Bienvenida del diputado Feliciano Castro Meléndrez
Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel
Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
Receso
Ponencias
Ronda de preguntas
Diputado Braulio López Ochoa Mijares
Diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara
Ronda de respuestas
Clausura del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Muy buenos días. La Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados, en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del estado de Sinaloa, les da la más cordial bienvenida al Noveno Diálogo Nacional para las Reformas Constitucionales al Poder Judicial, “Impartición, procuración de justicia y seguridad pública”, que se lleva cabo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
En el presídium de este acto tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Rubén Rocha Moya, Gobernador Constitucional del estado de Sinaloa. Bienvenido, gobernador. El senador Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, bienvenido. El diputado Ignacio Mier Velazco, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Bienvenido, diputado.
Nos acompaña también el magistrado Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sinaloa. Damos la bienvenida al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. En especial, contamos con la presencia de los anfitriones de este diálogo, el diputado Ricardo Madrid Pérez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Sinaloa. Sea usted bienvenido.
Agradecemos también al diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado de Sinaloa. Agradecemos también la presencia del diputado Rubén Moreira Valdez, exgobernador del estado de Coahuila y diputado federal electo. Sea usted bienvenido.
Por supuesto, destacamos y agradecemos la presencia del arquitecto Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán. Sea usted Bienvenido. Damos la bienvenida y agradecemos a los ponentes y especialistas que el día de hoy estarán formando parte de este noveno diálogo.
Leslie Jiménez Urzua, coordinadora de proyectos de la organización civil impunidad Cero. Germán Adolfo Castillo Banuet, titular de la Fiscalía de Control Regional de la fiscalía general de la República, La magistrada María de Lourdes Lozano Mendoza, secretaria ejecutiva de Carrera Judicial.
Mónica Ferreyra García, miembro del Colegio de Abogados Indígenas. José Nieves Luna Castro, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito. La maestra Sara Bruna Quiñónez Estrada., fiscal general del estado de Sinaloa. Celia Maya García, consejera de la Judicatura Federal. Y la senadora electa Ernestina Godoy Rangel.
Cabe mencionar que se ha sumado a este noveno diálogo Marlen Ángeles Tovar, representante de los trabajadores del Poder Judicial, a quien también damos la bienvenida.
Agradecemos, por supuesto, la presencia de los coordinadores, vicecoordinadores y representantes de los grupos parlamentarios: por Movimiento Ciudadano, el diputado Braulio López Ochoa Mijares; por el Partido Acción Nacional, el diputado Miguel Rodarte de Lara; por Morena, damos la bienvenida al diputado Leonel Godoy Rangel, y al diputado Hamlet García Almaguer. Sean ustedes bienvenidos.
Agradecemos su presencia a las diputadas, diputados, senadoras, senadores y presidentes e integrantes de las comisiones ordinarias del honorable Congreso de la Unión; a las diputadas y diputados de los Congresos estatales, en especial del Congreso del estado de Sinaloa; a los magistrados, jueces y representantes del Poder Judicial y de los tribunales federales y locales, en especial al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a las y los legisladores electos federales y locales.
Y, por supuesto, agradecemos la presencia de los representantes de colegios, barras de abogados, corredores públicos, abogados litigantes, consultores, representantes de los trabajadores del Poder Judicial, así como a toda la comunidad del estado de Sinaloa presente en este acto.
Queremos extender un cordial agradecimiento a las autoridades del Congreso del estado de Sinaloa, particularmente a la Secretaría General, destacando el invaluable apoyo brindado para la realización de este diálogo.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: A continuación, para dirigir el mensaje de bienvenida, tiene el uso de la palabra el diputado Feliciano Castro Meléndrez, si es usted tan amable, diputado presidente.
El diputado Feliciano Castro Meléndrez: Buenos días. Con el permiso de ustedes, a nombre del Congreso del estado de Sinaloa, sean bienvenidas y bienvenidos todos.
Señor gobernador, doctor Rubén Rocha Moya, un honor contar con su presencia. Senador, Ricardo Monreal Ávila; diputado Ignacio Mier Velasco; diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz; diputado Rubén Moreira Valdez; diputado Gerardo Fernández Noroña; magistrado presidente Jesús Iván Chávez Rangel; diputado Ricardo Madrid Pérez. Los saludo con respeto y consideraciones a todos. Sean bienvenidos.
A estas alturas del debate dejo constancia de mi posición, a favor de la reforma al Poder Judicial, que los juzgadores sean electos por el pueblo, el significado de soberanía una obviedad. Seremos los primeros en el mundo de hacerlo en la dimensión que se busca, ya fuimos los primeros en consagrar los derechos sociales en la Constitución de 1917.
Con toda seguridad, hay muchos actos del Poder Judicial como referente de justicia misma, pero no menos cierto es como lo dijo en el foro celebrado en Saltillo, la consejera de judicatura Celia Maya, esa es una reforma de profundo calado que va a caminar. La gente así lo demanda, porque la gente no está contenta con la justicia: La gente tiene razón.
El debate por la democratización de la justicia en México viene desde muy lejos, desde mediados del siglo XIX, José María del Castillo Velasco, constituyente de 1857 afirmó, cito: “Mientras el Poder Judicial se concede como ramo de la administración pública bien podría confiarse el nombramiento de los jueces al Ejecutivo, ya por sí solo, ya con la intervención del Legislativo.
Pero, desde el momento en que a ese Poder se le ha confiado la Constitución y el examen y el juicio de las leyes mismas con relación a la Ley Suprema, no puede confiársele la elección de los jueces, sino al pueblo.
La democratización de la justicia supone tener como concepto la dimensión suprema de la política con sentido ético: el humanismo.
En lenguaje popular, ¿de qué se trata la reforma al Poder Judicial? Trascender la indiferencia, la lejanía, la actitud inhumana y frialdad que habita en los despechos donde se redactan las sentencias. La justicia no puede ser aislada, ajena al pueblo.
La reforma al sistema jurídico mexicano no solo es un tema de jurisconsultas. Va mucho más allá, es un tema de humanización y democratización de la procuración y la impartición de la justicia. Si alguien sabe de la gran deuda del Poder Judicial, es el propio pueblo.
Casos hay muchos. Tan solo por citar algunos: A miles de maestros, el Poder Judicial les ha negado sus derechos. Otro ejemplo: En el tribunal colegiado con sede en Mazatlán existen más de 600 expedientes de trabajadores que tienen entre 5, 15 hasta 20 años en la necesidad de ir de recurso y recurso; y sus reclamos no han sido atendidos, no han tenido acceso a la justicia.
Agrego: ¿Dónde estaba la justicia para más de 40 mil trabajadores cuando se extinguió Luz y Fuerza del Centro? Preguntémonos también: ¿Cuántas mujeres lloran las injusticias archivadas en una carpeta de investigación o en las injusticias dictadas en la frialdad de muchos juzgados?
Esta es la realidad concreta. Esas son las razones irrefutables del pueblo para la reforma al sistema jurídico en México. El pueblo lo murmura, lo dice o lo denuncia y lo pelea. Son voces de boca en boca que poco a poco se suman y mucho a mucho saben crecer en coyuntura. Es el caso de ahora con la reforma al Poder Judicial.
Los juzgadores no deben darse baños de pueblo, deben ser gente comprometida con el pueblo. Al nombrarlos, uno de sus perfiles habrá de ser la sensibilidad social. Los juzgadores, por decirlo figuradamente, deben saber el significado de la calle; por lo tanto, deben tener un sentido de pertenencia al pueblo. Por supuesto, la Constitución y los derechos humanos al mando.
El fin reformador es uno solo: Todos los derechos para todas las personas. La cuarta transformación de la República habrá de afirmarse con la democratización de la justicia. La historia nos convoca.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Muchas gracias, diputado Castro Meléndrez. Agradecemos también la presencia del senador Raúl Bolaños Cacho Cué, coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, sea usted bienvenido.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Escucharemos ahora las palabras del magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. Si es usted tan amable, magistrado presidente.
El magistrado Jesús Iván Chávez Rangel: Muy buenos días a todas y a todos. Es muy honroso para un servidor estar en el micrófono ante ustedes esta mañana.
Quisiera aprovechar para destacar la presencia, en principio, de la participación de mis compañeras y compañeros integrantes del pleno, un pleno, que debo decirlo, se ha adelantado a la reforma, es quizá como uno de los, me enorgullece mucho pertenecer al Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa y creo que es pertinente recalcar esta particularidad que tenemos.
Es, quizá, creo yo, el pleno que porcentualmente tiene mayor número de mujeres en su integración. De 11 magistraturas, 7 de ellas las ocupan usualmente mujeres. Me siento muy fortalecido y me siento muy honrado de pertenecer a un Poder Judicial que ha llegado un poco antes a este reclamo de la justicia de un tema de derechos humanos para las mujeres.
Asimismo, quisiera aprovechar para destacar la presencia de Rafael Guerra Álvarez, que es el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales de nuestro país y de algunos presidentes y presidentas que nos acompañan de otros tribunales locales de nuestro país, es el caso de mis compañeros, de mi compañera, la diputada presidenta de Veracruz, la diputada presidenta de Chihuahua y el magistrado presidente de Baja California. Muchísimas gracias, bienvenidos a Sinaloa.
Es muy honroso, creo yo, y vale la pena reflexionarlo para Sinaloa, haber sido considerado como sede del foro final de estos diálogos nacionales. Creo que este debe entenderse como un reconocimiento implícito a su clase política, que ha demostrado compromiso con impulsar temas de la nueva agenda política.
Prueba de ello es la presencia aquí del señor gobernador Rubén Rocha Moya y así como de las senadoras y el senador electo, así como las diputadas y diputados federales que habrán de tener muy pronto la responsabilidad de sacar adelante esta reforma.
Es de celebrarse también, creo yo, la culminación de los diálogos nacionales para la reforma judicial, ha sido desde luego, como lo hemos visto todos, un ejercicio que ha puesto a prueba el compromiso y el talante de los actores involucrados en velar por la impartición de justicia en nuestro país.
Evidentemente no se trata de que todos estemos de acuerdo, menos en un tema tan complejo y digno de atención. Lo valioso de estos ejercicios es haber construido un caos institucional para escuchar las voces de los actores claves de la reforma, en una lógica democrática. Lo valioso no es hacer prevalecer una idea o un proyecto, lo valioso es generar una participación, escuchar, ser escuchado, expresar en buena lid lo que se tiene que decir, buscar entender a detalle la posición de quien está en desacuerdo, todo ello en un marco de respeto.
Quedarnos a escuchar lo que no querríamos escuchar y plantarnos a explicar lo que nos cuesta trabajo expresar como integrantes del sistema de justicia. Siempre es difícil, pero es una fórmula que nos permite entender con mayor claridad la circunstancia y establecer un auténtico diálogo, un diálogo indispensable para una sana interacción democrática. Y no menos importante, es quitar también la especulación de en medio, para centrar muy bien las discusiones.
De poco o nada vale pretender desacreditar una reforma constitucional por las cosas que no dice, por los temas que no toca, porque no es exhaustivamente casuística en temas que ni siquiera son propios de la Constitución, sino de legislación ordinaria, de reglamentos o incluso de acuerdos institucionales que no requieren de ningún desglose fino por parte del constituyente.
Hemos escuchado a lo largo de los foros algunos argumentos, como el de que la reforma local, como esta, la reforma judicial no ofrece soluciones a los problemas de la justicia a nivel local y federal. Pero, también no podemos dejar de ver que nadie ha dicho que esta esa la última, creo que la gran valía de impulsar estos diálogos nacionales y la gran valía de impulsar una reforma de estas características es impulsarnos a todos, los que integramos el sistema de justicia, a hablar de nosotros mismos y a evaluar con un sentido autocrítico, que durante mucho tiempo ha estado ausente. Siempre es difícil desplegarlo, pero siempre es también necesario para poder evaluar cuáles son los temas que verdaderamente deben de componer la agenda que nos impulse a fortalecer un sistema de justicia nacional.
Es pues así que, no hay reformas definitivas, precisamente el sistema democrático de eso se trata. No se trata de pretender ingenuamente que una sola reforma o que un conjunto de diálogos nos va a llevar al destino, porque ni siquiera hay un destino. Parte de la lógica del sistema democrático es que mantengamos ese diálogo institucional para que podamos ir mejorando cada una de las cuestiones que tienen que atenderse, a fin de tener un sistema de justicia que llegue de mejor manera a las y los ciudadanos.
La única regla que ha permanecido sin modificación en nuestra Constitución es también la piedra angular de nuestra democracia, es el artículo 39. Dice ahí que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno.
Son muchos los temas que sí incluyen la reforma constitucional. Pero, como es de todos conocido, ha capturado marcadamente la atención, la incorporación de un mecanismo de voto directo para la designación de magistrados y jueces.
Hemos escuchado en otros foros, seguramente, no descarto que vuelva a salir por acá, ciertos argumentos como el que se atribuye a la experiencia, pero una experiencia que en voz de algunos pareciera ser como que únicamente podría derivar de la pertenencia o de la adscripción a un tribunal. Creo que no es así, creo que no es la única ruta para fortalecer nuestras instituciones de justicia y nuestros tribunales.
No son pocos los casos en que perfiles, complementarios a los perfiles que institucionalmente se crean y que son muy valiosos al interior de los tribunales, puedan llegar a oxigenar esas instituciones, incluso atemperar algunas inercias propias de toda burocracia, incluida la judicial.
También hemos escuchado preocupaciones muy marcadamente en relación a que llevar a una elección de las personas juzgadoras por voto popular nos lleva a una disyuntiva entre carismáticos, por decirlo de alguna forma, contra profesionales. Me parece que esto es un falso debate, no es verdad que esto sea así, creo yo. Creo que sí es posible consolidar perfiles técnicamente aptos y fortalecer su presencia ante la ciudadanía con ese manto de la legitimidad que brinda el voto directo.
Sí ha sido muy controversial este punto, pero creo que no debe ser una cuestión a la que deba temer la comunidad judicial ni sus justiciables. No estamos, no se está estableciendo, no se está liberando la cuestión relativa a quitar criterios de profesionalidad, el incorporar algún mecanismo de voto directo no tiene por qué entenderse en otro sentido distinto que es el de fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, un Poder Judicial que está necesitado de ello.
Es un mecanismo que le sirve al sistema de justicia porque alienta la confianza ciudadana, compromete a la persona juzgadora y empodera al pueblo porque finalmente es este quien pone y quita.
Es también quizá momento de, en este contexto, buscar entrar a otros temas que sí tienen que ver con el fortalecimiento de la justicia local. Creo que las participaciones que se han dado a lo largo de estos foros han dejado de manifiesto, claramente, que hay muchos factores que tenemos que atender en la agenda de justicia que viene para nuestro país.
Es momento, quizá de repensar el juicio de amparo. Es momento quizá de buscar topes para el amparo de casación, es momento para volver a retomar lo que en algún momento se estableció en el artículo 17 constitucional. Es ponerle un alto, por favor, a las sentencias para efectos y explorar también fórmulas para homogenizar a la justicia local.
¿Qué tenemos en nuestro país? Tenemos 32 tribunales que son muy disímiles entre sí y no únicamente se trata de un tema estrictamente de dinero, es importante que busquemos alguna fórmula que nos permita redistribuir el gasto en justicia que se hace en nuestro país, no únicamente en términos de las necesidades que en este momento tiene cada uno, sino de buscar ciertos estándares que nos permitan estandarizar que un tribunal local y federal, en donde quiere que esté, en la circunstancia que esté, tendría ciertos estándares mínimos para hacerle frente a la muy alta responsabilidad que tenemos todas y todos los que estamos involucrados en el sistema de justicia.
Es momento, pues, propicio para la reflexión, para la autocrítica, para voltear a vernos con la mayor objetividad y humildad, identificar eventuales barreras que nos desdigan de la sociedad y tratar de sobrellevarlas.
Es momento, pues, de entrar en una transformación que vaya ligada al respaldo social. No transformarse por ser diferentes, sino para ser cercanos. Conectar y fortalecer nuestro vínculo con la sociedad y generar nuevas generaciones de juzgadoras y juzgadores que jamás o que difícilmente puedan perder esa pauta de estar directamente ligados con la ciudadanía, con nuestros judiciables que es a las que nos debemos. Muchísimas gracias por su atención.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Agradecemos su mensaje, magistrado presidente.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Le pedimos ahora al senador Ricardo Monreal Ávila, sea tan amable de dirigirnos su mensaje.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Muchas gracias. Muchas gracias estimado amigo gobernador Rocha. Legislador y ahora encargado del Ejecutivo en esta entrañable entidad. También lo felicito por haber intervenido en que más tarde tengan voz los que afuera protestan y que vengan aquí a expresar lo que ellos consideren pertinente. Lo felicito por esta apertura y a los organizadores de la misma manera.
Estimado coordinador, Mier, representantes de los poderes de los estados, estimados amigos, diputadas federales y diputados electos, amigas senadoras, senadores, presidentes de los tribunales de justicia en distintas entidades federativas, miembros del poder judicial, federal y estatal, estimados asistentes.
Es un honor para mí estar en este último foro para abordar un tema fundamental, para la estabilidad y el progreso de nuestra nación, pues la justicia debe ser vista, no solo como un derecho, sino también como un pilar sobre el que se edifique el respeto a la ley y la equidad de nuestra sociedad.
Hace un momento que desayunábamos en un lugar histórico aquí, el senador Pedro Haces y yo, comentábamos que este tema no estaba incluido y no está incluido en la iniciativa presidencial, pero ineludible tratarlo. No puede haber consejera, una modificación profunda al sistema de justicia sin la procuración y sin la seguridad pública, tiene que estar acompañada de la procuración de justicia del sistema de administración de justicia.
Desde hace tiempo el sistema de la seguridad pública está en el centro del debate de nuestro país, tenemos que aceptarlo, en el ámbito social, porque la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis, pero también de críticas constantes, lo cual es lógico si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno.
En primer lugar, considero que es importante subrayar el significado de procuración y administración de justicia y el impacto que tienen ambos rubros en un bien mayor para el país, que es la seguridad pública de México.
La procuración de justicia encargada de investigar, perseguir y sancionar los delitos en representación de la sociedad incluye al Ministerio Público, las agencias de investigación, las fiscalías, que gozan de autonomía y que deben actuar con eficacia, profesionalismo e imparcialidad.
Por otra parte, la administración de justicia abarca el proceso judicial en su conjunto, desde la presentación de los casos hasta la emisión de sentencias por parte de jueces y tribunales.
La seguridad pública debe ser concebida como un elemento que forma parte esencial del bienestar de una sociedad, ya que conlleva a un Estado de derecho que genera las condiciones que permitan al individuo realizar las actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo.
Como función del Estado, la seguridad pública es el mecanismo idóneo para la realización de ese valor supremo del derecho, que es la seguridad en su concepción genérica hacia el Estado por medio de la coordinación de actividades, como la prevención, la persecución, la salvaguarda de la integridad, del derecho de las personas y de preservar las libertades y mantener el orden y la paz pública.
Por otro lado, en nuestra Constitución, la ley fundamental cuya supremacía está fuera de toda duda. Expresamente se reconoce que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que esta se ejerce por medio de los Poderes de la Unión y de los estados en sus respectivas competencias.
De esta manera, tanto en el orden federal como en los estados, los integrantes de la Unión se encargan cada uno de ejercer los poderes propios de su respectiva naturaleza. Así, el Poder Judicial corresponde desarrollar la función jurisdiccional y, por lo tanto, está a cargo de la impartición de justicia y es correcto aquí en donde la situación actual de México, debemos admitir, presenta desafíos significativos entre la procuración a la impartición de justicia y la seguridad pública.
Debo ser contundente, para nosotros hay un déficit muy delicado en estos dos rubros, pues una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas, ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los juzgados de distrito, los tribunales de circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha restado credibilidad en la actuación y pérdida de la legitimidad en sus decisiones. Es decir, que la falta de confianza, la corrupción y la impunidad en las instituciones son problemas persistentes que afectan al sistema judicial.
Sin embargo, esta propuesta de reformas nos permite, al menos a mí, ser optimista ante las lamentables situaciones que se presentan, ya que, entre otras cosas, se pretende que integren órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación y que estos sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a la problemática que aqueja a la ciudadanía para contar con un Poder del Estado que constituya la verdad y la certeza jurídica, abierta, transparente, participativa y con auténtica vocación del servicio público, que abarque a todos los sectores sociales.
Lo anterior no quiere decir que nuestro sistema de justicia se integra únicamente con el Poder Judicial como es sabido, los otros dos Poderes tienen también responsabilidad del Estado en todo el sistema, ya que mediante el ejercicio de las funciones legislativas y ejecutivas que a cada uno le corresponden, o bien por medio de actos que la misma Constitución nos encomienda, desde el punto de vista material estamos ejerciendo nuestra función de manera cabal.
Es un momento clave, porque desde el Constituyente de 17 se estableció en el artículo 49 la división de Poderes. Ahí se configuró el mecanismo o los mecanismos de control constitucional y legal, entre ellos asegurar la coordinación y la legalidad principalmente en el equilibrio dentro de la definición de sus facultades.
La intervención entre Poderes ha sido cuestionada y distorsionada especialmente en los últimos años, debido a la precepción de desequilibrio causado por la influencia excedida, desmedida del Poder Judicial en las funciones que le corresponden al Legislativo y al Ejecutivo. Este escenario subraya la necesidad de revisar y ajustar la organización y funcionamiento del Poder Judicial para garantizar un auténtico equilibrio y respeto entre los Poderes de la Unión, asegurando transparencia y rendición de cuentas en la actuación de cada uno.
