Intervenciones
De la ciudadana Belén Sanz Luque
De la ciudadana Lisa María Sánchez
Del ciudadano Luis Garfias Magaña
De la ciudadana Lilian Chapa Koloffon
Del ciudadano Jaime Domingo López Buitrón
Del ciudadano Erubiel Tirado Cervantes
Del ciudadano Héctor Larios Santillán
De la ciudadana Dolores González Sarabia
De la diputada Georgina Bujanda Ríos
De la ciudadana Isabel Erreguerena
De la ciudadana Ixchel Cisneros
Del ciudadano Samuel Ferrer Palacios
De la ciudadana María Araceli de Haas Matamoros
De la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña
De la diputada Julieta Macías Rábago
De la ciudadana Lisa María Sánchez
De la diputada Dulce María Sauri Riancho
Del ciudadano Erubiel Tirado Cervantes
De la diputada Lorena Villavicencio Ayala
El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández: La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión les dan a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a la Mesa 7, Seguridad Humana y Guardia Nacional de las Audiencias Públicas para la Guardia Nacional.
El propósito de estas audiencias es enriquecer la discusión e intercambiar puntos de vista con los sectores involucrados y con el objetivo de que la ciudadanía conozca las diversas opiniones respecto a esta importante reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para esta Mesa de trabajo nos distinguen con su presencia los ponentes que a continuación se mencionan: Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México. Muchas gracias, Belén, muchas gracias.
Agradecemos también la presencia de Lisa María Sánchez Ortega, directora general de México Unido contra Delincuencia. Muchas gracias.
A Eruviel Tirado, coordinador del programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, don Eruviel.
A Lilian Chapa Koloffon, de World Justice Project México. Muchísimas gracias Lilian Chapa.
A don Jaime Domingo López Buitrón, presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias, don Jaime Domingo.
A Georgina Bujanda, diputada del congreso estatal de Chihuahua. Muchas gracias, diputada.
A Héctor Larios Santillán, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias don Héctor Larios.
A Dolores González Sarabia, de Serapaz. Muchas gracias.
A Isabel Erreguerena, de Equis Justicia para Mujeres. Muchas gracias a Isabel Erreguerena.
Por parte de Seguridad sin Guerra nos acompaña Ixchel Cisneros. Muchas gracias, Ixchel.
También está con nosotros Samuel Ferrer Palacios, presidente del Colegio Nacional de Ciencias Forenses y de Ontología Médica, está con nosotros. Muchísimas gracias a Samuel Ferrer.
A María Dejás, especialista en política y seguridad internacional. Muchas gracias a María Dejás.
Y agradecemos también y destacamos la presencia este día del general Luis Garfias Magaña, quien es exlegislador. Muchísimas gracias.
Asimismo, agradecemos la presencia y participación de diputadas, senadoras, diputados y senadores de esta LXIV Legislatura. Servidores públicos de los gobiernos estatales, representantes de la sociedad civil y en general del público invitado a estas audiencias públicas.
Para moderar la Mesa 7, Seguridad Humana y Guardia Nacional dejamos en el uso de la palabra a la diputada Laura Rojas Hernández, por favor, diputada.
La moderadora diputada Laura Rojas Hernández: Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos a esta Mesa número 7, Seguridad Humana y Guardia Nacional, de las Audiencias Públicas que empezaron esta semana en la Cámara de Diputados.
Hemos escuchado ya a los gobernadores de distintos partidos políticos, presidentes municipales, igual de diferentes partidos políticos. Y el día de hoy empezamos con mesas temáticas, por así decirlo.
En la mañana tuvimos la Mesa sobre Derechos Humanos y Guardia Nacional y en esta Mesa hablaremos sobre el concepto de seguridad humana y su relación con la propuesta de Guardia Nacional que se está discutiendo en el Congreso de la Unión.
Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras diputadas, diputados de la Mesa que estamos representando a los diferentes grupos parlamentarios y quienes estaremos comoderando esta Mesa de trabajo.
Bueno, quisiera pedirle, nos hemos repartido los diferentes ponentes entre las diputadas para irlos presentando. Y le voy a pedir a la diputada Lorena Villavicencio que pueda presentar a nuestra primera ponente, Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México. Muchas gracias, diputada.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Bueno, antes de hacer la presentación de Belén Sanz, nada más agradecerles a todos los que nos acompañan. Y obviamente a los ponentes, porque nos parecen muy importantes las opiniones que nos darán sobre este tema tan importante, que ha generado tanta polémica. Y que tengan la seguridad de que muchos de sus conceptos serán debidamente valorados por los legisladores de esta Cámara de Diputados.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Les quiero hacer la presentación de Belén Sanz Luque. Ella posee maestrías en antropología por la Universidad de Londres, y en evaluación de políticas públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México.
Se desempeña como representante ONU Mujeres en México. Se desempeñó como representante de ONU Mujeres en Colombia, donde bajo su dirección estuvo acompañando el histórico proceso de paz que vivió este país y el apoyo en la participación de las mujeres y en la promoción del enfoque de género en la construcción de la paz, siendo este proceso uno de los mayores, de los más importantes en nivel de inclusión de mujeres.
Trabajó como jefa de evaluación de políticas de desarrollo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Se desempeñó como vicepresidenta de la Red de Evaluación del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, y miembro del Comité Directivo de la Red de Género del mismo organismo. Es un orgullo que nos acompañe. Muchas gracias y adelante.
La ciudadana Belén Sanz Luque: Muchas gracias y muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer en nombre de ONU Mujeres el que nos hayan invitado a esta audiencia. Un saludo a todas las diputadas y diputados que hoy nos acogen, y desde luego a todas las personas que acompañan estas audiencias.
De la misma manera en que ha participado la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, ONU Mujeres participa el día de hoy como un organismo internacional cuyo mandato fundamental es la observancia de los derechos de las mujeres y el acompañamiento al Estado mexicano, en este caso para la implementación de los estándares internacionales que aplica el Estado mexicano.
En tal sentido, nos congratulamos por la apertura que ha tenido el Poder Legislativo para escuchar diferentes voces, lo cual consideramos indispensable en una democracia. Y sin duda también nos unimos a la solicitud de que se escuchen voces de las víctimas para lograr la plena pluralidad en este ejercicio.
Mi intervención la voy a centrar en una nota que se envió a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre en torno a las preocupaciones que nuestro organismo identificó sobre la reforma constitucional en torno a la creación de la Guardia Nacional, específicamente en materia de derechos de las mujeres.
Quiero empezar diciendo que coincidimos y reiteramos la postura expresada en la audiencia de esta mañana por el señor Jan Jarab, el representante de ONU Derechos Humanos. En ONU Mujeres coincidimos plenamente con la necesidad de hacer frente de manera efectiva a la problemática de inseguridad y coincidimos en que esta estrategia aún no ha logrado de modo definitivo ni recuperar la paz social, la seguridad ni el Estado de derecho. Reconocemos en este sentido la voluntad para regular el uso de la fuerza y buscar alternativas para hacer frente a las necesidades de seguridad que tiene México.
Ahora bien, quisiera llamar la atención sobre un punto que no ha sido prácticamente abordado y que se ha identificado por los estándares internacionales de derechos humanos de un modo fundamental. Y es el hecho de que los conflictos al interior de los estados tienen un impacto diferenciado en las mujeres y en las niñas, no solo en la cantidad de personas afectadas por los conflictos o por la violencia, sino también en la manera en que las personas se ven afectadas.
A pesar de la poca disponibilidad de datos oficiales en México relacionados con el impacto de la violencia en el país, desagregados por sexo, tenemos suficiente evidencia para afirmar que las mujeres y las niñas son especialmente objeto de violencia sexual, que las niñas y las adolescentes representan la mayoría de las personas desaparecidas menores de 19 años, y se ha identificado que el desplazamiento forzado afecta de modo desproporcionado a las mujeres, particularmente a las mujeres indígenas y a las mujeres rurales.
Además, dentro de este contexto de inseguridad, en el año 2017 ocurrieron 3 mil 314 defunciones femeninas con presunción de homicidio en México, lo que implica que 9 mujeres fueron asesinadas al día.
Después de una tendencia a la baja, entre 2012 y 2015. Entre 2016 y 2017 se observa un incremento en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio en el nivel nacional que alcanza 5.2 por cada 100 mil mujeres.
En este sentido y en línea con los estándares internacionales y las recomendaciones emitidas al Estado mexicano, es importante que la estrategia de seguridad que defina México sea una estrategia que garantice la plena protección de las mujeres y las niñas.
La violencia impacta de manera diferenciada a hombres y mujeres, y es por ello que cualquier iniciativa de normas y de política pública debe tener una perspectiva de género y de derechos humanos.
Es importante y además resaltar, que como establece la estrategia del secretario general de las Naciones Unidas para la Consolidación y el sostenimiento de la Paz, la paz no es únicamente la ausencia de conflictos o de violencia, sino la atención a las causas estructurales que las provocan y el carácter multidimensional por tanto que requiere, desde un enfoque primordialmente de prevención de los conflictos. Y es por ello que tal prevención debe pasar por el reconocimiento del impacto diferenciado que tiene la violencia en México, específicamente en las mujeres y las niñas.
Existe ya un robusto marco normativo internacional que provee de recomendaciones específicas para atender específicamente a mujeres y niñas. Como me refiero específicamente, a aquellos que tienen mayor relevancia en este contexto.
En el año 2000, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325, la cual subraya la importancia de que las mujeres participen en pie de igualdad y prevén e intervengan plenamente en la prevención y solución de los conflictos. Esta resolución establece medidas específicas para la prevención, la participación, la protección y la consolidación de la paz y la recuperación desde una perspectiva de género.
Esta resolución también insta a los Estados a que aumenten la representación de las mujeres e incorporen una perspectiva de género en todas las esferas de consolidación de la paz, incluyendo en los cuerpos de seguridad.
A partir de entonces el Consejo de Seguridad ha aprobado diversas resoluciones complementarias a la 1325, que profundizan las directrices que han de seguir los Estados en materia de mujeres, paz y seguridad y que podemos poner a su disposición en caso de requerirlo.
Además de ello, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, publicó en el año 2013 su recomendación general número 30, de obligado cumplimiento para los Estados que se han adherido a este instrumento, el cual tiene, la recomendación, como objetivo proporcionar una orientación autorizada sobre las medidas legislativas y de política y otras apropiadas para proteger, respetar y garantizar el ejercicio de derechos humanos de las mujeres, antes, durante y después de un conflicto.
Entre las recomendaciones, también aplicables a México, destacan que los Estados garanticen la representación de las mujeres en pie de igualdad a todos los niveles de la adopción de decisiones en las instituciones y los mecanismos nacionales, incluyendo las Fuerzas Armadas, la policía, las instituciones judiciales y los mecanismos de justicia de transición, así como garantizar que las reformas constitucionales y otras reformas legislativas incluyan los derechos humanos de las mujeres en virtud de la Convención.
Adicional a estos marcos internacionales, el Estado mexicano ha recibido numerosas observaciones por parte de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, no cito todos ellos por no agotar el tiempo, pero han sido ya citados en la nota a la que hice referencia al inicio de mi intervención.
Quiero referirme específicamente a las recomendaciones de la CEDAW en el año 2018, que examinó al Estado mexicano y en las cuales reconoce los esfuerzos que se han realizado por el Estado, pero también reconoce la prevalente violencia presente en la sociedad y específicamente la persistencia de los altos niveles de inseguridad que afecta a las mujeres.
Y en tal sentido, reitera, una recomendación al Estado mexicano para que refuerce su estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las derivadas de la Convención y acabe con los altos niveles de inseguridad y violencia que siguen afectando a las mujeres y las niñas.
Como ya mencioné, suscribimos las preocupaciones específicas ya manifestadas por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Y quiero ahora para finalizar, centrar mi participación en los motivos principales de preocupación de ONU Mujeres.
En primer lugar, la iniciativa de reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional no hace mención de los principios rectores bajo los cuales se debe regir este cuerpo de seguridad, específicamente el desarrollo de sus funciones con perspectivas tanto de derechos humanos como de género.
Cuando se aborda la reforma de los sistemas de seguridad, la integración de la perspectiva de género es una clave para la efectividad operativa, la apropiación local y el fortalecimiento de la supervisión y la rendición de cuentas. Por ejemplo, el aumento de la contratación de mujeres como parte del personal de seguridad, previene violaciones de derechos humanos y para colaborar con organizaciones de mujeres, contribuye a crear un sector de seguridad más eficiente, responsable y participativo, que responda a las necesidades específicas de mujeres, hombres, niños y niñas.
A pesar de que cada país enfrenta una situación diferente con sus cuerpos de seguridad a nivel mundial, suelen caracterizarse las fuerzas de seguridad por bajas tasas de respuesta frente a delitos de materia sexual hacia las mujeres o el uso excesivo de la fuerza contra grupos en particular y la exclusión de grupos particulares para su integración.
En tal sentido, la integración de la perspectiva de género y la participación plena de las mujeres y organizaciones de mujeres son una herramienta fundamental para garantizar los derechos humanos de las personas, específicamente de las mujeres y también para mejorar en sí mismo el desempeño de sus funciones.
Quisiera también referirme a la recomendación general número 30 ya citada, en la cual insta a los Estados parte a desarrollar y a aplicar programas de desarme, desmovilización y reintegración en coordinación y en el marco de la reforma del sector de la seguridad. Emprender una reforma del sector de seguridad que tenga en cuenta las cuestiones de género y garantizar la participación de las mujeres.
En ese mismo sentido, en la propuesta de reforma tampoco se señala que los planes, estrategias y acciones que elabora el Ejecutivo federal en materia de seguridad deberán tener como ejes rectores la garantía de los derechos humanos y la perspectiva de género, teniendo siempre en el centro de cualquier estrategia a la persona.
La redacción de una enmienda a la Constitución es sin duda una invaluable oportunidad de promover la inclusión de medias y acciones específicas que deben tomar las instituciones de seguridad y el personal a cargo de ello en relación con la promoción de la igualdad de género.
Sen segundo lugar, la eliminación de la facultad del Senado para dar su consentimiento con el objetivo de que el presidente pueda disponer de la Guardia Nacional, elimina un contrapeso que busca revisar este tipo de decisiones y no dejarlas al arbitrio de un solo poder.
La existencia de dicho contrapeso podría dar lugar a una revisión por parte del Senado que cuenta con comisiones especializadas en distintas materias, una de ellas la igualdad de género.
Finalmente menciono las recomendaciones que resumimos en cuatro. Establecer expresamente que las funciones de los cuerpos de seguridad se deberán desarrollar con perspectiva de derechos humanos y de género. Señalar que la integración de las mujeres a los cuerpos de seguridad se haga de forma paritaria y se establezcan medidas afirmativas para su consecución. Establecer que en el diseño, implementación y evaluación de las tareas de los cuerpos de seguridad pertinentes participarán organizaciones y movimientos de mujeres. Y establecer el subsecuente desarrollo de protocolos específicos para la prevención atención de la violencia contra mujeres y niñas, así como medidas específicas para la formación en materia de derechos de las mujeres y las niñas.
Reiteramos con esto la disposición de ONU Mujeres para acompañar esta importante iniciativa y muy respetuosamente compartir con ustedes justamente las buenas prácticas que existan a nivel internacional y aquellos elementos que puedan ser motivo de preocupación para fortalecer esta importante reforma. Muchas gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias a Belén Sanz, a ONU Mujeres por su participación en esta mesa y reconocerle a ONU Mujeres y en general al sistema de las Naciones Unidas en México que siempre ha estado cerca del Congreso en la discusión y en la aprobación de diversas legislaciones importantes para nuestro país.
A continuación, quisiera pedirle a la diputada Verónica Juárez que pudiera presentar a nuestra siguiente ponente.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Sí, muchas gracias. Bienvenidas todas y todos, de manera muy particular quienes en este momento nos estarán compartiendo diversos puntos de vista y propuestas de manera particular.
Tengo el gusto de presentar a nuestra siguiente ponente. Ella es Lisa María Sánchez. Es maestra en Gestión y Gobernanza Pública por la London School of Economics y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de París.
En su paso por la sociedad civil, la administración pública y los organismos internacionales ha colaborado en un sinfín de proyectos a favor de la seguridad y la justicia, así como de los derechos de las juventudes, las mujeres y las comunidades más vulnerables.
Es especialista en control internacional de drogas y sistema ONU, y ha fungido como consultora externa de distintas agencias gubernamentales. Actualmente forma parte del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de la Barra de Opinión de Milenio Televisión. Bienvenida. En el uso de la palabra la maestra Lisa María Sánchez.
La ciudadana Lisa María Sánchez: Muchísimas gracias, diputada. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, quisiera comenzar mi intervención por agradecer la presencia de todas y todos ustedes y de las personas que a través del Canal del Congreso están siguiendo estas importantes audiencias sobre quizá el cambio normativo y político más importante que se esté discutiendo en nuestro país y que sin duda tendrá consecuencias de larguísimo aliento, muchísimo más allá de la esfera de la seguridad y la justicia.
Yo quisiera dividir mi intervención en dos partes fundamentales: La primera es hacer un recuento de cuál es la situación actual para empezar a desmitificar un poco cuáles son las aseveraciones que se hacen para soportar la necesidad de aprobar y aprobar en fast track un dictamen sobre Guardia Nacional, y ahí hay tres elementos fundamentales que me gustaría que reflexionáramos de manera conjunta porque parecería, sobre todo, que en el discurso público estamos convenciendo a la ciudadanía de que única y exclusivamente la creación de una Guardia Nacional nos sacará del marasmo de violencia e inseguridad que vivimos, y creo que eso con las ponencias de nuestros expertos y expertas de la mañana quedó claro que no necesariamente sucederá.
En un segundo punto quisiera abordar lo que el doctor Alejandro Madrazo ya también tocó en su intervención de la mañana sobre los impactos y las consecuencias institucionales que tendría la aprobación de una Guardia Nacional, y cómo se trastocaría el funcionamiento no sólo de policías y primeros respondientes, sino también del gran olvidado de las discusiones de seguridad en México que tiene que ver con el aparato de administración e impartición de justicia.
Y en un tercer nivel quisiera entrar directamente en cuestionar y darles un poco de cifras y de datos duros sobre si realmente hay una relación de causalidad o se puede argumentar que a partir de la presencia de tropas militares o de efectivos militares y de su despliegue territorial podemos hablar de una mejor condición de seguridad, una menor victimización, una menor percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía, y una menor violencia.
Y en una segunda etapa quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que se ha discutido aquí como evidencia, como características de la corporación que se pretende aprobar o crear a partir de este dictamen y cuáles serían nuestras propuestas en materia de desarrollo policial y de desarrollo del aparato de administración y procuración de justicia.
Empiezo entonces por el primer punto. Cuál es el diagnóstico o cómo se nos ha dicho que está México hoy en día en materia de seguridad, violencia y victimización.
Vemos desde hace 12 años en continuo despliegue de efectivos militares que desde 2006, y de ahí la experiencia que yo puedo compartir con ustedes empíricamente del análisis de la política de guerra contra las drogas y sobre todo de la experiencia empírica de haber durante siete años monitoreado las agencias del Ministerio Público.
Hemos vivido un incremento notable en el número de soldados desplegados en operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. Hemos visto que los operativos federales, la mayoría con participación militar han aumentado significativamente abarcando prácticamente todas las entidades federativas, salvo una hacia el final del último sexenio, y que el número de soldados desplegados ha crecido sistemáticamente, no sólo entre el 70 por ciento hasta 2011, sino aún más a partir de esa fecha alcanzando en promedio más de los 52 mil soldados desplegados diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional.
La expansión de esa presencia permanente del Ejército en tareas de seguridad pública también se refleja en el incremento de las bases de operaciones mixtas que son las estructuras permanentes donde las fuerzas federales se coordinan con las autoridades estatales y municipales para realizar labores inconstitucionales, como lo mencionó ya la Suprema Corte de Justicia el año pasado, en tareas de seguridad pública.
Desde 2012 la Secretaría de la Defensa Nacional ha reportado la existencia de 75 de estas bases de operaciones, pero para 2016 teníamos ya 142.
Esta numeralia de las quiero compartir junto con el número creciente de enfrentamientos entre fuerzas federales de operativos conjuntos y presuntos criminales o civiles, que ha aumentado también de manera dramática desde que el entonces presidente Felipe Calderón desplegara a las Fuerzas Armadas para cumplir con estas inconstitucionales tareas.
La razón por la cual yo comparto estos datos con ustedes del sostenido crecimiento de la presencia militar, es para desmitificar la premisa básica sobre las que descansa la urgencia de crear la Guardia Nacional, y es que a un mayor despliegue y ocupación territorial corresponderá un mayor grado de pacificación y una menor incidencia delictiva o victimización de la sociedad que se asume en un estado de indefensión.
Esas cifras que ya se acompañaron en el panel de la mañana también con el creciente número de denuncias por violaciones y violaciones graves a los derechos humanos que superan por mucho las recibidas durante décadas de existencia del Ejército mexicano, y que tan solo para el caso de la Marina logran crecimientos de hasta en mil 600 por ciento, los tendría que llevar a la principal reflexión de si esto ha servido para el objetivo o el propósito principal para el cual se ejecutó, que era bajar la incidencia delictiva, bajar la violación a los derechos humanos, la victimización de la sociedad y, sobre todo, la percepción de inseguridad.
Vemos con las cifras provistas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública que esto no necesariamente ha sido así. El número de víctimas en México creció 2.6 millones el último año de la presidencia de Enrique Peña Nieto con respecto al último año del sexenio de Felipe Calderón, y tan solo en 2018 llegó a tocar la cifra alarmante de 24.2 millones de víctimas anuales, lo cual supone un crecimiento del 3.86 por ciento tan solo en el último año cuando la población solo creció el 1.4 por ciento.
