la tecnología para hacer más eficiente la gestión pública.
Pero también tiene un efecto importante sobre la reducción, se actualizan valores catastrales cuando aparecen predios que no estaban incorporados al padrón y cuando se manejan la capacidad para identificar y cobrar esta se amplía, y la base sobre la cual los gobiernos locales puedan recaudar.
Y eso no es malo por sí mismo, lo malo es en que plantean un proceso ordenado, transparente, socialmente respaldado, pero que debe tener cada uno de sus catastros, y hay propiedades, detrás de cada propiedad hay una familia, hay una empresa y detrás de cada actualización puede existir una obligación fiscal distinta.
Para ello hay un segundo tema que me preocupa todavía más: es el federalismo. El artículo 115 constitucional reconoce a los municipios como base de la organización política y administrativa de los estados y establece de manera expresa su libre administración hacendaria.
En materia inmobiliaria y predial las competencias locales están claramente delimitadas. Por eso debemos tener cuidado con el lenguaje y con el diseño institucional de esta ley.
Homologar no significa centralizar, coordinar no significa subordinar. ¿Es lo mismo un municipio que ya cuenta con plataformas digitales, cartografía actualizada y personas especializadas a uno que todavía tiene procesos manuales y limitaciones presupuestales?
Y la pregunta es muy sencilla: ¿cómo vamos a exigir modernización tecnológica, capacitación y actualización de sistema y nuevos procesos si al mismo tiempo decidimos que no habrá recursos adicionales para hacerlo?
No podemos construir una transformación digital con buenos deseos. Y tampoco podemos trasladar el costo de una política nacional exclusivamente a las haciendas locales.
Por eso el debate no debe de ser modernización sí o modernización no. Debe ser modernización con responsabilidad, con gradualidad y respeto a las competencias constitucionales de cada uno de los gobiernos. Necesitamos una ley que permita que los municipios se incorporen y a manejar estándares, pero también reconocer sus capacidades reales.
Debemos ser muy claros: la modernización catastral debe ser para dar certeza jurídica a la propiedad de las familias mexicanas y para mejorar los servicios públicos, para ordenar el territorio y para fortalecer los municipios, no para que la ciudadanía termine pagando las consecuencias de una mala planeación presupuestaria.
Todo esto se viene a reflejar para un tema muy sencillo: no queremos engañar a la ciudadanía con temas y espejos que no se han dado.
Por eso, compañeras y compañeros, pedimos que se tome con seriedad este tema catastral, donde si realmente la gente que menos tiene, tiene que tener cuidado porque sí se les está engañando.
Quiero decirles que esta plataforma que se presenta no puede ser una plataforma a la ligera. Es una plataforma que debemos tomarla con una seriedad para cuando la información patrimonial de las familias no sea dañada y no sea perjudicada. No decirles con mentiras y engaños que la modernización catastral y registral es el principio a una necesidad. Creo que tenemos una gran necesidad y entrar al fondo no solamente por un tema burocrático: es coincidir a la modernización, sí, pero también es hablar con la verdad. Es cuanto. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenos días a quienes nos siguen a través del Canal del Congreso, que yo creo que a estas horas deben de ser pocos, pero un saludo a todos.
De nueva cuenta hoy se presenta una iniciativa que es fruto de una visión centralista, autoritaria, alejada del sistema federalista y de la autonomía municipal consagradas en nuestra Constitución Política mexicana.
El dictamen que se discute refleja el desdén de una realidad municipal existente en la mayor parte del país. Ignora que han sido el eslabón más débil de la cadena institucional, enfrentando retos diarios al tener el mayor nivel de proximidad frente a las múltiples demandas de millones de mexicanas y mexicanos.
Con esta propuesta se confirma el abandono que han padecido los municipios desde hace ocho años. No ha bastado la desaparición de fondos y programas federales que fortalecían financieramente a los municipios como lo fueron el Fortamun, el Fortaseg, el Fondo Minero, el Fondo Metropolitano, el Fonden, el 3x1 para Migrantes, entre otros. Ahora también se pretende imponer una nueva carga administrativa y financiera que no está al alcance de cumplimentar para una enorme cantidad de municipios en nuestro país debido a la carencia de recursos económicos, materiales y humanos.
Por eso, el PRI, que siempre ha tenido una convicción municipalista, rechaza este dictamen atropellado, sin consenso social, donde no se escuchó a las presidentas y presidentes municipales ni a sus cabildos.
Detrás de esto hay un objetivo meramente recaudatorio a nivel central, un control indiscriminado de los registros catastrales del país y un grave riesgo a la seguridad de los datos patrimoniales.
Esta reforma se nos presenta como una vía para modernizar catastros y para homologar procedimientos. Compartimos el propósito de mayor certeza sobre el patrimonio de los ciudadanos, siempre estaremos a favor de la transparencia y de la transformación digital, pero alcanzar estos objetivos exige reconocer a los municipios como pilares esenciales del desarrollo nacional y atender las condiciones en las que deberán hacer lo posible.
Las diferencias entre los catastros del país son muy profundas, mientras algunos cuentan con sistemas digitales consolidados, cartografía actualizada y personal especializado, otros operan con equipos reducidos y herramientas básicas.
Para unos, el reto solo será conectar y mejorar la información existente. Para otros, representa apenas construir las capacidades indispensables para contar con un catastro operativo.
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025, de INEGI, reportó que al menos 350 municipios no realizaron actividad catastral ni cobraron el impuesto predial. Esa cifra muestra que el punto de partida es profundamente desigual.
Una transformación de esta magnitud debe sustentarse en un diagnóstico nacional que identifique las necesidades de cada municipio y permita definir los recursos, la asistencia técnica y los plazos que se requieren para su implementación.
Resulta inviable el plazo establecido en los artículos transitorios tercero, cuarto y quinto, a efecto de iniciar operaciones el próximo primero de enero de 2027. Además, esta reforma es claramente inconstitucional, al imponer cargas financieras a los ayuntamientos sin proteger su hacienda pública, ya que el octavo transitorio prohíbe expresamente recursos federales adicionales para su operación, provocando un duro golpe a las finanzas de la mayoría de los municipios del país.