Cabe mencionar que el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha intervenido en una posición de abierta confrontación respecto de los otros dos Poderes, suspendiendo la aplicación de leyes que a menudo excede sus competencias, creando un conflicto con los principios de supremacía constitucional, de intromisión a la división de Poderes.
Por eso es que estamos intentando los legisladores modificar y actuar para recuperar la auténtica división de Poderes que nuestra Constitución prevé.
También en materia de seguridad pública hay una agenda amplia. Estamos, junto con el fiscal Gertz, fiscal general de la república, elaborando un proyecto en materia de procuración de justicia que no está contemplado en la iniciativa enviada por el presidente de la República, pero que contempla desde modificaciones al artículo 19 en materia de prisión preventiva, hasta la relativa a la extinción de dominio. Una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego. También sobre las desapariciones forzadas y el reclutamiento que en todos los estados ha generado consternación y preocupación a los ciudadanos. Reclutamiento forzado que normalmente se realiza a través del crimen organizado.
Reformas a la ley de migración; reformas a la ley general de salud, donde se eleva a nivel reconocimiento las sustancias prohibidas denominadas fentanilo. O reformas a la Ley de Amparo, donde el Ministerio Público puede tener también el carácter de quejoso para efectos del juicio de amparo. O la ley de la delincuencia organizada o el Código Penal Federal en distintas vertientes. El Código Nacional de Procedimientos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Es decir, es una propuesta de reforma profunda que estamos tratando de revisar y que es producto de una propuesta del Ministerio Público o fiscal general de la república. Debo agradecer que hoy estamos platicando sobre eso y que no sabemos si podamos incluirlo en la próxima discusión sobre esta iniciativa porque es un tema profundo el de la procuración de justicia y la seguridad pública.
A Sinaloa se le ha estigmatizado demasiado. Yo soy uno de los amantes de este estado y se ha arraigado mi cariño más con el gobernador Rocha, con el que tengo profunda amistad. Y cuando llegamos Pedro Haces y yo, a veces llegamos con preocupación por los últimos acontecimientos.
La verdad es que no es lo que se registra en los medios. Pregunté al de Seguridad Pública y me dice que en los últimos tres o cuatro días ni siquiera homicidios se han registrado. Eso habla bien de un gobierno que está funcionando y está trabajando. Y de un gobernador que está atento a lo que pasa en su entidad federativa. Felicidades, gobernador. Muchas gracias.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Muchas gracias, senador Monreal Ávila.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Escucharemos ahora la intervención del diputado Ignacio Mier Velasco. Si es tan amable, coordinador.
El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco: Muy buenos días todavía a todas y a todos. Ustedes saben –lo saben bien–, lo sabe mi mente y lo expresa mi corazón a través de mis palabras el profundo cariño, el profundo recuerdo, la gratitud que siento por este generoso estado, próspero estado, pujante estado de Sinaloa, el granero de México.
A mí me llena del mayor gusto siempre venir, le decía, ahora sí voy aquí a contarle lo que piensa mi querido amigo, el senador Ricardo Monreal, a mí nunca me ha dado miedo venir a Sinaloa los últimos ocho años.
Y hoy es un día muy especial, coincido plenamente en lo expresado por el coordinador del Senado de la República, el senador Ricardo Monreal, de amplia trayectoria, fundador de nuestro movimiento defensor desde la Cámara Alta de todo lo que es el proyecto de transformación de nuestra patria con la decisión soberana del pueblo de que lo encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Coincido con él en esto, pero además coincido, porque tenemos un amigo en común, un hombre sabio, un hombre de lucha, maestro rural, académico, investigador, escritor, político, hombre de su tiempo, hoy gobernador del estado, un gran gobernador, mi querido amigo Rubén Rocha Moya.
Y a todos ustedes, a todos, a Feliciano, Isaías, al presidente Madrid de la Mesa Directiva. Agradecer también a Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, a los legisladores del PRI aquí presentes, senadores, diputados al Congreso Federal y al Congreso del estado, que nos acompañan, especialmente a mis compañeros diputados de nuestra fantástica coalición integrada por el partido Morena, a los diputados federales, a los senadores, muchísimas gracias, compañero. Y también a los diputados al Congreso del estado, al igual que del Partido del Trabajo y el Partido Verde.
Estoy aquí con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en el último día de estos diálogos que se extendieron por todas las regiones de nuestra patria, fueron desagregados en ocho temas, grandes temas. Como bien lo dijo Ricardo Monreal y lo expresó Jesús Iván, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, seis de ellos estaban directamente vinculados a los 16 artículos que se pretenden reformar de la Constitución en materia de Poder Judicial, pero quisimos incluir, a exhorto de la Permanente del Congreso mexicano en Cámara de Diputados, que se incluyeran dos temas que son fundamentales para una revisión integral, puntual, de todo el sistema de procuración e impartición de justicia en México y su componente inicial.
La primera parte del eslabón, la seguridad pública; por eso incluimos ese tema aquí en Sinaloa. Pero el otro componente tiene que ver con la defensoría de oficio, lo que antes se conoció como los defensores del pueblo. De los más de dos millones y medio de temas, de asuntos, que se ventilan por diferentes razones en el Poder Judicial, el 72 % son atendidos por un defensor de oficio, con sueldos malos, con falta de articulación. Más de 800 asuntos ve cada uno de los defensores de oficio. Y si no hay buenos defensores, pues, la revisión integral del sistema queda trunca.
Por eso los tocamos y aquí especialmente el de seguridad, procuración y administración como una triada que garantice efectivamente las garantías que establece nuestra Constitución de contar con una justicia pronta, expedita y gratuita.
Hemos escuchado con la mayor atención. Fíjense ustedes, en un breve resumen, se han escuchado, en conjunto, desde que empezamos en 2023, a meterle por primera vez la lupa a revisar un viejo procedimiento establecido en la Constitución para la designación de los ministros de la Corte en el 96 constitucional. Hicimos un conversatorio donde participaron más de 40 ponentes especialistas en la materia. Y desde ahí empezó a surgir una revisión integral.
Pero ahí también escuchamos que debería de hacerse un juicio al juicio de amparo. ¿Cuándo va a haber juicio al juicio después de más de 150 años? Ahí mismo nos expresaron que había que rebasar a Rabasa, que ya era necesario replantearnos, reconfigurar el Poder Judicial en México y la impartición de justicia.
Por esa razón en febrero el presidente de la República presenta la iniciativa que ustedes conocen: una iniciativa, como se ha dicho acá, de gran calado. ¿Pero por qué lo hicimos si apenas dos años antes el Congreso mexicano había reformado la Ley General del Poder Judicial? A partir de un diagnóstico profundo donde advertía inconsistencias, distorsiones tanto funcionarles como orgánicas del Poder Judicial en la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y, ese diagnóstico ¿por qué quedo inconclusa si ejecución en esa reforma? Ustedes recordaran toda la discusión que hubo en relación a uno de los artículos transitorios, el decimotercer artículo transitorio de esa reforma a la ley establece que se prolongará el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no su periodo constitucional como ministro, solamente que permaneciera un año más como presidente de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal para iniciar el proceso de transformación no fue posible y hay que decirlo con honestidad.
Por eso es que, el Plan C, tiene como punto de lanza para propuesta de nuestro movimiento al pueblo de México, la reforma al Poder Judicial. A partir de la iniciativa presentada en febrero y anunciada así, transparentemente, nítidamente al pueblo de México como la punta de lanza de la transformación en el segundo piso, lo que se conoce como el Plan C.
Y, el pueblo de México nos dio un mandato, se los digo con la mayor honestidad aquí en Sinaloa concluyendo estos diálogos. Estamos cumpliendo un mandato que dio el pueblo de México y acá lo dijo, lo leyó bien, el presidente del tribunal supremo, el 39 constitucional es claro. En este recinto la expresión de la representación popular que de manera articulada establece el 39, el 40 y 41, que se le deposita como a ningún otro de los legisladores a los diputados, hombres y mujeres de tener su voz, de defender su postura.
Somos mayoría, pero creemos en la democracia y la democracia se sustenta en los diálogos, en el diálogo, en la tolerancia, por eso escuchamos a los trabajadores, respetamos su manera de expresar, su exigencia a ser escuchados, aunque no compartimos el método, compartimos la intención que estos diálogos son: para mejorar y garantizar un dictamen que está trabajando de manera acertada la Comisión de Puntos Constitucionales con relación a la reforma al Poder Judicial.
Podemos garantizarles que hemos venido sistematizando puntualmente, cada ocho días. Lo hemos venido revisando, han estado presentes los senadores y han estado encabezados por el senador Ricardo Monreal. Lo hemos hecho con la coalición, lo hemos compartido con los integrantes de las bancadas de otros partidos políticos, no solo al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales, sino también con las bancadas.
Ahora mismo están acá mis compañeros coordinadores, que les agradezco nuevamente, a Braulio, de Movimiento Ciudadano, que ha participado en prácticamente todos los foros expresando sus inquietudes, básicamente centradas en el 95, 96, 97, 98, que tiene que ver con la reconfiguración tanto de la Judicatura Federal como de la Suprema Corte de Justicia, el procedimiento para la elección de jueces, magistrados y ministros; y también ha estado el Partido Revolucionario Institucional, en la persona del diputado Rubén Moreira.
Hoy les puedo decir que, en los próximos días, en un ejercicio de transparencia con el pueblo de México, que es nuestra responsabilidad, vamos a empezar a perfilar lo que se ha venido confeccionando derivado de estos foros, donde no hubo oídos sordos. Claro, en un ejercicio de aproximaciones sucesivas, no podemos caer en el misticismo puro de lo intocado, pero tampoco en el liberalismo a ultranza de mitificarlo completamente todo.
Tenemos que encontrar, por el bien de México, en la tolerancia, en la democracia, en el ejercicio dialéctico, un dictamen que le dé respuesta a al menos 5 cosas que esperan de nosotros, los mexicanos: una total y auténtica autonomía del Poder Judicial, que no esté supeditado a ningún otro interés que no sea el interés de servir al pueblo de México; la independencia de cualquier poder fáctico por encima de los Poderes legalmente constituidos en nuestro país y establecidos en la Constitución; y el más importante, vinculado estrechamente al interés del pueblo de México, que haya justicia pronta, gratuita y expedita porque así está establecido desde el 17 en nuestra Constitución. Muchas gracias a todos. Gracias, Feliciano, por tu generosidad. Gracias a todas y a todos ustedes.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Agradecemos el mensaje del diputado Mier Velazco.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: A continuación, me permito ceder el uso de la palabra al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, por favor, diputado, si es usted tan amable.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor gobernador, dirigentes parlamentarios, señoras, señores ponentes, compañeras, compañeros legisladores.
Todos afirmamos que la democracia es un buen sistema de gobierno y que los derechos humanos son intocables. Pero esa afirmación está empezando a despertar buenas preguntas. Podemos encontrar fórmulas para elegir a los ministros y a los magistrados y a los jueces del país.
¿Y para qué queremos cambiarlos? ¿Para qué queremos que se queden los que tengan los méritos suficientes para quedarse? ¿Nada más para que se vayan algunos? Creo que este tema que hoy discutimos, que enmarca toda la discusión del sistema de justicia en México, el de antier y el de hoy son fundamentales para entender lo que pretendemos hacer.
Lo que queremos es que cambien, que empiecen a cambiar pronto y radicalmente los criterios judiciales, los criterios con que se imparte justicia en el país. Miren ustedes, escuchen ustedes mejor, voy a leer dos breves párrafos de las consideraciones que llevó el dictamen que aprobó el Senado en el año 95 Ricardo Monreal. La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Decía lo que hace rato mencionó, porque lo acaba de inscribir en la Constitución el Congreso Constituyente permanente, que la seguridad pública es una función de Estado y en el Estado está el Poder Judicial. No se puede sustraer de la seguridad pública el Poder Judicial y lo ha estado haciendo en los últimos años.
Escuchen lo que decíamos, en dos párrafos. En esta iniciativa se concibe a la seguridad pública no solo como una función que comprende las actividades ejecutivas de prevención, sino también las acciones sustantivas de investigación y persecución, para que los delincuentes sean enjuiciados, sancionados y readaptados conforme a las leyes.
Es acertado decir que la institución del Ministerio Público cuando persigue los delitos ya cometidos, por medio de la investigación de la Policía Judicial, entonces se llamaba así, y luego al ejercitar la acción penal lo que busca es, así se decía antes, lo que busca es que aquello se castigue legalmente, que se sancione conforme al Código Penal con todas las formalidades legales, porque en esto finalmente contribuirá al mismo fin de garantizar el orden jurídico y por ende la paz pública.
El concepto jurídico construido en la iniciativa, que recoge las ideas de muchos juristas y legisladores, permite afirmar que la importantísima tarea de las autoridades judiciales, judiciales, cuando conocen y determinan la situación jurídica de los enjuiciados y los sancionan, restituyen el orden jurídico y con ello innegablemente obsequian las finalidades de preservar la paz social.
La democracia es muy buena siempre y cuando las instituciones buenas no se hagan a un lado después, cuando la democracia trae a otras personas a gobernar.
Esta ley se convirtió en una ley de la policía y dejó de ser una ley que coordinara un sistema nacional de seguridad pública y dejó de involucrar a las autoridades judiciales en la persecución de un fin mayor, a todos, que es la garantía de la convivencia social en paz certera con orden.
El artículo 1o. constitucional, que todos aplaudimos, que instituye, esto lo he repetido dos veces antes en estos foros, que instituye el valor de los derechos humanos como la columna vertebral de una nueva Constitución en México y de una nueva forma de actuar en México por parte de todas las autoridades del Estado mexicano.
Hay que cuidarlo y hay que conservarlo. Pero, creo que tenemos que ajustarle dos cosas. Una, que el control de los actos de las autoridades se concentre en la Suprema Corte de Justicia, en una nueva Suprema Corte de Justicia. Hoy está distribuido de manera desordenada en todos los jueces del país, que cuiden los derechos humanos siempre. Pero, hay jueces en este país que contradicen a la Suprema Corte de Justicia y no hay manera de que no resuelvan contra un criterio de la Suprema Corte de Justicia.
El asunto de los toros, de hace poco, muy vigente todavía, esto da muestra de ello. La Suprema Corte revocó una suspensión, prohibiendo las corridas de toros de un juez. Es decir, la liberó nuevamente y enseguida vino otro juez y contradijo lo que decía la Suprema Corte de Justicia. Eso se desprende de una falta de orden en las consecuencias que tiene este artículo 1o. constitucional.
Y, segundo, los derechos humanos son importantísimos en México y en el mundo, pero no es lo único que puede atender el Estado mexicano y el gobierno mexicano. Aquí se dijo ya, hay valores igualmente importantes, socialmente ineludibles, el de la paz social, que se consigue dando seguridad pública al país.
Los jueces del país tienen que asumirse corresponsables al momento de actuar y de resolver de la seguridad pública del país. Eso tenemos que inscribirlo muy pronto en la Constitución, tenemos que devolverle esa función reintegradora de la paz pública a los jueces del país.
¿Para qué queremos que haya un relevo con otro método de elección de la Judicatura en México? Para que cambien pronto, para que empiecen a cambiar pronto los criterios sociales. Esto lo podemos construir, lo podemos perfilar entre todos.
En este foro, con el tema que hoy se discute, creo que nos puede quedar muy claro cómo son indisolubles esas tres tareas, procurar la justicia, impartir la justicia y conseguir con ello, entre otras cosas, la seguridad pública para todos los mexicanos y las mexicanas.
Vamos a escuchar a los ponentes, vamos a preguntarle a los ponentes, vamos a tomar nota de lo que se diga y vamos a tratar de que las cosas más razonadas, mejor fundadas de lo que se diga, se conviertan en propuestas que vayan a dar a ese dictamen de reforma constitucional en materia de justicia. Muchas gracias y buenas tardes.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Muchas gracias, diputado Juan Ramiro Robledo.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: A continuación, para dirigir su mensaje y realizar la declaratoria de inauguración de este noveno diálogo nacional, tiene la palabra el doctor Rubén Rocha Moya. Por favor, señor gobernador, lo escuchamos.
El gobernador Rubén Rocha Moya: Muy buenas tardes. Pues qué gusto me da recibir a tantos y tantas amigas y amigos legisladores, juristas, personalidades de la vida política de este país, de la vida pública.
Ha sido muy deferente el grupo organizador de los foros, concluir en Sinaloa. Espero que algo hayan contribuido, tanto Ricardo como Nacho, que son mis hermanos. Por eso me echaron tantas flores, no crean que las merezco.
Somos muy amigos, tenemos una buena relación de trabajo, particularmente me tocó con Ricardo que fuera mi coordinador en el Senado y aprendí muchas cosas de él. Y, con Nacho, pues Nacho ha estado aquí en Sinaloa, le ha llevado la transformación. Conocí a Nacho muy entregado, bueno, lo conocen muchos compañeros, diputadas, diputados, presidentes municipales y demás, y conoce muy bien Sinaloa, todos los pueblos, los ranchos los conoce y es un poblano bien recibido, fíjate, un poblano, pero bien recibido.
Fíjense no más, todo lo que hacemos nosotros, mi querido Pedro Haces, eh, somos de buen corazón, somos de buen corazón. Pues saludo, los saludo a todos, eh, que ya nos han honrado aquí, al presidente del supremo tribunal, una buena reflexión, igual que el presidente de la Jucopo, sus puntos de vista, se aprovecharon para hacerlo. Ricardo Madrid, que es el presidente de la Mesa Directiva, el diputado Juan Ramiro. Juan Ramiro, que me imaginó cómo le está revolucionado la cabeza, tiene que dictaminar todas, todos estos foros que no es otra cosa que un parlamento abierto.
Esperemos que, efectivamente este parlamento abierto sea, tenga que recoger muchas cosas que vayan a ir, impacten, modifiquen, seguramente para bien la iniciativa del propio presidente. Y bueno, saludo con gran afecto y respeto a Ricardo Monreal, a Nacho Mier, a Rubén Moreira, amigo, diputado que fue gobernador de Coahuila, a mi querido Leonel Godoy, viejos amigos de lucha, no estás tan viejo como yo, pero más o menos, no te cueces del primer hervor, somos compañeros de lucha de muchos años y yo fui el gobernador de Michoacán, Ernestina, una autoridad en el mundo de la justicia, Ernestina Godoy.
En general, a todas y todos, diputadas, las nuestras, las diputadas federales tanto como locales, pero no solamente de nosotros, aquí hay diputadas de Oaxaca, hay de Tlaxcala y de otros lugares que saludé. No m exijan mucho por la memoria, la mía, no crean que ya da mucho, no estoy como Biden, pero ahí voy para allá, voy para allá. No puedo presumir mucho de la memoria y no lo retengo de todos, pero si, por ejemplo, quiero saludar al diputado Rodarte, que es un, que me imagino tiene una opinión discrepante de nosotros, por supuesto con todo el respeto para eso.
Al diputado Braulio López que me sé, del PAN ese Rodarte, Roxana, aquí hay dos presidentas de partido, es Roxana la presidenta del PAN en el estado y luego está Merary, de Morena. No sé si haya otro presidente o presidenta de partido en el estado. Con mucho respeto, qué bueno que están aquí. Y luego quiero saludar a los que han estado afuera, a los jueces, a los trabajadores del Supremo... del Poder Judicial.
Yo soy amigo de la disidencia, porque fui disidente toda mi vida. Perdí muchas elecciones, anduve... les digo yo que soy, fui candidato en la primera vez que participó el Partido Comunista, con registro del 79. No habías nacido tú, Rodarte, 79. Desde entonces, y me enseñé a perder, perder porque fui candidato a gobernador en 86, del PSUM.
Fui candidato a gobernador también en 98. Ricardo vino a ayudarme, porque él ya era gobernador. Y yo también fui a apoyarte a ti cuando ibas a empezar. Fui por el... Dice el presidente: “Ya no puedo aumentar ese partido”. Sí, fui por el PRD, y yo agradezco porque fueron experiencias importantes que dimos. Luego fui candidato a senador y me tocó ganar, ahí sí ya gané, a gobernador. La tercera fue la vencida.
Entonces, tenemos un recorrido y la gran parte de nuestra vida política ha sido en la discrepancia, por eso tenemos que entender a la discrepancia de ahora. Si no le entendemos nosotros, que hacíamos eso, tapar la puerta o... enteramente comprensible de nuestra parte.
Los saludo a los trabajadores y les digo: yo espero que ellos tengan la comprensión –Santiago Nieto, te saludo con mucho afecto–, que tengan la comprensión de la reforma en su momento y le vean no solamente el sentido democrático y libertario y la esencia judicial, sino también el sentido humano.
¿Cómo lo van a ver? Deben verlo con el respeto de sus derechos laborales, respeto absoluto, que esa debe ser una garantía de la propia reforma. Y yo les digo: desde mi posición como gobernador, contribuiré en algo para ayudarles a que ese respeto se garantice. Yo estoy seguro de que no va a haber necesidad de que los apoye un gobernador de aquí, de Sinaloa, sino yo creo que va a haber una consideración importante.
Y yo quiero decir esto, sí me lo estuvo soplando Ricardo Monreal, pero no me dijo qué dijera, nomás yo le pregunté, en realidad, nosotros somos una camada de políticos que, particularmente nosotros, encabezados por el presidente Andrés Manuel, de reformistas, hemos reformado este país y debo decir, en abono a la oposición responsable, que han ayudado mucho a las reformas importantes.
