Intervenciones
Alma Elena Sarayth de León Cardona
Preguntas
Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya
Diputada Susana Prieto Terrazas
Respuestas
Alma Elena Sarayth de León Cardona
Pregunta
Diputada Graciela Sánchez Ortiz
Respuestas
Alma Elena Sarayth de León Cardona
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos al foro número 11, que tiene por título: Financiamiento público para las campañas electorales. Muchísimas gracias a los medios de comunicación.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Saludo con mucho afecto a nuestros ponentes que hoy presentarán sus diferentes puntos de vista acerca del tema de financiamiento y los presento. A Daniel Díaz Cuevas.
El ciudadano Daniel Díaz Cuevas: Gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchas gracias. A Alma Elena Sarayth de León Cardona.
La ciudadana Alma Elena Sarayth de León Cardona: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchas gracias. Rodrigo Segura.
El ciudadano Rodrigo Segura Suriano: Gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Alfredo Alcalá Montaño.
El ciudadano Alfredo Alcalá Montaño: Hola.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Hola, muchas gracias. A Mariana Tamés Espadas.
La ciudadana Mariana Tamés Espadas: Gracias, buenas tardes.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Hola, buenas tardes. Bienvenida. A José Muñoz Gómez y a María Luisa Jiménez Poblano.
La ciudadana María Luisa Jiménez Poblano: Gracias, buenas tardes.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Estimadas y estimados participantes y ponentes, les doy la más cordial bienvenida a este onceavo foro de parlamento abierto sobre Financiamiento público para campañas electorales. Gracias por su atención y gracias a los medios de comunicación por su siempre apoyo.
Solo quisiera hacer un breve comentario sobre el contenido de nuestro foro de hoy que puede incitar a la reflexión. El financiamiento público para campañas electorales en nuestro sistema de partidos es parte de un proceso evolutivo en México, progresivo y perfectible. Asimismo, desde finales del siglo pasado hasta estos momentos es genuino para el pluralismo democrático actual.
Nos encontramos ante varias disyuntivas en las que es importante considerar primeramente los avances significativos logrados, pero también es importante observar su funcionamiento para perfeccionarlo con base en los principios de nuestro sistema plural de partidos. Tiene sus primeros indicios en 1977, sin embargo, con la reforma legal de 1987, se previó por primera vez el financiamiento de carácter público directo para los partidos políticos.
Así continuó su diseño hasta 1990 con nuevas fórmulas y en 1993, 1996, 2007 y hasta el 2014. En la actualidad estamos ante el reto de limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral y suprimir el llamado financiamiento ordinario que se les entrega mensualmente cada año. Al mismo tiempo, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos para estos efectos.
Esta es una premisa que se ha planteado junto con otras más en las que continua el modelo actual o se modifica de manera progresiva. Ante ello, invito a todas y todos nuestros ponentes, así como a las y los legisladores a dialogar y enriquecer esta discusión. Gracias por ser parte de este parlamento abierto y gracias por estar aquí.
Agradezco la presencia del diputado Benjamín Robles Montoya, que en esta ocasión me estará apoyando en la realización de este evento tan importante. Saludo a mis compañeros diputados, a la diputada Berenice Martínez, que se encuentra a través de vía Zoom. Al diputado Erasmo González. A la diputada Cristina Ruiz Sandoval y al diputado Fausto Gallardo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
El mecanismo para llevar a cabo este onceavo foro es el siguiente: cada participante, cada ponente tendrá siete minutos para presentar su tema, cada uno. Posteriormente habrá dos rondas de preguntas y respuestas que serán emitidas por parte de los diputados que tendrán un tiempo razonable de tres minutos y cada ponente contará hasta con cinco minutos para dar respuesta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: En primer término, quiero pedirle al diputado Benjamín Robles Montoya, que nos presente al primer participante, que es Daniel Díaz Cuevas.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Con mucho gusto, diputada presidenta. Reiterando a todas y a todos, nuestro agradecimiento por venir a ilustrarnos. Como lo ha planteado la diputada presidenta de la Comisión de Reforma Política, este es un ejercicio muy importante para nosotros.
Daniel Díaz Cuevas es nuestro primer ponente, con un amplio currículum. Licenciado en derecho, por la Universidad de ICEL. Con especialidad en derecho penal, por la misma institución académica. Con diplomado en derecho electoral y en derecho probatorio, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un diplomado también en amparo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También, acreditado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en estrategias de litigación y también de introducción al análisis de información criminal. Maestrante en la procuración de justicia electoral, por el Instituto Electoral de Ciencias Penales.
Acreditado como secretario de Estudio y Cuenta, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y acreditado por la Secretaría de Marina, en materia de análisis de información para la inteligencia. Director general jurídico en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Actuario en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Secretario técnico en la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales. Asesor legislativo en la Cámara de Senadores, entre el 2012 y el 2016. Catedrático adjunto de la Universidad de ICEL, con asignaturas de teoría del delito, práctica forense penal. Y es coautor de varios libros.
Es un honor tener aquí al maestro Daniel Díaz Cuevas. Y diputada presidenta, con eso he cumplido con su encomienda.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias. Tiene la palabra, maestro Daniel.
El ciudadano Daniel Díaz Cuevas: Gracias, diputada. Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco la atenta invitación que me hizo la Junta de Coordinación Política hacia mi persona, pero, además de diversos académicos, investigadores, servidores, servidores públicos.
Es un foro que necesitábamos para plantear varias preocupaciones, dudas que tenemos, no nada más con la, digamos, principal propuesta de reforma electoral, sino con todas las demás propuestas de iniciativa de reforma electoral.
Es una reforma o viene una reforma de dimensiones grandes, que se pretende justamente alcanzar un eje de justicia electoral, de multiplicidad de opiniones, posturas y no tenemos que olvidar aspectos relacionados con el entorno social, el entorno económico, el entorno étnico, el antropológico y el cultural, todos esos multifactores impactan e influyen en los procesos electorales de nuestro país y que nos demandan cada tres años, cada seis años.
Respecto a este foro Financiamiento público para las campañas electorales, es de suma importancia, porque este financiamiento público también va de la mano del financiamiento privado, del financiamiento que tienen algunas personas para los candidatos, los partidos políticos, pero sin olvidar también la intervención del crimen organizado a estos financiamientos, a estos entes de interés público o a las candidatas o a los candidatos.
Yo he leído algunas reformas o algunas iniciativas de la reforma y pareciera que se les olvidó una autoridad electoral. Ciertamente está el INE en esa transformación que se pretende hacer del INE, del propio tribunal, pero se les olvidó una parte de esta triada del sistema electoral o de las autoridades electorales y es el sistema punitivo electoral, es decir, las fiscalías electorales, la Fiscalía Electoral Federal.
No viene en las reformas que yo he leído, cómo modificar, cómo tipificar o cómo reformar nuevos tipos penales, incluir nuevos tipos penales o pulir los que ya tenemos en el Catálogo de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, además también profesionalizar jueces, jueces federales, jueces locales, las policías, los peritos, en alguna ocasión con el INE tuvimos un encuentro y vimos todos los candados de seguridad, cosa que prácticamente pareciera que el INE es el único que sabe cuáles son esas medidas de seguridad.
Eso es una merma para las fiscalías porque cuando se trata de un delito que tenga que ver con credenciales de elector, pues ese es un flagelo. Pero bueno, vuelvo al tema o al problema que representa el crimen organizado en México.
Recordemos que en el año 2021, transparencia internacional ubica a México en una percepción de 31 puntos en una escala de 0 a 100. Esto es la mejor calificación, bueno, México tuvo un estancamiento, 2020 también estuvo en el lugar 31; 2021 sigue en en lugar 31, se estancó, pero aquí lo importante es que lo que destaca transparencia internacional, y transparencia internacional ubica tanto a la Fiscalía General como al Poder Judicial y nos conmina a que recuperemos los activos que se pueden, que la delincuencia organizada obtiene y que cuando nosotros procedemos en contra de ellos, tenemos que recuperar ese activo.
Esa es una, obviamente el fortalecimiento de la transparencia, los derechos humanos y, pues como es bien sabido, para las fiscalías a diferencia del sistema electoral administrativo, que es el INE, no termina cuando termina la jornada electoral, sino va más allá.
Nosotros tenemos una temporalidad como fiscalías o como fiscalía electoral, una temporalidad más allá de lo sumario que puede ser el procedimiento especial sancionador, un JDC, en fin, nosotros tenemos otra línea de actuación.
Entonces, bueno, pues vemos que el crimen organizado ¿dónde permea? Donde hemos estudiado que su mayor actuación del crimen organizado y empieza el financiamiento hacia candidatos, candidatas, partidos políticos, es donde se da menos la votación; es decir, en zonas, en candidaturas municipales. Justo ahí es donde más intervención tiene el crimen organizado, ayuntamientos, regidurías, son incluso los que pueden hasta imponer candidatos en algunos municipios, en algunos estados y es entonces donde empieza este crimen organizado a hacer esta cooptación del Estado, empieza a cooptar el Estado y empezamos a tener entonces estos vacíos de poder que de alguna manera el crimen organizado –como lo dice Edgardo Buscaglia–, empiezan a llenar.
El crimen organizado tiene índices en los procesos electorales o inciden en los procesos electorales con intimidación, con coacción a los candidatos, que son catalizadores a que pues muchos candidatos, muchas candidatas tengan que renunciar al cargo o, incluso, puedan hasta perder la vida.
Así hemos, y traigo a colación un estudio que hace Forbes y dice que el crimen organizado tuvo una presencia del 35 por ciento en México en las campañas. Esto solo en el proceso electoral 2020-2021 la Consultora Etellekt documentó 100 homicidios y más de 900 agresiones contra candidatos y candidatas superando así las cifras de 2018.
Entonces sí, es un foco de alerta que este financiamiento público no pierda de vista el financiamiento que se puede hacer con esta violencia; violencia, intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Vuelvo a lo mismo, cómo influye o cómo puede influir esto en las extorsiones.
Y con esto termino, con una preocupación que a mí me surge. El bitcoin, la criptomoneda, es cómo, y esto también lo establece la ONU que, sobre todos dos carteles ya de México que han estado incurriendo en lavado de dinero vía el bitcoin y eso se puede trasladar a campañas, a campañas políticas, impulsando algún candidato, alguna candidata.
Entonces las criptomonedas, creo, que hoy tenemos que tenerlas en cuenta, tenemos que legislarlas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pero también utilizar todo este modelo del sistema financiero. La UIF, porque así también lo establece y lo permite la Ley General de Partidos Políticos, la UIF, el SAT, el INE, ¿por qué? –y con esto concluyo–. Porque el INE a diferencia de la Fiscalía no necesita una orden constitucional de un juez que le permita un control judicial, que le permita permear en las cuentas bancarias.
El Ministerio Público, las fiscalías forzosamente tenemos que tener un control judicial que le permita permear en las cuentas bancarias. El Ministerio Público, las fiscalías, forzosamente tenemos que tener un control judicial para poder intervenir o poderle pedir información al SAT o a Hacienda, o a la Comisión Bancaria de Valores, información de algún sujeto que pueda estar incurriendo en un delito con recursos de procedencia ilícita o ilegal y esa es la preocupación que hoy surge. El bitcoint, y poder eliminar a las fiscalías de este control judicial respecto a estos temas. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, Daniel Díaz Cuevas.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Antes de continuar, para darle la palabra a Alma Elena Sarayth de León Cardona. Quiero saludar y agradecer a las compañeras diputadas: Irma Juan Carlos, que nos está viendo a través del Zoom, y a la diputada Susana Prieto. Por favor, diputado.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Gracias, diputada presidenta. Nuestra siguiente ponente es Alma Elena Sarayht de León Cardona, licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestrante en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó también una especialidad en valoración racional de la prueba y óptica de la perspectiva de género por la Universidad de Girona. Diplomada en derecho electoral, en comunicación política, en impacto legislativo, en ciencias sociales y políticas, en estudios electorales, derecho procesal, constitucional, criminalidad y violencia de género.
En 2007, por convocatoria pública, fue designada por el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Zacatecas, como secretaria ejecutiva del Consejo Distrital 6o. par el proceso electoral 2007-2008. Durante las legislaturas LX y LXI fue asesora parlamentaria en el Senado de la República. Ha brindado asesoría en materia electoral a diferentes asociaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil y en el Tribunal de la Ciudad de México fungió como directora de capacitación y secretaria de estudio y cuenta. Se ha desempeñado como subdirectora de promoción a la historia del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México y para el proceso electoral del 2017-2018, fue designada por convocatoria pública, coordinadora de procedimientos administrativos sancionadores en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.
Y en diciembre del 2028 (sic), el Congreso de la Ciudad de México la designó como fiscal especializada para la atención de delitos electorales para el proceso 2020-2024, siendo la primera fiscal en la materia. También coautora de diversas obras. Así es que, escuchemos, más bien yo he leído el currículum, nada más. Ya me estaba yo pasando, mi querida, diputada presidenta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias. La escuchamos a la compañera Alma Elena Sarayth, por favor.
