Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Diputada presidenta, se informa que se tienen registrados previamente 437 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (15:32 horas): Se abre la sesión de Jurado de Procedencia.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Esta Presidencia informa que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que la asamblea queda informada de los asuntos correspondientes a la sesión extraordinaria de esta fecha.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría, en votación económica, si en términos del artículo 96 del Reglamento se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta de la sesión anterior.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Diputadas y diputados, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobada el acta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se abre la sesión en la que el pleno de la Cámara de Diputados, en cumplimiento a la convocatoria de la Comisión Permanente, se erige en Jurado de Procedencia para conocer y resolver los dictámenes emitidos por la Sección Instructora en el expediente SI/LXIV/DP/03/2021, relativo al procedimiento de declaración de procedencia, solicitado en contra del ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona, y el expediente SI/LXIV/DP/01/2021, relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado en contra del ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 2o, del acuerdo de la Conferencia, antes mencionado. Permítanme un momento, por favor. Reitero. En términos del artículo 2o, del Acuerdo de la Conferencia antes mencionado, proceda la Secretaría dar lectura a los documentos de notificación personal, relativo a la cita para esta sesión tanto a los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como, al ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal electo a la LXIV Legislatura.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de agosto del año 2021. Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presente.

En cumplimiento de los resolutivos 3o, 4o y 5o, del acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, de fecha 9 de agosto del año 2021, por el que se tiene por recibido el dictamen emitido por la Sección Instructora de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, relativo al expediente SILXIV/DP/03/2021, correspondiente al procedimiento de declaración de procedencia instruido en contra del ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, a solicitud de la maestra Laura Angelina Borbolla Moreno, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual se habilita al suscrito licenciado Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos, al maestro Olinsser Elihu Pichardo Mora, director de servicios legales; a la maestra Claudia Violeta Azar Cruz, subdirectora de apoyo normativo y al maestro Humberto Acosta Olivar, Subdirector de lo Contencioso, adscritos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este órgano legislativo para que acompañados del notario público número 35, el maestro Eutiquio López Hernández, notifiquen personalmente y hagan entrega de los oficios correspondientes a las partes derivados de la integración del expediente SI/LXIV/DP/03/2021 de la Sección Instructora y sus anexos con copia de traslado.

Antecedentes:

a) Con fecha 27 de abril del año 2021, la maestra Laura Angelina Borbolla Moreno, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados escrito de solicitud de declaración de procedencia en contra del ciudadano Benjamín Saul Huerta Corona, diputado federal a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados. Cabe mencionar que la promovente ratificó su escrito de solicitud de declaración de procedencia en la misma fecha.

b) Con fecha 28 de abril del año 2021, la Sección Instructora emitió acuerdo de radicación del expediente SI/LXIV/DP/03/2021, ordenando la notificación al ciudadano Benjamín Saul Huerta Corona, diputado federal a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, y a la maestra Laura Angelina Borbolla Moreno, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

c) Con fecha 5 de junio, de julio, perdón, del año 2021, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, aprobó el dictamen donde se resolvió que ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal de la LXIV Legislatura, ciudadano Benjamín Saul Huerta Corona, con cuatro votos a favor.

d) Con fecha 9 de agosto del año 2021, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, recibió el dictamen emitido por la Sección Instructora de la LXIV Legislatura, relativo al expediente SI/LXIV/DP/03/2021, instruida en contra del ciudadano Benjamín Saul Huerta Corona, diputado federal a la LXIV Legislatura.

e) Con fecha 9 de agosto del año 2021, el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó un segundo periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, para que con fecha 11 de agosto del año en curso, a las 15:00 horas, la Cámara de Diputados deba erigirse en Jurado de Procedencia para que en sesión del pleno conozca y resuelva de los citados asuntos.

Procedimiento de notificaciones:

1. El día 29 de abril del año en curso, siendo aproximadamente las 8:00 horas, el suscrito licenciado Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos, en compañía de los ciudadanos maestro Humberto Acosta Olivar, subdirector de lo Contencioso y el ciudadano Armando Yáñez Larios, nos constituimos en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a efecto de notificar al ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, el acuerdo que dictó la Sección Instructora de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados de fecha 28 de abril del año en curso, relativo al expediente SI/LXIV/DP/03/2021, haciendo entrega del acta de notificación, acuerdo de radicación emitido por la Sección Instructora, copia certificada de la solicitud de declaración de procedencia y copia autentificada de la carpeta de investigación.

2. Con fecha 10 de agosto del año en curso, siendo las 9:29 horas, los ciudadanos maestro Olinsser Elihu Pichardo Mora, director de Servicios Legales, maestra Claudia Violeta Azar Cruz, subdirectora de Apoyo Normativo y el maestro Humberto Acosta Olivar, subdirector de lo Contencioso, se constituyeron en el domicilio señalado por el imputado para oír y recibir notificaciones a efecto de notificar al ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, dicha notificación, fue recibida por el ciudadano Pavel Arenas Landgrave, en nombre y representación del imputado, entregando el acuerdo que emitió la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 9 de agosto del año en curso, en el que señaló que debe erigirse en Jurado de Procedencia.

El pleno de la Cámara de Diputados el día 11 de agosto del presente año, a las 15 horas, y anexos diversos en relación al expediente SI/LXIV/DP/03/2021, dicha notificación se practicó en relación ante la fe de hechos del notario público número 35 de la Ciudad de México el maestro Eutiquio López Hernández, cuyo testimonio quedó inscrito en el instrumento notarial número 222 mil 498.

3. Con fecha 10 de agosto del año en curso, siendo las 9.33 horas, los ciudadanos maestros Olinsser Elihu Pichardo Mora, director de Servicios Legales, maestra Claudia Violeta Azar Cruz, subdirectora de Apoyo Normativo y el maestro Humberto Acosta Olivar, subdirector de lo contencioso, se constituyeron en el domicilio señalado por el imputado para oír y recibir notificaciones a efecto de notificar al ciudadano Pavel Arenas Landgrave, en su carácter de abogado defensor del imputado, entregando el acuerdo que emitió la Presidencia de la Mesa Directiva, de fecha 9 de agosto del año en curso, en el que señaló que debe erigirse en Jurado de Procedencia el pleno de la Cámara de Diputados el día 11 de agosto del presente año a las 15:00 horas y anexos diversos en relación al expediente SI/LXIV/DP/03/2021.

Dicha notificación se practicó ante la fe de hechos del notario público número 35 de la Ciudad de México, el maestro Eutiquio López Hernández, cuyo testimonio quedó inscrito en el instrumento notarial número 222498.

4. Con fecha 10 de agosto del presente año, siendo las 12:18 horas, el suscrito licenciado Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos, en compañía de los ciudadanos, el maestro Olinsser Elihu Pichardo Mora, director de Servicios Legales; la maestra Claudia Violeta Azar Cruz, subdirectora de Apoyo Normativo, y el maestro Humberto Acosta Olivar, subdirector de lo Contencioso, nos constituimos en la calle General Gabriel Hernández número 56, quinto piso, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, a efecto de realizar la notificación personal a la maestra Laura Angelina Borbolla Moreno, coordinadora general de Investigaciones de Delitos de Género y Atención a Víctimas, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en presencia de la licenciada Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, entregando el acuerdo que emitió la Presidencia de la Mesa Directiva, de fecha 9 de agosto del año en curso, en el que señaló que debe erigirse en Jurado de Procedencia el pleno de la Cámara de Diputados el día 11 de agosto del presente año a las 15:00 horas y anexos diversos en relación al expediente SI/LXIV/DP/03/2021.

En virtud de lo antes expuesto, de conformidad con lo previsto por el artículo 38 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, me permito informar a esta Presidencia que las partes procesales han sido debida y fehacientemente notificadas y citadas conforme a derecho y al mandato de la Presidencia de la Mesa Directiva a la sesión en que la Cámara de Diputados habrá de erigirse en Jurado de Procedencia.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida. Atentamente el licenciado Luis Genaro Vázquez Rodríguez director general de asuntos jurídicos. Firmado.

Se acompañan también las actas de notificación a cada una de las partes. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada secretaria.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Proceda la Secretaría a dar lectura a los documentos de notificación personal, relativos a la cita para esta sesión, tanto las servidoras a las y los servidores públicos adscritos a la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, así como al ciudadano Mauricio Toledo Gutiérrez, diputado federal electo a la LXIV Legislatura y a sus abogados defensores.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Se acompañan también las actas de notificación a cada una de las partes.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de agosto del año 2021.

Diputada María Sauri Riancho presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.

En cumplimiento de los resolutivos tercero, cuarto y quinto del acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 9 de agosto del año 202,1 por el que se tiene por recibido el dictamen emitido por la Sección Instructora de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados relativo al expediente SI/LXIV/DP/01/2021 correspondiente al procedimiento de declaración de procedencia instruido en contra del ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados a solicitud de los ciudadanos Rafael Chong Flores fiscal especializado en Combate a la Corrupción y/o Richard Urbina Vega, fiscal para la investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos adscritos a la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, se habilita al suscrito licenciado Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos, al maestro Olinsser Elihu Pichardo Mora director de Servicios Legales, a la maestra Claudia Violeta Azar Cruz subdirectora de Apoyo Normativo y al maestro Humberto Acosta Olivar subdirector de lo Contencioso. Adscritos a la dirección general de asuntos jurídicos de este órgano Legislativo.

Para que acompañados del notario público número 35, el maestro Eutiquio López Hernández notifiquen personalmente y hagan entrega de los oficios correspondientes a las partes, derivados de la integración del expediente SI/LXIV/DP/01/2021 de la Sección Instructora y sus anexos con copia de traslado.

Antecedentes. Inciso a) con fecha 25 de enero del año de 2021, los ciudadanos Chong Flores fiscal especializado en Combate a la Corrupción y Richard Urbina Vega, fiscal para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, presentaron ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados escrito de solicitud de declaración de procedencia en contra del ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, por su posible participación en hechos con apariencia de delito de enriquecimiento ilícito, mismos que se investigan en la carpeta de investigación número CI-FIBCSP/B/UI-P-1 C/B/1226/09-2020.

Cabe mencionar que los promoventes ratificaron su escrito de solicitud de declaración de procedencia en la misma fecha.

b) Con fecha 28 de enero del año 2021, la Sección Instructora emitió acuerdo de radicación del expediente SI/LXIV/DP/01/2021, ordenando la notificación al ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, y a los ciudadanos Rafael Chong Flores, fiscal especializado para el Combate a la Corrupción, y Richard Urbina Vega, fiscal para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

c) Con fecha 11 de julio del año 2021, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura aprobó el dictamen donde se resolvió que ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal de la LXIV Legislatura, ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, con tres votos a favor y uno en contra.

d) Con fecha 9 de agosto del año 2021, la Presidencia, Mesa Directiva, de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura recibió el dictamen emitido por la Sección Instructora de la LXIV Legislatura relativo al expediente SI/LXIV/DP/01/2021, instruido en contra del ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal de la LXIV Legislatura.

e) Con fecha de 9 de agosto del año 2021, el pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión aprobó un segundo periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, para que con fecha 11 de agosto del año en curso a las 15 horas la Cámara de Diputados deba erigirse en Jurado de Procedencia, para que en sesión de pleno conozca y resuelva de los citados asuntos.

Procedimiento de notificaciones

1. El día 31 de enero del año en curso, siendo aproximadamente las doce y media horas, el suscrito, licenciado Luis Genaro Vázquez Rodríguez, asistido por los ciudadanos maestro Olinsser Elihu Pichardo Mora y maestra Claudia Violeta Azar Cruz, acompañados por el maestro Eutiquio López Hernández, notario público número 35 de la Ciudad de México, nos constituimos en el domicilio ubicado en calle Manuel López Cotilla número 1028, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, código postal 03100 de esta ciudad, a efecto de notificar al ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, el acuerdo que dictó la Sección Instructora de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, de fecha 28 de enero del año en curso, relativo al expediente SI/LXIV/DP/01/2021, haciendo entrega del acta de notificación, acuerdo de erradicación emitido por la Sección Instructora, copia certificada de la solicitud de declaración de procedencia y copia autentificada de la carpeta de investigación.

2. Con fecha 10 de agosto del año en curso, siendo las 10:36 horas, los ciudadanos maestros Olinsser Elihu Pichardo Mora, director de Servicios Legales, maestra Claudia Violeta Azar Cruz, subdirectora de Apoyo Normativo, y el maestro Humberto Acosta Olivar, subdirector de la Contencioso, se constituyeron en el domicilio señalado por el imputado para oír y recibir notificaciones, a efecto de notificar al ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.

Dicha notificación fue recibida por el ciudadano Ezequiel Antonio Magaña Rivas en nombre y representación del imputado, entregando el acuerdo que emitió la Presidencia de la Mesa Directiva, de fecha 9 de agosto del año en curso, en el que señaló que debe erigirse en Jurado de Procedencia el pleno de la Cámara de Diputados el día 11 de agosto del presente año, a las 15:00 horas, y anexos diversos en relación al expediente SI/LXIV/DP/01/2021.

Dicha notificación se practicó ante la fe de hechos de notario público número 35 de la Ciudad de México, el maestro Eutiquio López Hernández, cuyo testimonio quedó inscrito en el instrumento notarial número 220499.

3. Con fecha 10 de agosto del año en curso, siendo 10:40 horas, los ciudadanos maestro Olinsser Elihu Pichardo Mora, director de Servicios Legales, maestra Claudia Violeta Azar Cruz, subdirectora de Apoyo Normativo, y el maestro Humberto Acosta Olivar, subdirector de la Contencioso, se constituyeron en el domicilio señalado por el imputado para oír y recibir notificaciones, a efecto de notificar a los licenciados Epigmenio Mendieta Valdés y/ Ezequiel Antonio Magaña Rivas, en su carácter de abogados defensores del ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, entregando el acuerdo que emitió la Presidencia de la Mesa Directiva, de fecha 9 de agosto del año en curso, en el que señaló que debe erigirse en Jurado de Procedencia el pleno de la Cámara de Diputados el día 11 de agosto del presente año, a las 15:00 horas, y anexos diversos en relación al expediente SI/LXIV/DP/01/2021. Dicha notificación se practicó ante la fe de hechos del notario público número 35 en la Ciudad de México, el maestro Eutiquio López Hernández, cuyo testimonio quedó inscrito en el instrumento notarial número 222450.

4. Con fecha 10 de agosto del presente año, siendo las 12:18 horas, el suscrito licenciado Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos, en compañía de los ciudadanos, maestros Olissner Elihu Pichardo Mora, director de Servicios Legales, la maestra Claudia Violeta Azar Cruz, subdirectora de Apoyo Normativo y el maestro Humberto Acosta Olivar, subdirector de lo Contencioso, nos constituimos en la calle de General Gabriel Hernández, número 56, quinto piso, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, a efecto de realizar la notificación personal, el ciudadano Rafael Chong Flores, fiscal especializado para el combate a la corrupción, adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en presencia de la licenciada Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de la Justicia de la Ciudad de México, entregando el acuerdo que emitió la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 9 de agosto del año en curso en el que señaló que debe erigirse en Jurado de Procedencia el pleno de la Cámara de Diputados, el día 11 de agosto del presente año a las 15:00 horas y anexos diversos, en relación al expediente SI/LIXV/DP/01/2021.

En virtud de lo antes expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, me permito informar a esta Presidencia que las partes procesales han sido debida y fehacientemente notificadas y citadas conforme a derecho y al mandato de la Presidencia de la Mesa Directiva, de la sesión en que la Cámara de Diputados habrá de erigirse en Jurado de Procedencia.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida. Atentamente, licenciado Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada secretaria.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a las y los presentes ponerse de pie.

La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 74, fracción V y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 27 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se erige hoy, 11 de agosto de 2021, en Jurado de Procedencia para conocer y resolver sobre los dictámenes emitidos por la Sección Instructora.

Con proyecto que declara la procedencia de la acción penal en contra del diputado federal, ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona. Y con proyecto que declara la procedencia de la acción penal en contra del diputado federal, ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. Sírvanse tomar asiento, por favor.

Se informa a la asamblea que esta sesión de Jurado de Procedencia se desarrollará de conformidad con lo establecido en el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que rige la actuación de la Cámara de Diputados, como Jurado de Procedencia, para conocer dictámenes o resolutivos emitidos por la Sección Instructora en los expedientes sustanciados durante el tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, aprobada en la sesión del 29 de abril del año en curso.

Para conocimiento de la asamblea, se informa que ambos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria desde el 9 de agosto del año en curso, así como el voto particular de la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativo al dictamen de la Sección Instructora, con proyecto que declara la procedencia de la acción penal en contra del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente el punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Sección Instructora sobre la declaración de procedencia en contra del diputado federal, ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona.

Pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que introduzca a este salón de sesiones a la maestra Laura Angelina Borbolla Moreno, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y la conduzca al lugar que debe ocupar, conforme a la normatividad aprobada para la realización de esta sesión.

En términos del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y del artículo 3o. del acuerdo parlamentario que rige la actuación de la Cámara de Diputados, como Jurado de Procedencia, el ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona no presentó incidente alguno de recusación.

Esta Presidencia informa que, en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no se recibió solicitud alguna de recusación o de excusa por parte de las diputadas o los diputados que han de integrar el Jurado de Procedencia.

En consecuencia, pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del dictamen de la Sección Instructora para conocimiento de la asamblea.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Resuelve.

Primero. Al lugar de proceder penalmente en contra del diputado federal C. Benjamín Saúl Huerta Corona.

Segundo. Notifíquese a las partes el sentido de la presente resolución en términos de la normatividad aplicable y publíquese en el Diario oficial de la Federación.

Tercero. Téngase por concluido el procedimiento emanado de solicitud de declaración de procedencia y archívese el expediente SI/64/DP03/2021 en términos de la normatividad aplicable.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Procederemos a desahogar el punto cuarto del acuerdo. En términos de los artículos 20 y 27 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se abre la fase de alegatos, réplicas y contra réplicas de las partes con la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales en lo conducente a las formalidades del sistema acusatorio. Con fundamentos en los artículos 54 y 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o lícito a las partes que intervendrán en la fase de alegatos y réplicas procedan a identificarse e individualizarse. Comenzamos con los representantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La ciudadana Laura Angelina Borbolla Moreno: Buenas tardes a todas y a todos. Laura Angelina Borbolla Moreno, en mi carácter de coordinadora general de investigación de delitos de género y de atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El ciudadano José María Saldaña Vélez: Buenas tardes. El licenciado José María Saldaña Vélez, agente del Ministerio Público encargado del área de judicialización en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

La ciudadana María Isabel González Chávez: Muy buenas tardes. María Isabel González Chávez, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El ciudadano Francisco Trujillo Fuentes: Buenas tardes a todos y a todas. Francisco Trujillo Fuentes, agente del Ministerio Público, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Proceda a identificarse la defensa del imputado.

El ciudadano Pável Arenas Landgrave: Buenas tardes, señora presidenta. Pável Arenas Landgrave, abogado defensor del ciudadano Saúl Huerta Corona.

El ciudadano Juan José Salazar Hernández: Buenas tardes. Juan José Salazar Hernández, abogado defensor del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona.

El ciudadano Héctor Aguilera: Buena tarde. Licenciado Héctor Aguilera, abogado defensor del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado B, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción XI; 115 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pregunto al licenciado Pável Arenas Landgrave, si es tan amable de ponerse de pie, si ante este jurado de procedencia acepta y protesta el cargo de defensor que le ha conferido el imputado.

El ciudadano Pável Arenas Landgrave: Sí, protesto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, licenciado.

