Intervenciones
Del presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez
Del comisionado de la ONU Jan Jarab
Del director del IIJ de la UNAM Pedro Salazar Ugarte
De la ciudadana María Elena Morera Mitre
Del ciudadano Alejandro Madrazo Lajous
Del ciudadano Julio Ríos Figueroa
Del ciudadano Alejandro Hope Pinson
Del ciudadano Marcos Pablo Moloeznik
Del ciudadano Ernesto López Portillo
Del ciudadano Carlos Bravo Regidor
De la diputada Tatiana Clouthier Carrillo
De la senadora Citlalli Hernández Mora
De la senadora Lucía Virginia Meza Guzmán
De la diputada Adriana Dávila Fernández
Del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez
De la diputada María Alemán Muñoz Castillo
De la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina
Del senador Dante Delgado Rannauro
Del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
De la diputada Marta Angélica Tagle Martínez
De la diputada Mónica Bautista Rodríguez
Del senador Emilio Álvarez Icaza Longoria
De la diputada Aleida Alavez Ruiz
De la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña
Del diputado Marco Antonio Andrade Zavala
Del diputado Ángel Benjamín Robles Montoya
Del senador Damián Zepeda Vidales
De la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz
De la diputada Lorena Villavicencio Ayala
Del diputado Silvano Garay Ulloa
Del diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla
Del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce
Del director del IIJ de la UNAM Pedro Salazar Ugarte
El presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez
Del comisionado de la ONU Jan Jarab
De la ciudadana María Elena Morera Mitre
Del ciudadano Alejandro Madrazo Lajous
Del ciudadano Julio Ríos Figueroa
Del ciudadano Alejandro Hope Pinson
Del ciudadano Marco Pablo Moloeznik
Del ciudadano Ernesto López Portillo
Del ciudadano Carlos Bravo Regidor
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a iniciar los trabajos del foro este, de Derechos Humanos, para poder recibir los comentarios, las sugerencias que tenemos por diferentes grupos de la sociedad con respecto a la Guardia Nacional, y vamos a tomar algunos asuntos de logística, en los cuales quisiéramos pedir su apoyo.
Les decimos, hubo una problemática que no tiene que ver con la Cámara con respecto al abastecimiento de luz. Tenemos un problema de luz y esto obligó a que nos viniéramos al salón este, teniendo un espacio más limitado en cuanto a los espacios para gente.
Hay salones alternos donde la población podrá estar viendo el evento, cómo se desarrolla y estar escuchando. Entonces, vamos a pedir que si nos podemos, así como los niños les voy a decir, si nos podemos sentar, para saber con cuántos lugares tenemos disponibles adicionales, para que por cuestiones de seguridad vayan permitiendo entrar a más gente y podamos utilizar al máximo los espacios, que están limitados porque tuvimos un problema con la luz.
Si nos apoyan para sentarnos y pedirles a las personas que están encargadas de seguridad, que permitan ir entrando a que se vayan ocupando los lugares que están vacíos.
Volvemos a pedirles nos apoyen, sí, ocupando los lugares, para poder saber cuánta gente o cuántos espacios disponibles quedan aquí, recordándoles que tenemos en el salón Cristales, en el edificio G, una sala alterna para poder estar dándole seguimiento al foro.
Son las 11:10, creo que ya quienes llegaron, llegaron y quien no, que se vaya incorporando. Vamos a pedir que si liberamos los espacios que estaban reservados y que podamos permitir que la gente que se encuentre afuera vaya pasando, para que tengamos el espacio totalmente ocupado, porque hay gente haciendo fila.
Pues ahora sí muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos enormemente que nos estén acompañando aquí diputados y senadores, gente de la sociedad civil, ciudadanos, medios de comunicación, y vamos a trabajar el día de hoy en la Mesa 5, mesa de Derechos Humanos y Guardia Nacional, en la cual estaremos escuchando diferentes ponencias, diferentes recomendaciones por parte de la sociedad.
La dinámica que habremos de llevar a cabo, repito, tuvimos un problema con el tema de luz y tenemos una sala alterna en el edificio G, en donde la población podrá estar ahí, estará escuchándonos y dándole seguimiento.
Vamos a dar por iniciado el evento, agradeciendo de antemano la presencia de cada uno de los aquí presentes. Y le pedimos a nuestro maestro de ceremonias dé por iniciado el evento.
El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández: Muy buenos días. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión les dan a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a la Mesa 5, Derechos Humanos y Guardia Nacional, de las audiencias públicas para la Guardia Nacional.
El propósito de estas audiencias es enriquecer la discusión e intercambiar puntos de vista con los sectores involucrados y con el objetivo de que la ciudadanía conozca las diversas opiniones respecto a esta importante reforma en la Constitución política.
Participan diputadas, diputados, senadoras, senadores, titulares de gobiernos estatales y municipales, representantes de organismos e instituciones de derechos humanos, organizaciones y colectivos de la sociedad civil, académicos, especialistas, servidores públicos federales del ramo de la seguridad y de las Fuerzas Armadas.
Para llevar a cabo esta Mesa de trabajo nos distingue con su presencia los ponentes que se mencionan a continuación: Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien agradecemos su presencia. Muchas gracias, señor presidente de la CNDH.
Agradecemos también la presencia de Jan Jarab, representante en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias, señor Jarab.
A Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias, doctor Salazar.
También agradecemos a María Elene Morera Mitre, de Causa en común. Muchas gracias, doña María Elena.
Alejandro Madrazo Lajous, académico e investigador del CIDE. Muchas gracias, doctor Madrazo.
A Julio Ríos Figueroa, de la División de Estudios Políticos del CIDE. Muchas gracias, don Julio.
También agradecemos la participación de Alejandro Hope Pinson, consultor. Muchas gracias, don Alejandro.
A Marcos Pablo Moloeznik, investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, doctor.
A don Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro mexicano para la seguridad democrática de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, don Ernesto.
Y en un momento más estará con nosotros también Carlos Bravo Regidor, quien es profesor asociado y coordinador de investigación en el Programa de Periodismo del CIDE.
Asimismo, agradecemos la presencia y participación de diputadas, senadoras, diputados y senadores de esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, además de servidores públicos de los gobiernos estatales, representantes de la sociedad civil y en general del público invitado a estas audiencias públicas.
Para moderar la quinta mesa, Derechos Humanos y Guardia Nacional, dejamos en el uso de la palabra a la diputada Tatiana Clouthier Carrillo. Por favor, diputada.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Pues como primer punto tendremos aquí al licenciado Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien será nuestro primer ponente. Y le pedimos a la diputada Martha Tagle, por favor, nos haga la presentación de Raúl González.
La diputada Martha Tagle Martínez: Gracias, diputada. Bueno, primero quiero agradecer, sin duda, la disposición de quienes hoy nos acompañan para esta audiencia, que sin duda es muy importante en una nueva dinámica de parlamento abierto que se requiere hacer.
Es muy importante, además, que todos nos encontremos con mucha disposición para escuchar las evidencias, datos e información que los especialistas que hoy nos acompañan presentarán esta mañana.
Y bueno, me toca presentar al doctor Luis Raúl González Pérez, nació el 24 de septiembre de 1957 en la Ciudad de México, tiene licenciatura en Derecho por la UNAM, en 1990 es miembro y fundador de la CNDH, director general administrativo en 1996, fiscal especial del homicidio de Luis Donaldo Colosio, en 2005 director general del Programa de agravios a periodistas en la CNDH. En 2008 abogado general de la UNAM y en 2014 ombudsman nacional para el periodo 2014-2019.
Ha tenido una amplia carrera en el servicio público, en los derechos humanos y la academia. Fue miembro de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario y presidente del Consejo Asesor Jurídico de la UNAM. Fue director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación y dirigía la investigación de la matanza de los campesinos en Aguas Blancas.
Por los hechos que se han presentado en los últimos dos años, su opinión ha estado vertida igual en temas con la legalización de la mariguana o en hechos violentos en el país, lo cual provoca el debate de ideas. Doctor, tiene usted la palabra.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Nada más recordarle, doctor, tenemos ahorita diez minutos para su exposición. Y con mucho gusto lo escuchamos.
El presidente de la CNDH Raúl González Pérez: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En obviedades de tiempo, iré directamente al tema. No podemos depositar la garantía directa de los derechos dentro de nuestro sistema constitucional en órganos o estructuras militares.
La Secretaría de la Defensa Nacional no puede volverse la instancia que directa o indirectamente investigue, sancione y prevenga los delitos que comenten civiles, y puede ser el eje en torno al cual se desarrolle la convivencia social en nuestro país.
La consolidación democrática de México que ha permitido, entre otras cosas, la alternancia en el poder, ha derivado en buena medida en la separación y respeto existentes entre las instancias civiles y militares.
La primacía de las primeras sobre las últimas es una condición ineludible y necesaria para preservar un estado liberal y garantizar que nuestro sistema democrático no se vea condicionado o amenazado por intereses políticos o de cualquier otra índole de las estructuras militares, o sea viciado por la amenaza del recurso de la fuerza.
La CNDH acude a estas audiencias públicas con diversas preocupaciones adicionales al debilitamiento de la institucionalidad civil. Llama la atención que, de manera paralela a la realización de estas audiencias, que en el contexto de austeridad imperante ha sido objeto de una amplia difusión, se haya iniciado, si no formalmente, cuando menos mediáticamente el proceso de reclutamiento para la Guardia Nacional.
Además, de que en el Presupuesto de Egresos se hayan contemplado recursos para su implementación operativa, lo cual haría presumir que con independencia de lo que aquí se discuta, estamos frente a una determinación ya tomada.
Se debilitaría la credibilidad y la percepción pública sobre la autonomía, responsabilidad e independencia de esta legislatura si estas audiencias terminaran repitiendo el esquema de simulación que operó en ocasión de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la legislatura pasada, en el que la convocatoria a especialistas, académicos, organizaciones civiles y organismos nacionales e internacionales terminó siendo un mero formalismo que pretendió legitimar decisiones políticas previamente definidas.
En el programa de las audiencias también sentimos la ausencia de las víctimas, no solo de aquellas que han sido víctimas de algún delito, sino de quienes han sufrido los abusos del poder, que han visto sus derechos humanos vulnerados, no en pocos casos por miembros de las Fuerzas Armadas que se han apartado del debido ejercicio de su deber.
No podemos repetir errores del pasado. Más allá de las declaraciones o posicionamientos oficiales, en los últimos días la realidad violenta de las entidades como Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, así como la incertidumbre generada por hechos como el desabasto de gasolina, cuyo origen estaría vinculado al combate a la criminalidad, nos ha reiterado la necesidad de actuar en este campo no solo con la urgencia, que sí hay que reconocerlo, sino también con la pertinencia, oportunidad, responsabilidad y transparencia, asumiendo estas tareas como una prioridad nacional, dando intervención a todos los actores involucrados.
No hay números o calificaciones aceptables para las ejecuciones, homicidios, actos de tortura o desapariciones. No hay delitos que sean más o menos aceptables o justificables. Los datos duros reflejan nuestra verdad, nuestra realidad, la cual no podemos ignorar o pretender que se modifique mediante declaraciones que la descalifiquen, desconozcan o generando opacidad en los mecanismos que las registran.
Hemos rechazado enfáticamente la imposición de verdades históricas. No entremos a una época de verdades oficiales. Requerimos reconocer la evidencia e información objetiva para poder actuar con efectividad basándonos en ella. Esto requiere un trabajo conjunto en el que no tiene cabida la simulación ni posiciones dogmáticas. Nuestro filtro y parámetro es la realidad.
Si bien somos muchos los que estamos convencidos de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad pública no es deseable, tampoco podemos desconocer que por el momento no es viable su retiro. Sin embargo, tal cuestión no puede justificar que pretenda verse en tal presencia la solución básica a la problemática que enfrentamos y que en razón de ello se busca perpetuarla.
La Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos, con una visión coyuntural y de corto plazo, genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguno ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que estaríamos obligados a cumplir.
De aprobarse la reforma que se plantea, se estarían desconociendo e incumpliendo con tales obligaciones, iniciándose con ello un proceso de alejamiento o ruptura de México con los sistemas internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, consecuencia que debe ponderar y dimensionar esta soberanía.
En todo caso, como paso previo a su aprobación, el Estado mexicano podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano de derechos humanos.
Por otra parte, advertimos con preocupación que las distintas reformas que se proponen en materia de seguridad y justicia, se estén tratando de manera aislada y parcial como si fueran cuestiones desvinculadas o independientes, dejando de lado la necesaria visión integral, multidisciplinaria y multidimensional que requeriría la revisión de las políticas estatales correspondientes.
El tema de la Guardia Nacional, la ampliación del catálogo de los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, los aumentos o disminuciones presupuestales a dependencias tales como la Sedena o la Fiscalía General de la República son parte de un todo que tendría que revisarse de manera objetiva e integral, junto a temas tales como la debida formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera, la investigación patrimonial, el abatimiento de la corrupción, el combate al tráfico de armas, la revisión de nuestro sistema penitenciario, la modernización de nuestros sistemas de inteligencia, el replanteamiento de nuestras políticas de producción y consumo de drogas, así como el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia.
Insistimos en la necesidad de contar con 33 fiscalías autónomas, con recursos, capacidades y posibilidades de operación reales y efectivas, no se trata solo del perfil de sus titulares, se requieren marcos normativos y operativos adecuados, por mejor capacitado que esté capacitado un cuerpo policíaco poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente. En esta tarea los mecanismos externos de supervisión ciudadana están llamados a jugar un papel determinante.
La iniciativa de reforma no incorpora elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente su sentido, no hay una metodología que pudiera avalar la formación que la fundamenta, ni registro de aquella que se consideró relevante para tal efecto.
En particular, es clara la omisión sobre la evidencia objetiva relevante, tal y como lo son los números de recomendaciones por violaciones a derechos humanos que se han emitido en contra de la Sedena y de la Semar, varias de ellas por violaciones graves, conductas que por regla general no son debidamente investigadas por las autoridades competentes y las sanciones que se llegan a imponer frecuentemente no corresponden a la gravedad de los abusos cometidos.
La propuesta no establece ningún mecanismo de garantía para que los elementos de las Fuerzas Armadas que se han visto involucrados en violaciones a derechos humanos, no puedan formar parte de la Guardia Nacional, ni tampoco para evitar que las prácticas que generaron o propiciaron tales vulneraciones se preserven, transmitan o repliquen en dicho cuerpo.
Entre otros puntos que la iniciativa no responde, destaca el que no queda cómo y cuándo vamos a desarrollar a las policías civiles sin tinte militar, así como cuál será el destino y papel de las policías que actualmente se encuentran operando. La Guardia Nacional no garantiza justicia, en todo caso una disuasión o contención que tiene efectos limitados y de corto plazo.
Se marca una ruta para militarizar áreas, hasta ahora reservadas a las instituciones civiles, pero no se establece claramente una ruta en el sentido contrario. La naturaleza y características híbridas del cuerpo que se pretende crear, más que dar certezas generará confusión y abrirá espacios de vulnerabilidad para su integración y operación.
Si la intención es generar un marco jurídico que sustente de mejor forma la actuación temporal y extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad, dando certidumbre tanto a los elementos militares como a la sociedad, en un marco de respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas, deberíamos emprender directamente el desarrollo de esa tarea.
Si la iniciativa, aparte de la necesidad de atender una situación excepcional de violencia e inseguridad que pone en peligro a la sociedad, ¿por qué optar por una reforma constitucional como la que se plantea y seguir dejando de lado la reglamentación pendiente del artículo 29 constitucional que acotaría dichas condiciones de excepción y necesariamente se tendría que llevar conforme a estándares internacionales?
Termino. Proponemos el establecimiento inmediato de un grupo de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un esquema de seguridad pública en el que, reconociendo a la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de seguridad pública, se prevea una ruta para corregir las deficiencias, desarrollar y fortalecer a las policías e instituciones civiles tanto federales como locales y municipales, a efecto de que sean ellas quienes asuman la seguridad pública contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que le son propias.
Eventualmente esta estrategia podría implicar la creación de una fuerza de seguridad intermedia de carácter civil con disciplina y adiestramiento especializado que sea un elemento que coadyuve en el proceso de transición entre la intervención militar directa y el que las policías civiles recuperen las funciones que les corresponden.
Es claro que en el tiempo fijado para cada intervención no es posible exponer un análisis técnico de la propuesta de reforma constitucional que nos convoca. En razón de ello, hago entrega de un anexo sobre consideraciones técnicas sobre el dictamen. Muchas gracias por su atención.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Agradecemos la participación del comisionado de derechos humanos.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Le pedimos a la diputada Martha Tagle nos lea el perfil de Jan Jarab, representante en México de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Jan Jarab es doctor en medicina de la Universidad Charles de Praga y maestro en Antropología de la Universidad College de Londres.
Representante en México de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU, Derechos Humanos México.
De enero de 2010 a junio de 2016, Jan Jarab fungió como representante de la oficina regional de Naciones Unidas para Derechos Humanos para Europa, y anteriormente se desempeñó como miembro del gabinete del comisionado europeo para el Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, en la Comisión Europea en Bruselas de noviembre de 2004 a enero de 2010. También sirvió en oficina de Derechos Humanos del gobierno checo de enero de 1999 a octubre de 2004. Por favor, doctor Jan Jarab.
El comisionado de la ONU Jan Jarab: Estimadas senadoras y diputadas, estimados senadores y diputados. Muy buenos días a todas y todos. Antes que nada, quiero agradecer la gentil invitación realizada a la oficina del alto comisionado a participar en esta audiencia y el interés por mantener el diálogo con nosotros durante todo el proceso legislativo.
Asimismo, saludamos que se haya invitado a una gran pluralidad de voces a estas audiencias, aunque creemos que hay aún más voces que deben ser incluidas como son las víctimas de la violencia. Esperamos que esta apertura al diálogo se extienda también a otro punto de agenda del anunciado periodo extraordinario de sesiones, el de previsión preventiva oficiosa.
Como ustedes saben, mi intervención de hoy será de hecho la cuarta en torno al tema de la Guardia Nacional. La oficina envió una primera comunicación escrita el 21 de noviembre, después yo tuve la oportunidad de exponer nuestra posición en la primera audiencia en la Cámara el 11 de diciembre, y posteriormente el 19 de diciembre enviamos otra carta acompañada de un documento técnico. Nos parece justo reconocer que algunas de nuestras observaciones han sido retomadas en el dictamen.
También quiero enfatizar nuestro rol como oficina. Consiste en compartir la valoración del sistema internacional de derechos humanos sobre la propuesta constitucional que se discute en ofrecer nuestra cooperación técnica, y de ser siempre francos respecto de los motivos de preocupación que identificamos desde un enfoque de derechos humanos.
Desde la audiencia precedente en la que participé han ocurrido dos hechos importantes. Por un lado, los mencionados cambios en el dictamen, reitero, algunos de ellos muy positivos, y por otro lado las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Alvarado Espinoza y otros contra México y Trueba Arciniega y otros contra México, casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial perpetrados por militares en tareas de seguridad.
Por su relevancia para el objeto de esta audiencia y en razón de su carácter obligatorio para el Estado mexicano, me permito citar un par de párrafos más relevantes albergados en una de dichas sentencias.
Dice la Corte Interamericana en el caso Alvarado, cito: La Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben de estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso.
Subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial, regulada mediante mecanismos legales y protocoles sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad, y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y fiscalizada por órganos civiles competentes independientes y técnicamente capaces. Termino la cita.
Bien, según nuestra opinión el modelo concebido en el dictamen no responde a esos parámetros convencionales establecidos por la Corte Interamericana. En efecto la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que se conciben no sería extraordinaria pues normaliza lo que debe ser excepcional, hace permanente lo que debe ser temporal y amplía independientemente una labor que debe de estar circunscrita a criterios de estricta necesidad.
Dicha actividad se concibe preponderante, no subordinada, principal y no complementaria. Tampoco está debidamente regulada ni es fiscalizada apropiadamente.
En este contexto la oficina mantiene y reitera su preocupación basada en cuatro elementos:
Primero. Que el dictamen no brinda garantías de no repetición ni permite inferir que no volverán a suceder las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en el pasado.
Segundo. Que la fusión de la Policía Federal con las policías militares demerita los esfuerzos de construir y fortalecer a las corporaciones civiles que, según nuestra oficina y otras instancias internacionales de derechos humanos, el país necesita.
De hecho, de una lectura del dictamen aún no nos queda claro cuál sería el futuro de la actual Policía Federal, si se integraría en su conjunto a la Guardia Nacional o si subsistiría ya sea de forma reducida, y de ser así, con qué funciones.
Tercero. La preocupación por el impacto que la investigación del delito y el sistema de justicia penal llegaría a tener la reforma, y
Cuarto. La preocupación por la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad. Desde que comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la violencia en el país se ha disparado, por lo que esta no parece la forma idónea de lograr seguridad.
Estas preocupaciones se agudizan por la pretensión de consagrar el modelo en la Constitución.
Ahora bien, de manera específica el dictamen aprobado es problemático desde una perspectiva de derechos humanos en varios de sus componentes.
El tiempo no me permitirá ser lo exhaustivo que amerita el tema. A título ejemplificativo me permito enunciar 10 motivos concretos de preocupación, algunos de los cuales se encuentran desarrollados en nuestra comunicación precedente del 19 de diciembre.
Primero. La Guardia Nacional mantiene una adscripción al ramo de la Defensa Nacional por un plazo máximo de cinco años, lo cual trastoca la línea inmediata de autoridad civil al inicio de su gestión. Coincidimos con los otros actores que han insistido que la Guardia tendría que estar bajo mando directo civil.
Segundo. Como anticipado, es preocupante la modificación que propone el dictamen al primer párrafo del artículo 21 constitucional para establecer que la Guardia Nacional tendrá competencia para investigar delitos. Esta modificación debe leerse de manera conjunta con el artículo segundo transitorio.
Los estándares internacionales restringen la competencia de la jurisdicción militar no solo al juzgamiento, sino también a la investigación de los delitos.
Además, el dictamen establece que la Guardia Nacional, en su labor de investigación del delito, actuará únicamente bajo la conducción jurídica del Ministerio Público federal y se excluye el mando.
En este sentido se estaría dando una nueva competencia a integrantes de las Fuerzas Armadas para realizar actos de investigación ante cualquier tipo de delito, sin que dichos actos pudieran ser materialmente controlados por la autoridad civil y sin que los integrantes de las Fuerzas Armadas rindan cuentas ante las autoridades civiles por las conductas desplegadas en la realización de estos actos.
Tercero. El dictamen desconoce el carácter excepcional, restringido y extraordinario de la jurisdicción militar, pues circunscribe a la competencia de las autoridades civiles para investigar y sancionar los delitos cometidos por integrantes de la Guardia, cuando estos son sometidos en el ejercicio de las funciones establecidas en el párrafo décimo primero del artículo 21.
Entonces se entendería que si los integrantes de la Guardia cometen delitos que no estén ligados al ejercicio de las funciones previstas en dicho párrafo, dichos delitos serían investigados y juzgados por autoridades militares.
Además, tratándose de faltas administrativas, las autoridades militares tendrían competencia para conocer también de conductas desplegadas por los elementos civiles adscritos a la Guardia Nacional, lo cual abonaría a un proceso de militarización de la que hoy es civil.
Cuarto. El dictamen abre la posibilidad de detener una persona en instalaciones militares, contrario al objeto inicial expresado en la iniciativa, e incluso en el proyecto de dictamen.
Quinto. El dictamen sigue sin incluir el reconocimiento incondicionado de la competencia de la Corte Penal Internacional, tal y como se planteaba originalmente en la iniciativa.
Sexto. La ley que regularía a la Guardia Nacional contendría mecanismos de evaluación más no de rendición de cuentas indispensables para inhibir la comisión de abusos y deslindar jurídicamente las responsabilidades.
Siete. El dictamen prevé insuficientes mecanismos de control político a cargo del Congreso.
Ocho. Una misión tan relevante como lo es la relativa a régimen de fortalecimiento de las corporaciones civiles coloca plazos laxos que debieran ajustarse y es imprecisa en torno a sus objetivos y formas de alcanzarlos.
Nueve. De acuerdo con los artículos transitorios, los ajustes a realizarse y que se deriven de las evaluaciones formuladas se limitan a su dimensión normativa sin incluir otras de distinta naturaleza como las de política pública o de corte presupuestal. Y,
Décimo. Yo sé que estoy terminando, la Oficina sí saludó desde que se presentó la iniciativa, la pretensión de regular el uso de la fuerza y el registro de detención e hizo una invitación a robustecer dicho objetivo. Sin embargo, el dictamen sigue sin contemplar en el artículo 73 la facultad explícita del Congreso para legislar en ambas materias con un alcance nacional.
Entonces, por los anteriores motivos y otros, que por razones de tiempo no es posible referir, la ONU-DH reitera su invitación para que la que muy probablemente será la definición constitucional más relevante que adopte la presente legislatura en materia de seguridad, se realice de manera pausada, reflexiva y en estricto apego a los compromisos internacionales de derechos humanos adoptados por el Estado mexicano.
Y para este objetivo, la Oficina refrenda su plena disposición de seguir brindando su asistencia y cooperación técnicas al honorable Congreso de la Unión. Gracias por su atención.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Agradecemos enormemente la participación de Jan Jarab, sobre todo la disposición de apoyar a esta Cámara a poder avanzar en este dictamen.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Y pedimos a la diputada Martha Tagle, nos haga la presentación de Pedro Salazar Ugarte, nuestro próximo ponente.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Sí, diputada, muchas gracias. Pedro Salazar Ugarte, licenciado en Derecho y doctor en Filosofía Política, es director del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM, e investigador B de tiempo completo del mismo Instituto.
Miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, integrante del Grupo Nacional Mexicano de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Forma parte del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM y es miembro de honor del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.
