Bienvenida del magistrado Guillermo Ramos Pérez
Intervenciones
Diputada Sonia Catalina Álvarez
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
Diputada Flor de María Esponda Torres
Gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar
Gobernador Rutilio Escandón Cadenas
Diputado Ismael Brito Mazariegos
Andrés Norberto García Repper Favila
Magistrada Julia María del Carmen García González
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Ministro Javier Laynez Potisek
Ronda de preguntas
Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz
Diputada Adriana Bustamante Castellanos
Ronda de respuestas
Ministro Javier Laynez Potisek
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Ministro Javier Laynez Potizek
Magistrada Julia María del Carmen García González
Intervenciones finales
Diputado Reginaldo Sandoval Flores
Diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara
Andrés Norberto García Repper Favila
Clausura del diputado Leonel Godoy Rangel
La maestra de ceremonias Claudia Guerrero Crespo: Muy buenos días. La Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados, en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas, les da la más cordial bienvenida al Cuarto Diálogo Nacional para las Reformas Constitucionales al Poder Judicial, denominado “División de poderes: medios legales y constitucionales”, que se lleva cabo en la sede del Poder Judicial del estado de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En el presídium de este acto contamos con la distinguida presencia del doctor Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. El Magistrado Guillermo Ramos Pérez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado de Chiapas. El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores. El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. El licenciado Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador electo del estado de Chiapas.
Destacamos la presencia de las presidentas de los dos órganos de gobierno del honorable Congreso del estado de Chiapas, la diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva y la diputada Flor de María Esponda Torres, presidenta de la Junta de Coordinación Política.
Y nos acompaña también el diputado Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en representación del diputado Ignacio Mier Velazco. Y el diputado Ismael Brito Mazariegos, coordinador de este diálogo.
También nos acompaña en el presídium, la diputada Adriana Bustamante Castellanos, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Agradecemos la presencia de diputadas, diputados, senadoras y senadores del honorable Congreso de la Unión. De diputadas y diputados de los congresos estatales, especialmente del Congreso de Chiapas. Así como de las y los legisladores electos, tanto federales como locales.
También reconocemos la presencia de magistrados, jueces y representantes del Poder Judicial y de los tribunales federales y locales, así como de representantes de colegios y barras de abogados y corredores públicos, abogados litigantes, consultores, representantes de los trabajadores sindicales, así como a toda la comunidad del estado de Chiapas.
Destacamos, igualmente, la presencia de los especialistas que participarán el día de hoy como ponentes y extendemos un cordial agradecimiento a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas, por su invaluable apoyo para la realización de este diálogo.
La maestra de ceremonias Claudia Guerrero Crespo: Para dirigir el mensaje de bienvenida, tiene la palabra el magistrado Guillermo Ramos Pérez. Por favor, presidente.
El magistrado Guillermo Ramos Pérez: Muy buenos días tengan todas y todos los presentes en este emotivo evento denominado los Diálogos Nacionales y que en nuestro querido estado de Chiapas lo denominaron División de Poderes: medios legales y constitucionales.
Saludo con mucho gusto a la diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del honorable Congreso del estado. De igual manera, saludo al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados.
Saludo a la diputada Flor de María Esponda Torres, presidenta de la Junta de Coordinación Política del honorable Congreso del estado de Chiapas.
Saludo al diputado Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Saludo al senador de la República, al doctor Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores.
Saludo y doy la bienvenida al doctor Eduardo Ramírez Aguilar, nuestro gobernador electo de Chiapas. Saludo al doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas. Bienvenido a su casa, señor gobernador.
Saludo a los panelistas e invitados a este evento. Y, de igual manera, a quienes nos ven más allá de los límites del territorio chiapaneco a través de la señal del Congreso de la Unión.
Les damos la más cordial de las bienvenidas a este evento, que es muy importante para todas las mexicanas y mexicanos.
Quiero empezar diciendo que el primer paso hacia el cambio es la conciencia. El segundo paso es la aceptación. Esta frase de Nathaniel Branden, escritor y psicoterapeuta.
Estos diálogos nacionales significan un buen ejercicio para escuchar las distintas opiniones respecto a esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, con el único propósito de que la institución de justicia en el país se fortalezca.
Comprendemos bien que los nuevos tiempos obligan a nuevas formas y que las transformaciones son buenas cuando el objetivo es mejorar el funcionamiento de las instituciones.
En la propuesta de reformas se pretende modernizar al Poder Judicial para que esté a la altura de los retos del país y de las demandas de la sociedad y cuente con el respaldo y legitimidad democrática. Y, para lograr eso, precisamente para eso se han programado estos diálogos nacionales.
Este ejercicio que concentra voces de experiencia donde se exponen diversas opiniones permite socializar la propuesta de reformas para fortalecerla y democratizarla, para que pueda estar a la altura de la necesidad de los nuevos tiempos sociales que reclaman la justicia en México.
La división de Poderes debe ser entendida bajo un cambio de paradigma. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial no pueden concebirse como contrapesos para frenar el uno al otro, sino como Poderes coadyuvantes del Estado con fin común.
El bien común es servir a México y coadyuvar con el desarrollo, bienestar y paz social que la sociedad se merece, quien es a quien finalmente se deben los tres Poderes.
Chiapas ha escuchado la voz de su gente, así lo hizo el Chiapas del pasado hace casi 200 años, cuando en esta región se determinó ser un Estado mexicano, el único que lo hizo por determinación de su pueblo.
El Chiapas del presente, donde se escuchó y se inició la transformación de la vida pública, desde donde los tres Poderes del Estado trabajamos en coordinación y absoluto respeto a los distintos ámbitos de nuestras competencias y, en el Chiapas del futuro, en la nueva era desde donde casi el 80 % de los electores eligió al gobernador doctor Eduardo Ramírez Aguilar como el más votado de la historia y, desde donde no tengo duda, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial seguirán teniendo absoluta independencia y continuarán sumando voluntades por un objetivo común, el desarrollo, el bienestar y la paz social.
Por eso, agradezco el esfuerzo que hace la honorable Cámara de Diputados de acercar estos diálogos nacionales a la sociedad. Agradezco al diputado Ignacio Mier, al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz y al senador de la República, Ricardo Monreal Ávila por impulsar este foro y hacer posible que Chiapas fuera sede y, en especial, por considerar este recinto judicial para albergar el evento.
Estos diálogos nacionales propiciarán que la propuesta de las reformas constitucionales se conozca a fondo, se analicen y se generen, en su caso, consensos, que sirvan también para tener una sociedad verazmente informada. Desde este espacio resalto la presencia de los tres Poderes del estado de Chiapas. Estoy convencido de que estos foros habrán de obtenerse importantes consideraciones para fortalecer al Poder Judicial y hacerlo esta institución más eficiente.
En este Poder Judicial del estado de Chiapas estamos de acuerdo con los planteamientos que se han vertido en los foros respecto a la carrera judicial, considerando que la propuesta de que los cambios sean graduales en la elección de jueces y magistrados, que las personas que sean motivo de elección sean honorables, con conocimiento pleno del derecho y particularmente para a materia que sean elegidos, así como el respeto a los derechos laborales.
En este sentido, propondría que la afinación de presupuesto para las entidades fuera también equitativa, lo que sin duda permitiría atender de manera más eficiente las actividades jurisdiccionales en cada una de las entidades federativas y atender el reciente compromiso constitucional en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Chiapas.
Permítanme hacer notar que nosotros desde hace mucho tiempo, nos hemos ceñido a ajustes de racionalidad presupuestal. Para esta reforma sugiero, una homologación salarial acorde a la austeridad republicana, donde los jueces, magistrados federales y de las entidades, así como todos los servidores públicos de las instituciones judiciales puedan gozar de salarios homologados en el país, porque se debe justipreciar que el trabajo que se realiza desde los tribunales, locales, en donde aproximadamente el 70 % de los asuntos se dirimen ante esta instancia.
Finalmente, insisto en que estamos así, de frente a la jurisprudencia, viendo hacia el interior del Poder Judicial en Chiapas, para refrendar este compromiso de continuar trabajando para el bien de las mexicanas y mexicanos, de las chiapanecas y chiapanecos, en coordinación e independencia, pero como un poder de estado indivisible, así como los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del estado, fomentamos la respetuosa división de Poderes desde la percepción del bien social común.
En Chiapas hay una conjunción de esfuerzos y trabajo coordinado de los Poderes del estado, aquél Poder Judicial suma y ojalá el Poder Judicial de la Federación lo haga así también, porque no debe olvidarse que las reformas son la puerta de entrada al progreso y al desarrollo. Debemos comprender que los nuevos tiempos obligan a nuevas formas y que no hay nada más que nos haga sentir mejor que cuando se sirve al pueblo, que los cambios y reformas son necesarios para consolidar el sistema de justicia que merecemos todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.
La maestra de ceremonias Claudia Guerrero Crespo: Muchas gracias, magistrado presidente. Escucharemos ahora la intervención de la diputada Sonia Catalina Álvarez. Por favor, diputada presidenta.
La diputada Sonia Catalina Álvarez: Buenos días a todas, a todos. Saludo con afecto al gobernador del estado de Chiapas, doctor Rutilio Escandón Cadenas, y a nuestro gobernador electo, doctor Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.
De igual forma saludo con afecto al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República. Bienvenido a Chiapas, estimado senador.
Saludo con afecto y respeto al doctor Guillermo Ramos Pérez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado, a los diputados federales, locales, senadores, senadoras, a los magistrados, magistradas, consejeras, consejeros, a todo el público aquí presente que nos acompañan en este importante evento.
Me complace profundamente darles la bienvenida al Diálogo Nacional, División de poderes, medios legales y constitucionales. Éste es el cuarto evento de una serie de nueve, donde se nos brinda la oportunidad de explorar, debatir, evaluar y tomar posiciones sobre la reforma constitucional al Poder Judicial.
Esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo ante la Cámara de Diputados busca transformar al Poder Judicial de manera significativa, por lo que una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y las nuevas reglas procesales a nivel federal y local son cambios que requieren un análisis profundo y una deliberación cuidadosa.
Es por ello que fue acertada la decisión tanto de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados como de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ampliar el diálogo entre todos los sectores de la sociedad para analizar y discutir los proyectos de reforma constitucional.
Los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial se han convertido en ejercicios plurales que fomentan la participación abierta, el intercambio de ideas y la transparencia en la deliberación parlamentaria. Asimismo, ha hecho patente el trabajo coordinado entre los poderes de gobierno de los niveles federal y local, con un solo objetivo: analizar una iniciativa de gran calado, como lo es la reforma al Poder Judicial. Poder que tiene bajo su tutela una de las funciones primordiales del Estado: garantizar la justicia pronta y expedita para las y los mexicanos. Este papel es fundamental, porque la justicia es el cimiento sobre el cual se construyen y sostienen los demás derechos y libertades. Un sistema judicial eficiente y justo es esencial para la paz, para la paz social, la confianza en las instituciones y en el desarrollo integral de la nación.
Por otro lado, celebro el haber extendido este intercambio de ideas a nivel, ya que nos permite discutir directamente los objetivos de la reforma y ampliar las voces y el análisis de tan importante iniciativa. De igual forma, me complace que estos diálogos se estén llevando a cabo hoy en Chiapas y que la LXVIII Legislatura esté presente. Pues recordemos que los Congresos locales desempeñan un papel crucial en las reformas a nuestra Carta Magna, tal como lo mandata el artículo 135 constitucional, que establece que cualquier reforma o adición debe ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
La regionalización de estos diálogos garantiza una participación activa y equitativa de todas y todos, asegurando que se tenga una visión clara en este proceso de reforma. No dudo que en este Cuarto Diálogo Nacional recordaremos a Aristóteles, quien, a través de su obra Política, sentó las bases de la organización del Estado y la función de cada uno de sus componentes. O a Montesquieu, quien desarrolló y perfeccionó la teoría de la división de poderes, tal como la entendemos hoy en día, a través de su legado El espíritu de las leyes. Trabajemos, pues, en encontrar puntos de acuerdo y consenso que permitan llevar las adecuaciones necesarias para una propuesta de reforma constitucional en beneficio del pueblo y para el pueblo de México y de Chiapas.
Enhorabuena. Y el mejor de los éxitos en esta jornada de trabajo. Muchas gracias.
La maestra de ceremonias Claudia Guerrero Crespo: Muchas gracias, diputada presidenta. Le pedimos al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz que nos dirija unas palabras. Por favor, diputado.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Buenos días. Con el permiso de quienes presiden esta reunión, con el permiso de todos ustedes. La reforma judicial aborda muchos aspectos fundamentales, pero aquí en Chiapas, en este lugar simiente del federalismo mexicano, el marco de la discusión es la División entre Poderes y el respeto entre órdenes de gobierno.
De las muchas iniciativas que van en torno a la principal del titular del Ejecutivo sobre este tema se dieron varias opiniones. Las hacemos nuestras para discutirlas con los ponentes y con los legisladores de la LXV Legislatura y para con los legisladores de la siguiente legislatura.
Nosotros respetamos que el órgano supremo del Poder Judicial en México interprete las leyes de manera abstracta y que pueda invalidarlas. Nosotros respetamos a ese órgano supremo del Poder Judicial en México, pero afirmamos que los jueces de amparo violan la Constitución cuando crean normas de derecho y cuando determinan políticas públicas. Eso prácticamente vuelve inútil las acciones de control constitucional. ¿Para qué juntar tantas firmas si por la vía del amparo pueden derogar una ley?
Estamos de acuerdo en que se respete, por tanto, la fracción II del artículo 107, pero esa fracción se viola frecuentemente, repito, por los jueves de amparo que conceden suspensiones y resoluciones con efectos generales contra norma general. Y hay una disposición en la ley secundaria que prohíbe las suspensiones con efectos generales respecto de normas generales. Y viene una discusión para inscribir en la Constitución que no pueden sentenciar en amparo efectos generales contra normas generales, está a discusión.
También creemos que los tribunales colegiados no respetan a los estados cuando legislan y modifican sus estatutos internos de gobierno. La práctica del control difuso que estableció por sus alcances el artículo 1o. constitucional, produce incertidumbre jurídica y afecta la gobernabilidad. Defiende los derechos humanos, pero el artículo 1o. constitucional que ordena preservarlos y protegerlos a cualquier autoridad en México, no dice que fuera de los derechos humanos no importe todo lo demás. Ese artículo 1o. constitucional difunde el control de una manera que está produciendo muchos conflictos en todas partes. Proponemos discutir que se vuelva a concentrar el control de la Constitución.
El interés legítimo está definido en la Constitución y/o en la ley, yo insisto mucho en esto, de una manera tan ambigua que permite interpretar todo absolutamente dentro de esa figura. Vale precisarlo y legislar sus alcances de una manera certera para todos, para juzgadores, para autoridades ejecutivas, para los mismos legisladores, desde luego para los gobernados, para la gente a quien se debe el gran derecho de la impartición de la justicia.
No aceptamos —y lo repetimos— que los criterios jurisprudenciales lleven el concepto de los derechos humanos a favor de las personas morales con fines lucrativos. No podemos aceptar esa tesis. Debe quedar muy claro en la Constitución tal alcance.
Estamos de acuerdo que los principios pueden y deben servir para interpretar la ley, pero no tienen porqué estar fuera del derecho positivo. No solamente son los jueces los que pueden descubrir los principios jurídicos para interpretar la ley y la misma Constitución. Para eso son las leyes y para eso es el Poder Legislativo en una república con división de Poderes.
Finalmente, otro punto en cuestión, señores ponentes, es que el amparo directo en materia administrativa y reiteradamente lo venimos diciendo en todos los foros, tiene un uso político muchas veces, más aún, prácticamente está dejando sin competencia a los tribunales administrativos.
La invocación del artículo 1o. le permite a todos los jueces abordar cualquier asunto administrativo sin agotar la definitividad a la que están obligados de acuerdo con la misma Constitución. Todos sabemos, fracción IV del artículo 107.
Finalmente, brevemente. Si se tratara de resumir dialécticamente toda la discusión que traemos proponemos que de una vez quede literalmente el artículo 133, que la Constitución es norma suprema sobre cualquier otro orden jurídico nacional o extranacional.
Son los temas para ustedes, señores ponentes y para los legisladores que van a preguntar y en la pregunta, replicar. Muchas gracias y audiencia para todos.
La maestra de ceremonias Claudia Guerrero Crespo: Muchas gracias, diputado Robledo.
Para dirigir un mensaje, queda en el uso de la voz la diputada Flor de María Esponda Torres. Por favor, diputada.
La diputada Flor de María Esponda Torres: Con el permiso del gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón. Muy buenos días a todas y a todos los que se dieron el tiempo y el espacio de asistir a los Diálogos Nacionales para la reforma al Poder Judicial.
Saludar con aprecio al gobernador constitucional, Rutilio Escandón, por supuesto saludar al gobernador electo, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar. Saludar a la diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado. Darle la bienvenida al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
Saludar al magistrado Guillermo Ramos Pérez y agradecerle su anfitrionía en esta casa de la justicia. Por supuesto saludar a las y a los diputados federales, a las y a los diputados locales, a los miembros del Poder Judicial, a los medios de comunicación y al público presente, sean todas y todos bienvenidos.
Bienvenidos al estado más mexicano, al estado de Chiapas que, dentro de dos meses, es importante decir, conmemorará el bicentenario de su federación, justamente desde que por decisión propia decidimos formar parte del pacto federal hemos acompañado lealmente a nuestra nación en momentos de decisiones trascendentales. Hoy, como hace 200 años, Chiapas en un acto de conciencia histórica acompaña a México en su evolución política, social y constitucional.
El diálogo es sin duda alguna uno de los valores fundamentales en la actividad política, en el diálogo franco y respetuoso la política encuentra una ruta exacta para materializar la transformación de los derechos y las instituciones de nuestro país.
Celebro la realización de esta cuarta edición de los foros y diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial donde el tema que hoy nos convoca es la división de Poderes, medios legales y constitucionales.
Estoy segura que en esta cuarta edición como en las tres anteriores se seguirán escuchando y atendiendo las diversas posturas en torno a esta reforma que se ha vuelto un asunto de Estado, que repercute de manera positiva y constante dentro de la agenda nacional.
Permítanme mencionarles que en Chiapas ya hemos tenido foros y hemos sido testigos de una sociedad involucrada activamente en del debate propositivo de la reforma judicial, en ese sentido abonando a la reflexión sobre la reforma al Poder Judicial la división de Poderes simboliza uno de los valores profundos de nuestra democracia constitucional, valores que representan un control del poder político, la salvaguarda de los derechos y las instituciones que emanan de la voluntad popular.
Sobre la reforma al Poder Judicial persiste la polémica sobre si esta impacta o no en la división de Poderes, que nuestro país se materializa en el artículo 49 de la Constitución Política.
Como legisladoras y legisladores, actoras y actores de la vida pública tenemos la responsabilidad con el pueblo de México de mantenerlo informado sobre los cambios fundamentales que plantea la reforma.
Retomo algunos datos que se me hicieron sumamente importantes sobre una ponencia dada hace algunos días de la ministra Lenia Batres, dice ella que es esencial reconocer que la reforma al Poder Judicial está enmarcada en el respeto y la promoción de la división de Poderes fundamentales, enfatiza como punto central que es necesaria la idoneidad se convierta en un criterio central alineado a los mejores estándares internacionales para garantizar que quienes ocupen estos roles estén plenamente capacitados, pero sobre todo, comprometidos con la justicia y el bienestar en nuestra sociedad.
La independencia judicial es un principio reconocido en nuestra Constitución. Sin embargo, esta independencia no es un privilegio para los jueces, magistrados y ministros, sino una condición indispensable para la impartición de justicia.
Por tal motivo, la justicia no puede ser ciega a las realidades y a las necesidades del pueblo. Es necesario un enfoque humanista en el Poder Judicial que implique que se comprometa y que se considere el impacto en las decisiones humanas.
Aprovecho la oportunidad para hacer énfasis en la necesidad de una auténtica división de poderes. Nuestra Constitución federal, vigente desde 1917 establece un proceso de pesos y contrapesos para asegurar que el poder se mantenga al servicio del pueblo.
Compañeras, compañeros, al pueblo no hay que temerle, al pueblo de México es necesario darle las herramientas para que este retome su papel junto a una nueva gestión de los poderes públicos.
Estoy convencida que la reforma al Poder Judicial representa y simboliza el anhelo del pueblo, que reafirmó su compromiso de forma abrumadora el pasado 2 de junio y garantizará la transformación del país.
Garantizo también que desde el Congreso del Estado de Chiapas y en atención al artículo 135 de nuestra Constitución Política federal, las y los legisladores se convertirán en constituyente permanente aprobando estas reformas fundamentales, velando siempre por los intereses del pueblo de México y de Chiapas. Muchísimas gracias y bienvenidos todos.
La maestra de ceremonias Claudia Guerrero Crespo: Muchas gracias, diputada presidenta Esponda. Diputada Leonel Godoy Rangel, si es tan amable en dirigirnos su mensaje, por favor.