La cifra negra de delitos, es decir, todos aquellos delitos cometidos pero no denunciados, también creció del 92.1 al 93.6 por ciento en el último sexenio, llevándonos precisamente al estado de indefensión absoluta y de impunidad total en el que nos encontramos hoy en día, esto a pesar del continuo despliegue militar y del continuo crecimiento de los operativos coordinados entre fuerzas federales sin hablar de la debilidad institucional que esto ha causado en las policías municipales y estatales, llevando a la población, precisamente, a ese estado de indefensión que hoy se clama como principal argumento para justificar este cambio.
Quisiera darles únicamente algunos números sobre los delitos que México Unido contra la delincuencia atiende de manera directa a través de su programa de atención a víctimas. La cifra negra de secuestros y extorsión es muchísimo más alta que el promedio nacional de delitos cometidos y se ubica en 98 y 98.3 por ciento respectivamente.
¿Qué significa esto? Que secuestrar y extorsionar en este país es virtualmente gratis y no se debe única y exclusivamente a la infiltración de las policías locales o estatales, sino al disfuncionamiento del sistema completo desde la investigación de los delitos hasta su sanción y potencial reinserción, incluso, de aquellos delincuentes que hayan pasado por el sistema carcelario.
El secuestro, si bien ha bajado sensiblemente de más de 105 mil casos anuales a 69 mil casos anuales para el último año del que tenemos cifras disponibles, nos muestra una preocupante realidad, y es que el número de carpetas de investigación iniciadas en las autoridades correspondientes permanece estancado y promedian las mil 300 carpetas de investigación anuales, independientemente de cuál es el comportamiento del delito.
Esto se los comparto porque parecería que el comportamiento de la delincuencia permanece completa y absolutamente ajena a cuáles son las acciones de la autoridad en materia de prevención y sanción, y se los cuento también, porque es uno de los mejores indicadores para que ustedes vean cuál es la atrofia del sistema de administración e impartición de justicia, independientemente de que el delito ha bajado, la autoridad no se ha vuelto más eficiente en su persecución y, por lo tanto, no han logrado cumplir con su obligación de llevar a las víctimas la justicia que merecerían.
El homicidio cerró al alza, no hay nadie que no sepa en este país que 2018 fue el año más violento del que tenemos registro desde que los homicidios se miden sistemáticamente, y virtualmente ningún caso se resuelve, de cada 100 homicidios indagados por las procuradurías locales se dicta sentencia únicamente en cinco de ellos mientras que, a nivel federal, la PGR pronto Fiscalía, solo logra 0.5 sentencias por cada 100 asesinatos.
En materia de violación y abuso sexual, el alza del delito, si bien es marginal, el promedio nacional de carpetas de investigación se mantiene en 10 por cada 100 mil habitantes, y preocupa que 17 de las 32 entidades federativas se mantienen arriba de este promedio nacional sin que haya virtualmente ningún tipo de estrategia de investigación criminal que lo detenga.
¿A qué quiero llegar con esto? ¿La Guardia Nacional resolverá estos problemas necesariamente con un proceso de reclutamiento imposible, como ya menciona Alejandro esta mañana, de 50 mil efectivos en tres años? No, la respuesta es no, y tristemente tiene que ver, porque, aunque se le doten de capacidades inconstitucionales y jurisdiccionales para la investigación del delito y la coadyuvancia de las tareas del Ministerio Público, todos aquellos casos que logren ser llevados al sistema de justicia por esta Guardia Nacional, llegarán tristemente a este penoso embudo que es incapaz de resolver ninguno de los delitos que se comete.
Siete de cada 10 delitos son denunciados, y de esos únicamente entre el 10 y 11 por ciento son resueltos.
A partir de ahí entonces vale la pena reflexionar cuáles son las atribuciones o las características de la corporación que en este dictamen se nos presenta. La Guardia Nacional no cambia la estrategia de prevención, persecución y sanción del delito y sí logra la creación de una corporación cuyas atribuciones y limitaciones en materia de funciones, objetivos y entrenamientos quedan poco claras, si le queremos dar el beneficio de la duda, cuando no en realidad quedan perfectamente enmarcadas en una lógica militarista, que como vimos con la evidencia, no necesariamente ha servido para bajar ni los números de victimización ni la incidencia delictiva, y sí ha servido para incrementar la violencia, particularmente la violencia letal ejercida desde el Estado cuando se suceden los enfrentamientos entre civiles y corporaciones federales.
Esa misma corporación que se pretende crear con el dictamen que se discute en este recinto legislativo, tiene profundos problemas logísticos que también se mencionaron esta mañana y tienen que ver con los mandos y las adscripciones, la falta de subordinación efectiva al mando civil, los reclutamientos imposibles que se plantean, incluso saltando los requisitos tradicionales de la seguridad pública, como los controles de confianza y las evaluaciones de desempeño, y las obligaciones de transparencia propias a las autoridades civiles.
También tiene profundos problemas en lo que se refiere a la interacción con otras corporaciones del orden y la procuración de justicia, ya sea a nivel federal y local y sus impactos de trastoque del orden institucional, local, estatal y federal también ya fueron ampliamente abordados esta mañana en lo que nos da la receta no solo a un cambio importantísimo en materia de seguridad, que sería perpetuar el esquema de engañar a la ciudadanía poniendo todas sus expectativas en una Guardia Nacional militar que no resolverá el problema de seguridad, pero que sí sería causa fundamental de un cambio en las relaciones cívico-militares y en la estructura institucional no solo de seguridad, sino de justicia y de reinserción social.
¿Qué hemos visto a partir de la observación de Ministerios Públicos? Con esto cierro, únicamente también para dejarlos con la idea de que la creación de la Guardia Nacional no resuelve el problema de impunidad y de impartición de justicia de este país.
En más de 3 mil audiencias orales monitoreadas dentro del sistema de justicia penal acusatorio, hemos visto que en el 20 por ciento de los casos los jueces no procuran asignación de asesores jurídicos, subsanan las deficiencias de los Ministerios Públicos y que en el 40 por ciento de los casos los Ministerios Públicos presentan medios de prueba insuficientes que no permitan acreditar ni las detenciones legales ni necesariamente los tipos penales correctos o la culpabilidad o inocencia del imputado.
No se respetan las garantías procesales ni los principios de oralidad, y en el 36 por ciento de los casos se caen por las deficiencias ocurridas al momento de la detención y de la presentación ante las autoridades de justicia, precisamente porque lo que hoy carecen nuestras corporaciones de seguridad es de protocolos de investigación criminal y de programas de capacitación que les permitan a ellos darse cuenta cuáles son las tareas que deben desempeñar y la importancia.
Señalando estas cifras, yo cerraría pidiéndoles por favor, que regresen ese dictamen a las comisiones, que reflexionen cuál es verdaderamente la salida al problema de seguridad pública y apuesten, como se dijo en la mesa de la mañana, por un verdadero programa de desarrollo policial, por el rescate del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por una verdadera orientación a las víctimas, que resuelva el problema de impunidad fortaleciendo el sistema de administración e impartición de justicia. Muchísimas gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Ahora quiero anunciar un pequeño cambio en el programa, a petición del general Luis Garfias, que se tiene que ir y nos pidió de favor que pudiera participar. Entonces lo voy a presentar para que pueda hacer uso de la palabra y vamos a ir recorriendo la lista nada más en el mismo orden.
El general Luis Garfias es general de división en retiro. En su larga y brillante trayectoria pueden apreciarse diversos méritos no solo como militar, sino como diplomático, político e historiador.
Fue director del Colegio Militar, dos veces diputado federal, embajador de México en Paraguay, agregado militar en Washington y es historiador del Ejército Mexicano. Le damos la palabra hasta por diez minutos.
El ciudadano Luis Garfias Magaña: Muchas gracias y buenas tardes, señoras y señores. Voy a hablar a ustedes de un asunto muy importante en la vida de este país, que son las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Creo que soy el primer militar que se presenta aquí a hablar de este asunto tan importante.
Quiero decir a ustedes, primero, que en cualquier país del mundo hay dos aspectos muy difíciles de hablar, que son la Iglesia y las Fuerzas Armadas, ¿por qué? Porque la Iglesia, señoras y señores, tiene su forma de ser muy precisa y definida, tiene delitos que nadie comete aquí más que ellos y tiene el derecho canónico. Nosotros, los militares, igualmente, somos una institución totalmente separada de los civiles y tenemos funciones y delitos que no se cometen, más que nosotros.
Por ejemplo, si alguien falta tres días a su trabajo, ¿qué le pasa? Lo regañan, lo corren o le descuentan. En el Ejército se comete un delito, que se llama deserción simple, tres meses en la cárcel. Entonces, es muy difícil hablar de estos asuntos, si no se conocen. Nosotros tenemos, además, como tiene el derecho canónico la Iglesia, nosotros tenemos el Código de Justicia Militar, que es lo que a nosotros nos juzga, código que en otros países del mundo tiene otros nombres, pero es lo mismo, la Ley Marcial, Martial Law en Estados Unidos, etcétera.
Otra cosa muy importante, señoras y señores, los militares ni los marinos somos policías. No nos gusta eso, no nos gusta. Hoy, por razones muy especiales desempeñamos esas funciones de policías. Otra cosa, la policía militar y la policía naval no son policías igual a las policías de afuera, no, las policías militar y naval tienen funciones muy diferentes a las que tienen policías de la calle.
Se habla constantemente, señores, de la seguridad, la seguridad nacional. Aquí lo hemos oído y lo hemos oído hasta el cansancio. Lo he oído anoche, en un programa que se llama Opiniones Encontradas, de una diputada del PRI y un diputado del PT.
¿Qué es la seguridad nacional, señoras y señores? ¿Qué es? Si alguno quisiera decírmelo, que levante la mano, por favor.
La seguridad nacional, señoras y señores, es la suma de tres seguridades: la seguridad exterior, la seguridad interior y la seguridad pública. Las primeras dos, seguridad exterior e interior, en cualquier país del mundo están bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. La tercera, está bajo la responsabilidad de las policías.
¿Qué ha pasado en México? Las policías son totalmente, o casi inútiles. Hay más policías que soldados, hay 300 y tantos mil policías y 250 mil marinos y soldados, ¿y para qué sirven? Todos los días vemos los problemas de la policía: robos, asesinatos, etcétera. Entonces, esa es la razón.
Ustedes han oído hablar hasta el cansancio del Plan DN-III-E. ¿Cuál es el DN-I y DN II? DN I es seguridad exterior, DN II es seguridad interior y DN III el apoyo a la población civil. Así es.
La Guardia Nacional. Hay otro asunto antes de hablar de la Guardia Nacional, que es la Gendarmería. La Gendarmería que se creó en el sexenio pasado. Yo, señoras y señores, estuve físicamente en la Gendarmería en París. Ahí me dieron entre otras cosas esto, la Gendarmería Nacional, aquí dice de dónde depende, del Ministerio de la Defensa Francesa. Esta institución centenaria, más que centenaria fue creada después de la Revolución Francesa, se puso la Gendarmería e incluso un mariscal de Napoleón, el mariscal Moncey fue director de la Gendarmería. Hoy es una institución profundamente respetada en Francia.
Aquí en México es otra cosa diferente, la Gendarmería es diferente, es más pequeña, muy diferente. Pero esta es una institución, repito, con más de 150 años de existencia.
Veamos ahora. Hay otras, casi todos los países del mundo tienen policías. Mi último punto, señoras y señores, será hablar, en lugar de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional. En casi todos los países del mundo existe una Policía Nacional, Policía Nacional de Francia, señoras y señores, aquí está, la Policía Nacional de Francia. Aquí está la Policía de España, la Guardia Civil, que hay dos, la Guardia Civil y la Policía Nacional, aquí está, la Guardia Civil, institución de más de 150 años como la Policía Nacional, allá por razones de las autonomías hay policías a veces regionales, como la Guanchancha en el país Vasco, y como los Mozos de Escuadra en Cataluña, pero son cosas especiales de esos países.
También se habla, señoras y señores, constantemente de la militarización. Desde el punto de vista militar, en México no hay nada militarizado. Aquí tienen ustedes, señoras y señores, un diccionario militar, aquí hay una serie de definiciones sobre asuntos militares.
¿Qué es la militarización? La militarización es cuando un jefe de Estado, llámese rey, primer ministro o presidente o lo que fuere, emite un decreto por el cual militariza una institución, la que fuere, la que fuere, en ese momento todo el personal de esa institución queda bajo el Código de Justicia Militar, eso es fundamental.
Yo les pregunto a ustedes, ¿en México qué está bajo el Código de Justicia Militar? Nada, excepto las Fuerzas Armadas. Entonces, no hay militarización. Que haya militares en la calle, sí, pero eso no es militarización, aquí está la definición, el que desee verla aquí está a sus órdenes. Si alguien quiere ver la definición aquí está lo que es –creo que usted tenía interés ver la militarización, se lo voy a pasar–, ahí pueden ustedes ver la definición de la Guardia Nacional.
Otra cosa que me ha llamado a mí profundamente la atención en este país. Este país, señoras y señores, todos los días ocurren problemas de seguridad nacional profundos, de seguridad, profundos y, ¿qué pasa? Las policías que no sirven para nada, el Ejército que no está para eso y la Armada también.
Hay un artículo en la Constitución, que nadie, ni un presidente municipal ni un gobernador ni el Ejecutivo ha mencionado, nadie y para eso está hecho, con más de 150 años de existir, aquí está, señoras y señores, una Constitución de 1857, original, aquí está el artículo que voy a mencionar, quiere usted verlo ahí está, el artículo 29 de la Constitución, que dice que en casos de invasión extranjera o de profunda situación difícil en cualquier parte de la República, los gobiernos municipales, estatales o el Ejecutivo pueden decretar la suspensión de las garantías individuales, con la aprobación del Congreso, ambas Cámaras, con la unión de los ministros o de los secretarios encargados de la seguridad y determinar cuánto tiempo va a durar, en qué lugar y por qué. Yo pregunto, por qué no se ha hecho eso, si todos los días ocurre, todos los días.
Voy a leerles a ustedes el artículo 29 muy brevemente: “en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la ciudad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de la República, ya dije cómo, de acuerdo con los funcionarios de seguridad y con la aprobación del Congreso, puede determinar la suspensión de las garantías”.
Para eso está, ahí está en esa Constitución y aquí está en la 17, por qué no se ha hecho, por ignorancia o por falta de voluntad política, pero eso se debe de hacer para evitar los problemas que vemos todos los días. Muchas veces la suspensión de garantías es de hecho, pues háganla de derecho, para eso están ahí los artículos.
Este es el Código de Justicia Militar que rige nuestras actividades, nuestros delitos, que es muy severo, mucho muy severo. Yo, señoras y señores, fui presidente del Segundo Consejo de Guerra Ordinaria, me tocó aplicar la legislación militar, la conozco, y es severísimo.
Fíjense ustedes, algo interesante, muy rápido. Cualquier militar que comete un delito y que recibe una pena de dos años o más, automáticamente trae implícito la destitución del empleo, o sea, la degradación. Destitución del empleo, que es más severo que la pena.
¿Ustedes saben? Yo a veces me tocó llevar a Consejo de Guerra a generales o a coroneles con 25, 30, 40 años de prisión. Entraban de coroneles a la Sala de Consejos y salían sin el grado. Sin el grado.
¿Ustedes saben lo que es perder 30 o 35 años de servicios por 2 años o más de prisión? Es durísimo. A mí me tocó castigar a gente que yo conocía.
Entonces, he hablado pues de los policías locales, nacionales que hay en prácticamente todos los países del mundo. Dicen que porque es una República federal. No es cierto. Hay cinco repúblicas en América: Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Venezuela. El resto son repúblicas centrales o unitarias.
Yo estuve en una República central, Paraguay y ya conocí y me di cuenta lo que era. Y en Argentina, en Venezuela y en Brasil hay policías nacionales, con diferente nombre pero hay policías nacionales.
Luego dicen que es un peligro, como los Carabineros chilenos cuando el problema de Pinochet. Los Carabineros chilenos no existían en la época de Pinochet, desde años atrás, muchos años atrás, como la Guardia Civil española.
La Guardia Civil española, gran parte de la Guardia Civil española se unió al levantamiento de Franco. No voy a discutir aquí el por qué. Los Carabineros chilenos siguieron a Pinochet, no todos pero gran parte, por otras razones. No voy a discutir aquí por qué.
Entonces, por eso dicen, no, no es posible. Aquí, en cambio, la Guardia Nacional, aquí tienen ustedes, señoras y señores, la Guardia Nacional americana. De aquí la copió México a mediados del siglo XIX, de aquí la copió México.
La Guardia Nacional nació desde la época que eran colonias, las colonias americanas. En 1903 la tomó Nueva York. En 1933 se hizo dual, porque la Guardia Nacional que existe en la Constitución de México, existe, es una institución a las órdenes de los estados, es una unanimidad estatal que se puede federalizar. El presidente puede federalizar a la Guardia Nacional. Pero existe en la Constitución. Ahí está.
No se aplica. ¿Por qué no se aplica? Voy a decirles a ustedes rápidamente. La Guardia Nacional, como dije a ustedes, es una institución estatal. ¿Qué pasó en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX? Constantes levantamientos armados, ¿por qué? Porque los gobernadores de los estados se levantaban en armas contra el gobierno central.
Ustedes lo pueden ver: Zacatecas, Jalisco, Michoacán se levantaban contra el gobierno, ¿con quién? Con su Guardia Nacional.
Entonces, ¿qué pasó? Porfirio Díaz llegó al gobierno y él había vivido eso perfectamente. ¿Y qué pasó? Él comenzó poco a poco a disminuir la influencia de la Guardia Nacional hasta que la eliminó. Y se acabó el problema de la Guardia Nacional. Quedó en la Constitución, pero no de hecho.
La moderadora diputada Laura Rojas Hernández: Tiempo, general. ¿Puede ir concluyendo, por favor?
El ciudadano Luis Garfias Magaña: Sí, voy a terminar. Entonces, les digo a ustedes rápidamente. Tres personas se dieron de alta en la Guardia Nacional, no en el Ejército: Porfirio Díaz, Eduardo Reyes y Mariano Escobedo. Los tres entraron al Ejército a través de la Guardia Nacional.
La policía nacional es mucho más cómoda, mucho más barata y mucho más efectiva que una guardia nacional. Mucho más efectiva. Y no habrá que mezclar al Ejército ni a la Marina con la población civil. Cada quien en su lugar. Y la policía nacional, como está aquí en Francia y otros países, ahí está y es una institución admirable, respetable profundamente.
Comprendo que hay cosas que necesitarían más tiempo. Pero no me queda, no me resta más que agradecer a ustedes, señoras y señores, la atención que han servido dispensar a mis palabras. Muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta.
La moderadora diputada Laura Rojas Hernández: Vamos a hacer la ronda de preguntas al final. Si se pudiera quedar un ratito más.
El ciudadano Luis Garfias Magaña: Claro que sí.
La moderadora diputada Laura Rojas Hernández: Bueno, muchísimas gracias, general. Además, recordar que él fue también diputado en dos ocasiones, presidente de la Comisión de Defensa, y es un gusto haberlo tenido el día de hoy con nosotros. Muchas gracias.
El ciudadano Luis Garfias Magaña: Fui diputado en la LII y LVI legislaturas y después me fui de embajador a Paraguay, donde me tocó vivir físicamente un golpe de Estado, señores, físicamente. Ahora todo mundo habla de golpes de Estado, y yo lo viví. Como embajador, apliqué la doctrina Estrada, que un día un secretario de Relaciones Exteriores dijo que era de época de Juárez. Por favor, fue el año 1931-32.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Bueno, muchísimas gracias, general. Lo vamos a invitar después para una plática con más tiempo. Pero ahora quiero pedirle a la diputada Lorena Villavicencio que pueda presentar a nuestra siguiente ponente, Lilian Chapa.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Sí, cómo no, con todo gusto. Lilian Chapa Koloffon es especialista en seguridad ciudadana y prevención del delito. Editora del blog “Prevención y castigo sobre política de seguridad”, en Nexos. Es coautora de tres evaluaciones de subsidio del Programa Nacional de la Prevención del Delito, publicadas por México Evalúa.
Como consultora internacional ha realizado evaluaciones de diseño y resultados de programas de prevención de violencia en México, Honduras, en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa.
En Colombia encabezó un diagnóstico del sistema de justicia penal en las ciudades en conflicto y actualmente es investigadora de World Justice Project México. Bienvenida.
La ciudadana Lilian Chapa Koloffon: Muchas gracias. Quiero agradecer a la secretaría técnica de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por la invitación, y también celebro la apertura para este espacio.
También quiero aclarar rápidamente que, en efecto, soy investigadora de World Justice Project, pero los comentarios que voy a verter en este momento los hago como especialista y no a nombre de la organización para la que trabajo.
Voy a ser muy concreta. Si el diseño de la Guardia Nacional se aprueba tal y como está en el dictamen, con un mando militar, la señal que se está enviando desde el gobierno federal será la de renunciar a formar corporaciones civiles de seguridad pública. La renuncia del Estado a formar policías.
No nos engañemos, la Guardia Nacional no es una policía, es una fuerza militar en funciones que le son ajenas. Tan no es una policía, que en los requisitos para el reclutamiento el propio presidente López Obrador ha mencionado que no está el control de confianza.
El control de confianza en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es un requisito para todas aquellas personas que quieren integrar corporaciones de seguridad pública.