Profesor de teoría de la Constitución, teoría política y derechos humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones de educación superior nacionales. Asimismo, es profesor en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid.
Ha desarrollado estancias de investigación en Italia y en Argentina, es miembro del Seminario de Teoría Constitucional de América Latina, SELA, auspiciado por la Universidad de Yale. Ha participado en seminarios e impartido conferencias en México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Uruguay, Chile, España, Italia, Venezuela y Paraguay. Doctor Salazar Ugarte, tiene usted la palabra hasta por diez minutos.
El director Pedro Salazar Ugarte: Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco, señoras y señores legisladores, la oportunidad de exponer mis opiniones sobre la iniciativa para reformular las funciones de la figura constitucional de la Guardia Nacional y los derechos humanos.
Advierto que, si bien dirijo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, acudo a este foro a título personal. Ello en aras del respeto y deferencia que me merecen la pluralidad y diversidad de opiniones al interior de mi entidad académica.
También estoy consciente de que la representación y la facultad jurídica y política para modificar la Constitución y las leyes de nuestro país corresponde a ustedes, nuestras y nuestros legisladores. En esa misma medida también les corresponderá asumir la responsabilidad histórica de sus decisiones.
A nosotros nos toca una corresponsabilidad social, que en este caso se traduce en expresar nuestra opinión con compromiso cívico hacia el constitucionalismo democrático.
Después de leer con cuidado el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara de Diputados, puedo afirmar que la propuesta para crear una Guardia Nacional sí implica la constitucionalización de la militarización del país.
La clave está sobre todo en una porción de lo que sería un nuevo párrafo del artículo 21 de la Constitución. Cito: La Guardia Nacional forma parte de la administración pública federal a través de la dependencia del ramo de la Defensa Nacional en lo que respecta la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación.
Lo que se intentó con la Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional por la Suprema Corte, ahora se pretende imponer con una reforma a la Norma Suprema, ello me permite realizar un atento y siempre respetuoso llamado a la congruencia por parte de aquellos hoy legisladores, que en su momento se opusieron a la aprobación de aquella legislación.
Al reformar la Constitución, como sucedió con el arraigo en su momento, se buscaría evitar los controles jurisdiccionales ante la estrategia militar para combatir al crimen. Ello, según se ha dicho, en aras de recuperar la seguridad pública que en el debate anterior los impulsores de la Ley de Seguridad Interior intentaban con malabares lingüísticos, como si con ellos se zanjara el debate distinguir de la seguridad interior.
Lo cierto es que en la vía de los hechos la cuestión era y sigue siendo la misma, y se resume en la interrogante de si la estrategia militar es o no compatible con un Estado constitucional digno de ese nombre.
Lo digo sin rodeos, en teoría ambas cosas son incompatibles. La intervención de las fuerzas militares, como se ha dicho, en tareas de seguridad en los estados constitucionales, debe ser excepcional, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, y fiscalizada por órganos también de naturaleza civil. Eso es lo que dice la teoría constitucional moderna.
Por eso, la reforma constitucional que se propone, aunque técnicamente al menos en principio estaría blindada contra los controles jurisdiccionales de constitucionalidad, por su contenido y sentido apartarían al Estado mexicano del paradigma del constitucionalismo moderno.
Esta no es una advertencia solo teórica o académica, no es jurídicamente baladí. México, como ya se ha dicho, forma parte del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, se trata de un sistema internacional que vela por los derechos de las personas. Las normas y las decisiones de las instancias de dicho sistema son derecho vigente en nuestro país y son vinculantes para el Estado mexicano.
Ya se ha dicho y reitero, que en la reciente sentencia Alvarado Espinoza y otros contra México, con claridad la Corte ha señalado, entre otras cosas, lo siguiente. Si bien los Estados parte de la Convención podrán desplegar a las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas ajenas a las propiamente relacionadas con conflictos armados, dicho empleo debe limitarse al máximo y responder a los criterios de estricta excepcionalidad, dado que el entrenamiento que reciben las fuerzas militares está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.
Ese es uno de los casos lamentables que se suma a otros que han sido acreditados, documentados y juzgados, como Tlatlaya, Ostula Michoacán, Fernández Ortega y desafortunadamente muchos más.
Y si bien es cierto, que las violaciones a derechos humanos en México, como en otros países, no son cometidas exclusivamente por las Fuerzas Militares, también lo es que estas últimas, como advierte la Corte Interamericana, no están adiestradas para realizar tareas de seguridad, siguiendo protocolos orientados por los principios y reglas, de eso que en el constitucionalismo moderno se conoce como debido proceso.
De esta manera, cuando las fuerzas civiles violan derechos humanos están infringiendo los procedimientos para los que fueron entrenadas. En cambio, cuando lo hacen las Fuerzas Militares, en diversos supuestos, están llevando a cabo las acciones para las que fueron entrenadas en situaciones de conflicto violento.
Por lo mismo, muchos estudios académicos han demostrado que cuando intervienen las Fuerzas Militares en tareas de seguridad aumentan los muertos y desaparecidos frente a los detenidos y procesados.
Pero también hay casos en lo que las violaciones a los derechos humanos de las personas por parte de los militares responden a una lógica de profundo autoritarismo, pienso en el caso sentenciado por la Corte Interamericana de Valentina Rosendo Cantú, déjenme, permítanme traer a través de mi voz sus palabras, para entender de qué estamos hablando.
“El día 16 de febrero de 2012, cito, en un arroyo ubicado como a cinco minutos caminando de mi casa, estaba lavando, ya casi acaba, cuando de pronto escuché un ruido de paso, me volteé a ver, salieron ocho militares y uno de ellos, enojado me preguntó, que dónde estaban los encapuchados, y yo le contesté con miedo que no sabía, que no conocía a nadie. Me preguntó nuevamente que, si no conocía a la persona de la foto y contesté que no, ese mismo militar sacó una lista de nombres de 11 personas y me dijo que si conocía a esos hombres y contesté que no. El mismo militar que me estaba apuntando me golpeó en el estómago con su arma, caí en la piedra donde yo estaba lavando y me desmayé.
“Cuando recobré el conocimiento me senté y otro militar que me estaba enseñando la lista de las personas me tomó del cabello, me rasguñó la cara, me exigía que yo dijera dónde estaban los encapuchados y ahí es en donde uno de los militares me abusó, me encimó, en contra de mi voluntad abusó de mí y los seis militares que estaban ahí se burlaban y riéndose de mí como me hacían sus compañeros y ahí es donde abusaron los dos militares en contra de mi voluntad. Pude escapar casi desnuda, llegué a mi casa, conté a mi cuñada lo que me pasó y estaba llorando, golpeada de mi estómago y sangrando de la cara del rasguño que me dieron y llegó mi esposo, que estaba trabajando y le conté que fui abusada sexualmente por los militares”.
A partir de casos como estos la Corte Interamericana ha madurado sus criterios sobre el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, esos criterios no tienen una fundamentación teórica ni retórica, sino un postulado normativo fundado en la experiencia de lo que sucede cuando dejamos en manos de las Fuerzas Militares el expediente de la seguridad pública o interior.
Para terminar, tomando en cuenta la experiencia reciente de otros países de nuestra región, quiero recordar que la propia Corte Interamericana ha advertido otra razón para objetar la estrategia militar en estos temas.
Las Fuerzas Armadas van ganando poder, recursos y control territorial, ¿por qué aceptarían renunciar a ello, como propone la propuesta, dentro de cinco años? La historia de las instituciones nos enseña que las organizaciones que tienen poder tienden a conservarlo y en la medida de sus posibilidades a potenciarlo, a acrecentarlo.
Esa es la lógica elemental que ha documentado una larga tradición del pensamiento político, así que solo desde la ingenuidad resulta sensato suponer que será fácil el retorno a los cuarteles. Si no se ha podido hasta hoy, mucho menos con las implicaciones que tiene la Guardia Nacional se podrá mañana.
Hoy la apuesta debe ser por el fortalecimiento de las policías civiles, por la utilización de la Constitución vigente, por ejemplo, de su artículo 29 cuando sea inevitable y por el paulatino regreso de nuestras Fuerzas Armadas a las funciones constitucionales que les corresponden y que durante décadas ejercieron de manera ejemplar.
Lo que está en juego, creo, es que lo que se ha propuesto como una cuarta transformación sea, como todos, espero deseamos que sea, la consolidación de un Estado en el que la democracia, la paz social y los derechos humanos de todas y todos se concatenen o a pesar de la voluntad de sus promotores, observadores y destinatarios termine por sentar las bases de un ominoso e indeseado, pero siempre posible, cambio de régimen. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Agradecemos al licenciado Pedro Pablo.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Vamos a pedirle a la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno nos lea la semblanza de nuestra próxima ponente, María Elena Morera.
La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina: Muchas gracias, diputada. María Elena Morera Mitre es una activista ciudadana en México, egresada de Odontología por la Universidad Tecnológica de México. Impulsó la ONG México unido contra la delincuencia, para luchar contra el secuestro y los delitos de alto impacto en el país.
Conformó un movimiento de víctimas para exigir instituciones y policías confiables. Fundó en 2010, Causa en Común, AC. Tiene el uso de la voz María Elena Morera, hasta por diez minutos. Sea usted bienvenida.
La ciudadana María Elena Morera Mitre: Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que ante el fuerte incremento que han dado ustedes al presupuesto de la Sedena y la convocatoria que hizo el presidente López Obrador el pasado 2 de enero para reclutar a más de 50 mil elementos a la Guardia Nacional, quede la justificada impresión de que pareciera que la decisión está tomada.
Ojalá que con nuestras preocupaciones, nuestras propuestas y nuestra argumentación podamos cambiar esto y tener una mejor legislación. Hay otras opciones, sí las hay y aquí vamos a mencionar algunas.
Primeramente, quiero expresar que ante la búsqueda de una reforma constitucional para crear un nuevo cuerpo de seguridad dentro de la Sedena, lo primero que se debería de hacer es hacer las preguntas correctas y estas responderlas. Y me parece que una pregunta que debe de estar en la mesa es, ¿cuál es la política criminal que queremos en México, que debamos seguir para alcanzar la seguridad y la paz que todos los mexicanos queremos? Y a partir de ello, visualizando el panorama completo, entonces sí decidir cuáles son los cambios legislativos que requerimos.
Porque si lo vemos completo, deberíamos de estar hablando de ¿qué vamos a hacer en prevención del delito?¿Qué vamos a hacer con la seguridad? ¿Cómo vamos a desmilitarizar? ¿Qué vamos a hacer en la política de drogas? ¿Cómo vamos a tener fiscalías, no solamente la General de la República, que sean eficientes y eficaces? Y por supuesto, ¿qué vamos a hacer de manera urgente con nuestro sistema penitenciario?
Entonces la pregunta es, ¿cuál es la política criminal que se está proponiendo desde este gobierno.
Ahora paso al tema que hoy nos ocupa. Quiero insistir en el punto sustantivo, que no es la Guardia Nacional sino la profundización de la militarización de la seguridad pública.
Quiero explicar de la manera más clara posible el por qué de nuestra insistencia en el rescate de las policías. Nuestra insistencia parte de la convicción de que debemos mantener las funciones esenciales de seguridad en las instituciones civiles, porque esta es una característica y una condición de los sistemas democráticos.
Sorprende que haya que explicarlo, pero es en las instituciones civiles donde se pueden generar capacidades de investigación criminal y son realmente las que tienen que interactuar y deben interactuar de forma constructiva con la ciudadanía.
Solo los regímenes autoritarios buscan enfrentar la inseguridad mediante doctrinas y capacitaciones militares. Solo los regímenes autoritarios buscan, de manera predeterminada, que la primera cara del Estado sean los militares.
Tenemos un estudio de 200 países analizados en el esquema de seguridad, y de estos, 134 tienen un esquema civil. Y los 33 países donde el mando es completamente militar coinciden con los gobiernos autoritarios y poco desarrollados, como nos lo dice Víctor Manuel Valdés.
Y como lo señalaron los que me antecedieron, hay obligaciones del Estado mexicano con los instrumentos internacionales. En este sentido, recordemos nuevamente la sentencia contra México de la Corte Interamericana en el caso Alvarado Espinoza.
El proyecto de dictamen que se está promoviendo por este gobierno no solo no es compatible, sino que es opuesto al establecido en la Corte Interamericana, pues con una Guardia Nacional a cargo de las instituciones militares y con rango constitucional, la intervención militar no es extraordinaria, no es subordinada ni complementa al poder civil, y tampoco incorpora mecanismos de fiscalización.
Por lo tanto, les reitero que este dictamen incumple con las obligaciones que tiene México con los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos.
Pero por si hiciera falta, hay otras razones que deberían obligar a reconsiderar y deberían obligar a reflexionar. La propuesta de militarizar la seguridad pública ya tiene y tendrá graves implicaciones para nuestro ya de por sí frágil sistema político. En lugar de fortalecerlo, promoviendo la prevalencia del poder civil sobre el poder militar, se opta por terminar de dinamitarlo. Y, además, cancelar opciones futuras, pues ese es el sentido de una reforma constitucional.
Aceptar el dictamen que hoy discutimos es aceptar que no habrá un punto de retorno, por lo menos en el mediano plazo.
Les decía que, aun sin la reforma, esta decisión que se ha tomado y que no solamente viene de este gobierno sino de gobiernos anteriores, ya tenemos evidencia. Tenemos evidencia muy clara de cómo donde están las Fuerzas Armadas si aumenta la violencia y no bajan los delitos.
Solamente revisemos, por ejemplo, Veracruz, donde han estado en los últimos seis años. O en Michoacán, en el sexenio del presidente Calderón. Pero, además, ustedes han reducido los fondos para el desarrollo de las policías estatales y municipales, y también ha reducido los fondos para la Policía Federal. Y por lo que sabemos, ya está en marcha su debilitamiento con la transferencia de elementos a la Guardia, y de una Guardia que, además, en la ley no existe.
Pero hay algo más que me parece grave, y es que, en lugar de asumir la decisión de que sí es militarizar, pretenden engañarnos diciéndonos que significa exactamente lo contrario. Es ofensivo que esta militarización legal, presupuestal y operativa ahora se pretenda vender como un proyecto de desmilitarización. Y cuando se alega, como en otros sexenios, que la militarización es temporal ofende también que para ello se pretenda hacer un cambio constitucional.
Queremos aclarar enfáticamente que todo lo que decimos y siempre que tocamos el tema no estamos en contra de los militares como personas, como servidores públicos ni como instituciones, estamos en contra de militarizar al país.
Las Fuerzas Armadas son indispensables para cumplir con las funciones que hoy constitucionalmente les corresponden y tienen una tradición de lealtad y de apoyo al poder civil. Y tienen, además, una muy bien ganada acreditación social, sustentada en su labor en desastres naturales y apoyos a las comunidades.
Frente a las críticas de mala fe que pretenden colocar a muchos de los opositores a este dictamen como enemigos de las Fuerzas Armadas, les contestamos que la realidad es muy distinta y que hoy hay fuerzas políticas que, aprovechándose del prestigio del Ejército y de la Marina, plantean ampliar aún más sus responsabilidades colocándolos ante escenarios que tendrán un desgaste extremo para ellos, tanto políticos como sociales.
Pero además, me atrevo a vaticinar que, independientemente de lo que cada quien opine de la militarización, esta no va a resolver de seguridad pública. La enorme mayoría de los delitos que se cometen en México son del fuero común y para resolverlos necesitamos construir la seguridad de abajo hacia arriba.
La criminalidad y la violencia son problemas, no enemigos, y los problemas se resuelven, no se combaten. La seguridad que todos queremos no se construye con despliegues militares, sino con investigación, con inteligencia criminal y vinculación ciudadana, todas ellas son funciones de policías civiles, aquí y en cualquier parte del mundo.
Pero, además, desde luego que hay opciones, y aquí menciono algunas simplemente por el tiempo. A manera de referencia, la tendencia internacional respecto a las fuerzas intermedias como es una guardia civil, una Guardia Nacional, los carabineros o las gendarmerías es que tengan un mando civil, así es en Francia, en Argentina o en Chile, por ejemplo.
Pero además, los 47 países que tienen este tipo de cuerpos intermedios se encargan de situaciones de emergencia o de labores puntuales y además tienen límites temporales y territoriales. Evidentemente esto es distinto a lo que propone el dictamen, pero se podría hacer desde Policía Federal, aumentando el número de policías federales, ya sea de forma general o haciendo la Guardia desde alguna de las divisiones de Policía Federal.
También proponemos una instancia nacional que sea la que defina cuál es el modelo de policía que queremos y desde donde se haga un censo policial, porque extraño, pero no sabemos cuántos policías tiene este país, desde donde se haga el reclutamiento que se requiere, la profesionalización que sea transversal, que se definan los sueldos y las prestaciones, que se recupere y se desarrollen los sistemas de inteligencia y de investigación. Si no tenemos investigación de nada nos va a servir tratar de tener policías.
Y por último señalar que lo anterior es posible, solo si dejamos la simulación y nos preocupamos realmente por invertir lo que el país requiere en materia de seguridad, en materia de desarrollo y de operación policial, necesitamos gastar mejor y necesitamos gastar más. Asimismo, sabemos que las Fuerzas Armadas no pueden salir de algunas zonas del país y esto tendría que ser gradual en la medida que realmente tengamos formadas policías.
Y por otro lado, para los lugares donde realmente las circunstancias sean particularmente graves, en estos casos proponemos reglamentar y activar el artículo 29 constitucional, que para eso está concebido, precisamente para situaciones de excepción, estableciendo límites claros, tanto temporales como territoriales.
Por todo lo anterior, los exhorto a no cometer un error histórico con nuestros soldados, marinos y policías y con toda nuestra sociedad. Causa en Común está dispuesta, por supuesto, a apoyar en todo lo que sea necesario. No tomen el riesgo de dar una respuesta estructural a una solución coyuntural. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Agradecemos a María Elena Morera.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Y le pedimos a la diputada Esmeralda haga la presentación de Alejandro Madrazo Lajous.
La moderadora diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Gracias, diputada. Alejandro Madrazo Lajous, estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y concluyó sus estudios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Obtuvo el grado de maestro y doctor en derecho de la Universidad de Yale en New Haven, Estados Unidos. Es coordinador y fundador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Alejandro Madrazo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Ha publicado en revistas especializadas, tanto en México como en el extranjero, sobre la regulación del tabaco y la política de drogas. En el uso de la voz, doctor Alejandro, hasta por diez minutos. Sea bienvenido.
El ciudadano Alejandro Madrazo Lajous: Diputadas, senadoras, legisladores, muchas gracias por escuchar. Voy directo al grano para no perder tiempo.
El título de la ponencia que les presento hoy se llama La Constitución como Daño Colateral. Y déjenme, antes de darle la evidencia, darles algunos mensajes que me parecen clave para que queden expuestos antes de que se me acabe el tiempo.
El primero es que la propuesta que está sobre la mesa, el dictamen, socaba el corazón mismo de nuestro régimen constitucional. Un régimen constitucional que costó sangre, que costó presupuesto y que tuvo enormes costos sociales establecer en el siglo XIX y que quedó consagrado en la Constitución del 57, la cual pudo establecerse después de dos guerras civiles y una intervención, gracias en gran medida a una institución federalista, ciudadana y civil que se fundó en 1846 y hasta la fecha se ha mantenido como civil y ciudadana integralizada y se llama la Guardia Nacional.
Es realmente una burla que se utilice la etiqueta de la Guardia Nacional para socavar el federalismo y el carácter civil del régimen constitucional como ocurrirá si aprueban el dictamen en los términos en los que hoy se presenta.
Pero además quiero decirles que no funcionará para traer seguridad, y no funcionará porque la evidencia se apila conforme pasa el tiempo de que la militarización no contiene la ola de inseguridad, al contrario, la exacerba. Yo sé que no atienden a la evidencia, pero la traje de todos modos porque no la pude traer en diciembre pasado cuando comparecí ante la comisiones.
Sé que no la tienen porque esa evidencia que se presentó inicialmente hace dos años cuando plantearon la Ley de Seguridad Interior, hace un año cuando se aprobó la Ley de Seguridad Interior, en diciembre cuando se aprobó este dictamen que hoy estamos discutiendo, lo único que ha ocurrido a lo largo de esos tres años es que se apila más evidencia que confirma los mismos resultados.
Segundo. Con toda honestidad, ustedes no pueden votar responsablemente este dictamen si antes no exigen cuentas del Ejército y de La Marina por los resultados de los últimos 12 años de militarización de la seguridad pública. Seguridad sin Guerra les hizo llegar un cuestionario para que ustedes les hagan preguntas a los secretarios.
Ojalá tengan la mínima decencia de exigirle cuentas a quienes hoy quieren empoderar permanentemente en la Constitución, porque –déjenme les digo– no rinden cuentas. Año con año se le exime desde la Secretaria de Hacienda que la matriz de indicadores sobre resultados sea presentada por la Sedena. Además, desde 2014 la Sedena ni siquiera se toma la molestia de decirnos a cuántos de nosotros mata en el ejercicio de las funciones que los dos gobiernos anteriores le asignaron inconstitucionalmente.
No dan información sobre los civiles muertos en manos del Ejército desde el año 2014, y eso es inaceptable creo yo. Inaceptable que se legisle sin que se les exija antes esa información.
Pero sobre todo me parece irresponsable votar este dictamen sin antes escuchar a las víctimas. Pedro Salazar citó a una de las víctimas, pero necesitan escuchar de viva voz la voz de quienes han sido víctimas de la violencia oficial a lo largo de esta guerra. Si no lo van a hacer, por lo menos tengan la decencia de acudir hoy a la presentación de la película Hasta los dientes, porque esas son las víctimas reales de los errores de la estrategia de militarización que se han seguido en los últimos 12 años.
Finalmente, decirles que pueden ustedes, sin trastocar la Constitución, establecer una Guardia Nacional Civil, y además pueden arropar al Ejército en las funciones que hasta ahorita inconstitucionalmente han realizado a través de la activación del artículo 29 constitucional. No necesitan dar al traste con el régimen construccional para lograr esos dos objetivos. Ojalá lo tomen en cuenta.
Rápidamente pasaré por las láminas de la evidencia sin detenerme demasiado, pero ojalá me pregunten sobre los detalles técnicos y qué quiere decir cada una. Simplemente les diré lo que dicen.
Las láminas 1 y 2 de lo que nos hablan es de que hemos vivido un proceso que va reforzando por una parte el espiral de violencia y por otra parte el socavar los derechos fundamentales y las garantías de control de las instituciones. Entre más violencia, más justifican ustedes reducir derechos y reducir controles, y entre más reducen derechos y más reducen controles, más crece la violencia.
Siguiente lámina por favor. Los homicidios se han disparado precisamente a partir de la militarización de la llamada guerra contra las drogas decidida por el presidente Calderón.
Lámina 4. Ese incremento tiene una relación causal. Por cada vez que hay un enfrentamiento en el que participan fuerzas federales en un municipio no se reduce la violencia, se incrementa en promedio seis por ciento los homicidios, pero cuando el Ejército participa el incremento es de nueve por ciento. La violencia se exacerba con las fuerzas federales, pero se exacerba más que nada cuando esas fuerzas son castrenses.
Siguiente lámina. Lo que hemos vivido es una conflación de funciones. Investigación para la procuración de justicia, prevención de la seguridad pública y militarización, y ante esa conflación de funciones cada vez los ciudadanos nos jugamos más a la suerte lo que pasa cuando se tiene una autoridad.
Siguiente lámina. La letalidad de nuestras federales es tan grande que parece que hay una política de ejecución extrajudicial sistemática, y si no es una política, sí es una práctica extendida a lo largo del país y a lo largo de los años.
Siguiente lámina. Además, la tortura y el maltrato han crecido. En las siguientes dos láminas –les voy a pedir que se vayan a la siguiente lámina– nada más quiero señalarles que la tortura institucionalizada del Ejército creció del 22 por ciento al 74 por ciento –el 72 por ciento, no alcanzo a ver de lejos.
Tortura cada vez más y tortura al momento de la detención. Entonces, cuando ustedes dicen no hay problema porque van a poner a disposición de los civiles a los detenidos, antes de que eso ocurra, es cuando ocurre la tortura.
Lo que también nos dice la evidencia es que no investigan, que salen a ocupar territorios, son patrullajes aleatorios porque están entrenados para ocupar territorio y para sostener enfrentamientos, no para investigar.
Láminas 10 y 11. Lo que también la evidencia nos demuestra es que cada vez hay menos heridos, esto es, cada vez hay menos testigos de estos enfrentamientos. Cada vez más son los eventos en los cuales los civiles muertos son todos y no hay un solo herido, y esto estará creciendo año con año, hasta el punto en que el 90 por ciento de los ciudadanos muertos en manos de las autoridades, mueren en eventos en los que no hay heridos. De nuevo parece indicar que hay una práctica extendida de eliminar testigos.
Muy bien, me quedan escasos tres minutos, pero quiero hablar sobre el dictamen concretamente. Entiendo que a pesar de la evidencia y a pesar de las normas internacionales y constitucionales, quieren aprobar un dictamen y que tienen acuerdos básicos con el Ejército.
Esos acuerdos básicos son que la Guardia Nacional que había sido federalista y ciudadana, dejará de ser federalista para ser un instrumento del gobierno central, y además dejará de ser ciudadana para ser profesional.
Y el segundo acuerdo es que esto es temporal, eso nos dicen. Por supuesto no es muy creíble que quieran hacerlo temporal si quieren reformar la Constitución, pero si realmente quieren hacer cumplir con estos dos acuerdos, y es lo que quieren instrumentar, la primera pregunta sería y ¿por qué no activar el artículo 29 constitucional? que para eso está, para enfrentar situaciones extraordinarias sin trastocar el régimen constitucional, exactamente lo opuesto a lo que están haciendo ustedes.
