Dictamen a discusión
Leonel Godoy Rangel, fundamentación
Posicionamientos
Laura Hernández García y Claudia Ruiz Massieu Salinas, PMC
César Alejandro Domínguez Domínguez, PRI
Mary Carmen Bernal Martínez y Irma Yordana Garay Loredo y Lilia Aguilar Gil, PT
Ruth Maricela Silva Andraca y Ricardo Astudillo Suárez y Juan Luis Carrillo Soberanis, PVEM
Annia Sarahí Gómez Cárdenas y Fernando Torres Graciano, PAN
Alfredo Vázquez Vázquez y Astrit Viridiana Cornejo Gómez y Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Morena
Discusión en lo general y en lo particular
Votación en lo general y en lo particular
Efemérides
Con motivo del 52 Aniversario del Asesinato de Salvador Allende
Víctor Samuel Palma César, PRI
José Luis Sánchez González, PT
María del Carmen Nava García, PVEM
María Isabel Rodríguez Heredia, PAN
María de los Ángeles Ballesteros García, Morena
Con motivo de la Gesta Heroica de los Niños Héroes
Pronunciamiento de la Mesa Directiva
Turno a comisiones de las iniciativas remitidas por la titular del Ejecutivo
Clausura de la sesión y cita para la próxima
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría informe el resultado del cómputo de asistencia de las diputadas y diputados.
La secretaria diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Señora presidenta, se tienen registrados 418 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (12:11 horas): Se abre la sesión ordinaria vespertina del martes 9 de septiembre de 2025, en la modalidad presencial.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de las curules de las y los diputados.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: De conformidad con el artículo 230, numeral 2, del Reglamento, tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, hasta por 15 minutos. Gracias, diputado. Adelante.
El diputado Leonel Godoy Rangel: Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy me corresponde presentar ante esta honorable asamblea el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional en materia de extorsión.
La iniciativa que da origen a este dictamen la presentó nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ante la Comisión Permanente el 10 de julio pasado y fue recibida en la Comisión de Puntos Constitucionales el 17 de julio.
El proyecto de decreto que se presenta este día busca hacer frente a uno de los delitos que más lastima a la sociedad mexicana. Esta figura del delito de extorsión tiene graves repercusiones en la seguridad pública, en la economía y en la vida personal de muchas personas.
Ustedes lo saben, es el delito que más ha crecido. Les voy a dar un número. En 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones, a enero de 25 ha aumentado a 29, lo que representa un incremento del 58 % en tan solo 6 años.
Las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades del delito de extorsión. Del mismo, la extorsión presencial es la del cobro de piso, deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña está siempre presionada por el delito de cobro de piso.
El telefónico, como sabemos, que es más o menos posible que se pueda contener, es el que se hace, principalmente, desde los centros penitenciarios.
Enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor, que únicamente afecta la seguridad personal, sino también de manera cada vez más recurrente al patrimonio y a la esfera psicológica y emocional, entre otros bienes jurídicos.
Actualmente, en muchas partes del país también se está dando a nivel de cargos en los ayuntamientos de los estados. ¿Cuáles? Fundamentalmente aquellos municipios de los más pequeños, de los que tienen menos capacidad de resistir las presiones del crimen organizado.
El delito de extorsión también, como saben, es un delito concurrente, está en el Código Penal Federal, como en los Códigos Penales de los estados, nada más que esto conlleva a una regulación con distintos bienes jurídicos protegidos y variados verbos rectores. Justo esta reforma que dará motivo a la Ley General contra la Extorsión va a atacar este punto principal técnicamente, el bien jurídico a tutelar y ya no será solo patrimonial, sino será un delito que se persiga de oficio.
La presidenta ha estado, junto con las autoridades estatales, dándole seguimiento puntual a este delito, porque también, como ustedes saben, hay disminución en delitos de alto impacto como el homicidio doloso.
Y se ha comprometido la presidenta con las gobernadoras y gobernadores a atenderlo con diversas acciones de política pública y, que, además, va a dar motivo a una culminación fundamental que está previsto en el Plan Nacional de Seguridad Pública y en el plan... la Estrategia Nacional contra la Extorsión, formulada a partir de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y enmarcada en la reciente reforma al artículo 21 constitucional, donde le da atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana para coordinar estos esfuerzos, que ya lo hemos visto, ha tenido grandes resultados en el país.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está llevando a cabo tareas de investigación que han permitido robustecer las investigaciones y ampliar las capacidades para desmantelar redes criminales y detener objetivos generadores de violencia relacionados con el delito de extorsión.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión permitirá además una mejor coordinación interinstitucional entre las dependencias vinculadas a la atención de este delito, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, y esto facilitará el intercambio de información con las autoridades locales que también harán lo propio en la esfera de su competencia.
En este orden de ideas, una condicionante para el combate eficaz del delito a la extorsión a nivel nacional tiene que ver con la necesidad de homologar las penas, que permita unificar criterios de justa punibilidad y que nos ayude a combatir realmente este delito.
Se requiere la expedición de un marco legal que será esta Ley General contra la Extorsión y que sea homogénea y fortalezca la concurrencia de atribuciones entre la federación y las entidades federativas, que garantice resultados y proporcione a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno una legislación general que permita contar con una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades actuales en cuanto a la regulación de este delito, así como a los daños y las afectaciones a las víctimas.
Por tanto, la aprobación del presente dictamen permitirá establecer y uniformar eficazmente las herramientas jurídicas contenidas en las legislaciones estatales vigentes, relacionadas con este complejo delito de la extorsión, así como las modalidades bajo las cuales se comete a través de herramientas de investigación eficaces y bajo los principios de coordinación y colaboración institucional.
Así el proyecto de decreto que hoy habremos de aprobar si así lo decide esta asamblea propone reformar como ya lo comenté el inciso a), de la fracción XXI, del artículo 73 de nuestra Carta Magna, con el fin de dotar al Congreso de la Unión de plenas facultades para expedir una legislación general en materia de extorsión que esperamos que después que se apruebe esta reforma si así sucede, que llegue la ley general, la iniciativa de ley general contra la extorsión.
Con el cambio constitucional propuesto el Congreso de la Unión podrá expedir esa ley, justo lo que vamos a esperar, que buscará unificar entre otras cosas el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, y cumplir con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismo de atención efectiva a las personas víctimas ofendidas y testigos.
En este sentido les quiero comentar que va a ser muy importante, ojalá así venga la ley general, que los cateos, los careos constitucionales, perdón, no sean obligatorias en esta materia, justo por el problema, por lo grave que es este delito y que hace que mucha gente no presente la denuncia respectiva, no solo va a ser de oficio, sino nosotros creemos que debe exceptuarse los careos constitucionales en esta materia.
La aprobación del presente dictamen considerará este delito como de alto impacto por las repercusiones que representa para las víctimas y para el Estado mexicano en su conjunto, que se persiga de oficio y que la denuncia pueda ser presentada de manera anónima.
Compañeras y compañeros diputados y diputadas, el consenso alcanzado por las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales al aprobar este dictamen que hoy discutimos es una muestra de que ante la gravedad de las amenazas que enfrenta nuestra nación por este flagelo, por los partidos políticos podemos ponernos de acuerdo, con los partidos políticos podemos todos ponernos de acuerdo para hacer frente a una de las demandas más sentidas del pueblo mexicano.
El combate frontal al delito de extorsión es sin duda un tema en el que deberemos seguir coincidiendo al analizar y discutir la legislación secundaria esta ley general que se derivará del presente proyecto de decreto. Muchas gracias a todas y a todos.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Para fijar las posturas de cada grupo parlamentario iniciamos con la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por siete minutos y medio. Adelante, diputada.
La diputada Laura Hernández García: Con la venia de la Presidencia. La reforma que estamos analizando justifica su necesidad de ser aprobada, debido a que el delito de extorsión ha sido utilizado por los grupos de delincuencia organizada para obtenerse de recursos económicos, lo que ha tenido graves consecuencias para las personas, para las comunidades y para todo el tejido social en México.
Es cierto que hay un grado enorme de denuncias, aproximadamente 11 mil al año, pero sabemos perfectamente que esta cifra no es real, porque hay un gran número de personas que han sido extorsionadas y que no presentan denuncia, ¿por qué? Por la alta impunidad que prevalece en este sistema de justicia.
Su comisión ha rebasado los tres órdenes de gobierno, debido a los rasgos de complejidad y a las herramientas que utilizan para llevar a cabo este delito. Su crecimiento no obedece solamente al crecimiento de poder de los grupos criminales organizados, sino también al debilitamiento de las autoridades y hay que enfatizar en ello, porque en muchos está la ausencia. Ejemplo, Sinaloa, lo tenemos muy claro. Y, desgraciadamente no podemos meter las manos al fuego por todas las autoridades, porque seguramente hay colusión entre autoridades y delincuentes.
La extorsión es ejecutada por múltiples actores, no solamente los grandes cárteles o las bandas, sino delincuentes comunes, que cobijados bajo el paraguas del crimen organizado se hacen pasar como parte de este y lo que hacen es que la víctima obviamente esté amenazada, coaccionada y pierda, incluso, su tranquilidad emocional.
Hasta el momento, el marco jurídico de este delito de la extorsión no cuenta con una perspectiva que incluya las distintas consecuencias y afectaciones a las víctimas, tanto directas como indirectas, y a la comunidad, porque no solo se debe de ver el delito desde una visión patrimonial o económica.
Ante este panorama, la bancada naranja estamos de acuerdo en la necesidad de esta reforma y votaremos a favor, pero tenemos un gran compromiso todos los diputados y diputadas que hoy están aquí presentes, y ya lo dijo el diputado Godoy, tenemos un reto, hacer la legislación secundaria y esta legislación secundaria tiene que homologar las penas, generar una política contra la criminalidad de manera unificada, que atienda la gravedad, que logre una justa punibilidad sobre el delito de extorsión, que atienda las causas por las que se ha originado y que ha crecido tanto, previniendo no solo herramientas jurídicas necesarias, sino acciones muy concretas para las diferentes modalidades. Y también tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos, porque seremos vigilantes de que así sea.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el Envipe, en 2024 y durante en el 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 5 mil 213 extorsiones por cada 100 mil habitantes. Esto es escandaloso.
En 85.6 % de estos casos la extorsión fue telefónica y en el 12.9 de las ocasiones la extorsión fue pagada por la víctima. Los datos de incidencia de este delito dejan en claro que se ha convertido en un grave problema que sí afecta a la economía, pero a la vida de las personas, ya que le afecta emocionalmente y también el grado de estar viviendo bajo esa amenaza hay un gran daño a la salud mental de nuestros habitantes.
Y también la afectación de la extorsión se está volviendo cotidiana en un país donde desgraciadamente la violencia es rutina y esto es lo que tenemos que romper.
El paso que daremos sí, el día de hoy, es fundamental porque nos permitirá avanzar en una legislación a nivel constitucional de la reforma, pero es esencial que en la ley general que se pretende, es importante –repito– saber las modalidades, ámbitos de comisión, lo delitos con que se conecta, saber cuáles son sus consecuencias, los daños y las secuelas y cómo vamos a poner medidas de no repetición para ello. Por eso es esencial poner atención en las víctimas y darles esa voz.
Hay un compromiso, desde esta Cámara, que para esta ley secundaria tenemos que consultar a las víctimas, darles voz, también a los académicos, a los especialistas y a las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado por todo este tiempo en el que el delito de extorsión ha crecido y la inseguridad y la violencia, a las víctimas cada día.
En la bancada naranja consideramos que no solo se trata de legislar, sino de abonar en el nuevo diseño de implementación de políticas públicas para atender la problemática y que en realidad se vean maneras efectivas, que la gente las sienta en su ciclo personal y comunitario.
La impunidad ha sido la clave de la extorsión, no permitamos que siga continuando, comprometámonos verdaderamente sí, a aprobar esta reforma constitucional, pero a trabajar de manera responsable y cercana a los ciudadanos y ciudadanas para que pueda tener una ley a la altura y una implementación de políticas públicas que revierta este flagelo. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra ahora, la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas. Esta presidencia saluda a las y los alumnos, a las y los maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, invitados por el diputado Eleazar Guerrero Pérez, del estado de Veracruz. Bienvenidas, bienvenidos.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: Muchas gracias, presidenta. Compañeras, compañeros, la extorsión es una realidad que lastima a millones de mexicanos y mexicanas todos los días en todo el territorio. Es el miedo permanente de los comerciantes obligados a elegir entre pagar cuotas o cerrar su negocio. Es un costo que los sectores productivos deben resignarse a asumir para poder sobrevivir. Es la inseguridad de una familia y el miedo cuando uno de sus hijos recibe amenazas a través del teléfono.
En la bancada de Movimiento Ciudadano reconocemos que estamos ante un asunto que no puede esperar más, es un delito que ha escalado sin control. En los primeros cinco meses del año México registró 4 mil 882 víctimas de extorsión, la cifra más alta en 10 años, un crecimiento de 82 % en esta década.
Cada día se registran 25 víctimas de extorsión, una nueva víctima cada hora. Y no estamos hablando de la cifra negra. Por si no fuera lo suficientemente grave, es un ilícito que se ha profesionalizado hasta adquirir las más diversas formas, es el cobro del derecho de piso, que se ejerce con cada vez más violencia, son las llamadas telefónicas que simulan secuestros o exigen depósitos a cambio de falsos premios, es la intimidación directa en los hogares, los comercios y las carreteras.
La extorsión es también una industria de la violencia que representa a 25 mil millones de pesos en pérdidas cada año, según la Coparmex, es el lastre que impide a las micro, pequeñas y medianas empresas crecer y generar más oportunidades. En algunas regiones es el impuesto que la ciudadanía debe tributar al crimen para poder trabajar o comprar los productos más básicos, como los alimentos.
La verdad es que es una realidad que prácticamente en todo el territorio que los grupos delictivos han desplazado al Estado y se han arrogado la facultad de conceder o negar permisos para realizar las actividades más cotidianas.
Todas las fuerzas políticas coincidimos en que esta es una reforma constitucional necesaria, pero, duda, dudo que ninguna consideremos que sea suficiente. La experiencia histórica muestra que la expedición de leyes generales no ofrece garantía alguna para solucionar los problemas de seguridad que enfrentamos. Todo lo contrario, hemos recurrido la misma ruta con el secuestro, la trata de personas, la tortura y la desaparición forzada.
Y el balance no es el más alentador, el Congreso de la Unión ha diseñado órdenes normativos ambiciosos, ha homologado tipos penales, ha fortalecido las penas, ha ordenado el establecimiento de instituciones especializadas, pero lo que no hemos logrado es traducir esas expectativas y esos esfuerzos en resultados tangibles y en un cambio de la cotidianidad. Consideremos como ejemplo el secuestro. De un promedio de 3.4 casos diarios entre 2005 y 2012, pasamos a 5.9 secuestros diarios en esta administración.
En materia de desaparición de personas, en el sexenio pasado se registraron más de 54 mil casos, la cifra más alta en la historia. Y esta dolorosa realidad nos obliga a una pregunta incómoda pero necesaria. Qué resultados distintos vamos a tener si seguimos la misma ruta. La respuesta no está en la falta de normas, sino en la enorme distancia que existe entre las normas y la realidad, la brecha entre el diseño de una política pública, por adecuada que sea, y su implementación efectiva.
La ley, sin duda, es el primer paso. Pero la ley no puede incidir en la realidad sin voluntad política. Y la voluntad política, ya se sabe, se expresa en el presupuesto. Qué mejor en este periodo de sesiones, en el que estamos aprobando estas facultades para expedir la ley general, y también vamos a discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación, qué mejor que este periodo y esta voluntad política que seguramente se va a acreditar con un voto unánime, para demostrar que la voluntad política es real, poniéndole dinero a hacer realidad las ambiciosas expectativas que estamos generando con esa aprobación.
En Movimiento Ciudadano reconocemos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que ha presentado la presidenta de la República. Los componentes anunciados son muy prometedores: habilitar mecanismos de denuncia anónima, incrementar las labores de investigación e inteligencia, atender a las víctimas y realizar campañas de prevención. Ojalá que tengamos éxito en esos objetivos.
Queremos que la reforma constitucional que vamos a aprobar esté acompañada de una inversión seria en el fortalecimiento de las capacidades institucionales en los tres órdenes de gobierno. Si no, esa voluntad política se va quedar trunca y no vamos a poder incidir en cambiar esta triste y dolorosa realidad que lastima a todas y todos los mexicanos. No es suficiente establecer penas más severas si el sistema de justicia mantiene niveles de impunidad por encima del 90 %. No podemos esperar resultados distintos, cuando el 97 % de las víctimas de extorsión no presentan una denuncia por temor a represalias.
El sistema de justicia enfrenta graves insuficiencias que comprometen su efectividad. Policías sin capacidades reales de investigación, Ministerios Públicos que operan con recursos insuficientes, juzgadores que enfrentan cargas de trabajo inmanejables y hoy una curva de aprendizaje muy compleja. Un sistema penitenciario rebasado, convertido en una instancia de perfeccionamiento criminal. Y todo eso debe ser parte de una discusión seria sobre los desafíos de la seguridad que enfrenta el Estado mexicano.
En la bancada naranja votaremos a favor de este dictamen, porque sí es un paso necesario hacia la construcción de un orden normativo integral contra la extorsión. Pero vamos a estar ahí en la discusión de la legislación secundaria, para que sea sólida, para que sea efectiva. Pero también en la discusión, para que tengamos los recursos suficientes para hacer realidad estos objetivos que nos estamos planteando y lo que coincidimos.
Compañeras y compañeros, la ciudadanía no solo necesita reformas, necesita resultados. La batalla contra la extorsión no la vamos a ganar en este recinto legislativo, la vamos a ganar todos los días en las fiscalías, en los juzgados, en los centros penitenciarios y en las calles de nuestro país.
Nuestro objetivo compartido es que los comerciantes puedan abrir sus negocios sin miedo, que las empresas puedan invertir para crecer y no para sobrevivir. Que las familias no se angustien con el dolor al recibir una llamada de un número desconocido. Y, por ello, no vamos a dejar de insistir en la necesidad de un acuerdo nacional por la paz, la seguridad y la justicia. Que sea plural, que sea abierto y en el que todos podamos participar.
Ojalá que esta buena voluntad política y estos buenos deseos sean una realidad que se transforma a partir de ya en la discusión del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por quince minutos.
Esta Presidencia saluda a diputadas, diputados y asesores de los grupos parlamentarios de Morena y Partido del Trabajo del Congreso del Estado de Tamaulipas, invitados por el diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal. Sean bienvenidas, bienvenidos a este salón de sesiones.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hoy discutimos una reforma constitucional que, sin lugar a duda va a permitir enfrentar uno de los delitos que más lastima a las familias mexicanas y que está vulnerando la actividad institucional de nuestro país.
En el del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos la importancia de este paso. Estamos a favor de la reforma porque entendemos que la extorsión se ha convertido en un flagelo nacional, con un crecimiento sostenido que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión.
Según la Encuesta Nacional de Victimización del 2023, del Inegi, la cifra negra de este delito alcanzaba el 97.2 %, a penas 1 de cada 10 víctimas se atreve a denunciar. Esto nos muestra verdaderamente la magnitud de la desconfianza y el miedo que rodea a este fenómeno.
Pero además de la cifra negra, los datos recientes nos confirman que la extorsión no solo persiste, se agrava. Los resultados del Monitor de Seguridad de Coparmex, revelan un panorama alarmante, la extorsión alcanzó 5 mil 887 víctimas en el primer semestre del 2025, un incremento del 6.9 % respecto al mismo periodo del año anterior.
Además, según el Inegi, cerca del 25 % de las empresas de nuestro país han sido víctimas de algún tipo de extorsión. Reitero, vamos en aumento. Esto convierte al 2025 en el año con el nivel más alto que se tiene registro. A nivel estatal, Guanajuato, Morelos y el estado de México, presentan las tasas más elevadas. Y a nivel municipal Cuautla, Salamanca, San Miguel de Allende, encabezan estos indicadores. Estos datos son contundentes, la extorsión no se detiene y se está consolidando como una de las formas más extendidas y más dolorosas de violencia criminal en nuestro país.
México no ha logrado transitar a ser un verdadero país de derechos, se mantiene, lamentablemente, como un país de privilegios y concesiones. A esta economía de la extorsión las principales víctimas son las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la columna vertebral del empleo y la economía nacional.