El ciudadano Pável Arenas Landgrave: Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el solicitante de la declaración de procedencia, hasta por 20 minutos.

La fiscal Laura Angelina Borbolla Moreno: Buenas tardes tengan todas y todos. Honorable Congreso de la Unión, honorable pleno de la Cámara de Diputados, que se constituye en jurado de procedencia. Laura Angelina Borbolla Moreno, en mi carácter de coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, con la facultad que me fue delegada por la licenciada Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ante ustedes, respetuosamente, comparezco y expongo.

La ley que emana del honorable Congreso de la Unión implica, sin distinción alguna, estricta observancia, por lo que su transgresión no debe quedar impune, principalmente cuando las víctimas son menores de edad, ya que de lo contrario se estarían vulnerando la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

En abrevio de tiempo y con el ánimo de no revictimizar a las personas que fueron sujetas pasivas de delito, se solicita se den por reproducidos los hechos, mismos que obran en el expediente de la comisión Instructora, de las cuales –todas las constancias– tiene conocimiento el ahora el investigado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó, a la honorable Cámara de Diputados, solicitud de declaración de procedencia en contra de Benjamín Saúl Huerta Corona, toda vez que existen imputaciones de hechos considerados por la ley como delitos. Estos, cometidos en agravio de una víctima mayor de edad de 18 años, quien narró hechos con apariencia del delito de abuso sexual agravado, acaecido el 30 de julio del año 2019, aprovechando el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba el ofendido, ante la ingesta de sustancias que no le permitieron resistir la conducta delictiva.

En el primer momento fue a bordo de un vehículo particular y en el segundo en la habitación de un hotel en la Ciudad de México, en los cuales realizó conductas con intención lasciva, caracterizada por ser hechos de índole sexual y con la finalidad de satisfacer su lívido sexual.

En el tercer evento, bajo circunstancias similares, el investigado, en fecha 21 de abril del año 2021, realizó una conducta delictiva con apariencia del delito de violación equiparada agravada, siendo la víctima un menor de edad, realizando esta actividad dentro de un hotel de la colonia Juárez en la Ciudad de México, lo que motivó que el agraviado solicitara auxilio de la policía, la detención y la puesta a disposición del investigado ante la Fiscalía de Investigaciones de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde atendiendo a su fuero constitucional se le decretó su libertad.

Cabe destacar que, en cada uno de los eventos que le son atribuidos al investigado Benjamín Saúl Huerta Corona, aprovechó la relación de confianza que generó con las víctimas, refiriéndoles incluso a los padres de los ofendidos que cuidaría de ellos, y la del encargo como diputado federal, ya que les ofreció que lo acompañaran a la Ciudad de México con el pretexto de conocer este recinto, en el cual este presta sus servicios para así consumar conductas delictivas, incluso utilizando como medio la violencia física, lesionando el bien jurídicamente titulado por la Ley Penal, que, en el caso, es la libertad sexual de las víctimas.

Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con dos carpetas de investigación que contienen datos de prueba legales sólidos, robustos y científicos que en su conjunto y que, en atención al principio de legalidad nos permiten establecer que se cometieron hechos con apariencia del delito de abuso sexual agravado diversos dos, previsto en los artículos 177 párrafo primero, al que, sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona que por cualquier causa no pueda resistirlo.

Párrafo segundo, violencia física, artículo 176, párrafo segundo. Se entiende por un acto sexual cualquier acción dolosa con sentido lascivo y artículo 178, cuando fuera cometido en términos de la fracción III, en la hipótesis de por quien valiéndose de medios que le proporcione su cargo público y la fracción IV, en la hipótesis por la persona que aprovecha la confianza en ella depositada, así como la fracción V, fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular, cometido en agravio de una víctima mayor de edad.

Así como, en el segundo caso, violación equiparada agravada, prevista en los artículos 175 párrafo primero, se equipara la violación y se sanciona con la misma pena al que en términos de la fracción I, realice la cópula con persona que por cualquier causa no pueda resistir el hecho; y párrafo segundo, en la hipótesis de violencia física; y el artículo 78, cuando fueron cometidos en términos de la fracción III, en la hipótesis por quien valiéndose de medios que le proporcione su cargo público; y en la fracción IV, en la hipótesis de la persona se aproveche de la confianza en ella depositada. Todos del Código Penal de la Ciudad de México, cometidos en agravio de un menor de edad.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuenta con pruebas legales contundentes, sólidas y científicas entre las cuales cabe destacar la entrevista de las víctimas, la entrevista de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que intervinieron en el momento de los hechos, la investigación de los elementos de la política de investigación de la propia fiscalía, quienes permitieron establecer los lugares donde se desarrollaron los hechos delictivos.

La identificación del vehículo relacionado con cada uno de los hechos, la entrevista de los testigos y familiares de las víctimas. Dictámenes periciales en diversas especialidades entre los cuales destacan en materia de mecánica para la identificación del vehículo que utilizó el investigador en cada uno de los hechos.

En materia de medicina forense, donde se corroboró la edad de las víctimas. En materia de criminalística, que permitió la fijación del objeto y lugares de los hechos relacionados con los eventos. En materia de fotografía forense, en el que se realizó la fijación de los lugares de los hechos. En materia de genética forense, con resultados positivos en amilasa salival y obtención de perfiles genéticos en prenda íntima de la víctima. En materia de química, identificando la presencia de etanol en la muestra biológica recabada a la víctima. En materia de psicología, que permite establecer que las víctimas presentan sintomatología asociada en violencia sexual relacionada a los hechos que se investigan tales como incomodidad, sospecha, temor a las represalias, culpa, impotencia, enojo, recuerdos recurrentes, evitación, decepción, desconfianza, asco, entre otras características.

El análisis del audio relativo a la conversación en donde el investigado Benjamín Saúl Huerta Corona trató de persuadir a la madre del menor, víctima, para que no denunciara, así como la documentación relativa al ingreso del hotel constituido como el lugar de los hechos y el análisis de los videos del hotel e incursión del investigado y de una de las víctimas.

Por todo ello, es que se arriba a la conclusión que es viable que se apruebe la declaración de procedencia para que Benjamín Saúl Huerta Corona sea juzgado como un ciudadano que transgredió el orden legal y se presume cometió un delito en la Ciudad de México.

Es pertinente se declare la procedencia para que sea un juez penal quien realice la valoración de los datos de prueba aportados en la etapa de investigación inicial y establezca si se cuenta con el caudal probatorio mínimo y suficiente requerido para vincularlo a proceso, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia en su favor, ya que será hasta el momento en que se dicte la sentencia en el juicio respectivo que se declare su plena responsabilidad penal.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o., 4o., y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los diversos 13 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como el 262, 263 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pido a ustedes me tengan por presente formulando alegatos a los que se refieren los dispositivos 20 y 27 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y se apruebe la declaratoria de procedencia en contra de Benjamín Saúl Huerta Corona, actual diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, licenciada Laura Angelina Borbolla Moreno.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el licenciado Pavel Arenas Landgrave, abogado defensor del servidor público imputado, en su representación, hasta por 20 minutos.

El abogado defensor Pavel Arenas Landgrave: Muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta Dulce María Sauri Riancho. Ciudadanos diputados y diputadas del honorable Congreso de la Unión, muy buenas tardes.

Esta parte es la defensa del diputado Saúl Benjamín Huerta Corona, y nosotros vamos a manifestarnos o vamos manifestar una serie de argumentos que expondremos en estos 20 minutos que tenemos para el efecto y que estarán divididos en dos partes:

La primera parte inicial la presentará su servidor y cerraremos con un argumento final por parte del licenciado Juan José Salazar Hernández, también abogado defensor del ciudadano diputado.

El derecho constitucional posee una autonomía científica que se sustenta en los límites que marca el fenómeno jurídico. Esta autonomía corre paralela a una serie de peculiaridades cuyo origen está en el propio objeto del derecho constitucional, objeto que no es otro que la propia Constitución, entendida como norma suprema y abierta que organiza el poder político, estableciendo mecanismos de control del mismo y que regula los aspectos esenciales de la vida en sociedad desde los postulados democráticos.

Al afirmarse la forma de Estado constitucional, se ha acentuado también la extensión del principio de legalidad como fundamento, no solo de la función administrativa y jurisdiccional, sino también de la actividad normativa, y específicamente de aquella de rango primario o legislativo.

Con la extensión del principio de legalidad al ámbito legislativo, ha cobrado fuerza la exigencia de dispositivos de control cuya finalidad sea asegurar el cumplimiento de este principio, la relevancia que ha adquirido el Estado constitucional provoca una profunda exigencia de garantía que se liga a la demanda creciente de racionalización de la esfera política.

De esta manera, la política día a día se empieza a determinar por el derecho y no es el derecho el que tiene que ser condicionado por la política. Alejarnos de esta visión nos puede peligrosamente acercar a un tribunal inquisidor en donde se violentan los principios constitucionales de debido proceso, seguridad jurídica y legalidad, propio de regímenes dictatoriales.

En el ámbito constitucional, la convicción que da fuerza a este proceso es que no sirve fijar en la Constitución los principios fundamentales que aseguran la paz social, la libertad, la igualdad, la legalidad y la seguridad jurídica si no existe la posibilidad de garantizar la preeminencia del texto constitucional sobre las expresiones de la voluntad política que se manifiestan, en primer lugar, por medio de la ley.

Por esto, si la preeminencia de la Constitución no se afirmara y se volviera efectivamente operante a través del control de la constitucionalidad, cada ley o cada acto legislativo, expresión de la voluntad de la mayoría, podría derogar a los mandamientos contenidos en los textos constitucionales, anulando las garantías que los individuos y las fuerzas sociales adquieren con la existencia de la Constitución.

Los principios consagrados en el texto constitucional deben prevalecer sobre las coyunturas políticas que puedan presentarse dentro del Estado. Por ello, el papel político que tiene a través de sus decisiones la Sección Instructora adquiere una gran importancia.

De acuerdo con el tratadista alemán Robert Alexy, los principios y las reglas son normas porque unos y otros dicen lo que deben ser y establece como criterios de distinción entre ambos el alto grado de generalidad de los principios y el nivel de generalidad relativamente bajo de las reglas, de manera que, de acuerdo al criterio de generalidad, la primera puede clasificarse como principio y la segunda como regla.

Sin embargo, continuando con el mismo tratadista alemán, reflexiona acerca de la diferencia entre reglas y principios, y deduce que tal distinción es cualitativa y no de grado, pues los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes.

Los principios son fundamentales, determinan la justificación de una acción, explican el por qué debe una conducta realizarse o evitarse, son generales, ordenan de manera genérica, señalan los límites entre lo que es admisible y lo que no lo es, límites que no deben ser traspasados. Los principios defienden las conductas que son válidas y auxilian a que se entienda cuáles son los criterios que deben guiar las conductas.

Del contenido del artículo 1o. constitucional se advierte, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como las garantías para su protección y cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Sin distinción, se establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a todos los ciudadanos, sin importar la gravedad de la conducta que se le está atribuyendo.

La seguridad jurídica es un principio general de derecho que da cuenta de la importancia e indispensabilidad de la certeza que debe de asegurar un ordenamiento jurídico. Toda vez que les permite saber cuáles son las normas que rigen su comportamiento, evita arbitrariedades en el ejercicio del poder y los posibilita a estar ciertos que cualquier afectación en su esfera jurídica estará debidamente fundada y motivada.

La certidumbre que deben tener los gobernados, debe existir en todo el espectro de sus derechos, tanto en las normas sustantivas, como en las adjetivas. Las primeras, entendidas como aquellas que establecen derechos y obligaciones, facultades y deberes para las personas y que proveen normalmente las sanciones que deban aplicarse en aquellas, cuando incurran en incumplimiento.

Las segundas, son aquellas que permiten que el conjunto de normas sustantivas sea suficiente y eficaz, pues evita que su aplicación se constriña a la espontánea voluntad de sus destinatarios. Esas normas son las normas procesales instrumentales que prescriben las condiciones y los procedimientos para la creación y aplicación de las primeras.

Al respecto, el principio de legalidad y debido proceso, se encuentran regulados constitucionalmente en los artículos 14 y 16 y bajo este razonamiento, se puede expresar que un derecho fundamental persigue que el contenido de los mismos sea coherente con los principios y valores básicos del texto fundamental. Además, su positivización obliga al Estado a proveer de garantías procesales para su efectiva protección en los distintos niveles de aplicación dentro del orden jurídico.

Señores diputados, hace no mucho tiempo, estamos hablando del 10 de junio del 2011, se produjeron una serie de transformaciones dentro del orden jurídico mexicano, transformaciones que cambiaron la forma en cómo se deben de proteger y respetar los derechos humanos.

Entre ellas destaca el respeto al tema que nos ocupa: la obligación de todas las autoridades del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Esto último implica obligaciones específicas en la actuación por los distintos ámbitos de gobierno.

Esta reforma de 2011 en materia de derechos humanos, y la relación que guarda con el principio de la legalidad y debido proceso, es menester señalar que son principios estos, que son... estos principios humanos reconocidos en los tratados internacionales o derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución. Y también se les ha dotado el carácter de garantías constitucionales, mismas que se encuentran revestidas de un carácter procesal, el cual comprende todas las condiciones necesarias para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos ante los tribunales, a través de un debido proceso.

Para el constitucionalista mexicano, lamentablemente fallecido en épocas recientes, Fix-Zamudio, la expresión “garantías constitucionales” comprende los derechos subjetivos públicos conferidos expresa o implícitamente a los justiciables por las normas constitucionales, con el objeto de que puedan obtener las condiciones necesarias para la resolución justa y eficaz de las controversias en las cuales intervienen.

Y para cerrar esta primera parte del argumento, señores diputados, es dable señalar a esta Cámara que la acción presentada por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México carece de legitimidad, en virtud de que se violentó el debido proceso en contra del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona. Y un hecho tan lamentable y trascendental que no fue atendido y mucho menos corregido por parte de la Sección Instructora.

Todo lo que de ahí se derive, por aberrantes que pudieran llegar a ser los elementos del tipo que se le están imputando, tienen que tener un principio constitucional de debido proceso. Se tiene que garantizar que todo este proceso inicial se realizó conforme a la ley ordinaria, y mayormente conforme a los principios constitucionales que todas las partes del Estado mexicano deben de cumplir. Muchísimas gracias, muy buena tarde.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, licenciado Arenas Landgrave. Habiendo sido notificada la Presidencia desde esta tribuna, que el licenciado Juan José Salazar Hernández hará uso de la palabra, procederé a tomarle la protesta de ley para que pueda realizarlo.

Licenciado Juan José Salazar Hernández, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado B, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracción XI, 115 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, le pregunto si ante este Jurado de Procedencia acepta y protesta el cargo de defensor que le ha conferido el imputado.

El ciudadano Juan José Salazar Hernández: Sí protesto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En consecuencia, tiene usted el uso de la tribuna, licenciado Juan José Salazar Hernández.

El abogado defensor Juan José Salazar Hernández: Muchas gracias y buenas tardes, nuevamente.

Mi codefensor hizo ya un análisis, un panorama constitucional del caso, y explicó con puntualidad los derechos fundamentales que envuelven este caso. Solamente yo aterrizaré en una forma mucho más práctica dónde se vincula la ilegalidad de este proceso.

Los abogados de defensa, los abogados litigantes siempre establecemos cuál es el punto litigioso, cuál es el debate. Aquí el debate no es si nuestro defenso incurrió o no en una comisión, en la comisión de un acto delictivo. No es si hizo o deshizo, aquí la litis se vincula en sobre el proceso político-jurídico en que estamos envueltos.

Mi compañero dijo con atino que el imputado tiene derechos fundamentales. En términos del artículo 1o. constitucional tiene el derecho fundamental de ser tratado igual en cuanto al órgano que lo somete, el órgano que lo sujeta. Esta soberanía tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales de todo sujeto a proceso, en este proceso de materialmente jurisdiccional preminentemente administrativo y no ha sucedido. Y lo voy a resumir en tres argumentos muy sencillos, tres silogismos muy sencillos que podrán dibujar la forma tan desaseada en que se llevó este procedimiento.

El primer argumento se vincula a principio de presunción de inocencia, contemplado en el artículo 20 constitucional y 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El imputado en todo momento tiene el derecho de ser tratado como inocente, lo establece el derecho internacional y nuestro bloque de constitucionalidad. Ese tema ha sido, inclusive, ya materia de teoría o los tribunales federales. En el momento en que inicia este proceso a través de una denuncia de orden penal y posteriormente el inicio de este proceso se ha filtrado información a los medios en los cuales se ha contaminado el proceso.

Yo les pregunto a ustedes, si ustedes no han tenido noticias de este caso por redes sociales. Yo les pregunto a ustedes, si no han visto fotografías, videos que se han filtrado a la opinión pública y que han generado un linchamiento mediático en contra de nuestro defenso. Sí, sí los han visto. Basta abrir redes sociales para ver videos que son parte de las carpetas de investigación, pruebas y declaraciones.

La propia Fiscalía ha filtrado obtener ya, una, preparada la detención de nuestro defenso. Y eso, eso es violación al principio de violación de inocencia. Y eso se hizo del conocimiento de la comisión y se hizo del conocimiento de la comisión sin ningún resultado. Basta ver la nota del 28 de abril del 2021, de Televisa News donde se filtran los videos que supuestamente inculpan al imputado.

La segunda violación de este procedimiento tiene que ver con el inicio. La denuncia por la cual se inicia este proceso fue presentada por diversos funcionarios, incluyendo la fiscal General de Justicia de nuestra ciudad.

En términos del artículo 12, inciso a) de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ella tenía que ratificar el documento. Pero no, no lo hizo. Son actividades para las cuales no tiene tiempo y envió a los funcionarios, muy respetables, pero subordinados a hacer esa gratificación bajo un acuerdo en el cual les autoriza, que se funda en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde establece el reglamento de la ley qué facultades puede delegar y qué facultades puede no hacerlo.

El oficio donde está esa delegación no contiene el fundamento del reglamento, y eso para los abogados de defensa se llama falta de fundamentación y motivación.

Finalmente, lo más grave tiene que ver con la elaboración del dictamen. La elaboración del dictamen, si ustedes pueden verlo, se fundamenta en el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece: “Cuando se presente denuncia o que ella, por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de Constitución General de la República, se actuará en lo pertinente de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior, en materia de juicio político, ante la Cámara de Diputados.

En este caso, la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado.

Ese artículo se encuentra desfasado con la reforma constitucional del 18 de julio de 2018, donde se establece que la procedencia de la vinculación o del llamamiento a judicialización requiere datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la posibilidad de que el imputado lo haya cometido.

La elaboración del dictamen se hace con base en un artículo desfasado, de tal manera que se hace un estudio en el cual se estudia la propuesta de la Fiscalía en términos del sistema inquisitivo, esto es, no en el procedimiento adversarial. Y así de desaseado, fue aprobado por la comisión.

Yo les pregunto aquí a los funcionarios de la Fiscalía si, siendo profesores de derecho, qué calificación le darían a un dictamen de esta naturaleza. Tiene cero, cero porque no está debidamente fundado. Sinceramente lo consideramos. Es probable que al momento que nosotros salgamos haya alguna mayoría aprobando el dictamen, pero que quede bien claro, tendrán que esconderlo o quemarlo, porque esto no sustenta la procedencia de este trámite. Buenas tardes.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, licenciado Salazar Hernández. ¿Desea la representación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hacer uso de su derecho de réplica?

