Bienvenida del moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera
Intervenciones
Del ciudadano Roberto Hernández
Del ciudadano Leonardo Armando Gómez Vargas
De la ciudadana Gabriela Altuzar Zaragoza
Del ciudadano Ernesto Peralta Medina
De la ciudadana Estefanía Vela Barba
Del ciudadano Martín Carlos Sánchez Bocanegra
La representante de AI Andrea Nomdedeu Díaz-Valero
Del ciudadano Juan Manuel Gastélum Buenrostro
Del ciudadano Marco Antonio López Valdez
De la ciudadana Ana Lorena Delgadillo
De la ciudadana Pamela Susana Velázquez Zambrano
De la ciudadana Susana Camacho Maciel
De la ciudadana Silvia Alexandra Esquivel Díaz
De la diputada Lorena Villavicencio Ayala
De la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero
Del presidente diputado Mario Delgado Carrillo
Del diputado Reginaldo Sandoval Flores
De la ciudadana Estefanía Vela Barba
De la ciudadana Ana Lorena Delgadillo
El ciudadano Juan Manuel Gastélum Buenrostro
De la ciudadana Susana Camacho Maciel
Del ciudadano Roberto Hernández
Del diputado Felipe Fernando Macías Olvera
Del diputado Reginaldo Sandoval Flores
Del presidente diputado Mario Delgado Carrillo
Clausura de los trabajos de las audiencias públicas
El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández: Buenas tardes. La Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, les da la más cordial bienvenida a la Cuarta Mesa de trabajo de las Audiencias públicas para la prisión preventiva oficiosa.
Esta mesa lleva por título: Prisión preventiva oficiosa, libertades e investigación. En el presídium de este acto destacamos y agradecemos la presencia de los ponentes de esta audiencia pública.
Roberto Hernández. Director del documental Presunto culpable. Muchas gracias, don Roberto.
María Novoa. Coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa.
Leonardo Gómez Vargas. Director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado.
Gabriela Aluzar Zaragoza. Consejera nacional de la Coparmex.
Layda Negrete. De World Justice Proyect.
Martín Carlos Sánchez. Director general de RENACE.
Ana Pecova. Directora Ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres.
Tania Renaum. De Amnistía Internacional.
Juan Manuel Gastélum Buenrostro. Alcalde de Tijuana.
Marco Antonio López Valdez. Abogado penalista.
Ana Lorena Delgadillo. Directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado democrático de derecho, y
Pamela Velasco. Del instituto de Justicia Procesal Penal.
En un momento más estarán con nosotros acompañándonos, Ernesto Peralta Medina, director ejecutivo de Borde Jurídico.
Estefanía Vela Barba. Responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos, del Programa de Derecho de la Salud del CIDE.
Ana Pecova. Directora ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres.
Karla Micheel Salas. Abogada feminista y Susana Camacho Maciel.
Asimismo, agradecemos la presencia y participación de diputadas y diputados de esta LXIV Legislatura, de servidores públicos del gobierno federal, de los gobiernos estatales, representantes de la sociedad civil, y en general, del público invitado a estas audiencias.
El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández: Para moderar esta Cuarta Mesa de trabajo, dejamos en el uso de la palabra al diputado Felipe Fernando Macías. Por favor, diputado.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos nuestros ponentes, bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Es un honor que nos acompañen en la discusión de este tema tan trascendente, y en uno de los temas más delicados y prioritarios para toda la sociedad. A nombre de la Junta de Coordinación Política, a nombre de mis compañeras diputadas moderadoras, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero.
La diputada Lorena Villavicencio.
La diputada Lizbeth Mata.
De verdad, muchas, muchas gracias. Se han dado ya estos ejercicios en varias semanas, respecto a Guardia Nacional, Artículo 19 constitucional, también ahora, todo lo concerniente a la Reforma educativa, y esta legislatura está marcando un precedente en Parlamento Abierto, porque los temas más trascendentes de este país no pueden ser discutidos, analizados de manera unilateral, tiene que ser con la participación de la sociedad, de las organizaciones, de especialistas y de absolutamente todos los sectores, así es que muchas gracias, y bienvenidos a este ejercicio plural, y que sea para el beneficio de todas y todos los mexicanos.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Para arrancar con nuestro programa, cedo el uso de la voz a la diputada Lorena Villavicencio, para presentar a Roberto Hernández, de Presunto culpable.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Nada más, para darles la más cordial bienvenida, y presento a Roberto Hernández, que es abogado, investigador y profesor de Derecho del Cine y Cineasta, que realizó, junto con Layda Negrete –y que también nos acompaña– el cortometraje El túnel, en 2006, y en el año 2008, Presunto culpable. Bienvenido.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Recordamos a nuestros ponentes, que el tiempo es de hasta ocho minutos. Muchas gracias.
El ciudadano Roberto Hernández: Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de hablarles. Para entrar rápidamente en materia, les quiero circular algunos datos que calculamos con base en una encuesta que hizo INEGI muy recientemente, en donde se entrevistó a 58 mil personas, hoy privadas de su libertad, acerca de cuál fue la medida cautelar que les aplicaron.
Voy a empezar a circularlos. Y les rogaría que los empiecen a mirar, porque conviviendo con los datos es más fácil decidir qué tanto sentido tiene poner en la Constitución un mandato de que haya prisión preventiva automática. Les ruego que empiecen a mirar los datos. Los voy a circular para allá también. –Sí, por favor–. –Sí. Todos–. Cada uno es diferente, entonces, sí les ruego que empiecen a mirarlos uno por uno. O sea, creo que lo que tiene sentido es, les reitero, convivir con la información.
Entonces, la primera pieza de información que traigo aquí es que se les preguntó a los 58 mil presos, hoy en las cárceles, qué tipo de medida cautelar se les impuso, 99 por ciento de ellos estuvieron presos preventivamente y solamente 1 por ciento de los presos llevaron el proceso en libertad. Es decir, la prisión preventiva ya se aplica de forma generalizada en el sistema de justicia penal de nuestro país.
Aquí hay otro corte de la misma información, año por año, desde el 2006 hasta el 2016, entre el 100 por ciento, el 96 por ciento de los presos llevaron su proceso, presos preventivamente, aquí lo pueden ver en la siguiente gráfica.
Hicimos el análisis de estado por estado, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, al 99 por ciento de los presos les aplican la prisión preventiva los jueces. Es la medida cautelar predilecta. Y pueden verlo en los datos que le circule.
Hicimos el análisis por tipo de delito. No importa si es robo, secuestro, homicidio, violación, a todos los presos prácticamente se les aplicó la medida cautelar de prisión preventiva.
Hicimos el análisis por sistema de justicia penal nuevo y antiguo, mismos resultados, a prácticamente todos los presos se les aplicó esa medida cautelar.
Hicimos el análisis también por tipo de maltratos y tortura. Y encontramos algo que creo que debe ser relevante para la discusión, que es que existe un 13 por ciento más de probabilidades de que se sufra tortura y maltratos entre la población que fue sometida a prisión preventiva. Aquí lo tienen.
Y, un dato más, hay una proporción mayor de personas inocentes dentro de la población que le tocó estar sometida a prisión preventiva.
Es decir, para resumirlo, la prisión preventiva es un poco como si les dijera, miren, tengo cáncer de pulmón y ustedes como médicos me recetaran que fumara más cigarros. Eso es lo que estaríamos haciendo al poner en la Constitución un mandato generalizado de que haya prisión preventiva de forma automática.
Y, para poner esto más en contexto, quiero contarles una experiencia personal que tuve. Cuando tenía 20 años era estudiante en la Facultad de Derecho de la UNAM y era yo muy pobre, tenía 2 pesos en el bolsillo, y tenía que llegar a mi casa. Y, a la hora de tomar el transporte, me equivoqué de Trolebús. Entonces, me subí en un Trolebús que me iba a llevar al centro, cuando iba a Coyoacán.
Le pedí al chofer del Trolebús que me devolviera mi dinero, empezó a sacudir la cabeza y decirme que no. Y había una fila de gente detrás de mí, creo que había como 50 o 60 personas formadas detrás de mí. Y le decía: oiga, devuélvame, por favor, mis 2 pesos y dele mi boleto al pasajero que se quiere subir, que viene atrás de mí, y ya, y se acabó el problema. Y el chofer del Trolebús dijo que no, y que no. Y no hubo forma de argumentar con él y significaba para mí que iba a tener que caminar 2 horas para mi casa.
Y, entonces, en un arranque de enojo se me ocurrió arrebatarle las monedas de la marimba que estaba ahí en el Trolebús. Para mi mala suerte venía un policía que estaba justo atrás de mí presenciando todo, que no estaba en activo el policía. El policía me tomó del cinturón, y me arrestó.
Bajaron a todos los pasajeros del Trolebús, me llevaron a una Agencia del Ministerio Público. Iba acusado de robo en transporte público. No me acuerdo cuál era la sentencia que tenía, creo que eran 14 años de prisión y creo que era prisión preventiva automática. No me acuerdo exactamente cómo fue que alguien entendió que no tenía ninguna proporción la consecuencia que me iban a imponer, y me dejaron ir.
Y años después fue que empecé a entrar a las cárceles a hacer estudios y encuestas para enterarme de quién estaban en las cárceles de México, y encontramos que en las cárceles de México hay personas que están acusadas por robarse un mango de plástico, por robarse un gansito aplastado –me acuerdo de ver el expediente–, y la foto del gansito aplastado, el gansito Marinela, un cinturón viejo, una llanta ponchada, eran las acusaciones que había dentro de nuestro sistema penal.
Y, me di cuenta que yo pude haber padecido esa consecuencia y para eso tenemos un Poder Judicial, para que el Poder Judicial, para que los jueces vean las acusaciones que cada quien está enfrentando, vean el contexto, entiendan si tiene sentido que una persona lo envié a la cárcel porque se robó un pan o porque se robó cualquier cosa y que entiendan qué medida cautelar tiene sentido imponer.
Hoy, les reitero, la evidencia cuantitativa que hay disponible es muy potente, son 58 mil personas entrevistadas por INEGI y lo que los datos nos dicen es que la prisión preventiva es tóxica, simplemente incrementa la probabilidad de que haya un error, de que haya una sentencia condenatoria errada, incrementa la probabilidad de que las personas sean torturadas y es una probabilidad que incrementa de forma muy significativa.
Entonces, los invitaría a que no aprueben una reforma que es frívola, es frívola y es absurda. Es absurda porque implica poner en el capítulo de derechos de la Constitución, en el capítulo de derechos de la Constitución que todos tenemos derecho a que nos metan a la cárcel de forma automática. Implica poner, además, en la Constitución una medida que es frívola y redundante respecto de lo que ya los datos nos dice que está sucediendo, ya a la gran mayoría de la población penitenciaria se le está sometiendo a prisión preventiva.
Necesitamos menos prisión preventiva y más alternativas a la prisión preventiva, otra clase de medidas cautelares tendrían mucho mayor sentido y sería menos lesivas de la libertad personal. El gobierno, hoy en turno, nos prometió que serían primero los pobres y parece estar diciendo: primero los pobres, pero a la cárcel.
El gobierno hoy en turno nos prometió ser humanista y nos parece que está actuando de una forma que obliga al Poder Judicial a ser un autómata, no a actuar como seres humanos que puedan ponderar las características individuales de cada caso, de cada acusación y de cada vida que van a afectar con las decisiones que se tomen. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias a Roberto Hernández, de Presunto Culpable.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora cedemos el uso de la voz a la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, para presentar a María Novoa de México Evaluá.
La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero: Un antiguo filósofo decía que la consecuencia de desatenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Precisamente, por ello, doy la bienvenida de nueva cuenta a todos ustedes por su interés en participar en la cosa pública.
En esta ocasión, de manera particular, damos la bienvenida a María Novoa, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela, maestra en Política Pública de la Universidad Simón Bolívar y especialista en planificación del Desarrollo.
Es coordinadora del programa de justicia en México Evalúa, ha trabajado en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la Unión Europea, en la USAID. Así como en proyectos de modernización y reforma judicial. Lo mismo que en proyectos de fortalecimiento institucional en El Salvador, México, Paraguay, Guatemala, Venezuela, Honduras, Bolivia, Ucrania y Azerbaiyán.
Seguramente tendrá algo muy importante que decirnos, bienvenida, le cedo el uso de la palabra.
La ciudadana María Nova: Muchísimas gracias, buenas tardes. Igualmente agradezco la oportunidad de estar en estas audiencias en un tema crucial para el país y para lo que es la justicia.
Quiero empezar dejando algo muy claro, los derechos no se negocian. Me parece una lástima y es inaceptable que más de 10 años después de la reforma constitucional que estableció la transición hacia un Sistema de Justicia Penal Acusatorio estemos discutiendo la idoneidad de reducir derechos para combatir el crimen.
Porque no debemos confundirnos, lo que hoy se discute no son estrategias para lograr una persecución efectiva del delito o un mayor acceso a la justicia. Lo que hoy se discute es simple y llanamente la reducción de derechos de imputados y de víctimas. Derechos de imputados porque la prisión preventiva oficiosa implica la renuncia a la presunción de inocencia y el debido proceso. Y derechos de víctimas porque la medida obstaculiza el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad de los hechos.
Los derechos que hemos ganado hoy se pretenden arrebatar por decreto. Si los legisladores votan a favor del aumento del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, no estarán votando a favor de la reducción de delitos sino a favor de más personas en prisión, hacinamiento en las cárceles, más violación de derechos humanos y más familias desintegradas y pagando injustamente las consecuencias del encarcelamiento.
Hoy cuatro de cada... internos se encuentra en prisión preventiva. Y todos ellos son sujetos de un castigo adelantado que se impone sin que exista una sentencia de por medio. Aquellos de los 70 mil internos procesados que sean eventualmente encontrados inocentes serán liberados sin ningún tipo de disculpa y mucho menos de reparación. Mantener a un interno en este momento está costando 242 pesos a nivel del fuero común y hasta 2 mil pesos en el fuero federal.
Si votan a favor de la ampliación del catálogo estarán también votando a favor de policías y Ministerios Públicos menos competentes, de jueces más complacientes y de una justicia más lenta e ineficiente. En el fuero local las Procuradurías y Fiscalías dan respuesta únicamente a uno de dos investigaciones que inician. Prácticamente un tercio de los asuntos que determinan se mandan a archivo temporal, donde serán olvidados. Únicamente el 0.2 por ciento de los asuntos llegan a un juicio oral. Y las distintas salidas que prevé el sistema acusatorio se usan de forma residual. El índice de impunidad directa en el país está en un 87 por ciento. Lo que significa que cada 9 de 10 delitos que son denunciados no obtienen una respuesta satisfactoria.
Nada de esto se resolverá con la prisión preventiva oficiosa. Eso deben tenerlo claro. La prisión preventiva oficiosa resultará en menos incentivos para investigar delitos y para desarrollar capacidades en nuestros policías, Ministerios Públicos y jueces. En suma, estarán votando a favor de preservar los vicios y la deficiencia de nuestro sistema de justicia penal.
Son múltiples las deficiencias en los argumentos que pretenden justificar la medida. A continuación, me referiré a los más preocupantes. En primer lugar, los legisladores omiten el hecho de que no hay evidencia alguna que demuestre que un mayor número de personas en prisión preventiva oficiosa significa una mayor seguridad. De acuerdo con nuestro análisis, aumentar el número de personas encarceladas por prisión preventiva oficiosa no tiene ningún efecto en disminuir el número de víctimas en el país. Por ejemplo, el estado de Quintana Roo aumentó en un 121 por ciento el uso del número de imputados con prisión preventiva oficiosa, mientras que el número de víctimas aumentó un 184 por ciento. Y esto sucedió igual en Puebla, Hidalgo y Ciudad de México.
La experiencia internacional nos dice algo muy similar. El efecto del encarcelamiento en la prisión preventiva de delitos es, en el mejor de los casos, marginal. Entonces por qué insistir en esta medida y no apostarle a acciones que sí resolverán la inseguridad. Antes de cambiar la Constitución o la ley habría que revisar la operación del sistema de justicia. Información sobre los puntos débiles del sistema hay de sobra. Una alternativa sería empezar por establecer controles de discrecionalidad de los Ministerios Públicos.
Por ejemplo, actualmente hay un uso excesivo de la facultad del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En 2017 en el fuero común en uno de cada tres carpetas de investigación con detenidos se decretó la libertad del imputado bajo este supuesto. Y en el ámbito federal ocurrió uno de cada dos carpetas de investigación que fueron abiertas con detenidos.
Las órdenes de comparecencia y aprehensión solicitadas por los Ministerios Públicos respecto de investigaciones en que se decretó la libertad del imputado son mínimas. Esto indica un bajísimo seguimiento a este tipo de asuntos. Y que probablemente la famosa puerta giratoria se encuentre precisamente en el abuso de esta facultad y no en el uso de medidas cautelares distintas a la prisión.
Por qué no mejor invertir en las unidades de seguimiento a medidas cautelares conocidas como las Umecas, estas unidades han de ser las encargadas de generar la información a partir de la cual los jueces decidan sobre la necesidad de la prisión preventiva.
Hoy, estas unidades existen solo de manera nominal y carecen no solo de personal y recursos, sino que incluso de metodologías de evaluación de riesgos.
La prisión preventiva sí es necesaria en algunos casos, pero su determinación debe darse a partir de evidencia no a raja tabla, invirtamos en las Umecas en lugar de aplicar una medida muy costosa de forma indiscriminada. Con certeza les digo, nuestros esfuerzos se deben colocar, se están colocando en el lugar equivocado.
Segundo. En la iniciativa busca reducir derechos, no es un secreto, la misma iniciativa reconoce que el uso de la prisión preventiva oficiosa viola el derecho internacional y que su uso debe de ser excepcional, la prisión preventiva oficiosa es una expresión del derecho penal del enemigo, así se reconoció en la iniciativa.
Este tipo de derecho establece que no todas las personas merecen los mismos derechos y que algunas deben de ser tratadas como enemigos del Estado.
Fue, precisamente, en los tiempos del presiente Calderón cuando se apeló a este tipo de derecho para justificar la inclusión del régimen de delincuencia organizada en la Constitución.
Los argumentos que se escuchan hoy a favor de la prisión preventiva oficiosa son los mismos que usaron quienes defendieron el régimen de excepción, los derechos humanos como un obstáculo para la justicia.
De aprobarse la iniciativa se profundizará esta visión y los resultados, lamento advertirles, no serán distintos. El homicidio tiene prisión preventiva oficiosa desde el año 2008 y su incidencia ha aumentado en un 125 por ciento desde ese entonces.
¿Dónde está el efecto disuasivo de la prisión preventiva oficiosa? ¿Por qué si no ha funcionado para prevenir al homicidio esperaríamos que prevenga la comisión de otros delitos? No nos engañemos, la evidencia es clara, la cárcel, señores y señoras, no sirve para prevenir delitos, la prisión preventiva oficiosa mucho menos.
Para lo que sirve es para criminalizar a personas inocentes y exponerlas a condiciones de hacinamiento y violaciones a derechos humanos, de acuerdo a la Impol uno de cada tres internos ha sido víctima de un delito al interior del centro penitenciario y uno de cada cuatro fue víctima de violencia física.
Les pregunto legisladores, están dispuestos a mandar a personas inocentes a lugares donde probablemente serán víctimas de múltiples crímenes, de veras, hago un llamado a repensar su decisión.
Las mejoras que necesita el sistema de justicia no dependen de cambios legales si no de transformar a las instituciones.
No se vayan con el aplauso fácil, el problema no está en la norma, el problema está en la operación, en la articulación del sector de seguridad y de justicia, en el desarrollo de contrapesos, planes de persecución penal y operadores capaces en las fiscalías y procuradurías y en el fortalecimiento de instancias que determinen el uso de la prisión preventiva en los casos que sea estrictamente necesario.
Ignorar esto y adoptar por ampliar el catálogo de delito con prisión preventiva oficiosa, definitivamente tendrá consecuencias, pero no serán las consecuencias deseables. Las consecuencias serán precisamente consolidar el expansionismo penal en México y sostener la falsa idea de que la cárcel es la solución para nuestros problemas.
Los cambios constitucionales que aprueben difícilmente podrán revertirse y debe considerar si quieren que su legado sea la instalación de un régimen de mano dura que privilegia el brazo punitivo del Estado y la restricción de libertades. Muchísimas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias a María Novoa de México Evalúa. Les recordamos a nuestras y nuestros ponentes, por favor, acotarse al tiempo establecido para la ponencia de hasta ocho minutos para hacerlo fluido y mucho más productivo este ejercicio.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora, cedemos el uso de la voz a la diputada Lizbeth Mata para presentar a Leonardo Gómez Vargas de la Asociación Nacional de Transporte Privado.
La diputada Lizbeth Mata Lozano: Muchas gracias, primero darles la bienvenida a todos, creo que celebramos el parlamento abierto que hoy se genera en esta mesa al igual que se generó en Guardia Nacional y el principal reto del artículo 19 constitucional, sin duda es encontrar un equilibrio entre el México violento y un sistema garantista. El encontrar ese equilibrio entre la sociedad y lo jurídico sin duda es el reto que esta Cámara de Diputados tiene hoy en día.
Me permito presentar al exponente Leonardo Armando Gómez Vargas. Con 31 años de experiencia profesional en organismos empresariales. Egresó de la carrera de Ingeniero Industrial del IPN, y dos posgrados: uno de logística y otro en administración. Leonardo comenzó su carrera profesional en el Banco Serfin como becario y en la Asociación Nacional de la Industria Química, en donde colaboró por 10 años, y de ahí fue invitado a participar en la Asociación Nacional de Trasporte Privado, por los siguientes 21 años. Hasta el día de hoy donde ocupa el puesto de director general de ANTP.
También ha sido parte de diversas organizaciones empresariales de México como Concamin, en la vicepresidencia de la Comisión de Transportes, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, y por supuesto, actualmente vicepresidente del Consejo Directivo de ANGECAI, entre otros.
Participa en diferentes consejos editoriales de revistas, sitios y radio en línea, todos ellos especializados en la logística y el transporte de carga de nuestro país. El ingeniero Gómez ha sido también importante precursor de la seguridad y productividad en el transporte, como la puesta en marcha y operación del sistema de emergencias para la industria química. Y el premio nacional de Seguridad Vial, único reconocimiento en esa línea a nivel nacional. Bienvenido.
El ciudadano Leonardo Armando Gómez Vargas: Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la amable invitación a esta cuarta y última mesa sobre la prisión preventiva oficiosa, libertades e investigación, en el marco de la audiencia pública organizada por esta Honorable Cámara de Diputados.
Como portavoz de ANTP, como usuarios del transporte de carga y empresas con flota propia, les expresamos nuestro deseo de generar sinergias estratégicas, compromisos y una visión integral de estado, donde todos somos escuchados y participes de acciones de responsables conjuntas como el ejercicio que hoy estamos celebrando.