Recordemos, amigas y amigos diputados, que no es la primera vez que recurrimos a leyes generales para tratar de atender delitos de alto impacto, lo hemos hecho ya en casos como en la desaparición forzada de personas, con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, en 2017. La trata de personas con la ley general, de 2012. La tortura... 2017. Con atención a víctimas con la ley general, del 2013.
Todos estos casos una reforma constitucional permitió articular competencias entre la Federación y las entidades federativas. Crear registros nacionales y establecer obligaciones mínimas para los diferentes órdenes de gobierno.
Gracias a esas leyes hoy contamos con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con unidades especializadas contra la trata, con fiscalías que investigan la tortura y con mecanismos de reparación para las víctimas.
Es indispensable, pues, establecer un marco jurídico uniforme, ya que la disparidad entre entidades federativas es evidente. Pongamos un ejemplo. Mientras en Oaxaca o Yucatán las penas mínimas para este delito son de 1 a 3 años, en Chihuahua las penalidades llegan hasta 30 años de cárcel.
Esta falta de certeza jurídica y disparidad en las penalidades, por poner un ejemplo, puede generar confusión y también puede fomentar la impunidad. La creación de una ley general en materia de extorsión es el paso lógico y urgente para enfrentar este problema, ya que ha adquirido dimensiones que son preocupantes.
Compañeras y compañeros, los delincuentes que se dedican a extorsionar no solo destruyen la paz pública, también impactan directamente en la economía de nuestro país. De acuerdo con los organismos empresariales, la extorsión es hoy uno de los principales factores que lastiman a los pequeños comerciantes. Miles de pequeños negocios familiares cierran cada año porque no pueden pagar las cuotas impuestas por los criminales. El llamado derecho de piso ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una regla de operación en múltiples regiones del país.
Esto no solo afecta a los negocios individuales, lo he dicho, también tiene efecto multiplicador en las economías locales. Cada negocio que cierra por extorsión representa empleos perdidos, familias sin ingresos, comunidades enteras sumidas en la pobreza. En una palabra, representa familias lastimadas por la inseguridad.
Además, los pagos ilegales incrementan los costos operativos de los negocios por la necesidad de contratar seguridad privada o reducir horarios de trabajo. Pero, además, inhibe la inversión y desalienta la expansión de nuevas iniciativas productivas en sectores estratégicos y en regiones claves para este país.
El ambiente de extorsión, lejos de incentivar la formalidad, refuerza la permanencia de la informalidad. En el comercio informal la extorsión se convierte en una suerte de ventanilla única. Basta con pagar una cuota al líder de ambulantes, al policía o al grupo criminal que controla la zona y el comerciante puede operar bajo un acuerdo implícito de protección.
En cambio, la pequeña y mediana empresa formal se enfrenta a un verdadero laberinto burocrático. Permisos, licencias interminables, inspectores, diversas dependencias que exigen pagos, cuotas ilegales, policías que permiten sobornos para dejarlos trabajar, sindicatos sin representatividad que pueden emplazarlos a huelga. En fin, en muchos casos la formalidad se vuelve más vulnerable y costosa que la propia informalidad.
Pero el impacto económico de la extorsión no termina ahí. También golpea de manera directa y esto es algo que debemos de prever y cuidar en la ley general, directamente a los municipios, porque los grupos criminales, escúchenlo bien, amigas y amigos, buscan apropiarse de fondos y recursos que son públicos.
Presidentes municipales, especialmente en zonas rurales y con pocos recursos, son obligados a desviar partidas presupuestales para la seguridad, a la obra social o a la infraestructura, cediendo el control mediante la extorsión a las mafias locales.
En este contexto, la extorsión deja de ser solo un delito patrimonial, se convierte en un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social de México. Ninguna estrategia de crecimiento será sostenible si las inversiones, los empleos y los presupuestos públicos están sujetos al chantaje del crimen organizado.
Esta reforma, sin lugar a dudas, es un primer paso en la dirección correcta, pero la magnitud del problema exige un enfoque integral, coordinado y con visión de Estado, solo así podremos construir un México más seguro, más próspero y verdaderamente competitivo.
Nuestra preocupación en el proyecto es que en el proyecto se quede solamente con una reforma simbólica y no una esperanza normativa, que no aterrice en cambios reales porque no basta reformar la Constitución para poderlo lograr.
Necesitamos, amigas y amigos, que la ley general que surja de esta reforma no debe limitarse a copiar definiciones penales, debe de contemplar protocolos nacionales de investigación que permitan coordinar las Fiscalías locales y la federal.
Un registro nacional de extorsión para dimensionar el problema y diseñar políticas públicas basadas en la evidencia. Unidades especializadas en las fiscalías con recursos, sí, con recursos etiquetados para la capacitación, la supervisión y la persecución del delito.
Mecanismos de protección inmediata a las víctimas que hoy enfrentan de manera solitaria la amenaza y el miedo. Una figura de rendición de cuentas y sanciones claras para las autoridades que no cumplan con los mínimos establecidos. Establecer un programa específico para poder coordinar con los gobiernos estatales la extorsión que sufren alcaldes, presidentas y presidentes municipales de este país. Si no hacemos esto corremos el riesgo de aprobar una reforma Constitucional que sin mecanismos de implementación quede en el papel.
Desde el PRI decimos con claridad que vamos a acompañar esta reforma, pero lo hacemos con una exigencia puntual, que la Ley General en Materia de Extorsión sea presentada y sea discutida sin demora, dentro de los plazos previstos y con un enfoque que sea integral.
El PRI tiene claro que la reforma Constitucional no puede quedarse en un ejercicio de voluntad simbólica, nuestro compromiso es acompañar este cambio con propuestas que sean concretas y exigencias claras que respondan a lo que la ciudadanía nos está demandando allá afuera a todas y a todos.
Exigimos que la Ley General en Materia de Extorsión no sea un documento genérico, sino un instrumento eficaz que establezca estándares mínimos obligatorios para todos los estados, evitando que algunos se conviertan en refugios de la delincuencia, no puede haber estados de primera y de segunda en la protección de los derechos de los mexicanos.
Planteamos también que esta ley general deba incluir recursos presupuestales específicos y etiquetados porque sin dinero, sin personal y sin capacitación cualquier ley queda reducida a letra muerta.
No basta con pedir a las Fiscalías que hagan más con menos, es indispensable dotarlas de lo necesario para cumplir con sus obligaciones. Exigimos que se garantice la participación de los municipios en el diseño e implementación de la política nacional contra la extorsión.
Son las autoridades municipales las que reciben de primera mano la presión del crimen organizado. Por eso, debemos escucharlas, protegerlas y acompañarlas, y deben ser acompañadas por el Estado mexicano.
Finalmente, hacemos un llamado a que esta ley no se limite a la sanción sino que concrete también la prevención, atención a víctimas y mecanismos de reparación integral del daño.
No podemos perder de vista que detrás de cada cifra hay personas, hay familias, hay comunidades enteras que han sido afectadas por el miedo, la pérdida de ingresos y la violencia.
El PRI, nos comprometemos a impulsar que esta reforma sea el punto de partida para una auténtica política de Estado contra la extorsión, una política que combine la fuerza con la sensibilidad, recursos con resultados y, sobre todo, que tenga en el centro a las víctimas y a la sociedad mexicana.
El fenómeno de la extorsión no se resolverá únicamente con reformas legales, es indispensable combatir la impunidad estructural que reina en el país. No basta con tipificar el delito, necesitamos instituciones sólidas, confiables y capaces que protejan a las víctimas y sancionen a los culpables.
La extorsión es uno de los principales obstáculos para el progreso de México, porque mientras esta prevalezca, nuestro país no podrá aspirar a una nación de iguales. Seguirá lastimando la vida social y económica de las y de los mexicanos, limitando la productividad de quienes trabajan y obstaculizando la diversificación, expansión de nuestras economías locales y regionales.
Combatir la extorsión debe asumirse no solo como un asunto de seguridad pública, sino como un asunto de estrategia para garantizar el crecimiento económico de México. Si queremos que nuestro país alcance el verdadero potencial, más inversiones, se consolide, es imperativo tener un entorno seguro, predecible y libre de amenazas.
Compañeras y compañeros, este ilícito es hoy un cáncer que corroe a nuestra sociedad. Ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en un delito de control territorial, financiero del crimen organizado.
Mientras el ciudadano común paga cuotas ilegales para poder trabajar, autoridades locales se ven sometidas por grupos que a través de la intimidación deciden cómo se usan sus recursos públicos.
Por eso, respaldamos la reforma constitucional que hoy discutimos, pero también advertimos de manera clara al oficialismo: no podemos quedarnos en el discurso ni en una ley parcial, la Ley General de Extorsión debe ser clara, debe ser operativa, con presupuesto, con visión nacional pero sensible a las realidades locales.
Desde el PRI refrendamos nuestro compromiso de trabajar con todas las fuerzas políticas para que esta ley general se construya, reitero, pronto, se construya bien y, sobre todo, se traduzca en resultados tangibles para las y los mexicanos.
Hoy, frente a este pleno, reiteramos, desde el PRI, que combatir la extorsión no es solo una obligación legal, es una responsabilidad moral, es una responsabilidad política con el pueblo de México.
Mientras este delito siga marcando la vida de millones y millones de mexicanas y mexicanos, no podremos hablar de justicia, no podremos hablar de progreso, no podremos hablar ni siquiera de igualdad.
México merece un futuro libre de miedo, México merece un futuro que esté lleno de oportunidades, por eso desde el PRI reiteramos nuestra disposición a construir la ley general, pero le pedimos al oficialismo de la mayoría apertura para el diálogo, para la construcción, porque en el PRI estamos resueltos de mirar hacia adelante y nosotros en el PRI le echamos cabeza y corazón a México. Muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT. Saludamos a las maestras y maestros integrantes del proyecto Alternativas en materia de orientación técnica pedagógica, del estado de Sinaloa, invitadas por el diputado Jesús Fernando García Hernández. Muchas gracias por estar aquí.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Con su permiso, diputada presidenta. Queridas compañeras y compañeros legisladores y, por supuesto, le hablo al querido pueblo de México, que seguramente nos está viendo y nos está escuchando a través de las plataformas digitales y, por supuesto, a través del Canal del Congreso.
Desde el Partido del Trabajo manifestamos nuestro respaldo decidido a la reforma constitucional que faculta a este Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de extorsión. Lo hacemos, porque esta iniciativa responde a una de las demandas más sentidas del pueblo de México, vivir sin miedo y con dignidad.
La extorsión en nuestro país se ha convertido en uno de los delitos más lacerantes para la sociedad mexicana, no lo decimos de manera abstracta, lo dicen las cifras y lo confirma la vida cotidiana de millones de familias que son víctimas de este delito.
Tan solo entre enero y julio del 2025 se registraron 6 mil 880 víctimas del delito de extorsión, la cifra más alta en al menos seis años. Tan solo en el primer semestre de este año fueron 5 mil 887 casos, lo que representa un incremento hasta del 6.9 % respecto al mismo periodo del año 2024. Y si revisamos los primeros cinco meses del año encontramos más de 3 mil 800 denuncias, lo que implica un crecimiento del 26 % frente al año anterior.
Pero, mucho ojo, denuncias, personas que sí se animan a presentar una denuncia frente al Ministerio Público, pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que no denuncian por miedo y que no denuncian porque no confían en nuestras instituciones. Por eso es importante que se expida esta ley general que tiene que ver con el delito de extorsión.
Detrás de estas estadísticas hay rostros concretos, comerciantes que tienen que pagar cuotas para poder abrir sus negocios, transportistas que son amenazados día tras día, mujeres y hombres que reciben llamadas intimidatorias y comunidades enteras que ven frenado su desarrollo porque la delincuencia se apodera de sus territorios. Pero no solo hablamos de violencia y miedo, también hablamos de un impacto económico brutal.
La extorsión, le cuesta a nuestro país, más de 26 mil millones de pesos al año, es decir, 71 millones de pesos diarios que alimentan a las redes criminales y que deberían estar siendo destinados a educación, salud, bienestar y desarrollo productivo.
Compañeras y compañeros, no se trata de un problema aislado, se trata de un sistema delictivo que se ha convertido en un verdadero impuesto criminal, que paraliza la economía, debilita el tejido social y golpea, sobre todo, a quien menos tiene.
Ante esta realidad, la respuesta del Estado mexicano no puede seguir siendo fragmentada ni desigual. Hoy cada entidad federativa tiene su propia legislación en materia de extorsión, lo que provoca contradicciones, vacíos y zonas de impunidad.
Quien comete este delito sabe que puede aprovechar estas diferencias para seguir operando, por eso es indispensable dotar a este Congreso de la facultad para expedir una ley general que unifique criterios, sanciones y procedimientos en todo el territorio nacional.
Esta reforma, al artículo 73, es histórica, porque permitirá lo siguiente:
Uno, permitirá seguir de oficio a la extorsión rompiendo con el círculo de silencio al que hoy están sometidas las víctimas.
Dos, homologar los tipos penales y sanciones en todo México, cerrando las puertas a las contradicciones legales.
Tres, va a fortalecer la coordinación entre la federación y los estados.
Cuatro, va a colocar a la víctima en el centro de la acción del Estado, garantizando protección, acceso a la justicia y reparación del daño.
Desde el Partido del Trabajo entendemos que la seguridad no es un privilegio, sino un derecho del pueblo. Nuestros estatutos lo señalan con claridad, que el Partido del Trabajo tiene como principio rector la defensa de los intereses del pueblo trabajador y la lucha contra cualquier forma de explotación, injusticia o violencia que atente contra su dignidad.
Por eso, esta reforma no es solamente un ajuste técnico, es un acto de justicia social. Desde el Partido del Trabajo reiteramos que el Estado debe estar del lado del pueblo y nunca del lado de la delincuencia.
Nuestro voto es a favor, es una respuesta a ese mandato popular, porque primero está la gente, primero está la vida digna y siempre estará la lucha por un México justo, libre y sin miedo. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Irma Yordana Garay Loredo, del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, diputada.
La diputada Irma Yordana Garay Loredo: Gracias, presidenta. Con su venia. A nuestro querido pueblo de México y especialmente a mi querida Tlaxcala, compañeras y compañeros diputados, hoy nos encontramos aquí reunidos con un solo propósito: continuar cimentando las bases del segundo piso de la cuarta transformación. Esta cuarta transformación que día a día transforma la vida de cada mujer y de cada hombre de nuestro país.
Estamos frente a un momento histórico, un momento que busca cambiar el rumbo de una de las prácticas que más ha lastimado a nuestro pueblo: la extorsión. Este delito no distingue oficio, edad, clase social, capacidad económica ni lugar de residencia, simplemente llega de la nada para arrebatar lo que con tanto esfuerzo, trabajo y sacrificio han conseguido miles de familias mexicanas.
La extorsión no solo despoja de dinero, también destruye sueños, en un abrir y cerrar de ojos cambia la forma de convivencia social e impacta psicológicamente, silenciando la paz y la tranquilidad de los espacios de trabajo y de los lugares mexicanos.
En México sabemos valorar el trabajo honrado. Somos un pueblo que todos los días se levanta desde temprano a dar la batalla. Que con esfuerzos seguimos poniendo el nombre de nuestro país muy en alto ante el mundo. Sin embargo, la extorsión pretende continuar apagando esa fuerza y sembrar miedo donde florece la esperanza.
Por ello, ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Recordemos que en semanas recientes se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, basada en la investigación y la inteligencia, la creación de unidades antiextorsión, la implementación de un protocolo digno de atención a las víctimas y el desarrollo de una campaña nacional de prevención.
Con esta reforma, enviada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se fortalecerá la lucha para disminuir los casos de extorsión, y así trabajar en sinergia por el beneficio del pueblo de México. Ahora, este Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir una ley general en materia de extorsión que permitirá prevenir, investigar y sancionar de manera eficaz y eficiente este delito que tanto daña a nuestro pueblo trabajador.
Desde el Partido del Trabajo seguiremos apoyando y trabajando en favor de todos y todas las mexicanas, porque creemos firmemente que el trabajo en equipo permite construir soluciones que perduren en el tiempo y que impacten de forma positiva y directa a la vida de cada mexicano, hombre y mujer, en nuestro país.
Con la aprobación de esta reforma fortaleceremos la cultura de la denuncia ciudadana, sin miedo y sin temor, en un México donde nadie más se quede callado ante la incertidumbre con la amenaza. Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchísimas gracias, señora presidenta. Yo creo que este es un dictamen de consenso, sería importante tratar de explicarle a la gente que es lo que realmente hace, porque no estamos expidiendo la Ley General contra la Extorsión, estamos modificando la Constitución para dotar al Congreso de la facultad para expedir dicha ley.
Que hay un debate en si debe ser una ley nacional o una ley general, pero que, finalmente, pone en el centro de la discusión un delito que, aunque se legisló en 1984, está completamente ausente de nuestra normatividad penal. Y que, como han dicho muchos que me han antecedido en la palabra, se está volviendo el delito más importante en este país, pero también el menos denunciado.
El 96 % de los delitos de extorsión se presume que están sin denunciar o son cifras negras. Fíjense bien, quiere decir que lo que conocemos hoy día, que son 57 extorsiones por día, son solamente el 4 % de las extorsiones que suceden en nuestro país, que van desde el cobro de piso, que se está volviendo, como ya lo dijo nuestra compañera Mary Carmen, un impuesto del crimen, hasta las extorsiones de cosas tan sencillas como que te hablan y te dicen que te ganaste la lotería.
Y que la gente da números de tarjeta, da números de fichas de celular y dan una cantidad extraordinaria que más o menos está rondando entre los 67 millones de pesos al año los gastos que causa la extorsión.
Entonces, además de ser y afectar directamente a las personas, afecta a las comunidades económicas. Se considera que las unidades económicas están gastando hasta 67 mil pesos cada vez que les hablan para extorsionarlos, en promedio.
Este delito, además no es denunciado por la falta de resultados y eso es lo que nos lleva a legislar hoy día este tema. Porque, fíjense, 2023, que es la última fecha que tenemos sobre este tema, el 47.9 % de los casos de extorsión no llegó a ningún puerto. La gente piensa que, en este país, desgraciadamente, la maldita herencia neoliberal de que el que la hace no la paga se sigue repitiendo, porque la gente piensa que denunciar es una pérdida de tiempo, o hay desconfianza en las autoridades. El 47.9 % de las denuncias de extorsión no terminaron en nada, y de este 47.9 % estamos hablando de 4.9 millones de delitos de extorsión que representa, como ya han dicho, una tasa de 5 mil 213 extorsiones por cada 100 mil habitantes.
Más allá de llenarlos con cifras, hay que entender algo. El delito de la extorsión desgraciadamente representa la evolución del crimen en este país. Aquel crimen que se dedicaba, vamos a decir, al tráfico de estupefacientes o de drogas, hoy ha evolucionado y ha evolucionado, pues sí, al tema del secuestro y hoy la extorsión, inclusive desde penales, dicen por ahí, que desde alta seguridad.
Y esto hay que atacarse, y no tenemos las herramientas jurídicas para hacerlo. Es por eso que es un gran paso que el segundo piso de la cuarta transformación no solamente reconozca que está es una dolencia que llega a todas las personas, no solamente a las unidades económicas, que hay que legislar al respecto, y que esa discusión se abra en el Congreso federal.
Así que ¿qué es lo que hace dotar al Congreso de la facultad de legislar? Y ya se discutirá si será una ley general, una ley nacional o qué es lo que venga y cuáles son las penalidades, pero que este es un delito que tenemos que poner en los Código Penal y unificar no solamente la tipificación del mismo, sino los criterios y las penas, eso es indispensable. Así que, enhorabuena, por esta iniciativa. Y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, a usted diputada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ruth Maricela Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Ruth Maricela Silva Andraca: Con la venia de la presidenta. Hoy subo a esta tribuna con una profunda preocupación que comparto con miles de mexicanos, pues la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más lacerantes, normalizados y silenciados de nuestro país.
La extorsión es un delito equiparable a un grave cáncer que deteriora el tejido social, pero también el patrimonio de la gente trabajadora. De manera lastimosa en los recientes años, la extorsión se ha convertido en una verdadera pesadilla para comerciantes, transportistas, campesinos, adultos mayores, a las mujeres que sostienen sus hogares con trabajo honesto, así como con ciudadanos que han sido víctimas de amenazas telefónicas, exigencias por protección y chantaje por parte de organizaciones delincuenciales. El fondo es el mismo: el despojo, el miedo, la violencia invisible que paraliza familias, negocios y comunidades enteras.
