Bienvenida diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz
Intervenciones
De la ciudadana Catalina Pérez Correa
De la ciudadana Edna Jaime Treviño
Del ciudadano Ignacio Manjarrez Ayub
Del ciudadano Arturo Enrique Mendicuti Narro
Del ciudadano Manuel Cardona Zapata
Del ciudadano José Refugio Muñoz López
De la ciudadana Karla Michel Salas Ramírez
Del ciudadano Jorge Lara Rivera
Del ciudadano José Reynol Neyra González
De la diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez
Del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
De la diputada María de los Ángeles Huerta del Río
Del diputado Jacobo David Cheja Alfaro
De la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña
Del diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses
De la diputada Martha Angélica Tagle Martínez
De la diputada María Guadalupe Román Ávila
Del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez
De la diputada Irma Juan Carlos
Del diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero
De la ciudadana Catalina Pérez Correa
De la ciudadana Karla Michel Salas Ramírez
Del ciudadano Jorge Lara Rivera
Del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz
El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández: Muy buenas tardes. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión les dan la más cordial bienvenida a la mesa 9, La Seguridad y la Guardia Nacional, de las audiencias públicas para la Guardia Nacional.
El propósito de estas audiencias es enriquecer la discusión e intercambiar puntos de vista con los sectores involucrados y con el objetivo de que la ciudadanía conozca las diversas opiniones respecto a esta importante reforma a la Constitución Política.
En el presídium de esta mesa de trabajo nos distinguen con su presencia Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora del CIDE. Muchas gracias, profesora Catalina. Agradecemos también la presencia de Edna Jaime, de México Evalúa. Muchas gracias, Edna. De Arturo Mendicuti Narro, vicepresidente de seguridad de Concanaco Servytur. Muchas gracias, don Arturo.
También agradecemos la presencia de Raúl Zepeda Gil, quien es profesor de la FES Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, profesor. De Jorge Lara, quien es investigador. Muchas gracias, don Jorge. Y en un momento más se incorporarán con nosotros Manuel Cardona, de la Antad y José Refugio Muñoz López, de la Concamin.
Asimismo, agradecemos la presencia y participación de diputadas, senadoras, diputados y senadores de esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, servidores públicos de los gobiernos estatales, del gobierno federal, representantes de la sociedad civil y en general del público invitado a estas audiencias.
Para moderar la mesa 9, La Seguridad y la Guardia Nacional, dejamos en el uso de la palabra al diputado Iván Pérez Negrón. Por favor, diputado.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias. Muy buena tarde. Como siempre, agradeciendo la presencia de las y los señores legisladores, de manera muy especial muchas gracias, señor senador y a todas y cada uno de los especialistas que nos acompañan para seguirle dando cauce a este ejercicio que sin duda, al igual que en las mesas anteriores, nos permitirá construir acuerdos sobre la base de la responsabilidad, sobre la base de la apertura, de la pluralidad, del entendimiento y sobre todo en esa idea plena que tiene esta soberanía de que el resultado sea el mejor en beneficio de México.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Para iniciar con la mesa que se ha denominado Seguridad y Guardia Nacional, pediríamos a la diputada María del Pilar Ortega Martínez leer la semblanza de nuestra primera participante, Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE. Si es tan amable, diputada.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, diputado. También darles la bienvenida a todos los participantes a esta última audiencia, y me permito dar lectura a la semblanza de nuestra invitada, Catalina Pérez Correa.
Ella cuenta con una licenciatura en derecho, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Maestría en derecho, por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, California. Además, doctorado en derecho, por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford.
La doctora cuenta con el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, es profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos, y colaboradora del Programa de Política de Drogas del CIDE. Estudia el sistema penal y penitenciario de México desde una perspectiva sociológica y antropológica.
Actualmente es coordinadora del Colectivo de Estudio de Drogas y Derecho, que reúne a un grupo de investigadores de nueve países. Bienvenida.
La ciudadana Catalina Pérez Correa: Buenas tardes. Quisiera comenzar por agradecer este espacio de diálogo. Es indispensable que una propuesta como la que hoy nos ocupa permita escuchar todas las voces. Al final, la legitimidad no solo se conforma de votos, sino también de procesos participativos.
Quiero usar este espacio para hacer algunas preguntas a los legisladores que están. La primera, ¿qué objetivo buscan con la creación de la Guardia Nacional? Si no entendemos claramente cuál es el objetivo de crear la Guardia, ¿cómo vamos a medir posteriormente los resultados?
Si la Guardia es una herramienta para contener la violencia, como se expresó varias veces en la mesa anterior, les quiero decir que no va a funcionar. Ayer lo dijeron varios ponentes en este mismo foro, 12 años de probar la estrategia de despliegue federal han arrojado suficiente evidencia para decir que no sirve para contener la violencia. En todo caso, los resultados que tenemos y que hemos estudiado estos últimos 12 años muestran que especialmente cuando el despliegue es militar aumenta la violencia.
No funciona, porque está basado en una lógica de ocupación que no permite a los ciudadanos y a los gobiernos locales hacerse cargo de la seguridad, y no existe modelo de seguridad duradero que funcione sin la participación ciudadana y que pueda ser impuesto desde afuera.
En algunos casos mientras el Ejército ocupa la plaza disminuye la violencia, pero el efecto siempre es de corto plazo. Al momento del retiro empeora la seguridad, porque lo que sí había en términos de estructuras de seguridad pública son desplazados. Porque, por ejemplo, los recursos locales se fueron para el pago de los operativos. Lo que queda entonces es un vacío aún mayor de lo que ya existía.
Antes de trastocar la Constitución, como se pretende con esta propuesta, para hacer permanente esta estrategia necesitamos entender cómo va a afectar a las instituciones de seguridad pública locales esta iniciativa.
¿Proponen ustedes dejar desplegados de forma permanente a los jóvenes que integran a la Guardia Nacional? ¿Qué efecto va a tener eso en sus comunidades?
En otros casos la presencia federal simplemente aumenta la violencia. Esto es especialmente el caso cuando hacen tareas de patrullaje que no tienen objetivos claros, que van más allá de la prevención general del delito. Estos patrullajes, como muestran los datos, resultan en enfrentamientos armados que también aumentan la violencia.
La militarización de la seguridad pública ha llevado también a la militarización y al crecimiento de la capacidad de armamento de las organizaciones criminales. Es una escalada de violencia y por eso no funciona.
No es culpa de los militares, es cierto, como se decía en la mesa anterior, sino de los civiles que han insistido y que hoy nuevamente insisten en la estrategia que no funciona y que la evidencia muestra que no funciona.
Pensar que la creación de la Guardia Nacional va a resolver la crisis de violencia es un error y la evidencia lo demuestra.
Si en cambio, el objetivo de la Guardia Nacional es dotar de facultades temporales a los militares para que puedan seguir en las calles, como también se dijo en la mesa anterior, la creación de la Guardia Nacional tampoco es la vía. El artículo 29 de la Constitución provee la posibilidad de declarar estados de emergencia, cuando por distintas razones no se puede cumplir con lo establecido en la misma. No es cierto que no hay alternativas y que la única opción es entregar esta facultad a los militares.
Regulen el artículo 29 constitucional. Fortalezcamos a las policías dotando entre otras cosas todas esas prestaciones que hace rato se presumían que se darán a los integrantes de la nueva Guardia Nacional.
No respondan a esta emergencia estableciendo en nuestra Constitución que el Ejército estará encargado de la prevención, de la investigación de los delitos y de la persecución de los mismos.
Esta propuesta además, como está planteada, no es temporal y ese es el tema de por qué está la propuesta de la Guardia Nacional aun en la mesa.
Es un avance sin duda que se haya anunciado esta mañana que el mando de la Guardia será civil. Pero aún si el mando es civil, la disciplina militar, el entrenamiento militar, el armamento militar no son adecuados para hacer frente a los problemas de seguridad pública. Ni con los cursos de derechos humanos será adecuado que los militares, porque esos son aunque les digan a ustedes policías militares, se hagan cargo del robo a transeúntes, del robo a casa habitación, de las agresiones sexuales, o de la violencia doméstica.
El Ejército no es ni debe ser policía. Los múltiples casos de violaciones a los derechos humanos y de ejecuciones lo demuestran y, en todo caso, si no hay controles externos de la actuación, los cursos de capacitación que se presumieron hace rato no sirven, tiene que haber fuertes controles externos sobre la actuación de este nuevo cuerpo o de cualquier cuerpo de seguridad.
Las Fuerzas Armadas son instancias de seguridad nacional, las normas que las rigen son de seguridad nacional. Esa es la razón que dan para no hacer público el gasto de su presupuesto y también para no hacer público el número de civiles que han muerto o que han sido heridos a manos del Ejército en los últimos cinco años. Cinco años llevamos sin saber cuántos civiles han muerto a manos del Ejército.
Hace rato decía el secretario, más o menos 700 el año pasado. Pues no sabemos, porque la información es resguardada. Y, ¿qué creen? Los civiles no investigan esas muertes, porque sistemáticamente toman por bueno la afirmación de que murieron delincuentes que hicieron agresiones y se omite investigar, y ahí se van los falsos positivos, como fueron Jorge y Javier, cuya historia se presentó ayer en este mismo recinto, en el documental de Hasta los Dientes.
Entonces, vamos a tener a policías entrenados como militares, que respondan a militares y que no estén obligados a criterios de transparencia y rendición de cuentas ni siquiera cuando se trata de reportar la vida de los mexicanos, ¿es esa la propuesta que ustedes están poniendo sobre la mesa?
No es honrar a las Fuerzas Armadas darles un marco normativo para que se conviertan en algo que no son. No es tampoco honrar a su figura como legisladores aprobar algo que representa tantos riesgos ni hacerlo mucho menos en un periodo extraordinario con la prisa que aparentemente tenemos por aprobar y llevar a cabo esta propuesta.
Yo les pido, como mexicana, como mamá, como experta en estos temas, que no reformen la Constitución de esta forma, que no aprueben este dictamen. Muchas gracias por su tiempo.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Le pediríamos al señor senador Miguel Ángel Mancera, pudiese ser tan amable de presentar a nuestra siguiente ponente Edna Jaime, en su intervención hasta por diez minutos.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Con mucho gusto, diputado. Edna Jaime es politóloga por el ITAM, es fundadora y directora general de México Evalúa, columnista del periódico Financiero, ha sido directora del Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC. Cuenta con más de 25 años de experiencia en investigación aplicada en temas diversos de política pública y más de 10 en la dirección de Think Tanks. En su trayectoria ha dirigido y colaborado en más de 30 obras que han tenido impacto en las decisiones de política pública en todo el país. En 2011 fue galardonada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, con el reconocimiento al Mérito Profesional por su trayectoria en organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias por su participación.
La ciudadana Edna Jaime Treviño: Muchas gracias, legislador. Y bueno, muchas gracias, señoras y señores legisladores, por esta invitación para intercambiar ideas, argumentos y propuestas.
Y antes de comenzar, quiero decirles a Catalina Pérez Correa, que coincido plenamente con ella. Suscribo cada palabra que has dicho. México Evalúa es un centro de pensamiento independiente apartidista y en este 2019 cumplimos ya 10 años de generación de análisis y recomendaciones con un solo propósito: mejorar las políticas públicas para que México alcance sus objetivos de desarrollo y este tiempo llevamos pensando en el tema de la seguridad y de la violencia, no somos unos improvisados.
Quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre la iniciativa para crear la Guardia Nacional, pero antes de comenzar quisiera dejar tres puntos muy claros. Primero, la militarización de la seguridad pública no resuelve de fondo el problema que vive México, lo hemos dicho, sin importar el partido en el poder, fuimos críticos de la militarización con Calderón, con Peña Nieto y ahora lo somos con López Obrador. No es cuestión de partidos o personas, sino de evidencia y resultados.
Segundo. En México Evalúa estamos convencidos de que la solución al problema de la inseguridad pasa por la formación de instituciones de seguridad, civiles, sólidas y confiables.
Y tercero. Creemos firmemente en la necesidad de escuchar, de considerar a los ciudadanos y a las autoridades a nivel local. La seguridad se construye desde lo local, con la intervención de muchos actores.
Porque quiero decirles que México no solamente tiene un problema de violencia e inseguridad, que se pueda resolver con una sola estrategia, tiene muchos problemas.
Y el Estado mexicano no tiene un solo instrumento, tiene varios instrumentos. Y con la propuesta de Guardia Nacional está privilegiando solo uno: el reactivo, el punitivo, cuando tiene muchos otros. El Estado mexicano tiene muchos otros recursos para resolver la violencia.
Por eso creemos que se requieren múltiples estrategias locales para atender las necesidades de cada región, estado, municipio y zona.
El dictamen que pretende aprobar la Guardia Nacional representa elevar a rango constitucional la militarización de la seguridad pública y en nuestra opinión esto tiene grandes riesgos.
Permítanme hablar solamente de cuatro: el primero es que esto profundizaría el deterioro institucional.
Piensen simplemente en lo que aprobaron hace unos días, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Esto sí es un juego de suma cero, lo que le dieron a la Guardia Nacional se lo quitaron al fortalecimiento de instituciones civiles en estados, en municipios.
El problema de fondo tiene que ver con nuestro marco de gobernanza en materia de seguridad. No hemos acabado de encontrar las maneras de hacer corresponsables a los distintos ámbitos de gobierno.
Ese tema de gobernanza está en el corazón de nuestro problema de inseguridad y de violencia. Y la militarización y la propuesta de Guardia Nacional, déjenme decirles que lo va a profundizar.
En los dos sexenios anteriores, las intervenciones federales no lograron mejorar las condiciones en que operan las policías locales, por el contrario, se generó una dinámica en donde el papel de la federación terminó desplazando la responsabilidad en la seguridad de las entidades hacia la federación.
Con ello, los estados con crisis de inseguridad no tenían que aportar soluciones o intervenir en el desarrollo policial o institucional, solo bastaba solicitar o aceptar la intervención de las fuerzas federales para mostrarle a la ciudadanía que estaban reaccionando.
Lo menciono de nuevo, con esto la responsabilidad se desplazaba hacia la federación dejando sin tocar las condiciones de debilidad institucional que hacían posible la aparición de las crisis.
El planteamiento de la Guardia Nacional reproducirá estas dinámicas y continuará fomentando la cadena de incentivos que han hecho mella a las instituciones de seguridad del país porque no están incluyendo mecanismos bien diseñados para poder revertir los incentivos perversos y generar corresponsabilidad entre los niveles de gobierno.
Tanto el Plan de Paz y Seguridad presentado por el presidente como la primera versión del dictamen no incluyeron referencia alguna sobre el fortalecimiento de las instancias policiales locales y se dejó al lado cualquier mención sobre los lineamientos de desarrollo policial incluidos en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En la versión dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales se incluyó el sexto transitorio que no es más que un parche, no hay otra forma de llamarlo, que busca cubrir la omisión. Sin hacer mención alguna al marco legal actual se ordena la creación de un programa de reestructuración orgánica y funcional, así como del fortalecimiento de las capacidades de las instituciones civiles de seguridad pública.
Y mi pregunta es si esto se ajustará a lo establecido actualmente por la ley en la materia o se trata de un programa nuevo que demandará otro marco normativo.
Supongamos, sin conceder, que el programa de reestructuración y fortalecimiento estará apegado a la actual legislación, ¿cómo se trabajará para cambiar el actual sistema de incentivos que evitan que las entidades cumplan con sus obligaciones? El dictamen no ofrece una respuesta clara a este problema.
El séptimo transitorio del dictamen, en lugar de buscar cambiar esta estructura de incentivos solo plantea un mecanismo de castigo para estados y municipios. Los gobiernos que no avancen en el desarrollo policial les serán descontados los costos de la Guardia Nacional de las participaciones federales que reciben en materia de seguridad pública.
Como está planteado en el dictamen, este mecanismo se quedaría fuera del marco legal actual y sin evaluaciones transparentes. Es decir, terminará siendo un mecanismo discrecional del gobierno federal y paralelo a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y yo creo que este es un riesgo para la institucionalidad del país.
Si bien el actual sistema de coordinación no ha logrado que las entidades y los municipios avances de manera más clara y homogénea en el desarrollo de las capacidades institucionales, eso no implica que la corresponsabilidad como objetivo se tenga que abandonar. Por el contrario, es uno de los objetivos que se tienen que alcanzar para tener una solución estable, de largo plazo y basada en lo local.
La segunda preocupación son retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas. El dictamen no señala mecanismos para que la Guardia Nacional transparente el uso de sus recursos, los criterios de selección de las regiones en las que intervendrá y los resultados obtenidos.
El único mecanismo de rendición de cuentas establecido en la propuesta consiste en presentar al Congreso de la Unión una evaluación integral de desempeño de la Guardia Nacional al tercer año de su operación. Pero, ¿qué instancia realizará esa evaluación? ¿La metodología será pública? ¿Por qué esperar hasta el tercer año y no empezar desde el primero? ¿Habrá consecuencias en caso de que los resultados no le sean favorables?
La iniciativa no establece nada sobre mecanismos de monitoreo periódicos ni de supervisión ciudadana y de auditorías fiscales. Tampoco menciona cuál será el plazo durante el cual la Guardia Nacional permanecerá en el territorio nacional ni cuenta con un programa de retiro paulatino de los militares.
También hay que decir que desde la aprobación de la Ley Federal de Transparencia 2002 las reservas de información, por razones de seguridad nacional, son frecuentes de parte de las Fuerzas Armadas.
¿Qué nos asegura que la Guardia Nacional no reservará información con este mismo argumento? No es fácil crear un cuerpo transparente de seguridad dentro de instituciones tradicionalmente herméticas.
Tres. Es fundamental señalar la importancia de la protección a los derechos humanos y el riesgo de que la Guardia Nacional los violente.
Uno de los principales errores en la argumentación a favor de la Guardia Nacional es pensar que si el cuerpo militar está bajo mando civil los derechos humanos serán respetados. También se asegura que la disciplina militar evitará el abuso y esto no es así.
De acuerdo con el Inegi, la Encuesta de Población en Reclusión, 88 por ciento de las personas arrestadas por la Marina y 86 por ciento de las arrestadas por el Ejército señalaron haber sufrido al menos un tipo de tortura o malos tratos.
Lo que es muy claro es que falta mucho trabajo para desarrollar controles eficaces, así como mecanismos de capacitación, monitoreo, fiscalización y rendición de cuentas para las Fuerzas Armadas. Darles más atribuciones y cruzar los dedos para que no abusen de ellas es, en el mejor de los casos, un riesgo inaceptable.
El cuarto. Que la gran ausente en todo esto sea la justicia. Hasta ahora la discusión ha omitido el tema de procuración e implementación de justicia fundamental para combatir la inseguridad.
Y aquí quiero preguntarles, señoras y señores legisladores, si en 10 años de implementación del nuevo sistema de justicia penal no se ha logrado capacitar al 100 por ciento a los policías, ¿por qué se asume que la capacitación de la Guardia Nacional será diferente, mejor y en menor tiempo si todavía no hay ningún detalle sobre la forma como se capacitarán?
La Guardia Nacional sería auxiliar del Ministerio Público federal y también estaría involucrada en la persecución de delitos del fuero común. Esto generará una tensión con los requerimientos del nuevo sistema de justicia. La falta de capacitación puede seguir generando arrestos malhechos, violación de derechos que luego, al caer en juzgados, resultarían inefectivos, lo que mantendría y empeoraría los niveles de impunidad.
Señores y señoras legisladoras, la urgencia no tiene que obligarnos a tomar decisiones contraproducentes. Hay que pensar en soluciones de largo plazo que consoliden las capacidades institucionales de este país. Yo digo: hay que crear Estado y eso implica instituciones civiles, confiables, legítimas.
En México Evalúa queremos que el gobierno federal cumpla su promesa a la sociedad y pacifique a nuestro país. Todos los mexicanos de bien estamos unidos en esa aspiración anhelo. Todos queremos esa transformación para México, en lo que diferimos es en la vía para lograrlo, pero es una diferencia que podemos convertir en fortaleza a través del diálogo franco y el intercambio de ideas.
Espero que lo que se ha escuchado en estas audiencias sea verdaderamente valorado e incorporado en sus reflexiones y en sus decisiones, son profundamente trascendentales.
Por eso solicitamos respetuosamente a este Poder Legislativo que escuchen a la sociedad civil, a la academia, para alcanzar esta meta con soluciones que gocen del consenso más amplio y que construyan instituciones fuertes, con visión de largo plazo.
Y quiero decirles, ya no tengo tiempo para presentarlo, pero que presento ante ustedes una alternativa para su consideración, consta de 10 puntos centrales que implica fortalecer la vía civil. Estábamos en ese camino, no puedo decir que habíamos resuelto el problema, pero estábamos en ese camino, no lo abandonemos.