Comienzo diciendo que nuestro país ha vivido más de una década experimentando un incremento sin precedentes en los niveles de violencia y delincuencia que lamentablemente pareciera tener una continuidad sin límites, esta situación impacta de manera horizontal a toda la cadena productiva y a todo el país y a la sociedad.
Distinguidos legisladores, organismos de la sociedad civil, académicos, el sector del transporte de carga no es la excepción de este flagelo. En los últimos años el robo del transporte de carga en todas sus modalidades se ha incrementado significativamente en las principales carreteras y vías de comunicación del país.
Los usuarios del transporte de carga, el impacto que viene sufriendo es multifactorial, ya que adicional a la sustracción del propio, la propia mercancía, se suma la competencia desleal con la venta de nuestro productos a precios por debajo de los costos de producción en los mercados informales, y en algunos casos, el desprestigio por vender productos caducos o en descomposición al ser mal manejados, que pueden provocar enfermedades al consumidor y en algunos casos pueden dañar la imagen de las organizaciones.
Pero principalmente, nos ocupar y preocupa la pérdida de vidas humanas de nuestros conductores y las personas que los apoyan, acciones que han venido incrementándose por el nivel de violencia con el que se cometen los delitos. Algunas voces del gremio que me han antecedido en otras mesas, también han compartido importantes hechos y datos que narran la forma que esta situación nos afecta de manera directa y negativa en la cadena productiva. El comercio, la liberación de las mercancías y la inversión privada, pero también de forma social como individuos, como empleadores, como empleados, como jefes y jefas de familia, como mexicanos.
En la Asociación Nacional de Transporte Privado estamos convencidos que desarrollar acciones y generar la coordinación entre el sector público y privado ha sido y seguirá siendo la mejor manera de encontrar la respuesta en el combate de la amenaza que afecta nuestros entornos sociales, y esto implica indudablemente la definición y las estrategias en temas de seguridad y justicia.
Les comparto que de manera alarmante en que se disparó el incremento de la incidencia delictiva al autotransporte en el primer trimestre de 2017, motivó que las cámaras y asociaciones de la industria impulsaran diversos proyectos legislativos ante el Congreso de la Unión, específicamente, a través de la Cámara de Diputados, con el propósito de reformar el Código Penal Federal, y establecer el robo al transporte de carga y de pasaje, como delito del fuero común, este hecho fue producto de la delincuencia que había azorado, como lo sigue siendo hoy.
Con hechos y datos se demostró que los eventos que le antecedieron y estremecieron a la sociedad, como fue el caso del robo con violencia en la Autopista México-Querétaro, y el robo y homicidios en la Autopista México-Puebla, por citar algunos ejemplos, provocaron que la reforma en comento está hoy vigente.
En este tenor, las cámaras y asociaciones de la industria venimos trabajando con la Policía Federal, las fiscalías estatales, y la Fiscalía General de la República, para dar puntual seguimiento a la correcta implementación de esta reforma, y así poder combatir los impactos del robo al transporte de carga, porque debo decirles, que aún esta reforma al Código Penal Federal, seguimos teniendo resistencia, interpretaciones anquilosadas de competencias, pero sobre todo y ante todo, ausencia de criterios judiciales, sobre lo que debe entenderse por el riesgo a la comunidad.
Elemento mudo y sordo del actual artículo 19 que no ha sido entendido ni desarrollado. Por increíble que parezca, todo esto ocurre en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que no acaba de consolidarse por falta de un organismo que articule y coordine los esfuerzos de los órdenes de gobierno. Sin embargo, a pesar de esta reforma del Código Penal, la incidencia delictiva ha continuado en aumento.
Nada más por citarles algún ejemplo, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que, en 2018, se tuvieron alrededor de 2 mil 206 robos, de los cuales, el 84 por ciento fueron con violencia.
Ante esta problemática, nos congratulamos con la minuta de reforma a nuestra Carta Magna de la Cámara de Senadores, con fecha 6 de diciembre de 2018, que busca la modificación del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, con el tema que nos ocupa considerando agregar al catálogo del delito que establece la prisión preventiva oficiosa, al robo al transporte en cualquiera de sus modalidades.
Como sector pensamos que estábamos ante un hecho contundente, primero en el combate a la delincuencia, de la que nos hemos convertido en presa fácil, y en segundo lugar, pero no menos importante, de la posibilidad de poder recibir el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño, y a la garantía de no repetición al llevar ante los tribunales mexicanos a las personas que delinquen, y de manera deshonesta han desarrollado un lamentable modo de vivir.
Nuestra intención como asociación es sumarnos a la voz participativa, activa, pero exponer nuestros puntos de vista sobre la importancia de la prisión preventiva oficiosa, como el factor indispensable para lograr la disminución de la incidencia delictiva que nos afecta como sector, pero sobre todo, como sociedad y como país.
Finalmente, nos permitimos dejar en la mesa los aspectos más importantes para reconsiderar la prisión preventiva oficiosa. Si bien es cierto que la libertad es un derecho fundamental garantizado por nuestra Constitución, y los distintos instrumentos jurídicos internacionales suscritos por México, también resulta evidente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el derecho a la libertad, al igual que todo derecho fundamental no es absoluto, y admite modalidades y limitaciones a su ejercicio, siempre y cuando –dice la Corte–, ésta sea impuesta bajo los criterios de legalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
La propuesta de incorporar como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, para el robo al transporte, en cualquiera de sus modalidades es en razón al riesgo procesal que representa el que los imputados no se presentan a juicio, ya sea porque señalan nombres falsos, presentan una identificación distinta, muestras credenciales para votar falsas, o se hayan robado una identidad de un tercero.
Todos ellos no muestran sometimiento ni respeto a la Norma, y considerándose impunes. Resulta por demás evidente, que todo imputado corre el riesgo de que se le imponga una sentencia grave por la comisión de este delito, intentará necesariamente evadir la acción de la justicia.
Debemos reiterar que la prisión preventiva tiene como fin legítimo el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. El propósito de contar con la prisión preventiva es tratar de revertir la alta incidencia de este delito.
Si bien pareciera que el bien jurídico tutelado en el delito del robo al transporte de carga y pasaje, en cualquier de sus modalidades, no puede equipararse a otro ilícito que afecta de modo inmediato los bienes jurídicos de la libertad, la vida o la salud, debe decirles que al ocasionarse este delito en la mayoría de los casos provoca lesiones e incluso homicidios.
Como ANTP, nuestra intención es trabajar de manera conjunta en la armonización e instrumentación legal, que nos blinde como sector y como ciudadanos de la delincuencia, así como el cambiar la percepción sobre la funcionalidad del sistema de justicia penal, pues creemos en él y queremos ver los resultados esperados por todos sobre su operación en el combate a la impunidad.
Agradezco mucho la atención, que me permitieron en estos momentos compartir estas palabras con todos ustedes. Y atentamente los invito a que juntos encontremos las mejores decisiones para el país. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias al señor Leonardo Gómez, de la Asociación Nacional de Transporte Privado. Otra vez un llamado a nuestros ponentes, por favor, a acotarse al tiempo de los ocho minutos. Evítenos la necesidad de hacerles un llamado a terminar la participación de manera prematura.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora tengo el gusto de presentar a Gabriela Altuzar Zaragoza, consejera nacional de Coparmex. Ella es licenciada en administración de empresas pro la Universidad del Bajío. Presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, que integra más de 300 asociados en el país que manejan temas relacionados con la logística aérea, marítima, terrestre y ferroviaria. Hasta por 8 minutos. Muchas gracias.
La ciudadana Gabriela Altuzar Zaragoza: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarnos y tener voz en este diálogo, que esperamos sea muy productivo. Por nuestra parte tenemos una presentación, en la cual quiero darles un poco más de información en la problemática que enfrentamos día a día los mexicanos con el robo de autotransporte y de mercancías; el impacto que tenemos de manera local, nacional e internacional; y de competitividad en México, por lo cual estamos hoy aquí.
La nueva forma de operar del crimen organizado en México preocupa a transportistas y a aseguradoras, ya que no solo roba las mercancías, sino también las unidades. Las pérdidas merman el negocio que debe enfrentar otro costo, el aumento de las pólizas de seguro, por nombrar solamente algunos.
Durante 2017 el robo de camiones, semirremolques y tractocamiones asegurados tuvo un incremento del 20 por ciento, hasta 10 mil unidades, según cifras del año pasado. El mayor robo de unidades y la menor recuperación de unidades habla de que el crimen organizado –quiero decirles, es un porcentaje del 43 por ciento menos, lo que se recuperan las unidades–, utilizan los vehículos para algunos otros ilícitos, sustraen las cajas y usan para transportar la mercancía robada con otra unidad, traspalean la mercancía. Y eso pues se convierte en un nicho de varios ilícitos también, inclusive para daño a la nación, como ya lo han mencionado. Esto dificulta su hallazgo.
Si me ayudan con la siguiente lámina, se los agradezco muchísimo. Bueno, el índice del robo. Según –tenemos– en estas estadísticas, tenemos hasta 8 mil 727 robos el año pasado. Tenemos camiones, semirremolques, tractocamiones. Ustedes saben que México es un país muy rico en producción agrícola, en perecederos. Digo, todo el fomento de importación y exportación que tenemos hoy nos pide vehículos más sofisticados para poder mover nuestras mercancías.
Como lo presenta aquí la lámina, nos dice que la pérdida que tuvimos fue de 8 mil 400 millones de pesos. La cifra no incluye ni siquiera el valor de la carga, en que los clientes la transportan y que se podría asegurar. Hablamos de 942 asaltos nada más, lo cual implica también la presentación de armas de alto calibre.
Esto ya está generando un nicho muy importante de tráfico de las mercancías, están robando las mercancías y con esos ingresos el crimen organizado cada vez se hace más sofisticado y más difícil incluso para el estado que invierte en la prevención del delito para poderlo combatir.
También es un tema de seguridad nacional, hoy se manejan en nuestras carreteras materiales peligrosos, litio, gasolina, en fin, muchísimos focos de riesgo para la población y eso también nos implica a tomar otras medidas.
Les quiero presentar aquí un mapa, nada más de relación donde se están registrando la mayor incidencia del robo de transporte. Como ustedes podrán ver, pues no es una zona pequeña, que ya tenemos un gran problema, un gran nicho de negocio pues con un impacto muy importante.
Yo no quisiera minimizar los delitos por los que la gente puede caer en una prisión preventiva, pero nosotros estamos hablando de grandes daños, de verdad de grandes delitos.
Por ejemplo, en el mapa podemos ver, inclusive, que en la zona central está cerca de nuestros puertos, lo cual los puertos también tienen riesgo y eso nos lleva a otro tipo de robo que es el de los contenedores marítimos. Los contenedores marítimos cuando los roban también los empresarios se quedan con grandes problemas porque las demoras sobre la renta de los contenedores siguen corriendo y no hay manera de ayudar a que se liberen de esas deudas.
Tenemos 17 mil 270 incidentes y está violencia va al alza. Tenemos muchos impactos, la pérdida financiera, la mercancía en el mercado negro es bien importante pensar que un empresario que produce y saca su producto de manera licita al mercado acaba compitiendo con su propio producto vendido en 10 pesos y es pues totalmente irracional pensar en ese tema. Ya un producto cuando sale a carretera pierde por lo menos el 20 por ciento de su valor de competitividad en el mercado.
Tenemos escases de choferes, tenemos crímenes de secuestro, de violaciones, de trata de blancas y no hay manera de frenarlos. Ahí viene un poquito más de –cómo se llama–, de información.
Los costos sobre el manejo de las mercancías también nos incrementan, ya los productos tienen que manejarse con custodias y con otras estrategias de tecnología, que obviamente, el crimen organizado ya no nos está dando ventaja para poderlo combatir.
Hay muchos gastos que están implicados como la mercancía no recuperada, la unidad no recuperada, inclusive los ingresos que se dejan de percibir por las mercancías y, en todo tema, el único implicado en el Ministerio Público pidiendo sus documentaciones es el empresario, es el que tiene que seguir el curso del trámite a pesar de que la persona que está imputada en el crimen no regresa ya, como lo habían mencionado también.
Entonces el empresario es el que se queda con toda la problemática, fiscal, legal y pues para comprobar que el robo ha sido cierto. Tenemos muchas afectaciones contractuales, paros de líneas y multas como empresarios que tenemos que cubrir y cierres de empresas a consecuencia de.
También los seguros cada vez nos cubren menos, porque no hay manera de combatir el delito, las aseguradoras cada vez están más limitadas y son más costosas para el transporte de mercancías.
En este tema de competitividad es muy importante, México ha caído ya en los indicadores logísticos internacionales por este tema de inversión y de infraestructura y pues el robo de autotransporte es uno de los primeros que México se caracteriza internacionalmente en estos días.
Quisiera, para finalizar la intervención las agravantes que pudiera haber en estos crímenes. Estos crímenes se están provocando con uniformes, con unidades que pueden ser o no pueden ser genuinas de cuerpos policiacos.
El Estado invierte e invierte en la prevención del delito y de alguna manera no está siendo efectiva esta lucha. También el secuestro, la privación de la vida, ya sea parcial o total, o el asesinato de los choferes también es una temática bien importante. Y pues ya sea el uso de vehículos oficiales también y de armas de alto calibre, ya sean oficiales o no, o de uso exclusivo del Ejército.
Entonces no es solamente una afectación local. No se puede promover el comercio interior del país como quisiéramos. Y les puedo decir que desde la Coparmex hacemos un llamado a esta Cámara de Diputados para que la reforma legal que se apruebe considere como delitos graves el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, y la portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea para incluirlos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, buscando combatir la impunidad de forma efectiva.
La inclusión de ambos delitos es una señal esperanzadora de que el combate a la impunidad será una asignatura prioritaria para el gobierno federal. Nunca debe olvidarse que brindar a los gobernados seguridad, orden y paz es la función originaria y primordial e irremediable del Estado. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias a Gabriela Altúzar, consejera nacional de Coparmex. También damos la bienvenida a la diputada Flor Ivone Miranda por acompañarnos también en esta audiencia pública. A la diputada Claudia Pérez, de Tlaxcala, también muchas gracias, diputada. Si nos falta algún diputado por presentar, por favor si nos pueden pasar su nombre con el equipo técnico.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Cedemos el uso de la voz a la diputada Lorena Villavicencio para presentar a Layda Negrete, de World Justice Project.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Layda, bienvenida. Layda Negrete es investigadora en el World Justice Project, un centro de análisis con sede en Washington dedicado a medir y promover el Estado de derecho. Es integrante de la Comisión Técnica encargada de transformar la Procuraduría Capitalina en Fiscalía. Es colaboradora quincenal en el Universal.
En 2010 Layda Navarrete produjo Presunto culpable, película merecedora de un Emmy y que aún mantiene el récor del documental más visto en el país. Es una de las fundadoras del Departamento de Estudios Jurídicos del CIDE y de su licenciatura. Es candidata a doctora por la Universidad de California en Berkeley. Tiene maestrías en derecho y política pública por la misma universidad y una licenciatura en derecho por el ITAM. Bienvenida. Adelante.
La ciudadana Layda Negrete: Gracias. Muchas gracias. Era un viernes como hoy y era una pequeña plaza en el sur de la ciudad. Cuando de repente empezó el operativo. Llegaron camionetas y bajaron una veintena de agentes, todos encapuchados, vestidos de negro. Por un momento el operativo confundió a los testigos. ¿Eran delincuentes o autoridades? Eran ambos.
Entre los encapuchados emergió un agente de la Policía Federal adscrito a la PGR. Se aproximó escoltado a uno de los pequeños negocios. Era la tienda de piñatas atendida por Laura y su mamá, una adulta mayor. El responsable del operativo entró prepotente, ocultó su nombre y su placa y se mantuvo encapuchado como verdugo. Entonces exigió documentación de la mercancía a Laura. Ella, vendedora de piñatas, mostró una carpeta ordenada con sus facturas, las que amparaban la fabricación de los personajes de caricaturas que vendía. Pero fue inútil.
Se la llevaron. Y sin orden de cateo, sin orden de aprehensión, sin copia de la denuncia siquiera el jefe dio la orden. Entonces los agentes encapuchados no sólo se llevaron a Laura sino que se llevaron también a los superhéroes: el Hombre Araña, a Hulk, a la Mujer Maravilla. Y de pilón se llevaron los adornos del baby shower y hasta los chamoys del expendio se quedaron detenidos, probablemente para futuras pruebas periciales. Todo bajo el argumento de que se vendía mercancía pirata. Este personal de la PGR se llevó a Laura en esta camioneta donde había ya 10 personas. Era el peligroso Cartel de las Piñatas. Algo que parecía un gesto de cumplimiento de la ley era más bien la ordeña de la misma.
En la PGR empezó la danza de la extorsión. Los miembros del inaugurado Cartel de Fiestas Infantiles recibieron un trato distinto a los delincuentes comunes. Les pusieron en una sala privada, les dieron agua y hasta recibieron palabras de aliento de sus captores, ya los van a sacar, no se preocupen, ya están negociando.
Los agentes federales abrieron canales de comunicación con los familiares de los detenidos y tal y como habrían hecho los secuestradores profesionales las autoridades fueron evaluando caso por caso, midiendo y sopesando la capacidad económica de los detenidos.
El resultado fue la solicitud de tarifas de rescate diferenciadas, precios a la medida, a Laura le pidieron 200 mil pesos, cuando su familia pagó salió libre, historia real.
Como en el caso de Laura todos los días los funcionarios en nuestras procuradurías y fiscalías extraen rentas, es un gran negocio y justamente la prisión preventiva oficiosa es la herramienta clave que permite los grandes esquemas de negocio dentro de las autoridades mismas.
Dicho de otra forma, somos víctimas de delitos cometidos por los mismos funcionarios encargados de combatirlos, ¿por qué? Porque tuvimos la ocurrencia de darle el inmenso poder de encarcelarnos a un funcionario de ventanilla, así nada más, sin supervisión, sin control y por tanto sin remedio.
Y, es eso, eso, lo que ustedes como diputados y diputadas están a punto de agravar como nuestros representantes, no se vale.
Entre ayer y hoy se han expuesto una lista larga de los aspectos negativos de la prisión preventiva oficiosa, se ha hablado de cómo es contrario a tratados internacionales, se ha dicho también que atenta contra la presunción de inocencia, se ha puesto, expuesto muy persuasivamente que es una herramienta inútil para debatir la impunidad, estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo con todo ello y suscribo los argumentos, pero quiero agregar algo, mi punto central es que la prisión preventiva oficiosa nos pone en una situación de peligro a cualquier ciudadano.
La prisión preventiva oficiosa es una figura que permite meter a la cárcel a personas desde el momento de la detención sin investigación, sin pruebas, sin juicio, sin declaración de culpabilidad y a partir de la sola decisión de un funcionario menor, es un entero capricho.
Aquí, en México la aplicación de la ley es selectiva y modulable en muchos casos, pero especialmente las procuradurías y fiscalías, los empleados ministeriales cobran por los distintos servicios, investigar, investigar, detener, liberar, integrar mal un expediente, cerrar un caso, judicializar o desistirse en un proceso y todo ello tiene que ver con la amenaza de la cárcel.
Ese es el esquema generalizado, el Inegi mide cuáles son los actos y contactos con autoridades que generan actos de corrupción y el Ministerio Público está en tercer lugar, solo debajo de la policía de tránsito y solo debajo de las autoridades que expiden títulos de propiedad.
Pero, fíjense, en el Ministerio Público lo que está en juego no es un tema patrimonial, es un tema de libertades, resulta que una de cada cuatro víctimas que acuden al Ministerio Público son víctimas de nuevo del funcionario por extorsión.
Aquí está el veneno de la prisión preventiva oficiosa, por eso quiero alertar que el verdadero beneficiario de la prisión automática no es el ciudadano, no, es el funcionario corrupto y para ellos están legislando, para hacer más grande su cochinito.
A nuestros representantes les digo que es falso que la prisión preventiva reduzca el delito, por el contrario, lo incrementa y lo incrementa justamente en estas instituciones.
Me repito y termino, los efectos perversos de la prisión automática se manifiestan de forma aterradora en la ventanilla de funcionario de primera línea, en los casos rutinarios, fuera del radar público, los agentes del Ministerio Pública usan la amenaza de la prisión preventiva como instrumento de extorsión. No caigamos en este juego de los que creen que la justicia se resuelve de un plumazo.
Agradezco al Congreso de la Unión la oportunidad de expresarme en contra de la prisión preventiva oficiosa y los exhorto que no al encarcelamiento de más personas inocentes a capricho, no al castigo sin juicio, señoras y señores legisladores, representantes nuestros, los exhorto que en esta misma legislatura en vez de crear estas puertas falsas se aboquen a la verdadera tarea pendiente que consiste en promover medios de investigación de calidad como lo han dicho muchos de los ponentes. Esa es la única fórmula para batir la impunidad de forma real y ya vamos tarde. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias a Layda Negrete, de World Justice Project.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora cedemos el uso de la voz a la diputada Martha Patricia Ramírez, para presentar a Ernesto Peralta de Borde Jurídico.
La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero: Con todo gusto, diputado. Tengo el honor de presentar al arquitecto Ernesto Peralta. Egresado de la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en diseño de procesos de participación, coordinador y consultor en los proyectos de plan maestro de las ciclovías de la Ciudad de México y Laboratorio Itinerante Diseño Urbano Participativo, plataforma digital nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, plataforma incorruptible, plataforma mapa normativo del Sistema de Seguridad y Justicia.
Ha diseñado estrategias de comunicación digital en materia de urbanismo, sostenibilidad y de fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como en proyectos de comunicación de responsabilidad social empresarial. Es, o ha sido, director ejecutivo y fundador de Borde Político A.C y Bode Jurídico Asociación Civil. Bienvenido arquitecto.
El ciudadano Ernesto Peralta Medina: Muchísimas gracias por el espacio. Y empezar pues con el problema ¿no? compartimos la preocupación con las cámaras empresariales. Tenemos un 99 por ciento de impunidad, y eso, digamos, va desencadenado esta desesperación legislativa. Nos han traído aquí a todos el día de hoy para hablar de la prisión automática como una opción, o como lo que es, no es una opción.
Lo siguiente diría. Existe una puerta giratoria, o sea, eso es un hecho, o sea, nuestro sistema de justicia no está logrando encerrar a los culpables de los delitos, no está logrando llevar la justicia que piden las víctimas. Esta es la puerta giratoria, nos estamos equivocando de lugar al pensar que la prisión preventiva va a venir a acabar con esto. La puerta giratoria es muy fácil, es: la policía detiene, el fiscal libera y el juez no se entera, o sea, no estamos llegando a juicio, ese es el verdadero problema que tenemos en nuestro sistema de justicia. Entonces ahí está el boquete que tenemos que tapar.
