Bienvenida del moderador diputado Rubén Cayetano García
Intervenciones
Del representante de la ONU Antonino de Leo
Del ciudadano Rodolfo Félix Cárdenas
El ciudadano Carlos Alberto Galindo López
Del ciudadano Jorge Alberto Lara Rivera
Del ciudadano Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
De la ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel
El ciudadano Juan Pablo García Garza
Del ciudadano Adrián Franco Zevada
De la ciudadana Fernanda Dorantes Arteaga
De la ciudadana Irene Tello Arista
Del ciudadano Camilo Constantino Rivera
De la ciudadana Estefanía Medina Ruvalcaba
Del ciudadano Enrique Guerrero Aviña
Del diputado Antonio Ortega Martínez
Del diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre
De la diputada Lorena Villavicencio Ayala
Del diputado Esteban Barajas Barajas
Del diputado Ariel Rodríguez Vázquez
Del diputado Rubén Cayetano García
De la ciudadana Irene Tello Arista
De la ciudadana Fernanda Dorantes Arteaga
Del ciudadano Camilo Constantino Rivera
Del ciudadano Carlos Alberto Galindo López
Del ciudadano Enrique Guerrero Aviña
Del ciudadano Rodolfo Félix Cárdenas
Del ciudadano Guillermo Zepeda Lecuona
De la ciudadana Estefanía Medina Ruvalcaba
Del ciudadano Adrián Franco Zevada
El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández: Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo de las audiencias públicas para la prisión preventiva oficiosa. Esta mesa lleva por título Prisión preventiva oficiosa y sistema de justicia penal.
En el presídium de este acto destacamos y agradecemos la presencia del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, quien moderará esta mesa de trabajo. Muchas gracias por su presencia, señor diputado.
También nos acompañan los ponentes de esta audiencia pública Antonino de Leo, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en México. Muchas gracias, señor representante, por su presencia.
De don Rodolfo Félix Cárdenas, exprocurador General de Justicia del Distrito Federal. Muchas gracias. De Carlos Alberto Galindo López, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
De Jorge Alberto Lara Rivera, exencargado de la PGR y subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales. De Guillermo Zepeda Lecuona, director de Jurimetría e Iniciativas para el Estado de Derecho, Asociación Civil.
De María de los Ángeles Fromow, consultora y exsecretaria técnica del Consejo de Coordinación de Implementación del Sistema de Justicia Penal. También agradecemos la presencia de Adrián Franco Cebada, excomisionado de Atención a Víctimas, penalista y secretario del ilustre y nacional Colegio de Abogados de México.
De Camilo Constantino Rivera, exdirector general adjunto de Estudios y Proyectos Normativos en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el año de 2013.
De Estefanía Medina Ruvalcaba, cofundadora de Tojil, Estrategia Contra la Impunidad, y de Enrique Guerrero Aviña, miembro del Colectivo Liquidámbar en Defensa de los Derechos Humanos.
En un momento más nos acompañarán Juan Pablo García Garza, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la Concamin y Fernanda Dorantes Arteaga, directora ejecutiva de Reinserta, así como Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero.
Agradecemos la presencia y participación de diputadas y diputados de esta LXIV Legislatura, de servidores públicos del gobierno federal, de los gobiernos estatales, representantes de la sociedad civil y en general del público invitado a estas audiencias.
El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández: Para moderar esta mesa dejamos en el uso de la palabra al diputado Rubén Cayetano García. Por favor, diputado, si es tan gentil.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias. Amigas y amigos todos, sean ustedes bienvenidos. Estamos reunidos aquí preocupados y ocupados en un asunto que tiene que ver con la seguridad, la paz y la tranquilidad; el debido proceso, los derechos humanos, la presunción de inocencia, fiscalías y tribunales, todo lo que tiene estrecha vinculación con la delincuencia organizada, daños al patrimonio de la nación, nuestra democracia y el principal daño al país como es la corrupción.
Bienvenidos a la postulancia de una vida pública mejor que fortalezca el Estado de derecho del que muchas veces sólo es la oportunidad para discursar y dígase en sentido común, a veces sólo para quedar bien. Estado de derecho al que se le añade muchas veces el imperio de la ley con la misma extrema rigurosidad con que se cae en la impunidad.
En México no hay justicia, esa es la verdad. Si desde esta premisa partimos, todos vamos a coincidir aquí en qué debemos mejorar en el flagelo social que es la falta de acceso en la procuración y la impartición de justicia.
La justicia que es un instrumento para la paz y mientras no accedamos a ella, será imposible alcanzar la tranquilidad. Mientras existas nepotismo, amiguismo e influyentismo dentro de los órganos de investigación y tribunales, jamás podremos vivir en armonía.
Por eso lo interesante de estos foros para deliberar sobre una reforma en materia penal, el derecho consignado para que los hombres no se hagan el mal en la búsqueda de un orden normativo que frene la impunidad.
Siendo así, aprovechemos, amigas y amigos todos, esta oportunidad para mantenernos en la búsqueda de la justicia, intentando construir una reforma que establezca mejores reglas para el ámbito sustantivo y adjetivo penal, que genere mejores investigaciones del Ministerio Público y que eviten que un juez dude al sentenciar y que impida que se hagan acusaciones en contra de inocentes, como ha sucedido muchas veces con chivos expiatorios. Eso ya no. Bienvenidas y bienvenidos todos.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Voy a ceder la palabra al primer ponente que es Antonio de Leo, de nacionalidad italiana. Inició las funciones de representante de la Oficina de Enlace y Paternariado de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México en octubre de 2017.
Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en cargos de responsabilidad creciente en el plano internacional. Ha trabajado en tres continentes para las Naciones Unidas, institutos de investigaciones y organizaciones no gubernamentales en los ámbitos de cooperación para el desarrollo, emergencias, derechos humanos, justicia criminal, así como fiscalización de drogas, delincuencia organizada, transnacional y corrupción.
Ha realizado estudios de postgrado en ciencias políticas de la Universidad Luiss Guido Carli, de Roma, y en desarrollo y cooperación internacional de la Universidad del País Vasco, en Bilbao.
También cuenta con una certificación otorga por la Universidad de Carleton, de Canadá, y el Banco Mundial como parte del Programa Internacional para la Capacitación de Evaluación del Desarrollo.
El señor De Leo, representa en México al secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas, y director ejecutivo de la UNODC, Yuri Serotov. Tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido.
El representante de la ONU Antonino de Leo: Muchas gracias, estimado diputado Rubén Cayetano García, estimadas diputadas, estimados diputados. En primer lugar quisiera agradecer la invitación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, este proceso de parlamento abierto y de audiencia pública.
Quisiera a nombre dl secretario general adjunto de las Naciones Unidas y el director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, director ejecutivo, extenderles nuestro más respetuoso y amistoso saludos a todas y todos ustedes, a los invitados y a todo el público que nos acompaña.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés, es una oficina especializada del sistema de Naciones Unidas en materia de prevención del delito, justicia penal, política de drogas, transparencia, corrupción, prevención del terrorismo. Es el secretariado de la Comisión de Naciones Unidas de Prevención de Delito, de Justicia Penal, es el máximo órgano de definición de los estándares internacionales en la materia, y esta comisión además es nuestro organismo de gobernanza.
El trabajo de la UNODC, permítanme brevemente presentarlo, incluye tres ejes de trabajo: uno es asistencia legislativa, el otro eje es investigación y finalmente asistencia técnica.
Aquí esta oficina que tengo el privilegio de representar en México, tiene una asociación estratégica con el gobierno de México y estamos implementando 29 programas y proyectos en todas las áreas, casi todas las áreas bajo nuestro mandato.
La UNODC es el guardián de las reglas y normas de Naciones Unidas en materia de prevención del delito y de justicia penal. Estas incluyen las e Reglas de Bangkok, las Reglas de Tokio, las Reglas de Nelson Mandela, entre otras.
Mi intervención hoy consistirá en un breve resumen de un oficio o articulado detallado que hice llegar a la Cámara de Diputados el 29 de enero, y también al Senado de la República.
Y para enriquecer la discusión en torno al proyecto de reforma que nos convoca hoy, quisiera centrarme en tres puntos, desde la perspectiva de la UNODC, de lo que la UNODC define la crisis de la penitenciaria global. Esos tres puntos son:
Uno. ¿Qué dicen los estándares internacionales en la materia?
Dos. Criminalización de la pobreza. Ese es un tema que fue abordado por algún ponente ayer.
Y, finalmente, el uso inadecuado y excesivo de la prisión preventiva como causa principal de la sobrepoblación carcelaria.
¿Qué dicen los estándares internacionales en la materia? Todos los estándares internacionales en la materia, prevención del delito, justicia penal, derechos humanos, invariablemente plantean el uso de la prisión preventiva de manera excepcional y como último recurso.
Y eso implica que se debe dejar de aplicar la detención previa al fallo de manera obligatoria cuando una persona está acusada de un delito en particular.
Por el contrario, tal como establece el Manual de medidas privativas y no privativas de la libertad, detención previa al fallo, de la UNODC, el debido uso de la prisión preventiva implica que su aplicación solo exista en tres casos: riesgo de fuga, obstaculización de la investigación o debido a la complejidad del caso.
Estos criterios prevén que los jueces y las juezas del Sistema Penal Acusatorio deben tener la posibilidad de valorar los hechos particulares del caso, para ordenar eventualmente el internamiento penitenciario previo de una persona. De lo contrario se corre el riesgo de que las juzgadoras y juzgadores pierdan, en cierta medida, su independencia.
La estrategia para abordar la crisis penitenciaria de la UNODC, hemos identificado tres prioridades:
Y la primera prioridad, y es una estrategia global –repito– es reducir el uso del encarcelamiento.
La segunda, es importante recordar, que es respetar los derechos humanos de las y privados de libertad.
Y la tercera, es invertir en reinserción social de las y los privados de libertad y prevención de la reincidencia delictiva.
Estos tres ejes son las tres prioridades que nuestra estrategia global ha diseñado, y se aplican en todo el mundo, a cualquier tipo de país. No importa al continente al que pertenezca.
Es importante recordar que en reiteradas ocasiones la UNODC ha llamado a los gobiernos a repensar el uso de políticas de mano dura en la persecución criminal mediante la adopción de medidas legislativas pendientes a reducir el uso de la prisión preventiva, tales como, algunos ejemplos, y encontraba mucho más en nuestros manuales y guías que hemos compartido:
Ampliar la posibilidad de derivar casos fuera la justicia penal, regular a la prisión preventiva para que su uso otra vez sea excepcional y aplicable a las circunstancias específicas de los casos individuales, y considerar medidas alternativas al encarcelamiento que no radiquen en fianzas pecuniarias.
¿Y por qué esto? Y esto me lleva a mi segundo punto: la criminalización de la pobreza.
Numerosos estudios a nivel internacional demuestran que el encarcelamiento afecta de manera desproporcional a las personas que viven en situación de pobreza. La mayoría de las personas privadas de libertad de todo el mundo, y México no es una excepción, provienen de sectores sociales empobrecidos, son analfabetas o tienen una educación limitada, cargan con una historia de desocupación y han carecido de vivienda, lo que a su vez contribuyó a separar a sus familias y al abuso de drogas y alcohol en algunos casos, y entre otros comportamientos destructivos que llevan a la marginalización socio-económica.
Cuando esta pobreza y la falta de apoyo social se combinan con retóricas y políticas de justicia penal punitivas que conducen a la ejecución de sentencias más estrictas o a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, el resultado es invariablemente un aumento de la población carcelaria. Y esto me lleva a mi tercer punto, que es el uso inadecuado y excesivo de la prisión preventiva como causa principal del hacinamiento carcelario.
A nivel global y hemisférico, el uso excesivo e inadecuado de la prisión preventiva es uno de los principales factores que contribuyen a la sobrepoblación o el hacinamiento carcelario, a las malas condiciones de reclusión y a las deficiencias sistémicas de los centros penitenciarios.
En este momento la sobrepoblación carcelaria no es un problema de México, sin embargo, con la aprobación de este proyecto de reforma lo será. De acuerdo con el World Prison Population List de 2018, entre 20154 y 2018 México ha logrado reducir su población carcelaria penitenciaria alrededor de un 24 por ciento desde una perspectiva comparada, por lo tanto, México ha sido uno de los países que más ha avanzado en los últimos tres años en reducir la población penitenciaria y por lo tanto el hacinamiento en las prisiones y esa es una buena noticia.
Otra buena noticia es que bajo el liderazgo de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la UNODC está implementando en el país un proyecto de asistencia técnica para la transformación del sistema penitenciario en México, desde el binomio seguridad y derechos humanos.
Este proyecto tiene como objetivo principal la definición y la implementación de estándares avanzados para el funcionamiento de los centros penitenciarios federales y estatales, y estos estándares avanzados están siendo elaborados específicamente para el contexto legal, político y social del país, y permitirán la evaluación, la certificación, la gestión y la mejora continua del sistema penitenciario como parte integrante del sistema de justicia penal mexicano.
Este trabajo, único a nivel mundial, está siendo recibido con mucho interés a nivel hemisférico y a nivel internacional. Tiene un potencial transformador increíble.
De aprobarse el proyecto de forma para la ampliación de la prisión preventiva oficiosa que ahora se discute, se frenaría y revertiría la tendencia positiva registrada y se incrementaría el número de personas privadas de libertad, y por lo tanto se generaría un problema de hacinamiento carcelario en el país. Un problema que, repito, en este momento no tenemos.
Esto representaría un grave obstáculo adicional para la implementación de las actuales iniciativas de transformación del sistema penitenciario, incluyendo el proyecto que acabo de mencionarles, y también de consolidación del sistema de justicia penal acusatorio en el país.
Concluyo. En suma, los estándares internacionales en la materia indican invariablemente que la aprobación de la extensión de los supuestos de aplicación de la prisión preventiva oficiosa significaría un retroceso en la política criminal y en el sistema de justicia penal mexicano.
El trabajo de las fiscalías, como recordaban algunos ponentes ayer, se vería afectado ya que no se investigarían las circunstancias de cada caso para justificar la necesidad de la prisión preventiva, pues esta se aplicaría de forma automática.
También ocasionaría una falta de incentivos para la investigación de delitos graves y un debilitamiento de la función de las autoridades de supervisión de medidas cautelares. Todo lo anterior sin dejar de considerar el impacto diferenciado que la medida tendría en los sectores más vulnerables de la sociedad, criminalización de la pobreza, y la sobrepoblación carcelaria en el país o hacinamiento carcelario.
Por las razones expuestas, y por las razones expuestas ayer también por el representante de la Oficina de la Alta Comisionado del Sistema Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, concluimos que la prisión preventiva oficiosa es una figura que lejos de extenderse, debería eliminarse, y es por eso que la ONU-DH quisiera alentar al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a considerar estas normas y reglas internacionales en el debate.
Y quisiéramos también refrendar nuestra voluntad de brindar asistencia técnica y legislativa al Estado mexicano para la adopción de medidas legislativas y de políticas públicas basadas en la evidencia y en línea con los estándares internacionales, las buenas prácticas, las lecciones aprendidas, con miras a lograr avances en la construcción de una justicia imparcial, eficaz y eficiente, en la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio y, por ende, del objetivo 16 de la Agenda 20-30 de Desarrollo Sostenible Paz, Seguridad y Justicia. Por su atención, muchas gracias.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias, señor De Leo. Agradezco la invitación y participación de la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del diputado Marcos Aguilar Vega, del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, de la diputada Carmen Julia Prudencio González, y los diputados invitados Esteban Barajas Barajas y Antonio Ortega Martínez.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Concedo la palabra al compañero diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, para realizar la presentación del siguiente invitado.
El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre: Diputado, te pediría el auxilio en este momento. Para los compañeros que lo sepan, y no, su servidor estoy en condición de ceguera, soy ciego. El formato que nos hicieron el favor de acercarnos los de la Junta de Coordinación, no viene en el sistema que yo lo pueda leer. Entonces, para abreviar y adelantarnos, por favor, ¿podrías ocuparte de este tema para que presentes al participante? Te agradezco mucho.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Claro que sí, compañero Hugo. A mí desde el momento en que me dijeron que usted haría la presentación hice este comentario precisamente, porque sé de su condición. Entonces, solicité que se dijera en qué términos iba a hacer la presentación, pero me insistieron en que dijera que usted la haría. Ofreciendo desde luego una sentida disculpa.
Presento al invitado y ponente Rodolfo Félix Cárdenas, que es abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Realizó estudios de especialidad en ciencias penales, en la División de Estudios de Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México; realizó estudios de derecho penal, parte general y parte especial, en la Universidad de Salamanca, España. Posee el grado académico con matrícula de honor de Máster en Constitución, Derechos Humanos y Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona, con fecha de titulación 14 de septiembre de 2005.
Doctorado en derecho penal por la Universidad Nacional de Educación a Distancia con sede en Madrid, España, bajo la tutoría del profesor doctor José Cerezo Mir. Coordinador y profesor de la especialidad en sistema acusatorio en México, en la Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México. Miembro del Centro de Estudios Política Criminal y Ciencias Penales, Asociación Civil. Creador y ex coordinador de la Comisión Penal de Anade, Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Asociación Civil, formando parte de la Comisión de Derecho Penal. Miembro del número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, AC. Y es procurador general de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Adelante, ponente Rodolfo Félix Cárdenas, bienvenido.
El ciudadano Rodolfo Félix Cárdenas: Muchas gracias, señor diputado. Buenos días, señores legisladores, gracias por la distinción de esta invitación y saludo con aprecio a los estimados profesionales y colegas que se encuentran participando también en la mesa.
Yo tengo una pequeña presentación, si la pone, dice Cámara de Diputados, es una cosa muy sencilla para lo que voy a decir aquí y antes de que la ponga usted –esa es, ahí, yo le voy a dar la indicación del cambio, es muy fácil–, estamos en el tercer día de jornadas de discusión de este tema que nos tiene muy ocupados y por lo que he podido percibir al menos de varios participantes de días anteriores y de esta bocanada muy agradable de aire fresco después de escuchar la ponencia, las palabras de don Antonino de Leo, que yo comparto plenamente, por supuesto, plenamente, me queda clara una cosa, a la sociedad, porque los que han venido a hablar aquí, no vienes a hablar a título personal, sino en representación de un numeroso colectivo grupo de personas, ciudadanos en este país, nos queda claro que esta reforma constitucional no está bien.
Los argumentos que se han expuesto ya todos lo entendemos, estas violaciones del derecho gravísimas que se cometen, todos lo entendemos, los señores diputados también los entienden, pero ellos tienen que hacer un trabajo. Tienen que hacer un trabajo y estoy seguro que se han dado propuestas.
Por eso es que yo ya no me voy a ocupar de entrar al tema de los derechos humanos y en esas condiciones, porque pues esto ya está más escuchado por los señores diputados. Yo quiero ir por otro lado, y tratar de auxiliar en algo que pueda ser también benéfico, porque si como estoy viendo yo quizá se va a llegar al punto en que mayoritariamente esto ya esté resuelto, pues hay que tener cuidado también en otras cosas y más o menos por ahí me quiero ir, para tratar de salirme y tratar de aportar y señalar cuestiones que quizás sean de interés para los señores legisladores.
Entonces, le pido por favor que me ponga la siguiente lámina. La propuesta que se discute especialmente ahora en el tema de la prisión preventiva oficiosa en cuanto al incremento de delitos y, repito, no estoy de acuerdo que haya ningún delito de prisión preventiva oficiosa, pero me voy a referir al incremento de estos delitos, nos habla de incorporar delitos por hechos en materia de corrupción. Los delitos por hecho en materia de corrupción responden a una reforma al Código Penal, que cambia el título, que se refiere a la responsabilidad penal de servidores públicos en ciertos supuestos y, bueno, ya se le puso delitos por hechos de corrupción.
Hay que recordar varias cosas que resultan importantes, nosotros tuvimos un hecho, un momento, un periodo transitorio en México de reforma, en donde esperábamos la designación del fiscal especializado en materia de anticorrupción.
Tuvimos una reforma a esta Fiscalía Anticorrupción, que fue crear el artículo transitorio, discúlpenme que ponga yo ahí en romanos, pero es que, si no, no me cabe el texto, décimo octavo de la reforma constitucional, que se publica en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2014.
El fiscal anticorrupción en este momento debe ser designado por el Senado de la República bajo los términos y condiciones que se previeron en esa reforma constitucional.
Al mes siguiente surgió el acuerdo A/01114 que creaba esta Fiscalía y sus atribuciones, la publicación es en el Diario Oficial del 12 de marzo de 2014. Todo estaba bien hasta ahí, pero hoy tenemos un fiscal autónomo. Hay una ley orgánica en donde ya nosotros hemos dado vida a una fiscalía autónoma. Y eso cambia todas las condiciones.
En aquel entonces, se reformó entonces el Código Penal y ahí se previeron estos hechos delictivos. Y en esa reforma del Código Penal Federal, que está publicada el 18 de julio de 2016, en el artículo primero transitorio, en alguna parte de este artículo se dice: bueno, la vigencia de esta reforma va a iniciar cuando el Senado de la República nombre al fiscal Anticorrupción.
Pero señores diputados, el Senado de la República ya no lo va a nombrar. Lo que quiere decir que ustedes van a involucrar algo que ni siquiera va a tener vigencia.
Entonces, estamos legislando temas judiciales y todo, pero no están viendo lo demás. Tienen un vínculo de trabajo normativo y legislativo que ha llevado esto a perderse en tantos temas, porque el trabajo ha sido arduo, desde diciembre, no cabe duda, en la Cámara, y esto se perdió entre los papeles.
Entonces, si el fiscal Anticorrupción lo nombra el Senado y esa fue la reforma, eso es lo que dice el artículo 1o. del Código Penal Federal, así tengamos una reforma constitucional que nos hable de delitos, de delitos estos de hecho, de anticorrupción, y que entre la reforma y diga: oigan, prisión preventiva oficiosa, pues simplemente no van a tener aplicación. ¿Y qué le vamos a decir a la sociedad? Se tiene que entrar también a ajustar la reforma al Código Penal.
Insisto, no estoy de acuerdo en ello, pero estoy señalando otras fallas técnicas que están aconteciendo para estas reformas. Para eso estamos invitados, para tratar de ayudar aquí a los señores legisladores, ¿no?
Entonces, tienen que volver al Código Penal Federal y tienen que hacer los ajustes para poder poner esto en línea. Y entonces, si esto va a caminar, de la reforma, estos hechos anticorrupción, pues hay que establecer estas reglas de inicio-vigencia, modificar ese transitorio, quitar este candado y poder seguir adelante.
Otro hecho muy importante, sobre todo que tenemos aquí los medios, que hay que decir que esta reforma que se pretende, si llega a ser aceptada, es una reforma que va a regir hacia futuro.
Porque uno escucha en la calle, cuando la gente dice, oye, ya van a meter a la cárcel y no van a salir y tal. Y eso no es cierto, no tiene aplicación retroactiva, es derecho penal sustantivo.
Tiene aplicación a futuro. Entonces, que la gente se entere, porque no podemos generar falsas expectativas. De por sí tenemos un problemón, entonces hay que decirle a la gente que esto va a iniciar a futuro y que todo lo que se llevaron, los hidrocarburos y este gran problema que tenemos están en un régimen distinto, el que se quiere modificar y que además, no es necesario modificar.
Pasamos a la segunda, por favor. El otro aspecto, lo que comúnmente se le ha llamado y todos conocemos como el huachicoleo. Que son delitos en materia de hidrocarburos y otros aspectos, pero vamos a llamarle huachicoleo, porque es lo que ya hemos asumido y lo que entiende como léxico en general la población, de qué estamos hablando.
Vamos a involucrar, si esto se hace en la Constitución, estos hechos como un delito de prisión preventiva oficiosa.
Eso quiere decir que aquel que detengan, así sea con cinco litros de gasolina o lo que sea, va a ir a la cárcel. No va a tener derecho a una libertad.
Muchos de los que están involucrados en esto, por razones de abandono por parte del Estado, por años, son niños, son adolescentes. Son personas que también están bajo un régimen punitivo, que se les aplica, de los 11 años hasta antes de los 18.