Señoras y señores legisladores, pues esta es la propuesta que queremos poner a su consideración y estamos convencidos de que, a través de un diálogo entre el Poder Legislativo, la sociedad civil, podemos encontrar soluciones distintas al añejo problema de la inseguridad. Como ustedes queremos lo mejor para México, muchas gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias. Y aprovecho esta oportunidad para saludar y darle la más cordial de las bienvenidas a los ponentes que se acaban de incorporar a la mesa, Manuel Cardona, José Refugio Muñoz López, a Karla Michel, a José Reynol Neyra González, a Ignacio Manjarrez Ayub y a las y a los señores legisladores que también se han incorporado a esta mesa de Seguridad y Guardia Nacional.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Le pediríamos a la diputada Verónica Juárez, pudiese presentar a Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex, para su intervención hasta por 10 minutos. Rogando que pudiésemos encuadrarnos dentro del tiempo, a efecto de poder hacer fluido después ya el diálogo o intercambio de opiniones, con las y los señores legisladores. Adelante, diputada.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Gracias. Bienvenidas todas y todos. Comento la trayectoria que tiene Ignacio Manjarrez Ayub. Él es egresado de ingeniería electrónica de la Universidad de Texas, en El Paso, Texas. Se ha desempeñado como presidente de la Coparmex de la Ciudad de Chihuahua, en donde presidió la Comisión de Seguridad. Es fundador y operador ejecutivo del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal en 2005 y fue jefe de Telecomunicaciones de la dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Además, ha sido presidente del Club Líbanes de Chihuahua, AC. Bienvenido.
El ciudadano Ignacio Manjarrez Ayub: Muchísimas gracias, diputada. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, señoras y señores diputados. Si me permiten voy a dar lectura a este escrito que traemos, inclusive que vamos a dejar en manos de ustedes.
Nuestro país lleva lamentablemente más de una década experimentando un crecimiento sin precedentes en los niveles de violencia y delincuencia, afecta gravemente y de manera horizontal a cada uno de los factores del desarrollo de nuestro país.
En el aspecto social, las consecuencias sobre la inseguridad se ven reflejadas en el bienestar de las personas, lo que afecta de manera significativa el desarrollo económico de nuestra sociedad, incluyendo el sector económico.
Nuestro país necesita más que nunca sinergias, estrategias, compromisos serios y una visión integral de Estado, donde todos los sectores sean escuchados y partícipes de acciones y responsabilidades conjuntas.
En Coparmex se ha comprometido desde hace varios años a desarrollar acciones y generar condiciones con actores privados y públicos, a fin de inhibir existentes amenazas que desmejoren el entorno social de la ciudadanía. Esto ha implicado levantar la voz e impulsar la participación propia de ajenos y en la definición de estrategias en temas de seguridad y justicia.
Aplaudimos la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, crucial en las tareas del ámbito para el Estado Mexicano, sin embargo, esta nueva dependencia debe ser independiente, contar con una estructura adecuada para atender sus prerrogativas, fines de mejora y brindar seguridad ciudadana.
Nuestra posición en el tema del combate a la delincuencia siempre ha sido pugnar por un marco jurídico adecuado que regule de manera clara la intervención del Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada de manera estructurada y que a la vez exista un fortalecimiento de las agrupaciones policiacas tanto estatales como municipales, coordinadas con un esquema que permita una actuación eficaz.
En el posicionamiento ante la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública, siempre hemos señalado que debe ser con apego a los derechos humanos y de forma temporal, por lo que la regulación debe establecer sus mecanismos legales que determinen en cada caso concreto cuándo y cómo debe intervenir. Así fue nuestra posición en la Ley de Seguridad Interior.
Pero ante el nuevo objetivo de la creación de una Guardia Nacional que se está proponiendo, es indispensable considerar un esquema que también contemple otros aspectos que me voy a permitir delinear en los siguientes minutos.
Coparmex ha pugnado por un régimen, una estructura y una administración necesaria para desarrollar acciones dirigidas a dignificar el papel de los cuerpos policiacos en nuestro país como primeros eslabones dentro de un sistema de seguridad. En ello recae la cercanía con la población y la respuesta expedita a las necesidades de un ambiente libre de violencia y comisión de los delitos, pues se trata de los sujetos responsables de resguardar la vida y el patrimonio de la sociedad.
Por lo tanto, los esfuerzos conjuntos deben ser encaminados a crear una identidad y un compromiso en los elementos hacia una función, ofreciéndoles oportunidades laborales dignas con oportunidad y crecimiento dentro de la corporación, salarios y beneficios sociales acordes a la responsabilidad que les permita vivir con dignidad y que no los haga vulnerables a los actos de corrupción.
Ello nos lleva también a mencionar que la creación de una Guardia Nacional no puede dejar de lado la indispensable tarea de fortalecer a las policías en el ámbito federal, estatal y municipal en estos aspectos.
En este tenor, se propone también seguir acreditando la participación ciudadana para generar un vínculo de confianza entre la población y las corporaciones policiales que se ha visto afectada por acciones de corrupción, extorsión, mal manejo de recursos y la falta de respuesta en la prevención de los delitos.
De debe lograr que las corporaciones policiacas integren a sus mecanismos de coordinación respeto absoluto en los derechos humanos en sus intervenciones, así como la aplicación de políticas de equidad de género que redunden en una estrategia de seguridad eficaz y eficiencia con la instauración de un defensor de derechos humanos en las policías. Esto debe ser aplicable incluso en un beneficio de quienes conformen la Guardia Nacional.
Hoy se nos presenta la oportunidad de revisar errores. La Guardia Nacional debe depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como tener plena coordinación con el ámbito estatal y municipal, respetando en todo momento el Pacto Nacional.
La creación de una Guardia Nacional, tal como está planeada hoy en día, no soluciona los problemas delincuenciales que laceran a la sociedad y lo cierto es que tampoco existe evidencia de que las Fuerzas Armadas tengan las herramientas legales y técnicas para mejorar el fenómeno de la delincuencia ordinaria.
La función de la Guardia Nacional debe de ir acompañada de otros elementos que no se están considerando como es: el fortalecimiento al sistema penal acusatorio, que tuvo su inicio y su aplicación en el año del 2016 y que requiere de la permanente evaluación, seguimiento y mejora, y nadie lo está haciendo, por lo que insistimos que debe de crearse una instancia nacional para ello.
De igual forma es necesario fortalecer el uso de tecnologías mediante la creación y estandarización de formatos electrónicos de las etapas del proceso penal que permitan homologar la actuación de los operadores de justicia, en especial de los policías, el uso de brazaletes en las medidas cautelares y su seguimiento, la conformación de botones de pánico georreferenciados como medida de protección a las víctimas y el uso de tecnologías de videovigilancia permanente en ciudades y carreteras donde se ubican las zonas de mayor conflicto delincuencial.
Un aspecto medular para tener un cambio de paradigmas, será la generación de insumos como diagnósticos criminales que permitan su transformación e información de inteligencia en bases de datos técnicos para el desarrollo de estrategias con objeto y acción a favor de la reducción de la incidencia delictiva, a fin de tomar decisiones de manera eficiente.
Las nuevas directrices de la política criminal deben generar mecanismos de intercambio de información interinstitucional y transexenal, transversal, que permitan compartirla a nivel nacional, así como que las instituciones tengan conocimiento homologado a fin de descifrar y utilizar la información bajo parámetros y criterios similares de manera estandarizada.
En Coparmex estamos convencidos de que los programas de prevención son un pilar fundamental para la construcción de la paz, y de una sociedad responsable e informada. Por ello estos programas deben ser estructurados de manera transversal y también transexenal, basados en políticas públicas que generen un tejido social saludable para el desarrollo social y la economía de México.
Además, seguimos convencidos de que es necesario contar con una legislación actualizada para la seguridad privada, a fin de que la prestación de estos servicios se norme de forma clara, señalando la competencia regulatoria de cada una de los tres órdenes de gobierno, y para que tenga el sector tanto los usuarios como los consumidores de este servicio, un servicio estandarizado.
Por ello en febrero del año pasado después de un arduo trabajo de consenso para lograr un proyecto, nos sumamos a los impulsos de la propuesta de la Ley General de Seguridad Privada y en la honorable Cámara de Senadores, la cual una vez dictaminada y votada se remitió en el mes de abril del año pasado a la Cámara de Diputados con la finalidad de continuar con el proceso legislativo, por lo que en este foro solicitamos a la honorable Cámara de Diputados, dictamine dicha minuta a la brevedad posible.
No puede haber duda que la seguridad privada es aliada y coadyuvante de la seguridad pública.
Finalmente, de crearse los consensos necesarios para construir una Guardia Nacional bajo parámetros que se han esbozado, consideramos los siguientes irreductibles para esta nueva figura.
1. Naturaleza civil, no militar, bajo un mando civil.
2. Dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
3. Es necesario acotar las facultades en la materia de delincuencia organizada.
4. Una facultad a cargo del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que reglamente y supervise los siguientes aspectos clave de conformación y fortalecimiento, las corporaciones policiales en el país, reclutamiento, formación inicial y continua de todos las corporaciones del país con base en estándares técnicos, así como perfiles de agentes, conformación, delimitación de actuar dentro del marco del desarrollo, profesionalización, capacitación de los cuerpos policiales.
5. Establecimiento con claridad de las atribuciones de la federación, estados y municipios en materia y combate a la delincuencia y seguridad pública.
6. Es importante que se determine la creación de una academia nacional de policías.
7. La base para el estándar, un nuevo régimen laboral de seguridad social para el personal de las instancias de seguridad y protección de la justicia.
8. Y, por último, pero no menos importante, la creación de un Consejo Nacional de Evaluación con la participación activa ciudadana con voz y voto en las políticas y acción en materia de seguridad para la construcción de paz.
Por todo ello, conforme a lo que aquí expreso, nos permitimos entregarle señoras y señores legisladores, un documento en el que precisamos varios aspectos técnicos que entendemos, son fundamentales para modificar el dictamen constitucional a fin de que pueda adecuarse y recoger diversas inquietudes que tenemos sobre las funciones y actuar de la Guardia Nacional.
En Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, estamos convencidos de la importancia de ser parte de la solución, para ello es necesario crear las condiciones para que la ciudadanía cuente con instituciones sólidas que puedan protegerla, pero desde este momento manifestamos nuestra intención y voluntad de seguir aportando en los diferentes momentos en la elaboración de las leyes secundarias que de esta reforma constitucional se generen.
Demandamos al Ejecutivo y al Congreso de la Unión den prioridad al rediseño institucional para fortalecer la seguridad en el país, así como un Estado de derecho que nos permita una convivencia sana, pero sobre todo la paz, con instituciones apegadas a principios de derechos humanos. Muchísimas gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias a don Ignacio Manjarrez. Le damos también la bienvenida al señor senador Dante Delgado y a los demás diputados que se han incorporado.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Y le pediríamos al diputado Sergio Gutiérrez Luna, pudiera hacer la presentación de nuestro siguiente ponente, Arturo Mendicuti Narro. Haciendo nuevamente el llamado respetuoso para mantenernos dentro de los 10 minutos, y así hacer mucho más ágil el trabajo de la mesa. Muchas gracias. Adelante, diputado.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Arturo Enrique Mendicuti Narro, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Justicia Penal y Seguridad Pública, por la Universidad Humanitas. Doctorante en Política Criminal por el Centro Jurídico Universitario, Ceju. Catedrático de Investigación para la Seguridad en la licenciatura de Inteligencia Estratégica, Fundamentos de la Investigación Científica y Criminológica Contemporánea y del seminario de Seguridad Nacional, maestría de Seguridad Pública y Justicia Penal en la Universidad Humanitas. Adelante licenciado Arturo Enrique Mendicuti.
El ciudadano Arturo Enrique Mendicuti Narro: Muchas gracias, muy buenas tardes. Señoras y señores legisladores, integrantes del Congreso de la Unión, señoras y señores.
Agradezco en nombre de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, Concanaco Servytur, la oportunidad de expresar algunas consideraciones respecto de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que se está deliberando en el Poder Legislativo federal.
Concanaco Servytur está cumpliendo 100 años de existencia de haber sido constituida. Está integradas por 255 cámaras de comercio, servicios y turismo, que están agrupadas en federaciones de cámaras estatales, mediante las cuales representamos a más de 725 mil empresas afiliadas situadas en todo el territorio nacional, siendo generadores de millones de empleos. Agrupamos a grandes, medianas y pequeñas empresas, representando estas últimas la gran mayoría.
La grave crisis de seguridad pública y los alarmantes índices de violencia que han azolado a nuestro país afecta a todos los mexicanos, desde luego, y a todas las actividades. Las incontables víctimas del delito han sufrido a manos de la delincuencia organizada y de la común, indescriptibles sufrimientos y pérdidas. El sector de la economía terciario, es decir el comercio, los servicios y el turismo, también.
Reconocemos y apreciamos en todo lo que vale el trabajo y muchas veces el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, quienes han hecho frente al flagelo del crimen organizado durante muchos años. Sin embargo, el esfuerzo institucional ha demostrado no ser suficiente y las fortalezas de las instituciones de seguridad pública, estatales y municipales se ven constantemente confrontadas y en muchas ocasiones rebasadas por grupos delincuenciales con extrema violencia y poder de fuego, que las supera o bien cuando no han sido ya desafortunadamente infiltradas y/o cooptadas.
El desafío que impone esta realidad incontrastable amerita sin duda una respuesta articulada y contundente del Estado mexicano en su conjunto, es por ello que saludamos el interés y la propuesta del gobierno de México y del Poder Legislativo para articular una política pública que resuelva, si no de manera definitiva pero en camino a esa solución, la delicada y grave situación por la que atraviesa el país en todo el territorio nacional, mediante la creación de una Guardia Nacional que reúna los esfuerzos institucionales con la integración de las policías Militar, Naval y Federal, y que regule desde el texto constitucional su definición, creación, conformación, capacitación, límites de actuación y la necesaria vinculación social que deberá sostener mediante la participación ciudadana, en la difícil tarea de cuidar, proteger y servir a los mexicanos y a los bienes estratégicos de nuestra nación.
La definición de si la nueva institución que se propone será de carácter civil o militar parece ser que hoy ha sido dilucidada por nuestro señor presidente. Representa sin duda un tema de la mayor importancia, consideramos, sin embargo, que el aporte de la disciplina militar y su conformación resultan fundamentales, importantes, pero por otra parte es cierto que existe la tradición civilista de las instituciones de seguridad pública contemplada en nuestra Carta Magna, temas que deben ser resueltos fuera de toda duda, estableciendo con precisión si el cuerpo d
Es decir, si será de carácter civil o si tendrá otro tipo de conformación institucional. Es decir, si llegara a ser una entidad con un carácter híbrido, es decir, con una composición con parte de la filosofía y de la disciplina y estructura militar, y con el mando y organización civil. Eso es un tema que debe de quedar claro plenamente.
Muchos empresarios han sido y siguen siendo víctimas en muchas regiones de la delincuencia organizada, es cierto, mediante la comisión de diversas actividades delictivas del fuero federal. Sin embargo, la gran mayoría de los delitos sufridos son del orden común, por lo que resulta indispensable depurar, consolidar y fortalecer a las policías estatales y municipales. Sin ellas sería imposible tan siquiera pretender el obtener éxito en estos trabajos, así como dicha capacitación debe abarcar desde luego al Ministerio Público, a todas las procuradurías y, en general, a todo el sistema de seguridad y justicia penal.
Considerando que en aquellos casos en que las instituciones de seguridad pública locales y municipales que no tengan la fortaleza institucional para encargarse de la seguridad pública a que se refiere el artículo Séptimo transitorio del dictamen de la iniciativa de reformas en comento, permite suponer que en dichas jurisdicciones las tareas de seguridad pública estarán entonces a cargo de la Guardia Nacional y, si ese fuera el caso, por ende deberán actuar en las áreas de competencia de las autoridades locales y municipales de referencia, debiendo intervenir además en materia de delitos del fuero común, del orden común y de infracciones de carácter administrativo. Circunstancia que sería pertinente aclarar en la legislación, a efecto de evitar una multiplicidad de interpretaciones, que seguramente la academia y la autoridad jurisdiccional realizarán.
Por otra parte, en materia de seguridad privada, el dictamen de la iniciativa establece como facultad y obligación del presidente el reglamentar a través de la dependencia del ramo de la seguridad a los cuerpos de seguridad privada que sean debidamente autorizados por la federación, de conformidad con la ley respectiva. Así dice la propuesta de reforma.
Al respecto, cabe señalar que las empresas de seguridad privada se encuentran en la actualidad sobrerreguladas, debido a que se les exige cumplir con disposiciones de carácter federal, con disposiciones de carácter local y, en ocasiones, con disposiciones de carácter municipal, dando como resultado la aplicación de normas y disposiciones dispares y eventualmente contradictorias. Por lo que resultaría pertinente aclarar desde el texto constitucional. Esta es una gran oportunidad para regular de a deveras a los cuerpos de seguridad privada en todo el país, incluyéndolo en el texto constitucional, para resolver de plano a qué jurisdicción y competencia corresponde la reglamentación de la misma, y podremos resolver verdaderamente un problema nacional, que el día de hoy tiende a ahogar las capacidades de las autoridades encargadas de su regulación y supervisión.
Por otro lado, resulta que de la lectura del dictamen en comento se podría inferir que la Guardia Nacional no es considerada como una institución de seguridad pública. No lo dice tal cual, pero se podría inferir. Debido a que en el penúltimo párrafo del artículo 21 del dictamen pareciera que la Guardia Nacional no es una institución de seguridad pública, al señalar que –y hago la cita textual–: En el ámbito de su competencia deberá coordinarse en el desempeño de sus funciones con las instituciones de seguridad púbica. Es decir, la Guardia Nacional deberá coordinarse con las instituciones de seguridad pública. No dice el texto deberá coordinarse con las otras instituciones de seguridad pública, sino con las instituciones. Por lo tanto, no la incluye como tal. Termina la cita.
Si dicha interpretación es correcta, entonces con el fin de mantener la congruencia de la reforma y para dar cabida a la participación de la comunidad en relación a la Guardia Nacional, pareciera pertinente resolver el tema incorporando en el texto del propio artículo 21, que se refiere a las bases mínimas del sistema nacional de seguridad pública, es decir en el propio 21, en donde habla de las bases mínimas del sistema, en su inciso d) dice, establece textualmente que se determinará la participación de la comunidad, que coadyuvará entre otros en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.
Bastaría tal vez con agregar un texto que simplemente dijera: Y de la Guardia Nacional. Lo que permitiría la necesaria vinculación y participación social, ya regulada en la legislación correspondiente. Es decir, si el día de hoy, en virtud del propio artículo 21 de la Constitución, en su inciso d), establece que la participación de la comunidad coadyuvará en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. Bastaría con agregar que también coadyuvará en estas mismas tareas respecto de la Guardia Nacional y con eso incluimos este tema de la vinculación necesaria sociedad-Guardia Nacional.
Termino ya, señor diputado, muy amable. La Guardia Nacional, de aprobarse, debe convertirse en una institución competente y eficiente, que desempeñe las tareas que le son encomendadas. Sin embargo, no se agota este esfuerzo con su creación y desempeño, se requiere del fortalecimiento de las capacidades y depuración de las policías estatales y municipales.
Que las demás autoridades de los tres órdenes de gobierno y por qué no, también de los demás Poderes de la Unión, desempeñen sus tareas con compromiso y eficacia.
Requerimos de una procuración y de una administración de justicia que abata los altos índices de impunidad que nos ahogan. Que el sistema de reinserción social ahora sí cumpla reinsertando a los procesados, a los sentenciados en la sociedad.
Que las tareas de prevención social del delito y la violencia se desarrollen a plenitud. Que por favor el Poder Legislativo le otorgue a esta área los recursos suficientes para poder desarrollar las tareas de prevención del delito, que no hace mucho tiempo le fueron recortados o de plano retirados. Que las acciones contra la corrupción sean efectivas.
Que el nuevo proceso penal acusatorio opere eficientemente, para lo cual sin duda se requiere de la mejor capacitación de nuestros policías y se apruebe la reforma constitucional y de aprobarse la reforma constitucional, también de los integrantes de la Guardia Nacional, que eventualmente fungirán como primer respondiente y deberán contar con los conocimientos necesarios en materias complejas, delicadas, como son la preservación del lugar de los hechos, eficiente cadena de custodia, e imaginemos a este nuevo Guardia Nacional sentado en un juicio penal declarando frente al Ministerio Público y frente a los abogados y siendo la parte fundamental, la parte clave de poder fincar la responsabilidad penal.
Señoras y señores legisladores, no podemos dejar nuestro porvenir en manos de la delincuencia y al albedrío de los violentos. Un país con buenas leyes, autoridades eficientes y democráticas que las hagan cumplir y un pueblo respetuoso de la ley, es el México que todos deseamos para todos.
El porvenir debemos construirlo juntos día a día. Los empresarios del comercio, los servicios y el turismo estamos comprometidos a acompañar todos los esfuerzos para alcanzar estas metas, las deseamos. El pueblo está ávido de confiar en las instituciones, nosotros confiamos en que ustedes, los legisladores de México, tomen las mejores decisiones.
Señoras y señores agradezco infinitamente la bondad de su atención. Gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, don Arturo. Saludamos también la incorporación a la mesa, del diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Y le pediríamos, de manera muy atenta, al diputado Rubén Moreira Valdez pudiese presentar a nuestro siguiente ponente, a don Manuel Cardona, adelante, diputado.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias. Don Manuel Cardona Zapata, es licenciado en derecho, con diplomado en derecho corporativo por la Universidad Iberoamericana. En su experiencia laboral ha participado en despachos de carácter privado, con la especialidad en derecho corporativo, inversión extranjera y comercio exterior. En la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, AC, ANTAD, ocupa la Dirección de Relaciones con Gobierno. Bienvenido don Manuel.