Los ejes mínimos entonces del diseño del dictamen, tendrían que ser los siguientes:
Primero. El cuerpo del texto constitucional debe ser claro y unívoco. Si la Guardia Nacional va a terminar siendo civil, el cuerpo constitucional permanente debe decirlo con claridad. La Guardia Nacional debe de ser civil. Esta invención, ocurrencia, improvisación que están haciendo de un régimen híbrido o la teoría del aguacate en el que los van a hacer policías para fuera pero militares para adentro, no funciona.
El poder de disciplina implica el poder de mando. Si ustedes dejan el poder de disciplina en el Ejército, ahí se va a quedar. Entonces hagan un trabajo nítido.
El cuerpo del texto constitucional debe ser claramente una guardia civil. Deben, si eso es lo que consideran, establecer un régimen transitorio y excepcional para la utilización del Ejército, y ese debe de estar anclado en la reforma constitucional del 2008 que a la fecha no se ha cumplido y que establece con toda claridad que la seguridad pública debe estar en manos de civiles.
Pues bien, los dos gobiernos anteriores fueron omisos en cumplir con la Constitución. Este gobierno tiene la oportunidad de justamente para cumplir con la Constitución, establecer un régimen transitorio de retiro de la militarización, no hacer permanente la militarización.
Y tercero. A diferencia de cómo está hoy el dictamen, se debe de buscar fortalecer, no mermar, a las instituciones en capacidades policiacas locales, para ello deben de desaparecer los transitorios sexto y séptimo.
Ahí les va de jalón los cambios mínimos que tendría que tener el dictamen, que tendría que sufrir el dictamen para ser aceptable y que podamos hablar de un mismo régimen constitucional de 57 a la fecha, y no tengamos que empezar a hablar de la Constitución del 2019 a partir de que aprueben ustedes la barbaridad que está en el dictamen.
Primero. No modifiquen el artículo 13 constitucional.
Segundo. Sustituyan la caracterización de institución de Estado de la Guardia Nacional por institución civil.
Tercero. Eliminen el segundo párrafo que habla sobre la Guardia Nacional, que ahorita viene en el artículo 21, porque es por una parte superfluo y por otra parte confuso cuando habla del mando híbrido. Insisto, poder disciplinario igual a poder de mando. Si no van juntos, es una simulación y es una farsa.
Cuarto. Deben de fortalecer las facultades de fiscalización del Senado que hoy contempla el artículo 76. Lo que está hoy en el dictamen es una payasada, el Senado es un ente pasivo que recibe la información, que se digna darle el Ejecutivo.
Por lo menos el Senado tiene que tener facultades para exigir información y requerir información y para poder hacer visitas in situ. Y realmente debería de ser un órgano autónomo adhoc, cada vez que se utilice extraordinariamente al Ejército, pero si no van a hacer eso, por lo menos no simulen que el Senado está controlando y el Ejército tiene un control constitucional, porque eso es lo que hay hoy en el dictamen, una simulación.
No modifiquen el artículo 89. Es sin sentido lo que viene en el artículo 89, es la agenda personal de alguien, no tiene nada que ver con nada de la seguridad el que las policías auxiliares del estado de México vayan a ser reguladas por el Ejecutivo federal cuando actúan en el Distrito Federal, perdón, pero eso habla nada más del tiradero que tienen en la construcción de ese dictamen.
Siguiente. Todo el régimen transitorio para arropar al Ejército en las funciones que inconstitucionalmente han venido cumpliendo por instrucciones de los dos ejecutivos anteriores, tiene que estar idealmente en unas disposiciones extraordinarias activando el artículo 29 constitucional como realmente lo contempla la Constitución, pero si no van a hacer eso, de perdida tengan el cuidado de no contaminar el texto, el cuerpo, la Constitución y mándenlo a transitorios, y establezcan ahí, primero, una fecha cierta e inamovible para la desmilitarización que honestamente creo que no puede ser posterior al primero de enero del año 2022, porque va a tardar, como lo mencionó Pedro Salazar, no es fácil desmilitarizar las calles y va a tomarles por lo menos dos años, si este gobierno es responsable, va a necesitar todo 2022 y todo 2023 para entregar en orden constitucional, una seguridad pública ciudadana.
Y además, durante el período deben de sujetarla siempre a las reglas de transparencia y de fiscalización propias de la seguridad civil, porque es muy fácil esconder información con el argumento de que es el Ejército y por lo tanto seguridad nacional, cómo ha venido haciendo el Ejército al negarse a informar sobre cuántos ciudadanos mexicanos ha matado desde 2014.
Y por último, tienen que eliminar los transitorios sexto y séptimo. El séptimo destruye al régimen constitucional, sin más.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Tiempo.
El ponente Alejandro Madrazo Lajous: Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Agradecemos enormemente la presentación de Alejandro Madrazo.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Y le pedimos a la diputada Esmeralda, nos lea el currículum de Julio Ríos, del CIDE.
La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Julio Ríos Figueroa, es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE en la Ciudad de México, e investigador nacional nivel 3.
Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York, sus investigaciones se centran en temas de constitucionalismo, Estado de Derecho y Poder Judicial desde una perspectiva de política comparada, especialmente sobre América Latina. El profesor Ríos es autor de varios artículos, temas y coeditor. En uso de la voz, doctor Julio.
El ciudadano Julio Ríos Figueroa: Muchas gracias. Estimadas diputadas y diputados, estimados ponentes y asistentes a las audiencias públicas convocadas por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, buenos días.
Participo en este foro como académico especialista en temas de Justicia Constitucional y Fuerzas Armadas. Vengo a presentar parte de los resultados de una serie de investigaciones realizadas a lo largo de la última década, que incluyen un libro, varios artículos y un par de tesis de ex alumnos míos en el CIDE, que son directamente relacionadas con la participación de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública.
Mi enfoque es el de la política comparada, en particular en la región de América Latina, con la que nuestro país comparte patrones históricos y retos políticos, económicos y sociales, pero también principios y compromisos democráticos y constitucionales.
Mis comentarios se basan, por tanto, en hallazgos basados en análisis de los países latinoamericanos, por supuesto interpretados a partir de las características peculiares de nuestra historia y de la coyuntura particular en la que se encuentra nuestro país.
Voy a hacer tres puntos específicos en esta breve presentación, los resumo ahora y procederé a su explicación.
Primero, la iniciativa de creación de la Guardia Nacional mantiene la extrema autonomía y casi total falta de rendición de cuentas que ha caracterizado a las Fuerzas Armadas en México desde 1946.
Segundo punto, la confianza no es buena consejera para guiar el diseño de la estrategia de seguridad pública. La confianza es la madre del descuido, como dice la máxima centenaria del jesuita español, Baltasar Gracián.
Tercer y último punto que se sigue de los dos anteriores. Si se ha de recurrir a las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas de seguridad pública, la encomienda debe ser estrictamente controlada por autoridades y grupos civiles, rigurosamente acotada temporal y materialmente y debe tener un plan de salida explícito y detallado que incluya la vuelta a la normalidad democrática, es decir, al control de la seguridad pública por parte de policías y no de las Fuerzas Armadas.
Procedo a explicar los tres puntos.
El primero, relativo a la autonomía militar excesiva. No debemos olvidar que en América Latina venimos de transiciones democráticas desde regímenes autoritarios, muchas veces directamente militares. El siglo XX fue de golpes de Estado y ciclos de inestabilidad política derivados en gran medida de las intervenciones de las Fuerzas Armadas en política.
Nuestras Fuerzas Armadas ciertamente no han intervenido de manera directa y violenta en la política, pero lo que sí tenemos en México es una larga historia de autonomía militar extrema y sin controles, en esencia desde 1946, cuando se gestó el llamado Pacto Civil-Militar, según lo han documentado especialistas como Mónica Serrano, del Colegio de México, y Raúl Benítez, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El Pacto Civil-Militar consistió en el intercambio de lealtad hacia los gobiernos civiles por autonomía a las Fuerzas Armadas. La extrema autonomía se ve por ejemplo en la enorme deferencia que le tienen a las Fuerzas Armadas instituciones como nuestra Suprema Corte de Justicia, y en la casi nula rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas frente a este Congreso, y en realidad frente a cualquier otra institución respecto a su presupuesto y a muchos otros temas.
En un documento que le compartí a los miembros de la Junta de Coordinación Política, vienen referencias e investigaciones comparadas que sustentan estas afirmaciones.
La iniciativa de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional en México continúa con esa histórica deferencia hacia las Fuerzas Armadas. Esto es evidente en la falta de controles sobre su desempeño.
El mando y la formación son militares, no se establece claramente su papel secundario en la investigación de delitos y las leyes de regulación de la fuerza y las reformas al Código Penal Militar, estableciendo explícitamente qué delitos se juzgarán en la justicia militar, se realizarían después de creada la Guardia Nacional, y por lo tanto esta podría influir en el contenido de estas leyes.
A juzgar por la historia, como decía, es poco probable que instituciones como la Fiscalía General de la República, de pronta creación, y el Poder Judicial de la Federación, sean muy estrictos controlando el desempeño de la Guardia Nacional, y esto es aún más probable si el diseño institucional de la Guardia es ambiguo y limitado en cuanto a sus controles.
Segundo punto respecto a la confianza y el diseño de la estrategia de seguridad. Una de las justificaciones de la creación de la Guardia Nacional bajo las Fuerzas Armadas, es que el presidente de la República le tiene confianza a estas por ser el pueblo uniformado porque la ciudadanía también les tenemos confianza, según encuestas de opinión pública. Sin embargo, investigaciones recientes realizadas por ex alumnos del CIDE, David Blanc y Javier Martínez, cuyas referencia está en el documento que compartí, a partir de una muestra de países, de 18 países latinoamericanos en las últimas dos décadas, encuentran una perversa dinámica de la confianza en las Fuerzas Armadas. Les resumo los tres puntos de esta dinámica.
Primero. Mientras más crece la brecha de confianza entre los militares y los policías en un contexto de altos niveles de inseguridad, más se recurre a los militares para atender temas de seguridad pública.
Segundo. Mientras más confía la población en las Fuerzas Armadas es más probable que estos cometan violaciones de derechos humanos. Esto está documentado en investigaciones sistemáticas.
Tercero. El incremento en las violaciones a derechos humanos, producto del descuido por la confianza que se les tiene, termina por minar la confianza en las propias Fuerzas Armadas.
Este último punto nos debe hacerme uy cautelosos. No es una mera conjetura derivada de los dos anteriores. Un reporte del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, documenta que en Chihuahua el porcentaje de gente con alguna y mucha confianza en las Fuerzas Armadas cayó de 78 por ciento a 46 por ciento en 2011, justo un año después de la subida dramática en homicidios en la entidad, incentivada por la entrada de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.
¿Qué haremos si se cumple este perverso ciclo de la confianza en las Fuerzas Armadas? Es decir, si después de unos años tenemos un número aún mayor de casos de violaciones de derechos humanos y con Fuerzas Armadas deslegitimadas esta vez, pero aún más empoderadas, sin controles y con una inercia organizacional que las llevará a defender los intereses generados por su intervención.
Concluyo con una sugerencia respecto a la iniciativa como ha sido presentada. Ciertamente la situación de la seguridad nacional es crítica y requiere acciones, la situación de nuestras policías no permite ahora recurrir a ellas para enfrentar la crisis, quizá la Guardia Nacional es una posible solución.
Sin embargo, dada la histórica autonomía extrema y casi nula rendición de nuestras Fuerzas Armadas y dado que la confianza en las Fuerzas Armadas está comprobado que no es una buena consejera como guía para la estrategia de seguridad, entonces si se ha de recurrir a las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas de seguridad pública, la encomienda debe ser, primero, estrictamente controlada por autoridades y grupos civiles. Dos, acotada temporal y materialmente mediante leyes sobre regulación del uso de la fuerza, modificaciones al Código Penal Militar y otras leyes anteriores a la creación de la organización, que será regulada por estas leyes, es decir, la Guardia Nacional. Y por último, debe contar con un plan de salida explícito y detallado, que incluya la creación de policías profesionales y eficaces para sustituir la intervención de militares en la seguridad pública. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Agradecemos a Julio Ríos e invitamos
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Ahora al diputado Rubén Moreira a que nos haga la presentación de nuestro próximo ponente Alejandro Hope Pinson, consultor, ¿sí? ¿No? Ah, perdón. Perdón, será la diputada Esmeralda quien nos leerá la semblanza de Alejandro.
La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Gracias. El doctor Alejandro Hope Pinson, es director del proyecto MC2, Menos Crimen, Menos Castigo. Ejerció diversos cargos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional entre 2008 y 2011. Ocupó diversos cargos de asesoría en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, en la Secretaría de Energía. Cuenta con una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y cuenta con doctorado en la misma materia en la Universidad de Princeton. En uso de la voz, doctor Alejandro sea usted bienvenido.
El ciudadano Alejandro Hope Pinson: Muchas gracias. Aclarando que no soy doctor, pero gracias por conferirme el título de manera exprés, muchas gracias. Señoras legisladoras, señores legisladores, agradezco enormemente la invitación a participar en este foro y celebro la apertura de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para escuchar múltiples voces en un debate de enorme trascendencia para el futuro del país.
Se nos convocó a este evento para discutir el dictamen sobre la Guardia Nacional, aprobado hace algunas semanas por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara.
Creo, sin embargo, que antes de abordar ese tema, es necesario dar un paso atrás y hacer una pregunta más elemental, que es, ¿para qué quieren crear la Guardia Nacional? ¿Qué propósitos específicos se persiguen con esa medida?
Y para serles muy franco, de la lectura del dictamen, de la lectura de la iniciativa que lo produjo, no me queda enteramente claro qué es lo que quieren lograr. Buscan solo resolver la contradicción entre la necesidad de seguir contando, en el corto plazo, con apoyo militar en materia de seguridad pública y la falta de un marco legal y constitucional para su intervención. De ser el caso, por qué optaron por una ruta tan complicada desde el punto de vista legal y constitucional, hay algunas alternativas que parecerían más simples que no requieren reformar 13 artículos de la Constitución ni trastocar el equilibrio entre civiles y militares ni alterar radicalmente las bases del sistema nacional de seguridad pública.
Varios de los oradores que me precedieron en el uso de la voz ya han de tener algunas de estas y señalo la propuesta del colectivo Seguridad sin Guerra, que es aprobar una ley reglamentaria del 29 constitucional, que tenga artículos transitorios que mandate un retorno gradual del Ejército y la Marina a los cuarteles.
Ahora, estoy seguro que muchos de los eminentes juristas aquí presentes pueden pensar en algunas otras alternativas.
Ahora, puede ser que el objetivo sea no solo resolver este problema jurídico sino que haya un propósito de establecer un cuerpo intermedio de origen militar con fines de control territorial a la manera de países europeos. Esa sería una posición controversial pero ciertamente defendible.
Ahora, si eso se busca, por qué optaron por este modelo específico que, para ser sinceros, no se parece mucho a los ejemplos que invocan.
Como bien se señala en el dictamen, muchos países tienen cuerpos intermedios de origen y formación militar con funciones permanentes de policía: España, Francia, Italia, etcétera.
Sin embargo, esos casos y es importante destacar, tienen características que claramente difieren del proyecto que hoy se discute: 1. Complementan, pero no sustituyen a la policía. En Francia conviven la Gendarmería y la Policía Nacional. En España la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. En Italia los Carabineros y la Policía de Estado.
2. Las gendarmerías suelen tener misiones acotadas geográficamente. Por lo regular se les despliega en zonas rurales y pequeñas poblaciones. Para zonas urbanas se utiliza a los cuerpos de policía.
3. Crecientemente, estos cuerpos intermedios han sido transferidos de los ministerios de defensa a los ministerios del interior, es el caso puntual de España, de Francia y de Chile.
Este último punto me obliga a hablar sobre la ubicación administrativa propuesta para la Guardia Nacional. Se señala en el dictamen que eventualmente quedará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero que en los términos del artículo quinto transitorio el nuevo cuerpo pasará sus primeros cinco años de vida en la Sedena.
Y eso lleva a una pregunta obvia, si los promotores de la Guardia Nacional consideran que esta debe estar ubicada en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿por qué no colocarla ahí desde el inicio? ¿Por qué el quinquenio de transición?
La respuesta pues es bastante evidente pero es impronunciable. Los militares, hay que decirlo, los militares no quieren estar ubicados en una dependencia civil. Digo, el problema es que tampoco lo van a querer estar en cinco años. Y para entonces, la Sedena va a estar empoderada después de manejar la seguridad pública durante un lustro y va a tener el incentivo y el peso político para lograr que el Legislativo extienda ese plazo tal vez de manera indefinida.
Por otra parte, el arreglo propuesto parece enorme complejo desde el punto de vista administrativo, implica homologar rangos, sueldos, prestaciones y regímenes de seguridad social de instituciones militares y civiles, que como saben, tienen naturalezas muy distintas.
Implica cohesionar fuerzas con culturas organizacionales muy distintas. Implica transferir 38 mil elementos de la Policía Federal y 10 mil elementos de la Policía Naval a la Sedena. Y luego, en cinco años, regresar a todo ese personal, más 35 mil elementos de la Policía Militar, más los reclutas que se sumen en el camino, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Cualquier que haya tenido un cargo en la administración pública sabe que ese tipo de transferencias no son cosa fácil.
En cambio, no está claro por qué no se optó por algunas alternativas que parecerían mucho mejor adaptadas al marco institucional vigente. Cito algunas tomadas de un artículo reciente de Álvaro Vizcaino, extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
1.Separar la división de gendarmería de la Policía Federal y tomarse como base de una guardia civil. A los 5 mil elementos ya existentes se podrían añadir entre 7 mil 500 y 10 mil elementos anuales hasta alcanzar 50 mil integrantes para el fin del sexenio.
2. Duplicar en un periodo de 6 años el número de integrantes de las seis divisiones originales de la Policía Federal.
3. Fusionar la Policía Militar y la Policía Naval para crear un cuerpo intermedio llamado Gendarmería o Guardia Civil y no Guardia Nacional para no crear la confusión con lo que ya estaba hoy en el texto constitucional, sometido a mando civil, ubicado administrativamente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que coexista con la Policía Federal.
Ahora, puede ser que el objetivo de todo esto sea dotar al Ejecutivo federal de un instrumento para hacer frente, sin demora, a la espiral de seguridad y violencia que vive nuestro país. Y eso suena muy bien y muy convincente hasta que se repara en un hecho obvio.
Las brigadas de Policía Militar y Policía Naval, ya que formarían parte de la Guardia Nacional, ya están desplegadas en el territorio y ya realizan labores de seguridad pública. Lo mismo vale, por supuesto, para la Policía Federal.
Y eso significa que en el inicio, en la Guardia Nacional se va a contar con la misma cantidad de elementos en los mismos lugares, haciendo lo mismo, con las mismas prácticas, liderazgo y equipamiento que hasta ahora, pero con uniforme distinto. Salvo que el uniforme sea mágico, no se deberían esperar resultados distintos.
La Guardia Nacional tal vez podría tener más impacto en un mediano plazo si se lograran las metas de reclutamiento planteadas por el Ejecutivo federal, 50 mil elementos en tres años. Pero lograrlo, vale la pena destacarlo, va a requerir un esfuerzo monumental.
Entre 1998 y 2018 el crecimiento neto en las Fuerzas Armadas fue de 34 mil elementos. Lo planteado por la actual administración equivale a hacer en 3 años 1.5 veces más que lo logrado en las 2 décadas previas.
Además, existe otro obstáculo no tan pequeño para lograr sumar tanto personal adicional al nuevo cuerpo. Si, en efecto, la Guardia Nacional va a ser una institución de seguridad pública, como está definido en el dictamen, entonces todos sus elementos tendrían que pasar por control de confianza.
Eso significa grosso modo que se requerirían de 10 a 12 candidatos por cada recluta. Eso implica encontrar en los próximos 3 años de 500 a 600 mil jóvenes con ciertas características físicas y académicas que quieran un trabajo de alto riesgo, no particularmente bien pagado y sujeto a disciplina militar. Buena suerte con eso.
Ahora, se podría obviar control de confianza, si quieren, y trastocar el modelo nacional de certificación y evaluación, y reclutar sin mayores filros. Buena suerte también con eso.
Más allá del asunto numérico, hay una pregunta más de fondo: ¿por qué suponen los promotores de este proyecto que el despliegue amplio de elementos federales tiene efectos pacificadores notables?
¿En qué evidencia empírica basan la idea de que a mayor despliegue federal, menor incidencia delictiva y violencia criminal? Existen, por supuesto, algunos ejemplos de intervenciones federales razonablemente exitosos: pienso en Tijuana, entre 2009 y 2011; Ciudad Juárez, entre 2010 y 2012; La Laguna, a partir de 2013; Baja California Sur, el año pasado.
Pero junto a estos casos milagro, por llamarlos de algún modo, hay muchos otros ejemplos de intervenciones fallidas: los múltiples operativos en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, por ejemplo.
En el mejor de los casos, la evidencia de un vínculo causal entre más elementos federales y menos violencia es poco concluyente. Más bien la evidencia disponible sugiere que el éxito depende, más del liderazgo local y el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales.
Sobre esto el dictamen no ofrece mucho, salvo la promesa en los transitorios de una evaluación difusa en dos años, la amenaza de una posible intervención en los municipios y la vinculación de las participaciones federales con ciertas metas poco claras de desarrollo institucional en los estados.
Sobre esto, es necesario apuntar un dato. En todas las entidades en donde ya hay hoy un operativo federal los gobiernos estatales realizan pagos directos o en especie para la construcción de cuarteles o zonas habitacionales a la Sedena o la Semar.
Entonces, ya existe hoy esta condicionalidad financiera en los operativos federales y el impacto de ese incentivo en el desarrollo institucional de los estados y municipios ha sido más bien decepcionante.
En conclusión, me parece que la argumentación en favor de la Guardia Nacional es más bien frágil. La aprobación de la reforma resolvería, tal vez, el problema de constitucionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero de la manera más complicada y barroca posible.
Además, creando un problema de convencionalidad, como ya lo han señalado varias de las personas que me precedieron en el uso de la voz.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Tiempo.
El ponente Alejandro Hope Pinson: Además, el diseño propuesto para el nuevo cuerpo se aleja de los modelos que se invocan como inspiración y exige procesos administrativos sumamente complejos.
Por último, en los términos propuestos, la nueva corporación no tendría un impacto particularmente notable en las condiciones de seguridad en el país.
Dado lo anterior, me atrevo a hacer una humilde sugerencia a los miembros del Congreso de la Unión: voten en contra de este dictamen. Derroten este proyecto y regresen a la mesa de diseño. Hay matices, hay opciones, hay modelos alternativos. Por el bien del país, explórenlos. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Agradecemos la participación de Alejandro Hope.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Y le pedimos, ahora sí, al diputado Rubén Moreira que haga la presentación de nuestro próximo ponente, Marcos Pablo. Adelante.
El moderador diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Marcos Pablo Moloeznik es profesor e investigador, institución de descripción actual: Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara.
Se ha desempeñado como profesor huésped en las Universidades de Colonia y Libre de Berlín, Alemania; Buenos Aires y Rosario, Argentina; y Varsovia, Polonia. Politólogo egresado de la Universidad Nacional de Rosario y cuenta con una maestría en políticas públicas por el INAP de España y un magíster en defensa nacional por la Escuela de Defensa Nacional de Argentina, así como un doctorado en derecho por la Universidad de Alcalá de Henares en España.
El ponente Marcos Pablo Moloeznik: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre este proyecto de dictamen para la creación de la Guardia Nacional.
Mi exposición la voy a dividir en tres grandes bloques. Primero voy a explicar, por qué de manera personal me opongo a la creación de la Guardia Nacional, por lo menos tal como se presenta en el proyecto de dictamen.
En segundo lugar, voy a tratar de responder a la pregunta de, si deben las Fuerzas Armadas ser empeñadas en el ámbito de la seguridad pública.
Y finalmente voy a presentar algunas alternativas a la Guardia Nacional, porque considero que estamos en una oportunidad histórica, de cara a la legitimidad del actual gobierno para transitar ahora sí hacia un Estado democrático de derecho al que aspiramos en nuestro país. Bien.
Sin mayor preámbulo, ¿por qué no a la Guardia Nacional? Bueno yo considero que, en primer lugar, porque su significado es fabricar muletas en lugar de curar las piernas enfermas. Es decir, el titular del Poder Ejecutivo de la federación cuenta con tres instrumentos coercitivos de naturaleza militar y la mal llamada Fuerza Aérea, que en rigor es Aviación de Ejército; la Armada que incluye a la Infantería de Marina como su componente terrestre del poder naval y la Policía Federal, en particular las fuerzas federales de apoyo y la división de la gendarmería.
Porque el sentido común y la dimensión costos en el marco del principio de austeridad republicana que enarbola a la actual gestión y a la cual me sumo, recomiendan evaluar, y en su defecto, intervenir y reformar, las instituciones ya existentes.
En tercer lugar, porque el proyecto de dictamen desnaturaliza y da al traste con el espíritu federal de la Guardia Nacional, así como su carácter ciudadano y voluntario. Más bien, lo que se pretende es muy similar a lo que actualmente existe en Honduras, que es un comando conjunto, y que por cierto ha fracasado porque hoy Honduras es el país más violento del orbe, si tomamos la tasa de homicidios intencionales, porque a 100 mil habitantes, como indicador que nos propone la Organización Mundial de la Salud.
Y finalmente, creo que hay dos elementos muy importantes. Por un lado, la transferencia de un importante número de elementos o efectivos de la Policía Federal a la Guardia Nacional tendría como significado prácticamente firmarle el acta de defunción a lo que yo considero que es la única policía digna de ese nombre que tenemos en México, que es la Policía Federal. Es la única policía disciplinada, profesional, que cumple con los principios consagrados en el artículo 21 constitucional.