Va a ser muy fácil que a estas personas las autoridades o quien sea les carguen cinco litritos de gasolina. Y con eso vamos a tener a niños y adolescentes en la cárcel, porque por una tontería, jugando en la calle, haciéndose los chistosos, como cualquiera de nosotros algún día rompió una ventana, lo que sea, alguna cosa de este tipo, no por ser delincuentes eh, por alguna cuestión de este tipo, mínimo van a estar tres años. Pero en tres años esos muchachos ya fueron violentados físicamente, con alto rango de posibilidad, violentados sexualmente y captados por la delincuencia organizada. La delincuencia organizada se nutre de estos elementos.
¿Entonces qué estamos haciendo con esta reforma? Pues estamos diciendo: miren, a aquel que lo agarremos con cinco litritos, ya no importan al Estado mexicano. Por eso les pongo ahí, váyanse a la cárcel, ahí entre ustedes se entienden, ahí los abandonamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que son basura para el Estado mexicano. No sirve. ¿Cómo lo vamos a recuperar después de este tiempo? Es población perdida. Son generaciones perdidas y eso es gravísimo. Esos son los efectos de reformas de este tipo. Eso es gravísimo.
Vamos a pasar al otro. Ahí dice fraude electoral, pero esto está limitado al uso de programas sociales. A ver ¿a quienes se agarra y se persigue en este tipo de delitos? Pues a los pequeños delincuentes, al que se lleva la urna, al que se lleva esto, a esos. Hay que fortalecer la Fiscalía respectiva, porque la visión ahora se entiende que va a ser de una efectiva persecución para estos hechos.
Qué bueno, pero siempre se ha estado orientado a esto y para eso están construidas las normas penales que se refieren a esto que se quiere llevar a la Constitución. Pero ahí no está el tema, ese no es el tema del fraude electoral, por Dios.
Donde el fraude electoral se comete y quienes impulsan esto son los grandes capitales, los grandes capitales son los que están atrás de los fraudes electorales. ¿Y saben qué? Las grandes empresas, etcétera. Ni siquiera voltearon a ver el capítulo del Código Penal para incluir un delito de responsabilidad penal de personas jurídicas en esto.
Están dejando ahí, es una reforma hueca, vacía, que no va a tener aplicación. Eso es lo que estamos discutiendo en esta mesa. Es un gran problema. Esto no tiene ninguna eficacia, ¿eh? Esto es simplemente decir: oigan, ya hicimos la reforma, ya está.
Esto no tiene la más mínima aplicación. Van con Juanito Pérez, lo detienen y ahí todos felices. Pero esto no resuelve el problema. El problema es mayúsculo, es otro y hay que meterle mano al Código Penal y reforzarlo, porque están mal realizadas esas normas y esto hay que tenerlo en consideración.
Me hace favor de pasar a la siguiente. ¿Qué me parece a mí que tenemos que empezar a pensar? Ya desde antes lo habíamos propuesto. Nuestro país no tiene un plan nacional de prevención del delito, nunca lo ha tenido.
En el sexenio pasado, cuando estaba en precampaña el presidente que salió fuimos invitados a discutir estos temas. Les dijimos: creen el Instituto Nacional de Prevención del Delito. Lo crearon, lo dejaron en la Secretaría de Gobernación abandonado, abandonado.
Ahora ya no es un instituto, ahora se requiere un plan nacional. Estamos pasando por cosas terribles en este país y para eso se requiere legislar de la mano de expertos. Ojalá que el Congreso tome esto en serio, porque eso sí que es muy importante. A partir de aquí podemos derivar muchas líneas. Plan Nacional de Prevención del Delito.
Eliminación del artículo 19, delitos de prisión preventiva oficiosa, obvio. Miren, nuestro país dice, por un lado: respetamos los derechos humanos. En los casos de relevancia lo estamos viendo. Pero por otro lado qué está diciendo: no los vamos a respetar. Por eso les pongo yo ahí a estos personajes con el palo en la mano, por un lado, con una te salvo y con la otra te doy un palo.
Así estamos jugando como Estado mexicano, nada más que esto no se queda en la casa, esto tiene repercusión a nivel internacional y eso afecta al Estado mexicano.
Hubo una propuesta que me pareció interesante, no la comparto porque yo sé incluso que duele a las personas que hicieron esta propuesta hacerla, una reforma al artículo 16, sacar la prisión preventiva del 19, meter una clausula cerrada en el 16 que diga: vamos a establecer una detención, cuando hay detención en flagrancia, un caso urgente, que el Ministerio Público pueda tener retenidas a las personas en esos delitos especiales y que no sea el Ministerio Público el que pueda pronunciarse sobre darles libertad provisional, sino que vayan sin esa libertad a manos del juez y el juez sea el que se pronuncie.
En el debate en materia de libertad lo que se quiere es que siempre sea con un juez. Es inteligente esto, no nos gusta que esté tanto ahí, pero es mejor que lo otro y respetamos los tratados internacionales.
Ahora, si me apuran con esto ni siquiera es necesaria esa reforma constitucional. –Me pasa a la siguiente, por favor– Yo traje un ejemplo, este es un ejemplo nada más de lo que pasa en la comunidad internacional en el derecho comparado.
Este es un artículo de cómo regula Colombia este proceso. Todos los códigos procesales penales de corte acusatorio en Latinoamérica tienen las mismas reglas para las medidas cautelares, todos ¿no? Que si hay peligro de fuga, que si hay riesgo contra la víctima, los testigos, tal, de que se afecte la investigación, esto está ¿no?
Pero en Colombia lo que ellos hicieron fue agregar unas condicionantes o unos requisitos más para que los jueces estudiaran el tema de la prisión preventiva y vean ustedes como, como que se ajusta un poco a lo nuestro. Miren, por ejemplo dice: el juez para estimar la libertad, lo cual le están diciendo al juez, ya tienes que ver otros datos ¿no? No están tocando la Constitución.
Fíjense bien, la continuación de la actividad delictiva y su probable vinculación con organizaciones criminales. Aquí no están hablando de la delincuencia organizada. Aquí lo que ven: oye, hay asociación delictuosa, cuestiones de este tipo. Entonces ya implica otro y ese dato para un juez ya lo inclina mayormente a negar la libertad, pero en un debate y la justifica, no con prisión preventiva oficiosa.
El número de delitos. Oiga, pues trae cinco delitos, este trae delincuencia organizada, trae armas, trae drogas. Óigame, pues. Los jueces ya con eso ya tienen un parámetro de decisión, que están más inclinados a la prisión preventiva. El hecho de estar disfrutando mecanismos sustitutivos, salidas alternas. Pues el señor ya tiene una, o tal, pues el sigue haciendo esto. Bueno, el juez: ya tuviste tu oportunidad, con salida alterna y volviste, entonces te quedas adentro. Y no estamos tocando la Constitución y no viola la Constitución esto.
Existencias, sentencias condenatorias vigentes por delitos dolosos preterintencionales. Nosotros no tenemos preterintención, tienen que ser delitos dolosos, jamás culposos. Obvio, ya trae este una condena o dos. Ah, por armas. Bueno, habrá que ver, el juez va a valorar, porque si trae una condena por un accidente de tránsito y lo agarran con un arma, pues el juez no va a decir: aquí lo dejo guardado, no es automática. Pero si ya le pusieron una por un arma y luego viene con otra por un arma o viene con un arma y viene otra por posesión de droga, entonces el juez va a decir: no, pues ya tengo toda, que me lleva a dictar la prisión.
Cuando se usan armas de fuego o blancas, siempre lo dijimos en el debate el año pasado: ¿por qué quieren meter las armas a la Constitución? Lo que van a hacer es que la policía no va a investigar y a la hora de detener nada más me va a cargar un arma la persona y poniéndole el arma a la persona, pues ya, entonces ya no hay investigación. Las flagrancias inventadas, que las vemos cada rato en la televisión.
Cuando el punible sea por abuso sexual o menor de 14, eso ya es un tema de temas sexuales allá, y cuando pertenezca a una parte de delincuencia organizada, que nosotros lo tenemos. Entonces, vean ustedes un parámetro, hay algo más de ese peligro de fuga, hay algo más de la posibilidad de afectar a los testigos, hay un parámetro más cerrado que se le da a los jueces y que les ha funcionado muy bien en Colombia, que se parece mucho a la realidad mexicana en muchas cosas ¿no?
¿Y saben qué? La gran noticia es que no tiene reforma constitucional, no hay delitos de prisión preventiva justificada en la reforma. Pues es innecesario, es innecesario y estaríamos cumpliendo con lo que se quiere, pero sin violar la Constitución, ajustándonos al mandato, de protección, de observancia y derechos humanos en el ámbito internacional, porque lo otro que nos queda, pues mejor ya ¿no? Que el Estado mexicano mande sus cartas ahí a la Corte Interamericana, etcétera y le digan: Oye, pues sabes qué, nosotros somos un Estado fallido, los derechos humanos no importan en México, yo me salgo de la convención, y adiós, y creamos un Estado donde cada quien agárrese como pueda, porque ese es el único mecanismo de contención que tenemos contra las arbitrariedades, que me aplica a mí y aplica a Ángeles, y le aplica al señor diputado, y le aplica a él, a nuestras familias y a todos eh.
Ya quiero ver que algún familiar de los diputados, uno que se venga y le ponga cinco litritos, y van a decir: oye, pero como no, pues si usted votó eso. Su hijo de 15 años se va a la cárcel y en tres años veremos eh. Y a ver cómo lo encuentra en tres años. Es grave. Es grave lo que se está diciendo.
Ojalá que los señores diputados se detengan a pensar. No queremos poner obstáculos para una reforma, queremos ayudar, queremos ayudar y les estamos diciendo cómo, sin problema constitucional y sin violar derechos humanos. Porque entonces, señores –y con esto termino– pues ya no va a haber Código Penal en este país, lo que ya tenemos es una Constitución penal, así le vamos a llamar, la Constitución penal mexicana. Todo el derecho penal en la Constitución penal, y además en el capítulo de los derechos humanos. No, hombre, es cruzar un perro con un gato, perdónenme. Muchas gracias, señor diputado.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muy bien.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Compañero diputado, Marcos Aguilar Vega.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Los saludo con respeto. Me corresponde presentar a Carlos Alberto Galindo. Carlos es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Demografía por el Colegio de México. Tiene un research master por el Max Planck Institute for Demoraphic Research de Alemania, y es doctor en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.
Carlos se ha desempeñado en diversos cargos del sector público en instituciones tales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo Nacional de Población, la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
También ha colaborado en diversos proyectos del sector privado. Sus líneas de investigación incluyen tendencias y dinámicas de la seguridad pública, la impunidad y el Estado de Derecho y la reforma integral al sistema de justicia penal. Bienvenido.
El ciudadano Carlos Alberto Galindo López: Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias diputadas y diputados por abrir la discusión a puntos de vista diferentes para enriquecer sus decisiones.
Les traje una presentación y estaba pensando justo qué les podría presentar que no hubieran escuchado en las audiencias. Yo les quiero hablar del amplio catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México. En varias audiencias he escuchado que son nueve...
Primero, en la Constitución no son nueve delitos, son muchísimos; y después están en otros ordenamientos generales y federales un amplísimo catálogo de delitos que ya ameritan prisión preventiva oficiosa.
La siguiente por favor. Para empezar con un poquito de contexto, también me llamó la atención que en las audiencias anteriores escuché a varios actores decir que respetaban el principio de presunción de inocencia. Yo estoy de acuerdo con el principio, pero la crisis de violencia amerita otras medidas.
La presunción de inocencia es un derecho humano fundamental que está contemplado y reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que México firmó y ratificó, en la Declaración Americana, en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y además está reconocido en las Reglas de Mallorca, que son reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal.
Es decir, en los tratados internacionales más importantes que ha firmado México y que ha ratificado está contemplado el derecho a la presunción de inocencia y el Estado mexicano se comprometió a defenderlo, a respetarlo a protegerlo y garantizarlo. Entonces no es una cuestión de que nosotros consideramos que está bien el principio, pero la crisis nos dice otra cosa.
Es un derecho que, por obligación, y por obligación de todos nosotros, que somos funcionarios públicos, el artículo 1o. constitucional nos dice que nuestra primera obligación antes que nada es respetar y proteger los derechos humanos, y el derecho a la presunción de inocencia está reconocido desde la Carta con la que se inaugura Naciones Unidas, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La que sigue por favor. ¿Cómo está ese respeto en México? Un indicador para saber qué tanto se respeta el derecho a la presunción de inocencia no es el porcentaje de personas que están en la cárcel sin sentencia. Es el porcentaje de personas que estamos metiendo a la cárcel si un juicio y si haberlas declarado culpables. Es decir, en prisión preventiva.
Lo que vemos en México es que el porcentaje es constante. De cada 10 personas que están en la cárcel cuatro no tienen sentencia. Es constante eso, no ha variado en el tiempo.
Ahorita que decían que han disminuido un poco las prácticas de prisión en México, arrepentí de no haber traído esta gráfica en números absolutos, pero ahí los puse para que vieran los números.
¿Qué pasó en México? Pasó que las prácticas de encarcelamiento en México crecieron desde el año 2000 hasta el año como 2014, y por ejemplo en prisión preventiva crecieron desde 60 y tantos mil al año 2000 hasta 108 mil en el año 2014. Casi casi duplicamos el número de personas sin sentencia en las cárceles sin haberlos juzgado, sin haberlos declarado culpables y lo duplicamos de 2000 a 2014.
Y únicamente a partir del año de 2014 que empezamos con el programa que nos comentaba el representante..., empezamos a reducir un poco la... carcelaria en México y no lo hemos reducido muchísimo.
Yo considero que sí seguimos teniendo un problema de sobrepoblación en las cárceles en México y lo podemos revisar esto en el diagnóstico carcelario que hace la CNDH donde nos da las condiciones de sobrepoblación de los penales en México y ahí se sigue viendo que año con año salimos calificados con problemas de sobrepoblación penitenciaria.
Ahorita estamos hablando de alrededor de unas 80 mil personas que tenemos en México metidas en la cárcel sin haberlas juzgado, sin haber dado evidencias de que son culpables en un juicio público y sin haberlas condenado.
La que sigue por favor. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Estamos discutiendo la prisión preventiva pero la oficiosa, y como ustedes bien saben en la Constitución tenemos dos formas de imponer prisión preventiva. Una es por solicitud de Ministerio Público al juez para cualquier delito. Entonces estas discusiones que dicen: Es que el feminicidio, el abuso de menores... Esta es para cualquier delito. Basta que el MP le solicite al juez la prisión preventiva oficiosa y le dé algunos argumentos de por qué esta persona debe de estar en prisión preventiva, y el juez se la otorga, y ahorita les enseño las estadísticas de qué tanto la otorga, y eso ocurre para cualquier delito, para el que ustedes quieran.
Y además otra forma de que tenemos de meter a la gente a la cárcel, es la prisión preventiva oficios, que es lo que estamos discutiendo el día de hoy. Y la pregunta es: bueno ¿para qué delitos estamos metiendo a la cárcel a la gente de forma automática, de forma oficiosa, sin ningún indicio, sin ninguna prueba, sin ninguna argumentación? Basta, como bien decía ahorita el ponente anterior, que les pongan dos, tres litritos de combustible, que digan que se lo estaban robando, los acusan de huachicoleo y van de forma automática a la cárcel sin ninguna argumentación, sin ninguna evidencia más que los tres litritos de combustible.
Esas son las cifras oficiales que recopila INEGI en su Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, y lo que nos dice INEGI, que son las cifras oficiales del Estado mexicano, nos dice que de cada 10 veces que un MP le pide al juez que otorgue la prisión preventiva, los jueces en nueve veces la otorgan, casi, casi basta con que la pida para que los jueces le digan: sí procede la prisión preventiva.
Entonces estas argumentaciones que hicimos, bueno, es que los atrapamos, pero los jueces los dejan libres, las estadísticas oficiales de este país nos dicen que no, que no es cierto, que es mentira, que están confundidos o no conocen las estadísticas.
De cada 10 veces que el MP pide la prisión preventiva, nueve veces la otorga el juez. Entonces de entrada esto nos dice que no es excepcional, nos dice que es automático lo que nos dice es que lo que está ocurriendo, si están saliendo libres, es que el Ministerio Público no está pidiendo la prisión preventiva.
Entonces es un problema de la investigación y de la argumentación del Ministerio Público, no de las reglas constitucionales ni de las normas que tenemos para meter a la gente a la cárcel.
Y de todas las medidas cautelares que el juez otorga, de todas las medidas cautelares que les imponen a los acusados, la prisión preventiva representa un tercio, representa el 34 por ciento. Esto no es excepcional, es, una de cada tres medidas es prisión preventiva, y esto viola las convenciones que se ha obligado México, que ha asumido México como su responsabilidad proteger.
Pero cuando intentamos ver estos datos por estado, dije bueno, vamos a ver cómo están los estados, resulta que 16 estados no entregan información al INEGI. Resulta que muchos estados dicen, del 100 por ciento de peticiones que el MP le hace al juez, el juez concede el 100 por ciento.
Cada vez que el MP le pide al juez la prisión preventiva, el juez la otorga, y sólo poquititos estados dicen “bueno, a veces sí a veces no procede”. Aguascalientes, sí pueden oír lo que dijeron es: no sabemos en qué sentido resolvió el juez, y en completo, o sea, contando Aguascalientes y Puebla tenemos 16 estados que no le entregan información al INEGI.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros instrumentos para procurar y para impartir justicia no están haciendo rendición de cuentas a la sociedad. Si queremos luchar contra la corrupción, la primera reforma que tenemos que hacer es obligar a nuestras instituciones que procuran y que imparten justicia a rendir cuentas a la sociedad mexicana para que podamos efectivamente evaluar cómo están trabajando, y entonces sí decidimos qué cambios en las normas tenemos que hacer. Y esa es la primera y la más importante.
Y las estadísticas que tenemos lo que nos están diciendo es que el problema está mucho antes de que se presenten los imputados al primer juez, que los graves problemas en México ahorita, de corrupción, están en los momentos entre la detención y hasta antes de la consignación. Ahí está la puerta giratoria, y ahí están varias recomendaciones que han hecho la sociedad civil para arreglar sus problemas como, por ejemplo, la presentación de los imputados ante los jueces.
Bernardo León Olea, el que hizo un experimento al reformar la policía en Morelia, estaba pidiendo ciertas atribuciones para la policía para investigar, para atender los lugares donde se cometen los crímenes, para que la policía pueda recibir denuncias. Hay otro tipo de reformas y de propuestas que nos podrían ayudar a combatir la corrupción, pero están mucho antes de este momento procesal.
Ahora sí, como les dije, les venía a presentar el Catálogo de Delitos que Ameritan Prisión Preventiva Oficiosa y es un amplio catálogo de delitos. Nos costó mucho trabajo organizarlo, de hecho hicimos un frente amplio y cometimos varios errores porque es bastante confuso pero ya lo publicamos corregido y está disponible en línea para quien lo quiera consultar. Ahorita no estamos pudiendo imprimir documentos por las medidas de austeridad, pero está disponible en línea y con gusto a quien quiera se lo paso.
Pero quisiera enfatizar que son normas generales y federales. Todavía los delitos que les voy a presentar hay que sumarles las normas locales.
En la Constitución tenemos nueve, pero uno de ellos es todos los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, son todos los delitos cometidos con armas y explosivos, entra robo a mano armada, entra asalto, feminicidios, por supuesto que entran, ya están en la Constitución.
Son todos los delitos graves contra la seguridad de la nación, todos los delitos graves contra el libre desarrollo de la personalidad, es decir, tortura, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, ya están en la Constitución.
Y, por supuesto, como este país estuvo involucrado en una guerra contra las drogas durante casi 12 años y hasta que no veamos los cambios en las leyes, va a continuar, todos delitos graves contra la salud. Y eso es lo que está solo en la Constitución.
Pero además, después, en 2014, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, abrimos un amplio catálogo de delitos que están obligados los jueces a dictar prisión preventiva oficiosa, y el CNPP refiere al Código Penal Federal y arranca el listado, y entonces algunos como: homicidio doloso, genocidio, violación ya está, muchos más como espionaje que son contra la nación, terrorismo, sabotaje, y son en muchas modalidades.
Es decir, es financiamiento del terrorismo, planear algún acto terrorista, apoyar, etcétera, etcétera. Muchos otros delitos con intensidad de donación como incitar, invitar a militares, funcionarios a cometer delitos, etcétera, etcétera.
Y aquí les quiero presentar estos que intenté ampliar un poquito. Todos los delitos contra menores de 18 años y personas que no tienen la capacidad para comprender o resistir los siguientes hechos, ya están considerados como prisión preventiva oficiosa: esta corrupción, pornografía, turismo sexual, lenocinio y pederastia. Ya están considerados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El tráfico de menores ya está, y como decía, delitos contra la salud.
Además, el CNPP refiere otros ordenamientos como, por ejemplo, la Ley contra la Trata de Personas. Y entonces, todos los delitos de trata de personas ya están como prisión preventiva oficiosa; por ejemplo, esclavitud, servidumbre forzada, prostitución, explotación laboral, mendicidad forzada, trabajos forzados, utilización de personas menores de 18 años en actividades de delincuencia organizada, adopción ilegal de personas, matrimonio forzoso, tráfico de órganos, experimentación biomédica, ya están.
¿Qué otro ordenamiento ya tiene delitos de prisión preventiva oficiosa? Los delitos de secuestro. El homicidio de una víctima en la situación de secuestro y los delitos contra... de justicia en materia de secuestro, también ya están considerados como prisión preventiva oficiosa.
¿Qué otro ordenamiento? El de delincuencia organizada, y esto me parece bien importante. ¿Por qué? Porque varios de los delitos que ahorita estamos discutiendo ya están en modalidad de delincuencia organizada.
Está, por supuesto la descripción, la configuración de cuándo consideramos en México es delincuencia organizada y basta con que tres personas o más, pero basta con que tres se organicen para cometer un delito y lo hagan de manera de manera frecuente.
Con eso ya estamos diciendo, son delincuencia organizada. Tres personas: el chavo que está vigilando, el famoso halcón; el otro que se roba un poco de gasolina y el que arranca el coche, son tres chavos y ya entran, actualmente ya están como delincuencia organizada.
Y entonces ¿qué tenemos? Pues tenemos de terrorismo, tenemos financiamiento del terrorismo, tenemos delitos contra la salud, tenemos falsificación de moneda, etcétera, etcétera, y tenemos, por ejemplo, todos los delitos en materia de derechos de autor, entran a prisión preventiva oficiosa.
Yo les pregunto: ¿qué tanto ha disminuido la piratería con los delitos así metidos en prisión preventiva oficiosa? Basta que caminemos aquí afuera para ver piratería. Basta que caminemos aquí afuera para ver a más de tres personas organizadas vendiendo copias de fonogramas, de videos y de películas. Y eso ya está como prisión preventiva oficiosa.
Y me parece que esto es una muy buena demostración de cómo la prisión preventiva oficiosa no reduce el crimen, no reduce la corrupción, no reduce los problemas que aquejan a la sociedad. Y entonces, en delincuencia organizada, el siguiente delito que sí está, pues es acopio y tráfico de armas.
Y para considerar acopio de armas, basta con que sean cinco armas o más, tenerlas guardadas. Ni siquiera es compra-venta, es con que las tengan ahí guardadas en algún lugar, ya se considera acopio de armas y basta con que sean tres personas para que sea delincuencia organizada y entran de manera automática a la cárcel, sin ninguna otra evidencia. Ya está en la Ley de Delincuencia Organizada.
También ya está tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción, asalto, tráfico de menores, robo de vehículo, trata de personas, secuestro, contrabando, y además, ya están los delitos en materia de hidrocarburos. Basta con que tres personas estén cometiendo delitos en materia de hidrocarburos como, por ejemplo: sustraer, aprovechar hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, de ductos de vehículos, de equipos, de instalaciones, etcétera, comprar, enajenar, recibir, adquirir, comercializar, negociar, resguardar, transportar, almacenar, distribuir, poseer, suministrar, ocultar, alterar o adulterar hidrocarburos o petrolíferos ya entra a prisión preventiva oficiosa. Ya está en la Ley de Delincuencia Organizada, ya está en este catálogo.
Los delitos contra el ambiente, incluso la tentativa de delincuencia organizada. Ni siquiera tienen que cometer el delito, con que se estén poniendo de acuerdo, con que sea en grado de tentativa, ya está en delincuencia organizada y ya amerita prisión preventiva oficiosa.