El ciudadano Manuel Cardona Zapata: Gracias. Buenas tardes, señoras y señores legisladores. Nosotros celebramos cualquier esfuerzo que vaya encaminado a garantizar, a promover y a procurar la seguridad en nuestro país.
Nos permitimos traer algunas láminas, porque más allá de entrar a un detalle de la doctrina de la teoría, queremos compartir casos reales que en este sector hemos tenido en relación a la seguridad y más cuando va emparejada al esfuerzo de un Poder Ejecutivo, léase federal, léase estatal con las Fuerzas Armadas, con policías estatales y policías municipales.
Me da gusto ver al senador Miguel Ángel Mancera, con quien tuvimos oportunidad cuando él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, que llevara a la práctica cuestiones reales que los resultados para nuestro sector, para la ciudadanía fueron positivos cuando hubo una coordinación objetiva entre un poder local con un gobierno federal, con las Fuerzas Armadas y cuando fue necesario, con los mismos municipios.
Si adelantamos un poquito, digo, nada más para poner en contexto, la ANTAD representa todas las tiendas de autoservicio departamentales de México, esta información es importante, obviamente se queda aquí. Ahí viene un listado de las tiendas de autoservicio, la que sigue son las departamentales, son cadenas nacionales, regionales y estatales. La que sigue es una mezcla de las tiendas especializadas, que son varios formatos. La que sigue, por favor.
Bueno, en ANTAD hay 55 mil puntos de venta, generamos más de 900 mil empleos directos. Son 106 cadenas que todos los días reciben 23 millones de clientes. Adelante, por favor.
Representamos el 3.9 del PIB, ahí dice 3.7, estamos por actualizar todas estas cifras y bueno, el gran problema de nosotros es el comercio informal, los últimos datos oficiales es que ese 12 por ciento es al menos 25 por ciento.
La siguiente, por favor. Y es aquí en las ventas al menudeo, nada más nuestro sector representa el 51 por ciento de las ventas al menudeo. Pero ya aquí está entrando un poquito más en materia, la que sigue, por favor.
Esta es una radiografía de las incidencias delictivas, insisto, no son robos de fardero, ahí vienen los 17 tipos de incidencias delictivas que en nuestro sector suceden: amenazas de bomba, asaltos, asaltos violentos, secuestros, extorsiones, demás.
En el año 2016, porque esta es la lámina del cierre, presentada en 2017, fueron más de 90 mil incidencias delictivas. La que sigue, por favor.
Y este es un comparativo de 2016 contra 2017, en donde vemos un incremento de 25 por ciento. La que sigue, por favor.
En cuanto al cierre ya del 2018, la tendencia se mantiene. Adelante, por favor. Y bueno, las incidencias delictivas, donde más se repiten en el formato de tiendas de nosotros son los asaltos violentos y particularmente el 84 por ciento de esta problemática se centra o concentra en ciertos tipos de formatos de conveniencia o tiendas ubicadas en zonas populares, en donde bueno, quizá la necesidad o la situación social de la comunidad en esos lugares, con lo fácil que es entrar a unas tiendas de conveniencia, acentúan el problema de la inseguridad. La siguiente, por favor. Un poquito adelante.
Y esta es una radiografía en cuanto a robo de transporte. Obviamente, las cifras de nuestro sector no tienen nada qué ver con las de Canacar, que adelante lo va a mencionar, porque ellos realmente su negocio es andar por las carreteras y nosotros es nada más suplir algunas necesidades que ellos no cubren. La que sigue, por favor.
Bueno, en cuanto al tema ya propiamente de seguridad. En un trabajo conjunto con el gobierno, con las autoridades, sin esa colaboración difícilmente puede ser resuelto.
En ANTAD tenemos 35 grupos de trabajo a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal para atender la problemática de la seguridad.
Esto es una copia y es un reflejo que se logró implementar en el estado de México y en la Ciudad de México, insisto, uno de ellos con el liderazgo del entonces gobernador Eruviel Ávila y el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en donde la autoridad quitó un poco el celo de ser una autoridad local. Olvidó un poco el dónde era la jurisdicción federal, dónde era la jurisdicción del estado y se decidió implementar mesas de trabajo en donde estaba presente Policía Federal, Ejército, cuando fue necesario la Marina y hubo una coordinación de primera línea y los resultados ahí están.
Si nos pasamos a la siguiente, por favor. La que sigue, estos son los comités regionales que existen.
Si se recordarán, en el año 2017 sufrimos algo que fue novedoso para nosotros, una serie de saqueos en diferentes lugares, en diferentes estados en donde, más allá del daño y del perjuicio que sufríamos como sector, lo que más preocupaba era el deterioro de la sociedad, en donde la gente con niños, con mujeres, con ancianos salían a las tiendas, salían a las calles a generar un problema de seguridad mayor.
Las pérdidas en ese entonces fueron más de 2 mil millones de pesos para nosotros, 61 tiendas afectadas y los actos vandálicos llegaron no solo a llevarse la mercancía sino inclusive los cables, el equipo, el mobiliario, todo lo que existía en las tiendas.
–La que sigue, la siguiente, por favor–. A partir de esa experiencia los eventos que empezaron a suscitarse a un año de distancia de este evento pudimos ver logros positivos por una coordinación decidida entre el gobierno federal, entre el gobierno estatal y el gobierno municipal.
Curiosamente nos dimos cuenta que la mayoría de los mandos a nivel federal, al nivel estatal, muchos de los comisionados estatales de seguridad son miembros del Ejército o de la Marina que están comisionados a realizar estas funciones. Pero lo más sorprendente es que cuando es un mando civil el que está operando y está arropado por gente del Ejército la disciplina cambia totalmente adentro de las corporaciones.
Entonces, para nosotros fue grato ver como un mando militar, que pudiera estar jugando una posición de secretario de seguridad de una entidad o un secretario de seguridad civil, arropado por la policía federal, por el Ejército con la coordinación, insisto, de gobernadores, del jefe de gobierno que hoy es senador, a quien saludo en este momento, era impresionante cómo el celo o cómo el protagonismo se hacía a un lado y había una coordinación absolutamente virtuosa para nosotros.
Un caso más –si nos adelantamos uno, la siguiente lámina, por favor– es cuando existen desastres naturales o fenómenos meteorológicos en donde, una vez que pasa el desastre natural comienza el segundo desastre, como siempre lo hemos nosotros llamado, en donde la gente, en su desesperación, se desborda a buscar el subsanar las necesidades primordiales y esto los ha llevado a llegar a las tiendas, a saquear las tiendas.
Y cuando hemos recurrido al apoyo de Policía Federal, del Ejército, de la Marina, la misma sociedad cuando ve presentes en las tiendas a estas personas cambia totalmente el chip. Es una reacción absolutamente distinta de respeto, de acompañamiento.
Entonces, para nosotros el que hoy se esté discutiendo un tema de Guardia Nacional nos obliga simplemente a no entrar a la discusión de fondo, para eso hay expertos, para eso hay gente que tiene mayores conocimientos. Pero sí a compartir los casos de éxito en donde cuando la autoridad del Poder Ejecutivo civil se coordina con el gobierno federal, se coordina con Fuerzas Armadas, se coordina con policía estatal, se coordina con policía municipal, los casos de éxito son muchísimo mayores que las áreas de oportunidad que se puedan generar.
Esto es lo que queremos compartir. Agradecemos mucho, respetamos también la decisión que se vaya a hacer y creo que este es un ejemplo que puede quizás hacernos pensar las cosas que han funcionado para bien, tomarlas y copiarlas. Y las cosas que quizás puedan ser mejoradas, siempre habrá tiempo para ello.
Pero todo esfuerzo, insisto, que vaya enfocado a mejorar la seguridad de este país debemos aplaudirlo, debemos celebrarlo y debemos acompañarlo todos. Muchísimas gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, don Manuel. Y aprovecho también para dar la bienvenida al diputado Javier Salinas, también moderador de esta Mesa de Seguridad y Guardia Nacional.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Le pediríamos a la diputada María de los Ángeles Huerta poder presentar a José Refugio Muñoz López, de la Concamin. Adelante, diputada.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Sí, el maestro José Refugio Muñoz es presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito, de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Concamin, y es integrante de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial.
Además, es vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, y secretario general del Consejo Mexicano del Transporte. Vicepresidente también de la Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial de la International Chamber of Commerce, ICC México y vicepresidente de Servicios Logísticos Terrestres del Consejo Mexicano de Energía. Bienvenido, maestro. Lo escuchamos.
El ciudadano José Refugio Muñoz López: Muchas gracias. Buenas tardes distinguidas y distinguidos, legisladoras y legisladores, señoras y señores. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Concamin, por mi conducto agradece la invitación para participar en estas mesas de consulta, mismas que tienen la finalidad de enriquecer la discusión e intercambiar puntos de vista con los sectores involucrados, respecto de esta nueva estrategia de gobierno para hacer frente a la inseguridad que actualmente presenta el país.
Soy portador de la voz de miles de víctimas que demandan una estrategia efectiva que nos permita revertir la tendencia alcista de los índices de violencia e inseguridad en nuestro país y recuperar en el corto plazo la tranquilidad tan necesaria para aspirar a mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos.
Con el permiso de ustedes, en esta ocasión expondré la posición de uno de los sectores considerados como estratégicos y prioritarios para la economía nacional, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de nuestra Constitución a efecto de crear la Guardia Nacional.
El autotransporte de carga contribuye con el 3.2 por ciento del PIB, movilice el 81 por ciento de todo lo que los mexicanos producimos y consumimos y de él dependen directa e indirectamente alrededor de 6 millones de familias.
En los últimos años la situación de inseguridad que afecta al transporte de carga ha empeorado, agudizándose principalmente a partir del año 2015. Tal contexto ha vulnerado la prestación de este servicio con afectaciones, no solo para este sector, sino para la economía en su conjunto.
Un estudio del despacho Consultores Internacionales, SC, denominado Agenda Estratégica ante el impacto de la inseguridad en el sector del autotransporte de carga, de mayo de 2018, señala que el robo al autotransporte en los últimos ocho años tuvo un incremento del 123 por ciento, lo más grave es que los niveles de violencia también han aumentado sustancialmente en alrededor de un 145 por ciento.
La siguiente, por favor. Esta situación, además de afectar la competitividad en nuestro país, genera costos, que lejos de agregar valor a nuestra economía, jalan el PIB a la baja. El mismo estudio concluye que tan solo en 2017, el robo al autotransporte de carga generó un costo-país de 92 mil 500 millones de pesos, esto representa alrededor del 0.5 por ciento del PIB.
La siguiente, por favor. Para atender esta problemática, desde luego la medicina, aunque amarga, cuando la enfermedad es grave, tenemos que aguantarla. Para atender esta problemática hemos avanzado en el marco jurídico, desde febrero de 2018 el delito de robo al autotransporte de carga es competencia del fuero federal, sin embargo, esta medida ha sido insuficiente en lo que se refiere a la impartición y procuración de justicia, y menos aún en contrarrestar dicha conducta delictiva.
Por ello, nos pronunciamos también a favor de que este delito sea considerado grave y se imponga a quien lo cometa, como medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa. Aprovecho la ocasión también, para pedir a esta soberanía que se apruebe en sus términos, la minuta enviada por el Senado que reforma el artículo 19 constitucional, para ampliar el catálogo de delitos graves en donde en la minuta se incluye como delito grave, el robo al autotransporte.
Los derechos humanos de los delincuentes no deben estar por encima de los derechos humanos de las víctimas. Los más de seis millones de familias que dependen de esta actividad, los derechos humanos de esos seis millones de familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad, se los habrán de reconocer.
La siguiente por favor. En este contexto, se inscribe el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-224 presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, plan integral que contempla un conjunto de ocho líneas de acción.
Una de ellas es el plan de seguridad pública que tiene como objetivo repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas. Este último apartado incluye la creación de la Guardia Nacional como un instrumento primordial del Ejecutivo federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia en todo el país.
La creación de la Guardia Nacional es una propuesta que, por supuesto compartimos, por ello nos manifestamos a favor de la iniciativa de reforma constitucional. Los niveles de inseguridad que vivimos requieren de un sistema que integre y coordine a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas y los municipios, así como las demás autoridades de la federación que correspondan. En ese gran sistema la Guardia Nacional deberá desempeñar un papel fundamental.
La siguiente por favor. Adicionalmente consideramos que las disposiciones reglamentarias que se deriven de esta reforma constitucional sean materia también de la realización de foros de consulta y análisis en donde participen el Poder Legislativo, los gobiernos, federal y estatales, expertos en la materia, académicos, cámaras y organizaciones de la sociedad civil.
Que en las coordinaciones generales regionales se integren representantes de cámaras, organizaciones y asociaciones industriales y de servicios que se encuentren afectadas por la delincuencia que se presente en dicha región, a fin de implementar acciones coordinadas para prevenir y disminuir la misma.
Crear dentro de la Guardia Nacional un grupo especializado que atienda el robo al transporte en sus diferentes modalidades como actualmente existe en la División Regional de la Policía Federal, que lleve a cabo acciones de prevención y persecución del delito con protocolos específicos sin dejar de lado las labores de verificación y vigilancia en el cumplimiento de la normatividad que tiene que ver con la seguridad vial y la salvaguarda de los usuarios de las carreteras federales, que desde nuestro punto de vista tiene que continuar en dicha corporación a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Establecer como política pública un programa nacional de seguridad en carreteras con un ente que coordine las acciones de todas las instituciones de seguridad pública de la federación, estados y municipios con pleno respeto a su ámbito de competencia, permitiendo la coadyuvancia como son las cámaras, organizaciones del sector para la atención de este ilícito.
Finalmente, no debo dejar pasar la oportunidad para transmitir un amplio y profundo reconocimiento y agradecimiento a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Al Ejército y a La Marina, de manera muy especial a nuestra Policía Federal, actores indispensables en esta estrategia integral para recuperar la paz y tranquilidad.
Amigos y amigas, dejemos de ser un país de víctimas y todos juntos transformemos a México en una nación donde predomine la sana convivencia entre todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Le pediríamos al diputado Jacobo Cheja Alfaro, nos pudiera hacer favor de presentar a nuestra siguiente ponente, a Karla Michel, si es tan amable. Adelante, diputado.
El diputado Jacobo Cheja Alfaro: Con mucho gusto. La licenciada Karla Michel Salas Ramírez, es abogada feminista y defensora de los derechos humanos. Expresidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y especialista en Justicia Constitucional y Sistema Penal Acusatorio. En el uso de la voz Karla Miches Salas Ramírez. Bienvenida.
La ciudadana Karla Michel Salas Ramírez: Gracias. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación, especialmente a la diputada Beatriz Rojas. Esta intervención la construyo desde mi experiencia como abogada, como feminista, como defensora de derechos humanos de las mujeres, ya que desde hace más de 15 años he brindado acompañamiento y representación legal a mujeres y niñas que han sido víctimas tanto de la violencia común como de la violencia cometida por la delincuencia organizada, pero también por la violencia cometida por parte del Estado.
Con base en esta experiencia expondré tres aspectos que considero deberían de tomarse en cuenta al aprobarse este dictamen.
Antes de entrar de lleno, quiero reiterar lo que han señalado mis compañeras y compañeros de las organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa de la Guardia Nacional se presenta en un contexto donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Nacional y de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado Espinoza contra México.
Ambos tribunales, tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana han reiterado en sus decisiones que las Fuerzas Armadas sólo pueden intervenir en conflictos armados, y cuando actúen en labores de seguridad pública, su participación debe de ser limitada al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad.
Lo anterior ha sido señalado no como un mero capricho, sino porque entre otros aspectos han considerado estos dos tribunales que el entrenamiento que reciben las fuerzas militares, va dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, un entrenamiento que es propio de la policía.
Es decir, no importa que se cambie el uniforme o el nombre, el entrenamiento seguirá siendo de derrotar al enemigo. Con ello únicamente se estará capacitando a más civiles para que actúen como militares en esta guerra absurda que hemos vivido y padecimos los últimos 12 años.
Hoy en la mañana durante las audiencias con los secretarios de la Defensa, la Marina, el secretario de Seguridad, la mayor parte de las intervenciones fueron para agradecer y alabar la labor tanto del Ejército como de la Marina. Sin embargo, no podemos olvidar que las Fuerzas Armadas, la Marina, la Policía Federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales, han cometido la mayoría de las violaciones más recientes a los derechos humanos.
Así dan cuenta las propias recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero también las propias sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se ha condenado al Estado mexicano.
No debemos de olvidar a Inés Hernández, a Valentina Rosendo, a las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual en el operativo realizado en San Salvador Atenco, además de Rosendo Radilla, a los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, así como tampoco a Rocío Nitza Paola y José Ángel Alvarado.
Ojo, nótese que la gran mayoría de las víctimas de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad por las que México ha recibido sentencias por parte de la Corte Interamericana, son mujeres.
Ahora bien, en cuanto a los tres aspectos que deben de tomarse en cuenta, considero para que la perspectiva de género no solamente sea enunciativa, sino que realmente sea incorporada al dictamen, hay tres aspectos que voy a mencionar:
El primero de ellos se refiere a la relación de las desapariciones de niñas y mujeres con las acciones policiaco militares de combate a la delincuencia y a la necesidad de incorporar mecanismos de control.
En esa primera lamina que a continuación voy a explicar, una investigación realizada por la doctora Julia Monarrez y la maestra Sofía Carbajal, ambas del Colegio de la Frontera Norte, y a quienes agradezco la generosidad de proporcionarme la información para esta intervención, han identificado que a partir de los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y una base de datos de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, que a partir del 2006 hay un incremento exponencial de casos de mujeres desaparecidas, año en el que se dio comienzo a la guerra contra el narcotráfico, año también en el que se decidió un despliegue masivo de las fuerzas militares y navales a distintas partes del país para ejercer labores de seguridad pública.
En el año 2006, el Registro de Mujeres Desaparecidas a nivel nacional ascendía a 38, pero para el 2010 este número había crecido hasta alcanzar la cifra de 483, es decir, en tan sólo cuatro años, las desapariciones de mujeres se incrementaron en mil 271 por ciento alcanzando este punto más alto a partir de la crisis del 2016 cuando se registraron mil 839 mujeres y niñas desaparecidas en todo el país, es decir, hay un incremento del 4 mil 839 por ciento.
Ahora bien, el incremento específicamente en los países de estados fronterizos, si pueden cambiar la lámina por favor, donde la presencia militar y federal se asentó mayormente, es de 3 mil 208 mujeres desaparecidas, lo cual representa el 27 por ciento del total de las desapariciones a nivel nacional. Es decir, en seis estados se agrupa casi un tercio de las mujeres desparecidas en todo el país.
La interpretación de ambas cifras, tanto del aumento de los datos a nivel nacional como a nivel regional, tiene una relación directa con la implementación de una estrategia de seguridad sustentada en la participación de las instituciones castrenses en labores de seguridad pública.
Con ello no estoy diciendo que las fuerzas militares sean las responsables directas de las desapariciones, sino que con la presencia de ellas y con la estrategia del uso de acción directa de la fuerza y de la confrontación, han redundado directamente en un incremento alarmante de los casos de desapariciones de niñas y mujeres a nivel nacional.
Pero en particular, en las entidades donde se han implementado masivamente estas estrategias de seguridad.
Ante la relación directa que hay entre el registro estadísticamente entre la presencia de los operativos policíacos militares y el despliegue de las Fuerzas Armadas, haciendo labores de seguridad pública y el incremento de las desapariciones de mujeres y niñas, resulta fundamental establecer mecanismos de supervisión sobre la actuación de las fuerzas que integrarán la Guardia Nacional, particularmente en relación a su comportamiento frente a las mujeres y las niñas, integrando medidas de control, sanción y remoción ante cualquier acto que se relacione con violencia de género.
Medidas de atención y prevención en los impactos sociales, en especial en los impactos hacia las niñas y mujeres, en las regiones donde se pretende desplegar los elementos de la Guardia Nacional para mitigar y evitar que su presencia detone mayor incremento de casos de violencia de género y de las desapariciones tal y como ha ocurrido en los últimos 12 años.
El segundo aspecto que se refiere, se refiere a la necesidad de una reforma al artículo 21 constitucional para ampliar el reconocimiento contencioso de la Corte Penal Internacional.
En el año 2000, México firmó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional previo a su ratificación por el Senado. Se realizó una modificación al artículo 21 constitucional para quedar como sigue, –se abren comillas–, “El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”. Cierro comillas.
Con esta reforma se estableció un candado político y administrativo que se forma con la expresión, con la aprobación del Senado en cada caso. El senado de la República, en materia de política exterior, de acuerdo a nuestra propia Constitución, tiene la facultad de analizar la política exterior y ratificar los tratados internacionales.
No tiene por qué, el Senado de la República, decidir si la Corte Penal Internacional puede conocer de un determinado caso, eso es extralimitar la función tanto del Senado como del Ejecutivo federal, por lo que esta facultad, tanto del Ejecutivo como del Senado, constituye una reserva encubierta debido a que modifica el alcance de la competencia de la Corte Penal Internacional. Por ello, es fundamental eliminar esta porción normativa del artículo 21 constitucional.
Con lo anterior, se podría fortalecer el esquema de complementariedad jurídica de nuestro país y fortalecer el aspecto de protección de los derechos humanos.