La ciudadana Laura Angelina Borbolla Moreno: Señora presidenta, agradezco el uso de la voz y habiendo hecho el análisis de los alegatos vertidos por la defensa del investigado, esta Fiscalía no hará uso del derecho de réplica. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, licenciada Laura Angelina Borbolla Moreno. Dado que no hizo, la parte acusadora, uso de su derecho de réplica, por lo tanto, tampoco es pertinente preguntar a la parte acusada. Es decir, si hace contrarréplica, dado que no hubo réplica.

En consecuencia, se pide a los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la defensa del imputado retirarse del salón y esperar en el lugar designado hasta que sean requeridos. Se solicita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios les acompañe en su salida del salón de sesiones.

Cumplido lo que establece el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se somete a discusión el dictamen presentado por la Sección Instructora.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el inciso a) del artículo 5o. del acuerdo, hará uso de la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Sección Instructora, hasta por diez minutos.

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Insigne de esta. Ciudadana presidenta, esta sesión de jurado de procedencia no es una sesión de Cámara, su orden del día se relaciona exclusivamente con los casos que están sometidos a consideración como jurado.

En este jurado no existen grupos parlamentarios, hay diputadas y diputados. No es un asunto de la competencia legislativa o de control político del Congreso. Es el responder a una solicitud presentada por el Ministerio Público.

El Ministerio Público nos solicita que declaremos la procedencia a la acción penal contra una persona que, teniendo inmunidad procesal penal, sostiene el Ministerio Público, probablemente cometió un delito y debe ser puesto a disposición de las autoridades. Esa es la petición.

Tampoco hay otra salida más que decir que sí o que no, puesto que aquí no se trata de consideraciones de orden político.

El abogado del inculpado, que habló en primer término, ha dicho que no debe existir, que no existe en este procedimiento propósito político alguno. En la aplicación del derecho, no debe estar sometido a un determinado interés que esté fuera del derecho mismo. Tiene razón, puesto que el fuero, llamado así, es decir, la inmunidad procesal penal, que es una institución para proteger el funcionamiento de los órganos del poder público, pero no para darle impunidades a los servidores públicos de alto rango, que son quienes tienen inmunidad procesal penal, no debe ser motivo para que de manera permanente o aún durante un tiempo se goce de impunidad o se pueda evadir la acción de la justicia.

Hemos tenido de todo en esta materia en la historia de México. Desgraciadamente el balance es en contra de principios básicos que deben regir el enfoque que hay que tener sobre la inmunidad procesal penal y la obligación moral que debe tener la Cámara de Diputados para analizar los términos de la solicitud del Ministerio Público.

Ya fuera, como en algunos casos, para inventar delitos a un alto funcionario al que se le quería impedir su candidatura o ya sea para lograr que otro funcionario público tuviera que dar cuentas a la justicia y fuera sometido a un procedimiento en sede judicial. Hemos tenido de las dos cosas.

Y también ha habido casos, cierto, no quiero dejar de mencionarlo, en que se le ha retirado la inmunidad procesal penal con elementos válidos, desde luego, con la petición original del Ministerio Público y con fundamento debidos convirtiendo eso en un éxito, pero en un éxito moral. No ha motivo para proclamar algún éxito de tipo político, puesto que no puede haber consigna para remover el fuero constitucional de ninguna persona.

Por último, quiero decir también en relación con lo que dijo el abogado que habló en segundo lugar, Salazar Hernández. En efecto, la litis en este momento no es si el inculpado es posiblemente responsable de los delitos que menciona el Ministerio Público, sino el mérito de la solicitud, digo yo, del Ministerio Público.

Si el Ministerio Público no tuviera elementos para considerar que su obligación es tratar de llevar al inculpado a un juzgado penal, iniciar ahí un procedimiento judicial, sino explicara los fundamentos de esto pues este jurado no debería remover el fuero constitucional de la persona indicada por el Ministerio Público, pero siendo razonable, lo que el Ministerio Público le pide al jurado de procedencia, a la Cámara constituida como jurado de procedencia, pues la Cámara no tendría que decir que no, cuando la respuesta moralmente correcta debe ser decir sí.

No estamos aquí aplicando viejas normas del procedimiento llamado “inquisitivo”, nunca se ha llegado a ese punto, a tener que decidir si es la vía adversarial o la vieja inquisitiva, porque la Sección Instructora nunca llega hasta ahí o hasta allá. La Sección Instructora tiene que evaluar los méritos de la solicitud y la defensa del inculpado partiendo, naturalmente, aún en este momento, de la presunción de inocencia.

En este momento, el jurado de procedencia parte de que hay una presunción de inocencia, pero parte también, según propone que se apruebe la Sección Instructora, que esta persona que tiene inmunidad procesal penal pudo haber cometido el delito que le achaca el Ministerio Público. Eso es, nada más.

Darle contenido político a esto llamado procedimiento que conduce a la declaración de procedencia, pues es estar en el pasado, ya cambiamos, ya hubo un cambio político tan grande recientemente en México, eso ya no funciona ni para combatir a alguien ni para garantizar su impunidad, ninguna de las dos cosas. Estas cosas ya se fueron, ya no ha habido, vean lo que ha hecho esta legislatura en materia, justamente, de declaración de procedencia. Ha actuado con apego a la legalidad, sin prejuicio político, sin interés político, simplemente es sobre la base de lo que se presenta ante nosotros de parte del Ministerio Público y de parte del inculpado en la defensa y en la respuesta que hace frente al Ministerio Público que lo señala. Ese es el punto, no es mandar a la cárcel a nadie, es permitir que la justicia diga, nada más. Nosotros no somos la justicia. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Pablo Gómez Álvarez.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de inciso b) del artículo 5o. del acuerdo aprobado, se abre la discusión en lo general. Tiene la palabra la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra, bajo protesta.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Compañeras y compañeros legisladores, presidenta, con su permiso. Su servidora ha tenido que registrarse en la lista que podría ser de todas aquellas y aquellos que estuvieran en contra de lo que ahora discutimos, a pesar de que soy convencida de que hoy vamos a hacer lo correcto en esta Cámara de Diputados, pero el reglamento que tenemos para la discusión no permite que todos los grupos parlamentarios estemos posicionando y demos a conocer cuáles son los motivos y razones en diferentes temas como este en el que nos ocupa. Es por eso que para no estar excluidos del debate como suele ocurrir, excluir a las minorías, me he registrado en ese sentido.

El día de hoy nos encontramos llevando a cabo este periodo extraordinario con el fin de suspender el fuero constitucional al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de presuntamente haber abusado sexualmente de un menor de edad la noche del 21 de abril del 2021.

Tras ser detenido en flagrancia, algunas horas después fue liberado debido a que la autoridad se percató que se encontraba protegido por el fuero constitucional. Han transcurrido más de 111 días al día de hoy, 111 días en que la víctima demanda justicia y en los que se tuvo que emitir una alerta migratoria para evitar su fuga al extranjero.

Por la gravedad de los actos, es importante recordar que lamentablemente nuestro país ocupa el primer lugar en abuso en contra de niñas, niños y adolescentes, con 5.4 millones de casos por año, esto de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Además, en la actualidad, las niñas, niños y adolescentes en México enfrentan un grave rezago en materia educativa, de la pobreza, de violencia, de explotación y de abuso, afectando su desarrollo integral.

Debemos reconocer que hasta el momento este gobierno no ha sido capaz de garantizar los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, principalmente de niñas y niños, quienes llegan a ser víctimas de abuso sexual por parte de quien debería de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos, violentando su libre desarrollo de la personalidad.

Adicionalmente, este gobierno es responsable de criminalizar la protesta de quienes frente a la inacción del Estado exigen justicia con el idioma de la exasperación de quienes rompen vidrios y pintan monumentos para llamar la atención de la autoridad que, por muchos años, las ha ignorado de madres y padres que le gritan a la sociedad que no quieren ver más niñas y niños abusados.

En México, las instituciones no previenen, no persiguen y no castigan a quienes cometen delitos que deben sancionar la ley penal, sobre todo, somos un país que ha tenido un crecimiento desproporcionar del delito de pederastia en los últimos años como testigo del informe presentado por la organización civil oficina de defensoría de derechos de la infancia sobre la explotación sexual en escuelas en el que se revela la existencia de casos de abuso sexual y pornografía infantil registrados desde 2008 a 2018 en escuelas publicas y privadas en ocho estados de la República los cuales, hasta el momento se mantienen en la impunidad.

En la misma situación de impunidad, se encuentran los abusos sexuales a menores de edad perpetrados por sacerdotes en San Luis Potosí, Ciudad de México, Oaxaca y Puebla. En este contexto, es cuestionable la lentitud con la que ha actuado la Cámara de Diputados para cumplir con lo que le corresponde a fin de que el diputado Saúl Huerta enfrente la justicia.

Las maniobras y el cálculo político que se ha dado para postergar este proceso son evidentes. Pareciera que se priorizaban la protección a uno de sus compañeros por encima de la justicia y el interés superior de la infancia. Es reprobable que la madre y el padre de la victima tengan que venir a realizar plantones para exigir que el abusador de su hijo sea desaforado.

Las mayorías no deben usar a la Cámara de Diputados para encubrir a presuntos delincuentes y mucho menos a un abusador de menores de edad. Saúl Huerta, debe ser desaforado aquí y ahora.

La Cámara de Diputados, debería de haber sido la principal interesada para facilitar el acceso a la justicia para las víctimas. La Cámara de Diputados, no debió, ni bebe ser jamás un... para que la procuración y administración de la justicia, mucho menos en estos casos, que siga agraviando a las víctimas en particular, de la adolescente al que se le ha violentado sus derechos.

En esta Cámara, no deben de existir más voces que justifiquen el actuar de uno de los suyos como fuimos testigos. Los abusos de menores, es una preocupación constante de las y los legisladores, como lo atestiguan las más de 450 iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios de los cuales 76 han sido discutidas y aprobadas con el fin de erradicar la violencia que afecta la niñez y a la adolescencia en nuestro país.

Los esfuerzos legislativos han sido muchos. Sin embargo, los resultados son magros, debido a la falta del interés de este gobierno en garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El Plan Nacional de Desarrollo no contempla acciones específicas en favor de las y los niños. Los presupuestos que se les destinaban únicamente en el último año disminuyeron en más de 82 mil millones de pesos. El programa insignia de este gobierno, Jóvenes Construyendo el Futuro, ha sido manchado por la corrupción y el fraude, y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes cumple seis meses sin titular y bajo la amenaza constante de su desaparición.

Es por lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRD luchará día a día con la finalidad de que el gobierno y la sociedad garanticen en todo momento los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en México. Que las instituciones en nuestro país garanticen el derecho de las víctimas a la justicia. Empeñaremos todos nuestros esfuerzos para luchar por la erradicación de la violencia en contra de todas las personas, particularmente de mujeres y niñas y niños, para lo cual exigiremos la implementación de políticas que garanticen el derecho a una vida libre de violencia, tal como lo establece nuestro marco jurídico nacional y los tratados internacionales de la materia de los que nuestro país forma parte.

Por todo lo anterior, las y los diputados del PRD votaremos a favor del presente dictamen, para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para erradicar los abusos contra menores y, sobre todo, para castigar a aquellos que violenten sus derechos, como es el caso del diputado Saúl Huerta. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Juárez Piña.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Marcos Aguilar Vega: Muy buenas tardes, diputadas y diputados. En nombre del Partido Acción Nacional queremos expresar con la mayor responsabilidad que nos han encomendado los habitantes de nuestro país, en un tema muy relevante en la recuperación de la confianza de los mexicanos. El día de hoy actuaremos con la mayor institucionalidad, cumpliendo cabalmente lo que nuestra Constitución nos ordena desde el día que tomamos protesta, y que juramos cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución Política mexicana.

En primer término, quiero precisar tres aspectos relevantes que hoy el Partido Acción Nacional desea comunicar a los mexicanos en relación con este tema. El primero es la lucha frontal en el combate a la corrupción, y es claro que existen antecedentes recientes y en pasadas legislaturas, en donde nuestro partido ha postulado con toda claridad iniciativas para reformar la Constitución y que eso sea una realidad en nuestro sistema político mexicano.

Segundo, estar en contra de cualquier acto que implique impunidad a nivel individual o producto de la intervención de órganos del Estado. Y no menos importante el tercero, el respeto absoluto al Estado de derecho.

Ya hemos escuchado con puntualidad la descripción de hechos y actuaciones que presuntamente han sido cometidas por el diputado federal, y en las cuales no ahondaré.

¿Qué es el fuero? Y esto es parte de lo que hay que explicar con profundidad a nuestros representados. El fuero es un privilegio procesal contenido en la Constitución, que permite a quienes lo ostenten, no someterse al mismo proceso que cualquier ciudadano cuando cometió alguna conducta presuntamente constitutiva de un delito.

Originalmente el fuero surge para proteger aquellas expresiones de los legisladores y para que sean inviolables en esas expresiones, ese es el origen del fuero constitucional. Y aquí es donde hay que tener claridad para decirle al pueblo de México que en ese rubro hay un debate gigante, que con el paso de los años se ha desvirtuado y que, incluso, nos ha llevado hoy a que el fuero sea ostentado, no solamente por legisladores y legisladoras, sino incluso por funcionarios del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y de órganos constitucionales autónomos, alejándonos de lo que en 1810 fue plasmado en el primer documento que registró este concepto con un único objetivo.

Con el paso de los años el haber desvirtuado este concepto nos llevó al escenario que hoy tenemos, al de profunda indignación de los mexicanos que ven en el fuero un mecanismo para proteger presuntos actos delincuenciales.

Y, ante ese hecho, hoy las y los diputados del Partido Acción Nacional, con el absoluto respeto al concepto y al principio de presunción de inocencia, les decimos que votaremos a favor de esta declaratoria de procedencia. Y lo hacemos exigiendo que haya respeto a las reglas del debido proceso, pero que no dejen a un lado esa visión tan importante en donde hoy presuntamente hay una afectación a derechos de personas que hoy son considerados como víctimas.

El desaforar a un legislador, no significa determinar que sea culpable. Significa que entra en el mismo supuesto en donde ya no puede avanzar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y entonces sea este órgano quien retire esa inmunidad, este privilegio, para que sea otro poder, el Poder Judicial a través de un juez quien valore las pruebas que han sido elaboradas por esta Fiscalía y que presuntamente constituyen la comisión de un delito.

Nosotros no juzgamos las conductas del diputado Huerta. Él tiene el derecho al principio de presunción de inocencia. Sin embargo, todas las pruebas que se han argumentado en la expresión, hoy de la representante de la Fiscalía y el trabajo contenido en un dictamen elaborado por la Sección Instructora, nos permiten tener elementos suficientes para evitar que se incremente la indignación de los mexicanos ante un posible hecho constitutivo de delito. Si no lo ha cometido y tiene elementos para acreditarlo, que su defensa los haga valer frente a un juez, y que con esa misma exigencia logre acreditar que no es culpable de los hechos denunciados por quienes hoy, lamentablemente, han sido afectados y que son víctimas.

Por eso, diputadas y diputados, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expresa con la mayor responsabilidad que nuestro voto será a favor de la declaratoria de procedencia. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Con su venia, diputada presidenta. “No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad, que la forma en que trata a sus niñas y sus niños”. Nelson Mandela.

Hace más de tres meses, compañeras y compañeros, que sucedieron los hechos que nos han sido narrados y es hasta el día de hoy que estamos logrando conocer en este pleno de este asunto que nos lleva a decidir aquí si le quitamos o no el fuero al diputado Saúl Huerta, quien es acusado de la forma más terrible y cobarde de corrupción, este diputado morenista, que es el de la corrupción de menores. Y que va más allá porque está siendo acusado de violación.

Se hicieron diversos intentos por parte de la oposición, de traer con mayor prontitud este dictamen a la atención de este pleno, para que pudiera tener un acceso pronto y expedito a la justicia quien acusa, como así lo marca nuestra Constitución, pero la mayoría y sus aliados con diversos artilugios estuvieron deteniendo la votación para que pudiera ser.

Celebramos mucho en el Grupo Parlamentario del PRI que el día de hoy por fin estemos dilucidando este asunto que enlutó y que llenó de indignación a todo nuestro país. Que lo cometió o le causó un daño irreparable a un adolescente y, por supuesto, a su familia. Y fíjense que en este caso tiene encima diversos agravantes, diversas agravantes, que serían la relación de confianza que existía entre el diputado de Morena, Saúl Huerta, y el adolescente que acusa.

También sería el que lo forzó o hizo ingerir una droga que lo dejaría en un estado de indefensión aún más profundo del que tiene una niña, un niño o un adolescente por definición. Y también de que se trata de una conducta reiterada, así nos ha sido narrada, un hecho cometido que fue presuntamente cometido, para ser yo técnicamente correcta, aprehendido en flagrancia. Se excusa en la figura del fuero. El fuero, por supuesto, no fue concebido para incurrir conductas y muchísimo menos tan deleznables como la que hoy estamos viendo en este pleno.

Por supuesto, como aquí bien se ha dicho por quienes me han antecedido en el uso de la voz, aquí no somos un tribunal o un juzgado en materia penal, pero si lo fuéramos, respetando todos los derechos del debido proceso del acusado tendríamos que considerar, compañeras y compañeros, que el testimonio de una víctima, más allá de una víctima es menor de edad, es preponderante en un juicio de materia penal.

Por supuesto, tendríamos que considerar este testimonio cuando se rinde acusando un delito de los que son cometidos en secreto o en privado, como lo es la violación. ¿Y por qué es así? Porque generalmente quien va a violar o a abusar de otra persona no lo va a hacer en público. Tiene todavía mayor relevancia el testimonio de la víctima y mayor preponderancia y, por supuesto, tendría que privar a lo largo de todo el proceso, como debe de hacerse en este proceso también, el principio constitucional del interés superior de la infancia. Pero eso será cuando este asunto llegue ante una instancia especializada en materia penal. Aquí lo que nos corresponde y lo que le correspondió a la Comisión Instructora y ahora a nosotros en este pleno, es decidir si encontramos suficientes indicios que nos pretendan, que nos permitan, perdón, creer que lo que estamos haciendo aquí es lo correcto.

Que nos permitan pensar y tener más allá de una duda razonable, la certeza de que esta acción innombrable fue cometida y que entonces nosotros aquí le retiremos el fuero al diputado Saúl Huerta y que quede entonces la justicia, la Procuraduría en posibilidad de continuar con la investigación y, en su caso, judicializar este asunto, por supuesto, respetando todos sus derechos humanos.

Por todo lo que aquí he estado expresando, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto, apoyará que le sea removido el fuero al diputado de Morena, Saúl Huerta.

Y aprovecho para hacer un atento llamado a este gobierno, para poner en el centro mismo de sus políticas públicas y de la discusión el bienestar de la infancia, el interés superior de las niñas, de los niños y de los adolescentes, porque ha sido uno de los grupos más invisibilizados y más ignorados en este gobierno, para muestra el tema de la falta de medicamentos para niñas y niños, que lamentablemente padecen cáncer.

Esperemos que el día de hoy sea retirado el fuero al diputado de Morena, Saúl Huerta, y enfrente las consecuencias de la justicia por haber violentado a un adolescente que estaba en su cuidado. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Mier y Terán.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Alfredo Porras Domínguez, del Grupo Parlamentario del Parido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Alfredo Porras Domínguez: Muy buenas tardes. Con la anuencia del pueblo de México. Si la justicia no es pronta y expedita, sigue siendo injusticia. Y estamos en el ojo del huracán por una actitud irresponsable de un miembro de esta Cámara. Y nosotros, ante la sociedad, en este momento en que no hemos decidido aparecemos como cómplices por no actuar en consecuencia.