El diputado Leonel Godoy Rangel: Muchas gracias. Buenos días auditorio extraordinario aquí en Tuxtla Gutiérrez, que nos acompaña. Gracias al presídium que representa nuestra República.
Este es el cuarto foro de los diálogos nacionales que resolvimos que se realizaban. Nos interesaba escuchar a la oposición. Nos interesa escuchar. También estos foros están sirviendo para especializar los temas. Por eso hoy aquí -además bien dicho por Juan Ramiro Robledo- es el lugar ideal para tratar la auténtica división de poderes, los medios legales y constitucionales que se están revisando con esta reforma constitucional al Poder Judicial.
Ahorita que veníamos, estábamos escuchando afuera una protesta de trabajadores del Poder Judicial de la federación. Nos parece que se les tiene que informar bien. Hoy lo reiteramos, como lo hemos dicho no solo en los foros, sino en todos los medios que tenemos a nuestro alcance, como la coalición Sigamos Haciendo Historia. El respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la federación no está a discusión, para que se oiga aquí y lejos, los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la federación no están a discusión.
Son importantes estos diálogos en el país. Por eso, en la reunión pasada de la Comisión Permanente, invitábamos a que no sólo en el primer foro hayan estado los ministros, los 11 ministros de la Corte, sino que acudieran a estos diálogos especializados, a estos foros especializados. Por eso nos da mucho gusto que el ministro Laynez nos acompañe el día de hoy, que la consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya, también nos acompañe el día de hoy. Sin duda, ellos nos escucharán, escucharán a los ponentes, escucharán a las legisladoras y legisladores que cuestionarán las intervenciones de los ponentes. Queremos decirlo también, para no que no quede ninguna duda, así como es falso el decir o hacer creer a los trabajadores del Poder Judicial de la federación que se van a afectar sus derechos, lo cual no es cierto, ya lo dije, también es falso.
Lo ha dicho el senador Monreal y hoy lo suscribimos nuevamente, sí va a haber cambios, las comas se revisarán seriamente. Y yo quiero aventurar tres temas que he insistido y que hemos insistido como Grupo parlamentario, que es pertinente que se le ponga atención.
El primero, son los requisitos de elegibilidad. Estos se tienen que revisar para que no quede ninguna duda que no queremos que ningún poder fáctico, ni el crimen organizado, ni los delincuentes de cuello blanco influya en la elección de los jueces, magistrados y ministros. Ahí está, los que ya establece la Constitución, pero aquí se ha hablado de otros. La ministra Lenia Batres lo señaló y hay muchos, entre ellos la idoneidad, la carrera judicial, la antigüedad son temas que se tienen que debatir.
El segundo tema, para mí importante, es la gradualidad. No es cierto que el día que la reforma se apruebe, al otro día se vayan los jueces y magistrados y ministros, eso es falso, es un tema de discusión. ¿Cómo será? De entrada, se calcula que vamos a tener, ya lo podrá decir mejor la consejera Celia Maya, si es que ella lo decide, o el ministro Laynez, de entrada, va a haber 200 vacantes aproximadamente, en los próximos meses. Ahí está un primer punto de la gradualidad que debería de revisarse.
Otro tema, es el tema del sistema transicional, los artículos transitorios. ¿Cómo vamos a aplicar esta reforma al Poder Judicial? ¿Cuál es el objetivo nuestro? Queremos un Poder Judicial renovado, fortalecido. Yo recuerdo al constitucionalista Fix-Zamudio que hace muchísimos años señalaba que la división de poderes estaba marcada por la intervención de un poder superior que era el Poder Ejecutivo. Le llamaba facultades supraconstitucionales de la Constitución. Entonces, no es un tema nuevo.
Y fíjense la paradoja: nuestros adversarios dicen que el presidente quiere concentrar poderes cuando en este momento son atribuciones del presidente de la República proponer los candidatos a ministros en la Corte.
Y él y ella, porque la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum está totalmente de acuerdo, que esta atribución se divida entre los tres poderes y es el Poder Legislativo y es el Poder Judicial y es el Poder Ejecutivo. No se ve por ningún lado esta idea de que sea una reforma para concentrar poder en una sola persona.
Porque, además, las reformas no están hechas para un contexto concreto: están hechas con la finalidad, las que se hacen, las que se hicieron y las que se harán, de que tengan observancia general, universal y permanente.
En este sentido, nuestra propuesta o la que hacemos nuestra, de las 18 reformas constitucionales que presentó el 5 de febrero de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen ese objetivo: no están hechas para una coyuntura política o una coyuntura electoral. Queremos que se queden para siempre porque lo que más deseamos es un Poder Judicial autónomo, independiente, fortalecido, sin injerencia ni del poder económico ni del poder del crimen organizado. A eso aspiramos y por eso venimos con mucho gusto a este cuarto foro de los diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial tanto del fuero federal como del fuero común.
Nos da mucho gusto, gobernadores, Rutilio, Eduardo, acompañarlos, me da mucho gusto que Ricardo Monreal también nos acompañe, porque con él hemos coincidido que esta es una revolución pacífica. Gerardo Fernández Noroña también lo dice.
Nosotros creemos ya que las revoluciones se hacen con votos y eso es lo que hicimos en el 18, y ahora en el 24 lo reafirmamos. Y quiero señalar, por último, acompañamos a muchos recorridos de la que era nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, Ricardo, Gerardo y yo y ella siempre señalaba que una de sus propuestas era la reforma al Poder Judicial, incluso lo sometía a votación en las asambleas que se hacía en cada lugar.
Entonces, no es una propuesta sacada de la manga, es una propuesta programática nuestra y por eso, hoy venimos a decirles que así estamos listos para escuchar, para debatir, para que los argumentos impongan y no el odio ni la violencia. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, amigas y amigos.
La maestra de ceremonias Claudia Guerrero Crespo: Muchas gracias, diputado Godoy. A continuación, tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila. Por favor, senador.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Muchas gracias. Saludo con respeto y aprecio a los Poderes de la República y a los Poderes del Estado, al gobernador Rutilio, muchas gracias por su anfitrionía. Al gobernador electo Eduardo Ramírez, deseándole mucho éxito en su próximo gobierno que sé que su capacidad y talento lo pondrá al servicio de su tierra.
Al presidente del Tribunal, gracias por su lugar de trabajo que hoy nos facilitó. Al Congreso local que encabeza su presidenta y la presidenta de la Junta de Coordinación Política.
A mí compañero Leonel, que representa junto conmigo ahora en ausencia de Nacho Mier, este esfuerzo de organizar los diálogos junto con Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; al ministro, bienvenido, ministro. Xóchitl, bienvenida también. Todos, bienvenidos; los ponentes, los conferenciantes, las conferenciantes. A todas y a todos, bienvenidos.
En México, el sistema de división de Poderes es la estructura limitante del poder mismo, que tiene por finalidad impedir el abuso de este por parte de uno solo de los tres; y, como consecuencia, garantizar la libertad individual de las y los gobernados dentro de un Estado de derecho.
La división de Poderes en el ámbito constitucional se convierte en un auténtico equilibrio de Poderes, de pesos y contrapesos, de las funciones públicas que tienen como parámetro la eficacia de los principios establecidos en la norma fundamental para garantizar la rendición de cuentas y la colaboración, así como afianzar la concreción de un Estado democrático de derecho.
La Constitución garantiza que los tres Poderes actúen de manera coordinada y dentro del marco legal. Existen una serie de medidas por las cuales se configuran distintos mecanismos de control constitucional y legal entre Poderes, aunque se debe reconocer que cuando uno de ellos invade la esfera de competencia de los otros y actúa arbitrariamente, el desequilibrio es un riesgo alto.
De ahí que el legislador, como lo expresara John Locke, establece la norma fundamental de todos los Estados constitucionalistas, porque como premisa, y como precisa Montesquieu, todo gobierno puede ser libre, si observa la división de Poderes, de modo que ninguno de ellos pueda predominar sobre los demás.
Cuando el constituyente permanente le otorgó medios y facultades el Poder Judicial para garantizar la supremacía del Estado de derecho y plasmó figuras como el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, no le confirió la facultad de invadir al Poder Legislativo y arrogarse facultades exorbitantes y extralimitadas.
Creo que pocas personas pueden negar que el Poder Judicial caminó durante mucho tiempo bajo la dependencia y subordinación del Ejecutivo. Tampoco es posible refutar que el alto Tribunal de Justicia y gran cantidad de sus integrantes se alejaron del sentimiento social y que en muchos casos los acompañaron ininterrumpidamente la arrogancia, el desdén y la prepotencia por el exceso de privilegios acumulados.
Debido al nepotismo, a la corrupción, al aislamiento social, el déficit de justicia se fue acrecentando en nuestra sociedad hasta que se hizo insostenible, de ahí proviene la necesidad de que este ejercicio de diálogo resulte afortunado.
Hubo también quien dudó de los planteamientos hechos por el presidente de la República, el 5 de febrero pasado. El licenciado López Obrador promovió, presentó un proceso de transformación profunda de las instituciones a través de 20 iniciativas, un paquete legislativo de trascendencia que presentó ante la Cámara de Diputados como Cámara de origen.
En fecha reciente el Poder Judicial ha tomado decisiones y actuando de manera tal que se plantea interrogantes sobre su interferencia e intromisión en las funciones principales del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, visibilizando la necesidad de un cambio de paradigma en los mecanismos de selección de los jueces y magistrados y ministros, así como de su organización y funcionamiento.
El Poder Judicial asumió un papel que rebasa sus facultades constitucionales y trastoca la labor del Legislativo y del propio Ejecutivo, anula decisiones de otros Poderes, alegando vicios en el procedimiento, desencadena una lucha de interpretaciones en la sociedad y una percepción de desequilibrio en la división de Poderes. No solo invade competencias, sino que también influye de manera directa en la creación, ejecución y suspensión de políticas públicas y leyes, así como en la elección de personas para cargos públicos, por eso tenemos el mandato de imponer límites antes de que sea demasiado tarde. Y este órgano de justicia no debemos permitir que se convierta en un auténtico supremo Poder conservador y que se sitúe por encima de los otros Poderes, aún que me viene a la mente esta figura que en el pasado ha existido en algunos lugares del mundo, precisamente la critocracia o dictadura judicial.
La critocracia es el gobierno de los jueces, también conocida como critarquía o dictadura judicial, se origina de los vocablos griegos, crica juzgar, crates poder, es una forma de gobierno en la cual los Poderes Legislativo y Ejecutivo quedan neutralizados, supeditados, sometidos a los criterios de interpretación y aplicación de la ley por parte del juzgador, cuya fuente de legitimidad es la meritocracia burocrática y no electiva y popular.
La critocracia es producto de una desviación o malformación de la División de Poderes, en la que el principio de equilibrio y moderación entre las ramas del gobierno es alterado por la concentración, invasión o intromisión del Poder Judicial en el funcionamiento de los otros dos.
Sí, existen malformaciones también en la concentración del poder en el Ejecutivo la autarquía, pero también existe la dictadura parlamentaria y también la dictadura judicial. Ninguna de ellas es deseable. Según se excedan sus facultades, el Legislativo tiene la obligación de actuar.
El gobierno de jueces más famoso de la historia es el gran Sanedrín, que juzgó y condenó a Jesús a morir en la cruz. Fue una decisión legal, pero no legítima, incluso a tal grado que Poncio Pilatos tuvo que lavarse las manos. Desde entonces sabemos que la critocracia es una mala solución a las contradicciones permanentes entre derecho, justicia, legalidad y legitimidad, la tribuna judicial y la plaza pública.
No es nuevo, ya en el 2023 Israel y otros países estaban inmersos en un debate sobre los alcances de la Judicatura en términos similares al que estamos viviendo en México.
¿Puede un juez revertir una reforma aprobada por la mayoría parlamentaria y hasta decirles en qué términos debe legislar? ¿Puede un juez sustituir la función del legislador? ¿Puede un juez frenar políticas públicas en beneficio colectivo? Esa y otras cosas se debaten a nivel internacional.
La mejor vacuna contra la critocracia es, precisamente, la elección popular de los jueces, magistrados y ministros. Al compartir la misma fuente de legitimidad del voto ciudadano, los tres Poderes estarían homologados.
Por eso me parece importante este ejercicio. Hoy el tema es División de Poderes y a eso me he resumido y a eso me he limitado. Por eso cuando ayer escuché, ministro Laynez, a la ministra presidenta, de exigir o plantear un diálogo al presidente de la República en funciones, al licenciado López Obrador y a la presidenta virtual Claudia Sheinbaum, ella omitió dirigirse y convocar a quienes nos toca decidir, al legislador.
El Poder Legislativo es el órgano reformador y es quien está facultado para deliberar y para, en su caso, aprobar la reforma judicial. El presidente de la República, al presentar la iniciativa concluyó y agotó su facultad. La presidenta virtual habrá de conducir al país. Y, el legislador ordinario y órgano reformador hará la puntualización en la norma jurídica concreta y habrá de decidir estos y otros temas que hoy estamos dialogando, pero el diálogo aquí está, el diálogo aquí lo estamos ejerciendo y son cuatro los foros que hemos sostenido.
Y, de veras, es la primera vez que en los cuatro foros tenemos una protesta de los trabajadores, quizá porque vino usted o también Celia, pero no tienen razón los trabajadores, porque no hay ninguna norma que afecte a los trabajadores. No hay, en todo, los 16 artículos de la Constitución y los 11 transitorios, como dice mi compañero Leonel Godoy, no afectamos a los trabajadores en lo más mínimo, es un tema de mucho más relevancia e importancia, pero finalmente les expresamos nuestro respeto a los trabajadores del Poder Judicial. No hay ningún problema de que se manifiesten, aunque hay que aclararles lo que está pasando. Gracias y buenas tardes.
La maestra de ceremonias Claudia Guerrero Crespo: Muchas gracias, senador Monreal. Le pedimos atentamente al gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, que nos dé su mensaje. Por favor, licenciado.
El gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar: Con el permiso y la venia de mi amigo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, gracias por esta invitación. Al presidente del Tribunal, Guillermo Ramos; a la presidenta de la Mesa Directiva, Sonia Catalina; a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso, la diputada Flor Esponda; al diputado Ismael Brito; al diputado Leonel Godoy, que viene en representación del coordinador de los diputados, el diputado Ignacio Mier, y ahora senador electo. Bienvenido Leonel. A quien fue mi homólogo allá en la, yo en el Senado, él en la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, bienvenido, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. A Adrianita Bustamante, diputada y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.
Saludo con mucho respeto a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura, veo destacados magistrados, jueces de distintas partes de nuestra República. A los legisladores y legisladoras que el día de hoy nos acompañan, federales, tanto electos, como en funciones, tienen un gran trabajo que debatir. Saludo con respeto y le doy la bienvenida a la senadora Xóchitl Gálvez.
Voy a hacer una reflexión con ustedes, y creo que vale la pena retomar esta discusión nacional, vamos a tener, bueno van a tener, yo ya me sitúo en otro poder. Van a tener mucho trabajo los legisladores, pero estoy cierto que de la mano y con la sabiduría de un gran parlamentario, déjenme decirlo así, de un gran referente en lo personal para mí como lo es el doctor Ricardo Monreal Ávila, hombre sabido del Poder Legislativo, que me consta ha dejado claro sus posiciones políticas, tanto con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, como la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y recuerdo perfecto que él puso sobre la mesa la posibilidad de atenuar la reforma, de abrir el diálogo, de abrirnos a las expresiones. Ésa es la política, la política que escucha, no la política que se hace solamente por que somos mayoría legislativa. No se trata de vencer, se trata de convencer.
Y, por ello, esta reforma tiene que ver con la discusión de la Constitución de 1917 y también del Constituyente del 57 y del 24, pero la Constitución del 17 es muy clara, se habla acerca de la propuesta de los ministros y que en ese entonces era un colegio electoral que lo decidía, es decir el Congreso.
Han pasado distintas reformas y esos cargos eran vitalicios. Y con el general Lázaro Cárdenas se redujo a seis años. Luego, hubieron más reformas, donde atraviesa hasta llegar a 1994. Pero, qué quiero decir con ello, para nosotros es el inicio del fin del presidencialismo mexicano, se lo decía hace un rato al doctor Ricardo Monreal. ¿Y por qué es el inicio del fin? Porque se le está acotando facultades al Ejecutivo. Y esto viene a ser un cambio de profundidad constitucional.
Es importante estar atentos, es importante escuchar a las partes, pero también es importante escuchar lo que el pueblo confirió en las urnas el pasado 2 de junio, lo dijo bien el diputado Godoy, no es algo ajeno a nosotros, se planteó en plaza pública, la gente tomó una definición, pero también es importante considerar aspectos de su aplicación.
En la Cámara de Diputados está garantizada la mayoría calificada, en la Cámara de Senadores se tiene que construir el consenso. Y yo estoy cierto que ahí le tocará hacer un gran trabajo al senador Adán Augusto, a los que van a ser senadores. Aquí hay, por cierto, varios y varias. Trabajar para llevar a cabo una reforma que le sirva al pueblo.
Pero yo traigo una petición. No me toca ser ponente, pero aprovecho el espacio. Planteen el tema de la procuración de justicia. Planteen el tema, que es ahí donde le duele al pueblo de México. Ahí está un tema fundamental que hay que discutir. Mientras tengamos Ministerios Públicos que no ejercitan la acción penal, mientras tengamos carpetas de investigación que no vienen bien sustentadas vamos a seguir teniendo los mismos problemas.
Refundemos las instituciones, pero lo hagamos abriendo nuestra conciencia, como lo he convocado en Chiapas, abrir nuestra conciencia. Eso nos hace ser mejores seres humanos, ser más empáticos con la gente de a pie, con la gente que quiere justicia. Pero también ser más empáticos para entender y para comprender que México no puede quedar estático, tiene que haber movimiento, tiene que haber reformas, pero tiene que haber siempre el convencimiento.
Estoy cierto que el trabajo de ustedes va a ser extraordinario. Conozco su liderazgo, su capacidad académica. Aquí veo académicos. Bienvenido, doctor Andrade, quien es ahí el presidente de la clase de Teoría general del Estado, y compartimos ahí en la UNAM. Puedo augurarles mucho éxito, mucho éxito a todos y cada uno de los ponentes. Y discutan la reforma, sí, en la calle, sí en la plaza pública, pero no olvidando que lo más importante, lo más importante son los tiempos, para entregarle buenas cuentas al pueblo de México, al pueblo de Chiapas.
En lo que respecta a mí, tendrán siempre a un aliado en esta casa del Poder Judicial. Soy respetuoso, querido presidente del Tribunal. Soy un hombre de leyes, al igual que usted. Y soy un hombre que reconozco el trabajo que aquí se ha hecho y el trabajo que hizo nuestro amigo el gobernador Rutilio Escandón como presidente del Tribunal de Justicia de Chiapas. Gracias por el espacio, yo aproveché solamente ahí mi cartita de Santa Claus. Muchas gracias. Abran su conciencia.
La maestra de ceremonias Claudia Guerrero Crespo: Muchas gracias, licenciado Ramírez Aguilar. Para dirigir un mensaje y hacer la inauguración de este diálogo, tiene la palabra el gobernador del estado de Chiapas, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Por favor, gobernador.
El gobernador constitucional Rutilio Escandón Cadenas: Me da muchísimo gusto recibirlos aquí en Chiapas. Agradezco la presencia de un connotado y talentoso legislador: Ricardo Monreal Ávila. Muchas gracias, Ricardo.
Igualmente, la presencia que fortalece a este importante diálogo, la presencia del gobernador electo del estado de Chiapas, y el gobernador electo más votado de la historia de nuestra entidad. Así que va a hacer un gran papel, le sobra legitimidad. Muchas gracias, gobernador electo.
También muchas gracias por la anfitrionía del presidente del Poder Judicial, magistrado Guillermo Ramos Pérez. Gracias, por todo este lugar.
Agradezco también a la presidenta del Congreso, Catalina Álvarez. Muchas gracias a Sonia Catalina Álvarez. Muchas gracias al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, a la diputada Flor de María Esponda Torres, presidenta de la Junta de Coordinación Política del honorable Congreso del estado. Y también a mi amigo, el diputado Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias.
Agradecemos también a la diputada Diana Bustamante, muchas gracias. Al diputado Ismael Brito Mazariegos, muchísimas gracias.
Muy distinguidos y distinguidas legisladoras del Poder Legislativo federal. Apreciadas diputadas y diputados del Congreso del Estado de Chiapas. Y también agradecemos la presencia que va a fortalecer sin duda alguna todos estos diálogos por la justicia del ministro, de la consejera, de Xóchitl Gálvez. Muchas gracias por estar aquí en esta importante reunión.
Respetables magistradas, magistrados y juzgadores de los Poderes Judiciales de la Federación y del estado de Chiapas, distinguida comunidad jurista, les doy a todos y a todas la más cordial bienvenida al estado de Chiapas, donde llevaremos a cabo uno de los foros nacionales sobre la reforma al Poder Judicial, con el diálogo División de Poderes: medios legales y constitucionales.