Este delito ha sido el único que ha tenido un impacto tan fuerte que se ha incrementado a nivel nacional, pasando del 23.68 al 27.45 en el periodo que va de enero de 2019 a enero de 2025.
Es por esta razón que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante los primeros meses de su mandato, puso un especial énfasis en la extorsión dentro de su estrategia nacional de seguridad pública, lo que explica la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que contempla la prevención, atención de denuncias, manejo de crisis, investigaciones e intervenciones operativas para combatir este delito.
Hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza el maestro Omar García Harfuch, coordina estos importantes esfuerzos con base en cinco grandes ejes de acción: generar detenciones mediante investigación e inteligencia; fomentar la creación de unidades antiextorsión en los gobiernos locales; aplicar el protocolo de atención a víctimas; capacitar operadores del número 089 en el manejo de crisis y negociación, donde cualquier ciudadano puede denunciar de manera anónima e implementar una campaña de prevención a nivel nacional. Esta estrategia echa mano de las reformas que hemos aprobado en esta misma Cámara de Diputados.
Hoy es necesario seguir legislando en favor del pueblo de México y aprobar esta importante reforma constitucional que tiene la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en Materia de Extorsión.
Este es tan solo el primer paso para alcanzar una serie de acciones en favor de las víctimas ya que se pretende reforzar la estrategia nacional contra la extorsión al establecerse que este delito podrá perseguirse de oficio, lo que quiere decir que el Estado podrá asumirse como víctima, en principio se trata de quitarle la carga de la denuncia a las víctimas para generar un entorno de protección en momentos de gran miedo y desconcierto para quienes sufrieron la extorsión, por su parte se pretende fortalecer el registro sobre la incidencia de este delito de alto impacto, ya que muchas veces las víctimas no regresan a ratificar las denuncias.
La Ley General de Extorsión que habremos de discutir en breve, en caso de aprobarse esta reforma Constitucional, deberá fortalecer las facultades de investigación, coordinación y colaboraciones entre instituciones de los distintos órdenes de gobierno para desarmar de raíz a los grupos delincuenciales.
Por su parte, los Congresos de los estados también deberán legislar en materia de extorsión conforme a un piso mínimo que debe contemplar el tipo penal, sus agravantes, delitos, vínculos y acciones para proteger a las víctimas.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México respaldaremos de manera firme este dictamen el cual busca que las instituciones cuenten con reglas claras para investigar y perseguir este delito fortaleciendo nuestro Estado de derecho.
Como legisladora, como madre, como mexicana me sumo al llamado de quienes exigen vivir sin miedo, no podemos permitir que la extorsión se convierta en parte del paisaje cotidiano, porque frente a la extorsión haremos justicia y protegeremos a las víctimas que han sido silenciadas por el miedo. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Muchísimas gracias, diputada Silva. Cedemos el uso de la voz al diputado Ricardo Astudillo, del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Compañeras y compañeros, en el Partido Verde Ecologista de México sabemos que México necesita decisiones firmes y decisiones valientes. Hoy, en nuestro grupo celebramos la propuesta de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que presentó el 10 de julio y que fue turnada inmediatamente a la Comisión de Puntos Constitucionales para poder llevar a cabo el análisis correspondiente.
La extorsión no es un hecho aislado, la extorsión el día de hoy, en nuestro país, tiene muchas vertientes, muchas que han dañado a millones de mexicanas y mexicanos. Los números son impresionantes, en el 2023, por ejemplo, se tuvieron cerca de 5 millones de casos de extorsión, más de un millón 200 mil comercios extorsionados. Más de 120 mil millones de pesos pagados a estos actos delictivos. Y, lo más lamentable es que el 90 % de estos casos no fueron denunciados. Pero sí, casi el 70 % fueron pagados. De ese tamaño es la extorsión que tenemos el día de hoy en nuestro país.
No solamente se refiere al derecho de piso, no solamente se refiere a la extorsión a comerciantes, se refiere también a engaños telefónicos, se refiere también a las falsas realidades que plantean, de que puedan tener privado de la libertad a un ser querido. O con el único hecho de poder tener la dirección, en dónde trabaja una mujer o un hombre, con eso es suficiente para esconderse atrás de una pantalla o de un teléfono para poder llevar a cabo este tipo de actos. Fraudes también disfrazados de la extorsión, falsos certámenes que gana la gente y que son engañados por esta delincuencia organizada.
Hay un punto que quiero señalar, muy importante, de esta propuesta del artículo 73, en donde nos permite poder llevar a cabo la Ley General de Extorsión, y creo que es la más importante, con esto vamos a homologar en todas las entidades federativas y garantizar que exista la misma sanción y la misma pena para todos.
Porque hoy cada estado puede tener diferentes criterios y diferentes bases para juzgar este delito y eso le permite a la delincuencia moverse de un estado a otro, en donde saben que las penas pueden ser menores, con esto se termina esta ventana que tiene hoy la delincuencia organizada.
Hoy más que nunca en el Partido Verde estamos ciertos de que necesitamos la unidad, estamos ciertos de que todas las fuerzas políticas, como se ha demostrado en el dictamen, queremos la paz, queremos no solamente devolver a las calles la seguridad, queremos devolver la seguridad a las familias, el poder contestar un teléfono sin miedo. el poder estar haciendo nuestra vida diaria sin tener que vivir de una amenaza.
Por eso, con orgullo y con convicción, el Partido Verde Ecologista de México apoya a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, en esta gran propuesta para todas las mexicanas y mexicanos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado Astudillo. Cedemos el uso de la voz al diputado Juan Luis Carrillo, del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis: Con la venia de la presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Quiero decir que cada mañana, desde muy temprano, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y su gabinete se reúnen para evaluar la situación de seguridad en el país y tomar las decisiones necesarias en esta materia, gracias a lo cual, desde el sexenio anterior, se han logrado avances importantes en cuanto a la reducción de diversos delitos.
La coordinación entre autoridades federales y estatales ha permitido mejorar la prevención del delito, enfrentar con decisión a los criminales y proteger la integridad y los derechos de las personas con el propósito de preservar el orden y la paz.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer para alcanzar el México que todas y todos anhelamos. Por ello, fortalecer las capacidad técnicas y operativas de nuestros cuerpos de seguridad, brindarles una formación sólida de entrenamiento constante y las herramientas jurídicas necesarias para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía es indispensable.
Hoy enfrentamos una de las más grandes amenazas, que es muy dolorosa, la extorsión. Este delito se ha extendido como una sombra que lacera nuestro tejido social, a nuestra economía y a nuestras familias.
La extorsión afecta el patrimonio, destruye la confianza entre las personas, así como la libertad y la paz de nuestras familias, de nuestros comerciantes, de nuestros campesinos, de los transportistas y de las pequeñas y medianas empresas. Es una violencia silenciosa que esclaviza a la sociedad a través del miedo.
En muchas regiones del país la extorsión ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una práctica sistemática que desafía la autoridad del Estado. Cada vez que un comerciante se ve obligado a pagar para poder trabajar, o cuando una familia teme denunciar por miedo a represalias, estamos frente a un estado que debe responder con firmeza, con inteligencia y con solidaridad.
Erradicar la extorsión no es únicamente una tarea policial, es una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno, los Poderes Legislativo y Judicial, así como la sociedad civil.
En el ámbito que nos ocupa se requiere una ley especial para combatir este delito, investigaciones más sólidas, fiscales y jueces comprometidos, pero también políticas de prevención, educación y generación de oportunidades.
Acabar con la extorsión es una condición indispensable para la paz, la inversión y la justicia social. Es una deuda con quienes hoy viven bajo el miedo y una obligación con las generaciones venideras.
De acuerdo con datos del Inegi, en 2023 se registraron 4.9 millones de casos de extorsión en México, lo que equivale a una tasa de 5 mil 200 extorsiones por cada 100 mil habitantes, esta cifra refleja de manera contundente la magnitud del reto al que enfrentamos y la urgencia de actuar ahora, de actuar inmediatamente.
La seguridad pública es un deber constitucional, nace de pacto social que nos une como nación y constituye la obligación ineludible del Estado mexicano de garantizar la vida, la libertad y el patrimonio de todas las personas que habitan en nuestro territorio.
No podemos hablar de justicia social ni de desarrollo si las familias mexicanas no cuentan con un entorno seguro. Debemos dejara claro que la seguridad es la base sobre la cual se construye el ejercicio pleno de los derechos y de las libertades.
La diversificación y complejidad del crimen organizado, su poder económico y su armamento de alto calibre constituyen graves riesgos para nuestra libertad. Por ello, es indispensable homologar las sanciones contra la extorsión a nivel nacional, a fin de cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la respuesta del Estado mexicano.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos convencidos de que la seguridad pública exige visión de largo plazo, compromiso y unidad. Defenderemos siempre la tranquilidad de las y los mexicanos. Por eso, hoy votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, compañera presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchísimas gracias, diputado Carrillo Soberanis.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Cedemos ahora el uso de la voz a la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, diputada.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Primero quiero dejar claro que el Grupo Parlamentario del PAN ya había presentado con mucha anterioridad iniciativas de reformas justamente para combatir el delito de la extorsión y, pues, obviamente por eso es que estamos desde las comisiones y ahora aquí acompañando este dictamen.
Pero también es importante hablar de los datos, la extorsión es un delito de alto impacto que creció 57 % entre 2018 y 2025, es decir, estamos hablando de 19 a casi 30 casos diarios. En 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, equivalente a 5 mil 213 por cada 100 mil habitantes; 71 % de los casos se concentran en el estado de Veracruz, el estado de México, el estado de Nuevo León.
Existen grandes disparidades en las penas, es decir, por un lado, tenemos una pena de hasta 3 años en Oaxaca y otra de hasta 30 años en Chihuahua. Y lo más lamentable es que la extorsión impacta el patrimonio de las familias, la salud psicológica, la integridad y la economía nacional.
Es importante también destacar que afecta directamente a empresas, a familias, al comercio local. Y por eso es urgente homologar las penas en todo el país, destacando lamentablemente Nuevo León como uno de los estados con mayor incidencia.
Hace unos días todo México escuchó el grito desesperado de un hombre trabajador, el Compa Moy, un restaurantero de Baja California, que tuvo que cerrar su negocio de mariscos después de recibir amenazas, cobro de piso y extorsiones. Y su mensaje fue claro: No puedo exponerme a que un sicario me asesine por vender comida. Y cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada, su respuesta fue que llame al 089. Y, presidenta, con todo respeto, el 089 no sirve cuando la gente ya no confía en las instituciones. No sirve cuando las denuncias se archivan. No sirve cuando la extorsión se ha vuelto ley en lugar de la excepción.
El caso del Compa Moy es el reflejo de un país donde el gobierno ha perdido el control, donde el crimen cobra impuestos y la gente honesta paga con miedo. Y no es un hecho aislado. Ocurre en Baja California, un estado donde hasta la propia gobernadora perdió la visa por razones aún desconocidas, y ocurre en todo México, donde gobierno Morena.
Hoy discutimos esta reforma constitucional en materia de extorsión. Se nos dice que ahora sí, con esta reforma se va a unificar el tipo penal, se van a homologar las sanciones y se va a expedir una ley nacional. Pero el verdadero problema no es la falta de normas, es la falta de resultados. Y ahora ya no hay pretextos.
Ya se apropiaron del Poder Judicial, ya pusieron a los jueces que querían. Entonces, qué sigue. Porque ahora ya no podrán seguir culpando al pasado, mientras la extorsión sigue creciendo. Nuevo León, Veracruz y el estado de México concentran la mayoría de los casos. Las familias pagan dos veces: pagan al crimen y pagan al gobierno.
Y la paz, compañeras y compañeros, no se decreta, la paz se construye con hechos, con policías que actúen y con Ministerios Públicos que investiguen. Con jueces que resuelvan con independencia, no con consignas. Con un gobierno que acompañe a las víctimas, en lugar de mandarlas a marcar un número de teléfono. Con instituciones que generen confianza y con un lenguaje que no divida a las personas, que no les abra la puerta a los criminales.
Con un presupuesto real en materia de seguridad, y aquí vale la pena hacer un paréntesis. Acaba de llegar el paquete de Presupuesto para 2026, que trae una importante reducción de más de 10 mil millones de pesos en materia de seguridad.
Compañeros de la mayoría, están a tiempo de darle reversa ese recorte, porque es justo en este momento cuando más se requiere invertirle a nuestros cuerpos policiales.
Los mexicanos no necesitan un 089, necesitan un gobierno que funcione. Necesitan un Estado que defienda a su gente y que no pacte con el crimen organizado. Y, hasta que eso no ocurra, el Compa Moy seguirá siendo el símbolo del fracaso de su estrategia de seguridad. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada Annia Gómez Cárdenas. Cedemos el uso de la voz al diputado Fernando Torres Graciano, del Partido Acción Nacional, hasta por siete minutos y medio, en virtud de que el Partido Acción Nacional segmentó su participación en dos partes. Adelante, diputado.
El diputado Fernando Torres Graciano: Con su venia, señor presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Fernando Torres Graciano: Quisiera iniciar con una especie de preámbulo de lo que hoy nos está ocupando en esta discusión. Primero, comentar que el día de hoy no estamos legislando el tema de la extorsión.
Creo que es importante, porque he escuchado expresiones que pudieran confundir al ciudadano y hacerle pensar o creer que hoy estamos ya entrando al tema de la legislación específica en materia de extorsión. No es así.
Hoy lo que estamos haciendo es una reforma al artículo 73 de la Constitución, para dar facultades al Congreso de la Unión en materia de legislar sobre una ley general o una ley nacional. Lo explicó muy bien el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Leonel Godoy. Esta es la discusión del día de hoy.
Dicho esto, yo quisiera hacer un par de llamados a esta asamblea. Y el primero que tiene que ver con que podamos entrar de manera rápida, ahora sí que como se dice, rápido y bien, a legislar sobre esta ley general o ley nacional respecto de la extorsión. Que no tengamos por qué esperar los 180 días que establece el dictamen en un transitorio para que podamos tener ese producto legislativo, esta ley que atienda el problema de la extorsión.
Creo que el problema lo amerita y que no espera más tiempo, no tenemos ninguna excusa para decir que tenemos que agotar los 180 días, y que hagamos ya ese llamado. El primer llamado es eso, que hagamos el compromiso para que en este mismo periodo podamos tener esa ley que nos permita dar todos los mecanismos, tanto legales, jurídicos y de colaboración, de coordinación de los diferentes órdenes de gobierno, para que pueda darse esa estrategia que ya planteó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Una estrategia, que quiero citar aquí los cinco ejes que planteó. La Estrategia Nacional contra la Extorsión, se basa en cinco ejes:
1. Generar detenciones mediante investigación e inteligencia.
2. Fomentar la creación de unidades de antiextorsión locales.
3. Aplicar el protocolo de atención a víctimas.
4.Capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación.
5. Implementar una campaña de prevención nacional.
Esta estrategia va a requerir, sí, la ley que nos conmine que permita dar facultades a la Secretaría y las diferentes instancias, que permita la colaboración, la combinación y que establezcan las sanciones que se van a dar a los diferentes tipos de extorsión.
Y, en ese sentido, creemos que es importante que un momento dado, que llegue ya la propuesta del Ejecutivo, que no nos quedemos con eso, que también nosotros podamos desde esta soberanía hacer las propuestas que nos corresponden para que juntos, la propuesta que haga el Ejecutivo y las propuestas que surjan de este Poder Legislativo, podamos tener una ley que realmente garantice la aplicación de la estrategia que han planteado.
Pero, sobre todo, y lo más importante, que realmente les garantice resultados a los ciudadanos, a las personas que sufren todos los días en su pequeño negocio el problema, la incertidumbre, la amenaza de verse extorsionados por la delincuencia organizada.
Creo que un delito, en particular la extorsión, y ya habremos de entrar en la discusión en la ley, que hay diferentes tipos de extorsión, pero a uno que hay que ponerle especial atención es a la extorsión que se realiza desde el poder público, desde las esferas de gobierno o de una dependencia de gobierno.
Hace unos días supimos de extorsiones que sufrían dueños, propietarios de gasolineras por parte de funcionarios públicos federales. Esta también es extorsión y tendremos que ponerle especial cuidado de atención porque ese sí ya es el colmo, que desde el poder público se genere este delito que tanto ha dañado a la sociedad.
Y el segundo llamado que queremos hacer es el siguiente, para poder echar a andar esta Estrategia Nacional contra la Extorsión, pues como todos sabemos, aparte de este marco legal, de esta ley que en su momento habremos de discutir, también ocupamos el presupuesto.
Si se plantean propuestas de gobierno, de políticas públicas, propuestas y acciones y estrategias públicas sin presupuesto, eso, como se dice, se llama demagogia. Entonces, lo que tenemos que hacer, y es el segundo llamado, es la revisión al paquete que llegó el día de ayer.
El día de ayer llegó la propuesta del Presupuesto para el próximo año 2026 y hasta ahorita no se ve que esté contemplado un presupuesto específico para esta Estrategia Nacional contra la Extorsión. No está en el Presupuesto y habría que ponerle entonces especial cuidado a la hora de discutir, analizar el Presupuesto, de hacer las modificaciones necesarias para poder darle el soporte presupuestal a esta estrategia. Insisto, de lo contrario va a ser demagogia y no es cierto entonces que nos preocupa mucho el delito si no estamos dando los instrumentos, insisto, legales, pero también presupuestales para que se pueda atender el problema por los diferentes órdenes de gobierno y obviamente por el propio gobierno federal.
Así las cosas, en este segundo llamado, pues ojalá nos demos esa oportunidad, que no se tenga miedo de poder entrar a la revisión del Presupuesto y de poder hacer las reasignaciones necesarias para que se garantice la atención a este problema, el combate a este delito y a quienes lo cometen.
Este es el segundo llamado y ojalá que atendamos estos dos llamados, una ley rápido, puntual, bien hecha en este mismo periodo. Segundo, que afinemos el presupuesto y los recursos materiales suficientes para que se atienda la estrategia y el problema.
Así podríamos entonces sí decir que estamos cumpliendo y atendiendo un problema que nos preocupa y que le preocupa mucho a la gente que todos los días lo sufre. De lo contrario, estaríamos solamente haciendo demagogia. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Muchas gracias, diputado Fernando Torres Graciano.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos el uso de la voz al diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Partido Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez: Con la venia, señora presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez: ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido de algún familiar, de algún hermano que ha sido extorsionado? ¿Quién de aquí no ha recibido esos mensajes alegres de decir que tienes suerte y que ahora eres elegida? ¿No? Sin embargo, es necesario tener un marco jurídico ajustado a estas realidades.
Como parte de la estrategia nacional para combatir el delito a la extorsión la Presidencia de la República propone modificar el artículo 73 Constitucional para dotarle al Congreso de la Unión facultades para expedir una legislación general que permita prevenir y atacar el tipo penal de extorsión de los distintos niveles de gobierno. Lo anterior, se fundamenta en que ninguna de las legislaciones actuales prevé las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar eficazmente las complejidades de este delito.
Por lo tanto, el Estado mexicano debe ofrecer a la sociedad una estrategia eficaz en lo concerniente a la prevención, a la investigación y a la sanción de la extorsión, así como organizar el derecho de acceso a la justicia y a la tutela jurídica efectiva. Por ello, requiere una legislación general que permita contar con mayor capacidad de respuesta ante las necesidades actuales.
En cuanto a la regulación de este delito, así como los daños y las afectaciones de las víctimas, esta iniciativa de reforma constitucional pone al centro los derechos de las víctimas, ya que las cifras y los datos demuestran que día a día ese delito va en constante aumento y evolución también, en sus modalidades de ejecución.
Por ello, es importante contar con un marco jurídico que posibilite la implementación de mecanismos más eficaces, de colaboración entre los cuatro niveles de gobierno: gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y gobierno comunitario, porque ahora tenemos el cuarto nivel de gobierno, y entre las instituciones de seguridad pública, por supuesto, hacer uso de las tecnologías, los sistemas de inteligencia informática para la investigación y el combate a la extorsión.
Compañeras y compañeros, es muy importante que todos hagamos fuerza común en este sentido de dotar de elementos a los cuerpos de seguridad, para que sea mucho más eficaz las investigaciones en cuanto a los temas de extorsión, que repito, lo sabemos, desde que recibes un mensaje en tu celular, hasta que ya tienes a un pariente, a un familiar ya detenido, ya que te están extorsionando para sacarte millones, que la gente, que la ciudadanía no lo tiene.