Es por ello, que presento una reserva para establecer plazos más amplios y recursos extraordinarios multianuales, para convertir la modernización catastral en una verdadera política de Estado.
Cuando se imponen nuevas obligaciones sin asegurar su financiamiento, se reduce el margen de los ayuntamientos para responder a responsabilidades esenciales, como la seguridad ciudadana y como el cumplimiento de servicios públicos municipales.
Compañeras y compañeros, el PRI no puede acompañar este dictamen, porque es violatorio del artículo 115 constitucional, al vulnerar la autonomía municipal y al federalismo mexicano, imponiendo de manera centralista un modelo de modernización que resulta arbitrario al ordenar su aplicación casi inmediata a todos los municipios del país sin distingos ni consideración alguna y, por supuesto, sin apoyo financiero, con el único propósito de aumentar la recaudación de manera desesperada y en un afán de control desmedido de información confidencial que no tiene justificación.
Nuestro compromiso siempre será con aquellas reformas que brinden certeza jurídica a los ciudadanos, que fortalezcan a los estados y a los municipios y que sean congruentes con el espíritu federalista de nuestra nación, principios esenciales que lamentablemente no encontramos en este dictamen. Es cuanto.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica se pregunta si se admite a discusión.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Noel Chávez Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Noel Chávez Velázquez: Con su permiso, presidenta. Con el permiso del coordinador de mi grupo parlamentario.
Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México. Hay algo en lo que todos podemos coincidir, México necesita modernizar sus catastros, necesita digitalizarse, necesita actualizar sus registros, necesita dar certeza jurídica a la propiedad. En eso estamos de acuerdo, pero una cosa es modernizar el país y otra muy distinta es utilizar la modernización como pretexto para concentrar información, poder y capacidades a la Federación.
Por eso, las y los diputados del Partido Revolucionario Institucional no acompañaremos esta reforma. Y que quede muy claro, no estamos en contra de la tecnología, estamos en contra de la concentración del poder sin controles. Esta iniciativa pretende vincular catastros y registros públicos, establecer identificadores únicos, interconectar plataformas y construir una gran base nacional de información inmobiliaria.
Y aquí tenemos que hacer una pregunta que nadie puede evadir, ¿estamos modernizando los catastros o estamos construyendo una gigantesca herramienta para conocer, cruzar y utilizar la información patrimonial de los mexicanos? Porque cuando el Estado quiere saber más de los ciudadanos, también tiene que aceptar que los ciudadanos sepan más de cómo el Estado está utilizando esa información.
Y ahí está el problema, no hay suficientes candados, no hay suficientes controles, no hay suficiente claridad.
Y, segundo, el federalismo, México con sus casi 2 mil 500 municipios, hay municipios grandes y pequeños, municipios ricos, municipios con enormes carencias, municipios con tecnología y municipios que apenas tienen lo indispensable para operar. Y, aún así, desde la federación quieren decirles cómo hacerlo, con qué metodología, bajo qué plataforma y con qué obligaciones.
Nos dice el federalismo, no se invade la autonomía municipal. Entonces, explíquenos algo, por qué la federación diseña, la federación norma, la federación controla y el municipio paga. Eso no es federalismo, eso es centralismo con factura municipal.
Quienes hemos sido presidentes municipales sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, sabemos lo que significa ser el primer respondiente, sabemos lo que significa resolver los problemas de la gente cuando no hay recursos suficientes. Y ahora quieren agregarle otra obligación, porque digitalizar cuesta, actualizar cuesta, capacitar cuesta, mantener servidores cuesta, proteger bases de datos cuesta y la ciberseguridad cuesta.
Por eso, aquí está la pregunta que deberían responder: ¿Quién va a pagar la factura? Porque si la federación quiere imponer el sistema, que también ponga los recursos. No pueden quedarse con el control desde la federación y mandar la cuenta a los municipios.
Y, tercero, el predial. Nos dicen: esta reforma no aumenta el predial. Perfecto, pero tampoco nos quieran ver la cara, porque si actualizar millones de propiedades, corregir padrones, identificar inmuebles y acercar los valores catastrales a la realidad de verdad creen que eso no tendrá consecuencias recaudatorias.
Si el gobierno dice que no quiere aumentar impuestos, entonces, preguntémonos: ¿Para qué necesita conocer con tanta precisión la base sobre la cual cobran? Porque para el gobierno el predial puede ser una cifra, para una familia puede ser el dinero de varios días de trabajo.
Y, cuarto, la información patrimonial. Compañeras y compañeros, no estamos digitalizando recetas de cocina, estamos hablando del patrimonio de millones de mexicanos, estamos hablado de casas, de terrenos, de propiedades, de bienes, y mientras más información concentra el Estado, mayor debe ser la obligación de protegerla.
Si esta reforma es tan buena, si es tan necesaria, si realmente beneficia a los mexicanos, entonces discutámosla. Escuchemos a los municipios, a los estados, a los especialistas, a los notarios, a los expertos en protección de datos, a las autoridades catastrales y registrales, a las comunidades indígenas, porque modernizar no significa imponer...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputado.
El diputado Noel Chávez Velázquez: ... digitalizar no significa centralizar y coordinar no significa quitarles facultades a los municipios.
Compañeras y compañeros, el PRI no está en contra de modernizar, estamos en contra de centralizar, el PRI no está en contra de digitalizar, estamos en contra de concentrar información sin controles suficientes, porque la confianza es importante, pero en una democracia los controles son indispensables y cuando se trata del patrimonio de los mexicanos, la seguridad de sus datos no se negocia. Por esta razón, el Partido Revolucionario Institucional no acompañará esta reforma. Democracia y justicia social, PRI revolucionarios.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT.
La diputada Margarita García García: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputada.