La impartición de justicia es una de las funciones del Estado que debe garantizar al gobernado la seguridad jurídica, proteger su patrimonio y salvaguardar los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna. Es así que el principio de división de Poderes en un Estado democrático debe prevalecer.
Sin embargo, la dinámica social de la nación mexicana nos obliga a actualizar el marco jurídico a través de una reforma constitucional para ofrecer un verdadero acceso a la justicia, sobre todo, a los grupos más vulnerables.
Chiapas es una entidad federativa que se ha caracterizado por ser un semillero de grandes juristas que han trascendido en diversas ramas del derecho a nivel nacional e internacional. Por ello, me congratula la deferencia de haber designado a mi estado como sede para llevar a cabo este importante diálogo nacional sobre la reforma constitucional del Poder Judicial.
Estoy seguro que el análisis y la participación de las y los juristas chiapanecos aportarán ideas para robustecer el proyecto de reformas presentado por el Ejecutivo federal, siempre con miras a generar justicia pronta e imparcial y fortalecer la función jurisdiccional, respetando los derechos de la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación.
Este derecho social y humano está garantizado en la presente iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que les enviamos el mensaje a los compañeros, a las compañeras trabajadoras del Poder Judicial: no tienen nada que temer, se está garantizando que a ellos se les respeten sus derechos laborales.
Los tres Poderes del Estado mexicano deben transitar por el camino de la legalidad y la transparencia, siempre al servicio de los gobernados porque todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de este.
En Chiapas este año 2024 celebramos el bicentenario de nuestra federación y durante estos 200 años siempre ha contribuido al progreso y al desarrollo nacional. Por lo tanto, hoy tenemos una oportunidad más para fortalecer a nuestra república federal, mejorando el sistema de impartición de justicia.
Por ello, es necesario darle el uso de la voz al pueblo de Chiapas y a la nación, que sean escuchados por las y los legisladores, que como bien lo dijo el senador Ricardo Monreal, son los que tienen la facultad de reformar la Constitución y todas las leyes de nuestro país. Muchas felicidades.
Estoy seguro que, de este foro, que de este gran foro celebrado en Chiapas como estado anfitrión saldremos enriquecidos jurídicamente, porque los tiempos actuales nos demandan inclusión y justicia social. Hoy en la función judicial y en los medios de control constitucional se debe priorizar la justicia con humanismo.
Distinguidas y distinguidos participantes de este foro, no olvidemos que la finalidad del Estado es alcanzar el bien común y que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión. Por ello, cuando invocamos lo más importante, lo que es todo, la justicia, pero cuando lo hacemos con la voz de la razón escucharemos el eco de la ley.
Bueno, todos los abogados tenemos conocimiento, porque cuando entramos a los tribunales siempre vemos una frase muy bonita que dice que cuando alguien se queje con razón, existan tribunales que los escuchen, los amparen, los protejan contra el fuerte y el arbitrario, y hoy tenemos la oportunidad a través del Poder Legislativo que ese sueño, esa esperanza desde los Sentimientos de la Nación del generalísimo José María Morelos y Pavón, hoy se hagan realidad con esta gran reforma.
Solo para concluir dejo esta reflexión. No podemos fallar, debemos de reformar al Poder Judicial con todo, porque el pueblo de México así lo decretó el 2 de junio. Muchas gracias y muchas felicidades.
La maestra de ceremonias Claudia Guerrero Crespo: Muchas gracias, señor gobernador. Agradecemos a las personalidades del presídium por habernos honrado con su presencia en esta inauguración. Despedimos al gobernador constitucional Rutilio Escandón y al gobernador electo Eduardo Ramírez.
Diputado Ismael Brito Mazariegos: ... que se ha multicitado al presídium que ya ustedes tienen a la vista, pero quiero permitirme saludar y recibir en Chiapas al diputado Gerardo Fernández Noroña, compañero diputado, un gusto que estés con nosotros.
A la diputada Yeidckol Polevnsky, perdón compañera, gracias, bienvenida. Y también quiero nombrar al diputado Reginaldo Sandoval Flores. Muchas gracias, diputado.
Los diputados y diputadas chiapanecas que estamos acá les damos la cordial bienvenida. Señores y señoras del presídium. Integrantes del Poder Judicial, la academia, barras de abogados, diputados y senadores presentes, señores y señoras que nos siguen a través de los diversos medios de comunicación.
El ejercicio republicano de dialogar es fundamental para la convivencia, armonía entre la sociedad y entre los pueblos. El diálogo, como método para crear leyes y disposiciones constitucionales, es un ejercicio que fortalece las relaciones de poderes y ciudadanos.
El diálogo y la consulta son en sí mismo un acto de justicia. El foro de hoy corresponde al análisis, división de poderes, medios legales y constitucionales.
El objetivo de este foro es dialogar y escuchar, proponer, debatir, analizar y tomar juntos el mejor camino para construir el futuro que el pueblo de México requiere. Un futuro de certezas jurídicas, un futuro de confianza del Poder Judicial, un futuro de justicia.
Es un gran honor para los chiapanecos que este foro se lleve a cabo en esta tierra. Aquí estamos acostumbrados a la diversidad de opiniones, nuestra cultura y nuestra historia así lo constatan.
La integración de nuestra sociedad es diversa y plural, tiene sus raíces profundas y fuertes en los pueblos originarios, para quienes la noción de justicia no es la misma que la tradicional occidental.
La noción de justicia en estos lugares proviene de los acuerdos que el pueblo decida. Tiene una noción histórica... que las decisiones justas no solo es el castigo, la exoneración, sino la armonía entre el pasado, el futuro y el beneficio colectivo.
Celebramos que este foro se lleve a cabo en nuestra tierra que está acostumbrada a dialogar. Quiero agradecer también, de manera muy importante, al presidente del Poder Judicial que fue encaminar al titular del Ejecutivo y al gobernador electo, pero se les agradece, por supuesto, el espacio que nos han permitido.
Quiero, primeramente, como el primer ponente para avanzar de manera rápida, voy a mencionar al maestro Arturo Espinosa Silis, abogado y consultor. Muchas gracias. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho por la Universidad Autónomo Nacional de México.
Cuenta con diversas especialidades en justicia electoral y en derecho electoral. Diplomado en Argumentación jurídica por la Flacso México y Análisis políticos por el CIDE. Ha cursado también programas de alta dirección de empresas en la IPADE. Actualmente es socio de la consultoría Estrategia Electoral y especializado en Derecho Electoral Constitucional y Parlamentario. Así como director de un importante laboratorio en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como secretario de Estudio y Cuenta.
Es profesor de Derecho Electoral y Constitucional en la Universidad Panamericana, así como de posgrado en diversas universidades del país. Ha impartido cursos y conferencias sobre temas electorales en medios de comunicación como analista y comentarista. Le doy pues el uso de la palabra al maestro Arturo Espinosa Silis, abogado y consultor, y con su presencia, un gran aplauso también. Muchas gracias.
El ponente Arturo Espinosa Silis: Muchas gracias y buenas tardes ya a todos y a todas. Agradezco mucho a la Cámara de Diputados y a las autoridades que nos acompañan la oportunidad de poder tener algunas reflexiones en torno a la propuesta de reforma al Poder Judicial que existe.
Me parece que no podemos negar la necesidad de una reforma, una que se centre en mejorar la impartición de justicia y que garantice de mejor manera los derechos porque el acceso y la impartición de justicia son un derecho. Como profesor de Derecho Constitucional, litigante y abogado, mis convicciones son la justicia, la defensa de los derechos humanos y la prevalencia del orden constitucional, bajo la premisa siempre de la división de poderes.
Los cuales son fundamentales para poder plantear una mejor impartición de justicia. Vivimos en un Estado constitucional de derecho, el cual está cansado de la impunidad y ávido de justicia. Por eso el debate debe plantearse a partir de la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos mejorar la impartición de justicia?
Nuestro Poder Judicial tiene áreas de oportunidad, no podemos negar la corrupción y los abusos en la justicia mexicana, como usuarios del sistema de impartición de justicia sabemos las deficiencias, son varias, pero también entendemos la importancia de tener una Judicatura sólida que genere contrapesos.
El buen juez, por su casa empieza. Por ello, creo que debemos de partir de los mecanismos de disciplina para la Judicatura, que ante faltas graves haya un procedimiento efectivo y eficiente para sancionarlo, pero ello no implica perseguirlos por sus criterios, pero sí por sus abusos, faltas, excesos y por su deshonestidad.
Desde luego, es necesario revisar los mecanismos de designación de jueces, magistrados y ministros. Para ello, debemos de adoptar las mejores prácticas internacionales, la designación de jueces debe de tender a elementos técnicos, capacidad, experiencia, conocimiento en la materia, por mencionar algunos, solamente lo señalo, en ningún país del mundo se elige a la totalidad de la Judicatura mediante el voto popular, debemos legislar desde la evidencia, no podemos experimentar con la justicia.
Una auténtica reforma al Poder Judicial debe ser integral, ya se dijo aquí, debe de incluir a las fiscalías, a los ministerios públicos, a los tribunales administrativos agrarios y a la Judicatura local, solo así garantizaremos una mejor impartición de justicia, por lo que necesariamente la discusión debe de ser integral, abarcando todos estos elementos. La transformación de la justicia es de abajo hacia arriba, más de la mitad de los casos que conoce el Poder Judicial vienen de lo local.
La defensa de la Constitución también es un elemento fundamental. No podemos negar la necesidad de contar con mecanismos de control de constitucionalidad que sean efectivos y eficientes, son garantía de la división de poder, defensa fundamental para los derechos humanos y una pieza central para una mejor impartición de justicia. Debemos replantear el sistema, damos las herramientas de control de constitucionalidad que se tienen en Italia o en España, introduzcamos la cuestión de constitucionalidad, mantengamos lo que funciona y reformemos y replanteamos lo que puede aportar y fortalecer al Poder Judicial.
El 2 de junio se mandó un mensaje contundente, la ciudadanía quiere que se hagan las cosas diferente en nuestro país, la legitimidad democrática ganada por quienes son y van a ser nuestros representantes no es un cheque en blanco, por el contrario, es un mandato que implica mayor responsabilidad. Ninguna legitimidad democrática justifica retroceder en cuanto a los derechos, la gente votó por más derechos.
En efecto, vivimos tiempos de transformación, es tiempo de reinventarnos. Esto se traduce en qué es tiempo de más derechos, de que exista un verdadero acceso a la justicia y para ello necesitamos contar con tribunales independientes y profesionales porque eso también es un derecho que exigimos todas y todos los ciudadanos.
Comparto los objetivos de la reforma, empezando por mejorar la justicia en México. ¿Quién no quiere eso? Pero para que ello pase se necesita transformar la relación entre poderes, que exista un verdadero equilibrio, no una prevalencia de uno sobre el otro. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son los Poderes de la Unión. Así lo establece la Constitución.
El equilibrio implica comunicación, que los jueces y las fiscalías hablen el mismo lenguaje, que busquen atender las necesidades de las personas y defender sus derechos, que el Legislativo dialogue con el Judicial, ¿por qué no?, que se pueda emitir una opinión previa sobre la constitucionalidad de las leyes como ocurre en muchos países.
Que tengamos un tribunal constitucional es el siguiente paso. Necesitamos garantizar una mejor impartición de justicia, de manera que, cuando esta contraste con el poder económico político, la justicia esté del lado del más débil, del ejercicio pleno de derechos.
Para que exista una verdadera impartición de justicia se requiere una reforma integral con cambios constitucionales, pero también hay que discutir y analizar los alcances legales, entender cómo se va a garantizar una mejor impartición de justicia. De otra forma no habrá un auténtico avance, no se garantizan verdaderamente los derechos de la ciudadanía.
El país nos exige que tengamos alturas de mira, que llevemos a cabo una reforma sin filias y fobias, dejando a un lado las pasiones e ideologías políticas. Busquemos una reforma para fortalecer al Poder Judicial, no para debilitarlo; una en la que ganemos todos y todas, no unos cuantos. El país al que tantas veces le ha fallado no merece ni puede permitir que le fallen una vez más. Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Bien. Para continuar con las participaciones vamos a nombrar al segundo ponente: Andrés García Repper Favila, abogado especializado en Derecho Electoral y procedimientos políticos constitucionales. Quiero, antes de ello, recordarles a los ponentes que van a contar con cinco minutos en su participación, en una primera participación.
Brevemente quiero mencionar el currículo del maestro Andrés Norberto García Repper: es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Su proyecto terminal de investigador sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obtuvo el diploma a la investigación. Es diplomado en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En el ambiente jurídico institucional se ha desempeñado como abogado en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en un juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación y en el área de contencioso electoral del otrora y IEDF donde fue subdirector jurídico contencioso electoral. Como abogado independiente ha sido asesor en el Senado de la República, consultor, asesor, litigante para diversos partidos políticos, candidatos y gobiernos.
En el 2023, la Cámara de Diputados lo designo miembro del comité técnico de evaluación previsto en el artículo 41 constitucional, para la designación de cuatro consejeros electorales, entre ellos, a la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Le doy, pues, el uso de la voz al maestro Andrés Norberto García Repper Favila. Adelante maestro, recordándole el tiempo por el bien de todos.
El ponente Andrés Norberto García Repper Favila: Entonces, me voy ahorrando los saludos personalizados. Estimados colegas, estimados asistentes, quiero leer lo que está en el telón que dice: Diálogos Nacionales sobre la División de Poderes y los Medios Legales y Constitucionales.
No cabe duda, que estamos haciendo historia. Ustedes y nosotros. Porque estamos dialogando temas que a todos nos importan y aquí hay juristas, hay politólogos, hay políticos y hay público en general que viene a escuchar razones.
Y, eso de la historia me recuerda que hacemos también honor a un gigante de la historia mexicana como fue Belisario Domínguez, Chiapaneco y que hoy, a diferencia de él hablamos sin miedo porque estamos en un país democrático, pleno de libertades.
Así que, nada de dictaduras, nada de tiranías como algunos miembros de la derecha se empeñan en estar anunciando y asustando.
El día de ayer, Andrés Manuel López Obrador hizo una declaración en la mañanera que nos levantó la ceja a más de uno y tiene relación con la división de Poderes –déjenme llegar al punto–, decía que no necesariamente la experiencia, ésta de cinco años era indispensable, porque lo que se necesita es una persona con sentido común, con decencia, con un sentido de la justicia...
Yo decía: Sí, pero tiene que saber cómo se cose un expediente, cómo se integra una sentencia y cómo se argumenta. Tendría que tomar un curso con el gran maestro Jaime Cárdenas, que aquí está a mi izquierda; pero, viendo las resoluciones de la corte, de algunos ministros de la corte, de algunos jueces, sí me pongo a pensar si de verdad la experiencia, el conocimiento y los doctorados y maestrías y diplomados conforman mejores juzgadores. Entonces, creo que empieza a cobrar sentido esto que decía Andrés Manuel.
División de Poderes: el tema de hoy. Pues miren: El origen es división del poder. Los mexicanos, en 1822, intentaron llevar a cabo lo que no se pudo en 1814, que decía la Constitución de Apatzingán: El poder se divide en tres, el poder; no: A este país se lo van a repartir tres feudos.
En 1824, copiando, literalmente copiando, la Constitución Norteamericana, se dice que este es un poder, pero se dice: El supremo poder se va a dividir en tres. También copiaron aquello de la vicepresidencia y la clase político-militar de esas primeras décadas, nos podría contar muy malas experiencias de que hubiera un presidente y un vicepresidente que hubiera sido el segundo lugar en votos.
Sin embargo, en el transcurso de estos años, esos tres Poderes se convirtieron en feudos, y no deberían llamarse: Poderes, deberían llamarse: ramas. En inglés, justamente, se dice branches of power, la rama judicial, no el Poder Judicial; la rama ejecutiva, no el Poder Ejecutivo.
Eso ha hecho, aunado a la opacidad que sabemos que existe en el Poder Judicial, que se emitan resoluciones, perdón, como la de la suspensión otorgada por el ministro aquí presente, cuando decidió suspender, ilegal e inconstitucionalmente, la reforma en materia electoral, incluso sobre aquellos artículos que no fueron impugnados, diciendo: Bueno, es que fue un solo decreto. Sí, pero al tener plena y máxima jurisdicción, como lo han hecho en incontables veces, se podría haber dicho: No, en su caso, voy a suspender solo aquello que esté impugnado.
Vamos a los jueces. ¿Qué tal el juez de la Peza?, que decidió invadir la competencia de un órgano constitucional diciéndole: Te doy 24 horas para nombrar magistrados; ¿y qué tal el juez...?, ojo eh, ¿qué tal el juez Gómez Fierro? Les voy a decir algo: Son amiguis. Los dos eran los titulares de los juzgados en materia de competencia, telecomunicaciones y energía.
Si yo soy un especializado en Derecho Familiar, me van a venir a ver miles de personas; pero si soy especializado en Competencia, Telecomunicaciones y Energía, ¿quiénes son mis clientes? Los machuchones, las grandes empresas. Por supuesto que, pasado un tiempo les iban a dar la razón, pero, ojo, ¿de quién fue pupilo en la Corte el juez De la Peza? De la ministra Piña, ¿ajá? ¿Quiénes promovieron, la organización de ciudadanos que promovió ese amparo? Cuál organización de ciudadanos, gente del Poder Judicial, hijos y sobrinos, sobrino de Gómez-Mont, nieto del ministro Vicente Aguinaco.
Entonces, ¿ya se me acabó el tiempo? Traigo más, para que se diviertan. Muchas gracias por el momento.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchísimas gracias. Vamos a cederle la palabra a la doctora Rosario Chacón Sánchez, ella es presidenta del Colegio de Notarios, del estado de Chiapas. Es egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta con la licenciatura en derecho, maestría en derecho, tiene un diplomado en ciencias políticas y sociales. Por favor, doctora Rosario Chacón, puede hacer uso de la palabra.
La ponente Rosario Chacón Sánchez: Muy buenos días, creo que ya son buenas tardes. Distinguidos ponentes, ahora sí que les damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos visitan y de otras entidades federativas, sean bienvenidos a nuestro querido estado de Chiapas.
Hoy es un evento histórico, ya que nos encontramos en un momento crucial para el futuro de nuestro sistema de justicia, sin duda lo que estamos viviendo en el Poder Judicial en México no ha sido fácil, está lleno de grandes retos. Hablar de justicia es un tema que debe ocuparnos a todas y a todos, ya que es una exigencia de la sociedad.
La reforma judicial ha abierto un camino de transformación que busca fortalecer la transparencia, la eficiencia y el acceso a nuestra justicia. En este proceso de cambio que nos está tocando vivir, el notariado chiapaneco juega un papel fundamental como garante de la legalidad y la seguridad jurídica.
La reforma judicial no es solo un conjunto de modificaciones legales, es una respuesta a las demandas de una sociedad que exige un sistema judicial más justo, más equitativo y más accesible.
Entre los puntos más destacados de esta reforma es la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, el cual se basa en el diálogo y la negociación para desactivar los conflictos, lo cual resulta más efectivo que la aplicación de la ley, evitando así mayores costes sociales, ya que no solamente ayudan a despresurizar la carga de trabajo de los tribunales de justicia de las entidades federativas, sino que también promueve una cultura de paz, tan requerida en nuestra sociedad.
El pasado abril, permítanme comentarles, 28 notarias y notarios del estado de Chiapas nos certificamos ante este Poder Judicial del estado, como especialistas en mecanismos alternativos de solución de controversias. El notariado chiapaneco con su larga tradición y profundo conocimiento del marco legal, es un pilar esencial en este proceso de transformación. Las notarias y notarios somos testigos imparciales y profesionales del derecho que certificamos actos y hechos jurídicos proporcionando seguridad y certeza jurídica a la sociedad, por lo que en el contexto de la reforma judicial nuestro rol se vuelve aún más relevante.
Encontramos también la implementación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las cuales nos van a permitir agilizar los procesos judiciales, la capacitación constante del personal judicial y la creación de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas serán más rigurosos. Además, la reforma pone un fuerte énfasis en la ética y la transparencia.
Las notarias y notarios, como figuras de confianza pública debemos ser ejemplo de integridad y profesionalismo, con los más altos estándares de responsabilidad y honestidad.
Es fundamental reconocer que el fortalecimiento del notariado en México también implica una actualización constante de nuestros conocimientos y habilidades. La capacitación continua en los cambios legislativos es indispensable para que podamos desempeñar nuestra labor con la eficacia que demanda la sociedad actual.
La reforma judicial, al tiempo que moderniza nuestro sistema judicial, reconoce y refuerza la importancia del notariado como un actor clave en la construcción de una justicia más accesible y transparente.
Las notarias y notarios somos y seguiremos siendo guardianes de la legalidad, facilitadores de la seguridad jurídica y aliados indispensables en la protección de los derechos de todos los ciudadanos.
En conclusión, la reforma judicial y el fortalecimiento del notariado mexicano representan un paso firme hacia un México, hacia un Chiapas mejor en el que la justicia y la legalidad sean siempre pilares indiscutibles de nuestra sociedad.