Finalmente, quiero abordar el tema de la violencia sexual cometida por elementos militares y navales realizando labores de seguridad pública. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado en varias de sus recomendaciones, en los años recientes, la práctica recurrente de actos de violencia sexual y tortura sexual que son cometidas por elementos castrenses y por la Marina cuando participan en labores de seguridad y en operativos conjuntos.
Hay varias recomendaciones que así lo refieren, la recomendación 29/2018 que señala que fueron torturadas y agredidas sexualmente 17 personas por cuando menos 32 elementos de la Marina. La recomendación 09/2018 también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, documentó otro caso de una mujer que fue torturada sexualmente por 14 elementos del Ejército y por la Policía Federal, esto ocurrido en San Luis Potosí.
Y podríamos seguir con la lista. El mismo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló el día de ayer que el 70 por ciento de las recomendaciones que ha emitido este organismo, han estado dirigidas a Sedena y a Semar.
Sin embargo, en estas recomendaciones no se logra evidenciar un elemento fundamental que ha permitido la repetición de este tipo de crímenes y la falta de sanción a los responsables, y me refiero al tema de la cadena de mando o a la línea de mando.
Resulta preocupante que al integrar a elementos de la Marina y de la Sedena a las filas de la Guardia Nacional, ambos grupos en activo, se sigan manteniendo sujetos al régimen militar, pues de conformidad con uno de los transitorios del dictamen todas y todos los que sean reasignados a la Guardia Nacional mantendrán su escalafón, antigüedad, prestaciones y en lo que en la práctica representa seguirán siendo parte de las fuerzas militares. Es decir, sobre ellos se seguirá manteniendo la cadena de mando militar sin importar que su titularidad recaiga sobre un mando civil.
Por ejemplo, nos preocupa en gran manera la redacción actual del artículo 14 de la Ley de Disciplina del Ejército y las Fuerzas Armadas Mexicanas. Artículo 14 señala: Queda estrictamente prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya un delito. El militar que las expida y el subalterno que las cumpla serán responsables conforme al Código Militar.
No podemos avanzar en la construcción de una Guardia Nacional integrada por elementos de la Marina y del Ejército, sin establecer claramente la responsabilidad y los alcances de la cadena de mando de dichos elementos, los alcances de la responsabilidad de los mandos operativos sobre los actos delictivos que cometan los elementos de la tropa. En especial aquellos actos relacionados con violencia contra las mujeres, especialmente violencia sexual.
Por ello, resulta indispensable que se integre en el dictamen, así como en las legislaciones secundarias, la responsabilidad de la cadena de mando en este tipo de casos y en cualquier otro caso que involucre violaciones a los derechos humanos.
Quiero señalar que, si con esta iniciativa lo que se busca a partir de la creación de la Guardia Nacional, es la paz, debo decir que nunca en la historia de este país o en la historia de América Latina la presencia militar o policial ha significado o se ha traducido para las mujeres, en paz. Muchas gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias a la licenciada Michel.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Le pediríamos al diputado Javier Salinas fuese tan amable de presentar a Raúl Zepeda Gil, si ese tan amable. Adelante, señor diputado.
El diputado Javier Salinas Narváez: Gracias, diputado Iván Raúl Zepeda Gil es licenciado en ciencias políticas y administración pública, politólogo por el Colegio de México. Raúl Zepeda es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y editor de política en la Revista Paradigmas.
Tiene maestría en ciencia política por el Centro de Estudios Internacionales, diplomado Liderazgos progresistas para la democracia. Es investigador B de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República. A quien le damos el uso de la palabra.
El ciudadano Raúl Zepeda Gil: Muchas gracias, diputado. Creo que no les llegó mi resumen actualizado. Ya no soy investigador del Instituto Belisario Domínguez, no me vayan a acusar de que estoy usurpando, pero sigo siendo profesor de la FES Acatlán. Entonces agradezco mucho a los honorables integrantes de este Congreso la oportunidad, en especial a la Junta de Coordinación Política.
De mi perspectiva académica sobre la creación de la Guardia Nacional, desde mi trabajo académico en materia de violencia social con crimen organizado he notado una serie de temas relevantes sobre cuerpos armados del Estado, que creo importante es considerar a la hora de legislar.
Aunque efectivamente los temas de mando y la coordinación e incorporaciones son importantes, hay otros relacionados al uso de la fuerza de parte de los cuerpos armados que merecen ser discutidos con la misma profundidad, y creo que Karla la estaba atinando muy bien a eso, la letalidad de las actuaciones armadas y la estrategia de operativos conjuntos militares y policías.
En la discusión pública convencional se ofrece una explicación simplificada sobre la ocurrencia de eventos de letalidad y de aumentos regionales en el número de homicidios. Esos eventos suceden después de un operativo cuyo componente directivo u operativo es militar. En ello estoy parcialmente de acuerdo, en efecto, dada la naturaleza del entrenamiento militar, hay propensión del uso de la fuerza excesiva y a la utilización de tácticas contra insurgentes en operaciones de campo.
No obstante, estas explicaciones son parciales y ocultan otros detalles de operatividad cotidiana y que explico a continuación.
En primer lugar, sobre letalidad asociada actuaciones es importante considerar que en la operación cotidiana se corresponde directamente a las directivas generales de actuación, a instrucciones específicas, y sobre todo al uso de la fuerza que pueda corresponder a lo que un mando crea como una amenaza creíble a la vida de agentes armados o de ciudadanos. Sin embargo, los criterios que determinan qué fuerza usan depende de diversos factores.
Doy un ejemplo. En 2009, el grupo de los Zetas atacó con granadas y armas de alto poder a instalaciones de la Policía Federal en el puerto de Lázaro Cárdenas. Derivado de ello, la Policía Federal y los Zetas tuvieron diversos enfrentamientos durante ese año.
Segundo ejemplo, en Tlatlaya, Estado de México, en 2014, militares de la Base de Operaciones Mixtas que estaba ubicado en el sur de aquella entidad recibieron una denuncia telefónica sobre un secuestro realizado por un grupo armado de los Guerreros Unidos. La cuadrilla de la Base de Operaciones persiguió a este grupo y lo acorraló. Como se puede revisar en la recomendación de la CNDH y otros documentos, hubo ejecuciones extrajudiciales y se puede constatar la desproporcionalidad del uso de la fuerza.
Los dos casos nos dan cuenta de la necesidad de regular con los detalles el uso de la fuerza vis a vis la proporcionalidad de las amenazas de parte de los grupos armados del crimen organizado.
En los datos que se cuenta en la base de datos del programa de política de drogas del CIDE, nos confirma que una abrumadora mayoría de las operaciones del Ejército y de la policía se basaban en patrullajes y denuncias telefónicas. Apenas el 2 por ciento de las actuaciones de estos cuerpos se motivaban por órdenes ministeriales y 3 por ciento por información de inteligencia.
En esta información se revela el escenario del conflicto armado que enfrenta nuestro país. Hay grupos armados beneficiarios del tráfico ilícito de armas, con capacidad de amenazar a integrantes de cuerpos armados del Estado mexicano. Un caso que revela la gravedad de esta situación fue el surgimiento de los Zetas, calificados por Open Society como un grupo que posiblemente ha cometido delitos de lesa humanidad.
Sea cual sea el mando y esquema de coordinación, debemos hablar de qué manera el Estado atenderá la problemática de grupos armados en corto y mediano plazo.
Igualmente, en el caso de Tlatlaya deben revisarse y detener la replicación descontrolada de operaciones que han causado graves violaciones de derechos humanos. En el mismo reporte de Open Society también se ofrece información de que el Estado mexicano podría haber causado delitos de lesa humanidad en el uso de sus cuerpos armados.
En segundo lugar, sobre la estrategia de operativos conjuntos, militares-policías, efectivamente hasta la fecha se ha acumulado evidencia suficiente para confirmar que en su mayoría los operativos conjuntos Policía-Fuerzas Armadas han provocado aumentos de homicidios en muchas entidades de la República. Eso se puede apreciar en un reporte del Instituto Belisario Domínguez, del Senado.
Sin embargo, es necesario hacer un matiz surgido de la literatura que permita argumentar que la relación causal entre operativos y homicidios es más compleja de lo que la opinión pública refleja.
Un poco de historia. En los primeros operativos de la Policía-Fuerza Armada en 2007, enviados por el presidente Calderón, se comenzaron a registrar homicidios, aumentos de homicidios, sobre todo en el norte del país. Sin embargo, se puede ver en el reporte del Instituto Belisario Domínguez que hay excepciones en otros casos. Ese es el caso de Michoacán, donde no hubo un aumento exponencial, sino sostenido, a diferencia de todo el país, ¿por qué? ¿Por qué los operativos en ciertos lugares causan aumentos de homicidios y en otros no?
En un artículo, Donald Rubin y Valeria Espinosa confirman la relación entre operativos policiales y militares y homicidios, pero notan que, en el caso de Tijuana, Nogales, Apatzingán, Ciudad Juárez, Acapulco y Madera, hay una discrepancia estadística de por qué no hay un aumento de los homicidios en esos lugares. Es decir, en algunas municipalidades no se mostraba esta relación operativo-aumento de homicidios.
Esto quiere decir que la mera presencia de los operativos, no es suficiente para comprender su efecto en los homicidios. Necesitamos comprender y que la legislación ayude a hacerlo, a ver cómo se opera en el terreno cuando un operativo de estos es desplegado.
Mi colega Pedro Iniesta en un capítulo que fue publicado en un libro de la CNDH y del Colegio de México lo ilustra bien, cómo en el caso de Tamaulipas, en general lo que hacían los acuerdos entre los gobiernos estatales –vi que los gobernadores andaban acá hace unos días– y la Policía Federal era hacer operativos de atrapar en flagrancia, o proteger caminos en general, que resultaban no tener casi ningún efecto real en bajar índices delictivos.
Lo cual nos da cuenta que si lo que entienda la Guardia Nacional o cualquier cuerpo de seguridad por operativo es presencia y detener en flagrancia, entonces no vamos a tener incluso sea Guardia Nacional, sea cualquier otro cuerpo, efectos sobre reducción de cualquier tipo de delito.
Aunque sí hay que decir, los operativos que estaban asociados a la estrategia de detener liderazgos de organizaciones criminales, y esto está más que comprobado en la literatura, han creado abatimientos, se decía en algún documento han creado aumentos de homicidios muy importantes. Ese fue el caso de cuando se detuvo a los liderazgos del cartel, entonces ya defenestrado, de los Beltrán Leyva.
Entonces, depende de operativo en operativo el efecto que pueda tener una corporación como la Guardia Nacional. Dicho esto, creo que hay dos retos generales que la Guardia Nacional va a enfrentar, sea creada, sea modificada, sea cual sea su marco jurídico y su mando, estos temas tienen que estar contemplados en la legislación secundaria. Hay retos de proporcionalidad y correspondencia del uso de la fuerza, y hay retos de operatividad territorial.
En cuanto a letalidad y uso de la fuerza, que son instrumentos del Estado mexicano, estos no pueden ser usados sin control. La letalidad es evitable si se regula correctamente. Igualmente, la mera presencia física de elementos policiales y detenciones en flagrancia no son útiles en una estrategia de política pública más amplia, aunque los operativos eventualmente puedan ser disuasorios interesantes.
De hecho, los operativos que están acompañados de otras acciones, como por ejemplo, detener líderes de organizaciones criminales, suelen tener consecuencias realmente desastrosas.
Insisto, la base de datos del CIDE, programa de Políticas de Drogas nos dan muchos elementos, incluso para comenzar a construir una tipología de qué es un operativo y en eso quisiera insistir, ¿qué es un operativo? Porque en esa pregunta recae qué hará la Guardia Nacional, cuando diga: vamos a hacer un operativo. Qué están entendiendo por operativo.
Es necesario aprender del pasado y no cometer los errores, encauzar momentos de homicidios o violaciones de derechos humanos, por lo cual considero que la legislación secundaria, y eso es mi opinión, debería venir incluso mandatado en los transitorios del dictamen.
La legislación secundaria debe hablar sobre proporcionalidad del uso de la fuerza, regular la operatividad y un marco de transparencia y evaluación.
Sobre proporcionalidad –voy lo más rápido que puedo–, es necesario que se contemplen definiciones claras sobre amenazas, retos, vulnerabilidades y riesgos desde dos perspectivas. Seguridad humana, es decir, seguridad de los ciudadanos, y la perspectiva de riesgo que pueden sufrir los integrantes de cuerpos armados, es decir, ellos también están en riesgo en operaciones.
A partir de estos ámbitos se deben desprender reglas de proporcionalidad del uso de la fuerza a partir de criterios de eminencia y magnitud de la amenaza, para que estos correspondan a su vez a métodos, planes y actuaciones que estén autorizados.
Es decir, el uso de la fuerza debe ser el último recurso disponible y debe estar vinculado a estándares internacionales de derechos humanos en la materia, en particular los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, expedidos por Naciones Unidas, el 7 de septiembre de 1990.
En ello sí hago especial énfasis en moderación del uso de la fuerza, actuar proporcional, que corresponda a objetivos generales, reducción de daños, protección de la vida, prestación de asistencia y servicios médicos a las personas afectadas y notificación a familiares y amigos.
En particular, la legislación sobre el uso de la fuerza debe contemplar esquemas de responsabilidad administrativa, civil y penal sobre la cadena mando en la operación cotidiana, cuando se trata del uso de la fuerza, en especial las decisiones de la cadena mando que pueda provocar condiciones para que sucedan graves violaciones de derechos humanos, que ese es el caso de Tlatlaya.
Los mandos integrantes de los cuerpos armados al ser responsables legales del uso de la fuerza deben considerar en la operación su potencial letal y su potencial de daño. Igualmente, la responsabilidades legales de los encargados operativos del uso de las fuerzas cambiarán de fondo su forma de operar sí se restringen lo más posible sus actuaciones, en particular en patrullaje, en flagrancia o detenciones surgidas de denuncias anónimas.
Sobre la operación es necesario que la legislación también indique los instrumentos operativos de la posible Guardia Nacional. Como mencioné, los operativos conjuntos con amplia discrecionalidad de los mandos operativos armados han demostrado no ser instrumentos idóneos de seguridad pública, usualmente son estrategias de disuasión, pero ineficientes en el largo plazo.
En ello la Ley Orgánica de la posible Guardia Nacional debería contempla que los operativos y otras acciones de dicha corporación, deben estar subordinadas a planes concretos y hojas de ruta detalladas, en particular los operativos no deben ser utilizados como estrategias para absolutamente todos los delitos y sobre todo deben obedecer a investigaciones surgidas del Ministerio Público o información vital de inteligencia.
Me parece que el delito de robo a combustibles nos da un ejemplo de cómo hacer una estrategia para un solo delito y no para todos.
Es particularmente importante definir qué es un operativo y cuáles son sus componentes y diferenciarlo de otras acciones organizadas, por ejemplo, detenciones de personas, vigilancia, decomisos de armas, rescate de personas secuestradas, es decir, un operativo no debe ser un término que permita ocultar acciones específicas que requieren ser planeadas, desplegadas y evaluadas de manera separada.
En general, la suma de estas diferentes acciones debe ser considerada parte de una estrategia coherente. Y es mi opinión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debe dirigirlas con el anuncio que hizo hoy el coordinador y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, parece ser que sucederá.
El régimen transitorio del dictamen sobre transparencia y evaluación debe crear mecanismos de evaluación, pero eso no será posible sin medidas claras de procesamiento de información y transparencia. En ello coincido completamente con lo que dice mi colega, Catalina Pérez Correa.
Aunque las autoridades encargadas de la Guardia Nacional o cualquier agencia tengan que hacer evaluaciones, como dicen los transitorios del dictamen, debe haber medidas externas e internas de vigilancia, control, evaluación y monitoreo de las actividades de este cuerpo armado.
En el caso de tareas internas de monitoreo y control, debe, en mi opinión, ser designado un civil con ratificación de esta soberanía en un rol de inspector general de la Guardia Nacional que tenga autonomía y recursos suficientes para cumplir con estas funciones para asignar responsabilidades civiles, administrativas y penales en la operación cotidiana de la nueva agencia.
La inspección de la Guardia Nacional no debe depender ni del titular ni de ninguna secretaría, debe ser autónomo.
Cualquier intento de controlar el uso de la fuerza será letra muerta si no hay facultades suficientes para hacer valer las responsabilidades de agentes y personal de mando. Estoy por terminar.
En el caso de tareas de evaluación, es necesario que las actividades de la Guardia Nacional no sean consideradas como materia de seguridad nacional. Es un riesgo particular que se utiliza en las... legales en materia de transparencia para evitar otorgar información de las actuaciones de la próxima corporación.
En particular, se debe establecer un régimen de información y datos abiertos que sean alimentados cotidianamente para que haya un margen para que se documenten las acciones de la Guardia Nacional. Por ejemplo, que se hagan reportes o bitácoras de todas las actuaciones de la Guardia.
Este régimen de transparencia debe ser lo suficientemente exhaustivo para que haya vigilancia ciudadana de este actuar. Sobre todo, debe haber otros registros documentales que complementen lo que los documentos relaten. Viodeograbaciones e información forense.
Claro, el régimen de transparencia debe ser lo suficientemente robusto para que no permita ocultar información relevante, pero también ser prudentes en el caso de investigaciones ministeriales o seguridad nacional o estricta disciplina militar. Y hay un margen gris entre la disciplina militar y la actuación policial que se tiene que definir.
Para finalizar, espero que estos elementos que expongo puedan estar en la Constitución, en la legislación secundaria con dos finalidades: regular el funcionamiento de la Guardia Nacional en su trabajo cotidiano y dar elementos a los legisladores, expertos, ciudadanos en general, acerca del régimen de transición de la Guardia que está contemplado en los transitorios del dictamen.
La idea general es permitir un esquema de protección por diferentes vías, tanto de seguridad pública como de los derechos humanos de los ciudadanos.
Agradezco mucho su atención, disculpen que me haya tardado y dejo este documento donde están las referencias y recomendaciones. Gracias, diputado.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, don Raúl, por supuesto recibimos el documento.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Y le pediríamos a la diputada María del Pilar Ortega nos hiciese favor de presentar a Jorge Lara, es nuestro penúltimo participante. Adelante, diputada.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Sí, el licenciado Jorge Lara Rivera, él es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Es docente certificado en sistema penal acusatorio por la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal del Gobierno Federal Mexicano. Presidente del Colegio de Abogados Humanistas, Asociación Civil. Es abogado postulante, consultor en prevención de lavado de dinero y nuevo sistema de justicia penal. Director del Área Jurídica de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, Asociación Civil. Presidente del Buró de Seguridad y Legalidad Financiera. Fue abogado en Abel Vicencio Tovar y Asociados. Conferencista y capacitador.
Comisionado para el desarrollo político de la Secretaría de Gobernación. Fue también encargado de despacho de la Procuraduría General de la República y titular de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República. Bienvenido, maestro Lara.
El ciudadano Jorge Lara Rivera: Me permito ir al grano de lo que queremos exponer, dada la limitante de tiempo. Hemos sido convocados a dar nuestra opinión de un proyecto de dictamen, que por lo que hemos visto en estos días está en evolución. Escuchamos noticias que pueden ser esperanzadoras para la conformación de esta entidad orgánica.
Me parece que el debate, no obstante, puede tener carencia de otros elementos que nos parece que son muy importantes, muchos de los cuales se han ya vertido en estos días a propósito del problema que tiene nuestro país en materia de seguridad y violencia. Y advertir los fenómenos, los retos y los riegos que vienen, incluso las amenazas que se están por cernir en nuestro escenario doméstico y en nuestro escenario también geopolítico internacional.
Pongo un ejemplo muy sencillo de temas que no están en la discusión. Por ejemplo, el crecimiento exponencial de la crisis, de las muertes que en Estados Unidos tienen lugar por la crisis de consumo de opiáceos y opioides incluso sintéticos, a los cuales México no es ajeno, porque es el trampolín.
México es la ruta de paso del fentanilo que llega de China y no se están tomando todos estos elementos de la problemática criminológica y criminogénica en el diseño de las nuevas políticas de seguridad, que son cambiantes y son dinámicas.
Visto así, la propuesta de la creación de un ente denominado Guardia Nacional a nivel constitucional pareciera ser como que inaudito, porque esperaríamos una discusión más integral de la fenomenología preventiva, de toda la complejidad. Incluso, insisto, geopolítica.
Hay un temario muy amplio que quizá sea más útil y yo haría votos, muy respetuosamente lo digo, para que estos problemas se puedan sembrar en lo que todavía está pendiente de la agenda nacional, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que podría ser por... constitucional igualmente nutrido.
Yo creo que estos foros han sido muy ricos, la discusión del día de ayer fue extraordinaria y creo que generó una modificación en el criterio de nuestras autoridades y da cuenta de las posibilidades y potencialidades de escuchar a la sociedad.
Está, por ejemplo, la necesidad de actualización de la Ley General del Sistema –y de todo el sistema per se– de Seguridad Pública.
El régimen de delincuencia organizada es el gran olvidado. Nadie habla de la necesidad de actualizar la Ley de Delincuencia Organizada, cuando es incompatible con el sistema acusatorio y cuando están por verse las facultades que tienen o deberían tener los estados de la República, que también son los grandes ausentes en materia de prevención y combate al crimen organizado.