Por ejemplo, voy a recordar la Guardia Nacional, fue unánime, no es solo de nosotros. La Guardia Nacional, claro, es una reforma importante que se hizo para cambiar el sentido de las policías en el país. Se dio la revocación de mandato, elevar a rango constitucional los programas sociales, hay que decirlo, ya estamos fuera de las elecciones, también la votaron los partidos de oposición, ahí lo votaron con nosotros. Pues ya reformamos el artículo 4o. constitucional, ahí donde está y también reformamos el 4o. constitucional para materia de salud, ahí sí no tuvimos mucho acuerdo. ¿Por qué? Porque son concepciones diferentes. Sin embargo, creo que está habiendo resultados importantes. Yo lo celebro, yo lo celebro mucho.
Yo le digo a mi querido diputado Juan Ramiro, pues a mí me tocó dictaminar toda la reforma educativa, desde la reforma constitucional educativa y las cuatro leyes nuevas que existen en el país, me tocó en el Senado dictaminar, porque yo fui presidente de la comisión y le agradezco mucho a Ricardo porque ahí me dio mucha oportunidad de que lo manejáramos y algunas cosas las votamos juntos. Por ejemplo, la Ley General de Educación Superior en el Senado salió por unanimidad y yo les presumí, hasta la Xóchitl la votó, Xóchitl era mi amiga, es mi amiga, amiga. Aquí venía Xóchitl y le decía a lo mejor me van a venir corriendo de Morena porque le va a ir mejor a Rocha si soy yo presidenta, decía, y decía yo, voy a mandarle un mensaje que no lo ande diciendo mucho porque me van a castigar, me van a venir.
Por ejemplo, debo destacar otra parte reformista muy, muy, muy del momento y muy sentida, más de 80 modificaciones a la ley en beneficio de los derechos de las mujeres, una legislación realmente profunda en esta materia, y en esta, fíjense, el grupo parlamentario más grande que hay tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, es el de las mujeres. Esas no les importa si son de Morena o del PAS, o son del... Ya se me vino el PAS, no tiene en la federación, o son del PAN o son del PRI y en general para el tema de la reforma legislativa importantísima que se ha hecho en este país.
Por eso digo, somos una camada de políticos reformadores, nosotros le rendimos pleitesía al presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a nosotros, pero yo también debo reconocer que es una camada de políticos que han, hemos entendido muy bien lo que es los nuevos tiempos de la política, una política incluyente, una política de respeto y se ha caminado.
No falta que se suba uno a las tribunas y empiece, sí, pero es la tarea. Yo le he dicho aquí a mis compañeros diputados: Oiga, pero yo puedo decir. Hasta los compañeros míos me dicen: Yo puedo decir tú, el diputado, la diputada, el senador, la senadora, la protege no sé si el artículo 61, porque no pueden reconvenirlo si dice lo que quiera. Di lo que quieras, para eso es la tribuna, lo que quieras decir del gobernador, dilo. Y no por eso yo, yo tengo una función y tú tienes otra y nosotros la vamos a respetar.
Mi discurso no me lo dieron, por eso empecé a improvisar, pero ya lo tengo. Voy a decir muy rápidamente, porque sí quiero tener una concepción y una posición con respecto al tema. Permítanme expresarles a todas y a todos ustedes, mi gran satisfacción por su distinguida presencia en este evento que cierra los Diálogos Nacionales por la Reforma Constitucional del Poder Judicial, diálogos que, por cierto, dieron cuenta de la madurez y responsabilidad de los actores de la vida pública y política del país que asumimos este compromiso.
México requiere, no está por demás remarcarlo, una reforma de derechos. El punto toral de la reforma sin duda es el acceso a la justicia y el derecho del pueblo a decidir con su voto quiénes serán los juzgadores, ministros, magistrados, jueces, y luego también los fiscales.
Ya han aclarado aquí que probablemente esta es una reforma que venga después de esto. Y qué bien que lo dijo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia aquí. Es que no es la única reforma, se tienen que estar haciendo reformas. Es necesario, sin embargo, este foro tiene que ver con el tema de la seguridad, la búsqueda de la paz.
Es necesaria una reforma para el pueblo porque hoy día la distancia entre las personas y sus tribunales es abismal. No se puede administrar justicia aislados de la ciudadanía. La justicia sin el pueblo no existe. Es una entelequia. Por supuesto que es necesario también una reforma para la paz. La reforma para la paz
La paz se construye sobre la verdad. Y en el tema de seguridad, la verdad se obtiene al alcanzar el derecho a una respuesta judicial efectiva. La justicia, cualquiera que sea el adjetivo que la califique, debe tener como función construir la paz. Platón en La república sostenía que, a diferencia de la injusticia que produce discordia, odio y disputas, la justicia crea concordia.
Como gobernador y ciudadano tengo la convicción de que la política, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de seguridad es la correcta. Por eso ha dado resultados tangibles. Ciertamente hay que atacar las causas sociales del delito y fortalecer las tareas de coordinación multinivel de las instituciones de seguridad.
Este renglón, este pilar de la seguridad de propuesta del presidente es el criticado por la oposición, por supuesto, que dice: No abrazos. Porque el presidente dijo: Abrazos, no balazos. Es el tema de ir a las causas sociales que producen la inseguridad. Y para eso, pues está la política de bienestar que se ha realizado, que consiste en ofrecerles a las y los ciudadanos la manera de que vivan con dignidad, a través de los programas sociales.
Bueno, además de atacar las causas, también necesitamos sumar a estos empeños a un Poder Judicial eficiente y justo, es un poco tautológico, pero es eso, necesitamos que sea justo, la justicia sea justa, fíjense nomás, más comprometido con sus deberes y con la ciudadanía.
El nuevo modelo constitucional de justicia debe hacer de jueces, tribunales y fiscales garantes de la paz social, esto sólo será posible si es la ciudadanía quien los elige con su voto dotándolos de legitimidad para responder al pueblo con acierto y transparencia.
No hay que olvidar que, como lo dice el presidente, el pueblo –y por favor no me critiquen mucho porque acudo al presidente, soy chairo–. El pueblo es sabio, sólo desde una visión conservadora se desconfía del pueblo. Los demócratas creen -esto es párrafo para mí importante- el pueblo es sabio, muchos piensan que no puede elegir a especialistas.
Yo tengo una polémica aquí local, yo fui rector de la universidad y me nombraron voto por voto, en ese entonces se votaba voto, por voto. Fui rector de la universidad y fui cuatro años rector de la universidad. No quiero presumir, hay que buscar la historia, lo dice.
¿Y qué es un rector? Pues un rector es un hombre de academia, es un hombre. Entonces, finalmente, pues ha habido polémicas, hoy las hay, pues como van a nombrar el rector voto por voto, sí, la democracia directa y yo comparto eso.
Entonces, también pueden nombrar a los jueces, también pueden nombrar a los ministros, también pueden nombrar a los fiscales. Claro, pues ningún ministro, ningún juez que se proponga para hacerlo va a ser cualquier persona, deberá tener requisitos que serán debidamente sancionados en momento de proponerlo y la norma y la reglamentación debe definir qué requisito.
Ahorita me preguntaba la prensa: y cuáles requisitos, díganos uno. Pues que sean profesionales del derecho y ya con eso terminé, con eso ya no les quise decir más.
Lo demócratas creemos a plenitud en la capacidad del pueblo para tomar por su cuenta las decisiones que le atañen, todas, sólo así será posible que se dé el trabajo coordinado entre jueces, agentes del ministerio público y policías, sin renunciar a las funciones propias que cada uno tiene asignadas en la ley, pero con conciencia sistémica de la tarea a cargo de todos, con visión social, ponderando las bondades del trabajo coordinado, así pueden enfrentarse las ineficiencias que se producen blindándose en cada una de las instituciones que deberían operar para garantizar la paz de nuestras comunidades.
Estimados asistentes, los fundadores del Estado moderno mexicano tuvieron mucho cuidado al plantear los mecanismos de control mutuo que garantizan el ejercicio pleno de las libertades ciudadanas y la vigencia del imperio de la legalidad.
Supervisión mutua, no vigilancia de un poder sobre los otros poderes o sobre los otros dos poderes. Esa es la clave del impero de la ley, de la estabilidad política y de la gobernabilidad democrática.
No obstante, el imperativo anterior, todos hemos advertido que en muchas de sus decisiones el Poder Judicial actual se ha extraviado de sus funciones. Es larga la lista de reclamos y de agravios por decisiones del Poder Judicial, muchas de las cuales ponen en entredicho su imparcialidad, autonomía e independencia.
Como se estableció en la exposición de motivos, la necesidad de su reforma se vincula, o se finca, más bien, en el hecho de que no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales o, peor aún, añade la exposición, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público.
Amigas y amigos, en Sinaloa hemos seguido con mucha atención estos diálogos nacionales para la reforma constitucional del Poder Judicial. La paz se construye sobre la verdad, ya lo dije. Una vez concluido eso en lo que... que como sinaloenses hemos dado seguimiento puntual y como sinaloenses tenemos un compromiso.
No puedo hablar tan genérico ni puedo presumir que todos votaron por mí: tuve una votación muy importante, pero, respetando las discrepancias que hay, la inmensa mayoría de los sinaloenses estamos convencidos de la necesidad de esta reforma, por eso la apoyamos, por eso estamos con el presidente en este encargo de la vida, de la transformación, de la vida pública de México.
Dicho eso, si me permiten, de cualquier manera, le fue a decir. Le llamo la atención a quienes me pusieron esto porque me lo traspapelaron... Ya no, es la última página.
Siendo las 12 con 40 minutos, del jueves 8 de agosto de 2024, en mi carácter de gobernador constitucional del Estado de Sinaloa, declaro formalmente inaugurada esta novena edición de los diálogos nacionales por la reforma constitucional del Poder Judicial Federal, que sea por el bien de México y por el bien de Sinaloa. Muchas gracias, enhorabuena.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Agradecemos al gobernador Rubén Rocha Moya, por su mensaje y presencia en este acto, y por supuesto, a las personalidades que formaron parte de esta inauguración.
A continuación, haremos una breve pausa de dos minutos para realizar el caso de presídium y dar inicio a las ponencias de este diálogo. Les pedimos por favor, mantener sus lugares.
(Receso)
El moderador José Omar Sánchez Molina: ...para que todas las personas ponentes sean tratadas con igualdad y respeto, y posteriormente las diputaciones pueden hacer preguntas hasta por tres minutos en el formato ya acordado; y en el orden en que sean mencionados los ponentes, les será también dado el uso de la voz para poder responder las preguntas que les hagan los diputados o las diputadas representados en la Junta de Coordinación Política.
Agradecer la oportunidad que nos dan de moderar este espacio y vamos a comenzar con la primera ponencia, que corresponde a Leslie Jiménez Urzua, a quien agradecemos su presencia aquí en el Salón Constituyentes de 1917. Me permito leer la semblanza de Leslie.
Ella es maestrante en Derecho y especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Se ha desempeñado como servidora pública en instituciones gubernamentales de procuración de justicia y seguridad ciudadana, así como abogada postulante en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es coordinadora de proyectos de impunidad cero e incide en un proyecto de socialización de derecho penal para la atención de la violencia de género.
Entonces, les recuerdo a todos los ponentes que tendrán en apoyo visual, Leslie, desde las pantallas, y te pido si puedes pasar para tomar tu intervención inicial hasta por cinco minutos. Muchas gracias.
La ponente Leslie Idalia Jiménez Urzua: Hola, muy buenas tardes. Perdón que les esté distrayendo en sus fotografías. El día de hoy me dirijo a ustedes con muchísimo respeto. Insisto, perdón por distraerles en sus fotografías y sus saludos. Saludo a todas las personas aquí presentes, legisladoras, abogadas, personas que se dedican al Poder Judicial, juzgadoras.
También es una sorpresa, para persona que venimos de sociedad civil, ver que todo se conoce bastante bien, que se abrazan, que ya tienen comunicación, porque siempre tenemos que venir a romper un poco esto para hablarles de cosas que a lo mejor no les gustan mucho, que son los datos.
Me da gusto que después de tantos foros estemos hablando de algo bien importante, que son las fiscalías y procuración de justicia, tomando en consideración que las fiscalías y las policías son el primer punto de contacto de todas las personas en la cotidianidad.
Cuando una persona es víctima de delito, su primer recurso es acudir a las fiscalías, puesto que es la fiscalía y el ministerio público el que les da el primer punto de contacto de comunicación; y es lamentable comentarles a todos ustedes que una persona puede tardar de 4 a 10 horas en denunciar un delito, y es lamentable porque en muchas ocasiones estas instituciones de procuración de justicia no tienen baños limpios, baños que funcionen, dónde conectar teléfonos, no tienen ni siquiera papel para trabajar, tóner, internet.
Y la discusión de la justicia no solamente se tiene que centrar al Poder Judicial, si una carpeta de investigación no está bien integrada no va a ir a un Poder Judicial.
Segundo punto, y lo comentaba el diputado Monreal hace un momento en su intervención, la impunidad. La impunidad no solamente se refiere a la ausencia de sanción sino también a todas las actividades tendientes a resolver un asunto.
Las fiscalías tienen la responsabilidad de iniciar la carpeta de investigación, tomar la entrevista de la víctima, solicitar aspectos de investigación a sus policías, a sus peritos y a otras autoridades. ¿Cómo una fiscalía puede trabajar si no tiene tinta o papel para imprimir una carpeta de investigación?
Otro punto importante que has estado un poco fuera en las discusiones en torno a la reforma al Poder Judicial es que solo el 5 % de os casos en materia penal son de ámbito federal, el 95...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Si me permites un momento. Le pido a la audiencia, por favor, que guardemos respeto para escuchar a nuestra persona ponente. Adelante, Lesly, por favor.
La ponente Leslie Idalia Jiménez Urzua: Gracias. Solo el 5 % de los asuntos en este país son de ámbito federal, el 95 % es de ámbito local. Así que tenemos que voltear a mirar a las fiscalías locales y a los poderes judiciales locales, insisto, no podemos hablar de una carpeta de investigación que vaya ante un juez de control si esa carpeta no está debidamente bien integrada.
No sé si algunos de ustedes han visto la película de Hércules, mis películas favoritas de cuando era niña y está esta escena muy mítica de Hades señalando el Olimpo. Así han sido todos estos diálogos de justicia, sociedad civil hemos estado diciendo a todos ustedes que volteen a mirar a las fiscalías, volteen a mirar el judicial local.
Y es que, no sé si ustedes sepan, pero vivimos en un país en donde la probabilidad de que se resuelva un asunto es del 1 %. Tenemos una impunidad del 99 %. De ese 1 % todavía échenle las cuentas de las carpetas que son de ámbito local y de ámbito federal.
Si bien, una reforma de justicia es necesaria en este país, es necesario voltear a mirar a las fiscalías, por ejemplo, tomando en consideración la necesidad de una inversión de infraestructura. Como les comentaba, ha fiscalías que no tienen ni siquiera un baño limpio.
Ahorita, antes de pasar a esta intervención bajé al sanitario y me di cuenta que tienen agua, que tienen papel, una fiscalía local no lo tiene.
Un incremento a su presupuesto, una distribución equitativa del presupuesto para mejorar las cargas de trabajo, una capacitación y profesionalización constante al personal, programación con capacitación continua.
Tenemos operadores que son licenciados en derecho, pero necesitamos que sepan atender a víctimas, que no las revictimicen, que no les nieguen el servicio, que no les nieguen las medidas de protección.
Intercambio de experiencias. Hay muchas fiscalías en el país que no intercambian experiencias a menos de que tengan convenios de colaboración y eso es un aspecto de burocratización que limita el ejercicio de la procuración de justicia.
Uso de tecnología avanzada. Solamente tenemos dos instituciones de procuración de justicia en el país, que es Ciudad de México y Nuevo León, que supieron transformarse digitalmente en la pandemia, el resto de las fiscalías no lo hicieron y aún así, la única fiscalía que sí da un completo tratamiento en la carpeta solo es una, Ciudad de México sigue obligando a las personas a que acudan a dar el seguimiento a la carpeta de forma presencial y eso no toma en consideración las brechas digitales que mujeres en contexto de violencia o personas precarizadas viven.
El tema de los protocolos. Vivimos en un tema constante de violencia de género y no es factible que las fiscalías no tengan protocolos para atender a grupos disidentes o personas LGBTQ+ o niñas, niños y adolescentes.
Así que dejo esta primera intervención, para reiterarle que las fiscalías: es importante que volteemos a mirar, para poder hablar de justicia, porque una justicia no solo es justa, es permitir a las personas que puedan florecer. Muchísimas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Leslie, por tu intervención. Vamos a continuar este diálogo.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Nos ha hecho llegar la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, su actual titular, un video que vamos a presentarles, con un mensaje que nos deja la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel nacional, del gobierno federal. Así que al equipo técnico le pido, por favor, que pueda desplegar el video.
(Inicia video)
La ponente Rosa Icela Rodríguez Velázquez: ... a todas y a todos. Agradezco la invitación de diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la invitación a participar en este importante diálogo nacional para abordar la impartición, procuración de justicia y seguridad pública. Así como al gobierno de Sinaloa, agradezco inmensamente por su anfitrionía.
En el gobierno de México existe una preocupación genuina y se trabaja para que la población ejerza sus derechos plenos y tenga acceso a la justicia. La reforma constitucional del Poder Judicial que se propone, busca una correcta impartición de justicia, que las decisiones de los juzgadores sean imparciales, honestas y apegadas a los derechos humanos.
Desde nuestra experiencia en el ámbito de protección ciudadana y seguridad pública puedo compartirles algunos temas relevantes a considerar en la reforma que estamos tratando. El primero, es que debemos continuar trabajando en mecanismos ágiles para otorgar preliberaciones y amnistías a indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, con discapacidad o víctimas de tortura. Esto como un acto de justicia para quienes no cometieron delitos graves, no pudieron pagar un abogado, o no pudieron contar con un traductor.
Por ejemplo, tenemos el caso de Miguel Ángel, persona adulta mayor y muda, quien fue sentenciada por el delito de violencia familiar equiparada, pero careció de una defensa adecuada, lo que le impidió dar su versión de los hechos. Actualmente se encuentra recluido en el Penal número 2 norte en Nuevo León.
Otro caso es el de Catalina, quien fue detenida arbitrariamente y le dieron 50 años de prisión por el delito de secuestro. Sin embargo, en la carpeta de investigación no hay algún señalamiento o signos de participación que la vinculen con los hechos. Además, se le dictó sentencia sin aplicar la perspectiva de género. Cumple su condena en el Centro de Reinserción Social Femenil de Nuevo León.
El segundo tema tiene que ver con el trabajo diario y coordinado de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Coordinación Nacional Antisecuestro y las fiscalías estatales.
En esta administración esta conjunción de esfuerzos ha permitido cumplimentar y ejecutar órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales contra 7 mil 992 objetivos criminales, generadores de violencia de todos los grupos delictivos. Sin embargo, todo lo realizado para lograr la captura de una persona vinculada a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco, se desmorona.
Cuando un juez decide otorgarle un amparo y dejarlo en libertad, argumentando deficiencias en la investigación o, a veces, meros formalismos.
Citaré casos relevantes que evidencian impunidad solapada por juzgadores, quienes además aplican el clásico sabadazo, para dificultar la actuación de las autoridades y tratar de hacer menos visibles sus decisiones.
Por ejemplo, Abraham Oseguera, don Rodo, hermano de El Mencho, fue liberado porque un juez estimó poco creíble que una persona de 70 años estuviera en la madrugada con armas y drogas en su poder.
Otro ejemplo, es el de Luis Antonio Yepez, hijo de El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima y fue puesto en libertad a pesar de haber sido detenido en posesión de drogas y de armas, tras eventos violentos en Guanajuato.
También está el caso de José Alberto García, alias La Kena, líder del cartel del Golfo, quien salió de prisión luego de que un juez considerara que no había indicios para detenerlo, cuando era pública la actividad que él desarrollaba.
Otro es el caso de Francisco Javier, exgobernador de Tamaulipas, un juez de distrito le concedió de forma excesiva la suspensión definitiva en su favor para que no se ejecute ninguna orden de aprehensión en su contra y no pierda sus derechos político-electorales ni sea declarado prófugo de la justicia.
También es el caso de Jorge Antonio Sánchez Ortega, él fue agente de investigación del Cisen, señalado como posible probable segundo tirador en el caso Colosio, y no pudo ser detenido porque el 5 de enero de este año, un juez federal negó la orden de aprehensión en su contra.
También un violador de una niña de cuatro años que obtuvo la sentencia absolutoria de un juez porque la víctima no pudo especificar los tocamientos sucedidos.
Como vemos, hay un marcado favorecimiento de jueces y magistrados a delincuentes, lo que genera impunidad, afecta gravemente la seguridad nacional y manifiesta una falta de sensibilidad hacia las víctimas, a quienes niegan el acceso a la justica. Gracias al esfuerzo de muchas instituciones de seguridad, no obstante, en todo lo anterior, en este gobierno se ha logrado reducir 24.5 % la incidencia delictiva, el fuero federal, en comparación con diciembre del 2018 y también la baja del 18 % en el homicidio. Sin embargo, para que estas cifras sigan a la baja se necesita la colaboración absoluta del Poder Judicial.
Si las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia trabajan juntos en beneficio de la población habrá mejores resultados y la ciudadanía se sentirá libre, se sentirá libre, se sentirá segura, pero eso solo será posible con una reforma que cambie la manera como se administra la justicia en nuestro país.