Lo queremos ver con más detalle. Tenemos este pequeño ejemplo de, bueno, de entrada nuestra primera salida de detenidos es que nadie quiere denunciar, hay muchísimas causas de la no denuncia, pero tenemos un 93 por ciento de la... de ese 99 de impunidad, el 93 por ciento es que la gente no denuncian, y no denuncian exactamente por lo que mencionaba Layda, porque uno llega a una procuraduría y lo primero que se encuentra es con extorsión, se encuentra con que tiene que pagar para que la fiscalía haga su trabajo.
Pero, digamos, que el fiscal si tiene ganas, lo cual no ocurre en el 86 por ciento de los casos –es desde la puerta giratoria–, o sea, ahí tenemos el resto de lo que faltaba de ese 99 por ciento de impunidad. El 86 por ciento de los casos el fiscal decide no investigar, no iniciar ni siquiera, no hacer ni siquiera una investigación inicial, no hacer retención ministerial, no hace nada. Esa es nuestra puerta giratoria, ahí está el verdadero problema que deberíamos de estar discutiendo en estas mesas, deberíamos de estar discutiendo que la iniciativa del catálogo de delitos vaya a hacer que el fiscal no pueda tomar esta decisión absolutamente unilateral, no hay el más mínimo control, no tiene que rendirle cuentas a nadie para tomar esta decisión y liberar a todo el mundo que quiera.
No inicia investigación, sencillamente dice “no tengo pruebas suficientes, disculpe, vuelva otro día” o “deme 200 mil pesos e igual e inventamos alguna buena prueba”, yo que sé. O sea, ahí está el verdadero problema.
Luego todavía puede tomar en base el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede tomar la decisión de tampoco presentarlo ante el juez, y otra vez hay otra puerta giratoria ahí ¿no? Y en realidad lo que llega ante los jueces es el uno por ciento, y entonces tendríamos que ser como muy necios para legislar la prisión preventiva oficiosa, cuando iría exactamente a donde no está el problema. El problema es ante el juez y ahí nada más llega el 1 por ciento. Y además, el juez otorga, en el 83 por ciento de los casos, la prisión preventiva cuando la pide el Ministerio Público, la justificada.
O sea, los jueces sí están haciendo su chamba. La prisión preventiva oficiosa dejaría a los jueces sin la posibilidad de hacer su chamba. Tendrían que, forzosamente, mandar a todo el mundo a la cárcel.
Y entonces, como bien lo explicó Laida con una muy buena historia, nos quedaríamos con un montón de gente donde solo el único interesado en que llegue a la cárcel es el Ministerio Público y en la mayoría de los casos terminan liberándolo, después de haber pasado por una prisión. Después de haber sido estigmatizado como un posible delincuente. Entonces, ahí es donde tenemos nuestro problema. Siguiente.
Ahora, la prisión automática, en realidad llega a resolver el 1 por ciento de los casos, que además lo resuelve un Ministerio Público que ni siquiera, al final de la pena anticipada que representa la prisión preventiva oficiosa, ni siquiera terminaría las investigaciones. Que eso es lo que verdaderamente está sucediendo.
Pero cómo nos impacta. Digamos que somos muy necios y queremos legislar en prisión preventiva oficiosa para resolver un problema de delincuencia. Queremos utilizar la ley para hacer prevención, lo cual tampoco es viable. Pero queremos hacerlo, a ver qué impactos tiene entonces.
Primero, lo primerito es una fiesta para el encargado de investigar. El Ministerio Público va a seguir con su perfecto 86 por ciento de abstención de investigación. Siguiente.
Luego, generar problemas bastante más graves, que es justo lo que decíamos: primero los pobres, pero a la cárcel. Porque el 73 por ciento de la gente en la prisión son obreros, campesinos o desempleados.
No es que el resto tenga muchos más recursos. O sea, Duartes no hay más de los que podemos contar con las manos. Entonces, ahí no les vamos a estar pegando a ellos. Les vamos a estar pegando a los obreros, a los campesinos, a los desempleados.
El 37 por ciento de la gente que está en prisión está en espera de juicio. O sea, llega casi, en algunos años hasta el 40 por ciento.
Nos cuesta y nos cuesta muchísimo. Nos sale muy caro tener a un montón de gente en la cárcel sin juicio, porque en realidad estamos pagando, les estamos pagando 140 pesos diarios. O sea, es el doble del salario mínimo. O sea, cómo podemos estar gastando el doble del salario mínimo en un presunto culpable, o sea, en personas que todavía no tienen un juicio.
O sea, por cada delito que pongamos en ese catálogo vamos a estar invirtiendo mil millones de pesos anuales en prisiones que, además, siguiente, en prisiones que además no tienen capacidad para retener a estas personas.
Ahorita tenemos una cuarta parte más de la gente que acaba en las prisiones. O sea, tienen que dormir parados, amarrados a las rejas para no caerse, mejor ni les digo en qué. Pero tenemos este enorme problema.
Y luego, queremos curar la corrupción con más corrupción. Porque en las cárceles se cometen dos millones de delitos de corrupción al año. O sea, si sumamos todas estas veces que tienes que pagar por tu comida, por tu cama, que tienes que pagar por tus visitas, por tu defensa. Todo lo tienes que pagar en una cárcel si quieres salir de la cárcel vivo. Entonces, generas estos dos millones de actos de corrupción al año.
La mayoría de la corrupción en México sucede en las cárceles. Ya déjense ustedes del Ministerio Público, en las cárceles. Porque son delitos que se cobran semanalmente.
O sea, entonces, afecta también a la mujer. Esto de que el feminicidio va a ayudar a que haya menos feminicidios no solamente no va a suceder, sino que va a afectar a las mujeres. Si ponemos el feminicidio en este catálogo, o sea, además de que la prisión preventiva oficiosa se utiliza muchísimo más en mujeres. O sea, entonces, estaríamos criminalizando a la mujer.
Y además, a todas esas mujeres que tienen que visitar semanalmente a sus parientes, a sus familiares que están en prisión. Que tienen que llevarles ropa, que tiene que pagar todos esos dos millones de actos de corrupción al año.
Entonces, vaya que no podría creo que ser más desesperanzador el panorama como para que se nos ocurra aprobar la prisión preventiva oficiosa. Siguiente.
Ahora, este es el problema, la prisión preventiva simula justicia y en general genera todos estos problemas y muchos más que nos podríamos detener a revisar, pero genera problemas, no resuelve nada y genera problemas. Y, además, hace que los ministerios públicos sean los héroes que están encerrando todos los días a miles de maleantes. Entonces no, no podemos darles esa arma. Siguiente.
Ahora tenemos un problema muy grave, porque ya se nos ocurrió vender que la prisión preventiva oficiosa es la panacea y nos va a venir a solucionar todos los problemas.
Entonces, necesitamos generar una solución normativa a esto que ya vendimos como que es la panacea. Tenemos que atender a esta política coyuntural en la que ya nos metimos, ya estamos en este problema y tenemos que dar una solución social.
–La siguiente, por favor–. La solución técnica es una solución sumamente enorme, porque ya me pasé del tiempo no les puedo explicar, pero este es el mapa normativo de todo lo que hay que hacer para fortalecer el sistema de seguridad y justicia. Pueden ver ahí policías, en la siguiente todos los artículos, los rositas son todos los artículos que hay que reformar.
Trabajo tenemos, trabajo tenemos y un montón. Hay que reformar un montón de cosas para que no haya embudos y que toda la justicia se obstruya. Lo que queremos allá en esto de la nacionalidad de la justicia alemana, lo que queremos que generar con todos estos cambios es esto.
Tenemos que llegar. Sí, tenemos esta gran cantidad de casos entrantes. Tenemos que generar este embudo, pero tenemos que planearlo muy bien. Tenemos que aclarar los casos. Ya en general son la mitad, y está bien, hay muchos casos que no vamos a poder resolver.
Hay muchos sospechosos que no van a estar en edad penal, pero vean la cantidad de enjuiciados que hay en Alemania por la cantidad de casos que tiene. No necesitamos tampoco judicializar cada caso que llega al Ministerio Público. Lo que necesitamos, como bien lo mencionábamos es una política de persecución penal que nos ayude a decidir qué judicializamos y qué no.
Pero ya vean al final de esta tabla las penas en reclusión. No hay pena casi en reclusión, o sea que lo que necesitamos no es meter gente a la cárcel. En Alemania no tenemos estos niveles de violencia y no tenemos estos niveles de impunidad.
Entonces, olvídense ya, por favor, por amor de Dios, de la prisión preventiva oficiosa. Se los rogamos muchos de los aquí presentes y muchos de los que estarán en prisión próximamente si pasamos a estas cosas.
–Siguiente–. Pero hay una solución, porque nos sentamos a hacer un trabajo que no nos gusta, que es buscar una solución política para un problema político que generaron los políticos. En lugar de darle a la puerta giratoria más cuerda, vamos a generar justicia. Vamos a intentar al menos cerrar una de estas puertas giratorias que sucede en el Ministerio Público y les proponemos justamente pegarle a este sistema de esta manera como para poco atender esa racionalidad alemana que podríamos bien lograr si, por ejemplo, en este primer acto del Ministerio Público tenemos transparencia y criterios claros por cómo actúa el Ministerio Público.
Si en este segundo acto forzamos al Ministerio Público a que tenga que presentar ante el juez para que no pueda extorsionar a nadie, que tenga que ser ante el juez y que el juez decida. No le atemos las manos al juez y veremos. Y acabamos de una vez por todas con todo el catálogo. No solamente no aprobemos más delitos, acabemos con todo el catálogo ya, por favor.
–Siguiente. ¿No había otra antes–? Aquí traemos unas hojas que les vamos a repartir, donde viene la propuesta legislativa para...
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Vaya concluyendo, abogado, por favor.
El ciudadano Ernesto Peralta Medina: ...el artículo 16 constitucional, pasar ya a la prisión preventiva no oficiosa y liberarle las manos al juez. Acá les voy a dejar esta información.
Por último, también tenemos que generar esa rendición de cuentas, flexibilidad, esa atención integral en las fiscalías, ese cambio de imagen de las fiscalías y una campaña intensa de denuncia para atacar la cifra negra. Muchas gracias a todos y discúlpenme por pasarme del tiempo, pensé que iba a ser más corto.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias a Ernesto Peralta Medina, de Borde Jurídico. Damos la bienvenida al diputado Alejandro Viedma, que también nos acompaña esta tarde.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Cedemos el uso de la voz a la diputada Lisbeth Mata, para presentar a Estefanía Vela Barba, responsable del área de derechos sexuales y reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del CIDE.
La diputada Lizbeth Mata Lozano: Gracias. Estefanía Vela Barba estudió la licenciatura en derecho en el Instituto Tecnológico autónomo de México y la maestría en derecho en la Universidad de Yale, en donde también está desarrollando su doctorado, que está enfocado en el uso del derecho penal para proteger los derechos de las mujeres en México.
Es también responsable del área de derechos sexuales y reproductivos del Programa de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Ha sido la coordinadora académica del diplomado en género, sexualidad y derecho del CIDE, así como titular de cursos sobre derechos sexuales, reproductivos y derecho familiar. Ha publicado artículos sobre derecho a la no discriminación, la desigualdad, la violencia de género y la perspectiva de género. Bienvenida.
La ciudadana Estefanía Vela Barba: Primero que nada, muchas gracias a los diputados y a las diputadas por la invitación. Sé que queda poco tiempo, entonces trataré de hacerlo lo más rápido posible. Yo me voy a enfocar en la prisión preventiva oficiosa y los derechos de las mujeres, esto principalmente a partir del hecho de que en muchos medios se ha reportado que en Cámara de Diputados están prácticamente violando los derechos de las mujeres porque no van a aprobar la reforma tal y como fue aprobada en la Cámara de Senadores, lo que incluye, por supuesto, incluir el feminicidio en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y también el abuso, la violencia sexual que vivimos.
En parte voy a ser repetitiva, pero mi punto principalmente es decir, por qué no aprobar esta reforma, no viola los derechos de las mujeres. Siguiente, por favor. Nada más, ya sé que lo han aclarado, pero no quiero dejar de insistir, que no estamos –atrás, perdón– qué no estamos discutiendo hoy y qué sí estamos discutiendo hoy.
Primero, no estamos discutiendo la gravedad de la violencia en el país, lo sabemos y esto se tiene que repetir porque justo las iniciativas pasan más páginas citando cifras sobre la incidencia delictiva que justificando la medida, no nos tienen que convencer de la gravedad del problema de violencia que vive el país, lo sabemos, lo vivimos, lo padecemos y estamos aquí porque queremos evitarlo, eso no es lo que está en disputa.
Segunda cosa, no estamos discutiendo cuáles delitos son graves y cuáles no. Cuando se dice delito grave lo que se está diciendo es prisión preventiva oficiosa, dejemos de usar lenguaje que solo engaña a las personas, que solo indigna innecesariamente, eso no es lo que se está discutiendo.
Tercer punto, no se está discutiendo si la prisión preventiva debe existir o no. Estamos discutiendo si se debe ampliar la prisión preventiva oficiosa, y esto lo digo porque hay quien insiste que está bien que el debido proceso es un derecho, que está bien que la libertad es un derecho, pero que pueden ser limitados, por supuesto que los derechos pueden ser limitados. La pregunta es, ¿cómo, cuándo, dónde, por qué? Eso es lo que estamos discutiendo. Siguiente, por favor.
Otra vez, para repetir, aquí hay dos posibilidades, prisión preventiva justificada que nadie cuestiona y es por lo que estamos luchando. La prisión preventiva justificada la pide el MP y la concede el juez, es procedente, si otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar el proceso o proteger a las personas y se resuelve caso por caso por caso. La prisión preventiva oficiosa, en cambio, procede una vez que una persona es vinculada al proceso y ahí automáticamente el juez debe decretarla, sin valorar el caso concreto. Siguiente, por favor.
Desde esta perspectiva qué hacer frente a la reforma, en mi opinión rechazarla por completo para que no se amplíe el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para ningún delito. Yo no me voy a poner a jugar cuál es más grave o no, nadie duda que todos son graves, nadie duda que todos impactan a las personas, al país, a la economía, a la seguridad, eso no está en disputa, no es una competencia de dolor, no es una competencia de víctimas, es un debate sobre qué nos va a sacar del estado en el que estamos. No solo qué nos va a sacar, sino qué no nos va a hundir más. Siguiente, por favor.
Desde aquí me gustaría decir tres cosas. Primero, y que quede claro, si no se aprueba la reforma no perdemos, no van a perder. Sé que es muy difícil decirlo precisamente considerando cómo son los titulares de los periódicos, pero tenemos que empezar a mandar el mensaje, si esta reforma no se aprueba no perdemos nada. Sí, sí se aprueba, tampoco ganamos, y sí, sí se aprueba, sí perdemos. Voy uno por uno. Siguiente, por favor–.
¿Por qué no, si no se aprueba la reforma no perdemos? Porque ya tenemos la prisión preventiva justificada, no desprotegen víctimas. Siguiente, por favor.
Esto es muy importante, ustedes no están desprotegiendo a nadie si no aprueban la reforma y quien diga lo contrario, fakenews, como diría Donald Trump. Y tenemos que empezar a decirlo, ustedes desprotegen cuando no invierten en mejorar las instituciones existentes, ahí es cuando están desprotegiendo a las personas, ahí es cuando están traicionando a las víctimas, cuando no hacen lo que tienen que hacer. Siguiente, por favor.
Ayer se decía, solo nos dicen que esto. ¿Qué sí? Se han repetido mil cosas, ahorita la gráfica. Obviamente no cabe en un tweet y ese es el problema, resolver este problema complejísimo no cabe en un tweet y no cabe en un titular, pero se han dado alternativas al tema de la procuración de justicia, invertir en capacidades de fiscalización de las fiscalías, invertir en las unidades de seguimiento de evaluación a medidas cautelares, invertir en las capacidades del Poder Judicial, invertir en mecanismo de resolución de conflictos y empezar a despresurizar el sistema, hay alternativas, las están ignorando, pero sí las hay. De este lado claro que queremos resolver el problema de la violencia.
Siguiente por favor. Ya lo dijeron, lo voy a reiterar. Si se aprueba la reforma no ganamos en términos de seguridad, no ganamos en el combate a la impunidad.
Siguiente por favor. Ya han visto esta gráfica. En rojo es delitos contenidos en averiguaciones y carpetas de investigación de homicidio doloso, en negro personas condenadas. Homicidio sube, homicidio baja. No cambia.
Les traigo además violación, porque se habla de la violencia sexual infantil. Ya tenemos también el delito de violación y lo que podemos ver es exactamente lo mismo. Los números en rojo suben, bajan, con independencia de la aprobación de la prisión preventiva oficiosa y las condenas siguen igual o incluso bajan.
Ya hay experiencia, ya llevamos 10 años con la prisión preventiva oficiosa en la Constitución, por eso también de este lado no es que estamos haciendo fantasías, tenemos experiencia. No ganamos nada, no mejoramos nada y como ya les han dicho los expertos del sistema penal, al revés, la prisión preventiva oficiosa al simular justicia va a generar más ineficiencia, va a generar más negligencia, va a generar más corrupción.
Siguiente por favor. Y como ya lo han dicho, la reforma sí va a legitimar la violación de derechos humanos y ... mecanismo. Me queda poco tiempo, trataré de ser rápida.
Para enfatizarlo. Además, la reforma tiene el potencial de impactar de diversas maneras los derechos de las mujeres. Primero se nos olvida, pero las mujeres también son procesadas, imputadas, condenadas, encarceladas. Y qué mejor ejemplo que las mujeres que denunciaron Atenco.
Hablan de hablar con víctimas. Que vengan las mujeres de Atenco, ellas también son víctimas. En Atenco no es sólo un caso de tortura sexual, es un caso de detención arbitraria. La tortura sexual ocurre una vez que hay detención arbitraria, y esta es una cita directa a la Corte Interamericana.
Las detenciones fueron arbitrarias porque no conllevaron una individualización de las conductas y por eso la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos, porque no se justifica caso por caso por caso por qué una persona merece estar en prisión, y tenemos Atenco.
Siguiente por favor. Además, ya lo dijeron, en proporción el porcentaje de mueres recluidas sin sentencia es mayor al de los hombres. Sabemos que las mujeres representan el cinco por ciento de la población penitenciaria, pero si vemos, de las mujeres encarceladas cuántas están sin sentencia, versus los hombres, podemos ver que en 2005 los números eran similar y a partir de 2005 se empieza a disparar el número de mujeres que están en prisión preventiva.
Siguiente por favor. Los delitos, claro, se pueden explicar. La Enpol lo confirma, el porcentaje de mujeres sin sentencia es desproporcionado especialmente en el fuero federal que es donde se han estado persiguiendo de manera desproporcionada delitos contra las drogas del cual ahorita va a hablar Ana Pecova.
Siguiente por favor. Aquí es muy importante, y ahorita lo va a decir Ana Pecova, se habla de los derechos de las mujeres precisamente por las políticas de drogas hay mucho que hemos aprendido, y por las políticas de drogas el Comité de la CEDAW ya se pronunció sobre la prisión preventiva. El Comité de la CEDAW, si se quiere cumplir con los derechos de las mujeres, fue muy claro. El Estado tiene que seguir fomentando que no haya más prisión preventiva oficiosa.
Segundo. Además de las mujeres como imputadas, procesadas y condenadas, están las mujeres emparentadas con los hombres que están en prisión. Estamos hablando de madres, de parejas. Y como ya dijeron, son mujeres que van una, dos, tres, cuatro veces a la semana y que le dan a la persona que está en la cárcel lo que el Estado falla en proveer. Desde jabón, comida, ropa, hasta pagar por su seguridad, pagar por los costos legales y por no decir depresión, ansiedad, etcétera.
Entonces si ustedes aprueban esta reforma no es sólo que van a afectar los derechos de quienes van a la cárcel. Van a afectar los derechos de sus familias también. Y si estamos hablando de que la población carcelaria es aproximadamente 200 mil personas, esos impactos me parece que también alcanzan las decenas de miles de personas.
Por esta razón desde mi perspectiva esta reforma no sólo –de nuevo– no garantizaría los derechos de las mujeres ni de las víctimas de feminicidio ni de las víctimas de violencia sexual, sino que recrudecerían las violaciones que actualmente existen a los derechos de las mujeres y eso me parece mucho.
Me queda claro que todos queremos prevenir Juárez. Pero no podemos prevenir Juárez a costa de legitimar Atenco. Eso es lo que tenemos que tener claro. Tenemos que prevenir los dos, y esta reforma, so pretexto de prevenir Juárez, legitima, constitucionaliza Atenco. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias, Estefanía Vela Barba. Damos la bienvenida también al diputado Reginaldo Sandoval, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias, diputado, por su presencia.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Y ahora tengo el gusto de presentar al licenciado Martín Carlos Sánchez Bocanegra, es psicólogo con acentuación clínica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y realizó la maestría en psicoterapia sistémica por la misma universidad. Se encuentra laborando en institución Renace desde 1997 y en 2004 asume la dirección general, puesto que desempeña hasta la fecha.
Su compromiso y experiencia con el Sistema de Justicia lo ha llevado a ser coordinador general de la Red Nacional de Organizaciones Civiles a favor de los juicios orales y debido proceso, mismo que impulsó junto con otras organizaciones civiles, la reforma del sistema de justicia mexicano en 2008.
Ha trabajado en proyectos de ley e impulsado reformas a nivel nacional y local como la Ley Nacional de Justicia Integral para Adolescentes, la Ley Nacional de Ejecución Penal y Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Estatal de Declaración de Ausencia de Personas, así como la Ley Estatal Anticorrupción, la Ley Estatal de Víctimas y Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
Pertenece a diferentes comisiones y consejos ciudadanos como lo son el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, del cual es titular, el Consejo Ciudadano de Prevención y Readaptación Social del Estado de Nuevo León, Consejo Consultivo de la Comisión de Implementación de la Reforma Judicial de Nuevo León y la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Nuevo León.
Pertenece al Consejo Consultivo del Instituto de Defensoría del Estado de Nuevo León, al Consejo Consultivo de Desarrollo Policial, al Comité de Justicia Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley, y es presidente de la Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia del Estado de Nuevo León.
Ha colaborado en la publicación de diferentes estudios relacionados con la reforma al sistema penal, presunción de inocencia, medidas cautelare, prisión preventiva, monitoreo y evaluación del nuevo sistema, entre otros.
Ha participado en la elaboración de los libros Justicia para Adolescentes, Logros y Desafíos para su Adecuada Implementación, La Reforma al Sistema de Justicia Penal en Nuevo León, Retos de la Reforma Penal, Equilibrando la Presunción de Inocencia y la Seguridad Pública, Niños Olvidados, Los hijos de las Madres en Situación de Prisión, Una Aproximación a su Calidad de Vida, Derechos de Familia y Diversidad, Los Derechos del Infante y Las Estancias Penitenciarias, además en el documental Justicia Real.