Por eso, es que conmino a todas y a todos a votar en esta propuesta, en materia constitucional. Yo estoy convencido que todas y todos vamos a darle respuesta al pueblo de México, a las familias mexicanas que tanto necesitamos de que se dé con el paradero de quienes extorsionan. De que tengamos todos los elementos jurídicos necesarios para poder lograr que México sea más seguro y evitar, en todos los tipos de extorsión que se han dado, como lo hemos dicho, y que se dan de distintos modos.
Por eso es que estamos el día de hoy aquí, para respaldar esta propuesta constitucional y agradecemos mucho todo esto que no sea ver que un partido político está haciendo su parte nada más, sino que hagamos causa común para lograr que todas y todos tengamos esta seguridad. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Muchas gracias, diputado Alfredo Vázquez. Esta Presidencia saluda a las participantes y sus familias, del certamen: la Flor más Bella del Ejido, del municipio de Ixtapaluca, invitados por el diputado Armando Corona Arvizu, del Partido Morena. Muchísimas gracias por visitar esta Cámara de Diputados, sean ustedes bienvenidas. Cedemos el uso de la voz a la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, del Partido Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez: Con su permiso, presidenta. Honorable asamblea, mientras yo les hablo en este momento, en algún lugar de México suena un teléfono, una voz desconocida amenaza a una familia, le exige dinero a cambio de no dañar a un ser querido. Mientras ustedes me escuchan, un comerciante está cerrando su negocio porque no puede seguir pagando cuotas a extorsionadores. En este preciso instante un trabajador cambia su ruta, porque alguien conoce sus horarios y amenaza con lastimarlo. Ahora mismo, mientras debatimos, se está cometiendo el delito de extorsión en México y tenemos el poder de cambiarlo hoy.
En lo que dura esta intervención ocurrirán tres extorsiones más, los números son devastadores, 4.9 millones al año, según el Inegi, 30 familias cada hora viven el terror de una amenaza. Hemos pasado de 18 casos diarios a casi 30 el día de hoy, un crecimiento del 57 % que no se detiene. Cada cifra representa una historia real, un padre que tiembla al contestar el teléfono, un comerciante que ya no puede dormir, una madre que vive con constante zozobra.
¿Por qué crece sin control este delito? Porque nuestro sistema está fragmentado, tenemos 32 definiciones diferentes de extorsión. En algunos estados las personas... Las penas son de apenas un año, en otros hasta 30, las multas varían hasta 20 veces entre entidades. No es un sistema de justicia en un laberinto legal que favorece a los criminales.
La delincuencia organizada explota estas debilidades con precisión, se desplazan donde las leyes son más débiles, operan donde los procedimientos son más lentos, convierte cada grieta de nuestro marco normativo en una oportunidad de impunidad.
Esta reforma constitucional es la respuesta que México necesita, no es una medida más, es el cambio de paradigma fundamental, faculta al Congreso de la Unión para crear una ley general que unifique criterios nacionales, una sola definición del delito, sanciones equiparables, procedimientos homogéneos que cierran toda ventaja criminal.
Lo que hace crucial esta iniciativa es su integralidad, articula por primera vez una estrategia nacional coherente que conecta prevención, investigación, persecución y atención a víctimas. Materializa la estrategia nacional con cinco ejes operativos: detenciones mediante inteligencia, unidades antiextorsión especializada, protocolos estandarizados de atención, capacitación profesional y campañas de prevención coordinada.
Los datos revelan la dimensión del problema, solo cuatro estados concentran el 61.8 % de las víctimas, el estado de México acumula el 33.1%. En 18 entidades la extorsión es el delito más frecuente contra unidades económicas y la cifra más alarmante, 90.3 % de los casos permanece en la impunidad por falta de denuncia o seguimiento.
Necesitamos revertir esta tendencia ahora o seguiremos cediendo terreno al crimen. Esta reforma transforma el problema desde su raíz, convierte 32 legislaciones débiles y dispares en una respuesta nacional sólida, elimina el paraíso legal que permite a los criminales elegir territorio según su conveniencia, establece herramientas tecnológicas compartidas para ubicar y desarticular redes criminales.
En este momento, la extorsión rebasa nuestra libertad y economía, ahora mismo 67 % de las víctimas cede ante el terror, las empresas destinan 67 mil millones anuales solo a medidas preventivas, recursos que deberían generar empleos y crecimiento. El costo promedio por establecimiento alcanza 54 mil 451 pesos.
Cuando un ciudadano no puede trabajar si miedo, cuando una familia altera su rutinas por amenazas, cuando alguien paga para preservar su integridad hemos fallado en lo más básico, garantizar seguridad.
Esta iniciativa ofrece solución integral, significa que el pequeño comerciante de Oaxaca contará con la misma protección que el de Nuevo León, que las víctimas de Chiapas recibirán idéntica atención que las de Sonora, que los criminales enfrentarán un sistema judicial unificado, sin refugios legales.
Significa protocolos estandarizados, autoridades que compartirán inteligencia coordinadamente, canales de denuncia homologados y seguimiento efectivo a nivel nacional.
Esta reforma ataca la impunidad estructural que ha permitido que la extorsión crezca al 57 %. Cierra el vacío legal que por décadas ha protegido a la delincuencia organizada. Mi posición es inequívoca y mi voto será consecuente. Esta reforma constitucional es necesaria, urgente e inaplazable...
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Concluya, diputada.
La diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez: ... votemos a favor, porque tenemos la oportunidad histórica de cerrar un vacío legal que ha favorecido décadas de impunidad. Votemos a favor, porque México merece que la extorsión deje de ser un negocio próspero para el crimen y se concierta en un delito que enfrente en todo el territorio nacional la misma respuesta firme de la estrategia del Estado. Hoy podemos decidir que ningún mexicano...
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Concluya, diputada.
La diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez: ... vuelva a vivir con miedo a esa llamada. Es nuestra responsabilidad brindar seguridad a todos los mexicanos. Es nuestro momento. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez. Se encuentra en el pleno Lino León Cruz, representante de Mundo Migrante, con presencia en 170 ciudades de Estados Unidos, defensor de los derechos migrantes de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, invitado por el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia en esta Cámara de Diputados. Damos la palabra, cedemos el uso de la voz a la diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, del Partido Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez: La extorsión en México es un grave problema social, porque afecta el tejido económico, vulnera la seguridad ciudadana y la inversión, y se ha convertido en un delito omnipresente, que crece y se adapta con nuevas modalidades. Su alta cifra negra, la dificultad para denunciar y las limitadas respuestas institucionales exacerban el problema, generando un ciclo de miedo y desconfianza en la sociedad, obligando a las autoridades a buscar enfoques integrales.
La extorsión es un delito en el que una persona usa amenazas o coerción para obtener dinero, bienes o servicios de otra persona, a cambio de evitarle daño o perjuicio. Es una acción ilegal y se considera un delito en muchos sistemas legales, como en el de México. En este tipo de delito los delincuentes utilizan violencia psicológica para intimidar a las víctimas, como agresiones verbales. También hay ocasiones en que se pueden aprovechar de la confianza de las personas para engañarlas y obtener un beneficio.
La extorsión supone en la práctica un atentado directo a la tranquilidad de las personas, que las coloca en un estado de desequilibrio físico y psicológico, el cual no termina al momento de satisfacer las demandas de quien perpetra el delito. Además, es común que tal afectación trascienda a las propias víctimas, de quienes se pretende extraer un beneficio, pues el estado de indefensión e intranquilidad que se provoca con la extorsión suele afectar también a sus familiares y las personas más cercanas.
La extorsión como práctica se presenta de múltiples formas y se comete a través de diversos medios e instrumentos. Los avances en las tecnologías de la comunicación e información son aprovechados incluso por personas recluidas en centros penitenciarios o de reinserción social para coaccionar o intimidar a sus víctimas, con el auxilio o colaboración de otras con las que actúan en complicidad.
La iniciativa global contra el crimen organizado trasnacional sistematizó las modalidades de extorsión como extorsión directa, cuando el extorsionador se presenta de forma personal a realizar esta amenaza, como cobro de piso. Y, por ejemplo, en el estado de México, en Nicolás Romero, el cartel Jalisco Nueva Generación extorsionó a un albergue que se llama Pergatuzoo, que lo amenazaron con matar animales si no pagaban 50 mil pesos al mes para dejarlos operar.
La extorsión indirecta, por ejemplo, es cuando es telefónica o mediante personas intermediarias o por redes sociales, como adquirir un premio, secuestrando virtualmente a un familiar, a algún familiar proveniente del extranjero, amenaza de muerte o secuestro, amenaza de supuestos funcionarios federales, deudas contraídas o extorsión virtual y sexting.
Tenemos un caso en Quintana Roo, en donde a la propietaria de la panadería Chiapas, ubicada en el municipio de Benito Juárez, denunció ser víctima de un intento de extorsión, acabando con la panadería tradicional. Afortunadamente, se tomaron medidas y la panadería sigue funcionando.
De igual manera, el delito de extorsión presenta diferentes formas que, a través de coacción o amenaza dañan la tranquilidad y a paz social en toda la República mexicana, en el norte de nuestro país, como en Durango, en Cuautitlán Izcalli, mi municipio; en el centro y sur de México.
En este caso, hay unos supuestos sindicatos y comerciantes que han sido amenazados bajo una coacción institucionalizada. En el caso del estado de México, se han detectado al menos nueve grupos criminales que se hacen pasar por sindicatos para extorsionar a diversos sectores económicos, principalmente al transporte público, al ramo de la construcción y al comercio.
También se tiene conocimiento de que 25 agrupaciones, como el cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, el Sindicato Libertad, la Organización Sindical Unión 30, Sindical Los Mayas, Sindical Sientededos, organizaciones nacionales, ACME, entre otros.
Las múltiples maneras en que se comete este delito de extorsión y se impacta la dignidad, la vida e integridad física y psicológica de las personas, el derecho a vivir en un entorno libre de violencia, obligan a este Estado mexicano a replantear la forma de entender y replantear esta práctica ilegal para abatirla de manera integral.
Quiero decirles que esto va a ayudar a todos los estados de la República. Por ejemplo, en el occidente de Chihuahua ha habido un aumento en 2025 de este delito. En Guanajuato, hasta el 466 % se ha detectado en estos municipios en este 2025. En Querétaro ha aumentado el 43 % y en Aguascalientes ha subido la demanda de extorsión.
Por tanto, en el Congreso federal debemos impulsar la creación de esta ley general para poder combatir el delito de extorsión.
Querido pueblo de México, desde la cuarta transformación atendemos con acciones contundentes sus preocupaciones, sus demandas y su anhelo de vivir en un entorno de paz y tranquilidad para sus familias.
Una vida digna para todas y todos ha sido y será siempre una de nuestras principales causas que persigue nuestro movimiento. Que vive el pueblo de México, la paz y la tranquilidad de las familias. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Muchas gracias, diputada. Con esta intervención se cierra el plazo para la presentación de reservas.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Y se informa a la asamblea que la discusión de este asunto se llevará a cabo en lo general y en lo particular en un solo acto.
En términos del artículo 230, numeral 3, del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar a favor y en contra, hasta por cinco minutos. Cedemos el uso de la voz a la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, del Partido Movimiento Ciudadano.
La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre: Gracias. Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre: Hace dos semanas conocí a una mujer hermosa, a quienes sus clientes le dicen “La Chiquis”. Una emprendedora, dueña de un salón de belleza. Montó su negocio con todo su esfuerzo, pero las llamadas de extorsión llegaron.
Dejé de ver el letrero que tenía en su local que decía: Estética, y le pregunté a Chiquis, ¿qué fue lo qué pasó? si había cerrado su negocio. Y me dijo que no, que tuvo que quitar ese letrero para protegerse. Su negocio sigue abierto, pero su negocio hoy está escondido, como si ella fuera la que tuviera que esconderse y no la delincuencia.
Y justo esa misma semana conocí a una pareja de personas adultas mayores que tienen una tienda de abarrotes, y que me comentaron que dejaron de operar su negocio en horario regular. Y esto no lo hicieron por falta de ganas, sino por miedo, porque les llamaron para pedirles derecho de piso, pagar por abrir la cortina, pagar por vender un refresco, pagar por vivir. Y eso no es un impuesto, es un asalto permanente a la dignidad de nuestras vecinas y vecinos.
Me dijeron: ya estamos grandes para arriesgarnos, mejor cerremos el negocio. Hoy prefieren no contestar el teléfono y abren solo de ratitos. Imaginen lo que significa vivir con miedo de hasta escuchar sonar tu teléfono.
Y es el caso de una vecina de la colonia Vista Hermosa, de Monterrey, que hace unos meses fue víctima de secuestro virtual. Con engaños la entretuvieron en un centro comercial y mientras estaba retenida, le llamaban a su familia y amigos para pedir dinero porque decían que estaba secuestrada. No hubo secuestro físico, pero sí hubo extorsión. Y así, miles de familias entregan dinero, viven terror y todavía hoy cargan con ese miedo.
La extorsión en México no solo roba dinero, roba tranquilidad, roba confianza en salir a trabajar, roba la paz en nuestros barrios y colonias y expulsa, lamentablemente, a quienes deberían estar más protegidos, que son nuestros adultos mayores, los emprendedores y las mujeres.
Este delito se ha convertido en el que más golpea a la gente. En el 2025, el Secretariado Ejecutivo ya registra casi 7 mil denuncias, la cifra más alta en una década. Y consideremos que el 97 % de los casos no se denuncia porque la gente no confía en la capacidad del Estado de darles justicia.
Esa es la verdadera dimensión del problema. Además, todos lo sabemos, muchas de estas llamadas no salen de la calle, salen de los penales. Desde los reclusorios se extorsiona a la gente trabajadora todos los días y lo que debería ser más básico sigue sin cumplirse, poner inhibidores de señales que sí funcionen en cada penal del país. ¿Cómo vamos a combatir la extorsión si las cárceles siguen siendo oficinas del crimen organizado, call centers de la delincuencia?
La extorsión ya no solo son llamadas, es el cobro de piso en tiendas, mercados, rutas de transporte. Es el delito que se metió hasta en la vida diaria y no distingue edades, no distingue oficios, no distingue ciudades. Y peor aún, solo el 3 % de los casos denunciados llegan a una detención. Para los criminales la extorsión hoy es casi un delito sin castigo.
Hoy este dictamen reforma el artículo 73 de la Constitución y con esto el Congreso expedirá una Ley General de Extorsión que unifique definiciones y sanciones en todo el país. No es la solución más completa, pero sí es un paso que abre la puerta a algo fundamental: dejar de dar ventajas al delincuente y empezar a darle garantías a la gente.
Hacemos un llamado al grupo parlamentario mayoritario para avanzar con seriedad, porque esta no es una causa de partidos, es una causa de víctimas. Y solo con un proceso abierto y plural que integra a las víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil y a expertos podremos construir una ley general que esté a la altura del dolor de la gente.
Quien extorsiona no solo pide dinero, quien extorsiona roba vidas y frente a esto nuestro deber es claro, no normalizar el miedo, no acostumbrarnos a vivir bajo amenaza, que esta reforma no se quede en papel que sea señal de que entendemos el dolor y estrés de quienes bajaron la cortina de su negocio, de quienes quitaron el letrero de su local, a quienes dejaron de contestar el teléfono, a quienes ya no duermen tranquilos.
Hoy decimos que la extorsión sí importa, que las víctimas no son cifras, que tienen historias y vidas mermadas por la delincuencia y que no pueden seguir solas frente al crimen. Es cuanto.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada Irais Reyes.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, con sede en el municipio de Martínez de la Torre. Invitados por la diputada Mónica Herrera Villavicencio. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Cedemos ahora el uso de la voz a la diputada Nadia Navarro Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Nadia Navarro Acevedo: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, desde el Grupo Parlamentario del PRI acompañamos con nuestro voto a favor esta reforma constitucional que faculta al Congreso para expedir la Ley General en Materia de Extorsión.
Todas y todos aquí hemos sido víctimas o conocemos a una persona que ha enfrentado con miedo, impotencia y angustia a está llamada o esa visita que amenaza lo que más amamos, nuestra libertad, nuestra familia y en muchas ocasiones nuestro patrimonio.
Lamentablemente en la actualidad las víctimas se han diversificado, este delito afecta tanto a ciudadanos de a pie como a gobiernos municipales y, como ejemplo, me permito mencionar a mi estado Puebla, donde desde enero a julio de este año se reportaron cinco casos de ediles que han recibido llamadas de penales de Jalisco y del estado de México según las declaraciones del propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
Además, este delito también afecta a los sectores empresarial, ganadero y agrícola, incidiendo en este último caso en los precios del mercado afectando la economía de miles de familias mexicanas.
Como podemos ver, la extorsión no es exclusiva de un sector económico, sin embargo, el impacto de este delito no es congruente con el 3 % de las víctimas que denuncian, siendo este dato el que nos revela dos desafíos que tenemos por delante: el primero, se atribuye al 97 % de personas que deciden no denunciar por la falta de respuesta institucional, por la falta de confianza en las autoridades o porque piensan que sencillamente con la denuncia no pasará nada.
Y dos, este delito, se genera lo mismo desde un centro penitenciario que desde un call center, en donde el crimen organizado ha logrado instaurar un modelo de negocio con el uso de datos personales, padrones, teléfonos y datos que permiten georreferenciar no solo la ubicación de las víctimas, sino información sensible que genere la certeza de un riesgo real e inminente de las víctimas.
Por lo anterior, si este esfuerzo que hoy encabeza la presidenta pretende ser la respuesta al combate frontal y decidido a este delito, la coordinación entre todos los niveles de gobierno, la participación e inclusión de las fiscalías de los estados, el uso de herramientas tecnológicas y de inteligencia deben de ser no solo obligadas sino indispensables.
Mención especial merece el exhorto que a nombre de Grupo Parlamentario del PRI hago desde esta tribuna. El elemento esencial de este esfuerzo será la asignación de un presupuesto suficiente y bastante que logre vencer por fin el rezago que existe en la impartición de justicia.
Decimos no al populismo punitivo, porque no se trata de llenar las cárceles de personas que sin garantías y sin un debido proceso sirvan de cifras en los discursos de resultados inexistentes.
Se trata de construir una política pública, integral, coordinada, pero, sobre todo, con resultados en la vida real de las y de los mexicanos. Desde el Grupo Parlamentario del PRI, hoy nos solidarizamos con los millones y millones de víctimas de este delito y hacemos votos para que este esfuerzo sea el cauce definitivo para el combate eficaz de este lamentable delito. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, diputada.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, diputada.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, sin duda este es un tema de gran relevancia y que hoy se toman cartas en el asunto en esta Cámara de Diputados. Y, bueno, a recoger en las visitas en los estados, la presidenta de la República obviamente no podía dejar pasar este tema tan sensible.
Hay delitos que roban el dinero, hay delitos que roban la tranquilidad, pero hay uno, el de la extorsión, que roba algo más profundo, la dignidad y la esperanza de miles de familias mexicanas.
Y quiero iniciar esta participación con una verdad incómoda, en nuestro país cada hora una persona es víctima de extorsión, cada hora una familia se quiebra, un negocio se paraliza, una vida marca para siempre, no es un delito menor.
Ninguno de nosotros, absolutamente ninguno estamos exentos, pero hoy la historia es diferente. Hoy tenemos una presidenta sensible, comprometida y valiente, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha decidido enfrentar con decisión este flagelo que tanto daño le ha hecho a México.
Con esta iniciativa de reforma demuestra que el Estado mexicano no volverá a mirar hacia otro lado, que la voz de las víctimas será escuchada y que la justicia será una realidad.
Con la reforma al artículo 73 de nuestra Constitución, el Congreso de la Unión contará con las herramientas para legislar de manera integral y expedita contra la extorsión, eso significa un cambio profundo, significa que México avanza hacia un marco legal sólido, moderno y justo, que permita dar certeza a las familias, a los negocios y a toda la sociedad.
En términos jurídicos esta modificación constitucional fortalece nuestra facultad legislativa al precisar y al ampliar de manera expresa la competencia del Congreso para dictar leyes en materia de prevención e investigación, sanción de conductas delictivas que afectan la seguridad pública, en particular la extorsión.