La diputada Margarita García García: Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México, que nos ve desde los diferentes medios. Esta es la manera de legislar, este es el horario en el que seguimos legislando para ustedes, para que conozcan la verdad, pero a unos les gusta estar aquí como el perico repitiendo lo mismo, pero aquí estamos, aquí estamos los diputados del PT para decirles que efectivamente capacitar cuesta, el problema es que los anteriores gobiernos, pues querían tener a la gente en la ignorancia y, por eso, nunca le invirtieron y hoy que se tiene que invertir, pero que además este tema de esta propuesta que manda nuestra presidenta, pues ya lo hacen los municipios, que atrasados están. Los municipios ya cobran el predial que muchos y muchas sí pagamos.
El gran problema que ustedes también se acostumbraron a que les quitaran ese impuesto y a que no lo pagaran, ese es el gran problema que hoy se quiere hacer, pero efectivamente tenemos que tener la creación de herramientas digitales compartidas como la Plataforma Nacional Catastral, la Plataforma Nacional de Registros Públicos y la asignación de una Clave Única Catastral para cada inmueble. Además, dará certeza jurídica y protección patrimonial ya que ayudará a proteger el patrimonio de las personas al prevenir fraudes, despojos, duplicidades, escrituras mediante un sistema inoperable.
Se puede evitar con esto y prevenir situaciones como las que suceden en Oaxaca. Y, efectivamente en Oaxaca tenemos 570 municipios, tenemos comunidades indígenas donde todavía son ejidales, son comunales y ellas seguirán en la misma modalidad porque ahí no pagan predial, así es que no asustemos a la gente de Oaxaca porque esto seguirá.
Pero, para quienes no han vivido y yo lo he dicho y lo seguiré diciendo, a ver en Oaxaca operó, y fue en el tiempo del PRI, el cártel del despojo y nos vino a poner en alerta cuando en el Registro Civil se dio a conocer gracias a los hermanos Gómez Conzatti que les robaron y desaparecieron la identidad de ellos, sí, y se dieron cuenta porque habían sido despojados de una casa que les dejó su papá y dentro de este fraude estuvieron y están involucrados funcionarios del Registro Civil, del catastro y notarios, que hoy un funcionario anda huyendo y que no lo han podido detener. Vamos a evitar esto para que no siga sucediendo. Y, lo recalco, fue en el tiempo del PRI, sí.
Qué está sucediendo en la Alcaldía Benito Juárez con el cártel inmobiliario en donde la corrupción de los funcionarios de la alcaldía se confabulaba con constructoras inmobiliarias a cambio...
(Sigue turno 229)
... los funcionarios de la alcaldía se confabulaban con constructoras inmobiliarias a cambio de permisos de construcción en zonas no aptas.
Y también quiero decirlo, porque en el PT no vamos a solapar a nadie del partido y del color que sea, y si en el PT también hay corruptos que se les aplique todo el peso de la ley. Porque también, en Oaxaca, yo les quiero decir que por ser crítica, por levantar la voz, efectivamente, el titular del IFREO y el titular del instituto catastral, Gilberto Melo Guzmán, se dieron a la tarea de, queriendo hacerme quedar mal y publicaron de manera dolosa que yo tenía 24 propiedades, 24 inmuebles y ni siquiera lo estudiaron ni fueron a verificar, sino se trata de un homónimo.
Y esto nos quitará de eso, para que los políticos, por señalarlos que son corruptos, sinvergüenzas y que le roban a nuestro estado, se den a la tarea de querer ponernos propiedades o quitarnos.
Situaciones como estas que padecen muchísimas familias, como el estado de México, también que tiene muchas denuncias por despojo inmobiliario...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Margarita García García: Conocemos el caso extremo al que llegó la señora Carlota, y así pudiéramos ir señalando. Por eso, decirles que la iniciativa no genera impacto presupuestario para la federación ni requiere la autorización de recursos adicionales, agrario, territorial y urbano.
Con esta iniciativa que manda nuestra presidenta de la República, ya dejemos de estar engañando, y ustedes saben que yo lo he dicho con la verdad aquí. Y ya dejemos de estar aquí perdiendo el tiempo, esta iniciativa ayudará muchísimo para que los municipios también, los presidentes municipales que hoy son una bola de corruptos y que cobran el predial...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Margarita García García: ... y no lo reportan, hoy también lo reporten. Porque de la manera que ellos contribuyan a entregar más cuentas de la contribución, recibirán más dinero para los beneficios de su comunidad.
Así que por eso el PT votó a favor y votaremos a favor nuevamente, porque sentimos que esta iniciativa va a modernizar muchas cosas. No podemos seguir viviendo donde las piedras sacan lumbre, donde nuestros antepasados vivieron en ese, pues sí...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Margarita García García: ... en esta época. Es cuanto y retiro mi reserva, diputada presidenta. Gracias. Unidad nacional, todo el poder al pueblo.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias diputada. No hay materia de consulta. Tiene la palabra el diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputado.
El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Miren compañeros, ya este tema que estamos tratando no podemos hacernos de lado, los municipios están recaudando solamente 60 mil millones de pesos de 900 mil que debieran recaudar.
Es muy bajo, y cada quien, desde su posición, desde el lugar que ocupa, desde la curul que tiene en este recinto, adoptará una posición y del momento que está viviendo, cuando fueron algunos gobierno tenían una posición distinta a la que hoy tienen.
Lo cierto es que se mezclan muchos factores, uno de los principales, que nuestros presidentes municipales no se quieren confrontar con la ciudadanía, no aprietan en el tema de la recaudación porque quieren ser diputados locales o federales en la siguiente, y piensan que eso los confronta con los ciudadanos, y que el desgaste de ser presidente municipal les va a impedir tener la cantidad de votos que necesitan para llegar a otro lugar. Que es una aspiración legítima, sí, desde luego, pero también hay que adoptar la responsabilidad que uno tiene como presidente municipal.
No es que estemos apretando, ni que queramos hacer un programa, es lo que la ley dice, solamente vamos a facilitar, en la medida de lo posible. Miren, en el estado de México ya se han hecho esfuerzos en alguna ocasión.