Ha participado en el Comité Directivo en la organización de nueve foros nacionales sobre Seguridad y Justicia y El Encuentro con la Justicia 2019, Propuestas Desde la Sociedad Civil, la cual reúne a expertos, académicos, operadores, autoridades locales y nacionales para evaluar la implementación del Sistema de Justicia Penal en el país, con lo cual dedica su vida profesional al compromiso por el fortalecimiento de la justicia y el Estado de derecho en México. Tiene el uso de la voz, hasta por ocho minutos al licenciado Martín Carlos Sánchez.
El ciudadano Martín Carlos Sánchez Bocanegra: Muchas gracias. Con razón ya estoy cansado. La estrategia para resolver la impunidad en el país ha sido insuficiente. Las autoridades se han equivocado. Generalmente lo que se implementa está diseñado para resolver los síntomas y no la estructura. Se parchan los homicidios, las violaciones, los robos, los secuestros, y no se atiende al sistema delictivo.
Ante los niveles de violencia e inseguridad, es imperativo hacer un verdadero cambio. La justicia debe de atender las necesidades que la ciudadanía demanda. Asegurar el proceso justo a los acusados y dar una reparación del daño efectiva a las víctimas. En suma, cumplir su esencia que es dar a cada quien lo que le corresponde.
Este resultado seguirá siendo utópico si de fondo no se trabaja con quienes tolos días viven las deficiencias de la justicia en el país. Las personas, las instituciones de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, los organismos de cooperación internacional.
Urgentemente necesitamos que en conjunto definamos de una vez por todas cómo cerramos el ciclo de violencia en el que nos encontramos.
En Renace tenemos 25 años brindando el servicio de atención jurídica y psicosocial a personas de escasos recursos que enfrentan un difícil proceso penal.
Nuestra labor abarca desde la prevención del delito hasta la reinserción social, de la atención a víctimas hasta atención a imputados y desde la experiencia con beneficiarios hasta a incidencia pública en materia normativa y de política pública.
Estamos conscientes de que la sociedad demanda resultados urgentes, nosotros también. Sin embargo es importante señalar que no hay una solución rápida para resolver los problemas estructurales de inseguridad, incidencia delictiva, violencia e impunidad.
A pesar de que se presente como tal la ampliación del uso de la prisión preventiva oficiosa, no es una solución real. Meter gente a la cárcel no es justicia. Existe otra forma de justicia que ya se ha implementado con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, y esperamos que volteen a verla y evaluarla.
Finalmente, desde la óptica y experiencia de Renace observamos que la prisión preventiva oficiosa propicia la corrupción de los ministerios públicos, policías y jueces, envenene el sistema de justicia.
La prisión preventiva oficiosa se ha convertido en la práctica, el trueque entre usuarios y operadores para conservar la libertad, por eso los pobres van a la cárcel porque no pueden pagar el precio de su libertad. La prisión preventiva oficiosa, es una pena anticipada. Todos los tratados internacionales a los que México está suscrito en materia de derechos humanos, lo respaldan.
Pero el tema aquí no es el derecho internacional, el tema son los mexicanos. Queremos recuperar la paz con base al rencor, el odio, la violencia, el que genera que estén personas inocentes en prisión, ¿a esto le apuesta la cuarta transformación?
Lo que se va a aprobar va a generar un efecto rebote en el sistema justicia, a más prisión preventiva oficiosa, más hacinamiento en prisiones, mayor gasto público en tema de seguridad y justicia, no menor incidencia delictiva.
Preocupa y alarma estas reformas que regresan a lo que desde décadas llevamos luchando a favor de los derechos humanos. Esto hay que llamarlo con todas sus letras, es una contrarreforma, por qué regresar al sistema inquisitivo donde primero se va a prisión y después se investiga.
Implica un mayor gasto a las familias que dejan en muchas ocasiones en vulnerabilidad, ya lo sabemos, en prisión las familias tienen que pagar para que sus familiares internos no los golpeen, puedan dormir, bañarse, comer.
En México de los noventa, las personas que ingresaban a prisión sin pruebas, no había debate, había un uso excesivo de la pena anticipada. Muchos terminaban aceptando la culpabilidad por desesperación.
Nuestra propuesta. En Nuevo León hemos trabajado para fortalecer la coordinación interinstitucional, propiciando fortalecer las capacidades operativas de gestión con el acompañamiento en la atención legal y psicosocial de los servicios que imparte la institución Renace para prevenir el delito y fomentar la reinserción social.
Para ello, impulsamos en el 2018 el proyecto Gestionando la Justicia en el cual coordinamos los esfuerzos de la Fiscalía, el Poder Judicial y el Instituto de la Defensa Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, Estatal y Municipal, del área metropolitana y los Umeca, y otras dependencias.
Realizamos reuniones semanales para definir resolución de actividades que se encontraban rezagadas y detenidas en el sistema.
Ahí resolvimos de manera operativa la problemática de andamiaje del sistema definiéndola de manera coordinada de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía. En este mismo punto establecimos el objetivo y definimos la estrategia de coordinación en lo general. En los mandos operativos gerenciales, en los puestos de supervisión y en los operativos.
El trabajo colaborativo ahorró 900 horas de gestión judicial, y resolvieron un total de mil 797 carpetas de investigación en materias de robo y violencia familiar en tan solo tres meses.
Cabe mencionar que las víctimas e imputados involucrados en la misma, fueron atendidos por instituciones de la sociedad civil. Ante la oportunidad única a nivel nacional que tenemos para fortalecer el sistema de justicia, urge imperativamente el trabajo para que parta desde de las capacidades de las instituciones, no desde de medios de corto plazo.
Y yo les pido, muy particularmente a los diputados, que aclaren que en el sistema de justicia penal mexicano sí existe la prisión preventiva, porque se ha difundido mucho como si no existiera la prisión preventiva, y hay prisión preventiva justificada como ya se explicó.
Y no es culpable el hecho de que no exista una prisión preventiva oficiosa el que se deje libre a los huachicoleros, como ya vimos, es responsabilidad del Ministerio Público que está haciendo mal su trabajo, están mal enfocadas las respuestas.
También es importante que los diputados aclaren, la prisión preventiva no va a prevenir la delincuencia. Ya lo manifestaron aquí bastantes expertos, tenemos experiencia de 25 años trabajando en el sistema de justicia, y nunca hemos visto que una imposición de delito grave o imposición y aumento de penas prevenga el delito.
Lo que va a detener la comisión del delito es la adecuada persecución penal del delito. Es decir, una adecuada investigación, un buen trabajo policial, una buena coordinación de las policías, no se puede prevenir ningún delito. Incluso, el robo de los camiones que aquí estaban diciendo ahorita, eso es falso. No se va a poder detener de esta manera.
No es que las personas que van a cometer el delito, esto lo vayan a ver primero antes de cometer un delito si van a ir a prisión preventiva oficiosa o no. Esto no los va a detener, pero sí los va a detener si resulta que somos más efectivos en detener a las personas que cometen delitos, eso sí va a inhibir la comisión del delito, porque va a haber personas detenidas en la cárcel, y lo que sí va a detener el delito de las sentencias condenatorias, eso sí va a detener el delito, sentencias condenatorias y, sobre todo, sentencias condenatorias a delitos de alto impacto, que es lo que debemos de exigir a nuestro sistema de justicia. La prevención del delito está en otros sectores, en otros aspectos. Que no se confunda. La justicia no es responsable de la prevención del delito. Muchas gracias.
El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández: Muchas gracias al licenciado Martín Carlos Sánchez.
El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández: Ahora cedo el uso de la voz a la diputada Lorena Villavicencio para presentar a Ana Pecova, de Equis Justicia para las Mujeres.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Ana Pecova tiene más de 15 años de experiencia trabajando en el campo de los derechos humanos de las mujeres. Es directora ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres, organización feminista que trabaja para promover el acceso de la justicia para las mujeres.
Ha sido consultora para varias organizaciones internacionales y ha vivido y trabajado en los diferentes países del mundo. Antes de llegar a México trabajó como investigadora para la Organización Interpeace, apoyando los procesos de reconciliación y resolución de conflictos en Los Balcanes, con un enfoque especial en género.
Ana cuenta con una maestría e filosofía política, de la Universidad de York, en Reino Unido, y diploma de investigación en temas de transparencia y acceso a la información, de la London School of Economics. Bienvenida.
La ciudadana Ana Pecova: Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a todas, a todos por su atención. Viernes por la tarde, después de dos días de audiencias, queda muy poco de lo que no se ha dicho.
Trataré solo de enfocarme específicamente en compartirles algunas lecciones a las cuales hemos llegado a través del seguimiento que hemos dado desde nuestra organización, al impacto de la guerra contra las drogas sobre las mujeres.
No tengo duda que nadie de los que estamos sentados aquí hoy considera que la guerra contra las drogas ha sido un éxito, sin embargo aquí estamos y estamos discutiendo una propuesta que no es más que un mecanismo para cementar, para blindar, para constitucionalizar algunos de los defectos más graves que esta guerra ha dejado sobre las mujeres.
A qué me refiero con esto. La guerra contra las drogas ha tenido múltiples efectos sobre las mujeres, sin embargo una de las consecuencias más brutales y más relevantes para las audiencias del día de hoy es justo el aumento dramático en su encarcelamiento.
No sé cuántos lo saben, pero las mujeres hoy día son el grupo penitenciario con más alta tasa de crecimiento en nuestro sistema penitenciario. Son minoría, pero su número crece mucho más rápido que el número de los hombres.
La razón principal detrás son justo los delitos contra la salud. En el fuero federal los delitos contra la salud son la primera causa de encarcelamiento a las mujeres, en el fuero común la segunda o la tercera causa. Y ahí tenemos casi la mitad de estas personas o unas 45 por ciento de esas personas están en prisión preventiva esperando una sentencia.
Muchas veces me preguntan a qué se debe este aumento tan dramático en el número de encarcelamiento de mujeres. En efecto, ante la falta de oportunidades laborales cada día hay más mujeres que se involucran en este tipo de actividades, pero también a partir de 2007-2008, que inicia la guerra contra las drogas, estos delitos se persiguen más y también esto es algo que es muy intrínseco a nuestro sistema de justicia, y creo muy relevante para la discusión de hoy.
Aquí el fondo. Los únicos delitos que se procesan con éxito en nuestro sistema son los delitos en flagrancia, los delitos que se atrapan en flagrancia. No se resuelven, no se desmantelan redes complejas criminales, muchas veces transnacionales, que tienen que ver con el tráfico de drogas.
Aquí las mujeres por los roles tradicionales, tradicionalmente ellas ocupan o cumplen la función de mulas, son las que transportan la droga de un lugar a otro. Entonces es sumamente fácil para la policía, lo único que hacen es; paran un camión que va del estado de Chiapas a la Ciudad de México, y ya se llevan dos con ellas, porque transportan mercancía, muchas veces sin saber ni siquiera el valor de la misma.
Lo mismo porque son las mujeres las que se quedan en las casas, muchas veces las llevan, es donde el hijo, la pareja, el marido esconde la mercancía y son ellas a las que se llevan a prisión.
Aquí quisiera resaltar esto porque vemos muchos puntos en común con esta política, con la guerra que se está declarando, la lucha que se está tratando de dar para poner paro al robo de gasolina.
Vemos mucho parecido, muchas paralelas que potencialmente las mujeres, por los roles tradicionales que cumplen, sean las principales víctimas de esta persecución también.
¿Quiénes son las mujeres que llenan nuestras prisiones? Lamentablemente esta política no ha llevado a los grandes capos en prisión. Las mujeres, al contrario, ocupan los eslabones más bajos de las redes delictivas, son mano de obra fácilmente reemplazable, una se les lleva a prisión y fácilmente las redes delictivas las reemplazan con otra.
Además, ya sé que se ha dicho y ya sé que todos lo sabemos, pero no lo sabemos. Las mujeres que llenan nuestras prisiones cumplen ciertas características y son pobres, son procedentes de hogares y comunidades marginadas, tienen bajos niveles educativos. Muchas no cuentan con antecedentes penales y antes de empezar a vincularse con estas actividades, la mayoría ha trabajado en actividades informales, como limpieza de casas, lavado y planchado de ropa, elaboración de alimentos, venta de cosas en los semáforos.
No son pocas las que reportan historias de vida marcadas por la violencia, principalmente la violencia sexual. Y si no fuera por ellas, el 86 por ciento de las mujeres que están en prisión hoy en México son madres. La gran mayoría de ellas son jefas de hogares, son madres solteras, y esto lo resalto porque su encarcelamiento no solo tiene un impacto sobre su vida, sino tiene impacto sobre todas las personas que dependen de su cuidado. Tiene impacto sobre comunidades enteras. En particular en comunidades que se dedican al cultivo, a la producción.
Hemos encontrado generaciones. Está la mamá, su hija y la abuela están por el mismo delito en la misma prisión.
No olvidar también, como ya se mencionó, que incluso cuando se encarcela a un hombre, gran parte de la carga recae sobre las mujeres.
La reforma que se está discutiendo hoy día, abriría potencialmente la vía para que todavía se aumente el número de mujeres que están en prisión. No solo mujeres, cualquier persona. Sin embargo, quiero mencionar también que tampoco contamos con la infraestructura para llevar a cabo esta reforma.
De las 389 prisiones que tenemos en México, solo 15 son exclusivamente para mujeres, lo cual pone a las mujeres en una situación muy compleja, tienen dos opciones, o cumplir la pena en una prisión que está cerca relativamente de su comunidad de origen, pero que no cumple las condiciones que ellas requieren, muchas de ellas que están con sus hijos adentro, o ser trasladada en una prisión muy lejos de su comunidad, donde nadie la va a visitar jamás. Además, ni hablar de otros fenómenos que afectan a las mujeres de manera predominante, como es la tortura sexual que se ha documentado en más de 70 por ciento de las mujeres que han sido encarceladas.
Para los que dicen que no hemos prestado atención a este tema antes, llevamos años documentando y señalando el sobreuso y los efectos adversos de la prisión preventiva sobre esta población. Lo hemos llevado incluso hasta el Comité de CEDAW, como ya se mencionó y hay una recomendación específica para México, que se reduzca el sobreuso de la prisión preventiva en el caso de las mujeres.
México va a tener que volver a presentarse en este examen en cuatro años y no sé qué vamos a reportar, si seguimos con esta política.
Para resumir, tener los delitos contra la salud entre los delitos que conllevan a prisión oficiosa, no ha contribuido para nada ni a reducir el uso ni el tráfico de drogas, pero sí ha creado muchas víctimas. No bastan las buenas intenciones, eses es un muy buen ejemplo de cómo se requiere de soluciones mucho más complejas a problemas complejos.
Votar por esta reforma no es más que ignorar por completo las lecciones que nos han dejado la guerra contra las drogas, que es sin duda uno de los peores episodios de la historia moderna de nuestro país. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias a Ana Pecova, de EQUIS Justicia para las Mujeres.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Cedemos el uso de la voz a la diputada Martha Patricia Ramírez, para presentar a Andrea Nomdedeu, de Amnistía Internacional.
La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero: Gracias, diputado. Andrea Nomdedeu Díaz-Valero, tiene una licenciatura en derecho por la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, de España. Es maestra en derechos humanos y democratización por el Centro Interuniversitario Europeo de Derechos Humanos y Democratización de Venecia.
Durante su etapa de formación se desempeñó como asesora legal en organizaciones de migrantes y refugiados en la frontera sur de México. Ha colaborado con el experto independiente de Naciones Unidas, Manfred Nowak en el Estudio Global de Naciones Unidas sobre Niños Privados de su Libertad. Ha colaborado con el Departamento Legal de la Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los de Derechos Humanos de México. Actualmente labora en Amnistía Internacional, sección México. Bienvenida Andrea y adelante con su exposición.
La representante de AI Andrea Nomdedeu Díaz-Valero: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y concedernos este espacio para poder dialogar. Sergio Sánchez Arellanos fue arrestado en marzo de 2010 y liberado seis años después cuando un Tribunal Federal determinó que su detención había sido arbitraria.
Enrique Guerrero Aviña, quien nos ha acompañado en la Mesa III el día de hoy, fue arrestado el 17 de mayo de 2013, se le acusó de delincuencia organizada y secuestro, junto con otras 12 personas, cinco años después, exactamente el 28 de diciembre de 2018 fue liberado después de que se determinara que también su detención había sido arbitraria.
Estos son solo dos ejemplos de otros, que Amnistía Internacional ha documentado en su informe de falsas sospechas. Dos ejemplos de los cientos o tal vez miles de personas que al día de hoy se encuentran en las cárceles de México sin siquiera haber sido juzgadas, personas a las que les estamos arrebatando años de libertad, de vida.
De acuerdo al informe del año 2014 de Open Society, presunción de culpabilidad, el uso excesivo de la prisión provisional a nivel mundial, hay 14 millones de personas que son detenidas arbitrariamente y sujetas a prisión preventiva cada año. Estas personas son pobres y están marginadas política y económicamente.
Estos índices se suelen traducir en cárteles hiperpobladas, en los cuales reinan condiciones infrahumanas y los riesgos a sufrir tortura se multiplican. Según el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, en las cárceles mexicanas al día de hoy hay personas que llevan más de 15 años esperando a ser juzgadas.
La justificación que nos dan es el repunte de la violencia, pero esto no es más que un claro ejemplo de la incapacidad y el desinterés del Estado de elaborar políticas de prevención efectivas, lo cual ha desembocado en considerar a todos los ciudadanos como culpables hasta que se demuestre lo contrario.
La prisión preventiva oficiosa tiene un impacto muy negativo en la persona que ha sido detenida y no solo en ella, también en su familia, incluso si después se demuestra su inocencia, estas personas han de enfrentar el estigma de alguna vez haber estado en prisión.
Asimismo, los costos para el Estado son muchos y de muy diversos tipos, pues mantener a una persona en prisión cuesta dinero, el Estado mexicano tal vez podría ampliar este dinero para elaborar políticas que permitieran frenar este repunto de la violencia. En este sentido, se podría invertir en educación, en servicios sociales.
Las prisiones, además, actúan como caldo de cultivo para la actividad delictiva, la detención causa innumerables daños psicológicos que acompañarán a los presos el día de hoy y en un futuro cuando salgan. Estos daños no solo afectan al propio delincuente, sino como hemos dicho, también a sus familiares.
Es por ello que nos preguntamos, ¿por qué querríamos la prisión preventiva oficiosa? Como se establece en el derecho internacional sí hay situaciones que ameritan la prisión preventiva, pero estos casos debido a su particularidad han de ser valorados individualmente, esto es, caso por caso.
La prisión preventiva en ningún caso debe ser aplicada de forma automática y solo porque una persona haya sido acusada de un delito que ha sido predefinido en un catálogo.
La aplicación de modo automático de esta figura de prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos fundamentales, ya que quebranta el derecho a la libertad personal, vinculado al principio de inocencia, principio básico de todo derecho al debido proceso.
Hemos destacado que la Constitución Mexicana, como sabemos, en su segundo párrafo del artículo 19 sí que mantiene un Catálogo de Delitos, a los cuales les corresponde la prisión preventiva oficiosa. En ellos, el juez o la jueza de forma automática van a ordenar dicha medida cautelar, sin poder ejercer su función jurisdiccional para valorar la necesidad y pertinencia de utilizarla en el caso concreto.
La decisión sobre si en un caso concreto la prisión preventiva deba aplicarse ha de recaer exclusivamente en las autoridades judiciales, quienes de aplicar esta medida deberán revisar su legalidad periódicamente. Es decir, probar que en cada caso esta siga siendo necesaria y proporcional.
El uso de la prisión preventiva oficiosa, acorde al derecho internacional, es una medida cautelar de privación de libertad y nunca deberá ser una medida punitiva.
Bajo el derecho internacional, la prisión preventiva debe ser únicamente una medida excepcional y no una forma de sanción.
Solamente debería ser admisible, en caso de que no existiera ninguna otra medida alternativa que resulte eficaz para lograr el fin legítimo, ello puede ser que el acusado huya, que haya una interferencia en el normal desarrollo del proceso penal o que se vaya a causar algún daño a terceros.
Las razones para ordenar la prisión preventiva deberán interpretarse de forma completamente estricta, restringida y su decisión debe basarse en una determinación que tome en cuenta las circunstancias particulares de la persona detenida, como por ejemplo, su edad o su estado de salud.
Como lo hemos mencionado, la aplicación sistemática de la prisión preventiva oficiosa viola la cabal independencia del Poder Judicial, constitucionalizando la interpretación individual de los casos y dejando así, sin posibilidad de valorar caso por caso a las juezas o los jueces.
La independencia del Poder Judicial es un principio fundamental de los estados democráticos que permite el debido proceso a todas y todos los ciudadanos.
Y es en este sentido que Amnistía Internacional se opone, sin excepción alguna, a aplicar esta figura de forma oficiosa. Gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias, Andrea Nomdedeu, de Amnistía Internacional. También saludamos al diputado Ariel Rodríguez, que también nos acompaña en esta tarde.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Y ahora, damos la bienvenida y damos el uso de la voz también, a la diputada Liz Mata, para presentar al presidente municipal de Tijuana, que nos acompañan también miembros de su cabildo, regidoras y regidores del ayuntamiento de Tijuana, a Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
La diputada Lizbeth Mata Lozano: Gracias. Me permito presentar, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, originario del municipio de Tijuana, Baja California. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora, de donde se graduó en 1978. Estudió una maestría en Derecho Civil en el Centro de Estudios de Posgrado de Derecho en la Ciudad de México.
Profesionista inquieto, rebelde con la realidad del país en la que se desenvolvía. Ingresó al Partido Acción Nacional en 1992. Convencido de sus postulados se convirtió en un activista incansable. Y en 2003 al 2006 fungió como consejero estatal de su partido.
Actualmente, como alcalde del Ayuntamiento de Tijuana encabeza un proyecto de ciudad que enfrenta grandes retos, aspectos como la economía, la seguridad pública, medio ambiente y el desarrollo humano.
Son temas que implican atención integral con enfoque binacional con Estados Unidos y metropolitano con las ciudades de Baja California.
Por ello, el elemento fundamental de la administración es la participación activa de los habitantes de esta ciudad.
Juan Manuel le apuesta al diálogo, a los acuerdos, a la palabra empeñada que orienta la acción de gobierno hacia la satisfacción de necesidades apremiantes para la ciudad y sus habitantes. Bienvenido.
El ciudadano Juan Manuel Gastélum Buenrostro: Buenas noches. Saludo a los integrantes del Poder Legislativo que el día de hoy nos han permitido venir a platicarles de nuestra realidad, no de utopías ni de situaciones que solo se viven en los libros de manera maravillosa.
Esta tarde me acompaña el señor Gabriel Valenzuela en su calidad de presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a quien agradezco su presencia.