La ley ahora respalda a quienes sufren, protege a quienes trabajan y asegura que la justicia llegue a quienes lo necesitan. Con esta reforma México demuestra que la dignidad de su gente es viable y que nadie quedará desprotegido ante la extorsión.
En la práctica significa que las fiscalías, las policías y jueces contarán con un marco normativo más sólido que facilite la investigación y sanción, garantizando la protección de víctimas y testigos, asegurando que la acción del Estado sea eficiente, coordinada y técnicamente sustentable.
Quiero hacer mención que la bancada del Partido del Trabajo no es un partido de élite ni de privilegio, somos el partido de los trabajadores, de las familias que madrugan, de las mujeres que luchan por sacar adelante a sus hijos, de los jóvenes que sueñan con un futuro digno, de los adultos mayores que dan su vida por México.
Somos el partido que siente lo que siente el pueblo, que sufre lo sufre el pueblo, que no se conforma con discursos vacíos, porque nuestra raíz es de lucha, nuestra esencia es de resistencia y nuestra causa es de justicia. Por eso votaremos a favor de esta reforma constitucional, no más extorsiones para el pueblo bueno de México.
Compañeras y compañeros, todos sabemos lo que significa vivir con miedo. Hoy damos un paso firme hacia la justicia y hacia la paz, lo hacemos convencidos de que la cuarta transformación, encabezada por la mejor presidenta del mundo, la doctora Claudia Sheinbaum, es la esperanza hecha gobierno, es la voz de quienes nunca tuvieron voz, es la fuerza de un pueblo que ya no está dispuesto a agachar la cabeza.
El pueblo nos mira, el pueblo espera y hoy el pueblo recibe una respuesta, una respuesta clara, firme y humana. México no está solo, y por eso, con la voz entrelazada con la historia de nuestra gente, con la memoria de quienes lucharon antes que nosotros, con el compromiso de quienes no se rinden, hoy concluyo diciendo: unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Erika Santana González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Esta Presidencia da la bienvenida a alumnas y a maestros del Centro Universitario Ecatepec, Universidad Autónoma del Estado de México, invitados por la diputada Paulina Rubio Fernández, vicepresidenta de la Mesa Directiva e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias por su presencia.
La diputada Ana Erika Santana González: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, diputada.
La diputada Ana Erika Santana González: Gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. La prioridad más alta para nuestro país es clara, es la paz y la seguridad de las y los mexicanos.
Hoy nos convoca una problemática que lacera la vida cotidiana de miles de personas a lo largo y ancho del país, y afecta gravemente la tranquilidad social, y me refiero al delito de extorsión. Esta conducta no es un simple delito patrimonial, es un acto de violencia sistemática que somete a ciudadanos, a comerciantes, a empresarios y a familias enteras. Todos conocemos a alguien que ha sido tocado por este delito en este país.
Familias enteras han estado bajo amenazas, bajo el miedo y la coerción. Su impacto va más allá del dinero que se exige, destruye los sueños, paraliza la economía, provoca el cierre de negocios y siembra desconfianza entre las familias mexicanas.
Si bien hace unos meses nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó una Estrategia Nacional contra la Extorsión para que en todo el país este delito se prosiga de oficio y la víctima pueda hacer su denuncia de manera anónima, hoy se vuelve urgente y necesario modificar la Constitución para expedir una ley para combatir la extorsión.
Esta reforma deberá tipificar este crimen como un delito grave y que establezca un marco jurídico para enfrentarlo con eficacia. Por ello, no basta con penas leves ni medidas dispersas, ya que requerimos una legislación, una estrategia de seguridad integral, que cierre cualquier camino a la impunidad para los extorsionadores.
Al sancionar la extorsión como delito grave estaremos enviando el mensaje correcto, para evitar que el miedo se convierta en una forma de control social y en un camino al enriquecimiento ilícito. La ley debe garantizar que quienes cometan este delito enfrenten la justicia con todo su peso. Una ley contra la extorsión de esta magnitud debe incluir mecanismos de prevención, de protección y de atención a las víctimas.
Debemos crear canales seguros de denuncia, reforzar las unidades de investigación especializada, utilizar inteligencia financiera para rastrear los recursos obtenidos de las extorsiones y, sobre todo, brindar apoyo psicológico, jurídico y económico a quienes se han visto afectados por este flagelo.
Expedir una ley contra la extorsión será un acto de responsabilidad histórica que nos toca resolver hoy, y un compromiso con los comerciantes, que cada día luchan por sostener su negocio, crear fuentes de empleo. También es un compromiso con las familias que viven bajo amenazas, con las y los jóvenes, que merecen crecer en una sociedad libre de chantajes y de violencia, que merecen un México en paz.
Sin lugar a dudas, aprobar esta reforma constitucional y expedir una ley especial contra el delito de extorsión es una decisión correcta para definir qué tipo de país queremos ser. Es importante mencionar que gracias a la Estrategia Nacional contra la Extorsión se ha incrementado la presencia en territorios de agentes de seguridad especializados en combatir este delito.
Y se fortaleció la coordinación con autoridades locales y se promovió el número telefónico 089 para denunciar. Este número aumento, como resultado, el 66 % de las denuncias en México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde ya se han implementado equipos especializados de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República. También se cuenta con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera para el congelamiento de cuentas bancarias, donde se depositan los cobros de extorsiones, y se han solicitado mandatos judiciales para bloquear las líneas telefónicas vinculadas.
Por lo anterior, desde esta tribuna celebramos el consenso alcanzado en la Comisión de Puntos Constitucionales para que el presente dictamen se aprobara de voto unánime por todas las fuerzas políticas. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos convencidos de que la seguridad pública exige visión a largo plazo, compromiso y unidad, como la que hoy encabeza nuestra presidenta. Tengan por hecho que defenderemos siempre la tranquilidad y la seguridad de las y los mexicanos. Por todo lo anterior, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, diputado.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: Con su permiso, presidenta. Es hoy un día para celebrar. En lo personal, me encuentro contento por haber presentado esta iniciativa y que la oficina presidencial y el gobierno federal, a través de la presidenta, hayan coincidido con la oportunidad de llevar a cabo un combate frontal contra el delito de extorsión, que ha crecido exponencialmente en nuestro país.
La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que te cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxista, al taller, a la panadería, a la farmacia y, sobre todo, también a nuestros campesinos.
Hoy venimos a decirlo de forma clara y contundente: lamentablemente este delito ha crecido, se ha normalizado y está asfixiando la libertad de miles de familias por autoridades que han sido complacientes y que no nos han dado los resultados que merecemos.
Pero, primero, hay que señalar: ¿por qué reformar la Constitución? Pues porque, mientras la ley cambia de un estado a otro, los criminales operan con el mismo manual en todo el país, haciendo sufrir a todas las familias mexicanas.
Elevar la materia de extorsión al artículo 73 permitirá que se expida en lo sucesivo la ley general que unifique el tipo penal, agravantes y sanciones, y que obligue a coordinar prevención, investigación, atención de víctimas en los 3 órdenes de gobierno.
Esa es la ruta correcta: reglas parejas y coordinación real, y no simulación y engaño, como pasó en los últimos años, en los que se cobijaba a los delincuentes con la frase lamentable de abrazos y no balazos.
Los números son fríos, no engañan, la realidad es más que evidente. Entre 2019 y 2024, el promedio anual de carpetas por extorsión subió a 9 mil 407, muy por encima de todos los sexenios pasados. El ritmo de crecimiento se disparó en la extorsión hasta un 75 % más en el último sexenio. Es decir, la extorsión no se ha podido contener y es un flagelo lacerante para toda la ciudadanía.
La extorsión en México no es solo un problema, es una crisis que se ha agravado de manera alarmante bajo la actual administración, y los datos lo demuestran y son irrefutables.
Si comparamos los primeros 10 meses de las recientes administraciones, la cifra de extorsiones ha crecido de manera alarmante. Y déjenme decirles que con la presidenta Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos, una cifra abrumadora si la contrastamos con los 7 mil 249 casos del expresidente López Obrador, 6 mil 792 durante la gestión de Peña Nieto, y los apenas 2 mil 599 de la época del presidente Felipe Calderón.
Queda más claro que ha sido un flagelo presente y constante en los últimos 10 meses y que falta mucho por combatir la extorsión en el actual gobierno. Y todos estos números sin contemplar que 97 % de los casos están sin denunciarse. Pero más allá de los números, es un salto al vacío que evidencia el fracaso en estrategias de seguridad.
Por ello, es imperativo que las autoridades usen herramientas tecnológicas y líneas de investigación efectivas para inhibir estas conductas y cortar de una vez por todas las redes criminales en nuestro país. Es urgente que el Estado reconozca y tipifique de manera uniforme este delito para combatirlo frontalmente.
Hoy vamos a aprobar este dictamen. Lo hacemos por apoyar al dueño de las tienditas, al que no puede subir la cortina porque tiene miedo. Porque el taxista ya no aguanta más pagar una cuota más al crimen organizado. Va por todas aquellas familias que viven con miedo de contestar el teléfono para encontrar una voz amenazante. Va por la tranquilidad de nuestro país.
Desde Acción Nacional no vamos a quitar el renglón hasta degradar y desaparecer a la extorsión como negocio del crimen, cortando sus fuentes de dinero, sus llamadas desde las cárceles y capturando sus redes de cobro. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado.
El diputado Carlos Hernández Mirón: Muchas gracias. Con el permiso de la presidenta. Saludo por los medios del Congreso a todas las mexicanas y mexicanos que le dan atención a esta sesión.
Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, el 10 de junio la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presenta esta iniciativa de reforma al artículo 73. Con posterioridad, el presidente de la comisión, el diputado Leonel Godoy, atiende la solicitud no solamente de diputadas y de diputados integrantes de esta comisión, sino también de los grupos parlamentarios.
Pero hagamos historia, compañeras y compañeros, porque es fundamental que sepamos todas y todos cómo se da esta reforma para combatir un flagelo que es la extorsión. Día con día, desde que estaba como presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el gabinete de seguridad se reúne para evaluar estado por estado y delito por delito el combate a la inseguridad. No ha sido menor con la presidenta, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y se notó con mucha precisión que los delitos de alto impacto han bajado, solamente el que se mantiene arriba es el de la extorsión y es cuando se manda esta iniciativa.
La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no solamente en el gabinete, sino también en el trabajo territorial visitando entidad por entidad federativa escuchando a la gente se identifica la problemática y se genera una estrategia nacional para el combate a la extorsión. Ahí están los datos no de un gabinete, sino abierto a todo el pueblo de México. Todos los martes en la mañanera del pueblo se dan las estadísticas, esa es la estrategia que ha definido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Y, quiero precisar aquí una información que se dio de manera parcial o errónea o quizá dolosa, porque se mencionó solamente a tres entidades federativas con el mayor número de índice de extorsión, y no son tres, es el estado de México, Guanajuato que lo omitieron, es el segundo lugar con más extorsión, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero, esas son las seis entidades federativas, ¿cómo se pueden tener los datos? ¿Cómo se pueden tener esos datos? Dándole seguimiento día con día a todas las actividades delincuenciales y atendiéndolo de manera directa.
Es por ello que se necesita la colaboración de los tres órdenes de gobierno, no solamente en el tema nacional, se necesita que las entidades federativas ayuden también para combatir el flagelo de la extorsión y también directamente en el municipio. Por eso, se hace un trabajo de inteligencia, se hace un trabajo integral, en eso consiste la iniciativa de la presidenta de la República.
Compañeras y compañeros, con la aprobación de este dictamen se logrará homogeneizar el tipo penal y sus penas. Recuerden ustedes que la víctima tiene preocupación y miedo, por eso el Estado mexicano la va a seguir de oficio, en eso radica el gran trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Por eso, los culmino a que podamos votar a favor de esta reforma, es importante para el pueblo de México ya que ha provocado este flagelo un grave daño psicológico a las personas, tienen miedo, por supuesto, pero también afecta a la economía.
Por eso, es necesario que hagamos esta modificación y démosle seguimiento a la línea telefónica, al 089 para que tengamos mayor claridad de cómo se ha atendido, no solamente en prevenir, sino también en cómo disuadir y cómo entender psicológicamente.
El Estado mexicano se compromete a atender la necesidad de la gente. Compañeras y compañeros, es necesario que atendamos las necesidades y escuchemos al pueblo de México, por eso viene esta iniciativa.
Y hoy se cuenta con una estrategia efectiva en contra de la inseguridad, con una estrategia que ha definido y ha delineado una mujer, esa mujer es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con una estrategia para combatir la inseguridad en todo el país, en colaboración con todos los estados y en beneficio de los municipios. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputado. Ha solicitado, para hechos, el uso de la palabra, la diputada Guadalupe Araceli Mendoza, si son tan amables, por favor, sonido a su curul.
La diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias (desde la curul): Bueno, sí.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, diputada, ¿con qué objeto? Para hechos ha solicitado. Adelante, por favor.
La diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias (desde la curul): Sí, permítame, diputada presidenta. Sí, muy buenas tardes, presidenta. Sí, quiero este minuto para hacer un llamado a las fuerzas de seguridad federales para reforzar los trabajos en Uruapan y el distrito 9 de Michoacán.
En días pasados, la policía municipal de Uruapan, encabezada por el presidente Carlos Manzo, capturó a un presunto jefe de plaza de un cartel, que operaba en el distrito que represento, poniendo el ejemplo a todo el gobierno de México de cómo se tiene que trabajar en materia de seguridad, sin titubeos y con una firme determinación de sacar a los criminales de las calles para darle paz al pueblo.
Por tal motivo, hago un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario Harfuch y al fiscal del estado, Carlos Torres Piña, para que se brinde todo el apoyo a alguien que de verdad está haciendo un combate de frente a los robos de autos, extorsiones y desapariciones de mujeres en Uruapan, Michoacán.
Hace pocos meses tuve una intervención similar y es importante que volteen a ver a mi distrito, Tingambato, Ziracuaretiro, Taretan, San Juan Nuevo y Uruapan, que es la cabecera.
Voy a votar a favor también de esta reforma de la extorsión, porque es importante que ya terminemos con esto que nos aqueja a todos en el país. Y arriba los independientes y arriba la sombreriza. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Toda vez que se ha concluido con el listado de oradores, vamos a pasar a las reservas. Y se informa a esta asamblea, que se recibieron propuestas de modificaciones al proyecto de decreto. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la diputada Clara Cárdenas Galván, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Clara Cárdenas Galván: Con permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Clara Cárdenas Galván: Compañeras y compañeros legisladores, este proyecto de decreto en materia de extorsión que nos envió la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se ajusta a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, considerando a la extorsión como un delito de alto impacto.
Su expansión y alta incidencia se entiende por la pluralidad de medios comisivos actuales, instrumentos telefónicos electrónicos y tecnologías de apoyo que permiten al agresor delinquir en cualquier lugar del territorio nacional.
Se destacan dos modalidades usuales, estafas telefónicas y cobro de derecho de piso, actividad que proviene generalmente de los centros penitenciarios, actividades primordialmente relacionadas con la delincuencia organizada.
La extorsión es una forma de esclavitud moderna y silencio es su complicidad. Por ello, el proyecto de decreto que votaremos el día de hoy es relevante, ya que tiene como objetivo principal establecer la facultad del Congreso de la Unión para legislar sobre estos temas, específicamente en lo que respecta a la tipificación y sanción de delitos relacionados con la extorsión y discurso que pueda generar violencia o incitación al odio. No más extorsiones, porque ante una denuncia por extorsión es necesario proteger a las víctimas, que el Estado se asuma como víctima y atienda el delito.
Compañeros legisladores, si hoy aprobamos este proyecto de decreto, estamos combatiendo el grave delito de la extorsión, lo cual permitirá que todos los estados de la República tengan la obligación de legislar para combatir este delito de acuerdo con la norma general.
De acuerdo con los datos del Inegi, la inseguridad que deriva de la extorsión golpea a la inflación y a la inversión a tal grado que es factor determinante para la desaparición de empresas formales y el cierre de miles que, ante la imposibilidad de los dueños para defenderse de los criminales, prefieren escapar.
Para el primer trimestre de este año, se registraron oficialmente 5 mil 887 víctimas de extorsión, lo cual significa que este delito aumentó el 87 % en diez años. Y cabe señalar que este delito no solo afecta a las empresas, es una cadena que impacta de manera negativa en la creación de empleos, la inversión extranjera y nacional. El crecimiento económico, la generación de infraestructura y mejora de los servicios públicos, incluyendo la salud y educación.
Por otro lado, las extorsiones también flagelan fuertemente a los productores del sector primario, donde las denuncias son nulas, pues de ello depende la vida de las víctimas. Además, aprobar este proyecto de dictamen es aprobar una necesidad que nace del corazón del pueblo, el cual exige justicia y verdad.
Por otro lado, es importante reconocer que este delito ha alcanzado a todos los estados y se reconoce el alto grado de impunidad con el que operan los delincuentes. Se ha optado por endurecer las penas asociadas con este tipo de extorsión, de tal manera que es importante, entonces, votar a favor de este dictamen, para poder armonizar, sistematizar y homologar el delito de extorsión, fortalecer la concurrencia entre la federación y entidades federativas para que puedan tener mayor capacidad de respuesta ante las necesidades actuales en cuanto a la regulación del delito, daños y afectación a las víctimas.
Esta reforma es real y necesaria. Por ello, sigamos caminando y protejamos a las víctimas de extorsión, sigamos caminando de manera congruente con el sentir del pueblo de México. Es cuanto. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Silvia Patricia. Adelante, diputada.
La diputada Clara Cárdenas Galván: Retiro mi reserva.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias. Toda vez que no hay materia –gracias a usted, diputada–, tiene ahora el uso de la palabra la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy estamos ante una reforma impostergable. La iniciativa que acabamos de votar o más bien lo hemos votado en lo general modifica el párrafo primero del inciso A, de la fracción XXI, del artículo 73 de nuestra Constitución.
Sin embargo, con la reserva que presento hoy es con la finalidad de que se adicione un transitorio para que, dentro de un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor, la Junta de Coordinación Política organice y realice foros de carácter de parlamento abierto.
Y quiero ser contundente, este delito no solo roba dinero, roba la tranquilidad, los sueños y hasta la vida de miles de mexicanas y mexicanos. Por eso, en los foros se promoverá y garantizará la participación de víctimas del delito de extorsión, organizaciones de la sociedad civil, personas especialistas en la materia e integrantes de la academia, así como los sectores empresariales y de servicios financieros.
Por eso también propongo la creación de un grupo de trabajo integrado por legisladoras y legisladores de cada uno de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara. El delito de extorsión fue más frecuente contra las unidades económicas, 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas, en promedio se cometieron más de 5 mil extorsiones por cada 100 mil habitantes.
El costo económico de este delito alcanzó más de 124 mil millones de pesos, pero el costo humano es incalculable. Hablamos de comerciantes que cierran sus negocios, de familias que viven con miedo, de comunidades enteras sometidas al cobro de piso y de autoridades amenazadas por el crimen organizado.
La extorsión se ha expandido gracias a las nuevas tecnologías y sobre todo desde el interior de los penales, donde se gestan miles de llamadas de amenazas.
Con esta reserva, el parlamento abierto impulsará un espacio de diálogo y reflexión, empoderando a la ciudadanía a influir en la expedición de una ley general que unifique criterios, establezca penas claras y coordine acciones entre los tres órganos de gobierno. Esto significa más inteligencia, más tecnología y más eficacia en la persecución del delito. Significa también atender a las víctimas con dignidad, con protección integral y con acceso real a la justicia. Pero no basta con legislar.
Compañeras y compañeros, la extorsión no distingue clase social, región o sector económico, afecta a todos, desde el pequeño comerciante hasta la gran empresa, desde la familia en su hogar hasta las instituciones del Estado. Aprobar esta reserva es dar un paso firme para que México tenga un marco jurídico moderno, unificado y capaz de responder a este delito de alto impacto. No se trata de endurecer por endurecer, se trata de proteger la vida, la libertad, el patrimonio y la dignidad de nuestra gente.
Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que esta Cámara sabe actuar con responsabilidad, con previsión y con visión de futuro, escuchando a la ciudadanía a través del parlamento abierto. Votar a favor de esta reserva es votar por la seguridad, la justicia y la paz de México. Es momento de estar a la altura, cercanía y resultados, es la demanda hoy. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: No se admite a discusión. Por lo tanto, se reserva para su votación nominal, en términos de lo previsto en el dictamen. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Con su venia, presidenta, y felicidades por su cargo.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Adelante.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Hablo en nombre de quienes han tenido que cerrar sus negocios, bajar la cortina, de los taxistas, de los productores rurales, de las familias que viven con miedo a contestar una llamada de teléfono o un mensaje extorsivo de WhatsApp.