Ahora, vamos a acudir a definiciones muy básicas. El mando y naturaleza de las Fuerzas Armadas es salvaguardar la integridad y continuidad del Estado mexicano. La seguridad pública es una función para proteger libertades, derechos y la integridad de la ciudadanía. Ese es el paradigma de la seguridad en un estado democrático y moderno, la seguridad ciudadana.
Los primeros, las Fuerzas Armadas combaten enemigos del Estado. La policía, por su parte, debe presentar a quienes cometen delitos ante una autoridad judicial, deben mediar conflictos entre vecinos para que no escalen a violencia o a más delitos, deben atender llamados de emergencia de diversa índole. No todos tienen que ver con delitos.
Deben resolver problemas de seguridad a nivel de calle y de colonia, porque de esta índole justamente son la mayoría de los delitos y faltas que afectan la tranquilidad de la mayoría de los mexicanos.
Es una cuestión incluso de estrategia. Se requiere del conocimiento directo del problema delictivo que se quiere atender a nivel de calle, a nivel de colonia. Este es el terrero de las policías locales. La diferencia, señoras y señores legisladores, no es menor. Necesitamos mejores policías, no más militares. No podemos renunciar a formar policías.
Dicho esto, es cierto que en algunas zonas del país, en algunas ciudades y puntos específicos, no en todo el país, el poder de fuego y de ejercer violencia de las organizaciones delictivas, que hay que precisar cometen delitos predominantemente federales. Se apropiaron incluso de partes del territorio afectando a trabajadores del campo, el libre tránsito de la población, explotan ilegalmente recursos naturales que son propiedad de la nación, trafican personas y constituyen redes que operan en varios municipios y estados.
Estos problemas sí existen y se concentran en puntos específicos del país y una corporación federal de carácter civil debe atender estos problemas. La Policía Federal ha mostrado y mostró resultados muy destacados en esta tarea, pero son muy distintos estos delitos que afectan, estos delitos que mencioné, a los que afectan a la mayoría de la población y este es uno de los mayores problemas de la propuesta de Guardia Nacional. No distingue entre tipos de problemas delictivos o de violencia, no todos los problemas de seguridad en el país tienen que ver con el crimen organizado, y como no se partió de un diagnóstico correcto, la estrategia es equivocada.
Me explico. Para atender los problemas de conflictividad vecinal, robos a tiendas de conveniencia o violencia intrafamiliar, lo que funciona son modelos de policía orientados a problemas específicos con proximidad, nada tiene que hacer una fuerza militar en estos casos.
En este momento el dictamen que se va a discutir pone a la Guardia Nacional, al Ejército, una fuerza militar, a investigar delitos del fuero común. Coincido, sin embargo, en que como operan las policías hoy en día en México, no pueden dar los resultados que necesitamos, sin policía de investigación efectiva el problema de delito y violencia no se resolverá. Si no formamos policías que resuelvan casos, la impunidad seguirá desbordada.
Pongo un dato sobre la mesa. De acuerdo con la Encuesta a Población Privada de la Libertad, que levantó Inegi en 2016, únicamente en 15 por ciento de los casos de homicidio se presentaron pruebas físicas, únicamente en 15 por ciento, en el 60 por ciento de los casos se recurrió a testigos oculares. Este problema tampoco se va a resolver con una fuerza militar en funciones de seguridad pública, la investigación criminal en México no está ocurriendo y no estamos formando policías de investigación.
En este sentido, la modificación al artículo 21 constitucional del dictamen que está a discusión, que coloca al MP, al Ministerio Público, como quien realiza la conducción jurídica de la investigación y ya no como quien realiza la conducción y mando de la investigación, es un paso valiente y en la dirección correcta, pero las reformas por las que sí pasó el Sistema de Justicia Penal en 2008 y ahora las fiscalías, no las han visto las policías.
Nos urge una reforma policial que además le otorgue derechos laborales, servicios de salud, seguro de vida, salarios dignos y una carrera policial basada en mérito, que nos ponga entonces en condiciones de exigirle a la policía resultados. La discriminación a la que sometemos todos los días a quienes integran las policías en México, es una de las peores caras de nuestra nación, no tiene otro nombre, es discriminación.
Ahora, de regreso al dictamen, no somos ingenuos quienes estamos participando en estas audiencias, no se organizaron estos valiosos ejercicios para consultarnos a los titulares de los ejecutivos estatales, municipales y especialistas, la construcción de esta fuerza militar. Da la impresión de que el mando militar va porque va y así se ha dicho, incluso en medios nacionales y locales.
Sin embargo, mi obligación cívica es, ante esto, aportar recomendaciones para que en paralelo a este experimento –considero yo– destinado al fracaso de la Guardia Nacional, que ya puso en marcha el gobierno federal desde el día uno de sus actividades, continuó el fortalecimiento de las policías locales.
¿Cómo? Debemos acordar criterios técnicos, consensuar criterios técnicos para medir las fortalezas de las policías en México. Si bien el dictamen habla de estos diagnósticos, nunca mencionó un mecanismo para decir cómo vamos, cuál es el parámetro para medir la fortaleza de estas instituciones.
Con estos criterios debemos construir estándares mínimos: ¿qué conocimientos? ¿Qué habilidades deben de tener los integrantes de una corporación para que puedan cumplir con sus funciones? ¿Qué tipo de equipamiento? ¿Qué tipo de armamiento? ¿Y qué tipo de prestaciones salariales?
El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es una institución con autonomía técnica, considero que puede aprovechar, que puede encabezar los esfuerzos para construir estos estándares, diagnosticar su estado actual y evaluar su cumplimiento.
También pongo a disposición de esta mesa una propuesta puntual para que el dictamen contemple el diseño de un modelo de policía y justicia cívica cuya implementación en estados y municipios puede financiarse con fondos Fortaceg y FASP de manera prioritaria.
Este modelo por supuesto debería adaptarse a las necesidades locales en materia de seguridad. No es un invento de ocasión, este modelo ya se probó en Morelia y tuvo resultados muy favorables incluso en términos de recuperación de la confianza ciudadana, en la policía y en la reducción de índices delictivos.
Finalmente, en este mismo sentido, es falso que todas las policías del país sean un fracaso. Las ciudades de Chihuahua, de Escobedo en Nuevo León, Neza en el estado de México y propio Morelia, llevan varios años implementando modelos prometedores con resultados tangibles que son esperanzadores. Vamos a voltear a lo local.
Por último, la resistencia civil pacífica –lo digo con toda la intención–, la resistencia civil pacífica en ese sexenio será formar policías estatales y municipales fuertes con derechos laborales, capacidades y atribuciones para investigar delitos.
Legisladoras, legisladores, los especialistas estamos a su disposición para construir una mejor propuesta. Muchas gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas Gracias, Lilian, por estas importantes aportaciones. Ahora le quiero pedir a la diputada Verónica Juárez que presente a nuestro siguiente ponente.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias. Jaime Domingo López Buitrón es maestro en Administración Pública y doctor en Sociología política por la Ibero. Ingeniero industrial del Instituto Politécnico Nacional. Ha cursado diversos posgrados en México y en el extranjero.
En dos periodos fuer director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y subsecretario de Empleo y Productividad Laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
También fue subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación. Coordinador general de Planeación y Política Sectorial en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Senado de la República. Jefe de asesores del director ejecutivo del Registro Federal de Electores en el Instituto Federal Electoral. Bienvenido.
El ciudadano Jaime Domingo López Buitrón: Gracias, diputada. Gracias, señoras y señores legisladores, señoras y señores. El Consejo Coordinador Empresarial agradece la oportunidad de expresar su posición e inquietudes al respecto de la iniciativa para reformar la Constitución Política en vías de llevar a la creación de la Guardia Nacional.
Queremos iniciar manifestando que frente a la muy grave y delicada situación de inseguridad, violencia y debilitamiento del Estado que actualmente priva en nuestro país, es apreciable en primer lugar el hecho de que se defina con prioridad y con apremio el atender esta necesidad de nuestra patria.
En segundo lugar, también es de reconocer que se planteen estrategias que impliquen alternativas de política pública que signifiquen acciones no sólo para revertir el delicado estado del arte prevaleciente, sino el mal pronóstico que en materia de seguridad tenemos como país, sin embargo, nuestra posición se enmarca en tres tonos.
Primer punto. Si finalmente se legisla como está en la iniciativa la creación de la nueva corporación Guardia Nacional, encarecemos a nuestros legisladores que deban observarse de manera indispensable definiciones muy precisas de las facultades y atribuciones de la nueva institución o, para decirlo de manera muy clara, cuáles van a ser los límites constitucionales que la van a contener y definir y diferenciar, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas o de las otras policías o corporaciones civiles del sistema nacional de seguridad. Esto no es nada menor, es fundamental.
Segundo. Si van a mover la Constitución, si la van a modificar, debe aprovecharse –consideramos– el momento histórico que eso significa para corregir la confusión conceptual –con todo respeto lo decimos– que en materia de seguridad hay en nuestra Carta Magna, logrando una unidad de criterios doctrinales que garanticen protección de derechos humanos, claridad en la definición de funciones, una mejor y más eficaz coordinación institucional y un mejor aprovechamiento de los tiempos y de los presupuestos después de lo que ha pasado en estos años y lo que se ve en el horizonte.
Tercero. Es pertinente que, desde la definición constitucional, desde ese punto, se permita la participación permanente de la sociedad civil, plural, pero con enfoque técnico no politizado que examine y evalúe y acompañe el desempeño de la nueva institución a partir de un cronograma de largo plazo con indicadores objetivos.
A lo que nos referimos en primer lugar, es que la definición conceptual y el perfilamiento operativo de la Guardia Nacional en el texto constitucional, si bien habrá que ver las leyes reglamentarias, deben implicar acotamientos y precisiones tanto en el aspecto doctrinal como en la clara delimitación de sus competencias institucionales.
El Consejo Coordinador Empresarial considera que los legisladores dan este paso en este momento histórico, pudieran considerar oportuno definir con claridad, tal vez debería decirse actualizar, definiciones claras sobre seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interior, seguridad exterior, seguridad privada, seguridad humana, Defensa Nacional, defensa exterior, incluso ciberseguridad, que cuando se hicieron los textos no aplicaba.
Esto no es un mero prurito académico y tampoco un afán de perfeccionamiento de la técnica jurídica. Si consideramos que vamos a implementar la Guardia Nacional y delimitar cuál es su naturaleza en la diferencia de competencias de otras instituciones como las Fuerzas Armadas, baste recordar que la Constitución menciona 22 veces la seguridad pública, en siete ocasiones cita a la seguridad nacional, y a la seguridad de la nación dos, y por su parte los términos defensa exterior, defensa interior, seguridad internacional, están citados una vez cada uno, pero estamos ayuno de conceptos como seguridad exterior, Fuerzas Armadas o ciberseguridad, reiterando.
Pero más allá de la frecuencia de lo que estén citadas, lo que pretendemos destacar que en ningún momento están definidas, y lo que torna muy complejo el entendimiento y permite la interpretación de las agencias federales y locales, para acomodar sus políticas públicas en la materia y genera cierta complicación.
Le explico: tal y como hoy está el entramado jurídico institucional, se ha producido una disparidad de interpretaciones entre lo que entiende seguridad nacional, la Defensa Nacional, y la Defensa Nacional de la Marina Armada de México, que se parecen, pero tiene sus matices.
Pero de estas, con las agencias de seguridad pública o bien, que decir, con las de inteligencia civil o las del Ministerio Público federal.
Qué decir también del tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores que debiese, tal vez, acometer para tener ese perfil como uno de sus acometidos, o bien, el tema de los ministerios públicos que también interpretan bajo el prisma precisamente de la procuración de justicia los términos de seguridad.
Eso hace que, al momento de la operación de los gabinetes, al momento de tomar la decisión de política pública haya confusiones y haya lagunas que no solamente vulneran la actuación eficaz de las corporaciones en defensa de los intereses de la sociedad y del territorio, sino al propio tiempo también vulnerabilidades para sus resoluciones o actuaciones.
Más aún cuando se alcance a interpretar esto, la Guardia Nacional debiera no sólo buscar proteger a la sociedad de los delincuentes, también tomar en cuenta que hay que procurar proteger a la sociedad de la violencia de cierta parte de la sociedad que ha decidido delinquir, pues para ellos en algún momento se volvió viable y legítimo asistir al teatro, al mercado, para delinquir y satisfacer sus necesidades y expectativas.
Por ello encontramos plausible que en la exposición de motivos que conocemos, se reconozca que la Guardia Nacional es sólo parte de la estrategia de la solución del problema, entendiendo que la prevención es la parte más importante del modelo integral, y eso está bien, porque la Guardia Nacional por sí misma no va a resolver el grave problema de inseguridad del país, pero consideramos muy delicado y preocupante que en dicha exposición de motivos no se aluda también a temas fundamentales concurrentes, indispensables e impostergables como brillantemente se ha dicho antes de mi intervención, al fortalecimiento del nuevo sistema penal acusatorio, a la creación de una clave única de identidad ciudadana, a perfeccionamiento de la profesionalización policiaca, a la urgente necesidad de legislar para robustecer capacidades del Estado en materia de inteligencia financiera combate al lavado de dinero y ciberseguridad, a un mejor Registro Público Vehicular, al combate al robo de vehículos y mercancías en carreteras y ferrocarril, y muy importante, al tema de regular al mismo tiempo y en paralelo a la seguridad privada.
Dos puntos más. Si bien sería el tema de las leyes reglamentarias el pertinente que la definición constitucional que pudieran perfilarnos, señoras y señores legisladores, nos permita una participación permanente de parte de la sociedad civil, queremos pedir que podamos tener un espacio técnico pero permanente y de largo plazo, para poder acompañar el desempeño de la nueva corporación.
Ante la grave crisis y prevaleciente en materia de seguridad, conviene que el Legislativo considere que el problema no es como se dice, de tres años para evaluar o de cinco años para mutar.
Tristemente, espero equivocarnos, pero pudiéramos esperar que esto va a ser un programa de muchos años y la definición histórica que va a tomar el Legislativo, tiene que considerar que también se reserven condiciones presupuestales garantizadas y blindadas para un cronograma bien consensuado y auditado por la sociedad, nos vayamos a estimar escenarios no menores a una década, y eso hace que pudiéramos, en un cronograma bien establecido, acompañar las transformaciones que se tengan que tomar de manera más técnica.
Finalmente, el Consejo Coordinador Empresarial reitera su compromiso, y quisiera que lo recibieran ustedes, nuestro compromiso, interés y disposición, a contribuir al éxito de las estrategias gubernamentales y legislativas, judiciales, para alcanzar estadios de desarrollo humano fundados en el Estado de derecho, entendiendo a este algo mucho más que un conjunto de leyes.
Y aprovechamos, es importante, el Consejo Coordinador Empresarial, para reconocer a los soldados de México, a los marinos de México, a los policías de México, a los ministerios públicos, agentes de seguridad nacional de México que han prestado su servicio con lealtad, con patriotismo, portando el uniforme de la patria, y ayer como hoy nos han garantizado libertad, democracia e instituciones.
Ojalá pudieran tomar en cuenta, si la definición está tomada, que pudieran precisarse estos arreglos constitucionales, porque es el momento histórico para hacerlo. Difícilmente, en el corto plazo se podría vislumbrar una oportunidad como la que tienen ahora. Por su amable atención, muchísimas gracias.
La moderadora diputada Laura Rojas Hernández: Bueno, pues muchísimas gracias al Consejo Coordinador Empresarial que estuvo representado hoy por Jaime Domingo López. Y ahora le quisiera pedir a la diputada Julieta Macías, que presente a nuestro siguiente ponente.
La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Gracias. Buenas tardes. Erubiel Tirado Cervantes ha dedicado su interés profesional a los temas de Seguridad y Defensa en México. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y maestro en Ciencia Política por la London School of Economics, de la Universidad de Londres.
Se ha enfocado a los estudios de gobierno comparado sobre las Relaciones Civiles Militares. Entre 2008 y 2011, participó como investigador asociado del Royal United Service Institute for Defence and Security Studies, con sede en Londres, en el proyecto sobre Cambio Climático, Migración y Seguridad en México.
En 2014 fue consultor académico para la campaña de Prevención contra la práctica de la tortura en México, que promueve el Instituto para la Seguridad y la Democracia A. C., junto con la USAID. Bienvenido Erubiel Tirado.
El ciudadano Erubiel Tirado Cervantes: Muchas gracias, diputada Rábago. Diputadas y señores diputados, miembros de la audiencia. Voy a empezar por lo último y suscribiendo en buena medida los pronunciamientos que se hicieron en la mañana en la mesa anterior.
Si con los operativos policiales militares se vivían mini estados de sitio, o de emergencia no declaradas, con la simple adición del Ejecutivo federal, con la Guardia Nacional se hace permanente el Estado de excepción, negando, nuestra esencia federalista y negando controles constitucionales y las previsiones de convencionalidad a las que está obligado el Estado mexicano.
De esto se habló de manera amplia, documentada y argumentada en la mañana, y no me queda más que suscribirlo, y me queda esta intervención para advertir sobre otros aspectos que no fueron abordados en la mañana o que fueron comentados tangencialmente, pero me pareció importante que lo hicieran, como lo hizo el doctor Marcos Pablo Moloeznik, en la mañana.
Suscribo, obviamente lo expresado por Jan Jarab, por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por Ernesto López Portillo, por Marcos Pablo Moloeznik, por Alejandro Hope y por Alejandro Madrazo. En este último caso, salvo su propuesta de modificación al dictamen que ya fue aprobado por esta Cámara. Todo lo demás lo suscribo plenamente.
Esta intervención tiene como objeto abordar la parte de las relaciones civiles-militares en México, y los riesgos que implica una aprobación como lo que es la Guardia Nacional tal como se está planteando en estos momentos.
¿Por qué el empeño de crear una Guardia Nacional, si vez tras vez, como lo hicimos en 2017 en el caso de la Ley de Seguridad Interior, advertíamos que era un riesgo para la democracia y la consolidación de nuestra transición?, sobre todo en materia de respeto a los derechos humanos.
La apertura a audiencias públicas para legitimar una decisión que parece ya tomada por el Ejecutivo federal respecto estas modificaciones constitucionales que crea la Guardia Nacional, es la fórmula habitual. A mí me recuerda mucho a las maneras en que se aprobaban las cosas hace mucho tiempo.
El nuevo gobierno no solo reproduce este esquema, sino que lo agrava, entre otras cosas, uno, al establecer desde el pasado diciembre una reorganización operativa territorial de las policías militares con coordinaciones responsables de vigilancia en todo el país. Esto, si no es irregular, es ilegal.
Dos. Al convocar para la integración del nuevo ente a sus integrantes y en una acción coordinada por la Sedena desde el 2 de enero pasado. Es decir, están ya reclutando a los miembros del nuevo ente que aún no se aprueba su existencia legal. También no es posible combatir la ilegalidad con ilegalidad.
Mi presencia en este foro, como lo hiciera en 2017 respecto de la Ley de Seguridad Interior, obedece a la necesidad de dejar un testimonio claro, razonado sobre lo que considero un error que comete el nuevo gobierno, presionado por un falso debate generado por los tecnócratas de la seguridad, militares y civiles que han usufructuado nuestra crisis de violencia desde hace tres sexenios y que no la han resuelto. Eso hay que decirlo claro.
Con la Guardia Nacional la oferta actual del presidente “de rescate del Estado” mantiene la herencia que recibe del componente militar de nuestro sistema político y va más allá, lo enaltece y lo fortalece aún más, con lo cual genera un escenario de riesgo político y antidemocrático en torno de su uso también político en el mediano y largo plazos.
La claudicación del principio de supremacía civil sobre el estamento militar es manifiesto. En el texto como lo voy a leer, hay una definición clara sobre lo que es la supremacía, el principio de supremacía civil sobre el estamento militar. Y aquí difiero obviamente de lo que dijo un apreciable amigo, como es el general Luis Garfias Magaña, a quien me sorprende escucharlo ahora diciendo que en México no hay militarización o que nunca la ha habido, cuando lo he escuchado aquí y fuera de país diciendo lo contrario.
El sometimiento político castrense de nuestro país ha definido con criterios alejados a las capacidades de decisión estratégica en temas militares, con un complejo conjunto de reglas escritas y no escritas que se fueron definiendo a partir de 1928. Bajo estos supuestos, en México, hay que reconocerlo, nunca ha habido una supremacía civil plena desde el momento en que las políticas de defensa, la organización castrense y los presupuestos siempre han sido definidos e implementados por los militares.
Mención aparte merece la inequívoca y escrupulosa observancia del respeto de los derechos humanos, así como el sometimiento jurisdiccional a las autoridades civiles en caso de su violación y las... graves en contra de la población. El principio de supremacía civil tiene que ver con esto también y cobra una importancia importante, capital, y es un indicador claro de la... institucional del Estado. Con la Guardia Nacional estaríamos retrocediendo.
La debilidad e ineficiencia de los políticos solo invita a la intervención militar. En el caso mexicano, de la violencia común o de la que se deriva el crimen organizado y el narcotráfico, esta es la coartada por la cual los políticos están tocando la puerta nuevamente a los cuarteles.
La supremacía civil es un imperativo categórico y depende en gran medida de la calidad del liderazgo, de una visión estratégica ponderada, así como la madurez institucional del Estado, con una convicción clara y democrática. La creación de la Guardia Nacional, lo repito, no asume este criterio de supremacía civil.
En México hay que reconocer que, si bien no se puede afirmar en forma categórica que los militares representan una amenaza en términos tradicionales de golpismo en contra de un gobierno democráticamente electo, tampoco se puede decir que están plenamente sometidos al poder civil con transparencia y rendición de cuentas. En la mañana nos dieron varios ejemplos de esto.
