Intervención del ciudadano Honorio Hernández María, en náhuatl
Actas de las sesiones anteriores
Comunicaciones
Iniciativas
Primera ronda
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Morena
Ciria Yamile Salomón Durán, PVEM
Jesús Fernando García Hernández, PT
Francisco Pelayo Covarrubias, PAN
Carlos Sánchez Barrios, Morena
Rosario del Carmen Moreno Villatoro, Morena
Mónica Herrera Villavicencio, Morena
Annia Sarahí Gómez Cárdenas, PAN
Gabriela Benavides Cobos, PVEM
José Alejandro Aguilar López, PT
Anais Miriam Burgos Hernández, Morena
Daniel Andrade Zurutuza, Morena
Antonio Lorenzo Castro Villarreal, Morena
Segunda ronda
Éctor Jaime Ramírez Barba, PAN
Ana Isabel González González, PRI
Irais Virginia Reyes de la Torre, PMC
Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, PVEM
Nayeli Arlen Fernández Cruz, PVEM
Alejandra del Valle Ramírez, Morena
Laura Cristina Márquez Alcalá, PAN
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Morena
Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Morena
María Magdalena Rosales Cruz, Morena
Karina Margarita del Río Zenteno, Morena
Mariana Benítez Tiburcio, Morena
Efeméride
Con motivo del 15 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil
María de Fátima García León, PMC
Ofelia Socorro Jasso Nieto, PRI
Paola Milagros Espinosa Sánchez, PAN
Ana Erika Santana González, PVEM
Alejandra Chedraui Peralta, Morena
Autorización para turnar a comisiones minuta que se recibirá de la Cámara de Senadores
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
Clausura de la sesión y cita para la próxima
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Señora presidenta, se tienen registrados 299 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (11:32 horas): Se abre la sesión ordinaria del miércoles 11 de febrero de 2026.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y está disponible en las tabletas de las curules, contiene los asuntos a tratar de esta sesión.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Honorable asamblea, en el marco de Las lenguas toman la tribuna, la Cámara de Diputados da la bienvenida al ciudadano Honorio Hernández María, originario de la comunidad de Sasaltitla, municipio de Chicontepec, Veracruz, hablante de lengua náhuatl. Forma parte de la Red de Intérpretes de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Es perito certificado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas con formación de derechos humanos.
Nuestro invitado de hoy ha cursado diversos talleres, cursos y diplomados en enseñanza de lenguas indígenas impartidos por instituciones como la Fiscalía General de la República y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Rosario Castellanos y es un activo promotor cultural de San Miguel Amantla, donde lideró el proyecto Rescatemos nuestra identidad, y diversas iniciativas de mejoramiento urbano y social. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Tiene usted el uso de la palabra ciudadano Honorio Hernández María. Adelante, por favor.
El ciudadano Honorio Hernández María: (Habla en náhuatl) Hola a todos. Los saludo con mucha alegría hoy en esta tribuna en la que se debate y se hacen leyes. Los saludo a todos ustedes, diputados, y también a los que nos ven y nos escuchan.
Yo vengo hoy aquí y traigo este mensaje que hice junto con muchos de mis compañeros indígenas, en el cual plasmamos todo lo que a nosotros nos preocupa y lo que queremos que en verdad se haga.
Se aproxima ya la fiesta de nuestras lenguas indígenas (lenguas maternas), en la que se realizan muchos eventos y se muestran muchas cosas. Nosotros decimos está bien que haya un día en el que se recuerda a todas las lenguas que hay en este planeta; sin embargo, nosotros, los hablantes de lenguas indígenas, no solamente vamos a celebrar nuestras lenguas o nos vamos a poner nuestros trajes regionales por un día. Todos los días necesitamos promover y respetar nuestros saberes, nuestra trayectoria, nuestra lengua.
Respetemos a nuestros abuelos y nuestras abuelas que poseen una gran cantidad de saberes, que muchos de nosotros ya no respetamos. Escuchemos qué nos cuentan los que ya han avanzado, porque ellos conocen demasiado el camino que nos heredaron nuestros antepasados.
Nosotros, como indígenas, vemos como, poco a poco, se van perdiendo nuestros saberes, nuestro caminar. Porque ahora los papás y las mamás ya no les enseñan a los niños a hablar nuestras lenguas indígenas. Esto que vemos hoy, el cómo se van perdiendo los conocimientos que nos heredaron nuestros antepasados, no empezó hace poco, esto es lo que se va viendo del trabajo que llevan años realizando otros gobernantes, quienes no respetaron el conocimiento y el andar indígena.
Se han burlado de nuestros hermanos indígenas por su manera de hablar, de caminar, de vestir, y muchos de nuestros hermanos sufrieron muchos castigos, porque a los indígenas no les tenían el menor respeto. Por eso, ahora muchos padres ya no les enseñan a sus hijos la lengua indígena, porque no quieren que sus hijos sufran lo que ellos sufrieron.
Ahora vemos que estos gobernantes quieren que otra vez se fortalezcan los conocimientos indígenas y que se revitalicen nuestras lenguas originarias. Si de verdad quieren que se realice este trabajo, sí se puede, pero se necesita que entre todos hagamos este trabajo, le entremos y que todos tengamos algo que hacer.
Si de verdad estos gobernantes quieren que se revitalicen nuestras lenguas indígenas, este es plan que se requiere realizar:
1. Promover en la radio, en la televisión, en internet y en las redes sociales el valor de lo que nos heredaron nuestros antepasados y por qué no debemos dejar que se pierda.
2. Que, en la escuela, a los niños les enseñen en su lengua indígena y que, en su casa, los niños usen su lengua materna, y en donde anden, que no se avergüencen por que hablan su lengua indígena.
3. Que se empiecen a crear radios comunitarios en los que se hable y promueva el valor de las lenguas indígenas, nuestro caminar y todo el conocimiento ancestral.
4. Que los empleados que trabajen en los municipios donde se hablen lenguas indígenas puedan hacer uso de su lengua materna.
5. Que los hablantes de lenguas indígenas que hay en las comunidades sean incluidos en los proyectos, porque ellos son los que encabezarán la revitalización de nuestras lenguas.
Éste es el mensaje que hoy les entregamos, qué es lo que se necesita realizar si de verdad quieren que se revitalicen nuestras lenguas indígenas; si no, solamente juegan con los indígenas.
Yo no vengo solo porque me guste salir en muchos eventos. Yo vengo porque, de verdad, me preocupa, porque no quiero que mañana nos recuerden solo en los museos. Nosotros estamos vivos y también pensamos, no solo somos objeto de diversión.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchísimas gracias por su presencia. Ciudadano Honorio Hernández María, muchas gracias por estar aquí. Que tenga usted un gran día y un gran regreso a casa.
Esta Mesa Directiva, y literal todos los integrantes de esta Mesa Directiva, queremos reconocer la presencia el día de hoy del escultor, arquitecto y autor de Timo, Rodrigo de la Sierra. Muchas gracias por estar aquí. Gracias porque ha sido invitado por el coordinador, el diputado Ricardo Monreal, y han inaugurado una exposición el día de hoy. Invitamos a todas y a todos a poder recorrerla, se llama Timoteo en San Lázaro. Muchísimas gracias por expresar en este espacio deliberativo sus obras y su arte. Muchísimas gracias. Gracias, coordinador.
Me informan que el diputado Olivares está haciendo uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Gerardo Olivares Mejía (desde la curul): Sí, presidenta, para referirme al tema de la reducción de la edad de jubilación de los trabajadores que cotizan en el ISSSTE. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un decreto para reducir gradualmente la edad de jubilación y que a partir de 2034 sea de 55 años para los hombres y 53 años para las mujeres.
Esta gran acción de la presidenta fue una sensible respuesta a la lucha de los maestros de México. Su servidor presentó una iniciativa en diciembre con el objetivo de eliminar de plano el requisito de la edad de jubilación, eliminar la tabla del décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, para que los trabajadores con 30 años de servicio y las trabajadoras con 28 años puedan jubilarse sin importar su edad, como estaba vigente antes de la reforma neoliberal de 2007.
Por ello, quiero plantear que la buena voluntad de la presidenta quede plasmada en la ley, que se dictamine con base en su decreto y las iniciativas como la que he presentado y han presentado otros legisladores compañeros. De esa forma se realizará una relevante acción de justicia social. Es cuanto, presidenta. Unidad nacional, todo el poder al pueblo.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Han quedado asentadas sus posiciones. Me informan que la diputada Naty Jiménez está solicitando el uso de la palabra. Adelante, diputada.
La diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (desde la curul): Con su venia, diputada presidenta, diputadas y diputados. (Habla en lengua originaria). Quiero reconocer la participación histórica que se ha realizado por una figura que la trajo al centro de la mesa el mejor presidente, expresidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, algo que reconoció nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en su mañanera y es la revocación de mandato que vivimos en mi bello estado de Oaxaca.
Las y los oaxaqueños salimos a participar el pasado 26 de enero. Hicimos conciencia de la participación democrática, de la participación ética y, por supuesto, que con eso volvimos a hacer consulta. Algo de nuestros principios es que el pueblo pone y el pueblo quita y que con el pueblo todo y sin el pueblo nada.
Desde acá quiero reconocer también, por supuesto, el trabajo activo que realizó nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, con el Congreso local, que fue el parteaguas para marcar el antes y el después de la revocación. Muchísimas gracias a todas y a todos. (Habla en lengua originaria).
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Han quedado asentados.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Pregunto si hay algún otro legislador o legisladora que desee hacer uso de la palabra y en caso de no ser así, consulte la Secretaría, a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura de las actas de las sesiones matutina y vespertina del martes 10 de febrero del año en curso, toda vez que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura de las actas de las sesiones del martes 10 de febrero del año en curso. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobadas. En votación económica consulte la Secretaría si se aprueba una vez que se ha dispensado.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: En votación económica se pregunta a la asamblea si son de aprobarse las actas de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobadas.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, secretario. Continúe, por favor.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Se recibieron solicitudes de los diputados Felipe Miguel Delgado Carrillo, Marcela Michel López y Arturo Hernández Tapia para retirar iniciativas que se encuentran publicadas en Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Se recibió de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral el acuerdo relativo al plan integral y el calendario de coordinación del proceso electoral local 2025-2026, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Reforma Política-Electoral para su conocimiento.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Se recibieron de diversas dependencias dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en Gaceta Parlamentaria con su trámite.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 15 y se reforma la fracción II del artículo 18-J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Pablo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 8o. Bis a la Ley General de Desarrollo Social; y los artículos 55 Bis, 55 Ter y 55 Quater de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible; y la fracción XI al artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario de Morena.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente punto del orden del día es el capítulo de iniciativas y, por tanto, iniciamos esta primera ronda con el vicepresidente de esta Cámara de Diputados, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar su iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 32 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Adelante, vicepresidente.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Con su venia, presidenta. ¿Qué pensarían si una persona en estado de ebriedad conduce su vehículo, consulta su teléfono para buscar en las aplicaciones dónde están los alcoholímetros? Ubica los alcoholímetros, los evade, algunas cuadras después, choca, pierde la vida y también pierden la vida otras personas que no habían ingerido alcohol. Esto sucede en todo el mundo y en México hay 44 accidentes diarios asociados con el consumo de alcohol.
Estamos claros que la tecnología y las aplicaciones han venido a cambiar la forma de vida, han venido a ayudar a facilitar muchas cosas, pero también pueden generar circunstancias indeseables que vulneran la prevención de accidentes y la seguridad vial.
Estamos proponiendo en esta iniciativa que estas aplicaciones no especifiquen y no señalen de manera concreta dónde se encuentran estos operativos de alcoholímetros o de inspección policial o de seguridad. Porque al hacerlo así, las aplicaciones, le están dando la vuelta a una pretensión del Estado que es generar condiciones para prevenir accidentes o para evitar delitos.
Y lo que nosotros visualizamos, vemos y proponemos y sometemos a la consideración de esta asamblea, es la posibilidad de que se sigan usando esas aplicaciones, pero la ruta donde no afecten a las estrategias y políticas de prevención.
Vemos, también, que esto ya ha sido legislado en algunos países como España y Alemania donde ya se ha prohibido que las aplicaciones señalen con precisión, con exactitud, dónde se encuentran estos dispositivos.
La finalidad de esto es, justamente, fortalecer el control y la prevención y evitar que se coloque el Estado en una situación de riesgo no solo para quien evade los controles de alcoholímetros o policiacos, sino también para las demás personas que no se encuentran inmersas en esta situación.
Es evidente que existe un ejercicio de libertad de todos para poder acceder a estas nuevas herramientas tecnológicas, pero también es cierto que tenemos que buscar un equilibrio entre esta libertad y la salvaguarda y protección de la vida y la seguridad de las personas.
Es por ello que estamos proponiendo, para evitar que se pongan en riesgo, justamente, la vida y la integridad de las personas, modificaciones a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para que las plataformas digitales, las aplicaciones digitales, se abstengan de difundir, anunciar, prevenir o alertar en tiempo real sobre la ubicación específica de alcoholímetros, elementos policiales o radares cuando dicha difusión tenga como finalidad permitir la evasión de la aplicación de la ley. Por lo anterior, es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Movilidad, para su dictamen.
Esta Presidencia saluda al licenciado Domingo Castañeda Alberto, presidente de la Unión de Comerciantes Establecidos en Acapulco, por sus siglas, UCEA, invitado por el diputado Irugami Perea, del Grupo Parlamentario de Morena. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.
Queremos dar la más cordial bienvenida a este salón de sesiones al excelentísimo señor Arvin de León, embajador de la República de Filipinas en nuestro país, quien asistió como testigo de honor al acto de instalación del Grupo de Amistad México-Filipinas, que preside la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena. La Cámara de Diputados agradece su presencia, señor embajador, y espera que el trabajo de este grupo de amistad impulse más espacios para fortalecer el diálogo y la colaboración entre nuestras naciones. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias. Bienvenido.
Me informan que el diputado Elías Lixa está solicitando el uso de la palabra. Adelante, coordinador.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Por moción de rectificación de trámite, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Por supuesto, a sus órdenes, coordinador.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Gracias, presidenta. He escuchado con atención la iniciativa presentada, que creo que además es de alta importancia y que abarca distintos ámbitos.
Si bien no tenemos inconveniente en que sea la comisión dictaminadora a la que se ha turnado, creemos de vital importancia que por lo menos cuente con opinión de la de Seguridad, por un lado, por los alcances que puede tener la materia, y por otro, en la Comisión también de Federalismo y Desarrollo Municipal, esto porque muchas veces este tipo de actividades se realizan en el ámbito de competencia de los municipios, que muchas veces son quienes menos alcance tienen para la regulación jurídica de estas actividades.
Por lo tanto, solicito dicha rectificación, que además creo es una iniciativa que beneficiará mucho particularmente a los municipios que no cuentan con seguridad estatal o federal.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Claro que sí, coordinador. Por supuesto esta Presidencia obsequia, además del turno establecido ya a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Movilidad para su dictamen, la ampliación para opinión de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y de Federalismo y Desarrollo Municipal. Muchas gracias. Me informan, el diputado Tapia, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (desde la curul): Presidenta, solicitarle respetuosamente que por su conducto solicite al diputado Sergio Gutiérrez permita adherirme a su interesante iniciativa, si me hace favor.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Claro que sí. Me informa el proponente que por supuesto, agradece su adhesión. Y a las y los legisladores que deseen hacer lo mismo, la iniciativa estará aquí en la Secretaría, para la rúbrica correspondiente de las y los diputados que así lo deseen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar dos iniciativas. La primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Y dos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Adelante, diputada. Muchas gracias.
La diputada Verónica Martínez García: Con su venia, diputada presidenta. Hoy subo a esta tribuna para hablar de algo que no debería de discutirse, pero que lamentablemente sigue ocurriendo. Mujeres que, en el momento de dar vida, en lugar de recibir cuidado y respeto, enfrentan maltrato, humillación y violencia. El embarazo, el parto y el posparto deberían de ser etapas de acompañamiento y protección, no de miedo y abuso.
Por eso, con la convicción de defender la dignidad de las mujeres, hoy presento dos iniciativas. La primera busca que la violencia obstétrica sea reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Visibilizarla es crucial, porque lo que no se ve, no se atiende.
Hablamos de prácticas que dañan física y emocionalmente a las mujeres y que vulneran sus derechos. Es alarmante que la violencia contra las mujeres siga apareciendo, incluso, en hospitales y centros de salud públicos, que son espacios donde deberían de existir el cuidado, la empatía y el respeto.
Durante la atención del embarazo, el parto y el posparto, en muchos casos se ha dejado de poner en el centro a las mujeres. No son hechos aislados, muchas mujeres han sido maltratadas por personal médico que de forma consciente o inconsciente les han causado daños físicos y emocionales.
Se trata de prácticas que se han normalizado, de cesáreas sin justificación, de procedimientos sin consentimiento, de medicamentos innecesarios, de retrasos en la atención o, incluso, en la negación de servicios médicos cuando más lo necesitan. A esto se suman actos de discriminación, comentarios ofensivos, trato humillante y la falta de información clara sobre lo que está ocurriendo con su propio cuerpo.
Reconocer la violencia obstétrica permitirá capacitar al personal de salud, mejorar la atención y garantizar que las mujeres sean tratadas con respeto sin importar su condición social, su origen o el lugar donde se atiendan.
La segunda iniciativa va un paso más allá, busca prevenir estos abusos. Se propone que, durante el parto, siempre que la situación médica lo permita, la mujer pueda estar acompañada por una persona de su confianza. Esta medida brinda apoyo emocional, genera tranquilidad y ayuda a evitar decisiones injustificadas o malos tratos en uno de los momentos más vulnerables de la vida de la mujer.
Ambas iniciativas tienen un objetivo claro, que ninguna mujer sea violentada cuando debería recibir el mayor cuidado. Esta problemática no solo ha sido reconocida en nuestro país, sino también organismos internacionales han señalado la urgencia de mejorar la atención materna y erradicar prácticas que dañan la dignidad de las mujeres.
En México se ha advertido que la falta de personal, equipamiento y espacios adecuados, y de recursos, han contribuido al maltrato durante el parto. Los datos son claros, de acuerdo con la encuesta nacional, una de cada tres mujeres que tuvo un parto o cesárea en los últimos años sufrió algún tipo de maltrato o violencia por parte del personal de salud.
Reconocer la violencia obstétrica y combatirla es una responsabilidad del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, pero también de este Poder Legislativo. Proteger la dignidad de las mujeres no es opcional, es una obligación.
Hoy tenemos la oportunidad de actuar y de legislar para que ninguna mujer vuelva a ser maltratada en el momento donde debería de sentirse más cuidada, más acompañada y más respetada. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Túrnese, la primera iniciativa a la Comisión de Igualdad de Género, para su dictamen. La segunda iniciativa a la Comisión de Salud, para su dictamen
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 154 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de fortalecimiento de la vigilancia forestal. Adelante, diputada.
La diputada Ciria Yamile Salomón Durán: Gracias, presidenta. Con su venia. Compañeras y compañeros diputados, hay que dejar de sancionar cenizas y llegar antes del incendio. Hoy subo a esta tribuna para presentar una reforma indispensable para cerrar un vacío legal que limita la capacidad del Estado mexicano para proteger nuestros ecosistemas forestales.
La Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable, en su redacción actual, contempla sanciones cuando se causa un daño a terrenos forestales, iniciando desde un terreno no forestal. Sin embargo, esa misma ley no faculta a la Profepa para investigar cuando se denuncie un posible daño al ecosistema forestal, proveniente de un terreno diverso al forestal, es decir, solo podemos sancionar cuando el daño ya está hecho, pero no contamos con un fundamento legal claro para prevenirlo a tiempo. Eso limita de forma real y cotidiana la vigilancia ambiental.
Hoy buscamos corregir esta omisión, porque –si ya aceptamos en la ley que las actividades en terrenos agrícolas, ganaderos o colindantes pueden causar daños al ecosistema forestal– cómo es posible que la autoridad ambiental no tenga facultades claras para investigar y prevenir esos daños cuando el riesgo es evidente y denunciado.
Compañeras y compañeros, los datos oficiales nos muestran por qué esta reforma es urgente. De acuerdo con el Sistema Nacional del Monitoreo Forestal de Conafor, entre 2001 y 2024, México perdió 203 mil 552 hectáreas de ecosistemas forestales cada año. La principal causa, la conversión de bosques a pastizales y tierras agrícolas, actividades que se desarrollan precisamente fuera del terreno forestal, pero que lo afectan directamente.
Entre 2020 y 2024 perdió 841 mil 406 hectáreas de cobertura forestal, equivalente a 307 veces el Parque Nacional El Chico en Hidalgo, concentradas especialmente en zonas de alta biodiversidad, como las selvas cálido-húmedas y cálido-secas. Nuevamente la explotación productora a gran escala fue identificada como el principal motor de esta degradación.
Todos estos estudios coinciden en algo, los bosques de México no se están perdiendo principalmente por actividades realizadas dentro de los terrenos forestales. Ni por el pequeño y mediano productor, sino por actividades que ocurren en terrenos colindantes adyacentes o diversos al forestal.
Sin embargo, la legislación vigente no permite a la Profepa investigar a tiempo. Cuando estas actividades externas presentan un riesgo real, solo otorga herramientas para sancionar cuando el daño ya ocurrió. Este vacío no es menor, significa que la autoridad ambiental llega tarde, cuando el bosque ya se incendió, cuando ya se desmontó, cuando los daños ya son irreversibles.
La propia Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable reconoce en sus artículos 155 y 159 que actividades externas, como quemas al pastizal, pueden generar daños forestales y ameritan sanciones, pero aún así no desarrolla ninguna facultad preventiva de vigilancia para intervenir antes del daño.
Por ello, la reforma que presento propone modificar el artículo 154, para que la Profepa pueda supervisar actividades realizadas en terrenos colindantes adyacentes e investigar, inspeccionar y verificar de manera preventiva, no solo reactiva, cuando así se denuncie.
Esta reforma no invade competencias agrícolas, esta reforma está dirigida a fenómenos que sí están documentados, expansiones agroindustriales, quemas o actividades intensivas que generan presiones ambientales de gran escala, muchas veces fuera de control y que afectan gravemente a los ecosistemas forestales de nuestro país.
Compañeras y compañeros, no podemos seguir permitiendo que nuestra legión ambiental llegue siempre tarde. No podemos quedarnos con un marco jurídico que sancione el daño, pero que no permite evitarlo.
Con esta reforma damos a la Profepa una herramienta muy precisa e indispensable: la facultad de actuar a tiempo. Les pido su respaldo para fortalecer la vigilancia forestal, proteger nuestro patrimonio natural y asegurar que las generaciones futuras hereden un país con bosques vivos, sanos y resilientes. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Se turna su iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen. Me informaron que algunos legisladores estaban solicitando el uso de la palabra para suscribir la iniciativa de la diputada Verónica Martínez. Muchas gracias, entiendo que ya están suscribiéndola. Para las y los legisladores que deseen suscribir la misma iniciativa, estará aquí en la Secretaría a sus órdenes.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el propósito de eliminar el registro de deudas mínimas, y procurar la inclusión financiera de las personas. Adelante, diputado.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: Ánimo, ánimo, desde Navolato vengo. Con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso del pueblo de México. El problema no es el problema en sí mismo, sino la actitud que se tenga para resolverlo. Las sociedades de información crediticia constituyen uno de los pilares silenciosos del sistema financiero moderno. Son instrumentos de poder, concentran información, determinan quién accede al crédito, en qué condiciones y a qué costo. En términos prácticos, deciden quién progresa y quién queda excluido del sistema económico formal. No estamos hablando de bases de datos neutrales, estamos hablando de infraestructura crítica del crédito nacional.
El historial crediticio es hoy una herramienta de evaluación, pero también una exclusión estructural. La normatividad vigente establece plazos de eliminación de registros conforme al monto de las deudas medido en unidades de inversión, en plazos de hasta 6 años para montos que van desde 50 a mil UDIS.