La extorsión y el cobro de piso, como aquí se ha dicho, no solamente es un impuesto criminal, es un agravio al Estado mexicano, porque se despoja a la gente de su trabajo, de su tranquilidad y de su futuro. No hay economía posible si el crimen dicta tarifas, horarios, rutas. No hay Estado de derecho si el silencio vale más que la denuncia.
Reconozco la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear las bases para una ley general antiextorsión, donde la extorsión se persiga de oficio y no recaiga en la víctima su procesamiento.
No basta reaccionar cuando hay hechos de extorsión, hay que ir por los extorsionadores. Y ¿quiénes son hoy los que exprimen a México? En el centro del país y en la tierra caliente un grupo delictivo que no se habla tanto como otros, como el de Sinaloa o como el de Jalisco, pero es hoy por hoy el principal grupo extorsivo en el país, me refiero a La Familia Michoacana, que opera en Tierra Caliente, en Guerrero. Ya en el estado de México prácticamente en las cercanías hasta de Toluca y también en Michoacán. Michoacán, Guerrero y estado de México.
Estos sujetos cobran cuota por todo: la carne, el pollo, el huevo, la Coca- Cola. Y el alcalde que no se subordina o político que no se subordina, lo asesinan.
Quizá uno puede ver que en estos lugares no hay tantos homicidios, entre comillas, porque hay un terror criminal, porque todo mundo va y da su cuota, porque incluso ha cambiado la cultura de la gente, que se siente que no tiene esperanzas frente a estos delincuentes.
Es también la Unión Tepito, aquí en la ciudad, que extorsiona a comerciantes, locatarios y choferes, imponiendo cuotas y castigos.
En la frontera norte el Cártel del Noreste, herederos de los Zetas, que extorsionan a la gente que cruza la frontera, a los tráileres con mercancía, a nuestros paisanos migrantes.
No son nombres sueltos, son estructuras criminales que han hecho un imperio delictivo a partir de la extorsión. Por eso hoy aprobaremos la reforma constitucional, pero en la ley general tienen que establecerse principios esenciales. Se debe homogeneizar el tipo penal y las penalidades.
Se tiene que incorporar la tentativa porque ¿qué pasa? La gente cierra su changarro, se va de su pueblo y no paga la cuota, y van al MP y dice: es que no pagaste. Pues sí, pero hay un daño terrible económico, familiar y psicológico para la gente. Entonces, la tentativa, la llamada, el mensaje, tienen que ser punibles.
También tienen que establecerse, como lo dijimos, que se persiga de oficio. Y se deben de dar todas las atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera, para que en el momento cancele cuentas y haga los seguimientos que correspondan.
Concluyo, presidenta. También es muy importante el blindaje a las cárceles, a los penales, que se revise todas las telecomunicaciones, y que las telefónicas contribuyan, porque son los primeros en poner peros, que porque el perímetro afecta a otros usuarios. Pues no, hay que entrarle también y hacer revisiones periódicas a los reclusorios. Que no haya complicidad.
Algo muy importante, debe ser una justicia también lo de la extorsión, o el combate a la extorsión centrada en las víctimas. Que lo que se recupere de bienes decomisados y recursos se pueda crear un fondo para resarcir a las víctimas de la extorsión.
Otro aspecto importante, y concluyo con ello, es ir contra los extorsionadores de cuello blanco, ir contra los policías corruptos y extorsionadores, sea quien sea, porque ellos se convierten no solo en cómplices de estos grupos delictivos, sino en sujetos activos de este delito.
Por todo ello, señalamos a los grupos delictivos que han hecho de la extorsión su negocio, les decimos, su modelo se les acabó, vamos por sus rutas, sus cobradores, sus jefes de plaza y su dinero con la ley, con inteligencia y con Estado presente. Felicidades a la presidenta Sheinbaum y al secretario García Harfuch. No más cobro de piso, no más delincuentes que extorsionan al pueblo de México. Es cuanto y retiro mi reserva, presidenta.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputado Mejía. Ha sido retirada la reserva, por lo tanto, no hay votación. Esta Presidencia da la bienvenida a regidores de Morena del estado de Jalisco. La licenciada Beatriz Rebeca Verduzco Farías, Micaela Altamirano Cárdenas, Cindy Guillermina Rolón Flores, Francisco Javier Magaña Cisneros, todos invitados por la diputada Clara Cárdenas Galván. Sean todas y todos bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.
El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez: Buenas tardes, compañeras, compañeros. Con la venia del presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante, diputado.
El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez: En el PRI vamos a favor de legislar en materia de extorsión y también reconocemos el trabajo de las comisiones y la propuesta que hace el Ejecutivo a esta Cámara, pero también queremos hacer que la gente sepa que hoy el estar a favor también implica responsabilidad y el estar a favor también debe de ser propuesta.
¿Qué no queremos que pase? Queremos evitar que la reforma quede solamente en facultades generales sin implementación efectiva, pedimos a todos ustedes el que tengan la voluntad política para que esta ley quede en 180 días de manera efectiva.
Es fundamental garantizar que la ley respete los derechos humanos y no derive en criminalización excesiva. Hoy vamos a favor de este primer paso que damos en materia de extorsión, pero también nos sumamos a que las propuestas que todos han estado exponiendo en este pleno sean escuchadas, sean atendidas y se incluyan en la ley, en la misma manera en las que nosotros queremos exponer a todos ustedes.
Hoy la extorsión es sin duda el delito que más aqueja a todos los mexicanos, porque todos estamos expuestos, porque todos podemos ser víctimas, este servidor incluso lo vivió en carne propia.
Pero, quiero centrarme en la experiencia que me tocó vivir como alcalde, hace un año aún estaba en la alcaldía de mi municipio en San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, un estado golpeado por la extorsión y en el que lamentablemente al paso del tiempo lo que más me preocupaba y lo que más me tocaba ver era la cantidad de personas que eran extorsionadas y que no denunciaban. Un 90.3 % de los delitos de extorsión no son denunciados.
Lamentablemente, estas personas no encuentran dónde poder refugiarse, no acuden a las Fiscalías, no acuden al estado, no acuden a la federación, acuden con los municipios porque es el primer respondiente, acuden a las alcaldías, ahí es dónde van a quejarse, dónde van a buscar el que se les atienda y el que se les dé solución.
Por eso, creo importante y creo necesario el que esta ley sí logre el objetivo más claro, el poder hacer que la federación, el estado y ahí es donde tenemos que incluir a los municipios como parte esencial de lo que se debe de trabajar.
Hoy quiero platicarles que me tocó atender a muchas víctimas que no tenían algo muy importante, que era después de la extorsión, el ser atendidos de manera puntual. Por eso, proponemos a ustedes que se dé un acompañamiento en salud mental a las víctimas de extorsión. Necesitamos programas de apoyo psicológico, orientación y acompañamiento comunitario, porque el daño emocional puede ser tan devastador como el económico.
Desde la bancada del PRI proponemos que la ley general contemple esta dimensión humana de la seguridad, la salud mental como derecho y como prioridad. Queremos también exponer a ustedes la relevancia de poder seguir cuidando los datos de todas las personas y los habitantes de nuestro país. La extorsión comienza cuando el extorsionador tiene los datos de sus víctimas.
Hoy pedimos el que se implemente y se busque la manera de blindar los datos y la información de la ciudadanía. Y también queremos exponer la situación que hoy se vive en las carreteras y particularmente, exponer lo que nos ha tocado vivir en la carretera federal 57, que atraviesa mi estado y que une a muchos estados de la República.
Hoy también hay extorsionadores disfrazados de policías, hoy hay extorsionadores que se refugian en la Guardia Nacional. Los transportistas tienen una queja constante en todo el país, lamentablemente, son extorsionados por quienes deberían de brindarles la seguridad en cada una de las carreteras y caminos de nuestro país.
Por eso, debemos cuidar al máximo el que también se busque castigar a aquellos extorsionadores que disfrazados en el traje de protectores extorsionan en carreteras y extorsionan en cada uno de los gobiernos. Hoy, tenemos que darle de frente, tenemos que tomar el toro por los cuernos y legislar a favor de la ciudadanía.
Por todo esto, el PRI acompaña este dictamen, pero con reservas muy claras: buscamos la protección integral a víctimas con acompañamiento psicológico, jurídico y social. El uso de tecnologías e inteligencia para anticiparnos a la delincuencia, que cada vez opera con mayor avance digital. Coordinación plena de los tres niveles de gobierno y respeto total al federalismo. Terminar con la extorsión de los elementos que resguardan las carreteras y, como lo dijeron hace un momento, que con cuello blanco hoy abusan de la ciudadanía.
Enfrentar la extorsión es tarea de todos y todas. Hoy estamos expuestos, pero también tenemos que buscar los mecanismos que garanticen la protección, la paz y la vida de todos los ciudadanos de nuestro país.
Hoy el PRI acompaña este dictamen, pero buscará siempre el cuidar a nuestro país. Es cuanto.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Cindy Winkler Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por cinco minutos, para presentar su reserva.
La diputada Cindy Winkler Trujillo: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante, diputada.
La diputada Cindy Winkler Trujillo: Como legisladores debemos hacer lo propio, con miras a evitar la escala de violencia que estamos sufriendo. Hay que reconocer que también los últimos años ha habido avances importantes en materia de seguridad.
La coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, tanto federal como estatal han tenido resultados visibles en varias regiones del país, pero no es el momento de conformarnos, aún existen amenazas reales, dolorosas y concretas, una de estas y las que más lastiman hoy por hoy en el país es la extorsión.
Este delito de extorsión se ha expandido en una de las formas más violentas que afecta directamente la vida cotidiana de todos los mexicanos. El comerciante, que es obligado a pagar una cuota para abrir su local. El transportista, que teme transitar por ciertas rutas. Y las familias que callan por miedo. Esta es una extorsión que rompe el tejido social, debilita la economía, siembra miedo, impone una falsa autoridad donde el Estado debe ser quien garantice el orden. Lo más grave es, que en muchos lugares ha dejado de ser una práctica aislada para convertirse en un sistema criminal sostenido por amenazas, por impunidad y silencio.
No podemos ni vamos a permitir que esto continúe. Por eso, donde estas, es nuestra soberanía, asumimos un compromiso de actuar de manera contundente, articulada y responsable.
Legisladores y legisladoras, vamos a unirnos a este doloroso encuentro que tienen todos los mexicanos. Combatir la extorsión requiere desde una política integral, leyes eficaces, justas, prontas, policías capacitados, herramientas tecnológicas y, al mismo tiempo, acciones preventivas.
Sabemos que la extorsión no se combate solo con un castigo, sino también cerrando los caminos que llevan a la criminalidad, la falta de empleo, la desigualdad, la desesperanza. Sin embargo, el combate a la extorsión no admite ni titubeos ni demoras, es hoy legisladores, una emergencia que debemos atender con todo el peso del Estado mexicano.
El gobierno ya ha comenzado a actuar con atención de dicho delito, lanzó la estrategia nacional contra la extorsión y, además, presentó la reforma constitucional que el día de hoy discutimos.
Al respecto, no solo reconocemos este importante esfuerzo del Ejecutivo federal, sino que lo respaldamos, pues coincidimos en que esto y en que todo el país, este delito se persiga de oficio y que la víctima haga su denuncia de manera anónima para protegerla. Ponemos un legislación más clara y más robusta.
Es urgente homologar las sanciones, mejorar las técnicas de investigación y garantizar que los jueces ni los fiscales actúen con indiferencia ante este grave delito. Cada caso de extorsión no debe quedar impune ni se alimente con más ciclo de violencia.
Compañeros legisladores, mexicanos y mexicanas, la seguridad no es negociable, es una condición esencial para el desarrollo económico, para la inversión, para la justicia social, para la paz duradera que todos anhelamos en este momento. Sin seguridad no hay libertad ni derechos plenos.
Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista existe la convicción de construir un México seguro, exige una voluntad política, trabajo en equipo y un enfoque de largo aliento. No hay soluciones mágicas, compañeros, pero sí hay caminos efectivos. Si actuamos con seriedad, responsabilidad y sensibilidad, lo estaremos logrando.
Por todo ello respaldamos este dictamen, lo hacemos pensando en las víctimas que hoy viven con miedo, que merecen crecer con un país libre de violencia y lleno de oportunidades, lo hacemos por Morelos, lo hago por ti, Cuautla, seguiremos trabajado. Vivir sin miedo no es un privilegio, es un derecho garantizado para todas y todos los mexicanos. Retiro mi reserva, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada Winkler. No hay materia de votación. Esta Presidencia da la bienvenida a una delegación del Partido del Trabajo encabezada por el licenciado Lauro Flores Patiño, del estado de Jalisco, invitados por el diputado José Luis Sánchez. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos para presentar su reserva.
El diputado Adrián González Naveda: Con el permiso de la asamblea. Muchas gracias. Queremos tomarnos unos minutos para reconocer la capacidad que tenemos nosotros como bloque transformador de realmente reaccionar a lo que el pueblo nos exige. Es algo notable, hay que significarlo, tener una mayoría calificada por mandato popular, tener un bono democrático tan robusto y tan significativo, como el que actualmente existe en el país, nos permite eso, que avancemos escuchando siempre al pueblo en las problemáticas que se van presentado.
Esto nunca se había podido lograr por simulaciones representativas del viejo régimen, además de indolencia u omisiones, pero ahora hemos podido ir articulando sistemas normativos que de manera contundente ataquen problemas específicos. Y, con una coordinación estrecha y muy positiva con el Ejecutivo, estamos atacando los problemas que más laceran a nuestro pueblo.
No solo ha sido sumamente exitosa la dimensión social de gobierno de este proceso histórico de la cuarta transformación, sacando de la pobreza a 13 millones y medio de personas, sino que también ya vemos los resultados en la otra gran exigencia popular, que es el combate a la delincuencia, a los delitos de alto impacto. Lo dijo bien nuestra presidenta de la República, este primer año disminuye en un 25 % el homicidio doloso. Es una excelente noticia.
Pero además tenemos la capacidad de reacción inmediata, porque estamos cerca del pueblo, porque estamos para servir al pueblo, de poder entonces construir también un andamiaje jurídico para ir resolviendo los demás delitos que se van presentando. Y por supuesto me refiero al delito de extorsión. Sí. No negamos que ese delito, ahora que se mide mejor, por supuesto demuestra un aumento en su prevalencia. No. No lo dudamos, no lo escondemos. Más bien actuamos para atacarlo de manera decidida.
Y estamos avanzando en sistemas normativos integrales, desde la Ley General para un Sistema Nacional de Seguridad Pública, una Ley de Inteligencia e Investigación Policial. Y ahora nos damos la facultad, como Congreso, para poder legislar en materia de extorsión, y poder de manera competente establecer bien, cómo es que los tres órdenes de gobierno vamos a atacar de manera conjunta este delito que tanto lacera.
Ya avanzamos en algo fundamental a finales del año pasado, tipificando la extorsión como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, que es algo sumamente positivo. Quienes hemos trabajado con víctimas sabemos de la frustración que significaba que el primer respondiente, que la policía municipal o estatal o Guardia Nacional aprehendiera en flagrancia a un extorsionador y que el Ministerio Público lo dejara ir para que llevara su juicio en libertad. Algo realmente deleznable. Ya lo solucionamos. Ahora nos entregamos, pues, la facultad constitucional para poder hacer una ley general en la materia.
Es así como se debe avanzar. Esto es la cuarta transformación. Esta iniciativa que presenta nuestra presidenta de la República cuenta con lo que el pueblo aquí nos ha otorgado, que es una mayoría calificada. Este es un logro de la cuarta transformación, como todo lo que hemos construido hasta la fecha.
En el Partido del Trabajo entendemos que nos debemos al pueblo siempre, entendemos que el pueblo está con la cuarta transformación, porque de esa manera el pueblo se sigue a sí mismo y entendemos que todo el poder se le debe dar siempre al pueblo. Estamos cumpliéndole, pues, a nuestra gente, de quien escuchamos siempre sus principales dolencias.
Avanzaremos ahorita con esta reforma constitucional, pronto estaremos discutiendo la ley general en la materia para atacar este delito en todas sus modalidades, que ya se han mencionado. Desde los compañeros que manifiestan que es en las carreteras donde más se presenta la extorsión, desde aquellos que tienen una lectura más acabada de los grupos muy fuertes organizados del crimen en Michoacán y Guerrero, mis compañeras y compañeros lo han manifestado, y también desde esa extorsión que se da como un delito de oportunidad, de simulación, como se presenta en mi distrito.
Al ver que no existía un ataque contundente por parte del Estado, muchos oportunistas simulaban ser parte de grupos de la delincuencia organizada y, vía mensajes de WhatsApp o de Facebook, con fotos lograban extorsionar a los ciudadanos por la percepción de inseguridad que existía, por la inseguridad que sentía el pueblo al sentirse abandonado.
Pues no estará abandonado nunca más. Vamos a ir por estos delincuentes con toda la fuerza del Estado, es el compromiso y el Partido del Trabajo está con la presidenta de la República. Que viva la cuarta transformación, y retiro mi reserva, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputado. No hay materia de discusión. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por cinco minutos, para presentar su reserva.
La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante, diputada.
La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas: Hoy no venimos a diagnosticar un problema, hoy venimos a enfrentarnos con firmeza y determinación. Por primera vez en la historia de nuestro país la extorsión se ha convertido en un cáncer que contamina y trunca de inmediato los proyectos de vida de toda la sociedad. Día tras día marchita sueños, envenena anhelos, debilita los negocios y arruina el fruto del trabajo honesto.
Afecta a quienes empiezan un pequeño negocio, a quienes manejan un taxi, a quienes abren una tienda, a quienes simplemente quieren vivir en paz. Y como toda enfermedad degenerativa, la extorsión se propaga sin respetar límites ni fronteras. Por eso ya no es suficiente enfrentarla con soluciones fragmentadas, ni con marcos legales distintos en cada estado.
Hoy damos un paso firme, histórico y urgente. Por primera vez se faculta al Congreso de la Unión para emitir una ley general contra el delito de extorsión que garantice, como mínimo, la homologación del tipo penal y de sus penas en todo el país.
Porque para contener esta plaga que deteriora y asfixia nuestra vida cotidiana, los negocios, la economía del hogar, la paz en nuestras comunidades, no bastan mil manos dispersas, se necesita una sola estrategia, una sola ley firme como un muro de contención que resguarde uno de nuestros pilares más sagrados, que es el patrimonio de las familias mexicanas.
Esta no es una propuesta aislada, ni electorera, por el contrario, representa una prueba contundente de que la presidenta de la República cumple su palabra, tal como lo planteó en el plan de campaña 100 pasos para la Transformación.
La extorsión será considerada un delito grave y de competencia concurrente, permitiendo que los tres órdenes de gobierno actúen de manera coordinada y eficaz. La nueva ley general que se expida en virtud de esta reforma constitucional deberá establecer la estandarización del tipo penal, las sanciones, los métodos de investigación, así como las medidas claras, y así como asistencia a las víctimas.
Todo esto garantizará una distribución precisa de competencias y una respuesta unificada ante un fenómeno criminal que atraviesa fronteras y desafía jurisdicciones.
Asimismo, esta legislación contemplará que el delito de extorsión se persiga de oficio, y que las víctimas puedan denunciar de forma anónima, tal como lo anunció nuestra presidenta en su Primer Informe de Gobierno.
Esta reforma también da respuesta a las demandas expresadas por la Coparmex a inicio de este 2025, que ha propuesto justamente la reforma al inciso a), fracción XXI del artículo 73 de nuestra Constitución, con el fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General contra la Extorsión. Esta ley permitirá coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno, perseguir eficazmente el delito y establecer estrategias conjuntas para erradicar la extorsión.
Las consecuencias de esta falta de armonización legal quedan reflejadas en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 del Inegi, donde se reporta que el 96.7 de los delitos de extorsión no se denuncian por el temor a represalias por parte de los grupos criminales e incluso por funcionarios, que deja a las víctimas en el abandono.