La participación en una organización criminal, la que sigue, por favor, y además, como les contaba ya existe una tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Segundo Circuito, que dice...
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Le rogamos concluya.
El ciudadano Carlos Alberto Galindo López: Voy a concluir. Esta es la última lámina, que dice que todos los delitos violentos cometidos ellos con armas ya implican prisión preventiva oficiosa, y además lo del caso urgente ya está en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las cosas que estamos discutiendo ya están en la legislación mexicana, lo que pasa es que es tan amplio el catálogo, tan confuso, tan difícil de entender y de seguir, que por eso tenemos estas discusiones año con año, porque varios de estos trabajos los hemos hecho en el Instituto Belisario Domínguez en estudios anteriores. En años anteriores ya hemos estado discutiendo esto mismo.
La que sigue, por favor y ya con esto cierro. Los trabajos están disponibles en línea para que los consulten o revisen y con todo gusto se los hago llegar. Muchas gracias.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias. Ruego a los subsecuentes ponentes que nos ayuden con el tiempo. Son ocho minutos, en el caso anterior casi se duplicó. No tenemos ningún problema, pero les pedimos que por cuestión de tiempo nos ayuden.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: La diputada Lorena Villavicencio Ayala.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Para presentar al siguiente ponente. Es el licenciado Jorge Lara. El licenciado Jorge Lara es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Licenciado en relaciones internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Docente certificado en el Sistema Penal Acusatorio, Juicios Orales, por la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal del gobierno federal mexicano.
Ha sido presidente del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, Asociación Civil. Experiencia legislativa y operativa en materias de seguridad pública y justicia penal, así como reforma política, promotor de los procesos de cambio institucional para la reforma al sistema de justicia penal, y de los nuevos protocolos de trabajo policiaco y ministeriales.
Promotor de procesos de participación ciudadana y fomento de actividades de organizaciones de la sociedad civil. Negociador y promotor de diversos instrumentos internacionales en materia de cooperación y asistencia en materia judicial e intercambio de información.
Conferencista, capacitador y catedrático en diversas asignaturas, jurídicas, económicas y políticas de la Facultad de Derecho de la UNAM, Universidad Latinoamericana, Universidad Marista, Universidad del Valle de México, Universidad Anáhuac, INACIPE y Tecnológico de Monterrey. Bienvenido.
El ciudadano Jorge Alberto Lara Rivera: Gracias, diputada. Gracias, diputados, diputadas y mis colegas. Me voy a abocar, dada la importancia y la brevedad del tiempo, a hacer mi exposición.
Yo quisiera, si me lo permiten, concentrarme en tres puntos críticos. A mí me parece que todo lo que se ha escuchado en estas audiencias es muy importante, permite una observación panorámica del fenómeno y de lo que está ocurriendo.
Ayer, si no me falla la memoria, escuchábamos al presidente de la República quejarse, decir, aludir a que había 600 personas imputadas por el delito de robo de hidrocarburos y que no obstante, por la laxitud de la ley, solamente 60 personas estaban privadas de la libertad.
Yo no sé si esas 60 ya están condenadas o están enfrentando un proceso. Yo creo que esa es la primera aclaración que se debe dar.
Me parece que la cifra en sí necesita explicación, y yo creo que ese es parte del problema. No se está explicitando las razones por las cuales este diferencial que puede o no preocupar, dependiendo de las razones que lo sustenten.
Los tres niveles de análisis, si me lo permiten rápidamente, es uno de carácter semántico epistemológico, ahora veremos por qué. El otro es tema ya constitucional que alude sobre todo el tema de la proporcionalidad, y uno de naturaleza operativa, de lo que está ocurriendo en realidad y en donde pudieran estar las claves para sobreponernos a esta crisis, ya no de seguridad, nos toca atender el tramo de la justicia penal.
Como muchos de los que están aquí, de los que han estado acá, he sido profesor de derecho penal y de nuevo sistema acusatorio, y yo creo que una de las primeras cosas que decimos a los alumnos es: Ya no hay delitos graves, ya se acabó la vieja categoría de delitos graves. Ahora, la nueva taxativa, la nueva clasificación es distinta, quizá solamente existe el delito grave para efectos de la famosa detención en caso urgente.
Y de pronto nos encontramos que el presidente de la República propone resucitar la expresión de delito grave. Por lo cual en algunos significó, a ver, vamos a revisar, otra vez los alumnos dicen, ¿hay o no hay delitos graves?
En realidad, creo que ese es un tema que va más allá de lo anecdótico o incluso de lo semántico. Es un tema que tiene que ver con la comprensión de la complejidad del sistema, y como todo sistema complejo, tiene que ser respetado y respetable por todos los operadores: legisladores, políticos, gobernantes, procuradores, etcétera. No estamos hablando de un sistema sencillo, porque desde luego al gobernado, al justiciable tiene que aparecérsele sencillo, pero es un sistema complejo que tiene sus reglas, incluso semánticas y epistemológicas. Es un cambio de paradigma y me parece que hay que pedir que se respete. Me parece que ya no hay que hablar de delito grave.
¿Qué pasó hace una semana? En alguna de estas mesas se dijo: El feminicidio no es delito grave. Por favor, y esto generó una discusión falsa en la sociedad. ¿Cómo que el delito de feminicidio no es grave? Por supuesto que es un delito con una altísima penalidad.
El robo de hidrocarburos, dice el presidente, tiene una regulación laxa. Tiene 30 años como pena máxima, equivalente al del genocidio.
Desde luego que no estamos hablando de delitos que no sean graves, por eso creo que hay que llamar al orden en la discusión técnica de este asunto, porque si no vamos a estar sobreponiendo diversos niveles de comunicación y la confusión es lo que va a estar reinando, privando y siendo general, y creo que en ese tema no nos podemos dar el lujo como sociedad de estar hablando cosas distintas.
Lo dice claramente Jürgen Habermas, con la teoría de acción comunicativa, tenemos que ser inteligibles y entendernos. El aludir a delito grave es llamar a la confusión, número uno.
El tema de la constitucionalidad-proporcionalidad. Lo hemos dicho aquí, lo dijimos a propósito de Guardia Nacional, el legislador y el poder público cada vez que pretenda reformar la legislación y sobre todo la Constitución para generar una restricción de derechos fundamentales, tiene que ser muy serio, cabal y exhaustivo en la justificación y en la fundamentación de esa restricción. Cosa que de nueva cuenta no vemos en los dictámenes ni en los trabajos de discusión de los proponentes de estas iniciativas.
Se amerita algo que no se encuentra en los documentos de la proposición, que es justamente la problemática operativa que en teoría podría fundamentar la necesidad o no de esta propuesta, incuso para buscar alternativas, como se está diciendo.
¿Cuál es el problema? Lo acaba de decir el ponente que me antecedió, tenemos una crisis de información, estamos en un agujero negro informativo respecto de los indicadores fundamentales del sistema acusatorio. Así es muy difícil que se pueda tomar una decisión seria, que justifique una eventual restricción a derechos fundamentales, en un tema que además es categórico, como también ya lo dijo mi compañero. Estamos hablando de derechos fundamentales. Ciertamente estos ameritan o no son absolutos, o podrían ameritar restricción, pero justamente por ser derechos fundamentales son categóricos y la restricción debe ser justificada de manera cabal.
–Ahora sí les voy a pedir, Onell, si me ayudas con la última gráfica.
Ahora, la parte operativa, si me permiten en estos dos minutos. Creo que deberíamos estar aprovechando la riqueza de estas mesas, en temas que de verdad puedan ser provechosos y no una discusión bizantina, como respetuosamente lo digo, me parece que es lo de la prisión oficiosa.
¿A qué me refiero? A los componentes institucionales y orgánicos del sistema, que no existen o que no se han dado o que no han florecido, o que no se han consolidado, las unidades de cautelares. Es una gran crisis. Perdón que se los diga. No tenemos unidades de cautelares, sin unidades de cautelares hagan de cuenta que un automóvil no tiene aceite, puede tener gasolina, puede tener las mejores ruedas, pero no tiene aceite.
Miren, por pregunta parlamentaria se le pidió al gobierno federal que se nos dijera, a nivel federal, el estado de fuerza de la unidad de seguimiento y supervisión de medidas cautelares. Tiene dos funciones fundamentales, uno, medir el riesgo de cada imputado, a propósito de la satisfacción o no, o la exigencia o no de la medida cautelar de cualquiera que esta sea, personal o real.
Y dos, fundamental, la supervisión y monitoreo en calle, colonia, barrio, casa-habitación por parte de cuerpos de seguridad y aquí tenemos, no hay una centralidad en política de unidades cautelares, no se sabe dónde se quiere sembrar, si en Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, incluso en Ciudad de México está en el Tribunal. ¿Debemos de estar discutiendo eso? ¿Cuál tendría que ser el estado de fuerza de la Unidad de Cautelares, tanto la federal como las estatales? Quizá sacando cocientes o promedios por imputados, por ejemplo.
Y el otro tema que está ausente, antes de pasar, nada más como un guisa de ejemplo, de lo mal que estamos en la Unidad de Cautelares a nivel federal. Tenemos en promedio dos oficiales para Unidad de Cautelares de cada entidad federativa. Pues ustedes díganme si esto es suficiente.
Para medir riesgo, surtir de información al Ministerio Público, surtir de información a la Policía, darle plenitud de información al juez para que tome las decisiones que tenga que tomar a propósito de la provisión de las propias medidas cautelares.
Y ya para terminar otro componente, que para mí es crítico y así les llamo a veces, componentes críticos olvidados del sistema, Unidad de Cautelares, y otra que es fundamental, necesitamos promover y gestionar una robusta gestión de soluciones alternas.
Sabemos que la impunidad y el abatimiento de la impunidad debe de pasar por una robusta, y yo diría, muy robusta gestión de soluciones al tema, que no tenemos ni de lejos, porque muchas veces la insatisfacción de las víctimas, y aquí tenemos a expertos victimológicos, en victimología, pasa porque no se satisfacen sus intereses de reparación del daño o reparación integral de daño, porque no tenemos, permítanme la expresión, campeones en gestión de soluciones alternas.
Necesitamos campeones en Unidad de Cautelares y necesitamos campeones en soluciones alternas. Y yo hago un llamado que en este Legislativo se encabecen estas dos luchas desde el punto de vista de control parlamentario y la generación de directrices y lineamientos de política pública para que se pueda realizar esto, que sí me parece es urgente abordar. Muchas gracias.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muy bien. Me corresponde presentar al ponente Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, profesional asociado de Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho, Asociación Civil. Profesor en el Colegio de Jalisco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y desde hace un mes, director del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Director fundador de Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho, Asociación Civil de 2012 a 2018, con el apoyo de la Fundación MacArthur desarrolló estudios sobre cultura de la legalidad, así como de seguimiento de la reforma penal y derechos humanos. De 2014 a 2016 coordinó el grupo técnico especializado del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio, Setec-Segog. Doctor en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en sociología jurídica. Maestro en políticas públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Y abogado por la Universidad de Guadalajara. Se ha especializado en temas sobre desarrollo institucional, reforma judicial, mecanismos alternativos de solución de conflictos, seguridad ciudadana y justicia penal. Adelante, doctor.
El ciudadano Guillermo Raúl Zepeda Lecuona: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Muchas gracias a esta honorable Cámara de Diputados que ha convocado este ejercicio de audiencia pública, por el cual es muy provechoso que los legisladores, los protagonistas del proceso legislativo escuchen, tomen en consideración las argumentaciones, la evidencia que aquí se presente y es un gusto también compartir la mesa con colegas a quien mucho aprecio.
Y agradeciendo esta invitación, pues bueno, centraré el tema en alguna evidencia empírica, que es en lo que he estado trabajando. Sí, definitivamente estoy en contra de los supuestos o la ausencia de diagnóstico de esta reforma. Sostener y ampliar los supuestos de prisión preventiva oficiosa ha sido violatoria de los valores y principios de la sociedad democrática y los temas penales modernos. Además, tenemos mucha evidencia concreta de ello.
No solamente es parte de una política criminal regresiva, sino que, además, lamentablemente es inefectiva y hasta contraproducente.
Como ya se ha comentado aquí, viola el principio de inocencia y el debido proceso estableciendo delitos que Ferrajoli llegó a llamar inexcarcelables, que como ya se ha dicho aquí, pues son contrarios a todos los estándares internacionales de la aplicación de esta que debería ser la medida cautelar extrema.
Como sociedad civil, esta película ya la vimos, es decir, cuando se tuvo el catálogo de delitos graves que aquí se comentaba, que inició en enero del 94, en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, eran 47 modalidades delictivas, así como aquí se comentaba, no solamente son los delitos sino todas las modalidades que implican.
Y en junio de 2007 ya sumaban 126 modalidades delictivas. Dos de cada tres reformas que se hicieron al Código Nacional de Procedimientos Penales eran para tocar el artículo 194 y ampliar el Catálogo de Delitos Graves.
Hace ya casi 10 años publicó un estudio que se llamaba Los mitos de la prisión preventiva en México, lamentablemente subsisten estos mitos, como aquí se ha comentado, en 8 años duplicamos con estas figuras, como la prisión preventiva necesaria u oficiosa, se duplicó el número de personas en prisión sin que nos sintiéramos doblemente seguros. Es decir, crecían las personas en prisión y, sin embargo, crecían los delitos de alto impacto, la pregunta obligada era ¿a quién estamos metiendo a la cárcel?
Como bien ha dicho el diputado Cayetano García en la introducción de la Mesa, el gran problema del Sistema de Justicia Penal en México es la impunidad y esta reforma en nada aporta a reducir la impunidad.
El propio dictamen considera en su exposición de motivos el tema de corrupción, dice: de todos los delitos de corrupción que se denuncian, solo el 1.5 llega al proceso penal y siempre en contra de funcionarios menores. Esta es la realidad en nuestro sistema de justicia. Y contra esos funcionarios menores se va a ensañar el sistema de justicia.
El problema, efectivamente, es de impunidad. Treinta millones de delitos, de los cuales solo se denuncian 1.5 millones y solo llegan ante un juez 130 mil personas.
Contra ese pequeño segmento que ya se ha dicho aquí, están sobrerrepresentados los más pobres y vulnerables social y jurídicamente del país, es contra los que se podría ensañar esta medida cautelar.
El problema no está en el proceso penal, como está en el tema de la investigación. Y en materia de seguridad, la seguridad se construye de abajo hacia arriba.
Como aquí se ha dicho, los estados, hay estados que tienen muy buenas prácticas en las UMECAS: Morelos, Baja California, que son estos paradigmáticos en la materia. Mecanismos alternativos también en Nuevo León, en Guanajuato, en la misma Baja California, que además hizo 9001-2008 para atender a los ciudadanos de manera de alta calidad y calidez.
Y, sobre todo, los modelos de investigación, es decir, todavía esta reforma no aporta en nada a eso, que ahí está el nudo de la impunidad, el corazón de la impunidad en la incapacidad de investigación.
Al contrario, esta reforma subsidia las ineficiencias en suficiencias de la investigación. Sigue todavía el Ministerio Público investigando con una metodología epistolar, pedirle por oficio al coordinador de investigación que le pida por oficio al director de periciales, que le pida por oficio a un perito que desahogue una diligencia.
Es decir, cuando ahora el modelo que está tomando Chihuahua, que está tomando Nuevo León, son las unidades de investigación, donde la triada de la investigación: policías, ministerios públicos y peritos adscritos, con autonomía, pero adscritos a esa unidad de trabajo, están revirtiendo esta espiral de impunidad y violencia.
Entonces, creo que hay que hacer, si no se acompaña una reforma profunda a las políticas públicas, estaríamos simplemente en un caso de una reforma regresiva. Que también otros temas de la evidencia, el problema no es que de las 6 mil 500 personas detenidas por portación de arma en nuestro país, en el 2016, 2 mil 700 no se les haya impuesto la prisión preventiva. Ese no es el problema, el problema es que hay 15 millones de armas ilegales circulando en el país. El problema no está en las salas de audiencias, el problema de la seguridad en México está en la prevención del delito, ya lo ha dicho también el doctor Sergio García Ramírez. No le pidamos a la justicia penal que haga lo que no hace la justicia social.
Es la prevención del delito, pero también es la investigación, en esclarecer los hechos. Si no, simplemente enfocarse en endurecer las medidas del proceso penal, pues a falta de política pública, pirotecnia legislativa.
También esta película que ya vimos nos dijo cómo nuestro país pasó de dedicar el 17 por ciento al tema penitenciario, al 27 por ciento y reducir el tema de prevención del delito del 7 por ciento al 3 por ciento, precisamente porque dedicamos más presupuesto al sistema penitenciario.
Cuesta 250 pesos diarios cuesta la manutención en prisión de cada persona, 100 pesos para su familia que tiene que hacerle llegar estos recursos, tanto en artículos de uso persona como en recurso para sobrevivir el régimen de autogobierno y extorsión que se vive en las prisiones de nuestro país, y 24 pesos diarios le cuesta a la sociedad por la falta de aportaciones que dejan de hacer estas personas a la productividad del país.
Se tiene esta gran cantidad de recursos destinados diariamente, alrededor de 25 millones de pesos al día en los dos niveles de gobierno que se dedica al tema penitenciario.
También se dice que la prisión preventiva disminuye la inseguridad. Vemos que no, la incidencia no responde a la prevención y reducción de la impunidad.
Los niveles de desconfianza en las autoridades con el régimen de abuso de la prisión preventiva no han dejado de crecer, la desconfianza y la sensación de inseguridad. También cuando se dice que esto se va a dedicar a delitos muy graves, estos conceptos jurídicos que se llenan de coyuntura.
Es importante señalar que en los muestreos que hemos hecho también comparto el tema de la información pública en el tema más urgente de la sociedad se ha ido deteriorando, las cifras en la materia se han ido deteriorando. Pero en los censos que hemos hecho de expedientes en el tema de armas de fuego el 12 por ciento de las sentencias son absolutorias y 55 por ciento son de menos de 3 años.
Es decir, esas personas si fueron privadas de la libertad durante 2, 3 años, van a salir libres el día que los sentencien. Porque, o lo conmutan por una multa generalmente de 3 mil, 4 mil pesos en el ámbito federal o salen con una prelibertad de inmediato. Paradójicamente, estarán en prisión mientras se presumen inocentes y saldrán en libertad el día que se reconoce su responsabilidad.
También se dice que garantiza la reparación del daño. Está demostrado que la familia de las personas a las que les dieron su libertad se pauperizan en el proceso, se desgastan económica, social y emocionalmente.
La evidencia empírica nos dice con claridad que el problema no está ahí, que vamos a endurecer nuestro régimen sin aportar absolutamente nada a la seguridad. Va a ser contraproducente, pero es el tema de que ¿qué es más fácil? ¿Reformar a la policía, mejorar al Ministerio Público o reformar la Constitución? Lamentablemente es más fácil reformar la Constitución sin secundarlo con temas de fondo.
El populismo penal o esta retórica de la impotencia ante el crimen organizado es irracional, injusto, dolorosamente inútil y hasta contraproducente. El populismo penal, desde Barrabás hasta esta iniciativa siempre ha sido contraproducente, irracional e injusto. Muchas gracias.
El moderador Rubén Cayetano García: Muchas gracias, compañero Guillermo Zepeda.
El moderador Rubén Cayetano García: Diputado Marcos Aguilar Vega.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias. Presentamos ahora a la siguiente ponente, a María de los Ángeles Fromow Rangel. Ella es doctora en derecho con la mención apto cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, España. Cursó las maestrías sin tributación fiscal por el Centro de Estudios Financieros de Madrid, España, y en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública, AC en México.
Es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sector público fue secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Encargada de coordinar las acciones a realizar en los tres niveles de gobierno para la implementación de la reforma constitucional de seguridad y justicia.
Su gestión fue reconocida por actores políticos y sociales de todo el país, a lograr en tiempo y forma la implementación total del Sistema Penal Acusatorio en México. Se desempeñó como titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud del gobierno federal conduciendo las relaciones entre la Secretaría y otras instituciones públicas y privadas, así como fortaleciendo acciones para la implementación y operación del Sistema de Protección Social en Salud. Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade, de la Procuraduría General de la República, donde recibió diversos reconocimientos y premios nacionales por la instrumentación del sistema de gestión de calidad total. Sea usted bienvenida.
La ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel: Muchas gracias. Inicio esta intervención señalando que me parece un ejercicio muy importante y reconozco a la Cámara de Diputados el que pudiéramos estar aquí dando una visión de nuestra perspectiva, tanto académica como práctica de lo que debería ser este sistema de justicia penal.
Y bajo ello, lo primero que yo quisiera poner frente de todos ustedes, académicos, instituciones, y sobre todo, diputadas y diputados, es preguntarnos y de forma contundente, si realmente se ha hecho lo necesario para que este sistema de justicia penal pueda estar funcionando adecuadamente.
Y me hago esa pregunta porque los expertos señalan y señalaban que se requerían más de 10 o 15 años para que este sistema pudiera encontrar su punto de equilibrio a partir de que funcionara a nivel nacional y que deberían seguirse los trabajos arduos, coordinados y con un apoyo económico importante a las instituciones de impartición y procuración de justicia para que el sistema pudiera alcanzar verdaderamente su eficiencia.
Debo decir que el día 18 de junio de 2016, se firmó un acuerdo por todos los Poderes con el compromiso de seguir trabajando juntos, a partir de esa fecha, señores, nadie se ha vuelto a reunir, ni siquiera para saber cómo está este sistema.
Estamos poniendo iniciativas y podemos observarlo permanentemente en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para tratar de parchar lo que la ciudadanía está demandando, y no solo hablando de imputados, sino hablando de víctimas, víctimas del delito que no encuentran los cauces necesarios para resolver una demanda justificada de justicia y realidad ante un hecho delictivo.
Si quienes estamos en la práctica observamos directamente lo que padece en revictimización un ciudadano cualquiera, entenderíamos por qué hay esa exigencia de cárcel y por qué se está poniendo, pero no solo para los delitos que están en original iniciativa y que se está debatiendo qué delitos se tienen que poner, sino sobre la necesidad de decir: verdaderamente la prisión preventiva oficiosa versus la prisión preventiva justificada es la resolución del problema. Estudios serios, académicos y de organizaciones sociales han puesto en la mesa que no es así.
La solución es una solución integral en donde haya capacitación, en donde existan las instituciones que verdaderamente establecen nuestras leyes. Ya que decir, sino el Código Nacional, hablaron ahora y estoy totalmente de acuerdo en las unidades de medidas cautelares, como un factor esencial para que el sistema funciones. Los números no solo son dos las que funcionan en el país, sino la pregunta es ¿cómo funcionan?
No existen en nuestro país sistemas informáticos ni siquiera para una justicia alternativa de saber si los acuerdos reparatorios y quienes se han sometido, ni siquiera en una mesa puede saberse si esa persona ha sido presentada anteriormente y menos aún imaginar que la mesa de junto de trámite, de otro Ministerio Público, haya sido presentada la misma persona. Entonces, cómo podemos nosotros hoy decir si efectivamente hay ese derecho a la víctima.
Sabemos que tanto el sector ciudadano, el sector social, el sector empresarial, ha puesto cifras que para ellos hay un daño económico. ¿Pero debería espantarnos que la cifra de denuncia, la cifra negra es verdaderamente alarmante en este país, y son los derechos de las víctimas?
Del 10 por ciento de las personas que se atreven a denunciar sólo el 6.45 por ciento el Ministerio Público accede a poner una carpeta de investigación. Es decir, sólo estamos hablando que el seis por ciento tiene acceso a la justicia penal, y de ahí empieza un viacrucis. Un viacrucis –pongo un ejemplo– porque lo conozco bien.
En el delito del robo de transporte, señores, llegan, ponen la denuncia y si logran recuperar su bien, estamos hablando que pueden tardar de seis a ocho meses, si este se encuentra. Más aún, señores y señoras. Realmente ese bien quién sabe cómo lo van a encontrar y cuánto tienen que pagar por él porque estuvo en un corralón, tuvo que pagar una grúa, tuvo que pagar ciertos servicios para recuperarlo. La revictimización en nuestro país es una realidad y sí, versus la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada.