Este diseño fue concebido bajo el supuesto de estabilidad macroeconómica que ya no existe. Hoy México enfrenta una realidad muy distinta. Sin dejar de reconocer que la inflación está controlada, el poder adquisitivo no se ha recuperado aún en los niveles que los trabajadores esperan, pero también justo es reconocer la recuperación del salario mínimo con un incremento exponencial en el presente proyecto de gobierno, un salario que el sistema neoliberal aplastó a costa de la riqueza, acumulada en unas cuantas manos.
Hoy, sin embargo... hay, sin embargo, todavía personas que no pueden pagar, no porque hayan decidido incumplir, sino porque el entorno económico los obliga a esto. Cuando el sistema castiga retrasos mínimos con exclusión crediticia prolongada, no está incentivando la disciplina financiera, está fabricando informalidad, subancarización y exclusión permanente del mercado crediticio, y eso, compañeras y compañeros, no es solo un problema social, es un problema sistémico de eficiencia económica y estabilidad financiera.
Un ciudadano expulsado del crédito formal no desaparece, migra a créditos informales, usura, ofertas de créditos exprés con altos intereses no regulados. Salir de una trampa para caer en otra. Qué negocio. Joder siempre al más jodido.
Eso reduce la base de clientes bancarios, eleva el riesgo sistémico y encarece el crédito para todos. Es un mal negocio, incluso para la banca. Por ello, esta iniciativa propone elevar el umbral mínimo de registro negativo a 2 mil UDIs equivalente aproximadamente a 17 mil 400 pesos mexicanos en el valor actual. No se trata de perdonar grandes deudas, se trata de evitar que errores marginales destruyan trayectorias financieras completas.
Esta reforma tiene tres objetivos estratégicos: Primero, inclusión financiera real, sin acceso al crédito no hay movilidad económica, no hay emprendimiento y no hay consumo productivo. Segundo, eficiencias del sistema crediticio, un sistema que castiga microincumplimiento genera perfiles artificialmente riesgosos y distorsiona modelos de calificación crediticia. Tercero, estabilidad macroeconómica, más personas dentro del sistema formal significa mayor intermediación financiera, mayor captación, mayor inversión y mayor crecimiento.
Esta propuesta no es una concesión populista, es una corrección racional a un diseño normativo que se volvió obsoleto frente a la realidad económica. El crédito no debe ser un instrumento de castigo perpetuo, sino una palanca de desarrollo.
Compañeras y compañeros diputados, un sistema que excluye masivamente a su población tarde o temprano colapsa sobre sí mismo. Esta reforma no debilita a las instituciones financieras, busca fortalecerlas al ampliar su base real de clientes solventes.
Por ello, someto a consideración la iniciativa de reforma a la ley para regular las sociedades de información crediticia con el propósito de modernizar el sistema, proteger la inclusión financiera y fortalecer la estabilidad económica nacional, a sacarnos un diez. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Francisco Pelayo Covarrubias, hasta por cinco minutos, para presentar las siguientes iniciativas, son cinco, doy lectura: Uno. Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 209 y adiciona el artículo 209 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia de otorgar un estímulo fiscal a la reinversión productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Dos. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia de nuevos emprendimientos y formalización de las pequeñas y medianas empresas.
Tres. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscritas por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
Cuatro. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por la diputada María Angélica Granados Trespalacios.
Cinco. Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en materia del Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
El diputado Francisco Pelayo Covarrubias: Muy buenos días a todas, a todos compañeras, compañeros, con su permiso, presidenta. Hoy subo a esta tribuna para hablar de un sector que sostiene a México, pero que ha sido sistemáticamente abandonado por sus gobiernos y han sido, incluso, llamados aspiracionistas: las micro, pequeñas y medianas empresas.
Las Mipymes son el corazón económico de México. Los negocios familiares, el taller, el comercio local y el joven que quiere emprender sin depender de un programa social. Ellos son mexicanos soñadores, hombres y mujeres de corazón valiente que arrojan el alma día a día por sus familias y cuidando sus negocios, todos, todos los días.
Las Mipymes no son una estadística menor, representan más del 99 % de las unidades económicas de este país. General siete de cada diez empleos que sin duda le dan posibilidades y son el primer escalón de movilidad social para millones de familias mexicanas. Sin embargo, hoy enfrentan un escenario adverso, sin financiamiento, sin capacitación, sin acompañamiento institucional y sin una política pública integral que las respalde.
Este gobierno presume estabilidad, pero lo hace sobre los escombros del pequeño negocio. Presume apoyos sociales, pero abandonó a quien genera los empleos. Presume crecimiento, pero ahoga a quienes lo producen. En los hechos, desaparecieron los programas productivos, se eliminó el Inadem, se cerraron fondos de innovación y se dejó a los empleadores a su suerte.
Por eso, hoy venimos a corregir esta omisión histórica y a decirle claramente al oficialismo: sin Mipymes no hay desarrollo y sin desarrollo no hay futuro. Sin crecimiento económico, jamás, jamás habrá bienestar social para el pueblo de México, para todos los que el día de hoy siguen trabajando sin descanso por salir adelante.
Por ello, hoy presentamos un paquete robusto de cinco iniciativas integrales, responsables y con visión de futuro para rescatar a las Mipymes del abandono y devolverles el lugar estratégico que merecen en el desarrollo nacional.
Primera, proponemos el fortalecimiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que cumpla verdaderamente su objetivo de inserción laboral efectiva. Este programa debe vincularse exclusivamente con micro, pequeñas y medianas empresas formales, especialmente con aquellas que tienen una base tecnológica y de alto valor agregado para que las y los jóvenes de entre 18 y 29 años no solo reciban una beca, sino que adquieran experiencia real, empleo formal y capacitación actualizada.
Segunda, impulsamos la creación de un régimen de nuevos emprendimientos que reconozca la realidad de quienes inician un negocio: con menos carga administrativa, incentivos fiscales temporales y acompañamiento técnico, para que emprender en México deje de ser una carrera de obstáculos y se convierta en una oportunidad viable.
Tercera, presentamos una iniciativa específica para startups tecnológicas porque México no puede quedarse fuera de la economía del conocimiento. La innovación, digitalización y la tecnología no son lujos: son herramientas indispensables para la competitividad. Y esta propuesta, sin duda, generará condiciones para atraer inversión, retener talento y transformar ideas en empresas que generen empleos y bienestar para todos los jóvenes mexicanos de este país.
Cuarta. Proponemos estímulos para la inversión productiva, porque sin inversión no hay crecimiento. Estos estímulos están diseñados para que las Mipymes puedan reinvertir, puedan modernizarse y crecer, formalizarse, fortaleciendo sin duda a las economías regionales y el mercado interno.
Finalmente, planteamos la creación de la Agencia Nacional para el Desarrollo del Emprendimiento Productivo, la ANDEP, como una institución que retome lo mejor del antiguo Inadem, pero con reglas claras, transparencia, enfoque regional y acompañamiento real a emprendedores y Mipymes. No se trata de burocracia, se trata de institucionalidad, de tener un organismo que coordine, evalúe y apoye de manera efectiva a los sectores productivos.
Estas iniciativas no buscan confrontar, buscar resolver. No sustituyen el esfuerzo individual, lo potencializan. No generan dependencia, algo muy importante, generan empleo, crecimiento y, sobre todo, dignidad.
Hoy México necesita menos discursos y más soluciones. Necesita un gobierno que confíe en quienes trabajan, en quienes arriesgan su patrimonio, en quienes generan oportunidades.
Fortalecer a las Mipymes es fortalecer a México, por ello hago un llamado muy responsable a todas las fuerzas políticas para que se aprueben estas iniciativas y que devuelvan al Estado su papel impulsor del desarrollo económico, del emprendimiento y del empleo formal.
Las micros, pequeñas y medianas empresas no piden privilegios, piden condiciones justas, piden reglas claras, piden acompañamiento y hoy en Acción Nacional y desde esta tribuna les decimos claramente que no están solas, vamos con ustedes. Que vivan los emprendedores de este país. Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputado. La primera iniciativa túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen. La segunda iniciativa túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen. La tercera iniciativa túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Hacienda y Crédito Público para su dictamen. Túrnese la cuarta iniciativa a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su dictamen. Y, la quinta iniciativa, túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo, Previsión Social y de Economía, Comercio y Competitividad para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Anayeli Muñoz Moreno, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos de las personas operadoras de autotransporte federal, suscrita por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.
La diputada Anayeli Muñoz Moreno: Gracias, con el permiso de la presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Anayeli Muñoz Moreno: En México, los operadores y conductores del transporte de carga enfrentan un riesgo por la ausencia de mecanismos laborales adecuados para atender la fatiga derivada de jornadas prolongadas de conducción y la falta de descansos efectivos.
Esta situación no solamente afecta su salud física y mental, también sabemos, pues que incrementa problemas y trastornos del sueño, estrés y enfermedades cardiovasculares. Pero además, lo más grave es que incide directamente en la seguridad vial al aumentar la probabilidad de accidentes por pérdida de atención o reflejos disminuidos.
Es fundamental que se implementen normas acordes con su realidad y políticas laborales que garanticen periodos de descanso efectivos y supervisión de las horas de trabajo, con el objetivo de proteger la integridad de los operadores y la seguridad, por supuesto, de todos los usuarios de la vía.
Por lo cual, desde la bancada de Movimiento Ciudadano presentamos esta iniciativa para otorgar obligaciones y derechos tanto para las personas operadoras como para los empleadores, con el objetivo de brindar protección en situaciones que pongan en riesgo su salud y su vida: horarios adecuados para cumplir sus recorridos, espacios seguros y que sean apropiados para su descanso, eliminar esas penalizaciones abusivas y absurdas solo por descansar cuando es su derecho.
No podemos seguir permitiendo que cada semana al menos dos trabajadores del sector de transporte pierdan la vida y quince más sufran alguna discapacidad permanente. Esto representa la tasa más elevada de defunciones por accidente laborales en el país.
Pero también, desafortunadamente y lo vemos en las noticias o lo hemos vivido lamentablemente alguno de nosotros, pues miles de personas que van en otros vehículos por las carreteras mueren por consecuencia de estos accidentes. Esta actividad representa uno de los mayores riesgos en las carreteras nacionales.
Por eso en la bancada naranja impulsamos esta iniciativa, pero además seguiremos insistiendo en condiciones más dignas para las y los trabajadores de todos los sectores. Hemos propuesto vacaciones dignas, la Ley Silla, y seguiremos insistiendo en la jornada laboral disminuya a 40 horas, pero con 2 días de descanso. Porque con uno, un día solamente pues esto, cómo se está planteando, solamente es una simulación, ya que los beneficios no se van a reflejar en la vida de las y los mexicanos que merecen descanso, merecen las y los mexicanos mejores condiciones.
Pero también la gente merece transparencia y gobiernos honestos, pues la corrupción está presente en muchas áreas públicas. Es mi responsabilidad como diputada federal por Aguascalientes, hablar de la corrupción que se vive en mi estado.
La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, del PAN, cuando fue alcaldesa entre el 2019 y el 2020, firmó un contrato fraudulento por, escuchen ustedes, 20 mil millones de pesos, por un parque solar fantasma, un parque solar que después de muchos años hoy sigue sin funcionar.
Este contrato se hizo con la empresa Next Energy, y hasta hoy la gobernadora de Acción Nacional no ha salido en Aguascalientes a dar la cara, no ha aclarado, se esconde, pese a haber comprometido las participaciones federales de mi municipio durante 30 años.
En el 2022, denuncié junto con mi compañero Juan Zavala, ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Aguascalientes estos hechos, pero el silencio de la Fiscalía es igual al que hoy guarda la gobernadora.
No hay avances por estas acciones, ningún servidor público detenido, pero sí se dio a conocer hace días la detención del dueño de la empresa Next Energy en Aguascalientes, se está cumpliendo una orden de aprehensión que se le había girado en Tamaulipas. Pero resulta que este empresario detenido va a seguir su proceso en Aguascalientes porque dicen que presuntamente intentó extorsionar a un policía local. Parece que a alguien le conviene que se quede en Aguascalientes.
En Baja California lo sabemos, esta empresa Next Energy hizo lo mismo, la diferencia de lo que pasa en mi estado, allá si hubo servidores públicos sancionados, incluso la exgobernadora ha sido inhabilitada, por supuesto este proyecto del parque solar fantasma que nunca se construyó fue cancelado.
Pero también se hizo en Monterrey, en el anterior trienio del alcalde priista Adrián de la Garza. Por cierto, que la panista Jovita Morín, contralora municipal del hoy otra vez alcalde, pues resulta que era socia del empresario que está detenido.
Por eso, concluyo. Tres exigencias desde aquí. Que la gobernadora de Aguascalientes, la panista Tere Jiménez dé la cara. El alcalde también panista Leonardo Montañez, cumpla sancionando servidores públicos involucrados. Se ha pagado más de 800 millones de pesos, y reitero, se habían comprometido 20 mil millones de pesos.
Segundo. Que la Fiscalía estatal dé una explicación pública de por qué no ha avanzado en las investigaciones.
Y, tercero, esto le interesa a las y a los compañeros de Morena, que la Fiscalía General de la República aclare las denuncias que acaba de hacer públicas su senadora de Morena, Nora Ruvalcaba, está acusando públicamente al exfiscal Gertz Manero de pactar con la gobernadora del PAN.
Ha declarado Nora Ruvalcaba que un día antes de que Gertz Manero se fuera de la fiscalía, pese a tener carpetas, pese a haber investigado, se declaró incompetente la Fiscalía General de la República.
Por eso envía la carpeta, por este parque solar fantasma, por este presunto fraude en Aguascalientes, a la Fiscalía de Aguascalientes, donde desafortunadamente nada se mueve sin que se dé la instrucción por parte de la gobernadora. Que se haga justicia en Aguascalientes. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en materia de accesibilidad. Adelante, diputado.
El diputado Carlos Sánchez Barrios: Diputada presidenta...
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Carlos Sánchez Barrios: ... gracias por su anuencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Carlos Sánchez Barrios: Honorable asamblea, presento a su respetable consideración iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en materia de accesibilidad.
Para dar sustento a esta propuesta reseñaré un acontecimiento publicado por la prensa nacional hace ya algunas semanas. Dicha alusión se refiere a un video que muestra el traslado en camilla de una persona de 86 años, con discapacidad visual que debe acudir a su banco para actualizar su identidad biométrica.
Las adiciones que propongo dan forma y contenido a la creación de la figura banca asistida y accesible. Se trata de eliminar obstáculos que limiten el acceso de adultos mayores y de personas con discapacidad a servicios bancarios básicos, tales como actualización de datos, reposición de tarjetas, desbloqueo de cuentas, aclaraciones y reclamaciones, cambios de NIP, apertura de cuentas especiales y reconocimiento de identidad, entre otros.
Se pretende que toda institución financiera ofrezca mecanismos seguros para la realización de trámites bancarios a distancia, o sea, ya no será necesario llevar en camilla al adulto mayor, a la persona con discapacidad. Que sea posible que realice sus trámites a distancia.
Para lograr este propósito, que se haga asequible, tenemos los avances de la ciencia y tecnología. Ha sido con los progresos derivados de conquistas sociales en los diversos ámbitos de acción humana.
Compañeros diputados, aspiro a que la iniciativa que presento en esta oportunidad se convierta, con la aprobación de este pleno, en norma legal que redunde en beneficio del pueblo que representamos.
No accedo a esta tribuna tan solo para justificar, entre comillas, mi presencia aquí, en esta honorable Cámara. Tampoco busco la satisfacción propia ni argumentos para contrarrestar críticas a nuestro desempeño. No. Esta iniciativa es motivada por el férreo deseo de aportar a la construcción de una sociedad de iguales. El propósito es romper barreras y lograr mayor accesibilidad e inclusión.
La decisión está en sus manos, en sus convicciones, en su empatía. Les pido su voto a favor en el momento procesal que corresponda. Es cuanto. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen. El diputado Aldana. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Luis Humberto Aldana Navarro (desde la curul): Con su venia, presidenta. Solicitarle al compañero diputado si me permite adherirme a su iniciativa, por favor.
El diputado Carlos Sánchez Barrios: Con mucho gusto acepto la adhesión solicitada y de todos los compañeros y compañeras que así lo deseen puedan hacerlo. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Efectivamente, para las y los legisladores que deseen suscribir la iniciativa estará en la Secretaría de esta Mesa Directiva. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso c) del párrafo 271 Bis de la Ley General de Salud.
La diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy vengo a hablar de algo que puede estar enfermando a nuestras familias sin que lo sepamos, de algo que usamos todos los días y que es de contacto directo con nuestra piel, con nuestro cuerpo y con nuestra salud, está en nuestros hogares, en nuestras bolsas, en nuestros baños y lo creemos inofensivo, vengo a hablar de los productos cosméticos y de cuidado personal.
En México el cáncer ya es una de las principales causas de muerte, más de 91 mil 500 mexicanas y mexicanos fallecen cada año por esta enfermedad, lo que representa el 11.4 % de defunciones en nuestro país, no son cifras, son familias, son historias, son vidas que pudieron salvarse.
Hemos avanzado en el fortalecimiento del sistema de salud, pero también debemos reconocer que existen enemigos silenciosos que conviven con nosotros todos los días, se aplican en la piel, en el cabello, en los ojos, en las uñas y muchas veces durante años prolongados.
Sin embargo, varias de las sustancias que contienen no están claramente advertidas, en productos para el cabello y también endurecedores de uñas puede encontrarse el formaldehído o resinas derivadas de esta sustancia clasificada como carcinógena para humanos.
La exposición constante, especialmente en espacios cerrados, incrementa el riesgo para quienes lo utilizan y lo manipulan diariamente, el 1.4-dioxano presente como contaminante, en shampoos y jabones, ha sido clasificado como probablemente carcinógeno. Las PFAS, conocidas como químicos eternos se encuentran en maquillajes de larga duración y se acumulan en el cuerpo y se han vinculado con el cáncer y alteraciones hormonales.
Metales como el plomo, el mercurio detectados en algunos cosméticos pueden provocar daños irreversibles, principalmente en las niñas y los niños, y pese a esta evidencia en México no existe una obligación clara y suficiente para advertir de manera visible a la población cuando estos productos contienen sustancias de riesgo.
Además, seamos honestos, la mayoría de las personas no leemos ni entendemos las etiquetas. Listas interminables de ingredientes, nombres técnicos, siglas que no garantizan un verdadero consumo informado. Nadie puede elegir bien si no se sabe a qué se está exponiendo.
Por eso, esta iniciativa plantea algo básico pero fundamental, que cuando un producto cosmético contenga sustancias con riesgos comprobados, esa información sea clara, visible y comprensible. No en letra pequeña, no escondida en tecnicismos sino con advertencias reales.
No se trata de alarmar, se trata de respetar el derecho a saber. La prevención empieza con la información clara. Esta iniciativa busca establecer la obligación de advertir sustancias con riesgo científicamente comprobado. Garantizar información clara a la población, linear a México con estándares internacionales de protección a la salud y prohibir la fabricación, importación y comercialización de sustancias nocivas en cosméticos.
Compañeras y compañeros diputados, tenemos la evidencia, tenemos la responsabilidad, tenemos la oportunidad de prevenir, legislar también es proteger y proteger la salud no admite omisiones ni letras pequeñas, la gente confío en nosotros y espera que cuidemos su bienestar y nuestra obligación es garantizar una vida más informada, más segura y más saludable. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII y se adicionan las fracciones XIII Bis y XIII Ter al artículo 2 y un segundo párrafo, recorriéndose las subsecuentes al artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Adelante, querida diputada.
La diputada Mónica Herrera Villavicencio: Gracias, presidenta. Es cuanto. Compañeras y compañeros, hay condiciones en la vida que no se notan y hasta que no las vives no las entiendes.
Hoy, quiero agradecer a mi grupo parlamentario por dejarme hacer uso de esta tribuna, en especial a mi coordinador, Ricardo Monreal, para hablar de una de estas condiciones, la de miles de mexicanas y mexicanos cuya discapacidad no siempre es visible, pero sí se vive. No siempre se refleja en una silla de ruedas o en un bastón o en una andadera, pero limita, excluye y vulnera nuestros derechos.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad ha sido de gran avance. Y con la ayuda de la cuarta transformación, el Estado mexicano ha dado un paso histórico al reconocer que la justicia social debe traducirse en derechos concretos y en políticas públicas como la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, impulsada por nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de estos avances, aún existe un vació que genera desigualdad, ya que nuestra ley aún no reconoce de manera expresa la discapacidad psicosocial ni la discapacidad orgánica. Y cuando la ley no nos nombra, nos invisibiliza.
La discapacidad psicosocial es una realidad que viven miles de personas en nuestro país y que aún ni siquiera lo saben. Personas que enfrentan depresión severa, trastornos de ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, entre otras condiciones que impactan su forma de pensar, de sentir, de relacionarse y de participar en la vida cotidiana.
Y no son exageraciones. Tampoco son debilidades de carácter. Son condiciones de salud que al interactuar con las barreras de la sociedad las convertimos en una discapacidad. La Organización Mundial de la Salud lo establece claramente a través del modelo biopsicosocial: la discapacidad no solo depende de una condición médica, sino de la interacción entre las personas y su entorno. Es decir, no es solo una enfermedad: es la discriminación por falta de ajustes razonables y la incomprensión social y la nula empatía que existe.
Asimismo, la discapacidad orgánica, también llamada invisible, afecta a quienes viven con enfermedades crónicas que comprometen órganos o sistemas cardiovasculares, inmunológicos, respiratorios o metabólicos.
Estas personas, con frecuencia, escuchan algo similar al: oye, pero parece que no tienes una discapacidad. Sin embargo, viven con fatiga constante, con tratamientos permanentes, con hospitalizaciones recurrentes y con limitaciones reales que no siempre son evidentes a simple vista, porque lo que no se ve muchas veces no se cree.
El propio Estado mexicano reconoce estas condiciones en sus instituciones de salud, pero la Ley de Inclusión aún no les da el reconocimiento que necesitan para garantizar plenamente sus derechos. No es que no exista. Lo que pasa es que la ley no nos nombra. Y lo que no se nombra no lo podemos garantizar.
Por eso, esta iniciativa propone tres acciones fundamentales: Incorporar la definición de discapacidad psicosocial en el artículo 2. Reconocer formalmente la discapacidad orgánica, derivada de condiciones crónicas que generan la pérdida de funcionalidad. Y establecer con claridad estas discapacidades, que estas discapacidades no podrán ser motivo de discriminación en el ejercicio de nuestros derechos.
Con esta iniciativa no creamos privilegios, garantizamos realmente una igualdad, porque la inclusión no solo son rampas, también es salud mental, son enfermedades crónicas y es dignidad.
Como mujer con discapacidad sé perfectamente lo que significa que otros intenten decidir lo que es y lo que no es una discapacidad. Y sé también lo que es tener que explicar una y otra vez que la barrera no está en nosotros, sino en el entorno que no nos comprende.
Esta iniciativa nace de escuchar a los colectivos, de acompañar testimonios, de vivir en carne propia lo que es una discapacidad y un diagnóstico poco visible y de reconocer que la discapacidad es un mundo diverso, que la inclusión nace de nosotros mismos al reconocernos y al tratar de resolver esta contradicción.
Que actualmente para el sistema de salud hay personas que existen, pero no existen con claridad en la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad y esa contradicción debemos resolverla.
Compañeras y compañeros –termino, presidenta–, la cuarta transformación nos ha enseñado que gobernar es poner en el centro de las políticas públicas a quienes históricamente hemos sido invisibilizados.
Hoy tenemos la responsabilidad de profundizar ese camino, consolidar un Estado verdaderamente incluyente, que no nos clasifique las discapacidades en visibles o invisibles, legítimas o cuestionables. Tenemos la oportunidad de cerrar un vacío legal que ha dejado a miles en incertidumbre, por eso tenemos que mandar un mensaje claro: en México no hay discapacidades de primera y de segunda y la inclusión verdadera no selecciona. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, hasta por cinco minutos, para presentar las siguientes iniciativas, son tres. Enlisto la primera, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de inteligencia artificial generativa, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz y por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Tres. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de una vida libre de violencia cibernética, digital e inteligencia artificial, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, presidenta. Pues como ya lo mencionó la presidenta, tengo el honor de presentar a nombre propio y de mis compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tres iniciativas en un tema que es urgente legislar, una materia que requiere intervención legislativa y que afecta a toda la población, principalmente a las mujeres, niñas y adolescentes.