Hay que decir que, en otras situaciones como Suiza, seleccionan a sus jueces mediante elección popular y con el apoyo de los partidos políticos. En algunos lugares de Estados Unidos, también los jueces locales ya son votados a través de elecciones partidistas o directamente por los ciudadanos. Si en otras latitudes del mundo ha sido benéfico y se ha mantenido la elección de juzgadores, México no puede ser la excepción. Por eso invito a la reflexión sobre este tema. No temamos, ni nos opongamos al progreso, la justicia debe ser para todos y para todos, y no solamente para quienes pueden pagar por ella.
La reforma constitucional al Poder Judicial será, sin duda, un parteaguas en la historia contemporánea de México, ministros, jueces, magistrados, pueden recuperar con una actuación probada la credibilidad perdida. Volver a sus inicios cuando en las aulas les dictaban que uno de los deberes más importantes para cualquier abogado era el escrito por Eduardo Couture, el cual cito: “su deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia”. Muchas gracias por su atención, gracias por la invitación y gracias, muchas gracias que nos permiten trabajar para ustedes. Gracias.
(Fin del video)
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: ...presidente de la República. Hoy estamos, por cierto, discutiendo algunas otras. Déjenme les cuento, porque luego pareciera que todo está polarizado, pero lo que hoy estamos votando está saliendo en algunos casos por unanimidad, en algunos casos algún partido de la oposición no está totalmente de acuerdo.
Mañana vamos a enfrentar otras cuatro iniciativas que, salvo lo que me corrijan acá los otros coordinadores, yo creo que vamos a ir en una aproximación con la mayoría. Son muy importantes, por ejemplo, una es la de las leyes para darles o reconocerles todos los derechos que tienen todas nuestras comunidades originarias. O está esta para evitar –yo espero que para siempre– la violencia a los animales.
Voy a proponerles cuatro cosas, pero para esto les quiero decir que una de ellas está en la parte central de lo que hoy estamos haciendo. Qué bueno que el presidente mandó la iniciativa para hablar del Poder Judicial, pero yo creo que esa la tenemos que transformar en un diálogo sobre la justicia, no solamente sobre la estructura del Poder Judicial, más allá de que unos estén a favor de un tipo de selección, y otros a favor de otro tipo de selección.
Todo lo hace el pueblo, porque la Constitución dice: “La soberanía radica originalmente en el pueblo”, pero el pueblo puede determinar cómo seleccionar y en este caso, siendo un órgano técnico, como técnicamente tenemos a los mejores.
Pero cuando hablamos de justicia, y es un éxito de este foro –y de nuevo mi reconocimiento al líder de la mayoría– es que se agregaron temas que nos permiten hablar de justicia. Por ejemplo, en el anterior foro, en el de Saltillo, se habló de la formación del abogado, de la colegiación, y se habló, por el otro lado, de la defensoría del pueblo.
Nuestra formación como abogados es muy distinta a la de otros países y nuestro ejercicio profesional es muy distinto al de otros países. Va primera propuesta.
Ojalá, Ramiro, que en alguna parte pudiéramos colocar, tal vez en los transitorios, la obligación de tener leyes para el ejercicio de la abogacía, con ciertas características para que nos permitan elevar la calidad del foro y con esto mejorar la justicia, teniendo una mejor defensa, un mejor litigio y también teniendo mejores abogados que luego puedan incorporarse a los Poderes Judiciales.
Creo que tenemos que hablar de una mejora en la legislación del país, que la hay estatal y federal, para la defensa del pueblo, para la defensa de la gente. ¿Cómo garantizar que aquel ciudadano o aquella persona que no tiene cómo recurrir a un abogado particular, pues tenga la garantía de que va a ser defendido en igualdad de circunstancias que el resto?
Todos –no me voy a alargar ahí– sabemos cómo son nuestras defensorías, el cúmulo de casos que cada una de ellas y unos llevan, unos y otros. Yo creo que estos foros son importantísimos, pero el debate allá se debe centrar en la dialéctica de la propuesta y de una contrapropuesta, y que está en la inteligencia de todas y todos los legisladores llegar a puntos de encuentro.
Esta es una iniciativa que viene del Poder Ejecutivo, y yo argumento que el legislador tiene que, de alguna manera, adoptar la postura del filósofo, no la de aceptar ninguna de las dos cosas o tres que están frente a nosotros, sino de buscar la verdad, de encontrar un método para decir: esto es lo mejor. Es claro que las mexicanas y los mexicanos —ya voy a acabar— requieren una mejor justicia. Bueno, ¿cómo se las vamos a dar?
Siguiente propuesta, porque ya me mandaron que hay tiempo. Siguiente propuesta, Tenemos que ofrecer presupuesto y un presupuesto más federalista, porque le hemos ido pasando y pasando y pasando cosas a los estados, menos presupuesto. Hoy tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, les pasamos desde hace tiempo temas penales, les cambiamos... necesitamos presupuesto, mucho y bien ordenado y bien medido.
Termino diciéndoles que ojalá, que es un reto que tiene Juan Ramiro, seis días o siete días para recoger todo y empezar a hacer propuestas, ojalá y podamos dar un paso a una reforma de justicia y no solamente a una reforma de la estructura e incluso eso de la selección del Poder Judicial.
Termino con algo, yo confío en los jueces mexicanos, yo confío en los jueces federales mexicanos, son producto de muchos procesos de selección. Y también, entonces, hay que reflexionar sobre el artículo 1o. de la Constitución General de la República, porque ellos se están ajustando a lo que dice ahí, muchos de ellos. Ya no queremos control difuso, bueno, pues sigamos la Constitución. Yo soy de los que así lo quiere porque soy de izquierda y los que somos de izquierda somos... y porque eso evita que tengamos mucho tiempo hasta llegar a la cúspide de la Corte y que diga si eso era justo o no era justo. Mejor que lo diga el juez y que se evite mucho tiempo.
Gracias, Juan Ramiro. Tienes una buena tarea. Como quiera, nosotros decimos que no o que sí, pero el que tiene que presentar las cosas, Juan Ramiro, eres tú y por eso mi reconocimiento. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Rubén Moreira.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a continuar con la participación de la maestra Sara Bruna Quiñonez Estrada. Ella es fiscal general del estado y como son diálogos nacionales quiero mencionar rápidamente dentro de su semblanza, es que es licenciada en derecho, egresada orgullosamente de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
En el ejercicio profesional inició en el año de 1991 dentro de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, como agente del Ministerio Público y en 2021, en noviembre fue nombrada por la legislatura del Congreso del estado como fiscal general del estado de Sinaloa. Así que, fiscal, por favor adelante con el uso de la voz.
La ponente Sara Bruna Quiñonez Estrada: Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto ver que se encuentra llena la sala. Esto evidencia el interés que se tiene por estos diálogos. Impartición, procuración de justicia y seguridad pública. La propuesta de reforma al Poder Judicial en México ha suscitado un amplio debate y generado diversas perspectivas en torno a su necesidad, alcance y posibles implicaciones.
En este contexto, los Diálogos Nacionales sobre la reforma constitucional en materia de reforma al Poder Judicial, específicamente en este tema sobre la impartición, procuración de justicia y seguridad pública se presentan como un espacio crucial para el análisis y la construcción de consensos en torno a esta reforma.
El sistema de justicia en México ha enfrentado críticas en temas de ineficacia, corrupción y falta de transparencia. La percepción sobre el Poder Judicial ha erosionado la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Según datos del Inegi de 2021, la impunidad en México alcanza niveles alarmantes, con una tasa superior al 90 % en aquellos delitos graves. Este panorama resalta la importancia de una reforma integral que aborde estos problemas estructurales. Los objetivos principales de la reforma al Poder Judicial pudieran resumirse en los siguientes puntos: Fortalecimiento de la independencia judicial, transparencia y rendición de cuentas, acceso a la justicia, combate a la corrupción, modernización y capacitación.
Los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional se han presentado como una plataforma inclusiva para discutir y proponer soluciones a los problemas que enfrenta el sistema de justicia en México y deben ser un espacio para construir consensos. Estos diálogos han reunido a actores clave, incluyendo representantes del gobierno, la sociedad civil, el sector académico y el propio poder judicial, con el objetivo de generar un encuentro amplio y legítimo.
La participación ciudadana en estos diálogos ha sido fundamental. La inclusión de diversas voces y perspectivas garantiza que las reformas propuestas respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad. Además, la participación activa de la ciudadanía fortalece y da legitimidad al proceso que contribuye a la transparencia y rendición de cuentas.
El tema central en los diálogos ha sido la impartición de justicia, la justicia pronta y espírita es un derecho fundamental. Sin embargo, en México el sistema judicial enfrenta serios desafíos que impiden su plena realización. Entre estos retos se encuentran retardos procesales, sobrecarga de trabajo, falta de recursos.
La procuración de justicia y la seguridad pública son dos áreas estrechamente relacionadas y de suma importancia en la discusión sobre la reforma, la coordinación entre las instituciones encargadas de la procuración de justicia y las fuerzas de seguridad es esencial para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana.
Para abordar estos desafíos, pudiera ser benéfico la observación de los siguientes puntos dentro del marco de la reforma: Implementación de tribunales especializados en temas como corrupción, derechos humanos, violencia de género, con el fin de mejorar la calidad y rapidez de la impartición de justicia; fortalecimiento de las fiscalías, dotándolas de mayores recursos que les permitan el incremento del capital humano profesional y especializado que les permita una mayor cobertura y puedan desempeñar su función de manera eficaz y con mayor prontitud entre el incremento constante de casos sin resolver; formación y capacitación continua, establecer programas de capacitación continua obligatoria para todos los involucrados con enfoque de derechos humanos, pero también de nuevas tecnologías que permitan el equipamiento con el mundo cada vez más moderno.
Mecanismo de participación ciudadana. Institucionalizar la participación ciudadana en la supervisión y evaluación del sistema de justicia y seguridad pública, porque mejorar las condiciones de justicia y seguridad exige el compromiso al responsable de todos.
En conclusión, la reforma del Poder Judicial en México es una tarea no sólo urgente, sino compleja, que requiere la participación activa y coordinada de todos los actores involucrados, el resultado de los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional en materia de reforma al Poder Judicial, deben representar una oportunidad para construir un sistema de justicia cada vez más justo y transparente, eficaz, por lo que es imperativo que estas reformas se diseñen y se ejecuten con un enfoque inclusivo.
La transformación del sistema de justicia no sólo fortalece el Estado de derecho, sino que también contribuirá significativamente a la consolidación de una sociedad más justa y segura, donde los derechos de todos los ciudadanos sean respetados y protegidos cabalmente. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, fiscal, por su primera intervención.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Para continuar este diálogo, vamos a escuchar ahora a Mónica Ferreyra García. Ella tiene una maestría en Derecho Constitucional aplicada al Derecho Agrario. También destaca que ha sido abogado litigante ya con especialidad en materia agraria durante más de 20 años y asesora jurídica de comunidades indígenas y ejidos en Michoacán.
También ha sido profesora por asignatura en Derecho Agraria en la Universidad Latina de América y profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, impartiendo las materias de derecho constitucional e historia del pensamiento económico. Mónica, gracias por tu presencia, adelante con tu intervención inicial.
La ponente Mónica Ferreyra García: (Habla en lengua originaria) Buenos días a todos, Mónica Ferreyra García es mi nombre, originaria de Michoacán y soy abogada comunal y agraria, del Colegio de Abogados Indígenas y de la Red Nacional de Mujeres Indígenas en Michoacán.
Saludo con gratitud y con profundo respeto al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, agradeciéndole la oportunidad de estar aquí. El diputado Juan Ramiro Robledo Díaz. Asimismo, también, al doctor Ignacio Mier Velazco por la invitación y al senador Ricardo Monreal Ávila. Saludo con aprecio, a quien es mi paisano, el diputado Leonel Rangel en este foro tan importante para hablar de la reforma constitucional desde el otro lado: desde las autoridades tradicionales y los justiciables.
¿Qué Poder Judicial tenemos? El que olvidó de las causas sociales, el que se olvidó y del que hay que hablar de magistrados que dan línea para torcer la justicia. ¿Qué Poder Judicial queremos? El que incluya a juristas con perfil especializado en materia indígena y comunal y campesina. He escuchado atentamente las casi 200 afirmaciones de los ponentes de los foros celebrados en las distintas sedes desde el Palacio de San Lázaro hasta el día de hoy en Culiacán.
Somos más de 25 millones de mexicanos que nos auto adscribimos como indígenas, es decir, somos el 20 % de la población total de México. Según las cifras oficiales, uno de cada cinco somos indígenas. El tema de la justicia indígena y campesina se toca por primera vez en estos foros.
Hablaré del tema desde dos perspectivas: uno, el indígena, el acceso a la justicia. Solicitamos el nombramiento de jueces indígenas. La legislación vigente no reconoce las formas tradicionales para hacer justicia a los pueblos indígenas. Pedimos elegir juristas indígenas bajo el principio de pluralismo, con una perspectiva intercultural y con paridad de género.
Hoy no se necesitan juzgados mixtos y conciliadores. En la parte indígena, los jueces auxiliares, de ínfima competencia, limitados a la ley y a conocer líos familiares, así como robos minúsculos... desde gallinas, hoy es importante que no nos den una aspirina, que no nos traten como menores de edad. Hoy es importante porque se necesitan especialistas en temas sobre el territorio, el conflicto de límites, especialistas en temas en la defensa de los recursos naturales y que se retome de una vez por todas la creación de los tribunales agroambientales en el país, que sean de manera efectiva los defensores contra la tala inmoderada y contra el cambio de uso de suelo por este cambio climático que nos va a avasallar a todos los mexicanos.
Hoy, las propuestas de las comunidades indígenas, para que podamos presentar controversias constitucionales, hoy, solicitamos la defensa de los territorios y nuestros recursos naturales.
La impartición de justicia a nuestras comunidades con visión de consulta previa para elegir ministros, juezas, con perfiles juristas indígenas. El 20 % de los juzgadores del Poder Judicial federal exigimos y solicitamos en paridad que seamos perfiles de juristas indígenas, es decir, de cada 10 nuevos ministros nombrados, magistrados y jueces, dos deben de ser indígenas o comunales.
El segundo tema tiene que ver con el tema agrario. ¿Por qué quieren dejar al margen la reforma judicial a los tribunales agrarios? ¿Por qué van a quedar los que atienden al sector más vulnerable y olvidado y más despreciado del México, del pueblo de México, las propuestas que esperan las comunidades indígenas están en las manos de los Tribunales Agrarios de la Federación cuyo nombramiento debe legitimarse en las urnas?
El Tribunal Superior Agrario debe ser el mismo trato que el resto de los órganos jurisdiccionales, retomo las palabras de la consejera jurídica Ernestina Godoy, hago mío el pronunciamiento en Puebla: “Vamos por una reforma integral a todo el Poder Judicial, a todos los órganos jurisdiccionales de México, la justicia agraria debe ser medida con la misma vara aplicada al Poder Judicial Federal”.
El Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, cuenta con más de mil empleados que conocen 200 juicios de remisión, mientras que, en los tribunales unitarios de cada estado, los 32 tienen que arreglárselas para arreglar 2 mil expedientes entre 20 elementos.
Vamos por el voto popular a magistrados agrarios. Fin a la elección directa desde el Senado, desde otros años han designado juzgadores ligados a grandes despachos como el de Diego Fernández de Cevallos, quienes convirtieron la justicia agraria en la más grande inmobiliaria del país y muestra de ello tenemos la salida de la presidenta anterior que salió corriendo y en su curriculum se puede ver que formó parte del despacho privado de Diego Fernández de Cevallos.
Hoy, me he enterado de que el Senado designó nueve magistrados agrarios, a contracorriente del espíritu de esta iniciativa presidencial del 5 de febrero. De los nueve magistrados son siete varones. ¿Y la paridad de género, señores? Ya se dieron cuenta que casi todos los designados tienen su corazoncito azul celeste.
Esta reforma constituye una extraordinaria oportunidad para tener magistrados alejados de dadivas y componendas. Vamos por la elección directa de magistrados agrarios, por el bien de los campesinos, por el bien de los indígenas, de los mismos trabajadores de los tribunales unitarios que hoy están representados con una servidora por los estados que merecen una justicia pronta, expedita e imparcial.
Que seamos tomados en cuenta quienes conocemos y vivimos y hacemos valer la justicia agraria a través de probados juicios de éxito, que se amplíen las sedes de los tribunales agrarios tomando la interculturalidad, la paridad y la distancia entre los núcleos comunales que los juzgadores agrarios también sean sometidas al tribunal sub-disciplinario como todos los ministros jueces y juezas y magistrados federales y los juzgadores indígenas y campesinos deben ser medidos con la misma vara.
Los actuales tribunales agrarios están distanciados de los sentimientos de los ejidos y de las comunidades. En las exigencias de justicia, toda la tierra y pronto, hoy vengo a decir toda la justicia y pronto, no hay demolición del sistema e justicia, no hay colapso ni destrucción cómo dicen equivocadas.
Esta reforma al Poder Judicial es una refundación, esto es, esto es, señoras y señores una revolución. La reforma judicial es un mandato vinculante del 2 de julio y no hay vuelta de hoja, la elección va, no tengamos miedo a la gente. Qué viva la reforma al Poder Judicial a favor de pueblos y comunidades indígenas y del sector campesino. He dicho.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Mónica, por esta intervención.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a, por acuerdo de la Comisión también, se suma un representante más de los trabajadores del Poder Judicial, que, en específico por acuerdo de ellos, el día de hoy, ante las expresiones y el ejercicio libre que realizan, pueda tomar el uso de la voz, Marlen Ángeles Tovar, a quien le pedimos de manera amable que pueda pasar, si gusta, al presídium y hacer uso de la voz hasta por cinco minutos. Adelante, Marlen, por favor.
La ponente Marlen Ángeles Tovar: Buenas tardes a todos ustedes, integrantes del Congreso de la Unión, al próximo constituyente de la nación y al pueblo mexicano, sobre todo. Soy una juzgadora de carrera judicial. Empecé con nombramiento de intendencia. He sido oficial, secretaria, proyectista, con una antigüedad de 20 años.
Ninguna persona me puso en el cargo. Yo me gané cada uno de los puestos en los que he estado, por un concurso riguroso, por ejemplo, así, cámaras por todos lados, revisando, supervisando los exámenes orales que nos hacen por juzgadores, los más expertos del país.
Nos hacen exámenes en los que nos dan ocho horas para hacer una sentencia. Nos presentan el expediente y tienes que tener la habilidad, el conocimiento, de manejar absolutamente todos los temas del temario, que son básicamente conocer materia constitucional, agraria, civil, administrativa, penal, de todo; o sea, y esa es una cuestión a la que nos enfrentamos, una problemática.
¿Quiénes somos nosotros? Nosotros reconocemos que necesitamos una reforma a la justicia, definitivamente. A nivel de tribunales de los estados de la república, son 5 mil juzgadores; a nivel de tribunales federales, que somos los juzgadores de amparo, básicamente, somos mil 700 juzgadores para todo el país, para todo el país. Somos 123 millones de mexicanos.
¿Qué es lo que hacemos? De acuerdo a los datos del INEGI, por ejemplo, a finales de 2023 entraron 1 millón 256 mil asuntos y egresaron, ese mismo año, 1 millón 214 mil asuntos. Básicamente, la efectividad del Poder Judicial Federal es alrededor del 96 %. Que tenemos problemáticas, sí. Por ejemplo, hacia el interior, estamos con excesivas cargas de trabajo, tenemos que vivir ahí, literal, tenemos que dejar la vida en los juzgados y lo hacemos porque los mexicanos la merecen, merecen la mejor justicia, estamos de acuerdo.
La voluntad expresada en las urnas fue que los mexicanos quieren una mejor justicia, una justicia pronta, expedita y de calidad. ¿Cómo vamos a cumplir con este mandato? Esa es nuestra preocupación. Actualmente, nosotros somos de carrera judicial y pasamos por exámenes muy rigurosos. La propuesta de reforma constitucional nos dice que se van a elegir candidatos por parte de diputados, senadores, el presidente o presidenta de la República y por la Corte.
Y bueno, para estar en esa lista de candidatos qué hay que hacer, porque yo, por ejemplo, que soy de carrera judicial de 20 años de antigüedad no sabría qué hacer. No conozco a ningún legislador. A los legisladores que he conocido son a los que en este momento yo me he encontrado y los he saludado.
Tampoco conozco al presidente o la presidenta de la República. Los conozco porque estoy al pendiente de las noticias del país, pero pues tampoco conozco a alguien de un partido político, o sea, no conozco a nadie. Yo vengo de la nada, yo viví hambre, miseria, desigualdad, mi abuela nunca aprendió a leer y escribir. Estoy aquí porque tengo la convicción de luchar por la justicia.
Eso somos los de carrera judicial y sí tenemos una problemática importantísima, nos hacen falta más juzgados, más tribunales, plantillas laborales. Actualmente, una licencia de maternidad, por ejemplo, no se cubre, no tenemos presupuesto. El presupuesto que nos dan es el 0.26 % del producto interno bruto. A nivel mundial, están diciendo que es el 1 o 2 %.
Entonces, pues hay que revisar eso, eso es lo que les pedimos, que por favor revisen esta circunstancia. Al interior estamos también cansados, agotados. Se nos dice que somos corruptos, que no hacemos nada, que estamos podridos.
Les vengo a dar la cara, a dar la cara por absolutamente todas las personas de la carrera judicial, porque yo he estado ahí 20 años. Estoy dando la cara por los oficiales, por el personal de intendencia, porque yo estuve ahí.
Por los secretarios proyectistas, por los actuarios que en algunos estados de la República no duermen, se turnan para, oye, a mí me toca hoy no dormir para cumplir con el trabajo diario.