Sí hay municipios tan pobres que no tenían para la computadora; okey, estoy de acuerdo, y el gobierno del estado se ofreció a decir: yo te voy a ayudar para ponerte el equipo necesario y los asesores necesarios para que capacites a tu personal y hagas la tarea que tienes que hacer para recaudar un mínimo que te permita sobrevivir como municipio.
Y no lo hacían porque entonces entran en juego los intereses personales de quien en ese momento ostenta el poder municipal. Esa es la verdad, compañeros; y por eso pasan años y años, y podremos cambiar la ley, y si no hay voluntad política tampoco va a funcionar.
Entonces, si no tomamos al toro por los cuernos y decimos lo que verdaderamente está pasando, pero además hagamos propuesta como la que el día de hoy se está haciendo en esta tribuna.
Miren, cuántos problemas hemos visto últimamente en materia de despojos. Ya lo dijo aquí mi compañera de lo que se vivió últimamente en Chalco, ahí en el municipio vecino de su servidor, yo soy de Valle de Chalco, que tiene uno de los más altos índices de despojo, de lo que se ha vivido por la falta, por la falta de coordinación, por la falta de que los funcionarios públicos tengan compromiso social, ganas de ayudar, de sacar los temas.
Miren, en México existen 9 mil 180 asentamientos irregulares, 700 mil predios sin clave catastral; 22.6 millones de personas viven sin certeza jurídica en las viviendas que habitan y 5.4 millones de esas viviendas las ocupan estas personas.
El catastro y el Registro Público de la Propiedad no comparten información en muchos de los casos, en la mayoría. Las características físicas que tienen los catastros acerca de las viviendas no checan con los datos que tiene la situación jurídica en el Registro Público de la Propiedad, y cuántos y cuántos casos existen donde un solo predio tiene doble o hasta triple folio. porque no hay correlación, porque no hay intermediación, porque no hay relación.
Y son palabras que parece que a muchos de nosotros nos da miedo: vinculación, coordinación, no solamente entre esas dos instancias, sino entre niveles de gobierno, transparencia, armonización y modernización. No tengan miedo. Hay que entrarle, hay que agarrar el toro por los cuernos, si no, nunca vamos a fortalecer al municipio y solamente lo vamos a ocupar para discursos vacíos.
¿Queremos transparencia? Pues es el momento de la transparencia. Dicen que no hay ladrón que no sea desconfiado. Compañeros, no nos hagan pensar mal. Vamos a echarle ganas todos, vamos a ir apoyando este dictamen para tener la Clave Única Catastral y la Cédula Única Registral. Muchas gracias por su atención. Todo el poder al pueblo. Retiro mi reserva, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. No hay materia de consulta. Tiene la palabra el diputado Ramón Angel Flores Robles, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado Ramón Angel Flores Robles: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.
El diputado Ramón Angel Flores Robles: Hay reformas que por su nombre pueden parecer lejanas a la vida cotidiana de la gente. Hablar de catastro, registros públicos o plataformas digitales puede sonar demasiado técnico, pero detrás de todo esto hay algo mucho más sencillo y mucho más importante: está el patrimonio de las familias mexicanas, está la casa de una familia que tardó 20 o 30 años en pagar, está el terreno que dejaron los padres a sus hijos, está el pequeño patrimonio de una persona adulta mayor, está el esfuerzo de toda una vida.
Y cuando hablamos de proteger ese patrimonio estamos hablando de darle certeza y tranquilidad a la gente. Por eso, acompañamos la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral que hoy discutimos, una iniciativa presentada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, para modernizar, homologar y lograr que los catastros y los registros públicos de la propiedad puedan compartir información de manera eficiente.
¿Y esto qué significa en palabras sencillas? Que tenemos que dejar atrás un México donde una oficina tiene una información, otra dependencia tiene otra y muchas veces los sistemas ni siquiera pueden comunicarse entre sí.
Hoy existen enormes diferencias entre municipios. Hay instituciones con distintos niveles de actualización, sistematización y digitalización; incluso, la manera en que se realizan estas funciones cambia de una identidad a otra. Y esas diferencias no las termina pagando el gobierno: las termina pagando la gente, las paga quien pierde horas o días dando vueltas para hacer un trámite, las paga quien encuentra inconsistencias en la información de su propiedad, las paga quien necesita certeza sobre el patrimonio que construyó durante años.
La transformación también significa acabar con esas viejas prácticas, porque un gobierno cercano al pueblo no solamente construye grandes obras o desarrolla programas sociales: también debe lograr que un trámite deje de convertirse en un viacrucis para una familia.
Esta ley plantea herramientas muy concretas: una clave única catastral para identificar cada inmueble, una cédula única catastral y registral para vincular la información física del predio con su información jurídica, plataformas digitales y modelos para homologar requisitos y procedimientos. Esto significa utilizar la tecnología no para complicarle la vida al ciudadano, sino para simplificársela.
Y quiero detenerme en algo porque seguramente será parte del debate: esta ley no significa quitarles facultades a los municipios, no significa desde la federación se vaya a decidir cuánto vale la casa de una familia, no significa que la federación vaya a cobrar los prediales.
El dictamen mantiene en las autoridades locales y municipales la gestión de sus padrones, la determinación de los valores catastrales, la fiscalización y la recaudación del impuesto predial. Entonces, hay que decirlo claramente, no estamos centralizando, estamos coordinando.
Y hay una enorme diferencia, desde la cuarta transformación creemos en un Estado que coordina los esfuerzos para que el lugar donde nació una persona no determine la calidad de los servicios públicos que recibe. Porque no podemos permitir que solamente los municipios con mayores recursos tengan acceso a la tecnología, mientras los municipios pequeños tengan que seguir trabajando con herramientas rezagadas.
Precisamente uno de los beneficios de este proyecto, es poner soluciones tecnológicas públicas al alcance de los municipios con menores capacidades técnicas y operativas financieras. Eso también es justicia social.