La ciudadana Alma Elena Sarayth de León Cardona: Muy amables. Gracias, diputado por la presentación.
Pues muy buenas tardes a todos. Agradezco a esta soberanía la apertura que tuvo para el diálogo y la escucha de voces que, como la mía, somos gustosos y apasionados partícipes del fenómeno político-electoral. Hablar de dinero en la política siempre es un tema álgido y más cuando crecimos políticamente con conocidas anécdotas que se volvieron refranes populares, como “Un político pobre es un pobre político”. Hoy, esta expresión, que no es otra cosa que la certeza de que únicamente con el poder del dinero puede consolidarse una carrera en la política, herencia de la forma en la que aprendimos a hacer política en México, más tangiblemente en el periodo posrevolucionario, seguida por el clásico “La moral es un árbol que da moras”, que expresa la flexibilidad o la franca ausencia de ética y respeto a la ley. Tal vez es nuestra traducción mexicana de la fórmula de Maquiavelo “El fin justifica los medios”.
No sé si la reforma propuesta termine con las prácticas aparejadas a estos dichos populares, pero celebro el intento que hacen, como representantes de la ciudadanía, de abatir una exigencia social que se ha vuelto inaplazable. El dinero que reciben los partidos políticos es desproporcionado en un país con tanta desigualdad y pobreza. Recurso que bien podría ser utilizado para atender necesidades más imperiosas, y hasta erradicarla, pero que indudablemente deben adecuarse a una realidad pospandemia, que presenta retos económicos individuales y colectivos muy desafiantes, frente a los cuales ya no es posible mantener ese privilegio.
No podría entonces estar más de acuerdo con la propuesta que convoca este foro y que aspira a transformar radicalmente la comuna vertebral del sistema de partidos. Opinión desde luego personal, pero que no compromete los principios que debo observar en mi carácter de titular de una institución creada justamente para combatir una de las expresiones de estos males y sobre los cuales les doy mis razones.
La propuesta del Ejecutivo, al mantener un sistema mixto de financiamiento de los partidos políticos respeta su naturaleza jurídico-constitucional como entidades de interés público. La preminencia del financiamiento público confirma que el Estado asegura condiciones mínimas para el adecuado cumplimiento de sus fines, y con el fortalecimiento de financiamiento privado se aseguran las condiciones indispensables para que desarrollen sus actividades permanentes.
Estar reunidos aquí da cuenta de que ninguna reforma es definitiva. El gradualismo electoral mexicano que ha caracterizado a la evolución de financiamiento público, como ya lo refirió la diputada presidenta, inició con exenciones fiscales, franquicias postales y telegráficas; continuó con dar acceso a la radio y la televisión en tiempos oficiales, prerrogativas todas que se traducen hasta hoy en entrega de dinero con cargo al Estado. Vaya, en 1990 el financiamiento público cubría hasta las aportaciones que los legisladores debían hacer para el sostenimiento de sus propios partidos. Y aunque a partir de aquella década el financiamiento privado estuvo permitido y regulado, prácticamente era inexistente.
Pero no podemos negar nuestra historia y el origen del financiamiento público. Garantizar condiciones de competitividad, inexistentes durante las décadas de los años setentas, ochentas y noventas. En los casi 80 años de partido hegemónico, la competitividad era no sólo imposibles sino inimaginable. Ningún partido político o candidato de oposición pudo en aquel momento contra el aparato gubernamental y su fuerza económica. Nadie podía ganarle, era una máxima.
Algunos dirían con nostalgia: qué tiempos aquellos. Pero hoy la realidad social y la voluntad política permiten ajustar el financiamiento público, garantizando con ello condiciones reales en la competencia y en la competitividad. De ahí que esta propuesta no sólo es oportuna sino necesaria, porque vuelve al origen. Por décadas los partidos de oposición sobrevivieron a la persecución política y vivieron de aportaciones de militantes comprometidos con su ideología y su mística partidaria.
Eliminar el financiamiento público para actividades ordinarias, a fin de que sean cubiertas con aportaciones de militantes y simpatizantes, permitirá a los partidos políticos fortalecer su democracia interna y el vínculo militancia-dirigencia, generar auténticas escuelas de cuadros, facilitar la posibilidad de acceso a cargos públicos y partidarios, abolir cúpulas anquilosadas, propiciar una participación auténtica de la militancia en la toma de las decisiones, privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas, optimizar los gastos de partido, obligar a una administración ordenada y eficiente, desincentivar al partido como un negocio personal o de grupo. Todo ello porque el militante será su principal fuente de financiamiento. Mantener las restricciones y prohibiciones de aportaciones de simpatizantes garantiza que se deje de ver a los partidos como una inversión de retribución futura una vez convertido en gobierno.
Así pues, el financiamiento público para gastos de campaña deberá fortalecer el mecanismo de fiscalización, particularmente en lo que hace al flujo de dinero en efectivo. De otro modo su debilidad será también la de nuestra democracia. Obligar a la utilización del sistema financiero, lo cual debería ser una consecuencia como sujetos políticamente expuestos. Esto excluye desde luego la bancarización de toda... Esto incluye, perdón, desde luego la bancarización de toda la economía electoral, ingresos y egresos, a efecto de impedir o limitar el circulante de efectivo.
Aplicar sanciones que duelan, de otro modo se mantiene la idea costo-beneficio porque es más barato violar la ley, las sanciones se cubren con el propio financiamiento público y hasta en pagos diferidos. Esto conlleva a la exigencia de criterios consistentes de las autoridades electorales, evitando una aplicación diferenciada de la ley.
Analizar un ajuste al alza de los topes de campaña, analizar. Reducir tiempos de campaña, probablemente. Repensar la propaganda utilitaria. Entre muchos otros aspectos que las leyes podrán considerar en lo particular.
No puedo dejar de mencionar en este escenario que se debe incluir a la legislación penal, como ya también lo mencionó aquí Daniel Díaz Cuevas. Para encarar este problema es indispensable una reforma o una revisadita, ya que andan por ahí, a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Pero de una manera seria y decidida, combatiendo la idea de impunidad por falta de regulación o imprecisiones legales.
Desde mi experiencia, he advertido la necesidad de evitar que se ejecuten actos de financiamiento ajenos a los reglamentos y al esquema de fiscalización. El flujo de dinero en efectivo para cubrir gastos de campaña, que van desde las aportaciones de empresas, personas físicas con actividades empresariales, de agremiados u organizaciones sociales afines a partidos políticos o candidatos, como comerciantes ambulantes, tianguistas, transportistas, gestores de vivienda y muchos otros más.
Hasta recursos públicos desviados con esquema de pagos simulados o sobre costos pagados a contratistas que después regresan ese dinero en efectivo a servidores públicos o a quienes estos servidores les indican, para que sean destinados a campañas políticas. Esto, sin considerar el probable apoyo económico de grupos de la delincuencia organizada y su intromisión en el proceso electoral, como también ya refirieron.
Y qué decir de todas las actividades en campo, que envuelven dos sencillas palabras que abren la puerta a un universo no tan desconocido, la denominada operación política, que implica compra de voto, traslado de voto, traslado de votantes, pago de operadores inmovilizadores, grupos de choque, representantes generales y de casilla, y muchos otros gastos que la fiscalización no detecta y que no son tan sencillos de acreditar como ilícitos electorales.
Otro aspecto que no quiero dejar de mencionar es el origen poco claro de los recursos utilizados para financiar organizaciones de ciudadanos que aspiran a crear partidos políticos y que no están regulados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales como sujetos activos de la comisión de un delito. Solo por mencionar algunas conductas que tienen una fuerte apariencia de delito, pero que quedan en eso, en apariencia, por la falta de una regulación congruente con el fenómeno y los bienes jurídicos que pretende proteger.
Hay muchos ejemplos de los esfuerzos de las fiscalías electorales en esta materia, pero juegan en contra múltiples actores que van desde la falta de su homologación en el diseño orgánico, una ausencia presupuestal, regresiones o impedimentos a su autonomía, como lo fue a nivel federal el método de asignación del fiscal electoral nacional.
Y la ausencia, por supuesto, como ya también mencionó Daniel, de jueces penales especializados. Yo les puedo comentar que, en mi experiencia personal, en las primeras audiencias iniciales por las primeras judicializaciones de un delito electoral en la Ciudad de México, los jueces me preguntaron si eran competentes. De ahí, pues lo que gusten imaginarse.
Tópicos que dejo en esta mesa para su consideración. Por ahora, baste señalar que los tipos penales, como consecuencia de esta reforma deben incluir palabras como preparación de la elección, proceso electoral o campaña electoral.
Recordemos que la materia penal exige una exacta aplicación de la ley y prohíbe la analogía. Yo no puedo decir: la revocación de mandato se parece a un proceso electoral. Entonces, vamos a aplicar los delitos. No, en materia electoral eso no, penal-electoral, eso no aplica.
De otro modo, estas conductas no podrán configurarse como delito y algunas asociadas o cometidas en estas circunstancia de tiempo, es decir, la campaña electoral, hacen imposibles las responsabilidades penales, como ya bien lo había advertido en su momento el doctor Jaime Cárdenas Gracia, en su libro Lecciones de los asuntos de Pemex y amigos de Fox, al narrar su galimatías por las interpretaciones ministeriales que determinaron el no ejercicio de la acción penal de ambos asuntos.
Arriesguémonos. Si no funciona, siempre habrá un proceso electoral que nos permita echar marcha atrás y tomar nuevos impulsos bajo nuevas coyunturas. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias a usted maestra Alma Elena Sarayth.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Si me permite, presentar, por favor, diputado Benjamín Robles, al siguiente ponente.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Por supuesto, diputada presidenta. Nuestro siguiente ponente es Rodrigo Segura Suriano. Su experiencia laboral es la de director actualmente de normatividad de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales. También ha sido secretario de proyectos en la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Subdirector jurídico de la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto. Jefe de departamento de la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto. Abogado defensor público en materia civil, familiar, mercantil y administrativo. Abogado general, también de la empresa denominada Interlife de México S.A de C.V. Abogado en la alcaldía de Medellín, Colombia. Abogado en la Consultoría de Negocios. Abogado jurídico Suma y Asociados.
Y su experiencia académica. Él es licenciado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Diplomado en Derecho, Partidos Políticos, Procesos Electorales de la propia Universidad de Puebla. Especialidad en derecho administrativo en la Universidad Americana y es maestro en derecho público de la Universidad Iberoamericana. Es el currículum de nuestro siguiente ponente, diputada presidenta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias, diputado Benjamín Robles Montoya. Tiene el uso de la palabra el maestro Rodrigo Segura Suriano. Por favor.
El ciudadano Rodrigo Segura Suriano: Muchas gracias, diputada. También agradezco al diputado Benjamín Robles Montoya, por la presentación. Asimismo, al doctor Gilberto de Hoyos Koloffon, que nos hizo extensiva la invitación a la Fiscalía de Delitos Electorales para poder participar con este tema encomendado acerca del financiamiento público para las campañas electorales.
Considero que es un debate coyuntural que surge por la inquietud sobre la necesidad de dos puntos fundamentales: uno, reducir el monto de los recursos públicos que se destinan a institutos políticos. Y, segundo, la urgencia de que los partidos políticos refuercen y rediseñen sus estrategias para agenciarse recursos provenientes de otras fuentes lícitas de financiamiento como las cuotas y aportaciones de sus militantes, entre otros.
Sin embargo, la regulación del financiamiento de los partidos políticos va de la mano con otros temas, como lo son: acceso a medios de comunicación, duración de campañas electorales y la regulación de las precampañas. Todos estos temas se traducen en dinero, en recursos que cuestan al erario público, por tanto, una reforma a la regulación del financiamiento de partidos políticos significará una reforma de carácter más integral, como en este caso, involucrando los temas aquí mencionados, ya que todos se encuentran estrechamente vinculados.
El financiamiento de los partidos políticos y de los organismos electorales, principalmente, en mi punto de vista, son dos propuestas: en un caso, el excesivo monto de los recursos económicos de origen público que reciben los partidos e instituciones electorales y, por el otro lado, se argumenta que son necesarios para seguir fortaleciendo y consolidar la naciente democracia mexicana. Es necesario otorgar esos recursos suficientes a los partidos como instituciones esenciales de todo régimen democrático.
Este debate ha sido generado por tres razones principales: primero y recalco, por el monto de financiamiento que reciben los partidos con registro nacional, que actualmente son siete. Segundo, por la situación de precariedad económica global en la que se encuentra también el país. Y tercero, por los escándalos financieros generados por los partidos políticos.