Qué grave que hayan pasado más de 100 días para estar en este tema. Este tema que enfrentó inclusive públicamente al subsecretario de Gobernación y al coordinador del Senado. Y los padres allá afuera, con verdad, diciendo que la impunidad sigue presente en este cambio que –decía el diputado Pablo Gómez– debe darse en los hechos también.

Nosotros creemos que la verdad es la verdad, independientemente de cómo la quieras ver y desde qué lado la quieras ver. Como bien dijo la diputada Garza, hay flagrancia, hay hechos. Y también se ha comentaba correctamente el origen del fuero, era la libertad de la expresión, de decir, para no ser reconvenido por lo que comentas como diputado originalmente.

Se ha tergiversado el fuero y hoy todos debemos de dar una lección de claridad al pueblo de México. Hoy todos debemos de votar por el desafuero de Saúl, Benjamín Huerta. Así de claro. Y no es que pertenezca a un grupo o a otro o a una fracción. Es una actitud que él debió haber enfrentado. Ni siquiera esperarse a esto, haberse presentado a la justicia y enfrentar en la justicia los hechos que él originó. No ningún partido, ningún partido lo origino, ninguna fracción parlamentaria, es un acto de falta de ética, de pro-vida o de valores a los que él tendrá que responder.

Hace rato se decía, se debe seguir todo el proceso y el respeto a los derechos. ¿Y la víctima? ¿Cuándo vamos a hablar de las víctimas, entonces? El Partido del Trabajo es claro y no va a ahondar más, estamos a favor del desafuero, estamos a favor de la Comisión Instructora, en este caso tenemos que hicieron lo correcto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Porras Domínguez.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar en pro del dictamen.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy la presente legislatura tiene la oportunidad de seguir abonando con la justicia en nuestro país y velar por los derechos y la integridad de nuestra niñez.

Esto... poco creíble que debamos reunirnos aquí para votar por el desafuero de un compañero diputado acusado de delitos, verdaderamente atroces e inhumanos. Durante la actual legislatura mucho hemos trabajado para erradicar y sancionar con determinación la agresión sexual contra las personas menores de edad, porque lástima gravemente la integridad física y emocional, así como su seguridad para convivir en nuestra sociedad.

Como diputada federal, vocal y miembro de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, solicito a ustedes compañeras y compañeros diputados, votar con conciencia y apego a la ética, somos nosotros quienes hacemos y reformamos los ordenamientos jurídicos que sirven para la correcta impartición de justicia. No podemos permitir que un privilegio político entorpezca los procesos y las indagatorias judiciales. Muchos de nosotros hemos estado ya aquí en esta tribuna, clamando justicia y respeto a los derechos de nuestra niñez y hoy los invito a votar con congruencia y firmeza.

Durante los trabajos que realicé estos tres años en la Comisión de la Niñez y la Adolescencia me encontré con cifras inaceptables. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mil 764 menores edad son víctimas de delitos sexuales por cada 100 mil. De mil casos de abuso solo se denuncian ante la justicia 100 casos, de esos solo 10 van a juicio y de ahí solo uno llega a condena.

Escuchamos números, pero los invito a reflexionarlas. Hablamos de miles de vidas distorsionadas por mentes criminales y enfermas. Las sanciones no son suficientes para poder compensar el sufrimiento que viven por año las víctimas de estos delitos y peor aún, debemos recordar que la mayoría de los casos, los menores de edad víctimas de delitos de abusos sexuales son doblemente víctimas, primero por el abuso y después por las múltiples amenazas por parte de sus agresores. Esto es una verdadera pesadilla.

Es importante dejar en claro que en este recinto nadie tiene derecho de acusar de culpable al diputado Huerta Corona. Él tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia, pero no ante este pleno, sino ante las autoridades judiciales. Sin embargo, al escuchar las declaraciones de quienes imputan responsabilidad al diputado, podemos escuchar dolor, la maldad y la humillación.

Mi conciencia me dicta que me obligación moral es votar a favor de eliminar el fuero de Huerta Corona y permitir que la justicia actué ante las acciones graves y perturbadoras que se le imputan.

Estimadas y estimados compañeros, en este recinto se revisan las leyes que dotan de derechos, protegen y salvaguardan la vida e integridad de nuestra niñez. Sin embargo, no es suficiente lo que se hace. Debemos de tener condiciones de seguridad y cuidar a quienes más lo necesitan. Debemos de actuar como se debe.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano será congruente, apoyará la aprobación del dictamen, porque la lucha por garantizar justicia para nuestra niñez no será condicionada por el fuero de ningún ciudadano, de ningún diputado, porque el fuero acaba y expira, pero justicia y la verdad es la que permanecerá en el tiempo. Es cuanto, diputada.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Contreras González.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social para hablar en pro del dictamen.

La diputada Carolina García Aguilar: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy se llama al pleno de esta soberanía para votar un dictamen de declaratoria de procedencia en contra del diputado Saúl Huerta.

Cuando tomamos la posesión del cargo, se nos encomendó y juramos no violar la ley. Al contrario, juramos defenderla, hacerla valer y contribuir a su fortalecimiento.

Como servidores públicos y como representantes populares, abanderamos la voz de quienes decidieron darnos su confianza para defender sus derechos y expresar sus demandas más profundas. Rechazamos, pues, toda acción que vulnere los derechos humanos y que genere y lleve impunidad en ellos.

El artículo 4o. de nuestra Constitución, en el párrafo noveno, habla sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y cito: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Es un derecho social que los menores gocen de una vida digna. Los menores no debiesen temer por su integridad ni vivir con miedo.

Es una obligación principalmente para nosotros como personas, servidores públicos, el respetar y hacer valer este derecho. Como legisladores entendemos perfectamente lo que representan los derechos de la niñez y la magnitud del daño que se genera al violentarlos.

En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos a favor de que el diputado Saúl Huerta enfrente un proceso de investigación sin fuero, apegado al Derecho y que se haga justicia, que sea un proceso sin impunidad, sin protección política, sin corrupción.

En esta soberanía hemos escuchado a las familias y después de solidarizarnos con el dolor que manifiestan, advertimos que debemos proceder contundentemente, sin tibiezas ni complicidades, sin mentiras o simulaciones. Es tiempo de que el Derecho asista a las víctimas y la razón a la justicia.

En el PES nos hemos caracterizado por hacer lo socialmente correcto antes que lo políticamente aplaudido, lo que implica colaborar en todo lo que podamos para que las fiscalías puedan actuar oportunamente. Coincidimos, como lo han dicho nuestros compañeros legisladores, nosotros no somos jueces, pero en nuestras manos está el votar el dictamen que nos están presentando.

En el PES nos hemos pronunciado a favor del interés superior de la niñez y es por ello que en este dictamen votaremos a favor de que le sea retirado el fuero constitucional al diputado Saúl Huerta y coincidimos con la comisión instructora. Si deseamos transformar a México y hacer lo socialmente correcto, es el momento de actuar. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada García Aguilar.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado José Luis Elorza Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor del dictamen.

El diputado José Luis Elorza Flores: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy debemos apegarnos a la verdad y asumir que un legislador que llegó con el movimiento ahora debe ser puesto bajo el ojo riguroso de la justicia. Con sinceridad, esperamos que la aposición haga lo propio cuando se trate de alguno de sus integrantes.

En el Grupo Parlamentario de Morena estamos fijando un estándar de justicia, no somos como los antiguos gobiernos neoliberales que desvirtuaron la justicia al punto de extinción. Debemos recuperar la confianza en las autoridades a través de actos que reflejen que somos y seguiremos fieles al principio rector de justicia. Es necesario recuperar la paz y la justicia que nos arrebataron, lo que significa resanar el raído tejido social.

Encubrir y tolerar conductas antisociales solo provocaron un ambiente de violencia e inseguridad en nuestra sociedad. La oposición piensa que ocultar este tipo de asuntos es ganar, o lo que viene siendo lo mismo, no perder votos. Hoy demostramos que por esa razón somos diferentes, nuestra visión es distinta, nosotros si reconocemos la realidad y le hacemos frente, porque estamos seguros de que solo con la verdad se alcanza la justicia y que solo con justicia se llega a la paz.

Por eso nosotros no concordamos con su postura salinista, de ni los veo ni los oigo, aquí hoy vemos y escuchamos a las víctimas sin hacer ninguna distinción. Tampoco con el haiga sido como haiga sido, de Calderón, que dejó sin justicia a 100 millones de mexicanos y que durante 6 años se dedicó a delinquir desde el máximo encargo de la nación con su mano derecha.

Ya basta de seguir con la corrupción que genera injusticia, ya basta de proteger funcionarios, ya basta de no actuar con la verdad para con las víctimas, ya basta de impunidad. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Elorza Flores. En términos reglamentarios, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido el dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría que abra la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de declaratoria, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de declaratoria, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto?

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, secretaria. Si ya no hay votos en el sistema digital procederemos entonces a recoger la votación de viva voz, para lo cual ya se integró la lista.

Se procederá a recoger la votación de viva voz. Por diversos incidentes técnicos, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (desde la curul): Raúl Bonifaz, Morena, a favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, de Morena.

El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (desde la curul): A favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Diputada Nayeli Salvatori Bojalil, de Morena.

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil (desde la curul): A favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Diputado David Orihuela Nava, de Morena. Diputado Luis Fernando Salazar Fernández, de Morena. Diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (desde la curul): A favor, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Diputada Carmen Julia Prudencio González, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Carmen Julia Prudencio González (desde la curul): A favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Diputada Lourdes Celenia Contreras González, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González (desde la curul): A favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (desde la curul): A favor, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, vía Zoom.

La diputada María Chávez Pérez (vía telemática): A favor, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, vía Zoom.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (desde la curul): A favor, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Diputado José Eduardo Esquer Escobar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, vía Zoom.

El diputado José Eduardo Esquer Escobar (vía telemática): A favor, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vía Zoom. Diputado Armando Javier Zertuche Zuani, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, vía Zoom. Si es tan amable, diputado Zertuche, de activar su micrófono para que le podamos escuchar.

El diputado Armando Javier Zertuche Zuani (vía telemática): Sí. Diputado Armando Zertuche Zuani, a favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vía Zoom.

El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (vía telemática): A favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado.

Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena, vía Zoom.

La diputada Mildred Concepción Ávila Vera (vía telemática): A favor, presidenta. A favor. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. El diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vía Zoom.

El diputado Felipe Fernando Macías Olvera (vía telemática): A favor, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. El diputado Alfredo Villegas Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vía Zoom. Diputado Villegas, si es tan amable de abrir su micrófono.

El diputado Alfredo Villegas Arreola (vía telemática): A favor, presidenta. Alfredo Villegas.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado. Voy a llamar nuevamente al diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado David Orihuela Nava (desde la curul): Gracias, presidenta. A favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Al diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Al diputado Armando Contreras, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Armando Contreras Castillo (desde la curul): A favor, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. A la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, vía Zoom. Instruyo a la Secretaría el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: Ciérrese la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 447 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria.

Primero. Ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal, ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona.

Segundo. Notifíquese a las partes el sentido de la presente resolución, en términos de la normatividad aplicable, y publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Téngase por concluido el procedimiento emanado de la solicitud de declaración de procedencia y archívese el expediente SI/LXIV/DT/03/2021, en términos de la normatividad aplicable.

La Presidencia autoriza a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, para que realice las notificaciones correspondientes.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Sección Instructora sobre la declaración de procedencia en contra del diputado federal, ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que introduzca a este salón de sesiones al maestro Octavio Israel Ceballos Orozco, servidor público adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y lo conduzca al lugar que debe ocupar, conforme a la normatividad aprobada para la realización de esta sesión.

En términos del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y del artículo 3o. del acuerdo parlamentario que rige la actuación de la Cámara de Diputados, como jurado de procedencia, el ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez no presentó incidente alguno de recusación.

Esta Presidencia informa que, en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no se recibió solicitud alguna de recusación o de excusa por parte de las diputadas y los diputados que han de integrar el jurado de procedencia.

En consecuencia, pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del dictamen de la Sección Instructora, para ilustración de la asamblea.

El secretario diputado Edgar Guzmán Valdéz: Con su permiso, diputada presidente. Resuelve.

Primero. Al lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Segundo. Téngase por concluido el procedimiento emanado de la solicitud de declaración de procedencia y archívese en términos de la normatividad aplicable el expediente SI/LXIV/DP/01/2021.

Tercero. Notifíquese en términos de la normatividad aplicable el sentido de la presente resolución. Palacio Legislativo de San Lázaro a los 11 días del mes de julio del año 2021.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado secretario. Procederemos, la parte acusadora favor de tomar su lugar.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Procederemos a desahogar el punto cuarto del acuerdo y en términos de los artículos 20 y 27 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se abre la fase de alegatos, réplicas y contrarréplicas de las partes con aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales en lo conducente a las formalidades del sistema acusatorio. Con fundamento en los artículos 54 y 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a las partes que intervendrán en la fase de alegatos y réplicas procedan a identificarse y a individualizarse.

El ciudadano Rafael Chong Flores: Rafael Chong Flores, servidor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Perdón, permítanme un momento.

El ciudadano Rafael Chong Flores: Fiscal especializado en combate a la corrupción.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Licenciados, permítanme un momento. Obvié una parte que es relevante. Comenzamos con la representación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Procedan nuevamente a identificarse, por favor.

El ciudadano Rafael Chong Flores: Rafael Chong Flores, fiscal especializado en combate a la corrupción de la Ciudad de México.

El ciudadano Octavio Israel Ceballos Orozco: Buena tarde a todas y todos. Octavio Israel Ceballos Orozco, coordinador general de investigación estratégica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El ciudadano Richard Urbina Vega: Buenas tardes, diputadas y diputados. Soy su servidor, el licenciado Richard Urbina Vega, fiscal de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El ciudadano Ricardo Guzmán Espíndola: Buenas tardes. El licenciado Ricardo Guzmán Espíndola, agente del Ministerio Público, supervisor de la Fiscalía para Servidores Públicos, de la Fiscalía General de esta ciudad capital.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias. Ahora proceda a identificarse la defensa del imputado, a través de la plataforma Zoom. Si es tan amable de activar su micrófono.

El ciudadano Epigmenio Mendieta Valdés (vía telemática): Diputada presidenta, buenas tardes. Comparece ante usted, el licenciado Epigmenio Mendieta Valdés, en mi carácter de defensor particular del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, personalidad que tengo debidamente acreditada en los autos de procedimiento de la Sección Instructora.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, licenciado. De conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado B, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción XI; 115 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pregunto al licenciado Epigmenio Mendieta Valdés, si ante este jurado de procedencia acepta y protesta el cargo de defensor que le ha conferido el imputado.

El ciudadano Epigmenio Mendieta Valdés (vía telemática): Presidenta, acepto y protesto el cargo que me ha sido conferido.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, licenciado.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el maestro Octavio Israel Ceballos Orozco, solicitante de la declaración de procedencia, hasta por 20 minutos. Una rectificación por parte de los solicitantes de la declaración de procedencia. Hará uso de la palabra el licenciado Rafael Chong.

El fiscal Rafael Chong Flores: Con su venia, señora presidenta. Buenos días... Buenas tardes, perdón, diputadas y diputados. Agradecemos la oportunidad de exponer los hechos sustanciales de la solicitud de declaración de procedencia del señor Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

En mi calidad de fiscal especializado en Combate a la Corrupción, comparezco a nombre de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y como representante de los intereses de la sociedad, para hacer de su conocimiento los resultados de la investigación sólida, profesional y apegada estrictamente a la ley efectuada dentro de la carpeta de investigación con terminación 1226/09-2020, iniciada en contra del ciudadano Mauricio Toledo Gutiérrez, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, de cuyo contenido se desprenden elementos probatorios objetivos y suficientes para ejercitar acción penal en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito previsto al momento de los hechos en el artículo 275 del Código Penal de la Ciudad de México, y que existe la posibilidad de que lo cometió o participó en su comisión, lo que obliga al Ministerio Público hacerlo del conocimiento de un juez para que este resuelva conforme a derecho.

Circunstancia por la cual desde el día 22 de enero de 2021 se solicitó a este órgano legislativo su participación para que iniciara el procedimiento de declaración de procedencia en contra del ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, fundando y motivando la petición en el hecho consistente esencialmente en que el investigado, valiéndose de los cargos públicos que ostentó durante el periodo del 1o. de octubre de 2012 al 6 de marzo de 2015, como jefe delegacional en la alcaldía Coyoacán, y del 14 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018, como diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, incrementó su patrimonio injustificada e inexplicablemente al no coincidir con sus ingresos recibidos por concepto de honorarios y emolumentos.

Aumentos cuya procedencia legítima no se puede comprobar, ya que de sus propias Declaraciones de Situación Patrimonial y de documentales proporcionadas por otras autoridades se establecen tanto el salario que recibía el ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez por los cargos antes mencionados como lo que recibía de manera extraordinaria en depósitos bancarios.

Se puede advertir que sus ingresos como servidor público de la Ciudad de México se situaron en una cantidad muy inferior a lo que asentaba en sus Declaraciones de Situación Patrimonial, y a la que recibía de manera extraordinaria por depósitos bancarios, acreditándose así un incremento de su situación económica.

Consecuentemente, a partir de la denuncia que hizo la Contraloría de la Ciudad de México al Ministerio Público, con transparencia y respeto al debido proceso, desarrolló nuestra fiscalía diversas líneas de investigación, logrando recabar indicios suficientes, además de datos de prueba legales razonables y pertinentes para considerar que se cometió el hecho con apariencia de delito de enriquecimiento ilícito y la probabilidad de que el hoy investigado lo cometió y participó en su comisión., ya que, efectivamente, se demostró la existencia de un aumento notorio en el patrimonio del ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, respecto del que debía tener en virtud de sus sueldos u honorarios durante el ejercicio de su cargo como jefe delegacional en Coyoacán y como diputado local en la Asamblea a Legislativa del Distrito Federal.

Esto es, entre los años 2012 y 2018, además de contar con inmuebles cuyo valor excedía los ingresos legalmente manifestados como servidor público tuvo estos incrementos en sus cuentas bancarias.

Al respecto, es de considerar que el motivo que los legisladores tuvieron para tipificar una conducta delictiva como enriquecimiento ilícito fue el sancionar la adquisición de bienes cuyo valor excedan notoriamente el monto de los ingresos del servidor público, interés y preocupación que es acorde a lo establecido en la Comisión Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establecen la obligación de los estados parte de adoptar las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito tales incrementos patrimoniales.

Dicho, ilícito como es de su conocimiento se consuma en el momento en que se demuestra la existencia de un incremento significativo del patrimonio o del gasto económico personal de sujeto público respecto del que debía obtener legítimamente en virtud de sus sueldos y/o salarios como servidor público, como en el presente caso público, pues la investigación permite concluir a la fiscalía que durante las gestiones del ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, como jefe delegacional y diputado local, aumentó su patrimonio en forma injustificada.

Esta mejora sustancial económica se acredito con diversos datos de prueba legales, científicas y contundentes. Tan solo con el dictamen pericial contable se advierte que los intentos reflejados en los depósitos bancarios que recibió el señor Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del año 2012 al año 2019, de acuerdo al análisis realizado a los estados de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ascendieron a la cantidad total de 20 millones 826 mil 611 pesos, mientras que la remuneración neta por su cargo público asentada en sus declaraciones patrimoniales en ese mismo periodo fue de 9 millones 406 mil 624 pesos, lo cual, no es congruente entre sí, pues existe una diferencia de 11 millones 419 mil 987 pesos que no fueron declarados y no fue explicado su origen.