Reducir desigualdades entre territorios, dar herramientas a quienes menos tienen y hacer que la tecnología pública sirva para cerrar brechas, no para abrir otras nuevas, esto genera responsabilidad.
Y esto es importante decirlo más, no se están creando nuevos impuestos, lo que se busca es fortalecer las capacidades municipales mediante padrones actualizados, incorporar los predios que correspondan y facilitar incluso el pago digital del predial.
Compañeras y compañeros, durante muchos años se habló de modernización, durante muchos años se habló de simplificación, hoy tenemos la oportunidad de convertir esas palabras en herramientas concretas para la ciudadanía...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputado.
El diputado Ramón Angel Flores Robles: La cuarta transformación ha demostrado que la modernización al gobierno no significa alejarlo de la gente. Es cuanto. Retiro mi reserva.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. No hay materia de consulta. Tiene la palabra la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputada.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá: Sorpresa, sorpresa, otro proyecto pésimo enviado por la presidenta Sheinbaum. Ya son casi las tres de la mañana y estamos discutiendo algo que no tendríamos por qué estar discutiendo de esta manera, pero es así como les gusta hacerlo.
Tenemos la gran oportunidad de darle forma a un mandato constitucional, pero estas prisas que les caracterizan, digo, ya pasaron 13 años, qué más daba esperar dos semanas o tres más para consultar y hacer un diagnóstico adecuado y poder generar una ley que cumpla con lo que se le pidió en el 2013 desde la Constitución al Congreso de la Unión.
Crear una ley que homologue y unifique para facilitar los trámites en registros públicos de la propiedad y el comercio y en los catastros municipales, pero no centralizar. Y también hay que distinguir diferentes funciones que tenemos como funcionarios, que tienen las diferentes instancias y que las leyes que surgen de aquí obligan a todos los sujetos responsables de su aplicación.
Por ejemplo, hablamos mucho de digitalización, ¿y no se han puesto a pensar que también eso deriva de la Ley General de Archivos? Esos proyectos que mencionaban o esos estados que ya están funcionando, lo están haciendo al amparo de la Ley de Archivos, porque también se tiene que resguardar la documentación de cada uno de los actos que se están generando en el servicio público.
Pero bueno, es que no se les da a estudiar, no hacen el trabajo legislativo como se debe. Por supuesto, por supuesto que debo decir que no soy fanática de voltear hacia atrás. A mí me gusta decir con toda claridad que hoy estoy aquí, porque creo en un México hacia adelante, porque queremos construir algo mejor para los que vienen.
Pero hay que decir que antes, más o menos hace 13 años, muchos de los que están pintados de guinda aquí y en otras instancias, no estaban de acuerdo con lo que hoy están, híjole, es que no hallo la palabra, con lo que están defendiendo con tanto ánimo y con tanta falta de vergüenza.
Miren, votaron en contra de la centralización y eso es lo que decían y eso es lo que defendían, que lástima que no tengan congruencia. La violación de la soberanía estatal y la autonomía municipal era inconcebible y hablamos de la reforma constitucional, así que tenían que cuidar el..., tenían que el federalismo fiscal se diera y hubiera una injerencia del gobierno federal sobre facultades tributarias reservadas a los municipios.
Y las consideraciones de un dictamen, debo decir también, pseudo legisladores que, pues, no están de adorno, hay que ver qué decía el legislador en el 2013 y qué era lo que se buscaba.
Entonces, hay algo muy interesante que podía habernos ayudado a equilibrar, pero no escuchan, el Consejo Nacional de Homologación y Armonización Registral se formaba con representación de estados, municipios, federación e Inegi como organismo autónomo y con una rotación de la presidencia de las diferentes entidades federativas para que se pudiera lograr esa nivelación precisamente de aquellos estados y municipios que se encontraban más rezagados y que pudieran ir saliendo.
Ahora bien, corresponde la propuesta no crea, ah, esto es muy importante, en la pagina 36 del dictamen, en el primer párrafo, dice: la propuesta no crea por sí misma un nuevo impuesto ni modifica directamente las tasas del predial. Luego entonces, indirectamente a la postre en un futuro vamos a tener metido al gobierno federal centralista, injerencista hasta la cocina de las familias de México.
Y, además, nos han dado unas clases magistrales de cómo hacer cochinadas y trampas, qué bien saben, qué bien saben todas las porquerías que vinieron a decir aquí que se hacen, porque seguramente ahí estuvieron y así les va y así les gusta trabajar.
Entonces, vienen y dicen que es por el combate a la corrupción y dicen que es por certeza jurídica. Ojalá pusieran atención a los problemas de la regularización de los predios y de trabajar con los estados y los municipios, para que las personas que han estado luchando por su patrimonio tengan sus escrituras y ya n o tengan estos problemas.
Y ojalá que también las Fiscalías estatales y de la República hicieran lo suyo cuando detectan fraude, en vez de estar de solapadores junto con sus funcionarios de los que vinieron a darnos unas clases magistrales aquí. Reitero, de la porquería que es Morena. 46, página 46, estados y municipios mantienen intactas sus funciones, gestión, actualización y uso de la información. Y, entonces...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá: ... lo que le corresponde a la federación solo es el m arco normativo y la plataforma digital. No que sean dueños de la información y menos en un país donde hemos dado un paso de 26 años para atrás al desaparecer al INAI y no tener quién cuide y proteja los datos personales.
Así que, sí, sí viene un gran, gran, temor por parte de las familias mexicanas, va a haber aumento de impuesto predial, va a haber un saqueo a los municipios, la propiedad privada está en riesgo con el gobierno de Morena, perdón, con el narcogobierno de Morena, y no nos queda más que reiterar que todas las propuestas que estamos haciendo en Acción Nacional son en beneficio de las familias de México. Y aunque se cansen de escuchar nuestros argumentos y no les quede más que aceptar que tenemos razón...