Algunos de los pros acerca del financiamiento privado, ¿cuáles son? Recaudar fondos, les permite afianzar sus puentes de contacto a la sociedad y que es derecho de los ciudadanos dar su respaldo a un partido, no solo a través del voto, sino de sus aportaciones. Que los recursos provenientes de fuentes privadas, los partidos políticos se verían obligados a rendir cuentas aún más claras y oportunas a la sociedad, eficientar su gasto, tendrían además que esforzarse por crear redes de simpatizantes y reclutar nuevos miembros que les aporten recursos para su sostenimiento.
Lo que considero, los contras de un financiamiento privado a campañas electorales serán: los recursos privados desequilibran las condiciones de la competencia y que en el extremo exista la injerencia de determinados grupos de interés que puedan erosionar el propio circuito partidista, sin mencionar también los recursos de proveniencia ilícita.
El principal objetivo de esta reforma es garantizar que los partidos políticos cuenten con recursos cuyo origen sea lícito, claro y conocido por ellos mismos y la ciudadanía.
Se deben de preservar los tres propósitos fundamentales del financiamiento público. El primero, acotar el financiamiento privado. El financiamiento privado, no son con propósitos filantrópicos, sino políticos. El segundo, el de transparencia de recursos y la rendición de cuentas. Y el tercero, es establecer el piso mínimo de equidad entre los partidos políticos.
Mis compañeros que me antecedieron, ponentes, hablaban acerca de nuestra experiencia en los delitos electorales. Quiero comentarles que el artículo 9 señala, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se impondrá una multa y prisión al funcionario partidista o al candidato que se abstenga de rendir cuentas o realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de ventas proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o un candidato.
Considero que existen tres elementos en este tipo penal. Primero, la calidad activa del sujeto, que debe y solamente lo puede realizar un funcionario partidista o un candidato. El segundo, la abstención de rendir las cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas en campaña. El tercero, a mi apreciación, es una limitante. Porque señala que solamente va a aplicar este tipo penal una vez que se hubiese sido legalmente requerido dentro del ámbito de sus facultades.
La Ley General de Instituciones y Procesos Electorales ya señala un periodo establecido para el cumplimiento de esta obligación, pero ese tipo penal también señala que si no es requerido, legalmente no tiene la obligación o no se encuadra en este tipo penal.
¿Cuáles son las propuestas respecto a este artículo? Es fortalecer a la autoridad competente en temas de fiscalización. ¿Por qué es este punto? Porque principalmente nos encontramos que son la autoridad de fiscalización la que nos entrega los elementos para poder encuadrar este tipo. Dotar de mayores elementos a las fiscalías electorales para acreditar el tipo penal. Y que se contemple como una conducta que prevea la prisión preventiva oficiosa.
Actualmente, la Ley General en Materia de Delitos Electorales solo contempla un tipo penal que prevé la prisión preventiva oficiosa.
Respecto al financiamiento público para las campañas electorales, quisiera hacer unas diferencias o unos puntos relacionados al mismo. Son unos temas de fórmulas de aplicación, que es esencialmente lo que considero que cambia fundamentalmente.
Sabemos perfectamente que en la reforma ya no se va a, la propuesta de reforma no se va a otorgar ningún presupuesto para actividades ordinaria, únicamente para campañas electorales. Sin embargo, la fórmula sí cambia en estricto sentido.
Actualmente se calculan actividades ordinarias y el 50 por ciento de esas actividades ordinarias se van destinadas a las campañas electorales cuando se elige presidente de la República, senadores y diputados.
La fórmula de calcularlos lo sabemos perfectamente, están en el artículo 41 constitucional y, bueno, se multiplica la lista nominal por el 65 por ciento del valor de la UMA, pero en la propuesta de la reforma únicamente se va a multiplicar la lista nominal por el 100 por ciento del valor de la UMA. Y esta cantidad que se va a dar, se va a dar al 100 por ciento, es decir, si nosotros hacemos o calculamos esta suma para campañas electorales, estará aumentando arriba de un 300 por ciento.
Para campañas intermedias actualmente se multiplican, de igual manera, las actividades ordinarias por solamente el... Se va a calcular y se les va a dar el 35 por ciento para campañas electorales.
Si actualmente aplicamos la misma fórmula que se está proponiendo en la reforma, se va a calcular el valor de la UMA por el 65 por ciento, el 65 por ciento del valor de la UMA por la lista nominal. ¿Esto qué quiere decir? Que se incrementa en más de un 250 por ciento el presupuesto para campañas electorales.
Concluyo. Si lo que se proponen es que haya una reducción en el gasto de campañas, en la propuesta de esta reforma conforme a las fórmulas que se proponen, no es así.
Lo que se estima, es que se debe proponer, es lograr un sano balance y ajuste del presupuesto que reciben los partidos, de tal forma que se aduce a las realidades económicas del país. Con menos recursos de origen público para los partidos políticos se puede esperar un uso más racional de estos recursos y que el nivel de confianza ciudadana en estas instituciones pueda aumentar, mejorando a su vez la confianza de los mexicanos en su democracia en la medida que los partidos políticos son instituciones básicas de todo sistema democrático. Les agradezco mucho.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias maestro Rodrigo Segura.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora le vamos a dar la palabra, previa presentación, al doctor Alfredo Alcalá Montaño.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: El doctor Alfredo Alcalá Montaño es politólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con doctorado en Dirección y Gestión de Organizaciones y con maestría en Gobierno y Gestión Local.
Es experto en materia electoral, con una trayectoria de más de 20 años, con investigaciones de posgrado enfocadas precisamente al sistema electoral y a las TIC, a las tecnologías de computación para la gestión de políticas públicas, así como una década bajo el título.
Actualmente está cursando la carrera en Derecho, con enfoque al Derecho Electoral, y es consejero, en este momento del Consejo General del Instituto Estatal de Hidalgo para el periodo 2021-2028.
Catedrático de posgrado, con licenciatura en Ciencia Política y Derecho, desde hace 14 años, así como conferencista y ponente nacional e internacional. Cuenta con diversos artículos publicados, asimismo estudios e investigaciones en diversos espacios.
Ha participado también en diversas actividades electorales, destaco por ejemplo: la de promotor e impulsor de la realización de debates. Actualmente es el presidente de la Comisión especial para la organización de debates para la gubernatura del 2022 –bueno en este caso fue–, también preside la Comisión permanente de capacitación electoral, es integrante también de las comisiones unidas y la comisión temporal de voto para las personas en prisión preventiva.
Es fundador y Presidente del Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo y de la asociación Contra la Discriminación y por los Derechos Humanos.
Es la semblanza del doctor Alcalá Montaño, diputada presidente.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias compañero diputado Benjamín Robles. Adelante, doctor.
El ciudadano Alfredo Alcalá Montaño: Gracias diputada. Saludo con aprecio a todas y a todos que nos están viendo, también por las redes sociales, de manera presencial, a las y los diputados, a mis compañeros de la mesa, compañeros y compañeras. Qué importante son estos espacios que nos permita, justamente, dialogar sobre diferentes temas.
Hoy la mesa 11, el 11, que habla sobre el financiamiento público a los partidos, no es un tema sencillo de abordar, porque al final esto nos va a permitir una sana discusión y lo que vamos a aportar, el objetivo es que las y los diputados puedan tener mayores elementos desde diferentes miradas, desde el derecho, compañeros contadores, contadoras, desde la ciencia política, qué les puedo decir.
Y el objetivo, me voy a centrar básicamente, primero, la importancia que tienen los sistemas de partidos. ¿Son fundamentales en una democracia los partidos? Sí, claro, y más en una democracia representativa, es lo que nos permite justamente dirimir el conflicto social de manera pacífica, esa es la importancia de unas elecciones y la importancia que tienen también los partidos políticos.
En algo coincidimos, creo que la mayoría en esta mesa y en otras mesas, es que claramente tenemos que replantearnos el coste electoral. Y en eso creo que hay una amplia coincidencia, habiendo otras mesas dentro del parlamento abierto donde diversos especialistas, diversas especialistas lo han mencionado.
¿Qué quiero mencionar con esto? Si revisamos las 42 iniciativas, qué bueno, no todas tienen que ver obviamente con el tema del financiamiento público de los partidos, pero sí resalta la propuesta que plantea, de solamente destinar presupuesto público en los partidos para campañas electorales. Y ahí es donde centramos un poco la discusión, de si es necesario dotarles a los partidos de financiamiento de manera ordinaria. Además, efectivamente, que tiene que ver con el destinado a campañas, que cuando es intermedia 30 por ciento más del presupuesto, bueno del financiamiento porque es una fórmula.
También decirle a la ciudadanía. Tenemos que estar muy informados y muy formados en estos temas, porque todavía llega a pensarse que, entre menos partidos, con la fórmula actual, nos va a costar menos. No. Nos cuesta exactamente lo mismo, porque es una fórmula constitucional. Entonces, no se trata de si son más o si son menos partidos. Se trata de la calidad de las elecciones, la calidad del sistema de partidos. Al final tenemos que replantearnos y crear las condiciones a través de las reformas, crear un andamiaje que permita justamente tener elecciones competitivas.
No quiero citar a Sartori, el sistema competitivo de partidos, pero a eso le tenemos que apostar. A una democracia donde los partidos realmente puedan tener, en este esquema, sean realmente partidos modernos, que tengan justamente una mayor cercanía con la ciudadanía. Más adelante ahí, justamente revisando los datos de la encuesta sobre cultura política que realiza el Inegi en el 2000. Pues vemos claramente que los partidos están ahí hasta abajo, en cuanto a ese nivel de confianza con la ciudadanía. No se trata de minar más esa relación. Tenemos que fortalecer.
Y qué mejor que hablar de este tema, justamente en el espacio donde hoy encontramos diputadas, diputados, emanados de diferentes fuerzas políticas, pero que además también, y ya pasó esta mesa, sobre el tema de las sobrerrepresentación, la subrepresentación, sobre el tema de si quitamos o no plurinominales, que si son por listas. Lo cierto es que tendremos que echar una vuelta al pasado, aunque no nos guste, para ver de dónde venimos, para saber a dónde vamos.
Hoy estamos en una oportunidad histórica de contar y crear y fortalecer nuestro sistema electoral, esa es la realidad. Estamos en un momento histórico que nos permite y que estas mesas nos van a permitir, justamente llegar a ese punto. Porque si vemos la función de los partidos, pues los partidos tienen un objetivo muy claro, que es representar una parte de la ciudadanía, a una parte.
Sí, por más que en las campañas dicen que nos van a resolver todos los problemas nacionales y que tienen una agenda muy amplía, en realidad por definición y en la práctica los partidos representan a un sector de la población, y de ese sector de la población, una parte son militantes y simpatizantes, otros solamente el día de la jornada electoral votarán por alguna preferencia partidaria.
Pero si vemos además lo que está establecido en nuestra Constitución, en las leyes electorales, podemos ver claramente que los partidos tienen como fin, promover la participación ciudadana, fortalecer la cultura política, y ahí nos preguntaremos si se está logrando el objetivo, y eso es algo que tenemos que analizar.
Yo creo que –y digo– además de celebrar decía, estos espacios, creo que el tiempo es muy corto. Tendremos que multiplicar. Hablar de modificar ese tema electoral, justamente lo platicaba con el equipo. Decíamos, tenemos que dar más tiempo, porque estamos tocando solamente un tema del sistema político que es el subsistema electoral y el subsistema de partidos, pero y el sistema político, porque esto modifica completamente nuestro contrato social, nuestro pacto social como ciudadanía.
Entonces, primero, tenemos que replantearnos que formalmente y en eso también las diferentes propuestas lo mencionan, reconocer que los partidos al final son entidades de interés público y al ser entidades de interés público implica y significa que se les debe de dotar de herramientas básicas para cumplir con este objetivo. Eso es muy importante.
A dónde tenemos que apostarle. Digo, y me adelanto un poco a las propuestas que en otro momento lo voy a mencionar, por cuestión del tiempo. Estamos hablando que en este momento, sí, efectivamente, estamos hablando de manera global en cerca de 11 mil millones de recursos públicos, tanto federal como locales. Estamos hablando justamente de la importancia que tiene el financiamiento público y además de regular el financiamiento privado, porque también tenemos que llegar a ese punto. Qué tanto se les debe de dar. Replanteamos la fórmula, que es 65 del UMA multiplicado por el padrón electoral, que es un poco más que el listado nominal.
Y además viene otro segundo momento: cómo lo repartimos, ¿lo dejamos 70-30? ¿Buscamos una fórmula que vaya avanzando al 60-40, al 50-50? Es decir, sí hay mecanismos y hay maneras de construir un piso parejo, porque claramente necesitamos en una democracia representativa... y eso creo que también hay amplias coincidencias en las diferentes fuerzas políticas aquí en la Cámara de Diputados y Diputadas... que es importante fortalecer nuestra democracia, porque es lo que nos ha permitido hoy tener alternancias a nivel federal, a nivel local. Permite la renovación constante de las élites políticas, ese es un tema muy importante.