No pasa desapercibido el informe proporcionado por la Unidad de Inteligencia Financiera que robustece el incremento patrimonial del investigado, al establecer que el C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, en el año 2017 recibió 3.4 millones de pesos por sueldos y salarios de la empresa Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, la cual en el año 2016 reportó cero ingresos, por ende, no tenía los recursos para realizar un pago de esta cantidad al investigado.

También precisó que Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, laboró para tres entidades, como diputado local y como asalariado para dos empresas privadas, la Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija y la empresa Integradores Kyoszen, sin que justificara a la Sección Instructora que tuviera autorización para ejercer diversa profesión por parte de la Asamblea Legislativa, obligación que está establecida en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa. Esta obligación está establecida en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

Finalmente, nos comunicó la Unidad de Inteligencia Financiera que en el año 2019 el investigado realizó dos transferencias electrónicas por la cantidad de 5.7 millones de pesos para el pago de dos departamentos, sin embargo, en el año 2018 sus ingresos fiscales fueron de 4 millones de pesos y en 2019 por 1.8 millones de pesos, siendo evidente que previo a esas adquisiciones contaba con un aumento patrimonial inexplicable.

Derivado de lo anterior, la propia Unidad de Inteligencia Financiera realizó también una denuncia directa en contra del ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y otras personas, la cual de igual forma se está atendiendo por esta Fiscalía General.

Documentales a través de las cuales se puede arribar con claridad que existe una incongruencia entre lo percibido por el servidor público Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, con motivo de sus exempleos y lo que realmente contaba en su haber patrimonial. Datos de prueba que, concatenados entre sí, generan la presunción iuris tantum de que el servidor público se enriqueció de manera ilícita, permitiendo con ello establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista como probabilidad de que el investigado lo cometió o participó en su comisión.

De modo que, el hecho de inhibir al C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, de su inmunidad procesal para ser sometido a un procedimiento judicial no prejuzga sobre su culpabilidad de los hechos que se le imputan, ya que el fuero constitucional es una figura que protege el cargo desempeñado y no a la persona. En consecuencia, no puede ser alejado como escudo de impunidad, pues todo servidor público se encuentra obligado a seguir su actuar al imperio de la ley, evitando con ello actos u omisiones que afecten el interés público o vicien el buen despacho de los asuntos a ellos encomendados.

El servicio público no es para enriquecerse, el presupuesto público es patrimonio de la sociedad. Su destino está vinculado al desarrollo de las comunidades, no a la acumulación de fortunas personales. Como decía Juárez: los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley ha señalado.

Como fiscal faltaría a mi deber si dejara pasar la acumulación indebida de bienes y riquezas en el servicio público.

Ciudadanas diputadas y diputados de este honorable Congreso de la Unión, en nombre de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los invito a una reflexión jurídica, ética y social de la exposición que se acaba de realizar, para que emitan un voto en conciencia.

Este órgano del Poder Legislativo en el ejercicio de su soberanía, tiene en su mano la posibilidad de colaborar por la procuración e impartición de la justicia, el esclarecimiento de los hechos y la lucha contra la corrupción y la impunidad, su decisión será leída por la ciudadanía como un compromiso a favor de la legalidad y del buen gobierno, permitirá inyectar nuevos bríos a la confianza entre la sociedad y las autoridades. Su decisión será recibida como un claro mensaje contra la impunidad de aquellos que desde el ámbito público pretendan realizar acciones para su beneficio personal.

Combatir la corrupción es un asunto de la mayor relevancia pública, convoca a todas las instituciones del Estado e implica un compromiso de las ciudadanas y ciudadanos de la República, la erradicación de la corrupción tiene un impacto directo en la vida cotidiana de nuestro país, impacta en la seguridad, la justicia, la movilidad, la eficiencia gubernamental, la salud, la prevención de desastres, la economía y los ingresos del Estado.

No habrá transformación real ni verdadera si no se combate y desarticula la corrupción. Quiero ser muy claro, la Fiscalía no sujeta sus actuaciones a cálculos políticos ni se fabrican culpables o se realizan exoneraciones a modo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es el órgano constitucional autónomo que ejerce la función de procurar justicia con independencia del poder político y de los poderes económicos, nuestro trabajo se sustenta en la imparcialidad, objetividad, profesionalismo, rigor científico, honestidad y apego a la ley.

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita a la Cámara de Diputados tenga a bien declarar procedente la remoción del fuero constitucional que goza Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejercite acción penal con la finalidad de que el órgano jurisdiccional analice el caso y se pronuncie al respecto.

No quiero dejar de señalar, por último, de una información que tuvimos de última hora en el sentido de que, según nos informan las autoridades migratorias mexicanas, el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con destino a la República de Chile.

Hemos venido ante esta soberanía a presentar argumentos para que le sea retirado el fuero constitucional y para que responda de las imputaciones relacionadas con las acciones y conductas que conforman el probable delito, con apego a la presunción de inocencia.

Los hechos que he referido, esta salida del país del diputado, dejan una sombra de duda sobre su disposición a legar a la verdad. Por ello, le hacemos un llamado a que regrese de inmediato al país y se presente ante la autoridad judicial. Un servidor público honesto no huye ni se esconde. Muchas gracias. Es cuanto... esta soberanía.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, licenciado Chong. Entiendo que la parte de la Fiscalía dispone de una segunda intervención por el tiempo restante, que antes de ser apagado el cronómetro, entiendo que era un lapso de 8 minutos... perdón, me hacen la corrección, 6.37 minutos. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el maestro Octavio Israel Ceballos Orozco, también parte solicitante de la declaración de procedencia. He sido informada que el licenciado Octavio Israel Ceballos Orozco se reserva para la réplica.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra vía la plataforma Zoom el abogado defensor, licenciado Epigmenio Mendieta Valdés, hasta por 20 minutos.

El abogado defensor Epigmenio Mendieta Valdés (vía telemática): Con su venia, señora presidenta. Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, asisto hoy ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia para desahogar los argumentos a favor de la improcedencia de la solicitud planteada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en contra del diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez.

Señoras diputadas, señores diputados, en nuestro sistema constitucional de derecho los derechos de las personas no son absolutos, estos sí se pueden limitar, pero deberá ser en los términos y con las condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; documento rector que garantiza la plenitud de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los legisladores.

Ni siquiera el fuero constitucional, señores diputados, es una protección absoluta e ilimitada. El juicio al que hoy somos convocados es la manera establecida en nuestra Carta Magna para declararlo procedente y limitarlo, pero para llegar a esta conclusión tendrá que ser con reglas y formalidades y todas las condiciones que prevé la Constitución. A esto, señoras y señores, se le llama debido proceso, seguridad jurídica y legalidad.

Estamos de acuerdo entonces que la inmunidad procesal que da el fuero no se debe entender como un certificado de impunidad o superioridad ante la ley, como correctamente lo dijo el agente del Ministerio Público, sino como un mecanismo que otorgue la seguridad de que en el ejercicio de sus derechos y obligaciones un legislador no será desaforado por revanchas, vendettas, antagonismos, o peor aún, por precisiones derivadas de contiendas políticas de antaño.

Esta Honorable Cámara de Diputados es garante de la inmunidad procesal de sus integrantes, en casos específicos como este, y a solicitud de la Fiscalía General de Justicia, cuenta con la Sección Instructora, cuyos integrantes debe ser un grupo colegiado y plural que dictamine la posibilidad de iniciar un juicio de procedencia contra un servidor público en funciones.

Hoy dicha responsabilidad la asume uno de ustedes, uno de sus pares, un diputado que, a lo largo del proceso, desafortunadamente, se ha caracterizado por omitir las formalidades, violentar los tiempos e incumplir los acuerdos. Es decir, violentar el debido proceso utilizando la Sección Instructora como un mecanismo de presión y represión en contra de un adversario político.

Este juicio de procedencia avalado por la Sección Instructora significa un mal precedente, en el que a partir de la decisión de retirar el fuero constitucional a uno de ustedes marcará un parteaguas para que desde este momento cualquiera pueda ser llevado a un proceso de desafuero por el simple hecho de rivalizar con quienes están a cargo de los mecanismos legislativos, como es la Sección Instructora.

Los miembros de la Sección Instructora, señores diputados, deben convertirse en esos árbitros que garanticen imparcialidad, que garanticen la legalidad, la seguridad jurídica y el debido proceso, pero sobre todo el respeto a los derechos más elementales de las personas. Debe ser un equilibrio de las fuerzas... Por tanto, sus miembros deben representar ecuanimidad, prudencia, objetividad, independencia e imparcialidad, pero principalmente no deben tener un interés directo en el resultado de este procedimiento parlamentario. En el caso que nos ocupa y en este documento no fue así. Por tanto, al existir una clara parcialidad en el proceso que lo comentaré a continuación, podemos concluir que lo que se decidirá el día de hoy es una venganza de carácter política.

Señoras y señores diputados, como ustedes saben, para iniciar un proceso de desafuero debe ser presentada la solicitud del juicio de procedencia, donde deberán de acreditarse distintos supuestos, que son las condiciones que establece la propia Constitución: una acusación de un hecho determinado que debe ser cierta. Dos, que la información sea coherente, suficiente y que se haya obtenido de manera lícita. Y tres, en términos del artículo 17 de la Ley de Responsabilidades, que rige este procedimiento, esta debe estar legalmente comprobada la conducta y acreditada la responsabilidad.

En el caso del diputado Toledo no es así. El proceso empezó a partir de una rivalidad por espacios políticos en Coyoacán, donde el diputado local ha sido diputado local, jefe delegacional, diputado federal en los distritos, donde por cierto, también ha competido el hoy presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, y otros personajes. Es decir, son rivales políticos.

Es de la mayor importancia que ustedes sepan que los hechos presuntamente constitutivos atribuidos a Mauricio Toledo, y que son objeto de esta solicitud de procedencia, no corresponden a la temporalidad de la LXIV Legislatura. Es decir, para removerle la inmunidad procesal, como lo establece la Constitución, será derivado de la probable comisión de un hecho delictivo durante su encargo, este, el que está ejerciendo en este momento, el de la LXIV Legislatura. No es así. No cabe duda de que el interés político es lo que enarbola este procedimiento.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como ustedes lo han escuchado ya por parte del agente del Ministerio Público, tomó como base para formular su petición de la declaración de procedencia hechos supuestamente delictivos cometidos durante los años 2012 a 2018, cuando desempeñó los cargos de jefe delegacional en Coyoacán y diputado local. Es decir, no corresponde a hechos que se hayan suscitado en el periodo de esta legislatura, como lo establece la Constitución como requisito de procedibilidad

La Fiscalía General de Justicia tuvo la oportunidad durante los años 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 para actuar, pero no lo hizo. Los hechos entonces que hoy ponen en conocimiento a ustedes, son de hace nueve años. Por cierto, bajo la simple... esos delitos hoy estarían prescritos, pues se atribuye la supuesta adquisición de un inmueble de 2011, cuando ni siquiera ocupaba un cargo en el ámbito de la Ciudad de México.

Por tanto, la conducta que se le atribuye sería atípica, porque no tenía el carácter de servidor público local, pero además los montos que le pretenden atribuir a esos inmuebles son erróneos, están alterados.

El valor del inmueble al que se le dio fe dentro de la carpeta de investigación no corresponde, pero además tampoco corresponde con el precio pagado, como consta en actas notariales y en escrituras públicas.

Por otro lado, los avalúos de dos propiedades, realizadas por peritos de la Procuraduría, están sobrevaluados. Resulta que, con el valor señalado por los peritos de la Fiscalía en uno de sus dictámenes, hoy es posible comprar dos departamentos nuevos directamente con la empresa constructora, en el mismo edificio y en el mismo piso.

Es decir, para la Procuraduría esos inmuebles tienen el valor doble de lo que realmente cuestan y en lo que se pueden comprar...

La Fiscalía también omitió solicitar información a la Cámara de Diputados, así como al Congreso de la Ciudad de México y al de Coyoacán, sobre los ingresos del diputado Toledo, consistentes en sueldos, salarios, dietas, prerrogativas, créditos, apoyos parlamentarios, viáticos, honorarios, fondos de ahorro, préstamos. Todos ellos justifican de manera legítima que el legislador ha percibido dinero de manera lícita por el ejercicio de su cargo.

Tengan la certeza, señores diputados, que los ingresos de Mauricio Toledo no son muy diferentes a los ingresos de la mayoría de ustedes. Someterlo a un juicio de procedencia con falsedades no solamente vulnera sus derechos más elementales, sino que sienta un peligroso precedente para que después todos estén en riesgo de ser acusados por el hecho de ser adversarios políticos de quien ostenta al poder actualmente.

A pesar de que Mauricio Toledo ha podido presentar ante la Sección Instructora sus ingresos y egresos en los periodos marcados por la Fiscalía en su acusación, hay una terquedad de someterlo a este Jurado de Procedencia. No importan las pruebas, no importan los elementos de prueba, importan los momentos políticos.

El presidente de la Sección Instructora ya tomó su decisión y para él, todos sus adversarios son corruptos. Esta corrupción describe la personalidad de quien la preside. Esta Sección Instructora entonces, utiliza para cobrar sus venganzas personales y deudas personales.

En cuanto al procedimiento de la Cámara de Diputados, este se ha realizado en medio de un total desaseo y claramente violatorio de los derechos humanos, que recuerdo los tiempos del siglo pasado, cuando en el régimen se utilizaban a las instituciones para la eliminación de los que se consideraba enemigos públicos.

En principio y haciendo uso de su derecho, Mauricio Toledo solicitó la recusación de Pablo Gómez, como presidente de la Sección Instructora, en diferentes momentos, que ha hecho declaraciones en su contra.

El recurso se interpuso y, en su momento, se votó tres a uno a favor, en el seno de la Sección Instructora, lo que significaba, señores diputados, la sustitución de Pablo Gómez, hecho que quedó consignado y publicado en la Gaceta Parlamentaria de esa honorable Cámara, el 9 de marzo de este año.

Esto significa que para este proceso, Pablo Gómez, no solo dejó de ser presidente de la Sección Instructora, sino que debía ser sustituido en dicho órgano legislativo por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, según consta en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, firmado por el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco y los coordinadores parlamentarios, con representaciones en esa Cámara.

En el colmo de lo absurdo, la recusación de Pablo Gómez nunca fue ejecutada, a pesar de este acuerdo, faltando a los acuerdos adoptados por los diputados.

Al contrario, unos días antes, el 4 de marzo de ese mismo año, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, presentó ante la Junta de Coordinación Política la recusación de Pablo Gómez, pero también la de la diputada Ana Ruth García Grande, del Grupo Parlamentario del PT e integrante de esa Sección Instructora, sin especificar quién la promovió, cuáles eran los documentos que la motivaban o el motivo que resultaba procedente, motivando con ello el procedimiento claramente señalado en las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

A pesar de todo lo anterior, se presentaron documentos apócrifos en los que se decía que la diputada García Grande se excusaba de participar en estas... aparecía su firma con toda evidencia de ser falsificada. Pero se llegó más lejos, señores diputados, en la Junta de Coordinación Política se conoció un presunto oficio en el que se asegurada que la diputada Ana Ruth García Grande había solicitado licencia a su cargo como legisladora, siendo esto absolutamente falso. Lo que quedó en evidencia por la notoria falsificación de la firma de la diputada, y en los oficios de los órganos de gobierno de la Cámara, que pretendían justificar esas irregularidades.

Más aún, apenas el 9 de agosto en la Gaceta Parlamentaria se reveló una más de las trampas de la Sección Instructora, pues tanto la diputada Patricia Ramírez Lucero, como Pablo Gómez, engañaron a la Junta de Coordinación Política, haciéndole creer que la recusación de la diputada García Grande había sido solicitada por la Fiscalía General de Justicia, cuando en realidad dicho órgano informativo dio a conocer que la solicitud para separarla del cargo había sido por parte del diputado Jaime Humberto Pérez. Sin argumento o prueba justificada dicha recusación. Pero entonces ya existen dos versiones.

Entonces, la postura contradictoria aparece dos veces en la Gaceta Parlamentaria. La primera, el 9 de marzo, cuando se publicó en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para sustituirla y después en el dictamen, donde aparece la supuesta segunda solicitud.

Es decir, se miente dos veces, les mienten a ustedes dos veces y queda evidenciada la inclusión de retirar de la Sección Instructora a una de las integrantes del Partido del Trabajo, pues los números no les daban para su votación. Pero, además, las posturas de Ana Ruth García Grande resultaban incómodas para Pablo Gómez.

Las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no parten de bases sólidas, puesto que hasta el momento Mauricio Toledo ha podido reunir más de 750 documentos, tales como talones de pago, cheques, fichas de depósito, recibos de nómina, transferencias, estados de cuenta, declaraciones patrimoniales y declaraciones de impuestos, entre otros, como evidencia que prueban el origen y destino lícito de los ingresos que ha venido desempeñando como servidor público.

Queda demostrado entonces que guarda una perfecta congruencia entre los obtenidos como los adquiridos. Por tanto, no existe un incremento sustancial o injustificado, ni tampoco un origen ilícito en la procedencia de los recursos.

A pesar de la evidencia tan contundente que hay de que los delitos están prescritos, que no corresponden a este periodo, que los valores de las propiedades están inflados o alterados y, a pesar de que sus ingresos son comprobables, aprobar la procedencia del desafuero de Mauricio Toledo sería ponerlo en situación de vulnerabilidad ante una Fiscalía General de Justicia que pretende a toda costa someterlo a un proceso judicial y al descrédito público.

Pero la persecución política no se ha concentrado únicamente en su persona, lamentablemente, también se ha extendido a su familia y a círculos cercanos. A sus padres, personas de la tercera edad, se les ha bloqueado sus cuentas bancarias, a solicitud de la Fiscalía capitalina, en donde reciben la pensión como beneficiarios de la Ley 19/992, emitida por el gobierno de Chile a las personas a las que se les reconoce el derecho a una pensión por reparación al haber sido víctimas directamente afectadas por la violación a sus derechos humanos, por tortura por parte de la dictadura de Pinochet. Incluidas las víctimas residentes en el extranjero, como es su caso. La pensión que reciben sus padres es de 225 dólares, es decir, aproximadamente 4 mil pesos mexicanos.

En el caso de su padre, también le fue bloqueada su cuenta en donde recibe su pensión como jubilado de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria de la SEP, en donde prestó sus servicios después que el gobierno mexicano lo acogió como refugiado político hace 44 años en marzo de 1975. Condición que también tuvo su señora madre hasta la fecha.

Pero aún más, a su hermano se le inició una carpeta de investigación por parte de la fiscalía capitalina en abril pasado, con una supuesta denuncia anónima a través de un correo electrónico. Lo que derivó a que llevaran un cateo de su domicilio particular el pasado 1 de julio, en donde se encontraba con su esposa y sus hijos con un amplio despliegue de elementos de seguridad y de investigación. Como resultados se llevaron dos computadoras que utilizaban sus menores para tomar sus clases virtuales y aseguraron un estado de cuenta bancario, uno.

Señoras y señores diputados, en la política como toda actividad pública se generan adversarios, lo que resulta absolutamente normal ... Lo que no se debe validar es que esas diferencias y controversias políticas que no tuvieron acuerdo en aquel momento se puedan redimir ahora en los juzgados penales.

Judicializar la política y llevar las diferencias a que se resuelvan en tribunales daña la conciencia, vulnera los derechos humanos y pierde la credibilidad ante la sociedad, quien es a quienes ustedes representan. En el caso del diputado Toledo no es justicia lo que se busca, sino eliminar un mapa político a quien sus adversarios consideran responsable de sus fracasos.