Nos encontramos y es verdaderamente penoso ver que un Ministerio Público no tiene elementos esenciales para poner en la mesa ante un juez por qué debe decretarse una prisión preventiva justificada. Por qué en su momento existen condiciones en las cuales esa persona es un riesgo a la comunidad, tiene riesgo de fuga o simplemente corre un riesgo la propia víctima.
Yo coincido plenamente con mi compañero de batalla Rodolfo Félix Cárdenas, que hay experiencias internacionales muy valiosas. Nosotros hemos tenido como referencia Chile, Colombia, y ellos han sabido acotar y establecer mecanismos para hacer que la prisión preventiva justificada funcione ante un juez. Pero tenemos que empezar por invertir, tenemos que empezar por capacitar, por hacer realmente efectivos protocolos y modelos de operación que no son simplemente una hoja de papel frente a un Ministerio Público.
Yo celebro estas mesas, pero celebraría más si en esta mesa estuvieran policías, ministerios públicos que pudieran ser escuchados. ¿Cómo viven día a día los grandes problemas cuando presentan una detención? ¿Qué sucede en ese momento de coordinación esencial?
Porque no podemos olvidar que nuestro sistema de justicia penal acusatorio establece un mínimo probatorio –datos de prueba, no pruebas– en el momento de poner a disposición ante un juez, y bajo ese esquema es qué puede presentar y cómo coadyuva, pero también qué atribuciones tiene el Ministerio Público para dejar en libertad a una persona.
Creo y comparto también la necesidad que sea un juez el que lo haga con verdaderamente reportes y evaluaciones de riesgos técnicas-científicas que puedan permitirle evaluar exactamente lo esencial.
Yo les diría nos falta mucho. Nos falta evaluación de cómo se está comportando el sistema y me refiero al transitorio que se puso en este proyecto de iniciativa que iba a haber una evaluación para saber cuánto tiempo se requería para que estuvieran estos tipos de delitos en el contenido.
Señores, ¿y quién va a evaluar y cómo lo va a evaluar, y a quién le vamos a tomar en cuenta los datos? La Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación pone instrumento de coordinación y de apoyo a todos los poderes, llámese como se llame. Se le encargó a otro órgano del gobierno, a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad, pero no tenía las atribuciones necesarias. Sólo podía trabajar con policías y con ministerios públicos, peritos y policías de investigación, pero no con el resto de los operadores.
¿Qué pasaba con el Poder Judicial, con los defensores, con los asistentes jurídicos de víctimas? Eso creo que es un punto fundamental y esencial de lo que hoy tenemos que mirar hacia la efectividad de este sistema. Quién se va a encargar de impulsar las mejores prácticas de detectar las peores prácticas, de ver dónde están las oportunidades de reforma legislativa... Por eso me quiero permitir entregarles a ustedes una propuesta de modificación a ese artículo transitorio, para que exista, llámese como se llame, una autoridad responsable de coordinar ese esfuerzo.
Y no quiero terminar sin decir que es esencial un cambio cultural, y el cambio cultural significa también darle el valor a los derechos de las víctimas y mirarlo hacia ellos, el sistema de justicia. Porque hablamos de miles de imputados, pero podríamos hablar de millones de víctimas en este país de la inseguridad y delincuencia.
Señalo por último, si bien pudiera ser que esta reforma pase, yo les diría que es esencial también mirar a qué otros tipos de delitos entonces podría ser, porque como ya lo han explicado, estamos agregando sólo unos cuantos delitos que implican cientos de supuestos y de hipótesis penales, pero ¿son los que realmente la sociedad va a ver en su factor de inseguridad? ¿Qué pesa más? Perdón que lo ponga aquí, un tema de un delito electoral, de uso de recursos públicos, versus un tipo de que a alguien le quiten su único patrimonio o su factor esencial de trabajo como puede ser un elemento de su negocio o puede ser un factor esencial en su casa. Díganme ¿qué le duele más a la sociedad?
Entonces, si no es desde esta perspectiva lo que podemos nosotros señalar y poner en la mesa, de qué delitos deben ser. Señores, apostemos por el fortalecimiento de la justicia, del sistema de justicia, pero de manera adecuada y en favor de los ciudadanos. Muchas gracias.
E l moderador diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias a María de los Ángeles Fromow.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Y vamos a conceder el uso de la palabra a Juan Pablo García Garza, quien tiene una formación académica como licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad de Monterrey, y maestría en derecho internacional por la Universidad de Michigan. Dentro de su trayectoria ha ocupado diversos puestos en el sector privado, diversos despachos de abogados en México y en el extranjero. En el sector público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de sus aspectos más destacados está el ser prosecretario y presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la Concamin, miembro de la Comisión Ejecutiva y Consejo de Coparmex Nacional, y presidente de la Comisión de Fomento a Inversiones en el Extranjero, Comce. Adelante.
El ciudadano Juan Pablo García Garza: Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, a nombre de la Concamin quiero agradecer la invitación que nos hace esta honorable Cámara a poder dar nuestro punto de vista en este tema tan importante para el país.
Yo sí quiero celebrar que aparte de escuchar a académicos, especialistas, catedráticos, escuchen a las víctimas. Yo vengo a hablar en nombre de las víctimas. ¿Por qué? Porque yo represento a 118 cámaras y asociaciones de muy diversa índole, de muy diversas industrias a lo largo y ancho del país, que sufren este flagelo de un delito en particular que del que yo vengo a hablar con ustedes, que es el delito al transporte de carga y pasaje en nuestras carreteras del país.
Voy a dar algunas cifras que creo que ya ustedes han escuchado el día de ayer, pero sí quiero darles el sentir de no solamente las empresas que transportan bienes y mercancías a lo largo y ancho del país, sino de nuestros colaboradores, de los choferes, maquinistas, operadores, guardias que tienen que transitar en las carreteras o en las vías federales de comunicación todos los días, arriesgando su vida, llevando los bienes e insumos que requiere la población en general.
Este delito que yo les comento es, yo lo veo un poco distinto al resto de los delitos, ¿por qué? Porque se comete normalmente a horas de la noche, en medio de la nada, con poco apoyo de quizá un policía, de la Policía Federal, de cualquier persona que pueda ayudar al chófer, y si acaso sale lesionado, que Dios no lo quiera, ¿quién lo va a ayudar? ¿A cuántas horas de distancia está el puesto de auxilio, la clínica, el hospital?
¿Pónganse a pensar? Es un delito que se comete con mucha facilidad y que fácilmente la mercancía se distribuye en mercados informales, haciendo competencia desleal a otros sectores de la población. Pero bueno, me voy a permitir leer esto, para ustedes:
Todos nuestros miembros son usuarios del transporte de carga en distintas modalidades y desde hace años nos han manifestado su preocupación por el incremento desmedido y alarmante en el robo del transporte de mercancías e insumos en diversos estados del país.
Esto incluye el robo del transporte de pasaje y turismo que sucede en nuestras carreteras también. Además, también es preocupante la violencia cada vez más fuerte que se utiliza para cometer este ilícito, matando a chóferes, conductores, maquinistas, guardias y pasajeros.
Yo los invitaría a invitarlos, a escucharlos, a todas estas personas que transitan por las carreteras para que sepan lo que ellos viven, y por lo que pasan, ya no quieren transitar en algunos tramos del país, con lo que eso conlleva para el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestro pueblo, ya no quieren transitar, prefieren mejor irse a Estados Unidos, y desarrollar allá su trabajo.
El autotransporte de carga y pasaje en México constituye un factor estratégico para la economía, la conectividad, el comercio, la competitividad y la integración nacional del país. Ojo, la integración nacional.
El 80 por ciento de las mercancías nacionales e internacionales se mueven por medio de carreteras y vías férreas y representa un porcentaje importante del producto interno bruto ya que aproximadamente genera más de 2 millones de empleos directos en México.
El robo al transporte de carga detiene operaciones de plantas industriales, comercios y puertos marítimos, e impacta a su vez en pérdidas de abastecimiento, distribución de diversos productos agrícolas, de alimentos, de medicinas, hidrocarburos, minerales, productos básicos, entre muchos otros.
Por otro lado, el autotransporte de pasaje y turismo nacional e internacional tiene una gran relevancia, ya que promueve la integración social y favorece el desarrollo personal. Anualmente más de 3 millones 750 mil pasajeros se mueven o trasladan dentro del territorio nacional en autobús con fines de negocio, visitas, estudios, esparcimiento, lo que sea, y sobre todo las clases más humildes. El 95 por ciento de la población viaja en autobús.
El robo a los autobuses atenta contra la movilidad de nuestra población, sobre todo de la gente más humilde, como lo decía, afectando su desarrollo y bienestar.
Al respecto, es importante mencionar que al transporte de carga del 2010 al 2017, subió los ilícitos de 4 mil 959 al año, a 10 mil 230 actos delictivos. Nada más dividamos en 365 días cuántos actos al día se cometen en las carreteras que todos transitamos.
El ferrocarril, solo en el 2018, reportó 2 mil 212 robos, que representan ocho actos al día, ocho, cada día. Ahorita se puede estar cometiendo uno, y al transporte pasajeros, nada más para que se dé una idea, de enero de 2017 a diciembre del 2018, se reportaron 43 mil 680 robos.
Cuando hablamos del robo al transporte, y esto es lo más importante, de carga y pasaje, es hablar no de un robo a una empresa o a una persona, es hablar de una afectación a la colectividad, a la población en general, a todo México.
La afectación es generalizada porque impacta nuestra competitividad, a nuestro comercio tanto interior como exterior, en los empleos, en el desarrollo del país. Estos robos afectan a los derechos a la salud porque no llegan las medicinas; a la alimentación porque no llegan los alimentos; a la educación porque los estudiantes no pueden trasladarse con seguridad; a la movilidad a la que todo mundo tenemos derecho; a la propiedad privada; a los pequeños empresarios que mueven sus mercancías o a los que prestan el servicio; al acceso al agua porque igual, el agua no llega; a la vivienda porque los materiales de construcción también son robados; al trabajo digno y al producto del trabajo, entre otros.
También es importante decir que todo lo que se roba se vende en el mercado informal, provocando otro tipo de afectaciones como el contrabando, la piratería, el mercado informal, el adulterar productos. Ojo, esto es importante, porque es un tema contra la salud. Todas las bebidas que se roban se adulteran, todas, y es consumida por la población en general y eso provoca un problema de salud importante, igual que los alimentos.
Estas afectaciones al erario, porque también tienen un problema porque no pagan impuestos todas esas ventas, a la salud de las personas que compran estos alimentos o bebidas adulteras, al medio ambiente, etcétera.
Por otro lado, es importante también recodar que estos delitos se cometen en situaciones muy difíciles para el conductor, para el chofer, para el pasajero, para el maquinista en medio de la nada, a horas de la noche, con poca posibilidad de ayuda. Quizá a horas de distancia de hospitales y clínicas.
Todo lo que ha hecho la industria y las prestadoras del servicio ha sido inútil para detener este flagelo, que creemos se intensificará aún más porque el combate al robo a hidrocarburos, si da resultados las bandas delictivas se van a migrar a robar aún más al transporte de pasajeros y de carga.
Hemos tenido mucha colaboración de la Policía Federal, del Ejército, de la Marina y de las policías locales, pero desafortunadamente no ha sido suficiente, y vemos que lo que se denomina como la puerta giratoria sucede con más frecuencia.
Hemos puesto GPS, detectores, botones de pánico, cámaras, hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para detener este problema y ha sido imposible. Lo que hacen es que llega el delincuente, agarra al chofer y lo golpea hasta que le dice dónde está el botón, si no es que lo mata para poder llevarse la carga.
Entonces, además es importante mencionar que ahora que el Ejecutivo ha...
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Le ruego si puede concluir, por favor.
El ciudadano Juan Pablo García Garza: Sí, gracias. Ya voy a concluir. Además, es importante mencionar que ahora que el Ejecutivo ha decidido utilizar más al autotransporte para trasladar combustibles a diversas regiones del país, se hace más importante tipificar este delito del robo al trasporte de carga y pasaje para terminar de combatir este delito.
Puede suceder que cuando se detenga a un delincuente con una pipa robada, argumente que ellos iban por la pipa y no por el combustible, por lo que pudiera ser liberado sin aplicar la prisión preventiva oficiosa.
Es importante mencionar que la reforma tiene un periodo transitorio para dar tiempo al sistema penal acusatorio, porque todos queremos que este funcione y esperamos que así sea y que sea todo un éxito, pero mientras tanto esta situación de robo a carreteras y pasajes en las vías generales de comunicación es de vital importancia y de emergencia.
Por lo tanto, lo que nosotros pedimos, para terminar, señor diputado, es que no solamente se respete o se incluya el robo al transporte de carga, sino también que se incluya el transporte de pasaje y turismo, que como he comentado, afecta sobre todo a la clase más humilde. Muchísimas gracias por su atención.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias, maestro Juan Pablo García Garza.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Ruego a la compañera diputada Lorena Villavicencio, nos haga el honor de la siguiente presentación.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Presento al maestro Adrián Franco Zevada, que es licenciado en derecho de la UNAM, maestro en leyes de la London School of Economics and Political Science.
Ha sido abogado de confianza de diversas misiones diplomáticas y consulares acreditadas en México, como Francia, Italia, Bélgica, Hungría, Sudáfrica, Colombia, Ecuador y Jamaica, entre otras.
En el servicio público, ha laborado en la Comisión Federal de Competencia, en 1994-95; la Secretaría de Gobernación, 1995-96, y ha sido coordinador de asuntos internacionales y agregadurías en la Procuraduría General de la República, y comisionado en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, designado por el Senado de la República.
Ha sido profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana, y derecho penal y procesal en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México.
Es recipiendario de la Medalla Gabino Barreda 1994 del Consejo Universitario de la UNAM y condecorado por el gobierno de Italia en la Orden al Mérito de la República Italiana en Grado Cavaliere. Sea usted bienvenido.
El ciudadano Adrián Franco Zevada: Gracias, señora diputada. Señor diputado, diputados. ¿Pudiéramos levantar la mano los que hayamos sido víctimas de algún delito? Bueno, quizá sea más sencillo, ¿quiénes no han sido víctimas de un delito? Levanten la mano.
Para el público que nos ve en el Canal del Congreso, que quede constancia que levantaron solamente 10 personas de una cantidad que seremos como unos 60, más o menos, que estamos aquí.
De los que sí levantamos la mano al principio, que hemos sido víctimas de un delito, ¿quiénes hemos ido a la Procuraduría a presentar una denuncia por eso? Ya son menos, ¿ven?
Ahora, de los que fuimos a la Procuraduría a presentar la denuncia, ¿quiénes sí obtuvieron una respuesta positiva? Pues ya nada más quedan cuatro.
Ahora les hago otra pregunta, ¿quiénes de los que estamos aquí hemos sido víctimas de un abuso de autoridad? Más o menos los mismos. Ya no les pregunto si denunciaron o no.
El Estado de derecho es el verdadero tema que está detrás de este asunto y es el único elemento que permite hacer una sociedad igualitaria, una sociedad en donde el que no tiene y el que tiene mucho son exactamente iguales ante la ley cuando esta se aplica. Es el último reducto de la civilización y eso es lo que estamos hablando aquí, el día de hoy. En eso es lo que ustedes, señores diputados y diputada, votarán en días próximos.
La reforma de 2008 a justicia penal, efectivamente redujo, tuvo varios elementos, pero me voy a centrar en dos. En primer lugar, modificó para reducir los elementos necesarios para poder dictar una orden de aprehensión y obtener un auto de vinculación a proceso. Antes se hablaba del cuerpo del delito, todavía un poco antes de los elementos del tipo penal, y ahora ya no, ahora es bien sencillo –lo mencionó la doctora Fromow–, simplemente con datos de prueba, datos de prueba que presumiblemente acrediten en hecho que se cometió por una persona.
O sea, ya redujimos ese elemento, ya no está tan difícil, incluso nos lo mencionaba el compañero que presentó unas láminas con elementos, en donde prácticamente del 100 por ciento de órdenes de aprehensión que se solicitan, el 90 por ciento se emiten.
El segundo elemento de la reforma de 2008 fue reducir, digamos, el catálogo de delitos de prisión preventiva, ¿por qué? Porque son vasos comunicantes, si por un lado reduzco los elementos para dictar un auto de vinculación a proceso, eso me va a elevar el número de personas que están sujetas a proceso. Tengo que, por el otro lado, reducir el número de personas que pueden, o digamos de delitos que están sujetos a prisión preventiva oficiosa, para que haya un equilibrio.
Lo que se está pretendiendo hacer aquí es, con los mismos elementos que tenemos ahora, señores diputados, digamos mínimos de datos de prueba, mínimos, muy sencillito, vamos a aumentar el número de delitos con prisión preventiva oficiosa, ¿eso, qué va a ocurrir? Ya se lo han mencionado otros participantes, un incremento en, no solamente en las cárceles, la población penitenciaria, sino que eso no va a resolver el problema de fondo de las víctimas, de lo que comentábamos, de lo que nos comenta el licenciado García Garza. Es desesperante salir a la calle en la noche, salir a Acapulco, salir adónde sea. Por la noche simplemente mejor no salir en carretera.
Ahora bien, lo malo de ser los últimos es que ya prácticamente todo lo que yo tenía aquí en mi presentación ya lo han dicho anteriormente, pero lo importante es ver en dónde está el cuello de botella. Está en que las personas salgan de prisión.
Hoy tenía yo aquí, traía yo este Reforma: liberan cárcel huachicoleros, dice: libran cárcel huachicoleros. Perdón, pero el principio de inocencia es fundamental, porque a todos los que estamos aquí nos puede ocurrir el día de mañana. El principio de inocencia es fundamental en todo Estado democrático de derecho y que libren la cárcel huachicoleros, que dice la cabeza de este periódico, eso no quiere decir que no estén sujetos a un proceso penal y que cuando ese proceso penal concluya, esa persona pueda, efectivamente, cumplir su condena dentro de prisión. Eso es lo que mencionaba el licenciado Lara anteriormente, en cuanto a un cambio de cultura.
Ahora bien, otro de los elementos que se incluyó en la reforma de 2008, son los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Por favor, es importantísimo que podamos tener grupos, elementos en cada una de las entidades federativas y en la federación, que manejen estos mecanismos de solución de conflictos, porque si no el sistema simplemente colapsa.
El sistema está previsto para que solamente un 5 por ciento de los asuntos se judicialicen, 5; si nosotros llevamos todos los asuntos a ser judicializados, el sistema va a colapsar, sin duda.
Por supuesto la capacitación y la creación de grupos dentro de las unidades de medidas cautelares, en la federación nos mostraron cuántos elementos de las unidades de medidas cautelares federales hay y es paupérrimo. Estaba viendo yo, en Tamaulipas hay dos, dos elementos para todo el estado de Tamaulipas, para hacer una evaluación de aquellas personas que son sujetos a procesos penales federales. Bueno, pues eso simplemente no se puede llevar a cabo de manera eficiente.
Ahora bien, ¿quiénes son también quienes de alguna manera desean o desearían que esto pasara? Ciertamente o medio posiblemente los jueces, porque es más sencillo para un juzgador simplemente decir: saben qué, esto lo resuelvo a través de la taxativa que me está dando la Constitución, ya no tengo que hacer una evaluación. Y los jueces están ante una gran presión social, por parte de la Fiscalía, por parte de la sociedad, por parte de los abogados de las defensas.
Lo que deberíamos de hacer en vez de estar reformando la Constitución de esta manera, como lo mencionó el doctor Félix, Rodolfo Félix, deberíamos de estar apostando precisamente a la independencia del Poder Judicial. Deberíamos de estar apostando en recursos a las unidades de evaluación, de mecanismos, de seguimiento, digamos, de las Umecas.
Ahora bien, finalmente, yo les quisiera preguntar: si ustedes, señores diputados, señora diputada, cuando regresen a sus circunscripciones, seguramente hablarán con su gente, con la gente que los votó, por cierto, que ustedes son la primera legislatura que van a poder ser reelectos de manera inmediata y subsecuente, desde hace muchísimos años.
Y cuando vayan por ahí en carretera, no me contesten así, pero digamos, si los para la policía, ¿ustedes confiarán en sus policías? ¿Confiarán en sus jueces? ¿Confiarán en la justicia de sus entidades federativas? Respóndanse, digamos, es una pregunta retórica, pero también para cada uno de ustedes.
Si la respuesta es sí, sí confían en sus policías, sí confían en sus jueces, entonces no voten por esta minuta. No voten, porque entonces los elementos ya están dados para que las policías sigan haciendo su trabajo y lo hagan bien.
Ya los delitos graves que se mencionaron están incluidos en la Ley Federal de Delincuencia Organizada. El robo a autotransporte está previsto en la Lefedeo. Ya está ahí. Entonces sus policías, esas que ustedes confían lo van a llevar a cabo bien.
Si ustedes, por el contrario, piensan que no confían en sus policías y no confían en sus jueces, porque hay corrupción, entonces, señores diputados, les pido encarecidamente, por favor, no voten por esta minuta.
Porque entonces, lo que va a ocurrir es que de todas maneras eso va a seguirse llevando a cabo. Muchísimas gracias.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias a Adrián Franco Zevada.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Presentamos a continuación a Fernanda Dorantes Arteaga, abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM. Especialista en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho. Postulante en materia penal. Cofundadora y directora jurídica en Reinserta. Observadora de procesos de certificación ACA en el estado de Chihuahua. Líder en el ámbito jurídico del Proyecto Nacional de Investigación sobre Género y Maternidad en Reclusión, realizado por Reinserta e Inmujeres y en la realización del Perfil Nacional del Secuestrador.
Capacitadora a jueces federales y defensores públicos federales en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Ponente y conferencista en diversos foros sobre Sistema Penitenciario y Sistema de Justicia Penal. Adelante, Fernanda Dorantes Arteaga.
La ciudadana Fernanda Dorantes Arteaga: Bueno, primeramente, no quiero omitir destacar y recordar el carácter procesal y no punitivo de las medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva.
El artículo 19 constitucional es claro al señalar que su finalidad es garantizar la comparecencia del imputado a lo largo del proceso, la protección de personas, en este caso víctimas o testigos, la no obstaculización de la investigación y, bueno, como una arista digamos, un tanto separada de estas finalidades procesales, está el hecho de que la persona imputada haya tenido antecedentes de la comisión de otros delitos, ya sea que se encuentre sentenciada o procesada por estos mismos.
La prisión preventiva debe de ser el resultado de una decisión judicial y no de una acusación. Debe ser el resultado de una decisión judicial en la que se hayan respetado las garantías procesales y los principios del Sistema Penal Acusatorio. Debe obedecer también a los principios de la propia imposición de esta medida cautelar, que es la legalidad, la proporcionalidad y la necesidad.
En este sentido tenemos que las partes procesales: Ministerio Público y defensa tienen el deber de convencer al juez y que este, con el arbitrio judicial que detenta, decida y se pronuncie sobre la necesidad o no, de determinada medida cautelar, entre ellas la prisión preventiva oficiosa, recordando que la ley nos presenta un catálogo, estableciendo que justamente la imposición de la prisión preventiva será de carácter excepcional.
Lo anterior me lleva a destacar nuevamente y a hacer hincapié en esta finalidad procesal de la medida cautelar. Finalidad procesal, más no punitiva. Como aquí ya se ha destacado, ha habido una suerte de desinformación en la que incluso en algunas notas periodísticas leemos en los encabezados que dicen: “Diputados buscan castigar el feminicidio con prisión preventiva”.
No, la prisión preventiva no es el castigo, no tiene el carácter punitivo. Quiero decir que “punitivo”, entre comillas, porque ni siquiera la imposición de una pena, de conformidad con el contenido constitucional es de carácter punitivo sino de otro aspecto, de un aspecto de reinserción y de resarcimiento del tejido social.
¿Qué quiere decir esto? Que la imposición de una determinada medida cautelar de ninguna manera garantiza que al final de este curso procesal efectivamente se vaya a sancionar o no el delito.
Para llegar a este fin, a que se emita una sentencia condenatoria en el medio hay otros muchísimos factores que no tienen tanto que ver con la imposición de una medida cautelar.