Entonces yo sé que no es, cómo diríamos, hablar de los recursos públicos a los partidos, como sucede a las diferentes instancias públicas. Siempre es un tema de por qué tanto, cuánto hay que darles. Habría que realmente ver, analizar qué necesitan para el sostenimiento de actividades ordinarias que permitan competir. Necesitamos un sistema de partidos competitivo, y eso no hay vuelta de hoja. Yo muchas veces escribía el tema de que pasamos de una ausencia de partidos. Si revisamos antes de la reforma de 1997, tuvimos una elección de 1976 con una candidatura única, y dijimos eso no puede volver a ocurrir, y no debe volver a ocurrir en una democracia, y menos en la nuestra. Por eso, decía, pasamos de la ausencia de partidos a una partidocracia, ¿no?, tener partidos muy, muy fuertes, que estaban por encima del subsistema electoral y que tenían el control de sistema político. Ahora tenemos qué replantearnos justamente valorar esa fuerza y ese impacto de los partidos políticos dentro de nuestra democracia.
Y yo le dejaría hasta aquí, para en otro segundo momento fortalecer estas ideas. Muy amables. Gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, doctor Alfredo Alcalá.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: El siguiente participante como ponente es la maestra Mariana Tamés Espadas. Si la puede presentar, diputado Benjamín.
El secretario diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Con mucho gusto. Mariana Tamés Espadas es licenciada en derecho por la Universidad Panamericana y maestra en derecho electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También ha cursado el diplomado en políticas públicas y género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Actualmente es la coordinadora jurídica de la consultora Estrategia Electoral, especializada en litigio constitucional y parlamentario, y laboratorio de reflexión permanente sobre temas electorales y democracia.
Anteriormente, la maestra Mariana Tamés laboró en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desempeñándose como investigadora y directora de Capacitación Interna y Carrera Judicial. Ha escrito sobre elecciones, democracia y justicia electoral en la revista Justicia electoral, y participado también en diversos foros académicos como ponente y analista de temas electorales. Es el extracto curricular de la maestra Mariana Tamés, diputada presidenta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Adelante, maestra.
La ciudadana Mariana Tamés Espadas: Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la oportunidad de participar en estos foros de parlamento abierto. La verdad es que desde mi punto de vista como abogada litigante, desde que se presentó la primera iniciativa de reforma sabíamos que se venía una catástrofe en materia electoral. No sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. No sabíamos ni siquiera si sí se iban a hacer este tipo de foros de discusión, que me parece que son indispensables, sobre todo cuando tratamos de temas tan especializados, ¿no? A veces la ciudadanía cree que los diputados tienen la obligación de conocer a detalle cada uno de los temas. La realidad es que no.
Por eso tenemos comisiones, por supuesto, que se dedican a estos temas tan específicos. Pero muchas veces es necesario el punto de vista de otras áreas para poder analizar asuntos de esta relevancia. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema electoral por supuesto que es un asunto que nos impacta directamente a todos, ¿no? De alguna manera el sistema electoral es un asunto que corresponde no sólo a las autoridades y a los partidos políticos, sino que afecta directamente a la ciudadanía, a los derechos políticos y electorales, que son considerados ya derechos humanos. Entonces, sí me parece indispensable que todos nos involucremos en estas discusiones.
Analizando ya la propuesta, la principal propuesta que se hizo de reforma, la que proviene del Ejecutivo, analizando cada uno de los temas que se abordan en ella, me parece que uno de los principales es justamente el que nos ocupa en esta mesa, que es el que habla sobre el tema de financiamiento público a los partidos políticos.
Ya quienes me antecedieron en la palabra dieron un avance de la explicación, de más o menos cómo está el escenario. Yo, cuando acepté esta amable invitación que me hicieron, fue para poder a dar mi punto de vista desde el litigio. Es decir, yo estoy en constante contacto con los partidos políticos, conozco bien las dinámicas que se llevan a cabo al interior. Conozco bien todo el tema del financiamiento y la fiscalización en los partidos políticos y me preocupa mucho que se trata de un tema que es muy taquillero.
Me parece que es difícil encontrar algún sector de la población o algún sector de la ciudadanía al que se le pregunte: ¿Estás de acuerdo en que se les reduzca el dinero a los partidos políticos? Y que digan no, eso me parece complicado.
Obviamente, esto tiene varios antecedentes. Todos conocemos que los partidos políticos son una de las instituciones en las que la ciudadanía confía menos. Habría que ponernos a analizar cuál es la razón de ello, pero de ahí viene que la primera respuesta sea sí, hay que reducirles el presupuesto.
La otra es que tampoco están tan alejados de la realidad. Si hacemos números y si hacemos una revisión de la cantidad de financiamiento público que reciben los partidos políticos en América latina, bueno, México está altísimo. Sí, somos uno de los países de América latina que más dinero otorga a sus partidos políticos.
Por tanto, yo no quisiera... Si la pregunta es: ¿hay que eliminar el financiamiento público. o lo más conveniente sería eliminar el financiamiento público a los partidos políticos? Yo, de entrada, diría no. La respuesta tajante es no. Si la siguiente pregunta es: ¿habría que eliminar la prevalencia del financiamiento público sobre el privado? Que es la fórmula que rige actualmente a los partidos políticos, mi respuesta tajante también es no. Sin embargo, sí creo que el sistema que tenemos actualmente, la fórmula constitucional que tenemos actualmente puede ser modificada.
Sí creo que el dinero que reciben los partidos políticos y el uso que se le da no es el correcto, me parece que se pueden hacer reducciones. Es también muy importante que conozcamos cuáles son las actividades que realizan los partidos políticos, qué actividades se realizan como gasto ordinario, como actividades específicas y como gastos de campaña.
Ya ha habido diversas iniciativas que me parece que valdría la pena voltear a verlas, que proponen ciertas modificaciones y restricciones al financiamiento políticas públicas que se les da a los partidos políticos. Hay una iniciativa muy interesante que surgió en Jalisco, que fue incluso avalada por la Suprema Corte de Justicia. Es la iniciativa Sin voto no hay dinero.
Actualmente, la fórmula constitucional que nos marca cuál es el monto del financiamiento para gasto ordinario que tienen los partidos políticos toma en cuenta el listado nominal y, como ya lo dijeron, el valor de la UMA, que más o menos está en 96 pesos.
Esta propuesta lo que dice es que, en vez de tomar en cuenta el valor... –perdón–, el número en el listado nominal se toma en cuenta la fuerza electoral. Con esto estamos incentivando a que, si los partidos quieren más dinero o que la fórmula tenga una bolsa mucho más amplia para los partidos, entonces tengan que movilizarse para que la gente vote por ellos. Entonces, en vez de tomar en cuenta el listado nominal, se toma en cuenta el porcentaje de votación que se obtuvo en la elección federal inmediata anterior y eso es lo que se multiplica por la UMA y se saca una cantidad.
Habría que analizar brevemente cómo podríamos aplicar este tipo de fórmula y qué tanto ahorro y qué tanto gasto se estaría implementando mediante ella, pero me parece que hay maneras.
Ya se habló también mucho de cómo se distribuye el financiamiento público entre los partidos políticos. No se hace de manera equitativa. Como sabemos, se distribuye un 30 por ciento del monto de manera igualitaria y un 70 por ciento, ahí sí dependiendo de la fuerza electoral. Si buscamos una fórmula mucho más equitativa, hay otras maneras. Se podría transitar, como ya lo dijo quien me antecedió en la palabra muy bien, podríamos transitar tal vez a un 60-40 o a un 50-50.
Además del financiamiento público, tenemos que tomar en cuenta que los partidos políticos reciben otro tipo de prerrogativas. Tenemos también las franquicias telegráficas, postales y las prerrogativas, obviamente, de radio y televisión. Todas estas ministraciones, digamos, involucran dinero para los partidos políticos. Habría manera de repensar si tenemos que continuar con esta manera de obtener el financiamiento público, es posible reducirlo, pero a mí lo que me preocupa es que la consecuencia nos salga peor que el remedio. A mí una cosa que me preocupa muchísimo es que se está desincentivando la labor de los partidos políticos al eliminarles el financiamiento público.
Si los dejamos únicamente con autofinanciamiento, pues sí, los estamos obligando a que se movilicen. Yo he, por ejemplo, asesorado a candidatos independientes y en mi experiencia es complicadísimo obtener el financiamiento privado, pero bueno, hay distintas maneras, se puede hacer. A mí me preocupa que suceda lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, privatizar a los partidos políticos y que ahora entonces los partidos políticos se deban a las empresas privadas que los están financiando y que al momento de respaldar iniciativas entonces se deban a esto.
Habría que ejercer controles mucho más específicos tanto de rastreo, como de financiamiento y fiscalización si queremos transitar a este modelo. Por eso es que me parece que tiene muchas aristas, hay asuntos que me parecen peligrosos, obviamente lo que ya se habló sobre la facilidad de que se infiltre dinero proveniente de recursos ilícitos, se violentaría la equidad. Entonces, me parece que tiene varios problemas, no creo que la respuesta deba ser tajante de que se tiene que eliminar el financiamiento público, las consecuencias pueden ser complicadas. Hay que analizarlo y pues hasta ahí dejaría yo mi primera intervención. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, maestra Mariana. Le damos, por consiguiente, el uso de la palabra, previa presentación. Bueno, permítanme, antes que nada, quiero darle la bienvenida a la diputada Flor Ivone Morales Miranda. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos en este foro tan interesante que es para la democracia para nuestro país. Bienvenida, diputada Flor Ivone.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Continuemos con el licenciado José Muñoz Gómez. Si me puede apoyar con su presentación, por favor, diputado.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Con mucho gusto. José Muñoz Gómez es especialista en materia electoral, también en financiamiento, gasto y en fiscalización. Él es contador público, además de licenciado en derecho y desde el año 2006 se ha desempeñado en diversos cargos en el Instituto Nacional Electoral, entonces Instituto Federal Electoral. Cuenta con experiencia electoral, por lo tanto.
Se ha especializado principalmente en financiamiento, gasto y fiscalización. Lo ha hecho a candidatos, lo ha hecho a partidos políticos durante precampañas, campañas políticas y en su operación ordinaria. Y ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal, por ejemplo, ha tenido participación en el Seguro Social, en la Secretaría de la Función Pública y Bienestar, así como en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Es el extracto curricular del contador y licenciado en derecho, José Muñoz Gómez, diputada presidenta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Adelante, licenciado Muñoz.
El ciudadano José Muñoz Gómez: Muchas gracias por la invitación a este foro. Este tema es un tema muy importante y el uso de los recursos públicos es el detonante para muchísimas cosas, desde luego que, en las campañas políticas, en la vida ordinaria de los partidos políticos es muy importante el uso de los recursos y es importante cuánto, pero creo que es más importante el cómo. Hay que buscar la eficacia y la eficiencia del uso de los recursos.
Y bueno, la legislación sobre financiamiento público a partidos políticos y candidatos al inicio fue limitada para el uso de las campañas electorales. Con el paso del tiempo ha evolucionado hasta llegar al sostenimiento de la vida permanente de los partidos políticos y en los últimos años se ha fortalecido y aumentado el recurso público.
Fue con la reforma constitucional y legal de 1993 cuando se reguló la posibilidad de recibir financiamiento privado además del público. Así, desde 1996 el modelo mixto de financiamiento ha permitido que se otorguen mayores recursos públicos de manera generosa y permanente.
En la actualidad, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos durante el ejercicio 2021 recibieron un total de 10 mil 549 millones de pesos, de los cuales 5 mil 251 correspondieron a recursos federales y 5 mil 297 millones de pesos a recursos locales.
Para hacer un análisis más preciso de la reforma o de la propuesta de reforma y el ahorro que pudiera generar, tendríamos que llevar los datos a algunos años atrás, ya que esta reforma no sería aplicable solo para un año, sería aplicable para los años venideros, por lo que considero que a nivel local...
Considerando que a nivel local se entrega una cantidad muy similar a la que se entrega a nivel federal, sí consideramos que en los últimos 10 años la federación ha destinado 52 mil 938 millones de pesos de financiamiento público para los partidos políticos, arribaríamos a la conclusión de que a nivel nacional el gobierno federal y los gobiernos de los estados han destinado un total de 105 mil 876 millones de pesos, lo anterior tomando en cuenta los datos que arroja la página de Internet del INE.
Como ya fue señalado, en la última década la federación ha destinado un total de 52 mil 938 millones de pesos, de los cuales 6 mil 576 millones de pesos, es decir, el 12.4 por ciento corresponde a gastos de campaña. Y para fomentar la vida democrática del país, en la actualidad se destina alrededor del 10 por ciento, lo que implica que 41 millones 80 mil, es decir, el 77.60 por ciento de los recursos es destinado para actividades ordinarias.