Termino, señores diputados. De manera muy respetuosa los exhorto a verificar todas estas irregularidades. Se han violentado todas las formalidades que requieren de un procedimiento de esta naturaleza. Por tanto, de manera muy respetuosa, señores diputados, los exhorto a que el día de hoy declaren improcedente la solicitud que presentó la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México y que fue maliciosamente avalada por el presidente de la Sección Instructora.

Esta debe ser la consecuencia que se prevé en un estado democrático de derecho, garantiza cuando se violentan las reglas del debido proceso. No es a cualquier costo que se pretenda hacer justicia, los derechos solo pueden ser limitados cuando se cumplen plenamente los casos y las condiciones como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No se pueden avalar irregularidades, no se pueden avalar violaciones al procedimiento, no se pueden avalar violaciones al procedimiento, no se pueden avalar obtención de pruebas ilícitas. El Estado democrático de derecho exige un cumplimiento de reglas, debido proceso, seguridad jurídica y respeto.

En consecuencia, esta es la condición y la conclusión que debe asumir la Sección Instructora por su mala conducta. Sería cuanto, por el momento, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, licenciado Epigmenio Mendieta Valdés.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Desea el representante de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hacer uso de su derecho de réplica? Entonces, tiene la palabra el representante de la Fiscalía General de la Ciudad de México, maestro Octavio Israel Ceballos Orozco, hasta por cinco minutos.

El coordinador de investigación Octavio Israel Ceballos Orozco: Gracias. Con la autorización de esta Cámara, señoras y señores diputados, expreso lo siguiente.

Escuchado los argumentos de la defensa del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que cuenta con una investigación robusta, contundente y basada en elementos objetivos que es necesario conducir ante la autoridad jurisdiccional competente, para que sea esta, la que luego del análisis y valoración de la prueba en la etapa procedimental correspondiente, decida o no sobre la acreditación del delito y la responsabilidad de lo investigado.

La defensa del diputado, en sus argumentos ha hecho consideraciones relativas a la Sección Instructora, meramente políticas que no son materia del debate jurídico que pretende realizar esta institución ministerial.

Se acató el principio pro persona, por ello no le asiste la razón a la defensa del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, que realiza una interpretación sesgada del artículo 111 de la Constitución, para afirmar que él no ostentaba el cargo de servidor público cuando se comienza a realizar esta investigación por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, desapercibe que la Fiscalía hace una investigación de todos los cargos públicos que ha ostentado por un cierto periodo de tiempo.

En esa virtud, en lo relativo a la prescripción, la Fiscalía consideró estos diversos trabajos que ocupó como servidor público, los cuales le permitieron desplegar el enriquecimiento ilícito durante un amplio periodo de tiempo, tratándose de hechos que se persiguen de oficio y que, desde luego, no han prescrito, como lo afirmó la defensa.

Contrario a lo que se asegura, se desarrollo de manera permanente, es decir que se violó el mismo precepto legal y la consumación se prolongó en el tiempo, como lo describe la fracción II del artículo 17 del Código Penal aplicable a la Ciudad de México. En ese sentido, no se ha vulnerado el principio de exacta aplicación de la ley penal ni ninguno de los derechos humanos que le asisten al señor diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

La defensa se duele de que el dictamen pericial en materia de evaluación practicado por la Fiscalía carece de objetividad. Sin embargo, es claro que al tratarse de una prueba podrá hacer valer lo que considere necesario una vez que esté ante la autoridad judicial, que será quien dé la valoración correspondiente al citado dictamen.

La defensa busca descalificar este proceso al afirmar que las pruebas, como este dictamen, son ilícitas. Sin embargo, esto no es así, porque la Fiscalía atendió los procedimientos legales debidamente establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Nacional de Procedimientos Penales para acudir ante el juez de control y estar en posibilidad de solicitar la información financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De igual forma, siempre con apego a la ley se recabaron todas las pruebas que integran la carpeta de investigación.

Es importante citar que todos los servidores públicos conocen que, la información que se plasma en las declaraciones patrimoniales, están sujetas a revisión. Incluso de esta se pudo obtener la evidente inconsistencia en su patrimonio y, en efecto, las y los ingresos que tenía el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez pueden ser similares a los que ustedes tienen, pero todos saben aquí que tenemos la obligación de hacerlos públicos a través de las declaraciones patrimoniales, lo cual no se realizó de su parte.

En esa consideración y dado que el resto de los argumentos que realiza la defensa son de carácter eminentemente político, consideramos que es suficiente con lo hasta aquí expuesto. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, maestro Ceballos Orozco.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Desea el abogado defensor hacer uso de su derecho de réplica?

El abogado defensor Epigmenio Mendieta Valdés (vía telemática). Sí, por favor, señora presidenta. muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Entonces tiene la palabra el licenciado Epigmenio Mendieta Valdés hasta por cinco minutos.

El abogado defensor Epigmenio Mendieta Valdés (vía telemática). Gracias, señora presidenta. Señores diputados, tres cosas dijo que son ciertas el agente del Ministerio Público en este momento. Él acepta que efectivamente los hechos no corresponden a el periodo de este encargo, la LXIV Legislatura. Corresponden a eventos de otro momento, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, la conveniencia política para ellos es que se solicite en este momento, de tal manera que, es ese el interés que tienen, porque además no perdamos de vista así lo ha venido estableciendo ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo ha establecido mediante jurisprudencia.

Los señores diputados podrán decidir la conveniencia política de que dicha decisión se tome en este momento, qué es lo que se va a resolver, de tal manera, que el licenciado fiscal ha dicho algo cierto, no corresponden a este periodo. De tal manera, que el argumento que yo considere en este sentido es cierto.

También él ha dicho y eso es lo que buscan oír que dicha inocencia o el origen legítimo de sus recursos él lo deba de acreditar frente a los jueces. Entonces, aquí viene la pregunta, él quiere que se haga frente a los jueces, pero para proceder frente a un juez es necesario que se le quite el fuero.

Es decir... sí señores diputados, no importa que ustedes se den cuenta de que esto es una venganza o que no cuentan con un expediente técnicamente bien construido, lo importante aquí es que esa solicitud sea declarada procedente, aún cuando no cuentan con manegia de que el delito está prescripto o de que incluso pudiera haber una tipicidad porque para la fecha que adquirió este supuesto inmueble él no tenía carácter de servidor público de la Ciudad de México.

Él les pide que eso no lo tomen ustedes en cuenta y que necesariamente se presente ante un juez, donde parece que omite estas formalidades y estás son mal ideas que parece que las prevé el propio artículo 17 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que está vigente este procedimiento.

Requisitos indispensables entonces para proceder a la restricción de derechos es que se cumple exactamente con las formalidades que establece la parte de Constitución, que haya la declaración de un hecho y que ese hecho sea constitutivo de delito pero que además haya pruebas, las que se han presentado por parte de Mauricio Toledo en esos 750 documentos y más y con las periciales que se han presentado, justifican plenamente el origen ilícito de sus recursos.

La tercera aseveración que hace el agente del Ministerio Público y lo que también es cierto, las cantidades de dinero que ha justificado Mauricio Toledo no son distintas o diferentes a las que puede acreditar cada uno de los diputados que hoy me escuchan.

Lo que ha hecho esta... es obtener del órgano legislativo todos los depósitos, todos que se realizaron por parte de la Cámara y que cayeron en la cuenta de Mauricio Toledo, por lo cual, se acredita prácticamente el 97 por ciento del total de todos sus ingresos. Eso significa entonces que esas cantidades de dinero son aproximadamente las mismas que puede recibir cualquiera de los diputados. Entonces, el debate sería, realmente entonces, ¿cuánto realmente percibe cada uno de ellos?

Quiero terminar con el tiempo que se me ha concedido para no abusar diciendo dos cosas: uno, no debemos de perder de vista que la decisión o el debate en este debate está concentrado en una decisión eminentemente de carácter político, ahí sí se equivoca el agente del Ministerio Público. En este momento no se va a declarar la culpabilidad ni la inocencia en estos hechos que se le pretenden atribuir a Mauricio Toledo, no es en esto. Pero entonces, lo que sí hay aquí, lo que se va a decidir en este momento es una decisión de carácter político.

Señores diputados, ¿es conveniente hacerlo en este momento? ¿Es conveniente? ¿A quién conviene? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Y, ¿cuál es, sobre todo, la razón de fondo, señores diputados de haber dejado pasar desde 2012 hasta 2020 este periodo para que finalmente se tomara esta decisión?

Lo que no dijo el agente del Ministerio Público que me antecedió en el uso de la palabra es qué pasó con la solicitud de declaración de recusación de Ana Ruth, ¿la hicieron ellos o la hizo el diputado? Ahí no dicen nada, ¿verdad? Porque lo cierto es que hay ahí una irregularidad que se avaló en la Sección Instructora, ahí hay irregularidades y esas irregularidades tendrían que dar por opción que todo el procedimiento que se llevó aquí sea declarado ilícito, pero además, este dictamen, este que hoy les presentan aprobado se votó y no obtuvo la mayoría, por tanto entonces, en términos de la propia norma procesal ese dictamen tendría que haber sido desechado, no como se regresó nuevamente a la Sección Instructora para que se votara una segunda ocasión. Eso es una irregularidad de fondo.

La ley procesal no establece que haya la oportunidad de votarla una segunda o una tercera ocasión. Todas estas cuestiones de fondo que no deben perder de vista, señores diputados, tiene que ser la consecuencia por un mal manejo en la propia Sección Instructora. ¿Aquí hay un delito? No, no lo hay. ¿Se puede justificar el origen lícito de esos recursos? Sí, los documentos están en la Sección Instructora. Pero ahora, ¿se valoraron? No, consideran que no es el momento y que deberán ser los jueces, es decir, volvemos a esta discusión circular, a ellos lo que les importa...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Licenciado Mendieta Valdés, su tiempo se ha agotado, sirva concluir, por favor.

El abogado defensor Epigmenio Mendieta Valdés (vía telemática): Sí. Gracias, y con esto termino, señora presidenta. Simplemente ellos piensan que ustedes se tratan como una oficialía de partes, reciben los documentos y dan trámite, no importa lo que diga. Me parece que no lo analizan de manera correcta. Perdón por el exceso de tiempo y con esto concluyo señora presidenta. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, licenciado Mendieta Valdés. Se pide a los servidores públicos de la Fiscalía General de la Ciudad de México retirarse del salón y esperar en el lugar designado hasta que se les requiera, y se solicita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios les acompañen en su salida del salón de sesiones.

Para ilustración de la asamblea, el licenciado Mendieta Valdés de la parte defensora, ha sido puesto en la sala de espera de la plataforma Zoom, el equivalente al salón a donde se ha retirado el conjunto de funcionarios de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Cumplido lo que establece el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se somete a discusión el dictamen presentado por la Sección Instructora.

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanos, ciudadana presidenta, ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores, el proyecto que se consulta al jurado de procedencia es el producto de un estudio entre el pliego que presentó el Ministerio Público y las pruebas que contenían de sus elementos iniciales de investigación que lleva a cabo y la compulsa que se hizo con la respuesta de la defensa del inculpado. Ambos hicieron estudios contables de los ingresos y los gastos del inculpado y presentan dos versiones diferentes, aunque coincidentes en una serie de puntos, como es natural.

La Sección Instructora en realidad lo que hizo fue analizar estos dos elementos para llevar, para concluir un procedimiento en el sentido que fuera más apegado a lo que la ley nos exige: que las conductas ilícitas de las que habla el Ministerio Público efectivamente pudieron haberse cometido y que ahí de manera más directa, como es natural, el inculpado sería la persona responsable de dichos actos ilícitos.

Decía yo en el asunto anterior que los servidores públicos tenemos frente a la ley una condición distinta al resto de la sociedad, al resto de la ciudadanía, en cuanto a nuestros ingresos: nosotros tenemos que demostrar la licitud de los ingresos. Las cosas se ponen al revés porque, primero, porque manejamos recursos públicos, porque hay una relación entre la cosa pública, la función pública, el poder público, y el ejercicio de ese poder público de parte del servidor público.

Y tenemos algo que, pues, no tiene la generalidad de las personas que es inmunidad procesal penal. Pero no porque seamos diputados o diputadas, o secretario de Estado, presidente, gobernador, sino porque en nosotros está depositado el ejercicio de poderes públicos. Es por eso.

El llamado fuero no está hecho para proteger actividades ilícitas de nadie, ni a nadie en lo personal, sino para garantizar el funcionamiento normal de las instituciones del poder público de la República.

Ministerio Público solicita, se renueva esa inmunidad procesal penal para proceder de acuerdo con la ley como si fuera cualquier otra persona, es una solicitud del Ministerio Público. El abogado del inculpado habla de un juicio de procedencia, aquí no hay ningún juicio, no estamos en un juicio, estamos analizando después de haber estudiado, tanto los elementos del MP como del inculpado, si aceptamos o no la solicitud del MP.

¿Qué es lo que desea el MP? Ir a un juzgado, sencillamente, a plantear ahí un caso que en este momento no lo puede hacer porque esa persona tiene inmunidad procesal penal. Pero este no es un juicio, aquí hay presunción de inocencia y tendrá que haberlo, es más, la Constitución a pesar de ser muy vieja, ya es vieja nuestra Constitución, habla de que la resolución de la Cámara no prejuzga sobre la responsabilidad de los delitos. Claramente lo dice.

Es decir, no se le da línea al juez, si el juez considera que no hay materia pues lo declara, hace lo que tenga que hacer y la persona retoma el cargo inmediatamente. Ya ocurrió una vez, no quiero decir cuando, ni con quien, que fue la derrota política de una maniobra vergonzosa para invalidar una candidatura a la Presidencia de la República.

La defensa nos está diciendo que nosotros debimos haber acreditado la responsabilidad del inculpado. No, nos somos jueces. Bueno, no somos Ministerio Público y no corroboramos eso en una acción judicial. No puede haber esa acreditación. A ver. Entonces pasa a la cuestión fundamental de su argumento: existe una rivalidad política entre el presidente de la Sección Instructora y el inculpado. No dice modo, lugar, tiempo, nada, nada, nada de nada. Dice que bueno, que hubo rivalidad de candidatos. Si yo jamás fui candidato contra él o él contra mí ni nada. Yo nunca tuve un trato político con esa persona, ni bueno ni malo. Nunca solicité ni siquiera un trámite del encargado de la administración local. Jamás. No acostumbro hacer eso, ni con ese ni con ninguno, cuando se trata de asuntos personales o individuales. Nunca lo he hecho y no lo haré.

Entonces no hay en el argumento... Bueno, más bien en el dicho, modo, lugar, tiempo de la rivalidad. Él presentó un incidente de recusación contra el presidente de la Sección Instructora, pero no había elementos. Toda la otra historia que hizo es algo bastante penoso, porque no habla mal del presidente de la Sección Instructora, que además yo ya no actué dentro del incidente de recusación, estaba obviamente impedido. Entonces la Sección Instructora resolvió y tuvo que ser completada, y quien la completó fue el pleno de esta Cámara. Por resolución tomada por el propio pleno completó la Sección, procedió a resolver el asunto. Se acabó.

Entonces él, el abogado pregunta cuáles son las razones reales, díganlo, de este procedimiento. Que lo diga él. Entonces todo lo que ha dicho no son las razones reales que exige que se digan en este Jurado de Procedencia.

Aquí no hay más razones que una situación que nos encontramos sorpresivamente cuando el Ministerio Público de la Ciudad de México llegó a San Lázaro a solicitar el desafuero de un diputado. Nadie tenía ni la menor idea de que tal cosa iba a ocurrir. Fue sorpresivo.

La Sección Instructora lo que hizo fue hacer, dar los trámites a partir del turno que le dio la Secretaría General, como dice la ley. En ningún momento nos hemos apartado en nada de lo que dice la ley, y una cosa, presidenta, concluyo en los 10 segundos con lo siguiente. Critica que en la Sección Instructora se hubiera votado este dictamen dos veces y dice que esa es una irregularidad.

Como se ve que ni siquiera ha leído la ley. Es una obligación, cuando hay empate debe volverse a votar en siguiente sesión. No es opcional. La Sección Instructora lo tiene que hacer.

¿Por qué hubo dos votaciones? Por ese motivo. Si no hubiera habido dos votaciones hubiéramos estado en situación de violar la ley. En ningún momento hemos violado la ley, hemos cumplido con nuestro deber y estamos orgullosos de haberlo hecho. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Gómez Álvarez.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del inciso b) del artículo 5o. del acuerdo aprobado, se abre la discusión en lo general. Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen. El diputado Robles Montoya dispone hasta de siete minutos.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Compañeras, compañeros. Con su permiso, diputada presidenta. Quiero decirlo con mucha convicción, con mucha claridad: el Partido del Trabajo ha sido y es la vanguardia ideológica de la cuarta transformación. No robar. No mentir. No traicionar. Esos han sido los motores del trabajo legislativo de nuestro grupo parlamentario. Estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción y la impunidad porque creemos, con convicción, que al margen de la ley nada, al margen de la ley o por encima de la ley nadie.

Por eso hoy, lo que nos motiva a las diputadas y a los diputados del PT a oponernos al desafuero de Mauricio Toledo, no es su inocencia o su culpabilidad, eso no es motivo, no es materia de este procedimiento, ni nos toca a nosotros determinarlo. Tampoco es su pertenencia a nuestro grupo parlamentario. No. Es el profundo desaseo bajo el cual se ha sustanciado este procedimiento desde el principio. Un desaseo que ha puesto en entredicho su legalidad de manera irrevocable.

No olvidemos, compañeras y compañeros, que antes que militantes partidistas somos diputadas y diputados, somos los que hace las leyes, sobre las que se funda el Estado de derecho. Las leyes que se deben cumplir y hacer cumplir.

Por eso sostengo por principios, por convicción, por obligación, porque así lo juramos al tomar protesta del cargo, las y los diputados, no podemos transgredir las leyes poniendo como pretexto la justicia o lo que creemos que es justo. Porque, compañeras y compañeros, la justicia construida a punta de ilegalidades no es justicia, eso se llama arbitrariedad.

Las irregularidades en este proceso fueron graves y, sobre todo, trascienden al fondo de la resolución del dictamen de la Sección Instructora.

Por acuerdo de la Jucopo, quiero recordarlo, firmado por las y los coordinadores parlamentarios y publicado en la Gaceta Parlamentaria el pasado 9 de marzo, y aprobado en este pleno, el diputado Pablo Gómez, de Morena, fue sustituido por Sergio Carlos Gutiérrez Luna, también de Morena, para efectos de la sustanciación y resolución del incidente de recusación.

En esa misma fecha, la propia Jucopo resolvió que nuestra compañera diputada Ana Ruth García Grande fuera también sustituida, pero se designó como suplente al diputado Francisco Javier Saldivar Camacho, del Partido Encuentro Social, con lo que se privó al Grupo Parlamentario del PT del derecho que teníamos de participar en la resolución de las recusaciones. Un diputado de Morena sustituido por otro de Morena, y una diputada del PT sustituida por uno de otro grupo parlamentario.

Pero lo más grave, compañeras y compañeros, fueron las maniobras incluso ilegales en contra de nuestra compañera Ana Ruth García Grande, que incluyeron un oficio apócrifo, en el que supuestamente informaba que se excusaría de participar en el procedimiento contra el diputado Toledo, oficio en que además su firma fue falsificada, lo que constituye un delito grave.

La propia diputada García Grande se vio en la necesidad de clarificar, incluso por escrito, que ella no tenía intención alguna de excusarse ni había solicitado licencia alguna. ¿Quién presentó ese oficio falso y qué intención tenía? Siguen siendo hoy en día estas dos preguntas, las respuestas a estas preguntas. Pero lo que sí evidenciaron es que hay una embestida en contra de nuestra compañera diputada, que en todo momento se condujo con honestidad y profesionalismo.