Ahorita, con toda esta situación de que por todos lados hay en los medios de comunicación que nos están diciendo: son de lo peor, son de lo peor. Con todo y eso, ¿saben qué? Los juzgadores de carrera seguimos trabajando, porque para eso estamos, no importa lo que nos digan, nos podrán decir lo que quieran, pero, ¿saben qué? Nosotros sí estamos comprometidos con la nación y queremos un cambio. Un cambio que mejore nuestras condiciones de trabajo, necesitamos más tribunales federales.
Y la justicia, la sociedad mexicana necesita una justicia integral, completa, que tome en cuenta a las víctimas. A las víctimas de este país hay que escucharlas, porque van a las fiscalías y les piden, ni siquiera tienen sensibilidad, a una víctima de delito de violencia sexual, le piden que en la recepción describa las circunstancias de la situación que vivió.
Las policías realizan detenciones arbitrarias o desapariciones. El debate actualmente se da entre justicia, seguridad, derechos humanos, ¿vamos a sacrificar derechos humanos para dar resultados a la nación? Es peligroso. Es peligroso que nos digan que somos corruptos, porque se liberó a una persona cuando no había pruebas. No existe la presunción de culpabilidad, existe la presunción de inocencia. Nosotros nos basamos en pruebas. En pruebas. Por favor, fiscalías, la sociedad les reclama que presenten pruebas.
Y si hay un juez corrupto, les exigimos, por favor, a la sociedad en general, a todos los que están aquí presentes, que, si las tengan, las presenten, porque no queremos ningún juez federal, un juez de amparo corrupto, fuera, fuera, soy la primera en reclamarlo.
Y si alguien tiene 50 familiares en el Poder Judicial Federal, que los saquen. Hay que preguntarle al ministro Zaldívar, que fue encargado de la política contra el nepotismo, hay que preguntarle qué más hizo, porque él fue el encargado. Lo que se le ocurrió fue que para actualmente realizar contrataciones necesitamos pedir autorización a un Comité de Ética y si no nos lo autorizan, no nos los aceptan.
Si quieren más rendición de cuentas a la sociedad, claro que sí, estamos abiertos a esa rendición de cuentas, a esa transparencia, porque se trata del dinero de los mexicanos. Los mexicanos han invertido 30 años en sus jueces de amparo, van a invertir 7 mil millones de pesos más o el equivalente a la elección presidencial para elegir nuevos juzgadores.
Nosotros estamos comprometidos con el cambio, sí queremos una transformación real para todos, para las víctimas, para las fiscalías, que se tomen en cuenta las condiciones laborales de trabajo, de los policías, de sus viudas, que tienen pensiones mínimas. Los policías a veces tienen que comprar sus uniformes. Las fiscalías no tienen el personal que se necesita. Nosotros también estamos así.
Y les agradezco que abran este diálogo, eso ya es muy valioso, ya están haciendo historia, claro que sí, porque estamos todos aquí dispuestos a colaborar. Pero, colaborar no significa cooptar, tampoco significa sumisión, nosotros somos independientes y vamos a defender eso siempre.
Mexicanos, yo les hablo a todos ustedes, tienen jueces en México y juezas. Yo soy una juez de carrera judicial y soy incorruptible. Y si no, presenten las pruebas en mi contra y me voy, porque así tienen que hacerse las cosas. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, Marlen.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Para darle continuidad a este diálogo vamos ahora con la siguiente ponencia, que corresponde a la consejera de la Judicatura Federal Celia Maya García. Recordar a nuestra audiencia que ella es doctora en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, también cuenta con una maestría en derecho procesal penal por el Centro de Estudios de Postgrado Campus Puebla y recordar también que el 19 de septiembre del año pasado el Senado de la República la designó consejera de la Judicatura Federal. Por favor, consejera, adelante con su participación.
La ponente Celia Maya García: Buenas tardes a todas y todos, celebro que el Congreso abriera este espacio para debatir acerca de la iniciativa de reformas a la Constitución hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de esta anualidad. No podía ser diferente en un país democrático en el cual impera el diálogo, la racionalidad y la libertad de pensamiento y de opinión respecto a todos los asuntos relativos a la cosa pública.
Pero ahora y precisamente cuando se versa la transformación profunda del Poder Judicial en toda la nación, con pensar mío, porque 40 años en la impartición de justicia, imagínense que no oigo argumentos ni planteamientos que expresen un posicionamiento favorable de defensa del Poder Judicial, por el contrario, en la calle, en los centros de trabajo, en las oficinas públicas, en los círculos políticos, en la academia, no de hoy, sino de lustros, se vienen acumulando agravios y los señalamientos que mencionan los desvíos del Poder Judicial, su extravío en los dominios de la cerrazón, del formalismo, de la inaceptable lentitud en la resolución de los asuntos que le son cometidos.
Se dice que es un poder impasible e insensible a la crítica, inoculado contra los cambios e impasible ante la desesperación y angustia de la gente que reclama justicia. La pésima imagen que su actuación inaceptable se ha ido conformando en la sociedad, al parecer lo tiene sin cuidado, sin percibir que ya el pueblo ha emitido un veredicto. Este consiste en una renovación desde los cimientos, una refundación para que haya en el país verdadera y eficiente justicia.
La puesta en ejecución de la decisión final del constituyente permanente sobre la reforma del Poder Judicial generará infinidad de cuestiones incidentales que requieran soluciones directas que no fueron incorporadas en el texto sancionado, pero son cuestiones menores y no requieren pronunciamiento congresional, pero sí demanda un mando que defina lo que ha de hacerse por un lado y por otro.
Es conveniente que se realice un seguimiento y evaluación de los avances y problemas que vaya teniendo la ejecución de la reforma constitucional. El inmediato antecedente es el de la reforma constitucional de 2008, cuando se creó un Consejo Coordinador para la implementación del sistema de justicia penal cuyo órgano ejecutor fue una secretaría técnica.
Me parece que en estos casos eso pudiera operar y que se contemplara en los artículos transitorios un órgano colegiado para la implementación, seguimiento y evaluación de la reforma del Poder Judicial.
Desde luego, este órgano dependería del Congreso de la Unión y tendría una duración acotada al momento en que los ministros electos y las nuevas agencias judiciales superiores entren en funciones.
La complejidad del proceso de elección del personal judicial que estipula la reforma constitucional propuesta aconseja, como ya se ha escuchado en estos foros, que haya gradualidad en su ejecución, sin que ello signifique dilación o postergación, sino asegurar una plena ejecución sin defectos, sin desvíos, sin desnaturalizar o amañar la intención de esta transformación institucional.
Por ello, propongo que la elección de magistrados, pues efectivamente se haga por etapas, teniendo como criterios circuitos, por ejemplo, y que mientras llega el término del proceso electoral, pues si se van dando vacantes, pues los nuevos titulares sean sustituidos en la forma que ya previene la ley y ya podríamos tener ahí los primeros espacios para los futuros candidatos.
En estos foros también se ha planteado el supuesto del ingreso a la judicatura federal de abogados que no posean experiencia en el servicio judicial, lo que deviene en un inconveniente que puede resultar en agravio de los justiciables, por lo que debiera introducirse un requisito, para este caso, de que los que van a los cargos de juez de distrito o magistrados de circuito, además de los requisitos legales, título, edad, honorabilidad, reciban y concluyan un curso de inducción para adquirir los haberes que no pudieron haber contemplado en su carrera, tópicos como redacción de resoluciones, control de convencionalidad, argumentación, terminología forense, sistemática judicial. A todos los participantes, por supuesto. La escuela, la escuela judicial, les otorgaría la respectiva constancia.
Para concluir pues, les repito, que no hay duda alguna acerca de la pertinencia de una reforma que introduce en el sistema judicial de nuestro país, la transformación más profunda desde el constituyente de Querétaro de 1917, y todo esto es para alcanzar la demanda social, más patente en la historia nacional. La aspiración de alcanzar justicia. Por eso, adelante con la propuesta presidencial, porque el pueblo así lo quiere, porque así tendrá la justicia que reclama. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, consejera Ciela Maya, por su primera intervención.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos a continuar este diálogo con la participación de Ernestina Godoy, que es senadora electa en representación de la Ciudad de México y fue elegida por la doctora Claudia Sheinbaum, para ocupar el puesto de consejera jurídica de la presidencia. Es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la máxima casa estudios de la UNAM y en 2018 fue nombrada procuradora de Justicia de la Ciudad de México, cargo en el que tuvo también un periodo de transición de procuraduría a fiscalía. Así, que, por favor, senadora electa, con su participación.
La ponente Ernestina Godoy Ramos: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todas y a todos. Agradezco muchísimo la invitación que me hace el Congreso, especialmente al coordinador Ignacio Mier y al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, para participar en este foro. He participado en algunos otros, seguramente nos hemos visto en algunos de los estados.
Primero quiero felicitar a la Cámara, al Congreso, por este ejercicio democrático de parlamento abierto que hoy concluye. Que hoy concluye a partir de ocho foros que se hicieron a lo largo y ancho del país, pero que además provocó esta apertura, que se discutiera y que se siga discutiendo en las universidades públicas, en las universidades privadas, en los colegios de abogados.
Está el tema del Poder Judicial en la opinión pública y eso es gracias a que el Poder Legislativo actual decidió abrirlo. Y decide abrirlo –ahora nosotros vamos, yo voy como senadora electa en el mes de septiembre–, decide abrirlo no para un diálogo de sordos, sino para realmente escuchar, realmente saber qué es lo que se está sintiendo. Y no solamente entre quienes pertenecen al Poder Judicial, que es muy importante, sino también entre la ciudadanía, también entre los justiciables, digamos.
Entonces, han sido diálogos muy muy ricos, que yo felicito al diputado Juan Ramiro Robledo, que sé que han estado sistematizando. Mientras algunas comisiones ya se fueron de vacaciones, ellos siguen trabajando. Han sistematizado todo lo que se ha dicho a lo largo y ancho de estos foros.
El tema al que hoy llama este foro no está en la iniciativa y no está tampoco en el escenario inmediato como para poder decir se va a incorporar. Sería realmente una irresponsabilidad que así se hiciera, porque es un tema que, igual que la reforma al Poder Judicial, requiere de mucho trabajo, de mucho análisis.
Podemos tener todo su diagnóstico, pero vámonos poniendo todos de acuerdo de cómo hacer mejor la procuración de justicia, que yo lo dije en Puebla y que me citó... –¿Verónica te llamas?– Mónica. Es decir, cuando estamos hablando de manera integral en el tema de acceso a la justicia no solamente es el Poder Judicial, qué bueno que estamos empezando por ahí, pero en un tema como la procuración de justicia, sobre todo en este tema penal, que no es la única materia del derecho, pero es una materia muy importante que nos afecta a todos y a todas, que ahí tiene que ser de una manera mucho más integral, que debe tomarse en consideración mirar a las policías, a todos los cuerpos de policías, con una nueva manera de darles importancia a las policías.
A las fiscalías también tenemos que fortalecerlas, de qué manera, de qué forma hacemos que investiguen mejor, los métodos, etcétera, pero también ahí incluye el Poder Judicial y llegar hasta el sistema penitenciario en esta materia penal, porque muchos dicen ¿por qué empezamos por el Poder Judicial, que empiezan en las fiscalías? Yo digo, a ver, el Poder Judicial ve todo, ve el derecho penal, pero también el derecho familiar, que si vemos estadísticas son la mayor cantidad de expedientes que tienen de todos, tanto a nivel local como federal.
Entonces, este es un tema que obviamente se tiene que trabajar, se tiene que analizar con la misma seriedad y con la misma profundidad que se está haciendo la reforma al Poder Judicial. Eso es para decir algo del tema, pero yo quiero decirles, no fue un diálogo de sordos, porque yo he visto cómo están trabajando, estamos muy en contacto, toda la sistematización que se ha ido haciendo y se han ido recuperando grandes preocupaciones.
No se trata de que no va a haber movimiento ni un punto ni una coma, va a haber mucho movimiento en puntos y comas de acuerdo a lo que hemos estado viendo y sé que está trabajando el Poder Legislativo.
Miren, simplemente dos cosas que nos acaban de comentar. Nos acaba de comentar Mónica, todo el tema indígena, pues nada más ni nada menos. Les voy a robar unos cinco minutitos más, perdón, digo, para que no me estén pasando el tiempo.
Nada más esto, les comento, el día de mañana esta Comisión de Puntos Constitucionales va a dictaminar la propuesta que mandó el presidente para reformar el artículo 2o. constitucional está pagando una deuda histórica de más de 500 años. Por fin el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, por fin van a poder presentar toda la, van a tener personalidad jurídica, etcétera y es una de las iniciativas más trabajadas de una manera muy profesional por la Presidencia, por todas las organizaciones de indígenas y mañana, que es Día Internacional de los Pueblos Indígenas la comisión va a dictaminar esa reforma. Entonces, hay una escucha.
Lo que nos dice Marlene Ángeles, que nos lo dice con mucha pasión y a la cual yo con su intervención se gana nuestro respeto, que es una juzgadora, y ella dice: No conozco al presidente, no conozco a ninguno del partido político. Uno de los puntos que se planteó fue que quienes están en funciones en el Poder Judicial tienen pase automático a la boleta.
Entonces, no se necesita conocer a nadie, entonces ya lo estarán viendo. Tiene pase automático a menos que la persona decline, desde los ministros. Si todos los ministros quieren participar y dar la cara al pueblo y decir: Yo quiero seguir siendo ministro ahora por voto popular, porque he hecho esto, esto, esto y esto, y la gente vota por ellos, adelante. A menos que usted diga que no quiere participar, tiene el derecho ya, va a tener el derecho ya de participar. Es el pase automático, atendiendo este tipo de preocupaciones que usted nos ha dicho de una manera muy vehemente aquí.
Entonces, hay muchos cambios a la iniciativa. Yo digo, va a haber muchos cambios porque yo he visto lo que han estado haciendo. Yo preguntaría, por ejemplo, ¿nos va a retomar –diputado Robledo– el tema de las comisiones evaluadoras por cada uno de los Poderes? Que tanto ha insistido aquí el diputado. No es mala idea, una comisión evaluadora por cada uno de los Poderes, porque se van a recibir miles de registros, porque los requisitos, que es una de las grandes preocupaciones que se han planteado, ¿quién va a llegar a la boleta? ¿Con qué calidad van a llegar a la boleta?
Bueno, hay requisitos. Primero están los que están actualmente en la Constitución, pero también se ha hablado mucho de decir cómo es una persona honorable. Cuando uno va a pedir un trabajo o pide una inscripción en una escuela, le piden a uno: –¿Estudiaste derecho? ¿Eres abogado? ¿Quieres trabajar en este tema de derecho agrario? ¿Cuánto sacaste en la materia de derecho agrario? ¿Eres especialista?– Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no que les pongan calificaciones mínimas? Que les pongan cartas de referencia, no solo de dónde has trabajado, de tus vecinos, por ejemplo.
Yo se lo pregunto al presidente de la comisión, porque son cosas que se han escuchado en los distintos foros, que garantizar en lo más posible que quienes estén en la boleta, cuantos estén en la boleta, tengan la calidad no solamente moral, de honorabilidad, etc., sino también profesional.
Y que una vez, esto lo oí en uno de los foros, que una vez habiendo ganado, se sometan, como dice la consejera de la Judicatura, a capacitaciones muy fuertes antes de tomar protesta del cargo, por un lado. Y que tampoco les demos un cheque en blanco, no les demos un cheque en blanco, que tengan un periodo para que sean evaluados con estas nuevas figuras que va a tener el Poder Judicial a través del Tribunal y de la parte interna de administración que va a manejar la escuela, de formación.
Entonces, hay maneras de hacer eso y de garantizar entonces que aun cuando no pertenezcan al Poder Judicial, tengan toda la fuerza profesional, ética, moral para ser juzgadores.
Claro que llevarán, yo oigo a la juez, dice: –Yo soy incorruptible– y esto, digo, anótese en su distrito judicial, que seguramente la gente va a votar por usted. Y la fuerza, la legitimidad que tendrá de ser votada por la gente no se la va a dar ningún político. Así que es un ejercicio único en el mundo el que se está haciendo. Y se está escuchando a la ciudadanía, se está escuchando y se está tratando de resolver.
Yo ya quiero ver el dictamen, espero que no nos tarde mucho, porque además nos va a tocar a los que estamos entrando, pues, canalizarlo, defenderlo y demás ¿no? Pero yo esperaría que muchas de las cosas, incluso, miren, incluso las reglas procesales, ¿no?
En algún lado dice la iniciativa, si es una cuestión fiscal, tiene seis meses para resolver ¿a partir de cuándo? A partir de que yo presenté la denuncia, a partir de que la vivía partir, digo, ya nos vamos a cosas, mil detalles. Igual, penal, un año ¿no? Un año, muy bien ¿sí?
Bueno, tenemos que hacer una serie de reformas legales, yo he ubicado por lo menos 18 leyes ¿no? que tienen que ser reformadas y tenemos que darle herramientas a los jueces para que efectivamente puedan hacer efectivo esto de los procesos rápidos, sin violentar el derecho de defensa, el debido proceso, pero hay efectivamente elementos no esenciales del procedimiento que están siendo tomados en cuenta para liberar a una persona. Lo que nos decía ahorita Rosa Isela y que bien decía la juzgadora, si no tengo las pruebas ¿qué hago? ¿no?
Bueno, sí, bueno, hay detalles que no deberían de ser tan trascendentales. No fue a las 5:20, sino fue a las 20:05 que detuvieron a alguien, se acabó, ¿no? Bueno, son cosas que no son esenciales. En fin, lo que yo digo es, una vez que tengamos el consenso de todos y que salga esto, empieza el trabajo fuerte realmente.
Primero, para hacer que la elección sea realmente una elección exitosa, con convocatorias públicas, abiertas que se difundan, para que nadie que tenga la posibilidad quede fuera ¿no? Que haya esas comisiones evaluadoras, que el INE, plantee de manera muy clara cómo van a ser los momentos electorales, etcétera, pero, además, tenemos que modificar muchas veces para hacer realidad esta reforma y que sea exitosa.
Un tema es respeto y restricto a los derechos de los trabajadores, no hay ninguna afectación y esto porque así está en la iniciativa, pero además que sepan que este gobierno, esta nueva forma de gobernar, que es el humanismo mexicano, jamás aceptaría una vulneración de los derechos de los trabajadores cuando estamos siempre buscando cómo mejorar sus condiciones, no solamente físicas, sino sus condiciones de vida.
Estamos buscando la felicidad de la gente y en eso vamos a seguir trabajando y creo que vamos a ser ejemplo en el mundo de una reforma a un Poder Judicial que nos sigue llevando a caminar por la democracia y todos juntos creo que estamos en posibilidad de hacerlo en consenso con todas las fuerzas políticas de este país. Eso es lo que quería comentar.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, senadora Ernestina Godoy, por su intervención inicial.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Y, para cerrar esta primera parte, vamos a escuchar ahora a Germán Adolfo Castillo Banuet, que es un abogado que ya cuenta con más de 37 años de experiencia en procuración de justicia; litigio; administración pública federal, estatal, y en docencia en investigación. También cuenta con un doctorado en Derecho con mención honorífica y actualmente es fiscal especializado de control regional de la Fiscalía General de la República. Así que, por favor, Germán, adelante con tu intervención.
El ponente Germán Adolfo Castillo Banuet: Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo cordial del fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, quien, desde luego, agradece a la Cámara de Diputados la invitación a este importante foro de parlamento abierto. Y, específicamente, un saludo cordial al diputado Mier; al diputado Robledo; desde luego, a nuestra próxima consejera del Ejecutivo federal, la maestra Ernestina Godoy, que vaya que sabe de procuración de justicia.
Agradecemos también al señor senador Ricardo Monreal por considerar las propuestas que la Fiscalía General de la República ha presentado para mejorar el sistema de justicia penal. Y, desde luego, la Fiscalía General de la República apoya la labor del Congreso de la Unión de realizar una reforma a la impartición de justicia en México no solamente por lo que aquí ya se ha dicho y que no voy a repetir, puesto que concuerdo con ello, sino porque sin duda todos tenemos muy claro que la responsabilidad plena del proceso penal está en manos de las autoridades judiciales.
El Ministerio Público solo es parte y evidentemente cuando hay un rezago, cuando hay demora, en la impartición de justicia, pues, en realidad hay que reclamarle al Poder Judicial.
Sin duda que tenemos mandatos constitucionales como el previsto en el artículo 17 y el 21 donde dice que las penas exclusivamente son competencia del Poder Judicial y que el proceso penal debe de llevarse en los plazos y términos legales. Y ahí está el problema, no solamente es un tema de organización de los Poderes Judiciales, sino de gestión. Y, si me apuran creo que seria más importante mejorar la gestión que inclusive la organización.
Tenemos miles de procesos penales tanto en el fuero federal como en el fuero común, que exceden los plazos constitucionales de más de un año para ser juzgado, por ejemplo, y eso hace que en miles de casos también los procesados que originalmente quedaron en prisión preventiva queden en libertad.
Porque simplemente, las demoras, los aplazamientos, los retrasos en la generación de las audiencias implican el vencimiento del plazo de los dos años que la Constitución establece como limite para poder tener en prisión preventiva a una persona. Y, desde luego, que eso violenta la propia ley.
Por ejemplo, tenemos el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que una vez solicitada la audiencia inicial sin detenido debe de fijarse dentro de los 15 días siguientes.
Al menos, en el foro federal les puedo asegurar que el 99% de los casos no se fija dentro de los 15 días y muchas veces es meses después cuando se fija la audiencia inicial, que desde luego puede ser susceptible de múltiples diferimientos a petición, sobre todo, de las defensas o por causas atribuibles al centro de justicia.