Todos tenemos un papel en este proceso de transformación y juntos construiremos un sistema judicial más justo, más eficiente y confiable. Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchas gracias, voy a permitirme saludar, por el esfuerzo que hacen, por supuesto, los compañeros diputados federales. Saludar al diputado, a la diputada Selene Ávila, muchas gracias por venir a nuestro estado. Al diputado Salvador Caro Cabrera. Al diputado Miguel Humberto Rodarte, muchas gracias. Al diputado Joaquín Zebadúa Alva. Al diputado Francisco Amadeo Espinosa.
Saludarle y darle la bienvenida, también, a la senadora Xóchitl Gálvez, muchas gracias. A la diputada Adriana Bustamante, nuestra vicecoordinadora. A la diputada Valeria Santiago Barrientos; a la diputada Mary Carmen Bernal, gracias. Al diputado Carlos Augusto Pérez. Y seguiré nombrándolos en otra intervención.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Bien, vamos a continuar dándole la bienvenida al juez de distrito adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, en el estado de Chiapas, a Mario Felipe Mata Ríos, brevemente leeré su currícula. Licenciado en derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México. Su especialidad en derecho del trabajo y justicia laboral en la Escuela Federal de Formación Judicial, tiene esa especialidad.
Ha ocupado diferentes cargos dentro del Poder Judicial de la Federación. Secretario ejecutivo en materia administrativa. Oficial administrativo. Actuario judicial. Oficial administrativo y actuario judicial también de otro distrito. En Baja California ha estado como secretario también en el Juzgado Primero de Distrito. Ha estado también desempeñándose en las materias de amparo y de juicios civiles federales en el estado de México. Juez del distrito del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede acá en Tuxtla Gutiérrez. Bienvenido, por favor, señor juez Mario Felipe Mata Ríos.
El juez Mario Felipe Mata Ríos: Bien. Bueno, por cuestión de tiempo empiezo. En cuanto a la elección de ministros y ministras, la forma actual de selección ha brindado grandísimos ejemplos de éxito, como es el caso del ministro Laynez, pero el último ejercicio de designación dejó claro que lo debemos de cambiar y que casi cualquier sistema de selección que elijamos será mejor que el de designación directa.
Sin embargo, el cambiar a los actuales ministros y la integración de la Corte es un atentado mayúsculo a la división de Poderes y a la independencia judicial que genera responsabilidad internacional ante el sistema interamericano. El 60 % del pueblo les brindó la confianza de reformar las leyes, el 40 restante les impide modificar la Constitución, pero en ningún caso tienen carta abierta para transferir sus principios fundamentales.
La Judicatura tiene como finalidad primordial, la impartición de justicia a través de la resolución de conflictos. En palabras sencillas, el Poder Judicial es el árbitro que resuelve los problemas, interpretando lo que dicen las leyes y haciendo que se respete la Constitución. El sistema de contrapesos debe de respetarse, controlarse y colaborar entre sí, existiendo el de la delimitación del poder entre cada uno.
El Poder Legislativo y el Ejecutivo controlan al Poder Judicial con el presupuesto y con la elección de sus miembros. Sí, sépanlo, el Consejo de la Judicatura Federal está integrado también por integrantes del Ejecutivo y del Legislativo.
En México actualmente, como lo fue en el pasado, es difícil identificar el sistema de pesos y contrapesos del Ejecutivo con la mayoría del Legislativo, pues ambos practican una colaboración constitucionalmente peligrosa al no tener ningún tipo de discrepancia en su forma de pensar, hasta en las familias más amorosas hay diferentes opiniones, pues ante esta peligrosa relación se vuelve más importante el contrapeso del Poder Judicial, que, como ya se dijo, es el árbitro del país y como cualquier árbitro debe de ejercer su labor de manera libre, sin dejarse influenciar por las presiones externas de la afición, los equipos, las autoridades o las porras.
Ahora, yo les pregunto a ustedes: ¿Creen que el juez pueda o tenga la obligación de ser popular? ¿Ustedes han visto que un árbitro lo sea? Pues lo mismo pasa en el país. ¿Ustedes creen que es popular que el Poder Judicial revise los problemas de toda la población? Asimismo, ¿creen que al Ejecutivo y al Legislativo les gustan que les revisemos sus actos, que se los invalidemos por ser inconstitucionales?
Pero el hecho de que no seamos populares no significa que no hagamos bien las cosas y mucho menos que seamos corruptos. En los órganos jurisdiccionales nos podríamos equivocar, pero jamás corromper. Y, si saben de casos de titulares que lo hagan, nosotros mismos exigimos que sean castigados. La toga no se mancha y el consejo actualmente tampoco.
Ahora, me han preguntado: Y ustedes cómo son elegidos, actualmente quién los designa. Pues a todo el pueblo mexicano le quiero decir que nadie nos propone en nuestro puesto, nosotros hemos llegado a ser juzgadores gracias a nuestros méritos, conocimientos y desempeño en la carrera judicial, gracias a que fuimos vencedores de un concurso de oposición, el cual tiene tres exámenes y solo las mejores calificaciones son las que alcanzan el nombramiento.
No le tenemos que pagar algún favor al presidente de la República, a los gobernadores, a los legisladores, a los ministros, a los consejeros ni a ningún grupo de hecho, como podrían ser los empresarios, sindicatos o grupos delictivos.
Sin embargo, los otros dos poderes estiman que el sistema jurídico debe reformarse, pues aquí habría que plantearnos qué tipo de reforma queremos. ¿Una verdadera que potencie al sistema judicial? Pues entonces debemos de mejorar todo el régimen jurídico, el cual incluye a las fiscalías, los tribunales locales, tribunales administrativos, centros de conciliación y a los abogados postulantes, pero para ello debemos de invertir y mucho.
O, la otra, pretendemos una reforma como la que hoy está trazada, la cual desde mi punto de vista no resuelve ninguno de los problemas planteados. El principal error de la reforma que hoy se analiza es que está cimentada bajo premisas falsas y, por eso, no estamos de acuerdo. Se dice que no estamos cerca de la población, se les olvida que nosotros venimos del pueblo. Muchísimos titulares fuimos formados en la educación pública.
Además, de acuerdo al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el Poder Judicial de la Federación ha dictado más de 103 mil sentencias de protección a los derechos a la salud, educación, vivienda, agua y el interés superior del menor. No todas las sentencias terminan siendo tesis o jurisprudencias, pero recuerden quién ordenó que se vacunara la población en pandemia, quién obligó a que se entregaran los insumos médicos a los doctores, quién te otorga las medicinas para tu enfermedad u obliga al gobierno a darte educación. Pues por si no lo saben, es el Poder Judicial de la Federación.
Dicen que nos tardamos en resolver los asuntos, cuando lo cierto es que el Poder Judicial de la Federación es muy rápido y eficaz. Tan es así que el año pasado emitimos más de 1 millón 400 mil sentencias, número similar a los ingresos recibidos. No se confundan, el rezago está en los tribunales locales y en los tribunales administrativos, en gran parte por la falta de recursos humanos y materiales a ello.
Ejemplo de nuestra expeditez es la materia laboral, la cual desde que pasó a la competencia del Poder Judicial se tramitan en menos de seis meses lo que antes duraba más de cuatro años. Díganme ustedes qué sistema prefieren, el de las juntas, que era algo parecido a lo que hoy quieren implementar, pues los integrantes eran designados por el Ejecutivo, o el actual, regido bajo el sistema de la carrera judicial.
Dicen que no les van a violar ningún derecho a los trabajadores de afuera. Pues sépanlo, el principal derecho laboral que ellos tienen es la carrera judicial. Nos dicen que generamos impunidad, cuando lo cierto es que las fiscalías judicializan únicamente el 3 % de los asuntos, y lo hacen con gran deficiencia.
Y si bien es cierto que de acuerdo con cifras del Inegi hoy sólo contamos con el 40 % de confianza, dicho porcentaje es superior al que cuentan los diputados, senadores y partidos políticos, órganos que se encuentran en los últimos dos lugares de confianza de la población y que hoy pretenden emitir las candidaturas para ser sujetas a voto popular. Ustedes son el ente de gobierno con menos percepción de confianza en el país, y no he escuchado que deba de cambiar su sistema de elección, pero sí pretenden politizar al Poder Judicial de la Federación llevando a las urnas. Los juzgados sólo servimos a la Constitución, y hoy se quiere que se sirva a los políticos y se dé la espalda al pueblo.
¿Queremos una reforma? Pues hagámosla. Pero potenciemos el sistema de justicia de manera...
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Por favor, tiempo, señor...
El ponente Mario Felipe Mata Ríos: ... íntegra y proporcional. Aprovechemos las virtudes del sistema actual. Repliquemos la carrera judicial en todo el sistema de justicia y corrijamos sus defectos. Pero no pretendamos quitar el dolor de riñones...
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Por favor, tiempo, ponente.
El ponente Mario Felipe Mata Ríos: ... con medicina...
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchas gracias.
El ponente Mario Felipe Mata Ríos: Mis propuestas para potenciar el sistema judicial, y con esto termino, serían: profesionalizar todo el sistema de justicia con base en un verdadero sistema de carrera...
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor juez. Vamos a continuar con los oradores. Pero antes quisiera pedirle... y saludar a la diputada Celestina Castillo... No... se ha pasado cinco minutos. Vamos en un formato. Muchísimas gracias. Saludo con afecto a la diputada Celestina Castillo. Al amigo diputado y senador electo Óscar Cantón Zetina. Muchas gracias. Al diputado, brillante diputado Hamlet García. Muchas gracias, bienvenido. A Ivonne Cisneros, muchísimas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muy bien, vamos a continuar. Hoy vamos a solicitarle a la magistrada Julia María del Carmen García González. En su currículo ella está actuando en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Ella cursó la licenciatura en derecho en la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma del estado de México.
Ha tenido diversos cargos dentro del Poder Judicial: secretaria en el Segundo Tribunal Colegiado, secretaria también en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, secretaria en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Ocupa ahorita, como dije hace unos momentos, el cargo de magistrada de circuito a partir de noviembre de 2009. Yo sí quiero comentarles a todos los ponentes, vamos a ser parejos, como debe ser. Yo nada más les pido de favor poder apegarse a los tiempos que sean prescritos.
Habrá también otros foros para poder participar sin duda alguna y otras instancias. Hacerlo llegar por escrito, tenemos diversos medios para poder hacer llegar sus inquietudes. Por el momento, le pido de favor a la magistrada Julia María del Carmen García que haga uso de la voz.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Para conocimiento de los ponentes y del público en general, los ponentes tienen una primera participación de cinco minutos, pero después de que los legisladores pregunten o repliquen podrán volver a participar. Entonces, hay laxitud y pluralidad para que se puedan expresar. Por favor.
La magistrada Julia María del Carmen García González: Señoras y señores, buenas tardes, y buenas tardes a quienes nos acompañan en el presídium. Buenos y productivos días les deseo a todas y todos. De inicio, me presento. Soy Julia María del Carmen García González, mexicana, mujer, madre y orgullosamente magistrada del Poder Judicial de la Federación.
De mis 51 años de vida, los últimos 30 los he dedicado con mis mayores afanes y mis mejores capacidades al servicio de la administración de justicia en este país. Quisiera que mis palabras hoy estén impregnadas de humildad, pero también de firmeza y convicción para abordar el tema que hoy nos convoca, la importancia ineludible de una división del poder público en un Estado democrático y constitucional de derecho.
Recuerdo al filósofo presocrático Heráclito de Éfeso, quien hace más de 2 mil años pregonaba que el pueblo debe velar por las leyes como por sus muros, porque la ley es el muro espiritual de una ciudad. Cuando la comunidad estaba en riesgo por los ataques exteriores o por algún evento de la naturaleza, había que reforzar las murallas que en lo colectivo nos protegían.
Entendido así, el imperio de las leyes y desde luego su respeto, mucho abonarán en la salvación de sociedades que actualmente asisten a momentos de crisis nunca antes vistos a nivel global. Es a través de las leyes como expresión de la voluntad popular que, por encima del mandato arbitrario, nos garantizamos derechos, libertades y seguridad. Aún más, es a través de su interpretación y aplicación que cada día les dotamos de contenido.
Lo anterior es un claro recordatorio de que el derecho ha sido la mejor herramienta que hemos concebido a lo largo de la historia de la humanidad para dar causa a las problemáticas cotidianas, a la conflictividad propia de la convivencia humana. La historia ha sido generosa al mostrarnos que para que ello ocurra se requieren condiciones propicias mínimas para tal fin.
Después de etapas de oscuridad y excesos en la concentración del poder público, surge en el siglo XVIII este concepto gracias al barón de Montesquieu, quien con agudeza advertía y cito “que quien tiene el poder tiene tendencia a abusar de él, lo que es una verdad eterna. Que es necesario por la propia naturaleza de las cosas que el poder sea un control del poder mismo. En el estado de naturaleza –añadía– todos los hombres nacemos iguales –y yo añadiría, las mujeres– pero no pueden continuar con esta igualdad porque la sociedad les hace perderla y solo la recuperarán mediante la protección de la ley”, y finalizo la cita.
A partir de ello se empieza a construir una teoría acerca de la distribución social del poder público que es uno, pero que se ha de dividir para su ejercicio para evitar abusos y excesos y como una alternativa del absolutismo, como lo mandata el artículo 49 constitucional.
Surge así este sistema de pesos y contrapesos, conforme al cual todos los espacios del poder público tienen límites que son vigilados entre sí, donde el poder se autocontiene, se equilibra y se autodisciplina.
Estamos aquí disertando acerca de la necesidad de reformar el sistema de administración de justicia en este país, encargado de aplicarle leyes a los casos concretos y dar una solución desde el derecho a cada asunto que se ventila en los tribunales.
Sin duda, esta reforma es uno de los grandes pendientes para las personas, en especial para quienes en lo individual o como parte de algún grupo han vivido situaciones sistemáticas de exclusión, de opresión, de discriminación y de olvido por parte de la sociedad y el Estado.
Con conciencia autocrítica, en el Poder Judicial de la Federación sabemos que ello es indispensable, que hay una enorme deuda histórica para que la justicia sea pronta, accesible, efectiva, diligente, empática y cercana. Sin embargo, para que ello ocurra debe entenderse en primer lugar que, lejos de minar sus cimientos, se debe fortalecer sus presupuestos. De lo contrario solo es retórica cuando cada día crecen más los asuntos que llegan en los tribunales y no hay los recursos materiales suficientes.
En segundo lugar, la respuesta debe ser multidisciplinaria, es decir, deben involucrarse fiscalías, defensorías públicas, colegios de personas abogadas, comisiones de atención a víctimas.
En tercer lugar, no vemos un nexo causa lógico entre la urgencia de transformar el sistema de administración de justicia con la posibilidad de que las personas juzgadoras asean elegidas mediante el voto popular, cómo esa elección daría como resultado una administración de justicia que verdaderamente atienda los problemas.
Esta afirmación de ningún modo significa que se ignore la importancia del respaldo democrático, no se me malentienda, la realidad acá es entender que esa legitimidad que tenemos todas las personas que encarnamos el poder público desde distintas responsabilidades proviene de la Constitución, ese pacto federal que guía nuestro destino en común y que así lo dispuso desde su creación.
Entonces, su consolidación exige que los ámbitos de atribuciones sean verdaderamente respetados. México requiere personas juzgadoras con altísimos niveles de profesionalización, y con esto concluyo, experiencia a la altura de su responsabilidad republicana, lo que difícilmente se logrará desmantelando la carrera judicial.
Se ha insistido en este foro que no habrá afectación para las personas trabajadoras, con esta propuesta se está ignorando por completo la carrera judicial que mucho de ese personal que se está manifestando lleva un buen tiempo andado.
Se pone, por ejemplo, la posibilidad de poner a estudiantes recién egresados, que apenas cumplen con los requisitos mínimos para ejercer la carrera. Aquí, también no ignoro el entusiasmo y la frescura propias de la juventud, no obstante, acá todo lo que se decide en los tribunales tiene que ver con la libertad personal, con la familia, con el patrimonio de las personas, con la defensa de sus libertades y sus derechos. De suerte que lo deseable sería que esa juventud primero se capacitara y adquiriera experiencia y eso solo lo da el tiempo, después puede aportar desde su visión.
En el Poder Judicial de la Federación el 60 % de las personas juzgadoras tenemos menos de 50 años, se dice, entonces, por eso estoy aquí para recordar que hemos de trabajar con ahínco para preservar estos equilibrios. Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchas gracias. Saludo con afecto a la maestra Sonia Rincon Chanona, quien es diputada federal también y reelecta diputada federal, los últimos son los primeros, maestra.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Vamos a continuar con la doctora Celia Maya García, y me voy a permitir, quien es consejera de la Judicatura Federal, resumir un tanto este amplio currículum. Doctora en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en derecho procesal penal, maestra en impuestos por la Facultad de Contabilidad y Administración, maestra en derecho con especialización en derecho fiscal, también licenciada en derecho, así como en contaduría pública, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene diversas especialidades en derecho notarial y en administración de justicia en tribunales de circuito.
Experiencia laboral, la gente del Ministerio Público en la entonces Procuraduría General de Justicia del estado. Ha ocupado diversos cargos, múltiples cargos en el Poder Judicial del estado de Querétaro y fue nombrada en 2023 por el Senado de la República, consejera de la Judicatura Federal. Por favor, consejera, es de usted la palabra.
La consejera Celia Maya García: Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la oportunidad de participar en este foro. Hoy, en el marco de diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial, convocados por la Cámara de Diputados abordamos en esta mesa el tema de división de Poderes.
Estamos en un momento definitorio de la nación. Nos ocupamos de analizar la iniciativa de reformas constitucionales presentada por el presidente de la República el 5 de febrero de este año, específicamente en relación al Poder Judicial de la Federación.
La cuestión es esclarecer si la propuesta de arreglo a la estructura de la Corte y otros órganos de la judicatura nacional afecta o no el principio de la división de Poderes.
La Suprema Corte tiene una larga existencia en la institucionalidad mexicana. Su más reciente transformación se dio en 1994, cuando se le dotó del carácter de Tribunal Constitucional, adicional a sus tareas del máximo tribunal para las controversias del orden federal.
Fue en esa ocasión cuando se modificó su estructura para trasladar las funciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial a un órgano ad hoc, que fue el Consejo de la Judicatura Federal.
Hoy se propone una nueva reestructuración de la Corte y cuyas motivaciones son del dominio público, con las cuales, por cierto, comparto plenamente.
La Suprema Corte ha incurrido en graves malformaciones, gigantismo, exceso de gasto, privilegios inaceptables, pero el mayor defecto es su corporativismo que la ha enclaustrado, aislado de la sociedad y así su incapacidad orgánica de servir al pueblo impartiendo justicia bajo los parámetros que mandata la Carta Magna.
Simplemente, la justicia no funciona, está paralizada en ritualidades engorrosas y dilatorias y en sus prácticas de control, influyentismo y parcelas de poder.
La Corte no ha honrado la misión que el pueblo le ha confiado y del Consejo de la Judicatura, pues hay que decirlo, las estipulaciones normativas y los esquemas administrativos que fueron expedidos para regularlo lo han ahogado, lo han colapsado. Lo que han producido es un incremento de poder a un solo órgano, la presidencia de la Corte. No hay manera de resolver por vía legal ninguno de los enredos y obstáculos para que el Consejo trabaje como debiera ser. Lo único que resta es cambiar su marco jurídico y para ello es preciso tocar la Constitución porque allí están ubicadas las cláusulas orgánicas relativas.
La transformación que se busca no desborda ni reduce el espacio del Poder Judicial, solo toca su método de nombramiento, su permanencia y una reconfiguración de su competencia. Cuestiones que han sido abordadas por modificaciones de la Constitución, sobre todo en el siglo XX. La actual propuesta presidencial contempla una intervención dual en los procesos de designación del funcionariado judicial de una nueva ingeniería orgánica. Pero tal incidencia no es determinativa o concluyente, porque la decisión final es del pueblo.
Es un ajuste profundo del Poder Judicial, comenzando por la Corte y el Consejo de la Judicatura. Con ello, no se lesiona en modo alguno ni la separación ni la independencia del Poder Judicial. Es pertinente en el rediseño de la Corte la creación de un órgano de administración judicial separado de la corte misma y de la presidencia de la misma, con plena autonomía.
También es plausible y viable la figura de un tribunal de disciplina judicial. Ya en la historia constitucional se contó con la figura del Tribunal Especial Ciudadano para juzgar a los magistrados de los tribunales de los estados y a los ministros de la Suprema Corte. Es un antecedente.
El principio de división de poderes ideado por el Constituyente es funcional en la república y permite el tránsito democrático, el cual no se ve trastocado por la propuesta de reforma constitucional del Poder Judicial de la federación. Es simplemente un ejercicio más del supremo derecho del pueblo de darse las instituciones que requiere y de alterarlas cuando así lo determina. Hay pues un fundamento democrático y republicano para que nuestro país avance por una nueva senda de progreso con justicia. La reforma es necesaria, no hay duda, construyámosla, hagamos lo que hoy nos corresponde. Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchas gracias, consejera. Saludo con afecto a mi compañero diputado Alejandro Robles, también presente acá en el foro.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Y vamos a continuar, si me lo permiten, con el ponente, Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Doctor en Derecho. Gracias, doctor, dice aquí.
Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en Derecho por la UNAM, tiene especialidades en Derechos Humanos por la Universidad Complutense y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid.
Es investigador del SNI Conacyt, nivel tres, ha recibido diversos premios y reconocimientos, como el premio anual Ignacio Manuel Altamirano, en 1994. El Premio Nacional de Periodismo, en 2004.
Fue invitado como experto del grupo internacional que revisó los insumos técnicos que apoyaran la instalación de la Asamblea Constituyente en Bolivia, en el año 2006. Consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en donde presidió por siete años la Comisión de Administración del Consejo. Ha escrito, es autor de diversos libros importantes. Le damos la palabra al doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia, muchas gracias.
El ponente Jaime Fernando Cárdenas Gracias: Muchas gracias por esta invitación, a los diputados, a los legisladores federales, al diputado Leonel Godoy y al diputado Juan Ramiro Robledo.
Desde luego mi agradecimiento a todas las autoridades que aquí están presentes. A mis amigos diputados del Partido del Trabajo, al diputado Gerardo Fernández Noroña, al diputado Reginaldo Sandoval, al diputado Amadeo Espinoza y a todos los diputados federales., diputadas, legisladores locales.
Desde luego, también a los miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a los magistrados federales y jueces de distrito que aquí nos acompañan y desde luego, a los compañeros ponentes de este presídium.
Debo comenzar diciendo, como la materia es la división de poderes y el tiempo va muy rápido, que, en la historia constitucional, jurídica, por lo menos de dos siglos para acá, siempre ha habido un poder que ha destacado o que ha estado por encima de los demás.
Bastaría, por ejemplo, revisar la Constitución de 1824 que prohibía interpretar la Constitución a los jueces y solamente autorizaba a los legisladores a interpretar la Constitución. Durante el siglo XIX, la interpretación estaba en manos del legislador, no de los jueces.
En el siglo XX, como todos sabemos, con el desarrollo en algunos países, entre ellos México, del llamado Estado del bienestar, pues, el Poder Ejecutivo tuvo una gran prevalencia respecto a los otros poderes.
Pero en estas épocas que vivimos, después de la Segunda Guerra Mundial, en México, desde luego, después de la reforma constitucional del 94 de la que aquí se ha hablado y de la reforma del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, el Poder Judicial incrementó inmensamente su poder, no solamente en privilegios, salarios, sino también en poder jurídico: es el poder que, en última instancia, interpreta la Constitución y los tratados, es un poder contra mayoritario que puede oponerse al legislador. Entonces, se requieren muchos cambios.
Yo tenía aquí muchas cosas que decir, pero voy a señalar algunas: voy a decir que parte del problema de este nuevo Estado, que en las universidades nosotros estudiamos, enseñamos, yo me culpo por ello, enseñamos el modelo del Estado constitucional, enseñamos que ese modelo jurídico está integrado por reglas, por principios y por valores. Y las constituciones, como todos sabemos, los tratados, pues, están integradas fundamentalmente por principios y valores. Pero son normas jurídicas indeterminadas.
¿Y quién tiene ese poder para señalar el significado de los principios y de los valores constitucionales y convencionales?... Debería ser el legislador, pero es fundamentalmente el llamado juez constitucional el que tiene ese poder. Es decir, no es un poder que solamente interpreta la ley o argumenta la ley y la aplica: es un poder que crea derecho mediante la interpretación de los principios y valores constitucionales y convencionales.
¿Qué se requeriría entonces? Kelsen nos dio hace muchos años una solución. Kelsen, por ejemplo, era partidario de constituciones de detalle que contuviese reglas, solamente y no principios y valores, para que al juez estuviese limitadas sus posibilidades de interpretación.
Y, lo otro que podemos hacer es, desde luego, confiriendo al Poder Legislativo, fundamentalmente, el poder de creación del derecho como siempre lo ha tenido, por lo menos desde el siglo XIX, y limitar el poder de creación del derecho por parte de los tribunales constitucionales.
Y, ¿Qué hay que hacer? Bueno, entre otras cosas, muchas –ya me quedan 22 segundos, voy a tratar de decir dos o tres–, pues, primero que las decisiones de los tribunales supremos de la Corte, por ejemplo, puedan ser sometidas en algunos casos cuando el pueblo lo demande a referéndum, o pensar al menos en el instrumento que contiene la carta de derechos de Canadá, la sección 33, que establece cómo el Congreso con una mayoría, en este caso el Parlamento Canadiense, puede suspender o revocar decisiones de la carta de la suprema corte, de la Corte suprema. Son las coas que debemos hacer.
Desde luego, hay que tener mucho cuidado con los tratados, México no puede estar firmando tratados sin ton ni son, los tratados de derechos humanos, que con esto termino, que tienen la jerarquía de la Constitución, al menos debieran ser aprobados con el mismo procedimiento de reforma de la Constitución y, en su caso, ser aprobados por el referéndum de los ciudadanos.
Y, termino con una anécdota que incumbe a este estado para que vean como están las cosas y el manejo geopolítico que hay sobre el derecho de nuestro país.
Recientemente, una gran jurista chiapaneca de Comitán, Leticia Bonifaz, fue postulada por el Estado Mexicano, por la cancillería para ser integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La asamblea de la OEA, que es la encargada de realizar estos nombramientos rechazó sin argumentación suficiente el nombramiento de Leticia Bonifaz, como juez de la Corte Interamericana.
En este momento, México, no tiene juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez que concluya el mandato del doctor Ferrer Mac–Gregor, nos habremos quedado sin juez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nosotros no hemos hecho lo suficiente.
Creo que, habría que modificar esos procedimientos de nombramiento, tanto en la OEA como en el Estado mexicano; pero, en fin, me reservo para los comentarios, las réplicas, que hagan los señores y las señoras legisladores. Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muy bien. Muchas gracias. Les recuerdo a los ponentes que habrá la oportunidad, de nueva cuenta, de hacer uso de la palabra después de las posiciones o participaciones, mejor dicho, de los diferentes partidos políticos.
Saludo con afecto a la diputada Mayra Alicia Mendoza Álvarez; gracias, diputada; así como también a la magistrada Lisbeth Jiménez Aguirre, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz; por acá está, o estaba; y al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y presidente de los diferentes tribunales de justicia del país.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Nuestro siguiente ponente es el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Javier Laynez Potisek. Él fue ratificado por el senado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, con maestría y doctorado en Derecho Público por la Universidad de París.
Fue consejero jurídico adjunto del Ejecutivo federal por más de 10 años, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales en la Procuraduría General de la República, procurador fiscal de la federación, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros varios cargos.
Ha sido profesor de El Colegio de México y del CIDE, entre otros. Ha recibido condecoraciones tanto del gobierno de Austria como del Reino de España. Adelante, ministro. Tiene la palabra.
El ministro Javier Laynez Potisek: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Siempre un placer estar en Chiapas, cualquiera que sea el contexto. Muchas gracias por la invitación. Uno de los hechos, desde mi punto de vista, que marcó la historia de finales del siglo XX fue precisamente el abandono de nuestro país de un régimen de partido casi único o hegemónico, en el cual, un principio constitucional como el de la división y separación de poderes, pues sí estaba formalmente en la Constitución, pero que, en la realidad, en los hechos fácticos, era un constitucionalismo ficción en este punto, ¿sí?, así todo lo estudiábamos, todo lo veíamos en la carrera derecho constitucional, pasábamos el examen, nos iba muy bien, pero con solo pasar la puerta sabíamos que eso no era real, no era una realidad.
Así, al final de este régimen, el Poder Judicial de la Federación requería de una muy, muy profunda reforma para prepararlo, precisamente, para que actuara como un órgano de contrapeso del poder, como lo mandataba la Constitución.
Fíjense, curiosamente el Legislativo no requirió ni una reforma, bastó con que en 1997 el Ejecutivo perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y después en el 2000 en ambas Cámaras, para que el Legislativo surgiera de esa Constitución del 17 con todas sus facultades y se convirtiera en un contrapeso para los otros Poderes.
Vuelvo al Poder Judicial. Se prepara entonces a ese Poder para enfrentar ese camino, largo camino hacia la democratización del país. Dos figuras, ustedes lo saben, la acción de inconstitucionalidad y la decisión contramayoritaria, creando un tribunal constitucional que le permite a la Suprema Corte de Justicia, en este caso, declarar la inconstitucionalidad en normas aun cuando no hayan sido aplicadas y con efectos generales.
Esta reforma obedeció a que la ciudadanía desde entonces reclamaba que el juicio de amparo era limitado, era elitista y además era con efectos relativos. Esto fue un primer paradigma, para acercarnos a los efectos generales.
La controversia constitucional se desarrolló, ya no se iban a ejercer las facultades metaconstitucionales del presidente de la República y entonces permitir que un municipio pueda defender sus competencias frente al Estado.
El juicio de amparo también evolucionó de manera sumamente importante siempre, y eso quiero decirlo, todos estos fueron actos del Constituyente, no fue interpretación de la Suprema Corte, el juicio de amparo, su evolución.
Dos puntos fundamentales, la reforma de derechos humanos 2011, que nos dijo: derechos humanos son todos los que están en los tratados, que son ley en este país y no solo los que estén enumerados en la Constitución y, entre otros, interés legítimo. Este interés legítimo que ha permitido a los grupos más vulnerables y a las personas que menos tendrían acceso, porque no tienen un interés jurídico, a proteger el medioambiente, a proteger los derechos culturales y los derechos sociales. Tendremos oportunidad de regresar a este punto, porque yo entiendo que impacta en políticas públicas, eso no lo puedo negar.
Yo considero, señoras y señores legisladores, que tenemos que hablar de todo, eso es una realidad. Se nos dice, este Poder Judicial ha excedido su labor como contrapeso. Hay que revisar el control y a lo mejor regresar el control concentrado. Revisémoslo, ¿por qué no? Sí, habría que modificar la Constitución, ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo, para decir ya los jueces, un juez local, no puede dejar de aplicar una norma, aunque sea violatoria de derechos humanos. Que lo haga mejor en el amparo. Perfecto.
Interés legítimo. Sí, es cierto que no está bien definido, lo tuvo que ir creando la Corte por jurisprudencia. Pero, por favor, seamos cuidadosos, cuidado con violar el principio de regresividad. Este interés legítimo es el que ha permitido a las comunidades ejidales e indígenas, caso real, el oponerse a un proyecto y a una autorización de una planta eólica en Yucatán, porque con interés jurídico jamás hubiera podido. Y esto es lo que le permitió, porque no había manifestación de impacto ambiental.
Entonces, el amparo es control, no solo del poder político, sino de los poderes fácticos. Y tendremos oportunidad de regresar también.
Proceso legislativo. Ya lo he oído en varias ocasiones. Por la Corte se ha excedido en su facultad de revisar el proceso legislativo. Solamente déjenme decirles muy brevemente, la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data de 2008, fue la primera y fue expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los Parlamentos, en 2008. En 94, la jurisprudencia 942001 evoluciona para ser respetuosos y decir no cualquier vicio –Conste que son leyes que se dan los propios Congresos, eh–.
No cualquier vicio en el procedimiento legislativo es invalidante, solo tres, votaciones, publicidad y, por favor, que escuchen, que el proceso no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación. Únicamente como dato curioso, ¿sí?, desde 1996 la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos. ¿Saben cuántas declaratorias de leyes federales lleva? Cuatro. Respetuosamente no veo el abuso de la Corte, por proceso legislativo.
Consulta, lo vamos a ver, consulta indígena. En consulta indígena, que no es proceso legislativo propiamente dicho. Obligación constitucional, constitucional. Legislador, cuando legisles y emitas una ley en materia indígena consulta a los pueblos y comunidades indígenas.
Ochenta y un asuntos en la Suprema Corte, perdón 116 asuntos, en 91, nunca se consulta a las comunidades indígenas. Ese asunto llega a la Corte impugnado por la CNDH o las comisiones. Y yo pregunto, ¿si ustedes estuvieran en mi lugar qué harían? Ojalá podamos seguir revisando estos temas. Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchas gracias ministro.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Nuestro último ponente en esta ronda es el doctor Eduardo Andrade Sánchez, él es originario de Coatzacoalcos, Veracruz. Licenciado en Derecho y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuya Facultad de Derecho es profesor titular por oposición de Ciencia Política, Teoría General del Estado y Derecho Constitucional.
También imparte cátedra en el Colegio de Veracruz. Es magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz donde presidió la Sala Constitucional.
Fue diputado federal muy joven, senador de la República por el estado de Veracruz y presidió las Comisiones de Derechos Humanos y Gobernación. Fungió como consejero del Poder Legislativo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral y fue presidente del Senado. En el año 2000 fue electo nuevamente diputado federal.
Entre sus cargos más importantes están como abogado general de la UNAM; Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; director General de Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Procuraduría General de la República, de la que también fue director General de Administración. Director Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Subprocurador de Justicia del Distrito Federal y Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz. Fue presidente del Congreso de Veracruz y presidió las conferencias permanentes del Congreso locales. Ha recibido dos medallas al mérito legislativo y dos premios nacionales de periodismo. Doctor Eduardo Andrade Sánchez, tiene usted el uso de la palabra.
El ponente Eduardo Andrade Sánchez: Mis respetos a todos los presentes, y creo que una de las principales virtudes de un encuentro como este, es que aprovechemos para revisar la confrontación que tenemos respecto de algunos conceptos.
Yo creo que, en principio, por ejemplo, el ministro Laynez, ha descrito en parte correctamente como se hizo la modificación de la Corte en el año 94. Efectivamente existía un partido hegemónico, ultradominante, con un gran peso del Ejecutivo y en ese momento lo que se quería es equilibrar las condiciones entre los Poderes o entre las ramas, que correctamente se dijo, del Supremo Poder de la Federación, no contrapesar nada.
Yo no sé por qué se ha dado esta idea, el mal uso, por cierto, de una traducción de checks and balances, es en las normas, en los escritos previos a la independencia de Estados Unidos, para llamar contrapeso, como una idea contraposición, cuando el original es hablar de controles y equilibrios, y no es lo mismo controlar que contrapesar. Se puede andar en bicicleta y mantener el equilibrio y eso no implica contrapesarla. Yo puedo controlar el volumen de mi radio verificando si sube o baja y eso no implica contrapesar. Desde ahí viene una primera deformación de esa reforma. Nunca pensamos, y aquí puedo hablar en primera persona. A mí me tocó, le tocó a Juan Ramiro Robledo, al senador Monreal, fuimos compañeros en ese año en el Senado de la República, dictaminamos esa reforma. Nunca se nos hubiera ocurrido pensar que sería un contrapeso o una contraposición, un poder contrario al otro. Se trataba de colaboraran los poderes y que hubiera un equilibrio entre los tres, pero no que hubiera una confrontación.
De manera que ese es un primer punto que hay que tener claro, porque si no concebimos, como también dijo el señor ministro, y todos mis respetos, por cierto, dijo también que había una función contra mayoritaria por parte de la Suprema Corte. Ese es el aterrizaje de la otra idea indebida, no es un contrario ni tiene por qué ser contra mayoritario, porque entonces hay una presunción de que va a actuar a favor de una minoría. Nunca fue esa nuestra intención.
Nosotros teníamos claro que una minoría congresional podría impugnar por inconstitucionalidad una resolución del Poder Legislativo, no que por ser minoritaria podía ir en contra de la resolución mayoritaria. De modo que ese es otro aspecto que debe ser corregido en la academia y en la aplicación de la justicia para evitar este exceso, que efectivamente ha ocurrido un exceso por parte del Poder Judicial.
Alguien dijo que Montesquieu concibió la división de poderes para que un poder no avasallara a los otros. Y ahora estamos en presencia desafortunadamente de ese abalizamiento de que se trate de imponer políticas públicas que son competencia del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo desde el Poder Judicial.
Y ahí debo decir otra cosa, y también ahí a lo mejor hay alguna culpa de parte nuestra, esta figura del interés legítimo tampoco tuvo la pretensión de convertirse en la base de acción política de grupos que quieran ir contra las decisiones mayoritarias que quieran obtener por la puerta de atrás de la judicatura lo que no tuvieron por la puerta de enfrente de los votos.
El interés legítimo se ha deformado, se ha convertido en un interés difuso que sirve para todo. Sirvió para que el juez De la Peza llegara a esa barbaridad de ordenarle al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que nombrara a dos magistrados. Es una aberración. Ni tenía esas facultades el juez ni podía el tribunal aceptar una imposición de este tipo.
De manera que ahí vemos, ahí está claramente la deformación del interés legítimo, que por que una persona de un grupo dedicado a dar continuidad a los derechos humanos dijo que se violaban sus derechos humanos, no sé cuáles, por el hecho de que no se hubieran nombrado a dos magistrados, es un trastocamiento, es hacer del interés legítimo una figura chiclosa, que sirve para todos, no para el interés de los más desposeídos. A veces el interés de los desposeídos es beneficiado por la acción de una organización no gubernamental, que tienen, si no finalidades de lucro, por lo menos actividades que sí les resultan redituables. Pero muchas de ellas trabajan en favor de esos intereses. Pero otras muchas, quizás la mayoría, trabajan en favor de los intereses de los más poderosos. Hasta ahí me quedo. Podría decir más, pero en la siguiente. Gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Vamos a entrar a la ronda que tiene que ver con preguntas y respuestas. Tal fue el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, será en orden ascendente. Por lo que voy a pedirle de favor al diputado Fernando Noroña Hernández... Fernández Noroña... sí, nos haga el gran favor de hacer uso de la palabra. Adelante, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Más difícil todavía en tres minutos. Así es que yo hago mía la intervención de Andrade, la intervención de Laynez, me gustó mucho, el ministro. Por supuesto mi hermanito Jaime Cárdenas y Celia Maya.
Quien dice que estos foros no tienen sentido, hoy queda demostrado que está la discusión planteada. Es división de poderes, y división no es confrontación, efectivamente, como aquí se plantea, ni mucho menos contrapesos. Y la verdad es que ayer la presidente de la Corte, la ministra Norma Piña, convocó al compañero presidente López Obrador y a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo al diálogo. Y yo soy muy mal entonado, porque si no, le cantaría la de: llegaste tarde, en el ocaso de mi vida triste. Porque ese diálogo era antes, porque el Poder Judicial se pudo reformar a sí mismo y se negó.
Y hoy estamos en esta condición de discutir la profundidad de la reforma, que yo sostengo que es una revolución. E insisto que el soberano es el pueblo. Y se le sigue regateando en algunas intervenciones el derecho a tener no sólo la decisión de elegir al poder unipersonal, en un régimen presidencialista, al titular del Poder Ejecutivo federal, que elija al Poder Legislativo, y ahora elegirá al Poder Judicial, a las personas juzgadoras.
A mí me parece que seguir discutiendo este tema de si tiene o no, si es correcto, si va a funcionar o no es ocioso, porque eso va a ser así. Quien quiera seguir pensando que el pueblo no va a elegir se equivoca. A partir del primer trimestre de 2025 el pueblo va a elegir al Poder Judicial.
Entonces, lo que tenemos que discutir es cómo, qué requisitos. Esto que se está planteando es importantísimo. Yo no soy abogado, pero en el desayuno planteaba Ramiro el tema, nuestro presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, –yo comparto con él, sin ser abogado– que el control constitucional debe quedar en la Corte, que un juez puede determinar sobre violaciones a derechos humanos. Y si hay un asunto de constitucionalidad, remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y asunto resuelto.
Pero me parece que la manera en que ha venido –yo lo dije, lo reitero– tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas la Suprema Corte en este último periodo, que se convirtió en el reducto del conservadurismo, pues es inaceptable.
Entonces, la reforma es una obligación política, moral, ética, que tiene el Poder Legislativo. Si la ministra presidente quiere diálogo, este es el espacio. Está en manos del Poder Legislativo, es aquí donde se está discutiendo, es aquí donde se deben entregar las conclusiones, es aquí donde se debe enriquecer y discutir la reforma al Poder Judicial.
Y yo terminaría, más que preguntando, agradeciendo las intervenciones que aquí se han dado y cierro. Un juez que yo no compartí nada de lo que dijo. Nada es nada, pero me parece incorrecto que le hayan cortado el sonido, debió terminar. Debió terminar porque, si no, pareciera que estamos negados a escuchar la decisión.
Ciertamente la esencia está tomada, pero todo lo que enriquezca esta reforma es bienvenido. Así es que yo haría un llamado en ese sentido que... Digo, de repente con el tiempo es complicado, el tiempo es limitado y se están haciendo intervenciones muy valiosas desde los muy diversos puntos de vista que hay en nuestro país.
Muy agradecido por su participación, mi reconocimiento y reitero que me siento muy contento, muy honrado de estar participando en estos diálogos. Muchas gracias por su atención.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchísimas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: El Partido Acción Nacional ha propuesto a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, a quien le pido que pueda hacer uso de la palabra. Adelante, senadora.