Incluso es posible afirmar que los militares desde hace tres sexenios –esto es importante– se han mimetizado con el poder civil, en la medida en que han obtenido y ampliado prerrogativas y privilegios de carácter político, legal, presupuestal, además de un claro esquema de impunidad ante la comisión de violaciones graves y comprobadas de derechos humanos.
La Guardia Nacional representa en el contexto actual la máxima expresión y la entronización –hay que decirlo nuevamente– desde mimetismo civil militar, con un gobierno de alternancia.
La politización militar. Las manifestaciones que se hacen ahora desde el alto mando de la Sedena, en cuanto al compromiso militar con la llamada cuarta transformación del actual gobierno, implica un compromiso político ideológico que trastoca la naturaleza neutral de las Fuerzas Armadas.
La experiencia histórica de las transiciones democráticas en el hemisferio y en otras latitudes, como en Europa del este, y en el hemisferio demuestran sin lugar a dudas que se paga un precio muy alto cuando se involucran militares en las batallas políticas del régimen, o se les exige un compromiso ideológico, como lo estamos viendo.
La coherencia interna. La eficiencia y la disciplina militares simplemente se degradan y se deterioran, dejando de lado su funcionalidad de defensa para convertirse en garrote del régimen.
Así, ante amenazas internas severas ha demostrado una y otra vez en otras latitudes y México no es la excepción, que los gobernantes civiles ofrecen y/o permiten mayor autonomía y privilegios castrenses a cambio de lealtad política por parte de los militares.
La Guardia Nacional en ese sentido –lo dijeron también en la mañana– que sería el Ejército del presidente, se apunta como un brazo armado de control y sometimiento político de la sociedad. No en el corto plazo, escúchenlo bien.
La Guardia Nacional tal como se está concibiendo llega tarde y mal, como una más de las estrategias fallidas de seguridad en las que el común denominador es la militarización y el incremento de privilegios castrenses en la intromisión de asuntos de carácter interno y civil.
Un factor adicional de preocupación, como lo señalaba el doctor Marcos Pablo Moloeznik, de la mañana, en este contexto, es la función de inteligencia. Sobre esto quiero abundar un poco.
Tanto la inteligencia que opera en las estructuras de la Sedena y Marina, como en el hoy organismo de Inteligencia Civil, que se subsume a la seguridad pública del gobierno federal, dejando de lado a las definiciones estratégicas de seguridad nacional.
La confusión institucional es clara, además de la conceptual, las funciones de inteligencia militar que existen pasan a formar parte del nuevo ente, bajo esquemas de control y supervisión, que no se indican en la iniciativa y que al final quedarán bajo criterios discrecionales, primero del titular de Sedena y después, a lo mejor, del titular de Seguridad y del presidente.
No se definen los criterios del sistema nacional de información que contempla la Ley de Seguridad Nacional y mucho menos. En el papel del Congreso en los mecanismos de control y supervisión simplemente no hay claridad y sí muchas omisiones e indefiniciones en el diseño legal e institucional.
Hay que decirlo con sus palabras, el espionaje político no ha desaparecido y no se plantea una reestructura democrática y apegada a derecho en este rubro. De este modo, la Guardia Nacional nacería con una semilla de riesgo autoritario y de usos represivos en términos sociales y políticos.
Antes de la creación de la Guardia Nacional que se plantea ahora, debió pensarse en una verdadera y necesaria transformación de la relación civil-militar de nuestro país. Nuevamente, en el texto completo señalo un par de criterios al respecto.
La creación de la Guardia Nacional se aleja de las recomendaciones de organismos multilaterales, como la ONU y la OEA, así como de los señalamientos de las organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos.
A esto hay que agregar el evidente debilitamiento presupuestal y político, así como la campaña de desprestigio prohijada por el propio gobierno en contra del Poder Judicial y de los organismos autónomos que contribuyen tanto a la defensa institucional de los derechos humanos como a la exigencia de transparentar a las actuaciones castrenses.
Concluyo. Sin una reforma previa a las relaciones civiles militares del país, hacer partícipes y peor aún, responsables a los militares de la seguridad pública en países con democracias poco consolidadas como la nuestra, supone para los gobernantes civiles la tentación de recurrir al apoyo castrense para el logro de objetivos políticos y de su uso en términos de control social, el diseño del supuesto mando civil que se plantea para la Guardia Nacional es retórico, débil y de mera forma.
De igual forma o de igual modo, el esbozo del diseño legal e institucional que ya se dibuja desde el poder, como por ejemplo la ampliación constitucional, aprobada recientemente por el Congreso, el Catálogo de Delitos que merece la llamada prisión preventiva supone, a mi juicio, un retroceso de más de 50 años que hace ver como gracejada el delito de la insolución social de aquella época.
La deficiencia estructural en el ámbito de los recursos humanos y la profesionalización y la orientación policial que se exige a los miembros de un cuerpo, que desde su ingreso tendrán formación militar, también tiene una gran deficiencia, la convocatoria no exige escolaridad y en ese sentido nos implica una curva de aprendizaje y dentro de la formación militar es inconcebible, que no va a ser en cinco ni siquiera en diez años en que tengamos un verdadero cuerpo con apego, un desempeño en apego a las normas al debido proceso y con respeto pleno a los derechos humanos.
Las funciones de inteligencia, por otra parte, sin control y sin supervisión alguna, derivarán más temprano que tarde en prácticas de coerción política y social, que serán enmascaradas en los delitos graves que el nuevo régimen ya está tipificando con una clara orientación, que eventualmente esta en represión.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Le rogamos ir concluyendo, por favor, gracias.
El ciudadano Eruviel Tirado Cervantes: Sí. Por último, en el corto plazo, ya con la Guardia Nacional en funciones, veremos al presidente mostrando gráficas sobre el descenso de los delitos, pero es previsible, porque así ya lo hemos vivido, lo hemos observado en el pasado, que la violencia resurja con mayor intensidad porque la orientación de esta nueva militarización es política.
La Guardia Nacional tal como se plantea es una condena a las nuevas generaciones, a seguir contando cadáveres y desaparecidos y a padecer un incremento constante en las violaciones a sus derechos humanos. Muchas gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias. Ahora quiero pedirle a la diputada Lorena Villavicencio que pueda presentar a nuestro siguiente ponente Héctor Larios Santillán.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Un poco de la biografía del ingeniero Héctor Larios Santillán, es egresado de la UNAM como ingeniero mecánico electricista, también cursó el programa de Alta Dirección de Empresas por el IPADE, entre otros programas de especialización. Es consejero de varias empresas, así como de universidades, asociaciones de ayuda comunitaria, de interés social y beneficencia.
Fue presidente nacional de Coparmex, de 1991 a 1993, asimismo se desempeñó como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, actualmente es presidente del Observatorio Nacional Ciudadano. Bienvenido.
El ciudadano Héctor Larios Santillán: Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y agradecemos a los señores diputados y senadores de la República, la oportunidad de poder participar en este foro sobre seguridad, que es uno de los problemas más graves que aquejan a los ciudadanos de nuestro país.
Hoy más que nunca requerimos encontrar soluciones que permitan abatir los índices de violencia e inseguridad y esto solo se logrará mediante un esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad, para esto se ha enviado una iniciativa de ley constitucional para la creación de la Guardia Nacional, conformada por miembros del Ejército, Marina y la Policía Federal.
Desde la visión del Observatorio Nacional Ciudadano y su red de 27 observatorios locales, existe una preocupación sobre la formación de esta Guardia Nacional, que pensamos es necesario hacer algo, dadas las circunstancias de inseguridad que tenemos en estos tiempos. Y por lo mismo, queremos manifestar a estas honorables cámaras legislativas algunas reflexiones que hemos observado, para que se tomen en cuenta en la promulgación de esta ley sobre la Guardia Nacional.
Como son: la ausencia de un modelo de organigrama, el de una política de fortalecimiento de las instituciones de seguridad civiles, el de la procuración de justicia y el del sistema penitenciario y la ausencia de una prevención del delito.
Otros aspectos a analizar son los costos que genera una nueva institución, así como las violaciones de los derechos humanos y la falta de algún aspecto innovador respecto a lo que ha sucedido en los últimos 24 años en el país.
Otra de las preocupaciones es el no contar con un mando civil que permita tener un acercamiento fluido para propiciar la interacción directa con las víctimas de la delincuencia.
También es importante contemplar el hecho de la inclusión de la Policía Federal dentro de la Guardia Nacional, ya que se perdería una inversión millonaria en tiempo y dinero que se llevó para preparar una de las corporaciones con una capacitación y formación profesional en aspectos de inteligencia, así como la construcción de la plataforma México, en donde se cuenta con una base de datos imprescindible para combatir a la delincuencia organizada.
Esta corporación ha demostrado la investigación e intervención en los casos de secuestro, del asesoramiento a las familias de las víctimas y su capacitación y profesionalismo para la recuperación de las mismas con vida ante este deleznable delito.
No queremos dejar de reconocer a las Fuerzas Armadas por su entrega sin límite, demostrando que son las instituciones más confiables para mantener la seguridad pública ante la descomposición e ineficacia de las corporaciones policiales locales, debido a la falta de capacitación y profesionalismo, y que resultaría desastroso relevarlas de su encomienda actual en el combate a la delincuencia e inseguridad, siendo los gobiernos estatales y municipales los responsables directos de proveer a los ciudadanos de su seguridad personal y la de sus familias.
En resumen, queremos proponer a ustedes algunas sugerencias para la conformación de la Guardia Nacional.
1. Diseñar un modelo de organigrama con definiciones precisas sobre facultades y atribuciones.
2. Contemplar una política de prevención del delito.
3. Políticas públicas de fortalecimiento de las instituciones de seguridad civiles y locales, así como aquellas que están encargadas de la impartición de justicia.
4. Analizar los tiempos y costos de generar una nueva institución como la Guardia Nacional.
5. Prevenir la violación de los derechos humanos.
6. Contar con un mando civil para la Guardia Nacional.
7. Conservar la independencia de la Policía Federal para aprovechar sus capacidades en labores de inteligencia e investigación.
8. Plasmar la responsabilidad directa de los gobiernos estatales y municipales de proveer la seguridad de los ciudadanos mediante la profesionalización de las policías locales.
9. Contemplar la participación permanente de la sociedad civil para evaluar y acompañar el desempeño de la Guardia Nacional. Y, por último,
10. Elaborar índices que permitan medir la eficacia de la actuación de la Guardia Nacional.
Por último, ofrecemos a esta H. legislatura el estudio que se realizó en el Observatorio Nacional Ciudadano “Por un México Seguro”, el cual contiene recomendaciones específicas para que se conviertan en verdaderas políticas públicas que nos permitan recuperar la paz y la tranquilidad que todos los mexicanos merecemos. Muchas gracias por su atención.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias a Héctor Larios Santillán, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Y ahora le pediré a la diputada Verónica Juárez que presente a nuestra siguiente ponente, Dolores González Sarabia.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Bien. Dolores González realizó sus estudios en economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una larga e importante trayectoria en procesos de acompañamiento y transformación positiva de conflictos y construcción de paz a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas civiles, investigación y producción editorial, capacitación, asesoría e incidencia.
Actualmente es coordinadora de procesos de transformación positiva de conflictos, de Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz, una organización civil que surgió para facilitar la gestión administrativa y financiera con el respaldo de la labor mediadora de la Comisión Nacional de Intermediación.
Entre los procesos en los que ha participado destacan la Conai, San Salvador Atenco, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Comed, entre otros. Escucharemos ahora entonces a Dolores González.
La ciudadana Dolores González Sarabia: Buenas tardes, y en principio un agradecimiento por el espacio para compartir algunas ideas desde la perspectiva de la seguridad humana y la Guardia Nacional.
Servicios de Asesoría para la Paz, efectivamente, es una organización dedicada desde hace más de 20 años a la construcción de paz y a la transformación de conflictos sociales. No soy una especialista en seguridad, así que lo que vamos a tratar de plantear más bien es la integralidad y la problemática que tenemos. Cómo percibimos y entendemos el impacto de la Guardia Nacional.
Quisiera decir antes que desde hace ya diez años iniciamos el acompañamiento de procesos organizativos de víctimas de desaparición forzada para encontrar a sus seres queridos y acercarse a la verdad y la justicia, así como para erradicar esta práctica atroz.
En el camino destaca la conformación de un sujeto nacional de gran envergadura, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que articula a más de 50 colectivos de familiares que han desarrollado una alta capacidad de acción, de análisis y propuestas para hacer frente a la problemática de desaparición de personas que vivimos actualmente en México.
Por ello, nos llama la atención de voces de víctimas en estas audiencias, actores cruciales que, más allá de sus testimonios, tienen importantes experiencias, reflexiones y aportes que deber ser consideradas para las decisiones en esta materia. Como lo han expresado una y otra vez en múltiples espacios, sin las familias no.
Ahora bien, para abordar la discusión sobre el marco jurídico de la Guardia Nacional desde la perspectiva de seguridad humana, se requiere primero plantear algunas consideraciones generales que nos permitan valorar la pertinencia contextual y estratégica de esta decisión.
Compartimos el diagnóstico que señala que la profunda crisis de inseguridad y derechos humanos en el país tiene causas de carácter estructural y multifactorial, que se explica en las relaciones de desigualdad, exclusión e injusticia, y procesos de captura y deterioro institucional marcados por la corrupción, la colusión y la impunidad, que han permitido la perpetración de una violencia con enormes costos sociales y humanos hasta hace poco en cifras inimaginables y que, por tanto, es urgente e indispensable un viraje sustancial en la estrategia de seguridad. Pero un viraje ¿hacia dónde? Es la pregunta que necesitamos plantearnos.
El diagnóstico sobre el problema nos indicaría entonces que se requiere diseñar y desarrollar una estrategia integral de seguridad y de largo alcance, pero desde un enfoque de seguridad humana. Es decir, que atienda los distintos niveles y componentes de la problemática.
La seguridad humana, como el paradigma que responde a este diagnóstico, plantea la necesidad de articular una respuesta en la que se considere lo económico, social, político, cultural, ambiental y personal y que por lo tanto requiere del concurso, no solo de todos los órganos y recursos del Estado, sino de toda la sociedad, alineados en la construcción de condiciones para una paz que sea verdaderamente sostenible y duradera.
La seguridad humana, de acuerdo a Naciones Unidas, ayuda a determinar y superar las dificultades generalizadas e interseccionales que afectan a la supervivencia de los medios de subsistencia y la dignidad de los ciudadanos, para generar respuestas centradas en las personas, exhaustivas y adaptadas a cada contexto, orientadas a la prevención que refuercen la protección y empoderamiento de todas las personas para que podamos vivir libres de miedo y libres de necesidad.
Lograr una verdadera inflexión en las dinámicas actuales de violencia, requiere el alineamiento y coherencia de todas las dimensiones de esta estrategia, en su propósito y en su contenido, de manera que el impacto de los cambios jurídicos, institucionales, políticos, que se definan, permita aproximarse efectivamente a la ruta de una transformación social de carácter integral que se necesita.
Optar por la vía de fortalecer la preminencia de lo militar sobre lo civil en la seguridad para esta etapa para reestablecer la seguridad y la paz, se ha dicho, tienes grandes riesgos en este sentido, que nos pueden distanciar de esta paz duradera tan anhelada.
Esto es, en la dimensión que se aboca a atender las causas estructurales que generan exclusión, desigualdad y pobreza, se ha planteado el impulso de un desarrollo sustentable, compartido, con condiciones para el pleno ejercicio de los derechos sociales, la inclusión de sectores vulnerables y el fortalecimiento de capacidades sociales.
Sin embargo, en el escenario actual la vida comunitaria y la defensa de sus territorios se haya en el marco de una cruenta disputa por el control social y territorial de las poblaciones, un profundo desgarramiento del tejido social y un incremento sustantivo de la violación de los derechos humanos.
Qué impacto podemos esperar de una estrategia de seguridad que propone como ruta una mayor presencia de los cuerpos duros del Estado, particularmente militares en los territorios, de cara a una estrategia que hoy debería centrase en un proceso de reconstrucción de tejido social, de desarrollo humano y de paz.
Otra de las dimensiones a considerar frente a la crisis de legitimidad de las instituciones y las formas de convivencia democráticas, ha sido la de fortalecer el Estado de derecho, sus instituciones, prácticas y valores democráticos, se ha hablado de que tendrá que hacerse en apego a los derechos humanos y con pleno respeto a la dignidad de todas las personas, la transparencia y el combate a la corrupción, mediante diversas acciones e instrumentos para ello, el fortalecimiento del federalismo como un desafío todavía no resuelto y la coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno particularmente para los poderes locales, municipales y comunitarios que finalmente son el punto fundamental de articulación, gobierno, sociedad y el espacio privilegiado para el cambio social.
Necesitamos también una cultura de paz para el diálogo horizontal, la transformación del conflicto, la recuperación de la ética pública y una noción de bien común y de proyecto común como sociedad. Sin embargo, todo esto descansa en el fortalecimiento de los componentes políticos y sociales, en la necesidad de una participación auténtica y verdadera, en garantizar el derecho a la protesta y a la defensa de los derechos en todos los ámbitos.
No podemos dejar de señalar, que sigue habiendo muchos desafíos de la presencia de los militares en la seguridad. Cuando Forst, que es el relator de personas desaparecidas de Naciones Unidas, nos ha dicho que los defensores de derechos humanos son objeto de intimidación y obstrucción cuando buscan justicia y corren un riesgo particularmente elevado, sobre todo si han denunciado algún abuso cometido por las Fuerzas Armadas o las fuerzas del orden.
Y en la otra dimensión, la procuración e impartición de justicia, un ámbito fundamental, es imprescindible avanzar en el acceso a la justicia, ágil y transparente. La impunidad es, sin duda, uno de los problemas más graves que mantienen este estado de cosas, se plantea por ello una serie de procesos y niveles que se han venido acumulando a lo largo de estos años, desde el impulso de organizaciones sociales y civiles y particularmente de víctimas.
El fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia para romper los círculos de impunidad, como fue la idea de la nueva Fiscalía, las fiscalías especializadas, mecanismos extraordinarios de búsqueda, de identificación forense, de atención a víctimas y otros que se han planteado recientemente como parte de esta inflexión en la coyuntura de cambio. La Comisión por Ayotzinapa, la Declaratoria de Emergencia en Veracruz, la consolidación de una propuesta integral en Coahuila, que ha venido funcionando desde hace tiempo; una propuesta nacional de justicia transicional mediante nuevas herramientas como la Comisión de la Verdad y un mecanismo internacional contra la impunidad.
¿Qué implicaciones tiene en esta tercera dimensión el facultar a los cuerpos militarizados en tareas de investigación sin controles claros y mecanismo de rendición de cuentas? Nos decía el general retirado, el general Garfias, cómo hay una lógica de la justicia militar distinta de la justicia civil. Cómo se van a dar estos nuevos escenarios en esta presencia ahora legislada y regulada de los cuerpos militarizados o militares en las policías en el territorio.
Finalmente, sobre la seguridad, este es el campo específico el que se está hablando, sin embargo, nosotros entendemos que hablar de seguridad humana y hablar de un proyecto de transformación integral requiere alinear todas las dimensiones. Se requiere por ello una visión articulada y alineada de cambio.
Si bien se ha reconocido la necesidad de participación acotada excepcional y temporalmente de las Fuerzas Armadas para recuperar áreas y zonas fuera de control del Estado, no podemos dejar de mencionar la letalidad y el escalamiento de la confrontación con la participación de estos cuerpos en esta disputa.
Se necesita replantear y fortalecer el sistema nacional de seguridad pública con un acento en lo local, como se ha dicho aquí, en el que las policías sean profesionalizadas y se fortalezca la acción comunitaria para la prevención del delito en el entendimiento de la seguridad sobre todo como una producción social.
Para avanzar en esta línea, solamente queremos llamar a la reflexión. La Constitución es un reflejo de los factores reales de poder en el país. Estamos creando en ese reflejo un factor muy importante al dar este marco de regulación a las fuerzas militares en la seguridad pública.
La estrategia de seguridad nacional desde un enfoque de seguridad humana, requiere fortalecer aquellos cambios que garanticen un proceso amplio, integral de paz sólida y duradera hacia nuevas formas de relación que consideren y beneficien a las víctimas de esta terrible confrontación, pero también pongan en general al centro a todas las personas en un proceso de diseño institucional y construcción política con la participación de todos los actores. Muchas gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias por estas contribuciones a esta importante discusión.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Ahora voy a presentar a nuestra siguiente ponente que es Georgina Bujanda Ríos. También aprovecho para agradecerles la paciencia por el cambio de orden de los ponentes.
Ella es diputada local en la LXVI Legislatura de Chihuahua, presidenta de la Comisión de Seguridad en el Congreso Local. Es licenciada en Derecho, cuenta con la maestría en Políticas Públicas Comparadas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México.
Además, tiene un master en Estudios Políticos Aplicados en la Fundación Internacional y Para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Becaria en Madrid, España. Fue secretaria ejecutiva del sistema estatal de seguridad pública en Chihuahua. Cuenta con un diplomado en el Mando Policial por el CIDE y la extinta CNS.
Cuenta con un diplomado en Prevención del Delito en el ámbito local por la Universidad de Chile. Fue secretaria técnica de la Comisión de Seguridad Pública en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y se ha desempeñado en instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos.
La diputada Georgina Bujanda Ríos: Muy amable, gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de diputados por esta oportunidad a las demás compañeras y compañeros que también participan el día de hoy. No quiero dejar de mencionar las atenciones y gentilezas que ha tenido con nosotros el secretario técnico, el maestro Sánchez.