Las iniciativas que presentamos reforman la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de inteligencia artificial generativa.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, se estima que en nuestro país 97 millones de personas son usuarias de internet, lo que representa el 81 % de la población de 6 años de edad a más. El grupo de 18 a 24 años presenta el mayor porcentaje de personas usuarias de internet con 96 % del total de la población.
Del universo de usuarios en internet y de la dinámica de convivencia que se da a través de las plataformas digitales y de las redes sociales, es importante señalar que el ciberacoso, el acoso o intimidación por medio de las tecnologías, así como el uso de la inteligencia artificial generativa para estos fines, es uno de los principales retos para legislar.
De acuerdo a la UNICEF, este tipo de prácticas se presentan de la siguiente manera: difundir mentiras o publicar fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales; hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona o a través de cuentas falsas; llevar a cabo actos de intimidación o acoso sexual con herramientas de inteligencia artificial generativa. El acoso cara a cara y el ciberacoso ocurren casi siempre juntos. Pero el ciberacoso deja una huella digital, es decir, deja un registro que nos puede servir de prueba para ayudar a detener el abuso.
En nuestro país el ciberacoso es un fenómeno que ha crecido de manera exponencial. En la estadística, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del Inegi, se señala que la violencia a través de medios digitales contra niñas y adolescentes ha crecido de manera acelerada, alrededor de 27 de cada 100 mujeres y 18 de cada 100 hombres de 12 a 17 años que usaron el internet o celular, vivieron violencia digital. Es decir, este tipo de violencia se ejerce en mayor medida contra las niñas y las adolescentes.
Alrededor de 34 de cada 100 niñas y adolescentes mencionan que les enviaron fotos o videos de contenido sexual que les molestaron. En cuanto a las insinuaciones o propuestas de tipo sexual, 32 de cada 100 mujeres respondieron de manera afirmativa, y 12 de cada 100 hombres.
Como se puede apreciar el incremento al ciberacoso es notable y obedece a muchos factores: la universalidad del acceso a la tecnología, el uso de la inteligencia artificial generativa sin control, ni restricción. Pero, sobre todo, prevalece una actitud y conducta que busca generar violencia contra las mujeres.
Para modificar ese tipo de conductas y prevenir la violencia, proponemos este paquete de iniciativas. Nos queda claro, evidentemente, que en un país como el nuestro en donde sigue siendo un gran reto el garantizar la seguridad para las mujeres y las niñas de manera física, de manera tangible, pues mucho más se vuelve mayor un reto el poder garantizar su seguridad en las plataformas y en el acceso a internet. Y, sobre todo, ahora con el acceso a la inteligencia artificial generativa.
Sin embargo, en el Grupo Parlamentario del PAN, estamos convencidos de que la tecnología y el uso de la inteligencia artificial debe usarse para el desarrollo y el acceso de niñas y mujeres para que tengan acceso a una mejor calidad de vida, nunca en detrimento de ellas.
En el PAN seguiremos defendiendo a las niñas y a las mujeres, seguiremos defendiendo a la patria, a las familias y a la libertad. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Túrnese la primera iniciativa a la Comisión de Igualdad de Género para su dictamen, la segunda iniciativa túrnese a la Comisión de Justicia para su dictamen y la tercera iniciativa túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Gabriela Benavides Cobos hasta por cinco minutos para presentar las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral, suscrita por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y
2. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, 61 y 69 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de reducción de la jornada laboral, suscrita por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.
La diputada Gabriela Benavides Cobos: Gracias. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Saludo a mis compañeras y compañeros legisladores. La justicia laboral ha sido desde hace siete años uno de los ejes más importantes del gobierno federal y de las Cámaras de los legisladores federales.
Muestra de ello son los aumentos al salario mínimo, las reformas a la legislación laboral para aumentar de 6 a 12 días los días de vacaciones, el reconocimiento de los trabajadores de las plataformas, las medidas para garantizar el respeto al derecho de la libertad sindical, entre muchas otras reformas laborales.
Se dice ya que vivimos una primavera laboral. En marzo del año 2025, el Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentamos una iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales como parte de nuestra agenda legislativa. Ese antecedente reafirma la congruencia y el compromiso permanente de nuestra bancada por la defensa de los derechos laborales y con la mejora sustancial de la calidad de vida de las y los trabajadores de nuestro país.
Hoy, junto con mis compañeras diputadas Celia Esther Fonseca Galicia, Mayra Espino Suárez, Cindy Winkler Trujillo y Ruth Maricela Silva Andraca, presento esta propuesta, la cual es una expresión de nuestro compromiso con un trabajo digno, por un bienestar de la clase trabajadora.
No es una cuestión menor, no es un simple ajuste técnico. Esta reforma tendrá un profundo impacto para 15 millones de trabajadoras mexicanas y mexicanos que sostienen el desarrollo de este país. La reducción de la jornada laboral puede ser una realidad en este periodo legislativo.
El trabajo no es solo un medio de ingreso para la clase trabajadora, es un derecho humano y es nuestra obligación, como legisladoras y legisladores federales, mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora.
Hoy sometemos a consideración de este honorable pleno la reforma a la Ley Federal del Trabajo, para establecer y reafirmar nuestro compromiso por una jornada máxima de 40 horas semanales. Así como la reforma al artículo 123 constitucional, para que se modifiquen los días de descanso y, en lugar de ser uno, lleguemos a ser 2.
Esta reducción de la jornada mejorará la calidad de vida de los mexicanos. Nuestra legislación ha tenido por décadas una jornada de 48 horas semanales. Lo que implica que nosotros trabajamos 2 mil 100 horas al año. Somos de los países que nos encontramos poco debajo de la India, de Pakistán, de Sudán, de Jordania, de Singapur. En consecuencia, este modelo tradicional se traduce en un desgaste físico y emocional, limitaciones para el desarrollo familiar y personal, incremento de riesgos en nuestra salud.
Es importante reducir nuestras horas de trabajo para más de 15 millones de mexicanos. Estos impactos se agravan cuando se trata de las mujeres, quienes, además, suelen asumir el rol de cuidadoras no remuneradas. Y también se agravan para los adultos mayores. Por ello, es indispensable avanzar hacia la jornada laboral de 40 horas semanales, distribuida en 5 días, con 2 días de descanso, sin reducción laboral.
La evidencia comparada con las experiencias de países como Alemania, Francia, España, Chile y Colombia nos muestran que la reducción de la jornada laboral no solo favorece la productividad y la salud de las personas trabajadoras, sino que también incentiva la generación de empleos formales, fortalece el tejido social y económico. Además, reconcilia la legislación con instrumentos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.
El día de hoy México está frente a una oportunidad histórica para actualizar su marco constitucional y legal en materia laboral. Esta reforma no solo dignifica la jornada del trabajo, sino que reconoce el valor del tiempo de las personas trabajadoras para su desarrollo humano, para su vida familiar, su participación social y su bienestar integral.
Es importante sumarnos a esta propuesta. Por estas razones, con pleno respeto y compromiso, exhorto a todos, a este pleno, a que caminemos juntos hacia la aprobación de estas reformas. Por las 40 horas ya. Muchas gracias, diputada presidenta, gracias, compañeros legisladores.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Túrnese la primera iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y túrnese la segunda iniciativa a la Comisión de Trabajo y Prevención Social para dictamen.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene la palabra el diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 37 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
El diputado José Alejandro Aguilar López: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para someter a su consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
El propósito central es adecuar las disposiciones de los artículos de la ley a los cambios que se han dado en distintos ordenamientos jurídicos, particularmente en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal.
La cuarta transformación, dentro de los objetivos prioritarios que tiene, es detener la corrupción, que se orquestó desde el poder público en distintos poderes de gobierno, y esto lastimó profundamente a la sociedad mexicana, porque todos nos percatamos de que de la mano de la corrupción iba la impunidad. Por ello, la cuarta transformación ha empeñado sus esfuerzos en desterrar las prácticas corruptas y sancionar ejemplarmente a quienes las cometen.
Tan es así que reformamos el artículo 19 constitucional para establecer entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los de corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de defunciones, con lo que se pretende que ningún servidor público abuse de su cargo para obtener recursos a los que legalmente no tiene derecho.
La reforma propuesta debe tener en consideración que al inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y para el caso que nos ocupa son los artículos 26, fracción XIII y 37, en dónde se sustituyó la denominación de la Secretaría de la Función Pública por la de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en los artículos 10, fracción IV y 37, fracción III se hace mención de la Secretaría de la Función Pública y lo correcto es actualizarlas a las nuevas disposiciones para que lleve el nombre de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Para algunos esto representa solo un cambio semántico, pero no es así, es un compromiso firme y permanente de acabar con cualquier práctica de corrupción independientemente de quien la realice. Debemos tener presente que el poder debe ser usado para servir al pueblo de México y en su beneficio.
Por ello, este nuevo paradigma de conducta pública nos obliga a someternos al imperio de la ley. Por estas consideraciones, me permito someter a su valoración la presente iniciativa. Es cuanto, diputado presidente. Unidad nacional, todo el poder al pueblo.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene la palabra la diputada Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar dos iniciativas. La primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de uso responsable y restricción de dispositivos electrónicos personales durante la impartición de clases.
Y, la segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos personales en posesión de los particulares y de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de verificación de edad y uso seguro de plataformas digitales de interacción social.
La diputada Nadia Navarro Acevedo: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy presento dos iniciativas con un enfoque profundamente vinculado en la protección y el reconocimiento del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y la protección de sus derechos.
Ambas iniciativas parten del reconocimiento que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger y adoptar medidas normativas eficaces para la protección de los derechos humanos frente a los riesgos derivados del uso intensivo de tecnologías digitales. Este deber encuentra sustento en el artículo 1o., cuarto, y, además, en el reconocimiento a la protección de datos personales que se encuentra consagrado en el artículo 6o., apartado A y 16.
En el caso de las niñas y niños y adolescentes, este derecho debe interpretarse y aplicarse de manera reforzada, atendiendo a su condición de especial vulnerabilidad y al principio de progresividad de los derechos humanos.
En el ámbito internacional, la regulación del acceso de personas menores de edad a plataformas digitales ha encontrado un interés creciente en la Unión Europea, a través del Reglamento General de Protección de Datos, reconoce una edad mínima de consentimiento y de acceso que puede situarse entre los 13 y los 16 años, imponiendo a los proveedores de servicios digitales la obligación de verificación de dichos requisitos.
Países como Francia, Alemania e Irlanda han desarrollado marcos normativos que asignan responsabilidades directas a las plataformas para la verificación de datos. De manera similar, el Reino Unido y Australia han avanzado en la adopción de estándares de diseños apropiados para la edad y un esquema de protección reforzada para adolescentes.
La presente iniciativa adopta un enfoque integral armonizado, reformando ambas leyes para establecer un esquema coherente y de protección.
Por un lado, se propone incorporar en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, la obligación de que las plataformas digitales, cuya finalidad principal sea la interacción social, implemente mecanismos razonables, proporcionales y eficaces de verificación de datos como medida de seguridad orientada a prevenir el tratamiento indebido de datos personales de personas menores de edad.
Y, por el otro lado, se adiciona a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una disposición que impone a dichas plataformas el deber de imponer, de impedir el acceso de personas menores de 15 años, atendiendo en todo momento el interés superior de la niñez y el derecho al uso seguro del internet.
Se prevé que este incumplimiento de estas obligaciones sea sancionado conforme al régimen de infracciones y sanciones ya previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, lo que refuerza su eficacia sin generar cargas normativas innecesarias ni nuevos esquemas punitivos.
La propuesta normativa que se somete a consideración no constituye una restricción indebida al ejercicio de derechos digitales, sino una medida de protección reforzada orientada a garantizar que el acceso de niñas, niños y adolescentes a las tecnologías de la información y comunicación se realice en condiciones de seguridad, dignidad y respeto a sus derechos humanos.
Por otra parte, y por las razones expuestas, se considera que tal que ambas iniciativas resultan socialmente necesarias, jurídicamente viables y constitucionalmente válidas al contribuir de manera efectiva a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en un fortalecimiento de un entorno digital seguro, respetuoso y digno, toda vez que se busca restringir también el uso de dispositivos electrónicos personales durante la impartición de clases.
Por tanto, a ustedes, compañeras y compañeros diputados, solicito respetuosamente unamos la voz en el reconocimiento y la protección de los derechos de este sector vulnerable en las aulas y también en el entorno que se utiliza cuando se accesa a las redes sociales y que juntos podamos proteger los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Túrnese la primera iniciativa a la Comisión de Educación para dictamen. Y túrnese la segunda iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, para dictamen.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene la palabra ahora el diputado Oscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El diputado Oscar Bautista Villegas: Muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy comparezco ante esta soberanía para defender una causa que no es ideológica, no es partidista y no es coyuntural, es una causa constitucional e intergeneracional, la defensa efectiva del medio ambiente.
El 7 de octubre de 2025 esta Cámara aprobó reformas trascendentales al Código Penal Federal para elevar hasta 20 años de prisión las penas por delitos cometidos en áreas naturales protegidas, por la tala ilegal, contaminación y tráfico de especies en extinción.
Fue un paso muy firme que dio esta Cámara, pero debemos reconocer una realidad, endurecimos las penas, pero no armonizamos el procedimiento. De qué sirve aumentar las condenas, si quienes devastan bosques o contaminan ríos pueden enfrentar el proceso en libertad aún cuando el daño continúa o se agrava. Esa es la contradicción que esta iniciativa busca corregir.
El extinto Código Federal de Procedimientos Penales clasificaba los delitos ambientales dolosos como graves, permitiendo prisión preventiva para evitar la continuación del daño o la fuga, sin embargo, con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales 2016, estos delitos fueron excluidos del régimen correspondiente, permitiendo que imputados enfrenten el proceso en libertad, incluso, cuando el daño ambiental persiste, esto representa una regresión normativa.
El artículo 4o. constitucional reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano como un derecho colectivo, difuso e intergeneracional.
El artículo 1o. impone al Estado el principio de progresividad, que obliga a retroceder en los niveles de protección alcanzados en materia de derechos humanos.
Excluir los derechos ambientales graves del régimen procesal adecuado, no solo genera incoherencia normativa, contraviene en estos principios constitucionales.
La Suprema Corte ha sostenido en que el principio de progresividad aplica plenamente a los derechos ambientales y acuerdos de Escazú obliga a México a garantizar acceso efectivo a la justicia ambiental.
Por ello, esta iniciativa tiene un objetivo claro, armonizar el Código Nacional de Procedimientos Penales con las reformas del Código Penal Federal y garantizar que el sistema penal ambiental sea efectivo.
Proponemos reformas concretas. Primero, adicionar una fracción VIII Bis al artículo 115, para establecer prisión preventiva justificada cuando exista riesgo fundado de continuación del daño ambiental o destrucción de evidencia ecológica, acreditada mediante imágenes satelitales, drones o dictámenes periciales.
Segundo. Reformar el artículo 167 para incorporar expresamente los delitos ambientales graves al régimen de prisión preventiva cuando exista daño irreparable, conducta sistemática o riesgo de obstrucción de la justicia.
Tercero. Reformar los artículos 170 y 171 para impedir beneficios procesales que vacíen del contenido la sanción y ordenar el embargo inmediato de bienes desde la vinculación, proceso garantiza la reparación integral del daño ambiental.
No estamos proponiendo excesos, no estamos debilitando la presunción de inocencia, estamos garantizando coherencia constitucional y proporcionalidad. El daño ambiental no espera. Un bosque talado no se regenera en meses, una especie extinguida no regresa, un ecosistema devastado no se repara con discursos. Si el proceso penal permite que el daño continúe mientras se litiga, el sistema no cumple su función preventiva restaurativa.
Esta reforma no es punitiva, es progresiva constitucionalmente hablando. Es cerrar un vacío legal, es garantizar que la ley ambiental no sea letra muerta. Hoy tenemos la oportunidad de actuar con responsabilidad histórica. El medio ambiente no tiene voz en esta tribuna, pero nosotros, los diputados, sí la tenemos y nuestra obligación es proteger el medio ambiente.
Hoy les quiero comentar a mis compañeras y compañeros diputados de esta legislatura, que esta iniciativa asegura la reparación del daño, el daño que de repente le hacemos al medio ambiente y que, por falta de lo que he comentado yo, no hacemos esa reparación.
Compañeras y compañeros diputados, ojalá que nos apoyen en las comisiones que vaya esta iniciativa para tratar de evitar que sigamos dañando al medio ambiente. Presidente, muchas gracias. Es cuanto. Muy buenas tardes a todos y a todas.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene la palabra la diputada Anais Miriam Burgos, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Civil Federal y reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, todo ello en materia de violencia vicaria, suscrita por la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Anais Miriam Burgos Hernández: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Anais Miriam Burgos Hernández: Frente a los hechos ocurridos en Saltillo, Coahuila, donde se vinculó a proceso a una mujer por violencia vicaria, se deben encender todas las alarmas. Este caso evidencia que aún falta mucho por comprender sobre las desigualdades estructurales que enfrentamos las mujeres. Y más grave aún, revela que en la práctica muchas autoridades continúan sin aplicar la perspectiva de género.
Cuando una figura penal como esta, que fue creada para proteger a las mujeres de situaciones de control, de castigo, de sometimiento, se utilizan sin un análisis serio del contexto, del historial de violencia y de las asimetrías de poder, el sistema de justicia corre el riesgo de desviarse de su finalidad, deja de proteger derechos y se convierte en un mecanismo de escarmiento, intimidación o venganza.
Seré clara, es necesario que el análisis jurídico de la violencia vicaria sea técnico, riguroso y con enfoque de género, porque si no se distingue la violencia de género de un conflicto familiar ordinario, lo que se castiga no es la violencia, se castiga a las mujeres.
Como diputadas y diputados no juzgamos, ni sustituimos a las autoridades jurisdiccionales, pero sí tenemos la obligación constitucional y política de vigilar que las leyes creadas para proteger derechos no se distorsionen, ni se conviertan en instrumentos de venganza, perdiendo el espíritu por el que fueron creadas.
La violencia vicaria no es un conflicto de convivencia, ni una etiqueta intercambiable para cualquier disputa familiar, es una forma de violencia que se expresa con lógica de género, control, dominación y castigo hacía la mujer utilizando a las hijas e hijos, como medio para infligir daño emocional y psicológico. Se trata de una agresión que busca quebrar el vínculo materno filial. Someter, intimidar y prolongar el poder del agresor sobre la vida de la mujer.
Cuando se intenta neutralizar o invertir el sentido de esta figura, no solo se desvirtúa la ley, se traiciona su razón de ser, se manda un mensaje social peligroso y paralizante para miles de madres que hoy protegen a sus hijas e hijos.
Si denuncias, si pones límites, si proteges puedes terminar en el bote, y al mismo tiempo se abre la puerta a que el aparato penal se use como arma de controversias familiares no para impartir justicia, sino para castigar, desgastar y someter. Eso no es igualdad ante la ley, eso es revictimización institucional.
El debate no se trata de conflictos de convivencia ni de simples disputas por custodia, el debate se centra en algo mucho más profundo, que la violencia familiar tenga que analizarse obligatoriamente a la luz de la perspectiva de género para revelar lo que a menudo se intenta ocultar detrás de expedientes neutros, las asimetrías de poder, el historial de control y agresión, los patrones de dominación y el riesgo real para mujeres, niñas y niños. Sin este lente la justicia se queda ciega, protegiendo a agresores y castigando a las víctimas.
Esta visión es plenamente congruente con el momento constitucional que vive México. La reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, impulsada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, exige un mandato reforzado del Estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres con perspectiva de género y con acciones efectivas, no solo declarativas.
Poner en el centro a las mujeres como principales víctimas no significa negar el interés superior de la niñez, significa entender que en la práctica la niñez también es víctima cuando se le instrumentaliza para dañar a su madre. Es decir, proteger a las mujeres y proteger a las niñas y niños no es una disyuntiva, es el mismo objetivo desde un enfoque de derechos.
Por eso, desde esta tribuna le decimos a las mujeres y a los hombres de este país: las mujeres durante años luchamos por visibilizar las violencias estructurales que hemos vivido. Por eso, desde esta Cámara se creó la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Niñas y Adolescentes. Ir contra esta ley es bajo, es ruin.
Las mujeres tuvimos que construir una ley específica para nosotras por las desigualdades estructurales. Y no vamos a dar un paso atrás. Por eso, presentamos esta iniciativa. Los hombres e integrantes de las familias que viven algunos tipos de violencia tienen otros mecanismos claros para defenderse y para protegerse también, pero la lucha de las mujeres la seguiremos dando aquí y seguiremos protegiendo a nuestras niñas y a nuestros niños. Gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Justicia, para dictamen.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene la palabra el diputado David Azuara Zúñiga, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de investigación de accidentes en el transporte, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado David Azuara Zúñiga: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado David Azuara Zúñiga: Compañeras y compañeros diputados, en San Luis Potosí hay una frase que ya no es comentario ni costumbre, es un reclamo. Cada que alguien dice: “Otra vez la carretera 57”, no habla de una obra, habla de obras mal hechas, de dinero mal planeado, de riesgos que se repiten y de accidentes que pudieron evitarse.
Es la manera en que la gente resume años de atrasos, desvíos, falta de información clara y miedo al circular. Y lo que hoy ocurre en la carretera 57 no es un caso aislado, es un reflejo de un problema nacional.
El pasado 28 de diciembre de 2025, en Nizanda, Oaxaca, un tren de pasajeros del Corredor Interoceánico se descarriló y cobró la vida de 14 personas. Tragedias distintas, mismo origen: infraestructura mal hecha, mal supervisada y peor explicada.
El Tren Interoceánico fue presentado como un gran proyecto de desarrollo entre 2019 y 2024. Destinaron hasta 90 mil millones de pesos, de los cuales más de 35 mil millones fueron para la rehabilitación ferroviaria, pero no se reconstruyó a fondo, no se reconstruyeron los riesgos estructurales y no se priorizó la seguridad. Taludes inestables, durmientes viejos, trenes con décadas de antigüedad y una Auditoría Superior de la Federación que documentó obras fantasmas, pagos indebidos y contratos inflados.
Cuando ocurre la tragedia, la respuesta siempre es la misma: una explicación rápida, una conclusión conveniente y ninguna consecuencia clara. Ese es exactamente el límite de la tolerancia social, porque la gente no pide discursos técnicos ni explicaciones burocráticas, pide algo mucho más básico y profundamente humano, volver a casa con vida. Y hay una verdad que no podemos seguir evadiendo, cuando una obra está mal hecha, el dinero no rinde más, rinde menos y en el peor de los casos cuesta vidas.
En San Luis Potosí lo vivimos todos los días. La carretera 57 es una de las más transitadas del país. Es la columna vertebral de nuestra movilidad, de nuestra industria y de nuestra economía. Sin embargo, hoy se ha convertido en símbolo de obras interminables, accidentes constantes y ausencia de información clara.
Por eso, desde Acción Nacional impulsamos la alerta 57 para que cada obra sea visible, cada riesgo sea prevenible y cada error que se atienda, se atienda de manera correcta, no después de la tragedia. Ese enfoque debe ser nacional, porque vienen nuevos proyectos. Ahí está el Tren México-Querétaro. Ahí están nuevas obras ferroviarias y carreteras. Y no podemos repetir el mismo error: construir rápido, gastar mucho y corregir solo cuando haya muertos.
El problema de fondo es claro, en México el gobierno investiga sus propios errores y cuando el gobierno es juez y parte, la verdad se acomoda y la justicia se posterga. Ya lo vimos con la Línea 12 del Metro, murieron 26 personas. Un peritaje independiente señaló fallas graves y la respuesta fue cancelar el contrato y desacreditar el informe. Cuatro años después, no hay responsables.