La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad para participar en estos diálogos por la reforma del Poder Judicial. Vengo con el ánimo de escuchar y de ser escuchada, con el ánimo de entender razones y brindar razones. Creo en el diálogo como instrumento para hacer leyes y para llegar a la verdad. Donde hay diálogo, hay libertad y democracia. Donde solo hay monólogo, hay engaño y autoritarismo.
Hoy estamos frente a uno de los mayores retos de nuestra vida pública. Quiero expresarles mi profunda preocupación porque no estamos solamente discutiendo una reforma al Poder Judicial. Lo que se discute es la subsistencia de nuestro régimen democrático y la forma en que habremos de limitar el poder político.
Comparto con mis colegas legisladores de la coalición gobernante la idea de que es necesario mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Comparto también con ustedes el deseo de que ese Poder sirva a la sociedad de manera efectiva. Lamentablemente, las reformas propuestas no van en esa ruta. Se trata de propuestas que modifican la esencia de nuestro diseño constitucional. Con ello, lo que está en riesgo son los diques que protegen los derechos de los ciudadanos ante el poder.
En décadas pasadas hemos sido testigos de lo que sucede cuando el poder público se ejerce sin restricciones. Hemos sido testigos de cómo se puede coartar la libertad y los derechos de los opositores cuando no hay quien los proteja. Esto nos obligó a contener el poder, a ponerle límites claros, a establecer reglas sobre lo que no es tolerable ni admisible para una sociedad. Eliminar esos límites es debilitar los cimientos de la casa en la que todos vivimos.
También hemos aprendido que no basta con tener reglas. Es indispensable establecer mecanismos para que los Poderes se revisen y se controlen unos a otros. Para que se cumpla ese papel de contrapeso, debe asegurarse la autonomía e independencia de cada uno de esos Poderes.
La plena independencia del Poder Judicial es indispensable para acompañar a los ciudadanos en la búsqueda de justicia. El Poder Judicial no es perfecto, nunca lo ha sido y no lo será, porque es humano. Lo mismo sucede con los otros dos Poderes. Pero sus defectos no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad, no justifican la arbitrariedad, no justifican el abuso.
Que quede claro, no estoy diciendo que el Poder Judicial no se toca. El Poder Judicial sí se toca, pero nuestro deber es ponernos de acuerdo en una reforma para perfeccionarlo, no para destruirlo. Debemos construir un Poder Judicial que resuelva con justicia y prontitud los conflictos de una vida en sociedad, un Poder Judicial que no se limita al ámbito federal, sino que también y de manera muy importante, opera en el ámbito estatal. Mal haríamos en negar que muchos de los órganos locales de justicia requieren una reforma a fondo para lograr la transparencia y la independencia.
No hay reforma al Poder Judicial de México completa si no se reforman los Poderes Judiciales locales, tampoco puede haber reforma al Poder Judicial si a los jueces federales y locales no se les garantiza independencia y autonomía para cumplir su deber.
No estoy de acuerdo en desmantelar la carrera judicial federal, es indispensable contar con conocimiento, experiencia y honestidad. La popularidad no es sustituto de la capacidad y el mérito y yo lo digo claro y fuerte, que se escuche hasta Palacio Nacional, la experiencia no es igual a corrupción. Por todo esto, no estoy de acuerdo que se elijan por el voto popular a los ministros de la Suprema Corte ni a los jueces y magistrados de la federación.
Concluyo. Para tener la tan anhelada justicia para los mexicanos se requiere una reforma integral.
1. Es necesario atender la prevención del delito con educación y justicia cívica. Si no ordenamos las calles no podremos ordenar el país.
2. Reformar las instituciones de procuración de la justicia estatal y federal, las capacidades de investigación están rebasadas. La mayor deuda de la justicia con la sociedad está en los estados.
Estoy a favor de una reforma al Poder Judicial, pero sin odio y sin venganza. Estoy a favor de una reforma que tenga como prioridad justicia para las víctimas del delito, y finalmente, es urgente una reforma al sistema penitenciario. En la imposición de penas no puede haber privilegios, pero tampoco violación a los derechos humanos.
La actual propuesta de reforma al Poder Judicial no resuelve los problemas de la gente, pero sí puede generar más injusticia, con ello más encono y división entre los mexicanos. De nuestra capacidad para dialogar y escuchar depende que esta reforma no genera agujeros ni impunidad para una delincuencia que cada día genera más dolor.
Ojalá la virtual presidenta electa haga honor a su espíritu científico y escuche a los especialistas quienes llevan toda su vida estudiando los temas.
Concluyo, deme 30 segundos. En caso contrario, los grupos de la delincuencia organizada podrían tener jueces del narco ... la reforma no ponga en riesgo la certeza jurídica y no ahuyente inversiones y empleos.
Que quede claro, estoy aquí abierta al diálogo porque quiero una reforma judicial inteligente y sensata, una reforma judicial que sirva al pueblo, una reforma judicial que sirva a México y se los digo de corazón, quiero el éxito de la futura presidenta de México, porque si ella gobierna bien y gobierna para todos le va a ir bien a nuestro país y la pregunta que les hago, ¿coinciden que la experiencia de un juzgador lo convierte en corrupto? Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Por parte del Grupo Parlamentario de Morena, hace uso de la voz la diputada Adriana Bustamante.
La diputada Adriana Bustamante Castellanos: Muchas gracias, diputado. Le pido por favor que tenga conmigo la misma consideración de tiempo que tuvo con la oradora que me antecedió. Muchas gracias, con el permiso de la audiencia, les quiero comentar que el día de ayer fuimos invitados al cierre del Encuentro nacional por una agenda de seguridad y justicia convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En ese muy importante ejercicio la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, señaló como dato muy importante que el resultado de esos encuentros, más del 60 % de las y los participantes están más interesados precisamente en discutir sobre el derecho de las víctimas de las personas defensoras que aquellos temas que tienen que ver con la estructura del Poder Judicial.
Yo creo que todas y todos los mexicanos estamos en ese sentir, a la gente lo que le interesa es vivir la justicia, que cuando sus derechos sean violentados encuentren un Poder Judicial cercano, amable, justo, austero, y es por eso que coincidimos con esa mayoría, sobre la relevancia de proponer, discutir y construir una reforma mucho más amplia que no solo impacte la estructura de los Poderes judiciales, sino que realmente impacte en el acceso a la justicia de las personas.
En ningún momento, ningún artículo de los que se están proponiendo que se reformen atentan contra la democracia, todo lo contrario, la fortalece, la fortalece y la hace transparente, la hace amable, la hace honesta, la hace justa que eso es lo que queremos.
Sin embargo, también se debe reconocer que la reforma que ahora mismo discutimos propone reorganizar la integración de los órganos del Poder Judicial, particularmente del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los Poderes Judiciales locales y resulta indispensable y fundamental que en este primer gran paso que vamos a dar lo demos de manera firme, de manera contundente y que pongamos en la base de esta gran propuesta garantizar el derecho a las víctimas para que tengan un acceso a la justicia pronta, expedita, austera y entregada al pueblo.
Quien haya ya revisado la reforma que se propone podrá encontrar que ningún artículo de los que se modifican está modificando la carrera judicial, no se están modificando los requisitos para que se propongan jueces, juezas y los magistrados, no se están modificando. Y, entonces, esto es de lo que debemos hablar aquí.
Incluso, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial reconoció durante el primer foro que el Consejo de la Judicatura Federal retrasa la resolución de las denuncias presentadas por las y los trabajadores del Poder Judicial en contra de sus superiores jerárquicos.
Él lo reconoció ahí, delante de todo México y, sobre todo, aquellas quejas relacionadas sobre el acoso y la explotación laboral. En este contexto se vuelve imperante la conformación de un Tribunal de Disciplina Judicial que permita, a través de sus atribuciones específicas resolver de forma pronta y expedita todas aquellas denuncias que se realicen en contra del mal actuar de las y los servidores públicos del Poder Judicial, para que poco a poco estas estructuras y malas prácticas arraigadas se vayan cambiando hasta su erradicación.
Para lograrlo es muy importante hoy y siempre la participación ciudadana. Y yo, más que descalificaciones, quisiéramos escuchar en estos foros propuestas, propuestas ciudadanas que a mí me gustaría abonar en esta materia. Preguntándoles a todas, y todos, la opinión respecto a la creación de un mecanismo de observancia ciudadana dentro del Tribunal de Disciplina. Eso sí fortalecería los cimientos, daría certeza y daría respaldo.
Uno de los grandes problemas que busca combatir esta reforma es la falta de transparencia y la rendición de cuentas de las y los integrantes de los poderes judiciales. En buena medida porque no están sujetos al escrutinio ciudadano, porque están electos de manera discrecional y no son avalados por la ciudadanía. Ahorita creo que lo que más ha dolido al Poder Judicial es que el ojo de todo México está sobre este Poder que nunca había sido cuestionado.
La creación de un observatorio ciudadano permitiría contar con un espacio de participación ajeno a la estructura del Poder Judicial, a través del cual se pueda construir un diálogo informado con la población, la consolidación de una impartición de justicia más eficiente y transparente que permita el acceso a diversas voces y disidencias que conforman las diversidades poblacionales existentes en México.
Dándoles participación a los pueblos originarios, a las comunidades de la diversidad sexual, a las personas en alguna condición de vulnerabilidad y en suma a la ciudadanía que se sentiría también representada en este nuevo órgano de vigilancia. Ahí se los dejamos de tarea.
Pero no puedo desaprovechar esta tribuna sin antes recordar que en estados como Chiapas y Oaxaca, que albergan una gran diversidad cultural debido a la presencia de sus diferentes grupos indígenas, una gran diversidad lingüística y cultural, pues también resultaría necesario que se incluyeran criterios en esta reforma o en su réplica en las leyes secundarias sobre los procesos para la elección de jueces y magistrados locales, respetando en todo el tiempo el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, el ejercicio de sus sistemas normativos y en consecuencia el nombramiento y la elección de sus propias autoridades judiciales en el ámbito comunitario.
¿Cuál sería la opinión de esta asamblea sobre este tema en particular? Para incluir criterios de interculturalidad en la reforma. Como dice nuestro gobernador electo: -Abramos nuestra conciencia, reconozcamos nuestras raíces-. ¿Han considerado esta opción para fortalecer la iniciativa e integrar procesos de elección?
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Por favor, diputada, vamos a concluir.
La diputada Adriana Bustamante Castellanos: Claro que sí, diputado, con mucho gusto. ¿Se han considerado estos criterios acorde a las realidades locales, la interculturalidad, la pluriculturalidad de nuestra realidad en estados como Chiapas y Oaxaca? Pues sigamos transformando las leyes, sigamos transformando el Poder Judicial. Muchísimas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Después de esta ronda, si me permiten, le vamos a dar el uso a los ponentes quienes quieran hacer uso de la palabra. En tal sentido, el ministro Javier Laynez Potisek, de la Suprema Corte, me ha pedido el micrófono para tal fin.
El ministro Javier Laynez Potisek: Muchas gracias. Trataré de ser muy breve. A ver, ya se dijo aquí, y eso es bien importante, claro que el Poder Judicial federal tiene problemas y tiene problemas graves. Mi pregunta es si esos problemas te llevan a hacer una reforma, que puede ser muy pertinente en muchos aspectos, pero en la elección, yo, permitan a decirles que tengo mis dudas.
Primero, me gustaría hablar de diagnóstico, porque si es que no se reformaron, ni siquiera ustedes... el diagnóstico. Es cierto que el diagnóstico viene de datos concretos, es un poder corrupto a ese punto, somos 55 mil, mil 647 juezas, jueces, magistradas y magistrados y, 30 mil gentes, abogados, abogadas de todas las edades que pertenecen al Sistema de Carrera, este es el Poder Judicial, eso todo está podrido, todo eso es conflicto de interés, todo. O sea, primero yo sí quisiera ver eso, percepción ciudadana tienen toda la razón, pero muchos sectores salimos reprobados ahí.
Ahora, y ahorita la comentaba con don Gerardo ¿no? que está ahí. El 93 por ciento de los delitos son locales. El primer contacto de la ciudadanía siempre va a ser con la justicia local ¿sí? No se trata ahora de echarle la culpa a la justicia local, pero ahí perdón, no este gobierno, ni el que acaban ni todos los demás, nadie ha puesto atención a la justicia local, que es la que más lo necesitaba porque es la de proximidad, feminicidio, homicidio, robo en casa habitación, el contrato incumplido, todo eso es local y siempre reformamos arriba, pero no vemos, precisamente qué es la raíz, qué es lo que la ciudadanía sufre.
Y de veras, yo le aplaudí muchísimo, no lo tengo ni el gusto de conocerlo, no vote por él porque no vivo aquí, pero el gobernador electo, la procuración de justicia, cero, en años, cero atención. Pregúntele a la ciudadanía y verán qué les dirán, mi mala experiencia en justicia es cuando entré a ver a la policía o cuando entré con el ministerio público.
Entonces, primero diagnosticamos y luego decidimos qué hacer. Lógicamente tengo mis dudas, muy grandes dudas con la elección ¿sí? Y no por otra cuestión, sino, y no porque los mexicanos y las mexicanas, sabes qué somos tontos, no vamos a poder decidir, no, no es eso ¿sí?
Solamente les voy a dar un ejercicio que presente la semana pasada, en la Ciudad de México, son 352 órganos ¿sí? Juezas y magistradas, 352. En la propuesta, se dice, que van a ser 6 candidatos por cada uno de estos órganos. La ciudadanía tendría que analizar en la siguiente elección 2 mil 88 perfiles.
Perdón. A mí me puedes presentar a los mejores candidatos, voy a dar otro ejemplo, los mejores candidatos, médicos, especialistas, lo mejor, pero si me preguntas cuál es el mejor para ser director de infectología en el Instituto Nacional de Nutrición, pues la verdad no sé.
Es que hay algunas funciones estatales que no se llevan a la elección como no se lleva el magisterio, ¿sí?, y ahí perdón que difiera: me preocupa porque creo que están haciendo... no, por favor, no me lo tomen a mal... el mejor intento para, digamos, no afectar o afectar lo menos la carrera judicial. Yo hasta ahorita no veo cómo porque la carrera judicial no es juez y magistrado, eh: 35 mil, de los cuales 17 mil son mujeres, son todas las categorías, toda esa gente entró por concurso, todas esas 17 mil mujeres van a ser juez o son juezas en potencia, ¿sí?
Si tú tienes que ir a una elección por seis años, está bien, a la mejor tienes el aliciente de prepararte, pero, pues, muy seguramente tu aliciente mayor sea ganarte a los grupos de apoyo que, insisto y lo diré siempre, es muy legítimo en la representación popular, es natural, es su sustancia. Un legislador compra una causa y compromete su voto en ella. El juez no, no puede hacer eso.
Entonces, perdónenme que se los transmita yo si sigo teniendo dudas. Por lo demás, excelente idea: el observador ciudadano en los Poderes Judiciales, eso se me hace una excelente idea. Gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchas gracias, ministro.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: El maestro Arturo Espinosa Silis también ha pedido el uso de la palabra, por favor, si le facilitan el micrófono.
El ponente Arturo Espinosa Silis: Muchas gracias. Voy a hacer muy breve, nada más, en dos planteamientos:
Se ha justificado la elección popular de jueces, ministros y magistraturas a partir de la legitimización que deben tener. Yo aquí me hago varias preguntas: ¿Es la única manera de legitimarnos? O sea, ¿vamos a ser el único país en el mundo que nos legitimamos de esta manera? Porque, en todos los demás países del mundo no se legitima de esta manera, el único ejemplo a nivel de los tribunales supremos es Bolivia y es un desastre su tribuna superior, ha sido destituido varias veces.
Entonces, yo no creo que esa sea la manera y yo creo que es importante discutir los detalles ¿Cómo vamos a hacer una elección de este tipo? ¿Una boleta con 30 opciones? En este año elegimos 628 cargos a nivel, 629 cargos a nivel federal y nos costó 10 mil millones de pesos. ¿Cuánto nos va a costar la elección de más de 2 mil jueces?
Todas las personas que yo creo que estamos vivos en este país, hemos tenido la oportunidad de elegir diputados o diputadas y tenemos más de 18 años, y muchos de ellos todavía no acaban de entender qué hace un diputado o qué hace una diputada o qué hace un senador o cuál es la diferencia.
¿Cómo le vamos a explicar la diferencia entre un juez, un magistrado, un ministro entre un juez de lo penal y un juez de lo administrativo? Hay que pensar también en los cómo. En ¿cómo vamos a realizar las elecciones?
Y, por el otro lado, también les planteo por qué además tampoco se ha justificado, todos hablaron de que esta reforma busca mejorar la impartición de justicia, ¿cómo elegir a los jueces popularmente va a mejorar la impartición de justicia? No hay experiencia del mundo al respecto de eso, ¿vamos a experimentar con la impartición de justicia? Bueno, si es lo que queremos, si es lo que quiere la mayoría del Congreso, adelante. Pero, justo eso, va a hacer un experimento porque no hay experiencia empírica en ese sentido.
Por el otro lado, también me llama la atención, se habla de los excesos en las sentencias que declaran la inconstitucionalidad o que hace una interpretación, pero no se habla de los excesos del Legislativo cuando no respeta la Constitución, cuando legisla más allá de lo que establece la Constitución.
Se habló mucho de la sentencia del juez Rodrigo de la Pesa, pero no se habla de la omisión del Senado de designar magistraturas, de designar magistraturas, tiene incompleta la judicatura electoral en todo el país.
Cerca de 50 magistraturas que están ahorita en el momento más importante resolviendo las impugnaciones y no se habla de eso, no se habla de la falta del Tribunal Electoral de la sala superior de definir quién va a ocupar esa sexta y esa séptima magistratura a partir de una interpretación de la ley, porque la sala va a tener que interpretar la ley para definir quien va a ocupar, no hay un precepto que señale ante la ausencia definitiva en la calificación de la elección presidencial.
La calificación de la elección presidencial, una de las atribuciones más importantes que tiene la Sala Superior. Entonces, creo que hay que ver este planteamiento de manera integral. No nada más los excesos son de un lado, los excesos son del otro lado; ¿y hasta dónde?, ¿hasta dónde hay excesos en la facultad interpretativa? Creo que tiene que haber un control en la facultad interpretativa, pero si estudiamos lo que han dicho los jueces, los jueces han dicho que el control es propio de los jueces, en su propia facultad.
Por último, el mecanismo de observación ciudadana me parece buena idea, pero ya hay muchos mecanismos de observación ciudadana. Hay muchos observatorios de la justicia electoral, hay muchos análisis de las sentencias que se hacen permanentemente desde la academia, desde las universidades, desde las organizaciones ciudadanas.
Es algo que se está haciendo permanentemente. Que no nos escuchen lo que hacemos, hay libros enteros de análisis de sentencias, hay foros, hay muchos eventos en los cuales se está observando la impartición de justicia.
Yo, nuevamente, como lo dije en mi intervención, creo que estamos para reforzar al Poder Judicial, estamos para fortalecerlo, para mejorar la impartición de justicia. No estamos para experimentar y tampoco estamos para fallarle nuevamente al país con ciertas ocurrencias. Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchísimas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Le cedemos la palabra al maestro Andrés García Repper Favila.
El ponente Andrés García Repper Favila: A ver, invasión de competencias, no de Poderes, porque vimos que esa resolución del juez también estaría invadiendo la competencia de un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. La invasión de competencias del otro juez que suspendió con efectos generales erga omnes.
A las seis horas de que se publicó el decreto, ya tenían, las compañías eléctricas, su amparo. Primero a una, porque cómo le íbamos a dañar su derecho humano a hacerse inmensamente rico, pero, además, después a las demás porque, oye, ni modo que a ella sí. Entonces, se viola su derecho humano a la competencia; pero había otra parte detrás: el interés común de los mexicanos de tener acceso a energía eléctrica. Eso no orbitó en la decisión del juez, hoy magistrado, Gómez Fierro.
Y podría hablarles del juez séptimo de distrito de Reynosa, Tamaulipas, que lleva, por cierto, alguien aquí dijo que eran expeditos, perdón, llevan más de dos años, los amparos de Cabeza de Vaca, autorizándole las chicanas para que pueda seguir escondido en Estados Unidos. Afortunadamente, le paramos el alto y no llegó a ser diputado. Iba a ser su secretario de seguridad, eh.
Otra cosa: Claro que hay un comportamiento de cofradía por parte del Poder Judicial, y se dio en cinco niveles. El primero de ellos, ¿recuerdan cuando la ministra presidenta no se quiso parar cuando entró el presidente de la República al Teatro de la República? Y qué tal, el ministro Pérez Dayán diciendo: no nos van a doblar.
Primer nivel de confrontación política y los troles, algunos de ellos allá afuera, twitteando, burlándose, primero, de la ministra Loretta Ortiz, burlándose y haciendo memes de la ministra Yasmín Esquivel y ahora burlándose y haciendo memes de la ministra Lenia Batres. Creo que si pertenecieran a la misma institución deben tener respeto, pero no, es que no se trata de que respeten al Poder Judicial, respetan al grupo de interés al que pertenecen.