En algunos estados esta incidencia de este delito ha aumentado hasta el 50 %, por lo que confirma la urgencia de enfrentar este fenómeno con firmeza y con decisión. Que se escuche fuerte y claro, el Partido Verde está a favor de atender los delitos desde sus causas profundas, pero también de enfrentarlos con decisión, con eficacia, cuando ya están en ejecución. No basta con la prevención, es necesario actuar con firmeza y con responsabilidad para proteger a todas las familias mexicanas.
Permitir que esta problemática crezca sin control es como dejar avanzar la enfermedad degenerativa sin tratamiento. Por eso no a la extorsión, no al cobro de piso, sí a la paz, sí al bienestar de las familias mexicanas y en la cuarta transformación obedecemos al pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Muchas gracias. Retiro mi reserva.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputada. No hay materia de discusión. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado César Israel Damián Retes, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos, para presentar su reserva.
El diputado César Israel Damián Retes: Muchas gracias, presidente. Diputadas y diputados, hoy coincidimos, pocas veces en esta Cámara de Diputados coincidimos los 500 legisladores, hoy es uno de esos días.
Hoy coincidimos en que la extorsión registra una cifra récord. Hoy coincidimos en que los siete años de gobiernos corruptos de Morena la extorsión registra un incremento de 77 %, casi se ha duplicado. Hoy coincidimos en que las familias y los emprendedores que quieren salir adelante son víctimas de la delincuencia.
Mi Baja California es una de las víctimas de este delito de extorsión. Por eso, en Acción Nacional votaremos a favor de esta reforma constitucional, la idea es que el Congreso pueda legislar a detalle respecto de cómo prevenir y sancionar el delito de extorsión.
Que, por cierto, en el PAN asumimos seriamente el rol de legisladores y no vamos a esperar a que el Poder Ejecutivo nos haga el trabajo, nos mande una iniciativa, en Acción Nacional ya presentamos una iniciativa, pero no coman ansias, ahorita les explico fácil y sencillo.
Primero, hay que detallar el problema, no piensen en la extorsión a grandes empresas, la extorsión en realidad daña a las carretas de tacos en nuestras colonias. Hace que emprendedores como El Compa Moy, en Ensenada, cierre su negocio de mariscos, afecta a las familias mexicanas porque la extorsión es un impuesto del crimen organizado a las familias mexicanas, es la cuota que asfixia a comerciantes y emprendedores, es una llamada que aterroriza a las familias y es el miedo que ocasiona ya no poder abrir un negocio o incluso salir a trabajar.
La extorsión la comenten, ustedes lo han dicho en esta tribuna, en los penales vía telefónica. Después de siete años de gobiernos de Morena no han podido evitarlo, ¿complicidad? ¿Corrupción?
La extorsión también son esos préstamos falsos en redes sociales, pero vienen aquí a esta tribuna a alarmarse por los datos de inseguridad e incluso refieren que la ciudadanía no le tiene confianza al gobierno, a las autoridades, dicho de manera sencilla, las familias no le tienen confianza a los gobiernos corruptos de Morena, y claro, es obvio porque por más que los delitos tengan una sanción alta si no se castiga, si no se aplica estamos en la impunidad total, a eso nos enfrentamos.
Y la impunidad en nuestro país se puede deber a tres razones: o porque los gobiernos corruptos de Morena son ineptos o porque no trabajan o porque están coludidos con la delincuencia. Ustedes dirán. Lo que es un hecho es que la extorsión es un obstáculo para las familias mexicanas, para los emprendedores y para todo aquel que quieren salir adelante.
Claro que necesitamos una legislación especial y una estrategia en contra de la extorsión. Por eso, el diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN, presentó una iniciativa a nombre de los legisladores de Acción Nacional.
En esa ley proponemos dejar claro el delito de extorsión, sus modalidades y sus agravantes, crear sanciones más severas, estrategias de prevención, crear fiscalías especializadas, importante la coordinación entre las autoridades, quien tiene la información, la inteligencia financiera, las policías cibernéticas, capacitación a todas las autoridades y presupuesto suficiente.
Y me detengo en el punto del Presupuesto porque apenas ayer el gobierno de Morena presentó el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2026, ¿y qué salta a la vista? Diez mil millones de pesos menos, quitarle dinero a la seguridad de nuestro país.
¿Así piensan prevenir y castigar los delitos? ¿De verdad, diputadas y diputados, así de bien creen que vamos en materia de seguridad, como para quitarle dinero a la Secretaría de Seguridad? Las familias dicen que no, que quieren vivir en paz.
Acción Nacional está y estará siempre del lado de las familias mexicanas. Siempre contarán con nuestro talento, con nuestro esfuerzo y con nuestros votos para aprobar todo lo que vaya a su favor.
Cuando estén listas, diputadas y diputados de Morena, discutamos la propuesta del PAN, de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Sigamos haciendo política de la buena, de la que une, de la que es verdaderamente democrática y hagamos a un lado la politiquería que divide e impide trabajar por las familias mexicanas. Muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar su reserva.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Buenas tardes al pueblo de México y a todas las personas presentes. Hoy el pueblo de México nos exige actuar frente a uno de los delitos que más dolor y miedo provocan, la extorsión.
Hoy discutimos una reforma indispensable para enfrentar con seriedad técnica y coordinación institucional, el delito de extorsión. No estamos ante un ajuste menor, se trata de dotar al Estado mexicano de una herramienta constitucional para homologar criterios, cerrar vacíos y responder a modalidades que evolucionan con la tecnología. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es el más comprometido con la pacificación de nuestro país y con el combate al crimen.
Y digo aquí, con qué calidad moral viene el PAN a hablarnos sobre seguridad. Déjenme leerles lo que en su libro Decisiones difíciles, del propio presidente espurio Felipe Calderón, nos da una radiografía precisa de la podredumbre que impera en Acción Nacional sobre Jorge Romero, su líder nacional. Relata lo siguiente: Jorge Romero, famoso por los casos de corrupción, que constantemente empresas extorsionadas revelaban, un amigo suyo me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros grupos le representaban ganancias por más de 7 millones de pesos, 7 millones de pesos al mes en extorsiones. Esto lo dice nada más y nada menos que su propio presidente espurio Felipe Calderón. Tengan vergüenza, señores y señoras.
Ahora, lo que venimos a plantear aquí, poniendo a cada quien, en su lugar en la historia, es que tenemos que avanzar como país y garantizarle al pueblo de México su seguridad. El problema jurídico que enfrentábamos, era que la tipificación y las sanciones por extorsión están hoy fragmentadas, el Código Penal Federal prevé una figura general, pero los Códigos locales describen conductas y castigos distintos, esta disparidad dificulta la coordinación entre fiscalías, la persecución transfronteriza dentro del país y la protección efectiva a víctimas.
Con esta reforma, lo que hacemos es otorgarle al Congreso de la Unión la atribución para expedir una ley general en materia de extorsión, que establezca tipos penales mínimos, sanciones base y criterio de distribución de competencias entre federación y entidades federativas.
Define un tipo básico de extorsión y sus formas equiparadas, cobro de piso y cuota de protección, extorsión telefónica y digital y, aplicaciones de montadeudas con amenazas, extorsión carcelaria, extorsión contra personas en movilidad y extorsión contra poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Busca también vincular al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y las mesas de construcción de paz para protocolos unificados de investigación, intercambio de información y actuación conjunta.
Prevé también la colaboración ágil y con control judicial de concesionarios de telecomunicaciones y plataformas digitales, lineamientos para bloqueo de señales en centros penitenciarios conforme a la legislación aplicable.
También tiene un enfoque de derechos y debida diligencia, incorpora estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como garantías para la defensa y privacidad, y reglas claras para el uso de técnicas especiales de investigación, atención integral a víctimas, articula la Ley General de Víctimas para asegurar medidas de protección, reparación integral, asesoría jurídica y no revictimización, con ventanillas únicas y órdenes de protección cuando exista riesgo inminente.
Inteligencia financiera establece mecanismos de coordinación con la autoridad hacendaria para seguimiento de flujos y movilización de activos y desarticulación de cadenas de cobro sin criminalizar la actividad económica lícita.
Mandata una política nacional de prevención de extorsión con indicadores, reportes periódicos y evaluación independiente, campañas de digitalización y protocolos para sectores especialmente expuestos.
Desde la cuarta transformación hemos sostenido que la seguridad es resultado de la prevención social más la inteligencia, más la coordinación y más la justicia. Esta reforma se inserta en esta visión.
A diferencia del pasado, en donde los principales extorsionadores de México fueron el PRI y el PAN con sus gobiernos que dejaron ensangrentado a este país, hoy desde la cuarta transformación avanzamos con inteligencia, con honestidad y con firmeza. Ni un paso atrás por la seguridad del pueblo de México. Es cuanto. Retiro mi reserva, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: No hay materia a discusión. ¿Con qué objeto, diputado Döring?
El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Para rectificación de hechos, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante.
El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Gracias. No cabe duda que cuando la gente es miserable, la política le queda grande. Hoy es un día para unirnos a favor de las víctimas, para ser solidarios –con el doctor– con el dolor de quien sufre la extorsión.
Lamentamos profundamente que quienes no saben ser parte de la solución vengan con calumnias e injurias. Si vamos a hablar de los verdaderos delitos que han flagelado a la república, tendríamos que empezar por el narcopartido de Morena, por La Barredora de Adán Augusto y de Hernán Bermúdez, el que tiene ficha roja de Interpol y del que ya nadie habla y no aparece, de los marinos que son parte de la industria militar del huachicol fiscal del hijo del gobernador Durazo, que está metido hasta el cogote con el hermano Farías Laguna, que no aparece y es prófugo de la justicia.
Todo este debate lo vamos a dar en la glosa, en política interior. Venir a hablar de eso hoy es corriente y es mezquino, pero no lo vamos a dejar pasar.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputado Döring. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto?
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Presidente, es una moción de orden.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante, diputado.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Sí. No, no había ninguna facultad para que el diputado hiciera uso de la palabra, estábamos en las reservas. Entonces, yo solicito que para la próxima acatemos el Reglamento, que en este caso no procedía de ninguna manera esa moción de hechos que ocurrió.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputado Leonel Godoy. Le aclaro que esta Presidencia desde el año pasado, como práctica parlamentaria, ha sido flexible a la rectificación de hechos durante la presentación de reservas. Se informa a la asamblea que las reservas que no se presentaron en tribuna serán inscritas íntegramente en el Diario de los Debates.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Esta Presidencia saluda a las niñas, niños y jóvenes pertenecientes al proyecto Únete a la Banda, con la participación de la Banda Monumental Rebeca Camacho Ocaña y la Banda Las Únicas de Tlalpujahua, provenientes de Michoacán, así como su fundador, el doctor Octavio Martínez Camacho, invitados por la diputada Maiella Gómez Maldonado. Sean todas y todos bienvenidos a este salón de sesiones.
Le damos también, desde esta Mesa Directiva, la más cordial bienvenida al embajador de Turquía, señor embajador Murat Salim Esenli, invitado por la diputada Elda Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchísimas gracias, señor embajador. Ciérrese el sistema electrónico de votación.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 474 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Es mayoría calificada, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Aprobado en lo general y en lo particular, por 474 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Esta Mesa Directiva ha recibido dos peticiones del diputado Francisco Javier Guízar y de la diputada Mónica Sandoval. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Guízar, del PT. Adelante, por favor.
El diputado Francisco Javier Guízar Macías (desde la curul): Muchas gracias, amiga diputada. Diputadas, diputados, para pedir, a través de su conducto, un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento de la señora madre de nuestro compañero y amigo el diputado Wblester Santiago Pineda, del Partido del Trabajo. La señora Diocelina Pineda Santana, que falleció lamentablemente el 4 de septiembre. Una entrañable amiga, una familia de luchadores sociales. Y por eso pedimos este minuto de silencio.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia, esta Mesa Directiva hace suyas las palabras que usted ha dirigido. Y si me permite, la petición de la diputada Mónica Sandoval es precisamente también para un minuto de silencio. Si es tan amable, le damos el uso de la palabra a la diputada y, en su caso, podemos proceder. Gracias, diputado. Adelante, diputada.
La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández: Gracias. Con su permiso, presidenta. Pedir un minuto de silencio por mi colaboradora Azucena Guadalupe Guerrero, quien perteneció al Grupo Parlamentario del PRI por más de 20 años y el día de hoy falleció a las 3:00 de la mañana. Un minuto de silencio y un minuto de aplausos, por favor.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Claro que sí, diputada. Esta Presidencia hace suya, también esta Mesa Directiva, las palabras. Por supuesto, reconociendo la trascendencia y la importancia de estos dos lamentables decesos. Si son tan amables, les solicito que puedan ponerse de pie y que podamos dar curso a este minuto. Gracias.
(Minuto de silencio)
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muy amables. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 52 aniversario del asesinato de Salvador Allende, a cargo de los grupos parlamentarios, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos. Iniciamos con el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Gil Rullán. Adelante, diputado.
El diputado Sergio Gil Rullan: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, hoy honramos la memoria de un hombre excepcional, un luchador incansable que entregó su vida con valentía y congruencia. Salvador Allende.
Su legado no solo es chileno, es universal, pertenece a todas y a todos los creemos que la democracia, la justicia social y la dignidad del pueblo son causas que valen cualquier sacrificio.
Desde joven enfrentó la persecución y expulsión por atreverse a cuestionar dictaduras, sin embargo, jamás renunció a sus ideales, y aquí en México, en Guadalajara, se convirtió en el ideal de toda una generación latinoamericana y mundial.
Allende demostró que la vía democrática podía ser la ruta de la transformación. Como diputado, como senador, como ministro y, finalmente como presidente de Chile, llevó al gobierno una agenda de justicia social que nacionalizó el cobre, impulsó la reforma agraria, abrió las puertas de la esperanza a los más olvidados.
Esa esperanza fue atacada con fuego, con traición y costó sangre el 11 de septiembre de 1973, cuando el dictador Augusto Pinochet, encabezó un golpe de Estado que bombardeó La Moneda y truncó la vida del presidente legítimo. Pero no pudo borrar la lección de dignidad que Allende dejó al mundo, la democracia se defiende ante las últimas consecuencias.
Y esa misma lección la estamos viviendo ahorita mismo en México, porque hace unos meses tuvimos elecciones en Veracruz y en Durango, y en Veracruz no ha terminado esa elección.
Morena prometió no mentir, no traicionar y no engañar al pueblo, y en Poza Rica y Papantla están cometiendo un fraude electoral, así como en Chile hicieron un golpe de Estado, ahí están haciendo un golpe a la democracia, mintiéndole a los ciudadanos, olvidándolos y queriendo convertir lo que no ganaron en las urnas y robárselo en los OPLES, y robárselo en las mesas de conteos porque fue muy sencillo.
En Papantla ganamos la elección ese primero de junio y ahí mismo se contaron los votos y en las casillas y en las actas, que aquí están las actas, les ganamos por más de 500 votos. Y como no les pareció el resultado, así como a los dictadores no les parece la democracia, fue muy fácil, pararon el conteo, se lo llevaron a Xalapa y ahí en Xalapa, tres días después, con el contubernio del órgano electoral de quien ya pedimos la destitución, invalidaron y convirtieron más de mil votos de la gente en votos nulos para robarse la elección de Papantla.
Y en Poza Rica también fue igual. No les gustó que la gente cansada de la corrupción, harta y desencadenada y desencantada de la corrupción del Pulpo Remes, del peor alcalde de la historia de Poza Rica, de Morena, fuera sacado a patadas por un joven brillante y capaz. Y ahí les ganamos por más de cinco puntos. Cuando vieron que les habíamos ganado en el conteo, ¿qué hicieron? Lo pararon. Tomaron las oficinas del OPLE municipal y se llevaron el conteo a Xalapa.
Y otra vez en esas bodegas donde violaron los paquetes, anularon los votos no les salió bien el cálculo, porque hasta para eso son malos. Lograron reducir esa ventaja que teníamos de cinco puntos a un punto. ¿Y qué creen? No piden el recuento. Y hoy violan la ley pidiéndolo tarde. Y quieren abrir esos paquetes después de semanas guardados en el Instituto porque ya los embarazaron, porque ya los tacharon y ya los violaron.
Así es Morena y así le quiere hacer en Veracruz, pero nosotros no vamos a permitir ese fraude que quieren consumar robándole Papantla y Poza Rica a las y los veracruzanos. ¿Por qué? No vamos a dejar que lo que ya decidieron, que es que no sigan gobernando esos municipios, lo quieran recuperar a la mala.
Ustedes se quejan de los fraudes electorales en México. Les robaron la elección del 88 con las actas, dicen del robo de la elección de 2006 con las actas. Y aquí las actas nos dan la razón, nos dan el triunfo, nos dan la validez. Y como no podían aguantarlo, tuvieron que entrar a las bodegas del Instituto Electoral, romper los paquetes y llenarlas de votos nulos para que les alcance y se roben esas elecciones.
No se los vamos a permitir. Hoy ya tenemos nuevos tribunales, hay una nueva Sala Superior que esperamos que cumpla con su obligación de mantener los triunfos de la gente, los triunfos de Poza Rica y Papantla. Y no le vamos a permitir que le roben ni a Mariano Romero la elección ni a Emilio la elección de Poza Rica. Se va a quedar con Movimiento Ciudadano y no en el primer fraude electoral de Morena.
Y escúchenlo bien, porque el siguiente año hay elecciones en Coahuila y no vayan a querer aplicar la misma que ya están aplicando en Veracruz, y así como en Veracruz no nos vamos a dejar, no debemos permitirle en ningún lado de México estos robos, estos ultrajes y esta traición porque sí le mintieron a la gente, sí engañaron a la gente y sí traicionaron al pueblo al momento de violar esos paquetes electorales.
Es lo mismo lo que hicieron a nuestro amigo Salvador Allende, quitando y golpeando a la democracia que lo quieren hacer a los papantecos y a la gente de Poza Rica, es un golpe a la democracia por igual y nunca se los vamos a permitir. Que siempre viva la democracia, que vivan los votos y lo que la gente eligió no lo que se roban los dictadores y los cobardes. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Víctor Samuel Palma César, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Víctor Samuel Palma César: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Víctor Samuel Palma César: Muchas gracias. Hoy recordamos un día aciago en la historia de Latinoamérica, el 11 de septiembre de 1973, tuvo lugar el penoso acto del golpe de Estado en Chile.
Desde las primeras horas de ese día se empezaron a desplegar las Fuerzas Armadas, tomaron los medios de comunicación y mandaron un comunicado que hablaba de la deposición del presidente Salvador Allende, mientras él se encontraba en su lugar de gobierno y todavía pudo a las 9 de la mañana, haciendo uso del espacio que todavía estaba libre, de Radio Magallanes emitir un comunicado.
Decía Salvador Allende, en esos momentos tan complicados, seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos, mi recuerdo será el de un hombre digno, que fue leal a la lealtad de los trabajadores.
El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse.
Sigan ustedes saliendo, que mucho más temprano que tarde de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores”. Esas fueron las últimas y postreras palabras de Salvador Allende.
Como aquí bien se dijo, un año antes había visitado México y había ido a la Universidad de Guadalajara. Se entrelazaban las relaciones entre ambos países. De tal manera que inmediatamente, el gobierno mexicano desplegó toda una actividad de protección a los que eran, en ese momento, perseguidos, prodigándoles recepción en nuestro país y cobertura.
Según algunas cuentas, fueron más de 4 mil chilenos que llegaron a México refugiados y aquí encontraron no solamente buena recepción sino trabajo, y contribuyeron al desarrollo de México.
El entonces embajador, Gonzalo Martínez Corbalá, se apresuró también para brindar la posibilidad de proteger a Pablo Neruda, hay toda una discusión de qué pasó con Pablo Neruda, porque después de eso fue hospitalizado y murió, y se han hecho distintas investigaciones sobre la muerte de Pablo Neruda. Pero lo que queda claro es que el gobierno mexicano se alistó a dar esa acogida y esa protección.
En ese contexto, Latinoamérica vivía un momento singularmente difícil. Después también hubo una fractura en Uruguay, en 1973, eran los tiempos maniqueos de la Guerra Fría y México estaba también, en ese tiempo, cercano a las elecciones de 1976.
En ese momento, ubicados en un régimen presidencialista y con una hegemonía, con un partido hegemónico, pues no tuvo opositor alguno el presidente José López Portillo, que obviamente llegó al cargo.
En esas circunstancias y en un momento donde irrumpía el autoritarismo y la dictadura en América Latina, México abrazó la democracia, inició la transición democrática con la reforma de 1977 y ahí incorporó precisamente a los diputados plurinominales, para darles un espacio claro y asegurado a la expresión diversa del país y afirmar la pluralidad política de México.