Pero hay algo más grave todavía que sería la transferencia de elementos de la policía naval, con lo cual estaríamos reduciendo la de por sí pequeña fuerza o poder naval que tenemos en México, de 50 mil efectivos, siendo un país privilegiado, un país bioceánico. De hecho ya existe, desde el año 2014 las unidades navales de protección portuaria que han sustituido, por lo menos en los 17 puertos de altura que tenemos en nuestro país, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de manera tal que sería debilitar también a la Armada de México y lo que es más grave, subordinar esos elementos de la Armada a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como actualmente la Fuerza Aérea se encuentra subordinada al Ejército.
En segundo lugar, entonces, la pregunta sería si deben, las Fuerzas Armadas, ser empeñadas en el ámbito de la seguridad pública. Bien. El Comité Internacional de la Cruz Roja sostiene que, frente a situaciones excepcionales, puede haber una respuesta excepcional por parte del Estado y tenemos ejemplos de buenas prácticas en países hermanos. Por ejemplo, en Brasil la propia Constitución de la República federativa de Brasil consagra lo que se denomina emisiones de garantía de ley y orbe; incluso el Ejército de Brasil tiene dos brigadas que han pasado sus efectivos por un proceso de reconversión profesional y que se encuentran aptas para poder destinarse a reestablecer la tranquilidad, el orden público y la paz social.
En el caso de Perú, por ejemplo, se contemplan tres escenarios en los cuales las fuerzas armadas pueden intervenir, ya sea de motu proprio, donde se aplica el derecho internacional humanitario o en apoyo a las autoridades civiles, donde se aplica el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos.
En definitiva, las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales sí que pueden intervenir, pero se deben cumplir –desde mi particular punto de vista– cuatro condiciones esenciales que son las siguientes.
Primero, la declaratoria del estado de excepción –a la cual quienes me antecedieron en el uso de la voz insistieron y a la cual yo me sumo–. Reglamentar el artículo 29 constitucional. Esta es una recomendación de todos los organismos internacionales incluyendo a la propia Organización de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Segundo. La reconversión profesional de aquellos militares y marinos que van a ser comprometidos o empeñados en el ámbito de la seguridad pública. Fíjense que acá se puede establecer un símil con una misión que recientemente se aprobó para nuestras Fuerzas Armadas que es participar en misiones de paz de Naciones Unidas. Cuando un país participa en una misión de Naciones Unidas no toma por ejemplo un batallón de infantería para mandarlo a Chipre o para mandarlo a Haití, sino que selecciona cuidadosamente a los oficiales y al personal subalterno que van a ser empeñados en misiones que son más de naturaleza policial que de naturaleza militar.
De manera tal que es importante que el personal destinado a misiones de seguridad pública pase por ese proceso de reconversión profesional donde el uso de fuerza letal es el último recurso y donde la preservación de la vida humana debe estar por sobre todo.
En tercer lugar, y vinculado a esto, se deberían cambiar las reglas de empeñamiento o de enfrentamiento por códigos de conducta o códigos de actuación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que es cómo la Organización de Naciones Unidas denomina a las policías.
Finalmente decir lo siguiente. El artículo 21 constitucional establece tres funciones básicas de la policía que son la reacción, la prevención y la investigación. Evidentemente las Fuerzas Armadas y las fuerzas intermedias, es decir mitad civil, mitad militar –como las denominó Napoleón I– son fuerzas de choque, son fuerzas que solamente cumplirían con la misión de la reacción y por tanto acá se podría aplicar la teoría de los rendimientos decrecientes.
Es decir, si bien es cierto que es necesario recuperar espacios públicos para que el Estado ejerza soberanía efectiva sobre parte de su territorio nacional que recupere la tranquilidad, la paz social el orden público, hay que encontrar o identificar ese punto de inflexión a partir del cual seguir utilizando a las Fuerzas Armadas puede ser contraproducente.
La experiencia y las buenas prácticas enseñan que una vez que llegan las Fuerzas Armadas, una vez que se restablece el orden público, las mismas deben ser sustituidas por una policía civil como es por ejemplo el caso de Brasil. La llamada policía de pacificación es una policía absolutamente comunitaria de proximidad.
Finalmente, alternativas a la Guardia Nacional. En este contexto de oportunidad histórica y de transición al que hemos hecho referencia, consideramos que se debería más bien atender desde el Poder Legislativo a una reforma integral con visión de Estado.
Esto significaría, en primer lugar, abrogar de la Constitución la categoría de seguridad interior que es un resabio del siglo XIX, que para lo único que sirve es para generar confusión entre los diferentes niveles o categorías de seguridad.
Solamente deben existir dos categorías de seguridad. Seguridad nacional, donde el instrumento coercitivo por excelencia son las Fuerzas Armadas, la máxima intensidad del uso del Estado, de fuerza del Estado; y la seguridad pública donde el instrumento coercitivo del Estado en tanto detentador del monopolio legítimo de las fuerzas es la policía.
Derogar la función de la seguridad pública en el orden municipal para que los municipios se concentren en el resto de las funciones y servicios públicos municipales. Cuando se llevó a cabo la reforma de 1983 queriendo fortalecer la figura del municipio libre con la seguridad pública, finalmente lo debilitó esta fragmentación, porque además la seguridad pública es costosa y los municipios destinan más del 50 por ciento de su presupuesto descuidando otros servicios públicos municipales.
Reformar la actual Ley de Seguridad Nacional separando y promulgando una ley de inteligencia nacional. La actual Ley de Seguridad Nacional parece más una ley de inteligencia inclusive que buena parte de la misma es el estatuto del personal del Cisen, por lo tanto tendría que haber dos leyes. Una de seguridad nacional y una de inteligencia nacional.
Reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública apartando a la Sedena y a la Semar del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la máxima instancia decisoria.
Señores, hoy la Semar y la Sedena, desde que se creó el sistema nacional de seguridad pública, son las que participan incluso en la toma de decisiones en materia de seguridad pública. Ambas secretarías sí deben de continuar formando parte del Consejo de Seguridad Nacional, más no del de Seguridad Pública, y sancionar, como ya se dijo, una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional.
Y finalizo diciendo que también habría que revisar los contenidos y alcances del artículo 123, apartado B, fracción XIII, donde se dividen, se separan tres colectivos de funcionarios públicos a los cuales se está quebrantando sus derechos humanos. Me refiero a los agentes del Ministerio Público, a los peritos y a los miembros de las instituciones policiales sobre cuya cabeza pende la espada de Damocles, porque se dice que si incumplen con lo establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública donde la reina de las pruebas es el polígrafo, podrán ser libremente separados.
Y además se aclara que aunque esta separación había sido injusta, en ningún caso procederá su reinstalación. Señores, se le está violando el debido proceso que forma parte del núcleo duro de los derechos humanos.
Señores legisladores: con todo respeto acá hay toda una serie de asignaturas pendientes, integrales, que hablan de la necesidad de una responsabilidad de política de Estado. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Agradecemos la participación de Alejandro Hope, y simplemente voy a tomarme el derecho a hacer ahorita una aclaración. Nos pasan ahorita una hoja en donde alguien está reclamando el que no se le está permitiendo entrar. Nada más les recuerdo que hubo un problema con la luz que no tiene que ver con situaciones propias de la Cámara, es un asunto externo, no tendremos ese regreso de la luz hasta las cuatro de la tarde, y lo que tenemos ahorita es una disposición en el edificio Los Cristales, en donde puede estar el resto de las personas que no cupieron, por asuntos de seguridad, estar dándole seguimiento al evento.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Ahora sí le pido al diputado Rubén Moreira, haga la presentación de nuestro próximo ponente, que es Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad. Adelante, diputado.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Ernesto López Portillo es licenciado en derecho, coordina el programa de Seguridad Ciudadana en la Universidad Iberoamericana, tiene 30 años en la investigación, docencia y consultoría nacional e internacional en materia de seguridad pública y mejora policial. Bienvenido, licenciado.
El ciudadano Ernesto López Portillo: Muchas gracias, diputado. Buenas tardes a todas y a todos. Según el Instituto Igarapé de Brasil, si seguimos tomando más o menos las mismas decisiones en América Latina, en 2030 vamos a estar 11 veces arriba de homicidios violentos con respecto a África, para que sepamos lo que estamos haciendo. Esta es la prospectiva de Igarapé respecto a América Latina.
Seguridad, la responsabilidad de saber o no saber. Conozco dos tipos de personas con respecto a la seguridad. Hay quienes quieren entender qué es la seguridad y hay quienes no. Hay quienes buscan de qué está hecha, cómo se construye, y hay quienes no. Para la gran mayoría y con justa razón lo único que importa es estar y sentirse seguro, y lo de menos es saber cómo se logra esto. El problema es cuando eso pasa también con quienes toman decisiones de política pública.
Es decir, cuando las y los tomadores de decisiones se recargan en la intuición y no recogen el conocimiento teórico y la evidencia empírica sistematizada, estamos ante un problema mayor.
¿Por qué? ¿Es mala la intuición? No lo es, pero no es suficiente y de hecho puede ser contraproducente. Por ejemplo, cuando un legislador dice que apoyará la propuesta de Guardia Nacional, porque la gente confía más en las Fuerzas Armadas, entonces se coloca sólo del lado de la intuición.
Estamos, pues ante dos posibilidades. Los decisores aceptan o no adentrarse en la interpretación de la complejidad de la seguridad. Cuando lo aceptan entonces se hacen cargo de reconocer la relevancia de la evidencia y así llegan al mundo de la causalidad.
Qué causas producen qué efectos para construir inseguridad y qué causas producen qué efectos para construir seguridad.
¿Saben ustedes por qué razón, por qué las relaciones de causalidad son la esencia de la construcción de la inseguridad y de la seguridad? Justo por eso es porque el consenso internacional de que esa construcción, de esa construcción es de abajo hacia arriba, es decir, es primero local.
Por eso un reciente reporte afirma: el liderazgo municipal continuo es fundamental para una seguridad ciudadana exitosa. El componente clave para programas de seguridad urbana efectivos es una gestión local capaz, creativa y valiente, especialmente la proveniente de la oficina del alcalde.
Y siguen y siguen y siguen produciéndose materiales que hablan de la seguridad primero local. Entonces se puede hablar de seguridad y tomar decisiones en la materia, sabiendo o no las causalidades, por ejemplo, sabiendo o no qué sucede en determinada calle, barrio, escuela, parque, fraccionamiento en los hogares, etcétera, también se puede hablar de seguridad sabiendo o no qué pasa cuando equis institución pública hace lo que hace, por ejemplo la policía y las Fuerzas Armadas.
Es así que hay quienes deciden saber y quienes deciden no saber, pero repito, el problema aquí en México es que la gran mayoría de los que toman decisiones de política pública deciden no saber, o saber solo generalidades, repetir supuestos no comprobados, usar la retórica más popular y conectar con el gran auditorio a cielo abierto, no porque se ofrece una política basada en causalidades probadas o al menos bajo experimentación controlada, sino porque se sabe vender la promesa.
La seguridad entonces puede ser una promesa subjetiva o puede ser una política pública en estricto sentido. Toda la narrativa de la propuesta de la Guardia Nacional, como fue la narrativa de la Ley de Seguridad Interior, se soporta en una promesa que no se ancla en evidencia que permita interpretar relaciones causales.
Somos diferentes y vamos a hacerlo diferente, nos dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, hace unas semanas. Y yo le contesté, como lo hice ayer, conversando con el diputado Mario Delgado, parafraseando a David Bailey, en las reformas, los cambios reales no se decretan, se gestionan.
Los cambios creíbles se soportan en planes y en procesos de gestión, no en textos legales y menos en promesas. La Guardia Nacional es un texto legal, no es un texto legal producto de un plan, es decir, de una ruta. No es un texto legal contextualizado en una política pública que coloca a la Guardia en un plano multidimensional coherente de intervenciones.
Ustedes, señoras y señores legisladores, tienen todo el derecho de creer o no creer en la Guardia Nacional, pero tienen la responsabilidad de fundar su convicción en argumentos, y sus argumentos sin evidencias y sin una referencia contextual de política pública siguen siendo creencias subjetivas, precisamente ante una promesa subjetiva soportada en una potente retórica.
Cuando se decide tomar decisiones sin saber, entonces los factores precisos de riesgo ni siquiera se conocen, no referidos en general para cubrir la retórica políticamente correcta como cuando se habla, por ejemplo, de deserción escolar, sino en particular asociados a las dinámicas de la deserción en la escuela equis, a su vez vinculando de otros factores de riesgo comunitarios y familiares ahí mismo, todo entramado en un contexto de factores que producen riesgos, daños y temores y que deben ser intervenidos no con miradas satelitales sino de microscopio, si se me permite la metáfora.
Por eso la seguridad es primer local, por eso las intervenciones que construyen seguridad sostenidas son las que se tejen mediante planos colaborativos entre autoridad local y las comunidades a las gobiernan, por supuesto con intervenciones subsidiarias, excepcionales y temporales, en función de las necesidades de cada contexto por parte de autoridades estatales y federales.
La más grave y delicada alerta cuando se decide sin conocer las relaciones de causalidad, se trasluce a través de la lupa de los derechos humanos.
¿Qué causas producen qué efectos a favor o en contra de los derechos humanos? Es lo que puede o no saberse cuando se toman decisiones en seguridad, abundan los ángulos de riesgos y daños, pero voy al más crítico de todos, el relacionado con el uso de la fuerza.
Aprobar la Guardia Nacional sin una verdadera ponderación de riesgos en el uso de la fuerza a partir de la evidencia disponible implica una terrible irresponsabilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha revisado la evidencia una y otra vez, acumulando sentencias: 2003 Guatemala, 2006 Venezuela, 2007 Ecuador, 2009 Venezuela, 2010 México, Brasil 2010 y México otra vez, dos sentencias, 2018.
Sentencias que incluyen la alerta de riesgos desproporcionados por el uso de la fuerza a manos de las y los militares centrales de seguridad ciudadana y que también incluyen el progresivo incremento de los estándares de control sobre la misma, hasta llegar al llamado caso Atenco donde por primera vez la Corte ordena crear un mecanismo externo de supervisión sobre el uso de la fuerza y la rendición de cuentas sobre la policía federal y la policía del estado de México.
En todo caso, más allá de esto, los múltiples criterios de la Corte, en particular en el caso Alvarado Espinoza y otros, contra México, invalidan en múltiples sentidos la propuesta de dictamen que hoy se discute.
Estas palabras amplían el fundamento que expliqué en este recinto el pasado 12 de diciembre, presenté formalmente la propuesta de crear un panel plural de análisis de la evidencia y no recibí respuesta alguna.
La Guardia Nacional, con lo que sabemos hasta este momento, se parece mucho más a un modelo que la teoría conoce como teoría de ocupación, y no hay texto o discurso oficial alguno que le asocie con un modelo de servicio propio de las policías en las democracias.
El presidente López Obrador, de manera muy afortunada habla de construir un servicio policial que en efecto proteja a la gente, pero de manera muy desafortunada opta por la vía que no sirve para eso; la vía militar.
El dictamen en discusión no debe ser aprobado. Ustedes, legisladores y legisladoras federales, pueden creer lo que quieran, tienen todo el derecho, pero no pueden votar sin base formal de conocimiento y evidencia detrás de su voto. La gente está, en buena medida, desprotegida y atemorizada en buena parte del país.
La violencia es, sin duda, terrible, de eso no hay duda. La gente tiene derecho a exigir soluciones ya. Ustedes, en cambio, no tienen derecho ni a refugiarse en la urgencia ni a ofrecer soluciones cuya viabilidad no pueden demostrar.
Termino diciendo lo siguiente. La ruta es la refundación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Sistema Nacional de Seguridad Pública se puede sintetizar de muchas formas. Yo lo sintetizo así: perfecta unanimidad en medio de la tragedia.
Todas las decisiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública han sido unánimes y se cumplen 25 años de aprobada la reforma que creó el sistema, un sistema que en su primer proyecto, su primer anteproyecto tenía el Centro Nacional de Investigaciones en Seguridad Pública, que se retiró del proyecto porque se nos dijo que no era un proyecto académico se quería crear. Habíamos pensado que ese Centro crearía un cerebro de donde fluiría la evidencia.
Hay una oportunidad en este momento, señoras y señores legisladores, para refundar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se contextualice una política pública de seguridad que fortalezca el Pacto Federal en la materia, y que sin duda utilice las Fuerzas Armadas a través de los criterios que la propia Constitución ya trae. Muchas gracias. Buenas tardes.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Agradecemos a Ernesto López Portillo.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Tenemos nuestro siguiente ponente, Carlos Bravo, y le pedimos por favor al diputado Moreira que haga la lectura de su semblanza.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Carlos Bravo Regidor es profesor asociado y coordinador de investigación en el Programa de Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE.
Cuenta con una licenciatura en relaciones internacionales, por el Colegio de México y un postgrado en historia, por la Universidad de Chicago. Es articulista y en sus publicaciones aparecen en muchos periódicos y revistas de carácter nacional e internacional.
El ciudadano Carlos Bravo Regidor: Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Agradezco sinceramente su disposición a escucharnos.
No voy a entrar en los detalles en los que ya abundaron ampliamente los colegas que me precedieron en el uso de la voz, en buena medida para no ser redundante, pero quiero dejar dicho al inicio que no me sorprende en lo absoluto que todos los que hemos tenido la oportunidad de exponer nuestros argumentos aquí hoy frente a ustedes, les estamos diciendo, quizás con algunas diferencias de énfasis o de tono o de matiz, pero todos les estamos diciendo básicamente lo mismo. Me parece un síntoma muy significativo del que les suplico se percaten y tomen nota.
Llevamos dos sexenios de guerra, de operativos conjuntos, decomisos, detenciones y abatimientos; de depurar y capacitar fuerzas, de reformar marcos jurídicos, de fortalecer la cooperación internacional. De violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. De reconstruir el tejido social, de mejorar la coordinación entre autoridades, de encomiar la prevención, etcétera, etcétera, etcétera.
En este tiempo se han acumulado experiencia y conocimiento. Existen multitud de organizaciones, de especialistas y funcionarios, nacionales e internacionales, comprometidos, honestos, profesionales, que llevan años invirtiendo su esfuerzo, su tiempo y su talento, estudiando el problema de la seguridad en México y tratando de encontrar soluciones. También hay un montón de investigación de indicadores de evaluaciones al respecto.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no empieza. No tendría por qué empezar de cero ni tampoco el Congreso de la Unión. De hecho, una de las ofertas más pertinentes de la campaña electoral del 2018 fue justamente impulsar un nuevo paradigma en materia de seguridad, un cambio de visión, para transitar de un enfoque punitivo a soluciones, digamos, más sensibles a la dimensión social de la violencia.
Sin embargo, la propuesta del Poder Ejecutivo que discutimos hoy está en las antípodas de esa promesa, se trata de una propuesta pensada completamente, diríamos, desde arriba, concentrada en consideraciones de fuerza y de mando, que no rescata nada que pueda llamarse ni remotamente una visión social del problema de la seguridad.
Y sí, sabemos que en las encuestas el uso de las Fuerzas Armadas es popular, aunque no lo sea tanto la evaluación de su desempeño. Sabemos que existe una noción muy extendida de que regresarlas a los cuarteles sería dejar a la población en un estado de indefensión frente al crimen organizado. Pero se trata de una falsa disyuntiva, pues nadie se ha plantado realmente esta posibilidad en el corto plazo.
La pregunta que habría que hacerse, más bien, es sobre el estado de indefensión en el que deja a la población un proyecto que redobla la apuesta por las Fuerzas Armadas –la Guardia Nacional será un cuerpo dentro de su órbita–, que lejos de fortalecer a las instituciones civiles, de instrumentar más controles, o de crear más contrapesos, le entrega tanto poder a un actor como las Fuerzas Armadas, que es muy poco transparente, que rinde muy pocas cuentas y que es el principal destinatario de las recomendaciones que emite la CNDH por violaciones a los derechos humanos, 7 de cada 10 recomendaciones son para las Fuerzas Armadas. Eso lo sabemos, está documentado, no son interpretaciones, son datos.
No se puede resolver el problema de la indefensión frente al crimen organizado optando entonces por dejar a la población en la indefensión frente a las Fuerzas Armadas.
Sabemos también que la seguridad pública no es, no debería ser su tarea. Que su formación, su función, su cultura son otras.
La creación de la Guardia Nacional en los términos en los que está contemplada en la propuesta que estamos discutiendo hoy aquí es abiertamente contraria a ese hecho. La Suprema Corte de Justicia ya lo dijo: Es inconstitucional dar a las Fuerzas Armadas tareas permanentes de seguridad pública.
La respuesta no puede ser entonces cambiar la Constitución para darle la vuelta a esa decisión de la Corte, estamos ante una situación extraordinaria, ante una amenaza grave, para que la propia Constitución, en su artículo 29 establece requisitos, procedimientos, plazos. Procesemos la emergencia conforme a lo que dice la Constitución. No constitucionalicemos la emergencia, o no por lo menos en los términos de la iniciativa que estamos comentando hoy aquí.
¿Dónde está el diagnóstico por el que se sustenta este proyecto de constitucionalizar la militarización de la seguridad pública? ¿Dónde está la evidencia que avala este giro tan abrupto? ¿De acuerdo con qué estudio o investigación o reporte se está proponiendo esto? ¿En qué experiencia exitosa se inspira? ¿Qué grupo de especialistas, expertos u organismos la avala?
No ha habido un cambio sorprendente en las circunstancias. ¿De dónde se desprende entonces esta decisión? ¿Por qué en estos términos? La falta de un diagnóstico puntual, exhaustivo, público, que avale el proyecto de dictamen es francamente vergonzoso. Una decisión de este calado y estas consecuencias potenciales, que no tiene si quiera un esfuerzo de fundamentación mínimamente riguroso y abierto.
Sabemos que ha experiencias exitosas, localidades e incluso regiones que han logrado reducir la violencia. Sabemos también que hay otras localidades que han fracasado. Pero sabemos y esto es fundamental, que una característica que comparten los casos exitosos es que han sido producto de soluciones hechas a la medida de cada uno de esos casos.
Lo que se requiere para enfrentar la violencia en Tepito es distinto a lo que se requiere para enfrentar la violencia en Chilpancingo, o en Colima, o en Guanajuato. Uno de los mayores consensos que se han construido en estos 12 años, es que las soluciones de una sola talla, desde el centro, con fuerzas que guardan una relación de exterioridad con las localidades en las que se despliegan, no funcionan.
Poner la concentración del mando por encima de la necesidad de que el combate a la violencia tenga un arraigo local, es contrario a la experiencia y al conocimiento acumulado, a que de hecho no hay una, sino muchas violencias distintas, que requieren políticas específicas, que se hagan cargo de su particularidad y no una solución de única talla para todas.
Si algo hemos aprendido es que las respuestas centralizadoras no producen los resultados que queremos. Al contrario, también sabemos que la posibilidad de mejorar la seguridad pública está estrechamente vinculada al sistema de justicia en su sentido más amplio, apuntalar sus capacidades desde la investigación hasta la readaptación.
Crear y desplegar una nueva corporación militar como la Guardia Nacional, sin invertir en las instituciones de procuración de justicia, es condenarnos a prolongar la lógica de la guerra y a postergar la lógica del derecho.
No podemos combatir al crimen organizado, no podemos reducir la violencia, solamente, como diría el presidente, con balazos. Necesitamos ministerios públicos, juzgados, policías, cárceles que funcionen.
El problema no se resuelve haciendo a un lado todas esas instancias o minimizándolas, ese es también otro de los mayores consensos a los que hemos llegado y no se ve reflejado en la propuesta que estamos discutiendo.
Termino resumiendo, no debemos constitucionalizar la militarización, sino reafirmar el mando civil en seguridad pública, incluso si no hay manera de dar marcha atrás al transitorio que establece un periodo de excepción de inicio para que la Guardia esté bajo mando militar durante sus primeros cinco años, ¿por qué cinco? ¿Para que sea el siguiente gobierno el que se haga cargo?
Lo mínimo sería cortar ese plazo a dos o tres años a lo más, para que sea este propio gobierno el que tenga que hacerse cargo de ese tránsito de la Sedena a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, no habría que trasladarle la responsabilidad a la siguiente administración.
Si confiamos en que es posible hacer ese tránsito, que le toque hacerlo a este gobierno y si no confiamos en que es posible, entonces no lo hagamos y pongamos de inicio, ubiquemos a la Guardia Civil, de entrada, en la órbita de la... De la Guardia Nacional, perdón, en la órbita del mando civil.
No soluciones de la misma talla para todas las violencias, un enfoque federalista y con arraiga local. No centralizar y concentrar, acotar, crear controles y contrapesos a las Fuerzas Armadas. No desvincular seguridad y justicia, privilegiar la lógica del derecho sobre la lógica de la guerra.
Concluyo invitando, respetuosamente, a los legisladores a recordar que su labor no es cumplirle al presidente, sino pensar en la ciudadanía, en los resultados, en las consecuencias, en hacer diferencia para bien en la vida de las y los mexicanos.
El cambio de gobierno y la victoria contundente de la coalición que ahora está en la Presidencia y tiene la mayoría en este Congreso, es una oportunidad para aprovechar todo eso que hemos aprendido, toda la experiencia y el conocimiento acumulados durante estos últimos 12 años.
Invito, con respeto, al Congreso a rechazar la política del desaprendizaje. Muchas gracias.
La moderadora diputada Martha Tagle Martínez: Agradecemos mucho a Carlos Bravo Regidor su intervención y con esto concluiría la primera intervención de nuestros invitados y procederíamos a una primera ronda de intervenciones de legisladores, de acuerdo a la siguiente lista.