Como pudieron ver ustedes, conozco las instituciones de seguridad pública de nuestro país, de hecho yo comencé en ellas a los 19 años en la Policía Municipal de Chihuahua, orgullosamente pertenecí a esa corporación, entonces conozco sus entrañas y en ese sentido yo llamaría a las mujeres y hombres que están en el Congreso de la Unión, que tienen una óptica derechohumanista, de seguridad y que conocen bien los enfoques preventivos de la seguridad, yo sé que en todos los partidos políticos existen estos perfiles.
A ustedes que tienen frente a ustedes esta enorme oportunidad de la definición de la política pública de seguridad y justicia más importante del país, les pido que tomen en cuenta nuestras opiniones y que este ejercicio efectivamente sirva para enriquecer el dictamen, para lograr la seguridad y la paz que tanto anhelamos y que tanto nos merecemos las mexicanas y los mexicanos.
Bueno pues yo quiero empezar parafraseando a Leticia Leal Moya y a aquel informe del PNUD de 1994, que define a la seguridad humana como una categoría de carácter integrativo y que se aparta de un concepto de seguridad defensivo de carácter militar.
Este enfoque va más allá de la seguridad entendida en términos tradicionales, es decir, de la defensa militar, de la integridad territorial de estados y de estructuras de poder.
La seguridad humana tiene un carácter integrativo, no defensivo como el militar, y a eso creo yo que debemos de apelar, a una estrategia de seguridad que integre a las corporaciones estatales y municipales sin dejar de lado y con el Ejército y la Marina, ya que su contribución es amplia y debe reconocerse.
Debemos aspirar a una concepción sistémica de la seguridad y justicia, y por ello se llama sistema, de hecho.
Si al dictamen de la Guardia Nacional se le modifica y se expresa con claridad ciertas precisiones como sus funciones, pero sobre todo su mando, y no solamente el mando, la adscripción civil que tiene que tener en la Secretaría de Seguridad Pública, puede ayudar a contribuir a garantizar la seguridad bajo una estrategia que no deja de lado o no debe dejar de lado a las demás instancias, incluyendo a las demás policías, pero sobre todo también a la procuración de justicia, que entienda las diferencias funcionales.
Existe una falsa dicotomía entre reacción y prevención, entre investigación y prevención, pues es tanta prevención como investigación y es tanta reacción como inteligencia policial. Se requieren todas y se requiere ese nivel de especialización para que efectivamente pueda tener éxito el sistema penal acusatorio y el sistema de seguridad de nuestro país.
Es claro que la seguridad pública implica muy diversas vertientes. La seguridad es el género próximo y las vertientes son las diferencias específicas. En ese sentido está la prevención social de la violencia, la prevención del delito, la procuración de justicia, la administración y la reinserción social.
Yo veo con preocupación que en esta asamblea se habla de la Guardia Nacional, pero también en el Presupuesto de Egresos se hicieron reducciones importantes a otras áreas de seguridad, ejemplo la reinserción social, y también se está planteando una reforma al artículo 19 constitucional, y se está ampliando el Catálogo de Delitos con prisión preventiva, cómo si no contamos con buenas cárceles y además se les reduce el presupuesto.
En ese sentido vemos con preocupación que la Fiscalía General de la República va a nacer con una reducción presupuestal en términos reales del 12 por ciento, o a que los municipios se les reduce en mil millones de pesos los recursos para hacer frente a esta tarea, y que el FAST decrece en términos reales, en un 0.6 por ciento.
La Guardia Nacional que está contenida en este dictamen, debe de estar diseñada como parte de un sistema, no como para neutralizar riesgos y amenazas.
Se las pongo ¿a qué nos referimos con un sistema? Hagan de cuenta que ustedes tienen una enfermedad crónica degenerativa y entonces el primer síntoma que ustedes localizan, es una enfermedad coronaria o un síntoma coronario. Pero si nosotros no atacamos también la función renal, tarde o temprano esa desatención en la función renal, va a repercutir en las acciones que estamos haciendo en el corazón.
Y en ese sentido yo quiero hacer una serie de precisiones muy puntuales que veo yo en el dictamen.
La primera, para mi gusto no existe claridad en la definición del artículo 21 constitucional, por una parte, enumera la Guardia Nacional junto con la federación, los estados y los municipios, en el desempeño de funciones descritas en el párrafo noveno que implica la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como las sanciones, infrac... perdón, de las infracciones administrativas en los términos de la ley.
¿Sobre qué bases va a realizar investigación o prevención un cuerpo que de conformidad con los transitorios va a iniciar operaciones una vez que la ley esté aprobada? Es decir, sin contar con el tiempo de formación.
Y quien esté aquí y haya pertenecido a instituciones de seguridad y justicia, saben que se tiene que tener un tiempo de formación, que el reclutamiento y la selección son importantes, son imprescindibles.
En ese sentido ¿alguien puede imaginar la detención de un elemento con ADN militar de una sanción administrativa, del borrachito del barrio? Se los dejo a reflexión.
Este mismo artículo sujeta a las demás instituciones a bases que implican el reclutamiento, la selección y la formación que establece la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, incluye el control de confianza.
Sin embargo, para la Guardia Nacional se pretende establecer un régimen diferenciado a través de una Ley Orgánica distinta. Entonces mi pregunta para quienes van a dictaminar es: ¿es o no es una institución de seguridad pública, porque si lo es ya existe una ley y es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica? Métanle la reforma esa ley.
La misma propuesta de artículo establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública será establecido por instituciones de carácter civil, disciplinario y profesional, el Ministerio Público y la Guardia Nacional, es decir, un sistema de desigualdades sujetos a beneficios y cargas distintas con naturalezas distintas desde mandos, unos civiles, a otros donde hay una simulación de que va a estar en la Secretaría de Seguridad Pública, pero que eminentemente está en la Sedena, porque incluso antes de que exista y ustedes la dictaminen, ya se habló al reclutamiento.
Lo mismo me pregunto con el registro de detenciones, estos registros ya existen en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, perfeccionémoslo. Ahora, en el caso de uso legítimo de la fuerza, en cualquier Estado democrático de derecho implica principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad, que la ley sea la misma para todos los cuerpos de seguridad.
Segundo. Respecto al artículo 13 constitucional, para mi gusto es confuso e impráctico, porque se dice que estarán sujetos la Guardia Nacional, la jurisdicción civil, pero por otro lado, otra vez hace una distinción y dice que la disciplina estará sujeta a la disciplina militar.
Entonces, volvemos a lo mismo, ¿de qué tipo de corporación estamos hablando? Más, cuando conocemos una resistencia histórica de los militares y nos lo comentaba el general, a someterse al fuero civil.
Tercero. Con esta distinción tan grande entre fueros, disciplinas y, sobre todo, las prestaciones del 123 constitucional, así como del equipamiento, perdonen que los diga, pero se están creando cuerpos de seguridad de primera, y cuerpos de seguridad de segunda.
Un régimen como la cuarta transformación que dice que quiere acabar con privilegios, con desigualdad, con la corrupción, no entiendo cómo puede diferenciar y discriminar a los policías de las instituciones estatales, municipales y a los de la Guardia Nacional. Con el debido respeto, en México no hay personas de primera, de segunda o de tercera. Qué bueno que se esté pensando en dignificar, en profesionalizar y en tener cobertura para las familias, pero que sea parejo, eh.
Cuarto. Asimismo el Código Nacional de Procedimientos Penales y a su vez, el Protocolo Nacional de Primer Respondiente se encuentran en vigor. Por tanto, existe la duda respecto a la participación de la Defensa y la Marina como primeros respondientes. Esto es básico, ya que el primer respondiente constituye la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de intervención, es decir, donde se cometió un delito.
Por lo tanto, la Fuerzas Armadas de conformidad con este dictamen, estarán facultadas para actuar en apoyo a la autoridad civil, pero sin son las primeras que acuden al lugar de los hechos y, por tanto, se les faculta a prevenir e investigar, como está en el 21 constitucional, aún con la resistencia que presenta el Ejército, deberán llenar los informes policiales homologados, apoyar a las víctimas, interrogar testigos, acordonar lugar de los hechos, establecer la cadena de custodia, a actuar bajo las órdenes y coordinación del Ministerio Público, y lo más importante es que deberán acudir ante un juez penal si es solicitado su testimonio frente a un juez local o federal.
Actualmente vemos casos en Veracruz, donde el Ejército hace funciones de policía municipal y se niega a llenar informes policiales homologados. Por supuesto que requieren capacitación y los llamo a que se revise esta parte del transitorio hasta que no exista una formación y sobre todo una definición real de lo que estamos hablando.
Si ellos son los primeros respondientes, si no se realizan todas estas actividades que establece el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, imagínense qué va a llevar el guardia ante el Ministerio Público, la incapacidad del Ministerio Público para judicializar una carpeta de investigación y mucho menos para obtener una sentencia condenatoria. La impunidad no nos abona.
Quinto. A este mismo pediría que se analice la parte del artículo 19 constitucional. Yo también pediría que imaginen a alguien con un ADN militar, si existe pena privativa de prisión por un delito como robo a casa-habitación, estaremos expuestos todos.
No deja de sorprender y de preocupar que la Secretaría de Seguridad Pública sea una caja de cartón. Se dice que va a hacer funciones de planeación y ejecución fundamentales, pero las funciones sustantivas reales de un cuerpo de policía están en la Sedena. Entonces, o están en la Sedena o están en la Secretaría de Seguridad Pública federal, y recomendablemente tendrían que estar en un mando civil porque esa es la tendencia internacional de democracias avanzadas.
Yo creo que también se atenta al servicio de carrera de mis compañeros de la Policía Federal, y les pido que lo chequen porque la iniciativa y el dictamen habla que en el caso de los rangos de militares y marinos se respetará su rango, sin embargo, en el de la policía Federal débil y tímidamente se habla de buscar homologarlos. O sea, para alguien que hemos pertenecido a estas instituciones es una cuestión de orgullo, es una cuestión de sentido de cuerpo, es una cuestión de nuestra carrera.
Por último, yo lamento mucho que no estén aquí los verdaderos operadores del sistema, me hubiera gustado mucho ver aquí a Ministerios Públicos, a policías, a peritos, porque ellos son los que se la rifan en la calle.
Yo creo que no debemos de ahondar a las diferencias, a la definición, sino abonar a las soluciones que son muy necesarias y que deben ser sistémicas y armonizadas con un sistema de seguridad y justicia en su conjunto. Debemos de trabajar en construir una política de Estado, se los pedimos a los integrantes del Congreso de la Unión, de acuerdo y de derecho donde quepamos todas y todos, no solamente quienes votaron por una opción, principalmente el Estado democrático de derecho, las instituciones fuertes y los derechos humanos.
La seguridad pública es una función, es un servicio, pero sobre todo es un bien público al que todos tenemos derecho. Yo les diría, no repitamos la experiencia de pensar que un mando militar es la solución. Tamaulipas está intervenido desde 2005, ahí están los resultados.
Yo hago de verdad un llamado, creo que es factible construir una seguridad concretamente ciudadana, con carácter democrático de derecho, siempre y cuando las instituciones tengan un mando civil, tenga claridad, definición funcional, tenga un carácter de sistema, controles democráticos, se respete el federalismo, pero sobre todo que tengamos muy claro que para fortalecer una parte no hay que destruir el resto de componentes, como las necesarias policías de proximidad del ámbito local, del ámbito estatal y que se debe fortalecer a los Ministerios Públicos. Muchas gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Agradecer nuevamente a Georgina, diputada colega, por su participación, y ahora vamos a ceder el uso de la palabra a nuestro siguiente ponente. Para ello le pido a la diputada Lorena Villavicencio que presente a Isabel Erreguerena.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Isabel Erreguerena es licenciada, aquí no dice de qué es licenciada. Inició su actividad profesional en el año 2005 en el área jurídica del Banco ING, en donde desarrolló conocimientos corporativos relacionados con las actividades financieras de la institución.
Posteriormente, en el año de 2007 ingresó en la inmobiliaria Alcano, SA de CV, en el área jurídica, llevando a cabo actividades legales corporativas y propiedad industrial. La licenciada Erreguerena ingresó a Erreguerena y Abogados, Sociedad Civil, en el año 2011...
La ciudadana Isabel Erreguerena: No, esa no es mi semblanza, creo que hay una confusión. Pero no hay problema.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Si nos las pudieras comentar así muy brevemente. Adelante.
La ciudadana Isabel Erreguerena: Claro que sí. Soy licenciada en derecho por el ITAM. Tengo una maestría en derecho internacional con especialidad en derechos humanos y en organismos internacionales por Washington College of Law, y estoy haciendo el doctorado en antropología social en la Universidad Iberoamericana. Trabajé en sector público en la CNDH y en la Misión de México ante Naciones Unidas por 10 años, también en el IFAI, y hoy soy coordinadora del área de políticas públicas de Equis Justicia para las Mujeres.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Muy bien.
La ciudadana Isabel Erreguerena: Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, diputadas y diputados que están aquí presentes y muchas gracias a todas las mujeres y hombres que están siguiendo esta transmisión.
Hoy estoy aquí representando a Equis Justicia para las Mujeres. Somos una organización feminista dedicada al acceso a la justicia y desde hace varios años estamos dándole seguimiento al impacto de la guerra contra las drogas en las mujeres de manera específica. Por lo tanto, en los siguientes minutos seré muy concreta, abordando dos temas, uno, explicando los efectos de la guerra contra las drogas en las mujeres, y después una propuesta muy concreta como tal.
Empiezo con el primer punto, y para esto pediría si pueden poner la presentación que les puse, de PowerPoint.
El primer punto habla sobre el cambio en la dinámica de los asesinatos de las mujeres en México.
Pasamos a la segunda lámina. En el caso de los asesinatos, al igual que como ocurre con los hombres, los asesinatos de las mujeres en México se incrementaron drásticamente a partir de 2007, cuando se implementa la guerra contra las drogas, y esto se debe a un nuevo fenómeno que podemos y hemos documentado, los asesinatos con arma de fuego en el espacio público.
–Esto pasa a la siguiente lámina.
Podemos ver que de 1997 hasta 2009, eran mayores los asesinatos que ocurrían en la vivienda que en el espacio público. En 2009 vemos que esto cambia drásticamente, siendo –como pueden ver el pico– los asesinatos en el espacio público mucho mayores que en la vivienda. Podemos ver que los asesinatos en la vivienda son constantes, mientras el pico de los asesinatos en el espacio público es muy claro.
Por otro lado, estos asesinatos en el espacio público son muy interesantes, porque siguen patrones geográficos diferentes que los asesinatos en la vivienda. Los asesinatos en la vivienda ocurren, por ejemplo, en los municipios de Arteaga, Cañada de Morelos, Camargo y Victoria, mientras los asesinatos en el espacio público son los mismos municipios donde ocurren los mayores asesinatos que los hombres, Ascensión, Juárez, Charcas, Vía Purificación.
El segundo punto es el asesinato con armas de fuego. Pasamos a la siguiente lámina. Podemos ver que el asesinato con armas de fuego de mujeres tiene un pico mucho más grande que el asesinato con otras armas, como armas cortantes o ahorcamiento. Siendo así que las mujeres están siendo más asesinadas y siguen los mismos patrones que los hombres. Este es el primer gran cambio que hemos documentado respecto a la afectación en las mujeres.
El segundo punto que EQUIS ha documentado de manera generalizada es la privación de la libertad de las mujeres por la guerra contra las drogas. Hemos documentado que aunque somos muy pocas de la población penitenciaria, alrededor de 7 por ciento, tenemos una afectación desproporcionada por los delitos relacionados con la salud.
En el fuero federal representa el 43 por ciento de las mujeres privadas de la libertad es relacionado con delitos de la salud, y en el fuero común tenemos un 103 por ciento de incremento por mujeres que son privadas de la libertad, ingresadas por delitos contra la salud. Casi lo doble que los hombres por los mismos delitos.
Además, eso nos lleva a pensar y lo que hemos documentado en EQUIS es por qué están siendo privadas, y eso hemos documentado diversas violaciones a sus derechos humanos, como detenciones arbitrarias, dilación para ponerlas a manos de las autoridades y eso nos lleva a algo muy específico, que es la tortura. Se ha documentado, de acuerdo a la Encuesta de Población Penitenciaria, que las mujeres son torturadas y World Justice Project hizo un análisis de la Encuesta de Población Penitenciaria de 2016, donde prueba que el 41 por ciento de las mujeres violadas en la detención son por la Marina y el 21 por ciento son por el Ejército, mientras por la Policía solo es el 13 por ciento. En contraste, los hombres son más violados por la Policía en un 6 por ciento, que por la Marina y la Armada.
La siguiente afectación que hemos documentado es la desaparición forzada, no solamente estamos siendo desaparecidas, sino 9 de cada 10 personas que buscan desaparecidos son mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que somos las que nos estamos enfrentando a un sistema de justicia ineficaz, donde no solo asesinan personas, sino desaparecen personas.
Dicho esto, después de haber documentado esto, no nos es suficiente, diputadas, diputados, lo que ponen en el artículo tercero transitorio sobre formación de perspectiva de género. No solo no lo definen, como ya mencionaba la representante de ONU Mujeres, sino es un problema institucional.
Como se mencionó en la mesa anterior, lo han dicho diferentes estándares internacionales, la Corte Interamericana, los militares están entrenados para derrotar al enemigo, no para proteger civiles.
Entonces, si no hacemos cambios institucionales, si no tenemos un mando civil, si no tenemos y fortalecemos, algo que se ha dicho muchas veces aquí, a las Policías locales, si no tenemos rendición de cuentas es gravísimo, no tenemos bases de datos.
Lo que mencionaba Alejandro Madrazo en la mesa anterior, no es posible que la Secretaría de Defensa no haya reportado los asesinatos desde 2004. Imagínense, exigimos transparencia y exigimos información desagregada por género, queremos saber a cuántas mujeres nos están matando, a cuántas mujeres nos están desapareciendo.
También creemos en la transparencia y en los mecanismos de fiscalización y los invitamos a sumar las voces de las mujeres.
Por último, diputadas, diputados, damos la bienvenida a discutir la seguridad pública en el espacio público, pero los invitamos a que no dejen de olvidar aquellas mujeres en esa gráfica que viven violencia en el espacio privado. No las podemos olvidar. Muchas gracias.
La moderadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias, Isabel.
La moderadora Laura Angélica Rojas Hernández: A continuación, le pediría a la diputada Verónica Juárez que presente a Ixchel Cisneros, de Seguridad sin Guerra.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Ixchel Cisneros estudio periodismo en la escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha colaborado en los principales periódicos y publicaciones del país. En 16 años de carrera como periodista trabajó en radio, televisión, prensa y Web. En 2012 estudió en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, la maestría en periodismo y asuntos públicos y actualmente es directora de El Día Después MX. Adelante Ixchel.
La ciudadana Ixchel Cisneros: Hola. Muchas gracias por la invitación, pero la verdad me hubiera encantado que en lugar de estar yo aquí, hubiera estado una víctima de la violencia y la inseguridad de este país, que no fueron invitados a estas audiencias y son quienes han sufrido 12 años de agresiones.
Quisiera contarles, en principio, que uno de los primeros estados donde se implementó esta estrategia de seguridad militarizada por el presidente Felipe Calderón fue en Chihuahua y entonces me gustaría que viéramos este video.
“El ciudadano Saúl Reyes Salazar: (Inicia video) Buenos días. Mi nombre es Saúl Reyes Salazar, provengo de una familia de activismo social por los últimos 30 años en México, en el Valle de Juárez, concretamente, nuestra lucha siempre se desempeñó en contra de la corrupción, en contra de las bandas de criminales, en contra de la prepotencia, en contra de los abusos policiacos por los derechos humanos y por la ecología.
A partir de 2008, con la llegada del Ejército al Valle de Juárez, en la guerra absurda declarada de Felipe Calderón, fuimos objeto de acoso, persecución política y fueron asesinados cuatro hermanos míos, una cuñada y un sobrino. Nosotros, el resto de la familia, nos vimos en la necesidad de buscar el asilo político en los Estados Unidos.
Hoy, tenemos ya 7 años esperando que las condiciones de México cambien para poder regresar a nuestro país, como es el anhelo de todos los mexicanos exiliados que soñamos con regresar a una patria ordenada de esperanza.
Esperanza y confianza tenemos en el nuevo gobierno, pero no compartimos su idea de incluir en la Guardia Nacional al Ejército, ya que la mayor parte del Ejército está corrompido y asociado con los criminales, ya que el Ejército mexicano ha sido el órgano represor histórico para el pueblo y para las voces críticas del gobierno.
Es por eso que los exiliados en los Estados Unidos y otras partes del mundo pensaremos dos veces en regresar a nuestro país, ya que no existe confianza de nuestra parte, son muchos los elementos que tenemos en contra del Ejército mexicano como para que se haga cargo de la seguridad de nuestro país.
Nosotros consideramos que la Guardia Nacional debe de tener mandos civiles y debe apegarse a un marco legal en el que puedan realizarse las labores de inteligencia y seguridad. Y sobre todo, de honestidad para sacar adelante a nuestro país”. (Termina video)
La ciudadana Ixchel Cisneros: Bueno, pues ustedes no están para saberlo, pero yo tengo tres hijos. Y jamás en la vida mis hijos, si yo les pregunto, qué no les gusta de su ciudad, dibujarían cosas como las imágenes que les vamos a mostrar. Acá las traigo en pequeño, pero se las vamos a mostrar, donde niños de Ciudad Juárez muestran a mujeres siendo torturadas. Señalan ese justo, lo que no me gusta de Ciudad Juárez, no me gusta la violencia y que desaparecen a los niños. No me gustan las matanzas, no me gustan los malos gobiernos. Lo que no me gusta de los militares es que desaparecen a las personas. El robo de personas.