Ese ejemplo de encontrar por la vía de las reformas políticas una posibilidad de consolidar la vida democrática del país nos acompañó durante años y décadas, fueron después otras reformas, las de 1990, la de 1993, la de 1994, la de 1996 las que nos permitieron construir y consolidar un régimen plural de partidos y una gran competencia política con alternancia en el poder.
Compañeras y compañeros, recordar hoy ese proceso es un llamado a privilegiar los acuerdos en las reformas políticas y encontrar que a través de ellas es posible consolidar la vida democrática de México. Eso fue lo que México hizo después del golpe de Estado en Chile. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputado.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Luis Sánchez González, del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, diputado.
El diputado José Luis Sánchez González: Compatriotas es un insulto a la memoria histórica del inolvidable presidente mártir Salvador Allende, utilizar esta sesión solemne para venir a dar rienda suelta a la histeria, a la mentira y a la injuria.
Me emociona profundamente hacer uso de la palabra a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para rendirle sentido homenaje a un gigante y coloso de la historia de nuestra América, al expresidente mártir Salvador Allende, quien sigue iluminando con su ejemplo de honestidad, autenticidad, congruencia, convicción democrática y espíritu revolucionario, el camino de la liberación de nuestros pueblos.
Es indiscutible, Salvador Allende en los mil días de la primavera chilena hizo patria, revolución y socialismo. Le devolvió la esperanza y la dignidad al pueblo chileno quien le llamaba cariñosamente compañero presidente, pero también, el derecho a soñar y a conquistar el futuro.
Nadie como él acreditó su vocación democrática, su respeto a la voluntad popular y a la legalidad constitucional, porque a lo largo del tiempo, en sus cuatro participaciones como candidato presidencial a pesar de los reveses sufridos, nunca perdió la fe y la convicción de que por medio del voto, respetando y acatando el veredicto del pueblo, era posible conquistar el poder y transformar revolucionariamente la realidad de opresión, explotación e injusticia, despojo y saqueo de la vida del pueblo chileno.
Su convicción fue de tal envergadura que, incluso, debatió de frente respetuosa y francamente con sus grandes amigos y camaradas, Fidel Castro y Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara, pese a que en ese momento histórico la única vía triunfante era la de la lucha armada, en el caso específico de la Revolución Cubana.
Al llegar a la Presidencia de la República, Salvador Allende postulado por la grandiosa e histórica Unidad Popular, inició la marcha para hacer realidad la vía chilena al socialismo, en un marco libertad, democracia y pluralismo en su afán por devolverle la alegría y felicidad al pueblo chileno e impulsar el progreso y desarrollo de la nación sobre bases de justicia, independencia y soberanía decretó la nacionalización del cobre, que era la principal riqueza de la nación chilena.
Impulsó una profunda reforma agraria, nacionalizó la banca y otros sectores estratégicos de la economía nacional, empoderó a los trabajadores y los convirtió en protagonistas fundamentales de los cambios y transformaciones que se operaban en Chile, les entregó útiles escolares a los niños y les garantizó a estos, sobre todo a los más pobres, un litro de leche diaria. Y empezó a convertir las espinas en rosas. Y el pueblo otra vez volvió a soñar en ríos de leche y de miel, en jardines de flores y en escaleras hacia el cielo.
Semejante atrevimiento en poner en jaque los intereses de la oligarquía de las empresas trasnacionales y del imperio, le costaron la furia y el odio de los enemigos del pueblo chileno, los cuales no estaban dispuestos a perder sus fueros, sus privilegios y riquezas de malavidas e iniciaron la conjura y los preparativos para sembrar el caos hasta con sabotajes y actos terroristas, primero, y luego la desestabilización del mismo gobierno y posteriormente el golpe de Estado, haciendo alarde de un rostro fascista, porque al final de cuentas nunca tuvieron credenciales democráticas auténticas y tampoco estuvieron dispuestos a respetar la voluntad libre y soberana de las grandes mayorías ni la vida misma.
Las fuerzas de la antipatria, la felonía y la traición consumaron el asalto al poder. La defraudación de la voluntad democrática y de las aspiraciones justicieras y libertarias del pueblo chileno establecieron a sangre y fuego una dictadura fascista, inmisericordia y cruel, e inauguraron la negra noche de sufrimiento, liuto y dolor de los chilenos, hubo miles de desaparecidos, torturados, encarcelados, exiliados y asesinados, todo para imponer un modelo económico antinacional, antipopular y fondo monetarista.
Rescatemos las lecciones de este oscuro y negro acontecimiento histórico que llenó de luto, dolor, vergüenza e indignación a los patriotas demócratas y revolucionarios del mundo. Primero es la democracia, la democracia es primero, el respeto escrupuloso y puntual a la voluntad y legalidad constitucional es la vía y el sendero para la disputa y obtención del gobierno. No es la dictadura, ni mucho menos el fascismo la alternativa ni la solución, como quedó plenamente demostrado en la hermana república de Chile y en otras latitudes del mundo.
Segundo. El proyecto y modelo de nación que queremos para México tenemos que definirlo y hacerlo realidad los mexicanos, en un marco de paz, democracia, libertad y pluralismo, sin injerencia ni interferencia de fuerzas extranjeras. Los mexicanos podemos y debemos ser los arquitectos de nuestro propio destino y los constructores de nuestro futuro, sin renunciar jamás a nuestros sueños de justicia y de libertad. Viva Salvador Allende. Viva Chile. Viva México.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Carmen Nava García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Adelante, diputada.
La diputada María del Carmen Nava García: Muy buenas tardes. Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada María del Carmen Nava García: El día de hoy nos encontramos aquí para reflexionar sobre el legado de Salvador Allende. A 52 años de su asesinato recordamos sus palabras: La historia es nuestra, y la hacen los pueblos.
Como legisladores y legisladoras es nuestra obligación reconocer la historia de nuestra región y, sobre todo, aprender de ella.
El camino del primer mandatario socialista elegido democráticamente no estuvo exento de contratiempos. Su gobierno y su lucha por alcanzar la democracia y defender el bienestar, la dignidad y la soberanía del pueblo chileno fue inalcanzable.
Conmemorar a Salvador Allende es, en primer lugar, honrar a las víctimas de la dictadura que padecieron las y los chilenos durante casi 15 años. Pero también es recordar que Salvador Allende fue un presidente que se mantuvo firme en su convicción de que el cambio social podía, y debía, lograrse por la vía pacífica, construyendo una nación en la que la justicia, la sociedad y la igualdad de oportunidades fuera la piedra angular.
Su gobierno se propuso mejorar la vida de las y los más pobres en sus primeros años, logró avances significativos en la lucha contra la migración, sin embargo, la resistencia que encontró a sus políticas fue feroz, ya que los sectores privilegiados se aliaron con intereses extranjeros para desestabilizar su administración.
Frente a esta resiliencia, finalmente el 11 de septiembre de 1973 Chile sufrió un golpe de Estado que puso fin a la democracia, a un gobierno legítimamente electo y a la propia vida del doctor Salvador Allende.
La muerte de Allende marcó un momento trágico en la historia latinoamericana que nunca más debe repetirse. En el contexto actual, donde muchos países de América latina enfrentan desigualdades y conflictos, la memoria de Salvador Allende se convierte en un faro de esperanza. Nos recuerda que la lucha por un futuro mejor es posible, que los caminos de la democracia pueden ser efectivos y que nuestra responsabilidad continúa con ese legado.
Nos enseña que luchar por la justicia depende... tener un alto costo, pero que jamás debemos traicionar nuestros valores ni nuestra convicción. Su sacrificio nos invita a seguir adelante, a no rendirnos ante la adversidad y a luchar por sociedades más justas y menos desiguales.
Hoy recordamos su legado con la esperanza de seguir trabajando por un futuro en el que nunca jamás la violencia se vea impune ante la voluntad popular. A más de cinco décadas de su asesinato, la figura de Salvador Allende sigue viva en memoria colectiva de quienes anhelan un mundo más justo.
Estimados compañeros, sigamos construyendo un futuro donde la justicia social y el bienestar no sea un ideal, sino una realidad tangible para nuestro pueblo y para los demás pueblos latinoamericanos. Juntos de la mano sin dejar a nadie atrás. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Isabel Rodríguez Heredia, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada María Isabel Rodríguez Heredia: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada María Isabel Rodríguez Heredia: Las democracias no se pierden de un día para otro, sino que se van desgastando en silencio. No caen por un golpe seco, sino porque se van normalizando los abusos, se van tolerando las arbitrariedades y las personas se van acostumbrando a vivir con menos libertad.
Hoy evocamos a Chile, pero también hoy, a propósito de esta efeméride, estamos hablando de México, porque la verdadera lección no es del pasado, sino que está justo frente a nosotros. El golpe militar que terminó con la vida de Salvador Allende nos recuerda que romper con el orden constitucional nunca será la salida. Su experiencia mostró los riesgos de los modelos que concentran todo el poder en el Estado, por encima de la libertad económica y la pluralidad democrática.
Y lo subrayo con toda claridad, incluso la derecha chilena condenó el golpe de Estado, porque hay líneas que no se cruzan, porque por encima de cualquier ideología está la defensa de la democracia.
Cuando la ideología se coloca por encima de las instituciones y el consenso, la democracia queda indefensa y frágil. Esa fragilidad es la que abrió paso a una dictadura que dividió de manera muy profunda a la sociedad chilena. Y eso, diputadas y diputados, es lo que hoy debemos evitar en nuestro país.
Vamos a preguntarnos con honestidad: ¿qué democracia estamos construyendo cuando el Poder Judicial es presionado desde la tribuna presidencial? ¿Qué democracia estamos practicando cuando se militarizan funciones civiles y cuando se entrega el país al crimen organizado? ¿Qué democracia queda cuando hasta los políticos del gobierno aparecen implicados en casos de corrupción? La democracia no es un discurso. Se refleja en el modo de vivir de la gente.
Un padre o una madre que no encuentra medicinas para sus hijos saben mejor que nadie qué significa un Estado que no cumple. Una familia que no puede pagar la renta o los víveres porque el salario no alcanza entiende mejor que nadie qué significa un gobierno que gasta mal. Y lo estamos viendo con el paquete económico que se acaba de presentar. Porque este paquete tiene aún más deuda para sostener a un gobierno sin rumbo, mientras hacen recortes en rubros, en programas esenciales y se está abandonando a quienes más lo necesitan.
Eso no es transformación. No hay transformación posible cuando se endeuda al país para seguir pagando y gastando en caprichos, mientras se deja millones de mexicanos sin salud y sin servicios básicos.
Cada peso que se gasta en propaganda y no en hospitales y en salud es un golpe a la democracia. Porque democracia también significa responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Porque los golpes no siempre llegan con tanques y con armas en la calle. Los golpes también llegan en forma de decisiones presupuestales que endeudan a nuestro país. A veces llegan con decretos que buscan silenciar a los jueces. A veces llegan con discursos que dividen a los mexicanos entre buenos y malos. Esa erosión lenta es igual de peligrosa que un golpe abierto.
Chile nos enseñó que la democracia puede quebrarse por la fuerza de las armas. Pero México hoy nos está enseñando que la democracia también puede quebrarse desde dentro, disfrazada de legalidad, con un poder que se concentra, con instituciones debilitadas o nulificadas, con ciudadanos cansados de no recibir respuestas.
Y lo más grave, señores, es que muchos se acostumbran a esta falta de medicinas, a que la violencia sea parte del día a día, a que el dinero se siga yendo a obras inservibles mientras las familias batallan por sobrevivir. Esta normalización del fracaso es quizás el golpe más duro en contra de nuestra democracia.
Y la democracia no puede reducirse a votar cada tres o cada seis años. Democracia es contrapeso, es pluralidad, es libertad de crítica, es garantizar que el poder tenga límites. Y eso es justo lo que hoy se quiere eliminar en nuestro país.
Por eso, desde Acción Nacional y con la bancada aquí presente lo decimos con firmeza, no aceptamos una democracia recortada, endeudada, militarizada, creemos en una democracia plena, en un gobierno que respete a su gente y que entienda que justicia social sin libertad es una farsa.
Compañeras y compañeros, la historia de Chile nos advierte, pero la realidad de México nos duele y nos exige. Defender la democracia hoy significa defender la salud, la seguridad, la educación, la economía y sobre todo la libertad de las y los mexicanos.
La verdadera transformación política y social se construye desde el respeto a lo más primordial, a los derechos humanos, a la economía libre y a la responsabilidad social, no por imposición ni por coerción. Desde el PAN vamos a seguir señalando el actuar de este gobierno y vamos a seguir exigiendo resultados ante tantas arbitrariedades que ha causado.
La historia nos ha dado esta congruencia y así vamos a seguir por ti ciudadano, por ti padre y madre de familia que crees que es posible un mejor país y mejores oportunidades que te permitan salir adelante.
Por favor, no normalicemos el desgaste silencioso de la democracia, aquí estamos hoy unidos, a ti que te representamos siendo tu voz y defendiéndola con fuerza y con convicción. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María de los Ángeles Ballesteros García, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Diputada Miroslava, ¿con qué objeto? Si son tan amables de ponerle audio a su curul. Sonido a su curul.
La diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez (desde la curul): Gracias. Gracias, presidenta. Desde hace rato estaba levantando la mano. Es una moción de orden.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez (desde la curul): Nada más avisar que la compañera no se estaba apegando al tema. El tema de hoy es hablar del aniversario luctuoso de Salvador Allende.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Claro, primero respetuosamente solamente sería entonces una moción de apego al tema, diputada. Y, yo he sido muy respetuosa de todas las posiciones porque creo fervientemente que las legisladoras y los legisladores tienen derecho a fijar su posición, además de su libertad de expresión. Por supuesto, entiendo que hay visiones, en algunos casos, coincidentes y otras no. Pero esta Presidencia será absolutamente respetuosa de la libertad de todos los legisladores y evidentemente, de la pluralidad de la misma. Gracias, diputada. Adelante.
La diputada María de los Ángeles Ballesteros García: Con su permiso, presidenta. Pueblo de México, compañeras y compañeros, nos encontramos hoy en un aniversario que no solo recuerda una fecha trágica, sino que revive un compromiso histórico, el de honrar la memoria del presidente Salvador Allende, símbolo de dignidad, resistencia y convicción democrática.
Salvador Allende fue más que un jefe de Estado, fue un hombre profundamente humano, médico de profesión, que supo escuchar las necesidades de su pueblo. Fue un político que entendió la política como un instrumento de transformación social, como el puente entre la esperanza y la justicia.
Allende creyó que la democracia no debía ser un mero procedimiento electoral, sino un proceso vivo de participación, equidad y respeto a la soberanía nacional. Su legado nos muestra que los ideales pueden y deben defenderse aun en los momentos más adversos.
Creyó en una democracia con justicia social, donde cada campesino, cada persona trabajadora, cada estudiante y cada mujer fueran reconocidos como protagonistas de la vida pública. Para él la democracia era también dignidad, la dignidad de los pueblos para decidir su destino sin imposiciones externas y la de las personas para vivir con derechos y libertades plenos.
Esta convicción lo llevó a sostener, hasta el último instante de su vida, que la política no debía rendirse ante la fuerza, sino resistir con la verdad, la ética y la lealtad al pueblo.
Allende nos recuerda que los sueños colectivos pueden ser perseguidos, pero nunca aniquilados. Que las dictaduras pueden imponer el silencio, pero jamás podrán extinguir la memoria ni la esperanza de sus pueblos.
Allende, en sus últimas palabras nos dejó una lección eterna: se puede perder una batalla política, pero nunca se pierde la dignidad ni el derecho a soñar con un país más justo.
El golpe de Estado en Chile no fue un hecho aislado, representa una herida abierta en toda América Latina, donde los ideales de soberanía y democracia fueron sofocados por dictaduras y por la intervención extranjera.
Allende es hoy un referente no solo para Chile, sino para todos los pueblos que han resistido frente al autoritarismo y al intervencionismo. Su nombre se pronuncia en las universidades, en las calles, en los Congresos y en los movimientos sociales del mundo.
Hoy, a décadas de su caída, la memoria de Allende sigue viva y más vigente que nunca, en tiempos donde resurgen discursos de odio, donde la desigualdad crece y la soberanía de los pueblos se ve amenazada por poderes externos y corporativos, recordando es un acto de responsabilidad política.
Recordar a Salvador Allende no es un ejercicio de nostalgia, sino un compromiso con el presente y el futuro. Es un llamado a construir sociedades más justas, donde la educación, la salud, la vivienda y la dignidad no sean privilegios, sino derechos garantizados, tal y como lo estamos viviendo hoy en México con la cuarta transformación.
Hoy, al rendir homenaje a Salvador Allende, recordamos sus propias palabras, la historia es nuestra y la hacen los pueblos, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Que esas palabras nos acompañen como guía, como brújula moral y que con su ejemplo nos inspire a nunca abandonar la defensa de la libertad, de la justicia social y de la dignidad humana.
Que la memoria de Salvador Allende siga viva, no solo en los libros de historia, sino en cada acción, en cada decisión y en cada esfuerzo por construir un mundo más justo y más humano. Que viva la democracia y que viva la libertad. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada. Con esta participación se ha concluido la efeméride con motivo del 52 Aniversario del Asesinato de Salvador Allende. Esta Presidencia saluda a Raúl Miguel Varela, presidente de Demandantes Ciudadanos A.C. y a Aarón Jiménez Hernández, autor de un libro de matemáticas y de la obra Amor, en diferentes frecuencias, invitados por la diputada Maiella Gómez Maldonado, sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente punto del orden del día es la mención que esta Mesa Directiva pronuncia con motivo de la Gesta Heroica de los Niños Héroes.
Compañeras y compañeros legisladores, hoy nos unimos a la memoria nacional para rendir homenaje a los Niños Héroes de Chapultepec, jóvenes cadetes que el 13 de septiembre de 1847 dieron su vida.
Ese día las tropas extranjeras, muy superiores en número y armamento, avanzaron hacia el Castillo de Chapultepec, sede del Colegio Militar.
A pesar de la desigualdad de fuerzas, aproximadamente 50 cadetes, muchos de ellos apenas adolescentes, decidieron permanecer en su puesto de honor junto a un reducido número de soldados y oficiales, defendieron con valentía la soberanía de México.
Seis de ellos ofrendaron su vida con heroísmo: Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar y Juan Escutia, quien se arrojó envuelto en la bandera nacional para impedir que esta cayera en manos enemigas. Su sacrificio nos recuerda que el amor a la patria no se mide por la edad ni por los cargos, sino por la convicción y la lealtad a nuestros valores.
La Batalla de Chapultepec fue decisiva en aquella guerra, tras horas de resistencia el Castillo cayó, pero los hechos trascendieron la derrota militar, se convirtieron en el símbolo de dignidad frente a la adversidad.
La memoria de los Niños Héroes elevó la conciencia nacional en tiempos de dolor y división y con el paso de los años se transformó en un pilar de nuestra identidad histórica. Hoy, a 178 años, su ejemplo nos convoca a reflexionar sobre lo que significa servir a México. Ellos entregaron lo más valioso que tenían, su vida, por defender nuestra patria.
Nosotros como representantes de las y los mexicanos, debemos honrar su legado con integridad en nuestro trabajo legislativo, actuando siempre en favor de la justicia, la libertad y la unidad nacional. Desde esta tribuna rendimos homenaje a su memoria.
Recordamos que el 13 de septiembre de 1947 en sesión solemne se inscribió con letras de oro en el Muro de Honor de este salón de sesiones la leyenda: A los niños héroes de Chapultepec, a iniciativa del diputado Ignacio Gómez del Campo, quien señaló que aquella gesta heroica fue protagonizada por seres humanos extraordinarios, que combatieron con dignidad por la gloria de México, que su memoria ilumine siempre nuestra labor en este recinto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría dar cuenta con las iniciativas que remite la titular del Ejecutivo federal a este pleno.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Se informa a la asamblea que se recibieron de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Impuestos generales de importación y de exportación.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra (16:55 horas): Se levanta la sesión. Y cito para la próxima que se llevará a cabo mañana miércoles 10 de septiembre del año en curso a las 11:00 horas en modalidad semipresencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9:00 horas a través de la aplicación instalada en los teléfonos móviles de las diputadas y de los diputados. Muchísimas gracias a todos.
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