Primero, la diputada Tatiana Clouthier, a continuación la senadora Citlalli Hernández, senadora Lucía Virginia Meza, diputada Adriana Dávila, diputado Rubén Moreira Valdez, diputada María Alemán, diputada Esmeralda de los Angeles Moreno, senador Dante Delgado, diputado Tonatiuh Bravo Padilla, la de la voz Martha Tagle Martínez, diputada Mónica Bautista Rodríguez, senador Emilio Álvarez Icaza y diputada Aleida Alavez.
Les solicitamos que su intervención se acote a solamente tres minutos, para que después podamos abrir la lista a otros legisladores que tengan alguna intervención y después esperar la respuesta de nuestros invitados. Gracias.
La moderadora diputada Martha Tagle Martínez: Entonces, diputada Tatiana Clouthier tiene una intervención hasta por tres minutos.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Pues creo que ya nuestros compañeros que estuvieron haciendo las exposiciones hablaron mucho.
Yo quiero agradecer, primero que nada, el que nos hayan seguido ilustrando sobre muchas de las inquietudes y nos hayan enriquecido las decisiones que habremos de tomar. Y sí les digo, especialmente a la persona que viene aquí, al presidente de Derechos Humanos, no hay simulación. Aquí no hay simulación legislativa, sino al contrario, y agradezco lo que usted nos ha puesto en la mesa, porque parte de lo que tenemos el día de hoy y estas mesas, tiene y obedece al que no queremos simular.
Hemos ido avanzando en términos de ir convenciendo en la necesidad de hacer modificaciones al propio dictamen.
Por otro lado, iba yo a hacer una exposición, pero creo que se ha dicho mucho. Coincido casi en el 99 por ciento en todo lo aquí dicho. Y sí quiero dejar más preguntas para nuestros ponentes, porque me gustaría nos siguieran enriqueciendo y aclarando.
Una de ellas es ¿qué pasaría o cómo o por qué declarar ya el estado de excepción en donde tuviera que darse para poder aplicar el artículo 29 constitucional?
¿Qué significa el no socavar el federalismo?, con el cual yo interpreto, sin ser abogada, que hay momentos en que el dictamen lo socava, al propio federalismo.
Me quedo con las recomendaciones, claramente, específicamente la de fortalecer el artículo 76. Y yo sí voy claramente por esta parte de un mando civil, no un mando militar, por ningún motivo. Y si esta temporalidad tuviese que estar, yo no veo posible una temporalidad mayor a tres años. Y lo pongo por varias vertientes: el tener cinco años el mando militar estaría hablando, inclusive, de poder decir que el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos seis años en este país. Me niego a poner esto como una antesala.
Y dejo una reflexión más. Algunas personas nos hacían ahorita algunas preguntas. Yo las voy a responder en las redes sociales, pero alguien hablaba nomás, ¿por qué miedo a los militares?
No hay miedo a los militares, hay un agradecimiento enorme a la labor que hacen en muchas tareas, pero eso no quiere decir que no existan los datos duros que aquí nos han mostrado con respecto a lo que pasa cuando cada quien se ocupa de lo que no le corresponde.
Y por otro, lado, es lo que sí tenemos que hablar y que ahorita nos decía quien me antecedió, es la necesidad de que tengamos policías fuertes en lo local, con intervenciones subsidiarias y que quitemos esta parte de la simulación y no porque tengamos que tener la coadyuvancia del Ejército tengamos que hacer una modificación constitucional de la que luego nos podamos arrepentir. Muchas gracias y le cedo la palabra a quien sigue.
La diputada Martha Tagle Martínez: A continuación, le damos el uso de la palabra a la senadora Citlalli Hernández Mora.
La senadora Citlalli Hernández Mora: Gracias. Primero, agradecer a todas y todos los especialistas y miembros de sociedad civil que han compartido con nosotros sus observaciones.
Celebrar también este espacio, porque me parece que si este espacio se hubiese abierto hace doce años cuando se planteó una política de seguridad fallida, quizás muchas personas no estarían asesinadas, desaparecidas. La situación actual de seguridad y de violación de derechos humanos sería distinta.
Este dialogo, para todas y todos los legisladores, con independencia de las posturas políticas y partidistas que tengamos, es fundamental porque estamos hablando de un tema de seguridad.
Hubo un cambio de gobierno, hay un presidente que no creo que considere que el camino que se tomó en los últimos doce años sea el adecuado y que ha propuesto que la Guardia Nacional sea la herramienta y la ruta para empezar a darle un giro al país.
Sin embargo, hay varias voces en sociedad civil, en la academia, en la población, que por supuesto manifiestan su preocupación, porque en efecto, me parece que hay una sensación y hay una claridad de que no queremos que nuestro país siga con la misma ruta, que no queremos más violaciones de derechos humanos y que no queremos impunidad también hacia las fuerzas policiacas militares que, hay que decirlo, se ha dicho y a veces quizá se genera tristeza cuando nos damos cuenta que apenas hoy muchos actores lo reconocen, cuando durante los últimos 12 años hay voces de sociedad civil, hay muchas voces que cuestionaron la estrategia de seguridad y hubo oídos sordos por parte de anteriores gobiernos.
Hoy las y los legisladores tenemos una responsabilidad fundamental de atender esas observaciones que se han realizado y de revisar con puntualidad lo que vamos a votar.
Yo creo que la política, como se ha hecho en los últimos años, a veces ha sido a través de levantar manos sin dar lecturas a dictámenes. De generar posturas por pertenecer solamente a un grupo parlamentario, y creo que hoy no solo los legisladores que estamos aquí y las legisladoras estamos convocados, sobre todo por las voces de sociedad civil, a tomar posturas y a dar lecturas adecuadas antes de emitir un voto y antes de emitir una opinión.
Por eso es que yo celebro este espacio. Yo he tomado nota de muchos temas que me parece que tienen sentido, coherencia y preocupación atinada. Y estoy convencida de que estos diálogos, las lecturas puntuales y los días venideros nos ayudarán a tomar las mejores decisiones para la votación que demos.
Y estoy convencida también de que este dictamen no será votado en sus términos porque todas las observaciones que se han hecho aquí nos dan mucha luz para que tengamos un dictamen adecuado y lleguemos a una decisión por el bien de México.
Más allá de las diferencias, insisto, y lo dicho con mucho respeto...
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Tiempo.
La senadora Minerva Citalli Hernández Mora: ...esta no debe ser una confrontación política y habrá que poner en el centro de la discusión la seguridad de la ciudadanía y de un pueblo de México que está padeciendo o ha padecido violaciones a los derechos humanos. Es cuanto. Gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Le damos la palabra a la senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, de Morena.
La senadora Lucía Virginia Meza Guzmán: Muy buenas tardes a todas y a todos. Hemos escuchado con mucha atención la participación de todos los especialistas en materia de seguridad.
Primero que nada, decirles que nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo desde el Legislativo, escuchando todas las voces precisamente para hacer un trabajo que de alguna manera nos lleve a recuperar esa paz, esa tranquilidad que los ciudadanos han demandado.
Finalmente, quiero principalmente decir que ha sido un clamor de la sociedad que los cuerpos encargados de la seguridad pública se encuentren sujetos al escrutinio público y que sus actuaciones, en caso de incurrir en excesos, sean sancionados por las autoridades del fuero civil.
Aspecto importante es que, a diferencia de otros cuerpos de seguridad, la Guardia Nacional deberá sujetarse al análisis y evaluación públicos. Su labor será totalmente fiscalizada en cumplimiento de sus obligaciones y el respeto de los derechos humanos.
En días pasados gobernadores y alcaldes fueron escuchados, muchos manifestaron su apoyo a la propuesta; otros, expresaron dudas en algunos aspectos de ella. La reforma constitucional para conformar la Guardia Nacional no invade la competencia de estados y municipios en materia de seguridad. Reitero, la responsabilidad de estados y municipios en materia de seguridad que les otorgan los artículos 21 y 115 constitucional no cambia, sigue vigente.
El artículo 21 constitucional se modifica para especificar que la función de seguridad a cargo de la federación se prestará a través de las instituciones establecidas en la Constitución, pero la competencia de la federación en materia de seguridad ya estaba establecida en esa disposición. Solo se especificó que la federación la presentara a través de las instituciones establecidas en la propia Constitución.
De igual manera, la competencia de la Ciudad de México en materia de seguridad pública queda intocada.
También se ha dicho que hay que precisar que la relación de estados y municipios con la federación en materia de seguridad no sea de subordinación sino de coordinación. La reforma ya propone que la relación de la Guardia Nacional con estados y municipios será de coordinación, así lo dice el artículo 21 constitucional que se reforma.
En ninguna parte se establece una relación de subordinación, por el contrario, la coordinación será mediante la creación de consejos de coordinaciones estatales y regionales integrados por los tres órdenes de gobierno, los cuales sesionarán diariamente como queda de manifiesto en el Plan Nacional de Paz y Seguridad que dio a conocer el presidente de la República, días antes de su toma de protesta.
En estas coordinaciones se invitará a los representantes de los organismos de derechos humanos. Por otra parte, la Guardia Nacional estará integrada con elementos de policía militar, naval, Policía Federal y civiles y un mando operativo.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Tiempo.
La senadora Lucía Virginia Meza Guzmán: Concluyo, nada más, rápidamente. Bueno lo que nosotros queremos manifestar, que en el dictamen que hemos estado trabajando de alguna manera hemos tomado precisamente las consideraciones en materia de derechos humanos y pues bueno, vamos a estar trabajando, integrando el mayor número de opiniones de especialistas. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, senadora.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Pasamos con la diputada Adriana Dávila, del PAN.
La diputada Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias. Yo quiero ser muy breve, porque además esto es una audiencia y la audiencia implica escuchar a quienes vinieron, obviamente a explicarnos y a darnos elementos.
Planteo esto, rápido. Uno de los aspectos que desentraña la sentencia de noviembre, de la Corte Interamericana, es justo lo relativo a que la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas deben ser en el combate a las sociedades delincuenciales o a la delincuencia organizada y no necesariamente el crimen común.
Quiero apuntar, y nada más queda para la reflexión en el proceso siguiente de discusión del dictamen, que en diversos ordenamientos que se han aprobado o pretenden aprobarse en esta Cámara de Diputados, concluyendo, empezando por la Fiscalía General de la República, las áreas de delincuencia organizada desaparecen, concretamente. Desaparece secuestro, desaparece Fevimtra, desaparece delincuencia organizada, y además en el Plan Nacional de la Paz y la Seguridad no hay una sola mención de la política criminal que se va a seguir respecto del tema de delincuencia organizada. Estamos mezclando todo este combate de delincuencia organizada con delincuencia común y es lo que nos tiene justamente en esta discusión de la Guardia Nacional.
Las preguntas básicamente son, y yo lo diría a Alejandro Hope y a Pedro Salazar, quisiera, si pudieran ayudarme un poquito. Si consideran en que la forma en la que se encuentra redactado el proyecto de decreto del dictamen cumple con las condiciones establecidas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y si de ser aprobada esta iniciativa –digo– ya lo dijeron, sin embargo quiero un poquito más luz.
Y si esta, en caso de aprobarse este ordenamiento, no estaríamos ante la posibilidad de que la Corte Interamericana sentencie a México en alguno de los momentos por no cumplir con los estándares internacionales que nos están planteando, obviamente.
Otra pregunta. ¿Consideran ustedes que el dictamen en la propuesta de reforma al artículo 21 de la Constitución se apega a los lineamientos de subordinación y complementariedad antes descritos?
Y yo además lo diría, una tercera pregunta. ¿Modificar algunos de los artículos, como se han planteado, incluso en las reservas que ya nos fueron distribuidas a varios de nosotros, con el aparente cambio de mando militar de cinco años y después un año de mando civil, en fin, un asunto raro que no ubico a través de la Secretaría de Seguridad Pública, cambia el modelo específico del modelo de Guardia Nacional? ¿Serviría este modelo de Guardia Nacional?
Y concluyo nada más, porque además me llama la atención el comentario de la diputada Tatiana Clouthier: de mando civil, no mando militar, que además todos coincidimos. Entonces esto implicaría, y esto sí es una pregunta que tendríamos que hacernos más adelante. ¿Esto implicaría que se eche para atrás la convocatoria del reclutamiento de la Guardia Nacional? Porque bueno, si el reclutamiento está siendo a través, justamente de la Defensa Nacional, si la formación es militar, pues es militar. Entonces estaríamos sabiendo que el reclutamiento tendría que ser a través de la Secretaría de Seguridad Pública que no tendría formación militar y que entraríamos cambiando parte del dictamen.
Solo lo quiero dejar sobre la mesa y espero con mucha atención las respuestas de Pedro Salazar y de Alejandro Hope.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, diputada Adriana.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Y le damos la palabra al diputado Rubén Moreira, del PRI.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, diputada. Algunas de mis opiniones ya están en las intervenciones de ayer. Yo les agradezco, a quienes han hablado, sus posiciones, rescato muchas de ellas.
A Jan Jarab, su preocupación también por el artículo 19. En los pasillos aquí de la Cámara andan organizaciones de la sociedad pidiéndonos espacio en lugares, a veces no suficientes para escucharlos. Ojalá y nosotros, senadores y diputados, podamos posponer lo del artículo 19, para hacer una jornada similar a esta y los escuchemos.
A Alejandro Hope. Efectivamente, creo que hay deficiencias en la motivación del dictamen, además de todo lo que él señaló.
De Alejandro Lajous, además del tema nodal, tomo nota del tema de la policía municipal y de las policías auxiliares, que no sé para qué se puso, la verdad, en esta iniciativa.
Del doctor Pedro Salazar, y ahí yo le quisiera hacer una pregunta. Él señaló cómo la Constitución le da la vuelta al artículo 1o. La Corte da la vuelta al artículo 1o, hablando de que los tratados internacionales quedan subordinados a la Constitución cuando haya diferencias entre ellos. Es el tema del arraigo.
¿Qué parecería si nosotros reformamos el artículo 133, que por error de nosotros los legisladores –allá en el 2010, 2011– no reformamos y de ahí se tomó la Corte?
A don Esteban López, efectivamente, los lugares donde ha habido una mejora es porque hay una mejora de la seguridad local. A mí me preocupa que pongamos al menos en la opinión pública toda la esperanza en la Guardia Nacional, cuando la Guardia Nacional es un componente que se propone y no la solución total.
A la señora María Elena Morera, yo le haría también una pregunta, o sus comentarios más bien, sobre la certificación y las depuraciones de los cuerpos policiales ahora, porque en el caso hipotético de una Guardia Nacional, ¿qué va a pasar con todas las policías si no las hemos modernizado, depurado y son eficientes? Ella tiene buenos comentarios, creo yo, sobre el tema de la certificación y la depuración de las policías. Gracias a todos.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, diputado Moreira.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Le pedimos a la diputada María Alemán, del PRI, el uso de la palabra.
La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Darles la bienvenida y agradecerles de manera muy especial a la especialista y a los especialistas que nos acompañan y que generosamente han compartido su tiempo, pero sobre todo sus opiniones con nosotros para ilustrarnos en un tema que es por demás de relevancia para las y los mexicanos.
Yo quisiera hacer algunos comentarios, así como algunas preguntas. Me llama la atención, me congratula el comentario de la diputada Tatiana Clouthier respecto de algo que hemos venido escuchando de manera reiterada estos tres días, el mando civil. Me parece que esa es una de las inquietudes más coincidentes.
Sin embargo, y aquí iría a una pregunta y más que una pregunta, una petición muy encarecida a los expertos, en particular a Alejandro Madrazo, porque esto de modificarse en el dictamen no puede ser solamente un texto, no puede ser una palabra. Tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos como para que el acompañamiento, es decir desde la capacitación, la formación de los elementos, de los miembros de la Guardia Nacional sea de orden civil, la petición muy sentida sería ¿qué ve, o qué ven ustedes que pudiera ser indispensable no solamente en el artículo 21 establecer el mando civil, sino dónde tenemos qué cuerpear o acompañar esta modificación al dictamen para que de facto y en lo práctico realmente en la implementación sea un mando civil y no quedemos en situaciones como las que comentaba la diputada Adriana? Estamos haciendo ya un reclutamiento y lo está haciendo la propia Defensa Nacional.
También sus opiniones, Alejandro Madrazo, respecto de los límites temporales y sobre todo territoriales que eventualmente podría tener la Guardia Nacional. Cómo debiesen de estar establecidos, bajo qué condicionantes poder autorizar que la Guardia Nacional actúe o asuma las labores de seguridad en esos espacios territoriales.
Nuevamente agradecerles su tiempo y su generosidad de acompañarnos y de ayudarnos en este tema importante. Me parece –retomo las palabras del diputado Rubén Moreira–que esto tiene que ser entendido como una estrategia integral y no podemos de manera irresponsable crear falsas expectativas respecto de la Guardia Nacional a las y a los mexicanos. Que sepan que este es un componente de lo que tenemos que hacer de manera conjunta para dar resultados en materia de seguridad. Gracias.
La moderadora diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Ahora le damos el uso de la palabra a la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.
La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina: Gracias, diputada. Buenas tardes a todos. Señoras y señores, la violación de los derechos humanos se han incorporado progresivamente a nuestro país, se han encontrado con un gran muro de corrupción por parte de servidores públicos y corporaciones encargadas de la seguridad pública.
Esto ha ocasionado fuertes críticas y recomendaciones por parte de los organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, fue por ello que, con base en un diagnóstico serio, profesional y objetivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Plan Nacional de Paz y Seguridad definió la necesidad de crear una Guardia Nacional con atribuciones de seguridad pública, con un tiempo establecido constitucionalmente para su operación y conjunción, pero las principales características que tendrá esta Guardia Nacional, son disciplina militar, pero obligatoriamente conformación, capacitación, en materia de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y seguridad pública.
Lo anterior tiene sentido y viabilidad a la propuesta, ya que en todo momento la Guardia Nacional se apegará a los principios establecidos en la reforma constitucional de 2011, respetando en todo momento los derechos humanos y el debido proceso que da certeza en su actuar y eficiencia en sus resultados.
Por ello resulta importante el binomio derechos humanos y Guardia Nacional que en la reforma planteada obligará a cada uno de los mandos y activos a establecer y ejecutar sus protocolos de actuación en sus operaciones con altos estándares en materia de derechos humanos, para evitar alguna arbitrariedad en contra de la población.
En este sentido el Grupo Parlamentario de Encuentro Social se ha sumado a la propuesta y estrategia de seguridad pública del presidente López Obrador, porque consideramos que está fundada y motivada con lo establecido en el marco constitucional y tratados internacionales en favor de los derechos humanos.
Pero también reconocemos que es perfectible la reforma planteada. Por ello fue oportuno escuchar, el día de hoy, todas y cada una de las voces de expertos en el tema, para dilucidar alguna idea o deficiencia. Para esto, este producto legislativo de grandes proporciones y beneficios para que México tenga la mejor redacción técnica constitucional y evitar impugnaciones futuras, que sea una reforma de certezas y consensos. Muchas gracias.
La moderadora diputada Martha Angélica Tagle Martínez: A continuación, le cedemos el uso de la palabra al senador Dante Delgado, por parte de Movimiento Ciudadano.
El senador Dante Delgado Rannauro: Compañeras y compañeros legisladores, señoras y señores, nos da mucho gusto que el día de hoy en esta mesa, esta quinta mesa, participe la sociedad civil organizada.
En lo personal me da mucho gusto, mucha emoción, estar presente en esta sesión por la profundidad con la que quienes han expuesto puntos de vista de organizaciones tan prestigiadas nos han orientado.
Desde luego que queremos acabar con la inseguridad, desde luego que es necesario generar ejercicios diferentes porque no obtendríamos resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo.
Por eso permítanme saludar el esfuerzo de tantos años de estas organizaciones que hoy nos vienen a presentar con claridad lo que representa un análisis pormenorizado que debe de ser tomado en cuenta.
Se ha dicho que además de la policía tenemos que darle seguridad y justicia al pueblo de México, por eso el Código Penal único, el Código de Procedimientos Penales único, la Ley de Readaptación Social, la Ley de Justicia Cívica y, sobre todo, lo que le va a dar contenido a la reforma, debe ser antes presentado, me refiero a la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, a la de uso legítimo de la fuerza y a la general de registro de detenciones.
Movimiento Ciudadano ha planteado la necesidad de recibir esas iniciativas antes de aprobar la reforma al artículo 21 constitucional. Desde luego que será un honor el que pudieran participar en la corrección y reorientación de estas iniciativas, y por eso hemos urgido al Ejecutivo federal las envíe a la Cámara de Senadores.
Notifico al pleno de este recinto, que ya formalmente hemos solicitado a la Junta de Coordinación Política del Senado que proceda en consecuencia, de lo contrario, Movimiento Ciudadano tendría que votar en contra, e invitaríamos a las demás fracciones parlamentarias que logramos tener las dos terceras partes, una tercera parte, que se oponga a esta iniciativa que, desde luego pensamos adecuadamente orientada, con las opiniones de personas como hoy nos las han presentado, podrá darle rumbo y dirección a la seguridad pública del país. Enhorabuena, estoy muy complacido. Muchas, muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, senador Dante Delgado.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Le pedimos al diputado Tonatiuh Bravo Padilla, haga uso de la voz.
El diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias. Primeramente, como integrante de la Junta de Coordinación Política no tengo sino que agradecer la presencia de todos los especialistas que el día de hoy nos han ilustrado con sus comentarios y sus análisis, y celebrar que haya sociedad civil y academia sólidas y fuertes que tengan puntos de vista alternos a las instituciones de carácter público que enriquecen, sin lugar a dudas, un conocimiento social, una inteligencia colectiva.
Y celebro también este diálogo republicano, porque eso es la República, no solamente los poderes constituidos, sino la sociedad, la ciudadanía y las instituciones.
Respecto de los consensos, solamente diría que efectivamente he estado en todas las mesas y hasta ahora he escuchado que el consenso de gobernadores, de presidentes municipales, algunos con matices y no unánime, por supuesto, es respecto a una Guardia Nacional que no tenga mando militar, tal y como lo ha expresado aquí la diputada Tatiana Clouthier.
Quiero referirme solamente a dos puntos en esta intervención, dado la brevedad. Primero, ¿en qué afecta al federalismo? Yo, contrario a lo que aquí se ha señalado, sí creo que afecta al federalismo.
La primera cuestión es que en la actual Constitución, la Guardia Nacional es una institución de las entidades federativas, tal y como ocurrió en el siglo XIX. Al modificarse a una institución de carácter federal y centralista, tácitamente se les está quitando a las entidades federativas una Guardia Nacional de la cual debieran disponer.
¿En qué afecta al federalismo? También en el transitorio, en dos artículos, uno de ellos en el que se le da la atribución, fíjense ustedes lo que dice textualmente: Artículo 89, fracción VII, es las atribuciones del presidente de la República reglamentaria a través de la dependencia del ramo de seguridad a las policías auxiliares de las entidades federativas y los cuerpos de seguridad privadas debidamente autorizados por la Federación, así como obtener y articular la información que generan las instituciones de seguridad y sus centros de monitoreo a través de un sistema central de administración de información de conformidad con la ley respectiva.
Cuando, como ustedes lo saben, las atribuciones reglamentarias las tiene el Congreso de la Unión a través de la expedición de leyes y no a través de otorgárselas a un poder de la Unión.
Y la otra, que es atentatoria del federalismo, es la que le da las atribuciones centrales a evaluar policías de las entidades federativas, intervenirlas cuando encuentre situaciones, y por otro lado incluso a retirarle participaciones a los estados que no resuelvan.
Esas son de manera puntual las afectaciones al federalismo. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias doblemente. Gracias por su exposición y gracias por responderme.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Le cedemos la palabra a la diputada Martha Tagle.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, diputada. Yo no me queda más que agradecer mucho nuevamente la disposición de quienes hoy han venido nuevamente a este llamado y exponer con tanta contundencia y claridad lo que han expuesto aquí.
Creo que de los días que llevamos de audiencias este para mí ha sido muy significativo por escuchar la experiencia, la información, la evidencia que hay para poder avanzar en este dictamen.
En ese sentido me quiero quedar con varias de las palabras que han dicho acá. Una de ellas muy importante del llamado que se nos hace a actuar con responsabilidad. La decisión de esta reforma es una responsabilidad histórica y se nos pide que más allá que actuar de acuerdo a nuestras convicciones en lo que creamos, tenemos que decidir basados en evidencia y en información, no de acuerdo a lo que creamos o nuestra corazonada. Por eso, entre todos juntos podemos y debemos construir una seguridad sin guerra.
En estos tres días que hemos tenido de audiencias nos queda claro que ya no queda nada del dictamen en comento, y en ese sentido el llamado que también se ha hecho desde esta mesa a que desechemos y votemos en contra este dictamen, y podamos establecer una mesa abierta de cara a la ciudadanía, para realizar un nuevo dictamen y una construcción de este dictamen, porque lo que tenemos hasta el día de hoy, todas las propuestas que aquí ha habido, insisto, el dictamen simple y sencillamente con el que contamos ya no nos sirve y por eso, y además hablo de hacer una mesa abierta y de cara a la ciudadanía, es porque también he escuchado que hay propuestas de redacción, lo que implica que debe de haber algunas mesas de negociación paralela que nuevamente sujeta a negociaciones, que no quedan claras para la ciudadanía qué y cómo se está negociando.
También quiero tomarles la palabra a la disposición que se ha manifestado por parte de los expertos que hoy han participado, en el sentido de contar con su apoyo técnico para elaborar un nuevo dictamen.
El Colectivo de Seguridad sin Guerra manifestó además la necesidad de establecer un comité de apoyo técnico y de apoyo ciudadano para elaborar un nuevo dictamen, y sabemos que ellos están tomando nota de todo lo que se ha dicho acá.
Yo sí les tomo la palabra para que contemos con su apoyo para hacer un nuevo dictamen de cara a la ciudadanía.