Pero, ¿en qué consisten los gastos de operación ordinaria? Pues el artículo 72 de la Ley General de Partidos Políticos establece que estos gastos son los referentes a gastos derivados de procesos internos, nóminas, arrendamientos, pagos de servicios en general y propaganda institucional, es decir, gasto de operación que en otros rubros, por ejemplo, en programas sociales se destina menos del 5 por ciento, que con los partidos políticos se destina alrededor del 76 por ciento para gastos de operación, es decir, hay una diferencia bastante pronunciada para gastos de operación, en el caso de los programas y para el caso de los partidos políticos.
Tanto estos elementos como diversos factores que se viven a nivel mundial, nos llevan a tener que hacer una nueva reflexión sobre el esquema de financiamiento de los partidos políticos, buscando hacer más eficaz y eficiente el uso de los mismos.
Como es sabido, desde los estatutos de los partidos políticos se prevé que al menos los militantes deban realizar aportaciones para gastos ordinarios y para las campañas políticas. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, las aportaciones de su militancia se han venido disminuyendo y se van apoyando en mayor medida del financiamiento público.
Para ejemplificar, de acuerdo a los datos arrojados en la página del INE, en la campaña de 2021 los partidos políticos nacionales y locales tuvieron ingresos por 4 mil 967 millones de pesos, de los cuales únicamente 632 millones de pesos, es decir, el 12 punto por ciento corresponden a aportaciones, ya sea de militantes, simpatizantes o de los propios candidatos.
Y respecto a la vida ordinaria de los partidos políticos ocurre algo similar, por lo que se debe reformar, incentivar que los militantes y simpatizantes realicen aportaciones para el sostenimiento de los partidos políticos, ya que, con base en la propia Constitución, los institutos políticos son una de las vías para acceder al poder.
Derivado de la propuesta de reforma que plantea el Ejecutivo federal, se prevé un escenario similar al que ocurre en el pasado y que en la actualidad es aplicable para los candidatos independientes, toda vez que se prevé que los partidos solo reciban financiamiento público durante las campañas políticas que, por cierto, la forma de cálculo que se prevé para determinar el monto de financiamiento público para las campañas, considero que es idóneo, ya que se retoman elementos del cálculo actual. Una vez determinada la base conforme al padrón electoral, se distribuye el 30 por ciento del financiamiento total de manera igualitaria y el otro 70 por ciento conforme a los triunfos electorales, incentivando el correcto uso de los recursos, ya que viéndolos desde el punto de vista muy técnico y considerado lo señalado por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe de eficientar y hacer más eficaz el uso de los recursos, lo que se podría haber reflejado en la equidad en las contiendas y los triunfos electorales, incluso, disminuiría el monto de las sanciones.
Por lo que se observa, esta reforma busca cambiar el modelo, de tener una normatividad sancionatoria a una normatividad que inhiba conductas irregulares, buscando hacer más con menos, teniendo, tratando de conseguir el voto genuino del electorado a través de las expresiones de su plataforma e ideología política.
Cabe resaltar que, al disminuir el recurso público de los partidos políticos, disminuye la carga administrativa de los mismos y de la autoridad electoral, reduciendo gastos en ambos casos y permitiendo reencauzar el recurso público en otras necesidades del país.
Como pueden ver en la lámina, ahí lo que reflejamos es el objeto que establece el artículo 41, la finalidad que tienen los partidos políticos y, por otro lado, la gráfica de cómo se ha venido incrementando el financiamiento público en los últimos diez años.
Como he escuchado con los compañeros, es bien importante identificar diversos tipos penales, es muy importante los temas de fiscalización, el uso del recurso, identificar el origen de los recursos, pero lo importante está en el detonador de todo este tema.
Si se ocupa el recurso con eficacia y eficiencia, estaríamos disminuyendo en todo lo demás la carga administrativa de órganos jurisdiccionales, de órganos administrativos y muchísimas cosas más.
Este elemento creo que es uno de lo más importantes y que además da trazabilidad a todos los demás rubros y todos los demás elementos que conllevan a la reforma electoral. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias a usted, licenciado José Muñoz Gómez. Antes de darle la palabra y de la presentación del último ponente, les quiero invitar a presentar su pregunta o quien desee participar para que vayamos registrando las participaciones en la primera ronda de preguntas.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Si me apoya, por favor, presentando a la contadora pública María Luisa Jiménez Poblano.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Sí, efectivamente como lo dice la diputada presidenta, María Luisa Jiménez Poblano es contador público por el Instituto Politécnico Nacional, pero también tiene maestría en Administración Pública concluida ya, en la Universidad Latinoamericana; diplomado en Comunicación Política, por la Universidad Anáhuac.
Y actualmente la contadora María Luisa Jiménez se desempeña como asesora en materia electoral, financiamiento, gasto y fiscalización.
Durante más de una década entre el 2008 y 2020 ha desempeño cargos diversos en el Instituto Nacional Electoral; cuenta, por lo tanto, con experiencia en fiscalización a partidos políticos y candidatos, durante los procesos de precampañas, pero también de campañas políticas.
Ha ocupado también diversos cargos en la administración pública local y federal, como lo hizo en la Alcaldía de Xochimilco y en la Secretaría de Bienestar. Es la ficha curricular, es el extracto de la ficha curricular de la contadora Jiménez Poblano, diputada presidenta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, compañero diputado Benjamín Robles Montoya. Y le damos el uso de la palabra a la maestra.
La ciudadana María Luisa Jiménez Poblano: Qué tal, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la oportunidad de participar en este espacio, como bien lo han dicho los que me han antecedido de la voz, las reformas electorales impactan en la configuración del Congreso federal, de los estados, del financiamiento de los partidos políticos, la integración de los órganos electorales y el modelo de comunicación política para el acceso de medios de comunicación masiva.
Esta iniciativa de reforma sostiene que uno de los temas que suscita mayor indignación en la opinión pública, es la millonaria cantidad de recursos del erario que año con año son entregados a los partidos políticos nacionales y locales para su funcionamiento ordinario y para financiar sus actividades proselitistas.
Ante ello, la iniciativa propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto a las actividades ordinarias y plantea que cubran dichos gastos mediante su financiamiento de simpatizantes y militantes.
El objetivo es reducir el costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosustentables mediante aportaciones legales vigiladas. El financiamiento público se mantendría solamente para los gastos de campaña durante el periodo de procesos electorales.
Sin duda, esta reforma surge de la necesidad de la reformar nuestro sistema electoral, de manera que se adecuen los cambios en la realidad nacional. Idealmente cada reforma que se lleva a cabo nos permite como nación perfeccionar la construcción de la democracia y permitir que los procesos políticos se lleven a cabo con eficacia, eficiencia y transparencia.
Como lo han dicho en esta mesa, el artículo 41 de la Constitución Política, nos señala cómo debemos distribuir el financiamiento a cada uno de los partidos, nos dicen las reglas y las formas en que podemos hacerlo. Sin duda, esta reforma política nos conlleva a llevar una mejor eficiencia en la rendición de cuentas en el tema de entregarles el dinero a los partidos políticos con el objetivo de que sea utilizado de manera eficiente para lo que les ha sido designado.
La Ley General de Partidos Políticos también nos establece que siempre prevalecerá el financiamiento público por encima del financiamiento privado. Nos hemos dado a la tarea de decir, que es importante legislar con respecto a este tipo de financiamiento, al conocer que todos los partidos políticos a nivel nacional y local pueden participar en toda su vida cotidiana y en los procesos con este tipo de financiamiento mixto, donde el financiamiento va de la mano, tanto el público como el privado.
Los recursos, en especial los económicos, son un elemento ineludible de la democracia y de las contiendas electorales en particular. El financiamiento público es parte de la normativa de la vida democrática, pero como nos dirían Saboto y Casas Zamora, el dinero también puede introducir diversas distorsiones dentro de los procesos democráticos en varios sentidos. Por ejemplo, vuelve desigual la contienda electoral. Incide en las posibilidades reales de los partidos y de los candidatos. Asciende que las propuestas o las plataformas queden en segundo plano frente a la posibilidad económica de los mejores postores.
La posesión de dinero les confiere a los individuos o a determinados grupos sociales, la posibilidad diferenciada de participar en las elecciones e influir en los partidos y sus candidatos mediante sus contribuciones. La participación de conflictos de intereses entre los donantes privados y los tomadores de decisiones que llegan a cargos públicos.
Asimismo en nuestra región, la presencia del crimen organizado y su movilización de recursos económicos han corrompido y fracturado los procesos democráticos, aunque la democracia tenga un costo de funcionamiento debe ser menor para la ciudadanía, es decir, no debe ir en deterioro del gasto público dirigido a sostener la política pública, pero debe fortalecer la participación a las instituciones democráticas, construida –hasta ahora– en nuestro país.
Fortalecer el financiamiento público en las contiendas electorales permitirá minimizar los riesgos de que nuestra democracia, frente a la intromisión del crimen organizado o grupos que pretendan verse beneficiados por los tomadores de decisiones.
Las discusiones y modificaciones en torno al financiamiento de las elecciones en nuestro país, han perseguido un objetivo, un piso parejo para la competencia electoral en el contexto de la democracia, para combatir la opacidad, el influyentismo, la compra de votos, la corrupción y los conflictos de intereses. Se apostó por el financiamiento público en las elecciones.
Entre los beneficios del financiamiento público destacan que este genere oportunidades equitativas, cada candidato y candidata tienen la posibilidad de contar con recursos de todo tipo para transmitir sus propuestas, independientemente de sus recursos económicos propios o los de su partido, que se conoce y acota el origen de los recursos destinados a las elecciones, cerrando la puerta a elementos externos del Estado, que ejerzan un tipo de influencia derivada de la presión por algún tipo de patrocinio. Que es posible realizar un estricto seguimiento y vigilancia sobre el uso de los recursos empleados en una campaña política, con el que busca erradicarse el desvío de recursos o, incluso, la compra de votos.
Que estas disposiciones del Estado a partir de las cuales es posible hacer ajustes, cambios y mejoras en pro de la preservación de las arcas nacionales. Que el uso de los recursos públicos finca responsabilidades administrativas sobre las cuales puedan realizarse sanciones, entre posibles vicios, inconsistencias y violaciones al proceso electoral.
Así pues, si bien existen múltiples controversias y diferencias en torno a la reforma electoral, persiste un amplio consenso en la pertinencia del financiamiento público para las campañas políticas para las elecciones. Ello no implica, un constante proceso de deliberación, en el que nuestro sistema electoral en general y el sistema de financiamiento en particular debe ser constantemente revisado. En una permanente adaptación al cambio es necesario sostener debates, análisis, modelos económetros que permitan reducir las distorsiones en los procesos de campaña.
A partir de lo antes expuesto pongo sobre la mesa tres temas de reflexión que considero nodales para el fortalecimiento del sistema del financiamiento a los partidos políticos. La congruencia del sistema financiamiento con los sistemas-partidos y el sistema electoral con mejores elecciones. Como meta común, se revisen a conciencia tanto los mecanismos vigentes como las implicaciones de los cambios propuestos en el proceso de reforma, a fin de diseñar un sistema funcional, práctico, conveniente y coherente para todos y para todas. Que la base del sistema de financiamiento se sustente en los procesos justos y equitativos de elección. La democracia mexicana requiere de propuestas que abonen a la equidad e igualdad en el desempeño de la política. El sistema de financiamiento no es la excepción, pero se articula en torno de directrices institucionales que buscan poner el piso parejo y las reglas del juego claras para todas y para todos.
Si bien es cierto que cualquier democracia del mundo necesita del financiamiento público para que los partidos y candidatos puedan competir en situaciones de equidad para los cargos públicos, también lo es el hecho de que, en el caso de México, los recursos del erario para los partidos son excesivos y no se ajustan a criterios de racionalidad, proporcionalidad ni austeridad. En conclusión, aboguemos por un sistema en que los recursos monetarios, de difusión, material, por mencionar algunos, no sean limitantes al derecho a ser votado. Gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, maestra. Damos inicio a nuestra primera ronda de preguntas.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Esperamos el registro de participaciones de mis compañeros diputados y diputadas. Y para iniciar le damos la palabra al diputado Benjamín Robles Montoya.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias. Con la venia de la diputada presidenta de la comisión, Graciela Sánchez Ortiz, quiero saludar con mucho respeto a mis compañeras, compañeros diputados que están siguiendo esta trasmisión. Y por supuesto darles la bienvenida una vez más a todas y cada una de las amigas, amigos ponentes, especialistas que, como lo decían hace un rato, apreciamos mucho que nos estén ilustrando con sus conocimientos, con su crítica, con su dialéctica. Creo que eso nos permitirá la correcta visión sobre el uso respecto del financiamiento de los partidos políticos.
Un servidor cree, y lo digo no solamente en nombre propio, lo digo también en nombre de mi grupo parlamentario, el Partido del Trabajo, que efectivamente la democracia mexicana se ha encarecido. Y creo que ese es el motivo por el cual estamos aquí revisando, sí, la iniciativa rectora, que es la que presentó el señor presidente de la República, pero también otras más. Yo presenté una en la legislatura pasada, en nombre de mi grupo parlamentario, donde planteaba que sí había que ajustarse el cinturón. Estoy hablando de momentos muy difíciles a nivel nacional al arranque de la pandemia. Nosotros decíamos que sí, pues que había que ajustarse el cinturón los partidos políticos.