En este sentido quisiera también destacar y retomar aquellos comentarios en torno a las deficiencias que existen en las instituciones y en los operadores del sistema de justicia penal, incluyendo también a los defensores particulares. Con ello me gustaría instar, me gustaría recalcar que la labor legislativa de ninguna manera debe utilizarse para subsanar estas grandes deficiencias. Son deficiencias que de cualquier modo van a derivar en impunidad y en corrupción. Entonces, no me imagino que tengamos disposiciones normativas que están previendo todas y cada una de las hipótesis que nos lleven a la impunidad. Sería algo demasiado bizarro.
Nos pronunciamos a favor de la prisión preventiva justificada y nos pronunciamos absolutamente en contra de una prisión preventiva oficiosa. El hecho de tener un catálogo o de tener supuestos muy particulares en los contenidos normativos verdaderamente puede jugar más en contra de lo que puede abonar a la sociedad.
Asimismo, no quiero pasar por alto mencionarles que el sistema de justicia penal no solo es un mecanismo de contención social o un mecanismo de represión. Es un pilar fundamental en la construcción de un Estado de derecho y en la construcción del Estado democrático que tanto anhelamos.
Evitemos la prostitución del derecho penal, evitemos la desinformación. Históricamente es un hecho comprobado que la prisión preventiva en nada, en nada ha abonado al combate de la impunidad y a mejorar las condiciones de seguridad que tanto laceran a nuestro país.
Finalmente, quisiera poner sobre la mesa en estos dos minutos, de manera muy breve, dos casos reales con los que nos hemos encontrado en la labor que desde Reinserta hacemos. Somos una organización que operativamente al menos cuatro días de la semana estamos en labor en cárcel.
El primero de ellos es una mujer acusada de homicidio calificado, en razón del parentesco la acusan de haber matado a su marido. Ella se encontraba en las últimas semanas de gestación. Evidentemente es sometida a prisión preventiva, y por todas estas deficiencias del sistema, no solo de impartición de justicia sino del sistema penitenciario y de otras tantas deficiencias institucionales, no se le atiende correctamente y su bebé nace con una discapacidad cognitiva derivada de la mala atención en el parto. El niño nace bastantes días después de lo programado para el alumbramiento.
Esta mujer es de una condición social bastante marginal, ella en la calle deja a tres niños, dos niñas de 8 y de 10 años y un niño de 13, y bueno sin contar con este bebe con discapacidad que tuvo al interior de prisión.
Por otro lado, tenemos el caso de uno de nuestros chicos del programa de reinserción para adolescentes, que el otro día llega muy preocupado a pedir permiso para ausentarse de una actividad porque tenía que ir a la audiencia de su mamá en Santa Martha que la habían detenido dos días antes por haberse robado libros en una tienda.
Entonces le preguntamos, ¿oye, necesitas algo, podemos apoyarte de alguna manera? Y él se voltea y nos dice: no, la verdad es que esta es la quinta vez en el año que detienen a mi mamá, entonces ya sabemos que dentro de dos días va a salir. Cabe destacar que su familia, todo su núcleo familiar se dedica de manera muy organizada a robar tiendas de autoservicios en puntos que tienen repartidos en distintas zonas de la Ciudad de México.
Otra de las cosas a destacar en este caso concreto es que, nos menciona en una ocasión anterior que su mamá fue detenida, fue puesta en libertad de manera inmediata, pese que ya tenía un proceso iniciado, porque en la agencia del Ministerio Público dio otro nombre, y no es la primera vez que escuchamos una situación por el estilo. Sí, la gente puede llegar detenida al Ministerio Público y dar otro nombre y el Ministerio Público no se aboca, ni siquiera a rectificar los datos que le son proporcionados. Gran, gran vació y gran fallo institucional que nada tiene que ver con la imposición de una medida cautelar.
Habiendo puesto estos dos casos sobre la mesa, les quiero hacer la pregunta de, ¿qué nos parece más lastimoso para la sociedad, esta mujer que reiteradamente ha cometido robos o la mujer que por una suerte de violencia familiar terminó matando a un marido abusivo? Si hacer juicios de valor, sino nada más poniendo sobre la mesa esta reflexión en torno a la prisión preventiva oficiosa. Agradezco su atención.
Y también les pediría una sensata introspección sobre, tras haber hecho este análisis, que yo creo que ustedes, diputados, diputadas, conocen bien, no creo que les sean ajenos y tras haberlos puesto sobre la mesa quisiera preguntarles, ante todas lagunas institucionales y fallas estructurales, ¿por qué queremos ampliar el catálogo de la prisión preventiva oficiosa? Muchas gracias.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias a Fernanda Dorantes Arteaga. Ruego al compañero Marcos Aguilar Vega, nos ayude con la siguiente ponente.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Ruego al compañero Marcos Aguilar Vega, nos ayude con la siguiente ponente.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, diputado. Me permito presentar a Irene Tello Arista, es directora ejecutiva de Impunidad Cero, organización de la sociedad civil que se dedica a medir, analizar y visibilizar la impunidad en México para poder combatirla. Es articulista en el universal y en la revista de este país. Es maestra en relaciones internacionales por la New York University. Licenciada en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y ex becaria Fulbright-García Robles. De 2006 a 2010 fue coordinadora del proyecto Presta tu Voz de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, programa social dedicado a crear audiolibros para que personas con discapacidad visual puedan cursar una carrera. De 2011 a 2014 fue asistente de investigación del licenciado Federico Reyes Heroles. De 2012 a 2014 trabajó en Transparencia Mexicana. Durante la maestría trabajó como asistente de investigación en el GovLab de New York University. Como parte de su trabajo de Impunidad Cero ha impulsado el uso de datos para analizar los problemas de impunidad penal y administrativa en el país, así como la importancia de destacar las historias personales que se ven reflejadas en ese sitio. Bienvenida.
La ciudadana Irene Tello Arista: Gracias. Pues muchas gracias estimadas diputadas, diputados y participantes en estas audiencias públicas. Agradezco y celebro que se den este tipo de espacios para compartir entre nosotros las inquietudes, preocupaciones, datos y argumentos que tenemos todos ante la creciente ola de violencia e impunidad a la que nos enfrentamos. Vivimos tiempos preocupantes y violentos, donde los niveles de incidencia delictiva y de impunidad aumentan año con año.
Tan solo el año pasado se cometieron en el país 34 mil 202 homicidios dolosos, la mayor cifra registrada para este delito. Parecería innecesario decirlo, pero me parece indispensable recordar que cada una de estas muertes conlleva a lo que la periodista Daniela Rea denominó como el fin de un mundo.
Aunque todos los aquí presentes coincidimos en el diagnóstico respecto a los niveles de inseguridad, violencia y de impunidad que azotan a nuestro país, diferimos respecto a las propuestas planteadas para enfrentar estos problemas.
En el dictamen puesto a nuestra consideración se plantea reformar el artículo 19 de la Constitución para aumentar el número de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Parte de la argumentación que se hace en este dictamen se basa en la necesidad de asignar a los delitos esta medida cautelar en un intento por reducir la incidencia y la impunidad de los mismos.
Sin embargo, es necesario recordar que el delito de homicidio doloso ya es considerado delito grave. Es decir, ya merece prisión preventiva automática. A pesar de esto el año pasado se cometieron la mayor cantidad de homicidios dolosos, por lo tanto, la prisión la prisión preventiva oficiosa no logró reducir la impunidad ni la incidencia para este delito.
Hablando del mismo delito podemos observar, de acuerdo a la investigación que realizamos en Impunidad Cero en conjunto con Jurimetría, AC, que la impunidad para este delito aumentó de 2014 a 2017 pasando de un 78.6 por ciento a un 87.5 por ciento de impunidad. En este caso la prisión preventiva oficiosa tampoco ayudó a reducir la impunidad para el homicidio doloso.
Otro de los argumentos que se exponen para intentar justificar el aumento del número de delitos que merecen prisión preventiva automática tiene que ver con considerar que estos delitos deben ser catalogados como delitos graves. En ese argumento se puede asumir equivocadamente que la gravedad que se define del artículo 19 de la constitución guarda alguna relación con la severidad de las penas para estos delitos.
Sin embargo, si lo que se desea es aumentar la severidad con que se juzgan y sancionan estos delitos, aunque ya se ha dicho en esta mesa que ya se juzgan con bastante severidad, la discusión no está en modificar el 19 constitucional sino en subir las penas para estos delitos, así como en homologar los códigos penales de todos los estados y crear una política nacional criminal que ayude a focalizar los escasos recursos del sistema penal a los delitos que más los afectan.
Si lo que se desea es luchar contra la impunidad para estos delitos, no se puede asumir que una medida cautelar va a solucionar el problema. Primero, porque tener a alguien en la cárcel en lo que se investiga si cometió el delito por el que se le acusa no equivale asignarle la responsabilidad que le corresponde y la sanción correspondiente.
Aunque se haga ver que por tener a alguien en la cárcel ya no quedó impune este delito, esto no es el caso. Recordemos que hasta que no haya una sentencia condenatoria o un acuerdo reparatorio el delito sigue impune. Por otro lado, surge el riesgo de meter a alguien inocente en la cárcel y cometer con ello una doble impunidad.
El delito que aconteció y que fue denunciado tiene un culpable que sigue libre y que no está siendo investigado, y la persona que está injustamente en la cárcel requiere que su detención arbitraria tampoco quede impune.
¿Entonces dónde está el problema? En las procuradurías y fiscalías de este país, así como en la interpretación que hacen algunos ministerios públicos y jueces de control del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Lo voy a poner de forma muy clara. No existe la puerta giratoria. Más bien hay una puerta que no cierra porque ni bisagras tiene y hasta la cerradura se llevaron. En esta metáfora en la que la puerta se entiende como el umbral entre la justicia y la injusticia, seamos claros que si la puerta no cierra no es por el sistema penal acusatorio. Es porque durante años hemos dejado de lado la importancia de fortalecer a las instituciones de procuración de justicia de este país.
De acuerdo a nuestro índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2018, elaborado en conjunto con Jurimetría, todas las procuradurías y fiscalías del país están reprobadas.
Sin embargo, no es lo mismo el desempeño que reporta la Fiscalía de Chihuahua que ocupa el lugar número 1 del índice, comparada con la Fiscalía de Puebla que ocupa el lugar 32. En todos los estados hay lugar de sobra para mejorar su desempeño.
De las cosas que más impactan de nuestro índice es que la probabilidad promedio de que un delito sea denunciado y esclarecido es tan solo de 1.14 por ciento. Esa cifra no refleja la impunidad total del sistema penal, pues falta agregar el porcentaje de esos casos que reciben una sentencia condenatoria o que llegan a un acuerdo reparatorio.
Sin embargo, de los casos que sí llegan ante un juez, la probabilidad de obtener una sentencia es de más del 70 por ciento. Eso nos indica que el gran cuello de botella de la justicia penal en nuestro país está en la procuración de justicia.
A esa cifra del 1.14 hay que considerar que una gran parte de los delitos que suceden en este país no son denunciados, lo cual puede explicarse debido a la baja confianza que reportan las personas hacia los ministerios públicos y al enorme tiempo de espera que se requiere para levantar una denuncia. Son 135 minutos en promedio en la nación.
Sin embargo, una de las cosas que sobresale en nuestro índice es que el sistema de justicia penal acusatorio es 141 por ciento más efectivo que el sistema tradicional. Esto se debe a la variedad de opciones procesales con que cuenta el sistema de justicia penal acusatorio.
Otra de las cosas que vale la pena resaltar es la cantidad de condenas de menos de tres años que reportan las fiscalías y procuradurías estatales. Es decir, los estados están destinado los pocos recursos del sistema penal en perseguir delitos menores.
El asunto no está en el 19 constitucional, está en la política criminal que determina la prioridad de investigación de los delitos que más nos afectan.
Por último, quiero mencionar algo que me parece indispensable: esta reforma la quieren aplicar sobre todo para procesar a personas detenidas en flagrancia. No es poca cosa. Sin embargo, recordemos que para los delitos asociados a la corrupción y al robo de hidrocarburos, este implica enfocarse en las cadenas medias y bajas de esas redes de criminalidad.
Si lo que se quiere es sancionar a los altos mandos de estas cadenas, lo que se tiene que mejorar es la capacidad de investigación de las procuradurías y fiscalías. Modificar el artículo 19 no va a logar esto.
Ayer se mencionaba en una intervención que parecía que sólo veníamos a quejarnos y a decir por qué no es buena idea aumentar el Catálogo de Delitos que Merecen Prisión Preventiva Automática, pero que qué era lo que proponíamos en su lugar.
Si se considera necesario mejorar la forma en que se determina la prisión preventiva en casos de flagrancia, no hay que modificar el 19 constitucional. En todo caso hay que voltear a ver al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 16 de la Constitución, para que siempre, si un ministerio público decide no otorgar la prisión preventiva, tenga que hacerlo frente a un juez de control y para que en caso de que se determine que la persona puede seguir su proceso en libertad, el juez de control esté obligado a vincular a proceso a dicha persona.
Actualmente, de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, más de 200 mil personas están privadas de su libertad. De esas personas, de acuerdo a la Emol, 29. 337 por ciento están sin recibir una sentencia.
Cabe señalar que el porcentaje de mujeres encarcelada sin haber recibido una sentencia es mucho mayor que el de los hombres, 44 por ciento de las mujeres en prisión no han recibido una sentencia, comparado con tan sólo el 28.5 por ciento de los hombres privados de su libertad.
También es necesario mencionar que el 66.2 por ciento de las personas privadas de su libertad que no tienen sentencia, reportaron haber sufrido algún tipo de tortura durante su traslado al Ministerio Público.
De aprobarse esta medida se abriría la puerta a más injusticia, a mayor tortura y a una sobrepoblación en centros penitenciarios sin garantizar con ello una menor incidencia delictiva ni una menor impunidad para estos delitos.
Estimadas diputadas y diputados, si lo que quieren es combatir la impunidad para los delitos que más nos afectan a los mexicanos, lo que se tiene que hacer es invertir en la procuración de justicia en este país, en mejorarlos modelos de gestión y de investigación dentro de las procuradurías, así como el replicar las buenas prácticas que muchos estados han logrado.
Mucho se ha avanzado con la reforma al Sistema Penal Acusatorio. Aprobar esta reforma al artículo 19 implicaría destrozar de un plumazo el logro obtenido durante estos 10 años. Muchísimas gracias por su atención.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias a Irene Tello Arista.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Corresponde ahora la oportunidad para el ponente Camilo Constantino Rivera, quien es vicepresidente del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal y miembro del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal. Doctor en derecho con mención Cum Laude por la Universidad de Salamanca, España, doctorante en derecho público por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, doctor honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados, doctor honoris causa por la Universidad Galilea. Fue director general adjunto de Estudios y Proyectos Normativos en la extinta secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Pena en 2013. Fue profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2010 y asesor parlamentario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados en la Sexagésima Legislatura en 2007. Es asesor de derecho procesal y sistema acusatorio. Es abogado postulante desde enero de 2003 y en Sistema Acusatorio desde 2007. Asesor en las firmas Contreras y Contreras Abogados y en Requena Abogados, S. C., desde 2017, así como abogados al CLIC desde 2019. Es gerente general del Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas Magiste. Actualmente cuenta con el Convenio Básico de Colaboración Universitaria con la Universidad de Salamanca, España y el Capítulo Mexicano de Semilleros de Derecho Procesal del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Adelante, Camilo Constantino Rivera.
El ciudadano Camilo Constantino Rivera: Muchísimas gracias por la invitación realizada a un servidor para poder participar en estas mesas de trabajo, y desde luego, encontrarme con grandes amigos y, sobre todo, con grandes personalidades que son expertos en el sistema de justicia penal.
Creo que ha destacado un punto de referencia muy importante la doctora Fromow, en virtud de que creo que fue el peor error que se pudo haber cometido en México, el haber eliminado la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
En teoría se preveía que debería transitar a un consejo de consolidación, situación que algunas entidades federativas lo pudieron hacer, pero que finalmente quedó en solamente en un tintero, y con eso ya prácticamente todos agarramos nuestro paso, nuestro camino, pero ya no existen esos lineamientos que para bien o para mal, eran un punto de referencia en la implementación de este sistema de seguridad y justicia.
Además, también, otro de los temas que se ha tocado aquí, es en relación a la necesidad de la Unidad de Medidas Cautelares. Cuando fui director general adjunto de Estudios y Proyectos Normativos, por instrucciones de la doctora Fromow, y elaboramos una Ley Nacional de Ejecución de Medidas Cautelares.
Actualmente, en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solamente se establece el catálogo de las medidas cautelares, pero se refiere al desglose de la aplicación de la garantía económica y de la prisión preventiva.
Pero no se refiere al desglose de las demás medidas cautelares, ¿en qué casos hay requisitos de procedencia, procedibilidad, tramitología procesal, sustanciación y, desde luego, los medios de defensa?
Todo esto se está reduciendo solamente a una interpretación de prisión-caución, que es un resquicio del sistema tradicional.
Entonces, bajo ese contexto, creo que es urgente y es más importante la creación de la Ley Nacional de Ejecución de Medidas Cautelares, más que la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa.
¿Por qué? Porque por sí misma la prisión no debe ser sinónimo de derecho penal. Se han establecido que existen otro tipo de medidas cautelares para garantizar las obligaciones procesales, pero tampoco la pena privativa de libertad es la única pena del derecho penal, sino que existen penas, medidas de seguridad, medidas de seguridad accesorias a la pena, y ahora las consecuencias jurídicas de las personas morales.
Entonces, esto ¿qué quiere decir? Que solamente nos estamos sentando sobre una sola medida cautelar y sobre una sanción penal y no estamos viendo el panorama amplio de lo que implica el derecho penal moderno. Y máxime, porque ahora en los factores económicos que se están planteando, que aquí hemos escuchado a una persona que les aqueja en situaciones de carácter empresarial y en situaciones en carácter de tránsito, de movilidad sí, pero esto debe también ser una parte cubierta dentro de las instituciones del derecho penal y, desde luego, no solamente enfocarlo como sinónimo de prisión porque de lo contrario, estamos creando más instituciones, estamos creando más procesos y, desde luego, se están generando mayores injusticias.
También es importante delimitar que, el delito grave o no grave no tiene nada que ver con la prisión. El delito grave o no grave es solamente para la providencia precautoria de la detención por caso urgente.
Tomen en cuenta que la detención por caso urgente es una providencia precautoria privativa de libertad de naturaleza administrativa, que corre a cargo y mando del ministerio público bajo su más estricta responsabilidad cuando no puede acudir ante el juez de control a solicitar una orden de aprehensión.
Pero esto, en ningún momento significa que garantice la prisión automática, sino que necesariamente el ministerio público debe plantear sus argumentos de evaluación de riesgo para poderlo sustentar frente a una audiencia pública contradictoria y oral, y claro la prisión preventiva es el camino cómodo porque solamente es decir el tipo penal que se le está atribuyendo para, en automático, decretar la prisión preventiva con lo cual se violan los derechos fundamentales mínimos.
¿Por qué? Porque si se violan derechos fundamentales hacia el imputado, que consecuentemente en algún momento se va a considerar absuelto, le están generando una doble victimización a la víctima.
Cuando se violan derechos al imputado, indirectamente también se están violando derechos a la víctima. Entonces, debe existir un equilibrio y una protección, una tutela judicial de esos derechos para que no se torne, por un lado, la puerta giratoria hacia la impunidad, y por otro lado, tampoco se torne hacia la victimización del imputado y que en algún momento haya una condena en contra del Estado por una prisión preventiva injusta.
Entonces, esto ¿qué quiere decir? Que las medidas cautelares tienen una dualidad de posición. Por un lado, debe garantizar la presunción de inocencia y por otro lado, debe ser también garantista hacia la víctima.
Por tanto, una medida cautelar debe ser preventiva, disciplinaria, económica, restrictiva o privativa de libertad y no solamente la privativa de libertad. Debemos tomar aspectos como proporcionalidad, instrumentalidad, contingencia y flexibilidad para efecto de poder discutir la medida cautelar.
Desde luego la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, y desde luego una posibilidad de contracautela cuando se trate de medidas cautelares de carácter real, cuestión que no está debidamente regulados en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales.
Entonces, bajo ese contexto qué podemos decir, que un riesgo no debe medirse con base a la gravedad del delito, sino con base a la posibilidad de que se vuelva a cometer un hecho delictuoso. Es decir, la evaluación de riesgo no debe sustentarse en relación al valor del bien jurídico tutelado, sino al comportamiento del sujeto una vez que se ha cometido el hecho, y claro, esto hay que tomarlo en cuenta en virtud de los tres parámetros que el compañero de las Naciones Unidas ha dicho y que están universalmente reconocidos, como el peligro de la sustracción de la acción de la justicia, el peligro inminente hacia la víctima en la sociedad y el peligro de obstaculización en el desarrollo de la investigación o del proceso.
Entonces, bajo ese contexto se propone lo siguiente.
Primero. Que no se tome en cuenta en relación al Catálogo de Prisión Preventiva Oficiosa.
Segundo. Que se haga la Ley Nacional de Ejecución de Medidas Cautelares, porque eso es más urgente para poder garantizar la seguridad de la justicia.
Tercero. Que se haga también una modificación más amplia y más contextualizada en relación a las medidas de protección que brillantemente la maestra Fernanda ha referido, en relación al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque parece que nuestros operadores, específicamente las fiscalías, no lo están comprendiendo y desde luego tampoco lo están aplicando.
Desde luego incluir la figura de los preacuerdos que vengan a robustecer a los criterios de oportunidad, para que en aquellas decisiones político-criminales donde sea un riesgo insignificante y que puedan solucionar un conflicto de carácter social, pueda ser aplicable y no solamente tasarse a una Ley de Amnistía, que creo que no debe ser amnistía, sino más bien dicho decisiones de política penitenciaria que están ahí regulados en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero que no se ha dado una contextualización, y
Cuarto. Creo que es necesario que se regrese la remisión parcial de la pena para efecto de hacer esquemas de trabajo penitenciario, ya que de lo contrario entonces solamente con la libertad condicionada y la libertad anticipada creo que no es eficaz para lograr una reinserción judicial efectiva como se prevé, y creo que es una de las principales políticas de este gobierno para que se pueda generar una correcta percepción hacia la ciudadanía.
Entonces ahí están las propuestas y desde luego nos podemos sumar a ellas sin necesidad de una cuestión o factor económico, sino con toda la intención de mejorar a nuestro país. Muchas gracias.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias, abogado Camilo Constantino Rivera. Derivado de tu elocuencia aboliste la posibilidad de pedirte por escrito tu ponencia y voy a revisar íntegra la versión estenográfica, para que tome muy en cuenta tu participación. Muchas gracias.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Toca el turno de Estefanía Medina Ruvalcaba. Cofundadora de la Organización TOJIL, Estrategia contra la Impunidad, dedicada al combate a la corrupción y la impunidad a través del litigio penal estratégico.
Licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana, y especialista en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho.
En el ámbito profesional se ha desempeñado como funcionaria pública en diversos cargos, tal como directora de Estudios y Proyectos Legislativos Penal, de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR.
Directora general adjunta en la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, de la PGR. Asesora en la Cámara de Diputados. Directora para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio, en la Visitaduría General de la PGR.
También como titular de la Unidad de Atención Inmediata, de la Visitaduría General de la PGR, y asesora del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fue miembro de la comisión redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En el ámbito académico se desempeña como profesora de la especialidad de derecho penal, de la Escuela Libre de Derecho, así como docente y expositora en diversos cursos y conferencias. Tiene la palabra Estefanía Medina Ruvalcaba.
La ciudadana Estefanía Medina Ruvalcaba: Muchas gracias, diputados, por esta oportunidad de poder exponer distintos puntos de vista. Y quisiera empezar por el tema de la puerta giratoria, del que creo que mucho se ha hablado si puerta giratoria sí o puerta giratoria no.
En definitiva, creo que tenemos un problema de impunidad denominado puerta giratoria, pero definitivamente es un falso dilema pretender que a través de incrementar el catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa va a ser la forma en la que vamos a contener esta puerta giratoria.
Entonces, para entender cuáles podrían ser esas soluciones que vinieran a mejorar la situación de impunidad que enfrenta el sistema de justicia penal, creo que valdría la pena ahondar en dónde se construye esa puerta giratoria, y creo que tenemos dos principales puntos, que me gustaría abordar. El primero es en el momento de la detención y, finalmente, es en la parte de la imposición de las medidas cautelares.