Me acompaña también la diputada Alfa Peñaloza, diputada local por Tijuana. Las regidoras Mirna González, Ivet Casillas, Karina del Real y a los regidores Luis Pérez, Alonso Guerrero y Roberto Quijano, a quienes les agradezco su presencia aquí.
Amigos todos, miren ustedes, en Tijuana estamos viviendo una problemática mucho muy especial, y no permitamos que la problemática de Tijuana se repita en el resto de la República.
Perdón, no sé si dije algo que provocó hilaridad. Ah, gracias, muy amable.
Estamos tratando aquí un tema serio, difícil, en donde no está en juego una estadística. No está en juego un número. Está en juego la vida humana, la vida que todos nosotros necesitamos proteger.
A nosotros como autoridad municipal nos toca eso, velar por la seguridad de los integrantes de mi comunidad. Preservar la aplicación del derecho. Ejercer el derecho. Aplicar el derecho, a través, en este caso, de nuestra policía municipal.
Fíjense ustedes, en Tijuana la Policía Municipal ha sacado de circulación, por decirlo así, más de 2 mil armas. Dos mil, amigos, amigas. No textos, no estudios, 2 mil armas. Muchas de ellas han segado la vida de buenos ciudadanos.
Hemos sacado de circulación –y aquí me acompaña el secretario de Seguridad Pública, maestro Marco Antonio Sotomayor– a más de mil 500 personas presentadas ante la autoridad. ¿Y saben cuántos se quedan? El 3 por ciento de ese total.
Amigos, amigas, insisto. No permitamos que lo que vivimos en Tijuana invada el resto de la República. Actualmente el gobierno federal está haciendo un ejercicio fuerte, fortísimo en beneficio de Tijuana, en beneficio de los ciudadanos de Tijuana. Pero ¿qué va a pasar cuando empiecen a aprehender a las personas portando armas de fuego? Los van a detener, los van a presentar a través del Ministerio Público ante la autoridad y va a alcanzar fianza.
¿Y saben qué va a pasar cuando salga? Después de haber alcanzado fianza va a ir a cumplir su cometido. Amigos, amigas, esa es una realidad. No es lectura de un libro de fantasía, es la realidad que se vive en Tijuana y esa es la realidad que se vive en México.
No podemos permitir que, con base al temor, con base a la situación de “¿cómo voy a violentar una garantía?” No, señores. Tijuana está a favor de la defensa de la inocencia, pero es necesario que pase esta iniciativa que les llega a ustedes como Cámara revisora de la Cámara de Senadores.
No estamos en contra de presumir la inocencia de nadie, absolutamente nadie, porque –y lo digo así, asumo la responsabilidad– Dios no lo quiera, pero mañana o pasado cualquiera de nosotros pudiéramos vernos involucrados en alguna situación irregular. No estamos ajenos a nada.
No estamos pidiendo que toda la conducta inadecuada, ilícita de cualquier individuo deje de aparecer. No estamos diciendo que prisión preventiva oficiosa a todo. No, amigos, no amigas. Estamos pidiendo, ratifiquen cómo llegó la iniciativa del Senado.
A ver, discúlpenme que me ponga en este plan, pero solo como alcalde, el día que ustedes, y espero que alguno de ustedes haya sido alcalde, reciba la queja del ciudadano, reciba la queja de la madre llorando porque a su hijo lo acaban de matar con un arma de fuego.
¿Qué tiene de malo que pongamos en el catálogo, que respetemos el estudio que ya hizo la Cámara de Senadores al tener como catalogado como conducta grave la portación de arma?
Amigos, si ahorita entra un señor con un arma, ¿qué pensamos? ¿Qué le vamos a decir? “Discúlpanos, tu conducta no es grave”. Hombre, qué bárbaro. No, señores, esa conducta de esta persona es gravísima. Revienta, revienta el bien hacer de las cosas y es lo que aquí esta Cámara tiene que hacer. Las leyes deben estar hechas para beneficiarnos a los ciudadanos de bien, no para andar preocupados porque “pobrecito, está en la cárcel y apenas le recogieron un arma 22. Está desproporcionado”. No amigos, no hay desproporción. Necesitamos salvaguardar la vida de todos.
Otro ejemplo y va a sonar fuerte. Salgan ustedes de aquí, lleguen a su domicilio y un hijo suyo fue abusado. ¿Qué le vamos a decir al abusador? “Ay, goza de tu libertad para que afuera, estando en libertad, hagas lo que tengas que hacer”. ¿Y saben qué va a hacer? Va a volver a abusar de alguien.
¿Qué ha pasado con las personas que detienen con arma? Paga su fianza, le habla al abogado: “Sácame, ya salí”. Va, le dice al Ministerio Público o le dice al juez: ahí está la fianza, la pago y ya salgo. ¿Y saben qué va a ir a hacer? A cumplir su cometido, porque por algo traía un arma de fuego. A eso iba, iba a matar, iba a privar a alguien de lo más preciado que tiene todo ser humano, y es la vida, la vida de nosotros, amigos.
Yo sé los pido de favor, sostengan, sostengan ese dictamen de la Cámara de Senadores, no es posible que tengamos que tolerar a quien no está derecho con nosotros, a quienes no son capaces de comportarse en un bien hacer de las cosas. Si el día de hoy o de mañana, el día que se vote, ustedes no votan a favor de la prisión preventiva oficiosa, los crímenes van a continuar. Las estadísticas dicen que no, pamplinas, la realidad es otra, el agravio al ciudadano, en este caso a los ciudadanos tijuanenses y por los que vengo a hablar así con coraje. Sí, abierto y de frente. No nos merecemos que una ley no nos proteja, ¿en razón de que? –Si ya sé del tiempo, pero aquel señor se tomó más de tres minutos–. ¿En razón de qué? De que la ley es permisiva, de que la ley me protege a mí delincuente. ¿Verdad que no?
Regresen a su casa y que alguien haya abusado de un menor. Regresen a su casa y alguien se metió y los asaltó a su familia. ¿Todo, por qué? Para vernos bien ante los demás y cuándo defendimos, cuándo nos defendimos nosotros como mexicanos. La idiosincrasia del mexicano es una, no hagamos comparaciones odiosas con referencia a nadie más, comparémonos entre nosotros, somos nosotros quienes podemos hacer respetar la ley.
Tengo aquí una serie de observaciones, pero la verdad me gana la emoción y me gana el coraje. Sí amigos, ser alcalde de una ciudad como lo es Tijuana, yo tijuanense de cepa, no es fácil, y menos fácil es cuando la ley es laxa.
Repito, el presidente de la República está haciendo un ejercicio fuerte para ayudar a combatir el crimen, pero si ustedes no cierran la pinza al no permitir la libertad, o mejor dicho, al permitir la libertad a aquél que la quebranta, como es la aportación de armas de fuego, como lo es robo a casa habitación, como lo es el abuso de los menores, entre otras cuatro o cinco más, estamos en problemas, amigos. No se vale. No permitamos que se nos vaya de la mano la aplicación de la ley en beneficio de todos.
Yo los invito, es aquí, es ahora, cuando tenemos que hablar con el corazón, como seres humanos que somos, como gente de bien que estamos luchando por una mejor patria. Esta patria es nuestra, de nadie más, como Tijuana es mía y de nadie más. ¿Por qué? Porque somos mexicanos.
Y debo decirles a ustedes, Tijuana, Tijuana también es México y Tijuana hoy le reclama al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, que apruebe esta reforma en todos sus puntos, a final de cuentas, amigos míos, se puede rectificar si en algún momento se hizo mal, 2008 se aprueba la reforma constitucional, 2014 –corríjanme si estoy mal– y el seis...
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Le podemos pedir que vaya concluyendo, por favor.
El ciudadano Juan Manuel Gastélum Buenrostro: Sí, señor. Con gusto, señor diputado. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo les pido de favor, con el corazón en las manos, y con el derecho que nos asiste, mantengamos la aportación de arma como una conducta que amerita prisión preventiva oficiosa, pésele a quien le pese, duélale a quien le duela. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias, a Juan Manuel Gastélum, presidente municipal de Tijuana.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora tengo el gusto de presentar al licenciado Marco Antonio López, abogado penalista, licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales por la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Norte.
Es egresado de la Academia de Destrezas en Litigación de California, Western School Of Law en San Diego, California. Miembro de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.
Ha impartido conferencias magistrales en procuración de justicia, seguridad pública, antilavado de dinero y delincuencia organizada en diversos foros y universidades. Es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Inacipe, en donde ha impartido diversos cursos y diplomados, así como cátedra en diversas materias como Teoría del Delito, Teoría General del Proceso, Teoría de la Prueba, Justicia para Adolescentes, Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, Delitos en Particular y Derecho Procesal Penal.
Ha sido miembro del sistema nacional de investigaciones e investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Inacipe. Ha capacitado en el sistema de justicia penal acusatorio a policías, ministerios públicos, jueces y magistrados locales y en el ámbito federal en toda la República Mexicana. Cedemos el uso de la voz al licenciado Marco López, hasta por ocho minutos.
El ciudadano Marco Antonio López Valdez: Gracias, buenas tardes. Honorables diputadas y diputados, estimados todos. En los próximos minutos de manera sucinta voy a exponer una opinión técnica-jurídica del dictamen que nos motiva en dos apartados.
Primero, un análisis crítico del contenido del dictamen y, segundo, comentarios recomendaciones sobre la minuta proyecto de decreto que nos motiva.
Toda iniciativa está encaminada y tiene por objeto resolver diversas problemáticas económicas, políticas y sociales, por tal razón es necesario contar con una buena técnica legislativa. Esta, en opinión de Manuel Atienza, es el arte de redactar los preceptos jurídicos de forma bien estructurada que cumpla con el principio de seguridad jurídica los principios generales del derecho.
La técnica legislativa constituye el conjunto de recursos y procedimientos para la elaboración de una norma jurídica. Lo técnico se refiere a las características formales que debe tener el texto normativo como lo son el uso del lenguaje, una estructura lógica, brevedad, claridad y la inserción armónica dentro del sistema jurídico.
Es importante mencionar que en el proceso legislativo también se manifiesta un componente político. Esto es las leyes manifiestan las posiciones ideológicas de los partidos políticos y de los factores reales de poder en una democracia.
El elemento esencial de la técnica legislativa es la calidad. Esto tiene como objetivo el vigilar, cuidar que la norma que se expida sea de excelencia. La calidad tiene dos elementos, uno interno y otro externo.
El interno, referido al lenguaje legal, el que debe ser comprensible, conciso y debe estar con un contenido estructural formal, congruente y lógicamente. La calidad externa, la norma se encamina al plano de integración armónica con el restante orden jurídico, y más tratándose de una reforma constitucional.
Análisis crítico del contenido del dictamen. Estructura y desarrollo metodológico. El dictamen analizado tiene una deficiente estructura y carece de metodología. El título en materia de prisión preventiva oficiosa no es adecuado. La redacción y claridad del dictamen es deficiente.
El dictamen no cuenta con evidencia científica o tecnológica. El dictamen no es consistente, no existe una exposición de objetivos. Hay una nula orientación de la línea de argumentación hacia las fundamentaciones de los planteamientos esenciales porque el dictamen carece de evidencia empírica.
El dictamen, como ya dijimos, carece de metodología por lo tanto no hay un rigor metodológico. Carece de fuentes estadísticas y bibliográficas. El dictamen carece de fuentes documentales especializadas y reconocidas.
El dictamen no tiene un objetivo claro. Al carecer de una metodología carece de reflexión teórica. Carece de métodos estadísticos, carece de un aparato crítico. El dictamen no tiene correlación entre lo expuesto y los resultados o conclusiones.
Comentarios sobre la minuta proyecto de decreto de referencia. Coincidimos con la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en el planteamiento de la inseguridad que priva en el país, sin embargo, se ha confundido la prisión preventiva como media cautelar con la prisión preventiva como medida de seguridad.
En este orden de ideas, la prisión preventiva como medida cautelar no puede de ninguna manera dictarse de manera oficiosa, ya que atenta contra el principio de presunción de inocencia, la independencia judicial, etcétera, porque como lo refiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, y cito textualmente: Se pretende imponer por medio de la aplicación de esta medida cautelar, es concretamente lograr la efectiva realización del juicio a través de la neutralización de los riesgos procesales que atentan contra ese fin, por lo tanto es contrario a la norma y al derecho y a la presunción de inocencia e incongruente con el principio de interpretación pro homine, el que se justifique la detención previa al juicio en fines preventivos del imputado., la posibilidad de cometer delitos en el futuro o de la repercusión social del hecho, insisto, la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
Ahora bien, en lo que se refiere a la prisión preventiva como medida de seguridad, el Estado mexicano puede legítimamente de manera soberana, establecer constitucionalmente un catálogo de delitos susceptibles de prisión preventiva oficiosa o, mejor dicho, más que oficiosa, como medida de seguridad.
Francisco Muñoz Conde, excelso penalista español en su obra Derecho penal parte general, refiere: El derecho penal no sólo es un medio de represión, sino también un medio de prevención y lucha contra la delincuencia. Si esta doble tarea se lleva a cabo solamente con la aplicación de la pena, se habla de un derecho penal monista, por el contrario, se habla de un derecho penal dualista cuando junto con la pena se aplican otras sanciones de distinta naturaleza a las que se llama “medidas de seguridad”.
Esto ya está previsto en nuestro Código Penal Federal, propiamente en el capítulo de las penas y de las medidas de seguridad. Al igual que la pena la medida de seguridad se justifica por ser un medio de lucha contra el delito, la diferencia fundamental con aquella radica en que mientras la pena atiende sólo al acto cometido y su base es la culpabilidad o responsabilidad del sujeto, en la medida de seguridad se atiende la peligrosidad de este.
Las medidas de seguridad son, por tanto, la consecuencia jurídica establecida para aquellos sujetos que han puesto de manifiesto su peligrosidad con un comportamiento delictivo, pero del cual aún no han sido juzgados, son un mecanismo complementario a la pena y suponen, como esta, la previa realización de un hecho previsto en la ley como delito.
Es importante mencionar que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 169 establece este principio de peligrosidad en la fracción II al establecer un criterio subjetivo respecto de la gravedad de la pena y la reacción del sujeto a la misma para la imposición de la medida cautelar.
De igual manera, como lo mencionamos, en el artículo 24 del Código Penal Federal se establece el capítulo de Las penas y las medidas de seguridad, medidas de seguridad como un brazalete a los imputados.
No somos ajenos al hecho de que la prisión preventiva oficiosa como medida de seguridad podría lesionar derechos fundamentales, sin embargo dada la grave crisis de inseguridad, la corrupción y la debilidad institucional del Estado para combatir la delincuencia, consideramos que la prisión preventiva, como medida de seguridad, es una herramienta muy útil para el Estado mexicano como medio de prevención general y lograr así los fines que el propio derecho penal persigue, entre otros, la justicia.
Para finalizar replico y hago mías las palabras de Francisco Muñoz Conde: Para evitar los peligros de estas violaciones a los derechos fundamentales, se propone dotar a las medidas de seguridad de los mismos límites y garantías de carácter material y formal que se exigen para la imposición de una pena.
Sugiero a los legisladores de una manera muy respetuosa, ser un poco más creativos para en un ejercicio técnico-jurídico, se doten de herramientas de defensa para los imputados. Habría que revisar la Ley de Amparo, por ejemplo, habría que separar a la Defensoría Pública porque para quien no lo sepa, la Defensoría Pública Federal depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego entonces con el mismo argumento que se hizo una fiscalía autónoma, sugiero se haga una defensoría pública autónoma.
Y así un sin fin de herramientas jurídicas que pueden complementar los derechos de la defensa para que precisamente se cumpla el anhelo de todos los mexicanos. Es cuanto. Gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías: Muchas gracias al licenciado Marco Antonio López. Damos la bienvenida al diputado Mario Delgado, Presidente de la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias, diputado por su acompañamiento.
También comentamos a las y a los legisladores que nos acompañan que gusten enlistarse para una vez ya terminando la ronda de los ponentes y poder participar, hacerlo saber al equipo técnico para que vayan tomando sus datos y su turno, por favor.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías: Ahora cedemos el uso de la voz a la diputada Lorena Villavicencio, para presentar a Ana Lorena Delgadillo.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Bienvenida, tocaya. Ana Lorena Delgadillo, es abogada, de nacionalidad mexicana. Es directora ejecutiva y socia fundadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, donde trabaja desde el año 2011.
Es una de las impulsoras del colectivo Fiscalía Que Sirva, encaminado a lograr cambios estructurales en la procuración de justicia en México.
Antes de trabajar para la Fundación para la Justicia participó en diversos espacios gubernamentales y no gubernamentales en temas de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos, Derechos de las Mujeres, entre otros.
Estuvo a cargo de la Subprocuraduría de Víctimas en el Distrito Federal.
Trabajó con el Equipo Argentino de Antropología Forense, al inicio del proyecto Frontera y en el proyecto para la Identificación de Restos de Mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua.
Trabajó en la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y se desempeñó como litigante en diversos casos que involucran la defensa de los Derechos Humanos.
Ha participado en diversos espacios internacionales, en el caso del Campo Algodonero contra México, como testigo de Affidavit, y en diversos espacios como invitada por organizaciones no gubernamentales y mecanismos internacionales protectores de Derechos Humanos para compartir su trabajo en materia de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Bienvenida.
La ciudadana Ana Lorena Delgadillo: Muchísimas gracias. Aprovecho la llegada del diputado Mario Delgado para hacerle una pregunta. ¿Qué tengo en mis manos? Un encendedor, ¿cierto? ¿Usted utilizaría este encendedor para escribir una carta? Es ilógico lo que estoy preguntándole, verdad, no tiene sentido.
Igual, no tiene ningún sentido darnos el discurso o hacernos creer a la sociedad de que la prisión preventiva oficiosa va a disminuir la criminalidad y va a terminar con la impunidad.
Los estudios académicos, las estadísticas que nos presentó Roberto, del Inegi, todo lo que se ha escrito al respecto, nos ayudan a legislar con evidencia. Y lo que dice la evidencia, no solamente en México, sino a nivel mundial. Aquí tengo un estudios hecho por Open Society Justice Initiative, es un estudio a nivel mundial de la prisión preventiva oficiosa, basada en estadísticas muy claras, es que la prisión preventiva oficiosa ha fracasado en el mundo.
Y entonces, lo que ustedes pretenden hacer es aprobar una medida que está probadamente fracasada, en lugar de impulsar medidas que nos pueden llevar realmente a resolver el problema de violencia y de criminalidad que efectivamente tenemos en el país, solamente que hay que usar las herramientas adecuadas, y no engañar ni a las víctimas ni a la sociedad, mucha honestidad, por favor, mucha honestidad con las medidas legislativas que ustedes pretenden tomar.
Ustedes, hace no mucho, porque por aquí estuvimos, ¿verdad? Aprobaron una Ley Orgánica de la Fiscalía, trabajamos con ustedes, el proyecto de la Ley Orgánica, no se obtuvo todo lo que queríamos, por lo menos avanzamos con unas herramientas. Y ni siquiera le están dando oportunidad a la Fiscalía de empezar, cuando ya le quieren imponer medidas de cómo llevar a cabo sus funciones.
Aquí, quien debería de estar sentado es el fiscal explicándonos cómo va a llevar a cabo su política de persecución penal, una herramienta que ustedes le dieron para que pueda disminuir la criminalidad y para que investigue, efectivamente, para que esos delitos que a ustedes tanto les preocupa y que quieren poner en el catálogo, los incluya, si es que hay evidencia suficiente en su política de persecución penal.
Pero no, las cosas se tienen que hacer de manera autoritaria, porque si no, dejamos un ámbito de discreción pensando que los servidores públicos no son capaces de asumir sus cargos, como le corresponde, los estamos modificando, no solamente los fiscales, estamos modificando también al Poder Judicial con esta medida.
Miren, respuestas hay muchas. ¿Cómo hacer las cosas? Hay mucho. Ernesto nos hizo favor de presentar algunas cosas y yo les voy a compartir otra, basado en lo que ustedes aprobaron en esa Ley Orgánica de Fiscalía que ni siquiera se ha puesto en práctica.
Aquí hay una cajita, se llama: Caja de herramientas: Guía Práctica para la Priorización. Se las voy a pasar para que la vean.
Esta es una herramienta que hizo la Fiscalía de Colombia para priorizar qué delitos se tienen que investigar y para que las fiscalías no estén perdiendo el tiempo en cosas que no los llevan a ningún tipo de resultado efectivo. Eso es lo que necesitamos, dotar a los fiscales de herramientas y de recursos.
Miren. Componentes básicos de la política de priorización. Esos delitos que ustedes dicen, tendrían que estar aquí a nivel federal y en los estados. Priorización intra e interdependencias. Cómo se van a coordinar las dependencias para que realmente se investigue, aquí está. Planificación estratégica para la Fiscalía, aquí está. Construcción de análisis de indicadores y de cargas de trabajo, aquí está. Herramientas analíticas para la investigación del ejercicio de la acción penal.
Por favor, véanlos, nada más me los devuelven porque solamente tengo un ejemplar, pero después se los mandamos vía electrónica. Hay herramientas, esto existe.
Un ejemplo para el tema de la violencia doméstica. Bélgica, año 2005. La población con mucha razón estaba muy preocupaba porque no se investigaba la violencia doméstica. Estamos hablando de un país que esperaríamos que tuviera una respuesta. ¿Qué es lo que pasa? En el año 2006 se juntan los fiscales y deciden priorizar, con estas herramientas, la violencia doméstica.
A partir de ahí obtuvieron dos resultados muy importantes; aumento de denuncias, porque la gente no creía que se iba a resolver, y confianza en el sistema de procuración de justicia. Herramientas efectivas para medir resultados. Eso fue lo que le ayudó a Bélgica. Nosotros no somos Bélgica, pero algunas buenas prácticas las podemos copiar.
En mi desarrollo profesional me ha tocado acompañar, me tocó acompañar de alguna manera los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cada que cuento esta historia se me pone la piel chinita, pero me tocó ver a madres de víctimas de feminicidio en la calle haciendo denuncias por justicia, junto con madres de víctimas de detención arbitraria y de tortura.
Por favor, revisen la sentencia de la Corte Interamericana del caso de Campo Algodonero. Vean quiénes fueron estas dos personas que fueron detenidas arbitrariamente, torturadas y que a estas madres les hicieron creer que eran los responsables, mientras los responsables no estaban siendo investigados, porque a estas madres les hicieron creer que ellos eran, entonces la investigación se paró y les llevó años remontar esto. Una sentencia en el tema de feminicidio para el caso mexicano. Estúdienla, véanla para que vamos cuáles son las consecuencias.
No abonaré más a lo que ya dijeron mis compañeras y mis compañeros. Criminalización de la pobreza, este estudio, de lo que habla a nivel mundial es que quienes van a sufrir más con estas medidas son las clases más marginalizadas.