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá: ... en el 27 se van y vamos a estar aquí para corregirlo por el bien de México. Diputada presidenta y pido que se inserte mi intervención de manera íntegra en el Diario de los Debates.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Así será, diputada. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada María Angélica Granados Trespalacios, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada María Angélica Granados Trespalacios: Presidenta, buenas noches, sí, buenas noches. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.
La diputada María Angélica Granados Trespalacios: ¿Quién debe decidir cómo se registra, se mide y se actualiza cada predio de este país? ¿Una agencia federal desde la capital o el municipio que sí camina su territorio todos los días? Y una pregunta más incómoda: ¿quién va a custodiar la información sobre el patrimonio de millones de mexicanos y con qué garantías?
Nos presentan esta ley con un argumento difícil de rebatir, muchos municipios no cuentan con catastros digitales robustos y es cierto, pero ahí está el disfraz. Con esa falsa benevolencia, con el discurso de ayudar a los municipios que se quedaron atrás, se aprovechan para avanzar en un objetivo muy distinto: concentrar atribuciones, concentrar información y concentrar el poder de Morena.
Hablo desde Chihuahua y lo hago con hechos. El municipio de Chihuahua trabaja con el modelo óptimo de catastro impulsado por la Sedatu y cuenta con el sistema de información geográfica del municipio, el Sigmun. El Sigmun es una plataforma gratuita con mapas, con datos catastrales y uso de suelo al alcance de cualquier ciudadano. Tiene trámites catastrales en línea por ventanilla virtual y su oficina virtual de información económica opera desde 2019 y hoy se extiende ya a todos los municipios del estado.
Esta ley persigue interpretar sistemas, digitalizar trámites, perdón, y actualizar información territorial. Chihuahua está ya por muy por encima de estos objetivos, pero eso no es lo que se propone. Quiero plantear tres riesgos.
El primero está en el bolsillo de las familias. Esta iniciativa busca fortalecer la recaudación, el predialazo. Nadie se opone a que cada quien pague lo justo, pero un aumento sorpresivo, sin gradualidad y sin aviso y sin garantía de audiencia, golpearía a las familias que han cumplido siempre y que se enterarán de esta actualización, del predialazo en su recibo.
El segundo es la seguridad de información. La iniciativa propone reunir en una plataforma nacional la información de propiedades con clave y cédulas únicas. Una base de datos centralizada es un blanco mucho más atractivo. ¿Dónde están los candados de ciberseguridad, entonces, en esta ley? ¿Dónde está el presupuesto para garantizarlos?, porque el octavo transitorio dice que no se asignarán recursos.
El tercero es el poder que implica concentrar tanta información. Esta ley le da otra vez enormes atribuciones a la Agencia de Transformación Digital. La agencia fijaría trámites, requisitos y tiempos de observancia obligatoria, supervisaría a los municipios y emitiría alineamientos sin un marco que delimite su contenido, lo que podría violar el principio de reserva de ley.
Saber con detalle qué tiene cada mexicano, dónde y a nombre de quién, tiene un poder enorme. Sin contrapesos ese poder puede derivar en abusos de autoridad y en un control cada vez mayor sobre los ciudadanos, y de manera paulatina así avanzan los proyectos autoritarios no de golpe, sino por lineamientos.
La iniciativa llega además sin que se haya escuchado a los municipios ni a los estados y con 30 días para habilitar plataformas, en pleno cierre de año y sin recursos. Eso no es fortalecer a los municipios, es subordinarlos.
En el PAN lo decimos, homologar sí, centralizar no. Los municipios no necesitan tutores, necesitan recursos, respeto y necesitan voz. Los mexicanos merecen que su patrimonio y sus datos no queden al árbitro de nadie, no queden al árbitro de Morena. Decimos no al predialazo de Morena. Muchas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Con su permiso, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputado.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Vengo a hablar en contra de este dictamen de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral desde esta tribuna, porque esto es un albazo, un engaño grave.
Nos venden este dictamen como una modernización digital, como un avance para eliminar el papeleo, pero no nos engañemos, lo que realmente busca esta ley es despojar a los municipios y a los estados de sus facultades para concentrar todo el poder sobre las propiedades de las y los mexicanos en el gobierno central.
Que quede claro, esta iniciativa le mete manos al registro de tu casa, de tu terreno, de tu patrimonio. En el 2013, la Constitución dejó muy claro que armonizar registros no significaba federalizar, ni quitarle su autonomía a los estados y a los municipios.
Se buscaban criterios comunes, sí, pero jamás que un burócrata desde un escritorio desde aquí de la Ciudad de México, viniera a decidir sobre el catastro o el cobro del impuesto predial de tu municipio.
¿Y qué está haciendo este gobierno hoy? Invaden el artículo 115 constitucional, pretenden controlar la gestión del predial y los trámites locales a través de la Agencia de Transformación Digital.
Están violando la autonomía fiscal de todos los municipios de nuestro país, atentan contra la certeza jurídica, pretenden dictar desde el centro cómo se actualizan los valores de las propiedades al aventón y de gabinete, sin conocer la realidad de las colonias, de los barrios, ni de los distritos.
Ponen en riesgo tus datos y tu propiedad, crean megaplataformas digitales obligatorias, pero en los artículos transitorios admiten con total descaro que no le van a asignar ni un solo peso de presupuesto a los estados, a los municipios, para ciberseguridad o infraestructura tecnológica.
¿Cómo van a proteger la información patrimonial de las familias sin recursos? Y, por si fuera poco, rompieron el proceso legal. La Constitución los obligaba a consultar, primero, la opinión de los estados y de los municipios antes de presentar esta ley, y se brincaron a las entidades federativas y también a los municipios. No escucharon a los gobernadores, no escucharon a los alcaldes y no escuchan a la ciudadanía en el parlamento abierto.
Senadores y senadoras de Morena, diputadas y diputados, en su momento advertían que el catastro es facultad exclusiva de los estados y de los municipios, y hoy, de nueva cuenta, los de Morena faltan a su palabra. ¿Dónde quedó esa defensa del federalismo? Nosotros no nos oponemos a la modernización, nos oponemos al centralismo voraz, a la improvisación y al riesgo de la certeza jurídica del patrimonio de nuestras familias.