Por lo que hace a la detención, que tiene que ver con este artículo 140, del que mucho hemos estado hablando en estas últimas fechas, ese artículo implica en estricto sentido que una vez que se detiene a una persona en flagrancia y está durante ese plazo de 48 horas de retención ministerial ante el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la facultad hoy discrecional conforme a ese artículo 140, de decidir cuándo una persona puede irse en libertad de manera inmediata, o cuándo se va a llevar a judicializar. Es decir, ante un juez de control, que defina sobre la legalidad de esa detención que se le realizó a la persona.
Pues resulta abrumador saber que de acuerdo al informe de hallazgos de 2017 de México Evalúa, identificamos algunas pinceladas de los graves problemas que se ha enfrentado a través de ese artículo. Por ejemplo, se logró identificar que en las delegaciones de la PGR, como Villahermosa, el 61 por ciento de las personas que eran detenidas son liberadas a través de ese artículo. Más de la mitad de las personas se van por ese artículo.
Y algunos otros, Cintalapa de Figueroa 55 por ciento; San Luis Potosí, 37 por ciento; Hermosillo, 35 por ciento, y más cerca, aquí en la Ciudad de México, en el Reclusorio Oriente, el 27 por ciento de los detenidos se van a través de esa figura, sin que mucho tiempo después sepamos más que pasó con ese caso.
Ahora, quiero comentarles otra faceta de las problemáticas de este artículo. Durante mi paso por la Visitaduría General, que es la unidad encargada de investigar los delitos de corrupción que se cometen en la Procuraduría, había una llamada muy recurrente de los denunciantes. Esa llamada quería decir: Tienen a mi familiar detenido en la delegación y me están pidiendo de 50 mil a 100 mil pesos para dejarlo salir en este momento.
Es decir, la aplicación de este artículo 140, que creo que no tiene la redacción más afortunada del mundo, pero que además viene acompañada de una muy mala interpretación por parte de ministerios públicos y jueces, se ha convertido prácticamente en la caja chica de delegaciones y procuradurías, donde se solicitan distintas cantidades de dinero para dejar en libertad o no a las personas en ese momento. Eso sí es puerta giratoria y eso no tiene nada que ver con un catálogo más amplio o más delgado.
Si partimos de la base de que la mayoría de los delitos que se comete en el país por lo menos a nivel del fuero local es el robo, pues esos delitos de robo van a seguir pasando por esta puerta giratoria una y otra vez, si no ponemos un freno en donde se debe establecer, que es la facultad discrecional de ese artículo 140.
Ahora, ¿qué pasa con otro segundo punto de puerta giratoria, que es en cuanto a las medidas cautelares? Efectivamente, ahí tenemos dos problemas, uno que los fiscales no están llegando con evidencia para poder sustentar la aplicación, no solo de la prisión preventiva, sino de casi cualquier otra medida cautelar, porque no tienen apoyo ni de sus policías de investigación ni de las unidades de medidas cautelares, que deberían llenarles de esa información.
Imagínense, por ejemplo, a nivel federal el Consejo de la Judicatura ha reportado que, en delitos del robo de hidrocarburo, que creo que está bastante en boga, se niegan el 58.54 de las prisiones preventivas que se solicitan al Poder Judicial de la Federación. Eso aunado a que de acuerdo al artículo 4o. de la Ley de Prevención y Sanción de Delitos de Robo de Hidrocarburo, los ministerios públicos hoy, en ley, están obligados a pedir prisión preventiva en todos estos delitos. Sin embargo, les niegan más de la mitad, casi el 60 por ciento.
¿Eso qué querría decir en términos prácticos? Que si hoy tuviéramos prisión oficiosa en el delito de hidrocarburos, tendríamos casi el 60 por ciento de las personas que son llevadas ante un juez encarcelados, sin datos suficientes que justificaran sobre esa medida cautelar, porque hoy se las están negando por ineficiencia.
El segundo problema es que cuando se imponen medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, como puede ser un localizador electrónico, seguimiento, vigilancia, firmas, un catálogo de 13 medidas cautelares distintas, pues la ciudadanía está advirtiendo eso como un mensaje de impunidad, porque efectivamente parece una broma, no hay quien vaya y vigile que se cumplan o no esas medidas cautelares.
Entonces, es ahí donde debemos de poner los ojos, identificar cómo hacemos para que se cumplan y sean efectivas medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Finalmente, en términos del dictamen, quisiera precisar que, como han abordado otros de los distinguidos colegas de esta mesa, el dictamen aunado a estas problemáticas y al tema de violación a derechos humanos, que en sí mismo implica, carece de toda redacción legislativa adecuada.
Por ejemplo, si nos fijamos en el tema de delitos de corrupción, que nos hace referencia a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Estamos refiriendo delitos de los que no tenemos la menor idea de su aplicación, por ejemplo, estamos dejando fuera a peculado, cohecho, y si le sumamos que no puede haber, de acuerdo al Código Penal Federal, concurso de delitos con enriquecimiento ilícito y cohecho y peculado, pues prácticamente esta reforma no es más que de cascarón y carece de toda aplicación práctica sin que se busque que eso deba regularse, sino que es un ejemplo de cómo aun así la redacción no es favorecedora.
En ese sentido, las propuestas que creo que deberían de enfocarse en esta mesa, son principalmente en revisar la redacción que hoy tiene el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y establecer ahí candados para esta facultad discrecional y que deje de ser un foco de impunidad, que como comentaba hace un momento, sea la caja chica de las procuradurías.
Segundo. Fortalecer las capacidades del Ministerio Público para que puedan defender la aplicación de las medidas cautelares.
Y tercero. Establecer y fortalecer un adecuado sistema de unidades de medidas cautelares, que puedan dar cumplimiento a las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Y finalmente, quisiera nada más cerrar con esta frase, en la cual consideramos que incrementar el Catálogo de Prisión Preventiva Oficiosa no es otra cosa más que ofrecer prisión y circo al pueblo de México, lejos de una solución eficaz y efectiva para el combate a la impunidad. Muchas gracias.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muy bien, muchas gracias.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Ruego una vez más a mi compañero diputado Hugo, perdón, Marcos Aguilar Vega nos haga la presentación del último ponente.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias. Me corresponde presentar a Enrique Guerrero Aviña, quien es miembro fundador del Colectivo Liquidámbar por los derechos de todas y todos. Es defensor de derechos humanos y preso político reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, párrafo 27, de la opinión 55/2015, del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU. Fue encarcelado bajo la figura prisión preventiva oficiosa durante cinco años siete meses, desde mayo de 2013 hasta diciembre de 2018. Es miembro de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM. Ponente en diversos coloquios nacionales e internacionales de filosofía. Bienvenido, Enrique.
El ciudadano Enrique Guerrero Aviña: Gracias. Pues quisiera iniciar mi participación reconociendo en especial al Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y a todas y todos aquellos que luchan por los derechos humanos en este país, sin sus luchas, sin su apoyo yo no podría estar aquí, esta ponencia no sería posible.
El Colectivo Liquidámbar inicia su reflexión a partir de sus propias heridas, de sus propias cicatrices. Nosotros partimos del dolor irreparable de los que hemos sufrido de manera injusta la prisión preventiva oficiosa.
Somos sencillos caminantes de utopías que hemos luchado contra el presidio político y contra la injusticia. Nuestra historia como tantas otras historias de injusticia, son historias que no deben repetirse jamás en este país.
Nuestro tiempo de prisión política fue un tiempo de prisión preventiva oficiosa que nos arrebató años, años que evidentemente nadie podrá devolvernos. Ante el dolor del país, nuestro pequeño dolor, ese pequeño dolor que coincide con el llamado urgente de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el llamado es claro y enfático. La prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos.
Nuestra modesta pero profunda experiencia consideramos que debe nutrir este debate, que es pertinente.
En mi caso, pasé, como ya lo mencionaban, 5 años 7 meses bajo la figura de prisión preventiva oficiosa porque el colectivo Liquidámbar y yo, como miembro de él, fuimos perseguidos durante el gobierno pasado. Fuimos sometidos a una gran persecución que tuvo su momento más agudo con mi encarcelamiento y con mi criminalización.
Después de una larga lucha de años logramos acreditar mi inocencia, la fabricación de pruebas y las gravísimas violaciones a mis derechos humanos.
La Organización de las Naciones Unidas se pronunció desde 2015 por mi liberación y reconoció, literalmente, que fui perseguido por mi labor como defensor de derechos humanos. Sin embargo, fue hasta la llegada del nuevo gobierno que se dio cumplimiento a esta recomendación internacional.
Aquí, evidentemente surge una pregunta: ¿quién devolverá los años perdidos a mis familiares, a mis compañeros de lucha, a mí? La respuesta es patente.
Se discute en este momento, en nombre de nuestro pueblo, aumentar el catálogo de delitos que ameritarían la prisión preventiva de oficio, pensando acaso que la pena anticipada, que supone la prisión preventiva oficiosa, puede ser solución o parte de la solución para los graves problemas de violencia e impunidad.
Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa no ha sido ni será una respuesta a dichas problemáticas.
Mi compañero ponente mostró unas gráficas muy claras sobre cómo se incrementó la prisión preventiva de 2000 a 2016, 2017 y, sin embargo, creo que esos años, debemos reconocer que han sido años profundamente violentos, con altos grados de impunidad.
La prisión preventiva oficiosa no es la herramienta adecuada para lograr acabar con la impunidad y para perseguir el delito, pues ello atente contra el principio de presunción de inocencia.
¿Qué sentido tiene el juicio si el acusado ya ha purgado la pena o parte de la pena de manera anticipada?
En el Sistema Penal Mexicano ha predominado lo que podemos denominar como el principio de presunción de culpabilidad. Es decir, que todos los imputados son culpables aunque se demuestre lo contrario.
Y por eso, encabezados como el que mostraba el otro compañero ponente: libran cárcel huachicoleros. Pero aún no han sido juzgados.
Entonces, creo que el Estado mexicano tiene la obligación de establecer reformas que vuelvan real la aplicación del principio de presunción de inocencia, que es el que debería de regir nuestro sistema penal.
En esta dirección consideramos que la prisión preventiva oficiosa no abona a construir un régimen en el que verdaderamente exista el principio de presunción de inocencia.
Se habla, me parece que, de manera errónea, de lo que buscan las víctimas. Porque, ¿qué es lo que quieren las víctimas? ¿Qué es lo que merecen? ¿Que cualquier imputado esté en prisión o que la persona verdaderamente responsable esté en prisión?
Creo que ese es el punto. No podemos seguir con un debate que no es serio. Y considerando que cualquier imputado al estar en prisión se está haciendo justicia, todos aquí sabemos que la justicia, en términos judiciales se alcanza hasta que exista una sentencia firme y siempre y cuando haya sido bajo los marcos de un debido proceso.
Durante el presidio político conocí casos realmente catastróficos de personas que llevan 24 años bajo prisión preventiva oficiosa. Conocí un caso que vi de manera personal, un señor que me tocó, justamente cuando el actuario judicial le notificó su sentencia, llevaba 20 años bajo prisión preventiva oficiosa. El actuario llega y le notifica que su sentencia es de 9 años.
Yo estaba ahí. Y el sentenciado pues se debatía entre dos sentimientos contradictorios: por un lado, la incredulidad de que iba a salir libre, y por otro, lo que externó verbalmente. Nos dijo: “¿Quién me va a devolver los 11 años restantes?” Evidentemente, todos los que estábamos ahí no pudimos más que guardar un sombrío silencio. Esas cosas no deben seguir pasando.
Otro caso que resulta paradigmático o emblemático de la prisión preventiva oficiosa está registrado en la Opinión 66/2016 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, el cual los señores Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz en ese momento, en 2017, ya llevaban 15 años de prisión preventiva oficiosa, opinión que hasta la fecha no ha sido acatada por el Estado mexicano.
En efecto, el pueblo demanda justicia, pero la prisión preventiva no es el instrumento idóneo para brindar justicia. ¿Acaso es justo que una persona inocente pase años en la cárcel? ¿Acaso es justo que una persona de la que se presume su inocencia esté encarcelada?
Tampoco debe perderse de vista que con el objetivo de contener la criminalidad se pueda justificar impartir justica por anticipado, eso no es correcto. La prisión preventiva solamente se justifica –eso creo que todos lo hemos escuchado–, cito textualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí es estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia, cuestión que no puede determinarse a priori por el delito imputado.
Tan inocente puede ser al que le imputan homicidio, delincuencia organizada, secuestro, como al que le imputen otro tipo de delito. Entonces, creemos que no es la medida idónea.
Por otra parte, consideramos que es importante reflexionar en lo concreto, no podemos o no es correcto quizá legislar en abstracto. Debemos ver hacia las condiciones carcelarias reales de nuestro país.
En los hechos el Estado mexicano no ha garantizado la infraestructura para diferencia el trato entre procesados y sentenciados que se encuentran privados de la libertad. Esa situación me consta personalmente. Los procesados son tratados igual que los procesados y esto viola los artículos 5.2 y 5.4 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. No hay la infraestructura para ello.
A los procesados no solo se les restringe la libertad personal, se les restringe el libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, en los Ceferesos son obligados a raparse, a rasurarse diario. No tienen acceso a la tecnología, que está consagrada en el artículo 6o. constitucional. Ni siquiera tienen garantizado el acceso a la información. No pueden recibir prensa escrita, no pueden recibir libros de ciertos contenidos, son establecidos de manera arbitraria cuales sí y cuales no pueden leer. Y son procesados, se presumen inocentes.
Por otra parte, y aún más grave, en los centros federales de nuestro país se cometen muchos atropellos que derivan en malos tratos y tortura. Existe, por ejemplo, la Recomendación M-05217 del mecanismo para la prevención de la tortura, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emite esta recomendación señalando que los Ceferesos que estudió –es decir, todos– no garantizan el acceso al empleo o al trabajo. No garantizan el derecho a la salud y no garantizan tampoco el derecho a la educación.
En ese tipo de condiciones no deben estar los sentenciados, mucho menos los procesados. Es una catástrofe que se quiera incluir en esas condiciones a personas que se presumen inocentes.
El llamado Colectivo Liquidambar, de manera respetuosa al Poder Legislativo estriba en que no se amplié el catálogo de delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa. Por el contrario, exhortamos a que se inicie la discusión opuesta.
Eliminar plenamente del sistema penal mexicano la prisión preventiva de oficio. Con ello el Estado mexicano avanzaría en materia de derechos humanos y cumpliría con sus compromisos internacionales en la materia.
Concluyo. Ante la urgencia de los tiempos que vivimos la preocupación impera frente a la experiencia que hemos sufrido. Por lo cual el Colectivo Liquidambar hace un llamado a no olvidar y a no repetir los daños.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias a Enrique Guerrero. Bueno pues expresamos una felicitación a todos, a todas, las y los ponentes, que han disertado con sabiduría y experiencia todos sus puntos de vista.
Reconocer de manera especial a los que se quedaron, porque este es un ejercicio también de diálogo, no solamente para exponer, sino también para responder y en este punto precisamente pueden intervenir compañeras y compañeros legisladores para que los expertos quienes nos visitan exponen, disertan, puedan disipar algún comentario, una duda, respecto a sus exposiciones. Presumo que están dispuesto a ello.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Entonces, tomaremos los datos de los compañeros legisladores que quieran hacer alguna intervención. Se ruega de tres minutos. Se pide también que sean preguntas directas, precisamente para que ellos puedan explayarse en el tema que han expuesto. Entonces esta el compañero diputado Ortega Martínez. Adelante.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Desde luego no podría iniciar estos comentarios y la pregunta, sin agradecer de manera muy sincera las intervenciones de todos los ponentes. Es viernes por la mañana y hay pocos diputados, en la tarde del viernes, de hoy, hay otra sesión y si no mal recuerdo mañana ya no, en la tarde es la última sesión.
Hago este comentario porque no es cosa menor y voy a decir por qué. Miren, está suficientemente clara la goliza, la golpiza, la contundencia de las audiencias de ayer, la de hoy en la mañana y espero que la de la tarde. La prisión preventiva de oficio no es una buena idea para combatir y reducir la delincuencia creciente que tiene y que vive el país.
No es tampoco una propuesta solvente, en términos de técnica jurídica, las evidencias que aquí se han mostrado lo confirman. No es por si alguien lo ha pensado, una medida eficaz que recupere confianza en las policías, en el Poder Judicial y en la justicia.
Yo creo que habría que ser muy claros, muy francos con ustedes, porque en unos cuantos días estoy seguro ustedes le van a venir dando seguimiento a las comisiones, al dictamen, al debate quizás, se pueden llevar una sorpresa, que la mayoría en la Cámara respalde la propuesta, y aunque pareciera que hay detrás de la propuesta un espíritu de atender un reclamo social de la población de que alguien pare la descomposición que se expresa en términos de la delincuencia, lo que para mí está claro es que hay una orden. Hay una pretensión política, hay un supuesto acto de autoridad, de poder, de fuerza.
Este es el tamaño del despropósito y del engaño. Se pretende en un acto de incapacidad, como ustedes ya lo demostraron, de demagogia, de populismo, atender el reclamo social y ofrecer una alternativa y una solución falsa. Este es el verdadero meollo del asunto.
Termino, señor coordinador. Este es el verdadero meollo del asunto de lo que puede pasar en los próximos días. La mayoría va a votar a favor de la minuta que viene del Senado con algunas reformas. El despropósito en el Senado fue absurdo, cada grupo parlamentario ponga para el catálogo un delito grave.
La resistencia en la Cámara de Diputados termino. Bueno, atendamos cuando menos lo que el presidente de la República ha planteado –tres–: Corrupción, delitos electorales y huachicoleo, que en diciembre era el tema mediático y de comunicación. Y al final –con alunas componendas que no vale la pena mencionar–, compañeros, cuando menos huachicoleo metamos para atender la pretensión.
Ya se ha dicho aquí, es la medida más barata, más fácil, pero la más incapaz para responder a un reclamo social. La pregunta concreta. Particularmente ya se fue la doctora Fromow, pero por lo que estoy observando hay ponentes que fueron colaboradores estrechos de una responsabilidad que tuvo la doctora Fromow.
Ella coordinó desde una secretaria técnica el seguimiento a la implementación del modelo de justicia penal acusatorio. La Auditoría Superior denunció que los recursos a esa secretaría habían sido multiplicados por tres veces.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Le ruego formule su pregunta, compañero legislador.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Termino, coordinador, y le agradezco. Es un minuto, no más de un minuto. La Auditoría dijo: Se le autorizó en el Presupuesto tanto y el Ejecutivo dio tres o cuatro veces más. El sistema penal tiene muchas debilidades. No estoy diciendo que estamos en un Estado fallido y ya nada hay que hacer. Ya ustedes adelantaron el comité de seguimiento y otras cosas, pero quisiera que nos ayudaran a precisar.
Por último. Compañeros, compañeras ponentes, no desistan. Nosotros, algunos diputados no vamos a desistir ante una posible derrota política. No se echen para atrás. Sigamos, insistamos, defendamos nuestra visión. Seamos muy firmes. No quiero dramatizar, pero es obligación y tarea no ceder en estos temas. Gracias, presidente, y disculpe el exceso.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Gracias, diputado Ortega Martínez. No soy presidente, soy coordinador, pero le agradezco. Les ruego tomar nota a todos los ponentes. Van a terminar de intervenir los legisladores y al final hacen sus respuestas.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Tiene la palabra el compañero diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre.
El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre: Hola, pues muy buenas tardes. Reiteradamente muchas gracias por acudir a esta audiencia pública, y desde el posicionamiento como político y legislador de la bancada, tengo que, son sentimientos encontrados porque los argumentos que han vertido ustedes, en su gran mayoría, tienen un peso, un análisis, un estudio, una comparación, sin embargo tengan en cuenta que estamos actuando en esta actual legislatura, con compañeros disidentes, opositores, aquellos colaboradores y empáticos en la propuesta de que necesitamos grabar, necesitamos proponer.
No estamos condenando a nadie de anticipación. Esta propuesta que ha llegado a todos nosotros y desde la comisión que en este momento tengo el encargo, la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, puedo decirles que hay instrumentos diversos y que me ha costado muchísimo tiempo poderlos leer en el formato que ustedes leen, me ha costado trabajo escuchar y entender y acercarme con los expertos tanto como ustedes y otros más, todos muy sapientes.
Pero tenemos que tomar una medida proactiva, debemos de insertar medidas proactivas. Si no lo hacemos, no avanzamos.
Nuestra Carta Magna, nuestra Constitución nos permite tener un pie de arranque. Modificar el artículo 19, es tener un avance. Hay leyes reglamentarias que podemos modificar. A nadie se le está haciendo presunto culpable, a nadie. Es básico que estamos dirigiéndonos a un colectivo, al crimen organizado. Es básico que se está dirigiendo a aquellos delincuentes de cuello blanco.
Yo no contemplo que ninguno de nosotros vengamos, en este momento, armados. Yo no creo que ninguno de nosotros sepamos o aprendamos a perforar un ducto, y aunque ya lo dijeron otros ponentes que está tipificado, tenemos que llevarlo a un delito grave porque mientras otros se han hecho riquísimos con la corrupción y con los otros ejemplos que ya participé, hay otros que están en condiciones verdaderamente de indefensión, de vulnerabilidad, de carencia.
Por supuesto que las aportaciones de todos ustedes son muy enriquecedoras, pero tenemos que tener esa visión de ser propositivos, en principio de progresividad. Tengamos medidas proactivas y hagamos los ajustes razonables.
Hay transitorios donde podemos modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, que podemos establecer la temporalidad y la vigencia.
Decía la maestra Estefanía en su ponencia, el señalamiento al artículo 140 del código mencionado, mi pregunta sería, maestra: de qué manera le podemos modificar, transformar, especificar, que el Ministerio Público no tenga tan abierto ese panorama con la facultad discrecional de poder tener en retención a una o a otra persona. Esa sería mi pregunta. Si usted nos compartiera en esta pregunta que ahora planteo se lo agradeceríamos mucho, yo se lo agradecería muchísimo, enriquecería mucho nuestro documento.
Y con la aportación y la colaboración que tuvimos del maestro Franco, le quisiera preguntar: cuando alguien se sube a hacer un robo en el transporte público y sabemos que no nos dan una salutación cordial ni protocolaria ¿verdad? Y saca el arma y nos dice “aquí ya todo se descompuso”.
Si todos tuviéramos un arma realmente, todo se descompondría, pero no la tenemos. ¿Por qué? Porque no sabemos en manos de quién se va a usar esa arma.
Pregunto yo, y es la pregunta que le hago a Franco, el poder insertar en el catálogo de delito grave el planteamiento que él hace, de que el robo al transporte público sea grabado, ¿disminuiría el delito?
Y, por último, nosotros tenemos un tiempo, nadie sabe de todo ni todos desconocemos de todos. Los expertos son ustedes, los insumos que ustedes nos dan, créanlo que los estamos considerando, las puertas de la comisión, como de nuestros compañeros diputados que la conformamos, licenciada Villavicencio, licenciado Rubén Moreira, los demás que, no recuerdo todavía los nombres, estamos para poder tener un instrumento que nos sirva.
Decía el compañero, dos ponentes anteriores que, ¿quién le va a devolver los años a su familia, que se les coarta sus derechos o se le suspenden o se les limitan? Quince años y que no se les dicta sentencia.
Es verdad, pero en nuestra legislación, y ustedes lo saben, cuando alguien es procesado y está preso también nuestra Constitución nos dice cómo y cuándo los derechos están restringidos.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Le ruego concluir su intervención compañero, Hugo.
El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre: Sí, gracias. Esas serían las dos preguntas, y que nos ayuden a que digamos verdades completas. Nuestro instrumento no está terminado y con ustedes se va a enriquecer. Muchas gracias.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias, diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre. Hago un anuncio. La versión estenográfica de esta mesa, va a estar disponible en el Canal del Congreso, que nos van a sugerir los compañeros en unos momentos.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Continúa su intervención la diputada Lorena Villavicencio Ayala.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Gracias coordinador de la mesa. Bueno, primero quiero felicitar ampliamente a todos los ponentes, me parece que han sido, como ya dijo aquí, contundentes en sus posiciones, igual que lo hicieron el día de ayer, no me he perdido ninguna de las audiencias, y quiero decirles que básicamente las intervenciones que han hecho todos los ponentes en las diferentes mesas, han sido en el mismo sentido que establecer más delitos en el artículo 19 constitucional, no va a resolver el problema de impunidad en este país.