El robustecimiento de la prevención social del delito, donde hay mucho que decir y mucho, sobre todo, que hacer. El robustecimiento –y aquí hago el reconocimiento a Edna Jaime y a México Evalúa– de las unidades de medidas cautelares, que son también las grandes ausentes de la discusión, en las responsabilidades en donde se le ha echado la culpa al sistema acusatorio de esto que mal se llama la puerta giratoria, cuando no es el sistema, son las autoridades que no han hecho su trabajo en unidades cautelares, en las unidades de promoción y gestión de las soluciones alternas que son la gran salida a la crisis de impunidad que vive nuestro país.
Una política nacional, pero permítanme decirlo, no solamente es federal sino nacional, que involucra a los estados de prevención y combate al lavado de dinero y gestión intensiva de recuperación de activos. Se aprobó una reforma constitucional en materia de extinción de dominio, desde mi punto de vista muy deficiente. Pero bueno, hay que seguir trabajando en el tema.
El problema exacerbado del tráfico de armas de Estados Unidos a México, que no lo vemos en el discurso, que no vemos. Y aquí yo creo que sería una oportunidad que todo el Estado mexicano, todos sus componentes, el Poder Legislativo, se plante en unidad ante el gobierno de Estados Unidos para ya hacer una exigencia categórica sobre este problema que nos lacera enormemente. Entre otros temas. Como ustedes podrán ver, es muy complejo y una agenda muy amplia.
Refiriéndonos brevemente a la Guardia Nacional se advierte, ya se ha dicho, una táctica semántica. Se está dando muerte a una institución orgánica histórica, a la Guardia Civil, la que incluso da origen a este verso del Himno Nacional que dice que el cielo un soldado en cada hijo te dio.
Bueno esa es la Guardia Nacional y ya no va a existir. Ya esto va a sustituir. No sabemos qué va a pasar con el dictamen, pero ya el nombre ya va a cambiar.
Celebro que el colega Zepeda haya hablado de un principio que ha estado ajeno en estas mesas, que es el principio de proporcionalidad, que es uno de los principios más importantes ahora mismo en la nueva evolución del derecho constitucional incluso de nuestro país y que llega a nuestro entorno con la reforma de 2011.
Este principio de proporcionalidad señala, por ejemplo, el exministro Aharon Barak, de la Corte de Israel, que obliga a cualquier ente del gobierno del Poder Legislativo, incluso del Poder Judicial a solventar carga de la prueba en cualquier acción que limite derechos fundamentales. Este dictamen, como estaba planteado, limita derechos fundamentales y el dictamen es insuficiente para solventar carga de la prueba.
Me parece que estas mesas podrían ayudar mucho a robustecer, no solamente el texto final sino el dictamen, porque creo que los legisladores, y perdón que lo diga, yo fui diputado federal y local, ya también deben de cargar con esta responsabilidad de hacer fundamentaciones sólidas, densas y sustantivas de cuando se trata de limitar derechos fundamentales, como es el caso.
En la pasada reunión nos permitíamos también traer a colación el test de proporcionalidad, igualmente hablando de Robert Alexy, que habla de tres pasos muy sencillos y muy prácticos, y yo creo que por eso tiene tanto éxito el maestro Alexy. Dice: para ver si una sentencia o una acción de política pública o una ley son pertinentes, cuando restringen derechos fundamentales, hay que ver tres cuestiones.
Primero, si es necesario esa restricción, aquí nadie pone en duda la necesidad de avanzar, de consolidar, de robustecer las instituciones de nuestro país en materia de seguridad; segundo, ¿es idónea la propuesta? Aquí yo creo que empiezan las grandes discusiones que se han tenido. ¿Es idónea la propuesta de la Guardia Nacional tal y como fue planteada en la iniciativa, en el primer dictamen y en el segundo dictamen? Me parece que ahí tendríamos mucho que discutir.
¿Qué significa idoneidad? Es la correspondencia entre fines y medios que se buscan. Yo creo que aquí se ha demostrado con evidencia empírica por la contraparte que han sido los analistas, muchos de los cuales hoy han hablado que la intervención, que por otro lado sabemos que en este momento es indispensable, quizás no necesariamente se implica en esta correspondencia.
Y la proporcionalidad en el sentido estricto como tercer paso, es decir, el que se justifique una restricción de un derecho fundamental, sí y solo sí se maximiza otro derecho fundamental.
El dictamen, permítanme expresar mi opinión, nos puso o puso al Poder Legislativo en una disyuntiva, que me parece que es una disyuntiva que no debemos de quedarnos encerrados en ella, que es la libertad del ciudadano versus seguridad, esa era la disyuntiva planteada en el dictamen y en la propuesta. ¿Quieres más seguridad? Renuncia a tu libertad tolerando una presencia contextual, intensiva, permanente y ampliada de las Fuerzas Armadas. ¿Quieres seguridad? Este es el precio.
Me parece que no podemos caer o quedarnos encerrados en este dilema que es falso desde mi opinión y creo que hay formas de solventar esta tercera parte del test de proporcionalidad, sobre todo saludando las posibilidades de un nuevo dictamen. Entonces bueno, a propósito de la proporcionalidad, la carga de la prueba.
El segundo punto que yo quiero tratar rápidamente tiene que ver con las facultades de investigación bajo la premisa de que correrían a cargo de Fuerzas Armadas llamadas Guardia Nacional o denominadas así. No hay que olvidar que las facultades de investigación no solamente son aquellas que se anuncian en el artículo 21 constitucional, que para mí sería un despropósito que sean Ministerio Público como lo dispone la Constitución bolivariana de Venezuela. Eso es lo que dispone la Constitución de Venezuela, que harán investigación de delito.
Yo como litigante, perdón que lo diga, creo que es indeseable que yo como litigante tenga que contrainterrogar a un coronel o a un sargento del Ejército, y yo creo que mis colegas litigantes están de acuerdo que ahí se van a romper muchos de los principios constitucionales del sistema acusatorio que tienen que ver con igualdad de las partes, porque no es lo mismo litigar contrainterrogar a un policía civil, que a un miembro de las Fuerzas Armadas. Perdón que lo diga así con esta franqueza, pero el tiempo me lo impele así.
Pero además hay facultades, ojo, poco se repara en el artículo segundo transitorio que reenvía al artículo 2 de la Ley de Policía Federal, que son las facultades amplias y extensas que tienen la policía, no solamente en esta nueva visión proactiva de la investigación del delito con el asidero jurídico del Ministerio Público indispensable, sino también investigación preventiva y ustedes saben que la investigación preventiva supone la intervención de comunicaciones, la investigación preventiva sin control del Ministerio Público supone operaciones encubiertas. La investigación preventiva supone infiltración. Es decir, supone una serie de facultades muy densas que están en la Ley de Policía Federal que yo invito a su lectura, que bajo la premisa del dictamen, todavía hablando de lo que estaba vigente en la mañana, sería desde mi punto de vista una concesión muy gravosa de facultades a las Fuerzas Armadas en esta estructura de Guardia Nacional.
Creo que las posibilidades que se dan con el hecho de que se pueda abrir a otras alternativas son muy importantes y habrá que aprovecharlas para, insisto, reflexionar sobre uno, la carga de la prueba; dos, la proporcionalidad; y tres, repensar bien, bien y sobre todo aprovechar el vuelo para ajustar lo más que se pueda y también hacer votos porque se convoque pronto a los trabajos del plan nacional de desarrollo para discutir todos estos temas, temas que son fundamentales. Les agradezco su atención.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, señor abogado.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Para cerrar las participaciones de nuestros ponentes le pediríamos de manera muy atenta al señor senador Dante Delgado, hacer la presentación de José Reynol Neyra González, si es tan amable, señor senador.
El senador Dante Delgado Rannauro: Gracias, diputado. El licenciado José Reynol Neyra González, es licenciado en Derecho con estudios de posgrado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac.
Ha sido jefe del cuerpo de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del estado de México. Director general de Bienes Asegurados y Arraigos de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad.
Cursó un master sobre Gobernanza en Ciudades y Territorios en la Universidad Menéndez Pelayo en España. Fue presidente municipal de Huixquilucan en el estado de México y actualmente es secretario de Acción Política de la Confederación Autónoma Nacional de Trabajadores y Empleados de México. Tiene usted el uso de la palabra.
El ciudadano José Reynol Neyra González: Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del senador Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma Nacional de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, reciban un cordial saludo y nuestro reconocimiento por esta convocatoria a especialistas en la materia y a nuestra organización sindical democrática.
Desde hace dos décadas hemos presenciado el incremento alarmante de la violencia, lo que demuestra esencialmente la ineficacia de los modelos de combate a la inseguridad. Uno de esos déficit es la exclusión de las organizaciones sindicales y particularmente del nuevo sindicalismo mexicano, autónomo y democrático en la medida que sitúa al trabajador en el centro de la productividad. La CATEM coincide con ese nuevo sindicalismo al reposicionar al empleado y su representatividad en un ejercicio honesto, transparente y legítimo.
Esto nos permite coincidir con los planteamientos y reformas de la cuarta transformación que lidera nuestro presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien ha propiciado la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo que garantiza el legítimo derecho de libre asociación a todos los trabajadores del país. Mención especial merece el incremento sustantivo en los salarios mínimos que es sin duda una acción indisputable.
La CATEM agrupa, entre otros, a trabajadores de seguridad privada, vigilancia, traslado de valores y personas, así como de manufacturas de equipos de seguridad. Adicionalmente de manera coordinada con las autoridades busca crear las mejores condiciones de capacitación de nuestros agremiados, en tanto que su reciente integración en el registro nacional de empresas, personal y equipo de seguridad privada, aspira a otorgar mayores elementos de competitividad personal, incrementar de manera importante su empleabilidad y repercutir como espacio de crecimiento personal y de sus familias.
Nuestro punto de partida. Desde la óptica del sindicalismo democrático que hoy me honro en representar, es de crucial importancia que en este gran esfuerzo por la seguridad las organizaciones obreras hagamos una aportación sustancial. Se requiere formalizar una institución policial que responda al clamor de contribuir a la generación de un ambiente de seguridad. De este modo, junto con las medidas para disminuir las desigualdades y atajar la corrupción, se cerrará el círculo para restituir la tranquilidad a las familias, dar certidumbre a los empresarios, fomentar la inversión y garantizar la aplicación del Estado de derecho en el marco de los derechos humanos.
La CATEM considera que más allá de lo que contempla la Ley Federal de Seguridad Privada, debemos vincularnos más estrechamente con la Guardia Nacional que se propone.
De los ocho pilares en que se sustenta el Plan Nacional de Paz y Seguridad, el sindicalismo puede inscribirse en cuatro de ellos como agente de colaboración.
En el primero, garantizar el empleo, educación y salud a través de programas de desarrollo. Este es el camino correcto para inculcar a las nuevas generaciones el sentido de responsabilidad.
Los sindicatos son un esquema organizado para acceder al núcleo familiar de manera confiable y precisa. El trabajador conoce cuál es la aspiración educativa de sus hijos, sus necesidades ocupacionales y su estado de salud.
Sin dependencias federales como la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, de Economía, de Salud en materia de prevención de adicciones y salud básica, de Seguridad Pública, de Educación, por mencionar algunas, confluyen en acciones coordinadas ofreciendo sus servicios al seno de los sindicatos, podremos contar con trabajadores mejor informados y familias que tengan a la mano los elementos necesarios para elevar sus condiciones de vida.
Número dos. Promover la cultura de los derechos humanos. Sin duda la CATEM estará en la mejor disposición de difundir la normativa de respeto a los derechos humanos en sus centros laborales.
Solicitamos se considere a nuestros agremiados para tomar la capacitación necesaria en la materia, toda vez que sus funciones primordiales de seguridad privada obligan al conocimiento de la legislación.
Resulta fundamental publicar las normas que rigen el respeto y promoción de los derechos humanos en los centros laborales, donde además se capacite sobre este tema la cultura de la autoprotección y el combate a las adicciones.
Para la CATEM esto es vital, ya que todas sus interrelaciones personales están basadas en la confianza de un sindicalismo democrático, respetuoso de los derechos humanos y laborales de nuestros agremiados.
Tercer eje. Regenerar la ética de la sociedad. Creemos necesario fortalecer los valores humanos al interior del seno familiar, además de las acciones que emprenda la Secretaría de Educación impulsando materias como el civismo.
Los sindicatos tienen el compromiso moral de fomentar la convivencia social y de valores como la libertad, la dignidad, la justicia, la igualdad, la responsabilidad, entre otros.
Pensamos que esto contribuirá a una vida más armónica y respetuosa en los centros de trabajo, vecindarios, colonias y comunidades.
La CATEM solicita participar en el consejo de construcción de la paz, ser una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y de otros países.
Es indispensable sumar a este esfuerzo a las organizaciones sindicales democráticas, y más específicamente a aquellas que tengan a la seguridad como elemento sustantivo en el trabajo de sus afiliados.
El cuarto eje. Reformular el combate a las drogas. El flagelo de las drogas ha descompuesto el tejido social y afectado al núcleo familiar con más frecuencia. Entendemos que mientras exista un mercado de consumo interno, tendremos ofertantes a nivel local mediante el narcomenudeo.
La CATEM promueve acciones con sus agremiados para que en el núcleo familiar se identifiquen riesgos sobre el uso de sustancias ilícitas y se profundice en el desarrollo de acciones preventivas.
Conclusiones. En la CATEM junto con nuestro líder, el senador Pedro Vázquez Barba, entendemos la cuarta transformación como la reforma del Estado, que impulsa un proceso concertado y progresivo que involucra cambios importantes en las relaciones prácticas e instituciones históricas y fundamentales del país. En este escenario, la participación de la sociedad organizada debe tener cabida.
El ordenamiento que se propone se concreta en tres vertientes:
1. El rol de las Fuerzas Armadas ante el predominio civil.
2. El desarrollo organizativo de la Guardia Nacional y su perspectiva con el respeto a los derechos humanos.
3. Su énfasis en la coordinación con los órdenes de gobierno.
Sobre lo primero, nos han legado fuerzas de seguridad pública incompetentes ante la criminalidad, caracterizadas en términos generales por su descomposición institucional.
Ante ello, sería inhumano e irresponsable retirar a soldados y marinos de las tareas de seguridad pública, porque dejaría a los habitantes de ciertas regiones en franca indefensión.
Se reconoce la lealtad histórica de las Fuerzas Armadas con la sociedad y las instituciones civiles, su servicio a la patria, y su autonomía con respecto a grupos oligárquicos y delictivos.
Con la creación de la Guardia Nacional, se busca restituir a las Fuerzas Armadas del desgaste injustificable, cubrir el vacío legal de su participación en tareas de seguridad pública y generar una institución policial profesional.
Sobre lo segundo, la Guardia Civil será una institución constituida con elementos de la Policía Federal, Militar y Naval, responderá a la disciplina militar en lo que respecta a su régimen interno de organización, y en el ejercicio de sus atribuciones, se desempeñará bajo parámetros de conducción civil.
La Guardia Nacional se sujeta al marco legal de los derechos humanos, civiles y ciudadanos.
Sobre el tercero, la Guardia Nacional se coordinará con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas y los municipios, así como con las demás autoridades de la Federación que corresponda, tratándose de delitos federales podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público, pero siempre bajo el mando y conducción de este.
Consideramos que el proyecto de ley que nos ocupa, es necesario incluir explícitamente la participación de los cuerpos de seguridad privada de manera coadyuvante. En este sentido, las organizaciones sociales deben de ser consideradas como parte integral de la prevención del delito en coordinación con la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales respectivas.
En tal sentido, representando a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, nos pronunciamos a favor de la viabilidad y constitución de una Guardia Nacional, sabiendo que cumplirá con los cometidos que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública. A todos, por su atención, muchas gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias a todas y todos nuestros ponentes. Siguiendo con el programa de esta mesa, abriríamos una lista para las y los legisladores que quisiesen hacer uso de la palabra, rogando solamente que pudiésemos enmarcarnos en el tiempo de tres minutos para poder, finalmente establecer un diálogo, como ha sido hasta ahora, muy constructivo.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: No sé si haya alguien que quisiera hacer uso de la palabra. La diputada María del Pilar, la diputada Ángeles me había pedido también, el diputado Sergio Gutiérrez, también el diputado Jacobo, y la diputada Verónica. Adelante, diputada María del Pilar.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, diputado. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, y ciudadanas y ciudadanos que participaron en esta mesa y, por supuesto, también a quienes hoy nos siguen a través de los diversos medios de comunicación, especialmente del Canal del Congreso.
Es un gusto para mí ser parte de este ejercicio de parlamento abierto que se había propuesto y que se accedió justamente a que pudiéramos iniciar esta discusión abierta, con distintos actores de la sociedad civil y de los gobiernos locales de distintas áreas de la administración, sobre esta reforma que está en marcha sobre Guardia Nacional, para efecto de escuchar a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, autoridades de los distintos Poderes y órdenes de gobierno.
La iniciativa que actualmente se encuentra bajo análisis tiene distintas aristas que son preocupantes y más en un país que camina hacia su consolidación como un Estado democrático y constitucional de derecho auténtico.
Hay temas que se discutieron a lo largo de estas audiencias públicas que son fundamentales incorporar en este proyecto de dictamen, y que revisten preocupaciones serias respecto del destino que podría tener esta corporación, este organismo.
Hoy se anuncia la posibilidad real de hacer cambios para efecto de la demanda de no tener un mando militar, sino un mando civil, pero coincido con quienes han participado en esta mesa y que lo han apuntado muy puntualmente. No basta simplemente el cambio en el mando, pues como se ha dicho aquí, hay todavía elementos preocupantes como el sistema de reclutamiento y formación de quienes van a formar parte de esta corporación, los controles, las pertenencias y esto detonaría, aun cuando fuera un mando civil, realmente un organismo de formación y características más asociadas a un órgano militar y no de carácter civil.
Es decir, no basta el simple cambio de mando, es necesario hacer ajustes en el desarrollo orgánico de la misma corporación desde la Constitución.
Es importante atender por supuesto y una de las demandas que a lo largo de estas audiencias se recogieron, justamente fue el tema del fortalecimiento de las policías locales. Y coincido totalmente con quienes hoy han señalado que de quedarse así esto generaría todavía generar de manera importante el acentuar los rezagos institucionales en estas corporaciones locales, a quienes parece que se olvidó esta reforma.
También es importante atender a una demanda muy puntual de las entidades federativas de determinar con claridad el sistema competencial, respetando en todo momento nuestro sistema federal, y un sistema de controles internos y externos para este organismo y que sea realmente un órgano que atienda a una necesidad en el país, pero desde un carácter civil, y por supuesto también contar con controles externos en donde participe la sociedad civil. Eso tampoco está en el dictamen.
Hay una preocupación también muy importante que se ha manifestado y lo hemos manifestado desde Acción Nacional, es cómo se establecen algunas normas de carácter del sistema de justicia en donde se le otorgarían facultades en materia del sistema penal acusatorio, y esto hay que revisarlo con mucho cuidado para no generar, como se dijo aquí, tensiones con este sistema que están en proceso de implementación, que está en proceso de maduración y que es necesario fortalecer y no debilitar.
Celebro que se haya dado finalmente este mecanismo ciudadano, pero creo que lo que está todavía pendiente es definir con claridad, ahora que estamos concluyendo estas audiencias públicas, ¿de qué manera las audiencias públicas celebras esta semana tendrán un impacto directo en el dictamen que ya ha tenido publicidad? ¿Cómo esto va a impactar en lo que en el periodo extraordinario se va a discutir en el pleno de la Cámara de Diputados? ¿Cómo efectivamente se tomará en cuenta las aportaciones tan valiosas que nos han hecho en este ciclo de audiencias públicas los ciudadanos, las organizaciones, los gobiernos municipales y locales?
Creo que esto es fundamental para que efectivamente se pueda hablar de un éxito de las audiencias que hoy están concluyendo y que es importante que sus consideraciones sean incorporadas en el dictamen. Es cuanto.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, diputada.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: El diputado Sergio Gutiérrez Luna, hasta por tres minutos.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Primero, agradecerles, señoras y señores, el que nos hayan acompañado, que se hayan tomado el tiempo aquí para venir a exponernos sus reflexiones, sus pensamientos, sus conclusiones, su punto de vista sobre este tema.
Quiero decirles que en Morena escuchamos. El presidente de la República ha escuchado lo que se ha venido diciendo aquí y en la mañana se anunció la intención de que el mando en esta corporación que se pretende crear tenga carácter eminentemente civil. Ya no hay pretextos, ya no hay obstáculos.
Hay otros matices que también han evolucionado derivado del diálogo que hemos tenido en estas mesas y que permitirán que cuando discutamos el dictamen en el periodo extraordinario se puedan recoger las opiniones que aquí se han vertido, lo que han expresado otras fuerzas políticas para llegar a un acuerdo.
Creo que lo que no debemos perder de vista es cuál es el fin y qué queremos, y cuál es la estrategia global. Lo he repetido en muchas intervenciones. La estrategia del presidente estriba en un 80 por ciento en atender las causas que han generado la violencia en México: la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, darle una nueva esperanza a la gente. En eso va a trabajar el gobierno.
Y el otro 20 por ciento, una pequeña parte es el crear, el concebir una nueva fuerza que tenga confianza, que esté ajena a la corrupción, que genere en los ciudadanos la posibilidad de que ante una situación que ponga en riesgo su vida o su patrimonio puedan acudir con confianza ante un nuevo cuerpo de seguridad, que les resuelva estos problemas.