Por eso esta iniciativa no es ideológica, es institucional, preventiva y responsable. Desde el Grupo Parlamentario del PAN proponemos crear la Agencia Mexicana de Investigación de Accidentes en el Transporte, un órgano autónomo, técnico e independiente que investigue accidentes graves en carreteras, trenes, transporte urbano, marítimo y aéreo.
Una agencia que diga, ¿qué falló? ¿Quién falló? Y, ¿qué se debe corregir? Sin presiones políticas, que haga públicas sus conclusiones y que ayude a evitar tragedias y no a justificar los errores.
No estamos improvisando, en otros países existe desde hace décadas organismos independientes que investigan accidentes del transporte y cuyas recomendaciones se cumplen en la gran mayoría de los casos. Eso es lo que permite que cada peso invertido rinda más, porque las fallas se corrigen antes de que cuesten vidas.
Desde San Luis Potosí lo decimos con firmeza, la prevención es más barata que la tragedia, la transparencia es más fuerte que la simulación y la autonomía es la única garantía de verdad. Por las víctimas del Tren Interoceánico...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.
El diputado David Azuara Zúñiga: ...por las víctimas de la línea 12 del Metro y por quienes todos los días recorren la carretera 57, legislemos para que el dinero rinda más, pero sobre todo para que la vida valga más. Es cuanto.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Tiene la palabra la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por diez minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Implementación y Respeto de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
La diputada Irma Juan Carlos: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Irma Juan Carlos: Con el permiso de nuestras ancestras y ancestros, hermanas y hermanos diputados, y de los pueblos indígenas y afromexicanos, el 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a esta Cámara de Diputados una reforma histórica al artículo 2 de nuestra Constitución para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, así como la capacidad de recibir, administrar y ejercer presupuestos públicos de manera directa.
Dicha iniciativa fue dictaminada y aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXV Legislatura, en esta Cámara de Diputados, el 9 de agosto de 2024, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, aprobada por este pleno el 18 de septiembre y por el Senado el 24 del mismo año y mes. Avalada por la mayoría de los congresos estatales, por lo que el 30 de septiembre de 2024 fue publicado este decreto en el Diario Oficial de la Federación, saldando así esta deuda histórica que el Estado mexicano tenía con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al reconocerles como sujetos de derecho público.
Este logro constituye un hito histórico en el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, marcando un antes y un después en la lucha por la inclusión, la pluriculturalidad y la justicia a los pueblos originarios.
En su contenido, dicha reforma en su transitorio tercero establece lo siguiente: el Congreso de la Unión en un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto debe expedir la Ley General de la materia y armonizar el marco jurídico de las leyes que correspondan, para adecuarlo al contenido del presente decreto. Es decir, este Congreso tenía un plazo de 6 meses para expedir dicha legislación y armonizar las más de cien leyes secundarias de la materia.
Si tomamos en cuenta estas fechas, quiere decir que ya nos desfasamos por diez meses para cumplir este transitorio. Esta legislación secundaria que proponemos es muy importante para materializar lo establecido en esta reforma constitucional, ya que en ella se establecen las normas, criterios y mecanismos jurídicos y operativos sólidos para consolidar la implementación y respeto de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y garantizar así su desarrollo integral, respetando sus tradiciones, lenguas, cosmovisiones y formas de organización, así como reconociendo su libre determinación y autonomía.
Por ello, hoy con esperanza y orgullo vengo a presentar esta importante iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Implementación y Respeto de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Y, me permito darles los rasgos generales de la misma, la cual cumple al menos cuatro funciones esenciales: primero. Facilita la identificación de su objeto. Tanto operadores jurídicos como comunidades, organizaciones y autoridades pueden comprender de inmediato que se trata de una norma orientada a hacer efectivos derechos colectivos específicos.
Segundo. Visibiliza la diversidad cultural como eje estructural del Estado mexicano. El nombre no es neutro, afirma que los pueblos indígenas y afromexicanos no son grupos periféricos, sino sujetos centrales del orden constitucional.
Tercero, refuerza el compromiso del Estado con acciones concretas. No se trata solo de reconocer, sino de implementar y respetar, es decir, de traducir el texto constitucional en políticas públicas, programas, presupuestos y mecanismos institucionales.
Cuarto, asegura coherencia con el artículo 2 de la Constitución, cuyo penúltimo párrafo ordena expresamente la expedición de una ley general que garantice el respeto e implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El nombre, por tanto, no es opcional: es constitucionalmente exigido.
La iniciativa parte de una premisa fundamental: la forma también es fondo, claridad, sencillez, orden y lenguaje inclusivo. No son recomendaciones estilísticas, sino exigencias jurídicas derivadas del artículo 1 constitucional y del principio de accesibilidad del Derecho.
Una ley que no se entiende no se puede ejercer. Una ley técnicamente cerrada excluye a quienes más necesitan protección. En contextos de diversidad lingüística y cultural, el uso de un lenguaje claro no solo facilita la comprensión, sino que permite traducciones fieles, culturalmente adecuadas y funcionales.
Antes de pasar al contenido de esta propuesta de ley, quiero resaltar que esta tiene un preámbulo. Aunque en México no es tradición incluir preámbulos en las leyes, su incorporación en esta es jurídicamente justificable y políticamente necesaria.
El preámbulo cumple tres funciones: establece los valores y principios que orientan la norma, sirve como guía interpretativa para autoridades y tribunales, refuerza el carácter protector de la ley frente a grupos históricamente discriminados y excluidos.
En el Derecho comparado y en el sistema interamericano, los preámbulos son instrumentos clave para contextualizar normas de derechos humanos. En este caso, permitiría reafirmar el compromiso del Estado mexicano con la justicia, la igualdad sustantiva y la diversidad cultural.
La iniciativa no se limita a declaraciones simbólicas: contiene mecanismos concretos con impacto directo en la vida de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Mencionaré 10 aportes estructurales de la ley que proponemos: uno, libre determinación y autonomía. La ley define con precisión estos conceptos, eliminando ambigüedades históricas. Esto otorga herramientas jurídicas claras para el ejercicio del autogobierno y la toma de decisiones internas.
Dos, Programa Nacional para el Bienestar y la Autonomía. Se crea un instrumento de política pública que articula recursos, acciones y metas específicas orientadas al desarrollo con identidad.
Pluralismo jurídico. El reconocimiento de los sistemas normativos internos fortalece la justicia comunitaria y evita la imposición de modelos ajenos a las prácticas culturales de nuestros pueblos.
4. Consulta, consentimiento y autoconsulta. Se garantiza la participación efectiva de las comunidades en decisiones que les afecten, incorporando además la figura de la autoconsulta como expresión de autonomía.
5. Protección del patrimonio cultural lingüístico e intelectual. La ley establece medidas para salvaguardar conocimientos, lenguas y tradiciones, reconociendo que no son mercancía, sino bienes colectivos.
6. Acceso igualitario a la justicia. Se combate el racismo judicial y se garantizan condiciones reales de participación en procesos jurisdiccionales.
7. Participación política y representación. Se impulsan medidas afirmativas para asegurar presencia indígena y afromexicanas en cargos públicos.
8. Distribución equitativa de recursos. Se promueve que el presupuesto llegue directamente a las comunidades, fortaleciendo su desarrollo con autonomía, como hoy lo es el FAISPIAM, pero hay que regular.
9. Tierra y territorio. Se reconoce el vínculo histórico y cultural con el territorio, protegiendo frente a despojos y explotaciones.
10. Corresponsabilidad Estado-comunidades. Las políticas públicas se diseñan e implementan de manera conjunta, fortaleciendo la confianza institucional.
La historia de los pueblos indígenas y afromexicanos es un canto a la resistencia, a la resiliencia y a la dignidad. Es un espejo de nuestra identidad y destino compartido. Sin embargo, nuestra lucha también está impregnada de dolor y redención, es un espejo de nuestras contradicciones y aspiraciones.
Con la aprobación de esta propuesta de ley reglamentaria dejaremos atrás por siempre y para siempre más de cinco siglos de invasión, negación, exterminio, despojo, exclusión, racismo y discriminación, reafirmando que la grandeza de México está en la gran diversidad de sus pueblos y culturas que lo conforman.
Con sinceridad y alegría y con la frente en alto, hoy puedo decirles, hermanas y hermanos, que con esta ley general estamos ante la gran oportunidad de transformar en forma real y verdadera nuestra existencia milenaria en el Estado mexicano y con ello alcanzar el anhelo de justicia por el que tanto han luchado nuestras abuelas y abuelos.
Como mujer indígena estoy convencida de que nos sentiremos orgullosas y orgullosos por el resto de nuestros días, si actuamos con responsabilidad y aprobamos esta iniciativa. Nuestros descendientes recordarán con regocijo este momento al que hemos llegado pacíficamente y con la razón de nuestro lado.
México es un país pluricultural, multiétnico y plurilingüístico, por lo que les invito a que sigamos escribiendo nuestra propia historia y hagamos que este momento sea estelar para nuestros pueblos y para el conjunto de nuestra nación.
Hagamos realidad este conjunto de principios y derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos y sentemos las bases para transformar las estructuras jurídicas y políticas del Estado mexicano y reconocer la grandeza cultural e histórica de los pueblos que lo conforman.
Por ello concluyo y de la mano de nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sigamos construyendo el segundo piso de esta cuarta transformación, donde la justicia no sea promesa, sino costumbre, porque cuando los pueblos avanzan, México camina derecho y fuerte.
Por el bien de todos, primero los pobres, de manera especial los pueblos indígenas y afromexicanos, como bien lo dijo nuestro presidente López Obrador. Es tiempo de los pueblos indígenas. Es tiempo de los pueblos afromexicanos. Es tiempo de la cuarta transformación. Nunca más un México sin nosotras y nosotros. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Tiene la palabra el diputado Daniel Andrade Zurutuza, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 71 bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro en materia de seguro de automóviles.
El diputado Daniel Andrade Zurutuza: Con el permiso de la presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Daniel Andrade Zurutuza: Amigas y amigos diputados, el automóvil es una valiosa herramienta de trabajo y un medio de transporte para millones de familias.
El conducir implica muchas responsabilidades, tanto legales, como de respeto a las reglas y señales de tránsito, por lo que contar un seguro de auto no es un lujo, sino una inversión de seguridad y, sobre todo, de responsabilidad social, ya que protegen no únicamente al vehículo, también la vida, la salud y la integridad de tripulantes y demás involucrados.
En México, a partir del año 2014, es obligatorio que cada vehículo cuente por lo menos con un seguro de cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros. Sin embargo, datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, señalan que solo 3 de cada 7 vehículos cuentan con un seguro.
A pesar del gran número de accidentes de tránsito terrestre que se presentan año con año, tan solo durante el 2024 esta cifra llegó a más de 374 mil accidentes. Además, solo el 20 % del mercado de seguros se concentra en los seguros de autos, estos números reflejan que la cultura sobre este tema en México es muy baja.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, como organismo encargado de atender las quejas y reclamaciones de los usuarios de seguros, informa que más de las 66 mil acciones y atenciones anuales, el 47 % está relacionado con el incumplimiento de contratos y el tiempo para el pago de la indemnización por parte de las empresas.
Desafortunadamente, y a pesar del esfuerzo económico que hacen las personas aseguradas por su vehículo, hay un gran número de quejas contra las empresas aseguradoras. En la actualidad, con respecto al tiempo que tiene una empresa aseguradora para efectuar el pago de la indemnización, la ley marca un plazo máximo de 30 días contando a partir de la recepción de la documentación necesaria por parte de la persona asegurada.
No obstante, existe una laguna en la legislación con respecto al plazo que tienen las empresas aseguradoras para presentar la propuesta del importe de los daños que resulten del siniestro o la propuesta del pago de indemnización correspondiente a las partes involucradas.
Si bien es cierto que las empresas aseguradoras deben llevar a cabo una investigación para determinar la veracidad y extensión de los daños, en la práctica pasa muchísimo tiempo, inclusive meses entre la fecha del siniestro y la entrega de la propuesta por parte de la aseguradora.
Por ello, la iniciativa que presento tiene como objetivo contemplar acciones para garantizar un mejor servicio por parte de las empresas aseguradoras de automóviles. En este sentido, se propone adicionar el artículo 71 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro para que las empresas aseguradoras de automóviles tengan la obligación de efectuar dentro de los 30 días hábiles a partir del conocimiento del incidente todas las investigaciones y peritajes necesarios para establecer la existencia del siniestro y la valoración de los daños.
Posteriormente, hacer del conocimiento a las partes involucradas la propuesta del importe de los daños que resulten del mismo o la propuesta del pago de indemnización correspondiente.
También se contempla otorgar una prórroga a las empresas aseguradoras para poder presentar a las partes involucradas en el siniestro la propuesta del importe de los daños que resulten del mismo o del pago de la indemnización correspondiente cuando exista causa justificada.
Asimismo, se propone que cundo la naturaleza del seguro lo permita y la persona asegurada o siniestrada lo consienta la empresa aseguradora pueda sustituir el pago de la indemnización por la reparación o reposición del objeto siniestrado.
Amigas y amigos, compañeros legisladores, de aprobar esta iniciativa contribuimos a tener una mejor cultura del uso del seguro en México, cumpliendo cada uno con nuestras responsabilidades, como usuarios contar con un seguro, las empresas efectuando las obligaciones estipuladas en los contratos y las autoridades brindando mayor servicio de seguridad vial para el bienestar de la población. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Tiene la palabra la diputada Felicita Pompa Robles, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal.
La diputada Felicita Pompa Robles: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Felicita Pompa Robles: Saludo a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, al pueblo de México que nos sigue por el Canal del Congreso y la plataforma digital.
Hoy subo a esta tribuna para hablar de una historia, una historia que nos duele, que nos indigna y que no debemos olvidar: la historia de Cecilia Monzón. Cecilia era abogada, activista, pero, sobre todo, madre.
El sábado 21 de mayo de 2022 fue asesinada en San Pedro Cholula, Puebla. Ese día, mientras conducía su camioneta, 2 sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones y huyeron en motocicleta. Un crimen que sacudió a México por su brutalidad, pero también por lo que representaba, al instante, al instinto de silenciar a esta mujer, que defendía los derechos de todas. Un crimen que sacudió.
Con el avance de las investigaciones, se señaló como actor intelectual del feminicidio a su expareja, a su expareja con quien ella tenía todavía vínculos por un hijo que tenía cuatro años. Y fue entonces cuando la familia de Cecilia se enfrentó a algo que nadie debería enfrentar jamás.
Al revisar la situación del niño apenas de cuatro años, descubrieron que la ley no impedía que la persona señalada por el asesinato de su madre continuara ejerciendo derecho sobre él. Esa injusticia fue la que sacudió esta lucha y encendió para que todas y todos nos sumemos.
Su madre, su familia y muchas mujeres alzaron la voz. De esa exigencia nació en Puebla una iniciativa para suspender la patria potestad a padres acusados de feminicidio y retirarla de manera definitiva cuando fueran declarados culpables. Esa propuesta fue conocida como la Ley Monzón y fue aprobada en marzo de 2023, convirtiéndose en paso fundamental para proteger a las infancias que quedan en orfandad por violencia feminicida.
Esta reforma no solo corrigió una omisión normativa que dejó desprotegido al hijo de Cecilia, sino que inspiró a otras entidades federativas a construir marcos legales similares. Hoy estados como Puebla, Nayarit, Oaxaca, Colima, estado de México y Sinaloa ya contemplan esta protección en su legislación.
Años después, la justicia comienza a enviar señales de esperanza. El responsable fue condenado a 60 años de prisión y recientemente fue trasladado al penal federal para cumplir su sentencia.
Es un mensaje claro: la lucha valió la pena y Cecilia no fue olvidada. Pero aún falta algo fundamental, compañeras y compañeros, porque aún hoy se está haciendo justicia para Cecilia. Todavía existen niñas y niños en otras partes del país que podrían enfrentar el mismo vacío legal, y eso, compañeras y compañeros, no puede seguir ocurriendo.
Si bien es cierto que el gobierno federal ha tenido grandes logros en la atención de la violencia contra las mujeres, es necesario fortalecer estos esfuerzos desde todos los ámbitos.
Corresponde al Poder Legislativo seguir consolidando el marco jurídico para cerrar espacios de impunidad y ampliar los mecanismos de protección, especialmente para quienes quedan en situación de desamparo tras la omisión de estos delitos.
Cabe señalar que el artículo 325 del Código Penal Federal ya prevé que quien comete este delito de feminicidio perderá todo el derecho en relación con los hijos de la víctima. Sin embargo, aún persiste la necesidad de armonizar el régimen penal con el régimen civil, pues la patria potestad y la guarda y custodia que regulan el Código Civil Federal en los códigos civiles sociales.
En la práctica, aun cuando la legislación penal contempla sanciones y pérdida de derecho de niñas y niños adolescentes, quedan atrapados en procesos familiares largos, costosos, pero aún todavía revictimizantes. En estos escenarios, el agresor puede seguir utilizando la patria potestad como una herramienta de control.
Por ello, hoy presento esta iniciativa de forma... que reforma el Código Civil Federal para que ninguna infancia vuelva a quedar desprotegida después de perder a su madre por un feminicida.
Propongo que desde el inicio del proceso penal por este delito se suspenda la patria potestad y que, de ser confirmada la culpabilidad, se pierda de manera definitiva. Lo que buscamos es claro, compañeras y compañeros, que ninguna niña o niño se enfrente a la incertidumbre de quedar legalmente vinculado con quien le arrebató la vida a su madre.
Vamos a impulsar esta iniciativa como lo hicimos en el estado de Sinaloa. Tuve el honor de ser diputada local hasta convertirla en ley. Tuve el honor de ser diputada local y cuando tuve el honor de ser diputada hoy para convertirla en una ley para todo el país, porque honrar la memoria de Cecilia Monzón también significa garantizar justicia para todas las infancias.
Invito respetuosamente, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, de todos los grupos parlamentarios, a abrazar esta iniciativa, a suscribirse quienes así lo deseen y sobre todo a votarla a favor.
Recordemos que detrás de cada caso hay niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Hagamos justicia en memoria de aquellas mujeres cuyas vidas fueron apagadas antes de tiempo.
Así que los invito, compañeras y compañeros, alcemos la voz, porque recordemos que cuando una mujer callada se ve más bonita, no es cierto. Cuando una mujer se calla, se apaga su vida. Así es que alcemos la voz y hoy les pido que defendamos esta iniciativa y me apoyen. Un fuerte abrazo para todas. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos el uso de la palabra al diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 26 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de transparencia de la remuneración neta de los procesos de ingreso al servicio público.
El diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal: Gracias. Compañeras, compañeros diputados, hoy discutimos algo muy sencillo, pero profundamente importante el derecho de quienes deciden ingresar al servicio público a saber con claridad absoluta cuánto deben recibir realmente en su cuenta bancaria, no cuánto marca el tabulador en términos brutos, no cuánto es antes de impuestos y deducciones, cuánto es el ingreso neto, así de claro.
En muchas convocatorias al servicio público se informa únicamente el monto bruto, se anuncia una cifra que puede ser atractiva, pero no explica con precisión cuánto se le descontará por aportaciones al ISSSTE, impuestos u otras deducciones obligatorias.
El resultado es que las personas aceptan una plaza con una expectativa económica que no coincide con lo que efectivamente se percibe o se anuncia, eso generalmente, eso genera incertidumbre para aquellos postulantes a la vacante y la incertidumbre no es compatible con el trabajo digno ni con una administración pública moderna.
Esta iniciativa que hoy presento establece algo muy concreto que, en todos los procesos de ingreso de contratación, de designación en el servicio público la remuneración ofrecida se exprese de manera clara como remuneración neta para el postulante. Es decir, el monto real que la persona trabajadora recibe después de aplicarse las deducciones legales. Puede informarse también el salario bruto, puede incluirse un desglose, pero la información central debe ser el ingreso efectivo para los postulantes, porque nadie toma decisiones de vida con cifras teóricas o con cifras con incertidumbre o especulaciones.
Las personas deciden si aceptan un empleo con la base en lo que podrá pagar de renta, de transporte, de alimentación, de educación, con sus ingresos mensuales reales. Además, esto envía un mensaje importante, el servicio público es competitivo, compite por talento, compite por perfiles calificados, compite y necesita reglas claras de transparencia desde el primer momento.
La transparencia salarial no debilita al Estado, lo fortalece, garantiza confianza y profesionaliza los procesos de ingreso. Permite comparar las plazas de manera objetiva, evita malentendidos... prácticos en procesos claros.
Algo más, si exigimos transparencia en el uso de los recursos públicos, debemos empezar por la transparencia con quienes trabajamos para el Estado. No puede haber rendición de cuentas hacia afuera y opacidad hacia adentro.
Lo mínimo que se puede esperar de una persona que aspira a servir en una institución pública es saber con exactitud cuál será su ingreso neto, sin cálculos ocultos, sin estimaciones, sin sorpresas posteriores.
Esta reforma no altera el presupuesto, no incrementa el gasto, no genera cargos desproporcionados, simplemente establece estándares básicos de claridad para dignificar el trabajo de los que trabajan para el servicio público.
Y, la claridad es la base de la confianza institucional, porque la transparencia en la remuneración no es un privilegio, es un derecho. Y, un servicio público fuerte comienza con las reglas claras. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Y también, que vivan los trabajadores al servicio del Estado. Muy bonita tarde. Y quien se quiera sumar a esta propuesta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos el uso de la palabra a la diputada Clara Cárdenas Galván, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, en materia de educación para las personas adultas mayores.
La diputada Clara Cárdenas Galván: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Clara Cárdenas Galván: Compañeras y compañeros diputados, “la vida debe ser una continua educación”, frase del novelista francés Gustave Flaubert.
A menudo se piensa que la educación termina con la vida laboral, pero la realidad es que la tercera edad es el momento perfecto para estudiar lo que deseamos, sin presiones y por el puro placer de aprender.
La educación para las personas adultas mayores no se trata solo de acumular conocimientos, sino de celebrar la experiencia, fomentar la curiosidad y, sobre todo, disfrutar de la vida con mente activa.
De tal manera que la educación en la tercera edad no es solo un derecho, sino una herramienta de empoderamiento que promueve un envejecimiento activo, cognitivamente ágil y emocionalmente pleno.
Sabemos que la vida como tal es un proceso, lo que implica envejecer. Y uno de los derechos básicos para construir una sociedad más justa, equitativa y participativa es la educación, que también es uno de los pilares de la cuarta transformación en México.
El fortalecimiento efectivo es clave para modificar las raíces de la desigualdad. Es por ello que, dentro de los 100 pasos para la transformación de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se considera importante garantizar el acceso universal a la educación.
La educación nos ofrece independencia y empoderamiento, nos da las herramientas para manejar nuevas situaciones, rompe la soledad, crea nuevas amistades y nos conecta con personas que comparten nuestras pasiones.
La educación no tiene fecha de caducidad y el deseo de aprender es una chispa que, si la cuidamos, puede arder con más fuerza que nunca en la madurez. Como decía Nelson Mandela: La educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo. Yo les digo hoy: La educación es el arma más poderosa para transformar nuestras propias vidas, es un antídoto poderoso contra el aislamiento.
La cuarta transformación se ha destacado por avanzar de manera eficiente y bajo una perspectiva de justicia social. Por ello, los invito a conocer esta iniciativa y a unirse firmándola.
Porque la educación es un derecho humano que trasciende generaciones. Ya sea aprender a usar nuevas tecnologías, estudiar historia, arte o concluir estudios básicos, cada conocimiento adquirido es una victoria para nuestra autonomía. Es importante mencionar que la educación no es un privilegio solamente de la juventud: es un derecho, una herramienta y una aventura que dura toda la vida.
Por tanto, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, en materia de educación para las personas adultas mayores, que hoy vengo a presentar, nos invita a ver la educación no como una tarea, sino como una aventura continúa.
Nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo, para preguntar, para crear y para crecer. Sigamos aprendiendo, sigamos viviendo, sigamos caminando. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen. El diputado Santiago Pineda ha solicitado el uso de la palabra, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Wblester Santiago Pineda (desde la curul): Por hechos, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: No estamos... No hay hechos porque no estamos en debate, sin embargo, le voy a conceder un minuto del tiempo para que pueda expresar lo que quiera. Adelante.