El siguiente nivel, cómo se dice, invalidar las decisiones tanto del Ejecutivo y del Legislativo. A veces extendiéndose, a veces no tanto.
Siguiente nivel, conjurando, la ministra Piña haciendo una cena organizada y siendo anfitrión el ministro Carrancá, para reunirse con Alito Morena y mandar llamar a los magistrados electorales para presionarlos. Ese ministro Carrancá, que hoy no está aquí, hoy publica una columna que dice: esto se puede politizar. Qué otra cosa más politizada que la designación por parte de un presidente de la República y la aprobación con cuerdos políticos en el Senado.
Y la última es, fuera guantes, lo que están haciendo los jueces. Invadimos la competencia y nos salimos de nuestro ámbito de competencia y violamos la Constitución.
Me quedan dos minutos, permítanme. Hay un tema muy importante aquí, el juez aplica o interpreta. Si solo aplicara, necesitaríamos únicamente un bot, una computadora, el juez interpreta, entonces la parte subjetiva de quién es el juez, claro que importa. Y aquí va a pensar que le estoy echando cebollazos el doctor Cárdenas, pero él habla de que cuando se haga el examen se les haga no nada más un perfil técnico, claro que necesitamos jueces, como dijo Xóchitl, que hayan acreditado la licenciatura y que tengan, por favor, sus postgrados.
Yo quiero preguntarle a un juez: oye, ¿en enserio vienes de Harvard? Sí. A ver, vamos a hablar de working y vamos a hablar de Habermas, en la entrevista y que nos diga si deveras sabe, porque yo estuve en el Comité Técnico de Selección para los Consejeros del INE, se dice el pecado y no el pecador, pero encontramos muchos plagios de muchas personas, lo cruzamos con un programa de computación y en las entrevistas afortunadamente brincaron muchos temas de la realidad.
La carrera judicial es importante, sí, y los exámenes también. Se dice: a poco vas a votar por el piloto que va a pilotear tu avión o el cardiólogo que te va a poner un marcapaso. No, pero ellos sí se someten a exámenes sicométricos y toxicológicos.
Hoy hemos visto aquí como quizá sería pertinente que de verdad se tejieran más finos los exámenes sicométricos de jueces, magistrados y ministros, o qué tal si el juez que le va a dar un asunto penal es metodista, porque le gusta meterse de todo y tiene que juzgar a un narcotraficante.
Yo estoy de acuerdo que un examen toxicológico puede ser violatorio de los derechos humanos, pero si voy a asignarte como juez penal, sí me interesa saber si no tienes hábitos de consumo y si no, a la persona que vas a juzgar es tu dealer, él es el que te surte lo que tú necesitas.
Entonces, esto de la aplicación con base en la ley y la aplicación subjetiva, realmente no se contraponen. Una cosa es aplicar un precepto jurídico y otra cosa es dejarse influenciar y, por supuesto que si cuando haces... Ya se me acabó. Bueno, hasta aquí le dejo, muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchísimas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Hace uso de la palabra el juez de distrito Mario Felipe Mata Ríos.
El juez Mario Felipe Mata Ríos: A ver, aquí unas respuestas. Primero, sí dejar claro, fuimos motivo de censura, que eso quede claro. Ha habido participaciones, y aquí seguramente el diputado Fernández Noroña, que ha estado en todos los diálogos, que se han excedido más de lo que hoy nos excedimos nosotros. Pero, bueno, ya eso queda a otra situación.
Bien, a ver, aquí lo que hay que plantearnos es, ¿la reforma realmente resuelve los problemas que está queriendo resolver? Y pues la verdad es que no.
A ver, primero, la expeditez. ¿Ustedes creen que alguien que va a empezar a ser juez, a ser magistrado, va a poder resolver más rápido que alguien que ya tiene toda la experiencia de la carrera judicial? Para poder ser juez o magistrado mínimo tuviste que haber hecho 15 años de sentencias. Todos sabemos que la cuestión práctica nos va profesionalizando y nos va haciendo mejores que la teórica. La teórica también la tenemos porque nos preparan día con día en la Escuela de Formación Judicial.
La segunda cuestión es, a ver, ¿realmente le vamos a dar esta situación de elegir al pueblo? ¿Quiénes son los que van a proponer las candidaturas? Primero, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, o sea, no le vamos a poder dar a elegir al pueblo quién es el juez que quiere, le vamos a dar a elegir quién de los que yo te propongo es el que quieres. Entonces, desde ahí es otro grande error.
Ahora, van a ser más de 8 mil candidaturas. Ahorita con la cuestión de los diputados fueron 300, y no tienen forma de controlarla. Entonces, ¿van a poder controlar estas más de 8 mil candidaturas? Pues yo no lo creo.
Otra, tienen más de 100 nombramientos pendientes en el Senado, entre ellos todos los magistrados –bueno no todos–, pero muchos magistrados electorales por todo el ancho y largo del país.
Nos dicen que el juez se excedió, bueno, ahora yo les pregunto, ¿de qué forma se les puede hacer que nombren a estos magistrados? ¿Cuánto tiempo debemos de esperar a que ustedes quieran nombrar a estos magistrados? Se tardaron también más de un año en nombrar a todos Magistrados del Tribunal Administrativo.
Eso va a pasar con los magistrados y jueces federales. No, señores, con la justicia no se juega. El Poder Judicial hace muy bien su papel, ¿por qué? Porque el Poder Judicial es tener la paz social, ¿sale?, y no la confundamos con la violencia. Hay estabilidad social gracias al Poder Judicial.
Entonces, ¿van a querer jugar con estos nombramientos y se van a volver a tardar lo que ustedes quieran en emitir estas propuestas? Pues entonces va a haber un gran problema social y un gran problema económico.
Ahora, y ya nada más finalizar y antes de que me vuelvan a cortar el audio, voy a pronunciar nada más, el final de mi discurso. Señora presidenta electa de la República, señoras y señores legisladores, queremos darle un mejor sistema judicial a México, entonces tomemos las cosas enserio, no estamos modificando una empresa paraestatal, una secretaría de Estado, estamos reformando uno de los tres Poderes de la Unión.
Hagamos verdaderos debates del tema, emitamos los estudios pertinentes, analicemos los impactos económicos y sociales, tomemos el tiempo necesario, potenciemos la virtud del actual y mejoremos sus deficiencias.
Y a ustedes compañeros, jueces, magistrados y personal de base, abogados postulantes, catedráticos y alumnos de derecho, no tengamos miedo de expresar nuestro sentir y nuestras quejas, para eso son los diálogos. Si algo nos ha demostramos el movimiento del presidente, es que debemos de alzar la voz para defender en lo que creemos.
El agotó todos los medios legales y fácticos a su alcance, no podemos jactarnos que cada uno, desde nuestras trincheras, luchamos por la justicia y la Constitución y permitir que la violen en nuestra cara.
Lo único que nos debe de dar miedo es que las próximas generaciones se avergüencen de nosotros por no expresar lo que pensamos y defender lo que amamos. Tenemos el deber de luchar para cuando nos pregunten nuestros hijos: ¿dónde estabas el día que reformaron el Poder Judicial? Les digamos con orgullo: estaba defendiendo la Constitución, tus derechos humanos, la democracia, estaba defendiendo al Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Bien. A ver...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Le decía que no. No, pero no le acepto la majadería de que no es seria la iniciativa y que no son serios los trabajos. Esa es una majadería. Así como defendí su derecho a terminar, es profundamente deshonesto intelectualmente que plantee así las cosas.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: El ponente Jaime Cárdenas Gracia, hace uso de la palabra.
El ponente Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muchas gracias. Sí, aquí ha habido varios comentarios de los legisladores, que creo que es importante abundar en ellos, reflexionar. Lo primero es el tema de la corrupción, que se aludió por algunos de los ponentes y de los legisladores.
Yo remito, sé que el Consejo de la Judicatura y el propio Poder Judicial han tomado cartas en el asunto, pero yo remito a todos ustedes, al estudio del exconsejero de la judicatura, Felipe Borrego, sobre el nepotismo en el Poder Judicial, de eso no se habla.
Hace poco leía que hay, por ejemplo, no sé, creo que, de una sola familia, 65 o 85 miembros. Entonces es un nivel de nepotismo alarmante. Luego se habla también de la carrera judicial señalando el tema de los concursos. Sí, si hay concursos, pero habría que ver en qué porcentaje esos concursos son abiertos a la ciudadanía, a todos los abogados, o son concursos cerrados.
Creo que más del 80 % de los concursos, habría que revisar ese dato, esa información, son concursos cerrados. Concursan entre ellos, no concursan, no cualquier abogado o abogada que quiera participar se le toma en cuenta.
Y luego, está el tema del que no hemos hablado aquí, que es el tema de las remuneraciones, de los salarios. Este ha sido uno de los asuntos que tal vez catalizó, catalizó, no es el origen, pero sí catalizó, aceleró la reforma judicial, el Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial, incluyendo a los ministros y ministras de la Suprema Corte, no han querido reducirse los salarios, tal como indica el artículo 127, fracción II de la Constitución, a lo que establece esa norma, que nadie puede recibir un ingreso mayor al del presidente de la República.
Luego también para desacreditar la iniciativa presidencial se alude al tema de la cadena. No, pues sino solamente es el Poder Judicial, es el Poder Judicial local. Desde luego, ¿no?, es el Poder Judicial local, el federal. Es también las fiscalías. Desde luego que también son las fiscalías, pero la cadena es mucho más amplia, empieza, por ejemplo, y nadie habla de eso, de las facultades y escuelas de derecho.
Aquí tendríamos que hacer, bueno, esto es otra, es parte tal vez de otra reforma, una modificación a la Ley de Educación del país y a las leyes correspondientes para el tema de los permisos o autorizaciones que se dan para constituir escuelas de derecho. Hay más de 2 mil escuelas de derecho. ¿Cuántas de esas escuelas de derecho enseñan realmente o tienen un currículo, una currícula que acredite el conocimiento de los estudiantes?
Entonces, yo pondría en la cadena, no, no, no es solamente las fiscalías, son las policías, son las escuelas de derecho, son los colegios de abogados, en fin, hasta terminar como dijo la senadora Xóchitl Gálvez, con los centros penitenciarios, con las autoridades penitenciarias.
Luego, esto no se pone en duda en la iniciativa, esta es una idea propia, el tema de la naturaleza del cargo. La carrera judicial para quienes yo entiendo, porque alguna época en mi juventud, que por cierto la doctora Celia Maya fue mi jefa, era jueza y yo era secretario de acuerdo en Querétaro, ella, bueno, yo entiendo que la carrera judicial es para los actuarios, es para los secretarios de acuerdo, es para los secretarios proyectistas, los secretarios de estudio y cuenta y otros funcionarios judiciales.
¿Son los jueces parte de la –y los magistrados y los ministros–, parte de la carrera judicial? Este es mi punto de vista, eh, no lo dice la iniciativa. La iniciativa respeta la carrera judicial, incluyendo la carrera judicial de jueces, magistrados y ministros. Pero yo pienso que un juez federal o un juez local o un magistrado o un ministro no son parte de la carrera judicial.
¿Cuál es mi argumento? Una interpretación de la propia Constitución. Si ustedes revisan el artículo 110 de la Constitución, cuando se aluden en ese precepto al juicio político, ¿a quién incluye en el juicio político? Pues incluye al presidente, a los legisladores e incluye a los ministros, magistrados y jueces. Es decir, se trata de cargos constitucionales. Podemos decir que su naturaleza jurídica es la de ser cargos constitucionales políticos o constitucional-políticos.
En fin, hay muchos temas de los que hay que hablar. A mí me sorprende mucho el argumento de los que –con esto termino–, de los que están en contra de la iniciativa, que colocan el argumento del mérito que, repito, la iniciativa no condena, no elimina. O ponen, termino, el argumento del mérito al argumento democrático, al argumento de la soberanía popular, del artículo 39 de la Constitución.
Y también hacen otra trampa. Oponen el argumento constitucional al argumento también de la soberanía del pueblo. Nunca se nos debe olvidar: el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar su forma de gobierno, de transformar, de convocar a una asamblea constituyente. El pueblo está por encima, ese es mi punto de vista también. La iniciativa no lo dice. El pueblo está por encima de la Constitución. Y un argumento meritocrático no puede estar por encima del principio de soberanía popular. Son opiniones particulares. Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Por alusiones, por alusiones me pide la palabra el ministro Javier Laynez Potizek.
El ponente Javier Laynez Potizek: No, no, no. Es que nada más... No, no, no. Muy breve. Porque, a ver... Yo empecé diciendo precisamente: claro que hay problemas. Nada más toco lo que dices: nepotismo. Y conozco ese estudio de Felipe Borrego. Muy buen estudio, además. Yo lo compartí. Nada más que desde la reforma de 2021, que también fue constitucional, la vieron ustedes, precisamente se marcó como problema y se atendió.
Hoy en día, hoy en día ya tenemos todos los mecanismos para prevenir y castigar el nepotismo. O sea, no estoy diciendo que no se haga algo. Miren, hoy en día por ejemplo todos, todos, todos tenemos que hacer la declaración de familiares. Es decir, todos los que entran al Poder Judicial y los que están. Hasta el quinto grado, no hasta el cuarto sino hasta el quinto grado, ¿sí?
Eso no significa que no pueda entrar... desde luego no a tu juzgado. Pero hay un comité, que se llama Comité... Para que, si vez que hay un... pues que tienes un familiar, puedas hacer... Se consulta a este comité para decir: oye, pero pues ni lo conozco. ¿Sí me explico? O sí es mi prima o es la hija de mi prima en cuarto grado, que entró en Minatitlán, o quiere entrar al Poder Judicial, y resulta que el magistrado es su tío, no ahí, en otro. Hace la declaratoria y hace la consulta. Y ahí, por ejemplo, el comité puede decir: oye, pues tampoco. Pues que entre la niña o el niño en Minatitlán, o sea, no va a haber un conflicto, lo que pasa es que no puede entrar donde está el tío, esa es otra cosa.
Pero ¿qué quiero decir? Es que hay que atender el problema, los problemas se atienden. Sería absurdo que, en esa época, en 2021 en que se hizo la reforma, fue algo de lo que se nos dijo. Si entra en este problema, pues se ataca el problema, se emite la legislación y ahí está la legislación. Gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muy bien.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Si me permite, la magistrada Julia María del Carmen García González hace uso de la palabra.
La magistrada Julia María del Carmen García González: Muchas gracias. Yo retomaré algunos puntos que me parece que son muy relevantes y los haré en relación con algunas disertaciones que se han propuesto.
De entrada, el respeto a los derechos humanos tiene que verse con un enfoque no solo nacional, sino internacional. En épocas de globalización no podemos quedar fuera de esa responsabilidad que tenemos de seguir preservando de la manera mejor posible estos derechos que se han reconocido, no solo nivel nacional, sino que su fuente también proviene de los tratados internacionales. En la época global es imposible permanecer ajenos o ajenas a esta posibilidad.
En segundo lugar, me parece que, si habla de este tema de esferas de competencia, tenemos que recordar necesariamente que las libertades son algo implícito para las personas, es decir, que tenemos la libertad de hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. Sin embargo, para la autoridad opera distinto, la autoridad exclusivamente puede hacer lo que la ley le permite. Entonces, debe haber órganos adecuados que justo velen porque esos límites competenciales sean respetados.
Cuando se aborda este tema de si nos hemos excedido o no en las decisiones que adoptamos al interior del Poder Judicial de la Federación, creo que valdría recordar que el juicio de amparo por excelencia se promueve contra actos de autoridad.
Entonces, si lo que se combate son actos de autoridad, lo único que constatamos cuando resolvemos un juicio de esa naturaleza es que esos actos de autoridad se apeguen a las múltiples exigencias constitucionales.
Es decir, que provengan de autoridad competente, que estén fundados y motivados, que respeten las formalidades esenciales mínimas, que las personas sean juzgadas por tribunales previamente establecidos, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, que exista la firma que revela la voluntad de la persona servidora pública y por excelencia contamos con el juicio de amparo como el último bastión para defender los derechos fundamentales en este país. Así que bien valdría la pena hacer esta reflexión para fortalecer el juicio amparo y para respaldar a quienes lo implementan y lo administran todos los días.
A propósito de lo que comentaba la diputada en temas particularmente de pluriculturalidad, porque estamos en un estado que por excelencia se ha distinguido en ello, solo para darle un dato que puede ser interesante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la fecha tiene 88 criterios jurisprudenciales que protegen temas de personas desde la pluriculturalidad y abordan temas tan complejos como autoadscripción, como derecho a la consulta, como la necesidad de contar con intérpretes y personas que hagan precisamente las traducciones.
Y, finalmente, no quiero cerrar mi intervención sin aludir nuevamente al tema de la carrera judicial. Vale la pena que sepan que la carrera judicial implica precisamente la experiencia por cierto tiempo, por cierto lapso de tiempo, para entonces tener la oportunidad de concursar por el escaño que sigue. Y entonces es precisamente por eso que decimos que cómo se pretende no afectar a la planta laboral si muchas de las gentes que están ahora mismo manifestándose acá afuera lo están haciendo porque mucho han andado en la carrera judicial.
Estamos hablando de personas actuarias, de personas secretarias que ya llevan un buen tiempo en estas experiencias y que de repente decirles se acaba la carrera judicial porque vamos a tener otro método, en realidad, por supuesto, no solo afecta su proyecto personal de vida, porque lo decía desde un principio, para nosotras y nosotros esto es un proyecto personal de vida, lo hemos abrazado con el compromiso, lo hemos abrazado con las consecuencias que hemos tenido que asumir para ello, que a veces no son populares, y lo hemos abrazado con la esperanza, con la esperanza de saber que todavía se pueden defender en este país las libertades y los derechos que son lo mejor que como personas tenemos. Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Bien, muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: El abogado Eduardo Andrade Sánchez, le toca cerrar esta última ronda de participaciones de ponentes.
El ponente Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias. Bueno, algunos aspectos. Es verdad que hay muchas deficiencias en el aspecto no solo judicial, sino de procuración de justicia, las conozco de primera mano, en la preparación de las personas que estudian derecho. En fin, hay un ámbito muy grande en el que hay que trabajar.
Razón de más para empezar por algo que pueda incidir, yo creo que sí, en una posible mejora del ejercicio judicial. Si sabemos que hay problemas serios, por qué no buscar una solución, y no es argumento, a mi juicio, decir que eso no se ha hecho en ninguna parte, en otra parte del mundo o en muy pocas. Por cierto, no se mencionó Japón, que también tiene un sistema de voto directo para... ya se mencionó Bolivia y Suiza, pero no Japón.
Japón tiene un sistema de voto directo para la ratificación de sus más altos jueces, pero, aunque no hubiera nadie, con ese criterio nunca hubieran entrado los derechos sociales a la Constitución mexicana. Ese era el argumento de los porfiristas en el Congreso de 16-17: ¿Dónde se ha visto que se incluyan derechos laborales en la Constitución? Pues no se ha visto en ningún lado, pero se va a ver aquí. Entonces, ese argumento tampoco es aceptable.
¿Por qué sí podría haber una mejora en el ejercicio del Poder Judicial? Que es una de las preguntas en las que más se insiste. Por algo que decía también Jaime hace un momento, la posible apertura a personas que no necesariamente forman parte de la carrera judicial, yo estoy seguro que aquí en Chiapas hay muchísimos abogados con una enorme preparación que podrían entrar a la fase previa donde va a haber la selección de cada uno de los Poderes. Eso quiere decir que habrá propuestos, sí, no cualquiera podrá entrar, pero también los de elección popular en los otros Poderes son propuestos por los partidos políticos. Esa apertura podrá dar entrada, ventilar a más personas preparadas.
Ahora, tampoco se afecta la carrera judicial, porque todos aquellos que son actuarios, que son secretarios, no habrá ningún motivo que les impida participar también para solicitar entrar al proceso de selección y muchos de ellos llegarán y habrá también la posibilidad de la reelección.
Yo estoy seguro que el señor juez de distrito, con su habilidad oratoria que nos mostró, puede convencer a mucha gente de que vote por él, o la magistrada que, con una profundidad de conceptos. Si eso lo explica en un programa de televisión con su propósito de ser reelecta, seguro habrá muchas personas que digan: Oigan, qué inteligente esta magistrada, qué preparada. Esa es la intención.
Entonces, habrá un mejor proceso de selección y miren, eso me ha tocado a mí, hay secretarios de acuerdos que saben más que su jefe, que saben más que el juez y muchas veces el juez tiene que tomar nada más lo que le escribieron. Entonces, también hay que ver que la carrera judicial puede verse, puede tener un impulso mayor a través de la posibilidad de ser electos si eso lo muestran en los procesos de selección. Hay muchas otras cosas.
Se dice que habrá muchos postulados, habrá dos propuestos por cada uno de los Poderes, por cada distrito y la elección será por distrito, no se va a elegir a 2 mil y pico en todo el país, como no se elige de diputados que son 3 por 4, 12 mil 200 candidatos considerando que son coaliciones, pero hay más si consideramos las pluris y entonces son muchos los candidatos y eso no quiere decir que no se les pueda elegir.