Entendemos los planteamientos que se han hecho aquí sobre el temor o los antecedentes de violaciones de derechos humanos que se han dado por cuerpos policiacos, preponderantemente de carácter militar. Por eso se ha puesto sobre la mesa que su mando sea de carácter civil.
Corresponderá a nosotros y a ustedes, a la sociedad civil, a ustedes les corresponderá también vigilar, vigilar el desempeño de esta corporación, seguir debatiendo, seguir aportando ideas para que vayamos construyendo una nueva realidad, que es a lo que queremos aspirar, una realidad de paz.
Lo que estamos buscando con esto es que haya paz en México, que los ciudadanos tengan seguridad, que tengan tranquilidad, y creo que en eso todos los aquí presentes estamos de acuerdo. Los cómos los hemos venido discutiendo y estamos llegando a puntos de convergencia importantes.
Me congratulo de este ejercicio. Les agradezco nuevamente y creo que podremos llegar a la sesión la próxima semana con un tema ya muy avanzado y muy consensado. Gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, diputado.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Cederíamos el uso de la palabra por el mismo tiempo a la diputada María de los Ángeles Huerta del Río. Adelante, diputada.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Gracias. Queridos asistentes a este foro, representantes de las organizaciones de la sociedad, miembros de este Poder Legislativo, creo que es muy importante el ejercicio que hemos hecho aquí, creo que nos ha ayudado mucho y seguirá ayudando que nos recuerden y que nos ayuden a recordar que el mayor problema que en este país tenemos es justamente la falta de seguridad ciudadana.
La ineficacia en las políticas de seguridad pública de la última década fue absolutamente monumental. Esto éramos, esto es lo que este gobierno heredó y para combatir esto justamente se ha realizado un extraordinario Plan Nacional de Paz y de Seguridad.
Extraordinario en muchos sentidos, porque afronta el problema de la inseguridad pública, con una perspectiva completa, en donde la Guardia es solamente uno de los varios aspectos que contemplan, que se contemplan en este plan integral.
Así que primero les invito, a quienes no lo hayan hecho todavía, a consultar, a ver realmente en qué consiste y en qué consistirá la pacificación real de México. Después, creo que es muy importante, qué bueno que en esta sesión no se ha mencionado muchas veces, pero en otras sí, yo quiero hablar de esta, que me parece una terrible trampa, que es la de hablar de la militarización en México.
Creo que hay una trampa enorme en decir que porque parte del mando operativo de la Guardia Nacional será militar eso equivale a la militarización del país. Yo creo que no hay nada más falaz, no hay nada más ilusorio que decir esto.
En realidad, tenemos que recordar que no puede existir esa llamada militarización con la creación de la Guardia Nacional. Yo creo que, en vez de este término, deberíamos de observar la increíble criminalización de la sociedad, de eso es de lo que deberíamos de estar hablando, de cómo hay un brutal sometimiento de los grupos criminales a la sociedad honesta y a la gente en todos los niveles.
Pienso que eso de hablar de la militarización es una innecesaria trampa y que más bien deberíamos de entender que la Guardia es una gran propuesta, que justamente equivale a lo contrario de aquella guerra absurda declarada en tiempos anteriores.
Yo los invito y los insto a que se den cuenta que el proyecto y el plan de paz que les estamos planteando y la Guardia, en lo específico, es una gran idea. Miren, los mandos serán civiles, el jefe de las Fuerzas Armadas, nuestro presidente es el principal mando de todas las diferentes Fuerzas de Seguridad en este país, la propia Secretaría de Seguridad Pública, como lo saben, y solamente habrá la responsabilidad operativa, esa la tendrá efectivamente el mando militar, pero eso es muy bueno, porque en este país es comprobado que en general la disciplina militar, la eficacia de los militares en muchos sentidos es algo que no podemos negar. Toda la sociedad realmente confía, basta ver cualquier estadística al respecto, confía en los militares como una de las principales instancias de confianza en este país.
La disciplina militar, el trabajo de los militares por muchos años también ha sido muy ha sido muy positivo, es una institución de confianza.
Respecto a lo que decía la abogada, quiero decir que la participación de los militares efectivamente será limitada en materia de seguridad pública. Hay 210 mil militares en este país y en la Guardia solamente van a participar 25 mil de ellos y esos 25 mil ya están formados como policías militares.
La Policía Militar, la Policía Naval, así como decenas de miles de ciudadanos son los que van a conformar esta Guardia. Si ustedes leen con detalle...
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Perdón, diputada, ojalá podamos ya concluir, gracias.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Acabo con esto, perdón. Si ustedes leen con detalle el dictamen se darán cuenta que hay completas garantías en todos los rubros, para que esta Guardia sea efectivamente solo una Guardia de seguridad para todos, que dé seguridad a todos los ciudadanos. Es cuanto, gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, diputada.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: El diputado Jacobo Cheja Alfaro. Adelante, diputado.
El diputado Jacobo David Cheja Alfaro: Gracias, compañero diputado. Celebro el desarrollo de estas audiencias que nos permiten escuchar las distintas voces para opinar e incidir sobre un tema que nos atañe y lacera a todos: la inseguridad.
Espero que este sea el inicio para que de aquí en adelante llegue el tiempo del debate abierto, de los consensos y de no retomar las viejas prácticas de legislar al vapor.
A lo largo de estas audiencias hemos escuchado un clamor mayoritario para que no se militarice la seguridad pública en nuestro país. Hay una preocupación generalizada de que no sea un mando militar el que predomine, aunque nos digan que será un mando civil el que prevalezca.
Nos queda claro que el mando militar es capacitado y entrenado para combatir al enemigo, mientras que el policial es capacitado y entrenado para proteger la vida y la integridad de las personas y de sus bienes. Existe una gran diferencia.
Debemos agradecer infinitamente a todos los que acudieron a estas audiencias y que se tome con el debido respeto y con altura de miras la experiencia, la información, evidencias, la propuesta de redacción y el apoyo técnico que nos están ofreciendo, sobre todo en materia de derechos humanos para elaborar, si fuera necesario, un nuevo dictamen.
Con todo respeto a la nueva mayoría en este Congreso, es indispensable contar con el paquete de iniciativas de leyes secundarias, como la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley del Uso de la Fuerza Pública, porque si no, el debate no podrá avanzar.
Y ahí precisamente está el meollo del asunto. Es decir, las letras chiquitas, el trabajo fino. Reitero, ante la ausencia de estas leyes tenemos un debate a ciegas.
Un nuevo dictamen debe dar prioridad a la prevención y salvaguardar a los ciudadanos en estricto apego a los derechos humanos y a sus bienes. Que nuestras familias estén seguras, que nuestras hijas y nuestros hijos regresen sanos y salvos a casa. Que nadie, nunca más nos robe la tranquilidad y mucho menos la vida.
Señoras y señores, compañeros legisladores, invitados especiales, la inseguridad no tiene clase social, no respeta edad ni sexo, nos hace vulnerables a todos.
Compañeros del grupo mayoritario, atendamos y escuchemos con atención todas las voces que han acudido a nosotros. Que no únicamente sea este un ejercicio para legitimar o imponer su mayoría en este Congreso.
Porque señoras y señores, queremos seguridad sin guerra, porque la guerra no hace la paz.
Y si me permiten brevemente, una pregunta a la licenciada Edna Jaime, de México Evalúa. En las audiencias de ayer y hoy han sido muchas las voces de la sociedad civil organizada que han hecho importantes observaciones a esta iniciativa de reforma constitucional.
Usted que hizo una muy buena interpretación y análisis de la iniciativa, ¿considera que esta iniciativa correrá la misma suerte que la Ley de Seguridad Interior? Y me refiero a la probable vulneración de los derechos humanos. Es cuanto.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, señor diputado.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Y cederíamos el uso de la palabra, hasta por tres minutos, a la diputada Verónica Juárez. Adelante, diputada.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Sí, muchas gracias a todos los ponentes. Sin duda que nos ilustran sus comentarios para tomar la definición más correcta a la hora de estar votando y en este proceso, bueno, que ya tenemos un dictamen en este proceso de discusión que abordaremos en los próximos días.
Creo que todos hemos coincidido y estamos convencidos de que tenemos que dar una respuesta al problema de seguridad que estamos viviendo en el país. Todas las fuerzas políticas por supuesto que tenemos esa preocupación.
Y ya vimos cuáles han sido los resultados durante 12 años a partir de que el Ejército ha estado en las calles, y hemos visto ahí una estrategia fallida. Una estrategia que nosotros pensamos que terminaría cuando la Ley de Seguridad Interior, en este ánimo de intensificar su presencia en las calles y de legalizar su presencia, pensamos que había terminado cuando la Corte echara para atrás la Ley de Seguridad Interior.
Y pensábamos, como bien dice Edna Jaime, que estábamos en el camino del fortalecimiento de las instituciones civiles. Y ya hemos visto que no es así con la propuesta de dictamen que nos ha presentado la mayoría.
Pero bueno, estas audiencias han servido, entre otras cosas –y yo quiero decir que eso es lo que ha incidido– en que hoy se nos anunciara que la Guardia Nacional estará bajo el mando de la Secretaria de Seguridad Pública. Y cuando nos hacen este anuncio por la mañana muchos podríamos decir: qué bueno, porque entonces vamos a poder volver a discutir cuál es la alternativa que tenemos para dar solución a este problema.
Pero no nos dicen que solo cambiará de nombre, al menos eso es lo que yo así veo cuando nos comentan que la disciplina, la operación, la preparación, el reclutamiento, la instrucción, la instrumentación, el adiestramiento, la formación, la profesionalización sería militar.
Todo esto que le acabo de leer lo fui anotando en el transcurso del día y entonces me parece que solamente hay un cambio de nombre. Porque si aceptáramos entonces que la Guardia será civil, como aquí se menciona, porque está el presidente de la República al frente, porque entonces ya estará la Secretaría de Seguridad, ya estarán bajo su mando, ¿entonces para qué hacemos una reforma constitucional?
Ayer yo mencionaba en una de mis intervenciones que si se mencionaba en el transitorio el que estuviera bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional es transitorio, ¿para qué íbamos a una reforma constitucional? Pues ahora aún más, ¿para qué vamos a una reforma? Suponiendo que sería civil, ¿para qué vamos a esta reforma constitucional?
Y miren, yo terminaré diciendo lo siguiente. Retomando las palabras que ayer nos decía Jan Jarab, de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, que el problema no es quien esté al frente, cuando se menciona aquí que son los civiles los que están al frente. El problema es la formación militar. Y yo agregaría algo más, es la jurisdicción militar también que aquí sea aceptada, la que estará.
Yo por eso coincido con Karla, con Karla Michel, con Catalina Pérez cuando se menciona aquí, por ejemplo, con esta preocupación de que entre más despliegue militar haya en las calles son más las probabilidades de violaciones de derechos humanos que habría. Y claro que la evidencia nos dice que las mujeres y las niñas son las más vulnerables en ese sentido.
Y luego, coincidir también con Edna Jaime cuando nos dice, y también con Catalina, que sí hay otras opciones. Yo por eso les pediría a las tres que nos pudieran ampliar algunos comentarios en ese sentido de cuáles son las alternativas que sí tenemos para tener una respuesta distinta a la que se nos presenta en el dictamen.
Desde el PRD nosotros vamos a seguir impulsando la necesidad de fortalecer las instituciones civiles en nuestro país. Muchas gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, diputada.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Tocaría el turno del diputado Héctor Meneses, por el mismo tiempo. Adelante, diputado.
El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses: Primeramente, celebrar estas reuniones, estas audiencias que se han estado celebrando desde el martes 8 del presente mes y que concluirán mañana sábado 12 de enero, en el cual han participado diversos ponentes que han enriquecido este tema de la Guardia Nacional.
Desde luego agradecer a los ponentes de este día y de todos los días, desde los gobernadores y presidentes municipales, que nos acompañaron. Como ahora en la mañana, a los secretarios de la Defensa y de Marina, así como al de Seguridad y Protección Ciudadana y desde luego al encargado de la Procuraduría General de la República.
Yo siento que en este sentido es muy importante este tipo de audiencias y en las cuales nos han enriquecido con sus puntos de vista, los diputados, las senadoras, los senadores y las diputadas. Así que en ese sentido también, festejar que aquí hay cuatro exgobernadores, de Coahuila, de Veracruz, de Guanajuato y desde luego de Tamaulipas, que también un exgobernador nos acompaña en estas audiencias que se han estado celebrando.
Desde luego, como miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, en mi carácter de secretario, en donde hemos estado trabajando sobre este tema de la Guardia Nacional, tema muy importante porque la inseguridad en el país pues es bastante alarmante y necesitamos la tranquilidad de todos los ciudadanos mexicanos, de toda la población que vive aquí en México.
Desde luego, en esta inseguridad, en esa intranquilidad, la violencia y la delincuencia, no solamente organizada, sino la delincuencia común, pues tendrá que ser atacada, tendría que ser defendida por las policías, como se han hablado aquí de la policía estatal y municipal.
Y desde luego también, pues con esta Guardia Nacional, que afortunadamente como ya se señaló aquí, va a ser un mando civil y no militar. Civil porque así se ha estado conociendo los puntos de vista de todos los que han expuesto en estas audiencias sus puntos a considerar.
Y desde luego, creo yo, que, al enriquecer, pues el próximo miércoles, 16 de enero, cuando se lleve a cabo el periodo extraordinario, pues llevaremos a cabo estas sesiones en el pleno y desde luego conoceremos cuáles son los puntos de vista dentro de lo que es la Guardia Nacional con un mando civil.
Importante también es, que, dentro de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, pues se coordinará, o sea va a haber una coordinación y desde luego con la Guardia Nacional, con la policía estatal y las policías estatales y municipales habrá una coordinación, no una subordinación. Y que aquí la Guardia impere y las policías no sean subordinadas, así que, o sea que haya una coordinación.
Desde luego entonces también importante, de unas prestaciones que hablaba aquí el representante de don Pedro Haces, el senador, en cuanto a las cuestiones laborales de las personas que integrarán la Guardia Nacional y que desde luego estas están protegidas totalmente por la Ley Federal del Trabajo y de su artículo 123 constitucional.
Así que, compañeros diputados y diputadas, senadoras y senadores, creo yo que aquí lo importante es que sea erradicado o se va a erradicar poco a poco la palabra: se va a militarizar el país. Bueno no se puede señalar esto, porque si fuera así, los militares están todos los días en el país defendiendo a los mexicanos y con esta base pues no se puede señalar. Si no estaríamos diciendo que está militarizado el país ya desde antes, desde hace 12 años, así que no hay militarización. Estamos buscando la forma de la protección a la población mexicana. Es cuanto.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, señor diputado.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Le cedemos el micrófono a la diputada Martha Tagle. Adelante, diputada.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, diputado. De verdad muchas gracias a todos los ponentes, todas y todos los ponentes por su disposición para participar y estar acá. Y yo quiero hacer algunas preguntas muy puntuales.
A Karla Michel, agradecerle su exposición con esta perspectiva de género que sin duda está siendo nutrida ya desde el día de ayer con diferentes especialistas, pero justamente con respecto al tema que plantea sobre los abusos sexuales hacia mujeres, a mí me queda claro que no hubo ningún mando militar que ordenara este abuso sexual.
En ese sentido, hoy que se plantea que el mando será civil, pero a final de cuentas quienes integren esta Guardia Nacional tendrán una disciplina, capacitación, formación, jerarquía militar, si esto cambiaría en algo con respecto al tema de los abusos sexuales o podemos esperar una actuación muy similar, porque insisto, estoy segura que no hubo un mando detrás de esos abusos.
En ese mismo sentido, saber porque también insistió en ello el titular de la CNDH en el sentido de que hay muchas quejas con respecto a una serie de violaciones en materia de derechos humanos, pero me parece que no tenemos tampoco claridad de si las mujeres que han sido abusadas han accedido a la justica o no, porque me parece que ese es el otro problema, en la impunidad en la que quedan estos abusos sexuales.
Catalina Pérez Correa, me gustaría preguntarle con respecto al tema de la disciplina. Mucho se insistió hoy justamente en que el mando operativo sería militar porque se requiere que la disciplina y las jerarquías sean militares, pero tengo entendido que hay también altos niveles de deserción y en ese sentido me gustaría conocer tu opinión con respecto a esto, si realmente hubiera una disciplina tan clara como se menciona, que tampoco habría estos niveles de deserción.
También has hablado de los controles, que debe haber controles externos, transparencia y rendición de cuentas y que me parece particularmente el tema de la rendición de cuentas es un asunto del cual carecemos de hace algunos años hacia acá con respecto al índice de personas que han muerto a manos del Ejército y que hoy el general decía que eran aproximadamente 700 tan solo el año que terminó.
En ese sentido, cómo poder garantizar este tema del ejercicio de rendición de cuentas. Y quisiera, junto con esta pregunta, preguntarle a Raúl Zepeda. Mencionabas que el tema de la letalidad que se puede controlar y se plantea dentro del dictamen una ley en materia del uso de la fuerza. ¿Qué controles debería contar este tipo de legislación para poder garantizar justamente que pueda disminuir la letalidad? Y si sólo basta con una legislación en materia del uso de la fuerza para poder realmente controlar que el Ejército, que a final de cuentas quienes tienen formación militar pueda realmente hacer un control del uso de la fuerza.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, diputada.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: La diputada María Guadalupe Román. Adelante.
La diputada María Guadalupe Román Ávila: Muy buenas tardes a todos. Agradezco la presencia de todos los especialistas que nos han visitado, los diputados, senadores y todos los que nos han compartido su punto de vista sobre este tema que ha sido muy enriquecedor. Coincidimos en muchos temas.
La Guardia Nacional es necesaria para la seguridad de los mexicanos, principalmente para los municipios más poblados de México. En mi caso soy habitante de Ecatepec de Morelos, el municipio más poblado de América Latina, pero también el que tiene mayor índice delictivo. Siendo solo un municipio, más de tres millones de habitantes.
Desgraciadamente encabezamos el número 1 de los feminicidios. Cerramos en 2018 el estado de México con 231 feminicidios reportados. Obviamente es algo muy alarmante para todos nuestros habitantes porque no nada más las mujeres, sino en todas las materias de secuestro, de extorsión como que estamos al alza, desgraciadamente por una falta de estrategia en materia de seguridad.
Desgraciadamente lo vemos hasta en los mandos cómo se corrompen y desgraciadamente están de lado de otros y no están para salvaguardar la vida de la gente. Es algo que nos hace levantar la voz a nombre de todas las familias de las víctimas que han sido afectadas.
La Guardia Nacional sentimos que es una necesidad urgente para poder atender todas estas situaciones. Lo comentaban aquí los transportistas, hemos tenido oportunidad de convivir con transportistas y saber que los empresarios están súper alarmados, algunos finamente terminan cerrando y se trasladan a otros estados.
Y la Guardia Nacional, escuchando las referencias del secretario de Seguridad, nos da la tranquilidad y nos deja claro que garantizará la seguridad por tres características principales: tiempo de capacidad de respuesta inmediata para la inseguridad, porque obviamente ya tienen al personal capacitado, optimización de recursos del Estado mexicano para aprovechar los recursos y el personal que tienen las Fuerzas Armadas de nuestro país, la capacitación y profesionalización.
La Guardia Nacional estará preparada para contar con conocimientos de uso de fuerza, de derechos humanos que nos están garantizando, y nuevo concepto en materia penal para poder actuar como primeros respondientes.
La integración de militares, navales y Policía Federal es para aprovechar dos elementos estructurales de gran solidez de las Fuerzas Armadas. Disciplina y engranaje de apoyo logístico y de servicios.
Con la protección de la Guardia Nacional las policías municipales podrán mejorar sus capacidades preventivas mediante la depuración, la profesionalización y entrenamiento y organización para asegurar la tranquilidad de las familias, las comunidades y el patrimonio de todos.
Confiamos en la certeza de esta iniciativa que representa en cuanto a la procuración de la seguridad pública de los ciudadanos de México, además será un paso para lograr la verdadera pacificación de nuestro país. Es cuanto.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, diputada.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Rubén Moreira. Adelante.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Buenas tardes, muchas gracias a todos los que vinieron esta tarde acá y que estuvieron ayer también con nosotros.
Hoy en la mañana un compañero diputado decía que estas audiencias eran muy raras, porque hablábamos más nosotros que los que eran convocados a las audiencias, y que en lugar de preguntar tratábamos de rebatir y argumentar, cuando el momento para rebatir y argumentar de nosotros, en todo caso está en el pleno.
A partir de eso yo quiero hacer preguntas, a doña Catalina: si mal no recuerdo usted habló del artículo 29 de la Constitución, y hoy en la mañana alguien dio que reglamentarlo, que es una obligación y que además nos lo impusimos como cuerpo legislativo allá en el 2011, era atentar contra los derechos humanos, y que sería lo último que haría esta Legislatura. Una cosa muy rara porque hay un mandato constitucional de reglamentar y hay una afirmación de que lo último que se haría es reglamentarlo. Entonces me gustaría oír su opinión.
Segundo. Yo sé que usted está el CIDE. ¿Habrá algún estudio sobre la confianza que tiene la sociedad en la institución que estamos proponiendo, obre la confianza que se tiene en las Fuerzas Armadas? Yo creo que sería importante.