La propia diputada del Grupo Parlamentario del PRI, Claudia Pastor, expresó públicamente: “El procedimiento ha estado plagado de inconsistencias –dijo–, de manejos facciosos en los tiempos, los impedimentos, las recusaciones y la valoración de pruebas”. Así, con estas palabras, lo expresó en su artículo de opinión publicado en El Universal, el 9 de julio pasado, en donde explica las razones de su voto en abstención y de su posterior voto a favor; razones que no compartimos, pero respetamos.

Compañeras y compañeros, lo que aquí está en juego es mucho más que el desafuero de un legislador, es la legalidad, es la observancia de la ley. Un juicio de procedencia construido sobre un procedimiento irregular es un antecedente gravísimo que mancha esta Cámara. ¿Con qué cara vendremos a esta tribuna a exigirle a cualquier autoridad el cumplimento de la ley, cuando quienes la hacemos hemos sido incapaces de observarla?

El diputado Mauricio Toledo ha presentado su solicitud de licencia, nosotros decimos que sería mucho más decoroso para esta Cámara concedérsela en lugar de aprobar este procedimiento singularmente irregular. Las y los diputados del Partido del Trabajo no podemos respaldar un procedimiento afectado de irregularidades, pero a quienes quieren vernos confrontados con nuestros aliados de Morena les decimos que se van a quedar con las ganas.

Se equivocan quienes creen que este asunto será causa de división o de ruptura, la 4T está más firme que nunca. Por eso, con plena responsabilidad el Grupo Parlamentario del PT ha tomado la decisión de abandonar esta sesión, no participaremos en esto que consideramos evidentemente algo muy cerca a un circo que ya ha tomado una decisión.

Pido, diputada presidenta, que no tome en cuenta la solicitud de mis compañeras y compañeros. Nosotros nos retiramos, los dejamos con esa responsabilidad. Es cuanto, diputada presidente.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Robles Montoya.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Alfonso Ramírez Cuellar: Señoras diputadas, señores diputados, vengo aquí a solicitarles su voto a favor del dictamen que ha presentado la Sección Instructora. No estamos ante la presencia de la persecución de un político, quizá mañana o pasado hasta donde él se encuentre, si así lo considera la autoridad, tendrá que realizar todas las acciones pertinentes para que comparezca ante la justicia.

Nos han informado que se ha ido, que se fue del país, ojalá y el diputado Toledo pudiera, en su caso, si así es la resolución mayoritaria de este jurado de procedencia, comparecer ante la autoridad. A veces la justicia se tarda, pero siempre llega.

Nos han informado que el pliego presentado por la Fiscalía tiene como base las irregularidades en las declaraciones patrimoniales, los excesos de gastos y también de patrimonio, que surgió de manera posterior. Eso, dado que nosotros no prejuzgamos, lo tendrán que decidir las autoridades judiciales, pero esto también es una advertencia, amigas legisladoras, amigos legisladores, ¿qué pasaría si hay un exceso de patrimonio y de gasto, de ingresos no declarados.

Un enriquecimiento ilícito que puede alcanzar hasta 14 años de prisión, pero también nos habla del rechazo absoluto para que los que ocupan puestos legislativos saqueen los recursos de los Congresos locales y de los Congresos federales. También nos dice esta advertencia, que no se puede hacer uso ilegal de un financiamiento que iba para una causa noble, como la reconstrucción de la Ciudad de México.

También es la advertencia para todos aquellos que gobiernan, donde se abordan las fronteras entre el servicio público y la actividad delictiva. Esta es una advertencia para actuar con honestidad en todos los cargos donde desarrollamos la función pública.

No es persecución política. En todo caso quizás después será la de un político que esté siendo perseguido. Las autoridades de la ciudad, y la Fiscalía en lo particular, nos presentaron desde enero esta solicitud. Se fundamentó. La Sección Instructora actuó con probidad, con una meticulosidad nunca antes vista. Y hoy nos trae un dictamen que nosotros tenemos que aprobar, si es así la voluntad de la mayoría.

Por eso, compañeras y compañeros, tenemos que hacer entre nosotros mismos una reflexión sobre las conductas de los políticos. Ya eran muchos años actuando con la arbitrariedad extrema y la soberbia absoluta pisoteando disidentes y contrincantes. No es la existencia de un político que era operador, sino de la tracalería electoral llevada a su máxima expresión.

Que nos explique. Y ya conoceremos de dónde viene ese exceso de recursos y ese aumento inexplicable de los patrimonios que nunca más vuelva a salir de los Congresos locales ni federales, que nunca más se vuelvan a robar los recursos que van para causas nobles y que nunca más se vuelvan a cruzar las fronteras entre el servicio público y las actividades delictivas. Si somos congruentes compañeras, compañeros votemos a favor del dictamen que nos ha presentado la Sección Instructora, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Ramírez Cuellar.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra del dictamen.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Gracias, presidenta. Por supuesto, que tiene uno que registrarse en contra, pero adelanto que mi grupo parlamentario votaremos a favor del dictamen.

En 2020, en el índice de la percepción de la corrupción, nuestro país ocupo el lugar 124 de 180, siendo el país peor evaluado a los que integran la OCDE y adicionalmente ocupamos el lugar 60 de 69 países en el índice global de impunidad de 2020. En donde hemos retrocedido de lugar 66 hace tres años y del 58 hace 5 años. En Latinoamérica, únicamente, nos superan Honduras y Paraguay.

Hoy, nos encontramos realizando un histórico juicio de procedencia que su única consecuencia es la determinación que tomará la Sección Instructora y la Cámara de Diputados para que la o el funcionario público puedan ser investigados y, en su momento, puestos frente a la autoridad judicial por la probable responsabilidad de la Comisión de Actos Delictivos.

En el caso que nos ocupa, las violaciones procesales fueron muchas y muy evidentes, conflictos de interés, violación a los plazos y la reposición de la votación asignaron este procedimiento.

Muchos intereses revolotean alrededor de este juicio de procedencia y muchos más se verán afectados al momento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que continúe con los procedimientos.

Sin embargo, debemos dimensionar el problema del que hablamos: primero, es necesario recordar los antecedentes del hoy imputado. Si bien es cierto, sus antecedentes datan del Partido de la Revolución Democrática y que desde 1994 hasta 2018 fue mi partido quien lo apoyó y postuló a cada cargo de elección popular cuando la Fiscalía acusa al hoy imputado, decide ir al cobijo del PT y de la cuarta transformación para obtener el apoyo de impunidad.

Nosotros en el PRD no le íbamos, de ninguna manera, a dar esa cobija. Afortunadamente hoy, no importa que se estén peleando, al final de cuentas van a estar a favor en los demás contubernios, ya lo adelantó aquí el líder del PT, porque queremos romper ese pacto de impunidad, por lo que se les solicita a esta LXIV Legislatura que votemos a favor del dictamen y que sea ejemplo de que no vamos a permitir que estos funcionarios, muchos hoy están en el gabinete y siguen haciendo corrupción, por cierto, en este asqueo histórico con el que han amasado fortunas y cobijando, incluso, candidatos como es el estado de San Luis Potosí, que el candidato del Verde hasta enumera sus negocios. Ahí los quiero ver, las quiere ver.

Efectivamente, por fin hoy después de los intentos de protección y hasta hoy precisamente, hasta hoy, a finales de esta la LXIV Legislatura, porque quisieron hasta el final cobijar la corrupción de Mauricio Toledo y en estos intentos de protección de algunos partidos políticos que hoy están en este recinto legislativo para retirar, como nosotros lo haremos en nuestro voto, el fuero constitucional, en la actitud más pueril y más irresponsable, hoy se pide licencia, vaya ignorancia, no se corta con ello el fuero, además ni entró, será hasta la semana que entra.

La Fiscalía tiene una carpeta de investigación donde demuestra el crecimiento de su patrimonio tras ocupar diversos puestos en la administración pública como legislador local, federal y jefe entonces delegacional.

Dimensionemos el enriquecimiento del cual se le acusa a Mauricio Toledo, que hoy se dice, ya está en el extranjero, que son la parte, esos 11 millones de pesos son la cuarta parte del presupuesto 2021 para el patronato de obras e instalaciones del Instituto Politécnico Nacional.

Es la tercera parte del Presupuesto 2021 para el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Es cinco veces más que lo destinado para el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es el presupuesto del 2021 del Instituto Nacional –escúchenlo bien– de Cancerología y del Instituto Nacional de Cardiología - Ignacio Chávez. En fin, todo eso se pudo haber logrado con estos 11 millones de pesos.

Yo quiero terminar, sin embargo, que a pesar de la lucha contra la corrupción que ha sido y es, se dio en tiempos electorales un discurso demagógico, falaz, putrefacto y cínico de parte de la cuarta transformación, independientemente de lo que vengan a decir aquí a la tribuna, independientemente.

Porque saben qué, ahí está Bartlett, ahí está Emilio Lozoya, intocable, con un teatro que hicieron trayéndolo en avión desde Europa, y dónde está Lozoya hoy. Ahí está los Ackerman, ahí están los Ackerman-Sandoval. ¿Ustedes creen que la sociedad mexicana ignora eso?

Resulta por todo ello sumamente importante reactivar y poner en operación el Sistema Nacional Anticorrupción y garantizar la autonomía de la Fiscalía General de la República. En eso estamos comprometidos, mi partido, y por ningún motivo debemos tolerar el infame y cobarde robo, saqueo, de las arcas como hoy lo están haciendo muchos y muchas funcionarias de la cuarta transformación. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Almaguer Pardo.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra el diputado Eugenio Bueno Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Eugenio Bueno Lozano: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el correcto ejercicio de la función pública exige que todos los servidores públicos que ocupamos un cargo en la estructura de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya sea en el ámbito federal o local, cumplamos con nuestro compromiso y obligaciones de hacer efectivas todas las disposiciones constitucionales y legales que guían nuestro actuar, más aún cuando en el ejercicio de dichas atribuciones se manejan recursos públicos de todas las mexicanas y los mexicanos cuyo manejo indebido llega a generar un sinnúmero de afectaciones a los derechos de la sociedad.

En la Cámara de Diputados debemos atender de manera pronta y expedita los asuntos que supongan el esclarecimiento y conductas que afecten tanto el patrimonio de la sociedad como el correcto desarrollo de la función pública.

Por ello, en Acción Nacional hemos sido críticos presentando denuncias sobre acusaciones de corrupción del gobierno actual, comenzando con los hermanos del presidente recibiendo dinero, la opacidad en la asignación de contratos públicos, el enriquecimiento inexplicable de funcionarios de gobierno, los malos manejos de recursos de instituciones públicas, descalificando a quienes denuncian estos actos, entre otros casos... de seguir nombrando se acabaría el tiempo.

Los resultados de la opacidad y mala gestión pública en estas... los podemos observar en los limitantes recursos en gestas deportivas, aumento de pobres, falta de medicamentos, escasez en servicios de salud y omisión en las denuncias que incomodan a sus incondicionales. En ello no es otra cosa más que el resultado de actuar constante para defender la impunidad.

De nada sirven consultas patito si estas no se aplican en corruptelas que están a la vista de todos los mexicanos. Seamos coherentes, compañeras y compañeros, la justicia y el combate a la impunidad no deben ser selectivos y debe aplicarse sin más.

Celebremos la recesión de este periodo extraordinario para resolver el procedimiento de declaración de procedencia llevado a cabo por la Sección Instructora. El dictamen que esta puesto a discusión, la Sección Instructora desarrolla los hechos que sustentan la solicitud de dicha fiscalía y conforme a la cual dice contar con los elementos suficientes para que el diputado enfrente el procedimiento penal iniciado en su contra.

Dichas acciones fueron el sustento por el que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la carpeta de investigación correspondiente, y en virtud del desahogo procedimental realizado por la Sección Instructora de esta Cámara, se ha determinado que cuenta con los elementos suficientes para declarar que haya lugar a procedencia contra el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez.

Compañeras y compañeros legisladores, en este momento es que la Cámara de Diputados cumpla con su obligación de resolver de manera oportuna respecto a los procedimientos de declaración de procedencia solicitado por la autoridad ministerial que así lo requiera.

El correcto desempeño de la administración pública, la salvaguarda los recursos públicos, el estado democrático de derecho, así como el ambiente libre de corrupción, se manifiestan como los principales bienes jurídicos a tutelar y a cuya protección debe contribuir esta Cámara de Diputados.

Sin embargo, es necesario ser en tiempo y forma, de manera expedita, para procurar una impartición de justicia sin retrasos y dejando a lado el sesgo político que llega a adquirir la transmisión de este tipo de procedimientos, como hemos visto en la resolución de los diferentes procedimientos resultores, particularmente, durante el periodo ordinario de sesiones.

No olvidemos que, en noviembre de 2019, el PAN fue retirado del espacio que legítimamente le correspondía en la Sección Instructora, justamente por ser crítico y por denunciar el manejo parcial de su presidente.

La designación de suplentes para cubrir excusas, el cambio de integrantes a fin de lograr mayorías que convengan con sus intereses, y mantener el control de este órgano tan importante de la Cámara, son pruebas de un manejo faccioso por parte de su presidente.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, votará a favor del presente dictamen, dejando en claro que con ello no estamos prejuzgando la culpabilidad o inocencia, sino únicamente permitiendo a la instancia competente, en este caso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la que determine o no la acreditación del delito.

Reiteramos nuestro compromiso para luchar contra la impunidad y contra la corrupción, así como el correcto ejercicio del servicio público. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Bueno Lozano.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra del dictamen.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: ¿Siete minutos? Bueno, presidenta, pues comentarle que le agradezco. Vamos a hablar a favor, presidenta. Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, nos encontramos hoy discutiendo un desafuero para permitir que se investigue y, en su caso, ojo: y en su caso se enjuicie a un diputado que goza de un privilegio que a los políticos les ha permitido no dar la cara, y que hasta el mismo presidente, nuestro hoy presidente López Obrador, renunció. Porque simple y llanamente el fuero supone que existan mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Por lo que ojalá, ojalá, estos sean de los dos últimos desafueros que se discutan en este recinto, ya que si hay algún delito que castigar, que se investigue apegado a derecho, sin impunidad y sin privilegios.

Si Mauricio Toledo se dice inocente, su defensa tendrá claro que no hay nada que temer. Será un juez el que lo podrá corroborar, pues aquí, aquí no estamos juzgando. Estamos permitiendo un juicio sin trabas, como le pasaría a cualquier ciudadano si en su caso alguna fiscalía le abriera una carpeta de investigación.

Leamos todos los resultados de la última consulta popular del primero de agosto. Esa, en la que participaron más ciudadanos que los que le dan la legitimidad al Partido Acción Nacional como partido y en la que al unísono queda asentado cómo el pueblo de México dice no más impunidad, no más privilegios para la clase política, por fin den la cara por sus acciones y decisiones y que, por ellos, por esos millones de mexicanos estamos hoy aquí discutiendo el desafuero de Mauricio Toledo.

En lo personal no me sorprende que haya un expediente de presunto enriquecimiento ilícito, por el que se concluye que hay una materia para desaforarlo, tratándose de un diputado que llegó a esta legislatura gracias al PRD, un partido muerto que se oxidó y se pudrió, en el que mientras algunos hacíamos la lucha por recuperar el país y hacer un proyecto alternativo al neoliberalismo de la mano del hoy presidente López Obrador, hubo otros que lo aprovecharon para hacerse de puestos y enriquecerse.

Razón por la cual lo abandonamos en 2012 para fundar el partido más importante de México, como lo es Morena, un partido de quienes en verdad estamos convencidos en esta cuarta transformación y en la que no estamos de acuerdo en el privilegio que representa el fuero, utilizado para continuar con el círculo de la impunidad y la corrupción que tanto daño ha hecho a México. Como tampoco estamos de acuerdo en que Mauricio Toledo se victimice asumiéndose como perseguido político, siendo inadmisible e irresponsable para todos aquellos que de verdad han sufrido de persecución política en este país.

Por eso, por eso es tan importante la consulta popular de la semana pasada, para desenmascarar a todos los políticos que se quieren hacer pasar por perseguidos políticos a pesar de haber materia para enjuiciarlos con pruebas contundentes como, por ejemplo, ¿acaso ahora que Iván Reyes Arzate, ex comandante de Felipe Calderón en su policía federal y muy cercano a García Luna, se declaró culpable de favorecer y filtrar información a los carteles de la droga? ¿Acaso Calderón seguirá diciendo que se trata de persecución política?

Por eso es importante acabar de tajo con los fueros, para que no haya al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Es un anhelo que estoy seguro, esta cuarta transformación va a alegar para establecer un Estado social, democrático y de derecho para el México del siglo XXI. Muchas gracias, diputada.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Hidalgo Ponce.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con la venia de la presidencia. Hemos escuchado la acusación por enriquecimiento ilícito en contra de Mauricio Toledo. No podemos negar que lo informado por la Sección Instructora nos genera la fuerte presunción de que el hoy imputado ha ocupado sus cargos públicos para generar una riqueza que no puede explicarse en su totalidad.

Estamos aquí para concluir un proceso que obligue, porque por su cuenta no ha querido y ha evadido responder a todas estas imputaciones, que obligue a Mauricio Toledo a enfrentar a la justicia, como cualquier ciudadano, sin ninguna ventaja, porque ya la tuvo, y mucha, además de impunidad.

Fueron muchos años amparado en el poder que hoy llegan a su fin, porque vamos a votar en favor del dictamen de la Instructora. Se acabó, se acabó ya el pacto de impunidad de la clase política. En la cuarta transformación venimos a darle el uso adecuado al fuero constitucional. No para hacer negocios, no para enriquecerse al amparo del poder, sino para tener libre expresión de ideas.

Resulta sorprendente que haya voces que intentan negar tal circunstancia, manifestando una supuesta persecución política y tecnicismos procedimentales o desaseos. No se confundan, Mauricio no es un mártir. Mauricio es un servidor público deshonesto y corrupto, por eso debemos retirarle la inmunidad constitucional. Porque el fuero y la Cámara de Diputados no son para la impunidad.

Se acabó. Se acabó el uso deleznable de esta figura para enriquecerse al amparo del poder público. Les pregunto: ¿cómo se explican las discrepancias que fueron observadas en sus declaraciones patrimoniales y durante este proceso? Una empresa que no genera ingresos superiores a los 400 mil pesos anuales un día decide otorgarle un contrato por más de 3.4 millones de pesos sin tener el capital suficiente. En un año recibió más de 2.5 millones de prerrogativas en efectivo, de las cuales, a pesar de estar declaradas, no las comprueba.

También, que tenga la fortuna de encontrar propiedades millonarias a un precio inferior, como fue el caso de su finca en Tlalpan, la cual estaba valuada en más de 16 millones y la adquirió por 5.5 millones de pesos. Además de adquirir un departamento en Cuernavaca.

Estas no son las únicas propiedades del servidor público, hay más. Les recuerdo que extrañamente en 2019 adquirió el mismo día y al mismo dueño dos departamentos en la Ciudad de México.

Por esas inconsistencias detectadas por la Fiscalía General de la Ciudad de México, el actual diputado federal debe responder a las autoridades, porque sus ingresos y actividades no son acordes a sus bienes.

Mención aparte, debemos señalar que, detrás de la falta de aprobación de los periodos extraordinarios para el desafuero de este personaje, hay intereses creados que retrasaron este proceso.