Esto dibujan niños en Ciudad Juárez. Yo tengo tres y yo no quiero que mis hijos en lugar de dibujar mariposas, en lugar de dibujar arcoíris terminen dibujando a una mujer siendo torturada.
Y ustedes, tenemos evidencia y en la mañana hubo un foro donde se les presentó un montón de evidencia, donde les señalaban específicamente con pruebas por qué la estrategia militar no había funcionado. Esta estrategia militar ya ha sido probada por 12 años y no ha funcionado.
En principio tenemos 250 mil personas muertas y 37 mil desaparecidas. Quien crea que la estrategia militar funciona debe de voltear solamente a ver estas dos cifras, además de todas las que nos mostraron en la mañana y las que nos han repetido el día de hoy.
Lo que sí les quiero decir es que nosotros no somos ingenuos y sabemos que el problema de seguridad y de violencia en este país es grave. Y que las policías municipales, estatales y federales no están preparadas para combatirla. Pero también sabemos y tenemos pruebas de ello, que con las Fuerzas Armadas en las calles han aumentado los homicidios y han aumentado las violaciones a derechos humanos. Y también sabemos que las Fuerzas Armadas no están preparadas para enfrentarse a los civiles.
Y por eso pedíamos una estrategia distinta, lo cual nos sorprendió en el momento en el que presentaron esta Guardia Nacional, esta Guardia Nacional militarizada. Porque tienen que aceptar que es una Guardia Nacional militarizada en su proyecto.
Tanto Andrés Manuel López Obrador como varios legisladores prometieron regresar a los cuarteles a los militares. Y muchos de nosotros dimos el voto solo por eso. Y ahorita nos están dando la espalda.
Lo único que les pedimos es que sean congruentes, que sean valientes y que se defiendan de las presiones, cualesquiera que estas sean. Porque por lo menos el año pasado estaban en contra de la Ley de Seguridad Interior muchas y muchos de los que hoy defienden a la Guardia Nacional.
Y pues con esta Guardia Nacional lo único que tenemos... Porque además me parece –eso de la congruencia es tremendo– que los argumentos que utilizan quienes defienden a la Guardia Nacional son los mismos argumentos que utilizó Felipe Calderón cuando lanzó a las Fuerzas Armadas a las calles: uno, es urgente atender una crisis de violencia. Dos, la población solo confía en el Ejército. Tres: es una medida temporal. Pero aquí está peor, porque lo vamos a poner en la Constitución.
Ni en sus sueños más locos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pensaron o por lo menos tuvieron el poder en las Cámaras para ponerlo en la Constitución. Y ustedes lo tienen en sus manos y están siendo incongruentes con lo que hace un año planteaban. Y, además, le están siguiendo la historia de la militarización tras 12 años.
Y la última de las razones que daba Calderón en ese entonces era que sí iban a respetar los derechos humanos las Fuerzas Armadas. Es exactamente lo mismo que nos están diciendo ahorita, estos 4 argumentos son exactamente los mismos argumentos que nos están dando ahorita, 12 años después, cuando hay 150 mil personas muertas y 37 mil desaparecidas.
Entonces, lo único que les quiero decir es que no si se hayan dado cuenta, pero la estrategia de seguridad militarizada en México no funcionó y no funciona. Con esta Guardia Nacional no gana el pueblo de México, al cual se supone que íbamos a representar con este gobierno. No ganan las víctimas de la violencia. No ganan las bases de las Fuerzas Armadas, quienes no quieren estar en la calle enfrentándose a los criminales.
Con esta Guardia Nacional ganan las elites militares, a quienes se les está dando presupuesto y a quienes se les está dando poder constitucional para ser de seguridad pública.
Como bien decían en la mañana, ellos no van a querer un mando civil, por supuesto que no. Esto no les da el poder absoluto, que es lo que están pidiendo desde hace 12 años. Y ustedes, si no cambian de opinión, están a punto de dárselos.
La Guardia Nacional no resuelve los problemas de inseguridad, y aunque les duela, la Guardia Nacional es darle continuidad a la estrategia de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Las y los mexicanos queremos paz, queremos que nuestros niños y niñas dibujen mariposas, arcoíris y ositos. No queremos que dibujen mujeres torturadas, como lo hacen los niños desde 2008 en Ciudad Juárez. Gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias, Ixchel, sobre todo por traer a esta mesa testimonios, que a veces eso nos falta discutir en estos espacios. Muchas veces son discusiones teóricas, en abstracto, y traer a estos espacios testimonios reales de lo que sucede siempre ayuda mucho.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente ponente es Samuel Ferrer Palacios, es nuestro penúltimo ponente. Le quiero pedir a la diputada Lorena Villavicencio que lo presente, por favor.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Sí, con mucho gusto. El doctor Samuel Ferrer Palacios es médico cirujano, posgraduado en medicina legal, maestría en ciencias forenses, perito médico legista, presidente del Colegio Nacional de Ciencias Forenses y de Odontología Médica, delegado en el estado de Veracruz del Colegio Nacional de Médicos Militares, doctorado en ciencias forenses, diplomado en sistema penal acusatorio adversarial de juicios orales, certificado por el FBI y certificado por la DEA. Bienvenido.
El ciudadano Samuel Ferrer Palacios: Buenas tardes-noches a todos ustedes. Antes que nada, quisiera yo hacer un reconocimiento extenso a los presentes aquí en la mesa de presídium, saludarlos con mucho afecto. Reconocer la presencia de todos ustedes y particularmente de un senador de la República, por Veracruz, me refiero a Dante Delgado Rannauro, y a todos ustedes, compañeros, participantes en estos foros que tan acertadamente han convocado, de la Coordinación Política del Congreso, al secretariado técnico del Congreso también, gracias por la invitación, y gracias por estar todos ustedes aquí.
Había elaborado una serie de documentos, producto de mi expertiz en todo lo que tiene que ver con el riesgo, la identificación del riesgo, el análisis del riesgo, la gestión integral del riesgo con respecto a lo que ahí vemos y a lo que es el motivo de esta reunión, Seguridad Humana.
Pero esto se remonta desde los principios de la humanidad cuando el ser humano primitivo ante las erupciones y toda una serie de fenómenos nacionales, de fenómenos naturales, tenía que buscar a dónde resguardarse para evitar ser víctima de estas agresiones naturales. Y bueno esto me sirve para reconocer la presentación de todos mis compañeros académicos y colegiados, gracias porque a ellos lo estoy, estoy en lo particular, y yo espero que ustedes también, aprendiendo. Aprendiendo de lo que ustedes acaban de decir, muy acertadamente Georgina, la diputada. Ya se fue, de Chihuahua.
Porque yo creo que es un espacio de reflexión más que nada, me permite hacer, invitarlos a la reflexión con palabras claves, es seguridad humana. Brevemente me remonto hasta la época primitiva, seguridad humana donde el ser humano siempre ha tenido y ha deseado tener seguridad.
Toca ahora en este momento a la Guardia Nacional proveer esa seguridad humana, que más que nada está implícita en toda su responsabilidad como seguridad pública y protección ciudadana.
Por eso mi invitación es a este espacio de reflexión, que para mí es muy importante porque, efectivamente, no están integradas las políticas públicas que tienen que ver con el aspecto de un comando, co-mando, no mando único.
Han sido tres expresidentes que, ante la fallida repetición de un término obsoleto, mando único, que no sirve, no sirvió y no servirá si se sigue pensando en ese mando único que fomentó, fomentó esas cifras tan altas de más de 250 mil, vamos más allá, los que nos dedicamos al análisis de los datos, 300 mil, es decir, ¿qué sucede?
Ha fallado ese mando único. ¿Por qué? Porque fomentó la competencia y no la colaboración, de ahí que se tenga que analizar la importancia. Ahorita que se está diciendo: bueno militarizado, protección ciudadana, mando civil. Nosotros los colegiados del país y del estado de Veracruz creemos y proponemos que es un mando, un comando, un mando o comando preventivo, operativo, inteligente, de mando unificado, que se tiene que capacitar desde el punto de vista de la estructura básica, el elemento, el soldado de primera, el policía de primera, el policía de segunda, el cabo, el sargento policiaco, se tiene que capacitar en el comando preventivo, operativo, inteligente de mando único, de mando unificado.
¿Dónde? Es precisamente el grupo colegiado el que va a determinar la guía de acción que en su momento va hacerla trascendente para poder llevar a cabo la seguridad humana que requiere el país. Pero obviamente también, vuelvo a repetir, es el mando inferior, policía de primera, policía de segunda, policía de tercera, cabo, sargento, el que tiene que ser capacitado en estas herramientas de este comando preventivo, operativo e inteligente de mando unificado.
Pero también los mandos medios, y me refiero al decir mandos medios en esto, me refiero a la sociedad civil, y aquí viene el término de policiación, policiación. La sociedad civil tiene que ser policiada y también el Ejército. La policiación del Ejército.
De tal manera que este comando preventivo, operativo inteligente, a través de esta identificación, el análisis y la gestión integral de los riesgos en general de este índice criminal, criminalístico que existe, a través de este comando preventivo, operativo inteligente de mando unificado, nos va a permitir a los generales que no están capacitados en esto, a los coroneles, a los mayores, a los capitanes primero, segundo; a los tenientes, a los subtenientes y a la tropa, a las clases, para que sean un mando policiado mientras en su momento de aprobarse la ley, que tengo entendido que para allá va, o ya está, en su momento en los cuatro o cinco años, si es que no hay al resultado que queremos que sea un mando civil, pase, como dice la ley, al mando civil.
Pero debe de ser a través de esta estrategia, de esta táctica, de esta logística y de esta operación. No se puede operar lo que no se ha hecho con estrategia. No se puede hacer un plan estratégico si no se tiene logística para la aplicación de ese plan. Estrategia, táctica, logística y operación van de la mano.
De tal manera que para nosotros en Veracruz estamos en un momento muy importante porque los índices de homicidios, de feminicidios, decía el secretario Durazo es un foco rojo, y yo le decía: Es un código rojo, señor, y requiere la unificación, la colaboración y no la competencia.
Pero así está en todo el país, por eso nosotros consideramos que se debe plantear la estrategia del comando preventivo, operativo inteligente de mando unificado para que la sociedad civil en su momento tenga las herramientas para poder guiar y conducir el barco desde el punto de vista de este mando unificado. No mando único. Son tres sexenios donde este mando único y ahí está el resultado. Cerca de 300 mil muertos. No funciona, no sirve porque no se capacita inteligentemente. Hablando de las inteligencias múltiples, hay la inteligencia del matemático, hay la inteligencia del músico. Hablando de las múltiples inteligencias.
Tenemos que capacitar al respondedor, al agente respondedor, y me regreso a la policía. Desde la formación inicial básica del policía, que es un curso de tres meses, seis meses, qué sucede. Ahí les vamos a hablar de feminicidios, de cadena de custodia. Necesitamos que se cree, el otro comentario, la universidad de la policía y la seguridad pública para que al final de seis años, cinco años, tengamos la doctrina de la policía de la seguridad nacional.
Pero eso es todo un proceso. Hemos dado un gran paso. Ahí está... definitivamente es un gran paso porque estamos aquí la gente que reúne desde el punto de vista colegiado la experiencia no nada más en la teoría, sino en la práctica. Hemos estado en la ranchería, lo decía Georgina, la diputada de Chihuahua, que policía en su formación inicial básica de carrera. Hemos estado ahí donde se genera el dato, la víctima a través de la seguridad humana que no se va.
En su momento se requiere crear todo un proceso colegiado, educativo en donde precisamente se le instruya con esa doctrina policiaca al elemento que ingresa a ser un aspirante a buen policía a través de esta universidad de la policía de la Guardia Nacional. Pero es todo un proceso.
Se ha dado el primer paso, que si es militar, que si es civil, definitivamente nosotros creemos que a través de esa estrategia que tiene que ver con la inteligencia aplicada al agente respondedor, al tomador de decisiones, capacitado va a entender que es colaboración y no competencia, que es lo que lamentablemente ha quedado sesgado de toda esta política pública que tiene que ver con la Guardia Nacional.
Entonces nosotros estamos de acuerdo, invitando a los expertos. Les decía yo hace un momento que vamos en Veracruz, en el congreso, el Colegio Nacional de Ciencias Forenses, convoca con un grupo también colegiado, a que nos reunamos a analizar lo que para aquellos hechos seguramente ya fue aprobado por el Congreso, pero con esta visión que les acabamos de comentar, analizar precisamente los retos y las perspectivas de eso que ya va a ser para esas fechas una realidad, que es la Guardia Nacional.
Entonces esa es mi intervención, breve en este sentido, pero cerrando ya el capítulo de todos los que me antecedieron y que de alguna manera para mí era muy importante manifestar lo que hemos hecho en Veracruz, que se ha quedado sesgado porque se requiere voluntad política, pero hoy en día con la nueva administración del gobierno, estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto, y que vamos a aplicar este comando preventivo, operativo inteligente de mando unificado a través de la estrategia, de la táctica, la logística y la operación, con pertinencia, con factibilidad y transcendencia, estamos convencidos.
De ahí que esa es la propuesta que yo hago a los señores del presídium, diputados y senadores, y que estos ejercicios didácticos a que tuvieron bien invitarme, se sigan construyendo para que efectivamente lleguemos a la verdadera pacificación de la nación y a la construcción de la paz que tanto necesitamos porque no se va a llevar en cinco años.
Para lograr, eso que me antecedieron mis compañeros ponentes, académicos, fíjense lo que les voy a decir: no menos de 20 años, no menos de 20 años. Esto es dramático. El sistema penal acusatorio adversarial 2008. Del 16 debía de quedar el sistema penal acusatorio adversarial, y vuelvo, así como ahorita se los comento y se los he dicho allá a los alumnos donde estamos capacitando, no menos de 20 años para que los fiscales tengan el conocimiento y el dominio en este aspecto del sistema penal acusatorio adversarial.
Y decía otra de las compañeras que me antecedió, bueno, dónde están los represen... esto es integral, no veo convocados a los fiscales, a los procuradores, en fin, pero bueno, este ejercicio es un ejercicio didáctico constructivo. Yo tengo confianza que en su momento todos los que se tienen que involucrar van a estar con conocimiento real de lo que aquí se está haciendo.
En ese sentido considero también, señores del presídium, que esto, para evitar todo este sesgo que se llama, no que se va a militarizar la Guardia Nacional. No, no es así, sino es la policía de la Guardia Nacional con una doctrina muy particular, la policía de la Guardia Nacional con una doctrina muy particular, para que se quite que este se está militarizando, que tanto daño hace, hace el no comprender y entender esto a la sociedad en general. Debe de quedar que es la policía de la Guardia Nacional con una doctrina muy particular.
No funcionó la doctrina de la gendarmería que se creó en años pasados, bueno, pero ahora va a funcionar, porque esa es la filosofía de esta transformación.
Yo les agradezco la atención y muchas gracias a todos mis compañeros académicos e integrantes del presídium. Muchas gracias.
La moderadora diputada Laura Rojas Hernández: Bueno, pues muchísimas gracias.
La moderadora diputada Laura Rojas Hernández: Nuestra última ponente es María de Haas, y le vamos a pedir a la diputada Julieta Macías que la presente, luego haremos una breve ronda de preguntas, y eso es lo que seguiría, diputada Julieta.
La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Sí, con gusto. María de Haas Matamoros, es maestra en administración militar para la seguridad interior y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional, y en asuntos internacionales con especialidad en política y seguridad internacional por la Universidad Anáhuac México. Actualmente es candidata a doctora en administración pública en esa misma institución. Está diplomada en seguridad nacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y en relaciones internacionales y diplomacia mexicana por el Instituto Matías Romero. Es consultora docente, conferencista e investigadora profesional en torno a temas de seguridad y desarrollo nacional. Recientemente ha publicado el libro Glosario de términos de inteligencia estratégica, editado por la Universidad Anáhuac México. Bienvenida.
La ciudadana María Araceli de Haas Matamoros: Muchas gracias. “La patria estaría salvada si cada mexicano hiciera lo que le corresponde””. Belisario Domínguez.
Agradezco profundamente a esta legislatura y a la Junta de Coordinación Política por abrir la casa de todos los mexicanos para recibir a los académicos. Sin duda, es una extraordinaria acción sin precedente, el socializar los temas de trascendencia nacional, como lo es darle una seguridad integral al grave problema de inseguridad en México. Eminentes diputados presentes, mi respeto y admiración.
Vengo a título personal como académica especializada en seguridad y en relaciones civiles militares y observo dos posturas ante el proyecto de Guardia Nacional, las que sostienen una percepción de militarización y las opiniones a favor, sostenidas por los gobernadores y presidentes municipales en su mayoría.
Y no podemos ser tibios, todos debemos de tener una opinión a favor o en contra, pero con argumentos, con tal de ofrecer a los legisladores insumos para la toma de decisiones. Pero ante todo, los académicos nos debemos a la sociedad.
Y a favor de la sociedad juzgué mi análisis de los documentos: Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y el dictamen de proyecto de Guardia Nacional, y juzgo a mi parecer, que el proyecto es factible para proteger a la sociedad.
Percibo que los que están a favor de la militarización olvidan al bien tutelar a proteger, que son los derechos de la sociedad a vivir seguros y en paz. Vengo hoy de negro, en señal de luto, porque México está de luto.
El México dolido sometido por los delincuentes, por la coerción que ejerce el crimen organizado a la gente honesta que se gana el pan en paz. Por esta sociedad, realicé mi análisis y simpatizo como ciudadana, miembro de una sociedad en la que impera el delito y no el Estado de derecho.
Hago también la observación que no se ha hablado de la delincuencia y de su incuantificable daño a la sociedad, en ninguno de estos días de las audiencias. Insto humildemente a que no se obvie la realidad del crimen en nuestro país, así entenderemos mejor qué es lo que le conviene a nuestra sociedad y no lo que pueden promover otros intereses.
A los que promueven la percepción de militarización pregunto: ¿si conocen o han estudiado los riesgos y amenazas a la seguridad nacional? ¿Si conocen el espeluznante poder de fuego de los delincuentes? ¿Si conocen las preocupantes estrategias de reclutamiento de jóvenes en México para el crimen organizado? ¿Si conocen a alguna persona rescatada por las Fuerzas Armadas de un secuestro, o si han hablado con la gente que se siente más segura teniendo a los militares en las calles?
Necesitamos humanizar a las víctimas ausentes hoy, pero que se una académica la que les dé voz el día de hoy, y humanizar también, por qué no, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas para proteger a la sociedad.
Comparto la visión de aquellos ciudadanos cuya opinión ha quedado plasmada en consultas serias, entre las que rescata la Consulta Mitofsky, la cual describe que la confianza ciudadana reside en tres entes principales en México: las universidades, la Iglesia ausente hoy, cuando debería también tener un representante en estas audiencias al ser una autoridad moral en México, y por último, en las Fuerzas Armadas.
En los que menos confía la sociedad son los policías municipales. Yo pregunto ¿por qué? La gente confía en las Fuerzas Armadas y es por algo, pero observo que los expositores no conocen las misiones, legislación, normatividad orgánica, doctrina y lealtad institucional de las Fuerzas Armadas.
En esta línea de ideas la confusión continúa sobre el asunto del mando, e invito a que se consulten las leyes que norman a las Fuerzas Armadas, la respuesta ante cualquier duda está en la ley.
El proyecto de Guardia Nacional está respetando el statu quo del poder político democráticamente elegido y constituido en México. Invito a que se revise el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como el artículo 5o y 6o de la Ley Orgánica de la Armada de México, donde se aclara que el presidente es el mando supremo, que dispone de la totalidad de fuerza y efectivos y que dispone este poder y lo ejerce por sí, o a través de los altos mandos de las tres Fuerzas Armadas.
Lo que se reverbera o entiende de forma errónea como mando militar debiera referir exclusivamente al mando operativo, es decir encargarse de operar y administrar la política y estrategia de seguridad diseñada por el Poder Ejecutivo, como mando supremo civil, en lo correspondiente a los ámbitos militar y naval.
Tales altos mandos son militares profesionales formados y educados. Quienes lo han dicho y lo han comprobado, son leales a México, al mando de instituciones sólidas en la administración pública federal, sometidas siempre a derecho y también a principios de transparencia y de respeto a los derechos humanos.
Pero encima de ello siempre estará el mando civil, al ser México un régimen democrático no cambiará esto. La Guardia Nacional no habrá de entrar en conflicto alguno con respecto a quien manda en México, manda un civil y solo un civil.
Quiero agregar que considero que para analizar la Guardia Nacional bien se pueden comparar modelos de otros países, es válido, pero puede ser desatinado porque esos países no tienen el conjunto de antagonismos que buscan someter a nuestro Estado de derecho y a nuestra gobernabilidad. No tienen cárteles que han diversificado su portafolio de perpetración de delitos, secuestro, droga, tráfico de personas y de niños, tráfico de órganos, piratería, tráfico de migrantes, robo, feminicidio. Todo lo hace también ya todos los cárteles de México.
Desde el punto de vista del derecho administrativo también podemos agregar que México es un caso único, sui generis. Hay que conocer mejor los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, interior, pública, seguridad ciudadana e incluso también seguridad internacional.
Hay que conocer más a nuestras instituciones. Por ello es necesario conocer el cuerpo de leyes que las norman, pero también hay que leer el plan estratégico del cual emanan las políticas de Estado. El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 es el primer plan en la historia de México basado en el concepto de seguridad ciudadana, humana.