Exigimos que se respete la Constitución, que se asigne presupuesto real y que no se extorsione a la autonomía municipal. Por la defensa de la propiedad privada, del federalismo y de las familias de México, el Grupo Parlamentario del PAN votará en contra de este dictamen. Muchas gracias.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada Elena Edith Segura Trejo, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Elena Edith Segura Trejo: Gracias, presidenta. Le solicito una moción de ilustración para que pueda apoyarme la Secretaría en leer la reserva que estoy presentando, presidenta.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Por favor, dé lectura la Secretaría.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Artículo 5, segundo párrafo: Las autoridades responsables antes mencionadas podrán colaborar y coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía como organismo público autónomo de carácter técnico para el cumplimiento del objeto de la presente ley dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Es cuanto.
La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputada.
La diputada Elena Edith Segura Trejo: Gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. El orden territorial también construye con información precisa, confiable y actualizada. Saber que inmuebles existen en nuestro país, dónde se encuentran, cuáles son sus características, dimensiones y límites, así como conocer su situación física y jurídica no es un asunto menor ni exclusivamente administrativo: es información que tiene consecuencias directas en la vida de las personas, porque de ella depende en buena medida la posibilidad de brindar seguridad patrimonial a las familias, prevenir conflictos, mejorar la planeación de nuestras ciudades y permitir que las autoridades tomen las mejores decisiones para implementar las políticas públicas.
El catastro cumple precisamente con esa función. Es una herramienta indispensable para conocer nuestro territorio, ordenar su crecimiento, identificar zonas de riesgo, planificar infraestructura y servicios públicos y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.
Actualmente enfrentamos un reto muy importante: la información catastral no tiene el mismo nivel de actualización en todo nuestro territorio. Como ya se ha dicho, hay municipios que están, incluso, ya digitalizados y hay quienes todavía lo hacen de manera impresa.
Por ello, considero importante que esta propuesta de reserva abona hacia una mejor identificación de los inmuebles y facilita la vinculación entre la información catastral y los registros públicos de la propiedad mediante la cédula única de catastro y de registro.
Esta herramienta puede contribuir a reducir duplicidades, facilitar actualización de los datos y fortalecer la trazabilidad de los actos jurídicos y administrativos relacionados con los inmuebles.
Y cuando hablamos de trazabilidad hablamos también de prevención, porque un sistema moderno no debe limitarse a decir dónde se encuentra un inmueble, sino que debe permitir conocer su información, identificar las inconsistencias y dar seguimiento a los actos que se realizan en él.
Aquí quiero destacar la importancia del INEGI y por qué estamos solicitando que se incorpore la opinión técnica con las autoridades que van a aplicar esta legislación. El INEGI, su trabajo es fundamental porque nos permite conocer, con información objetiva, técnica, las condiciones en las que operan los catastros municipales y las capacidades que existen en cada territorio.
A través de sus censos y su sistema de información, el INEGI genera datos relacionados con padrones catastrales, la cartografía, que es fundamental para cobrar el impuesto predial, la identificación de predios, los sistemas de gestión catastral y la vinculación de esta información con los registros públicos de la propiedad.
Contar con esta información es indispensable, porque no podemos modernizar aquello que no conocemos con precisión. Antes de establecer políticas públicas, debemos saber dónde están los problemas, cuáles son las capacidades existentes y qué municipios requieren mayores herramientas para avanzar. El INEGI nos proporciona precisamente esa base objetiva para conocer nuestra realidad territorial y a partir de ella establecer prioridades, orientar recursos y eventualmente dar los resultados.
Por lo antes expuesto, considero fundamental que las autoridades responsables de la aplicación de esta iniciativa puedan colaborar y coordinarse con el INEGI, como se establece en esta reserva.
Ahora bien, quiero referirme a la iniciativa en general. La oposición ha manifestado que una de las cuestiones, están de acuerdo en la modernización y en la digitalización, pero una cuestión es, dice: no hay recursos, no hay recursos adicionales.
El artículo 6 de la iniciativa, establece precisamente que la Sedatu tiene un fondo para la modernización de catastros y registros. Y si hubieran revisado el Proyecto de Presupuesto, en el Programa Presupuestario 003 vienen establecidos los recursos para la modernización del catastro del registro. Claro, a la oposición le conviene el no por el no, el decir y el descalificar las posturas que tenemos, pero no leen lo que tienen ya en sus curules.
Dicen que va a haber predialazo. Mentira, nunca se establece en la iniciativa atraer la facultad del municipio para cobrar el predial. Ah, pero es muy fácil vendérselo a todas y todos los mexicanos, porque eso sí llama la atención. No, no sean cínicos, no mientan. El predial lo cobra el ayuntamiento con toda la normatividad que establece el propio 115 constitucional. Y finalmente dice que invadimos competencias, coordinarse no es invadir competencias.
Compañeras y compañeros, yo los invito a que votemos en favor la reserva, porque me parece fundamental que el Inegi como órgano técnico pueda apoyar a las autoridades que van a aplicar esta iniciativa.
Y mexicanas y mexicanos, no se dejen engañar, ya sabemos que ya ni les creen, pero no se dejen engañar por esta cínica oposición. Es cuanto, diputada presidenta.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se admite a discusión. Consulte la Secretaría, en votación económica, si la propuesta de modificación se considera suficiente discutida.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si la propuesta de modificación se considera suficientemente discutida. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se pregunta si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se acepta y se reserva para su votación nominal.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene el uso de la palabra la diputada Alma Manuela Higuera Esquer, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación, hasta por cinco minutos.
La diputada Alma Manuela Higuera Esquer: Con su permiso, presidente. Buen día, compañeras y compañeros.