Recuerdo que propuse reducir al 60 por ciento el financiamiento, pero cambiar la fórmula, no mantener la fórmula neoliberal, permítanme decirlo así, como parte de la 4T. No, pues si somos 4T no podemos mantener la fórmula neoliberal, ¿no?, donde solamente algunos partidos se quedan con la mayor parte de los recursos. Yo dije: piso parejo, por lo menos en los primeros procesos de esta nueva etapa de la vida nacional. Pero bien, yo creo que sus intervenciones nos han dado mucha luz. Hoy no vamos a decidir qué hacer, sino a escuchar, a reescuchar las veces que sean necesarias sus interpretaciones, sus reflexiones.
Y yo hago una pregunta inicial. ¿De verdad se fortalece la democracia suprimiendo el financiamiento público a los partidos políticos, o cuál es la ruta? Y bueno, ustedes están aquí, nos han dado algunos puntos de vista. Pero decía el doctor Alfredo Alcalá en una segunda intervención... y no habrá otras intervenciones si no les hacemos las preguntas. Entonces yo quiero preguntarle a él, quiero preguntarle a la maestra Mariana Tamés, quiero preguntarle también al compañero Daniel Cuevas y a la fiscal De León Cardona, que me ayuden un poco con su segunda reflexión. Porque a mí me parece que el debate de fondo en estos foros no es sobre la premisa de si se van a tener que suprimir los recursos públicos a los partidos. Porque alguien dijo –y dijo bien, yo coincido. Al rato les voy a leer, si hay otra oportunidad, mi exposición de motivos en la iniciativa que presenté en la pasada legislatura–, decía: “Pues sí, los partidos son entes públicos, deben recibir un financiamiento”.
Hay que ver qué tipo de financiamiento porque, insisto, sí se ha encarecido la democracia y en el Partido del Trabajo estamos insistiendo en la necesidad de revisar esto, pero también de evitar la incertidumbre, la falta de seguridad jurídica respecto del uso del dinero público para estos entes públicos y para todos los que estamos en esta mesa. Creo que eso es muy importante.
A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero yo creo que no es con la amenaza de la jefa o jefe de familia diciéndole al hijo: “Te vamos a dejar de dar tu quincena, tu semana”. Como se va a revisar cómo mejor utilizar ese dinero público, sino poniendo reglas.
A mí me preocupan experiencias las internacionales en Italia, en 2013. Se le da palo al financiamiento público. ¿Qué fue lo que sucedió? El crimen organizado se metió. ¿O qué pasa en Estados Unidos? Alguno de ustedes lo decía, ahí manda el que tiene el dólar, las empresas.
Entonces, somos entes públicos los partidos, ¿qué debe hacerse? Y para dar la oportunidad a una mayor reflexión, a que escuchemos, insisto, el PT dará su punto de vista en los debates que entrarán en septiembre en las comisiones. Y nosotros, que también somos parte de esa cuarta transformación, también hemos dado nuestros puntos de vista en ese sentido.
Entonces, yo le preguntaría, diputada presidenta, al doctor Alfredo Alcalá, a la maestra Mariana Tamés, a Daniel Cuevas y a la fiscal De León Cardona sobre la base: ¿se fortalece la democracia, de verdad, suprimiendo el financiamiento a los partidos políticos o podemos entrarle a una nueva fórmula? Algunos de ustedes hablaron de 60-40. Yo ya les platiqué que dije, a nombre de mis compañeras, bajémosles, quitemos el 60 por ciento de las prerrogativas y veamos cómo repartimos el 40 por ciento. Yo dije piso parejo, pero ese fue el planteamiento que hicimos. Muchísimas gracias, por sus respuestas. Tomaré nota de sus intervenciones. Es todo, diputada presidenta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, compañero diputado Benjamín Robles.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Le damos el uso de la palabra para presentar su pregunta a la diputada Susana Prieto Terrazas, y de igual manera le pedimos que nos indique a quién va dirigida su pregunta, por favor. Tiene la palabra, diputada Susana.
La diputada Susana Prieto Terrazas (vía telemática): Muchísimas gracias, diputada presidenta. Con su venia. Paso a formular la pregunta. La verdad es que todas las intervenciones han sido muy interesantes, sin embargo, yo quiero destacar la intervención de Alma Elena Sarayth de León que, la verdad, ha hecho una intervención, para mí, muy destacada y sobre todo muy clara de lo que podría ser la fiscalización del financiamiento privado de los partidos políticos y la propuesta de su creación, necesariamente, de una fiscalía electoral o fiscalías electorales.
Yo creo que se referiría a alguna fiscalía electoral, porque estamos hablando de que desaparezcan los OPLE en los estados, entonces, no vamos a tener muchas fiscalías. Sería la fiscalía electoral y jueces penales especializados en materia de defraudación sobre el financiamiento electoral.
A mí me gustaría mucho que la doctora Mariana Tamés Espadas pudiera decirme, ella dice que la fórmula puede ser modificada, pero es una pena que no nos diga a los diputados cómo. Yo suelo ser muy receptiva y, si tienen alguna fórmula específica, yo creo que en su intervención debió plantearla. Y si no, sugiero a este panel que se le dé la intervención a efecto de que nos diga: ¿cuál es la forma en la que se puede modificar de manera parcial esta situación del financiamiento público? Es muy importante que nos diga esto porque hablan mucho del financiamiento.
También, me sobre destaco la participación del maestro José Muñoz Gómez, que nos habla y nos dice que solo el 12% del financiamiento a partidos políticos se gasta en campañas políticas y que el resto se gasta en todo el aparato de sostenimiento de las nóminas de edificios y demás, y yo soy un poco morbosa, querido maestro, me parece que es un secreto a voces, en este país nunca nos decimos las verdades, hay muchos partidos políticos que no le dan un solo peso a sus candidatos para efecto de que hagan campaña política.
La verdad allá en mi barrio, que somos medio picudos, decimos que se puñalean todo y que buscan candidatos que tengan dinero para que puedan autofinanciar sus campañas políticas, por lo que a veces dudamos, es solo el 12 % de lo que se factura, pero ¿cuánto realmente gasta un partido político en las campañas electorales, maestro? ¿Será realmente que ese 12 % se invierte o que solo el 12 % les atribuyen a las compañías factureras y el resto lo derivan a otros gastos? Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias por su participación, diputada Susana Prieto Terrazas. ¿Alguien más quisiera formular alguna pregunta o damos paso a las respuestas? ¿Alguien más?
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Bueno, iniciaríamos en orden como fui anotando para participar dando respuesta. A la primera pregunta del diputado Benjamín Robles, le doy el uso de la palabra al doctor Alfredo Alcalá Montaño.
El ciudadano Alfredo Alcalá Montaño: Con mucho gusto. Muy buenas preguntas y también es importante en este diálogo algunas ideas y propuestas concretas, que me parece muy interesante también el planteamiento de la diputada, de ser muy puntuales y eso es importante.
De manera general antes de partir a la propuesta yo también agregaría otras preguntas que me parece importante para esta discusión y tendría que ver, yo agregaría a lo ya planteado, ¿por qué se deben sostener a los partidos políticos con recursos públicos? Que es un poco el matiz de la reunión. ¿Si no es con recursos públicos, cómo se van a sostener los partidos políticos? ¿Sin el financiamiento público se corre el riesgo de financiamientos irregulares para el sostenimiento de las actividades ordinarias? Y otro más, ¿se les debe de dar dinero público a los partidos para el desarrollo de actividades ordinarias y permanentes?
Lo anterior porque justamente me parece interesante retomar que, en la actualidad, ahorita entro a detalle a la fórmula, hay por lo menos tres fuentes de financiamiento, bueno, a los partidos se les da para actividades ordinarias, actividades específicas y gastos de campaña. Y el tema de esto, además, y por eso yo comparto la idea de que tenemos que buscar, pues sí, la vía adecuada para disminuir el costo electoral.
Si vamos al informe del Instituto Nacional Electoral sobre ingresos y egresos de los partidos políticos en el 2021 que fue una elección intermedia, que además hubo elecciones, podemos ver que solamente dos partidos gastaron más de lo que recibieron. Hubo partidos que dejaron 38 % sin ejercer, otros 20, 24, 26, 26, 13 y 41. Eso me parece interesante. En promedio, 17 % en promedio lo que no se ejerció en cuanto a los ingresos y aquí considerando tanto el financiamiento público como el financiamiento privado.
Me voy al tema, el amor no tiene precio, yo lo decía en alguna ocasión. La democracia tampoco tiene precio, pero así cuesta su funcionamiento, eso y sobre todo si queremos que sea una democracia funcional y competitiva.
Con esto, quiero mencionarles, ¿entonces quién va a financiar los partidos políticos si no buscamos una fórmula donde se vaya a privilegiar el recurso público sobre el financiamiento privado? Ya se mencionaba: grupos fácticos, empresas, y realmente ¿eso va a coadyuvar a que la ciudadanía pueda justamente acercarse a los partidos? Si voy en esto de los informes, ¿saben cuánto recibieron u obtuvieron los partidos en cuanto a financiamiento privado en relación a financiamiento público? Del total de lo que recibieron, solamente en promedio 2.2. Mandarlos así, ¿no?, vayan a buscar dinero, híjole, no, ahí, obviamente no van a tener, no vamos a tener un esquema de partidos competitivos y eso creo sería un elemento a considerar.
Dentro de las propuestas, muy rápidamente por el tiempo, me queda claro, además, que tenemos que aumentar, de entrada, el recurso que están ejerciendo para capacitación, promoción y desarrollo del erario político de las mujeres, que es el 3 por ciento, 3 por ciento, 2 por ciento solamente el destinado para actividades específicas, como entidades de interés público, cuando vemos que es justamente hasta el fin como partido y solamente el 2 por ciento. Además de la fórmula, les damos 3 por ciento más para publicaciones, investigaciones, aparte de lo que ya reciben.
Entonces, creo que ahí se tendría que aumentar por lo menos al 10 o al 20 por ciento, por lo menos, para formación y capacitación. Necesitamos una ciudadanía activa, que la militancia esté preparada, formada. Eso creo que es importante.
También, en relación al tema de la fórmula adecuada, yo me iría a buscar esta fórmula, no me iría al tema del 65 por ciento tal cual. Yo me iría, de entrada, justamente a amarrarlo con el tema del nivel de participación, pero con la elección intermedia, sí, porque si nos vamos a la elección presidencial, por lo menos 60 o 65 por ciento y quedaría como ahorita, pero, ¿qué pasa si las fórmulas las vamos amarrando, por ejemplo, a elecciones intermedias, donde el nivel de participación baja? Incentivaríamos a que justamente estén haciendo ese trabajo de campo, ese trabajo de formación, a involucrarlos a su propia militancia y no me quiero meter más a otros temas, pero qué es democracia interna, generar tus procesos internos al interior de los partidos. Si son los pilares de la democracia, claramente también tienen que fortalecer sus procesos internos democráticos.
Y ojo, el calendario electoral, voy a poner nada más como ejemplo el caso del estado de Hidalgo. Hice una proyección a 55 años y solamente en 4 años no tendremos elecciones o inicio de procesos electoral, pero si vemos el andamiaje de todo el calendario electoral a nivel nacional, además de la revocación de mandato, además de la consulta popular, no, tenemos que hacer un calendario electoral único que realmente nos permita empatar las elecciones y vamos a tener una reducción del financiamiento, porque además, digo, sin pensar más allá del tema de lo que va a quedar al final en la propuesta de reforma, claramente tenemos cómo lograr el calendario electoral.
No podemos tener elecciones cada año o tener una elección en junio, primer domingo de junio y una el primer domingo de agosto un ejercicio de democracia directa, que son fundamentales y abona a la democracia directa y a la participación ciudadana, pero no podemos tener elecciones cada año o cada dos, tres meses, digo, literal así ocurre.
Entonces, creo que sí hay fórmulas y vías para amarrar la participación ciudadana con el financiamiento público y entonces sí los partidos van a empezar a cumplir con el fin establecido, constitucional, teórica y epistemológicamente. Gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias, doctor.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Tiene el uso de la palabra la maestra Mariana Tamés, para dar respuesta a la pregunta.
La ciudadana Mariana Tamés Espadas: Sí, muchas gracias. Y muchas gracias por la pregunta. La propuesta que yo presenté en mi participación, es una propuesta que inició en Jalisco, que se llama Sin voto no hay dinero.