Finalmente, me parece muy importante porque ha sido algo que todos comentaron el día de hoy, una tarea pendiente del Legislativo es la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional, que establece la necesidad de que nos sentemos también, y es una solicitud al partido mayoritario, para que establezcamos una mesa para elaborar la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional, que establece en estados de excepción cuáles son la suspensión de garantías.
También sumarme a la solicitud del diputado Moreira, de no discutir en este periodo extraordinario la reforma al artículo 19, sino también abrir estos espacios de foro y diálogo para que la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa puedan discutirse también basados en evidencias. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, diputada Martha Tagle.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Le damos el uso de la voz a la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del PRD.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Muchas gracias, diputada. Buenas tardes a todas y a todos. Manifestarles que la propuesta de López Obrador de formar una Guardia Nacional que se encargue durante cinco años por lo menos, de garantizar la seguridad pública del país, encabezada dicha Guardia por militares, de permitirlo sería un grave retroceso histórico de nuestro país por las siguientes razones.
El país pagó, producto de la lucha armada de 1910 a 1917, un alto costo físico. O sea, la pérdida de muchas vidas de mexicanos, todo para alcanzar un clima de pacificación nacional, y esto fue resultado de la separación del Ejército de la vida cotidiana o normal del país al ser determinado su lugar específico como guardián de la seguridad nacional, es decir de su soberanía.
La profesionalización del Ejército está lejana de ser plena. Los ejemplos son muchos en esta etapa moderna de la vida nacional, sobre todo son producto del autoritarismo, de quien ha sido considerado el jefe nato de las Fuerzas Armadas. Esto es el presidente de la República, quien ostentado en este cargo en varias ocasiones ha hecho uso ilegal y anticonstitucional de las mismas, por ejemplo, el uso del Ejército para imponer la candidatura oficial de los candidatos del partido en el gobierno. Ahí está el caso de Miguel Enríquez y Alemán Valdez.
También las represiones sociales, que serían la lucha ferrocarrilera de 1958 a 1959; el Movimiento Estudiantil de 1968; la represión de 1971 contra estudiantes. Ahí son oficiales del Ejército, quienes organizan, entrenan y dirigen los famosos halcones. Esta represión es conocida por todos nosotros como el Halconazo de 1971 y después actúa el Ejército en la represión de la Guerra Sucia.
En síntesis, debemos tener claro y que no nos falle la memoria a todos los que estamos aquí, pues el uso del Ejército en México en gran medida es para reprimir a distintos sectores del pueblo de nuestro país y no para resguardar la soberanía nacional.
El resultado de todo lo anterior, el Ejército y particularmente su oficialidad está demandado en los tribunales internacionales por sus abusos y sus excesos contra el pueblo y la sociedad civil. Por todo lo anterior, lo que hoy está en el orden del día es darle al Ejército su papel constitucional.
No es el de represor del pueblo o sustituto de la policía a la cual hay que profesionalizar urgentemente, sino garante de la soberanía nacional.
Por último, que nos quede claro a todos los que nos encontramos el día de hoy aquí, el pueblo de México requiere un Ejército respetuoso de la paz, de la justicia y la democracia y no un Ejército verdugo de su pueblo. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, diputada.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Le damos el uso de la voz al senador Emilio Álvarez Icaza.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Muy buenas tardes. Miren, en estos últimos días creo que ha habido un gran consenso en gobernadores, alcaldes y hoy en expertas y expertos de la necesidad de un mando civil, o sea, no ha habido voces discordantes en eso, ha sido así, y me parece que eso necesariamente tiene que ser un poderoso llamado de atención. Pero, la pregunta esencial es la que se dijo, ¿cuál es la política criminal? ¿Cuál es la política de Estado en materia de seguridad? Una reforma constitucional es eso, es un pacto de Estado, y eso necesariamente tiene que hacerse ver así. No, no una cosa hecha en estos términos.
Para mí es difícil creer que no hay simulación, cuando ya hay decisiones tomadas. Perdón, pero para mí es muy difícil, hay convocatorias, hay presupuestos, hay uniformes. Desde el 2 de diciembre están ya en operativos conjuntos. Perdón, pero la Guardia Nacional ya está operando. Entonces, para mí es muy difícil no aceptar un escenario de simulación, debo decirlo con toda claridad.
También para mí es muy difícil, que no debemos simular un Parlamento abierto. No podemos repetir lo de la Ley de Seguridad Interior, que invitamos a discutir a los expertos y a la hora de tomar decisiones los sacan, o los sacamos.
Entonces, yo pido, por favor, con toda claridad, que las ponencias de los expertos se suban a la página de la Cámara, a la página del Senado. Que se pongan sus materiales a discusión. Y que en la deliberación estén los distintos actores y la sociedad civil. No vayamos a hacer lo mismo que cuando la Ley de Seguridad Interior, que los corrimos porque nos incomodaron sus comentarios, o porque nos sentimos regañados. Venimos aquí a escuchar, aunque no nos guste.
También me parece gravísimo la ausencia de las víctimas. Tuvimos que estar aquí persiguiendo a los legisladores para hacer la Ley de Víctimas y en este foro no hay víctimas, cosa que me parece gravísima.
Hoy se cumplen tres semanas de la sentencia al aparato. El Congreso de la Unión es parte del Estado mexicano para hacer cumplir esa sentencia. Una manera de cumplir esa sentencia es en concordancia con su contenido y no legislar en contra. Entonces, nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Hoy se cumplen tres semanas de esa sentencia.
Y, por supuesto, hay temas que retomo y no quiero abundar ya más y le quiero preguntar a Luis Raúl González, si nos quiere, por favor, abundar en lo que dijo sobre la investigación y en los militares. A Jan Jarab, si nos quiere abundar un poco más sobre el uso de la fuerza. A Pedro Salazar, si por favor quiere opinar un poco más sobre la sentencia que nos refirió, que ahora se comentó.
A María Elena Morera, si nos quiere, por favor, comentar algo más sobre su propuesta reglamentaria del artículo 29, a qué se refiere. El doctor Madrazo, si por favor nos abunda un poco más sobre el índice de letalidad, creo que es vital ese artículo. A Julio Ríos, si nos quiere explicar un poco más qué quiere decir sobre el plan de salida, estoy por terminar. A Alejandro Hope habló de algunas otras opciones, si nos puede dar un poco más detalle de esas opciones. Ernesto López Portillo, si nos puede decir algo más de qué es refundar el sistema nacional de seguridad pública, en esta oportunidad que nos dijo al final y no pudo desarrollar. A Regidor, si nos quiere abundar la idea de que nos condenan a la continuidad de la guerra. Y retomo la palabra, dicho ya por Martha Tagle en el Senado, retomo este mismo ejercicio para trabajar la asesoría de las organizaciones de la sociedad civil y la mesa de trabajo para constituir un comité. Muchísimas gracias por su atención.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Aprovecho, gracias, senador.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Aprovecho antes de darle la palabra a la diputada Aleida Álvarez, de Morena... Alavez, perdóneme. Comento nada más que nos están informando ahorita, que las audiencias están siendo públicas, se están subiendo las presentaciones a las ligas propiamente y que igualmente los documentos que se están entregando se están escaneando y se están subiendo en el tiempo que están siendo escaneados. La información es pública, senador, solo para que usted tenga una respuesta y no tenga duda de que la información está siendo procesada y compartida con el resto de la población. Adelante, diputada Aleida.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada Tatiana Clouthier. Y bueno, con mucha atención en todas y cada una de las audiencias que se han tenido para este tema he tomado nota, he revisado temas y, bueno, sí tenemos que ser muy conscientes de que, en esta idea, estrategia de Guardia Nacional no queremos engañar a nadie, queremos consolidar la paz social, creemos en la cuarta transformación y, bueno, yo creo que a diferencia de lo que se ha dicho en cuanto a la simulación, yo también creo que esta no es una simulación.
Estamos en una deliberación de datos, no estamos por tomar decisiones intuitivas ni subjetivas, nos vamos a basar en estas exposiciones que nos han hecho hoy los especialistas, pero quiero también pedir que no olvidemos el contexto en el que nos encontramos y derivado de qué es este contexto.
Los últimos 30 años el crecimiento económico ha sido pírrico, la economía nacional fue desmontada y se nos convirtió en un país que solo manufactura. Para entender la lamentable situación en la que nos encontramos hoy es necesario no perder de vista este contexto.
Ahora bien, en el tema de la mesa que hoy nos exponen los derechos humanos, la dignidad y la seguridad humana implican la protección de las personas de las amenazas, de sus derechos, su seguridad y su vida, ello engloba procurar la seguridad del individuo en distintas dimensiones, como la economía alimentaria, la salud ambiental, personal, comunitaria y política.
La Guardia Nacional no debe verse como una medida aislada, pues se acompaña de políticas sociales que alcanzarán a grandes sectores de la población, jóvenes adultos mayores, estudiantes, trabajadores, inversión pública al alza y, por supuesto, una lucha decidida contra la corrupción, la cual ha causado el deterioro de la vida pública y ruptura del tejido social.
Desde hace 40 años, mediante la suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado mexicano se obligó a cumplir las garantías de los derechos humanos. Sencillamente el Estado mexicano no ha cumplido con su labor y peor aún, se ha establecido una reserva para impedir que los crímenes de Estado cometidos ante la suscripción de esta norma internacional no puedan ser investigados.
Nuestro país llega tarde al concierto internacional de protección de los derechos a la convencionalidad y a la interpretación pro homine y llega mal, pues la propia Suprema Corte, a través de jurisprudencia, ha puesto límites a los tratados internacionales de protección a los derechos humanos que limitan su aplicación.
Enhorabuena si quieren aquí también discutir si ahora retomamos esa discusión cuando aquí la dimos sobre esta supremacía de los tratados internacionales en nuestro texto máximo de país.
En primer lugar, la Guardia Nacional ya existe, es vigente, pero bueno, me quiero ir a las preguntas, porque si no se corre el tiempo...
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Ya se le acabó.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: ...artículo 21, nada más, el híbrido va a causar confusiones. Apoyo y desde diciembre lo estamos dialogando permanentemente, la postura de la diputada Tatiana sobre el mando civil de la Guardia Nacional. La intervención excepcional del Ejército, necesitaría que aquí Alejandro Madrazo, por favor, nos aclararan más sobre cómo podemos, sin transgredir este carácter civil de la Constitución, adecuar más el dictamen con respecto a los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, controles legislativos, lapsos, hay ya controles en el dictamen.
Está sujeto a la disolución de la Guardia Nacional, pero por qué más, ¿cuáles serían más controles legislativos?
Y sobre la facultad expresa de regulación del uso de la fuerza, ya está contenido también en el dictamen, ¿haría falta algo más en este artículo 73?
Y bueno, la exigencia de cuentas a la Marina y al Ejército está tomada en cuenta. Mañana los vamos a tener aquí. Pero también mi duda, ¿por qué eliminar el sexto y séptimo transitorio? Es un diagnóstico que sí conlleva la eliminación de algunas policías o la intervención de las mismas en los ámbitos municipales, pero creo que ahí tenemos que coincidir en el diagnóstico necesario que se tenga que hacer, paulatino y que también lo contiene el dictamen. Muchas gracias.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, diputada Aleida.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Le damos el uso de la voz a la diputada Verónica Juárez, del PRD.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias. Sumarme, por supuesto, a la gratitud y el reconocimiento de quienes ahora nos acompañaron y nos han dado sus distintas posiciones, nos han exteriorizado sus distintas preocupaciones, pero, sobre todo, que nos han dejado distintas propuestas a las organizaciones de la sociedad civil y a los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos.
Y por supuesto, pues que quedan dudas si hay simulación o no. Porque ya aquí se había hecho un ejercicio en donde muchos de los que hablaron el día de hoy habían participado para la elaboración del dictamen de puntos constitucionales y no ocurrió nada.
Esperamos y en verdad tenemos confianza en que esto no quede aquí nada más, en un asunto de buenas intenciones y de que las participaciones que hemos escuchado hoy se queden solamente en las páginas publicadas.
Desde el PRD siempre nos hemos manifestado en contra de la militarización y lo vamos a seguir sosteniendo: estamos en contra que la seguridad pública esté al mando de militares.
Y aquí se ha hablado, es que en el pasado no hicieron. Es que por qué no lo dijeron antes. Lo estamos diciendo ahora. Y yo creo que ahora es la responsabilidad tanto de quienes gobernaron en otros años como desde quien hoy es mayoría, de una vez por todas tomar definiciones y no echarle la culpa al pasado y que asumamos la responsabilidad histórica que tenemos en este momento.
Doce años no han sido suficientes para dejar claro que la militarización no ha servido. Ahí están los resultados, ahí están los números que nos traen. Ahí están las experiencias que se han tenido.
Y por eso, me parece importante que ahora sí este parlamento sirva verdaderamente para lo que fue convocado.
Se ha hablado y hemos coincido en que no debemos de permitir la militarización. Y luego se habla de que no debe de ser permanente la presencia de las Fuerzas Armadas.
Y decimos, alguien decía por ahí, pues es que, si no es de cinco años, a lo mejor lo podemos bajar en tres, viéndola como una pecata minuta.
Si la temporalidad debe ser menos, entonces no debe de haber reforma constitucional. ¿Para qué la reforma constitucional entonces?
En fin. Yo aprovecharé para hacer una pregunta a quien ahora representa la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a Jan Jarab. Haré una pregunta y que tiene qué ver con quien me antecedió, con la intervención de quien me antecedió en el uso de la palabra, de nuestro marco convencional.
Desde la opinión del PRD, desde nuestra postura, creemos que si se avanzara en estas reformas constitucionales de las que habla del dictamen...
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Tiempo, diputada.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: ...termino. A la diputada Aleida le dio un minuto 36 segundos, por favor. Decía que, de avanzar estas reformas constitucionales, en nuestra opinión, se trastoca el marco convencional al permitir que los militares estén a cargo de la seguridad pública.
Haré la pregunta concreta. ¿Cuáles serían las consecuencias para México, en términos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en caso de que se aprueben las reformas y estas sean impugnadas? Si nos pudiera hablar un poco más en ese sentido.
Y por último. Sabemos que el 3 de febrero habrá una audiencia en Sucre, Bolivia, en donde precisamente se abordará la Corte Interamericana, el tema de las reformas constitucionales que ahora estamos discutiendo, la que tiene que ver con la Guardia Nacional y también lo que tiene que ver con el artículo 19.
Si nos pudiera hablar también un poco más en ese sentido, si tuviera información. Y por supuesto es del PRD sumarnos a que hagamos un parlamento abierto en torno al artículo 19 y no lo discutamos en este periodo extraordinario. Es cuanto.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, diputada. Voy a hacer un llamado, todavía hay una lista larga de diputados que tendrán intervención, hay preguntas para los ponentes y todavía aquí tenemos algunas más. Les voy a pedir un apoyo para el cumplimiento propio del tiempo, para evitar que no podamos cumplir con este avance que debiésemos tener. Les pido por favor que se atengan al tiempo y nos eviten que les estemos llamando la atención.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Le doy el uso de la voz a Marco Antonio Andrade, diputado de Morena.
El diputado Marco Antonio Andrade Zavala: Buenas tardes a todos, representantes de los derechos humanos, organismos de la sociedad civil, así como a todos los asistentes a estas audiencias públicas.
Hemos tenido estos días de trabajos en donde escuchamos muchas opiniones en relación a la creación de la Guardia Nacional, de gobernadores, alcaldes, legisladores, todas ellas muy enriquecedoras que nos permitirán deliberar respecto al camino que debemos tomar con la creación de esta nueva institución.
En este sentido, es pertinente comentar que nuestras Guardias Nacionales, al ser primeros respondientes, van a estar plenamente capacitados para acreditar con responsabilidad la legalidad en cómo actuar antes, delante y posterior a cualquier detención.
Vigilantes de su proceder respecto al Sistema Penal Acusatorio en materia de proximidad social, seguridad ciudadana, muy importante será la capacitación que reciban en materia de derechos humanos, en la cual se está buscando ya por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo de organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, ONU, para que contemos con una Guardia Nacional que mantenga estándares internacionales en protección a los derechos humanos.
La Guardia Nacional va a ser preponderantemente de carácter civil, inicia con un mando civil... Inicia, perdón, con un mando militar por un tiempo máximo de cinco años y estará supeditada a la secretaría del ramo de Seguridad. Sin duda, la Guardia Nacional es la mejor iniciativa para normar la actuación y desmilitarizar el país. Eso se va a hacer paulatinamente.
La crisis de inseguridad que vive el país nos tiene a todos los ciudadanos y aquí en la Cámara de Diputados y a todo el Congreso de la Unión a que tomemos medidas. No podemos postergar estas decisiones que el presidente de la República nos ha mandado la iniciativa.
Tendremos en las leyes secundarias una norma que reglamentará todo el marco legal de la Guardia Nacional, que en su momento lo discutiremos, como son la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley del Registro de Detenciones.
Considero que la Guardia Nacional será una institución sólida y con las capacidades suficientes para hacer frente a una tarea tan importante como es el resguardo a la paz y seguridad en nuestro país. Es cuanto.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: El diputado Benjamín Robles del PT, y se prepara el senador Damián, del PAN.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Gracias. Creo que utilizo muy bien los tres minutos que tengo, agradeciéndole de entrada a los expositores sus puntos de vista, sus planteamientos. Respetamos mucho sus expresiones, en algunas estamos de acuerdo, en otras no.
Juntos, hace varios años muchos de los aquí presentes, y entre ellos un servidor, combatimos la Ley de Seguridad Interior en el Senado de la República. Y la combatíamos precisamente ante la enorme preocupación de que el mando militar pudiese estar por encima del mando civil.
Pero yo les quiero decir a mis amigos, que hoy todavía están hablando de simulaciones, que quizá no entienden que aquellos momentos y estos son totalmente distintos, totalmente distintos. Este parlamento abierto creo que es un claro ejemplo de ello, las expresiones que yo he escuchado aquí de legisladores, me hacen pensar que el dictamen en los términos en que viene deberá sufrir distintas modificaciones y nosotros por eso estamos de acuerdo.
Alguien decía aquí, creo que fue el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la realidad violenta que vive el país. Y es que estamos hablando de seguridad, ese es el tema fundamental, la falta de seguridad en todo el país es que nos obliga a no quedarnos cruzados de brazos ante lo que está pasando, porque así como es grave el testimonio que aquí se nos leía por parte de Pedro Salazar, de quien ha sufrido la falta de respeto a sus derechos humanos por gente de la milicia, así podríamos escuchar el atentado en contra de derechos humanos de gente que no tiene garantizada su seguridad.
Por eso yo invito a todas y a todos, a recordar que el tema fundamental es cómo impulsamos una estrategia. Y la estrategia que estamos proponiendo, que apoyamos, pues tampoco es nueva, en febrero de 2017 el hoy presidente de la República, el licenciado López Obrador, en su libro más reciente, La salida, ahí planteaba que habría de proponernos la integración de la Guardia Nacional, en términos generales como hoy lo estamos viviendo, entonces, tampoco se vale decir que se está inventando cosas solamente al paso, por eso nosotros defendemos.
¿Y tenemos prisa? Pues sí. Y la decisión está tomada. Pues está tomada de combatir la falta de seguridad. Está tomada el revisar cuál es la estrategia. Y sí entendemos por las voces que hemos escuchado, que hay que revisar, y no tengan ninguna duda que se va a revisar.
Yo quiero hacer un posicionamiento, como lo he estado haciendo en nombre del Partido del Trabajo.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Tiempo, diputado.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Las y los diputados estamos listos, del PT, estamos listos para el periodo extraordinario de la próxima semana. Esperemos ver algunas modificaciones, pero hay unas que yo acoto rápidamente, diputada Tatiana.
En el artículo 73, fracción V, ahí se habla de la facultad de nuestro Congreso de expedir una ley de reglamento del uso de la fuerza en la Guardia Nacional. Pero nosotros creemos, de entrada yo lo dejo por si alguien lo quiere retomar, que debe ser para todas las instituciones de seguridad, no solamente para la Guardia Nacional.
Eso mismo se correlaciona con lo que dice el primero transitorio en su segundo párrafo: debe ser para todas las instituciones de seguridad también, esa ley que tendremos que impulsar del uso legítimo de la fuerza y la Ley General del Registro de Detenciones.
Los diputados del Partido del Trabajo estamos listos para el próximo periodo de sesiones. Queremos enfrentar ya la falta de seguridad con una estrategia y nos parece que la integración de la Guardia Nacional es el camino. Revisaremos cómo impulsar lo que aquí decía Tatiana Clouthier –yo sí también creo– que debe prevalecer el mando civil por encima del mando militar. Es cuanto.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, diputado.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Senador Damián Zepeda, del PAN, y se prepara la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, para seguirle.
El senador Damián Zepeda Vidales: Con su permiso. Primero que nada, celebro a la sociedad civil. Los felicito que están aquí participando. Siempre he creído que tiene una fortaleza mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Me tocó ser parte de la legislatura que aprobó el sistema nacional anticorrupción y creo que fue determinante la presión y la voz de la sociedad civil organizada para lograr esa reforma en aquel entonces.
Debo decir que en mi opinión por supuesto que estamos ante un proceso que puede ser de buena fe, pero que sí representa una simulación. Lo es porque se aprobó un Presupuesto para una institución que no estaba formada. Lo es porque el presidente aun cuando ya existían estos señalamientos, lanza una convocatoria de reclutamiento en una clara falta de respeto para el Poder Legislativo de una instancia que no existe aún. Lo es también porque se cita a un periodo extraordinario sin tener todavía los consensos para lograr aprobar una institución que hoy se llama Guardia Nacional. Digamos las cosas como lo son. Sin embargo, es nuestra responsabilidad dar el debate y compartir nuestras ideas, y qué bueno que estén ustedes aquí y aquí estamos nosotros también dando esta lucha.
Creo que nos han llevado a un falso debate, señoras y señores. Nos han llevado al debate de Guardia Nacional sí o Guardia Nacional no, y eso no es el debate en el país. Es debate en el país es cómo resolvemos el problema de inseguridad. La seguridad pública todos la queremos reducir, la queremos eliminar, pero hay distintas formas de hacerlo y sin duda alguna o la es militarizar permanentemente este país.
Se acompañó a este falso dilema de una amenaza grave –que por cierto se repite cuando se dio el debate de la Ley de Seguridad Interior–. Si no aprueban la Guardia Nacional retiramos a las Fuerzas Armadas de este país. Por supuesto que escuchamos a algunos gobernantes responder a esa amenaza. Por supuesto que no quieren que se retiren las Fuerzas Armadas de algunos lugares en donde se requiere su participación.
Yo vengo hoy a decirles aquí que el eje central de esta propuesta es incorrecto, porque el eje central con mando civil o militar es que es una institución militar la que se está proponiendo, no resuelve el mando por sí mismo, porque en sí mismo la institución completa es militar y seguirá fungiendo con esquemas de disciplina militar.
Por eso nosotros proponemos un esquema distinto, un esquema que vaya por el fortalecimiento de las policías civiles. Un mando mixto policial o la creación de un instituto de seguridad pública que genere diagnósticos objetivos, con autonomía técnica para con indicadores objetivos, decidir en qué estados o municipios debe de intervenir de manera temporal una entidad superior, y por supuesto que entren las Fuerzas Armadas sólo en aquellos casos excepcionales, temporales, con protocolos, con fiscalización y con supervisión.
No es esta la alternativa y por ello hoy vengo aquí a proponerle a la sociedad civil y a los legisladores un cambio de enfoque. No necesitamos convencer a la mayoría del Congreso. No necesitamos convencer a la mayoría de que apruebe una propuesta distinta.
Por más cambios que se le hagan a este dictamen, el eje central es militar. No se va a componer.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Tiempo, senador.
El senador Damián Zepeda Vidales: Termino. Les propongo con mucho gusto que cambiemos el enfoque a, en estos seis días que quedan de aquí al periodo extraordinario, que sumemos esfuerzos legisladores que estamos en contra de la militarización permanente de este país y sociedad civil en juntar un tercio de la Cámara de Diputados y después un tercio de la Cámara de Senadores, si es necesario, y oponernos y echar abajo esta propuesta de militarizar vía Guardia Nacional a nuestro país.
Después de haber logrado evitar que se apruebe este dictamen, entonces sí entremos a una nueva propuesta, no a parches a esta. A una nueva propuesta que ponga en el eje central el fortalecimiento de las policías para lograr la seguridad pública que todos queremos. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, senador.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Le damos la palabra a la diputada Xóchitl Gálvez, del PAN; luego la diputada Lorena Villavicencio, de Morena. Perdón, senadora.
La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Muchas gracias, muchas gracias, Tatiana. Primero agradecer a los expertos, y tengan la certeza que ninguno de ellos quiere ser candidato a gobernador, a diputado, a senador. Ellos están aquí por una legítima preocupación de la decisión que estamos tomando. Entonces yo creo que esto es muy importante clarificarlo porque aquí todo está politizado.
Y aquellas personas que por alguna razón damos una opinión en contra, pues somos linchadas, y más en las redes sociales porque estamos contra la cuarta transformación, estamos contra el presidente, y no es así.
Yo he insistido en que podemos construir el cómo sí, pero para eso se requiere humildad y sensibilidad.
Estamos discutiendo una reforma de gran calado. Esta reforma le va a repercutir a mis hijos, pero sobre todo también a mis nietos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de la decisión que vamos a tomar.
Yo tengo la ventaja de que a mí no me da línea mi marido, menos un gobernador. Así que aguas con las presiones que vienen de que pues si no te alineas no te vamos a dar la candidatura, o las presiones que se pueden dar a los gobernadores, si no mandas a tus diputados no te vamos a dar dinero. Eso está muy cabrón, perdón, eso está mal porque es una manera de ejercer presión para tomar una decisión muchas veces en contra del propio legislador.
Entonces yo les diría manden al diablo a quien los presione. Sigan sus instintos de ética, y sobre todo de compromiso con el país.