Tenemos también, desde luego, que la realidad como bien decía la compañera Leslie hace que haya que enfocarse mucho en las fiscalías locales y en los Poderes Judiciales Locales, porque, desde luego, que ahí está el 94, 95% de los casos, la Fiscalía General de la República en realidad conoce de aproximadamente el 5% de los casos penales, sí, pero son en su gran mayoría situaciones que afectan valores fundamentales del Estado mexicano como la seguridad nacional y la seguridad pública nacional.
Por ello, es que la gran mayoría de nuestros denunciantes son autoridades federales o en general del Estado Mexicano y de ahí que no tengamos tanta atención a víctimas en particular.
Sin embargo, sí puedo compartirles que gracias al esquema de trabajo que hoy tiene la fiscalía hay una política que te debe cuadrar: Cualquier personas –pero en particular un denunciante–, te debe comenzar a atender máximo en 15 minutos a partir de que tú ingresas a las instalaciones de la Fiscalía de la República y, afortunadamente, también tenemos un sistema de seguimiento de la opinión de nuestros usuarios y en el 98% la gente que fue atendida en la institución estima que fue una atención adecuada.
Esto no quiere decir que estemos señalando que no hay problemas en la procuración de justicia o en la Fiscalía General de la República. Claro que lo hay, decían las compañeras también que nos falta presupuesto. Sí. Por supuesto que nos falta presupuesto. Lo ideal sería tener muchos más agentes, investigadores o policías; en el caso federal, policías federales ministeriales, más peritos, mejores salarios porque no puede ser que un agente del ministerio público de la federación, que se dedica a construir los casos, gane menos de la mitad de lo que gana un defensor público federal y menos de cuatro veces de lo que gana un juez federal.
Obviamente, hay diferencia en la preparación de un juez federal respecto de la de un agente del ministerio público porque gana 150 mil contra 30 mil pesos. No hay comparación y no podemos incrementar sueldos porque no hay presupuesto para ello.
A pesar de ello, tenemos, por ejemplo, se decía del rezago. Les voy a compartir la información de las delegaciones, o ahora fiscalías federales, en el país, que es lo que me toca a mí coordinar: y tenemos que de 700 mil investigaciones iniciadas en el periodo del doctor Gertz Manero, hoy tenemos en investigación inicial 18 mil, ¿sí?; y de esas 700 mil hoy hay menos de mil que tienen más de un año. Todas las demás han sido o determinadas o judicializadas; y dicho por el Poder Judicial, obviamente yo hablo mucho con el personal del Consejo de la Judicatura: Los estamos colapsando con judicializaciones.
Por eso es que ellos dicen que tienen tanta demora en sus audiencias, porque estamos judicializando más que nunca y porque estamos buscando, efectivamente, que se imparta justicia, que se abata la impunidad, pero sin duda nos afectan, estas demoras, en los procesos penales que, digo, a la postre, implican libertad de personas.
Tenemos un caso, por ejemplo, en Tijuana: una persona que entró por armas y drogas. Tenía prisión preventiva, le cambian la prisión preventiva y días después es detenida con una bolsa con restos humanos; es decir, salió a volver a delinquir; y así tenemos cientos de casos de personas que quedan en libertad, vuelven a delinquir de inmediato y a veces se les detiene, a veces no; pero ese el problema, la impunidad. Tengo personas que han entrado siete, ocho veces y no es suficiente para que se les aplique la prisión preventiva justificada.
Por lo anterior, desde luego apoyamos la reforma al sistema judicial en beneficio de los habitantes del país, y cuenten, señoras y señores diputados, con la Fiscalía General de la República para lograr una reforma posible, con sentido social. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a la tercera parte de este diálogo, y consiste en una serie de preguntas y respuestas por parte de los legisladores y de los propios ponentes, personas ponentes, que han intervenido inicialmente. Iniciaríamos con el diputado Braulio López, que tendrá hasta tres minutos para poder formular las preguntas y pedirles que podamos sujetarnos al tiempo; y, en segundo lugar, que pudieran indicar a la persona ponente, diputado, al que le quieren hacer la pregunta para poder a continuación darle uso de la voz. Muchas gracias.
El diputado Braulio López Ochoa Mijares: Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a los ponentes por sus ideas, por sus argumentos. Desde Movimiento Ciudadano lo hemos dicho desde que iniciaron estos diálogos, nosotros creemos que es urgente una reforma al Poder Judicial, pero si y solo si esta reforma fortalece al Poder Judicial, no si lo debilita.
También decimos que la reforma a la justicia tiene que ser una reforma integral, por lo que han expuesto varios de los ponentes y que también esta reforma o cualquier otra reforma se tiene que construir en un diálogo respetuoso con los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial.
Celebro que se han anunciado ciertas modificaciones al no conocer, digamos, ya el dictamen final, no puedo pronunciarme sobre las mismas, así que me remitiré más que nada al texto de la iniciativa.
Desde la reforma anterior, digamos, que hizo durante este sexenio, fue, Movimiento Ciudadano incluso propuso la separación del Consejo de la Judicatura de la cabeza de quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese momento no se hizo la modificación pertinente. Ahorita así viene la iniciativa, por lo cual lo celebramos.
También el tema de que se busque disciplina en el Poder Judicial lo vemos bien, siempre y cuando esta vaya ligada a parámetros objetivos. Que se busque que se cumplan los plazos nos parece correcto, no que se revisen criterios en libertad de jurisdicción por los tribunales.
También decir, nos hemos pronunciado sobre la elección en dos sentidos, creemos que es una figura que legitima a los juzgadores, pero la pregunta es, ¿cuál es el método correcto para tener a los mejores jueces? Y ahí nos genera ciertas dudas, dependiendo e cómo se diseñe la misma elección.
Porque lo decíamos, decían algunos que era para que ya no hubiera jueces corruptos y decíamos, bueno, si la elección nos blindaba eso, pues no habría diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales corruptos.
Y luego nos dicen, es que es para combatir el nepotismo. Pues, bajo esa lógica tampoco habría hijos de, sobrinos de, nietos de en la política y los hay.
Y también decirlo, y es algo importante, porque lo planteaba muy bien la jueza Marlen, el tema de acceso, los esquemas, digamos. Hoy yo les preguntaría, ¿qué nos permite, por ejemplo, una persona de bajos recursos, tener una carrera en el que el método le ofrezca justos avances?
Ahorita la representación popular, es más fácil que sea diputado, que sea gobernador, pues más fácil que pueda acceder por la carrera judicial a ser juez, magistrado y hasta ministro, y también ahí nos genera muchas dudas.
Por eso creemos que la elección tiene beneficios, pero también tiene desventajas y hay que verlo así, no es una panacea, sino es cómo hacemos el diseño correcto para que nos dé el objetivo, que es lo que queremos, que haya mejores jueces.
Y ahorita me quiero enfocar, sobre todo, en la integralidad de la propuesta, porque creemos que es importante en muchos sentidos. Yo me acuerdo que, cuando se discutía la reforma educativa, por ejemplo, había una crítica que se me hacía muy válida de un académico que decía: imaginemos que va un camión con la transmisión y la suspensión desecha en un camino de terracería, de subida y con gasolina de baja calidad, y lo que decimos es que no llegó a tiempo por culpa del chofer. Y creo que parece algo similar en el tema del Poder Judicial.
Miren, 9 de cada 10 delitos cometidos no son denunciados, 8 de cada 100 denuncias se abren carpetas de... De 100 denuncias solo se abren 8 carpetas de investigación y solo 0.34 % de los delitos llegó a una jueza o a un juez, y decimos: la culpa es del Poder Judicial. Entonces, si no abordamos justo esto en un sistema, pues no resolvemos lo que queremos o se pretende resolver.
Y también decirlo, porque se ha optado a una figura que por las deficiencias en muchas partes de este sistema ha llevado a la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva oficiosa, no lo digo yo, lo dicen tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues que es violatoria de derechos humanos y ha sentenciado al Estado mexicano por esa circunstancia y se tiene que modificar.
También hay que decirlo, y lo digo de verdad, con mucho respeto, pero sí me... Yo veo muy bien que se abra justo a jueces, a magistrados, a juezas, a magistradas en funciones la elección y que participen, pero también creo que no hay que tratarlo a la ligera y lo digo, porque la jueza Marlen se ganó su espacio como jueza ya de acuerdo con las reglas del Estado mexicano y es algo que tenemos que proteger, es como si le dijéramos a los que están ahorita en las Olimpiadas o cuando hicieron su concurso, cuando ganaron, no, pues ahora sabes qué, vamos a cambiar el método, ahora va a ser por elección popular definir quién va a ir a las Olimpiadas y esas personas ya se habían ganado su lugar y creo que las tenemos que tratar con el máximo respeto y en el mejor entendimiento.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Diputado Braulio, si podemos ir concluyendo, por favor.
El diputado Braulio López Ochoa Mijares: Ya, concluyo directamente a las preguntas. Y agradezco, de verdad, su atención y su respeto, digamos, por este tiempo que me excedí. La primera, es preguntarle a la jueza Marlen, si considera justo, como lo hice en mi exposición, ¿qué sistema, digamos, permite como está regulado hoy en día, o como se... digamos, la elección popular o la carrera judicial como está diseñada, con sus deficiencias, porque hay muchísimas deficiencias hay que decirlo también, ella misma lo decía, permite el acceso a personas en condiciones más vulnerables a acceder a los cargos máximos de esas, por medio de esos caminos? Es decir, para ser juez o magistrado, para ser diputado o gobernador.
Una segunda pregunta es al abogado Germán. Cuando habla de esta dilación, que también es cierto y hay que decirlo en todos sus... pues es correcto, preguntarle si es solo un tema de lo que había mencionado o también pudiera ser, porque no hay jueces suficientes. Si cree que también, digamos, se requiere más un número de jueces para poder atender estas circunstancias. Y una cosa muy puntual, porque es algo que ha mencionado mucho la sociedad civil, ¿cómo vería la posibilidad de que las policías puedan levantar denuncias?, ¿cómo lo observan desde la Fiscalía?
Y para Leslie, una última pregunta es, si cree que la iniciativa en sus términos justo responde a varios de los problemas que menciono, ¿cuáles sí? ¿Cuáles no? Por sus respuestas, muchísimas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Braulio López.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar las preguntas que formula la diputada Paloma Sánchez Ramos. Adelante, por favor.
La diputada Paloma Sánchez Ramos: Muy buenas tardes. Con el permiso del presídium, por supuesto de mi coordinador Rubén Moreira y de nuestro coordinador Nacho Mier. Unas preguntas, pero antes dejar el mensaje. En la oposición lo dejamos claro, sabemos que necesitamos un mejor sistema de justicia. Sabemos que debemos, juntos, construir esta reforma.
Festejo estos foros, pero en realidad que, en el fondo, sí se han escuchado todas las voces y, en especial, más que nosotros, como políticos, pues un ejemplo de ello es nuestra jueza, que escuchó un reclamo –que lo pudimos ver todos– con desesperación, porque de cierta manera el mismo sistema, creamos que fuera de carrera, pusimos la reglas y venir de febrero para acá a hacer un cambio completo, pues creo que es muy justo que de verdad escuchemos a una voz como la que vimos ahorita, desesperada, porque realmente se tome en cuenta lo que ahorita está exigiendo.
Escuché detenidamente lo que nos dice nuestra senadora, bueno, próxima senadora Ernestina, donde dice, bueno, va a haber oportunidad para que ellos pues sean los primeros en alzar la mano y poderse postular. Pero yo lo que escucho es que no quieren eso, o sea, realmente no están buscando esta postulación.
Ayer escuchaba comentarios donde decían: bueno, va a ser ahora gradual. No me queda claro y esa sería mi pregunta, ¿de qué forma se va a implementar, de qué forma va a ser gradual?
Y la otra pregunta que a mí me inquieta en esta, que decimos, que necesitamos una reforma de fondo, es ¿en qué vamos a reformar realmente las fiscalías? Porque ahí es donde ni siquiera llegan a los jueces los casos porque ni siquiera le dan un debido proceso, no hay realmente un seguimiento a lo que están demandando o a lo que están pidiendo justicia.
Me gustó la intervención, por ejemplo, igual, que hablaba nuestro coordinador Nacho Mier, donde hablábamos de que ahora sí hay que hablar de seguridad o hay que meter estos temas donde realmente podemos, que se involucren las procuradurías. Mi pregunta es eso, ¿realmente vamos a poder dentro de esta reforma que se incluya la parte de las fiscalías? y cuál –cuando se incluya– ¿cuál va a ser el presupuesto que vamos a incluir para los estados? Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputada. Nada más para la pregunta ¿se la dirige a algún ponente en particular o a quien quiera responder? Muy bien. Entonces, la planteamos de manera general para los ponentes que quieran responder.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al diputado Miguel Rodarte, para que pueda plantear su pregunta o preguntas. Adelante, por favor, diputado.
El diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara: Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan al presídium, cómo les va. Gracias por estar aquí a cada una de ustedes. Pues han sido ya nueve foros en los que hemos estado en esta nueva etapa de construcción, de diálogos nacionales, respecto a esta reforma al Poder Judicial que presentó el presidente de la República el pasado 5 de febrero. Hemos analizado ya varios temas en estos últimos estábamos viendo o analizando temas que precisamente la iniciativa no contemplaba y que con un dejo de inocencia en la oposición pensamos que podían ser parte de la reforma integral.
¿Por qué? Porque consideramos que el objetivo primario de cualquier reforma al sistema de justicia es, como lo hemos dicho, en todos y cada uno de los foros, es reformar lo que le duele al pueblo mexicano en la justicia cotidiana. No es cómo se eligen los jueces. No es cómo, cuántos ministros hay en la Suprema Corte de Justicia. ¿Esa es una reforma? Sí. Sí es importante, y lo hemos dicho.
También la reforma administrativa, separar el Consejo de la Suprema Corte, pero el tema está, el objetivo primordial está en las fiscalías, en reformarlas, en modernizarlas, en los poderes judiciales locales, en que la gente tenga la defensoría que se merece, en que los que no tienen recursos, que acuden día con día a las fiscalías a que se les resuelvan sus problemas y no tienen ni siquiera la manera de pararse frente a un Ministerio Público porque no tienen la debida representación. Si eso no nos duele, si eso no lo queremos cambiar, ¿qué estamos haciendo aquí como legisladores, compañeras y compañeros?
Nosotros sí queremos una reforma integral, una reforma que toque los temas que a la gente le duele, que la gente quiere que se cambien. Nosotros sí queremos ser parte de una reforma integral y no solo ser parte, como ustedes quieren serlo, del oficialismo, de la iniciativa que les envió el presidente de la República para cambiar a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Nosotros pensamos que podíamos ser parte de una reforma mucho más integral y una reforma que realmente se abocara a estos temas que yo he mencionado.
Reconocer también y aprovechar para darle un abrazo desde aquí y enviarle mi reconocimiento a la jueza Marlen Ángeles Tovar que, como usted hay muchas otras y otros en el Poder Judicial de la Federación, y también en los Poderes Judiciales locales, que han hecho las cosas bien, que se han preparado, que han iniciado de abajo, que han llegado bajo las reglas y condiciones, bajo los exámenes más exhaustivos y que ahora están en los lugares que deben estar para juzgar lo que deben juzgar.
No se merecen... –Regáleme cinco minutitos para que no me esté pasando papelitos, por favor–. Gracias.
Están en el momento. Tres, le concedo a don Leonel, discúlpeme. Para estar –¿Ven? Me quitan la inspiración que yo traía. Pero, que estén en el lugar que tienen que estar como jueces, que deben estar ahí y que no deben ponerse ni deben ser juzgados en un paredón por hacer las cosas bien, por haber trabajado, por haberse superado y por tener al día de hoy lo que buscamos como mexicanas y mexicanos en la justicia.
Así que Acción Nacional reitera que siempre vamos a estar a favor de una reforma integral, siempre vamos a estar a favor de reformar aquello que hace falta en nuestro sistema de justicia, pero nunca vamos a estar solo por cumplir con alguna cuestión que haya enviado el Ejecutivo federal que no haga sentido y que no tenga de fondo sí cambiar la vida de las y los mexicanos para bien y para que tengan una justicia gratuita, expedita y pronta.
Preguntas muy rápidas. Respecto al tema en cuestión, ¿cómo podemos evitar –le pregunto aquí a don Germán– la sobrecarga y el desgaste de nuestro sistema de justicia penal y aprovechar mucho mejor los recursos, los pocos recursos que tienen asignados en las fiscalías para enfocarse en los estados de mayor relevancia? ¿Existen maneras de poder hacer eso con lo que tenemos al día de hoy, con las reformas que se han hecho al día de hoy?
Y también hacer otra pregunta para Leslie, Leslie Jiménez, es muy complicado, en verdad, en el tema de procuración de justicia poder llevar una carpeta de investigación, y esto es sin colores y apartidista, llevar a ser... a buen término, llevar a buen término una carpeta si no tenemos ni siquiera o no tienen ni siquiera los recursos para una impresora, no tienen ni siquiera los recursos para poder hacer una investigación más o menos con los elementos mínimos y con la técnica mínima.
Y eso no es un tema, y creo que es un tema que en verdad va más allá de los partidos, creo que es un tema donde debemos enfocar como Cámara de Diputados el presupuesto, como el Ejecutivo federal en política pública, cómo enfocar esos recursos pocos, los que haya, para que realmente funcionen y se pueda tener fiscalías que realmente se enfoquen a los problemas, perdón, a los asuntos mucho más relevantes, de mayor impacto y que puedan tener esos elementos que el día de hoy no tienen. Decían hasta papel de baño no se tiene. En fin, que pudiera contestar eso, doña Leslie, por su atención muchas gracias.
Y gracias también, reconozco al presidente de la Comisión de Puntos, por último, de Puntos Constitucionales, al diputado Juan Ramiro Robledo, por este esfuerzo de nueve foros, viajar por el país, a los coordinadores, a Ignacio Mier, a Rubén Moreira, también a Braulio López Ochoa, mi coordinador, Jorge Romero Herrera, que han hecho este esfuerzo por generar nueve foros más para que la gente pudiera tener un espacio de reflexión, de análisis y de opinar lo que crean que es mejor para la justicia mexicana. Enhorabuena. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Miguel Rodarte.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar al diputado Leonel Godoy Rangel, para también hacer sus preguntas.
El diputado Leonel Godoy Rangel: Buenas tardes. Me da... ah, es que lo estoy grabando. Gracias. Gracias. Con el permiso del presídium. Amigas y amigos de Sinaloa, diputadas, diputados, senadoras, senadores, hoy concluyen estos foros de los diálogos nacionales que implementó la Junta de Coordinación Política, que decidió la Junta de Coordinación Política e implementó la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
A partir de esta misma semana se hará lo necesario para que la iniciativa del presidente de la República en el tema de la reforma al Poder Judicial tenga los reclamos, las peticiones que en los foros que se realizaron en el país sean considerados, como ya lo dijo la senadora electa Ernestina Godoy.
También quiero decirles que se escucharon todos los reclamos, se dijo que la reforma, la iniciativa era solo sobre el Poder Judicial y es cierto, lo dijo el representante de la Fiscalía General de la República. La parte más importante del sistema de justicia más allá de ministerios públicos, de peritos, de abogados, de defensores de oficio, la parte más importante es el Poder Judicial. Ellos son los que les corresponde decir, aplicar las leyes, hacer justicia, y por eso hubo foros sobre los Poderes Judiciales locales en Puebla, hubo foros sobre defensoría de oficio y litigantes en Saltillo, y hoy hay este foro aquí sobre el Ministerio Público y la policía preventiva.
El sistema de justicia penal para ser integral requiere de la participación efectivamente de la policía preventiva, que ahora en el nuevo sistema es el primer respondiente, y también tiene, por cierto, tareas de investigación. No sé si Braulio o Rodarte lo preguntaron. Y por el otro lado, el Ministerio Público ahora tiene una tarea fundamental en el sistema de justicia penal, y perdió, por cierto, el monopolio de la acción de la justicia.
Entonces, estamos, voy a hacer lo que hicieron Braulio y Rodarte, que se tomaron cuatro minutos y tres. O sea, siete para mí. El Ministerio Público perdió el monopolio de la acción de la justicia y lo ganó la ciudadanía. Tiene ahora mayores atribuciones o mayor participación en el sistema de justicia penal.
Por eso creo yo que esta primera parte, ya lo han dicho varios –lo dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum–, que vendrán otras propuestas de reformas a la Constitución. Y aquí estamos muchos que participaremos en ese debate a partir de septiembre y en los meses posteriores para que tengamos un sistema de justicia penal integral, novedoso, moderno, conforme a las necesidades de lo que hoy reclama el pueblo de México.
Pide una profunda reforma judicial. Pide también una profunda reforma del sistema de justicia. En las asambleas, en los mítines que realizaba la doctora Claudia Sheinbaum, siempre preguntaba sobre dos temas: ¿Cómo quieren ustedes que se elijan a los juzgadores? ¿En voto de la gente o por el Senado? Y la inmensa mayoría siempre planteaba que fueran electos por la gente.
Yo creo que debemos de quitarnos los dogmas que tenemos al respecto. Y, por cierto, en ninguna parte de la iniciativa dice que esta elección serán propuestas por los partidos políticos. Al contrario, lo prohíbe expresamente y prohíbe que haya recursos privados para esta elección.
Por eso yo quisiera preguntar en este tema del Ministerio Público a Ernestina, al representante de la Fiscalía y a la fiscal de aquí de Sinaloa, ¿cuál es el papel que creen que deben de tener ahora en este nuevo modelo el Ministerio Público?