¿Ahí está la visión de este gobierno para los pobres? Son quienes van a sufrir más, los grupos marginalizados. México tiene un tremendo tránsito de población migrante, nosotros hemos visto cómo madres de mujeres centroamericanas, de personas desaparecidas en Centroamérica, cruzando por México, van a esos reclusorios y encuentran a sus hijos y a sus hijas detenidas sin juicio, sin abogado, sin contacto con el exterior. O sea, qué daño se está causando con este tipo de medidas. Pensemos.
Para cerrar, solamente diría una última reflexión con las y con los legisladores que están aquí. Es una pregunta, ya no la voy a hacer directamente, sino la hago en general para el Poder Legislativo. ¿Qué clase de país quieren hacer? ¿Un país autoritario?
Si es así, felicidades. La verdad es que van en muy buen camino. Militarización de la policía, de la seguridad pública, de la investigación, fiscalías que no son autónomas, prisión preventiva oficiosa. Felicidades, van por muy buen camino.
Si lo que quieren realmente es hacer un país democrático, están todavía a tiempo de repensar. No nos merecemos un país al que le tengamos miedo, no nos merecemos unas autoridades a las que les tengamos miedo. Nos merecemos un país de confianza, nos merecemos un país de derechos humanos. No aprueben esta medida, que es absolutamente regresiva. Gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias, Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado democrático de derecho.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora cedemos el uso de la voz a la diputada Martha Patricia Ramírez, para presentar a Pamela Vázquez, del Instituto de Justicia Procesal Penal.
La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero: Pamela Velasco Zambrano, es abogada por la Universidad Iberoamericana, campus Puebla. Siendo estudiante de derecho ganó competencia universitaria Sergio García Ramírez, organizada por la UNAM.
Como parte de su trayectoria profesional ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio de Violencia y Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Documenta AC.
En cuanto a su experiencia internacional fue becaria Jorge Carpizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde trabajó en el grupo de registro en el Portafolio de Debido Proceso Penal y fue visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trabajando con casos de tortura y debido proceso.
Actualmente es investigadora del Instituto de Justicia Procesal Penal AC y forma parte del Círculo Feminista de Análisis Jurídico.
Dada esta trayectoria, estimamos que tendrá muchas aportaciones valiosas que hacer a esta Cámara de Diputados. Adelante, licenciada Pamela, bienvenida.
La ciudadana Pamela Susana Velázquez Zambrano: Muchas gracias. Pues qué les digo, ser la última, ya la mayoría de mis compañeras y mis compañeros ya han dicho la mayoría de las cosas que se tienen que decir.
Quisiera comenzar recordando lo que ya se ha dicho. La prisión preventiva oficiosa es contraria a un Estado de democrático de derecho y viola los derechos fundamentales de las personas, como es la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, la libertad personal.
Lo anterior recientemente nos lo ha recordado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, quienes ya han instado al gobierno mexicano a no aprobar esta reforma, por ser contraria tanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
También me gustaría añadir jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo el caso Andrade Salmón contra Bolivia. En este caso se estudió la aplicación de las medidas cautelares y la Corte dijo: A ver, cuando se aplica una medida cautelar que no cumple con los principios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad, se está violando el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y también cuando no hay un estudio por una persona juzgadora sobre esto y cuando se aplica esta medida cautelar, no hay elementos objetivos que indiquen que se puede materializar el peligro por el cual se imponen estas medidas cautelares, se estaría violando el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También me gustaría añadir que el Instituto de Justicia Procesal Penal acompañó el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes llevan 17 años en prisión preventiva. Este caso llego al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Ya hubo una recomendación al Estado mexicano, que dijeron dejar en libertad a estas dos personas y también que México adopte medidas de legislación interna, que sean compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. Y la respuesta que dieron es que no se podía liberar a estas dos personas, porque como la prisión preventiva oficiosa es obligatoria, no hay otra medida que se pueda aplicar, y aunque existe esta recomendación, estas personas siguen privadas de la libertad.
Además, desde el Instituto de Justicia Procesal Penal queremos mandar el mensaje que debemos de apostar por las medidas cautelares en libertad.
Recientemente, el Instituto de Justicia Procesal Penal realizó un estudio en 16 estados a las unidades de medidas cautelares, y este estudio reveló que el 78 por ciento de las medidas cautelares en libertad supervisadas se cumplieron, y hay estados que tienen más del 90 por ciento de cumplimiento de las medidas cautelares en libertad, estados como Zacatecas, como estado de México, Yucatán, Durango, Morelos y San Luis Potosí.
Y las medidas cautelares que más se han cumplido son medidas sencillas, como la presentación periódica ante un juez, como la prohibición de salir del país sin autorización, o de alguna otra localidad, y también la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas. Estas son las tres medidas cautelares que más exitosas han sido y que han funcionado.
Entonces, en un momento que nosotros apostemos por las unidades de medidas cautelares y prestemos la atención en ellas, las apoyemos.
También, bueno, ya nuestras compañeras han hablado sobre el impacto diferenciado que tiene la prisión preventiva oficiosa y quisiera reiterar que la prisión preventiva oficiosa no funciona, no existe evidencia empírica que demuestre que funciona. En cambio, genera un incentivo negativo en las fiscalías y en las procuradurías, porque no las obliga a investigar exhaustiva, inmediata y adecuadamente.
No es un instrumento de investigación criminal ni reduce la criminalidad. La reducción de derechos no es la vía adecuada para buscar la reducción de la delincuencia en el país. Este Catálogo de Delitos de Prisión Preventiva Oficiosa existe desde 2008 y desde 2008 las acciones de investigación criminal no han mejorado y ni se ha reducido la incidencia delictiva de los delitos que están dentro del catálogo. En cambio, hasta en algunos ha aumentado, como es en el caso de homicidio.
Para que el sistema de justicia penal funcione debidamente, reitero lo que se mencionó en las mesas anteriores. Es necesario fortalecer las fiscalías, las unidades de medidas cautelares, las policías y además crear un sistema de evaluación para las y los operadores del sistema de justicia penal acusatorio. La prisión preventiva oficiosa no es la solución. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias a Pamela Velázquez, del Instituto de Justicia Procesal Penal.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora la diputada Lorena Villavicencio presenta a Susana Camacho Maciel.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Saludo con afecto a Susana Camacho Maciel y agradeciéndole el interés que ha tenido, junto con otras personas de diferentes organizaciones, para buscar una salida a este tema que hoy nos tiene aquí sentados.
Bueno, Susana Camacho Maciel es líder de Proyectos del Fortalecimiento Institucional en el programa Projusticia. Cuenta con 14 años de experiencia en el sistema de justicia penal acusatorio, tanto en su diseño, implementación, gestión y operación. Ha participado en la redacción de diversas leyes federales y estatales, y colaborado en los ejercicios convocados por la sociedad civil, para la redacción de iniciativas del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Bienvenida.
La ciudadana Susana Camacho Maciel: Bueno, primero que nada, agradecer el tiempo, ya soy la última, ahora sí soy la última, creo que sí, ah, bueno, casi, la penúltima. Yo no voy a redundar en temas de cifras, etcétera, sino hablar de la alternativa que estamos construyendo.
Creo que aquí empresarios, alcaldes, policías, académicos, padres de familia, organizaciones de sociedad civil, feministas, queremos lo mismo. Queremos un México más justo y por eso le apostamos a una reforma hace más de 14 años, que Baja California, dicho sea de paso, fue de los pioneros en el tema.
En este sentido, creo que el sistema acusatorio nos ha dado algunos buenos resultados y perdón que haga aquí la referencia de nuestras estrellas de cine, Layda y Roberto, que tienen un estudio muy bueno de cuáles han sido los resultados del sistema acusatorio y que pidiera que valoremos.
Aquí por ejemplo hay una cifra, cuatro cifras, de 31 por ciento de personas en prisión, esto está basado en la Enpol, que antes del sistema consideraban que la sentencia fue clara, ahora esa cifra es del 61 por ciento. Creo que es importante que las personas entiendan su sentencia y pues ahí vamos. Del 31 pasamos al 61.
Del 24 por ciento de casos en que el juez estaba presente, ahora está en el 70, de acuerdo a lo que dicen los condenados ya cumpliendo sentencias.
Veintitrés por ciento en el viejo sistema decían que los jueces ponen atención en sus casos, 23 por ciento. Actualmente es el 69 por ciento.
Y para transparencia del sistema, antes se grababa el 8 por ciento de las audiencias. Hoy tenemos el 65 por ciento.
¿Por qué les quiero dar esas cifras? Porque de verdad, esta iniciativa es tirar todos estos avances directo a la basura.
¿Y por qué va directo a la basura? Porque la prisión preventiva oficiosa lo que incentiva, además de la violación de derechos que todo mundo lo tiene claro, etcétera, pero incentiva la corrupción y la ineficiencia.
¿Por qué? Porque si este catálogo, a la extensión máxima, porque todos estos delitos se consideran graves por el legislador, lo único que vamos a tener es, otra vez a todo mundo litigando en la primera audiencia, porque ahí se juega la libertad de las personas, en vez de pues valorar en cada caso cuando es necesaria o no la prisión preventiva, porque en eso sí estamos todos de acuerdo, la prisión preventiva es necesaria pero debe ser aplicada caso a caso y de manera excepcional, aunque las cifras nos demuestran que los jueces siguen aplicando de manera excepcional, 94 por ciento de las personas se les sigue aplicando la prisión preventiva, sea o no oficiosa.
Entonces, el Ministerio Público, con basar su acusación en un delito grave de este catálogo, en la primera audiencia tiene a la persona metida un par de años, porque el sistema acusatorio dice que cuando mucho la prisión preventiva puede durar dos años, en vez de que el Ministerio Público esté teniendo incentivos para seguir investigando y que esa persona, si merece una condena de más de dos años, pues sea efectivamente sentenciado a la condena que merece una vez que se le probó el delito.
Entonces, en ese sentido creo que sí, pues tenemos, como por ahí decían, ser más creativos en las soluciones.
De hecho, en algunas ciudades de México, llevamos más o menos como 12. En Projusticia hemos trabajado en unos ejercicios que los llamamos de resultados rápidos.
Ahora sí que los resultados son sorprendentes. Digo, a mí me tocó estar, por ejemplo, en el equipo de violencia doméstica de Monterrey y en tres meses triplicaron la capacidad de casos resueltos. Hubo casos bajo prisión preventiva, casos resueltos donde las mujeres se les daba algún tipo de solución. En el caso de robo a comercio la cifra aumentó en un 200 por ciento.
En Chihuahua, por ejemplo, pasaron de 5.4 casos a 174 casos. ¿Cuál es la fórmula mágica de esto? No necesitamos ni media reforma legal. La clave fue ponernos a trabajar todos juntos. Dejarnos de echar la culpa, ubicar dónde están los problemas y ponernos a trabajar.
En ese sentido, pues digo, ya más allá de lo que el Sistema Acusatorio nos da como herramientas y que creo no se han utilizado lo suficiente, cuando llegamos a hacer estos ejercicios, por ejemplo, casi no se usaba el abreviado, no se usaba la suspensión condicional.
Todas estas medidas cautelares alternativas que pudieran ser más racionales, etcétera. Y a partir de esto pues como que empezó a jalar el sistema.
Sé que son ejemplos muy chiquitos, pero que nos demuestran cómo lo micro podría funcionar en lo grande.
Digo, a todos nos duelen muchísimo los casos de huachicol. Detrás de los casos de huachicol, además de que hay un menoscabo al patrimonio de la nación, hay muertos. Detrás de la portación de armas hay muertos. Detrás del robo de autotransporte hay muertos. Pero la solución ¿de verdad es la prisión preventiva oficiosa? Todo nos indica que no.
Nuestro problema y el reto para los próximos años es la investigación, y la investigación está a cargo de Ministerios Públicos y de policías. No me dejará mentir, alcalde. Las policías detienen a un montón de gente. ¿Quién los está asaltando? El Ministerio Público, porque tiene facultad para hacerlo.
Tenemos que ubicar bien el problema y en ese sentido tener buenas soluciones. La solución que estamos planteando, porque como ya decía Ernesto, sabemos que el momento político requiere una reforma de carácter constitucional, la verdad es que nosotros habíamos empezado por hacer una propuesta de reforma legal.
Creemos que no es necesaria una reforma a la Constitución, pero ahora sí que así se dieron las cosas, y lo que estamos proponiendo es que este catálogo de delitos graves que hoy está en el artículo 19 lo pasemos tal cual al artículo 16, agreguemos los delitos que nos hacen falta, pero con el objetivo de qué. No de seguir en el vicio que sabemos que no nos ha resuelto el problema, que es la prisión preventiva oficiosa, sino de obligar a los Ministerios Públicos de llevar los casos ante el juez.
Yo aquí les pido y les propongo: construyamos una propuesta que nos dé resultados a todos. Escuchémonos. No es de a favor y en contra de la prisión preventiva, es a favor de un sistema que nos dé resultados. Fijémonos en los resultados que queremos.
Para ponerles un ejemplo que es sumamente común en el país...
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Yo creo que vale la pena que reitere la propuesta, porque me parece muy buena. Es meter en la caja de cristal, invertimos en construir una caja de cristal. Se trata de meter en la caja de cristal los delitos que más importan y no hacer una cosa que no tiene ninguna relevancia ni relación con el problema. ¿Puede repetirla?
La ciudadana Susana Camacho Maciel: Exactamente. Nosotros empezamos proponiendo que en el artículo 140, que hoy es el fundamento para que el Ministerio Público pueda tomar la decisión de liberar a las personas cuando no se encuentren en el catálogo 19, cerrarles la puerta, ponerles un candado a esos ministerios públicos y que en todos estos delitos que ahorita tienen asolado al país obligar al Ministerio Público a que lleve esos casos ante el juez. Y nos quitamos del tema de la prisión preventiva oficiosa, esa no es la solución, se los prometo. Las cifras lo demuestran.
Entonces, creo, ojalá y digo, tuvimos la experiencia muy fructífera de haber trabajado la Ley de la Fiscalía General de la República. Creo que hubo bastante buen diálogo, fue una construcción conjunta. En ese sentido les ofrecemos lo mismo.
No estamos a oídos sordos, al contrario, queremos hacer propuestas que tengan buenos resultados. Entendemos al señor presidente, entendemos la situación política, entendemos los fenómenos criminales y en ese sentido ahora sí que el reto como nación es construir juntos algo.
Pues ahí la tienen ustedes, la pueden consultar. ¿Cuál es el link, Ernesto? Reforma penal.mx. Ahora sí que ahí está la propuesta, queremos justicia y creo que ya no hay pretextos.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias. Muchas gracias a Susana Camacho Maciel.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Nos pasaron una última ponencia, nada más que no sabemos si se encuentra la doctora Silvia Alexandra Esquivel. ¿Sí está? ¿Ahí está la doctora? Si gusta pasar, por favor, doctora.
La doctora Silvia Alexandra Esquivel es licenciada en derecho por la Universidad Isidro Favela, de Toluca. Maestra en derecho procesal constitucional por la Universidad Panamericana. Doctora en derecho penal y constitucional por el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal. Actualmente es estudiante del programa de doctorado en educación por la Universidad Hispánica de Tlaxcala. Es perito en grafología científica en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Le damos el uso de la voz a la doctora Silvia Alexandra Esquivel Díaz.
La ciudadana Silvia Alexandra Esquivel Díaz: Muchas gracias. Vaya, para no redundar en los temas que se han abordado respecto a la violación de derechos humanos, yo solamente le hago una petición a este Congreso, que previo a la aprobación de esta reforma se le otorgue la oportunidad al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas para trabajar de manera constructiva a fin de abordar sus preocupaciones relacionadas con la privación arbitraria de la libertad, porque es el momento adecuado para continuar o iniciar el diálogo entre el gobierno y el grupo de trabajo. ¿Por qué se hace esta propuesta? Porque sabemos que hay diferentes partidos políticos y el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria sería el medio ideal.
La diputada Lorena, en la mesa anterior decía: denme una guía. Y yo creo que una guía imparcial sería invitar al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, para que venga a trabajar con ustedes el diálogo, y esto deriva de la opinión 1/2018 emitida por el mismo Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.
Primero, en el párrafo 65 establece:
65. El Grupo de Trabajo hace un llamamiento a México para que derogue –derogue– esa norma constitucional –es decir, el artículo 19 constitucional– y la legislación que ordena la prisión preventiva automática, o para que al menos la modifique de acuerdo con el artículo 9, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos...
En el párrafo 66 de esta opinión, que, por supuesto es paradigmática, porque si bien es cierto se han tenido otras opiniones del Grupo de Trabajo, esta ya hace una referencia en relación a la inconvencionalidad del artículo 19, segundo párrafo constitucional.
66. El Grupo de Trabajo considera que la prisión preventiva automática priva a la autoridad judicial de una de sus funciones secuenciales como tribunal independiente...
Lo que tanto se ha discutido de la independencia judicial, es decir, que el juez no sea solamente la voz de la ley, que razone, dejen razonar a los jueces de control para que caso por caso ellos puedan determinar si imponen o no imponen la prisión preventiva.
Asimismo, en el párrafo 74 establece:
74. El Grupo de Trabajo agradecería la oportunidad de realizar una visita a México para trabajar de manera constructiva con el Gobierno, a fin de abordar sus preocupaciones relacionadas con la privación arbitraria de la libertad...
Como miembro actual del Consejo de Derechos Humanos será oportuno que el gobierno extienda una invitación al Grupo de Trabajo para realizar una visita a México. Recordemos que hemos pasado por el examen periódico universal. Tenemos cuatro años y medio para todavía presentarnos a Naciones Unidas con un paradigma diferente, evitar detenciones arbitrarias.
Muchas personas preguntan si estas opiniones son vinculantes para México. Las opiniones del Grupo de Trabajo son jurídicamente vinculantes en la medida en que están basadas en normas internacionales de derechos humanos. La obligación de respetar las normas internacionales de derechos humanos que son normas imperativas, erga omnes, como la prohibición de la detención arbitraria, no solo se aplica al gobierno, sino también a todos sus funcionarios, incluidos los jueces, los policías, los agentes de seguridad y los funcionarios de prisiones con responsabilidades en la materia. Nadie debe contribuir a que se cometan violaciones de derechos humanos.
Agradeciendo la oportunidad que me dieron, yo solamente le quiero preguntar a los congresistas, si están dispuestos a asumir la responsabilidad de crear una norma, de reformar el artículo 19 constitucional ampliando ese catálogo bajo la imposición de la responsabilidad internacional que ello conlleva. Es decir, si se amplía el catálogo de prisión preventiva y no se deroga el 19 constitucional están dejando a México en una hipótesis de responsabilidad internacional y la sociedad lo debe entender así, porque esta responsabilidad internacional, aparte que toda la comunidad internacional nos va a tener en el ojo del huracán, son las indemnizaciones. Hay un derecho humano que es la reparación del daño integral.
En esta opinión 1 de 2018, se generó otra que es la 16 de 2018 que también tomaron en consideración esta 1 del 2018. Hay indemnizaciones para las personas que han sido víctimas de violación de derechos humanos.
La pregunta es, congresistas, ¿ustedes van a asumir esa responsabilidad internacional por legislar de manera contraria a los tratados internacionales? ¿Gozamos de la solvencia económica suficiente para soportar la indemnización que ocurra de resoluciones internacionales?
Esto se los digo porque hay causa suficiente. Vengo del estado de México y en el estado de México hay muchísima violación de derechos humanos. Falta capacitación para los fiscales, falta capacitación para nuestros jueces de control para el Poder Judicial del estado de México. El caso lo tengo, y el nombre que quiero dejar aquí para que recuerden todos que está viviendo una detención arbitraria, una violación de derechos humanos, es de Ricardo Rodríguez Advincula Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias a la doctora Silvia Alexandra Esquivel.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Ahora pasaremos a dar uso de la voz a las legisladoras que se han inscrito para intervenir y podrán preguntar a nuestros ponentes. Cada intervención de los legisladores es de hasta por tres minutos, y después a los ponentes aludidos se les dará el uso de la voz por la misma cantidad de tiempo. Cedemos el uso de la voz a la diputada Lorena Villavicencio.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Primero quiero felicitar a todos los ponentes. Creo que fue muy importante cada una de las exposiciones. Yo insisto que este parlamento abierto se debe de establecer ya de manera obligatoria para todas las reformas constitucionales.
Queremos decirles que realmente hay una vocación en esta Legislatura de colegislar con los ciudadanos, con los especialistas, con quienes pueden aportarnos elementos y además aprovechar todo su conocimiento sobre este tema.
Además, quiero felicitar a las mujeres y a los hombres que han expuesto también por su compromiso con el tema de la justicia y los derechos humanos.
Mi respuesta es muy concreta a lo que preguntabas qué tipo de país queremos tener, para mí está muy clara la respuesta. Yo no tengo ninguna duda de que el país que yo quiero es que sea un país democrático que respete los derechos humanos, el debido proceso, la independencia judicial, la presunción de inocencia y donde se aplique la ley no de manera selectiva, sino se aplique la ley para todos por igual respetando obviamente cada uno de los derechos de los mexicanos. No queremos la criminalización de la pobreza que es lo que hemos visto durante tantos años.
Yo le agregaría la frase famosa de Benito Juárez. El respeto a los derechos humanos es la paz. Eso es lo que yo creo. No habrá proceso de pacificación en tanto no construyamos un verdadero Estado de derecho, y el Estado de derecho implica necesariamente como elemento fundamental el respeto a los derechos humanos.
Yo quisiera hacer dos preguntas. Las preguntas son ¿qué opinan de este reclamo que se representa hoy este reclamo...? Tenemos una sociedad que a la mejor no ha entendido adecuadamente lo que implica la prisión preventiva oficiosa y creo que tendríamos que hacer un trabajo muy importante para que se entienda perfectamente por qué no resuelve el problema de la impunidad. Sí me gustaría que me respondieran.
Al alcalde de Tijuana, porque exactamente ese es el argumento con el que se ha comprado esta idea de que la prisión preventiva oficiosa va a resolver el problema de la impunidad.
Yo estoy convencida después de escucharlos. Creo que es muy importante hacer este ejercicio no solamente para que presenten sus iniciativas, sus propuestas, sus inquietudes, sino me parece que nosotros como diputados o diputadas tenemos la obligación de escuchar, y escuchar implica atender el planteamiento tan profundo y de fondo que estaban planteando en esta mesa. Esa sería mi pregunta.
Y la segunda es si estarían de acuerdo, los que están aquí como ponentes, con la propuesta alternativa que están haciendo de que en lugar de establecer prisión preventiva oficiosa por los daños que estamos haciendo al sistema de justicia y al nuevo modelo del sistema penal, sistema penal acusatorio, que, si estarían de acuerdo en que pudiéramos promover, yo me ofrezco como promotora de su iniciativa. Yo creo que sí debería de pasar del 19 al 16 constitucional, y que no debería haber ninguna decisión discrecional por parte del Ministerio Público, de las policías para que puedan ser liderados, porque eso se presta incluso a temas de corrupción como aquí ya se dijo, de extorsión, y que en todo caso se ponga directamente a disposición del juez.