Y quiero decirles que no es casualidad. Yo soy integrante de la Comisión de Justicia, y también soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos, y como integrante de la Comisión de Derechos Humanos les digo que para mí es fundamental, y creo firmemente en el respeto al principio de presunción de inocencia, al principio de debido proceso, y fundamentalmente al respeto cabal de los derechos humanos.
La primera responsabilidad que tenemos todas las personas y ciudadanos, independientemente de si ostentamos o no un cargo en esta legislatura, es el cumplimiento de la ley, de lo que establece la ley.
Y también nuestro principal derecho es el ejercicio pleno de cada uno de los derechos que establece la Constitución.
Entonces, para mí no hay dudas respecto a mi posición en este tema. Yo no estoy a favor de que se amplíe el catálogo de delitos. Y puede sonar contradictorio y lo acepto públicamente, ¿por qué? Porque yo presenté, hace tiempo, en el primer período presenté una iniciativa en el tema de feminicidio.
La intención que teníamos muchas mujeres es visibilizar a través del artículo 19 un fenómeno que está ocurriendo en la realidad, que es terrible, y que se está incrementando, como es el delito de feminicidio.
Quiero decirles que, a partir de estar escuchando en estas mesas, en otras mesas que tuvimos previamente en la Comisión de Igualdad, entendí perfectamente que no era necesario establecerlo en el artículo 19 constitucional, y que no iba a ser para mí un pretexto el insistir en mi iniciativa no iba a ser el pretexto para que se incluyeran todo tipo de delitos.
Me parece que tenemos que ser muy claros en nuestra postura. Ese es el llamado que yo haré al Grupo Parlamentario de Morena, de que se asuma una posición clara porque no vamos a resolver con este tipo de medidas y lo que sí podemos hacer es incrementar la injusticia que se ha cometido con el tema de la prisión preventiva oficiosa, cuando no tenemos un sistema de justicia que esté actuando debidamente.
Ahora bien. Sí yo les quiero pedir a todos los que han venido participando que busquemos un camino único, porque lo que es cierto es que lo que está motivando al presidente de la República a solicitar la ampliación de este catálogo de delitos, es justamente... yo sé que no es una medida real, pero lo que está buscando es por lo menos generar una percepción en la sociedad civil, de que se está tomando en cuenta este tipo de delitos que son graves, y que se están dando todos los días.
Entonces yo lo que les pido a cada uno de ustedes para lograr una salida en la que todos estemos satisfechos y que nos sintamos representados, es que no establezcamos diferentes alternativas. Aquí se señaló, por ejemplo, y que me parece muy importante lo que estableció el ex procurador Rodolfo Félix, de la ampliación de la prisión preventiva justificada, el catálogo que se establece como una medida que nos podría ayudar, como se hizo en Colombia.
Pero también hay otras medidas que se han establecido y que han estado, que hemos discutido con otro tipo de organizaciones que además debe de reconocerles la atención que han tenido con los diputados de dar propuestas alternativas, como es Justicia sin Pretextos, que nos ha presentado una iniciativa para modificación al artículo 16 constitucional, y que me parece que podría ser una buena salida, por una razón, porque no nada más estaríamos incluyendo los delitos que hoy necesita el presidente de la República que les demos un tratamiento urgente, sino que incluiría los anteriores delitos que establece el artículo 19 de la Constitución.
La propuesta es muy sencilla, que una vez que se ha detenido un presunto culpable, que en lugar de que defina la policía, el Ministerio Público su liberación, que se turne directamente al juez para que él haga la valoración correspondiente.
Me parece que con este tipo de medida quizá podemos, podríamos desde Morena buscar una alternativa para no violentar los principios constitucionales a los que estamos obligados a respetar y todas las convenciones internacionales.
Finalmente yo quisiera preguntarles si estaríamos en condición de hacer una sola propuesta, como especialistas, que busquemos, buscar una sola posición para que eso fortalezca nuestra propia posibilidad al interior de la Cámara de Diputados y que podamos salir en otras condiciones con esta propuesta que hizo el presidente de la República.
Segundo. Por qué ustedes, siendo tan conocedores y participando activamente en este tema, ¿por qué permitieron que se estableciera en el artículo 19 constitucional este tipo de delitos? La verdad es que me llama mucho la atención que llevemos tanto tiempo con estos delitos que están establecidos en el artículo 19 constitucional, y si no es porque se mandó una reforma para ampliar estos delitos, tenemos este parlamento en lugar de haber hecho de este tema una causa común de quienes tienen plena conciencia de lo que implica la prisión preventiva de oficio. Esa sería mi pregunta para quienes están aquí presentes. Gracias.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Gracias, diputada. En su momento, van a participar otros legisladores y al final. Por eso les rogaba que tomen nota de las intervenciones de los diputados y de la diputada, para que en su momento ustedes puedan contestar.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Cedo la palabra al diputado Esteban Barajas Barajas, para que formule sus preguntas.
El diputado Esteban Barajas Barajas: Bueno, pues de entrada agradecer de veras a todos los ponentes. Creo que son participaciones todas, todas muy acordes, muy afines. Pues aquí oía, por ahí, que se proponía que, se decía que la población más pobre, más marginada es de alguna manera la que recurre más o la que sufre más de estos enjuiciamientos. Yo ahí –a lo mejor ya se fue la persona–, pero yo vería qué razones habría, porque si es en realidad la persona que más tiene la necesidad, no sé, de robar o de delinquir, o que realmente pues son se tienen recursos para comprar la justicia en un régimen que se ha caracterizado por la corrupción.
En realidad, que ustedes saben, creo que todos han sabido que vivimos un sistema pues no nada creíble, vamos, sobre todo en las instituciones impartidoras de justicia, pues no sé quién podamos decir que tenemos alguna institución. La realidad creo que por ahí es donde... mucho del problema, estoy totalmente de acuerdo.
También en este caso la idea es pues no detenernos tanto en esos pequeños delitos, vamos, de que por unos cinco litros por ahí eso creo que eso pues no, esto va un poco mucho, mucho más a fondo, mucho más arriba, arriba esta problemática.
También se comentaba que a lo mejor había necesidad de que estuvieran por aquí policías o representantes del Ministerio Público, las víctimas. Seguramente cuando estuvieren ellos aquí, pues tendríamos una idea o sería otra situación, de acuerdo a lo que se ha propuesto aquí, y creo que en un momento dado también va a haber de todo tipo de ponencias.
En realidad, yo sí quiero decirles que nosotros le estamos apostando, en realidad esta es creo nuestra apuesta, le estamos apostando a un gobierno que atacará las causas de la violencia, la pobreza y la marginación.
Pienso que en realidad esto es nuestra apuesta. Sabemos que la situación es muy difícil, pero ya hay elementos que nos demuestran que ustedes saben que el licenciado López Obrador le ha apostado a no enjuiciar si no está debidamente justificado. El bloqueo a vías del tren son delitos, son delitos que hay y sin embargo, ahí están las pruebas. No se ha actuado, no se ha atacado, nada más que de alguna manera creo que el reclamo social es que en realidad se acabe con la impunidad.
Eso es por ahí, un reclamo, hay una necesidad real, ustedes saben, a nivel nacional hay delitos que ahorita están muy latentes, digamos, como es el huachicoleo, como son los homicidios, como es la corrupción, como son delitos electorales, que de alguna manera es urgente que se ataquen esos tipos de problemas, y creo que las víctimas o hay un reclamo, les digo, social de que se ataquen ese tipo de cuestiones.
Hay, por ejemplo, el de la Concamin, o hay otras. Cuando sale uno a las comunidades se dice: por qué estos delitos, como el secuestro, como ese tipo de delitos, ¿por qué no están considerados como graves? Ya por ahí decían que sí hay delitos ya considerados, pero les digo, hay una urgente necesidad de atacar. Y yo sí les digo, yo le puesto totalmente y creo que esta es nuestra apuesta, a que vamos a tener un gobierno que está atacando las causas de la violencia, combatir la marginación, con programas sociales, con educación, con ética, todo eso.
Entonces, para mí creo que sí habría que dar una sola oportunidad de considerar estas propuestas, esta reforma que se está considerando. Gracias.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias, diputado Esteban Barajas Barajas.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: También para los mismos efectos de formular preguntas, le cedemos la palabra al diputado Ariel Padilla.
El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Gracias. Ariel Rodríguez, de Movimiento Ciudadano. Pero no importa, digo.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Le agradezco la precisión. Muchas gracias.
El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: No, hombre, al contrario, muchas gracias. A ver, básicamente voy a partir de dos o tres reflexiones y, finalmente, la pregunta. ¿Queremos cárceles llenas o queremos a los culpables en la cárcel? Esa es la pregunta central. Porque para cárceles llenas apoyemos la propuesta de aumentarle el Catálogo de Delitos al artículo 19 de la Constitución, pero ya lo han dicho, hoy lo dijeron y ayer también, la Constitución no está para tapar inconsistencias o incapacidades institucionales.
Tenemos que preguntarnos, ¿cómo fortalecemos la procuración de justicia, la administración de justicia y a nuestros policías? Pregunta que ha sido un poco eludida por algunas fracciones parlamentarias.
Quiero plantear otra cosa, que creo que se dijo de alguna manera, pero la quiero poner puntualmente. Cuando un presunto culpable, cuando una persona inocente cae en prisión preventiva y convive con delincuentes auténticos, esto se convierte en una universidad del crimen, porque el que sabía delinquir poquito o no sabía delinquir aprende en la convivencia con el delincuente. Eso es bien riesgoso, porque estamos más bien facilitándole, por ahí alguien lo mencionó, incluso a los jóvenes, a la delincuencia organizada, para decirle: oye, pues vente para acá, yo te enseño cómo. Entonces, literalmente estamos entregando jóvenes y personas sanas a la delincuencia organizada para que las formen.
Esto es un tema que creo que hay que también entrar en la reflexión, porque si no entonces estamos cayendo, otra vez vuelvo a la pregunta, de si lo que queremos es cárceles llenas o los culpables en la cárcel. Porque si no entonces, como alguien bien nos exponía, estamos más bien participando de pirotecnia legislativa.
Todos los expertos nos han dicho, han coincidido ayer y hoy que es una mala idea. La mayoría de los expertos también coincidieron que la Guardia Nacional era una mala idea, por cierto, y se aprobó.
Lamento coincidir con usted diputado y agradezco profundamente a quienes hoy nos están compartiendo su conocimiento y su experiencia, como el caso de Enrique, pero como mexicano he pasado de la esperanza a la preocupación, porque vean la sala, ¿qué creen? La mayoría que va a aprobar esto no vino y aunque hubieran venido. Para las audiencias de la Guardia Nacional había más diputados, había más legisladoras y legisladores y de todas maneras, quién sabe si no escucharon o la instrucción era otra, no lo sé. Entonces, estoy preocupado.
Yo he pasado de la esperanza a la preocupación, porque necesitamos un Poder Legislativo pensante, escuchante. Aplaudo el ejercicio de la audiencia pública, pero por favor que el grupo mayoritario no nos venga, a menos que votaran en contra, a decir que realmente esto fue Parlamento abierto, porque haberlos invitado tal vez es una simulación, habemos quienes sí escuchamos, pero no sé si todos están escuchando, ya lo veremos en el momento de la votación.
Y esa es una de mis grandes preocupaciones, porque yo de pronto hasta me pregunto, ¿dónde está el Legislativo, y esta sí es una alusión directa al grupo mayoritario, ¿dónde está el Legislativo que acompaña al presidente de la República? Yo quiero que al presidente de la República le vaya bien, pero entonces necesita un Legislativo fuerte, pensante, inteligente, capaz de dirimir las cosas con civismo, con amor a México y me ha costado trabajo verlo en el grupo mayoritario, porque los veo muy disciplinados, pero entonces no le ayudan al presidente, porque lo que manda así se aprueba y pues si tiene incongruencias pues no importa, tú dale.
Y vuelvo a la pregunta de si queremos pirotecnia legislativa y cárceles llenas, pues va bien, vamos bien. O sea, esa propuesta está muy buena, pero los expertos nos orientan en si queremos culpables en la cárcel, si queremos combatir la impunidad, pues no. Creo que todos coinciden en que no va por ahí y yo ya estoy convencido de ello.
Solo quiero plantear dos temas, ah bueno, además del tema de la universidad del crimen y me pregunto y me preocupa, si la aprobación también así, un poco medio a ciegas o por orden mayoritaria o como sea que haya sido de la Guardia Nacional, este no es un complemento.
Entonces, si vamos a mandar tal vez a gente que no tiene la suficiente formación policial, pues démosle un catálogo para que facilite o pueda meter gente. Y repito, esto puede parecer justicia, pero ya lo hemos visto.
Hay una frase en la película de Presunto culpable, que a mí me hizo mucho sentido, que al final dice: no olvidemos que por cada inocente en la cárcel hay un culpable en la calle.
Y si esta es una herramienta para meter inocentes a la cárcel, no estamos ayudando a la justicia, al contrario, vamos a ayudar a que los criminales sigan en la calle.
Pero si no escuchamos, si no entendemos y votamos por consigna, pues estamos haciéndole un flaco favor al presidente de la República.
Mi pregunta, perdón que olvide el nombre, pero hablabas de que en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales es donde está todo el tema de la prisión preventiva.
Y en efecto, reitero la pregunta del compañero, me parece muy útil, porque además decía, se convierte en la caja chica, se convierte en el instrumento de chantaje y de corrupción para decir, oye, dame 50 mil pesos para que tu familiar salga, ¿no? Tu familiar o tu cómplice de organización.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Le ruego que formule su pregunta, compañero.
El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Correcto, ahí termino. Entonces, si en efecto nos puedes puntualizar ¿cómo le haríamos para que no funcione la caja chica? Yo sería de la idea, naturalmente, de que entonces ampliar el catálogo en el artículo 19, modificar la Constitución para tapar deficiencias institucionales no toca.
Pero entonces, esto que sí ya tenemos y que sí tiene que seguir permaneciendo, porque naturalmente que sí hay gente a la que hay que guardarla para que el proceso sea correcto ¿cómo le hacemos para que no sea la caja chica y un instrumento de corrupción?
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias, diputado Ariel. Una disculpa por lo del apellido, pero a mí me pasan los nombres aquí.
El diputado Rubén Cayetano García: Bueno, yo también me voy a permitir hacer un comentario, sobre todo porque dentro de las participaciones de los ponentes hubo una pregunta directa para todos y no se contestó.
Entonces, dice: cuando regresen a sus distritos, ¿ustedes confiarán en sus tribunales, qué le dirán a la gente, si esa fuese la hipótesis para decidir votar a favor o en contra?
Categóricamente no, yo no confío. Al menos de donde yo vengo, que es mi estado de Guerrero, con 25 años de ejercicio profesional del derecho como abogado postulante, habiendo sido dos veces presidente del Colegio de Abogados de la capital de mi estado.
Pues no, no confío en los tribunales de Guerrero. No hay autoridad moral para impartir justicia en Guerrero. Así como nos va lo decimos. Allá mandaron a golpear a sus trabajadores que reclamaban derechos laborales que carecen.
Y lo mismo con la Fiscalía General del Estado, apenas les acaban de resolver. Y luego que intervino el gobierno federal, pues las prestaciones del bono de riesgo a ministerios públicos, peritos y policías. Pues así no confiaríamos.
Pero si eso fuese la hipótesis también estaría equivocado para poder decidir el voto de un servidor.
Creo que más allá del pragmatismo y todo lo dogmático que representan pues el derecho, las leyes, lo sustantivo, lo adjetivo, creo que nadie habla y eso, como abogado, me inspira a intervenir de los más elementales principios de la justicia.
Cuando aprobamos aquí la Ley Orgánica para la Fiscalía General de la República, pues todos quieren una norma ad hoc a su pensamiento, a su ideología, a cómo le ha ido, pero no somos capaces de volver al origen, al principio que está en la escuela, en la enseñanza de las leyes, en lo básico, en la justicia.
Y nadie analiza a fondo lo que ha pasado con las fiscalías, las procuradurías, los tribunales. Parece que vamos a estar peor, como si no estuviéramos tan mal.
Y entonces, yo preguntaría, ¿qué haríamos para realizar una auténtica cruzada por la justicia en México? ¿Desde dónde tendríamos que partir? Porque ahorita estamos embalados en las reformas, en las leyes. Dicen que hay una pirotecnia legislativa, yo no considero eso, pero lo dejamos para el debate en el pleno.
Sin embargo, ¿qué hacemos con mujeres y hombres que están ahí involucrados en la procuración, en la impartición de la justicia? ¿Quiénes sí son y quiénes no son diligentes en su actuar?
Yo nunca he trabajado para el gobierno, aunque eso no me hace ni más ni menos responsable de la situación, pero soy parte de la comunidad jurídica y todo esto tiene que ver desde la procuración y la impartición de justicia con abogados. Porque para ser Ministerio Público, juez, magistrado, la ley establece que tienen que ser juristas.
En consecuencia, la comunidad jurídica ha fallado al pueblo de México. Todos, desde jueces, Ministerios Públicos, ministros, magistrados, abogados litigantes, todos. ¿Por qué? ¿Dónde está la autoridad moral Se supone que la ley es moral, o no se supone, debe serlo?
Entonces, también nosotros ¿en dónde desviamos la oportunidad de seguir siendo auténticamente éticos y morales? Ese es el principal problema. Para dejar salir a la gente de las cárceles, para involucrar indebidamente a chivos expiatorios y todo es entramado podrido de la procuración y la impartición de justicia.
Ese es el problema en México y ese es el problema que está enfrentando el nuevo gobierno democrático de México. Por eso se dijo desde la campaña: no se va a combatir la violencia con medidas coercitivas. Y ahí yo conocido. Pero entonces también tengamos la disposición de llevar a cabo una profunda reforma, también como lo ha planteado el nuevo gobierno democrático, moral.
Yo los invito a participar en esa parte donde está Pinchetti, otros personajes de alta, de gran autoridad moral. Porque es lo que se tiene que recuperar: el sistema de justicia en México.
Ser diligentes es o implica iniciar una declaración con una gran devoción por la búsqueda de la justicia, haciendo una debida interrogación a los testigos, peritos. Poner en efecto la ciencia, la tecnología al servicio de la investigación.
Coordinarse debidamente con policías. Tener la certeza de que el juez no va a dudar en dictar una sentencia con sujeción a proceso, una orden de captura. Llevar a cabo todo el proceso, las diligencias sin violentar los derechos humanos y tener una sentencia. Absolutoria o condenatoria, en su caso, pero apegada a la verdad.
Ese es el asunto fundamental y por eso me atreví a hacer uso de la palabra, derivado de la inquietud del compañero. No tenemos la verdad o un sistema de justicia confiable en nuestro país y es lo que queremos cambiar, pero con base, como lo decía el diputado Barajas, en un proyecto de nación que ataque las causas que generen la violencia.
Dejo ahí la interrogante para todos, cómo hacerle. Yo tengo mi propia idea, la voy a iniciar desde Guerrero, cuna de grandes juristas. Ahí tenemos o tuvimos a Eduardo Neri y a uno de los siete sabios de México: Vázquez del Mercado.
Entonces, vamos a iniciar desde ahí también una cruzada. Pero con la idea clara de recuperar la autoridad moral en la impartición y procuración de justicia en México. Muchas gracias.
Ahora les corresponde a todas y a todos los participantes que quieran o se hayan sentido aludidos con alguna pregunta, porque no fueron dirigidas de manera concreta. Pero si alguien las quiere cachar, adelante. Si gustan lo hacemos de allá hacia acá, para que empiecen las mujeres. Gracias.
La ciudadana Irene Tello Arista: Pues muchas gracias y para aprovechar este espacio que se nos vuelve a abrir, sí creo que es importante recargar algunos puntos que ya había dicho y volver a mencionarlos. Entendemos la preocupación de hacer las cosas de forma distinta, de luchar contra la corrupción, de luchar contra el delito del huachicolero.
Yo creo que a ninguno de aquí nos queda la duda de la necesidad de hacer eso; sin embargo, y lo volvemos a decir, cambiar el artículo 19 de la Constitución no va a ayudar a eso y sí es importantísimo volver a decirlo, y eso a jugar con el término de delito grave me parece una gran burla y una retórica muy peligrosa para el pueblo mexicano.
Es muy fácil decir que le estamos quitando gravedad a estos delitos, cuando claro que no es el caso, lo que se está juzgando es intentar nada más facilitar la forma que se está..., hacer ver que se está metiendo a la gente a la cárcel, cuando al fondo no están haciendo investigaciones sólidas.
Y volvemos al punto, tanto en el delito de corrupción, como en el delito de huachicolero. Ayer el propio Santiago Nieto nos decía: la mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas han sido por gente detenida en flagrancia, esta gente definitivamente solamente puede responder a cadenas medias y bajas de estas cadenas delictivas, donde están las carpetas de investigación que realmente nos den con los huachicoleros de arriba, con los corruptos de arriba, que realmente demuestren estos delitos que son muy complejos de investigar, de que hay gente creando empresas fantasma, dando la orden a subalternos para que hagan delitos tanto de corrupción como de robo de hidrocarburos, ese es el tipo de investigaciones que queremos ver en este país, no queremos ver a gente que digan que lo agarraron robando gasolina o que lo agarraron porque su jefe le pidió que agarra algunas credenciales de elector para cometer un delito electoral.
Y luego acá en prisión preventiva y digan que se está luchando contra la corrupción y contra el robo de hidrocarburos en el país, eso es mentirle al pueblo mexicano y nos están mintiendo a todos y todos estamos hartos de esta situación, definitivamente queremos que haya más seguridad y menos incidencia delictiva en el país, pero con esta medida no lo van a lograr y lo volvemos a decir: homicidio doloso ya tiene la categoría de delito grave, ya merece prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es lo que ha pasado? No ha dejado de aumentar, ni siquiera la incidencia delictiva respecto a homicidio doloso y menos aún la impunidad para este delito.
Entonces, por favor, seamos serios y digamos que lo que se está logrando con esta reforma no es acabar ni con la impunidad, ni con la incidencia delictiva para estos delitos.
La ciudadana Fernanda Dorantes Arteaga: Gracias. Me uno a la precisión de Irene, en ya dejar esta concepción de delito grave y delito no grave, no va por ahí la cosa y también quiero retomar un poco el ejemplo que estaba señalando y lo que planteaba Camilo en su intervención.
Aquí no se trata de tasar la idoneidad de una medida cautelar en torno al bien jurídico tutelado de la conducta o del delito cometido, aquí se trata de las características personales como tal. Entonces, justamente para dejar esa simulación de que una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es igual a adecuar impartición de justicia o idónea procuración de justicia, tenemos que separarnos de esa idea.
Volvemos a lo mismo, hay que atender a las circunstancias específicas de cada caso y los operadores jurídicos tienen las facultades, la ley así lo prevé y bueno, evidentemente hay algunas eficiencias, como las mencionabas en el artículo 140, que son cuestiones procesales que definitivamente son perfectibles y que ahí está donde podemos tener la participación proactiva que el diputado Barajas, señalaba como necesaria, pero hay que hacerlo de manera estratégica.
No hay que sesgar a tener un catálogo, entonces nada más las personas que cometan las conductas delictivas que estén dentro de ese catálogo van a representar un peligro para la sociedad. Yo diría, ¿no es más peligroso una persona que día con día sale a cometer robo, quizá un robo no con violencia a un supermercado o algún comercio, esta persona que lo hace reiteradamente es menos peligrosa que una mujer que comete un homicidio en defensa propia? O una persona involucrada en un delito de huachicoleo que conocimos, un caso que estuvo cercano a nuestra asociación de: este hombre que lo contrataron como un velador, él ni siquiera sabía que atrás del predio que estaba cuidando había un ducto y que el predio que él estaba cuidando era únicamente la fachada. Entonces llegaron lo detuvieron y lleva ya un cierto tiempo en prisión preventiva oficiosa. ¿Es esta persona más peligrosa que el que sale a cometer robo a diario? pero entonces como robo no forma parte del catálogo de prisión preventiva oficiosa. Entonces se genera este falso concepto. Creo que por ahí va la cosa.