El diputado Wblester Santiago Pineda (desde la curul): Vengo a hacer una denuncia ante este pleno, de una situación personal que se me ha venido registrando, a un servidor, y que atenta contra mi integridad física y pone en riesgo mi vida y la de mi familia.
Una persecución política permanente del presidente municipal de Metepec, en el estado de México, Fernando Flores Fernández, a quien responsabilizo de lo que pase a mi familia y a un servidor. Es una persecución en medios de comunicación, persecución por parte de su policía y del personal a su cargo.
Este fin de semana pasado sufrí un accidente saliendo de mi domicilio, un auto, un automóvil, perdón, me impactó a alta velocidad y el responsable de este accidente se dio a la fuga. No sé si fue intencional o fue en realidad un accidente.
Le pido que a través de su conducto se me brinde la atención jurídica necesaria para poder cumplir con mis labores legislativas y a través de esta denuncia la Fiscalía tome cartas en el asunto. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Quedan asentadas sus expresiones en el Diario de los Debates. Y se le solicita a la Dirección de Asuntos Jurídicos pueda atenderlo, para ver de qué manera pueden apoyarlo. El diputado Federigo Döring, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Sí, presidenta, con el mismo objeto que el orador anterior.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, hasta por un minuto.
El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Sí. A ver, nosotros solamente queremos dejar claro que Fernando Flores está confirmado como el alcalde mejor evaluado de todo el estado de México, con 70% de aprobación. Y no hay mejor manera de evitar mala prensa, pues que no andar borracho golpeando establecimientos mercantiles para exigir el acceso con exdiputados, y pues si nadie quiere accidentes viales donde se difunda que no se hace responsable de sus daños, pues lecciones de manejo serían una buena recomendación. No sé si también pueda impartir clases de eso la Mesa Directiva, pero sería un buen consejo.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias diputado, continuamos con la presentación de iniciativas en una segunda ronda... Diputado, ¿con qué objeto? Adelante diputado, hasta por un minuto. Sonido a la curul del diputado Pineda, por favor.
El diputado Wblester Santiago Pineda (desde la curul): Es lamentable que los compañeros diputados opinen sin conocimiento. El tema de las encuestas yo no lo voy a poner aquí en el pleno, porque todos sabemos que ese tipo de encuestas se compran.
El tema que se refiere él, que yo estaba alcoholizado, es falso. Es un tema de persecución, que de manera facciosa e ilegal me vandalizó mi vehículo. Es un vehículo que hoy, desde el 2 de diciembre, no lo puedo recuperar porque entre el corrupto presidente que tenemos en Metepec –es el más corrupto en la historia de este municipio–, entre el corrupto presidente y otras autoridades que no sé quiénes son, yo no puedo recuperar mi vehículo.
Es un vehículo que vandalizaron en la plaza comercial, me robaron mis cosas, cosas personales, computadora y dinero. Y de ahí de la plaza...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya diputado.
El diputado Wblester Santiago Pineda (desde la curul): ...se llevó, se llevó la camioneta la policía municipal, con ninguna facultad jurídica. Y los diputados que opinen de mi persona primero investiguen. Este fin de semana por poco me mata –un accidente– yo saliendo de mi domicilio, a unos metros me impacta...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya diputado, por favor.
El diputado Wblester Santiago Pineda (desde la curul): ... un auto a más de 150 km por hora, y yo estaba haciendo alto total. Y lo peor que el conductor se fugó y el presidente no da la cara. Pues lo conozco y nos conocemos hace muchos años. Ojalá sus compañeros de partido y de bancada lo conocieran igual como lo conocemos ahí en nuestro municipio. Es cuanto.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias diputado, de igual manera –repito– quedan asentadas las expresiones de ambos lados en el Diario de los Debates.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Tiene la palabra el diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 51 Bis 1 y 51 Bis 2 de la Ley General de Salud.
El diputado Aciel Sibaja Mendoza: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Aciel Sibaja Mendoza: Buenas tardes compañeras y compañeros diputados, los saludo con gusto, al igual que a todos quienes nos hacen el favor de su presencia en este recinto el día de hoy. Saludo también a quienes nos siguen a través del Canal del Congreso y en las redes sociales.
Hago uso de la voz para presentar la iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 51 Bis 1 y 51 Bis 2 de la Ley General de Salud, como un atento llamado a la igualdad y a la inclusión, porque nuestro deber es representar y defender a todos los sectores de nuestra sociedad, lo que significa promover el bienestar social.
Para todas y todos es fundamental darnos a entender y comunicarnos de manera efectiva, con el objetivo de ejercer nuestros derechos humanos y acceder a servicios básicos, como la salud y la educación.
Las personas sordas en México enfrentan diversas dificultades para desarrollarse plenamente, este sector de nuestra sociedad merece que atendamos una problemática de la que se habla poco pero que es más común de lo que parece y de lo que podamos ver a simple vista.
Se trata de la poca presencia de traductores en lengua de señas mexicana en las instituciones públicas dedicadas a la salud, la cual implica diversos riesgos para los pacientes. La poca o nula presencia de traductores en lengua de señas mexicana en clínicas, centro de salud y hospitales de nuestro país es una realidad que ha traído como consecuencia diagnósticos y tratamientos médicos erróneos o incompletos, que terminan poniendo en riesgo la salud y la vida de los pacientes.
Hablar de salud no es únicamente hablar de infraestructura o de medicamentos, hablar de salud es ante todo hablar de comunicación, de dignidad y de trato digno. No puede haber diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado ni atención con información puntual.
Cuando una persona no puede comunicarse con quien tiene la responsabilidad de atenderla, esta problemática será precisamente por la ausencia de una comunicación efectiva entre pacientes, médicos y personal de salud, quienes necesitan esencialmente de traductores en lengua de señas que describan de manera puntual los malestares, síntomas y padecimientos de los pacientes. Esto para la realización correcta y efectiva de diagnósticos médicos que le ayuden a mejorar su salud.
Seamos sensibles y empáticos ante esta realidad y apoyemos esta iniciativa, la cual tiene como objetivo que en las instituciones médicas del sector salud se cuente con al menos un traductor en Lengua de Señas Mexicana.
Ello para contribuir al entendimiento de quienes atienden y dan servicios a personas sordas, teniendo como resultados diagnósticos y tratamientos médicos adecuados, lo cual será de gran beneficio para este sector de nuestra sociedad.
En nuestro país se estima que en 2.3 millones de personas padecen discapacidad auditiva, la cual debemos motivarnos a impulsar a acciones en favor de ellas y ellos. México ha asumido compromisos claros en esta materia formando parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual establece que estas personas tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación y obliga a los Estados a garantizar una atención digna y de calidad.
Asimismo, nuestra legislación reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como una lengua nacional y como parte del patrimonio lingüístico de la nación. Por ello, la importancia de que ayudemos a mejorar las condiciones de las personas con problemas auditivos, a saldar una deuda histórica que otros gobiernos no voltearon a ver...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.
El diputado Aciel Sibaja Mendoza: ... y que hoy ponemos en el centro bajo los principios de igualdad y justicia social que nos mandata nuestra Constitución.
Todas y todos somos parte de esta gran nación y estamos construyendo un México de oportunidades, inclusión, justicia e igualdad, porque la salud no es un privilegio, sino un derecho. Porque México ha cambiado y sigue construyendo el segundo piso de la cuarta transformación en todos los sentidos, y porque la justicia, la inclusión y la igualdad deben ser puertas abiertas para todas y todos los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de vacunación, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: Muchas gracias. Con la venia de la presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: A nombre de mi coordinador, el diputado Elías Lixa Abimerhi; del vicecoordinador, Marcelo Torres Cofiño; de mi compañero diputado José Mario Íñiguez Franco, del que hace uso de la voz y demás compañeras y compañeros del Partido Acción Nacional, vamos a utilizar un minuto de este tiempo para dar un mensaje a la población y a las y los legisladores aquí presentes.
El sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Para que tengan una idea, una persona infectada de Covid era muy contagioso, podía contaminar hasta a 4 personas. Una persona contaminada de sarampión puede contaminar hasta 18 personas. Es mucho más contaminante.
Tenemos una gran fortuna: hay una vacuna que se aplica y cura, evita que el sarampión llegue, es muy eficaz. Una vacuna que tiene para menores de seis años tres componentes: sarampión, rubeola y contra la parotiditis o paperas, para quien las conoce.
Y una para los de 9 o más años, hasta los 68, que tiene sarampión y rubeola. La vacuna que está poniendo el gobierno mexicano es de la mejor vacuna. Debe tener mucha confianza y aplicársela.
¿Cuál es el caso que hoy tenemos con el sarampión? Bueno, pues que muchas personas no fueron vacunadas y, ante tanta contagiosidad, imagínense la Ciudad de México con el Metro y las escuelas. En el estado de México, donde hay grandes urbes, esto está empezando, 26 % de los casos, casi 10 mil ya, se dieron en este mes, en enero y febrero, o sea, el brote está muy activo.
Yo invito a la gente que nos escucha a que tengan confianza en el proceso de vacunación, que vayan y se vacunen, y si hay cola, hagan la cola, y si se acabó la vacuna, regresen al día siguiente, pero vale la pena que se vacunen. ¿Cuál es la probabilidad que les dé sarampión si no estás vacunado? Es altísima. ¿Y cuál es la probabilidad que te mueras si tienes sarampión? Uno de cada 100 mueren por sarampión.
Entonces, de manera puntual, los menores de 6 años deben de vacunarse dos veces, de preferencia ahorita con brote, los bebés desde los 6 meses deben ser vacunados y reforzados a los 18 meses. Y los adultos, todos aquellos adolescentes que no están seguros si se vacunaron o no, ante la duda, mejor vacúnense. Y son dos dosis de vacunas sarampión y rubéola, aplicada una primero y 28 días después la segunda dosis. Con eso quedan protegidos. No vale la pena morir por una enfermedad que está perfectamente protegida.
Por eso, ¿quién no debe vacunarse? La única excepción para vacunarse: que estén embarazadas. Esta vacuna es un virus vivo, atontado, y entonces no debe, estar contraindicado aplicarse en embarazadas. Salvo esa excepción, todos aquellos diputados y diputadas que tengan menos, que no hayan nacido de 57 para atrás, 56, 55, no se vacunen. Todos los demás, vacúnense. Aunque hoy, por economía procesal en México, la campaña solamente ampara a los que tienen de 49 años o menos.
Si uno revisa las guías de la Organización Mundial de Salud, se señalan con puntualidad el año de 1957. Y si uno revisa las guías emitidas por los Centros de Enfermedad Infecciosa en Estados Unidos, el CDC, dice del 57 para abajo.
Entonces, todos los que me han preguntado, ante la duda, por favor, vacúnense. ¿Qué pasa si recibiste dosis y te pones una tercera? No pasa nada. No pasa nada. Lo que sí puede pasar es que te mueras y si no te mueres, puedes tener una encefalitis muy seria, hay secuelas muy serias, puedes perder la vista, vas a perder el oído, entonces no vale la pena que se arriesguen. Hasta ahí mi primer minuto de esta labor social.
Ahora, sí entramos en materia, ¿por qué queremos proponer nosotros un registro de vacunación, un registro nominal de vacunación? Porque hoy la buena nueva es que la estadística hecha por este gobierno, en la Ensanut, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, decía que solamente 6 de cada 10 niños tenían la vacuna del sarampión. Esa es la buena. La mala es que no sabemos qué niños son.
Y la pregunta es: si nace el niño, y sabemos que nacen dos millones de niños, si nace en una institución, la mayoría pública, donde puede saber cómo se llama, quién era su mamá, pues debe haber una cartilla electrónica que a partir de ese momento registre todas las vacunas, incluyendo la del nacimiento, para saber qué vacunas le faltan.
Esa cartilla no existe, existía, fue quitada en el año 2019, se está aplicando en algunos estados, en Guanajuato utilizamos la cartilla electrónica para los niños, el IMSS debe de tenerla y recuerden ustedes que aquí se aprobó una reforma publicada en enero 16, de este año que entró en vigor, donde 10 iniciativas de Acción Nacional son hoy ley también junto con la propuesta que se hizo para hablar del tema de la salud digital.
Entonces, el Registro Nominal de Vacunación nos permitiría saber quién falta, quién sobra y llamarle, les permitiría a las instituciones públicas de saber el ponerlo, esta vacuna además tendría que dársele un blindaje al presupuesto de vacunación.
Y aquí entramos en el detalle de lo que ha pasado con esta negligencia criminal del gobierno del presidente López Obrador y espero que no nos ocurra con la presidenta Sheinbaum, en el año 2022 y la fuente es el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo pueden ver, se aprobaron 30 mil millones de pesos, voy a hablar en cifras redondas, y solamente se ejercieron 7 mil, dejaron de ejercerse 23 mil, la cuenta, es la Cuenta Pública, aquí está en el Congreso.
En el año 23 se asignaron por esta Cámara 14 mil millones de pesos y solamente se usaron 3 mil millones de pesos. En el año 2024 se asignaron por esta Cámara 14 mil millones de pesos y solamente se ejercieron 4 mil millones de pesos. En el año 2025...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: ...se ejercieron 4 mil 600 millones de pesos y solamente se ejercieron 3 mil 900 millones de pesos. Es decir, 44 mil 457 millones de pesos asignados al gobierno del presidente López Obrador no se usaron para comprar vacunas.
¿Cuánto se necesitaba para comprar 2 millones de vacunas, para los 2 millones de niños que nacieron en ese año? 120 pesos por vacuna, 128 millones de pesos, 256 millones para vacunar niños y niñas. En 6 años eran mil 100 millones de pesos y dejaron de ejercer 44 mil...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: ...los muertos que hoy están aquí, los muertos que hoy viven y sufren sus familias son niños que nacieron ya con el gobierno del presidente López Obrador, no pueden echarle la culpa a Porfirio Díaz. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos el uso de la palabra a la diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 27 de la Ley del Seguro Social, y 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.
La diputada Mayra Espino Suárez: Con permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Mayra Espino Suárez: Compañeras y compañeros legisladores, actualmente la ocupación en México presenta una relación desproporcionada entre el ingreso y la jornada de trabajo. Esto es, que un porcentaje elevado de la población percibe un ingreso bajo laborando demasiadas horas.
La ocupación media nacional abarcó 60.38 millones de personas en diciembre del 2025, según los datos del INEGI, donde la mayoría se sitúan en actividades vinculadas al comercio, la industria manufacturera, agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca y prestación de servicios sociales.
Dentro de los rubros de gastos que más afecta a la población trabajadora es el relativo al traslado de su domicilio al centro de trabajo y viceversa, ya que independientemente del tipo de transporte que utilice se convierte en un gasto forzoso y una experiencia estresante.
La población ocupada utiliza el transporte colectivo, el automóvil o metro como principales medios de traslado. A su vez, el costo de traslado que debe asumir de manera rutinaria la población trabajadora, la lleva a separar un monto constante de su remuneración, significando una restricción al nivel de consumo propio o familiar.
En tal sentido, se ha estimado que cada integrante de un hogar gasta una media de 170 pesos mensuales por utilizar transporte público en México, equivalente a 2040 pesos anuales. Ambas cifras representan el 3.58 % de su gasto corriente monetario respectivo.
No obstante, para el asunto en cuestión, los valores podrían ser más altos al considerarse solamente el segmento ocupado o espacio geográfico específico. Sin embargo, considerando una familia de cuatro integrantes, el gasto se eleva a 680 pesos mensuales, del ingreso que tiene un trabajador o una trabajadora.
Por ejemplo, el 60 % de la población de la zona metropolitana del Valle de México destina cerca del 8 % de su gasto total al transporte público, el cual rebasa la media de 13 países de América latina.
Para atender esta problemática presento la iniciativa de reformar y adicionar el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, a efecto de incluir la ayuda de transporte público como prestación social para la población ocupada, con el fin de fortalecer su ingreso y condición de bienestar.
Asimismo, se propone extender dicho beneficio al personal contratado en las dependencias de los Poderes de la Unión, del gobierno de la Ciudad de México y demás instituciones públicas a través de la reforma de la fracción V del artículo 43 de la Ley General de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
En ambas leyes se establecen excepciones al otorgamiento de esta ayuda por parte de los patrones, representantes o las personas con funciones similares cuando proporcionen otro medio de traslado, cuando la distancia y seguridad entre el domicilio de la persona contratada y el centro de trabajo no requieran el uso de transporte público o bien cuando el trabajo se realice por vía remota.
La ayuda de transporte público para la clase trabajadora no debe seguir siendo solo un beneficio adicional de patrones comprometidos con el bienestar de su planta laboral, sino una prestación obligatoria como parte del ingreso de las y los trabajadores en México, pues esta es necesaria para mejorar la calidad de vida de los empleados, especialmente en grandes urbes o en aquellos lugares donde los sectores industriales o los servicios son de difícil acceso.
Hemos avanzado en equilibrar la balanza entre el capital y el factor trabajo en diversas reformas que han mejorado la calidad de vida de quienes con su esfuerzo contribuyen a mover la economía del país.
La ayuda para transporte que propongo a través de esta iniciativa representa un paso más en este camino de justicia y dignificación del trabajo en México. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias y con la venia de la asamblea. El Super Bowl que hoy está en voz de todo el mundo y que ha sido una sensación para quienes crean o no en el mensaje poderoso que dio Benito en este evento deportivo puso en el centro no solamente la invisibilización de América latina o de la América como un continente, sino una canción que tiene ya mucho tiempo en este disco, Lo que le pasó a Hawái, y es algo que está sucediendo no solamente en Puerto Rico, que es una denuncia, sino que está sucediendo también en nuestro territorio nacional.
Y déjenme les resumo muy rápido qué es lo que pasó en Hawái. En Hawái, los ricos de Estados Unidos decidieron derrocar al gobierno que entonces gobernaba una persona nativa, una princesa nativa, la derrocan para quedarse con la tierra. Y entonces, le quitan, no solamente el gobierno, a los nativos hawaianos, sino que además convierten y acaparan su tierra completamente.
¿Qué pasó en Hawái entonces? Llenaron la zona de empresas multinacionales. Los hoteles, se desarrollaron una cantidad de hoteles absurda, acaparando toda la tierra que le pertenecía al pueblo hawaiano y construyeron hoteles que no permitieran la interacción con los locales, al grado que lograron que la mayoría de la población hawaiana huyera de Hawái y tuviera que fugarse a otros lugares, porque se volvió imposible literalmente para los locales vivir en Hawái a menos que fuera como mano de obra barata.
Eso actualmente está sucediendo en Latinoamérica, en Puerto Rico, que es la demanda exacta que hace Benito en el Super Bowl en la cara de los norteamericanos, pero también está sucediendo en nuestro país.
Ciudades como la Ciudad de México, estados como Yucatán, específicamente, en la zona de Mérida, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Guanajuato y Oaxaca hoy sufren los estragos de la gentrificación.
¿Cuáles son los efectos, compañeras y compañeros? El impacto al ingreso directo a los nacionales. Hoy en la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en las zonas de playa de Baja California, de Nayarit y en estos estados que he nombrado, la gente mexicana gasta el 44 % de sus ingresos en renta.
Una vivienda en la Ciudad de México de clase media pasó de 3.3 millones de pesos a 3.7 millones de pesos en un año, sin ninguna explicación más que la mera especulación. El costo de la vida se ha vuelto ya casi impagable para muchos, no es solo ya nada más que la salsa no pique, es que ya es imposible obtener a veces bienes y servicios de manera asequible en nuestros propios barrios.
Las rentas hoy en la Ciudad de México, en colonias como la Condesa o la Roma, y ya no digamos otras que hasta se cotizan en dólares, pasan de 30 mil a 50 mil pesos al mes, cuando el salario de un trabajador promedio en la Ciudad de México es de 9 mil 582 pesos. Se incrementaron rentas en colonias ubicadas en la zona centro, en la colonia Juárez, como dije, en la delegación Cuauhtémoc hasta en un 94 %.
Y hay un desplazamiento forzado interno en nuestras ciudades capitales ya, que obliga a 1.5 millones de traslados al día, solamente para que la gente pueda llegar a su trabajo y a la ciudad donde son originarias.
La demanda de vivienda para la comercialización y el Airbnb es extraordinaria, pero no se cumple la demanda local de vivienda porque se está especulando hasta con la vivienda de costo social.
Y claro, la airbnbización de la vivienda, donde las viviendas para renta esporádica se han vuelto el eje central de la economía de muchas personas y se acaba con el tejido social y con la comunidad, porque solamente tienes espacios vacíos que se rentan de vez en cuando y las personas no pertenecen a la comunidad. Afecta, como ya dije, al tejido social.
Y ya no hablemos del acaparamiento y la especulación de los capitales. No estamos hablando solamente de aquellos que pueden comprar una vivienda y que la ponen en renta para el Airbnb, sino la especulación a mayor grado de la que muchos políticos, inclusive, son cómplices.
El ejemplo más claro, claramente lo tenemos con el cártel inmobiliario de la Benito Juárez, donde inclusive un exalcalde, Christian Von Roehrich, está detenido, así como el exencargado de obras y de gobierno de la misma delegación. O, el caso que salió hace muy poco en las mañaneras, un senador de la República y su esposa, la presidenta municipal de Huixquilucan, encargados de una red de acaparamiento y de despojo en la Ciudad de México.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya diputada.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Desgraciadamente muy pocos han legislado sobre este tema. En la Ciudad de México se acaba de sacar una protección específica para la especulación, y países como España, ciudades como Nueva York, como París, han protegido a sus ciudadanos para que no se dé especulación.
Voy a concluir, presidente, solamente pido que se me dé la misma consideración que se le dio al diputado del Partido Acción Nacional. ¿Qué es lo que hace esta iniciativa? Primero, reconoce jurídicamente la especulación. Mucho se ha dicho en esta tribuna que lo que no se nombra no existe, necesitamos nombrar la especulación como una realidad.
Segundo, crear obligaciones a los ayuntamientos, a las delegaciones, a las alcaldías y a los estados, para que sus planes de desarrollo y sus impuestos locales se apliquen de la manera adecuada. No pueden ser cómplices nuestros alcaldes, ni los alcaldes de ningún partido político de la especulación porque se meten en el negocio. Y también estamos incluyendo las penas para aquellos que lo hagan y que no sean, porque sean senadores o alcaldes que puedan salirse con la suya.
Hoy los cárteles inmobiliarios no pueden gobernar a nuestras ciudades, y no podemos, no podemos expulsar a nuestros ciudadanos de las ciudades de las que no son nativos, no podemos permitir que, a nuestro país, de manera callada le pase lo que le pasó a Hawái.
No a la especulación inmobiliaria. Muchas, muchas gracias. Y si están tan preocupados por el tiempo, diputadas, por favor, súmense a esta iniciativa...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputada.
La diputada Lilia Aguilar Gil: ...deje usted de gritar desde allá, desde su curul, y por favor, ponga atención a lo que estoy diciendo, porque además estoy denunciando a su presidente nacional y a algunos que son diputados por la Benito Juárez. Así que, diputada, tranquilícese, yo me voy a ir de aquí en cuanto usted deje de gritar, no se preocupe. Con mucho gusto yo me bajo de aquí cuando usted deje de gritar.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputada.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Claro que sí, yo me bajo de aquí cuando dejen de gritar. Con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias compañeras y compañeros diputados.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Anita González González, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto por el que se reforma el artículo 418 y adiciona un artículo 418 Bis al Código Penal Federal, en materia de tala ilegal.
La diputada Ana Isabel González González: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante.
La diputada Ana Isabel González González: Compañeras y compañeros, el día de hoy vengo a presentar una iniciativa para tipificar en materia de medio ambiente. Y ustedes han de decir, bueno, a qué se refiere la diputada Anita González en materia de medio ambiente.
Sabemos que el día de hoy, nosotros como seres humanos, necesitamos de la vida silvestre simplemente para poder vivir. Si queremos respirar aire limpio necesitamos árboles, necesitamos áreas verdes. Si queremos consumir alimentos necesitamos también del tema silvestres hablando de plantas, hablando de animales y demás.