Quiero escuchar la opinión porque si es así podemos a la mejor hacer un esfuerzo muy importante para que se pudiera valorar al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales, primero que se presente formalmente, y después que se valore en la Comisión de Puntos Constitucionales y que esta se pueda convertir en una ruta alternativa para no aprobar una iniciativa que de fondo no va a resolver el problema de impunidad.
Y también comentar para que no se malentienda mi postura, yo apoyo perfectamente a nuestro presidente, pero también hay elementos que para mí son asuntos de principio y de congruencia como es el tema de respetos humanos.
Yo soy integrante además de la Comisión de Derechos Humanos y tengo la obligación de velar por el respeto a los mismos. Entonces esas serían mis dos preguntas.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías: Muchas gracias, diputada Lorena Villavicencio.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías: Ahora cedemos el uso de la voz a la diputada Martha Patricia Ramírez.
La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero: Partiendo de la base o en función de que estamos hablando de la reforma de un precepto constitucional, y que no obstante ello algunas de las exposiciones de los presentes aludieron a aspectos que corresponden no sólo a cuestiones nacionales, sino a asuntos internacionales, leyes secundarias, se habló de fallas en el sistema de procuración y administración de justicia, lo cual es público y notorio, se habló mucho de ejemplos de experiencias de otros países, de otras realidades, no de la que vive México.
Observé que la gran mayoría de los ponentes se pronuncia con resistencia a que se apruebe esta reforma porque se considera que va en contra de los derechos humanos, los tratados internacionales y los principios rectores de nuestro sistema.
Pero afortunadamente no sólo fueron expresiones críticas, sino que los ponentes hacen a esta Cámara, por lo menos una propuesta alternativa que si seguimos dialogando y en apoyo a lo expresado por mi compañera Lorena, creo que analizaríamos con mucho gusto.
Nada más que nuestro país enfrenta una realidad muy compleja. Tenemos que asumir esto y no tomar posiciones que estén diametralmente opuestas.
Compleja en cuanto a temas de seguridad, de delincuencia, y por ende, la solución a estos temas será igualmente complicada, implica atender las causas también, no sólo los efectos de esta problemática, por lo que habrá que trabajar desde diferentes frentes que van desde entender las injusticias sociales, la crisis de valores, la diferencia entre la óptica del estudioso de las ciencias penales, como muchos de los que están aquí, y el punto de vista de los ciudadanos de a pie, de esos que sufren todos los días el robo, los homicidios, las agresiones, e inclusive de nosotros los litigantes que batallamos, bueno, antes de llegar aquí, diariamente con las instituciones.
Sin embargo, creo que juntos con las aportaciones de personas como ustedes y con la colaboración ciudadana, seguramente lograremos el México de la cuarta transformación.
Mi pregunta rápidamente es ¿la experiencia de otros países, el grito desesperado de la sociedad que se siente víctima de la impunidad y la delincuencia se resuelve con solamente el respeto a los derechos humanos, como algunos solicitan? Es todo.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías: Muchas gracias, diputada Martha Patricia Ramírez. No hay ningún otro legislador inscrito. Por lo tanto, le preguntaría a la diputada Lorena, quien dirige sus...
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Diputado.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías: ¿Para cuestionamiento, también? Perfecto. Cedemos el uso de la voz al diputado Mario Delgado.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Gracias, diputado. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por su tiempo, por estar aquí, por aportar a esta discusión.
Bueno, primero decirles que es ya una práctica en esta legislatura tener parlamento abierto en los temas que más le importan a la sociedad, y que han sido muy fructíferas y han tenido impacto directo en los dictámenes más importantes que se han discutido aquí.
Una pregunta técnica para la propuesta que se hace alternativa, de modificar el artículo 16 constitucional, de tal manera que la prisión preventiva, en este caso justificada, la otorgue un juez, y haya menor discrecionalidad y haya mayor transparencia. ¿Sería posible que conviviera una prisión preventiva justificada, como se propone en el 16, para algunos delitos, y en el 19 dejar la oficiosa para otros, o tendría que desaparecer la oficiosa en el artículo 19?
Y ¿cuál sería la motivación para desaparecerla en el 19? ¿Si es atender las recomendaciones internacionales de que esta medida cautelar no debe seguir en la Constitución por todo lo que significa, o por una cuestión técnica jurídica no podrían convivir?
Es decir, la propuesta que nos están haciendo, respecto del 16, no sé si pudiera convivir con el 19 como está. Es decir, dejar algunos delitos en el 19 y pasar algunos al 16, con el mecanismo diferente que se está presentando. Es una pregunta, digamos, técnica, pensando en la aportación que nos están haciendo ustedes a este debate, que agradecemos nuevamente por su tiempo y su conocimiento que nos viene a dejar el día de hoy aquí.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías: Muchas gracias diputado Mario Delgado.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías: Cedemos el uso de la voz al diputado Reginaldo Sandoval.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Bueno, preguntar un poco a todos los aquí presentes que han participado. Primero celebrar que de verdad este asunto es histórico, porque no lo recuerdo para atrás, en ninguna otra legislatura, de tener esta apertura, de tener este ánimo, esta voluntad de escuchar, de ser un parlamento abierto.
Y creo que coincidimos en los que plantean que debe de subirse a rango de ley y que quede para las que vienen también, no vayan a echar para atrás.
Preguntarles, porque este tema es verdaderamente importante porque aquí en el asunto que estamos tratando, es donde se ve en carne propia y se ve con más crudeza el tema de la desigualdad, el tema de la injusticia, el tema de la violación de derechos humanos.
Y yo tengo la experiencia, les decía, en carne propia y con algunos amigos porque lo hemos vivido, que estoy claro de que la prisión preventiva viola el derecho humano, presunción de inocencia y debido proceso.
Pero también me preocupa porque, ¿qué hacemos con la realidad que tenemos, de que no hay independencia entre el ministerio público y el juez? Que los controla el ejecutivo del estado, en el caso, en los estados, y en el caso de lo federal, apenas como que queremos avanzar en la independencia de la Procuraduría y de la ahora Fiscalía. Ahí, cómo le hacemos, porque es una realidad, qué hacemos en esto.
Luego. Miren cómo está otro problema que también debemos de caminar, y ahí otra pregunta. ¿Cómo hacemos para que las universidades en sus facultades de derecho cambien su plan de estudios y lo adecuen el nuevo sistema de justicia penal acusatorio? No quieren. Cómo hacemos también eso para tener abogados, porque tenemos un problema mayúsculo en el tema de la capacitación del nuevo sistema.
Creo que Chihuahua es el primero que entró, parece que ahí va, pero en los demás estamos muy, muy retrasados. Y aprovechemos la voluntad no solo de este Poder Legislativo, sino también de este gobierno que quiere que las cosas cambien, porque aquí nadie podrá decir que el robo a la gasolina es delito grave, que la posesión de arma es delito grave, que el delito electoral es grave, que la corrupción es grave, que el abuso de menor es grave.
O sea, en eso creo que nadie podemos estar en desacuerdo y digo, ahí hay plena coincidencia con el presidente. El presidente lo que está planteando es que elevemos la cartilla, porque el tema de la prisión preventiva ya está. Ahora estamos aquí entendiendo y con lo que nos señalan organismos internacionales, que estamos mal, y además sí estamos mal en eso, porque aquí se ha prestado hasta para la prisión política, la venganza política, porque resulta que con dos personas que te señalen que eres narcotraficante, que robaste, es suficiente para que el Ministerio Público le solicite al juez que te detengan, y te detienen y como está de acuerdo con el juez a la cárcel mínimo seis meses, si tus abogados no son buenos. ¿Quiénes están en la cárcel? Los que no tienen pa pagar un buen abogado. Estamos claros de eso, la gran mayoría de los que están hasta ahora, y también entendamos que estamos en una nueva realidad política, y esa nueva realidad política es la que nos tiene también aquí, y yo creo que es ventajoso para lo que queramos hacer todos. Muchísimas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias al diputado Reginaldo Sandoval. La diputada Lorena Villavicencio dirige sus preguntas primeramente a Estefanía Vela Barba, su primera pregunta, y la segunda para Ana Lorena Delgadillo.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Entonces cedemos el uso de la voz hasta por tres minutos a Estefanía Vela Barba.
La ciudadana Estefanía Vela Barba: Voy a dejar que quienes tienen la propuesta sobre la reforma al 16 respondan las preguntas técnicas, simplemente estos últimos tres días que he estado escuchando a quienes vienen a pedir prisión preventiva oficiosa por supuesto que, escuchar es fundamental, es esta pregunta de, ¿qué no estoy viendo yo, con qué no estoy conectando yo?
Cómo es que, si queremos lo mismo, parece que estamos en dos lados tan distintos. La pregunta que hace el alcalde ha salido una y otra vez, ¿qué le voy a decir al a madre? No es fácil.
A ver, por algo son gobernantes, no cualquiera. Les toca a ustedes tener que enfrentar a las personas. No es cualquier cosa.
Por supuesto que no es una pregunta fácil de responder. Creo que aquí entre todos justo me quedo pensando y lo primero que diría, qué hacer con estas madres, lo primero sería. ¿Bueno, por qué está libre? Si está libre, pero hay razones para que no deba estarlo conforme al catálogo, quizá lo que yo le diría es que hable a alguna de las organizaciones de derechos humanos que han estado aquí para que la apoyen, porque muchos de los casos que dan son casos que ya están resueltos legalmente, donde parece que hay evidencia que esa persona presenta alguna clase de peligro o puede amenazar a una víctima, o está tomando algún tipo de venganza y esto ya está resuelto.
Entonces entiendo que no es fácil, de nuevo, pero aquí también incluso para esas madres se han dado respuestas.
Número dos. No quiero dejar de mencionar mi precepción, y lo dijo el primer día un diputado, es que hay esta visión que quienes estamos en contra de la prisión preventiva vivimos en una burbuja. Están las verdaderas víctimas y los académicos, los expertos enmarañados en sus cifras.
No hablo por todo mundo, pero sé que habemos más de unas personas que hemos padecido en carne propia los delitos que se están discutiendo.
Sé lo que sentiría esa madre, y precisamente porque sé lo que es vivir esos delitos es que sé que esto no es una respuesta. Quiero que nadie pase por lo que yo pasé, y sé que si seguimos en este camino, va a seguir pasando.
Por eso les digo, hablo de mujeres, pero aprendamos del mismo caso de Juárez, llevamos 25 años en esto. Aprendan de lo que hemos aprendido en el movimiento. No venimos a poner gráficas, porque no tenemos nada mejor que hacer, es porque genuinamente queremos poder traducir nuestras experiencias personales en algo que les sea útil a todas las personas. No estamos aquí porque queremos hacerles las vidas más difíciles, al revés, es porque no necesariamente hemos encontrado en ese camino.
Y lo último, ya se me acabó el tiempo, creo que lo que tenemos que discutir no es técnico, sino creo que al final, en el fondo y usted lo dijo, alcalde, habla de ciudadanos de bien y si hay ciudadanos de bien es porque hay ciudadanos de mal. Y creo que en el fondo no importa lo técnico, porque creemos realmente que las personas que están en conflicto con la ley no merecen derechos. Creemos que si hay humo, hay fuego; que si estás en conflicto con un policía es porque algo hiciste, y si algo hiciste no mereces nada.
Creo que eso, o sea, discutamos y ahorita van a hablar quienes proponen la respuesta. Pero, en el fondo nos cuesta tanto trabajo, porque creemos eso. La gente buena no andamos en problemas con los policías. Si andas con problemas es porque algo hiciste, y si algo hiciste, mereces lo peor. Y por eso no importa que les digamos que esas personas en la cárcel tienen niños, y por eso no importa que les digamos que esas personas en las cárceles tienen parejas, madres, padres. Por eso no importa que les digamos que son personas. Porque al final no creemos que merezcan derechos.
Quizás este ya no es el espacio que se pase a lo técnico, pero creo que en algún punto tendremos que hablar también de eso. Muchas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias, Estefanía Vela.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Cedemos el uso de la voz a Ana Lorena Delgadillo.
La ciudadana Ana Lorena Delgadillo: Creo que una primera parte de la pregunta era explicar de manera más sencilla por qué pareciera que el discurso de que la prisión preventiva oficiosa es un resultado para combatir la criminalidad. Como argumentos mucho más sencillos para entender por qué eso no es así, ¿no?, y por qué se ha usado además el discurso de que la prisión preventiva oficiosa es una respuesta.
Yo se la voy a decir súper sencilla. Primero, porque políticamente es la más redituable. Tengo aquí a tantas personas en la prisión y ustedes no me pueden decir que yo no estoy combatiendo el delito. O sea, políticamente vende mucho. Las personas están en prisión y las víctimas piensan que hay justicia, y ustedes también desde el Ejecutivo creen que hay justicia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona que está en prisión preventiva oficiosa no tiene pruebas para estar ahí, no sabemos si es o no es, no ha sido investigada. No hay ningún tipo de investigación para sustentar que la persona está ahí. Entonces, tenemos a una persona detenida, mientras los responsables pueden estar fuera.
La otra cosa es que claramente es mucho más difícil construir reales políticas de prevención, y no estoy hablando de políticas de prevención de policía con una visión de seguridad humana, eso es mucho más difícil, nos va a llevar muchos años.
¿A quién le va a redituar políticamente si se empieza a hacer eso? No le va a redituar a usted, le va a redituar a otros alcaldes que vendrán después de usted. Entonces, eso no pega, y la prevención no ha pegado porque no se ha hecho de manera efectiva, ¿no?
La otra cosa es que es más sencillo, es más difícil construir la institucionalidad que dar respuestas políticas, eficientistas, como de poner a una persona en una prisión. Tenemos muchos años tratando de construir instituciones de procuración de justicia que realmente investiguen y no lo hemos hecho, porque cuesta mucho más, requiere todo un cambio de mentalidad. No solamente cambio de leyes, requiere un cambio de cultura en general de servidores públicos, de la sociedad, para entender lo que es el sistema acusatorio y para saber cuáles son los resultados que se tendrían que esperar de una institución de procuración de justicia. Eso lleva mucho tiempo.
Lo más sencillo es el autoritarismo, es lo más sencillo. Porque uno mete a la persona a prisión, sin que la persona se pueda defender, sin que un juez pueda decidir y pareciera que estamos dando resultados, cuando pudiera no ser el responsable, entonces, tampoco se va a investigar. Eso es lo más sencillo que lo puedo decir, no sé si mis compañeros puedan decirlo de otra manera.
La otra cosa es, miren, a mí me tocó, cuando fui servidora pública de la Ciudad de México, que coincidí en ese entonces con el ahora diputado Mario Delgado en el mismo gobierno, trabajar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Me tocó participar en esa propuesta que se hizo desde la Ciudad de México y en ese momento discutíamos también el tema de las medidas que se tienen que dictar para proteger a las mujeres y había una tendencia a que la mayoría de las medidas las diera el Ministerio Público. Pues porque al parecer era más fácil, era más sencillo que lo decidiera el Ministerio Público y en ese entonces la Ciudad de México tomó una decisión muy buena, que no se había tomado en otros estados, que fue decir: si no tenemos los suficientes fondos para tener a un juez decidiendo las 24 horas estas medidas, porque esa sería la salida, que lo haga un juez, no lo tiene que hacer el Ministerio Público, pongamos por lo menos una guardia, una guardia de jueces que en el momento en el que se requiera una medida que pueda atentar contra la libertad de las personas o contra algún derecho, que tiene que ser regulado mediante el juez, lo decida el juez. Y esa fue la salida que en ese momento se le dio, hace ya varios años.
Entonces, hay manera de construir. O sea, yo reitero lo que decía Susana, no se trata de que no existan las medidas, estamos, creemos que se requieren, pero se tienen que tomar de la manera adecuada y sobre todo donde haya un equilibrio de que las partes puedan argumentar si hay una necesidad, si esa es la medida que menos perjudica, si se pueden poner otras medidas y que la parte que está siendo afectada pues pueda decir y también las víctimas, porque –termino ya– como víctima, por ejemplo, de algún tipo de delito, si la mandan a prisión preventiva oficiosa, no me van a dejar ni siquiera elegir a mí si yo quiero el acuerdo reparatorio, la persona va a estar detenida de inmediato, no va a poder trabajar, si quiere, digamos, de otra manera resolver el problema. Entonces, por ambos lados le cerramos.
Le cerramos la puerta a la víctima, para que ella decida si quiere otro tipo de opciones y le cerramos la puerta al imputado.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias, Ana Lorena Delgadillo.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Para responder los cuestionamientos, cedemos el uso de la voz al presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
El ciudadano Juan Manuel Gastélum Buenrostro: Muy amable, muchas gracias. Miren, amigos, amigas, es muy sencillo, estamos poniendo en la mesa la portación de arma de fuego, aquel individuo que sea sorprendido con el arma de fuego representa un peligro. No tengan miedo a decir: hay, va a pasar esto, va a pasar lo otro. No, señores, estamos hablando de hechos consumados, lo detiene la Policía Municipal o el Ministerio Público o la Policía Judicial o como se denomine, con el arma de fuego. Esa persona, no, hay que darle el beneficio de la duda. ¿Cuál beneficio de la duda, amigos míos? Esa persona está empuñando un arma porque pretende causar un daño, están los testigos, está el señalamiento directo, es el arma de fuego lo que inhibe.
Lo vuelvo a decir, entra un individuo aquí con un arma de fuego, que salga en libertad. No, no es un tema de decir: hay, caray, qué va a pasar, los derechos humanos, las Cortes Interamericanas, Internacionales nos van a demandar, no va a haber dinero del Estado mexicano. Amigos, de eso y más podemos salir adelante. No hay que tenerle temor a la razón, hay que tenerle temor al ser timorato de asumir una responsabilidad. Seria, responsable y decir aquí estoy en defensa de mi pueblo, de mis ciudadanos.
Y no es una cuestión política electoral, no queramos confundir una cosa con la otra, es que tienen una ganancia política electoral. No, amigos, es la vida, es tu seguridad, es la seguridad de todos y cada uno de nosotros. No hay otra.
Por qué la resistencia. No, si modificamos la ley se va a venir la catástrofe sobre el país. No es cierto, no es posible. Yo les pido, yo invoco al cuerpo colegiado de los diputados, me llama la atención, bueno, no hay que descartar nada que pueda venir a abonar a que tengamos paz y tranquilidad, amigos, de eso se trata.
Arma de fuego, empuñándola, disparando o amenazándote, a ti, a mí, a nosotros, ese tipo de conducta, caray, está acreditado, que el señor lleve a cabo su juicio privado de su libertad, con todas las garantías, con todas las adecuaciones y nosotros sigamos construyendo, llevando este trasatlántico a buen puerto, en donde podamos todos desarrollarnos.
Pero aquél que irrumpe con nuestra tranquilidad, con nuestro derecho, con el bienhacer de las cosas, permítame, mi amigo, quédese ahí, aguántemela tantito, usted fue y causó este daño. Pero no hay que tener temor, hay que tomar responsabilidades.
Este Congreso está en punto de tomar una responsabilidad importante. No a favor de ningún derecho internacional. Amigos, yo soy abogado litigante y le entro, y ofrezco mis servicios profesionales gratuitos.
Aquí no es de tenerles temor. Y qué va a ser. Lo vivimos con los nuevos tijuaneses, porque tengo que tener mucho cuidado en la forma como me expreso de quienes han llegado recientemente a Tijuana. Son los nuevos tijuanenses, que llegaron atropellando, llegaron muchos toxicómanos. Y un juez federal y una Comisión Estatal de Derechos Humanos le prohíben al mexicano defender a su otro mexicano.
No hay que temer. Yo los invito. Por supuesto, va a ser una discusión, podemos durar aquí horas. Yo me permitiría proponer, porque no he aludido a nadie en lo personal, me permitiría proponer que concluyamos esto. Se va a presentar un estudio y les pediría, si es posible, nos lo hagan llegar.
Ustedes son los diputados que van a decidir. Si me permiten aportarles, con mucho gusto. Porque aquí nos vamos a ir en discusiones bizantinas y no es lo único que tenemos que hacer. Les agradezco su atención.
Celebro la presencia de don Mario. Gracias por estar aquí presente. Bienvenido. Perdóneme, discúlpeme. Bienvenido, señor.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Y ahora, para responder el cuestionamiento del diputado Mario Delgado, vamos a ceder el uso de la voz primeramente a Susana Camacho y después a Roberto Hernández.
La ciudadana Susana Camacho Maciel: Bueno, si pueden convivir o no dos catálogos en la Constitución. De entrada, yo diría que ojalá y no tuviéramos ninguno. O sea, creo que el origen del Catálogo del 19, en el sexenio de Felipe Calderón, respondía a esta idea de la guerra contra el narco.
En ese momento se planteó como una medida necesaria, viendo que apenas íbamos a transitar al nuevo sistema, pero que en algún momento tendría que desaparecer.
Desgraciadamente, pues no ha desaparecido y desgraciadamente, tampoco hemos obtenido los resultados que quisiéramos con esa medida.
Entonces, a mí me parece que no podrían convivir ambos catálogos. Y la diferencia de tenerlo en el 19 o en el 16, creo que sí es sustancial. En el 19 está fraseada como prisión preventiva oficiosa, que impide a los jueces, en esos casos, escuchar a las partes y ver si en el caso corresponde o no la medida. Sino por ley ahí está. De alguna manera eso es lo que también se ha criticado a nivel internacional, no solamente el tema de derechos humanos sino la expropiación de facultades a los jueces.
Y creo que de fondo, pues también es una medida que fomenta la ineficiencia de los ministerios públicos. Creo que aquí ya se ha dicho con bastante insistencia, creo que sí nos debemos llevar esa idea. O sea, no solo es el tema de derechos humanos sino de los desincentivos para que funcionen bien, en este caso, las fiscalías. Creo que hay que poner los ojos ahí.
Lo que estamos proponiendo al mandarlo al 16, está inmediatamente después de un parrafito que le permite al Ministerio Público retener a las personas por equis tiempo. Y lo que decimos, seguirá teniendo para armar su caso ante el juez, pero en los casos del Catálogo que viene del 19 más los que se propongan, el Ministerio Público no tiene facultad para liberar.
Entonces, creo que sería muy peligroso conservar ambos catálogos. Creo que lo que correspondería sería crear medidas para obligar a los Ministerios Públicos a hacer su trabajo y dejar a los jueces esta posibilidad de analizar caso a caso.
Miren, yo sé que el tema de portación de armas es súper difícil, el feminicidio igual. ¿A quién no le duele que maten a una mujer en este país o el tema de portación de armas? Aquí dejo una pregunta en el aire y creo que se contestó de hecho desde el primer día.