Insistir mucho en la responsabilidad de que no generemos esta desinformación. Si para los operadores es un tanto complejo conocer la técnica jurídica y los conceptos asumirlos ha sido un reto de la consolidación del sistema acusatorio, no generemos esta confusión en la gente que no está cercana al sistema de justicia penal o a los conocimientos jurídicos. Entonces también por ahí generemos discursos con responsabilidad. Gracias.
El ciudadano Camilo Constantino Rivera: Muchas gracias por la invitación y sobre todo al haber escuchado también la constante de los señores diputados que tienen ahora la calidad garante de brindarle una respuesta inmediata a la ciudadanía, pero hay que tener cuidado porque por un lado implica el concepto de justicia que brillantemente el señor coordinador de la mesa ha expresado y que no hemos tocado como punto de referencia, pero el opuesto binario que Claus Roxin le llama populismo punitivo.
Creo que llevar a cabo cuestiones de justicia, cuestiones de seguridad jurídica a un populismo punitivo y solamente votarlo por intuición se cometerían las peores aberraciones en un verdadero Estado democrático de derecho.
Yo confío en las instituciones, confío en el señor presidente de la República que él es congruente con el manejo de la información. Tan es así que no ha violado la presunción de inocencia en referir quiénes son involucrados en un hecho delictuoso de huachicoleo, sino que solamente está sectorizando todas las actuaciones con lo cual es evidente que el derecho a la imagen se está protegiendo en ese punto, a diferencia de lo que sucedía en sexenios anteriores que solamente presentaban a una persona a todos los medios de comunicación y decían este es el más alto criminal, y que tuvieron que venir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos para que consideraran que eso estaba violando el derecho a la imagen y el derecho a la presunción de inocencia.
Creo que el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa no va a dar la solución a los problemas de inseguridad, no va a dar la solución a los problemas de justicia. Creo que hay que modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales en el sentido de establecer una investigación eficaz.
Creo que el artículo 251 y el 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales donde traen los actos de investigación que requieren y no control judicial, están muy escuetos en su regulación.
Creo que es necesario aplicar medidas de carácter patrimonial para este tipo de delitos para que se quite toda esa tramitología que pueda evitar el desarrollo de una investigación completa.
Ayer di capacitación con los compañeros fiscales del estado de México y me di cuenta que tienen muchos límites, muchos candados, pero también hay cierto desconocimiento para el manejo de los delitos financieros, y uno de los grandes temas que ha trabajado nuestro amigo doctor Rodolfo Félix Cárdenas, es en relación al Compliance Penal en virtud de que la regulación que se encuentra en los artículos 421 a 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales siguen siendo incompletos.
Yo creo que es necesario mejor una ley nacional de responsabilidad penal de las empresas que le daría mayor eficacia y combatir directamente en las cabezas la delincuencia organizada. Muchas gracias.
El ciudadano Carlos Alberto Galindo López: Completamente de acuerdo. Qué lástima que se fue el representante de la Cámara de los Transportistas y qué lástima que se fue el diputado que hizo la misma pregunta.
Qué lástima que se fue porque él puede hablar con los miembros de la cámara y decirles compañeros ya lo ganamos. Lo que queremos tipificar como delito grave ya lo ganamos desde el 2008. La Constitución desde el 2008 dice que todos los delitos cometidos con armas ameritan prisión preventiva oficiosa. Ya está. Ya lo amerita, ya está.
Entonces nos preguntaba el diputado. Es que cuando se sube una persona y nos asalta con un arma ¿cómo le respondemos a la ciudadanía, ¿cómo se sentirían ustedes? Bueno, ya está en la Constitución desde el año 2008 y esa es la mejor demostración de que tipificar delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, no está resolviendo los problemas.
Nos platicaban muy bien, el robo al transporte público solamente ha aumentado y cada día está más terrible la situación. Bueno, pues veamos otras propuestas.
Igual lo del robo de huachicoleo, nos dice no queremos ir por robos de cinco litros, queremos ir tras los grandes delincuentes. Bueno, ya está en la Ley Federal de Delincuencia Organizada, todos los delitos en materia de hidrocarburos, todos ameritan prisión preventiva oficiosa en la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
Si los agentes del Ministerio Público le pusieran la información al juez, dijeran aquí está la imputación, y los estamos acusando por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y esos son los grandes criminales, eso ya está, eso ya amerita prisión preventiva oficiosa.
Entonces cuando nos preguntan bueno, pero es que ustedes vienen a decir nada más que no y no nos dan propuestas, es que nos están invitando a discutir un tema muy particular que es esta iniciativa y nos dan poquito tiempo. Pero yo los invito a que si hacemos un gran foro por cómo mejoramos la justicia en México, entonces hacemos unas audiencias de cómo mejoramos la justicia en México, hay muchísimas propuestas.
Varios ponentes ya dijeron la reforma al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, yo estoy completamente de acuerdo, y todas las personas que estudian este tema, que yo conozco, también están de acuerdo.
La reforma al artículo 16 constitucional puesta a disposición ante el juez, todas las personas que yo conozco que estudian estos temas, estamos de acuerdo en eso.
Las leyes que propone el compañero, la Ley Nacional de Ejecución de Medidas Cautelares, por supuesto que la responsabilidad de las empresas. Guillermo Zepeda tiene años publicando propuestas para mejorar la justicia, citaron a México Evalúa con el informe de hallazgos. Hay una gran hoja de ruta desde el año 2003 publicada por Naciones Unidas para la mejora de la seguridad y la justicia. Las propuestas ya están. Invítennos a un gran foro a discutirlas, con todo gusto.
El ciudadano Enrique Guerrero Aviña: Bueno, primero que nada nosotros consideramos muy relevante que el nuevo gobierno establezca como prioridad detener las causas del delito, las causas de la violencia, y no tanto una posición represora o de persecución, eso como lo mencionaron los diputados nosotros lo reconocemos, pero justamente en esa directriz, en esa sintonía consideramos que resulta inadecuado e innecesario, ampliar el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa.
Haciendo una acotación, en nuestra participación sí hablamos de justicia, de hecho, fue el concepto que guio nuestras palabras y hacíamos una pregunta que venía antecedida porque es necesario entender que el pueblo está demandando justicia, pero también es necesario entender que la prisión preventiva no es el instrumento idóneo para ello.
Y la pregunta era sencilla: ¿acaso es justo que una persona inocente pase años en la cárcel?
Si lo que el pueblo está demandando justicia, creo que en eso ha habido consonancia, la justicia se alcanzará hasta que esté una sentencia firme que determine al verdadero responsable del delito. Y hasta el momento en el que es el responsable, cumpla la penalidad que establece la ley, no más y no menos. Muchas gracias.
El ciudadano Rodolfo Félix Cárdenas: Bueno, yo tres aspectos muy sencillos: Primero. Hay un diputado que decía “bueno, hay un reclamo social”, absolutamente de acuerdo, aquí nadie ha dicho que no, y todos queremos que esto se resuelva. Pareciera que el país se está despedazando. Hay que decir las cosas como son.
Pero ¿sabe qué, diputado? Nosotros también estamos aquí a venir a hacer un reclamo social. Nosotros, todos los que vinimos, vinimos a reclamar también a ustedes que son los responsables de hacer esto. Y por eso ahora le contesto a Lorena. Oye por qué dijeron y permitieron que en el 19... Porque en ese momento, cuando hubo esas reformas de un legislador constituyente como ustedes, que hizo lo que quiso. Esa es la respuesta, Lorena. El legislador constituyente es entonces, a pesar de que le señalamos, ah, no, ahí están. Y ahora tú lo preguntas que eres legisladora constituyente. Pues estamos en la misma situación, pero con otros legisladores ¿no? Esa es la respuesta, Lorena.
Entonces aquí vamos a hacer lo que quieren o pues la ruta es justamente, o sea, ha habido propuestas, y por ejemplo tú te referías al colectivo, a Susi Camacho, a Carlitos, etcétera, yo soy parte de ellos también y conozco perfectamente la propuesta, todo.
Mire, hemos luchado con esto mucho ¿no? Y a nosotros que somos parte de todo, a Susana y a todos, es la menos peor, no creas que estamos felices con ella.
Yo adelanté otra cuestión, yo soy enemigo de tocar la Constitución, por una razón muy elemental. Cada vez que tocas la Constitución en estos temas, implica reducción, riesgo de derechos humanos, siempre, siempre.
Entonces es la menos peor. Pues a lo mejor es la menos peor y por lo pronto con esa simple reforma ya le pusimos tapón a 140 y este tipo de cosas. Entonces, si eso resuelve el tema, y el tema es tener el control judicial, pero digamos, con mayores amarres, vamos a decir, que el Ministerio Público ya no lo esté resolviendo ahí en la, cuando tiene a las personas detenidas y que sea un juez, qué es lo que nos están diciendo afuera, en el ámbito internacional, que sea el juez, y que un juez sea el que ya se pronuncie, cumplimos hacia afuera, le damos más amarres al juez, y entonces, bueno, creemos que con eso se puede caminar.
Por eso yo ponía el ejemplo de Colombia, por dar otros, porque ahí hay unas directrices más concretas. Oye, si ya trae delitos antes, pues ya casi los jueces en automático dicen: prisión preventiva justificada. Si ya traes una salida alterna y otra, prisión preventiva justificada. Entonces eso se puede, eso no es violar la Constitución, eh. Y hay más amarres, pero permitamos el debate, porque puede ser que esa persona que ya traiga más delitos, le hayan cargado un arma y sale el video. Pues tiene derecho a defenderse.
¿Cuántos videos no hemos visto de cosas que han pasado en este país, no? Caso conocidísimo del abogado que la policía le cargó un arma porque estaban litigando el tema ese de los segundos pisos. Gracias a la Cámara pues se pudo ver, ¿no?
Detenciones que han hecho las autoridades militares en donde, ah, detuvimos aquí y resulta que estamos, y era en otro lado. Intromisiones a domicilio, sin mandato judicial. Pues si era el más malo de todos, bueno, y por qué no pidieron el cateo, ah, no, se metieron. Pues los jueces tienen que tutelar los derechos, sino, imagínate, a dónde vamos. Pero es lo mismo. Era otro constituyente. Esa es la respuesta ¿no? Para que veas dónde y la responsabilidad que tienen.
Y el otro tema que se decía acá, oye es que son 5 litros de gasolina. Es que lo tengo que decir, 5 litros porque como está diseñada la reforma, el proyecto de reforma constitucional, no está diseñado para que se aplique nada más a delincuencia organizada, es a cualquier ciudadano, a sus hijos, a los míos, al que sea, eh. A lo mejor va en la calle con 5 litritos porque le dio el amigo, le pasó por la manguera, ah, le gustó a la policía, huachicolero y vámonos para adentro, ¿no? Es para todos, individuales, y delincuencia organizada.
Y además está tan mal hecho esto, tan mal hecho esto, y esto lo voy a decir con todo respeto para mí, y qué buenos abogados, una gente que sabe de qué estamos hablando, para Rubén. Rubén, usted dice: oiga, no hemos hablado de la moral, abajo, los abogados, los que litigan y todo.
Y yo le pregunto al diputado: ¿y los abogados que están en el Congreso qué? ¿O nada más los que litigan, los MP? ¿Y los que en están en el Senado y en el Congreso, ¿qué no tienen formación de abogados? ¿Por qué no defienden estas cosas? Todos.
Entonces, por eso les damos planteamientos técnicos, no queremos frenar esta idea que se está persiguiendo. Queremos la solución. Ya les pusimos varias aquí, varias.
Un tema, y ya termino. Tema electoral, estamos agarrando las cosas chiquitas, con el enorme problema electoral que hemos tenido, histórico, sabemos perfectamente lo que ha pasado.
Bueno, pues el tema electoral en el fondo dónde está. Pues los que meten la lana, los que operan atrás para que se cometan los fraudes, ¿no? Entonces ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera están pensando en voltear a ver en el tema de personas jurídicas a responsabilizar este delito para perseguir a las personas jurídicas, ahí está el tema. Ni se les ocurrió.
Por eso estamos los técnicos, para ayudar. Queremos que este país vaya mejor. Todos, todos. Esa es la idea, en el mismo camino, pero, qué bueno que convocan, que escuchen y que pensemos no en imponer, sino hacer cosas razonables, porque las consecuencias son muy serias.
Con esa reforma constitucional van a empezar a agarrar a jóvenes y a chavitos que andan ahí metiéndose hasta de broma, jugando y llevándose la gasolina por ganarse una, y esos entran a las cárceles y son gente que perdió, tres años mínimo van a estar en la cárcel, ya gente pérdida. ¿Así vamos a salvar a la juventud de este país? Pues no. Mejor, pasó eso, bueno, pues que vaya al juez, y que se discuta. Eso es mejor. Muchas gracias.
El ciudadano Guillermo Zepeda Lecuona: Buenas tardes. Muy brevemente. Con lo que se planteaba del organismo de seguimiento como el de SETEC, creo que sí tiene muy buenas aportaciones. Su vacío lo han ocupado algunas asociaciones de la sociedad civil sobre todo en el tema de compartir buenas prácticas, como decíamos aquí. La seguridad se construye de abajo hacia arriba.
Hay estados que están revirtiendo la espiral de violencia y de impunidad y tienen buenas prácticas. Justo cuando con impunidad cero y polimetría sacamos este ranking de procuradurías, dos de ellas, la de Tabasco y la de Oaxaca, que quedaron abajo en este ranking, nos invitaron a hacer una mesa..., a ver, de las cuatro variables en las que estamos en la luna, quién lo está haciendo bien.
En órdenes de aprehensión, por ejemplo, Sinaloa tiene unidades de investigación dedicadas todo el tiempo a dar con el paradero, sobre todo tiene 12 mil órdenes de aprehensión, pero hay una unidad de investigación dedicada a las 300 claves para realmente los delitos de alto impacto.
Entonces empezaron el tema de mecanismos alternativos de solución de controversias, hay modelos muy exitosos como el de Coahuila, el de Guanajuato, el de Baja California, y también lo tomó Tabasco y pasó de 4 por ciento de los asuntos ingresados resueltos por mecanismos alternativos, al 12 por ciento en tan solo 8 meses, con el modelo de gestión.
Se habla mucho del tema de corrupción. Es muy claro, cualquier facultad discrecional no supervisada deviene tarde o temprano en corrupción. Entonces dice Luis Rubio, reformar es atentar contra intereses creados. Entonces es un desafío en el sistema de justicia porque por ocho décadas las procuradurías de justicia se quedaron a vender impunidad. Entonces no de la noche a la mañana o no por decreto se van a desaparecer esas redes de contubernio.
El modelo de gestión es clave. Ahora en el sistema de atención temprana no atiende el asunto el Ministerio Público que va a investigar, sino alguien especializado en un protocolo y decir: estos casos pasan directo a mecanismos alternativos y cuando lo hicimos así en un estado del norte y le pusimos mediadores en el turno nocturno, en el área de accidentes de tráfico, se amotinaron los ministerios públicos porque estamos atentando contra una mina de oro que aquí ya se ha comentado, y decían: ahora dónde voy a feriar. Uno de ellos más enfático y molesto dijo: a mí me costó estar aquí.
Entonces ese tipo de respuestas... por eso las buenas prácticas de modelo de gestión están ahí, por eso yo aplaudo esta reforma constitucional, esta iniciativa que se plantea aquí de que sea el juez el que resuelva. Finalmente, lo que se resuelve cuando se pone a disposición, es en primer lugar la detención legal.
Actualmente hacemos el Ministerio Público porque tenemos en el ADN procesal mexicano la figura del juez de instrucción, que era el juez que recibía al detenido. Ahora ya no hay juez de instrucción, hay un fiscal y le seguimos dando esas facultades para los que no tienen ni autonomía ni independencia.
En los sistemas acusatorios la puesta a discusión es ante el juez, y eso quitaría esta mina de oro que es el artículo 138 y 140, porque ya ahora es discrecional si te dejo en libertad con las reservas de ley o no, y es un cambio institucional y lo que ya comentamos, el problema de México, y aquí lo señalaban muy bien, es la impunidad y el catálogo de delitos graves no aporta en nada al tema que es fundamental, que es el de la investigación.
Qué bueno que se refiere a que se privilegian las acciones preventivas y de origen, al origen de la delincuencia, en vez de lo coercitivo. Pero sí decir que no hay nada más coercitivo que la prisión, y no hay nada más coercitivo e injusto que una prisión preventiva oficiosa. Eso sería básicamente.
La ciudadana Estefanía Medina Ruvalcaba: Muchas gracias a los legisladores que han sumado aportando con la opción de ideas o a lo mejor disposiciones distintas que pudieran ayudar a transitar con la problemática de impunidad.
Relativo al 140, tres puntos legislativos que creo que abonarían mucho a un artículo mucho mejor redactado.
Uno. Hoy no se establece que el Ministerio Público podrá dejar en libertad durante el plazo de retención a una persona, cuando el delito no sea de prisión preventiva oficiosa o no se vaya a solicitar la medida de prisión preventiva.
Desde luego aquí deberían de incorporarse otros aspectos, como aquellos que regulan en general a las medidas cautelares, que es que no corra peligro la víctima, qua no vaya a obstaculizar la investigación o que no vaya a sustraerse a la acción de la justicia. Ese creo que es el punto sustantivo más importante.
Segundo. Que quede sujeto a acuerdos o disposiciones normativas de las propias procuradurías, tanto la federal, la Fiscalía Nacional como las procuradurías locales, y que esta decisión no quede en manos de todos los ministerios públicos, sino que pueda ser una facultad delegada a un nivel de mando distinto, y
Tercero. Que no soy muy afecta a los catálogos, porque creo que nunca la generalidad abona. Pero si abona en la tranquilidad de tener delitos específicos por los que de ninguna manera se pueda aplicar esta figura, pues creo que podría abonar también a quedar mucho más blindada esta preocupación.
Aunado a esto y sumándome a lo que comentan los colegas, debe de venir aparejada una reforma de un órgano que supervise y monitoree la operación del sistema acusatorio, más que como un elefante blanco de una organización, como un órgano técnico que principalmente se enfoque en identificar dónde están los riesgos de corrupción y de ineficacia, a fin de que a partir de ello se generen propuestas efectivas y que tengan una resolución.
Y únicamente, en comentario a lo que comentaba la diputada Villavicencio, en tanto a por qué en el 2008 se quedó ese catálogo, que creo que en su momento fue bastante arbitrario. Únicamente abonando a la discusión de por qué ahora creo que en el marco de los derechos humanos es aún peor. En 2011, si recordarán, los tratados internacionales en materia de derechos humanos entraron a formar parte de nuestro bloque constitucional. ¿Qué quiere decir? Que son nuestra Constitución también y de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la prisión preventiva debe ser caso a caso.
Entonces, lo que en su momento quizá no iba acorde a un criterio orientador, pues hoy en definitiva es contrario. Por más absurdo que suene, queremos reformar nuestra Constitución contrario a nuestra Carta Magna, que ya lo son los tratados internacionales. Muchas gracias.
El ciudadano Adrián Franco Zevada: Muchas gracias. Contestando primero al diputado Ruiz Lustre. No recuerdo haber yo mencionado que apoyaba la reforma, particularmente tratándose del autotransporte. Pero le puedo contestar, mencionando que estoy prácticamente seguro que incluyendo en el artículo 19 el robo a autotransportes, sea de carga o de pasajeros, no va a disminuir ese delito.
Por cuento hace a la pregunta de la diputada Villavicencio. Ciertamente necesitamos una propuesta única. A ver, todos los que estamos aquí lo que queremos es que nos vaya mejor. Todos queremos que funcione el sistema de justicia. Quienes llevan asuntos de transporte, los transportistas, por supuesto que desean que ya no les roben. Quienes viajamos en autobús tampoco que nos asalten. Pero no es un tema de pobreza, señor diputado, no es un tema tampoco, dijo usted, de pobreza y marginación, es un tema de Estado de derecho, es un tema de educación, es un tema en donde la ley se cumpla y se haga cumplir la ley.
No es un tema de reformar la Constitución, y eso realmente nos ha pasado desde que somos república, es una cuestión, me comentaba o nos preguntaba el señor diputado Cayetano García, ¿cuál sería un buen inicio?
¿Sabe cuál sería un buen inicio? La colegiación obligatoria. ¿Sabe usted cuántas escuelas de derecho hay en el país? Más de mil 500, más de mil 500 escuelas de derecho en el país, cada una a su gusto expide sus títulos de licenciado en derecho.
Si uno es médico y quiere ir a operar el corazón o el hígado o un riñón o hacer un trasplante, en cualquier hospital le piden colegiación obligatoria. Por qué en el caso del abogado que va y que representa los intereses, como decía Couture, quizá el patrimonio e incluso la vida de una persona, ahí no se... Saliendo de la carrera va, uno saca su cédula profesional que ahora es por internet y con eso se presenta a la barandilla, se presenta a primera instancia, se presenta a segunda instancia y puede llegar a litigar a la Suprema Corte de Justicia. Por ahí podríamos empezar, señor diputado.
Por cuanto hace a la parte de la visibilidad. Entiendo, Lorena, que para algunos colectivos es importante visibilizar, digamos, sus delitos, en el caso del feminicidio, como en el caso de los transportistas, pero cada grupo tiene su propio catálogo.
Platicando un día con un fiscal del Bajío me decía: perdón, Adrián, a mí, lo que nos genera muchísimo conflicto es el abigeato. Para nosotros es importantísimo poner como delito grave o delito de prisión preventiva oficiosa el abigeato. Bueno, pues así, vamos a hacer todos.
Ahora, señores diputados, en su propia minuta ustedes citan a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como un elemento en donde cuáles son los requisitos mínimos y uno de ellos dicen ustedes es y lo dice en la página 32, es que la prisión preventiva no puede estar determinada por la gravedad del delito, sino por la característica de la persona.
Entonces, no confundamos la magnesia y la gimnasia, todos queremos que haya buena gimnasia en México, gimnasia en el sentido en donde la justicia se cumpla y se cumpla bien. Apoyemos al Poder Judicial, apoyemos a los policías, apoyemos a los peritos, por favor, apoyemos las medidas alternativas de solución de conflictos, pero no esto. Esto realmente no nos va a llevar a un camino de utilidad ni de eficiencia, vamos a quedar exactamente igual.
Y la respuesta que tendrá que dar en tres, cuatro o cinco años el señor líder de la bancada es: algo pasó, ya tuvimos la reforma al artículo 19, ya son delitos graves todos. Leímos el otro día que parece ser que todo lo que se aprobó en el Senado, pues también se va a aprobar aquí. Bueno pues, señores, eso me parece que va a ser un despropósito.
Lleguemos a nuestras casas y digámosle a nuestras familias, a nuestra gente: cuidado que se te acabe la gasolina, porque si tú vas a comprar gasolina en un botecito, en un botellón o alguien te saca gasolina, eso es delito grave o por lo menos eso no es delito grave, pero lo que sí es delito grave o lo que sí es un hecho que es susceptible de prisión preventiva oficiosa son los datos de prueba objetivos, que pareciera ser que el señor o la persona tiene un bidón de gasolina de un litro o de lo que fuese.
Cuando vayan a casa de alguien revisen, por favor, que no lleven nada en sus bolsas, ni un cenicero ni una toalla ni en un hotel, porque si ponemos el robo a casa-habitación como delito sujeto de prisión preventiva oficiosa, de ahí se va a la cárcel mientras dure su juicio, mientras dure su proceso.
Y así a cada una de las modalidades que están previstas en el artículo 19, conforme está prevista la minuta. Señor diputado, usted respondió, digamos, públicamente la pregunta que yo les hice, pero no es el camino. Nosotros queremos que haya un México de justicia, que haya un México de Estado de derecho, todos los que estamos aquí lo queremos. Este no es el camino. Gracias.
El moderador diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias a todas y a todos por su participación en esta mesa, en este foro de Audiencias Públicas. Estando aquí presente el diputado Mario Delgado Carrillo, no sé si quiera hacer algún mensaje, fuiste aludido. Bueno, pues dejamos entonces concluida esta sesión. Muchísimas gracias a todas y a todos.
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