Y, por cierto, si los peritos en algunos lugares como en la Ciudad de México, pertenece la medicina forense al Poder Judicial y la ejecución de las sentencias, que es otro tema que no se ha tratado, que algo lo comentó Ernestina, las cárceles, la ejecución de las sentencias, que ahora hay jueces de ejecución de sentencias y hay otra parte que administra el Poder Ejecutivo a través de los Comités Técnicos Interdisciplinarios y la administración de los reclusorios.
Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el papel que deben de tener en este nuevo modelo los ministerios públicos? Y si ustedes creen que deben de ser electos los fiscales. Para la fiscal de Sinaloa, para Ernestina la senadora electa y para el representante de la fiscalía general de la República, los tres que pertenecen a esta gran institución que es el ministerio público. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, diputado Leonel Godoy.
El moderador José Omar Sánchez Molina: En el orden en que fueron solicitados, les pido a los ponentes iniciar con la respuesta hasta por tres minutos, que pueda dar Marlén, a los planteamientos del diputado Braulio López, también del diputado.
La ponente Marlen Ángeles Tovar: Traje la Gaceta Parlamentaria, aquí está la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente de la República, dice.
En el artículo 96. El Poder Ejecutivo postulará de manera paritaria por conducto de la persona titular de la presidencia de la República, hasta diez personas aspirantes. El Poder Legislativo postulará hasta cinco personas por cada Cámara, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y al Poder Judicial de la federación, por conducto del pleno de la Corte, hasta diez personas por mayoría de votos.
Este es el proceso para ministros, pero también es el proceso para los que somos jueces federales o magistrados federales, es lo mismo, tenemos que estar en una lista propuesta por los diputados, presidentes, senadores o por la Corte. Ese es el texto que yo conozco hasta este momento.
Bueno, yo lo que vengo a exponer aquí en relación con la pregunta que me hicieron, elección por voto popular. Aquí se ha hablado de la estigmatización, por ejemplo, de Sinaloa y, pues, hay que ver.
Yo conozco, los sinaloenses son personas sumamente trabajadoras, comprometidas, luchan por salir adelante a su estado, de la estigmatización, precisamente. Creo que algo similar pasa con los jueces, los jueces federales, pues estamos trabajando y se nos estigmatiza, por eso venimos aquí a rendir cuentas.
Yo, y les quiero hablar de frente también al pueblo mexicano, ¿qué voy a proponer en una campaña? Negarles el amparo a los delincuentes. Ese va a ser mi lema de campaña. Pero es que, ¿qué creen? Yo como juzgadora de carrera judicial no puedo prejuzgar.
La izquierda en México ha luchado por derechos y libertades. Son los principales que fueron perseguidos, fueron desaparecidos en la guerra sucia, los torturaron, les sacaron confesiones... Precisamente ese retroceso no lo podemos permitir en aras de brindar, pues, resultados en la ciudadanía.
Claro que la ciudadanía merece seguridad, sentirse tranquila en sus casas, pero, por congruencia yo creo que el pueblo de México no merece retroceder en sus derechos. No se pueden obtener confesiones bajo tortura ni desaparecer a las personas. Eso lo ha vivido la izquierda en América latina y en el mundo. Ese es un logro de la izquierda: derechos y libertades es lo que se ha ganado. ¿Está dispuesto el pueblo mexicano a perder esos derechos, a que se revierta y que ahora haya presunción de culpabilidad o es presunción de inocencia?
Nosotros necesitamos pruebas. Yo no les voy a prometer nada que no pueda cumplir porque yo soy jueza. ¿Qué les puedo prometer? Lo que les puedo decir es que los juzgadores federales... a los juzgadores federales, aunque nos cesen de manera arbitraria, sin un procedimiento, sin un juicio, sin una prueba en concreto, vamos a seguir trabajando hasta el último día de nuestro cargo como lo hemos hecho todo este tiempo, a pesar de las presiones.
Y les vengo a asegurar... a la ciudadanía, a las personas, al pueblo de México, que, si cualquier autoridad quiere realizar actos arbitrarios, no importa que sea la más alta autoridad de la nación, no importa... si hay una arbitrariedad, si se vulneran sus derechos, hasta el día en que existan jueces de carrera judicial vamos a frenar al poder, le vamos a decir: no, no, no puedes torturar, no puedes desaparecer a las personas, no puedes expropiar ilegalmente su tierra a un campesino, no le puedes clausurar a un negociante si tiene su permiso, no lo puedes hacer, Estado.
Si las mamás quieren investigaciones, las madres de desaparecidos, fiscalías, cumplan con su trabajo, se los exigimos. Yo como ciudadana y también a los policías, por favor, necesitamos que se capaciten. Todos necesitamos capacitarnos. Eso es en lo que creo que se puede avanzar.
Por favor, conservemos la carrera judicial... conservemos la carrera judicial, a los mexicanos les ha costado, a todo el Estado Mexicano les ha costado 30 años de inversión y les va a seguir costando más porque si es un despido injustificado de los juzgadores pues van a venir indemnizaciones que va a tener el Estado. O sea, aquí todo se pierde, se pierde la experiencia, hay controles que se pueden establecer de parte de los Congresos, de la ciudadanía, que entre, que se haga esa separación del Consejo de la Judicatura, de la Corte, que no haya la menor duda de los jueces en México, no basta comparecer independiente, hay que serlo y hay que serlo con rectitud, con hablar de frente aquí, a la cara a todos.
Y lo que nos corresponde es, eso, o sea, pueden venir con nosotros, vamos a seguir cumpliendo con nuestra función, a este juez del Estado de México que es local, que le dijo a la señora del abuso sexual que había cometido respecto de su niña de cuatro años, yo le digo a ese juez, ese juez local del estado de México, claro que se tiene que capacitar. A una niña no se le puede pedir que narre circunstancias de tiempo, modo y lugar, es una aberración jurídica eso no se puede permitir.
Por eso necesitamos que los jueces, juzgadores del Estado como dijo el presidente de la República en México, no se designen más por políticos, por gobernadores, necesitamos personas de carrera, porque las personas de carrera judicial ¿saben lo que pasaría con ese asunto? Claro que ampararíamos a esa señora, a esa mamá, porque eso es justicia.
Y, eso es lo que venimos a ofrecer con la carrera judicial, por favor, por favor, no destruyan la carrera judicial. La carrera judicial vale, de verdad, les ha costado a los mexicanos, visiten un juzgado, visiten un tribunal, están las puertas abiertas, todas las dudas, todas las interrogantes que no quepa ni la menor duda.
Tienen razón los mexicanos en exigirnos, al Estado, al Estado mexicano nos están condenando en sentencias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- ¿Por qué nos han condenado? Revisemos. Indígenas que sufren abusos sexuales, violaciones por parte de la seguridad pública. Por quienes están encargados de protegerlos. Revisemos. Hay asuntos locales... locales que se tardan cuántos años...
El moderador Omar Sánchez Molina: Por favor, podemos ir concluyendo, Marlen, por favor.
La ponente Marlen Ángeles Tovar: ... persona inocente en la cárcel. No se vale, necesitamos una reforma de justicia de a de veras, que reforme a las policías, fiscalías, defensorías, tribunales locales y lo que se requiera de la justicia federal. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Marlen.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora, en el orden en que fueron solicitados, con la participación de Germán, y posteriormente Leslie. Adelante, Germán, por favor.
El ponente Germán Adolfo Castillo Banuet: Gracias. Respecto de si la demora es porque no hay juezas, miren, les voy a dar mi experiencia, miren, por ejemplo, a Colombia, a ver el sistema acusatorio, los jueces en Colombia normalmente llevan entre 10 y 15 audiencias al día. Los jueces del fuero común en la Ciudad de México, llevan entre 8 y 10 audiencias al día. Los jueces federales llevan máximo 3 audiencias al día.
Entonces, ese es el primer problema de por qué hay demora en los procesos. Si es un tema de gestión, del administrador del sistema de justicia o no, eso es un tema del Poder Judicial. Lo cierto es que, se los puedo comprobar, hay laxitud en el diferimiento de las audiencias, por cualquier causa se difieren las audiencias; y más o menos el 80 % es por peticiones de las defensas y los imputados, y el 20 % es por causas de los centros de justicia.
En cuanto a que los policías puedan levantar denuncias, actualmente los policías de investigación pueden levantar denuncias, pueden recibir las denuncias, no necesitan forzosamente llegar ante el ministerio público, sobre todo estamos hablando de casos de flagrancia, donde puede llegar la policía de investigación o ministerial y recibir las denuncias e inclusive practicar los actos urgentes. No tienen que llegar al ministerio público.
¿Cómo evitar la sobrecarga y el desgaste en el sistema de justicia penal? Bueno, obviamente, actualmente los acuerdos reparatorios generan una gran cantidad de soluciones, depende. En el fuero común hay mucho más posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios, o sea, justicia alternativa. Tenemos la suspensión condicional del proceso, que, por ejemplo, les puedo decir que a nivel federal tenemos aproximadamente 15 mil casos en suspensión condicional del proceso, estamos hablando de delitos menores; y, en general, el 97 % de los procesos se solucionan a través de estas dos figuras más el procedimiento abreviado.
Por lo tanto, solamente llega a juicio oral aproximadamente un 3 %; y lamentablemente, a pesar de eso, les puedo afirmar que una vez que el proceso está para el juicio, nos fijan la audiencia después de un año de ese momento, es decir, normalmente nos vamos después de los dos años de haber iniciado el proceso y por eso es que buena parte de los procesados por secuestro, delincuencia organizada, homicidio, etcétera, quedan en libertad antes de su juicio; ¿y qué creen que pasa? Se evaden. Entonces, nunca llegó el juicio y por lo tanto hay impunidad.
Por el otro lado, tenemos que alguien hablaba de los mínimos porcentajes de judicialización. Miren, a nivel federal yo les puedo comprobar que se judicializa, en promedio nacional, el 60 % de los detenidos. ¿Y por qué no judicializamos más? Claro, en algunos casos porque hay irregularidad desde la detención, la puesta a disposición, etcétera.
Pero muchos otros, porque no son de prisión preventiva oficiosa y los jueces se molestan porque se lleve a control de detención a una persona que no está por delito de prisión preventiva oficiosa, aun cuando es una potestad del ministerio público, no es una obligación dejar en libertad, sin embargo, nos declaran ilegal la detención por haberlo llevado a control de detención al detenido.
Y, en el caso de judicializaciones sin detenidos, a nivel federal andamos arriba de un 20 % de los casos. El problema es que tenemos múltiples secretos, de todo tipo. Hay secreto de lo que me digan, y en todos esos secretos tenemos que buscar la autorización judicial. ¿Y qué creen? Nos la niegan normalmente, y muchas veces, apenas recientemente, logramos que el Congreso modificara el código nacional, porque no era apelable la negativa de técnicas de investigación. Entonces, pues nos quedábamos con lo que decía el juez.
Y, de alguna manera, lo que sí les puedo decir es que hemos reducido el 60 % del tiempo que antes se ocupaba para determinar una carpeta de investigación y, por eso es que hemos logrado lo que hace rato les dije, de que solamente tenemos el 2 % de las carpetas iniciadas durante la administración del doctor Gertz en investigación inicial, 98
% concluido.
Y, finalmente, el papel que debe tener el ministerio público en este nuevo modelo, pues por supuesto, el papel que el Constituyente permanente decida. Nosotros somos respetuosos de lo que decida el Constituyente permanente, igual el tema de la elección de los fiscales, seremos respetuosos de lo que decida el Constituyente.
No estamos de acuerdo en que los peritos salgan de la, digamos, de la trilogía de investigación, es decir, que sigan en las fiscalías de la República, porque para una investigación profesional, técnica, científica como se requiere, no pueden estar por un lado los peritos y por otro lado el ministerio público. Tiene que hace equipo de trabajo para que sean investigaciones rápidas y profesionales. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Germán.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Ahora vamos con Leslie, para también dar respuesta a los planteamientos que se le han formulado.
La ponente Leslie Jiménez Urzua: Gracias. Bueno, comenzaré hablando, justo por el tema del papel de las fiscalías en la reforma. No sé si algunos de ustedes han visto este meme de unos niños hundiéndose y cada vez uno se va hundiendo más. Bueno, así es el tema de la carrera en el tema de fiscalías.
Actualmente, las fiscalías no cuentan con un sistema de carreras que se respeten, hablo en lo local. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos en la Fiscalía de la Ciudad de México, contratados por honorarios. No es factible, entonces, tener un vínculo con un operador dentro de la Fiscalía si no tienes una carrera dentro de la institución.
Otro tema importante es, por ejemplo, los auxiliares ministeriales no están reconocidos en la Constitución, solamente hablamos de fiscal, un Ministerio Público, cuando existe un oficial secretario o auxiliar ministerial, peritos, policías.
Respondiendo a la pregunta de la Policía. Si bien es cierto la Policía está obligada, el Código lo señala, a tomar en cuenta las denuncias, por ejemplo, en un caso de violencia sexual digital, Ley Olimpia, una víctima acude a Policía Cibernética y no hay ninguna Policía Cibernética que le inicie la carpeta de investigación, solamente toman un reporte, entonces ahí estamos con el corte de cadena sobre el papel que tienen las instituciones.
No me lo preguntaron, pero lo voy a responder, porque me parece importante también señalar esto. Si bien es cierto el Ministerio Público actualmente no tiene el monopolio de la investigación y se puede ejercitar privadamente la acción penal, es importante señalar que no pasan todos los delitos, solamente son delitos que tiene una probabilidad de punitiva baja, principalmente delitos de querella. Entonces, eso también es una problemática que hay que hablar.
Aquí en Impunidad Cero, la organización que yo vengo representando, tenemos un índice de desempeño estatal de fiscalías que estamos publicando de manera eventual cada dos años y de lo que tenemos en el último número, por ejemplo, de este índice, es que tenemos información que nos han dado las propias fiscalías, pero hay otro papel importante, hay muchas fiscalías que no atienden las solicitudes de información. No son claras, no rinden cuentas. Entonces, tampoco tenemos mucha claridad de lo que están haciendo y desde la sociedad civil no hay una manera clara de exigirles que nos informen lo que están realizando.
Otro tema importante que también tiene que ver con la pregunta sobre el papel de las fiscalías en esta reforma. Actualmente como está la iniciativa, las fiscalías son inexistentes, no están contempladas. Y si bien es cierto, comentaban los ponentes, no podemos centrarnos solamente en materia penal, la cotidianidad de las personas que vivimos en este país nos cruza en materia penal.
Mientras estamos aquí sentados, algunos en sus teléfonos, tomándose fotos, socializando, hay personas que han vivido un delito, personas que han vivido extorsión, violación, feminicidio, homicidio, delitos cotidianos y que van a tener que enfrentarse el día de hoy en su jueves, en lugar de irse ahorita a comer mariscos, van a estar en el Ministerio Público por lo menos unas diez horas en lo que se les atiende, y esto es importante que yo quiero que se vayan de aquí todos los legisladores, quienes han pisado una Fiscalía de lo local, literalmente es perder tu tarde, diez horas aproximadamente en lo que te revictimizan, te traen de un lado para otro, el perito no tiene con qué imprimir, el perito no tiene cómo revisarte, los médicos legistas tampoco tienen materiales para poder revisarte y entonces, si estamos hablando de un sistema integral de justicia es importante que tomemos en cuenta eso.
Y voy a cerrar con una frase que dijo Angela Davis, que es una filósofa antirracial, que lo dijo en un evento de la Suprema Corte sobre materia penal. Tenemos que lograr un sistema imperativo que permita que las víctimas, no solamente tengan justicia, sino que puedan florecer en un sistema altamente punitivo. Muchísimas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Leslie, por las respuestas brindadas.
El ciudadano Gustavo Saavedra: Perdón que interrumpa para tomar el uso de la voz. Vengo a hablar a nombre de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación...
El moderador José Omar Sánchez Molina: Por favor, si nos permite seguir el orden que tenemos establecido. El uso abusivo de la palabra es algo que no está permitido. Por favor, tenemos un formato que hay que respetar, tenemos unos ponentes que están ejerciendo en el orden de la voz.
El moderador José Omar Sánchez Molina: De los ponentes que menciona el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Están mencionados con Ernestina Godoy, que fue la solicitud del diputado Leonel Godoy. Luego, iríamos con la fiscal Sara, que también fue solicitada por el propio diputado Leonel Godoy, después Mónica.
Sí, vamos a darle el uso de la voz después de la fiscal Sara y está también el diputado Rubén Moreira. Entonces, sí, podemos. Adelante, senadora electa, para dar respuesta al planteamiento que le han formulado, así es.
La ponente Ernestina Godoy Ramos: Muchas gracias. Muy puntual. Dice el diputado Leonel Godoy, ¿cuál sería el papel de las fiscalías en esta reforma. Lo dije, no hay papel, no está contemplado el tema de la reforma ni a las policías ni a la Fiscalía en esta iniciativa y en esta discusión que se está dando.
Insisto, tiene que haber una evaluación por ley, tiene que haber una evaluación del sistema penal acusatorio, en este año. Hay ya la suficiente experiencia para decir, ¿funcionó?, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué pasó con las fiscalías autónomas? ¿Funcionaron o no funcionaron? ¿Qué fue lo que impidió, si es que no funcionaron?
Y creo que tiene que hacerse. Yo no sé si a través de la Fiscalía General o a través de la Secretaría de Gobernación, pero tiene que hacerse esa evaluación.
¿Qué veo yo desde lo que nosotros hemos vivido? Efectivamente, o sea, tenemos que reforzar a las fiscalías. Primero, por ejemplo, en la Ciudad de México se establece constitucionalmente que debe tener un plan de política criminal, un plan de persecución penal. Ninguna otra Fiscalía lo hace.
Eso lo obliga la Ciudad de México y eso permite que la Fiscalía tenga metas claras, que además se le tienen que entregar al Congreso. Entonces, tenga metas claras con indicadores claros de evaluación. Eso es lo que ha permitido que al haber, al estar incorporada a una política, a una estrategia general, ha permitido que el papel de la Fiscalía sea muy claro a partir de lo que le toca, pero dentro de esta estrategia general que implica la coordinación, sobre todo la coordinación y la atención a las causas, más y mejor policía.
Y la política, en la investigación a través de la política criminal, de la política judicial, es una investigación científica. Para eso, obviamente, tienes que hacer ese planteamiento y luego ver qué necesitas y, efectivamente, pues necesitas equipo, equipo para poder, equipo técnico para poder investigar en la manera en que se tiene que investigar, pero necesitas una capacitación y una certificación y, en algunos casos, una especialización.
No es lo mismo ni un ministerio público ni un policía de investigación que se encuentra en la Fiscalía de Robo de Vehículos que en la Fiscalía Especializada en Investigación del Feminicidio. Entonces tienes que hacer una especialización para poder ir avanzando.
Son muchos temas que se tienen que trabajar, como una manera de que se homologuen las fiscalías, porque efectivamente, hay una gran diferencia entre una Fiscalía y otra, dependiendo del estado.
Nada más comentar, en el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México se implementó el nuevo, el nuevo Servicio Profesional de Carrera en la que durante tres años se capacitó a todo el personal, peritos, policías de investigación y MP y tienen estabilidad laboral a partir de que acreditaron todo lo necesario para pertenecer a ese Servicio Profesional de Carrera.
Una discusión especial para el tema de las fiscalías y de las policías y del sistema penitenciario es urgente, también.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, senadora electa.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora a escuchar a la fiscal del estado de Sinaloa, a la fiscal Sara, por favor, si puede pasar al pódium para brindar respuestas.
La fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada: Con su permiso. Me pareció entender que la pregunta dirigida a cierta servidora, era qué opinaba respecto a la elección o el método de elegir fiscales en Sinaloa ¿verdad? Bien, bien.
Bueno, al respecto, primero pues aclaro que no viene incluida en la reforma que ahorita nos ocupa en las fiscalías. En el caso de Sinaloa, y lo voy a contestar como si fuera una ciudadana, no como la fiscal. Se elige de acuerdo al artículo 76 de la Constitución estadual, por medio de los diputados. Es decir, el fiscal o la fiscal son elegido por quienes fueron elegidos democráticamente. Yo creo que es su legal legitimidad a un fiscal o a una fiscal. Entonces, no vería yo de momento la necesidad o que en la reforma incluyera un método diferente para elegir al fiscal o a la fiscal.
En cuanto a lo demás, yo opinaría, y aprovecho la oportunidad que se me da, para insistir en que es muy necesario que la trilogía penal gane lo mismo. Cuando se dijo del proceso acusatorio que fue en el 2008, que hubo tantas reticencias al respecto y que ahorita yo me atrevo a asegurar que nadie piensa siquiera en retroceder y dirigirnos al sistema anterior inquisitivo, sino que ha demostrado las bondades el nuevo proceso penal acusatorio. Que, pues no, ya no tiene nada de nuevo ¿verdad? Porque fue desde el 2008 y ya todos navegamos en él, todos los conocemos, conocemos sus bondades. Ha habido problemas como en todo, pero al final parece que hemos salido airosos.
Entonces, considero yo que cuando se nos estaba mentalizando o capacitando para enfrentar el proceso acusatorio, se nos dijo que deberían de ganar igual los agentes del Ministerio Público y los jueces. Ahorita no es así, y yo aprovecharía porque si va a haber alguna reforma, que se haga realidad esa promesa que se hizo y que a los agentes del Ministerio Público tengan la misma prestación que los jueces. Estamos bastante abajo, la diferencia es grande y considero que eso sería un aliciente. Tenemos mucho trabajo.