Por la certeza jurídica del patrimonio de las y los mexicanos, por la certeza jurídica tuya, de tu casa y de tu terreno. Por la modernización, por contener la corrupción inmobiliaria, por contener los desalojos inhumanos a los que hemos sido sometidos, por el fortalecimiento y la autonomía de nuestros municipios y, sobre todo, por la modernización, hoy solo por eso, hoy discutimos una importante iniciativa enviada nada más ni nada menos por la mejor presidenta de México, por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que busca la creación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con la finalidad de coordinar los esfuerzos de la federación con los estados y los municipios para modernizar, homologar e interoperar los catastros y Registros Públicos de la Propiedad, dando así cumplimiento a diversas disposiciones del artículo 73 de nuestra Constitución.
Esta iniciativa retoma una de las necesidades más imperantes que se vive en el ámbito municipal con relación al impuesto catastral, que debido a sus asimetrías en la cobertura y la eficiencia de las prestaciones de cada ayuntamiento tiende a profundizar las brechas de desigualdad territorial en nuestro país. Por ello, es de gran importancia respaldar esta iniciativa.
Es importante mencionar que los gobiernos municipales han hecho uso de las capacidades y los recursos de los que disponen, a los que se encuentran condicionados. Sin embargo, pueden resultar insuficientes, razón por la cual impulsar su desarrollo adquiere relevancia para mejorar el ejercicio de sus funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo.
Estos retos se vuelven mayores cuando se trata de municipios rurales e indígenas, del cual su servidora proviene. Por eso vengo a esta tribuna para mostrar mi mayor respaldo, es de mi interés por los municipios simplifiquen la relación entre los estados y las autoridades y las personas. Sin duda esta ley viene a fortalecer, sí, la recaudación, pero viene a proteger sobre todo tu patrimonio, mi patrimonio y además viene a contener la corrupción que nos han sometido aquellos que estuvieron en el poder y que nos arrebataron todo.
Estamos, compañeras y compañeros, ante una oposición catastrófica con pensamientos suicidas, que nos tratan que estamos desbaratando un país que esta cuarta transformación ha levantado. Estamos ante una oposición con la mirada nublada. Estamos ante una oposición que ha perdido el juicio, pero eso es debido al gran duelo que viven hasta el día de hoy, un duelo no superado por la pérdida de sus privilegios, por la pérdida del poder, por la pérdida de lo que decimos en mi pueblo, de las palancas que tenían para seguir enriqueciéndose unos cuantos y seguir dejando en el camino a la gran mayoría de mexicanas y mexicanos.
Una iniciativa más propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, un paso más a la transformación, un paso más al bienestar de las y los mexicanos, un paso que ayuda a terminar con la corrupción y la malsana intención que han tenido los partidos de oposición con el pueblo de México. Es cuanto, presidente. Retiro mi reserva.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: No hay materia a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Katia Alejandra Castillo Lozano: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, pueblo de México. Para muchas familias una casa es el resultado de años de trabajo. Es donde crecen sus hijas y sus hijos y muchas veces lo único que podrán dejarles.
Por eso, cuando la información de una propiedad no coincide entre oficinas, el problema no es un asunto de computadoras, es una familia que tiene que gastar tiempo y dinero para aclarar lo que debería estar claro. De eso trata la reforma que hoy discutimos presentada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, de lograr que las instituciones compartan información confiable y que las personas puedan hacer sus trámites con mayor certeza.
También se ha hablado del federalismo, vale la pena decirlo sin rodeos, la federación no va a decidir cuánto se cobra de predial ni va a cobrarlo en lugar de los municipios. Los ayuntamientos conservan sus facultades y los Congresos estatales siguen tomando las decisiones que les corresponden conforme a la Constitución.
Lo que esta ley establece son reglas para que las autoridades trabajen de manera coordinada y sus registros puedan comunicarse, que no se confunda a la gente, esta reforma no crea un impuesto, no aumenta la tasa del predial y no le entrega su cobro a la federación. Las decisiones sobre las tablas de valores y las tasas siguen en mano de las autoridades locales conforme a la Constitución.
Lo que estamos haciendo es poner orden en la información para dar más certeza a las familias. Nuestro movimiento cree que el gobierno debe facilitar la vida al pueblo, no obligarlo a recorrer oficinas para resolver errores que las propias instituciones deberían evitar. Creo que un trámite no debe depender de conocer a alguien, de pagarle a un gestor o de resignarse a quien, a nadie, a que no den una respuesta clara.
Por eso, también importa que quede registro de los cambios que se hacen en la información de una propiedad y que puedan revisarse. Donde hay claridad y rendición de cuentas, hay menos espacio para los abusos y los robos que es lo que le incomoda a la oposición.
Desde 2013, la Constitución le dio al Congreso la facultad de legislar en esta materia, hoy tenemos la oportunidad de hacerlo con una convicción profundamente humana, que la certeza sobre el hogar y el patrimonio no sea un privilegio para quien puede pagar más o tiene más contactos.
Por las familias, por un servicio público más claro y por autoridades que respondan ante la gente, votaremos a favor. Es cuanto, presidente. Retiro mi reserva.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputada.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Agotada la lista de oradores se solicita a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y de las modificaciones aceptada por la asamblea.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la asamblea.
(Votación)
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: ¿Falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto? Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.
El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 299 votos en pro, 92 en contra y 0 abstenciones.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Aprobados por 299 votos, los artículos reservados en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Esta Presidencia destaca la relevancia del calendario cívico nacional y la memoria histórica de nuestro país sobre el Natalicio de José María Morelos y Pavón, insurgente ideólogo de la Independencia nacional, y el 2 de octubre de 1968, fecha en la que converge la lucha por nuestras libertades y la vigencia de nuestra vida democrática. Se instruye que las intervenciones a cargo de esta Presidencia sobre estas relevantes efemérides se integren íntegras en el Diario de los Debates.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (03:25 horas, miércoles 7): Se levanta la sesión y cito a sesión solemne en conmemoración del Centenario del Periódico Ovaciones, que se llevará a cabo hoy miércoles 7 de octubre del año en curso a las 10 horas en modalidad presencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 8:30 horas a través de las tabletas instaladas en las curules de las diputadas y de los diputados.
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