Y por eso, el día de hoy vengo a pedir que realmente podamos defender el derecho que tenemos humano al medio ambiente. ¿Por qué? La tala ilegal de árboles ha venido creciendo en nuestro país, hay datos específicos que han venido manifestando diferentes organizaciones, por ejemplo, datos específicamente del año 2020 al año 2024, donde se habla que se ha perdido más de 800 mil hectáreas de zona verde en territorio mexicano.
Entonces, a lo mejor pensamos que son números, pero si ya echamos a volar la imaginación y queremos visualizar lo que son 800 mil hectáreas de nuestro país, pues, definitivamente es mucho tema. Y peor cuando esta tala o este derribo de árboles se ha dado sin permisos, se ha hecho de manera ilegal.
Por eso, el día de hoy esta es una propuesta bastante noble, porque primero me gustaría dejar en claro en qué afecta esta tala ilegal. Primero que nada, en la pérdida de la biodiversidad, afecta también en el tema económico, en el cambio climático y en la erosión del suelo.
No podemos esperar a estar todavía más dentro de una crisis ambiental a querer buscar y saber qué es lo que podemos hacer al respecto. Por eso, lo que propongo el día de hoy o el objetivo que tiene este cambio en nuestra ley es tipificar este delito de la tala ilegal de árboles, específicamente en las zonas protegidas.
Por otra parte, pues, también que sea penado y sancionado el uso de esos permisos ilegales, porque es increíble, pero sí se da. Y, es más, se ha hablado hasta del lavado de madera de lo que se obtiene de esta tala ilegal de los árboles. Y, por otra parte, pues, también inhabilitar a aquellos servidores públicos que no respeten esta ley.
Entonces, es muy claro, tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos hoy de legislar para trabajar por nuestro medio ambiente. Yo sé que hay muchas causas en esta Cámara de Diputados y una de ellas siempre va a ser el que queremos respirar aire limpio, pero para eso tenemos que proteger, por supuesto, a nuestra naturaleza. Y qué mejor que respetemos las áreas protegidas, por algo se ha establecido que son áreas protegidas y esta tala ilegal de árboles ha crecido mucho en nuestro país.
Esta es la propuesta que tiene su servidora, invito a las y los compañeros diputados, a los pocos compañeros que se encuentran el día de hoy como su servidora en esta sesión, a que se sumen a esta iniciativa y trabajemos por México, porque necesitamos un país sustentable. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre hasta por cinco minutos para presentar dos iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, en materia de acceso al expediente clínico; y
2. Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de proveedores y mobiliarios incumplidos, suscrita por la diputada Patricia Flores Elizondo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre: Gracias. Con permiso de la Presidencia. Hoy subo a esta tribuna a presentar dos iniciativas: una, cuya intención es proteger el patrimonio de las personas. Y otra, proteger el derecho humano a la salud, relacionado con el derecho humano de acceso a la información.
Sabemos todos que comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestras vidas. Es el patrimonio de nuestras hijas e hijos, es el ahorro que tuvimos por décadas y es la seguridad de tener un techo propio.
Sin embargo, en este país comprar una casa es un gran riesgo. Sabemos de personas que, buscando comprar una propiedad, han sido víctimas de fraude. En 2024 se detectaron y bloquearon más de 3 mil 800 intentos de fraude inmobiliario, y esto, respecto al año anterior, es un incremento de más de 58 %.
Y no sé si hemos escuchado de las preventas, en donde una persona pone su dinero con la esperanza de tener una propiedad, pero sabemos que especialmente esta figura ha sido utilizada por empresas desarrolladoras que toman el dinero de la gente y al final no terminan las personas que metieron sus ahorros con una casa o un departamento de sus sueños.
¿Qué también sabemos? Que las empresas al final cambian de razón social, desaparecen, vuelven a abrir otra empresa y quienes pierden son los ciudadanos.
En México las personas compran vivienda, pero lo hacen prácticamente a ciegas, firman contratos y no saben si estas empresas desarrolladoras o constructoras han tenido quejas por incumplimientos o han tenido sentencias condenatorias por el delito de fraude, o han tenido otros procedimientos judiciales por falta de permisos y autorizaciones y demás.
Y toda esta información que los ciudadanos pudieran tener para tomar una decisión de dónde van a invertir su dinero está dispersa en los municipios, en el gobierno del estado, en los juzgados civiles o penales, y al final pensemos: ¿qué pasaría si los ciudadanos pudiéramos conocer de primera mano cuáles son los antecedentes legales que ha tenido una empresa que está vendiendo propiedades a la gente?
Hoy vengo a proponer, y espero que puedan sumarse, una iniciativa a la que denomino la lista negra de la construcción. O el nombre oficial que lleva es un registro nacional de proveedores inmobiliarios que administre la Profeco.
Ese registro lo que va a darle a la ciudadanía es información de las resoluciones firmes, de las sanciones administrativas, de las clausuras o suspensiones de obra, de las sentencias judiciales relacionadas con la compraventa, construcción o entrega de vivienda, sentencias y procedimientos judiciales firmes.
Esto es bien importante porque son créditos hipotecarios de 20 o 30 años, son ahorros completos de personas para un proyecto de vida. Y creemos que la transparencia, lejos de espantar la inversión, más bien va a proteger a la inversión seria y limpia, y en el mercado de quienes operan con opacidad.
Ahora, permítanme decirles algo más. En esta legislatura, desde un inicio presenté una iniciativa relacionada con las sociedades de información crediticia. Las personas terminan en el Buró de Crédito por deber 200 pesos al teléfono. Es ridículo que un ciudadano común, por una deuda tan chiquita, esté hasta 6 años en el buró de crédito, pero una empresa desarrolladora que comete fraudes contra las personas no esté en una lista negra de la construcción donde podamos tener información para decidir en dónde invertimos nuestro patrimonio. Esa es la incongruencia.
Mientras empresas lastiman el patrimonio de miles de familias, siguen operando en la opacidad sin que el consumidor tenga un instrumento claro para conocer sus antecedentes firmes, pero al contrario, al ciudadano lo registran, lo califican y al ciudadano sí lo bloquean, porque toda esta información del Buró de Crédito se toma para decidir si a una persona se le da un financiamiento para comprar una casa, para comprar un auto o para iniciar un negocio, para sacar una tarjeta de crédito.
Y ahora, por otro lado, y no me tomará mucho más tiempo porque sé que ya estoy al límite, esta es una iniciativa muy noble que también estoy presentando, que tiene que ver con el derecho de acceso a la salud y derecho de acceso a la información.
Hay un abuso en el sector médico. Las personas quieren consultar su expediente médico y no se los dan de manera íntegra. Les dan parcialmente la información, les dan un resumen, pero no les dan todas las constancias de su expediente. Y una persona solicita esta información a los hospitales y no la puede obtener. Y se ha llegado al extremo que los ciudadanos tienen que hacer solicitudes de acceso a la información para poder obtener su expediente médico, cuando debería ser un derecho humano tener información sobre nuestra salud para tomar mejores decisiones.
Estoy presentando una iniciativa a la Ley General de Salud para que la titularidad de la información contenida en el expediente clínico se establezca que corresponde al paciente y que tiene derecho a acceder a su contenido íntegro. No es un favor el que te proporcionen tu información médica, es un derecho y necesitamos esta información para tomar decisiones sobre nuestros diagnósticos. Esta reforma, si se dan cuenta, lo que busca es corregir que nadie tenga que firmar un contrato ni enfrentar un diagnóstico a ciegas.
Hoy proponemos que ninguna familia tenga que invertir su patrimonio sin información clara de las empresas desarrolladoras o constructoras a las que van, sobre las cuales van a adquirir una vivienda y también que ningún paciente tenga que enfrentar algún problema de salud a ciegas. Ojalá se puedan sumar, son iniciativas muy nobles. Es cuanto.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Túrnese la primera iniciativa a la Comisión de Salud para dictamen. Túrnese la segunda iniciativa a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el primer párrafo de la fracción I, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de garantizar la paridad de género y la representación de pueblos indígenas y afromexicanos en la conformación de ayuntamientos.
La diputada Bertha Osorio Ferral: Con su venia, presidente. En México la democracia no está completa mientras los pueblos indígenas y afromexicanos sigan siendo mayoría en las comunidades, pero minoría en la integración de los ayuntamientos. En muchos municipios quienes trabajan la tierra, cuidan el agua, sostienen la cultura y defienden la identidad no deciden y eso no es justicia. Esta iniciativa tiene un objetivo sencillo, pero poderoso, cerrar de una vez por todas las brechas de desigualdad política en nuestro país.
Queremos que en los municipios donde los pueblos indígenas y afromexicanos son parte viva de la comunidad, también sean parte de sus ayuntamientos. Queremos que la paridad de género no se quede en el discurso, sino que se vea en cada regiduría, en cada sindicatura, en cada cabildo. Porque las mujeres no sola acompañan, gobiernan. Y los pueblos no solo resisten, deciden.
Que quede claro, no venimos a quitar autonomía a los municipios, no venimos a imponer desde el centro. Venimos a garantizar derechos desde la Constitución. México es un país indígena. México es un país afromexicano. México es un país diverso y esa diversidad se tiene que reflejar en cada ayuntamiento, con cabildos más fuertes y cercanos al pueblo.
Porque cuando el pueblo gobierna el municipio avanza. Cuando las mujeres deciden progresan. Y, cuando los pueblos originarios y afromexicanos están en el poder, México se reconcilia con su historia.
Hermanas y hermanos de las comunidades indígenas y afromexicanos, esta iniciativa es para ustedes, para sus hijas y sus hijos, para que mañana nadie vuelva a hablar por la comunidad sin ustedes.
Hoy caminemos juntos para que la voz del pueblo llegue al ayuntamiento, para que la ley escuche lo que la comunidad ya sabe. Para que decida la comunidad y gobierne el pueblo.
Nunca más un municipio sin su gente. Qué viva nuestra identidad. Qué vivan nuestras comunidades. Qué vivan las mujeres. Qué vivan los pueblos indígenas y afromexicanos. Y qué viva México con justicia y dignidad. Es cuanto.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Iván Millán Contreras, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 35 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
El diputado Iván Millán Contreras: Muchas gracias. Con permiso de la Presidencia. Vengo a presentar una iniciativa de ley que no nada más es un tema de imagen sobre las vialidades, sino también un tema ecológico y pudiera ser también un tema de reducción del gasto público.
El pavimento articulado, llamado comúnmente adoquín, es un sistema de piso efectivo, seguro y moderno que ofrece varias ventajas para la construcción de vías y espacios públicos. Está compuesto por pequeños bloques prefabricados de concreto llamados adoquines que se asientan sobre un colchón de arena. Esta estructura permite una gran flexibilidad y resistencia a las cargas pesadas, lo que hace ideal para zonas de tráfico intenso.
Una de las principales ventajas del pavimento articulado es su durabilidad. Los adoquines están diseñados para soportar el peso de vehículos y las condiciones climáticas adversas, lo que reduce la necesidad de mantenimiento y reparación.
Además, su superficie permeable permite que el agua y la lluvia se filtre al suelo, lo cual es crucial para las recargas de mantos acuíferos, recargar el agua subterránea y, al mismo tiempo, reduce el riesgo de inundaciones. Esto, debido a que, cuanto mayor sea la cantidad de agua que se filtre en el suelo, menor será la carga de agua en el sistema de alcantarillado.
Otras ventajas importantes son... su sostenibilidad. El pavimento articulado es una opción ecológica, ya que reduce la cantidad de materiales necesarios para su construcción y permite la reutilización de adoquines en caso de reparación o reconstrucción. Además, su instalación es sencilla y no requiere maquinaria pesada, lo que reduce el impacto ambiental.
El pavimento articulado es una excelente opción para zonas escolares, hospitales, áreas de baja velocidad y vías internas de urbanizaciones. Su instalación sencilla reduce el costo y tiempo de construcción. Además, su durabilidad y resistencia lo hacen ideal para zonas con tráfico intenso.
En comparación con otros tipos de pavimento, el pavimento articulado es más duradero y resistente al asfalto y menos costoso que el hormigón, aunado a que, por la estructura seccionada, esta genera vibraciones en los vehículos, lo que impide que estos vayan a gran velocidad.
Por lo que coadyuvar con el control de la velocidad en las calles, es por ello que pongo a consideración de esta honorable asamblea una iniciativa que reforma el artículo... La fracción VI del artículo 35 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con la finalidad de que el pavimento articulado sea implementado en la construcción o remodelación de las calles secundarias y terciarias. Es cuanto.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Movilidad para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jesús Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y deroga el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de cuotas sindicales.
El diputado J. Jesús Jiménez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy como orgulloso trabajador minero sindicalizado y legislador, someto a consideración de este pleno la presente iniciativa que buscará reformar el articulo 110 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de cuotas sindicales, con un objetivo claro, fortalecer la libertad sindical, brindar certeza jurídica a las y los trabajadores, y consolidar organizaciones sindicales democráticas, representativas y sostenibles.
Las conquistas laborales no pueden entenderse sin la lucha sindical que durante décadas hemos dado millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos.
La solidaridad y la unidad de la clase trabajadora han sido pilares fundamentales del movimiento obrero, especialmente en el periodo neoliberal que debilitó los derechos laborales y buscó erosionar a los sindicatos democráticos.
Gracias a la lucha de los sindicatos se logró la reforma laboral del 2019, que marcó un antes y un después en el modelo laboral mexicano, al consolidar la libertad y la democracia sindical, la negociación colectiva, auténtica y un sistema de justicia laboral más expedito.
Sin embargo, el nuevo modelo laboral aún requiere ajustes para garantizar plenamente la autonomía e independencia de las organizaciones sindicales, particularmente en lo relacionado con su sostenimiento financiero.
La redacción vigente del párrafo segundo, de la fracción VI del artículo 110 de la Ley Federal de Trabajo, en materia de cuotas sindicales, genera incertidumbre en el financiamiento de las organizaciones sindicales y puede interpretarse como una intervención en la vida interna de las organizaciones, poniendo en riesgo su autonomía y sostenibilidad al señalar que el descuento de estas cuotas puede dejar de aplicarse cuando así lo decida la persona trabajadora.
Esta disposición resulta contradictoria en el principio de la autonomía sindical reconocida por nuestra constitución por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de las y los trabajadores a organizarse libremente y a regirse por sus propios estatutos sindicales.
Esto implica que las personas afiliadas a un sindicato deben cumplir con las disposiciones que democráticamente establece su organización, incluido el pago de cuotas sindicales cuando así lo determina la base trabajadora.
Para quienes somos sindicalizados, sabemos que las cuotas sindicales son un instrumento legítimo de la organización colectiva, cuyo propósito fundamental es proporcionar a la organización los recursos necesarios para defender los derechos colectivos, laborales, jurídicos, económicos, sociales y culturales de las y los agremiados, así como la prevención de la fuente de trabajo a la que pertenecen.
En este sentido, ninguna ley debe intervenir en la organización de los sindicatos o invadir con competencias que afecten a su libertad y soberanía.
Pertenecer a un sindicato no solo implica gozar de derechos y beneficios colectivos, también supone responsabilidades. Entre esas responsabilidades se encuentra contribuir mediante las cuotas sindicales al fortalecimiento de la vida sindical y a la defensa común de los derechos laborales.
Bajo este contexto, esta reforma parte de un principio fundamental para toda organización obrera: garantizar la voluntad de su base de agremiados que decide afiliarse a un sindicato, crear sus estatutos y cumplir las obligaciones de su organización.
Para la clase trabajadora, esta reforma significa saber que sus aportaciones sindicales se realizan con pleno respeto, y que esos recursos se destinan a la defensa colectiva de sus derechos, a la negociación de mejores condiciones laborales y a la construcción de relaciones de trabajo más dignas y justas.
Para los sindicatos democráticos de nuestro país esta reforma es un paso decisivo hacía un fortalecimiento institucional de operación y representación. Un sindicato con finanzas claras y legítimas es una organización más democrática, más independiente y más capaz de cumplir su función social.
Sin duda, esta reforma brinda estabilidad, legalidad y confianza entre las y los agremiados. Con más de 40 años siendo trabajador minero sindicalizado, creo firmemente que los sindicatos libres y democráticos son cruciales para la defensa de los derechos, la justicia y la seguridad de las y los trabajadores.
No se trata de imponer cuotas, ni de restringir derechos, se trata de ordenar, transparentar y garantizar, se trata de que la ley refleje la realidad del mundo del trabajo y proteja por igual la libertad individual y la fuerza colectiva. Compañeras y compañeros diputados, sin sindicatos sólidos no hay justicia laboral, y sin reglas claras no hay confianza. Hoy tenemos la oportunidad de avanzar en ambos sentidos.
Los invito a respaldar esta reforma en favor de la clase trabajadora de México, en favor de nuestras organizaciones sindicales y en favor de un sistema laboral más justo, libre y democrático transparente. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene la palabra la diputada Liliana Ortiz Pérez, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. Suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Liliana Ortiz Pérez: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante.
La diputada Liliana Ortiz Pérez: Compañeras y compañeros legisladores, permítanme comenzar con una pregunta sencilla, pero incomoda: ¿cómo puede llamarse justo un sistema de salud que atiende el cuerpo, pero abandona la mente?
Imaginen a una madre que llega a un centro de salud porque su hija ya no quiere ir a la escuela, no duerme y se aísla. El médico general la escucha, quiere ayudar, pero no hay personal capacitado para hacerlo. La cita se pospone, el problema crece, la familia se rompe en silencio.
Y esa historia hoy en México no es la excepción, es la regla, porque –aunque nuestra ley reconoce que la salud debe ser bienestar físico, mental y social– la realidad es otra, la salud mental ha sido marginada, centralizada y para millones simplemente inalcanzable, las cifras nos lo demuestran.
Uno de cada 8 personas en el mundo vive con un trastorno mental, en México 3 de cada 10 experimentarán una enfermedad mental a lo largo de su vida. Y, aún así, 9 de cada 10 personas que necesitan atención no lo reciben de forma oportuna.
Hoy enfrentamos –una verdadera– una verdad muy dura, la mayoría de las unidades de primer nivel no cuentan con un solo profesional en psicología. ¿Qué significa esto? Que la depresión se detecta tarde, que la ansiedad se normaliza, que la violencia emocional no se atiende, que el suicidio muchas veces llega antes que la ayuda.
Sin embargo, el problema tiene una raíz estructural, en las instituciones públicas del país existen menos de 3 psicólogos o psicólogas por cada 100 mil habitantes y más del 80 % de los servicios especializados se concentran en zonas urbanas.
Pero vengo a esta tribuna no solo a describir el problema, vengo a proponer una solución concreta, viable y especialmente urgente. Esta iniciativa reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud para lograr 2 cambios fundamentales:
1. Que en cada unidad médica del Sistema Nacional de Salud sea obligatoria la presencia de personal profesional en psicología clínica, no deseable, no sujeta a disponibilidad y no dependiendo del Presupuesto del año siguiente. Así como hay medicinas y hay enfermería, debe haber atención psicológica, porque, la mente, la mente también enferma y también merece cuidado inmediato.
2. Abrimos la puerta a algo igual de importante, permitir que el Estado celebre convenios con instituciones privadas y sociales para ampliar la cobertura y reducir tiempos de espera, porque el tamaño del reto supera cualquier institución trabajando sola. Necesitamos sumar capacidades, experiencia y especialmente infraestructura, necesitamos construir una gran red, necesitamos corresponsabilidad.
Esta reforma tiene un rostro muy claro, tiene el rostro de las comunidades rurales donde nunca ha habido ningún psicólogo ni ninguna psicóloga. Tiene el rostro de niñas y niños que viven violencia. Tiene el rostro de jóvenes atrapados en adicciones. Tiene el rostro de adultos mayores que viven sus duelos en soledad. Y también tiene el rostro de miles de profesionales de la psicología, listos para servir, pero que hoy no tienen un espacio formal dentro del primer nivel de atención.
Compañeras y compañeros, durante años hemos reaccionado cuando la crisis ya explotó, cuando la urgencia psiquiátrica llega, cuando el hospital está saturado. Esta iniciativa cambia la lógica, nos mueve hacia la prevención, hacia la atención temprana, hacia el acompañamiento comunitario.
Nos permite decirle a la ciudadanía: no tienes que tocar fondo para recibir ayuda. Legislar en salud mental es legislar para la dignidad humana, es reconocer que no hay desarrollo posible si las personas viven rotas por dentro. Es aceptar que el bienestar emocional también es infraestructura pública, es entender que escuchar a tiempo es tan importante porque salva vidas.
Hoy podemos dar un paso histórico, podemos empezar a cerrar una deuda que el Estado ha tenido por décadas. La pregunta es simple: si sabemos que la gente necesita apoyo psicológico, ¿cómo justificar que el sistema siga sin garantizarlo? No hay justificación posible.
Por eso, los invito a respaldar esta reforma. Juntos podemos hacer de la salud mental un verdadero derecho para todas y todos los mexicanos. Por un sistema más humano, más cercano y más justo. Sé, compañeras y compañeros, que saben de esta realidad y sé que contaré con todos ustedes. Muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Verde, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
La diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, comparezco ante esta soberanía para presentar una iniciativa que responde a una realidad ineludible, la necesidad urgente de actualizar y fortalecer la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, la cual fue publicada en el 2007 en el Diario Oficial de la Federación, para que esté a la altura de los desafíos que hoy enfrenta el sector pesquero y acuícola de nuestro país.
Hace 18 años esta ley representó un avance significativo, estableció criterios técnicos, científicos y administrativos que permitieron ordenar el aprovechamiento responsable de nuestros recursos hidrobiológicos y sentar las bases de una política pública con visión de sustentabilidad.
Sin embargo, México no es el mismo que en el 2007. Las comunidades pesqueras han evolucionado, las dinámicas de comercialización han cambiado, la tecnología ha avanzado, los retos ambientales, particularmente el cambio climático se ha intensificado.
La ley lamentablemente no ha evolucionado al mismo ritmo que nuestro sector pesquero. Hoy nos encontramos con disposiciones que han quedado rebasadas o que resultan insuficientes para responder a las necesidades actuales del sector pesquero.
Esta iniciativa tiene como propósito modernizar los procesos de regulación, vigilancia, fomento, innovación y participación social para consolidar una política pesquera y acuícola más eficiente, más justa y con visión a largo plazo.
Uno de los problemas más claros y más preocupantes se encuentran en los planes de manejo. Los Planes de Manejo Pesquero son instrumentos de planeación participativo. En ellos confluyen las propuestas de los pescadores, de los gobiernos estatales y municipales, de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil. Son documentos que contienen diagnósticos reales y soluciones construidas desde el territorio, no del escritorio.
Sin embargo, la realidad es alarmante. De los 27 Planes de Manejo Pesqueros elaborados, publicados, únicamente uno es al que se le da seguimiento y es el Plan de Manejo de los Pelágicos Menores del Pacífico.
En la mayoría de los casos no se instalan comités de manejo, no se realizan reuniones de evaluación y no existe verificación de cumplimiento de las acciones propuestas. Los planes se publican y después quedan en el olvido.
Actualmente, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable, IMIPAS, elabora los planes de manejo, sin embargo, su naturaleza es la de una institución de investigación científica no de ejecución de políticas públicas.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Conapesca, es la autoridad rectora en materia de política pesquera. No obstante, al no participar en la elaboración de los planes no los asume como propios ni los incorpora plenamente a su programa nacional ni les da el seguimiento necesario.
El resultado es una zona gris institucional, un vacío de responsabilidad, una cadena de inacción. Mientras una institución considera que el plan debe ejecutarlo la autoridad, la autoridad considera que debe de hacerlo quien lo elaboró. Al final, nadie lo ejecuta. Esta iniciativa propone corregir esta imprecisión.
Proponemos trasladar con claridad la responsabilidad de la elaboración de los planes de manejo pesquero a la Conapesca, como autoridad rectora de la política pública en esta materia. Con esta reforma se busca:
Primero. Que la autoridad pesquera utilice los planes como verdaderos instrumentos de política pública surgidos de procesos participativos para atender las demandas reales del sector pesquero.