Me atrevo a presentarla en este panel, debido a que es una propuesta que ya fue analizada en su momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y avalada, por lo tanto, es una fórmula que podría funcionar en el sentido de reducir el porcentaje del financiamiento público sin la necesidad de eliminarlo y al mismo tiempo incentiva que los partidos políticos busquen una participación más activa, tanto de sus militantes como de sus simpatizantes y son unos cambios muy simples.
Sí, la fórmula constitucional para obtener el monto que se otorga de financiamiento a los partidos nos establece que se multiplica el número de personas en el padrón electoral por el 65 por ciento de la UMA. La modificación que se prevé con la iniciativa Sin voto no hay dinero es, en vez de utilizar el listado nominal, utilizar el porcentaje de votación obtenida en la elección inmediata anterior, que es justamente de lo que estamos platicando en este momento, apostarle más por la fuerza, más a la fuerza electoral que a un número fijo de listado nominal y ese número multiplicarlo, no por el 65 por ciento de la UMA, sino por el 50 por ciento de la UMA, sino por el 50 por ciento de la UMA.
Es una postura que ya está avalada y que ha producido ciertos resultados positivos y me parece que sería muy interesante poder explorarla en esta modificación, si ya estamos hablando de modificaciones constitucionales, entonces buscar una situación así y si no se hiciera una modificación constitucional, pues entonces ya nos iríamos más bien a una regulación, a una Ley de Partidos Políticos, pero pues va por ahí la respuesta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias por su respuesta, maestra. Ahora tiene la palabra el licenciado Daniel Díaz, para dar respuesta.
El ciudadano Daniel Díaz Cuevas: Gracias diputada. Abaratar o disminuir el costo electoral, creo que tiene ciertas complicaciones por lo que ya mencioné. Ese activo o ese riesgo latente de la delincuencia organizada que pueda permear el financiamiento de los partidos, de los candidatos, de las candidatas
Pero, remontémonos al 2018. ¿qué pasó en el 2018? Prácticamente México se instauró en un tema de bipartidismo, dos grandes coaliciones que pelearon y pugnaron por ganar la Presidencia. Esto disminuyó en gran medida un poco el costo o puede disminuir el costo electoral, entrar –como ya lo decíamos– Estados Unidos es un ejemplo de ello, muchos partidos y al final compiten dos, cosa que sucedió prácticamente en México y que se ha venido gestando, que se ha venido haciendo. Hoy nos encontramos igual con dos grandes coaliciones.
¿Qué podemos hacer? Como ya lo manifestaron, en México no podemos tener más de dos procesos electorales al año. Es decir, la propuesta es, dos procesos electorales por año, la intermedia cada tres años y una federal que es la Presidencia de la República, pero más allá de eso, tenemos que ver que modificar la ley, por ejemplo, de la revocación de mandato, la revocación de mandato se tiene que hacer o tiene que hacerse junto con una elección constitucional porque eso es abaratar también los costos. No lo que pasó con la revocación de mandado que se hizo en abril y posteriormente entramos a una elección, no.
Tenemos qué hacer que el artículo 35, en su fracción VIII y fracción IX coincidan con los procesos electorales federales. Con eso podemos empezar a abaratar o disminuir el costo, no abaratar porque lo barato sale caro, sino disminuir el costo electoral con estas propuestas.
Si vamos a disminuir el financiamiento a los partidos, pues tendríamos que vigilar los recursos con una fiscalización de manera exhaustiva, porque ahí nos vamos a encontrar con dos tipos de recursos, los ilícitos y los ilegales.
Los ilícitos ya hemos tenido experiencias donde empresas, incluso empresas paraestatales o personas morales ingresan dinero a los partidos políticos. Tenemos experiencias y hemos visto ejemplos, hay muchos, donde se incorporan empresas, incluso extranjeras, a campañas electorales.
¿Qué tenemos qué hacer? Mucho todavía tenemos que hacer en las discusiones. Nos falta qué vamos a hacer con los candidatos independientes. En la Ley General de Delitos Electorales no está contemplado el tema tal cual, en específico de los candidatos independientes y por eso es que hemos tenido problemas con el financiamiento que ellos generan y, bueno, para sancionarlos de manera penal.
Sí, por eso es importante este tema de ir juntos con el INE, pero también qué vamos a hacer con la revocación de mandato. La revocación de mandato también puede verse inmersa en un problema de financiamiento ilegal, qué vamos a hacer con ella si no lo tenemos sancionado en la propia Ley General en Materia de Derechos Electorales.
Y una pregunta que hago, como a fin de propuesta es: ¿qué vamos a hacer con los influencers? ¿Por qué lo digo? Porque creo que México ha avanzado mucho en una madurez democrática hacia la ciudadanía. El 2018 fue un despertar social y que nos permite pensar qué vamos a hacer con la veda electoral, que básicamente son los influencer.
Y con esto termino. Creo que tenemos que pugnar porque se quede fuera la veda electoral, los ciudadanos, los que van a votar ya saben por quién van a votar, desde un mes antes, desde mucho antes incluso y no tres días antes de la jornada electoral.
Y yo celebro, por último, celebro estos foros de parlamento abierto, porque esto me recuerda aquél seminario de Chapultepec, que se organizó en 1995 y que básicamente tres personas, tres consejeros, lo implementaron: José Agustín Ortiz Pinchetti, Santiago Creel y Jaime González Graff. Ese seminario de Chapultepec, haya en 1995 generó estas discusiones entre partidos políticos, académicos, y se generaron, resumieron todo, todo, ellos resumieron en 10 propuestas que fueron entregadas como una reforma electoral subsecuente o posterior a 1995.
Hoy estamos, pareciera que, pareciera que estamos en un seminario de Chapultepec. Estamos en un foro de parlamento abierto y las ideas, las exposiciones y las preocupaciones que nosotros tenemos, creo que tendrían que estar incluidas en la próxima reforma electoral. Gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias por participación.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Ahora le damos el uso de la palabra, a la maestra Alma Elena Sarayth de León, por favor. Tiene hasta cinco minutos.
La ciudadana Alma Elena Sarayth de León Cardona: Gracias. Gracias diputada, muy amable. El diputado Benjamín Robles Montoya es, digamos, propició una pregunta que parece menor, pero que yo encuentro que se desdobla en muchas aristas porque la democracia no son los partidos políticos, son, la democracia es un sistema de vida, tal como lo prevé la Constitución en el artículo 3o. Es decir, se desdobla y se presenta en múltiples facetas y los partidos políticos y el sistema electoral son solo una parte de esa democracia. Y, por lo tanto, pues es transversal pues. Y la democracia es de adentro hacia afuera y viceversa.
En ese sentido, si los partidos políticos hicieran suya la democracia como un sistema de vida interna, pues tampoco estaríamos aquí y habría, no habría lugar a un litigio estratégico, porque no habría necesidad de salir a ventilar, pues posibles trasgresiones a derechos político-electorales. Yo creo que sí, yo creo que sí la eliminación del financiamiento público puede repercutir benéficamente en, pues en el fortalecimiento propiamente de la democracia, porque actualmente hay muchos partidos, muchos militantes, que pues dirimen sus controversias y hacen valer el ejercicio de sus derechos políticos en tribunales electorales.
Eso refleja varias cosas. Una de ellas es que no están encontrando en su propia casa una defensa a sus propios derechos fundamentales, como ya lo expresó la maestra Mariana Tamez. Pero esa parte de la justicia partidaria pues no tendría una razón de ser, o no tendría porque el financiamiento público sostener burocracias partidistas que, no necesariamente reflejan los intereses de la militancia pues.
Yo diría también que es necesario hacer un estudio. Justamente le comentaba a Daniel, creo que no existen, no lo conozco al menos, que analice si el financiamiento público ha cumplido con esos fines establecidos en la Constitución y que se reflejen pues, en aspectos como abatir el abstencionismo electoral, fortalecer la participación democrática en las elecciones, particularmente, o elección con, elección tras elección, vemos una disminución de la participación. Ya no hay ese interés ciudadano por participar en las elecciones, salvo aquellas que tienen que ver con la Presidencia que generan mayor expectativa.
Otra forma de fortalecer esa democracia son los mecanismos de participación ciudadana, totalmente ausentes en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. No hay forma de regular o de sancionar aquellas trasgresiones a los mecanismos. En fin, yo creo que parte de este fortalecimiento de la democracia también tendría que ver con una ciudadanía activa, participativa, deliberativa, como en estos foros. Y el financiamiento público pues no desaparece por completo. O sea, el financiamiento para actividades específicas se mantiene, tal y como ya lo mencionó otro de los panelistas.
Es decir, todo esto redunda en un aspecto que no hemos considerado: la integridad electoral. Que implica, pues, muchos aspectos, entre ellos el sistema de partidos. Evidentemente un sistema robusto de fiscalización, porque el que tenemos funciona, pero hacen falta otros aspectos que hemos dejado de lado, particularmente como ya exponía, el flujo del dinero en las campañas políticas, en efectivo por supuesto.
Por lo que hace a la pregunta muy atinada de la diputada Susana Prieto, sí, así como hay un... somos parte de un sistema integral electoral, es decir y este se desdobla en autoridades jurisdiccionales, en autoridades administrativas y pues ahora en autoridades penales electorales. Y como tales, son un espejo que se replica en las 32 entidades federativas. Habrá que valorar, la propuesta no lo contempla, no contempla ni siquiera un aspecto de la materia penal electoral. Pero habrá que plantearse también si es necesaria una sola fiscalía nacional o que existan las 32 fiscalías, como ocurre actualmente.
Y déjenme precisar, porque también lo referí, no todas tienen el mismo diseño institucional. Hay unas que ni siquiera tienen el grado de fiscalías autónomas; otras que pertenecen a un aspecto de autonomía técnica y de gestión, como es el caso de la Ciudad de México; otras, como la Fiscalía de Nuevo León, que tienen un amplio margen de acción, porque tienen autonomía técnica, de gestión, presupuestaria, financiera, en fin, una capacidad operativa distinta.
Yo les puedo decir que la Fiscalía de la Ciudad de México no cuenta con recursos propios, no es una fiscalía prevista orgánicamente, sino que llega y se suma a una organicidad que arropó a esta nueva fiscalía. Entonces la capacidad operativa durante el proceso electoral del año pasado, pues bueno, tuvimos que echar mano de los recursos que ya tenía, apostándole a la buena fe y a la colaboración interinstitucional de la fiscalía, que desde luego fue recíproca y pudimos contar con Ministerios Públicos móviles, por ejemplo, para acudir.
Pero son Ministerios Públicos móviles que pertenecen al recurso propio de la Fiscalía General de Justicia, no de la Fiscalía Electoral, sólo por dar un ejemplo. Entonces habría que valorar también, como lo plantea ella, si estas fiscalías de las entidades también tendrían que necesariamente seguir una transición hacia una sola autoridad nacional.
Por lo que hace a los jueces penales electorales pues no existen. Ese era mi planteamiento fundamental: no hay jueces especializados en materia electoral, y son indispensables. Yo les ponía un ejemplo de mi experiencia personal, ahora que hemos judicializado los primeros asuntos en materia de delitos electorales, en los que desconocen su competencia, y además no conocen los conceptos ni el argot de la materia electoral propiamente dicha. Los delitos electorales tienen una alta conformación de elementos normativos.
Es decir, esa redacción de los delitos nos remite a otras legislaciones que no dominan los jueces electorales. Y que durante el tiempo que dura una audiencia inicial pues lo más que pueden hacer es decretar un receso de 15 minutos mientras estudia a ver de qué va eso, porque no lo comprenden. Para mí es francamente preocupante.
Y yo creo que no implica un gasto extraordinario. Me atrevería a proponer que podrían ser una figura similar a las salas regionales. Es decir, parte del Poder Judicial de las entidades, donde por ejemplo un juez de control de la Ciudad de México pueda llevar la atención de audiencias de Hidalgo, de Tlaxcala, no sé, un modelo similar, se me ocurre así de botepronto, un modelo similar a las salas regionales que ya existen como parte del Poder Judicial de la Federación, desde luego en la materia especializada electoral, básicamente. No sé si di respuestas, diputada. Muy amable.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias, maestra. Bueno, para dar respuesta a la pregunta de la diputada Susana Prieto, ya que la maestra Alma Elena ya dio respuesta, le pido por favor su participación a la maestra Mariana Tamés Espadas.
La ciudadana Mariana Tamés Espadas: Es la que respondí.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: ¿Ya la respondió? Bueno. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Si me permiten, quiero formularles una pregunta. Va dirigida a la maestra Alma Elena Sarayth de León, al contador público José Muñoz Gómez y a la maestra María Luisa Jiménez Poblano.
Mi pregunta es en el sentido de qué mecanismo puede ser el idóneo para comprobar aportaciones y gastos, así como reducir el flujo de efectivo durante las campañas electorales.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Por favor, maestra Alma Elena.