Bueno, habría, sobre los tratados yo tengo algunas reservas, no pueden estar por encima de la Constitución y hay otros aspectos, habrá muchos que atender, por ejemplo, reformar el artículo 105 en controversias constitucionales donde además no se llegue a la aberración que una norma puede ser constitucional e inconstitucional a la vez, una norma que ya fue avalada como constitucional por el pleno, luego es desacredita y considerada inconstitucional por órganos inferiores, eso hay que corregirlo en el artículo 105.
Para terminar, concluyo muy rápido a la pregunta de la senadora Gálvez, una pregunta sofística, por cierto, ¿que si experiencia implica corrupción?, digo que es sofística porque introduce dos variables totalmente independientes, la experiencia puede haber muchas personas expertas que pueden ser corruptas o pueden ser honestas y lo mismo a la inversa. Entonces, no es posible hacer una equiparación. Muchas gracias, por su atención.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: La consejera Celia Maya García, también nos pide hacer uso de la palabra. Adelante, consejera.
La consejera Celia Maya García: Muchas gracias. Miren, todo lo que escucho aquí me parece muy importante, muy interesante porque yo durante 40 años me dediqué a la impartición de justicia, entiendo, entiendo que haya resistencias al cambio, pero yo creo que hoy tenemos que reconocer en este país que la gente que en general, perceptivamente en sus sentimientos, como sea, no está de acuerdo como estamos trabajando en la justicia. Me incluyo porque ahora, aunque esté trabajando en el Consejo de la Judicatura estoy en el sistema.
Pero yo aquí estoy viendo que sí está dejando algo de lado y no quisiera que se dejara. Al inicio escuché a los señores decir que están preocupados en su carácter de legisladores que tienen ese grado de responsabilidad de hacer esta reforma, no es fácil. El conocimiento de los jueces es importante, la carrera judicial se instituyó para mejorar el sistema de justicia.
Yo cuando entré a ser juez, entré porque era abogado y ahí me fui formando y también se fueron creando escuelas en todas partes.
Bueno, esto va a ser seguramente tomado en consideración. Yo creo que hoy lo que no debemos desperdiciar, no me quiero alargar de ninguna manera, es que nos invitaron al inicio a que concurramos no nomás a estos foros, sino que les hagamos llegar la manera de cómo se puede llevar a la realidad, cómo se puede poner en la práctica este método, esta forma de elección de jueces, de todos los magistrados de los Poderes Judiciales.
Por qué no los ponemos en este sentido de querer dar una respuesta a lo que se requiere y participamos. Yo estoy segura que toda la experiencia que tienen los jueces de todo el país les va a servir si desean seguir participando y quieren entrar a la elección.
Yo creo que no va a haber un problema, al contrario, también no basta el conocimiento técnico, mi experiencia como juzgadora me dice que no basta saberse ni tener veinte doctorados ni tener muchas maestrías ni muchos años de asistir a la oficina.
Lo que necesita es esa sensibilidad fortalecida de ayudar, de resolver la problemática de los demás. Y también por eso mismo, no acepto que una reforma como esta diga que nos va a quitar la independencia a los que fuimos jueces o los que son, eso no puede ocurrir.
Así me nombre el pueblo, me nombre el presidente, me nombre quien sea, si yo soy coherente, por el simple hecho de ser juez tengo que tener independencia para resolver.
Entonces, ese es su objetivo, eso es de la persona. Así que todo mundo puede tener oportunidad. No veamos con temor esta reforma. Acerquémonos a los legisladores, vamos a dar nuestros puntos de vista. Ustedes mismos lo han dicho aquí, los escuché: -Hay que construir lo que queremos-. Como decía el juez: -¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos que hicimos? Estuvimos construyendo lo mejor, trajimos toda nuestra experiencia para mejorar nuestras instituciones. Lo que queremos es que tú vivas mejor de ahora en adelante-. Creo que ese es todo el sentido de esto. Les agradezco mucho.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchísimas gracias, consejera.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Bueno, vamos a abordar, si me permiten, la segunda ronda de participaciones por parte de los grupos parlamentarios. Tal es el caso que por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo hace uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Muchas gracias, diputado. Bueno, decir con toda la franqueza que hay un elemento fundamental que ese ya no tiene para dónde moverse. La reforma al Poder Judicial va, y yo también digo con toda franqueza que la elección popular de jueces, ministros y magistrados va. Esa tampoco tiene discusión.
Aquí lo que estamos discutiendo es cómo mejoramos y hacemos mucho mejor la iniciativa y de eso se trata acá, porque miren, yo soy como muy franco. Por ejemplo, en la decisión de la Suprema Corte en la reforma eléctrica, ¿cuánto le está costando su decisión al pueblo de México? Con el asunto solo del mercado paralelo, eso de los autogenerados: 370 mil millones de pesos ya no entran a la Comisión Federal de Electricidad por la culpa de la Suprema Corte.
Entonces, claro que está equivocada esa decisión y daña al pueblo mexicano, no me digan que no. Y bueno, traemos una discusión mucho más fuerte porque lo que estamos haciendo es un nuevo Estado, una nueva forma del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Hemos avanzado en el Poder Legislativo, hemos avanzado en el Poder Ejecutivo; donde no se ha querido avanzar es en el Poder Judicial. Y el mandato popular dice que esta reforma la tenemos que hacer y no le tengamos miedo a que la gente se equivoca, que no tiene capacidad para decir a quién quiere de juez, a quién quiere de magistrado y a quién quiere de ministro.
La soberanía está en el pueblo, está en la gente, y esa discusión la traemos desde hace mucho. Algunos decían de con Cristo para acá, yo digo que, desde antes, desde que nace el origen de la familia, la propiedad privada y el estado traemos esta discusión y, yo estoy plenamente convencido de que se requiere una profunda reforma al Poder Judicial y lo que debemos de estar discutiendo es ¿cómo salvamos el concepto que les preocupa tanto de la carrera judicial? ¿Cómo salvamos el tema de la austeridad republicana?
Miren un dato, lo he repetido, con la mitad de presupuesto que tienen los 32 congresos locales, resuelven, mínimo, dos veces lo que resuelve la Suprema Corte. ¿Qué pasa con eso? Y ahora les dimos más tarea al reformar, al aprobar el Código único de lo Familiar y lo Civil en materia civil, en materia familiar, les dimos mucho más trabajo, no les dimos tiempo y no les dimos presupuesto. Claro, que hace falta una discusión integral y profunda, coincido con Jaime, desde el tema de los planes de estudio para ser abogado, que ahí se resisten mucho las universidades.
El tema de las fiscalías, esas que duran 18 años y la secuestra la delincuencia. El tema de los ministerios públicos, el tema de los abogados que le deben de ayudar a los... sin que les cobre. El tema de la Comisión de la Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, pues hace falta mucha discusión.
Yo aquí celebro que he escuchado aquí ya posicionamientos de mayor profundidad y mayor debate y yo esperaría que así sigamos en los siguientes foros para llegar con una discusión muy enriquecida para el tema de dictamen, pero que la reforma va, no debe de haber ninguna duda, para esos que piensan que todavía pueden revertir, que no sea por elección popular, que eso el mandato popular, lo digo con toda claridad, porque hay también gente que se equivoca, miren nada más en tema de territorio, se ganaron 258 distritos de 300, es del 86 por ciento y la coalición, Sigamos Haciendo Historia, sólo tendrá el 74 por ciento en la Cámara, pero tenemos las dos terceras partes. Yo digo que, en las dos Cámaras, para que no haya duda tampoco. Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchas gracias, diputado.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Invitamos al diputado Miguel Rodarte, por parte del Partido Acción Nacional.
El diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara: Muchas gracias, trataré de ser muy breve, el tiempo se agota. Este foro es, creo yo, muy importante, porque estamos tocando cuáles son los medios constitucionales que tenemos para resolver o que el pueblo tiene para resolver problemas entre los Poderes o entre las ramas del poder como bien se dijo aquí.
Tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos y qué queremos. ¿Y por qué lo digo? Porque esto ha sido un avance, un avance jurídico que se ha dado con los años, más de 30 años de avance en el tema constitucional de qué le hemos dado a la Corte, qué le hemos dado a los jueces y magistrados, qué pueden hacer en términos de defensa constitucional.
Y ahora lo que nos estamos, tal vez, preguntando en este tema de querer reformarlo todo al mismo tiempo, sin darnos la pausa para ver lo que estamos haciendo, es, quizá, retroceder en temas de defensa constitucional, en tema de protección de los derechos humanos.
Preguntémonos realmente si queremos quitarle al Poder Judicial que pueda defendernos o acotar el control que tiene sobre ciertas normas constitucionales cuando nos hemos tardado tantos años en poder tener más derechos como ciudadanas y ciudadanos.
Estamos de acuerdo en reformar y revisar todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial, pero repensemos ciertas cosas que si no lo hacemos bien vamos a retroceder en el tiempo. Venimos de allá, venimos de un control central de la Constitución, venimos de donde el amparo solamente tenia efectos particulares, venimos de una reforma en 2011 donde por primera vez nos equiparamos a los tratados internacionales y al mundo para defender los derechos humanos de manera más amplia.
¿Hacia dónde queremos ir? Más allá de quién elige a los jueces, más allá de quién elige a mis magistrados, el foro de hoy es: qué medios tenemos para defendernos constitucionalmente y qué medios existen también para que los Poderes puedan encontrar su equilibrio entre ellos mismos.
Quitarle a la acción y controversia la potencia que tienen el día de hoy, creo que es un retroceso. Quitarle al amparo la potencia que tiene el día de hoy, creo que también es un retroceso.
Sin embargo, hay un tema que es clarísimo. Este foro, no sé ustedes, pero ha sido muy bueno, hemos escuchado a todas las participaciones, ha habido de todos los criterios. Y yo solamente en cada uno de ustedes he visto cosas buenas. Creo que estamos coincidiendo en que al Poder Judicial le hace falta una revisada. Creo que estamos coincidiendo todos y todas en que las cosas que van a ser buenas van a ir por consenso.
Estamos escuchando en todo el espectro que coincidimos en algunas cosas: coincidimos en que las fiscalías hay que reformarlas y revisarlas. Coincidimos en que los Poderes locales también hay que modernizarlos. Coincidimos en que hay que defender a la gente con una defensoría pública que realmente esté para ellos y coincidimos en muchas otras causas más.
En otras no consideramos y ahí estarán los votos ¿no? La elección ahí estuvo y ahí estarán los votos, pero sí haremos nuestro papel nosotros como posición para tratar de defender lo que se ha ganado, sobre todo, en materia de defensa de derechos constitucionales y es por eso, y con eso concluyo, que mi pregunta es si creen que en temas de medios legales y constitucionales esta reforma si no se revisa bien pudiera ser un retroceso en nuestro sistema jurídico de defensa constitucional. Muchas gracias a todos y a todas.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Cierra, el diputado Joaquín Zebadúa, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Joaquín Zebadúa Alva: Gracias, gracias. Ya me puse aquí el cronometro para que me vibre cuando pase el tiempo, porque ya sé que tardó un poquito esto.
Imagínense este escenario, qué bonito, luminoso y aquí estamos hablando, debatiendo, se está trasmitiendo en vivo, en las redes sociales. Esto, no es una cena de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la oposición semiclandestina. Éste, es el debate que debemos dar, esto es lo que tenemos que hacer.
Se habla mucho del tema de la carrera judicial y que hay que hacer estudios, cuando los estudios nos indican que lo que hay es un sistema escalafonario como lo decía Jaime Cárdenas, donde está cerrado, todos los concursos son cerrados hay que pasar cierto tiempo y aguantar ciertas cosas y disciplinarse a lo largo de 15 años para que puedas aspirar a llegar a un lado, no hay apertura a esos jóvenes, a la gente que traiga planteamientos innovadores que esté pensando en eso.
Entonces, eso tiene que cambiar. No es carrera judicial, es un espíritu de cuerpo cerrado con el discurso del mérito se queda con todos los privilegios.
Se dice que hay un control y que se buscan equilibrios, pero, realmente si ve uno toda la propaganda que se está haciendo desde las redes del Poder Judicial, dice contrapeso y el contrapeso en este momento implica una defensa de la minoría y de los privilegios.
Cuando el Poder Judicial, cuando un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspende como medida cautelar una reforma que hicimos con todas las de la ley, respetando el proceso para extinguir los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que se pone en riesgo la función jurisdiccional lo que hay es una defensa del privilegio.
Porque aprobamos 78 mil millones de pesos para el Poder Judicial y de ellos, 5 mil 787 para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alcanza, no está en riesgo la función jurisdiccional porque se acaba en esos fideicomisos que dice la Auditoría Superior de la Federación, de la cual, no reconoce el Poder Judicial opaco, la posibilidad de que lo fiscalice, dice que a acumulado recursos de manera indebida. Eso es lo que estamos enfrentando.
Aquí estamos, no se da ahí, pero ahí está Morelos con la máxima, pero estamos hablando todos, y sin censura, y nos estamos acotando a los tiempos. Lamento que se vea como censura, pero es que nosotros los diputados y diputadas sí estamos acostumbrados a respetar los tiempos y sí estamos acostumbrados a que nos apaguen los micrófonos a veces.
Dice, la leyenda de Morelos, que está allá. Que todo el que se quede con justicia tenga un tribunal que lo escuché, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y al arbitrario; y en el tema de la industria eléctrica, de las mineras, de los derechos de agua, lo que ha habido es que todo el poderoso tiene un tribunal que lo escucha y lo ampara contra el bien común, contra la búsqueda del bien común, o sea, así ha sido.
Entonces, lo que estamos viendo ahora es el resultado del secuestro del Poder Judicial por intereses fácticos o de una parte importante con honrosas excepciones, y por eso nos vamos a una reforma a fondo; y además coincido completamente: El soberano es el pueblo.
Los que hicimos campaña ahorita en este proceso y que vamos a repetir en la siguiente legislatura, lo hicimos diciéndole a todos: Vamos a una cirugía mayor del Poder Judicial. Vamos a hacer una reforma profunda del Poder Judicial, porque ya estaba la iniciativa de nuestro presidente. Vamos a ver que se elijan por voto, los jueces, magistrados y ministros; y la gente voto por nosotros, obtuvimos la mayoría calificada, y pues se va hacer, se va a hacer porque el pueblo manda y los representantes populares obedecemos. Gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Gracias, diputado.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: ¿Algún ponente desea hacer uso de la palabra? ¿Sí? Adelante.
El ponente Andrés Norberto García Repper Favila: Gracias, diputado. Creo que el problema se puede salvar de la siguiente manera, por cuanto al concurso que a todos nos preocupa: Necesitamos que sea un examen homologado. Necesitamos que todo el pueblo conozca lo que es esa persona.
Platico mi experiencia en lo del INE porque se recibieron más de mil 500, o un poco más, de solicitudes. Este comité plural, que acabamos a manotazos en la mesa, pero sacamos 20 finalistas. Esos 20 finalistas se insacularon; y todos los partidos estuvieron de acuerdo porque fue un proceso transparente con máxima publicidad.
En el 2021, Morena nombró a cuatro consejeros. No hubo necesidad de insacular. Bueno, no Morena, el congreso; pero Morena tenía la mayoría. No lo impuso, no fue una violación ni las mayorías violan la división de Poderes. Cuando entró Andrés Manuel, no se hizo una reforma judicial, como se está intentando ahorita, porque no se estaba abusando de esas mayorías.
Entonces, si se hiciera un concurso con un Colegio Nacional de Dictaminadores, en el que participaran diputados, senadores, barras de abogados, despachos, universidades, notarios, litigantes, investigadores, miembros del Poder Judicial, por supuesto, de la corte, de los Poderes Judiciales locales; que fuera un colegio como de 30 personas que hiciera toda la verificación de los requisitos cuantitativos y cualitativos para ser elegible y una vez de ahí, cada Poder podría escoger a los que quiere proponer.
El presidente, de esos, serían 100, 200, 300 finalistas, no sé, los que tengan un mayor puntaje, el presidente podría... Yo escojo a estos 10 para proponerlos. El Poder Judicial dice: yo escojo a mis 10. Y el Poder Legislativo, yo escojo a mis 10. Creo que eso lo salvaría, sería democrático para todos.
Ahora, hay que matizar, los derechos humanos de primera generación y del pueblo se deben seguir protegiendo. Los intereses difusos y control difuso, debe estar para proteger esos derechos, vida, libertad de expresión, libertad de creencia, libertad de tránsito, libertad de participación política.
Sí, una aclaración a lo que se dijo por parte de uno de los ponentes respecto de que en derecho comparado no hay esa experiencia. Pues en derecho comparado no existe el INE y el INE es un ejemplo mundial que creamos todos los mexicanos y todos participamos en sus procesos, no nada más los legisladores de 1996 cuando existe la reforma electoral, sino todos los ciudadanos que vamos a las urnas como funcionarios de casilla o como representantes. Es un ejemplo mundial.
Hasta los gringos convocaron a Alonso Lujambio y Jacqueline Peschard a que acompañaran la elección, cuando los gringos invadieron Irak necesitaban testigos de calidad, invitaron a Alonso Lujambio y a Jacqueline Peschard.
Y por último, se ha citado mucho a Montesquieu, pero quiero decirles algo que dijo: todo se habrá perdido si en el mismo poder hay un cuerpo de notables, de aristócratas o de gente común controlándolo y monopolizándolo. Eso también lo dijo Montesquieu.
Los Poderes están para servir al pueblo y deben ser plurales, no debe haber lealtad a toda prueba ni este fenómeno de la omertá que sucede cuando las visitadurías del Consejo de la Judicatura acuden a los juzgados y ponen un letrero diciendo: estaremos de visita, estaremos recibiendo denuncias. Y hay gente que es maltratada por sus jueces, insultada, sobajada, explotada. Compañeras abogadas que son acosadas sexualmente.
¿Por qué? Porque yo hice mi examen, ya pasé el examen, ya cierro, cierro, paso el examen, me presento en un juzgado, pero el juez es el que va a decidir a quién contrata, y cuando los contratan les dan nombramientos de un mes, después de 15 días, después de 3 días, después de 6 meses, por lo tanto, cuando les dan la plaza, la lealtad es absoluta y hay una omertá, hay una ley del silencio.
Los compañeros que están allá afuera han sufrido eso y seguramente también fueron convocados bajo esas premisas, vayan a apoyar o vayan a protestar. Y no debemos permitir eso.
Primero, aclararles que nadie los va a correr, que ellos se han ganado su trabajo, que son personas que trabajan muy seriamente y que diario se han esforzado. Pero, sí tiene que cambiar la designación de los titulares, de los magistrados electorales, para que no tengamos otro Reyes Rodríguez, que había sido secretario técnico de la Comisión de Justicia antes de ser magistrado y para que no tengamos una Corte indolente ante el caso del ABC, indolente ante la consulta petrolera, diciendo que no se iba a meter en asuntos de ingresos del Estado, pues se trataba del petróleo, de nuestro petróleo. Pero, eso sí, rapidísimo emitiendo sentencias que protejan a las trasnacionales y a los poderes fácticos. Muchas gracias.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Muchísimas gracias, maestro Andrés García Repper.
El moderador diputado Ismael Brito Mazariegos: Bien, para cerrar este diálogo nacional, le pido al maestro Leonel Godoy Rangel pueda hacer uso de la palabra y clausura también, muchas gracias.
El diputado Leonel Godoy Rangel: No. Solo para clausurar, mi querido Ismael. Me van a agarrar a pedradas ya aquí ahorita si quiero hacer más uso de la paciencia, abusar de la paciencia de todas y todos ustedes.
Solamente agradecer la anfitronía del Poder Judicial del estado de Chiapas, agradecer por supuesto la presencia de las ponentes y de los ponentes, la presencia de legisladoras y de legisladores federales y locales, agradecer la presencia de jueces y magistrados del fuero común y del fuero federal, agradecer la presencia del público, en general, de estudiantes de derecho.
Este foro, el Cuarto Foro de los Diálogos Nacionales por la Reforma del Poder Judicial, que trató aquí de la División de Poderes y los medios legales y constitucionales, sin duda nos llevamos unas conclusiones, a mi juicio. La primera, que está abierto el diálogo, que debemos de seguir dialogando, porque el diálogo es la herramienta de la política y debemos de seguir haciendo uso de ella, y hoy la enriquecieron la presencia de la consejera Celia Maya y del ministro Laynez. Sin duda podemos estar o no de acuerdo con ellos, pero su voz es potente para nosotros, muy potente y ojalá asistan a los demás foros que faltan, ojalá otros tengan la prestancia y el valor de dar la cara por el Poder Judicial Federal y los Poderes Judiciales de los estados.
Por eso, enhorabuena por Chiapas, enhorabuena por el Poder Judicial Federal, enhorabuena por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Y, si tienen a bien ponerse de pie, daremos por clausurados los trabajos de este foro, de este cuarto foro de los Diálogos Nacionales por la Reforma del Poder Judicial en el subtema División de Poderes: medios legales y constitucionales. Felicidades, muchas gracias, y nos vemos en Veracruz el próximo viernes.
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