Tenemos equis número de casos de portación de armas. Estas cifras nos las daba el magistrado Juan José Olvera, son un montón en promedio por año y van in crescendo. Son 20 mil casos de portación de armas y esa cifra desgraciadamente no la... Yo no la encontré. No sé si, Layda, la tienes.
¿Cuántos casos hay por tráfico o acopio? No hay. El origen del problema no es meter a la cárcel a los que portan arman en flagrancia. Nuestro sistema es –permítanme decirlo así– adicto a la flagrancia, inhibe la investigación.
¿Qué tendríamos que hacer para resolver de fondo el tema de portación de armas? Ponernos a investigar redes de tráfico de armas, cuántos casos tenemos. Y ahí puede que la solución esté voltear, no sé, se me ocurre, a la Ley de Delincuencia Organizada, que también tenemos una propuesta, dicho sea de paso.
Vamos al fondo del asunto. En el tema del feminicidio, que es el que más me gusta para explicar nuestra propuesta. Todo mundo dice: vamos a poner prisión prevenir feminicidios.
¿Saben qué previene los feminicidios? Actuar a tiempo en los casos de violencia doméstica. Que el Ministerio Público no se pueda hacer –permítanme, lo voy a decir– que no se pueda hacer güey cuando le llegan los casos. Porque en el proceso tenemos estos tres momentos claves: la detención por parte de la policía, la retención con fundamento en el 140 del Código Nacional y el 16 constitucional, y hasta el final la audiencia frente al juez, que es pública, transparente, ya se graba, etcétera, etcétera, donde se discute.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Le podemos pedir si... por favor.
La ciudadana Susana Camacho Maciel: El problema lo tenemos en la retención –un minuto y ya–, los Ministerios Públicos tienen la libertad para dejar libre en la oscuridad de su oficina, ellos solitos, si liberan o no a una persona.
Apuntemos la solución a donde está, apuntemos el problema hacia donde está la solución. Creo que... No sé, iba al caso de los feminicidios. Con la propuesta que tenemos en estos casos, por ejemplo, los Ministerios Públicos cuando llegan casos de violencia doméstica tendrían de inmediato que ir ante juez, no podrían liberar, porque lo que normalmente pasa en estos casos es que los Ministerios Públicos archivan o emiten una medida de protección que termina caducando, etcétera, y no hacen nada más por las mujeres.
En cambio, si los obligáramos en el momento en que tienen el valor de tomar el teléfono pedir el auxilio de un policía, el policía lo tiene ahí en flagrancia y no darle chance al Ministerio Público a soltar a este cuate sino obligarlo a llevar al Ministerio Público, de inmediato creo que sería una solución mucho más eficiente para prevenir los feminicidios.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias. Muchas gracias, Susana Camacho Maciel.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Le cedemos el uso de la voz hasta por tres minutos, por favor, a Roberto Hernández, de Presunto Culpable.
El ciudadano Roberto Hernández: Gracias. Gracias en particular, diputado Mario Delgado, por la invitación que me hiciste personalmente.
Quiero enfatizar el mensaje que mandó Susana Gabriela Camacho, porque realmente hasta que la escuché hablar no había yo pescado cómo podríamos salir de una discusión que parece atorada y que creo que debería empezar a considerarse.
Y lo voy a explicar de este modo yo. Miren, un policía, todos sabemos que ganan muy poco, ganan 300 dólares, perdón por decirlo en dólares, pero el equivalente de ¿qué son? 6 mil, 6 mil pesos al mes, 6 mil pesos al mes en promedio. En la encuesta que les circulé los datos donde Inegi entrevistó a 58 mil personas, lo encontramos es que la puerta giratoria que se ha hecho alusión a ella, está ahí en el momento del arresto y en el momento del Ministerio Público.
Layda nos contó este relato, de cómo ahí es donde está el juego de la extorsión, en el MP y en la policía, si me das tanto te dejo ir, si me das tanto te dejo ir. Ya. Y entonces la impunidad está ahí, la principal fuente de impunidad está en ese mercado, en esa subasta que se genera por esos salarios pésimos que tenemos.
Lo que está proponiendo Susana Gabriela Camacho, en parte, es poner en la caja de cristal, que ya construimos con los juicios orales, con las audiencias públicas y videograbadas, con la experiencia de presunto culpable, poner en la caja de cristal, en ese espacio público, la toma de decisiones en donde hoy está concentrada la corrupción.
Hoy el artículo 16 de la Constitución dice que tenemos derecho a que se tarde el Ministerio Público 48 horas en presentarnos ante un juez, 48 horas. Imagínense ustedes si ya están cansados de oírnos hablar unos cuantos minutos o unas cuantas horas, lo que es pasar 48 horas esperando que un Ministerio Público decida tu suerte y estar en ese espacio de: oye, dame 50 mil pesos, o dame 200 mil pesos. Eso es lo que estamos creando. Ese es el espacio de corrupción que estamos creando.
Veníamos a hablar de prisión preventiva, pero a los presos Inegi les preguntó cómo fueron torturados y cómo fueron maltratados, y les voy a leer las cifras. Cuando estuvieron en el MP, 41 por ciento de las personas, hoy en la cárcel, fueron amenazadas con cargos falsos; 40 por ciento de las personas fueron desvestidas como método de amenaza; 39 por ciento de ellos fueron pateados; 26 por ciento fueron vendados; 25 por ciento les pusieron una bolsa de plástico en la cabeza; 23 por ciento fueron golpeados con objetos; 20 por ciento fueron amenazados; 14 por ciento recibieron descargas eléctricas; 5 por ciento fueron dañados sus familias; 4 por ciento quemados; 4 por ciento con violación sexual. Es decir, es un espacio no solo de corrupción, sino de agresión física, psicológica, de tortura.
Y a la hora de que escuché hablar a Susana Gabriela Camacho, la verdad es que me pareció que es una gran alternativa, porque si la acogieran, hay pocas cosas que pueden cambiar con un plumazo, pero si ustedes hicieran esto que se está proponiendo que es quitar ese catálogo que está en el 19 y generar esta obligación de pasar a la gente directamente ante el juez, directamente ponerlos en la caja de cristal, estarían eliminando posiblemente la tortura en México, y están ante esa posibilidad hoy, y quisiera prenderles la tele de que esa posibilidad la tienen.
Acabamos de ir a París, al Foro de Paz de París, convocó el presidente francés, con una propuesta para terminar con la tortura como método de investigación criminal en México. Y la evidencia que llevábamos por parte de Inegi nos muestra que 85 por ciento de las personas fueron torturadas o maltratadas. Podríamos acabar con esa corrupción y con esa tortura si estudiamos esta medida con cuidado y metemos la toma de decisiones en la caja de cristal.
Creo que el presidente de la República está pidiendo algo sensato en el fondo, nos está pidiendo más eficacia en la persecución penal y creo que hay que interpretar con inteligencia y con benevolencia una gran intención política, el hacer lo que Susana propone, lo que haría es eliminar el espacio de corrupción que hay e incrementar la eficacia en la persecución penal en los delitos que más están importando de momento.
De hecho si quitamos el catálogo de delitos graves del artículo 19 constitucional y quitamos esto y ponemos en la caja de cristal la toma de decisiones, estaríamos eliminando la tortura, estaríamos eliminando el espacio de corrupción que hay, y creo que hay que estudiarlo más a fondo porque posiblemente estemos ya un poco cansados, pero es una gran posibilidad de darle una solución a un problema y de darle al presidente la respuesta que nos está pidiendo. Muchísimas gracias.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Muchas gracias a Roberto Hernández. Con esto cerramos las participaciones.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Yo finalmente antes de ceder el uso de la voz al diputado Mario Delgado, para la clausura de estas audiencias, para discusión del artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, agradecerles a todos su presencia. Este es el tema probablemente más importante, hoy por hoy para las mexicanas y los mexicanos, y en este tema en particular creo que todas las fuerzas políticas vamos anteponer siempre a las familias mexicanas, más allá de posturas partidistas.
El 2017 fue el año más violento en la historia de nuestro país desde la época de la Revolución. La ciudadanía nos demanda medidas urgentes y extraordinarias. Hoy de aquí han surgido muchísimas conclusiones muy valiosas, muchísimos dilemas muy enriquecedores que se han dado gracias a la presencia de todos ustedes.
Yo finalmente plantearles ciertos temas para su consideración. Seguramente van a ser para discusión posterior. Siempre hablamos de las garantías del imputado. Tenemos que también entrar a la discusión de las garantías de la víctima que a final de cuentas la víctima también tiene que ser el centro de toda la discusión en materia criminal y penal.
Hoy tenemos un grave problema de impunidad y corrupción que también la ciudadanía nos demanda atender. Tenemos un problema muy importante de reincidencia también en todo el país que ha generado también el incremento de los delitos del orden común.
Tenemos que fortalecer el trinomio policías, fiscalía y Poder Judicial. Si ese trinomio no está fortalecido, también no vamos a ir a ningún lado así modifiquemos todas las leyes que quedamos.
Finalmente también en el sistema de justicia penal es importante crear mecanismos de vigilancia y control parlamentario para exigir a las entidades estatales que realmente inviertan en el nuevo sistema penal acusatorio porque si no, tampoco vamos a tener los resultados por más reformas que tengamos.
Hoy las leyes, muchas de ellas parecieran chocar con la realidad, y lo que no podemos permitir en este Congreso es que eso siga sucediendo.
Estoy consciente y seguro que después de este diálogo todas las fuerzas políticas nos llevaremos la reflexión para próximos días, para que la próxima semana que se esté discutiendo sea para el beneficio de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Muchísimas, muchísimas gracias por su presencia y que sea para el bien de este país.
El moderador diputado Felipe Fernando Macías Olvera: Invitamos al diputado Mario Delgado a que nos haga favor de clausurar estas audiencias públicas.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Reiterarles la bienvenida, el agradecimiento por estar aquí con nosotros. También agradecerles a los diputados y diputadas que han conducido esta mesa. Está también con nosotros el integrante de la Junta de Coordinación Política Reginaldo Sandoval, que es coordinador del Partido del Trabajo. Voy a permitirme cederle la palabra al diputado Reginaldo para que nos haga algunos comentarios respecto de esta mesa y de las audiencias que hemos tenido estos tres últimos días en este tema tan importante para nuestro país.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Muchas gracias, Mario, y muchas gracias y muchas felicidades a las comisiones que han conducido estas audiencias. Muchas felicidades.
También agradecerles la presencia a todos los que en estos días han participado y nos han ilustrado, nos han compartido sus conocimientos, su sabiduría, sus puntos de vista, sus opiniones sobre este tema de iniciativa o ya dictamen que tenemos para modificar el 19 constitucional y que hoy nos dan luz por dónde podemos hacerlo de mejor forma para el tema de la Constitución.
Nosotros sostenemos que por la cantidad de reformas que tiene la Constitución debiéramos incluso de pensar en hacer una nueva porque ya tiene más de 900, unos dicen, otros más de 700, pero son muchas realmente las reformas y las iniciativas que hay.
Agradecerles a todas y a todos y compartir aquí con nuestro amigo Mario que esté el día de hoy. Aprendimos mucho y no hay duda de que cada día uno puede aprender más y puede ser mejor persona, y en esta responsabilidad que tenemos ahora no tengan duda de que vamos a tomar en consideración todo lo aquí expresado porque viene de su experiencia y también de su conocimiento que han compartido y que traen con una gran legitimidad de todo su actuar y hacer diario.
También agradecer al presidente de Tijuana que desde la parte ejecutiva está al frente y entendiendo y compartiendo esta dificultad que tenemos en México, también lo digo con todo conocimiento, la realidad que tenemos ahora en el tema de justicia pues tienen que ver también con un problema estructural, con un problema de modelo, con un problema cultural, con un problema de pensamiento, con un problema de actuar, con un problema verdaderamente mayúsculo que tenemos en la patria y que esta nueva realidad política nos va a permitir, desde luego, hacer cosas bien y hacer cosas mejores para nuestra nación y para nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias, y bueno, agradecerles una vez más por esta acá y por invitarme. Muchas gracias.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, diputado. Hubo una mesa de relatoría, estuvieron trabajando desde el primer día, nos han elaborado unas conclusiones, mismas que van a ser integradas al dictamen que va a elaborar, al dictamen final que se va a votar probablemente la próxima semana, tal como se hizo en las audiencias de Guardia Nacional, que fueron integradas las conclusiones al dictamen que se elaboró.
Me voy a permitir leerlas muy rápidamente, las conclusiones:
Del 6 al 8 de febrero de 2019 la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión realizó cuatro audiencias públicas para analizar el dictamen de reforma constitucional del artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa.
En las mesas se abordaron los siguientes temas: Fundamento constitucional de la prisión preventiva oficiosa. Seguridad, justicia y prisión preventiva oficiosa. Prisión preventiva oficiosa y sistema de justicia penal. Prisión preventiva oficiosa, libertades e investigación.
En las cuatro mesas de trabajo participaron más de 70 ponentes entre magistrados, abogados penalistas, académicos, representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, activistas, víctimas del delito, entre otros.
Este esfuerzo de parlamento abierto dio como resultado audiencias plurales, inclusivas, transparentes con vocación de intercambio de opiniones.
Anunciamos que estos esfuerzos van a continuar porque es fundamental que la sociedad se exprese en la construcción de las leyes y reformas que son fundamentales para la nación.
Los planteamientos generales de estas audiencias. En las cuatro audiencias públicas se expresaron sendas exposiciones en contra y en pro de la reforma constitucional del artículo 19. De esta manera los planteamientos principales en sentido crítico o en contra son:
Uno. Que la reforma constitucional al artículo 19 va en contra de los derechos humanos, los restringe y que no es necesaria porque el contenido actual es suficiente para los fines que se persiguen. Se expuso que sería preferible buscar soluciones integrales y fortalecer al Ministerio Público y a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Dos. Que más que ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa, debería avanzarse en su extinción porque la misma atenta contra los derechos humanos, además la prisión preventiva oficiosa tiene el riesgo de ser arbitraria e ilegal. No debe olvidarse que se trata de una medida cautelar que debe ser la excepción y no la regla, lo que se requiere es una revisión integral al Código de Procedimientos Penales para terminar con la llamada puerta giratoria.
Tres. Que se deben adoptar acciones tendientes a reducir esta figura porque criminaliza la pobreza y provoca el hacinamiento carcelario, en su lugar se requiere fortalecer la prisión preventiva justificada.
Cuatro. Que la prisión preventiva oficiosa pone en riesgo a cualquier ciudadano, no va a prevenir la delincuencia y es tóxica porque aumenta la probabilidad de injusticia.
Por otro lado se expresaron planteamientos y propuestas que señalan la conveniencia de aprobar la modificación del catálogo de los delitos que ameritan esta medida cautelar.
1. Que la prisión preventiva oficiosa existe en la Constitución, se estableció desde la reforma en materia penal de 2008, y no es la primera vez que se amplía el catálogo de delitos que merecen esta medida cautelar.
2. Que, en el caso de delitos especialmente graves en el contexto nacional como el aumento exponencial en robo a autotransporte y comercios, es necesario establecer las modalidades de prisión preventiva que permitan hacer efectivo su combate. En este sentido es claro que existen ciertos delitos que por su gravedad y peligro para la sociedad merecen unas medidas de mayor fuerza con las que cuente el Estado, y es precisamente en la Constitución donde deben establecerse las modalidades de prisión preventiva para el tratamiento de esos delitos.
3. Establecer delitos dentro del catálogo que merecen prisión preventiva oficiosa, no significa que los jueces estén exentos de analizar los elementos suficientes para acreditar la probable participación del inculpado en el delito.
4. Que los delitos que se adicionan son de alto impacto y de grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además de que responden al reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad, de ahí que se justifique plenamente que los presuntos infractores afronten su proceso en prisión. Es un resumen muy preliminar o general de lo aquí se ha tratado.
Bueno, quisiera nada más terminar diciéndoles cómo ha sido la evolución de este tema. Hubo una propuesta inicial presentada en el Senado de la República por parte del Grupo Parlamentario de Morena que abordaba tres delitos principalmente: corrupción, robo de combustible y delitos electorales.
Dentro del proceso de discusión en el Senado de la República, distintos grupos parlamentarios pidieron la incorporación de delitos adicionales para llegar a nueve: portación de arma, desaparición forzada, feminicidio, agresión sexual contra menores, robo de transporte y robo a casa-habitación.
Porque si ya se empezaba a instalar en el debate público que los delitos graves eran los que estaban en el artículo 19, me parece de manera errónea, y que aquellos delitos que se quedaran fuera, pues era que se estuvieran haciendo delitos menos graves o que se permitiera la impunidad de los mismos.
Eso fue la solución política que se encontró en el Senado, fue lo que hizo que hubiera dos terceras partes para su aprobación, sin que hubiera un acuerdo político entre las mayorías de los grupos parlamentarios, salvo Movimiento Ciudadano, todos los demás votaron a favor.
Nos llega aquí esta minuta. La Comisión de Puntos Constitucionales, debido a las recomendaciones y demás que llegaron a esta Cámara, decide irse al origen, o sea regresarse a los tres delitos originarios que propuso el Grupo Parlamentario de Morena.
A partir de la publicación de ese dictamen, empezaron a llegar distintos grupos de sociedad civil, activistas en favor de los derechos humanos, activistas en favor de las mujeres, de los niños, la Cámara del Transporte, gobiernos estatales, en fin, todos pidiendo su delito, y es donde estamos, el debate público allá afuera es: lo que esté en el 19 es grave y lo que no esté en el 19 no es grave. Y, quien vote a favor o vote en contra es que está protegiendo a unos o está protegiendo a otros.
¿Qué va a pasar? No lo sé. Lo que sí está claro es que se necesita mayoría calificada, y por eso abrimos también estas audiencias, para poder escuchar a la sociedad civil, para escucharlos a ustedes, para tener mayores elementos para tener el dictamen final.
Hay dos posibilidades, bueno tres, diría: Hay una que nos vayamos con el dictamen actual, y se incorporen en el pleno los delitos que generen dos terceras partes de la votación, o que le hagamos caso al Senado, que por cierto nos refrendó el Senado de la República, con la firma de todos los grupos parlamentarios que se apruebe la minuta en sus términos, que sean los nueve delitos. O, nos vamos a respetar el acuerdo político del Senado y tomamos la minuta y la aprobamos.
Y, estas audiencias públicas nos están generando una tercera opción, que es la posibilidad de irnos al artículo 16, vamos a tener que revisar un poco más que así quedaremos con el 19, porque más allá de la técnica jurídica también cuenta el debate político, y eso lo entienden ustedes, también.
Entonces, si nos fuéramos a la opción del 16, podría leerse que entonces en lugar de darle al Estado más instrumentos para acabar con la impunidad, entonces vamos en sentido contrario, que ya no hay delitos con prisión preventiva oficiosa y que todos los va a determinar un juez. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en esos balances.
Y finalmente, pues va a ocurrir lo que genere mayoría calificada, y ahí también dejar en claro que falta un segundo paso en estos delitos que, suponiendo, se incorporaran en el 19, o incluso en el 16, pues tendríamos que ir al Código, o en el caso de robo a combustible a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos de Hidrocarburos para tipificar esos delitos, porque por ejemplo se dice: no, que los niños que roban combustible también irían, no, porque tendría que haber en el Código Penal, y en el caso de robo a combustible en esta ley que he mencionado, diferenciar el tipo de conductas y no hacerlo esto de manera generalizada.
Ese es como está el debate actualmente en la Cámara, y quisiera decir algo adicional, porque aquí se mencionó.
De ninguna manera queremos engañar a la sociedad o a las víctimas presentando esta medida como la solución o la varita mágica al enorme déficit de justicia e impunidad que existe en el país, y clamor por terminar con la impunidad.
En el gobierno de la República hay una visión integral de lo que está ocurriendo y en este periodo legislativo, esta legislatura avanzamos lo que no se avanzó en cuatro años, aprobar una Ley de la Fiscalía General. Gracias a ello hoy tenemos un fiscal general y lo hicimos otra vez de la mano de la sociedad civil, porque sí nos interesa avanzar.
No vamos a encontrar una ley única que resuelva esto de manera integral, tenemos que ir enfrentando distintos aspectos del sistema de justicia, porque tiene una falta de eficacia tremenda en muchos lados, entonces tenemos que irlos enfrentando poco a poco.
Ya hicimos la Ley Federal de la Fiscalía General, ya tenemos un fiscal. En estos momentos hace rato ya también hay propuestas de fiscal anticorrupción, hay propuestas de fiscal de delitos electorales, en el tema de seguridad hubo una propuesta de reforma constitucional en Guardia Nacional, que puede gustar o no puede gustar, puede tener detractores y puede tener personas a favor, pero hay iniciativas del gobierno para enfrentar el tema de la inseguridad, estemos de acuerdo o no, pero lo que no se puede acusar es de que no estemos haciendo nada o que estemos cómodos con la situación que hay en el país.
También siempre se ha dicho que hay una visión integral del tema para enfrentar el tema de la violencia en el país, y la principal herramienta y el principal diferenciador del gobierno actual, es que tenemos que ir a las causas. El Presupuesto de Egresos que aprobó esta legislatura incluye una inversión social sin precedentes en el país, yendo a grupos que son potenciales víctimas de la violencia, víctimas y victimarios, como los jóvenes o como el rescate del campo.
Entonces sí estamos con una visión integral de detener el fenómeno de la violencia directamente desde sus causas, y esa es la principal estrategia del gobierno de la República.
Coincido aquí con lo que se ha dicho. Básicamente el presidente lo que está pidiendo es ser más eficiente en la persecución en penal, en delitos que ofenden enormemente a la ciudadanía.
El martes pasado, en el aniversario de la Constitución, el presidente hacía una reflexión. Todas las transformaciones en el país han venido acompañadas de una nueva Constitución. Entonces ante la disyuntiva o no de si necesitamos una nueva Constitución, él planteaba que no, porque si cambiábamos este país en tres aspectos podríamos tener un país completamente diferente.
El primero, erradicar la corrupción. El segundo, terminar con los fraudes electorales, tercero, terminar con todos los privilegios y la impunidad. Si logramos hacer eso sí vamos a tener un país diferente.
Aquí hay una propuesta de reforma constitucional que va dirigida a esos tres aspectos. No es varita mágica, no es solución única y no es lo único que está proponiendo el gobierno. Vamos a seguir trabajando, vamos a ver finalmente qué decide esta Cámara. Insisto, va a ser una mayoría calificada y todo siempre es pensando en el bien de nuestro país.
Yo sé que estas audiencias siguen generando escepticismo y que si van a ser consideradas o no. Vamos a seguir dando muestras todo el tiempo de que son fundamentales en nuestro quehacer legislativo.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Muchísimas gracias por su presencia, gracias a quienes estuvieron aquí. Gracias a la Junta de Coordinación Política todo su esfuerzo de organización. Y muchísimas gracias y buenas tardes.
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