Por primera vez en la historia de nuestro país el plan estratégico ya no es estatocéntrico, el Estado no está en el centro, está el ciudadano. La visión de nuestro presidente es clara, ciudadanos protegiendo ciudadanos. Esto infiere apego a los principios de seguridad humana.
Un Estado es grande cuando la preocupa lo más pequeño. Ahora la seguridad del ciudadano es lo primordial. Delitos tanto del orden común y federal que más afecten al ciudadano serán combatidos. Por primera vez le interesa al presidente el homicidio, el robo, el secuestro, el feminicidio, la violencia de género.
Por primera vez se perseguirá la violencia de género con la Guardia Nacional. Para ello se habrá de aprovechar la infraestructura y capital humano como primera fase del reclutamiento de la Policía Militar y Naval, lo que permitirá fortalecer al municipio y al federalismo.
Este nuevo cuerpo es también un medio para la pacificación nacional, porque el derecho a la vida y a vivir en paz deben ser los más altos derechos humanos, los cuales habrá de proteger la Guardia Nacional, nos queda claro como sociedad.
Sin la Guardia Nacional, la sociedad continuaría desamparada. Yo pregunto, ¿sin la Guardia Nacional, acaso la sociedad seguirá en espera otros 12 años a que surjan policías aptos para enfrentar al crimen?
Cuando se sugiere por algunos expositores que la Guardia Nacional debe ser temporal, yo pregunto, ¿qué no se disolvió hace años la Secretaría de Seguridad Pública de un plumazo, como si no la necesitáramos? ¿Qué pasó con la Gendarmería?
Las instituciones de seguridad pública deben tener asegurada su permanencia, para evitar construir un castillo de naipes. La sociedad no puede quedar desprotegida, repito, ¿qué le conviene a nuestra sociedad?
No quiero que la Guardia Nacional nos proteja dos, tres, cinco años, y que después pase lo mismo que pasó con la Gendarmería, que la desaparezcan o la disuelvan trasgrediendo su institucionalidad. Una vez más quedaremos desprotegidos.
Por eso, a favor de la sociedad, observo que la misión de nuestro presidente de la República es atinada en crear una Guardia Nacional con permanencia y con la institucionalidad propia de una nueva Fuerza Armada. La cuarta Fuerza Armada para la cuarta transformación, con apego a derecho y a respeto de derechos humanos que asegure la seguridad pública y que la rescate, al ser una condición para el desarrollo, que prevenga el delito y combata a la delincuencia con procedimientos policiales, no militares.
La inseguridad es un problema que se ha mostrado permanente. ¿Por qué quieren combatir un problema permanente con instituciones a las que no les quieren dar permanencia?
En otro asunto, observo y hago esta observación en el dictamen que propone la creación de Guardia Nacional y la someto a consideración de los eminentes diputados. La necesidad de no derogar la segunda parte de la fracción III del artículo 31 constitucional, en la que se estipula las obligaciones como mexicano, entre las cuales debe quedar asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior.
Podemos eliminar alistarse en la Guardia Nacional como una obligación, pues será ahora voluntario, ya no una obligación por parte de los mexicanos.
Sí, tenemos obligaciones como mexicano, no solo derechos y es nuestra obligación contribuir a la paz social, especialmente hoy, cuando la amenaza mayor a la seguridad de nuestro país es la socialización del delito.
Hoy valientes jóvenes asumirán la encomienda de proteger a nuestra sociedad. Como el águila a la serpiente vencerán al mal que amenaza a los hermanos y hermanas de su patria.
Finalmente, invito a que se atiendan las causas del delito, que se dote de institucionalidad a las coordinaciones de esta Guardia Nacional y asegurar la cooperación de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, porque la seguridad es un ejercicio de la gobernabilidad. Pero, sobre todo, de la ciudadanía, en su obligación de mantener la paz social y el orden interno del país.
Creo en el proyecto de Guardia Nacional del presidente de México. Creo en el buen juicio del Poder Legislativo. Creo en los mexicanos que quieren vivir en un México en paz finalmente, y creo en cada mexicano que hace lo que le corresponde. México, creo en ti. Esa es mi intervención, muchas gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias a María Hass por su participación. Esa fue la última de nuestras ponencias.
Han pedido la palabra dos diputadas de la mesa y también tenemos una pregunta de la audiencia Entonces, bueno, si me permiten leo rápidamente la pregunta y luego cedo la palabra a las compañeras para que también hagan sus comentarios y preguntas, y al final yo también quisiera hacer algunos últimos comentarios.
También pedirles solo a los panelistas, a los que hayan sido dirigidas preguntas, que puedan hacer un uso de la palabra al final.
La pregunta es para el general Garfias, de Hugo Díaz García, y dice: ¿Qué modelo de Guardia Nacional de carácter híbrido se adecúa más a las características de México y a la problemática de inseguridad, la española, la francesa, o la estadounidense? Esa es la pregunta y, ¿ya se fue? ¿Ya se fue el general? Perdón, se la podemos hacer llegar y que nos envíe la respuesta. Ah, okey, ahorita regresa, perfecto. Okey.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Bueno, entonces vamos a dar el uso de la palabra a Julieta, a la diputada Julieta Macías, ah, bueno, entonces okey. Entonces, vamos a darle primero el uso de la palabra a la diputada Juárez en lo que regresa el general.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Bien, muchas gracias. Pues agradecer la presencia de quienes nos han compartido sus experiencias, sus propuestas y, como decía también a quienes nos trajeron testimonios de lo que ha significado o lo que significó la guerra contra el narcotráfico y que nosotros sostenemos que lo que se está proponiendo ahora es la continuidad.
Y de manera muy particular coincidir con lo que menciona ya Dolores González, de que se requiere de una estrategia integral que abarque todos los niveles, en donde haya respuestas y se utilicen todos los recursos en acompañamiento con la sociedad y de cómo podemos alcanzar una paz sostenible y duradera.
Quiero en verdad agradecer mucho los comentarios y la presencia de Belén, de ONU Mujeres, porque me parece que nos viene nuevamente a recordar la importancia que tiene el que nuestro país pueda cumplir con nuestro marco convencional.
Nos hablaba ya de lo que se menciona en la CEDAW y nos menciona también de la importancia que se tiene de legislar con perspectiva de género cualquier iniciativa que se presente, pero me parece que esta de manera puntual tiene mucho que ver, porque por supuesto nos recuerda que las mujeres y las niñas son y somos las más vulnerables cuando hay un atentado en contra de los derechos humanos.
Y quisiera hacer una pregunta a Lisa Sánchez, cuando nos mencionaba que actualmente nos encontramos con un cuello de botella, porque hay un sinnúmero de carpetas de investigación y no encontramos la eficacia y la eficiencia de la actuación de la autoridad.
Qué es lo que deberíamos de hacer, porque esto ocurre en la actualidad y si en su opinión esto se agravaría con la militarización.
Y agradecer nuevamente a quienes participaron en este foro y esperamos, como lo hemos dicho también, en el desarrollo de los mismos, que sus propuestas y lo que nos han dejado en el debate vaya más allá y pueda trascender en lo que pronto estaremos discutiendo las y los legisladores. Gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Sí, gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Bueno, ahora le damos el uso de la palabra a la diputada Julieta Macías, ya regresó el general, y tiene el uso de la palabra.
La diputada Julieta Macías Rábago: Gracias, diputada Laura. También deseo agradecer a todos los expertos que nos han acompañado en la tarde de hoy, apreciamos mucho su experiencia y su participación.
Quiero hacer una pregunta al general Luis Garfias. General, nos ha expuesto que militares y marinos no son policías, tienen una formación y funciones distintas. Por otro lado, en su directorio, diccionario, perdón, de términos castrenses, textualmente encontramos que militarizar es poner bajo la autoridad o control militar un servicio público o industria.
El ciudadano Luis Garfias Magaña: Bajo.
La diputada Julieta Macías Rábago: Bajo.
El ciudadano Luis Garfias Magaña: Del Código de Justicia Militar.
La diputada Julieta Macías Rábago: Sí. Sí, son palabras textuales del diccionario. En ese sentido y de acuerdo a su criterio y experiencia quisiera preguntarle, ¿qué panorama visualiza, en caso de aprobarse el dictamen de Guardia Nacional en los términos actuales, donde se plantea una intensa participación e involucramiento del Ejército y la Marina? Gracias.
El ciudadano Luis Garfias Magaña: Mire usted...
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Perdón, general, perdón que lo interrumpa, le quiero leer también otra pregunta que tiene del público, para que pudiera contestar las dos, pero si nos permite desahogar todas las preguntas y al final les damos la palabra a los ponentes.
El ciudadano Luis Garfias Magaña: Como usted quiera, como usted quiera.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: La otra pregunta que tiene usted es de Hugo Díaz García, del público, y dice, ¿qué modelo de Guardia Nacional, de carácter híbrido, se adecua más a las características de México y problemática de seguridad, la española, la francesa o la estadounidense?
Entonces, serían las dos preguntas, pero si nos permite terminar la ronda de preguntas y al final le damos la palabra para que conteste junto con los demás ponentes. ¿Sí?
El ciudadano Luis Garfias Magaña: Contesto aquí a la diputada.
La moderadora diputada Laura Rojas Hernández: Okey. Entonces conteste las dos de una vez. Gracias.
El ciudadano Luis Garfias Magaña: Mire usted, en relación con la Guardia Nacional he oído aquí la necesidad de que haya un mando civil, no militar.
Voy a poner a ustedes un ejemplo curioso que en otro país ocurrió pero que vale la pena citar. En la Guardia Nacional española. Cuando vino la transición, muerte de Franco, dijeron los civiles, no más militares en la Guardia Nacional. No más comandantes. Que sea un civil. Nombraron a un civil que se llamó Luis Roldán. Este señor fue tan corrupto que se escapó de España y fue capturado en Tailandia y actualmente está en la cárcel por corrupto. Volvieron a los militares en la Guardia Civil española.
La Guardia Civil española es una institución que lleva a cabo funciones de policía en el país, pero se forma en las escuelas militares. ¿Cómo se forma esto? Por ejemplo, dicen, van a entrar 50 cadetes a la armada de Infantería y ahí determinan 10 para la Guardia Civil. Entonces, esos oficiales estudian ahí y salen como oficiales a la Guardia Civil y hacen su carrera en la Guardia Civil.
Entonces, son militares, pero están en una institución de la Guardia Civil para proteger a la población civil.
Entonces, como ven ustedes, pues esto, claro, depende de muchos factores. Pero el caso de Roldán fue un caso muy específico de este señor que llegó y se hizo un corrupto.
La corrupción, señores, es un problema que nos desborda en México, un problema terrible. Somos el único país en el que inventamos una palabra para calificar a los policías corruptos: la mordida, el mordelón.
¿Saben ustedes qué escribió Ernesto Che Guevara cuando llegó a México, procedente de Guatemala a su madre? Le dijo: “querida vieja, he llegado al país de la mordida”.
¿Saben qué pasó? Se casó en Tepoztlán, en México, con una peruana, venían los dos de Guatemala. Pero como era una peruana y un argentino tuvieron problemas de tipo administrativo. Y digo Che Guevara: “di una mordida y me casé”.
Entonces, señores, esto debemos evitarlo. Yo propongo la Policía Nacional. La Policía Nacional, con la Policía Nacional, los que hemos viajado por la República, yo viajé por la República extensamente, fui profesor de la Escuela Superior de Guerra 9 años y viajé por toda la República y luego como diputado dos veces. Y hay lugares, por ejemplo, Zacatecas, hay sesenta y tantos municipios que no tienen un solo policía, un solo policía, Zacatecas y otros están igual.
En cambio, si tú tienes Policía Nacional, la Policía Nacional que esté en la población más pequeña tendrá el mismo sueldo, el mismo armamento, el mismo uniforme y la misma educación que el Policía que está en la capital, el mismo. Vean ustedes la enorme diferencia.
Por eso, yo insisto que se piense en una Policía Nacional. Eso es muy importante. Muy importante establecer esa diferencia. No sé, diputada, si le he contestado a su pregunta.
Entonces, repito, en la Guardia Nacional va a haber, ¿qué va a pasar con todas las policías, la municipal, la estatal y la federal. ¿Qué va a pasar con esas policías? ¿Van a existir las dos policías, la Guardia Nacional y las policías?
Entonces, es hasta más barato tener una Policía Nacional que una Guardia. Porque la Policía Nacional es para eso nada más y se deja al Ejército y a la Armada en sus funciones que deben de cumplir.
Ya dije aquí, señores, que la seguridad pública es de la exclusiva responsabilidad de las policías, ¿qué ha pasado en México? Que casi no sirven para nada.
Entonces, la fracción VI del artículo 89 de la Constitución establece que el presidente de la República, en caso de un problema de seguridad interior como el que vive México, tiene la autorización, sin pedirle permiso a nadie, para movilizar al Ejército, Fuerza Aérea y Armada en funciones de beneficio de la población civil.
Yo, señores, fui fundador de la escuela que dijo la última ponente, la señorita última ponente. Yo fui fundador del Colegio de Defensa Nacional que ahora se integra por militares y civiles. Costó mucho trabajo eso, pero ahora hay civiles que aprenden esos fundamentos de la seguridad nacional que da el Colegio de Defensa Nacional, del cual yo fui lo que dicen en el Ejército, pie veterano.
No sé si haya yo sido claro, si haya alguna cosa que deba aclarar más. Le digo a todo el auditorio. La otra pregunta que me decía usted de la Guardia ¿quiere que la conteste de una vez?
La moderadora diputada Laura Rojas Hernández: Sí. Era que qué modelo se adecua más a las características de México de los modelos extranjeros.
El ciudadano Luis Garfias Magaña: Sí, decía usted si fuera España, que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional. En Francia dejó de existir la Guardia Nacional y hoy se creó la Gendarmería Nacional, que viene después de la Guardia Nacional.
Primero hubo la Guardia Nacional, que como dice usted fue producto de la Revolución francesa. Así se llamó en Estados Unidos, ¿por qué? Porque el marqués de La Fayette vino de Francia a combatir por la Revolución norteamericana y él trajo a la Guardia Nacional francesa. Después se quedó en Estados Unidos y hoy la Guardia Nacional, señores, es la reserva del Ejército.
Fíjense ustedes, un caso muy curioso. En los años setenta se ordenó la integración de la población negra estudiante a las escuelas blancas. No había eso, entonces se ordenó que se integraran los negros con los blancos.
Dos estados de la Unión Americana, Tennessee y Georgia, dijeron: “No, no admitimos eso”. Eran Orval Faubus y George Wallace, dijeron: “No admitimos eso”. Entonces, para evitar que los negros entraran a las escuelas blancas movilizaron a su Guardia Nacional.
El presidente de la República norteamericano, Eisenhower, federalizó a la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional que ayer impedía el acceso de los negros a las escuelas al día siguiente lo permitía. Hay una foto que se hizo famosísima en el mundo entero, donde se ve a una niña negrita que está entrando con su mochila a la escuela y a los lados está haciendo una valla la Guardia Nacional que ayer le impedía entrar. Para que vean ustedes esa evolución de la Guardia.
Hoy existe la Guardia Nacional como una reserva militar. Me gustaría para nosotros... Habría que hacer un estudio especial para que esa Guardia Nacional... fuera así como es en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos es una entidad totalmente militarizada, pero es totalmente estatal.
Ustedes han de haber visto hace unas semanas cuando el problema de la frontera con México, que le ordenó el presidente norteamericano a los estados fronterizos Nuevo México, California, Texas, etcétera, que mandaran su Guardia Nacional a la frontera. Dos estados se opusieron: California y Nuevo México, pero ante la amenaza de que el presidente norteamericano los federalizara, la enviaron. La enviaron.
Entonces, la Guardia Nacional en Estados Unidos tiene características muy especiales. Es, fundamentalmente, estatal, como lo es en México en la Constitución.
Vuelvo a repetir, señores, en México existe en la Constitución. Desapareció, ¿por qué? Porque era un problema terrible en la segunda mitad del siglo XIX. Era un problema. Se levantaban en armas los gobernadores con su Guardia Nacional. Entonces, era un problema terrible. El general Porfirio Díaz no dijo nada, pero poco a poco la fue retirando.
Si ustedes leen algo de las guerras de México contra Estados Unidos o contra Francia, las guerras extranjeras o internas, eran una unidad que decía, por ejemplo: Batallón Tres Millas GN, Guardia Nacional.
Ya les dije que tuvo tres generales muy famosos: Escobedo, en Nuevo León: Bernardo Reyes, en Jalisco; y Porfirio Díaz, en Oaxaca, que iniciaron su carrera en la Guardia Nacional estatal. Después se acabó. Porfirio Díaz la fue limitando y la acabó, y quedó nada más en la Constitución de 57, que se repitió en 17.
¿Por qué se repitieron en 17 esas cosas, señores? Porque en la Constitución de 17 había muy pocos militares profesionales. Había... Mújica y otros, pero no eran profesionales. Entonces, los militares profesionales no pudieron decir nada. Eran los antiguos federales, los hicieron a un lado.
Por eso gran parte de los artículos militares de la Ley del 57, perduran en la actual de 17. No sé si haya yo sido claro, al señor que preguntó, hubo algo, dígame.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias. Si hay algún micrófono por ahí.
El ciudadano Hugo Díaz García: Gracias. En base a ese razonamiento y lógica que nos ha expuesto y diferenciación de los tres tipos de Guardia Nacional, como dicen: a ojo de buen cubero, ¿cuál cree usted que sería mejor para México, tomando en cuenta las características propias de nuestro país, nuestra problemática de seguridad nacional y pública, sin que esto signifique que queremos tropicalizar ese modelo o aplicarlo de manera discrecional, sino que sea el que contribuya a solucionar más esta problemática de la seguridad pública y de la violencia en México? Gracias.
El ciudadano Luis Garfias Magaña: Fíjese usted, la Guardia Nacional, yo vuelvo a insistir en el problema de la Guardia Nacional y la policía nacional. La Guardia Nacional si es estatal en México como lo es actualmente, usted se imagina la fuerza que tendría que, que puede tener el gobernador del estado de México donde hay 10 millones de habitantes, tendría más Guardia Nacional que el Ejército. Entonces es un problema otra vez, un problema político el que los gobernadores vuelvan a hacerse muy poderosos con los habitantes que tienen en sus estados, Jalisco, el estado de México, en fin.
Por eso yo insisto en la necesidad de una policía nacional que no responde a nadie más que al comandante, en este caso sería una unidad civil, estarían bajo el mando ¿de quién? De la Secretaría de Seguridad Nacional, no tendría que ver nada el Ejército, civil constante. Entonces se quitarían ese problema de que los militares andan aquí y allá.
Los militares, a propósito, alguien dice que en la época de Calderón salieron. No, señores, los militares tenían muchos años de andar afuera, muchos años, incluso hay un manual, que se llama manual de partida militar. ¿Qué quiere decir eso? Que en las pequeñas poblaciones de este país existía una partida militar, un pequeño grupo de soldados que daba seguridad a la población civil, yo estuve de partida en algunas veces, yo soy artillero, pero alguna vez me tocó eso.
Entonces, vuelvo a insistir, los soldados han estado muchos años fuera, y vuelvo a decir, y quiero decir una cosa que para mí es muy importante: el Ejército y la Armada y la Fuerza Aérea han sido unos de los pilares más sólidos en los cuales se sustenta el Estado mexicano. No sé si, alguien más.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pues muchísimas gracias, general. Gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Bueno, le pediríamos a Lisa, a Lisa María que pueda responder la pregunta que le hizo la diputada Verónica Juárez y después de eso ya, ahora sí, haríamos unas breves conclusiones, la diputada Lorena Villavicencio y yo. Adelante.
La ciudadana Lisa María Sánchez: Buenísimo. Gracias, diputada Rojas, y gracias por la pregunta a la diputada Verónica. Básicamente hay, lo que nosotros vemos no es un gran volumen de carpetas de investigación, sino todo lo contrario, un gran volumen de delitos y pocas carpetas de investigación y sobre todo pocas carpetas de investigación que como decía la compañera de Chihuahua, no se judicializan en los niveles de efectividad que requeriríamos.
¿Qué acciones podríamos tomar? En general hay un tema de suficiencia que se resuelve con reclutamiento y se resuelve, sobre todo, con recursos públicos, en donde nada más les doy, pues dos datos. Tenemos 4.97 agentes del Ministerio Público por cada mil delitos que se cometen y 3.53 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes. Aquí hay un tema de suficiencia y capacidad numérica, de recursos materiales y recursos humanos por parte del primer nivel de la impartición de justicia que es importantísimo resolver.
Segundo, tiene que ver con cuestiones quizás muy cotidianas o muy prosaicas como el funcionamiento cotidiano de esas agencias y sobre todo del resto de los operadores. Cuando nosotros logramos judicializar una carpeta de investigación, nos damos muchas veces cuenta de que se desechan porque hay más de un agente del Ministerio Público que participa en la misma, porque no hubo informes policiales homologados o levantamiento de pruebas periciales suficiente o adecuados porque se incumplieron ciertos requisitos procedimentales que invalidan las pruebas, o no se pudieron comprobar.
Aquí hay un tema muy interesante sobre todo que impacta en el tema de la Guardia Nacional porque sucede mucho con las detenciones ilegales, y las detenciones ilegales están básicamente impulsadas por todos los incentivos negativos que da el poder perseguir el delito en flagrancia y no a través de acciones de investigación.
Lo que tenemos que hacer es volver a los protocolos de investigación criminal, que aquí la única buena noticia es que en la Ley Orgánica de la Fiscalía eso quedó con muchísimo énfasis gracias al trabajo colaborativo entre la Cámara, ambas Cámaras y el colectivo fiscalía que sirva.