Yo propondría que si se tendrían que hacer tantos cambios a esta iniciativa, que va a quedar un adefesio, y ese adefesio va a ser imposible ponerlo en operación.
Yo soy hermana de un militar, de un coronel del Ejército que ha estado en el campo de batalla en Ciudad Juárez, ha estado en Acapulco, se ha pasado 20 años de su vida en el campo de batalla, y por eso hay que cuidar al ejército.
Flaco favor le vamos a hacer al ejército si lo desprestigiamos, si lo mandamos a una lucha sin los elementos.
Entonces a mí el problema que tengo es, okey, mando civil, pero si la base es militar, pues militar, no nos hagamos bueyes. O sea, porque si no bastaría aquí con que le cambien al dictamen que es mando civil, pareciera.
Entonces yo le propongo a la sociedad civil, en aras de ayudarle al presidente, de verdad, Citlali, de verdad, compañeros de Morena, le queremos ayudar, pero le queremos ayudar bien.
Están nuestros votos para construir un sistema nacional de seguridad que permita resolver los graves problemas.
También asaltan a nuestros hijos, Damián fue asaltado en La Condesa con pistola en mano. O sea, no crean que nosotros estamos exentos de la inseguridad.
Entonces sí me parece que podríamos posponer el periodo extraordinario y construir juntos, de una manera frontal un proyecto de reformas que le den al presidente la capacidad para enfrentar al crimen organizado y en los delitos de todo tipo. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, senadora.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: La legisladora Lorena Villavicencio, y le seguirá Silvano Garay Ochoa, para que se vaya preparando.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Gracias a quien está presidiendo estos trabajos, Tatiana, y decirle a Xóchitl que yo tengo una ventaja mejor que la tuya, yo no recibo ninguna línea de mi marido porque no tengo marido.
Pero bueno, lo primero que quiero decir es que reconozco este ejercicio que se hizo el día de hoy de parlamento abierto, que me parece que es muy importante porque estoy convencida de que a muchos de los legisladores, yo soy legisladora de Morena, nos ha cambiado el panorama de esta reforma. Se los quiero decir con absoluta contundencia.
Yo quiero comentar que lejos de lo que aquí se piensa también en Morena tenemos dudas. No somos un grupo uniforme, somos un grupo pensante, y yo lo digo por mi y por muchas otras diputadas y diputados que sí queremos saber, como aquí se dijo, lo que estamos votando y cuáles son sus implicaciones.
Y decirlo también con la misma firmeza con la que ha venido diciéndolo Tatiana Clouthier, que ha sido determinante y lo quiero señalar con toda claridad, para que hoy estemos aquí sentados en parlamento abierto escuchando a la sociedad civil, yo también estoy convencida de que la Guardia Nacional tiene necesariamente que estar encabezada por una autoridad civil.
Y si no, me pregunto ara qué reconstituimos la figura dl secretario de Seguridad Pública si se va a convertir en una figura decorativa. No tiene ningún sentido, y por eso me parece fundamental que vayamos construyendo sobre esa base, y además decirles que tampoco estoy de acuerdo en que se afecten las competencias de los estados y de los municipios y que se respete el federalismo que tantos años le ha costado construir a este país, yo digo, siglos.
Y decirles que no me puedo sustraer de esta propuesta porque yo tengo memoria histórica, y muchos de aquí deberían de tener memoria histórica de los acontecimientos de 1968, de Ayotzinapa, lo que ocurrió, hay muchas, muchas versiones que corren de precisamente la intervención, y lo digo con tristeza, pero es la realidad, del Ejército o por lo menos del retén que se encontraba en ese lugar.
Por eso estoy totalmente a favor de que se sigan abriendo estos espacios, y quiero sumarme a lo comentado ya, de que también hagamos parlamento abierto para discutir el artículo 19, de la Constitución.
Es muy importante, porque estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando del principio de presunción de inocencia, estamos hablando de un sistema penal acusatorio que puede ser invalidado en los hechos.
Por eso tenemos que abrir los espacios para discutir con absoluta claridad, cada quien que fije su posición, pero no evitemos nunca la crítica.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Tiempo.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Y agradezco, por eso, por eso que me aportaron. Y nada más, quisiera preguntarle a los ponentes, ¿qué debería el artículo 29 al que han hecho tanta referencia? Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Diputado Silvano y luego el diputado Carlos Iván Ayala.
El diputado Silvano Garay Ulloa: Amigas y amigos, Gracias, compañera diputada Tatiana. Creo que el día de ayer hemos escuchado a gobernadores, hemos escuchado a alcaldes, y ellos traen la realidad sentida, lo que sienten en su municipio, lo que sienten en su comunidad.
Y creo que, con todo respeto para muchos compañeros y compañeras que estamos aquí, traemos números, traemos estadísticas, pero no traemos la realidad sentida en este momento.
¿Cuándo fue creada la Guardia Nacional? Fue creada por el compañero, por el expresidente Mariano Salas, en 1848, aunque traemos un debate ahí el compañero Mancera y un servidor, la fuente mía es la fuente de la UNAM, fue hecha no para sustituir al Ejército, sino como un complemento.
¿Y por qué fue creada la Guardia Nacional? Porque había la presunción de una invasión gringa, americana, como la quieran llamar. En este momento necesitamos la Guardia Nacional, porque tenemos una invasión del crimen organizado, desde Tijuana hasta Mérida estamos invadidos. En todo el país, a excepción de un estado, se han encontrado fosas comunes de muerte, se han encontrado.
Y bueno, también digamos la verdad, la alcaldesa, el día de ayer, de Acapulco, nos dio un ejemplo de cómo ella ha combatido el crimen organizado. Acapulco hasta hace unos cuatro meses, era la ciudad que tenía más muertes día a día.
El día de hoy, que es el ejemplo de lo que va a ser la Guardia Nacional, es policía municipal, policía estatal, Naval, Ejército, y ha habido en días pasados, cero ejecuciones en Acapulco, cero. Entonces no todo está mal, o sea, si jalamos a nivel federal, como está trabajando Acapulco, puede ser que el crimen se disminuya, pero tenemos que hacer eso.
Hasta este momento ha habido una sentencia condenatoria para el Ejército. La Guardia Nacional no va a ser el Ejército, va a ser un híbrido y hasta este momento no ha habido ninguna sentencia condenatoria que condene a la Guardia Nacional. No ha habido ninguna, que yo sepa apenas se va a hacer uso de la Guardia Nacional y ya la estamos condenando de que ya una acción ya la está condenando. Eso no es correcto, pero bueno. Gracias, compañera Tatiana.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, diputado.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Sigue el diputado Hidalgo, de Morena. No, Carlos Iván Ayala, y luego el diputado Hidalgo.
El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla: Buenas tardes. No me queda más que sumarme a las voces de agradecimiento a los expertos que se han tomado la molestia de venir esta tarde a conversar con nosotros, a enriquecer esta discusión.
Creo que esto que está sucediendo, este parlamento abierto que estamos viviendo es una bocanada de aire fresco para la democratización de la vida del país. Me queda claro y yo creo que a muchos de nosotros también, que esto que estamos discutiendo va a ser uno de los asuntos más importantes que esta legislatura tendrá que debatir, porque esto no va a ser un asunto que fenezca en el corto tiempo.
Este es un asunto que, si no lo hacemos bien, que si no lo discutimos con inteligencia, con ideas frescas, con imaginación, no nos va a dar los frutos que estamos buscando y las generaciones venideras nos lo van a reclamar.
Lo que hemos estado viendo en estos foros de discusión es que sí hay consensos en ideas básicas, hay consensos en que necesitamos una Guardia Nacional, que necesitamos hacer algo contra el crimen organizado que nos está agobiando y nos está ahogando. Eso es el primer consenso.
El segundo consenso creo que queda claro también, es que no podemos permitir un mando militar sin una temporalidad bien establecida.
Las modificaciones que se están proponiendo aquí en el dictamen a la fracción IV del artículo 76, y en la fracción I del artículo 78, le dan al presidente de la República manga abierta, manga ancha, carta abierta para la disposición y el uso de la Fuerza Militar. Eso no puede quedar así.
Desgraciadamente la generación como la nuestra, que nos hemos desarrollado viendo y padeciendo violaciones de los derechos humanos, y hay muchos ejemplos, obviamente nos llama a la desconfianza. Esto no puede ser de esa manera.
Al Ejército no le favorece ni la estadística ni la historia. Los únicos que han dado golpes de Estado en el mundo han sido los militares. Afortunadamente no es la historia del Ejército mexicano. La única referencia a este asunto sería la de febrero de 1913, cuando don Victoriano Huerta da el golpe de Estado, pero era prácticamente el Ejército porfirista, no es el Ejército mexicano de la actualidad.
Entonces. Sí a una Guardia Nacional, pero con contrapesos. No podemos permitir que la Guardia Nacional quede sin contrapesos, porque eso sería ponernos la soga al cuello. Es cuanto.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, diputado.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Ahora invitamos al diputado Hidalgo, de Morena.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: Gracias. No pensaba intervenir porque esta es una audiencia y había que escuchar a los especialistas, que por cierto les agradezco muchísimo su intervención. Pero aquí me movió mucho la intervención de Damián Zepeda, que habla de simulaciones y a mí me preocupa que más bien quien está en una simulación sea parte del PAN y parte de la oposición, en el sentido de simular el debate, simular escucharnos y a la hora de entrar en materia para discutir las modificaciones a la reforma para poder hacer valer estas opiniones, se le encuentren los peros.
Aquí tomaría la palabra de Xóchitl, de buscar cómo sí resolvemos y no la de Damián Zepeda y de otros más, de cómo no y tratar de torpedear esta propuesta.
Me parecen muy interesante los planteamientos que nos han hecho hoy aquí los especialistas. Confirman mi opinión de la importancia de la Guardia Nacional y de atacar esta estrategia que tiene completa Andrés Manuel.
Me interesaría mucho debatir con ellos sobre los temas, porque creo que a sus planteamientos les falta evaluar el contexto en el que se dieron las cosas. Cuando nos describen las intervenciones del Ejército y que violan los derechos humanos, se les olvida decir que había un civil al frente de esas acciones, de cada una de la historia del Ejército mexicano siempre ha habido un civil que no se hace responsable de los hechos del Ejército.
Y que hoy estamos recibiendo el Estado mexicano con una banca rota moral, incapaz, incapaz de llevar adelante un cambio en la seguridad, si no recuperamos la autoridad moral del Estado mexicano, que permita que sean los ciudadanos quienes velen por la seguridad.
Necesitamos ganar esta guerra contra la inseguridad sin disparar armas. No se necesita para lograr la seguridad en México, lo que se necesitan son cambios de fondo, donde la sociedad en pleno pelee por vivir seguros, desde el contexto familiar hasta los contextos municipales, estatales, donde todos los mexicanos nos aboquemos a ello.
Por eso es importante de esta propuesta que hace Andrés Manuel y por eso la importancia de que se vea el contexto en el que se está desarrollando. La Guardia Nacional es un componente nada más de toda esta estrategia, donde lo que buscamos es recuperar esa autoridad moral, a partir de la austeridad, a partir de la lucha contra la corrupción, que es fundamental para poder llamar la atención a todos y poder actuar de manera favorable. De ahí está la propuesta.
Yo sí llamo a que no haya simulación, a que le busquemos el cómo sí resolver el tema de la seguridad, por el bien de los mexicanos. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias. Hemos terminado con la intervención de nuestros compañeros y compañeras legisladores. Vamos a proceder a que nos respondan, a quienes se les han hecho preguntas a lo largo de los expositores, a lo largo del tiempo.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Vamos a empezar, porque así nos lo ha pedido quien se tendrá que retirar, que es Pedro Salazar. Entonces, le concedemos el uso de la palabra, será hasta por cinco minutos.
El ciudadano Pedro Salazar Ugarte: Muchas gracias, seré muy breve. Lo primero que quiero agradecer son los comentarios, las reacciones y también, debo decirlo, la presencia de tantas y tantos legisladores el día de hoy, que creo que demuestran el interés por escucharnos y también es un signo de respeto que en verdad agradezco, sinceramente.
Lo primero tiene que ver con el 29 constitucional, que se pregunta por qué. El artículo 29, como ustedes saben, es el que contempla la figura del Estado de excepción o del Estado de emergencia para que el Estado constitucional que enfrenta calamidades o catástrofes en coyunturas específicas y en delimitaciones territoriales concretas, pueda actuar digamos suspendiendo el ejercicio de algunos derechos y también el funcionamiento de algunas instituciones constitucionales.
Es una figura antigua, que la tienen prácticamente todos los estados constitucionales, que tiene su fundamento en la figura de la dictadura romana y que dentro de sus características debe ser declarada, debe ser pública, debe ser transparente, deben rendirse cuentas, debe ser temporal y funcionan una serie de controles para, digamos, supervisar lo que sucede en el momento de la excepción.
Esta figura fue reformada en 2011, en el artículo 29, se modificó la redacción original de 1917, trayendo piezas muy importantes del artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, algunas de las cuales son fundamentales para lo que estamos pensando el día de hoy.
Una por ejemplo es, hay un catálogo de derechos que no pueden ser susceptibles de suspensión. Hay, por ejemplo, controles jurisdiccionales y legislativos, porque la instancia que interviene en estos contextos es sobre todo la instancia del Poder Ejecutivo.
Lo que no tenemos es una reglamentación, no tenemos una ley secundaria que nos permita aterrizar de qué manera, en qué contextos, en qué casos, con qué argumentos se podría activar el artículo 29.
Y pienso, como han dicho algunos de los colegas que me han anticipado, que esta es una oportunidad para llevar a cabo esa reglamentación, incluso, quizá si se piensa que ésta fuera la vía también para eventuales intervenciones temporales de Fuerzas Armadas, siguiendo los criterios de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, perdón, tendría quizá que hacerse una modificación constitucional al 29, pero eso, bueno, ya es un asunto técnico que ustedes tendrían que evaluar.
Pero esa es una figura que ya está en la Constitución y que su finalidad es proteger al Estado constitucional ante circunstancias y ante situaciones que lo desafían de manera, vuelvo a decirlo, excepcional o extraordinaria.
En segundo lugar, creo que es muy importante lo de la convencionalidad que se citaba. Yo sí creo que una reforma constitucional es susceptible de control de convencionalidad, no tengo duda, y sin necesidad de modificar el 133, porque eso en todo caso es una discusión nacional.
La Corte Interamericana ya se ha pronunciado sobre la inconvencionalidad de normas constitucionales de Estados parte, el primer caso fue el caso de La Última Tentación de Cristo, en Chile, hace ya algunos varios años y entonces, sí es viable, jurídicamente hablando o teóricamente hablando, que eventualmente la reforma a la Constitución en esta materia pudiera ser controvertida en sede convencional.
Ya que decidirían las instancias internacionales, pues no me lo puedo anticipar, desde mi perspectiva lo he dicho y lo he escrito, esta reforma tal como se propone sí adolece de vicios de convencionalidad, y de hecho contradice abiertamente sentencias de la Corte Interamericana, no solo para otros Estados, que ya esas serían vinculatorias para nosotros, sino concretamente como en el caso Alvarado, para el caso mexicano en el cual la redacción es indubitable.
Pero quiero llamar la atención además de otro punto. El artículo 1o. de la Constitución consagra los principios de progresividad y no regresividad, además de pro persona, esto abre la puerta incluso para que pudiera haber una discusión interesante al interior de nuestra Suprema Corte de Justicia, nunca la Corte ha aceptado pronunciarse sobre la dimensión sustantiva de reformas constitucionales, y hay un gran debate académico porque nuestra Constitución no tiene cláusulas pétreas, no tiene cláusulas que no puedan reformarse, pero cuando se argumentó y se discutió la Ley de Seguridad Interior hay que ver lo que discutieron los ministros y ministras, no discutieron únicamente la incompatibilidad técnica frente a los textos constitucionales expresos, discutieron la incompatibilidad conceptual de lo que se proponía con el modelo de la militarización frente al paradigma del Estado constitucional de derecho.
Es decir, una incompatibilidad que trasciende la redacción, por eso cuando yo expuse al principio dije, en principio se libraría el control de constitucionalidad nacional, pero un debate podría abrirse también en ese sentido, porque vuelvo a decirlo, yo sí estoy convencido de que este planteamiento jurídicamente hablando y también teóricamente hablando, es incompatible con el Estado constitucional.
Concluyo, porque se me acabó el tiempo, solo con una cuestión, sí, legisladoras y legisladores, este tema es uno de los más delicados para todo Estado constitucional, porque el Estado no debe pecar ni por omisión ni por exceso y encontrar ese equilibrio, es un equilibrio muy difícil que solo lo hemos encontrado en la modernidad, en las instituciones civiles del debido proceso. Muchas gracias y en verdad muchas gracias por la invitación.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, a usted. El mecanismo que seguiremos es, tengo aquí algunas preguntas y vamos ir dando pie al orden en el que fueron haciendo las presentaciones los ponentes y simplemente aquí mandan una, no sé si es pregunta o comentario, que es donde dicen que, si ya se aprobó un dictamen y la iniciativa, para qué estamos aquí. No hay iniciativa aprobada, nada más para aclarar y valdría la pena revisar el proceso legislativo.
Preguntas, el crimen organizado mató a cuatro primas con su familia, la Policía Municipal y el Ejército jamás hicieron nada ni las fiscalías ni el presidente municipal, ante esta experiencia el sistema judicial y las instituciones no sirven, ¿qué mecanismos se deberían emplear para que las instituciones no se corrompan ante el crimen organizado?
Si la seguridad pública nacional humana es multifactorial, es decir, depende de múltiples acciones del poder público, ¿por qué nunca se ha cumplido el artículo 123 –Apartado B, fracción VII– que obliga al poder público a ser profesional y no otorgar cargos sin concursos de capacidades y conocimientos?
¿Por qué no consideran el avance que han tenido las Fuerzas Armadas respecto al respeto a los derechos humanos, la experiencia que ha desarrollado durante los últimos 12 años y la capacidad adaptativa de su personal a cualquier situación?
La confianza en el presidente de la República y las demostraciones de acciones concretas contra la corrupción cambian todo el planteamiento de la Guardia Nacional liderada por un hombre honesto, que por un presidente como los anteriores en los que no se podía confiar en nada.
¿La situación de inseguridad, corrupción del poder público y delincuencia es o no una situación de seguridad nacional que amenaza la soberanía nacional y el orden constitucional?
Lo primero que se debe hacer si se aprueba la Guardia Nacional: se debe acabar con la impunidad para todas las corporaciones policiacas, sea Guardia Nacional militarizada o civil.
¿Las autodefensas y las policías comunitarias deberían integrar la Guardia Nacional? ¿Cuántos policías necesitamos por cada mil habitantes?
Ahora sí, habiendo hecho estas preguntas voy a ir dándole el uso de la voz en el orden que llegaron y cuando les sigan las personas a las cuáles van las preguntas dirigidas se las expongo.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le cedemos el uso de la voz hasta por cinco minutos.
El presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez: Muchas gracias. Creo que este ejercicio que el día de hoy se está realizando y por lo expresado en esta tribuna por los diferentes participantes y por muchas de las intervenciones de las y los legisladores, creo que el primer planteamiento es que el dictamen que se plantea, en los términos como se plantea adolece de fallas, y la principal falla es que centra la atención en un tema que pone en riesgo las probabilidades de que se puedan violentar los derechos humanos.
Y, por otro lado, queda muy claro que lo que se propone como modelo para una más y mejor seguridad pública, que es la que todos deseamos, es fortalecer la institucionalidad civil.
Lo dije durante mi intervención, es insensato retirar en estos momentos a las Fuerzas Armadas, pero también sería insensato apostarle a las Fuerzas Armadas como el eje de resolución de un problema de inseguridad pública de manera permanente.
Me preguntaban durante la intervención del senador Emilio Álvarez Icaza, a qué me refería cuando hacía alusión a las investigaciones sobre elementos de las Fuerzas Armadas.
Daré respuesta con algunos datos para ejemplificar la impunidad que prevalece en las violaciones a derechos humanos cuando son acreditadas y son motivo de responsabilidades administrativas y penales.
De 2013 a la fecha tenemos, de denuncias penales que se han interpuesto por violaciones a los derechos humanos, tenemos de la Sedena 137, de estas en proceso 20, sentencias condenatorias 6, sentencias absolutorias 5 y las demás en proceso.
De la Semar, 64 denuncias, 4 en proceso, una sentencia condenatoria, 2 absolutorias.
Total, de 201 denuncias penales, 24 en proceso, 7 sentencias condenatorias y 7 absolutorias.
Responsabilidades administrativas del 2013 a la fecha. Suspensión de empleo o cargo de 30 días, 2. Amonestación privada, 4. Esto a la Marina. En la Defensa Nacional, inhabilitación de un año, 2. Destitución e inhabilitación por el término de 10 a 15 años, 3 y amonestación pública, 4. Esto evidencia, precisamente, parte de la problemática.
Por otro lado, me refería a mi exposición a que el tema no es solo Guardia Nacional, sino que tenemos que verlo en una integralidad. Esa integralidad pasa por lo que aquí ya se ha dicho y ojalá haya esa apertura para tener un ejercicio como este sobre la prisión preventiva oficiosa. Sobre los modelos de 33 fiscalías, sé que compete nada más a esta federación y a esta soberanía, pero tenemos que ver qué va a pasar con las 32 restantes.
Tenemos que ver, y aquí lo dijo uno de los diputados, la parte del uso de la fuerza pública. Pero también señalar que el tema, y agrego a lo que dijo Pedro Salazar, tenemos suscritos tratados y convenciones, y una convención sobre tratados que establece que el Estado mexicano, a las obligaciones que suscribe a nivel internacional, lo obliga a reformar su ordenamiento interno en términos de esas obligaciones internacionales. Y aquí la Corte Interamericana tiene estándares, y la ONU, señalando la mayor restricción posible al uso de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por su atención.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Jan Jarab.
El comisionado de la ONU Jan Jarab: Muchas gracias. También quiero agradecer la posibilidad de tener este diálogo con todas y todos ustedes, y la apertura y la capacidad de escucha. Quiero también agradecer a todos y a todas por sus comentarios.
El comentario o más bien la pregunta dirigida específicamente a mi persona sobre el Sistema Interamericano y si se trastoca la convencionalidad por la adopción, por la posible adopción de este dictamen, yo tengo que insistir que no represento el Sistema Interamericano sino el Sistema de Naciones Unidas.
Entonces, no quiero hipotetizar, no puedo hablar por el Sistema Interamericano. Tampoco puedo hipotetizar cómo puede decidirlo, solo puedo reiterar lo que mencioné ya en mi ponencia: que en nuestra valoración, en la opinión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este modelo concebido en el dictamen sí sería violatorio, no respondería a los parámetros convencionales establecidos por la Corte Interamericana.
Mencioné las dos sentencias más recientes, la del caso Alvarado, donde la Corte reitera que la participación de las Fuerzas Armadas tiene que ser extraordinaria y excepcional. Aquí sería normalizada, que debería ser temporal y aquí también en este dictamen, según nuestra valoración, se ampliaría indebidamente una labor que debe estar circunscrita a criterios de estricta necesidad. Una actividad que se consideraría preponderante y no subordinada, principal, y no complementaría.
Quiero añadir desde la perspectiva de las instituciones o de los mecanismos de derechos humanos universales que ellos también se han pronunciado sobre el tema de la militarización de seguridad pública a largo de los años.
A lo largo de los años tenemos opiniones de los órganos de tratados y de los relatores especiales, incluso el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, que es un relato especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y otros.
Y los propios altos comisionados y altas comisionadas, desde Louise Arbour, en 2017, todos han expresado sus preocupaciones por la creciente militarización de la seguridad pública en México y sus preocupaciones en nuestra valoración han sido, se mostró que han sido fundadas, porque lo que ocurrió en la última década sí es un dramático incremento de graves violaciones a derechos humanos, muchos de ellos cometidos directamente por integrantes de las Fuerzas Armadas y otros vinculados con esta espiral de violencia que se mencionó por otros expertos presentes.
Entonces nuestra posición, reitero, es que este dictamen sigue siendo preocupante, le reconocemos algunas mejoras, lo reitero, pero sí que sigue siendo preocupante en su forma actual y si me lo permiten voy a añadir una pequeña reflexión que mencioné ya en mi primera comparecencia en la Cámara de Diputados del 11 de diciembre.
No se pueden explicar, y mucho menos justificar, las graves violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas diciendo que eran órdenes de autoridades civiles en el pasado. Uno sí es responsable por violación de derechos humanos, aunque recibe una orden, y eso es la interaccional ¿okey? Y, además, sí...
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Tiempo.
El comisionado de la ONU Jan Jarab: Las observaciones de los mencionados relatores especiales y otras instancias de otros mecanismos –termino– nos dicen que hay una lógica, no solo en México, hay una lógica, porque son las Fuerzas Armadas las que cometen más estas violaciones como, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, es el carácter mismo del entrenamiento militar, de la filosofía militar, comparado con lo de las policías. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias. Voy a volver a insistir en apegarnos al tiempo. Tenemos una audiencia o tenemos otro foro a las 4 de la tarde, al cual están invitados. Será la presentación del documental: Hasta los Dientes. Y luego habrá una participación de algunos legisladores y también de algunos expertos.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Adelante, María Elena Morera, de Causa Común.
La ciudadana María Elena Morera Mitre: Bueno pues agradecerles a todas y a todos, realmente si me voy más optimista de como llegué. Creo que nos hemos escuchado y podemos poner todavía muchas más cosas en la mesa, pero bueno, eso ya será para otro momento.
Creo que es importante leer las preguntas que hacemos en el colectivo Seguridad sin Guerra, porque si ustedes como legisladores logran responder estas preguntas, hasta el momento, me parece que sí que podrían tener mucho más sustento para ver cómo van a hacer esta reforma y si es que se requiere esta reforma o se requieren otras reformas.