Segundo. Que ejerza su liderazgo para coordinar a los estados y municipios a través de los Consejos estatales de pesca y acuacultura, alineando programas y proyectos al cumplimiento de los objetivos y estrategias contenidos en los planes.
Tercero. Que se establezcan y operen de manera efectiva los comités de manejo como mecanismos dinámicos de seguimiento, evaluación y actualización.
Cuarto. Que se celebren los convenios necesarios con entidades federativas, instituciones académicas y organizaciones sociales para dar respuesta puntual a las problemáticas identificadas.
Esta iniciativa no busca confrontar instituciones, busca ordenar responsabilidades, busca cerrar vacíos normativos, busca transformar documentos en acción, busca fortalecer la pesca y la acuacultura, y sobre todo la seguridad alimentaria, la soberanía nacional y el bienestar de los miles de familias costeras y ribereñas.
Por una pesca y acuacultura sustentables, equitativas, inclusivas, competitivas les solicito su respaldo a esta iniciativa. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde estaremos fortaleciendo al sector pesquero y a nuestros pescadores ribereños porque es una prioridad para nuestra soberanía alimentaria. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Pesca para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Diana Castillo Gabino, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La diputada Diana Castillo Gabino: (Habla en otomí). Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México.
Una sociedad verdaderamente justa es aquella donde ser mujer nunca signifique estar en riesgo. Hoy hago el uso de esta tribuna para presentar una iniciativa en el marco internacional del Día de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo.
Para la Organización de las Naciones Unidas la violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado el daño físico, sexual o psicológico. Inclusive, las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada.
El asunto de la violencia hacia la mujer es un tema sensible, cuyas consecuencias deben considerarse en el análisis de los derechos de las víctimas, sobre todo, en el caso de los delitos sexuales, en los cuales el hecho de ser mujer retoma doble dimensión por su grado de afectación y sus consecuencias.
La violencia contra las mujeres constituye una de las más graves violaciones a los derechos en México. Y, representa un fenómeno estructural que tiene raíces históricas, culturales, sociales, económicas y jurídicas.
Se trata de una problemática persistente, que limita el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes, y que afecta su dignidad, autonomía, integridad física y psicológica, así como su desarrollo integral.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, elaborada por el Inegi, el 70 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, mientras que el 42 % la vivió en los 12 meses previos a la encuesta.
Estas cifras significativas muestran que la violencia hacia las mujeres no es un fenómeno aislado ni residual, sino una constante que atraviesa esferas íntimas, así como espacios sociales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la violencia de género constituye una violación grave a los derechos humanos y que el Estado tiene la obligación reforzada de prevención, atención y reparación.
La iniciativa que presento propone realizar diversas reformas y adiciones al artículo 4o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de armonizar los principios rectores de dicha ley con los establecidos en las diversas leyes de la materia.
Esta iniciativa está inspirada en las mujeres violentadas de mi distrito 03 que es Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jocotitlán y Jiquipilco, que es la región mazahua y otomí.
La reforma y adición que se propone busca incorporar de manera expresa principios fundamentales que actualmente no se encuentran explícitos en dicho artículo, pero que resultan indispensables para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Los principios que se proponen trascienden los ámbitos legislativos o judiciales, extendiéndose a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas. Esto implica que la protección de los derechos no puede limitarse o ser parcial.
Por todo lo anterior, presento a este pleno la presente iniciativa por la que se reforman las fracciones II, III, IV, VII y se adiciona una fracción XI al artículo 4o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Erradicar la violencia contra las mujeres no es un acto de caridad, es una obligación ética del Estado y una responsabilidad colectiva de toda la sociedad. Que viva nuestra mujer presidenta y todas las mujeres mexicanas. Unidad nacional. Todo el poder al pueblo. Jämadi. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene la palabra la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3 y 75 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de ecotécnias para espacios públicos.
La diputada Abigail Arredondo Ramos: Hola, hola. Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva, el presidente. Es tiempo que México transite por la modernidad, que emprenda muchas acciones eficaces para abatir el cambio climático, que todos los días nos pone muestras de que la cosa está cada vez más compleja con nuestro medio ambiente. También de crear desarrollos de centros urbanos mucho más sustentables y equilibrados.
El medio ambiente, el equilibrio ecológico y la sustentabilidad, son pilares esenciales para el desarrollo de la sociedad y que la sociedad funcione de manera adecuada y para todos.
Si bien desde la década de los ochenta, hay que reconocer, nuestro país ha reconocido e implementado y promovido diversas políticas públicas orientadas a restaurar el daño ecológico, la realidad es que muchas veces esos anhelos solo quedan en papel y no los vemos aterrizados en la infraestructura y en nuestro día a día.
Hoy en pleno siglo XXI aún vemos con tristeza espacios públicos sucios, abandonados, con diseños arcaicos que no responden a los principios de protección y progresividad del entorno urbano.
Si bien el artículo 4o. de la Constitución reconoce el derecho humano de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, así como la obligación correlativa del Estado de garantizar esto, la verdad es que no lo vemos materializado. Sí lo dice la Constitución, pero no lo estamos viviendo en nuestras ciudades, no lo estamos viviendo en nuestras comunidades, en nuestros barrios y difícilmente vamos a tenerlo como un derecho real y palpable si no lo cambiamos desde la raíz.
En este contexto, el uso de las ecotécnias es una buena opción, que contribuye a un equilibrio ecológico, permitiendo atender necesidades actuales de energía principalmente. Ustedes saben que hemos tenido en casi todas las entidades, en los últimos años, problemáticas con la energía y equipamiento, sin comprometer el ecosistema del futuro.
Las ecotécnias son instrumentos desarrollados para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y que estos permitan la elaboración de productos y servicios con un bajo impacto ambiental y una mucho mayor eficiencia energética.
Alternativas como: sistema de captación de agua pluvia, paneles solares, luminarias led, inodoros secos, separación de residuos, asfalto permeable y huertos urbanos, entre otros, se han consolidado como soluciones viables para atender las necesidades en las ciudades modernas.
Su empleo ha sido obviamente, y principalmente ha crecido en países como, países europeos, un país como Estados Unidos, y ha demostrado en la práctica que se han adquirido grandes beneficios, que el rendimiento es mucho mayor, asequible a las fuentes tradicionales de energía principalmente. De igual forma, evitan la propagación de gases de efecto invernadero que eventualmente afectan la atmósfera e impulsan el calentamiento global que tanto nos afecta diariamente.
En este contexto, lo que hoy propongo en esta iniciativa son adicionar dos fracciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para que las autoridades que realicen obra pública, toda autoridad en los tres niveles que haga obra pública priorice el uso de estas ecotecnias en la construcción, conformación y restauración de espacios públicos. Qué mejor de poder poner el ejemplo desde el gobierno, de poder incitar a que la obra pública en este país sea diferente desde el gobierno en la ejecución de la obra pública.
Según datos del Ingei, en el año 2023, los gastos en materia de protección ambiental del sector público ascendieron a poco más de 210 mil millones de pesos, lo que equivale al 0.7 del producto interno bruto. Y los costos totales por el agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.3 billones de pesos, monto que equivale al 4.2 del PIB total.
Qué diferencia hubiera sido si esto lo hubiéramos empleado años atrás. Hoy estamos a tiempo. Hoy por eso hacemos este llamado, porque México daría un paso más para el cumplimiento de la Agenda 2030. Hoy, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles sería una realidad.
Compañeras y compañeros diputados, los centros urbanos no son los espacios de equipamiento solamente, hay que verlo como los espacios en donde viven hoy los ciudadanos, hay que verlo con una amplia expresión en donde juegan los niños, en donde cohabitan las familias, en donde la ciudadanía realiza todas sus actividades diarias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.
La diputada Abigail Arredondo Ramos: Qué mejor manera de hacerlo con un entorno sustentable y amigable con la naturaleza. Por todo ello, la iniciativa que propongo representa un avance más en la conformación de un México más eficiente. Y hace unos meses presentamos la micromovilidad, que también las autoridades le entraron...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputada.
La diputada Abigail Arredondo Ramos: ...en la construcción de los espacios públicos. Por eso, una vez más, les pido el apoyo para que hoy sea una realidad el contar con una infraestructura ecológica eficiente y que coadyuve a lo más importante que es nuestro medio ambiente. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Tiene la palabra la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Compañeras y compañeros legisladores, hoy someto a su consideración una reforma a la Ley de Aviación Civil, que responde a una realidad que miles de mexicanos y mexicanos hemos vivido, la sobreventa de boletos, la falta de claridad en las tarifas y los cobros indebidos que colocan al pasajero en una posición de desventaja frente a las aerolíneas.
El transporte aéreo no es un lujo, es un servicio estratégico para el desarrollo nacional. México movilizó más de 82 millones de pasajeros en los primeros 8 meses del año 2025. El sector aporta más de 88 mil millones de dólares al producto interno bruto, y sostiene 1.8 millones de empleos. Es una industria fundamental para el turismo, el comercio y la integración regional.
Precisamente por su importancia económica, el transporte aéreo debe operar bajo reglas claras, equitativas y transparentes. Actualmente la Ley de Aviación Civil regula las consecuencias de la sobreventa cuando el daño ya se ha producido, pero no prohíbe expresamente la sobreventa deliberada.
Es decir, permite vender más boletos que asientos disponibles, y únicamente establece compensaciones cuando el pasaje ya ha sido afectado. La práctica consiste en estimar cuántos pasajeros no se presentarán y vender esos lugares adicionales. Cuando la estimación falla el pasajero paga las consecuencias.
El proyecto que hoy presento propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil con tres objetivos centrales:
1. Prohibir la sobreventa deliberada sin transparencia,
2. Reforzar la transparencia tarifaria, y
3. Evitar cobros indebidos relacionados con equipaje.
En materia de transparencia tarifaria se adiciona una fracción III al artículo 42 Bis para establecer de manera expresa que queda prohibido cobrar sobrecostos por conceptos de equipaje extra, exceso de equipaje o cargos análogos que no hayan sido informados de manera clara, previa, expresa y desagregada al pasajero en el momento de la contratación.
Con ello se fortalece el principio de información clara y armonizada para la práctica comercial con la Ley Federal de Protección al Consumidor, otorgando a Profeco bases más sólidas para sancionar conductas abusivas.
Respecto a la sobreventa de boletos, se adiciona el artículo 51 Bis, se establece que queda prohibida la sobreventa deliberada de boletos por parte de los concesionarios o permisionarios. Excepcionalmente podrá admitirse la expedición de boletos en números superior a la capacidad disponible únicamente cuando concurran causas justificadas de carácter operativo o comercial, de naturaleza extraordinaria, no previsible y debidamente acreditada conforme a los lineamientos que emita la autoridad aeronáutica competente.
En estos supuestos el concesionario o permisionario deberá informar de manera previa, clara y verificable al pasajero desde el momento de la oferta y adquisición del boleto que se trata de un boleto sujeto a sobreventa, haciendo constar dicha circunstancia en el documento de transporte o medio electrónico equivalente.
La falta de documentación, de reporte o la falsedad en la información se considerará infracción grave en términos de la legislación aplicable. Esta iniciativa no ignora la realidad económica del sector, sabemos que la aviación opera con márgenes estrechos y enfrenta altos costos operativos.
Por ello, no se plantea una prohibición absoluta e inflexible, sino una regulación responsable. Se prohíbe la sobreventa deliberada sin transparencia y se permiten únicamente secciones justificadas, extraordinarias, documentadas y supervisadas por la autoridad.
El pasajero debe saber desde el momento de su compra si su boleto está sujeto a riesgo de sobreventa. La información no puede aparecer después, debe ser clara, verificable y trazable. Esta reforma busca acercar nuestra legislación a mejores prácticas, fortaleciendo la protección del consumidor sin comprometer la viabilidad del sector.
Compañeras y compañeros, un mercado competitivo requiere reglas claras. Un sector estratégico requiere confianza pública. Esta reforma busca precisamente eso, equilibrio entre viabilidad operativa y derechos del pasajero.
Por lo anteriormente expuesto, solicito el respaldo de esta honorable asamblea para avanzar hacia un transporte aéreo más transparente, más justo y confiable para todas y todos. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen. El diputado Alan solicita el uso de la palabra para suscribir. Diputada, si acepta la suscripción de la iniciativa. Adelante. Quien guste pasar la iniciativa, adelante. Sonido en la curul.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva (desde la curul): Presidenta, permiso. Si nos autoriza...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado Madrazo.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva (desde la curul): Gracias, presidenta. Para suscribir la iniciativa de nuestra compañera, la diputada Nayeli Fernández. Todos los que estamos aquí del grupo parlamentario nos acercamos ahorita a la Mesa Directiva.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Diputada secretaria, le solicitan de igual manera la suscripción de la iniciativa. Adelante. Con mucho gusto para todos los que quieran firmar la iniciativa, estará aquí disponible aquí en la Mesa. Cedemos ahora... Dimos turno a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Y cedemos el uso de la palabra a la diputada Alejandra del Valle Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar dos iniciativas.
La primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 6o. de la Ley General de Salud.
La diputada Alejandra del Valle Ramírez: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, y al pueblo de México que nos sintoniza desde el Canal del Congreso. Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Alejandra del Valle Ramírez: Hoy, en esta tribuna, vengo a exponer en una profunda reforma constitucional en materia de transparencia y anticorrupción, pero, específicamente, en fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación en su etapa de investigación.
Nuestra Constitución Política es muy clara y hace mención en su artículo 79, fracción IV las atribuciones y facultades de la Auditoría Superior de la Federación. La misma tiene autonomía técnica y de gestión, y es la instancia encargada de fiscalizar ingresos, egresos, fondos federales y también los recursos federales ejercidos por estados, municipios, alcaldías, solo por mencionar algunos ejemplos.
Es decir, la Auditoría Superior de la Federación detecta, documenta y acredita las irregularidades que hace en las auditorías, en las revisiones y presenta observaciones con base en evidencias y análisis, pero hay un problema que todas y todos conocemos, cuando la Auditoría Superior encuentra indicios de delitos o hechos graves, en la práctica muchas observaciones se quedan en el limbo.
Si bien la Auditoría emite informes y señala responsabilidades y observaciones de irregularidades, no siempre garantiza que se hará una sanción penal a quien resulte responsable.
Lo anterior porque la autoridad competente inicia investigación penal, pero no mantiene informes periódicos del estatuto procesal de la investigación o las mismas observaciones encontradas por la Auditoría.
Derivado de lo anterior, hice un profundo estudio y análisis para obligar a la autoridad competente investigadora de entregar informes periódicos a la Auditoría respecto del avance en la imputación de quien resulte responsable por daños a la hacienda pública.
Durante mi trayectoria como diputada local en mi estado, Durango, tuve la oportunidad de estudiar de fondo la fiscalización. También como contadora pública y licenciada en derecho, entiendo el peso de la evidencia contable, del control presupuestal y de la trazabilidad del dinero público.
Hoy, como diputada federal y secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, veo con claridad que no basta con detectar, tenemos la obligación de asegurar que cada hallazgo u observación tenga consecuencias judiciales reales.
Por esto, esta reforma propone que, derivado de sus investigaciones, la Auditoría Superior de la Federación pueda formular denuncias ante las autoridades competentes y promover responsabilidades, pero, además establece un punto clave, las autoridades ante las que se presente la denuncia estarán obligadas a dar trámite, iniciar investigaciones y realizar comparecencias y conducir el procedimiento correspondiente conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales informando de manera periódica y obligatoria a la Auditoría Superior de la Federación sobre los avances de esta misma. Es decir, si la Auditoría Superior presenta un caso, no puede quedar archivado, congelado o ignorado, debe de caminar, debe de investigarse y principalmente debe de informarse.
Es importante precisar un caso que todos conocemos, la muy famosa estafa maestra, un esquema sofisticado de triangulación de recursos utilizando universidades públicas como intermediarias para terminar desviando recursos públicos que afecten a los más necesitados en la extinta Sedesol. En esta ocasión la Auditoría jugó un papel importante toda vez que detectó irregularidades, pero no pudo hacer nada o se quedó todo, como yo lo mencionaba, en el limbo.
Hoy en el segundo piso de la cuarta transformación creemos firmemente que la correcta administración y el uso de recursos públicos contribuirá al desarrollo de nuestro país y, por supuesto, de los más necesitados.
Quiero precisar que la presente reforma no invade competencias, por el contrario, articula y respeta el ámbito del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, pero sobre todo garantiza que la Auditoría no sea un espectador después de investigar.
Por ello, veo necesaria esta reforma, porque la Auditoría Superior de la Federación debe ser un puente eficaz entre la fiscalización y la sanción. Con esta reforma damos un paso firme para que la fiscalización tenga parte y para que cada observación grave se convierta en investigación real y cuando corresponda en una sanción penal. Por su atención, muchas gracias compañeros. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias. Túrnese la primera iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen. Y, la segunda, a la Comisión de Salud para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. Suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá: El día de hoy presento, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, una propuesta en materia de salud mental para México, porque es un tema que requiere ya de toda nuestra atención. A lo largo de esta jornada hemos estado recibiendo información y propuestas de diferentes grupos parlamentarios que de manera muy sentida y sensible tocan de una u otra forma la salud mental.
Desde las imágenes generadas con inteligencia artificial, que dañan la emoción y el estatus mental y psicológico y emocional de las personas, como los niños o las personas que están pasando por un momento crítico en materia de salud. Y bueno, hablar de este tema no es accesorio, también es garantizar el derecho a la salud.
La propuesta, básicamente es para que este componente esencial sea de mejor manera regulado y garantizado desde la ley en la materia para la estabilidad social, la productividad y las condiciones de vida de millones de personas.
Buscamos incorporar, entonces, de manera expresa, la salud mental en los procesos de planeación, de diseño, de evaluación y de seguimiento de las políticas públicas sanitarias, priorizando, por supuesto, y como ya ha quedado también asentado en la iniciativa que presentó antes mi compañera Lili Ortiz, un enfoque preventivo y de detección temprana, particularmente, desde el primer nivel de atención.
Y, con esta iniciativa lo que buscamos también es que estos trastornos mentales que representan uno de los principales retos para la salud pública en nuestro país, pues vayamos mitigando el impacto que puede llegar a tener, porque representaría entonces mejorar la productividad, la cohesión social y el ejercicio efectivo del derecho a la salud de las familias en México.
Hay datos oficiales que ya se han mencionado, donde sabemos que la depresión, la ansiedad y el suicidio han registrado incrementos sostenidos, en los últimos años, al alza cada vez y por diferentes circunstancias se va intensificando la necesidad de atención. Esto evidencia pues que debemos tener una respuesta institucional fortalecida.
Y, entre los principales alcances, quisiera decir que se trata de que la integración de la salud mental sea un criterio transversal entonces en la planeación del sistema nacional de salud, se impulse la prevención y la detección temprana de los trastornos.
Esto, por supuesto, en coordinación institucional, porque es proteger también la salud mental, no solo de la población, sino también de quienes cuidan de nosotros, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito de la seguridad, los policías, los elementos de seguridad pública también requieren de una atención especializada y el fortalecer esta atención integral y continua.
Y en esta era, en este gobierno en el que buscamos que haya una digitalización y una tecnificación, pues qué mejor oportunidad para poder hacer uso de las herramientas tecnológicas para que se dé la vinculación interinstitucional y se puedan atender temas como este que son de gran relevancia.
Este marco normativo se justifica de acuerdo a diferentes datos. Esta propuesta tiene su sustento en datos que, como he señalado, vienen ya de una incidencia al alza en el tema de los suicidios. Muchas familias están sufriendo no solo por la falta de atención y que pudo haberse prevenido ese momento, sino que, además, ¿quién está atendiendo a la familia que se queda en una situación de pérdida?
Y esto tiene que ver también con que la necesidad de atender de manera preventiva es esencial. Si seguimos reaccionando, vamos llegando tarde, como ya ha quedado... Hay un millón de jóvenes que están expuestos a los foros digitales, ¿no? Todos los jóvenes en este momento, foros digitales que están indicando, incitando a la violencia, al odio, a la confusión.
Las noticias negativas a las que nos exponemos de pronto todos los días, el ejercicio de la seguridad pública, el saber un elemento de policía que sale por la mañana si va a poder regresar a abrazar a su familia nuevamente cuando termine su turno y que se encuentra sometido a un nivel de estrés impresionante que ni siquiera alcanzamos a imaginar en una situación de violencia como la que se vive en el país, en el que los jóvenes que se encuentran en las escuelas y que están pasando por situaciones difíciles en casa y no tienen esta atención, esta detección.
Necesitamos que en las escuelas también se fortalezca la presencia de la atención temprana en salud mental para poder prevenir y poder canalizar a las instancias adecuadas. Es fundamental que podamos tomarlo, reitero, de manera transversal e integral y ese es el objeto de esta iniciativa.
Saber que, al menos, el 75 % de las personas que padecen depresión son mujeres. Y hemos hablado aquí de atender a las mujeres con diferentes propuestas. Y esto también tiene que ver con cuidarnos, con ayudarnos y con fortalecer esta red de cuidado y protección que nos debemos a nosotras mismas para poder salir adelante.
El presupuesto es fundamental. No puedo dejar de hacer un señalamiento respecto a que estamos muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud que señala que es un 5 % al menos de lo que se destina a salud para salud mental. Nosotros estamos muy apenas rayando en el 1.5 % de ese presupuesto y ha ido a la baja en los últimos, al menos, dos años, con un decremento real del 13.8 % en materia de salud mental, incluso, desapareciendo programas.
Y el objeto de que pueda contarse con esta especificidad dentro de la ley es precisamente para que no queden programas sujetos a la temporalidad, sino que sea una garantía sustancial en la ejecución de los programas de salud mental.
Con ello, pues, podemos evitar, evitar tragedias como las que se han vivido, el ejemplo más claro también ya ha sido mencionado hace unos días, esta joven que estaba desorientada, que atraviesa una calle y es atropellada, el policía no tenía los elementos suficientes para atenderla. También los protocolos de seguridad son importantes, saber cómo reaccionar, cómo atender a una persona que se encuentra en una crisis emocional o de situación de una enfermedad mental, un trastorno mental, para poderle dar la atención debida y adecuada, también desde ahí.
Entonces, están en crisis la familia de la afectada, la familia de quien de manera culposa le atropelló, el oficial de policía que no pudo contener el momento, ese es el claro ejemplo de por qué es necesario, que se da de manera transversal, integral y que además no vayamos a una escalada de violencia, atendiéndolo desde las escuelas, desde los espacios comunitarios.
Y, bueno, esto complementa la propuesta que ha hecho antes mi compañera, para que en un primer nivel se dé una atención, una detección adecuada, se dé la capacitación necesaria y para eso necesitamos también presupuesto.
Así que, esperamos que esta soberanía, junto con las iniciativas que se han presentado antes y se encuentran en otras instancias, como en la Comisión de Educación, como a la que ahora se estarán turnando a la Comisión de Salud, encuentren eco en todas y todos nosotros legisladores, para poder dar un paso hacia adelante en favor de las familias de México. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de ampliación de garantías de información y transparencia para las personas consumidoras. Adelante, diputado.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Gracias, con su venia, presidenta. Buenas tardes al pueblo de México y a las y los diputados presentes. Para comenzar mi intervención, desde aquí de esta tribuna de la casa del pueblo, quiero expresar mi solidaridad con el pueblo de Cuba, que sepan que no están solos, que no están solas, que el pueblo de México está con ustedes.
Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México, como ustedes saben, durante las últimas semanas miles de personas jóvenes denunciaron públicamente prácticas engañosas de la preventa de los boletos para el concierto del grupo de origen surcoreano BTS en la Ciudad de México.
Entre las irregularidades documentadas destacaron opacidad en los precios finales al momento de la compra, la aplicación de cargos extras no informados desde el inicio; cambios abruptos en el costo de los boletos durante la transacción; el uso de esquemas de tarifa dinámica que encarecieron hasta cinco veces el precio final, así como la reventa especulativa inmediata en plataformas externas con boletos que pasaron de costar 4 mil pesos hasta 50 mil pesos mexicanos.