Quiero recordarles a quienes lo sabían, y a los que no ahora se los digo, que durante la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2015 a 2018, Mauricio Toledo presidió la Comisión de Presupuesto en la Ciudad de México y en un hecho inédito los decretos del presupuesto de la ciudad contenían una cláusula que obligaba a todas las entidades responsables de gasto a pedir una autorización de la obra pública a tres diputados.

Borraron de un decretazo la voluntad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de lo que representa cada una y cada uno de los integrantes de la entonces Asamblea Legislativa, adjudicándosela solo tres diputados para que con su firma aprobaran a las entidades responsables de gasto el que lo realizaran. A estos diputados que gobernaban el órgano legislativo se les conocía como: los tres cochinitos. Y eso también tendrá que ser parte de lo que inspiró a esta investigación.

No puede ser que una institución de la Ciudad de México también haya sido rebasada por un personaje coludido con otros dos para hacer de las suyas con el presupuesto de la Ciudad de México. Por eso digo que Mauricio Toledo representa todo lo que no queremos y que estamos combatiendo.

Si en algo nos erigimos para reivindicar el cómo funcione ahora el Estado mexicano, es precisamente el combate a la corrupción. Y esto pasa por quitarle esa idea a la sociedad en su conjunto y a quienes nos involucramos en el servicio público que aquí no se viene a hacer negocios, que aquí no se viene a enriquecer a costa del erario. Aquí se viene a trabajar al servicio de la población y quien no lo entienda, que se someta a las autoridades jurisdiccionales para aclarar el porqué de sus dineros de manera estrepitosa, como es el caso de Mauricio Toledo.

El servicio público lo tenemos que reivindicar, es una tarea fundamental de esta transformación del Estado mexicano. Tenemos que hacer creer a la población que aquí no se viene a delinquir al amparo del poder, a mantener esos pactos de impunidad que por décadas hicieron que ningún juicio político, que ninguna acusación sobre algún funcionario se procesara. Se gozaba de este pacto entre la clase política, pero se les acabó. Se acabó la fiesta, se acabó esa idea de que se venga aquí a hacer negocios al amparo del poder.

Por eso no solaparemos a ningún delincuente, sea del partido que sea, sea de la extracción que sea, y si también tenemos la penosa necesidad de hacerlo con compañeros del propio partido del que formamos parte, lo haremos, como se hizo en el anterior desafuero, porque es un mensaje a la nación, reivindicaremos el servicio público.

La honestidad es lo principal en esta cuarta transformación, por eso vamos a quitarle la inmunidad procesal a Mauricio Toledo, para que las autoridades hagan lo que les corresponda. Ya basta de impunidad, no a la corrupción. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alavez Ruiz.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar a favor del dictamen.

La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, presidenta. La importancia de la ética en la función pública es tal magnitud que sin ella los servidores públicos se convierten en cómplices de la descomposición social y en el principal obstáculo para el avance y el desarrollo de nuestro país.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que uno de los pilares de la democracia es el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, junto con la rendición de cuentas de quien los administran.

Nuestra responsabilidad con la justicia la tenemos clara, ni nadie ni nada puede estar por encima de ella. No es ningún secreto que la construcción de un correcto servicio público, con ética en el desarrollo de sus funciones, ha sido un enorme reto para nuestro país y la sociedad. Esto ante la erosión de su capacidad para enfrentar dicho fenómeno, así como la constante injerencia y vigilancia de instituciones independientes que contribuyen a combatirla.

Por estas razones resulta evidente que la Cámara, de diputadas y diputados, no debe ser un obstáculo para rendir, decidir si es procedente o no retirar el fuero constitucional a un diputado federal perteneciente a nuestra legislatura.

Hemos escuchado con atención los argumentos de la Fiscalía General de Justicia de México, hemos escuchado los elementos que aportan al procedimiento a la carpeta de investigación, así como las consideraciones jurídicas y políticas.

Como sabemos, el presente dictamen tiene su origen en la acusación por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que el pasado 25 de enero la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó a este recinto legislativo la declaratoria de procedencia, a fin de ejercer acción penal en contra del hoy investigado.

Es pertinente comentar que, si bien esta soberanía no emite juicio sobre el fondo del asunto, no debe interponerse a las investigaciones y, por ende, obstaculizar que el imputado rinda cuentas ante la justicia. En el caso que el Ministerio Público encuentre suficientes elementos para vincular a dicho funcionario, deberá ser juzgado y castigado sin ninguna dilación y con todo el peso de la ley, pues las y los mexicanos exigimos resultados en materia de justicia.

Como lo hemos advertido, en distintos espacios, el fuero constitucional debe dejar de ser visto como un blindaje para las y los funcionarios que violenten la ley. Esto causa indignación a los ciudadanos a quienes representamos.

En consecuencia, lo que hoy estamos discutiendo debe mandar una señal y dejar en claro que la justicia no debe ser selectiva. Por supuesto, que no olvidamos fue en esta Cámara, fue en esta legislatura en la que junto con activistas y colegas de Movimiento Ciudadano exigimos que se investigara las denuncias por abuso sexual en contra de Félix Salgado Macedonio.

Que quede claro, no vamos a solapar ningún político o servidor público que inflija la ley anteponiendo inmunidad procesal. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, después de analizar detalladamente la argumentación jurídica presentada, ha llegado a la conclusión de votar a favor de la declaración de procedencia y le sea retirado el fuero constitucional al diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Alfonso Toledo Gutiérrez para que se enfrente sin ningún privilegio procesal a las acusaciones en su contra y pueda llevar un juicio apegado a derecho que determinará o no su culpabilidad. Muchas gracias, es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Prudencio González.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social para hablar a favor del dictamen.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina: Con su permiso diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El Honorable Congreso de la Unión, en especial la Cámara de Diputados, no puede ser cómplice de presuntos delincuentes, no podemos ser comparsas de la injusticia ni solapadores de quienes han abusado de su cargo.

En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social nos hemos pronunciado por decir y votar lo socialmente correcto y ese es nuestro estandarte y lema de esta LXIV Legislatura, nuestro grupo se ha manifestado en contra de la extorsión, en contra de la corrupción, en contra de todos aquellos delitos que afectan a las y los mexicanos.

Fuimos parte de la discusión que se amplió para el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y de endurecer las penas. En contra de las personas que hieren y lastiman a otros y, en particular, a los más vulnerables. En nuestro país existe una queja de las y los ciudadanos, nos dicen que la justicia en México es para unos cuantos, no es para todos. También expresan frases como: “entre ellos se cubren y se defienden”, “todos son parte de lo mismo”, y lamento decirlo, es cierto.

Como importantes son las reformas para crear el Estado de bienestar que plantea esta cuarta transformación, pero igual de importante son los asuntos que ha votado la Comisión Instructora, porque dan forma a una verdadera transformación que ponga en el centro y no al final a la justicia.

La justicia no solo es un término legal, repleto de normas y procedimientos, la justicia es esperanza, es igualdad, es protección y es reparación de daño. A pesar de lo tarde y a pesar de los dictámenes, hablan que fue nuestra intención y nuestro espíritu apoyar a la justicia, lo reiteramos, nos tardamos y en eso tenemos que ser críticos.

El ciudadano Mauricio Toledo es probablemente responsable de delitos que hieren y lastiman a nuestra sociedad. A Mauricio Toledo se le acusa de tener una riqueza inexplicable, solo imaginemos el daño que causó como delegado en Coyoacán, una alcaldía llena de recursos y de prosperidad que lamentablemente fue desbalijada. Ni la historia y ni la gente le importaron al ciudadano Mauricio Toledo para enriquecerse a costa de la gente y a costa del Estado.

No lo menciono con el cargo de diputado, porque no se lo merece. Esa denominación la perdió por robarle a la gente, por traicionar la confianza y por escudarse en el fuero, cuando el fuero es un mecanismo para la libertad política cuando hay persecución, miedo y amenazas.

En el PES lo decimos claro, con personas así no podemos avanzar en la transformación del servicio público. No predican con el ejemplo, no asumen sus responsabilidades y evaden sus hechos con personajes señalados por enriquecimiento ilícito o evasión fiscal, dentro de esta cuarta transformación se mancha el trabajo de todos y todas nosotras.

Son 11 millones de pesos que no se pueden explicar, dinero de la gente que abusivamente se roba para intereses personales, para intereses ajenos a los que fueron destinados, dinero público desviado que empobrece más a la gente y empobrece la actividad política, discrepancia en los avalúos de sus propiedades, discrepancia en sus ingresos y sus gastos, pero sobre todo, discrepancia en lo que juró proteger y lo que terminó haciendo.

Los partidos debemos de tener mucho cuidado en elegir a quiénes perfilamos como servidores públicos. El PRD expulsó a Toledo por estos y otros actos desleales, pero encontró refugio en otro partido para seguir beneficiándose del erario y esto no se vale.

Alguien que se ha beneficiado del dinero de la gente, que ha ocupado cargos para protegerse y que ha cometido delito tras delito, no solo debe ser enjuiciado, no debe ocupar ni ahora ni mañana un cargo público ni privado.

Concluyo, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social está a favor de no proteger a delincuentes. Estamos a favor de la justicia y de hacer lo socialmente correcto para México. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Moreno Medina.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor del dictamen.

El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, presidente Sauri. Diputadas y diputados integrantes de este jurado de procedencia, estar en contra de la impunidad y a favor de la justicia verdaderamente significa actuar con responsabilidad jurídica y congruencia política.

Quienes aprovechan un jurado de procedencia para pavonearse y decir que siempre han estado a favor de la justicia en verdad simulan porque cuando han sido gobierno y han tenido las fuerzas mayoritarias en esta Cámara de Diputados para actuar simplemente solaparon a políticos y delincuentes de cuello blanco. ¿Quién les va a creer?

Si durante el viejo régimen fuimos testigos de las peores maniobras para ser tapaderas de diputados, alcaldes, gobernadores y hasta presidentes de la República corruptos, ah, pero nada dicen aquí el PRIAN, el PRD y Movimiento Ciudadano de sus maniobras y triquiñuelas para evitar que sesionáramos y poder erigirnos en jurado de procedencia. Nada dicen respecto a su conducta en la Comisión Permanente, entidad del Congreso de la Unión donde a pesar de ser minoría entretuvieron estos asuntos porque para tener periodo extraordinario se requiere mayoría calificada.

Es pura hipocresía y de falsos argumentos que traiciona a las víctimas culparnos de que hemos impedido, obstaculizado o retardado estos procesos de desafuero. ¿Por qué no le informan al pueblo que nosotros sí cumplimos con los desafueros mientras ustedes impidieron el asunto del fiscal de Morelos? Ahí sí no, ¿verdad? Eso no lo explican aquí, ¿verdad?

Diputadas y diputados integrantes de este jurado, notifico y hago saber a ustedes que de manera infundada y perogrullera, rebuscada e ilegal, senadoras y senadores, diputadas y diputados, de la Comisión Permanente, de los partidos señalados, alegaron una suspensión decretada en un amparo concedido por una juez federal sin que dicha comisión fuese requerida o señalada como autoridad responsable y sin que dicha comisión tenga facultades en materia de desafueros. Todo esto para proteger al fiscal de Morelos, pero eso sí, aquí se llenan la boca para decir que están a favor de la justicia. Que quede claro.

Entrando en materia. Compañeros del Partido del Trabajo no se hubieran ido ¿Cuál es el miedo? Que sencillo es fijar postura, opinar y dar la cara cuando no se es parte ni rehén de interese personales, ni de grupos, ni de partidos. Nada complicado es no estar atado a nada, en asuntos que tienen que ver con la justicia, porque ser libre es la primera condición para actuar con absoluta conciencia y genuina decisión.

Seguramente algunos de ustedes se han cuestionado si el monto del enriquecimiento debería de ser el factor para determinar el fuero o el retiro del fuero constitucional a un legislador. Quizás el monto de la riqueza para muchos resulte, en este caso, insignificante, pero debe comprenderse que no importa si fue poco o mucho dinero lo que constituyó el enriquecimiento, lo relevante es que hay una conducta ilícita que no debe ser tolerada. La corrupción comienza por pequeñas acciones y evoluciona hacía acciones más graves.

Dicho esto, el problema no está en que Mauricio Toledo sea rico o no, sino la forma en que ha acrecentado su patrimonio. Resulta preocupante que conciban a estas acciones indebidas como normales. Basado en las pruebas de la Fiscalía de la Ciudad de México, podemos concluir que no es una conducta común que un funcionario público en un periodo de dos años obtenga ingresos superiores a los 4.7 millones de pesos, provenientes de empresas con actividad dudosa.

Tampoco lo es que en un corto periodo de tiempo haya adquirido cuatro propiedades por un monto superior a 13 millones de pesos, y que estas adquisiciones hayan sido por un precio inferior al valor del mercado. Tal situación hace presuponer que ha ocupado indebidamente sus cargos en el servicio público para obtener beneficios personales.

Dicho esto, se reitera que no nos oponemos a que Mauricio Toledo no viva en la justa medianía, pero si a la forma y circunstancias en que ha acrecentado su patrimonio. Causa sospecha que dicho funcionario haya declarado ingresos que ahora en la Sección Instructora no ha podido justificar. La ley exige demostrar la existencia del delito y una probable responsabilidad del imputado, en este caso, resulta evidente que hay un enriquecimiento exponencial e injustificado. Esto es así, porque como se observa del dictamen, no existe una correspondencia entre los ingresos percibidos, los gastos ejercidos y los bienes en posesión del servidor público.

El fuero constitucional ya no es sinónimo de impunidad, privilegio o corrupción en los nuevos tiempos de México. Por eso, en lo particular coincido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que ya no debe haber fuero para nadie. Por eso estoy orgulloso de haber votado a favor todos los desafueros de la presente legislatura. Porque no distingo y porque una de las virtudes que se atribuye a la Diosa de la Justicia es precisamente que no distingue, porque es ciega. Rechazamos toda insinuación de actuar por consigna política, porque en el pasado precisamente uno de los nuestros, el más grande, el más querido, el mejor, el líder al que la derecha no quiere, padeció esas arbitrariedades, y nosotros no lo repetiremos.

Por estas razones fundadas y motivadas debemos votar a favor de proceder en contra de Mauricio Toledo, para que responda por las acusaciones, y sean las autoridades jurisdiccionales quienes determinen si existe o no responsabilidad. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Justicia sí, impunidad no. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido el dictamen. Ha solicitado la palabra, para rectificación de hechos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Desde su curul y por un minuto, diputada Juárez Piña.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidenta. Por una parte, compañeras y compañeros legisladores, yo son de las que opinan, junto con otras diputadas y diputados, que Mauricio Toledo debió de haber sido expulsado del PRD desde hace muchos años, cuando él tenía su militancia en el Partido de la Revolución Democrática. Sin duda que su presencia perjudicó y lastimó a mi partido.

Por otra parte, ahora resulta que algunos diputados de Morena descubren presuntos ilícitos que no consideró importante en su momento Morena y sus aliados para incorporarlo a la cuarta transformación, mucho menos cuando les sirvió para alcanzar una mayoría calificada y realizar reformas constitucionales. Ahí empezó el pacto de impunidad de Morena, del PT y sus aliados, pacto de impunidad que hoy es insostenible.

Hoy votaremos a favor del dictamen, porque estamos convencidas y convencidos de que la corrupción y la impunidad deben de ser erradicados de nuestra práctica política interna y de la vida pública de nuestro país. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Juárez Piña.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se instruye a la Secretaría abra la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de declaratoria, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 18, numeral 1, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria.

Ábrase la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de declaratoria, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Secretaría, pregunte si falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto mediante la plataforma digital.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se pregunta a la asamblea si falta algún diputado o diputada por emitir su voto en la plataforma digital.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se procederá a recoger el voto de viva voz.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Se pide a las y los diputados que no pudieron registrar su voto, lo hagan de viva voz en cuanto escuchen su nombre.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (desde la curul): Raúl Bonifaz. Morena. A favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena. Perdón, puede repetirlo, porque no estaba activado su micrófono, diputado.

El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (desde la curul): Alejandro Carbajal. A favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (desde la curul): A favor del dictamen, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Carmen Julia Prudencio González (desde la curul): A favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González (desde la curul): A favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (desde la curul): A favor, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, vía Zoom.

La diputada María Chávez Pérez (vía telemática): A favor, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, vía Zoom.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (vía telemática): A favor, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Diputado José Eduardo Esquer Escobar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Eduardo Esquer Escobar (vía telemática): A favor, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vía Zoom.

La diputada Ma. Sara Rocha Medina (vía telemática): A favor, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Diputado Armando Javier Zertuche Zuani, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, vía Zoom. Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vía Zoom.

El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (vía telemática): A favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vía Zoom. Diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario Morena, vía Zoom.

El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca (vía telemática): A favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Diputado José Francisco Esquitin Alonso, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, vía Zoom.

El diputado José Francisco Esquitin Alonso (vía telemática): A favor, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Diputado Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamentario de Morena, vía Zoom.

El diputado Mario Ismael Moreno Gil (vía telemática): A favor, presidenta, por favor. A favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vía Zoom.

El diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas (vía telemática): A favor del dictamen, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Llamo nuevamente a la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Morena. A ver, la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vía Zoom. Si es tan amable, diputada Núñez, de activar su micrófono.

La diputada Saraí Núñez Cerón (vía telemática): Sí, buenas noches. Saraí Núñez, a favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: La diputada María Sara Rocha Medina quiere rectificar su voto, vía Zoom.

La diputada Ma. Sara Rocha Medina (vía telemática): Gracias, presidenta. En abstención, por favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Llamo nuevamente al diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias.

Llamo nuevamente al diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena. Llamo nuevamente al diputado Armando Javier Zertuche Zuani, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Instruyo a la Secretaría el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Ciérrese la plataforma digital. Diputada presidenta, se emitieron 381 votos en pro, 24 votos en contra y 37 abstenciones.

Primero. Al lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Segundo. Téngase por concluido el procedimiento emanado de la solicitud de declaración de procedencia y archívese en términos de la normatividad aplicable el expediente SI/LXIV/DP/01/2021.

Tercero. Notifíquese en términos de la normatividad aplicable el sentido de la presente resolución.

Esta Presidencia instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados para que realice las notificaciones correspondientes.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a las y los diputados presentes se sirvan tomar su lugar para proceder a realizar la declaratoria de clausura.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

(Puestos los presentes de pie)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Hoy, 11 de agosto del año 2021, la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al segundo periodo de sesiones extraordinarias, del segundo receso del tercer año de ejercicio al que fue convocada.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Procederemos a entonar el Himno Nacional Mexicano.

(Himno Nacional Mexicano)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Sírvanse tomar asiento. La Presidencia de la Mesa Directiva participará por escrito al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente que ha declarado formalmente terminados sus trabajos correspondientes.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Recibí una comunicación, la cual pongo a consideración de esta asamblea. Solicita, de manera respetuosa, guardar un minuto de silencio por el homicidio del fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, quien el día de ayer, martes 10 de agosto, fue privado de la vida por sujetos desconocidos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Asimismo, exigimos a las autoridades competentes que investiguen hasta las últimas consecuencias la comisión de este delito y que no quede impune. Se tienen que llevar a los responsables a disposición de la justicia.

Reitero, la victima es el fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez. Asimismo, se expresa solidaridad a sus familiares y amigos. Y deseo que encuentren pronto consuelo ante la pérdida lamentable. En consecuencia, solicito un minuto de silencio por la memoria del fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez.

(Minuto de silencio)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y aprobada.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica si autoriza que el acta de esta sesión se dé por leía y aprobada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobada.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (20:43 horas): Se levanta la sesión.

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