Ahorita escuché que decían que se tardaban hasta diez horas en recepcionar una denuncia. Quiero decir que al respecto hemos sido muy cuidadosos y la instrucción es de que se atienda a la mayor brevedad y en el menor tiempo posible. Claro que a veces hay denuncias que por su complejidad y por la forma de expresarse de la víctima, pues sí nos lleva más tiempo. Pero no es esa la intención y es un rubro que estamos analizando.
Y, de todas maneras, finalmente si viene alguna reforma, pues la enfrentaríamos y seríamos respetuosos de ella. Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, fiscal Sara, por sus respuestas.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con Mónica, que ha solicitado hacer uso de la voz, y después el diputado Rubén Moreira.
La ponente Mónica Ferreyra García: Agradezco la oportunidad de poder dirigirme al diputado Braulio, que lo hemos visto muy inquieto en los anteriores foros, y trataré de hablar de tres aspectos que él aborda, de manera muy rápida.
Maneja el diputado si las personas de escasos recursos podemos acceder a ser parte de los juzgadores. Yo, decirle que el espíritu precisamente que he captado en los foros, a través también del proyecto que se emite, es de dar la oportunidad a las personas que tenemos cierta especialización de estar en la misma palestra, en el mismo nivel.
En los colegios los litigantes, los usuarios de la justicia están en un nivel de expertise, están en un nivel de práctica, están en un nivel de poder proporcionar lo que históricamente hemos quedado a deber a diversos sectores sociales que hoy el clamor fue generalizado en el país.
Decirles que sí, efectivamente, el compañero tiene razón, es diferente los jueces que los magistrados, debido a las cargas, debido a los sueldos, debido al presupuesto, que en el tercer punto tocaré. Pero, sobre todo, que como litigante y como miembro de los colegios de abogados de las mujeres indígenas, advierto la discriminación que nosotras vivimos en las salas auxiliares cuando te turnan los expedientes y van a los estados distintos expedientes.
Un ejemplo, de Michoacán, en materia indígena, materia comunal, derecho de las mujeres indígenas, lo turnan a Sinaloa, lo turnan a Zacatecas y de pronto preguntas: ¿cuál es el parámetro para enviar mi expediente a un tribunal foráneo? “Ah, es que fue insaculado”.
La verdad es que son juicios difíciles, son juicios que visten de una complejidad, en donde no fácilmente podemos entrar al estudio de derechos indígenas constitucionales y de los derechos procesales.
Quiero hacerlo bien patente este punto porque es dado que esta es la oportunidad histórica, en donde gente que tenemos y que adolecemos de esta parte de la justicia. Vamos a entrar por primera vez, dicen los ponentes: “va a haber un piso parejo”. Es decir, los colegiados, los jueces, los magistrados van a tener la oportunidad de facto. De facto ellos están dentro.
Simplemente hoy es una oportunidad histórica de quienes ejercemos el derecho y de quienes tenemos esa intención, ese interés de poder servir a través de la experiencia que tenemos, de lo que no nos fue dado históricamente.
Dos, la revisión en su integridad. La consejera jurídica nuevamente lo ha reiterado: este es un ejercicio gradual, es una cuestión de ir adaptando, de ir puliendo esta parte desde los presupuestos de los tribunales, de los presupuestos de los jueces, que es una parte muy importante. Pero quiero tocar algo muy muy importante que es los trabajadores de los tribunales. No tenemos las mismas prerrogativas quienes ejercen el cargo desde el alto mando a los trabajadores que se encuentran en la escala baja.
El trabajador de la escala es el que recibe, es el que trabaja, es el que recibe la mayor carga procesal y, sin embargo, no son equiparables, como lo hemos estado viendo, tampoco los sueldos de los trabajadores. Esta es una desigualdad muy latente que es necesario que se revise de manera puntual.
Los presupuestos, tenemos fideicomisos que son los que detecta esta reforma. Estos fideicomisos que no son ejercidos a cabalidad o que tienen remanentes abundantes y que no han sido bajados para los trabajadores, hoy es tiempo, hoy es tiempo de lo que les quedamos a deber a los trabajadores para poderles dar una respuesta.
Finalmente, yo quiero decirles que traigo el ámbito agrario por lo que dije, se nombraron nueve magistrados contrarios a esta reforma y pedimos que se metan en el mismo sistema, que también sean evaluados, que también sean votados, porque ellos son los que resuelven los temas indígenas y porque muchos de ellos no tienen ni siquiera la perspectiva de lo que son los pueblos indígenas ni la cosmovisión, ni tampoco entienden cuál es la parte intercultural o pluricultural que vivimos las comunidades indígenas.
Y, finalmente, reiterar que en la revisión del 0.2 que maneja nuestra juez Marlén, nos está diciendo que este 0.2 debe de ser revisado y debe de ser revisado porque debe de ser atingente y debe de ser equiparable, equitativo.
Termino diciendo mi intervención que no se puede juzgar a los que por naturaleza somos desiguales. Hoy estamos pidiendo la oportunidad de los que somos los expertos o los que tenemos cierta especialización en las materias, la posibilidad de poder estar allí donde el pueblo está esperando la justicia, la justicia de los sectores sociales que hemos quedado a deber, todo lo que son grupos indígenas, mujeres, campesinos, adultos mayores y todo lo que son niños, ellos que quedan en la zaga, que no han tenido voz entre los juzgados, hoy estas gentes estamos dispuestas a poder acceder y poder dar la pelea en temas sociales que hemos quedado a deber. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, Mónica.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con las respuestas que pueda brindar el diputado Rubén Moreira Valdez.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, Omar. Bueno, quiero dar respuesta a varias cosas que planteó la diputada Paloma y el diputado Braulio. Bueno, hay un tema que es importante, la respuesta es una respuesta del Estado mexicano a una dificultad que hoy tenemos, que es lo que todos hemos dicho de alguna manera, no hay justicia como nos gustaría que fuera, no es una competencia entre todos nosotros.
Yo creo que, en el centro de eso, Juan Ramiro, va a ser hablar sobre temas presupuestales. Hay 0.33 jueces federales por cada 100 mil habitantes, más o menos 4 si sumamos los jueces locales. Grecia tiene 40 por cada 100 mil habitantes.
El juez mercantil, uno de los jueces mercantiles de Monterrey tiene 15 mil juicios, los podrá resolver o a lo mejor necesitamos 30 juzgados más. pero lo mismo puedo decir que sucede en muchas fiscalías, en las defensorías de oficio. Lo mismo puedo decir de esta cosa que se batalla mucho, que son los dictámenes de los peritos, porque faltan peritos, lo justo que es que la trilogía tenga el mismo salario.
Yo fui secretario de una sala del tribunal y conmigo llegaba el Ministerio Público y ganaba una cosa, y llegaba el defensor y ganaba otra y yo ganaba más. Sí, pero de lo que se trata es de que todos suban, y luego un día en el Poder Judicial donde yo estuve ganaba más el secretario de sala y ahora gana más el juez. Pero ahora gana mucho menos el juez que lo que gana el magistrado.
Bueno, es un problema de presupuesto y de si va a ser una política pública de este país la justicia. Y entonces digamos, tanto del producto interno bruto lo vamos a dedicar, tanto porcentaje del producto, a la justicia, y lo vamos a redistribuir en los estados, porque a los estados, ya lo dije hace rato, les masamos muchas cosas.
Segunda cosa rápida a lo que se dijo acá. En 2010-2011 se hizo una reforma constitucional por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Duró tres, cuatro años, pero también en todas las legislaturas de los estados, y decidimos poner al centro la libertad de las personas y los derechos humanos. Como consecuencia, los jueces empiezan a resolver de esa manera.
Yo estoy de acuerdo, pero entonces no les pidamos que hagan otra cosa distinta, entonces la presunción de inocencia, entonces el control difuso, entonces el control de convencionalidad, porque está ahí, es una obligación para bien del país.
¿Qué queremos, hombre? Tiene que interpretar de esa manera la ley y la Constitución, y los derechos humanos son progresivos. Oye, no nos gusta. Bueno, nosotros somos una democracia y se votó por todas y por todos, y los actores políticos están ahí, somos los mismos, somos los mismos en reelecciones y todo esto y plurinominales, entonces somos los mismos.
Termino con lo siguiente. Yo me solidarizo con usted, juez, porque usted es una persona técnica, es una persona que ha estudiado, es una persona que resuelve y que hoy la quieren enfrentar a un problema. Ahora que te elijan, la verdad es que sí puedes jugar. Sí, pero no quiero jugar, yo soy una persona técnica. ¿La vamos a abrir para todos?, pues abrámosla para todos y todos jugamos para ministro de la Corte, a ver quién gana. Pues de eso no se trata.
También aprecio lo que por acá se dice que hay una diferencia –y lo dijo usted– entre los ministros, los magistrados de los estados y el juez y el secretario. Creo que nos ha servido mucho porque había una confusión, decían: –Los trabajadores–, entonces para algunos el trabajador es el que realiza ciertas actividades, pero ya hemos entendido que en el tema que hoy nos ocupa el trabajador también comprende al secretario juzgado, al juez y al magistrado. Eso ha sido muy importante. Y entonces, pues ya ve uno las cosas distintas.
La entiendo, usted se formó técnicamente, no se formó políticamente y eso es válido. Lo que no se vale es que los temas técnicos los hagamos políticos. Yo tampoco estoy de acuerdo con que se elijan a los fiscales y tenemos buenos fiscales en el país.
Y también –y con esto cierro– les quiero comentar que las experiencias en el mundo son de muchos tipos pero que en Estados Unidos es claro que cuando vienen procesos electorales en algunos estados empiezan los jueces a decidir de manera política. ¿Mi electorado es de tal contenido racial? Pues duro con el otro. ¿Mi electorado tiene tal forma de pensar? A ver, más penas de muerte. ¿Por qué? Porque entonces no decida lo que la juez sabe; va a decidir lo que yo quiera. Yo, justiciable.
Entonces, en mi comunidad, que tiene cierta característica, que tiene cierta característica, pues pensamos de una manera y duro con los otros. Tengamos cuidado con eso, la justicia tiene que mejorar. Yo celebro que estemos acá platicando. Si no hubiera una iniciativa no estaríamos platicando.
Yo creo que podemos diferenciar entre ministros, magistrados, jueces. Ya entendimos bien -y gracias- el tema de los trabajadores. Muchas gracias a todas y a todos. Gran trabajo tienes en seis días, maestro.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias, diputado Rubén Moreira.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Bueno, vamos ahora con la intervención de la consejera Celia Maya. Adelante, consejera. Y posteriormente iría Gustavo.
La ponente Celia Maya García: Muchas gracias. Miren, solo quiero reiterarles esto. La importancia de esta reforma es por el déficit de justicia que hay, que el pueblo reclama. Me queda muy claro porque he sido juzgadora 40 años en mi pueblo, en el estado de Querétaro y ahora tengo la oportunidad en el Consejo de la Judicatura.
Entré cuando no había Carrera Judicial, con mis estudios de abogada, me fue bien. Después, fui magistrada 34 años y se empezó a profesionalizar todo y efectivamente nuestras escuelas judiciales, sobre todo la del Poder Judicial federal, es buena se ha preocupado que haya cosas. También es cierto lo que dicen nuestros compañeros jueces y magistrados, se trabaja mucho, es mucho el trabajo, porque es mucha la demanda de justicia.
Sí es cierto que ustedes van a algún juzgado o algún tribunal, muy probablemente encuentren a alguien trabajando hasta altas horas de la noche, pero a pesar de todo eso, lo cierto, lo que no podemos desconocer es que, entre el pueblo, a la gente común, esa que nos decía el compañero diputado, oigan, lo que quiere es que le resuelvan su asunto, que la justicia cotidiana llegue, que esté ahí, por eso es por lo que hoy viene esta reforma que nos está haciendo traer el diálogo de todos.
Fíjate que no nada más puedes reformar al Poder Judicial, porque los jueces no crean la instancia, la reciben, entonces necesita de otros agentes que le van a ayudar a poder sacar bien esa instancia.
Entonces, qué bueno que estamos en esta reforma. No nos endiosemos ni nos queramos quedar a fuerzas en una posición, sí tiene que haber un cambio, porque la respuesta no ha sido la que el pueblo necesitaba.
Vamos ahora todos aprendiendo en esto, vamos a aportar lo mejor que tenemos, que nuestra experiencia que yo he recibido en todos estos años, gracias también al Estado mexicano, al pueblo de México, que estos 40 años recibí mi sueldo, a todo esto, vamos dando una respuesta mejor para que de verdad el pueblo, nuestros compañeros indígenas, todos los compañeros, la reforma agraria, todo tiene que haber justicia y en eso estamos.
Entonces, yo los invito a que entendamos este momento histórico que nos quedó, que nos tocó vivir, y que todos hagamos nuestra aportación como nos corresponde desde nuestro ámbito, desde nuestra experiencia y desde ese compromiso que tenemos como mexicanas y mexicanos. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Muchas gracias, consejera Celia Maya.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Y, le damos el uso de la palabra a Gustavo Saavedra. Adelante Gustavo, por favor.
El ponente Gustavo Saavedra: Muchas gracias. Ante todo, una disculpa por la forma abrupta de tomar el uso de la voz, de hacerme oír, vengo a hablar en nombre de los integrantes de la Carrera Judicial. Ya habló la jueza Marlen, que es quien ya llegó a uno de los altos puestos, y habló de su esfuerzo, habló desde la lucha de cómo surgió.
Hay que ser muy precisos en esto: la carrera judicial no necesariamente es un derecho escalafonario como se da en algunas empresas con contrato colectivo. El hecho de que yo haya ingresado y permanezca dentro de un puesto no garantiza que se llegue al siguiente: es por exámenes. Y esto es muy importante porque un examen es el elemento objetivo que nos permite constatar que la persona juzgadora tiene la calidad técnica para resolver un caso concreto.
Recordemos que un juez protege un derecho individual, protege un derecho colectivo o protege un derecho social, según le corresponda, frente a alguien. Puede ser que se proteja un derecho individual frente a una colectividad: eso me va a hacer impopular. Pero, como juzgador, debo de afrontar con las virtudes judiciales todo el embate que se viene encima por no tomar una decisión que sea popular.
Como juez debo ser justo, debo ser prudente, debo ser ecuánime, no debo de dejarme llevar por mis pasiones, debo ser fuerte para hacer valer mis decisiones, aun en contra del disgusto de la masa.
Pero, ¿qué pasará cuando sea un juez electo popularmente? Quien tenga que tomar la decisión, le temblará la mano pensar que su decisión para proteger a una persona enfrente de la colectividad, pero que esa persona tiene una garantía individual, tiene un derecho humano, una dignidad humana que debe ser protegida, se le va a venir encima la colectividad. Ese es el riesgo.
Por eso es que no estamos a favor de que sea por elección de voto popular. Ya lo han dicho las instancias internacionales. Ya hay una observación. Ya tenemos recomendaciones específicas en esa parte.
¿Qué les podría decir? Les podría platicar de la sentencia de Aptiz Barbera... contra Venezuela. Se afirmó que si bien la independencia y la imparcialidad en temas relacionados, cada una tenía concepto jurídico propio. En el caso Reverón Trujillo contra Venezuela se precisó que el titular del derecho del juez independiente es el justiciable; los obligados son el juez y el Estado.
Entonces, como Poder Judicial alzamos la voz para efecto de poder establecer que la independencia judicial debe de prevalecer, aunque no nos sea aplaudido. No nos debe de importar el aplauso o la recriminación, sino la aplicación concreta de la protección de los derechos fundamentales al caso concreto.
Hablaba de distinguir entre ministros de jueces magistrados, ¿por qué?, porque hoy por hoy tenemos una garantía que es la carrera judicial y esa carrera judicial ahora incluye a los jueces y magistrados. Todos los que integramos sabemos que, aunque no le caigamos bien a nuestro jefe, podemos llegar a través de un examen. No tenemos que tener el palomazo de nadie. No tenemos que debernos a la propuesta de alguien, surge una convocatoria pública, me inscribo, presentó, acredito que reúno los requisitos, sustento mi examen en todas sus etapas, exámenes que son extremadamente rigurosos y si los paso, quedo.
Y si queda otro que por alguna razón tuvo una mala calificación en el sistema, tengo la posibilidad de impugnarme ante recursos y demostrar eficientemente que puedo llegar al puesto, que soy quien tiene la mejor capacidad para hacerlo. Esto, señores, es la distinción, los ministros, no.
Y el discurso viene a confundir muchas veces, a decir, es que ese ministro lo designaron y no tiene carrera. ¿Por qué no tiene carrera? Porque no está en la ley, la reforma constitucional, lo que pretende la iniciativa es sacar de la carrera judicial a los jueces y magistrados, nos están poniendo techo de cristal, pero no hablo por mí. Ese techo de cristal como aspirantes a ser jueces y magistrados que nos están poniendo, no solamente me afecta a mí, principalmente nos preocupa que afecte al pueblo mexicano porque no va a tener la garantía de un juez independiente.
Como trabajador no vengo aquí a hablar de los reclamos que pudiera tener por diferencia salariales. Eso es una cuestión de otro foro, aquí venimos como integrantes del Poder Judicial, hablo a nombre de los integrantes de la carrera, porque somos parte de esta institución y esta institución es la que defendemos.
Por eso, les pedimos –les ruego un minuto nada más para terminar–, les quiero comentar: en mediación partimos a veces de las cuestiones irreconciliables para llegar a puntos de acuerdo, hay un punto irreconciliable, que es el hecho de que dicen, he escuchado a algunas voces que dicen: La reforma va por que va. Bueno, yo les diría: Vamos a ver, todavía qué nos dicen, algunos temas pendientes en la cuestión de elección, algunos temas pendientes todavía a nivel internacional.
Pero, dejemos eso de lado, construyamos hacia adelante, aún a partir del peor escenario, aun a partir del escenario de que vengan y determine la cuestión de la carrera judicial. Manejen la cuestión de los candidatos con carrera judicial, pongan cuando menos ese límite.
Le decían a la jueza Marlen –no, estamos hablando del último escenario posible–, me decía la jueza Marlene que su candidatura está garantizada, pero la van a poner a competir con políticos de carrera, jamás podrás ser una competencia en igualdad de condiciones.
Se establece, por ejemplo, en el transitorio y ya como una modificación, lo digo con respeto, la gradualidad. La gradualidad no es garantía, es una de las garantías del juez natural es, precisamente, la inamovilidad y hablar, aunque sea de manera gradual, a sustituir a quienes fueron designados de manera directa, de manera eficiente, eso es ir en contra de lo que establecen las sentencias internacionales.
Por último, quiero comentar algo, quiero comentar que en derecho –nos han enseñado algunos autores– el derecho es moral especializada, y la resolución de los conflictos en una democracia es a través de jueces.
Luego, es más legitimado un juez que resuelva un conflicto con base en el derecho que un juez que sea electo popularmente, pero que no conozca el derecho para resolver los conflictos. Muchas gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Gracias.
El moderador José Omar Sánchez Molina: Vamos ahora con el cierre de este diálogo por parte del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Terminamos como empezamos el 27 de junio, diciendo que de la propuesta central de reforma al Poder Judicial y de 170 más iniciativas de legisladores que acompañaron a las propuestas del presidente, pero 34 específicamente en la del Poder Judicial, solo hay 3 cosas que tenían que respetarse para que la iniciativa no dejara de ser la iniciativa:
1) El método de elección de los jueces del país.
2) Dejar muy clara la independencia del Poder Judicial y los otros dos Poderes del país. 3) Un respeto sin restricciones a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial en México.
Todo lo demás: procedimientos, calendarios, convocatorias, dimensión de la convocatoria, fórmulas de selección, criterios de elegibilidad, criterios de idoneidad, responsables de aplicarlos, tamaño de los órganos nuevos, facultades y definición de estos, todo lo demás, procedimientos adicionales a discusión; y en eso hemos estado, en eso hemos estado.
No hay otro documento porque estamos empezando a elaborarlo a partir de mañana. Hay una recopilación de todas las ponencias, las centrales las tenemos anotadas, muchas son coincidentes, y van a verse reflejadas, en pocos días todo el país lo verá, lo leerá, en un dictamen que modifica, en partes muy importantes, la iniciativa del Ejecutivo conservando la sustancia esencial de la propuesta: reforma al Poder Judicial para renovar criterios, procedimientos de trabajo y para permitir que el pueblo de México, convertidos en ciudadanos sufragantes, participe de manera sustancial en la elección de los jueces del país.
Terminamos como comenzamos, aduciendo esas tres cuestiones de respeto y anunciando que a partir del día 15 de agosto siguiente, quizás un día o dos después, podremos tener un documento que se circule para que siguiendo el procedimiento constitucional, los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales lo lean, lo estudien, formen opinión, se armen de argumentos y luego, en unos pocos días más nos convoquemos a discutir y a discutir y a discutir hasta que encontremos las mejores razones para reformar la Constitución en este tema, para bien de México.
Muchas gracias a todos los que han participado como ponentes, como legisladores que cuestionan, que preguntaron, como público que asistió, como representantes espontáneos de los trabajadores del Poder Judicial del país. A los magistrados de los tribunales de las entidades federativas, a todos los que han hecho posible este ejercicio extraordinario de consulta y de escucha.
Buenas tardes, nos vemos muy pronto todos para seguir discutiendo este tema de buena forma.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Es así como concluye el noveno Diálogo Nacional para las reformas constitucionales al Poder Judicial. La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados les agradece a todas y todos ustedes su presencia y participación.
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