Lo otro no se lo pienso yo rebatir, más bien quiero su comentario, como también le voy a pedir a otro de los ponentes, es sobre el tema de la militarización. ¿Cuáles son los elementos para decir que hay militarización en este país?
A doña Edna, usted habló de 10 puntos. Ya no le dio tiempo para exponérnoslos, si nos los pudiera enumerar esos 10 puntos.
A don Jorge Lara, me gustaría que nos ahondara un poquito más en el tema del nuevo sistema acusatorio, y la participación de la Guardia Nacional. Y siendo usted perito en derecho, a la mejor me puede ayudar. ¿Es esta la misma Guardia Nacional del siglo XIX? Porque yo aquí he oído que se trata de fundamentar en esa guardia del siglo XIX, y ayer una organización, por cierto de ingenieros y arquitectos, discúlpeme que no recuerde, nos dio una historia muy detallada de aquella guardia nacional, y no coincide para nada en lo que hoy estamos haciendo, cosa que no tiene nada de malo, digo, pero entonces ya no la invoquemos.
Y la otra son dos peticiones al grupo mayoritario: reflexionemos si vamos a discutir el miércoles el artículo 19, creo que no, porque no ha habido una consulta como esta.
Y la segunda, démonos el espacio de mejorar la redacción, porque independientemente de las cuestiones de fondo, sí trae hasta cuestiones de sintaxis, y como va a ir al texto constitucional, démonos chance de arreglar eso, y pegadito a eso, pues la preocupación de MC que ha sido tan reiterada, de que no tenemos las iniciativas de las normas reglamentarias.
Por lo tanto, mucho de lo que aquí se dijo y se dice de que va a ser la Guardia Nacional, es un acto de fe, porque no está en el texto constitucional que estamos revisando, pero se nos aclara cómo va a ser, pues cómo va a ser, pues yo espero que así sea, pero no hay ningún documento que podamos discutirlo. Son mis preguntas, y muchas gracias a todos.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, diputado.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Por último, la diputada Irma Juan Carlos, adelante.
La diputada Irma Juan Carlos: Buenas tardes. Bueno desde que inició este proceso de audiencia hemos estado escuchando, de hecho, no había querido participar.
Y es porque estamos escuchando diversas voces, algunas a favor, algunas en contra. Pero la realidad es que tenemos un problema allá afuera, un problema que hemos heredado de gobiernos que, precisamente, ustedes tienen razón al señalar que se han cometido injusticias, sí, es cierto, pero esas injusticias se han cometido con el aval de los altos mandos.
Estas injusticias se cometieron con el apoyo de los jefes. Por eso yo quiero señalar, cómo entonces vamos a resolver el problema de la inseguridad, en menos de 72 horas en Oaxaca nos mataron a tres compañeros, en menos de 72 horas.
Nuestro presidente ha dicho, y lo ha señalado bien, hay corrupción en todos los niveles de gobierno, lo ha habido, pero lo vamos a combatir desde arriba y la vamos a barrer como se barren la escaleras, de arriba para abajo, y en la mañana vino el titular de la Sedena y dijo, nosotros nos sabemos subordinar. Si la orden es atacar, atacamos, hemos visto casos donde en vez que el gobierno reconozca los errores de sus elementos, prefieren tapar el hoyo, hay muchos casos.
Pero lo hemos dicho, en este gobierno, no vamos a solapar a nadie, y esta ley, qué raro, estuve revisando, por eso no quise participar antes. Pero esta ley contempla una evaluación a los tres años, incluso, se habla de las facultades del Congreso de las dos Cámaras para disolver a la Guardia Nacional.
Incluso se habla de que va a haber una evaluación y en función de eso se pueden sufrir ajustes, ¿cuál es el miedo? No vamos a trabajar igual que los gobiernos anteriores. Ahí está el huachicoleo, para prueba un botón.
Cuántos millones de pesos perdíamos diariamente y los meros jefes de la banda eran los de arriba, y hoy oponen resistencia ante una acción contundente de decir: basta. El licenciado Andrés Manuel ha dicho la paz es producto de la justicia, y si no hay justicia no hay paz.
¿A qué le tememos? Cada gobierno cuando llega, implementa su plan. El PAN lo hizo, el PRI lo hizo, y es legítimo. Dennos chance, todavía ni surge la Guardia Nacional y ya dicen que no funciona.
Tenemos graves problemas allá afuera y no se puede retrasar la atención. Vuelvo a señalar, todos los días nos matan por inseguridad, porque la corrupción permitió que creciera esta inseguridad y no solo ataca a los indígenas, no solo nos ataca a las mujeres, ataca a cualquier ciudadano.
A mí me amagaron en septiembre por Chalco, alcanza a cualquiera y los que me salvaron fueron policías federales. No puedo decir que todos son buenos o todos son malos, pero aquí habla de mecanismo de control, de filtros, habla de capacitación, habla de un mando militar o civil, pero al fin de cuentas lo que importa es que tenemos un gobierno honesto, un gobierno que no va a permitir más injusticias.
¿Cómo resolvemos el problema allá afuera? Diario hay fosas comunes, la gente exige respuestas. No se puede retrasar más la atención al problema de inseguridad, incluso ustedes lo saben. El mayor presupuesto que se destinó ahora fue para atender el problema de la inseguridad, es porque se está agarrando al toro por los cuernos.
Vámonos entonces a los tres años. Aquí lo establece el dictamen que he leído, tres años y en 60 días una evaluación para determinar si hay ajustes y facultades de la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, ¿cuál es la prisa?, pues la prisa es atender el grave problema, el grave problema.
Les vuelvo a decir, la semana pasada nos mataron en menos de 72 horas a tres compañeros, y diario, diario nos matan allá afuera. Gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Perdón, se registró también hace un momentito el diputado Ernesto Palacios, y si están ustedes de acuerdo con él cerraríamos las participaciones para dar paso a las respuestas de las y los expertos. Muchas gracias. Adelante, diputado.
El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero: Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en un ejercicio que considero inédito. Yo creo que este es un buen momento antes de concluir estas audiencias públicas, para reconocer que efectivamente nos hemos excedido.
Hay que ser autocríticos. Yo coincido con el diputado Moreira, que creo que ha habido participaciones de compañeras, de compañeros y que son muy respetables y muy valiosas. Yo he tomado nota de estas participaciones.
Igual, agradezco muchísimo de manera franca la intervención de cada una y cada uno de nuestros ponentes. En verdad ha sido muy enriquecedor todo el ejercicio y de este ejercicio tenemos que aprender también y tenemos que mejorarlo para lo que sigue.
Es un ejercicio democrático discutir de cara a la sociedad con la presencia de los medios de comunicación, la reconfiguración de las instituciones del Estado mexicano, las políticas públicas, el tema de los derechos fundamentales. Yo creo que tenemos mucho qué rescatar de este proceso.
No quiero caer en lo mismo, sí quiero decir, caer en lo mismo, en el sentido de fijar una posición, que hoy por hoy el Poder Legislativo tiene que entender que la sociedad mexicana avanzó en un sentido más democrático y que el Poder Legislativo debe aprender a escuchar a la sociedad. Pero también reconocer que hay una gran muestra de que sí hay esa voluntad de escuchar, de reformular y de avanzar, en el sentido esto democrático.
Creo que todas las fuerzas políticas hemos caído en lo mismo, y sí quiero decirlo, hay compañeras que están en un sentido a favor o en contra, pero todos se han aprovechado para fijar postura, y que se han reiterado además. Entonces, creo que es importante decirlo.
Me parece que, simplemente decirles a quienes hoy en este momento han participado, que sí hemos hecho un estudio además de lo que nos han entregado y lo estamos revisando. Puntualmente algunas y algunos nos hemos dado a la tarea de revisar lo que nos entregó la Oficina del Alto Comisionado, que fue un conjunto de recomendaciones. Además de otros estudios, como el que nos hizo llegar la Asociación de Municipios, y creo que este ejercicio tiene que trascender más en adecuaciones al proyecto que está en discusión.
La voluntad expresa, la voluntad por delante de hacer los cambios, creo que ha quedado muy clara y tengan la seguridad de que con toda responsabilidad que demanda el momento vamos a atender esta reflexión, esta discusión del proyecto, con base en todo lo que se ha expuesto. Ya se van a publicitar todas las ponencias.
Le preguntaría a Karla Michel. Creo que es muy importante que abramos todos los ojos. Hay unas cifras que me parece que son, en términos de la violencia hacia las mujeres, en términos de las desapariciones, me parece que son bastante aberrantes, me parece que eso tiene que llamar la atención de todas y todos en este Congreso. Que hay además de los operativos conjuntos y de la incursión de las Fuerzas, hay causas estructurales de la violencia, hay estados muy puntualmente que nos señaló. Si no mal recuerdo Chihuahua, Nuevo León, algunos estados del norte.
Y creo que en términos de la discusión de la Estrategia de Paz y Seguridad, que es el marco en el que se da esta discusión de la Guardia Nacional, cuáles serían las medidas estructurales para que no nos quedemos incompletamente. Sé que es una respuesta bastante compleja, pero me parece que es importante que no se quede ahí.
Me parece que además de la incursión de ciertas fuerzas, de ser un asunto policíaco o de ser un asunto de operativos, pues quizá es un momento muy apropiado para que tomemos en cuenta los factores estructurales. Yo he puntualmente revisado las observaciones, recomendaciones de diversos organismos y creo que no se ha dicho, pero lo que nos entregó el Alto Comisionado habla de una nueva forma de atacar el problema del consumo de drogas. Habla de diversas cosas. Pero una de las recomendaciones de los organismos es justamente eso, hay que fortalecer estrategias que enfrenten causas estructurales de la violencia y en este caso hacia las mujeres. Muchas gracias y una disculpa a todas y a todos, y una disculpa a todos los ponentes de todas las mesas, por lo que nos hemos extendido todas y todos. Gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, señor diputado.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Y bueno, daríamos paso a la respuesta de nuestros invitados y en primer término a la diputada Catalina, para dar respuesta a los cuestionamientos de Verónica Juárez, perdón, de la diputada Martha Tagle y del diputado Rubén Moreira. Adelante, por favor.
La ciudadana Catalina Pérez Correa: Muchas gracias. Todavía no soy diputada, pero gracias. Yo quiero empezar dando las gracias nuevamente y decir que estoy de acuerdo con la diputada que preguntaba, ¿por qué es necesaria una reforma constitucional si se va a quedar la Guardia Nacional como un cuerpo civil?
¿Por qué se tiene que exceptuar a los miembros de la Guardia Nacional del artículo 129 constitucional, que establece que los miembros de las Fuerzas Armadas deben estar en los cuarteles en tiempo de paz?
¿Por qué se va a reformar el artículo 21 constitucional para dar a la Secretaría de la Defensa las facultades con lo que respecta a la estructura, disciplina, ascenso y promoción de los miembros de la Guardia Nacional?
¿Por qué se tiene que reformar el artículo 21 constitucional para hablar del fuero militar en caso de los quebrantamientos o las faltas de disciplina militar a los miembros de la Guardia Nacional?
Honestamente lo que parece es que sí se está facultando a los militares para que realicen tareas de seguridad pública. Se está legislando la Ley de Seguridad Interior vestida de gris y con la etiqueta de Guardia Nacional. Eso es lo que ahorita aparece en el dictamen.
Yo no sé cuál sea el dictamen, que prometen que va a mejorar todas las preocupaciones y dar respuesta a todas estas preocupaciones que se han planteado. Ahorita el dictamen que está aprobado y que entiendo es el que se va a poner a discusión, no un nuevo dictamen, el miércoles próximo, contempla estas reformas que explícitamente incluyen la participación de la Secretaría de la Defensa en la Constitución y esto además lo hacen con muy pocos controles. Hablaban de controles. ¿Cuál es el miedo? Preguntaba la diputada.
No, no hay controles. Los controles, ¿cuáles son los controles que ustedes proponen que va a tener la Guardia Nacional? Perdón, pero es una vacilada decir que es un control que una vez al año el Ejecutivo entregue un informe a la Cámara de Senadores, en todo caso, y si se lo quieren hacer, un control serio desde el Legislativo, tendría que incluir a ambas Cámaras y tendría que haber una facultad en la cual ambas Cámaras pueden pedir información que no esté en ese informe.
¿Militarización o no militarización, la Guardia Nacional? Dicen que no es militarización, que de qué nos preocupamos. El secretario de la Defensa hoy en la mañana decía que ellos plantan árboles, que ellos se dedican a la prevención y al tratamiento de adicciones, que hacen tareas de erradicación, que hacen auxilios a la población civil, ya están en todos los retenes para detener la delincuencia organizada y ahora van a estar a cargo de la seguridad pública del país.
Bueno, ¿por qué decimos que es militarización? Pues porque están en todos esos ámbitos y además de todo, ahora se les está permitiendo que desarrollen un terreno en Santa Fe con un costo inmobiliario gigantesco, que construyan el aeropuerto de Santa Lucía, que construyan una barda en el nuevo aeropuerto.
Bueno, pues por eso decimos que es militarización, porque los militares nunca habían tenido tanto poder como hoy estamos viendo desde la época de la Revolución y además hoy tienen, inclusive, autonomía presupuestal por las cuestiones de recaudación de impuestos, los servicios de prestación que ellos están llevando a cabo.
Puede ser que este gobierno sea un gobierno honesto y que no tenga intenciones, pero se los hemos dicho muchas veces esto, la Constitución no es para un gobierno. La Constitución es para un país y esta Constitución va a permanecer después de los tres años que ustedes dejen de ser diputados y después de los seis años que esta administración no esté.
Ustedes no pueden garantizar que el próximo presidente, quien sea, no va a hacer un mal uso de una figura que tiene todas estas facultades. Entonces, por favor, entiendo que van a hacer modificaciones al dictamen, pongan controles si es que van a insistir en modificar la Constitución y si va a ser temporal el uso del Ejército no pongan en la Constitución que la Guardia Nacional va a ser parte de la Secretaría de la Defensa, porque así va a quedar por el resto de los años, en 50 años vamos a estar tratando de discutir si es que se sujeta o no a evaluaciones que supuestamente va a tener. Muchas gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Tocaría el turno de la licenciada Edna Jaime para responder al diputado Jacobo Cheja, Verónica Juárez y al diputado Rubén Moreira.
La ciudadana Edna Jaime: Muchísimas gracias. La pregunta que me hace el diputado Cheja, creo que se la debió haber hecho a alguno de los abogados que están en esta mesa. Yo no soy abogada, pero me parece de primera importancia, porque la pregunta es: ¿correrá la misma suerte esta ley, esta reforma constitucional que la de la Ley de Seguridad Interior?
La Ley de Seguridad Interior fue derrotada por inconstitucional. Se va a cambiar la Constitución justamente para lo que es excepcional regularizarlo, que es la presencia del Ejército en tareas de seguridad.
Pero la pregunta es si esto puede ser impugnado ante la Suprema Corte de Justicia. Porque sí, o sea, creo que es un tema interesantísimo. Nuestro orden constitucional le da una función al Ejército y aquí queremos darle una función distinta y va contra el espíritu de la Constitución.
Entonces, a lo mejor alguno de los abogados presentes nos puede responder, pero creo que sí podría ser impugnada por la Corte y es una pregunta interesantísima. Creo que hay un espacio para eso.
Respecto a las otras preguntas, a mí me gustaría, hay una imagen que Catalina presentó y que me parece muy importante. Cada que hay una emergencia el Ejército o las fuerzas federales se hacen presentes en la plaza complicada y generalmente llegan y disuelven lo que existe del orden local, la policía municipal débil, maltrecha, llegan y de alguna manera acaban con lo poco que existía del orden local. Y las fuerzas federales se retiran y se queda la nada.
Y desde mi perspectiva ese es el ciclo de la estrategia fallida. Y me parece que lo que se está proponiendo no rompe ese ciclo. Y permítame complementarlo con otra imagen que quiero presentarles, tenemos nosotros muy estudiada la violencia en la Ciudad de México, los puntos calientes de violencia letal. Y hemos generado diagnósticos de por qué se concentran los homicidios en ciertos lugares de la Ciudad y la concentración tiene relación con el espacio.
Entre los diagnósticos hemos concluido que se necesitan intervenciones muy integrales. Por supuesto, la policía local que conoce el barrio, que conoce a los vecinos, a los liderazgos locales pero se necesitan muchas otras cosas, una presencia de Estado muy completa. No solamente lo reactivo, no solamente lo punitivo. La construcción de paz implica partir de un diagnóstico y trabajar en los factores de riesgo que generan la violencia. Eso requiere de una respuesta del Estado muy sofisticada.
Y la verdad, lo que se está proponiendo con la Guardia Nacional es más de lo mismo de lo que hemos tenido, queremos resolver las distintas violencias de este país con una sola respuesta, una respuesta reactiva, una respuesta punitiva que no está abordando las causas. Que no está identificando factores de riesgo, que no está convirtiendo esos actores de riesgo en factores de protección.
La intervención del Estado debe estar dirigida a hacer esa transformación, un riesgo convertirlo en protección.
Y requiere de respuestas bastante complejas. No esperemos que, con una Guardia Nacional, de formación militar podamos resolver la complejidad de las violencias de este país.
No nos llamemos a la sorpresa si dentro de seis años estamos hablando de que estamos volviendo a romper récords de violencia.
Por aquí no va. Tenemos que entender el problema en su complejidad y necesitamos construir las respuestas correctas, que es presencia de Estado en distintas dimensiones. Muchas gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias a la licenciada Edna Jaime.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Y le pediríamos a la licenciada Karla Michel que pudiese también responder los cuestionamientos de la diputada Juárez, de la diputada Martha Tagle y del diputado Ernesto Palacios. Adelante.
a ciudadana Karla Michel: Sí, claro que sí. Muchas gracias. Ciertamente, como diría Catherine MacKinnon, las mujeres nunca hemos vivido en tiempos de paz. Ya sea en los hogares, como en el espacio público, las mujeres estamos sometidas todo el tiempo a un estado de guerra.
Hay una preocupación, por supuesto, porque si bien se ha hablado de incorporar la perspectiva de género en el proyecto de dictamen de Guardia Nacional, lo cierto es que esto lo hace de manera enunciativa. Y nosotras sabemos perfectamente que con la capacitación o únicamente mencionando que se incorporará la perspectiva de género, esto no necesariamente se traduce en los hechos.
En el Programa Nacional de Paz, que no solamente se reduce a la iniciativa de Guardia Nacional, no hay ni un solo proyecto, no hay ni un solo programa que podamos hablar que está incorporando las perspectiva de género.
Se ha hablado mucho de los programas sociales, del programa particularmente de Sicarios no, becarios sí, que desafortunadamente no entiende las características, las violencias y las circunstancias específicas de las mujeres.
Hay algunas mujeres que, efectivamente, están en el sicariato, pero muchas, la gran mayoría están siendo víctimas de trata. Hay un tema muy interesante ahí, no solamente en la relación con el número o el incremento alarmante de las desapariciones de mujeres, sino también con otros fenómenos, como puede ser la trata y la prostitución. Parece que literalmente van de la mano. Entonces, por supuesto que eso se tiene que revisar.
Algunos aspectos que me parecen muy importantes, que se tienen que incluir tanto en el dictamen y eventualmente en las leyes secundarias, lo primero es que se necesita escuchar a las mujeres.
Si seguimos pensando en que la seguridad se reduce a la mayor presencia de los cuerpos policiacos, ya sea militares o federales, esto lo sabemos y tenemos muchos ejemplos en este país: Guerrero, Oaxaca, Chiapas. A mayor presencia de los cuerpos policiales y militares se incrementa la violencia sexual en contra de las mujeres. No hay más.
Ahí están los casos de la Corte Interamericana y ahí están los datos. La seguridad no se reduce a la presencia de estos cuerpos policiacos.
Es necesario también escuchar a las víctimas. Yo les mencionaba varios de los casos por los cuales México ha sido sentenciado. Si no se van a revisar, si no se va a escuchar a las víctimas, hay que leer las sentencias. Ahí no solamente se dan cuenta de los testimonios, sino también de las consecuencias jurídicas que hay para el Estado mexicano.
Otro de los aspectos que se tiene que analizar y por supuesto que se tiene que revisar es todo el tema de la jurisdicción militar. Aparentemente, en nuestro país se ha ido limitando con la modificación del artículo 57 del Código Militar. Pero desde 2015, 2016 se han hecho varias reformas que son realmente preocupantes.
Quiero mencionar la aprobación que hubo en 2016 del Código Militar de Procedimientos Penales. Este dictamen y esta iniciativa prácticamente pasaron sin discusión. Un día se aprobó en comisiones y a la siguiente sesión de pleno ya se estaba votando. Prácticamente no hubo discusión ni en el pleno ni en las comisiones.
El argumento en ese momento de los militares es que era importante contar con un Código de Procedimientos que se adecuara, digamos el procedimiento a la jurisdicción militar, al Sistema Penal Acusatorio.
Eso en principio no tenía ningún problema, sin embargo, cuando revisamos este Código Militar de Procedimientos Penales hay apartados que llaman altamente la atención.
Por ejemplo, hace referencia a los derechos de las víctimas, derechos de las niñas y los niños a declarar. Entonces, la pregunta es: ¿por qué un Código de Procedimientos del orden militar hace referencia a las víctimas y a sus derechos si la jurisdicción militar es exclusivamente para faltas militares, donde no hay víctimas, porque la víctima es, en todo caso, la institución?