En cuanto a lo que me preguntaba el diputado Moreira.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Te vamos a invitar, María Elena, a acercarte un poco más al micrófono porque no se te oye.
La ciudadana María Elena Morera Mitre: Sobre lo que preguntaba el diputado Moreira, sobre el tema de la certificación de los cuerpos policiales.
Nosotros creemos, desde lo que hemos estudiado en Causa en Común sobre las policías estatales y la Policía Federal, es que el examen debe de modificarse y debe hacerse dependiendo de la responsabilidad que tenga el policía, debe fortalecerse el estudio socioeconómico porque es sumamente débil y debería de ser más importante.
Se debe cambiar la temporalidad del polígrafo y se debe cambiar, por supuesto, el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, donde pareciera que los policías son empleados de segunda, cuando deberían de ser igual que todos los empleados de los gobiernos, deberían de ser empleados de primera, en términos generales sería eso.
Y si se está considerando a la Guardia Nacional a hacerla civil, entonces por supuesto que los guardias necesitarían pasar por un examen de control y este dependería, como ya dije, de cuál es su responsabilidad para cuál es el tipo de examen que deberían de tomar.
Y aquí, pues también dependería ¿para qué queremos a la Guardia Nacional? Porque si lo que queremos es que investigue, pues deberíamos de estar buscando estos guardias en las universidades, y si queremos que sean fuerzas federales, bueno pues entonces los tendríamos que buscar en los bachilleratos. Entonces también depende de para qué, al final se defina ya
Con respecto a lo que me preguntaba Emilio Álvarez Icaza, me parece que ya lo respondió Pedro Salazar, y sólo agregaría que además de reglamentar el artículo 29, sí tenemos que estar claros que cuando entran fuerzas militares a los municipios, después de que salen cómo es que vamos a restaurar este tejido social porque queda roto. ¿Qué es lo que vamos a hacer, cómo va a entrar el de alumbrado público, cómo van a entrar las policías locales, cómo va a entrar desarrollo social? ¿Qué vamos a hacer con estas comunidades que han estado tan afectadas con la entrada de Fuerzas Armadas?
Por último, solamente quisiera decir que no tenemos que escoger entre mando militar o no mando militar para la Guardia Nacional. Me parece que lo que tendríamos que estar pensando es cuál es la política criminal que queremos y cómo vamos a solucionar este problema de seguridad y justicia. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias, María Elena.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Alejandro Madrazo.
El ciudadano Alejandro Madrazo Lajous: Pido si por favor ponen la lámina 6 para poder responder a una de las preguntas. Muchas gracias por el tiempo. Dado que son contados los minutos, permítanme tratar de responder como metralla a las muchas preguntas importantes que han planteado, no sin antes sí, señalar que yo estoy aquí porque en efecto, creo que esto no es una simulación y guardo esperanzas que todo esto influya en lo que se apruebe o no se apruebe.
Sin embargo, sí quiero señalar que francamente me siento usado de haber participado en la comisión y que en la comisión se registrara mi nombre como alguien que fue consultado, pero no se registrara mi opinión, porque quiero decirles algo. Ninguno de los expertos que comparecimos en la comisión apoyó el dictamen. Todos hablamos en contra del dictamen y el dictamen no refleja eso. El dictamen hace creer que apoyamos el dictamen y no lo hicimos. Entonces por favor respeten nuestras opiniones reflejando el sentido de las mismas.
Déjenme responder a las preguntas que se me hicieron a mí. Aquí algunas se juntan. Voy a juntar por ejemplo la pregunta de la diputada Tatiana Clouthier y de la diputada Virginia Mesa, sobre la invasión de competencias o la afectación al federalismo.
Sí, sí se afecta el federalismo y se afecta radicalmente con este dictamen por dos vías. La primera de ellas es que la Guardia Nacional, la Constitución hoy en día, es una organización, además de civil, fundamentalmente federalizada. Las guardias se organizan por estado y así se organizaron siempre históricamente, y aquí se está pretendiendo centralizarla. Entonces pasan de ser cuerpos estatales que para poder ser trasladados de un estado a otro tienen que pasar por la aprobación del Senado a ser un cuerpo únicamente al cargo del gobierno federal.
Pero, además –y aquí sí, por más que lean el 115 y el 116 y digan que no se toca– lean los transitorios. El sexto transitorio y el séptimo transitorio destruyen al municipio de entrada porque le permiten al gobierno federal unilateralmente entrar a evaluar a través de una cosa que se llama Consejo de Seguridad Interior –oh, sorpresa, el mismo vocabulario que viene empujando el Ejército desde 2009 con la primera iniciativa de un capítulo de Ley de Seguridad Interior que presentó Calderón–, evaluar unilateralmente y a, en su caso, unilateralmente decidir si le retiran participaciones federales a los municipios, obviando el hecho de que las participaciones federales no son recursos de la federación a dar a discreción a los estados y por lo tanto a los municipios, sino que son los impuestos que en un pacto las entidades federativas trasladan a la federación para que la federación lo recabe en forma más eficiente.
Entonces no son de la federación para dar y quitar a su gusto y unilateralmente conforme a la evaluación de un Consejo de Seguridad Interior del Ejército.
Y si se hace eso, se va a destruir la principal función pública de los municipios que es la seguridad pública. Revisen los números, el grueso de los municipios erogan el grueso de su gasto en materia de seguridad pública. ¿Perdón?
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Les pido nada más que guardemos, ¿sí? Él tiene el uso de la voz. El tiempo de los diputados se ha acabado, lo volverá a tener usted el día del pleno.
El ponente Alejandro Madrazo Lajous: Después la diputada María Alemán. Bueno, muchas de las cosas concretas que se tendrían que hacer las mencioné, para hacer mínimamente no catastrófico este dictamen, no positivo, no va a resolver nada, pero por lo menos no va a destruir nuestro régimen constitucional si se aceptan esas medidas.
Pero déjeme decirle una cosa que sí puedo detallar más. Primero, Guardia Nacional no es igual a intervención federal. La Guardia Nacional, si la crean como está, sería un cuerpo federal y en consecuencia tendría que actuar dentro de la competencia federal, sin invadir las competencias de estados y municipios.
Para poder hacer una intervención desde un cuerpo federal, la Constitución prevé un mecanismo y está plasmado en el artículo 119, e implica, entre otras cosas, la petición del Estado, del Congreso para que haya la intervención federal. Así que no puede ser unilateral y no puede ser a voluntad como viene encaminada toda la intervención de la Guardia Nacional que de facto ya se está realizando.
Además, por supuesto, tiene que ser por un periodo determinado con objetivos determinados, y esos periodos, yo sugeriría, cuando se reglamenten, que tengan que ser escalonados y de votación creciente.
Si se quiere extender un régimen de excepción, sea de intervención federal en ámbitos locales o sea de suspensión de garantías, las votaciones siempre deben de ser creciente porque se está exceptuando a la Constitución.
Y ahí déjenme tocar un tema que es muy importante. Si estamos en una crisis tal y es tal la emergencia, por favor, la Constitución sí contempla excepciones, el artículo 29 constitucional. Y ahí lo que se tendría que hacer es reglamentar de forma que se requieran votaciones escalonadas, primeros tres meses o seis meses, mayoría simple, pero si se quiere extender, 60 por ciento, si se quiere extender otros tres meses, 70 por ciento, hasta que la crisis tenga que ser tan grave que todos estemos de acuerdo que merece eximir la Constitución, porque cuando exentamos 12 años por fuera la Constitución, trastocamos todas las instituciones.
Aleida Alavez, la pregunta de la diputada Aleida Alavez, a ver, está el artículo 21 híbrido, ese sí es un problema el segundo párrafo que refiere el artículo constitucional, los controles legislativos...
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Tiempo.
El ponente Alejandro Madrazo Lajous: ...del 76, hoy son muy deficientes porque solamente hablan de una función pasiva del Senado.
El diputado Benjamín Robles dice que la Guardia Nacional, perdón, ¿se mencionó en campaña? En campaña nunca se habló de una guardia civil militar, se hablaba de meter a mandos militares bajo una guardia civil, a una guardia nacional civil, porque se hablaba de no cambiar la Constitución.
Andrés Manuel López Obrador dijo que no cambiaría la Constitución, y a eso quiero regresar al punto hecho por el diputado Hidalgo, que parece que nos habla de que ya no hay problema porque hay un mando civil de un hombre honesto.
Pues quiero decirles que ese mando civil de un hombre honesto, suponiendo que eso fuera suficiente para ya eliminar las prácticas documentadas de 12 años, si eso fuera suficiente, aun así, sería tan frágil como la salud de un hombre honesto o como el mandato de un hombre honesto. Y la Constitución no se...
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Tiempo.
El ponente Alejandro Madrazo Lajous: ...diseña para un hombre, se diseña para un país, y deben de pensar en qué va a pasar en la siguiente elección, a menos de que sean tan soberbios que creen que nunca van a perder una elección o nunca se va a morir su líder político.
Diseñen las...
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Tiempo.
El ponente Alejandro Madrazo Lajous: ...instituciones para el país no para un hombre.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Tenemos a Julio Ríos Figueroa.
El ciudadano Julio Ríos Figueroa: Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por su atención, por su presencia, y gracias por su interés como nuestros representantes para entrar a estos temas que como decía Pedro Salazar, son particularmente difíciles.
Me preguntó el senador Álvarez Icaza respecto al plan de salida. ¿A qué me refiero con que el diseño debe de tener un plan de salida? Bueno, principalmente sí se reconoce que la intervención de la Guardia Nacional o el diseño de la Guardia Nacional es una medida excepcional, temporal, material, geográficamente acotada, entonces se debe de prever, bueno qué va a pasar cuando se termine la excepcionalidad, y aquí digamos, a grandes rasgos, como yo decía, se debe de planear el regreso a lo que se considera la normalidad democrática que es que policías se encarguen de la seguridad pública.
Respecto al tema en particular de las policías, yo digamos, consultaría con los expertos en el tema como María Elena, Ernesto, y en general el colectivo Seguridad sin Guerra, pero hay un tema que no se ha mencionado y que sí me dejaría, sí me gustaría dejar en claro:
La política criminal, el plan de salida, debe de estar pensado en términos globales, es decir, parte del plan de salida es fortalecer el sistema de justicia en general. La administración, la procuración de justicia y la adjudicación de casos.
¿a qué me refiero? Este tema de la Guardia Nacional no está separado de la Fiscalía General de la República, no está separado de los debates que están teniendo respecto al Poder Judicial de la Federación. No está separado respecto de, como se decía, las policías y la política criminal, es –todo va junto– para poder regresar a una normalidad democrática, entonces hay que fortalecer estas otras instituciones también.
Cierro con lo que mencioné durante mi presentación, la confianza es la madre del descuido. No es una buena guía para diseñar instituciones, la confianza. Hay que construir límites y contrapesos, al mismo tiempo que se dan poderes y capacidades. No se debe dar un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, en general a ninguna autoridad, institución, a la que se le otorgue poder. Muchas gracias de nuevo.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Alejandro Hope.
El ciudadano Alejandro Hope Pinson: A ver, muy rápido. A la diputada Dávila, sí le voy a quedar mal con lo del 21 y la convencionalidad, no es mi tema, no sé.
¿El modelo de Guardia Nacional sirve? No, la pregunta es, ¿sirve para qué? Sigo, insisto, entiendo cómo resolver un problema jurídico y político de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lo que no entiendo es, ¿cuál es el argumento operativo a favor de la Guardia Nacional?
Estas unidades ya están desplegadas, ya están haciendo tareas de seguridad pública, ahorita. Si mañana nos convertimos en Guardia Nacional, ¿por qué van a dar resultados distintos? De nuevo, es la teoría del uniforme mágico.
O sea, si ese es el argumento, no se trastoca a toda la Constitución si no hay un argumento mínimamente coherente de por qué esto va a tener una mejoría en las condiciones de seguridad.
Opciones. A ver, ahí puede haber un argumento en favor, de crear un cuerpo intermedio con ciertas características militares, digamos, en función de policía, eso lo puedo entender, para funciones de control territorial a la manera de la Gendarmería Francesa.
Si se quiere hacer eso, uno, no le llamen Guardia Nacional, porque eso genera una confusión espectacular con el concepto que ya está en la Constitución. Y dos, se puede retomar lo que se intentaba, lo que se pretendió hacer en 2012, que era crear una Gendarmería, que era sacar 40 mil elementos de las Fuerzas Armadas, crear una nueva corporación. Lo que derrotó ese intento fueron razones básicamente presupuestales y burocráticas.
El Ejército se resistió a acceder, a ceder plazas y a ceder presupuesto y, por otra parte, había el problema de que si se salían estos elementos del Ejército o de la Marina, ya no estaban en el régimen de seguridad social de las Fuerzas Armadas, que es más generoso que el régimen, en general, que el régimen de seguridad social que tienen los policías federales.
Según lo que recuerdo, se intentó negociar en su momento con el ISSFAM, que mantuviera asegurados a este personal, pero el ISSFAM le dijo: sí te lo mantengo asegurado, pero a precio de servicio subrogado, no al mismo. Entonces hacía presupuestalmente muy complicado el asunto.
Pero el asunto es básicamente, el asunto para resolver eso sería básicamente presupuestal. Entonces, eso se podría recuperar ese proyecto que por ahí debe de estar.
También se podría reiniciar la construcción de la Policía Federal, no está de más recordar que la Policía Federal no creció a partir de 2012, si hubiera seguido creciendo a más o menos los ritmos que traía en la administración previa, pues a lo mejor no estaríamos teniendo esta discusión, a lo mejor ya hubiera sido posible regresar a las Fuerzas Armadas a las tares que le son propias.
Aquí me preguntan que cómo se puede, ¿por qué un militar querría trasladarse a una institución civil, cuando, en efecto, el paquete de prestaciones no es el mismo? Bueno, yo creo que de nuevo, habría que tener algún tipo de arreglo, tal vez inicialmente con el propio ISSFAM para que los mantuvieran asegurados, para que los tuviera como derechohabientes, inicialmente, aunque sea en esta categoría de servicio subrogado. De nuevo, son arreglos administrativos que podrían hacer.
Sobre qué se puede hacer, pero más de fondo qué se podría hacer con las policías.
Hay una propuesta que está flotando en el ambiente, que es la creación de una suerte de cuerpo nacional de policía, donde se centralicen algunos procesos administrativos de las policías, cosas como el reclutamiento, como la formación, la carrera policial, la profesionalización, el régimen disciplinario y se mantiene el control operativo de estas corporaciones en el ámbito local y estatal. Es decir, se ponen policías llave en mano a los estados y municipios.
Ahí se podría empezar a resolver algunos de los cuellos de botella que se tienen con la formación de policías. Creo que eso es todo. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Muchísimas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Invitamos a Marco Pablo Moloeznik.
El ciudadano Marco Pablo Moloeznik: Muchas gracias. Yo creo que lo que subyace detrás de este dictamen va más allá de si el mando es civil o militar, porque es violatorio del artículo 21 constitucional, que establece claramente que las policías serán civiles, disciplinadas y profesionales.
Es decir, estemos de acuerdo o no, el Constituyente Permanente consagró en la Constitución, optó por el modelo civil. En realidad, lo que acá tiene que quedar claro es que a nivel mundial existen dos grandes modelos policiales: el modelo civil y el modelo de policía militarizada, y en lo que se refiere a la policía militarizada hay dos patrones.
Por un lado lo que sería la Gendarmería Nacional francesa, que se crea en el año 1791, que establece que un joven como proyecto personal de vida va a dedicar, va a optar por la carrera de gendarme. Es decir, es un modelo centralizado, es un cuerpo único que ejerce su jurisdicción sobre todo el territorio francés y las posesiones de ultramar. Es decir, es de tiempo completo y es profesional. Tal como se plantea en el dictamen la creación de la Guardia Nacional, responde a este patrón.
Del otro lado está la Guardia Nacional que se creó en el año 1775 en los Estados Unidos, que responde al Pacto Federal, como ya se ha insistido aquí. Es decir, cada estado de la Unión Americana tiene su propia Guardia Nacional y el comandante es el gobernador de ese estado. La diferencia es que es voluntario.
Un ciudadano, por ejemplo un profesor, de manera voluntaria dedica, destina su tiempo libre a servir en la Guardia Nacional y por tanto es ciudadano y responde al Pacto Federal.
Claro que hay una reserva en la Constitución de Estados Unidos, de que el presidente en una situación de crisis o de conflicto armado puede activar o puede recurrir a la Guardia Nacional.
Por lo tanto, entonces la propuesta que se está haciendo claramente opta por un modelo de policía militarizada que va en contra de la letra y espíritu del artículo 21 constitucional.
Yo quiero decirles que estas policías militarizadas o fuerzas intermedias, como se les conoce en la doctrina, a partir de una carta de Napoleón I al entonces rey de Nápoles, son actas para hacer frente a lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja denomina otras situaciones de violencia, que son una especie de zona gris a caballo entre la guerra y la paz.
Como ya dijimos al inicio de nuestra intervención, son fuerzas fundamentalmente de reacción, pero dejan de lado otras funciones sustantivas de la policía, particularmente el tema de la inteligencia. Por lo tanto, yo insisto también y me sumo a la propuesta de quienes me antecedieron en el uso de la voz, en la necesidad de una política criminal, de una política de Estado integral que incluya también la evaluación, el diagnóstico y la intervención sobre el sistema de inteligencia nacional, que exista una comunidad de inteligencia, porque claramente el desabasto de combustibles responde a una falla seria de información anticipada sobre riesgos y amenazas a la seguridad nacional.
Finalmente quisiera yo decir que otra pregunta que también quedó ahí en el aire, sobre el tema del servicio civil de carrera. El servicio civil de carrera que se conoce en la doctrina como el sistema meritocrático..., la característica o nota esencial es la estabilidad de la seguridad laboral.
El artículo 123, en su apartado B establece claramente ese servicio civil de carrera a través de subsistemas desde los concursos de oposición, es decir subsistema de ingreso, pasando por la formación. Dice: El Estado creará escuelas de administración pública.
Pero lamentablemente, y conviene insistir que la fracción XIII, donde se identifican seis colectivos de funcionarios públicos, tres de ellos, los agentes del Ministerio Público, los miembros de las instituciones policiales y los peritos, si incumplen con lo que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son los famosos exámenes de control y confianza, legado maldito de dos administraciones anteriores sobre estos funcionarios públicos, se les está dando al traste su estabilidad y seguridad laboral, se les quita el subsistema de garantías y pende sobre su cabeza la espada de Damocles.
Creo que esto también formaría parte del paquete de integralidad de una política de Estado en materia de seguridad. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Invitamos a Ernesto López Portillo.
El ciudadano Ernesto López Portillo: El veneno en el diseño de la toma de decisiones en políticas de seguridad es la prisa, y es un problema porque sí, sí hay prisa. Solamente que cuando se sobrepone la prisa sobre el análisis a profundidad ni se resuelve la prisa ni se analiza a profundidad.
Basta ya de tomar decisiones en las rodillas en materia de seguridad. Basta. Tenemos yo un cuarto de siglo, muchísimas y muchísimos compañeros eso o más, pidiendo que los ejercicios de análisis profundicen.
¿Qué hacemos para que tengan tiempo, legisladoras y legisladores? ¿Qué hacemos? ¿Dónde quieren que nos sentemos para que haya tiempo? Por ejemplo, para presentarles los ejercicios a nivel internacional que diseñan propuestas de política pública profundas.
Un ejemplo reciente, el modelo de policía de siglo XXI, al que convocó el presidente Obama. Se habló con mucha gente y se generó un horizonte de sentido. A la política de seguridad en México le falta un horizonte de sentido, para que digamos qué seguridad queremos. Qué seguridad queremos.
Y a la gente que todos los días nos dice que no conocemos el sentir, el sufrimiento contra las víctimas. No me voy a pelear con eso, no tiene sentido. Solamente les voy a decir que precisamente porque lo conocemos pedimos otras políticas, porque estas políticas no reducen el sufrimiento de la gente. No reducen el número de víctimas. No reducen el número de víctimas y violaciones graves a derechos humanos.
Es un modelo de política pública que reproduce el conflicto. Es decir, la estadística, los datos, la evidencia nos da dos conclusiones: no bajamos violencia, uno. Y, dos, reproducimos violaciones graves a derechos humanos.
¿Quién quiere esa combinación? Nadie de aquí, y nadie de muchísima gente que hoy hace muchísimo esfuerzo con lo que tiene y con lo que puede.
Por cierto, mi respeto, mi admiración y mi solidaridad con todas y todos los policías y miembros de las Fuerzas Armadas, que hoy hacen todo lo que pueden para defender nuestra vida.
Quienes me han hecho preguntas más a profundidad, no tengo el estilo de contestar preguntas a profundidad en las rodillas, entonces los invito a hablar. Estoy en la Universidad Iberoamericana, soy el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana, estoy a sus órdenes. Mi trayectoria es pública y publicaba. De 1994 publiqué el primer material diciendo No a la militarización, junto con dos colegas, y el último que publiqué el año pasado sigue abonando a políticas por la vía civil.
Estoy a sus órdenes, pero no así. Con mucho gusto podemos trabajar a profundidad. Agradezco muchísimo. Repito, el camino es la refundación del sistema nacional de seguridad pública, con equilibrios de contrapesos, estructurales, con vigilancia social, con participación, incluso internacional de diversas maneras que les vamos a proponer.
Y quiero recordar que el Congreso tiene en sus archivos buenas propuestas hechas por varios partidos. Nada más busquen en sus archiveros. De varios partidos hicieron propuestas muy importantes, que pensaron en nuevos contrapesos. De entrada, les digo, si el Consejo Nacional de Seguridad sigue evaluándose así mismo, no vamos a avanzar, porque entonces van a seguir votando por lo mismo y los recursos van a seguir fluyendo y probablemente la violencia también.
Repito, es un país donde hay unanimidad en el consejo superior de decisión política y en la unanimidad avanza la tragedia de violencia. Hay que escuchar a las víctimas. Sí, hay que escuchar a las víctimas, también hay que escuchar a los policías, a las policías y a los miembros de las Fuerzas Armadas, hay que escucharlos, yo personalmente lo he hecho mucho tiempo. Ahí está el conocimiento, en la calle, ahí está el aprendizaje y hay muchísimo que aportar.
La encuesta nueva del Inegi respecto a la Policía es una gran noticia, ahí hay material importante. Hay que hacer grupos de enfoque, hay que hacer entrevistas a profundidad, hay que tomarse con seriedad, escucharlos a ellas y a ellos también, también. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Muchísimas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Y tenemos a Carlos Bravo Regidor.
El ciudadano Carlos Bravo Regidor: Muchas gracias. Para el senador Álvarez Icaza, me preguntaba si podía ahondar sobre el contraste que postulaba entre la lógica de la guerra y la lógica del derecho, y me voy a remitir a un aspecto particular del dictamen, que es la reforma de los artículos 76 y 78, ambas en el sentido de derogar la facultad exclusiva del Senado o de la Comisión Permanente, para dar su consentimiento de que el presidente pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas, fijando la fuerza necesaria.
La Constitución ya prevé un sistema de emergencia o un sistema de poderes extraordinarios en el artículo 29 y lo que está haciendo este dictamen no es, digamos, sofisticar o elaborar o adecuar ese sistema de poderes extraordinarios o de emergencia, ya previsto en la Constitución, sino abriendo un boquete que representa la salida a un sistema alternativo de emergencia o de poderes extraordinarios al que establece la Constitución.
Como decía en mi intervención, esto representa constitucionalizar la inconstitucionalidad no solo, digamos, por el criterio de la Suprema Corte de no darle a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad nacional, sino además por la arbitrariedad con la que este dictamen, si fuera aprobado, le permitiría al presidente utilizar a la Guardia Nacional.
Me sorprende que el Congreso pueda tener disposición a capitular de su función como contrapeso frente al Poder Ejecutivo, porque si el Poder Ejecutivo puede desplegar a la Guardia Nacional, digamos, a voluntad, pues la Guardia Nacional es el Ejército del presidente.
La lógica de la guerra es la lógica de la arbitrariedad, del poder sin límites, sin reglas, sin restricciones. La lógica del derecho es la lógica del procedimiento de que todo acto de cualquier autoridad está sometido a normas, a procesos, a plazos, a requisitos.
Creo que este dictamen está mucho más en la lógica de la guerra, que, en la lógica del derecho, precisamente por eso o incluso por la forma en que imagina el problema que trata de resolver, es una lógica estrictamente del mando y de la fuerza.
No hay consideraciones respecto a los contrapesos, no hay consideraciones respecto a los derechos que se van a ver en entredicho por la arbitrariedad con la que se va a poder utilizar a la Guardia Nacional. Muchas gracias.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Pues hemos llegado a un término de este evento, no quisiera dejar de agradecer la participación de cada uno de los presentes, la participación y el compromiso de diputadas y diputados, senadores, senadoras que estuvieron aquí presentes, es nuestra obligación, sin embargo, la sociedad civil que estuvo aquí no está pagada para ello, muchísimas, muchísimas gracias, por su tiempo, por su compromiso y por el empeño que le pone para que este país mejore en todos los sentidos.
Les hacemos dos invitaciones. A las cuatro de la tarde estarán dos mesas más en el tema de seguridad, Seguridad Humana y Guardia Nacional es la Mesa 7 a las cuatro de la tarde en el salón de Protocolo, y la película, bueno, y la invitación a una mesa donde se presentará... Perdón, la de Seguridad Humana y Guardia Nacional es aquí a las cuatro, los invitamos a estirarse y nomás luego se quedan. Y está a las cuatro también la presentación del documental Hasta los Dientes, en donde aparte de quienes les hemos dicho, nos acompañará Diego Luna. Muchísimas gracias y que tengan ustedes buenas tardes.
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