Pero hay cosas que tienen que ver también con la supervisión de ese funcionamiento de esos operadores, como por ejemplo el hecho de que muchos de los defensores públicos conocen los casos que van a defender en juicios orales cinco minutos antes de las audiencias. Al no entender la complejidad de los casos, la totalidad de los datos o incluso los hechos relatados y lo que realmente sucedió, terminan imputando tipos penales erróneos y los casos terminan siendo desechados por los jueces.
Ahí hay cosas de profesionalización, de funcionamiento cotidiano, de suficiencia que no requieren cambios legales, que no son materia necesariamente del diseño de la política pública, sino del funcionamiento en los hechos de estas agencias.
Por último, sí hay cosas, por ejemplo, cómo la creación de sistemas de información integrados que durante el tiempo de la Plataforma México solía funcionar relativamente bien para el caso de las policías, y que hoy no se ve por ejemplo en el caso de las investigaciones de delitos diferentes.
Tenemos una cantidad de delitos de homicidio no resueltos, de carpetas de investigación que no se hablan con los registros nacionales de personas desaparecidas que tendrían que tener mayor coordinación, o lo mismo con los temas de la información sobre medidas cautelares de no uso de prisión impuestas a personas sujetas de investigación que podrían facilitar el funcionamiento o la diligencia de estas carpetas de investigación, y por último quizá la creación de organismos autónomos o de mecanismos de fiscalización externos que regulen la prestación de los servicios de asesoría jurídica gratuita para las víctimas del delito.
Digamos hay un abanico de posibilidades infinito, pero si quieren nosotros lo que podemos hacer es acercarles los resultados de esos ejercicios de monitoreo en siete estados, tanto de las Agencias del Ministerio Público como las salas de oralidad. Muchas gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, Lisa María.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: También nos pide la palabra la diputada Dulce María Sauri. Adelante, por favor.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rojas, por la oportunidad. Yo primero quisiera realmente reconocer el esfuerzo desarrollado a lo largo de toda esta jornada, tanto para la integración de las invitaciones realizadas como también para aquellas y aquellos que acudieron al llamado y a la invitación de la Cámara de Diputados y del Senado, dado que estamos haciendo este trabajo conjuntamente.
Sobre todo yo vengo con dos preguntas para el maestro Eruviel Tirado y que tiene que ver con que el agradecimiento simultáneamente es por confiar en nosotros a pesar de que las circunstancias no son precisamente muy favorables para ello.
Me refiero concretamente –esta es la primera pregunta– a que el maestro Tirado señaló que quienes se pretende que integren el cuerdo de la Guardia Nacional no se les estaba solicitando ningún requisito ni siquiera de escolaridad para poder ingresar al cuerpo.
Gracias a Internet rápidamente hice una consulta y el único referente que hay hasta el momento de la integración de la Guardia Nacional es el anuncio que hizo el presidente López Obrador en su conferencia matutina del 2 de enero, que fue acompañado del secretario de la Defensa Nacional, y le cedió la palabra para que hablase del reclutamiento de 50 mil jóvenes en tres o cuatro años, señaló el presidente, para formar parte de la Guardia Nacional.
Precisamente este cuerpo que todavía estamos discutiendo la naturaleza del mismo y que se ha puntualizado a lo largo de este día, que hay una visión muy diferente a la que en este momento está plasmada en el dictamen.
Les traía yo que nada más este párrafo de lo que expresó el general Luis Crescencio Sandoval González dijo: Para poder entrar en específico el personal, su ingreso será a partir de los 18 años y hasta los 30 años, para el caso del agente que tenga alguna especialidad que pueda ser empleada dentro de la estructura, alguna capacitación especial, licenciaturas, maestrías, que puedan ser identificadas como importantes para incorporarlas a la institución.
Para entrar tienen que ser sometidos a un examen físico, a un examen médico, un examen psicológico, la verificación de no tener antecedentes penales. Ese es el mismo procedimiento que se utiliza tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa Nacional cuando accede algún ciudadano a las Fuerzas Armadas.
El día anterior, el primero de enero, salió publicada la convocatoria por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para el personal de nuevo ingreso a las Fuerzas Armadas.
Esto nos coloca en una posición muy complicada, no solamente a quienes formamos parte de la oposición de las minorías representadas en la Cámara de Diputados y del Senado, sino a la misma mayoría del partido gobernante porque tal parece que ahora sí pusimos la carreta por delante de los bueyes, y como no estamos dispuestos en esta honorable Cámara de Diputados, y yo creo que ni en el Congreso de la Unión a ser catalogados como gemelos de ese digno animal de trabajo, yo creo que tenemos que nutrir nuestro trabajo con las opiniones recabadas en estos días en forma muy importante que se vean reflejadas en un dictamen.
Y ahí va la segunda pregunta, también para el maestro Tirado, y tiene que ver con que dijo que estaba de acuerdo con todo lo que aquí se había expuesto por parte del maestro Alejandro Madrazo Lajous, excepto, y ahí fue la reserva, en sus opiniones sobre el dictamen. Y como precisamente lo que nos interesa muchísimo a las y los diputados tiene que ver con el dictamen, me gustaría mucho que nos compartiera la razón por la cual no coincide con la apreciación, por ejemplo, de que el artículo 13 constitucional que se pretende reformar debe de permanecer en sus términos, o el artículo 21 también con la reforma que pretende realizarse en el dictamen no le parece o qué pasa con el 73 y la Guardia Nacional o la eliminación del 31 de la Guardia Nacional, que es precisamente la institución que el general Garfias nos vino aquí a explicar desde una perspectiva histórica en forma muy clara, y que de acuerdo al dictamen quedaría eliminada, borrada, supuestamente para no causar confusión con la nueva institución.
Entonces sí apreciaría mucho sus puntos de vista sobre esos dos asuntos. Uno, sobre si el reclutamiento para formar parte de una hipotética Guardia Nacional, si se da en los mismos términos y requisitos que para integrar las Fuerzas Armadas lo considera insuficiente, y dos, sobre los puntos concretos de objeción sobre el dictamen publicado en torno a esta reforma constitucional. Muchas gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias por sus preguntas, diputada.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Y le damos el uso de la palabra a ponente para que nos haga favor de responder.
El ciudadano Erubiel Tirado Cervantes: Muchas gracias, diputada. Primero quisiera plantear, reaccionar a lo que se ha señalado en este panel sobre el hecho de que los que nos oponemos a la Guardia Nacional tal como está propuesta por el Ejecutivo, tal como está ahorita dictaminada, no tenemos más que solamente el interés de generar una percepción de que se trata de militarismo sí, militarismo no, o de que estamos en contra de los militares, per se. No, no se trata de eso.
Es una cuestión debidamente documentada, debidamente acreditada y el panel de la mañana fue prolijo en esa información, más aún, yo recomendaría a esta, sí percepción, de que la oposición está en ese sentido subjetivada en contra de las instituciones castrenses, al hecho de revisar puntualmente estado por estado, las encuestas, no solamente las de Mitofsky, Parametría es un de ellas, Buendía & Laredo es otra, con la una línea de tiempo de cuando menos 10 años, yo diría un poco más. Pero con unos 10 años, y cuando verifiquen, porque se han tomado mes con mes, donde se han realizado operativos policiales militares, o solamente militares, el aprecio social a las Fuerzas Armadas en esas áreas, en esos estados, ha disminuido.
Es un hecho, y está documentado. No es una cuestión de una idea general, porque tenemos, cuando la Marina y el Ejército o el presidente en turno, incluyendo el actual, nos dicen que las Fuerzas Armadas son las mejor apreciadas, tienen toda la razón, que no nos dan un dato nacional.
Pero también si vemos una línea de tiempo de los últimos 20 años, esa línea de tiempo va en descenso. Es un descenso gradual, a lo mejor no tan drástico, a diferencia de los legisladores, porque eso también está documentado o de las policías, pero es una constante, es gradual y es un hecho. No se trata solamente de percepción, eso está documentado.
Paso ahora a la respuesta. Diputada, sobre la cuestión del reclutamiento y el requisito de escolaridad. Yo me basé en la convocatoria y en la convocatoria no dice nada sobre el requisito de escolaridad.
El planteamiento que hace, o la afirmación que hace en su momento el secretario de la Defensa, pues no está plasmado ahí, es una formalidad. Obviamente a mí me preocupa más el hecho, precisamente, de que se esté convocando al reclutamiento y un reclutamiento que además está en manos de los militares, cuando esto todavía no está aprobado.
Y repito, lo que dije hace rato, mal hace un gobierno en combatir la ilegalidad, en este caso la violencia derivada de la criminalidad ya sea común o del narcotráfico y el crimen organizado, acudiendo a recursos ilegales, o no respetando las mínimas formalidades para llevar a cabo su proyecto. Ese es un hecho. Esto está ahí, a mí sí me preocupa. Entonces, eso es una de las particularidades.
Una cuestión de destalle sobre el reclutamiento y la cuestión de la escolaridad. El híbrido que se está formando es con policías federales a los cuales se les exige, cuando menos, preparatoria eh. Como militares, a los que en la gran mayoría entraron solamente con primaria o secundaria terminada.
Estoy planteando datos y hechos duros. Esta conjunción nos muestra un conglomerado heterogéneo que para uniformarlos en criterios de formación y de atención en funciones de seguridad pública y atención ciudadana, genera un problema y una curva de aprendizaje que no va a llevar menos de 10 o 15 años.
Independientemente, eso podría haberse arreglado, entre comillas, supuestamente, si en la convocatoria irregular o ilegalmente se está llevando a cabo ya en estos momentos, se pudiese poner o se exigiese una escolaridad mínima de preparatoria para que con el tiempo estos nuevos elementos pudiesen homogeneizar al conglomerado humano con el que se está formando la Guardia Nacional. Ese es un hecho, no sé si me explico. Esa parte, es una deficiencia estructural en el mediano y largo plazo. Es parte del diseño institucional y está mal.
Paso ahora a decir, no voy a entrar con mucho detalle a la cuestión de mi inconformidad sobre el hecho de mejorar el dictamen ya aprobado, como lo dijera Alejandro Madrazo, es un poco como sentir o tratar de ejercer el derecho de pataleo, y el punto es; no quiero verle lo bueno que tiene lo malo. La Guardia Nacional así como está planteada tiene una deformidad estructural y es un principio que deforma la superioridad o la supremacía civil de un gobierno que se pretende democrático. Así de simple.
Los planteamientos que hiciera de manera específica el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los planteamientos en específico sobre las figuras que a nivel constitucional, entre ellas el concepto de seguridad interior, como dijera Marcos Pablo Moloeznik, debería desaparecer. Es un concepto obsoleto y nos seguimos agarrando de esos conceptos para generar confusión.
No es ignorancia, es deliberadamente una intención que viene de los cuerpos o de los sectores más duros de las Fuerzas Armadas y de los sectores civiles militarizados. Eso es un hecho y están plasmados una y otra vez. Estuvo en la Ley de Seguridad Interior y está ahora en este planteamiento de la Guardia Nacional. El origen y la autoría de esta iniciativa, no hay que rascarle mucho, sabemos que viene de las estructuras castrenses.
No sé si con esto respondo a la pregunta, y si hay alguna otra, estamos a su disposición. Yo obviamente apelaría a rechazar el planteamiento de la creación de la Guardia Nacional tal como está planteada y obviamente recuerdo aquí mucho, y lo hago con un sentimiento encontrado porque dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera de este recinto legislativo y el Congreso en General, tengo amigos profundamente entrañables, amigas profundamente entrañables con los que compartí la lucha por la democracia en este país, y ahora están del otro lado de la mesa apoyando esta situación.
Aquí sé que no es monolítico, como dijera la diputada Lorena, amiga mía también, que la orientación de Morena no es monolítica y en ese sentido apelo a un voto en conciencia, a un voto en rechazar concretamente la Guardia Nacional. Gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchísimas gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Vamos a hacer ya unas breves conclusiones, para eso le doy la palabra a la diputada Lorena Villavicencio.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala: Intentaré, como decía un amigo, intentaré ser breve porque dicen que la brevedad se agradece en todo, excepto en el amor.
Primero, decirles que para mí ha sido un honor estar en estas dos sesiones. Me parece que ha sido muy rica la información que nos han otorgado quienes han participado en las dos mesas en las que estuvimos el día de hoy.
Estoy muy sorprendida además, y esto no quiero que lo tomen a mal los hombres, estoy muy sorprendida del crecimiento de las mujeres, ver la enorme capacidad que tenemos las mujeres y el compromiso de las mujeres por la defensa de los derechos humanos. Es un compromiso de fondo.
Por eso yo quería contestarle a la de Seguridad sin Guerra, a Denisse, decirle que nosotros daremos, muchos legisladores de diferentes partidos daremos la batalla para que la Guardia Nacional sufra modificaciones que han sido muy reiteradas en las diferentes mesas.
Muchos aceptan la Guardia Nacional, pero la mayoría no quiere que se encabece, evidentemente, por las fuerzas militares.
Yo respeto a las fuerzas militares como institución, pero no puedo yo aceptar posiciones maniqueas de parte de absolutamente nadie, porque las fuerzas militares también han cometido muchas violaciones a derechos humanos y tenemos que hacernos cargo de eso, y también tenemos que hacernos cargo de las violaciones que han cometido otras fuerzas, que por cierto también podría decirlo, de las policías federales.
Decirle a la encargada de la ONU, a Belén, que nos da muchísimo gusto que estés aquí, que espero tenerte muy seguido aquí en esta legislatura, porque queremos construir muchas agendas con ustedes como mujeres legisladores, y decirte que efectivamente vamos a garantizar la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos y los protocolos que sean necesarios en el tema que nos ocupa el día de hoy.
Y también decirles algo, también tenemos que garantizar los derechos humanos a las policías y a quienes participan como mujeres en el Ejército. Ustedes a lo mejor no tienen el dato, pero el acoso, la violación y la prostitución que se genera en estas instituciones es brutal. Entonces, tenemos muchísimo trabajo para el tema de las policías, de la capacitación, al interior también.
Decirles que comparto la idea que aquí se ha establecido por parte de los ponentes, que el tema de la Guardia Nacional es uno de los elementos. Que el tema de la impunidad cruza por otros territorios que tenemos que atender urgentemente y lo vamos a hacer. El territorio es la capacitación de las policías. Que evidentemente se fortalezca esa capacidad, no solamente en las policías federales, sino en las policías municipales y estatales.
Sabemos también que cruza por los ministerios públicos, que tienen que estar debidamente capacitados, que también hay una corrupción tremenda y hay que decirlo claramente, hay una cadena de corrupción en esos órganos de administración y de procuración de justicia.
Y también tenemos que ver el tema del Poder Judicial, que se siente un Poder intocado, porque ahí también está parte del germen que engendró todo el problema que estamos viviendo hoy de crisis profunda de inseguridad.
Y también tenemos que ver el tema del sistema penitenciario. ¿Queremos mandar a mucha gente ahora con la reforma al 19 constitucional para que se conviertan en delincuentes profesionales? ¿Queremos por delitos totalmente difusos, porque son tan generales, que se podrían cometer una cantidad de injusticias tremendas? No, desde luego que no lo vamos a permitir, vamos a discutirlos.
Ahora, voy a hacer una propuesta y la quiero hacer enfrente de ustedes. Soy la responsable de Parlamento abierto de Morena, y quiero que las organizaciones, la sociedad civil en general, sepan que tienen un espacio para hacer sus propuestas, para ser escuchados. Pero voy a proponer que todas las reformas constitucionales se hagan a través de Parlamento abierto, porque tenemos una sociedad civil organizada, consciente, crítica y que tiene mucho que aportarnos a los legisladores de todos los partidos.
Por eso estoy profundamente agradecida con todos los conceptos y pongo sobre la mesa mi palabra de que haremos un esfuerzo enorme para mejorar sustantivamente y dar una fuerte discusión al interior de nuestro Grupo Parlamentario Morena, para que la Guardia Nacional sea encabezada por un civil. Vamos a dar la batalla para mejorar sustantivamente. No invadir competencias, como lo dije en la mañana, de ningún nivel de gobierno y que podamos salir con un consenso, que sería maravilloso que pudiéramos tener la capacidad todos los partidos de construir ese gran consenso, para que tengamos el cuerpo de seguridad adecuado, capacitado, en derechos humanos, en género, en todos los temas y que podamos enfrentar adecuadamente a la delincuencia y cruzando por estos Poderes que se sienten intocados, que es la Procuraduría y es el Poder Judicial.
Con eso terminaría y les agradezco mucho todas sus intervenciones y sus aportaciones. Gracias.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias a la diputada Lorena Villavicencio, por hacer este compromiso.
Quiero agradecer también a los ponentes que nos acompañaron el día de hoy, a mis compañeros y compañeras legisladores que estuvieron en esta mesa y también, y sobre todo, a la gente que nos ha seguido por el Canal del Congreso y a ustedes, que estoicamente estuvieron aquí todo este tiempo, a pesar de que competimos con el documental y con Diego Luna, estamos aquí porque nos interesa el tema.
Bueno, a ver, quiero concluir esta mesa, pero esta jornada que de todas las audiencias públicas me parece que ha sido hasta el momento de las más enriquecedoras. El primer día tuvimos a los gobernadores. El segundo día tuvimos a los presidentes municipales. Hoy tuvimos en la mañana la mesa sobre derechos humanos, y ahora esta mesa sobre Seguridad Humana.
Yo, en primer lugar, quiero resaltar el valor que han tenido las audiencias públicas, estas audiencias públicas y en general el valor de los procesos de parlamento abierto. Me da muchísimo gusto que se haya celebrado esto, porque me queda claro que nos ha, a mucho de nosotros, pero sobre todo a la mayoría de Morena, pues abierto un poco los ojos sobre distintos temas, creo que por ese solo hecho ha valido la pena celebrar estas audiencias públicas.
Recordar que el Congreso mexicano ya lo ha hecho en el pasado, lo hicimos en las últimas dos legislaturas en varios procesos, lo comentaba ya Lisa en el tema de Fiscalía que Sirva, pero también lo hicimos en el proceso de construcción del sistema nacional anticorrupción, del sistema nacional de transparencia, se hizo también en procesos que llevaron a la no legalización, a la normalización, regularización, regulación, perdón, de la marihuana medicinal.
En fin, en diferentes procesos hemos caminado de la mano de la sociedad civil, hemos caminado de la mano de expertos, y yo quiero aprovechar la disposición de Lorena y que es la responsable de parlamento abierto, para invitarla a que esto no solamente se quede como ha sido hasta ahora en la voluntad de los grupos parlamentarios o de los presidentes de las comisiones, sino que hagamos que esto quede en la Ley Orgánica del Congreso y en el Reglamento de ambas Cámaras, como procesos a los que ya nos auto-obliguemos los legisladores de hacer este tipo de procesos en reformas constitucionales y en reformas legales.
En fin, esto creo que vale mucho la pena. Esa sería mi primera gran conclusión de estas audiencias públicas y ojalá podamos estar firmando todos los grupos parlamentarios pronto una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica en ese sentido, del Congreso.
En segundo lugar, quiero destacar, creo que hay un consenso ya generalizado en lo que he escuchado yo hasta ahora de los especialistas en estos tres días sobre la necesidad inminente, que ya se ha comentado hasta el cansancio, de que la Guardia Nacional no tenga un mando militar, sino tenga un mando civil y me da mucha esperanza que también los diferentes grupos parlamentarios se han manifestado en ese sentido.
Pero más allá de solamente cambiar de un militar a un civil el mando, creo que lo que hemos escuchado en estos tres días nos da para hacer una reflexión mucho más profunda sobre la naturaleza, sobre el enfoque, sobre el diseño institucional de la Guardia Nacional.
Es decir, que la Guardia Nacional no puede investigar delitos del fuero común, que la Guardia Nacional tiene que estar acotada en territorio, en tiempo y a ciertos delitos o ciertas circunstancias, condiciones, que realmente hagan necesaria su presencia y su actuación como un cuerpo de excepción y que en lugar de invertir tanto en esta Guardia Nacional, pues invirtamos en solucionar el problema de fondo.
Hay una enorme oportunidad, no se hizo en los años anteriores, pero ahora sí se puede hacer. Este nuevo gobierno, y hay que decirlo y lo reconocemos, tiene una enorme legitimidad con la ciudadanía y entonces le da para poder resolver el tema de fondo, que es la construcción de policías municipales y estatales y una policía nacional profesional, eficaz, capaz y sobre todo confiable.
Yo creo que de eso se trata, también ya lo dijo Lorena y en eso coincido, no solo es la policía, es el sistema judicial, son los ministerios públicos, es el sistema carcelario. En fin, y es un problema sin duda muy complejo, muy de afrontar en materia de diseño institucional, en materia de políticas públicas, pero se puede hacer, y en ese sentido creo que lo que tendríamos que estar empujando como Poder Legislativo es resolver el problema de fondo de la inseguridad en este país, a través de mejorar todas estas instituciones.
Esas serían mis dos grandes conclusiones, decir pues que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estará impulsando este enfoque, en los próximos días declarar el periodo extraordinario de sesiones que tendremos la próxima semana para discutir este tema y que esperemos que podamos construir entre todos los grupos parlamentarios un mucho mejor dictamen, que atienda la emergencia pero con el compromiso de atender los temas estructurales para poder tener mucha mejor seguridad pública en este país.
La moderadora diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Quiero agradecer finalmente a todos y todas, muchas gracias por esto y pues nos vemos mañana aquí mismo, en las audiencias de mañana. Gracias a todos.
El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández: Solamente para recordarles que el día de mañana las mesas 8 y 9 de estas audiencias públicas se llevarán a cabo en el salón Protocolo, del edificio C, a partir de las 11 horas. Por su atención muchas gracias y muy buenas noches.
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