¿Qué hacen en un Código de Procedimientos Militares los derechos de las víctimas y además considera traductores, asesores jurídicos, etcétera? Y esto se debe a que los militares nunca han tenido la intención de limitar su jurisdicción, de que lamentablemente siguen actuando en casos donde no tendrían que venir actuando, casos de violencia sexual, casos de desaparición forzada, de tortura, etcétera.
Otro ordenamiento que se tiene que revisar con lupa es la Ley de Disciplina del Ejército y las Fuerzas Armadas. Aquí claramente contradice todo lo que tiene que ver con la jurisdicción militar porque sigue hablando de los delitos y sigue hablando de la responsabilidad de los militares, que cometen los actos, así como de la cadena de mando que serán juzgados por la jurisdicción militar.
Quiero mencionar que hay, en la sentencia del caso Alvarado Espinoza contra México, se emiten una serie de disposiciones, una serie de resolutivos que no son recomendaciones, son medidas que tiene el Estado mexicano que dar cumplimiento, sí o sí, es una sentencia de un tribunal y como tal tiene que acatarse.
En el párrafo 356, recordemos que el caso Alvarado, perdón, el caso Mariana Selvas, es la violación sexual de 11 mujeres, que es cometida en el marco de un operativo en San Salvador Atenco. En esta sentencia, en el párrafo 346, la Corte Interamericana establece que el Estado mexicano deberá crear un observatorio independiente que permita dar seguimiento a la implementación de las políticas en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza. Los cuerpos policíacos, dentro de los cuales, dice la Corte Interamericana, debe de haber participación de la sociedad civil.
Este observatorio debe de evaluar la efectividad de los mecanismos de supervisión y fiscalización de operativos policiacos antes, durante y después del uso de la fuerza, así como proponer mecanismos de mejora institucional. Este observatorio que tiene que ser cumplido como parte de una sentencia emitida por la Corte Interamericana debe de ser incluido en el marco de toda la estrategia de seguridad.
Quiero mencionar, finalmente, lo que me hacía referencia la diputada Tagle, que el mando sea civil, cambia en algo la violencia contra las mujeres o que se combata la impunidad en los casos de violencia sexual. La respuesta es, no.
Tenemos muchos ejemplos, el caso que mejor conozco son los casos de violencia sexual que se dan en el marco del operativo Chihuahua, donde principalmente los agresores están siendo señalados como integrantes de la Policía Federal, sin embargo es importante que, considero, que uno de los elementos que ha permitido y ha propiciado la impunidad en los casos de violencia sexual es que en estos casos nunca se considera a los mandos, es decir, se considera únicamente a los autores directos y no así a los encargados o a los jefes de esos cuerpos policiales.
En ese sentido, si bien no existe una orden –en apariencia–, la verdad es que cuando vemos que son sistemáticos, de pronto, no sé, habría que dudar si existe o no la orden. Lo cierto es que la propia Corte Interamericana ha reconocido que, en el marco de estos operativos, en el caso mexicano, la violencia sexual se ha utilizado como un arma precisamente en contra de las mujeres y también de algunos hombres, es decir, así como se ocupan los gases lacrimógenos, así como se ocupan las armas, también se está ocupando la violencia sexual. Entonces, yo no me atrevería a decir que no, que no es una orden.
Sin embargo, independientemente de si podemos acreditar que sea una orden cuando hablamos de la cadena de mando, también sabemos que existen, por ejemplo, personas que tenían que supervisar, y que conociendo los hechos de violencia sexual no hacen algo, ahí tenemos actos de dolo eventual que pueden ser perfectamente procesados y sentenciados esos mandos, o también mandos que frente a las denuncias de violencia sexual las desestiman o las han subestimado.
En ese sentido hay culpa por representación que también está incluido en los códigos penales y por supuesto podría haber una sanción eventualmente contra esos mandos, y eso es importante que quede establecido también como mecanismos en la legislación que se pretenda aprobar. Muchas gracias.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, licenciada.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Le pasaríamos el turno a Raúl Zepeda, para dar respuesta a la interrogante de la diputada Martha Tagle, adelante.
El ciudadano Raúl Zepeda Gil: Muchas gracias. Quisiera también, justo en el marco de esta respuesta a la diputada Tagle, que le agradezco mucho la pregunta. Creo que hay que profundizar mucho en temas de operatividad general. Lo voy a decir por una razón general, que es que no importa –en mi percepción– que estemos discutiendo militar o civil. No en el sentido de que no sea relevante en casos de responsabilidad política, porque esta es una responsabilidad política al final de cuentas.
Si hubiese quedado adscrita a la Secretaría Defensa el secretario de la Defensa sería el responsable político de la seguridad pública, y por lo tanto él tendría que dar cuenta de ello como fue en este caso el secretario de Gobernación del sexenio anterior, o el secretario de Seguridad Pública.
La responsabilidad política es importante pero tenemos que preocuparnos muchísimo por la operatividad en el terreno porque ahí es donde suceden las cosas no importando la agencia de seguridad. Estoy hablando desde la policía municipal, la Policía Federal, la estatal, todos los cuerpos militares. Todo cuerpo, toda persona que tenga un arma autorizada por el Estado mexicano necesita ser regulada.
Eso creo que es un mensaje que tenemos que tener muy claro todos a la hora de legislar, porque por ejemplo el caso de Apatzingán, que es un caso que tengo muy claro y que hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hubo detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, eso fue a cargo de la Policía Federal. El caso de Tlatlaya fue de unos militares de una base de operaciones mixtas.
A mí me preocupa quien tenga un arma a nombre del Estado mexicano no importando su adscripción administrativa por el hecho de que esa persona tiene una responsabilidad ante los ciudadanos de proteger la seguridad de ellos, proteger la seguridad de lo que se le encargue y de sus colegas.
A partir de ahí tenemos que pensar, desde lo más micro hasta lo institucional y político, cómo vamos a regular que alguien con una pistola a nombre del Estado mexicano use esa pistola o use un tolete o use lo que sea, o incluso que use su posición de autoridad que deviene de la ley, pero también deviene de una autoridad legal y que antropológicamente se asume; tú ves a alguien vestido de policía y por lo tanto asumes que esa autoridad es importante y por lo tanto puede estar o abusar de su posición.
Es decir, llega un policía, sientes que te va a detener, te va a llevar al Ministerio Público, entonces en muchas ocasiones tienes que aceptar lo que te dicen porque sabes que puedes terminar en un Ministerio Público. Que terminar en un Ministerio Público en este país ustedes lo sabrán muy bien, en temas de justicia penal, es irte a la cárcel a menos que tengas dinero para un muy buen abogado. Si no es ese el caso la justicia en este país afecta a los pobres y la letalidad de los cuerpos de seguridad afecta a los pobres.
Vean los datos de INEGI sobre el perfil de las víctimas de homicidio. Son hombres jóvenes de baja escolaridad, de situación rural o urbana empobrecida. Hay que ser muy claros que las víctimas de esto y también los policías y los militares siguen siendo el mismo perfil si se dan cuenta. Hombres jóvenes, baja escolaridad. Claro, el Ejército sirve como un mecanismo... social e igual la Policía Federal. Yo quisiera enfatizar un tema que es que tenemos que preocuparnos muchísimo en temas que por ejemplo decía un colega de las cámaras de la tecnología que se usa.
En Estados Unidos por ejemplo con el movimiento de Black Lives Matter tienen toda una preocupación del abuso policial que hace cualquier policía de donde sea, de Jacksonville por ejemplo, que termina asesinando a un miembro de la comunidad afroamericana porque esta persona simplemente sale de su casa y el policía cree que por su perfil, es decir hace un perfil criminológico obviamente discriminatorio y lo mata.
Una de las soluciones que han encontrado, por eso digo que hay que pensar en lo micro y lo antropológico, es videograbar a los policías. Que ellos tengan en su chaleco una cámara porque ese chaleco, esa cámara se va a llevar al proceso judicial que va a enfrentar ese policía ante un tribunal y va a ser evidencia.
Por eso fui muy enfático en decir las videograbaciones, los reportes, todos los documentos, lo que podamos saber, porque un problema de fondo de la operación de los cuerpos de justicia es que no sabemos exactamente qué están haciendo hasta que ya pasaron las cosas.
Entonces tiene que venir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a rescatar o un organismo internacional, a tener que reconstruir los hechos, y nos pasa, por ejemplo como a los de Ayotzinapa, que me parece impresionante que viene el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nos estamos enterando de camiones cuatro años más tarde. Es impresionante. Es decir, hasta la fecha no sabemos qué pasó en Ayotzinapa. Ahora imagínense de las miles de acciones, yo diría millones de acciones de los cuerpos armados del Estado mexicano, los pongo en plural, policías militares, hasta un policía de tránsito qué no sabemos.
Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, uno, cómo nos vamos a enterar.
Dos. Cómo vamos a ser responsables políticos, administrativos, civiles y jurídicos a todos, la cadena de mando. Es decir, desde el policía que le tocó porque lo que pasa mucho en este país es claro, al policía o al militar, y en eso yo creo que en parte tiene razón como los operadores del sistema de justicia, a ellos les toca la responsabilidad penal, pero dónde está el comandante de zona que dijo vayan allá y mátenlos, digamos, no creo que lo diga así o quizás sí, no sé. Pero justo dónde está la responsabilidad de él.
Dónde está la responsabilidad de su jefe directo que tiene a ese cuate haciendo esas cosas, y dónde está la responsabilidad del director que tiene elementos haciendo cosas, y dónde está la responsabilidad política del encargado político, por ejemplo, de una policía municipal que viola derechos humanos.
Lo mismo en la Guardia Nacional, lo mismo en la Policía Federal, lo mismo en todo. Es decir dónde están las responsabilidades civiles, penales, administrativas de todos ellos, y en ello es bien importante lo que dice Karla.
Tenemos que preocuparnos mucho en el mundo gris entre el Código Militar y el Código Penal, porque el problema, incluso lo pongamos muy clarísimo en la Constitución, esto va a terminar en tribunales. Es decir, porque va a haber un miembro del Ejército que con justa razón pueda hacerlo, que vaya a los tribunales y diga: no, es que lo mío fue una falta de la disciplina militar y no necesariamente no falta al Código Penal.
Esa ha sido una disputa que hemos tenido en la Suprema Corte por años, y que la Corte afortunadamente ha limitado la jurisdicción penal, pero lo vamos a regresar.
Entonces en el hilado fino de la redacción tanto de la Ley Orgánica de la Guardia, la Ley del Uso de la Fuerza, tenemos que ver cuál, cómo evitar esa zona gris.
Supongo que, si se aprueba, se asume la zona gris, y hay que sufrir las consecuencias políticas.
La siguiente es, me parece muy interesante el tema de los ascensos. Hay un artículo de Jordi Iries, un investigador muy importante que buscó qué tanto hace el Congreso de la Unión en México, históricamente, sobre control político de la Sedena y la Semar. Entonces lo que documentó fue que no se ha rechazado una sola vez en la historia del Congreso, un solo ascenso militar en Marina o en Ejército.
De hecho creo que comenzó a pasar en esta Legislatura y se echaron para atrás. Bueno, no importando el caso particular, si ellos son responsables en seguridad pública de eso, pues debería este Congreso conocer sus ascensos. Es una sugerencia.
Hay muchos mecanismos de control legal, muchos antropológicos, es decir, que tienen que ver con la actuación, muchos tecnológicos. Yo insisto, tiene que haber un inspector, de hecho lo del inspector no es una idea nueva. Hay inspector en la Policía Federal, pero el inspector tiene un nombramiento político de un funcionario público, entonces el problema es que el inspector, su jefe, es el secretario. Entonces ¿qué le va a decir el inspector a todos? Ah, no, es que nuestros elementos causan esto, pero por orden política no puede hacerlo.
Entonces importa mucho que haya alguien con facultad, autonomía presupuestal que diga: a ver, en la cadena mando estos son responsables. Y creo que tiene que haber un registro documental muy importante y que sea público, porque es la única manera en que los ciudadanos podemos vigilar.
A mí me gustó mucho, por ejemplo, que un funcionario de las policías comunitarias, sobre todo la de Cherán, allá en Michoacán, es un gran modelo de seguridad porque toda la autoridad policial, pues ya saben que es un consejo de gobierno, no es un presidente municipal electo, etcétera. Ahí todos se sientan y cuando cometen una violación de las reglas comunitarias de seguridad pública, el consejo manda a cuentas a esos integrantes.
Pasa lo mismo en la manera informal en Uruapan, por ejemplo, donde ustedes han visto esta, ahí sí hay, es la mayor unidad nacional del mundo, todos los puestos políticos postulan al mismo candidato. ¿Por qué? Porque todos los empresarios aguacateros de Uruapan, se han unido en decir: a ver, sus rollos políticos no nos interesan mucho, tenemos que proteger la producción de aguacate, más allá de que yo coincida o no con el espíritu democrático de eso, lo interesante es que los empresarios de aguacateros de Uruapan están muy involucrados en las tareas cotidianas de la policía local y de lo que fue la fuerza rural hasta que despareció después.
Entonces hay muchos modelos en los cuales podemos integrar personas que se enteren de cosas, si no nos enteramos ex ante, durante y después de lo que están haciendo estas corporaciones, e insisto, sean militares, sean civiles, si no sabemos lo que están haciendo y cómo evitar que los hagan, cualquier intento de controlar la letalidad, que la letalidad es un instrumento último del Estado mexicano, el más importante, es lo que define al Estado en un Estado; o sea los estados son Estados porque saben usar la violencia.
Entonces, la única manera en qué podemos diferenciar al Estado de cualquier agencia criminal, es cuando el Estado es capaz de utilizar su fuerza de manera democrática y legal. Ese sería mi recomendación.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Finalmente, tiene la palabra Jorge Lara, para dar respuesta a la interrogante del diputado Moreira.
El ciudadano Jorge Lara Rivera: Gracias, buenas noches. Procuraré ser breve y recogeré también el pañuelo respecto de si es impugnable o no, creo que ese va a ser un gran tema, sobre todo aquí en sede legislativa del Congreso.
Tiene que ser impugnable, me parece, porque sí hay una contradicción con las sentencias últimas de la Corte Interamericana y no puede irse a la Corte Interamericana sin antes pasar por la Suprema Corte.
Y ahora el auspicio de un presidente con un corte de progresividad respecto de, el respeto a la garantía y la protección de los derechos humanos, puede ser auspiciante, ¿no? Porque no olvidemos la contradicción de tesis, la 293 del 2011, que dice que todas las resoluciones de la Corte Interamericana son vinculantes, y no obstante que dice, la misma contradicción de tesis, que las restricciones constitucionales a derechos humanos que se opongan al derecho internacional son válidas, pues aquí vamos a encontrar un conflicto de ponderación bien interesante, independientemente de cómo puede llegar a resolver la Corte, será una discusión fascinante, ilustrativa, pero desde luego que ya la Corte Interamericana y la propia Comisión están pavimentando el camino si acaso se insiste en esta idea.
Ahora, a propósito y agradezco las preguntas del diputado Moreira, sobre el sistema acusatorio. Yo creo que hay que ver qué ha hecho este nuevo gobierno respecto de nuestro Sistema Penal Acusatorio, es decir: ¿qué acciones han sido anunciadas a este respecto?
Fue, uno, la Ley Orgánica de la Fiscalía, que ya vimos que no incorpora temas fundamentales para la operación, más allá incluso, de la propia autonomía.
Yo creo que más allá, incluso, de ser cuestiones o de leyes, el problema está en el enforcement, permítanme la expresión, el anglicismo, no ha habido una gestión, no ha habido un control parlamentario federal o estatal para producir rendición de cuentas y resultados.
Insisto, en Umecas, unidades de cautelares, que es un componente crítico al cual le falta mucha centralidad, y en soluciones alternas, inclusive, ministerios públicos y demás.
Luego, el presupuesto, 10 por ciento menos a la PGR. Es muy elocuente, frente al aumento en presupuesto a defensa nacional, no, como ya se vieron acá.
El tema del Artículo 19, es otra acción elocuente de cómo de este gobierno, el funcionamiento del sistema. La ampliación del catálogo de delitos del 19 constitucional no es otra cosa que subsidiar la ineficacia de los ministerios públicos y los policías.
Entonces, lo cual a largo plazo va a seguir generando esquemas de impunidad y de ineficacia y de debilidad institucional, que entiendo que es lo que se quiere superar, y este tema de Guardia Nacional. No hubo un cruce en el diseño de esta propuesta.
Me permito recordar algunos principios fundamentales del sistema, igualdad entre las partes, igualdad ante la ley, contradicción. La contradicción parte de la igualdad, y los procesos se construyen con un esquema fundamental de libertad probatoria, y la libertad probatoria se construye con la investigación científica tanto del delito como de la defensa.
Yo digo que son cosas de teleología y de naturaleza, un investigador, un criminalista de cualquier dependencia, va a pretender hacer valer su criterio criminalístico ante su superior apoyado en evidencias.
Eso, ¿cómo es compatible con una jerarquía castrense, cuándo un sargento le va a decir a un coronel, esta es la prueba? Y el coronel tiene otro criterio, por ejemplo. Ya para hablar de temas operativos, en temas criminalísticos. Me parece que no es compatible por no hablar del escenario que yo decía.
Ahora se está exponiendo a que las Fuerzas Armadas pasen la prueba de las audiencias públicas y demás, por una razón de la cuestión, del cuestionamiento de la militarización. Hoy por hoy, como dice el colega, los operativos tienen que ver con flagrancias, con primeros respondientes, con patrullajes.
El esquema de la reforma implica acciones de prevención, acciones de mitigación, acciones de incluso prevención social, acciones de investigación criminalística y acciones de judicialización, porque el policía tiene que ser un eficaz gestor judicial tutelado por el Ministerio Público, que por cierto hay que romper esta imagen de que el gran estratega de lo criminalístico es el Ministerio Público. Ahora los estrategas tienen que ser los investigadores policiacos.
Pregunto, ¿tenemos estas posibilidades o estas expectativas para la gran, yo digo, pondero mucho la calidad humana de las Fuerzas Armadas, pero, tienen este perfil? ¿Fueron reclutados con este intencionalidad, fueron preparados para esta teleología? Me parece que no y me parece que si un sargento, un coronel o incluso un general llegan a ser policías llamados a juicio, yo creo que se van a quebrantar los principios del sistema acusatorio y una defensa fácilmente podría impugnar esa circunstancia.
Respecto de la secuencia histórica de la Guardia Nacional. No soy historiador, diputado, pero sé evidentemente que la Guardia Nacional del siglo antepasado que se confirmó en la Constitución de 17, tiene un llamado a la ciudadanía a la defensa de la soberanía, en donde se le da una decisión, una determinación de conducción muy importante a los estados, un poco en consonancia con lo que pasa en otras Constituciones, precisamente la de Estados Unidos, pero es una guardia o un ejército ciudadano, en el cual por cierto todos hemos llegado a formar parte en las reservas de la Ley del Servicio Militar, pero eso definitivamente se acaba porque vamos a un reclutamiento ex profeso para funciones de seguridad conforme está el dictamen. Yo agradezco su atención.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Muchas gracias, Jorge.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Y ya nada más previo a cerrar los trabajos de la audiencia, si me permiten haría una reflexión final, estableciendo que ha quedado claro que la Guardia Nacional no puede ni debe ser un instrumento que derive en el uso indiscriminado de la fuerza.
Entendemos que hay un temor fundado, así ha sido expresado en todos y cada uno de estos ejercicios desde la presencia de expertos en la Comisión de Puntos Constitucionales, y como ciudadanos sin duda lo reconocemos y por ello debemos hacer lo que a cada quien nos toca para poder eliminar esos temores.
Hoy lo que está en juego sin duda es la viabilidad de la República, por ello es indispensable avanzar bajo un modelo de apertura tolerante en la construcción de un nuevo pacto social para México. Avancemos y creo que esa también es una coincidencia plena en el cómo sí para construir y mejorar el sistema de seguridad pública y que las familias se sientan tranquilas y contentas de ser parte de una nación que vive en paz.
Hoy se ha discutido, al igual que en días anteriores, los ejes de una propuesta. Avancemos en el perfeccionamiento y construyámosla, eso sí, de cara a la República, con dignidad, con entereza y además atendiendo a que sí existe la capacidad plena de avanzar con voluntad política, superando atavismos y desmesuras.
Ha quedado de manifiesto la gran vitalidad que significa el parlamento abierto. Ya no en términos teóricos ni discursivos, sino en la praxis, lo cual abona a la trascendencia de esta soberanía y sin duda reconoce que la pluralidad y el darle su lugar a la ciudadanía, como el sujeto primordial para lograr la transformación social, es y puede ser una realidad en este país.
El moderador diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: A nombre del diputado Mario Delgado, presidente de la Jucopo, por supuesto de todos sus integrantes, reiteramos el agradecimiento a la presencia del diputado Juan Carlos Romero Hicks, agradecemos la presencia de la sociedad civil organizada, de nuestros invitados especiales, de las y los legisladores, y sin duda este ejercicio en el marco del período extraordinario coadyuvará para garantizar que este país tenga viabilidad en todos los ámbitos. Muchas gracias y muy buenas noches.
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