La ciudadana Alma Elena Sarayth de León Cardona: Una pregunta muy desafiante, cómo reducir el flujo de efectivo. Bueno, ni siquiera hay una aproximación para saber cuánto efectivo circula durante una campaña electoral, durante la movilización de la jornada electoral. Y algo muy importante, en fenómeno que al menos hemos notado o he percibido en algunas notas periodísticas, de las que dan cuenta de algunas denuncias que recibimos en la materia.
Ahora el voto se paga después de la jornada electoral, a través de un pequeño pagaré, no sé, un folio, y sucede después. Entonces, es muy difícil. Yo creo que el fortalecimiento del sistema de fiscalización podría ayudar mucho. Y un poco como expresó el maestro Daniel Díaz Cuevas, a través de superar este secreto bancario, perdón, de las fiscalías electorales. Porque actualmente es una facultad que tiene el Instituto Nacional Electoral.
Yo creo que sí requiere un estudio en sí mismo. Hace algún tiempo ya veíamos la evolución de la forma en que se fue diseñando el financiamiento público y en algún momento el costo de una campaña electoral era el referente y el costo de la campaña electoral establece la autoridad electoral con aproximaciones, a través de una regulación del mercado. Cuánto cuesta una lona, cuánto cuesta un flyer, cuánto cuesta un poste, cuánto cuesta un espectacular. En fin, creo que podría ser una aproximación.
Por eso considero que el financiamiento público planteado únicamente a campañas electorales es una opción viable. Eso obliga a que el financiamiento de las actividades ordinarias necesariamente recaiga en la militancia y en los simpatizantes, lo que no necesariamente deja a los partidos políticos en manos de lobos feroces, pues no. Para eso hay códigos de ética, para eso hay sanciones. Eso implicaría que estamos dando por hecho que quienes forman los partidos políticos, quienes dirigen los partidos políticos, quienes son postulados por partidos políticos son personas con una flexibilidad de valores bastante dudosa.
Entonces, no sé en manos de quién estaríamos si llegamos a esas afirmaciones. Es tanto como decir: si los emolumentos de los jueces son tan altos, es porque estamos garantizando que no caigan en la corrupción. Es un símil muy parecido, muy muy parecido. Muy muy parecido. Entonces, yo creo que no podríamos apostarle a garantizar con dinero la integridad de las personas. No sé si me aproximé un poco a una respuesta, diputada.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Sí, muchísimas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Tiene el uso de la palabra el contador público José Muñoz Gómez, para responder.
El ciudadano José Muñoz Gómez: Muchas gracias. También quisiera responder aquí a una consulta que había formulado la diputada Susana, respecto al uso de recursos y el porcentaje que se utiliza para gastos de campaña. Este monto es el que se ha ejercido durante 10 años y, efectivamente, durante esos 10 años es un porcentaje menor que el que se utiliza para las campañas políticas.
Aquí es importante lo que plantea la reforma que presentó el Ejecutivo federal, que es justo no eliminar el financiamiento público en su totalidad, sino que sí se otorgue el financiamiento público para las campañas políticas y no así para la vida ordinaria, que esta vida ordinaria es principalmente para gastos de operación, los gastos operativos.
Hablaba de si el recurso se utilizaba para factureras o alguna otra cuestión. Aquí me parece que el Instituto Nacional Electoral ha emitido diversas resoluciones de la fiscalización que se ha realizado a las campañas políticas y ha hecho algunas determinaciones, principalmente en gasto no reportado durante las campañas políticas y esto puede obedecer a diversas causas, toda vez que no se tiene identificado el origen de los recursos para poder realizar el gasto y esto va vinculado con la pregunta que formulaba en este momento respecto de las aportaciones de militantes y simpatizantes junto con cómo controlar el tema del efectivo y cómo evitar este tema de las factureras.
Bueno, miren, lo que yo considero es que debería de haber una coordinación más estrecha entre los órganos fiscalizadores, porque el tema de las factureras es una atribución del Servicio de Administración Tributaria y hay otros momentos a donde tiene que ver con uso de recursos públicos, que tiene que ver con la Auditoría Superior de la Federación.
La complicación que se tiene en la actualidad es que el INE tiene que salir más rápido con una determinación y la Auditoría Superior de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria y otros entes fiscalizadores salen en momentos distintos, emiten resoluciones de manera distinta. Fiscalizan una vez que concluye el ejercicio, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación y el INE tiene que salir con una determinación de las campañas en muy poco tiempo, en un tiempo muy corto.
Esto, ¿a qué nos lleva? A que debe de haber una relación estrecha. En la actualidad ya se comparte información entre la Unidad de Inteligencia Financiera para identificar los recursos que se utilizan en efectivo, se comparte información con el Servicio de Administración Tributaria y con diferentes órganos, sin embargo, las determinaciones se dan en momentos diferenciados.
Esto nos lleva a que debe de haber una relación estrecha para que cada órgano fiscalizador conforme a sus atribuciones determine lo conducente y así se pueda identificar cómo es que se hace, se da el uso de los recursos.
En cuanto si se utilizan recursos de fuentes ilícitas o no, la realidad es que los diferentes órganos tendrían que ser los determinantes para identificar si efectivamente se usó este recurso o no. Sería muy arriesgado plantear en este momento si se utilizan recursos de fuentes ilícitas o no. Eso habría que dejarlo en las manos de los que tienen la atribución para poderlo determinar. Lo cierto es que el planteamiento que se hace en esta reforma sí busca reencaminar de una mejor manera el presupuesto, el recurso que se otorga a las campañas y entramos en un tema ahí interesante, porque qué tanto es tantito. Le doy el 70/30, el 40/60.
Lo que sí me parece es que la fórmula a cómo está planteada ahora para la operación ordinaria y que se retoma para las campañas políticas es una fórmula que nos lleva a incentivar que los partidos políticos utilicen el recurso de manera adecuada, que sean eficaces, que sean eficientes en el recurso y se premia, en esta ocasión se premia a los partidos políticos que hacen mejor uso, porque al hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos pues se les otorga... ese 70% es justo para incentivar a aquellos partidos que hicieron uso de los recursos de manera eficaz y eficiente.
Ahora, lo que yo creo es que la norma no debería de buscar la manera de sancionar y la manera de llegar hasta una instancia fuerte, una instancia penal, sino desde el inicio, desde el uso de los recursos se debe ir motivando el correcto uso de estos recursos, de tal manera que no se busque, no sea una norma que busque sancionar per se, sino una norma que incentive que se cumpla con la normatividad y, desde luego, que habrá cosas que pudieran salir de esta norma, pero eso debe ser arropado por todos los órganos fiscalizadores con la finalidad de tener una fiscalización más adecuada, de que se verifique de mejor manera el uso de los recursos, incluso algo que hace el Instituto y que ocurre es que desde que los... y que debería de ser un poquito más fortalecido es que desde que los candidatos son postulados puedan pasar por un filtro, por una fiscalización de tal manera que permita que cuando se les otorgue el recurso haya más probabilidades de que este sea utilizado de manera adecuada.
Y ya al final, cuando se otorga el recurso, el recurso público se otorga a los partidos políticos y ya es parte de la vida interna de cada partido destinar un monto para tal o cual candidato en lo individual, que es otro de los planteamientos que hacía la diputada Susana.
Me parece que ahí pues ya sería un tema en caso de que se quisiera cuidar que los recursos se entreguen de manera adecuada ya a cada uno de los candidatos, pues sería un tema de la ley secundaria, ¿no? Es cuanto, en cuanto a los dos cuestionamientos que fueron formulados. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias por su participación, contador Muñoz.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Para cerrar el ciclo de respuestas, le damos la palabra a la maestra María Luisa Jiménez Poblano.
La ciudadana María Luisa Jiménez Poblano: Bueno, pues esta pregunta es bastante interesante, porque lo que decíamos, ¿no?, el tema de darle un financiamiento público a los partidos políticos va de la mano con un financiamiento privado.
Hoy por hoy la norma nos permite que los militantes y simpatizantes que quieren apoyar a las campañas políticas, pues tengan su participación con un flujo de efectivo y a su vez en especie. Son los dos rubros en los que se permite hacer este tipo de aportaciones y, en su caso, ya el propio tema fiscalizar tiene reglas para poder vigilar estos recursos que entran.
Sin duda, lo decíamos, la propia Constitución nos dice que el financiamiento público siempre será el que prevalezca con respecto al financiamiento privado. El financiamiento privado se vuelve un poco complicado, ¿por qué razón? Porque nosotros o los candidatos o los partidos políticos pues están inmersos en la vida política y en las reglas que se tienen que seguir.
Pero como lo decía la diputada, bueno, pues yo como cualquier ciudadano y decido participar, pues conozco las reglas de cómo voy a hacer mi campaña, pero todos aquellos que quieren participar conmigo y que quieren aportar, pues de alguna manera las desconocen y esto conlleva pues a incurrir en faltas, que como decíamos, tenemos que sancionar y tenemos que involucrarnos en decir que no estamos cumpliendo con estas normas.
Hoy por hoy el instituto en materia de fiscalización, pues puede atravesar el secreto bancario fiduciario. Entonces, pues el tema del financiamiento en efectivo está vigilado, tiene reglas por el propio INE, la propia fiscalización, donde dice que tenemos que conocer el origen de este recurso. Es decir, no puedo llegar y decir: ah, bueno, pues necesito, voy a aportarle 100 mil pesos. Y los agarré de dónde, no sé, porque entonces viene lo que estamos tratando de cuidar, que decíamos, esta reforma debe de cuidar que el recurso que llega a estas campañas realmente sea de forma lícita y entonces conlleva pues que tenemos que conocer el origen.
Hoy por hoy la autoridad fiscalizadora pues se preocupa por este tema, pero creo que sí tendríamos que reforzar todo esto, porque sin duda tendríamos que incentivar a toda la ciudadanía para saber que, si quiere participar con este financiamiento que le será permitido, pues habría que cumplir unas reglas.
Algo que también estaba señalado, es el tema de aportación en especie, que es lo que se da hoy en día en temas de las campañas. De repente yo voy a ser candidata y resulta ser que mi amigo, mi vecino, mi primo quiere aportarme, o lo que decíamos, la gente que está en redes sociales, que hoy es lo que está más activo en el tema de las campañas, pero pues hay que cumplir reglas que a veces desconocemos.
Obviamente este tipo de financiamientos nos va a conllevar a un reto mayor para los partidos políticos y de todos aquellos que quieran ser candidatos, porque no solo yo como candidato, no yo solo como partido político tengo que cumplir esas reglas, sino también tendrían que preocuparse y ocuparse de cómo voy a obtener ese recurso y obviamente cumplir con las reglas que nos está señalando la autoridad fiscalizadora, para no incurrir en tener recursos que no sean de forma lícita o que no tengan un origen que realmente pueda ser conocido por todos los involucrados en este proceso.
Sin duda todo este financiamiento sí tendría que ser regulado y tendríamos que con esta reforma pues apoyar el tema de reformar también el tema de la fiscalización, para tener unas reglas que a su vez puedan ser entendibles para la ciudadanía, porque sigo insistiendo, los partidos están involucrados en este mundo, pero todos aquellos que quieren participar y llegar con el recurso privado a una campaña, tiene que tener obviamente vigilancia, tiene que tener reglas y se tienen que cumplir por todos.
Entonces, es un reto muy grande que si voy a reformar en materia de cómo va a llegar el recurso, pues obviamente las reglas que tendrían que seguir para poder adquirir ese recurso, para poderse hacer llegar de ese recurso, de tal suerte que todos –como lo dije– siempre tengamos la misma oportunidad, todos y todas, con los recursos tanto públicos como privados para poder encaminar una campaña a buen puerto. Gracias.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Muchísimas gracias maestra.
La presidenta diputada Graciela Sánchez Ortiz: Pues como ya no tenemos más participaciones, cerramos el onceavo parlamento abierto con el tema de Financiamiento público a partidos políticos, quedando en esta mesa una reflexión muy importante, ¿es necesario transitar hacia un modelo diferente de financiamiento para los partidos políticos? ¿Es necesario seguir aportando del erario público muchísimo dinero para cada uno de los partidos o podemos transitar hacia una forma diferente de tener recursos para que no les cueste a los mexicanos tanto la democracia en México?
Queda esa reflexión, puntos a favor, puntos en contra, pero seremos nosotros los que tenemos esa responsabilidad de ver qué es lo más conviene a nuestro país, qué es lo que más conviene a la democracia de México.
Y a nombre de la Junta de Coordinación Política, de la Comisión de Reforma Política-Electoral, de la Comisión de Puntos Constitucionales, les agradezco a todos ustedes su asistencia y, sobre todo, a los ponentes su participación, su magnífica participación en pro de la democracia de nuestro país.
Muchísimas gracias y quedo atenta para cualquier otra situación, otra información que podamos compartir, otras opiniones. Este es un foro que no nos alcanza el tiempo, pero podemos seguir trabajando sobre diferentes propuestas. Muchísimas gracias a todos y les pido que le demos un fuerte aplauso a nuestros ponentes de hoy. Gracias
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