Y este caso no es aislado, representa un patrón creciente de abusos por parte de plataformas digitalizadas de venta, donde la opacidad en precios, comisiones, tarifas dinámicas, condiciones de entrega y restricciones se han vuelto un mecanismo sistemático de lucro a costa del público.
Estas prácticas afectan especialmente a las juventudes, a las mujeres, a las clases trabajadoras y a quienes buscan acceder a eventos culturales como forma legítima de esparcimiento.
Cuando el consumidor desconoce el precio real, no tiene margen para decidir. Cuando no puede prever cargos ocultos, está en una relación de sujeción y el resultado es que el acceso a la cultura se convierta en un privilegio económico más que en un derecho efectivo.
El entorno digital agudiza estas inequidades. La venta en línea al no estar debidamente regulada en sus interfaces, algoritmos y dinámicas de precio, permite normalizar prácticas opacas con apariencia de legalidad.
Hoy discutimos algo que parece sencillo pero que, en realidad, toca el corazón de la justicia económica en México, el derecho de las personas consumidoras a saber exactamente qué están pagando.
No estamos hablando de prohibir mercados, de ninguna manera, sino estamos hablando de prohibir abusos. La asimetría de información es una forma moderna de desigualdad. Cuando una persona no conoce el precio real de lo que está comprando desde el primer momento, no está decidiendo libremente, sino que está reaccionando bajo presión.
Esta iniciativa propone reformar los artículos 24 y 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor para hacer algo muy concreto:
Primero. Fortalecer las facultades de Profeco para que pueda intervenir de manera inmediata cuando detecte prácticas opacas en plataformas digitales.
Segundo. Establecer reglas claras para el comercio electrónico, particularmente en la venta de boletos:
Uno, que el precio total sea visible desde el primer contacto. Dos, que no se agreguen cargos no informados. Tres, que se transparente el número de boletos disponibles por etapa. Y cuarto, que, si existen mecanismos de precio dinámico, se advierta expresamente y con claridad.
La transparencia siempre protegerá los derechos del pueblo, con esta iniciativa lo que estaremos impidiendo es que la falta de información se convierta en modelo de negocios para boleteras abusivas.
El acceso a la cultura y el entretenimiento no puede transformarse en un privilegio condicionado por algoritmos opacos. Nuestra Constitución Política nos obliga a proteger los derechos de las personas consumidoras y a garantizar información clara, veraz y eficiente.
Eso es exactamente lo que hace esta iniciativa, ordena el mercado, fortalece al Estado y protege a las juventudes y personas consumidoras en general. Y pone límites y termina con los abusos digitales que se han normalizado. Legislamos no para castigar, sino para ordenar y equilibrar. Por eso esta propuesta no va contra nadie, sino más bien, a favor de millones de personas consumidoras que merecen claridad, justicia y dignidad en cada transacción.
Durante décadas, bajo el modelo neoliberal, los recursos y las oportunidades culturales se concentraron en unos cuantos, en una pequeña élite, restringiendo el acceso al arte y al entretenimiento como si se tratara de un privilegio.
Frente a ese legado, esta reforma responde con una convicción clara, trabajar por un México más justo, sin monopolios abusivos, ni prácticas oligárquicas que limiten los derechos del pueblo. La cultura no es privilegio, es un derecho, y a los abusos del mercado se les pone un alto con la ley.
El acceso al entretenimiento debe entenderse como un bien social vinculado al esparcimiento, a la salud mental, a la convivencia comunitaria y a la generación de nuevas oportunidades para las juventudes. El arte, la cultura y el deporte fortalecen el tejido social, mejoran la vida familiar y consolidan comunidades más sanas y cohesionadas.
Por eso hoy, desde la cuarta transformación, decimos basta a los abusos de las boleteras, pero también reiteramos a las y los juventudes, y a los consumidores de la cultura, que no están solas y no están solos.
Esta iniciativa es una expresión del compromiso de seguir trabajando por un país con mayor igualdad de circunstancia, donde el acceso al entretenimiento sea un derecho efectivo y no un privilegio reservado para unos cuantos. Basta de abusos. Basta de excesos. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 13 de la Ley General para la Prvensión Social de la Violencia y la Delincuencia, en materia de seguridad y prevención social del delito. Adelante, diputado.
El diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante.
El diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos: Antes de empezar, quiero expresar mi solidaridad con todas las personas y familias que han sufrido alguna situación de violencia en mi hermoso y querido Culiacán, mi querido Sinaloa y en cada rincón de México.
Entiendo la preocupación que viven las familias, que se genera, esa preocupación que se genera en los hogares, esa inquietud que día tras día se siente y sentimos muchos padres al salir nuestros hijos a la calle, y que queremos que todo mundo sea feliz nuevamente.
Lo asumo en lo personal como esposo, felizmente casado, con tres hijos, con mis tigres: Patricio, Sebastián y Loreta. Como ciudadano que le importa y que se preocupa por construir un Culiacán, un Sinaloa y un México en positivo para el futuro.
Hoy subo a esta tribuna con la convicción de que estamos viviendo un momento histórico, una transformación profunda en México. El contexto actual nos exige actuar a todos con responsabilidad, con visión de futuro y con sensibilidad social. La sociedad, su marco jurídico y el fortalecimiento institucional deben evolucionar al mismo ritmo.
Hoy presento una iniciativa que reforma los artículos 7 y 13 de la Ley General de Prevención Social de Violencia y de la Delincuencia, que busca fortalecer la Estrategia de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch.
La seguridad se construye con prevención, desde la cohesión social y en la búsqueda de una paz duradera y sostenible. Hablar de prevención social es hablar de nuestra gente, es hablar de comunidades, de familias y de oportunidades. Es reconocer que cuando el Estado y la sociedad reconstruyen justos el tejido social, el bienestar, el desarrollo y la confianza progresan.
La presidenta ha sido muy clara y consistente: la seguridad se construye con justicia y con atención a las causas que originan la violencia. Esta iniciativa coloca la visión humanista en el centro y coincide plenamente con los principios del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 en su cercanía con la gente.
La propuesta de incorporar de manera expresa la restauración del tejido social, la recuperación de espacios públicos y el entorno educativo representa un paso firme hacia una política pública más cercana, sensible y efectiva.
Recuperar los parques, modernizar la infraestructura deportiva, las escuelas, los centros comunitarios, se convierte en una tarea principal, porque en esos espacios de encuentro, de identidad y de convivencia familiar se construye la paz. En esos lugares está el futuro, se promueven valores, se respira felicidad, la familia se puede unir y el desarrollo florecer. Recuperar un parque, una cancha deportiva o una comunidad es devolverles el territorio a las familias, es promover la cultura y la convivencia de la paz.
Estoy convencido que fortalecer el papel del consejo nacional mediante la capacitación y certificación periódica de las y los servidores públicos encargados de la ejecución de programas de prevención y seguridad pública, representa un avance significativo en la profesionalización del servicio público.
Si contamos con servidores públicos mejor preparados, la toma de decisiones será más eficiente, más eficaz y transparente. Esto se traduce en mejores programas y mejores resultados.
Esta iniciativa apuesta por la formación en métodos alternativos de solución de conflictos y de principios de justicia restaurativa. Un servidor público que sabe mediar, que sabe escuchar, que sabe construir acuerdos, se convierte en un puente de confianza entre el pueblo y el gobierno.
Necesitamos conectar más entre quienes tienen necesidades y quienes tienen ganas de ayudar. La evidencia científica internacional respalda que este tipo de formación aumenta la productividad y, sobre todo, la satisfacción laboral y el bienestar común.
Lo que no es medible, no es evaluable, no es mejorable. Hay que medir para mejorar. No hay que tenerle miedo. Generar indicadores claros de cohesión social comunitaria, confianza ciudadana y apropiación de espacios públicos nos permitirá avanzar con evidencia, con datos y con resultados para construir la cultura de la paz y la restauración del tejido social.
La paz se construye con justicia social, con participación ciudadana y con instituciones que funcionen y respondan a la gente. Se trata de acompañar, de coordinar y de prevenir conflictos desde su raíz, fortaleciendo las capacidades del Estado y sus funcionarios para crear vínculos con la ciudadanía.
La paz es un progreso y un proceso positivo, dinámico y participativo. Los invito a construir una prosperidad compartida, donde nadie se quede atrás y nadie se quede fuera. Un Culiacán en paz, un Sinaloa feliz para vivir y disfrutar México. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada María Magdalena Rosales Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, en materia del derecho al cuidado materno-infantil. Adelante, diputada.
La diputada María Magdalena Rosales Cruz: Con la venia, presidenta. Diputadas, diputados, público que nos escucha a través de las redes sociales, esta iniciativa tiene como principio establecer que la línea de cuidados que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha instituido en todas las políticas de salud tiene que ver con que concibamos una iniciativa en el artículo 3o. de la Ley General de Salud en donde se transforme este artículo en algo que defina mucho mejor lo que son los cuidados maternos.
En la instancia de la atención médica de primer nivel, la atención médica prenatal representa una de las diez principales causas con mayor demanda de la medicina preventiva. La definición de la guía práctica clínica de control natal se autodefine como un conjunto de acciones que involucran una serie de visitas durante el periodo de embarazo a la institución de salud con el objetivo de vigilar la evolución de la gestación, detectar tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y preparar a la paciente para el parto, la maternidad y la crianza.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo consideran que el cuidado materno-infantil es una prioridad que forma parte de las políticas públicas como estrategia para optimizar los resultados del embarazo y prevenir la mortalidad materna y perinatal.
El Programa de Atención Prenatal permite identificar complicaciones del embarazo para infecciones cervicovaginales, diabetes gestacional, preeclampsia, infecciones sistémicas, VIH y otras, y establecer medidas preventivas oportunas de acuerdo con la situación de la embarazada.
El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 pone en la mesa el cuidado en materia del binomio materno-infantil, en el cual se reconoce el cuidado del recién nacido como una acción fundamental para el recién nacido, para proyectar su bienestar de los 0 a los 3 años. La Secretaría de Salud ha impulsado y fortalecido el Programa de los primeros mil días de vida, que tiene como principio el bienestar materno-infantil.
En el mes de abril del año 2025, los Protocolos Nacionales de Atención Médica, Pronam, reconoció el Protocolo Nacional de Atención Médica en materia de los Primeros 1000 Días de Vida. Documentos que pronuncian directrices basadas en evidencia científica para la prevención, diagnóstico y tratamientos que determina el Consejo de Salubridad General de forma estandarizada en todo el sector salud.
Rigurosa evidencia científica ha evidenciado los beneficios en materia de cuidado materno-infantil, que incluye una disminución de complicaciones en el parto y posterior a él, como la anemia materna, el parto prematuro, defectos el tubo neural, muerte fetal o durante los primeros 30 días, bajo peso al nacer y mortalidad durante los primeros seis meses.
Si se replantean las políticas públicas adecuadas para la prevención, cuidado y tratamiento durante esta etapa, se pueden reducir las complicaciones materno-infantil durante el embarazo y lograr un impacto positivo en el desarrollo neurológico que se ve reflejado en mayores habilidades del pensamiento del recién nacido, hasta las etapas tempranas de su niñez, logrando adquirir destrezas motoras de lenguaje y funciones ejecutivas cerebrales que les permitan igualdad de condiciones.
En materia de salud mental, el trastorno mental perinatal representa un grave problema de salud pública en todo el mundo y México no escapa de este padecimiento.
De acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, la salud mental perinatal corresponde al grado de adaptación de la mujer a su condición de gestante, al funcionamiento armónico de sus actividades mental y psíquica y su correspondiente integración tanto individual como social, lo que produce un estado de bienestar personal y capacidad a la futura madre.
Se considera que hasta el 21.7 % de mujeres sufren depresión durante el embarazo, con una duración media de 7 meses posparto. Uno de los factores asociados a la depresión es la disminución de las horas efectivas de sueño o de la calidad de este.
En cuanto a los trastornos de ansiedad, se presentan hasta en el 15 % de las mujeres en algunos momentos del embarazo y puerperio. Asimismo, es importante reafirmar y garantizar la política de salud pública en materia de atención preventiva en apego a la fracción I del artículo 33 de la Ley General de Salud que incluye la promoción y protección específica.
El objetivo de esta iniciativa es reformar la fracción IV del artículo 3o. de la Ley General de Salud, la redefinición de un lenguaje para construir una realidad que garantice la justicia social, la atención materno-infantil con cuidado materno-infantil como mecanismo de atención a las causas, eje medular de esta transformación pacífica.
El cuidado materno-infantil es un acierto trascendental que impactaría directamente en el replanteamiento de las políticas públicas adecuadas. Como dijo nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que no se nombra no existe.
Yo quisiera recordar que los países en donde se dan los cuidados materno-infantiles tenemos una infancia mucho más sana, tenemos también una mortalidad materna mucho menor y ese es el ejemplo de Cuba. Cuba es un país que durante decenios ha tenido la mortalidad materna más baja de América latina y quizá del mundo y también ha tenido la mortalidad perinatal más baja del mundo y que su esperanza de vida es superada por Cuba en muchos países de América latina.
Hoy, con el bloqueo y con el genocidio de no permitir la entrada de petróleo, se agudiza una situación que ellos ya habían superado y que habían demostrado que la salud pública cubana era ejemplo en el mundo.
Nosotros queremos que los cuidados materno-infantiles aparezcan en la Constitución como debe ser. Y este pequeño cambio implica un impacto en la política de salud pública. Muchísimas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II y se adiciona una fracción I Bis del artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de separación orgánica, inorgánica, reciclable y no reciclable de los residuos sólidos. Adelante, diputada.
La diputada Karina Margarita del Río Zenteno: Gracias, presidenta. Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Karina Margarita del Río Zenteno: Compañeras y compañeros legisladores, hoy subo a esta tribuna para hablar de un tema que, aunque cotidiano, representa uno de los mayores retos ambientales, sanitarios y económicos de nuestro tiempo, la gestión de los residuos sólidos urbanos.
La forma en que producimos, consumimos y desechamos, refleja el modelo de desarrollo que hemos seguido durante décadas. El modelo lineal de extraer, producir, usar y tirar, hoy ha demostrado ser insostenible, profundamente costoso y socialmente injusto.
De acuerdo con organismos internacionales, si no cambiamos el rumbo, para el año 2050 el mundo generará casi 4 mil millones de toneladas de residuos al año. Los costos de una mala gestión, hablemos de contaminación, daños a la salud y afectaciones climáticas podrían superar los 640 mil millones de dólares anuales.
En México la situación no es menor, en nuestro país se generan más de 100 mil toneladas de residuos sólidos urbanos todos los días, sin embargo, menos del 10 % se recicla y una gran parte termina en sitios de disposición final que no cuentan con las disposiciones adecuadas de protección ambiental, poniendo en riesgo nuestros suelos, nuestros mantos acuíferos y, en consecuencia, la salud de las personas.
Frente a esta realidad debemos reconocer una verdad fundamental, los municipios son el primer frente de batalla en la gestión de residuos. El artículo 115 de la Constitución establece que corresponde a los municipios la recolección, el traslado, el tratamiento y la disposición final de los residuos. Pero también es cierto que durante años esta responsabilidad se ha ejercido con enormes desigualdades, con capacidades técnicas limitadas y con marcos normativos locales dispersos y poco claros.
Por ello, la iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía tiene un objetivo muy concreto, fortalecer las facultades municipales y avanzar de manera real hacia un modelo de economía circular.
Estamos reforzando las fracciones I y II y, adicionando en la fracción I Bis al artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En ese contexto, la iniciativa plantea tres acciones fundamentales:
Primero. Reforzar la planeación municipal, estableciendo que los programas de gestión de residuos no solo existan, sino que se actualicen, se apliquen y estén alineados con principios de valorización, economía circular y gestión integral.
Segundo. Se incorpora una nueva obligación clara y directa para los municipios. Realizar campañas permanentes de responsabilidad social y comunitaria que promuevan la separación de residuos en tres categorías: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, porque no podemos hablar de economía circular sin separación desde el origen.
Tercero. Se establece que los reglamentos municipales deberán incluir de manera obligatoria esta separación, dotando de certeza jurídica tanto a las autoridades como a la ciudadanía.
Esta iniciativa no pretende imponer cargas desproporcionadas a los municipios. Al contrario, busca darles herramientas normativas y claras, generar corresponsabilidad social y abrir oportunidades de desarrollo local, empleo verde y mejora en la calidad de vida.
Pero además, esta propuesta se articula con la reciente expedición de la Ley General de Economía Circular, que representa un cambio de paradigma, pasar de desechar residuos a valorizar materiales, extender su vida útil y reducir la presión sobre los recursos naturales.
La transición hacia la economía circular es una necesidad impostergable y una oportunidad histórica de transformar la relación entre desarrollo económico y protección ambiental.
Con esta iniciativa damos un paso firme para que los municipios de México no solo recojan basura, sino que gestionen residuos con visión de futuro.
Por estas razones, solicito respetuosamente el respaldo de esta soberanía a la presente iniciativa. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Concluimos esta ronda de iniciativas con esta iniciativa que presenta la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 62 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de protección de niñas, niños y adolescentes en el autotransporte federal de pasajeros. Adelante, diputada.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio: Compañeras y compañeros. Con la venia de la Presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, diputada.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio: Hoy quiero hablar de una responsabilidad que no admite matices ni cortapisas, la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes.
En México solemos repetir que el interés superior de la niñez está por encima de todas las prioridades, que es un principio constitucional, porque lo es. Pero este principio solo tiene sentido si se traduce en medidas concretas de prevención, especialmente en contextos donde hoy existe un vacío legal.
Uno de esos vacíos es claro, los traslados de niñas, niños y adolescentes en el autotransporte federal de pasajeros. Hoy una niña puede viajar por carreteras federales sin que exista una obligación legal, uniforme, para verificar quién es, con quién está viajando, si cuenta con la autorización de sus padres para viajar con la persona que la acompaña. Lo que nos está hablando de un gran problema y una gran brecha de protección que tenemos que cerrar cuanto antes.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia, en 2024 se registraron 2 mil 436 casos de sustracción de menores e incapaces en el país. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta que, durante ese mismo año 2024, en promedio 28 niñas, niños y adolescentes desaparecieron por día, ya sea, se reportaron como desaparecidos o no localizados.
Estas cifras no son estadísticas, nos hablan de vidas inocentes, truncadas, familias desechas, familias rotas y omisiones también que el Estado no puede normalizar. Además, los datos muestran un impacto diferenciado por género. Fíjense bien. Las niñas y adolescentes mujeres representan una proporción significativa de las víctimas de trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual.
La movilidad sin controles mínimos es uno de los espacios donde estos delitos cobran vida y tienen mayor oportunidad. Hoy el problema no es la falta de voluntad de algunas empresas, sino la ausencia de un estándar obligatorio y uniforme.
Sabemos que hay empresas de transporte federal que han implementado sus propios mecanismos, pero lo que necesitamos es que haya una norma federal que establezca esos lineamientos y que obligue a todas las compañías, a todas las empresas y concesionarias de transporte federal a cumplir con estas medidas de seguridad para niñas, niños y adolescentes.
Por eso propongo, compañeras y compañeros, reformar el artículo 62 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para establecer la identificación obligatoria de niñas, niños y adolescentes, la verificación documental cuando viajen solos o con terceros, el consentimiento escrito de los padres, en caso de no viajar con ellos, y la activación de alertas ante indicios de riesgo.
Este modelo ya existe, por ejemplo, para los viajes internacionales, los vuelos internacionales, lo hemos visto –quienes usamos– quienes hemos viajado con nuestros hijos, pero no existe dentro de las carreteras federales y lo cual es importantísimo que se implemente si queremos cerrarle el paso a que haya cada vez más casos de reclutamiento forzado, de desaparición de menores y de trata de personas.
Legislar para proteger a la niñez no es un acto político menor, es una obligación constitucional. Les invito a acompañar esta iniciativa como un compromiso de todos nosotros, nosotras con la niñez mexicana. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su dictamen. Diputado Ahued, ¿es para la iniciativa? Si son tan amables ponerle audio, por favor.
El diputado Pablo Vázqauez Ahued (desde la curul): Gracias, presidenta. Sí, para celebrar la propuesta que ha hecho la diputada Mariana Benitez. Recordar que Movimiento Ciudadano, en voz de nuestra compañera Claudia Salas, también ha presentado una iniciativa en este mismo tenor, impulsada por el gobernador de Jalisco, que la ha platicado con la propia titular del Ejecutivo, para abordar este tema tan importante de los protocolos de seguridad en las centrales camioneras y centrales de autobuses, con énfasis en las niñas, niños y adolescentes. Reconocer este esfuerzo. Y ojalá se puedan sumar esfuerzos de ambas iniciativas y otras en la materia para que sean dictaminadas a la brevedad. Felicidades. Y gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Si algún legislador o legisladora desea firmar la iniciativa de la diputada Mariana Benítez, estará en la Secretaría a su disposición para la firma correspondiente.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Dé cuenta la Secretaría con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Se recibió de la Junta de Coordinación Política acuerdo para celebrar sesión solemne en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 15 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, a cargo de los grupos parlamentarios, quienes tendrán el uso de la palabra. Por tanto, iniciamos con la diputada María de Fátima García León. Adelante, diputada.
La diputada María de Fátima García León: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, desde el año 2002 se estableció el 15 de febrero como el Día Internacional del Cáncer Infantil, con el propósito de concientizar a la sociedad sobre la gravedad de esta enfermedad, así como para expresar el apoyo a sus pacientes y a sus familias.
Han pasado 24 años desde la primera conmemoración y pocos han sido los avances en la instrumentación de políticas públicas para la prevención y tratamiento de esta enfermedad. Hacen falta acciones públicas que demuestren que hay una verdadera solidaridad y compromiso para proteger la vida de quienes enfrentan esta dura batalla desde una edad en la que lo único que debería importarles es jugar, reír y soñar.
Cada año más de 400 mil niños y adolescentes en el mundo son diagnosticados con cáncer, una cifra que representa miles de familias que luchan por la salud y la esperanza de sus hijos. Pero estas cifras no son solo números, son historias de valentía, de noches en vela, de tratamientos arduos y, sobre todo, de corazones que no se rinden.
En México el cáncer infantil es una realidad que nos desafía profundamente. Se estima que entre 5 mil y 6 mil menores de 18 años son diagnosticados cada año con cáncer, siendo la leucemia, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central los más frecuentes.
Es doloroso saber que en nuestro país esta enfermedad es una de las principales causas de muerte por enfermedad entre niñas y niños de 5 a 14 años. Y lo más lamentable es que frente a esta realidad que lastima al pueblo de México, hemos observado una falta de sensibilidad de parte de los gobiernos de Morena, que no solo han regateado o no han podido garantizar los medicamentos y la atención para quienes sufren esta enfermedad, sino que se han atrevido a acusar de golpistas a los familiares de los niños con cáncer.
Pensando en las niñas y niños, hoy se deben reubicar las escuelas que colindan con la enfermería de Dos Bocas. Dar una atención integral al cáncer infantil sí es posible, ofrecer una atención gratuita sí es posible, porque así lo están haciendo los gobiernos de Jalisco y Nuevo León. Para Movimiento Ciudadano la salud de las niñas y los niños es prioritaria.
Afortunadamente las tasas de supervivencia han ido mejorando con el avance de la atención médica, la investigación y el acompañamiento familiar y comunitario, pero también tengamos presentes que aún hay muchos desafíos por delante, necesitamos mayor inversión en investigación, prevención, diagnóstico temprano, acceso a tratamientos de calidad en todo el país y redes de apoyo que sostengan no solo al paciente sino a su familia.
Por eso, desde esta tribuna hago un exhorto a todas y todos mis compañeros, diputadas y diputados, a que sean sensibles ante el dolor de las niñas y niños con cáncer, para que cuando revisemos el Presupuesto 2027 asignemos mayores recursos a la prevención, detección y tratamiento del cáncer infantil. También vigilemos que los recursos asignados que se apliquen, que esos recursos se apliquen correctamente.
Los discursos pueden crear conciencia, son los recursos los que permitirán a los pacientes con cáncer pediátrico tener un acceso más equitativo a los tratamientos y una atención de calidad. Es tiempo de acabar con la incongruencia, respaldemos con hechos lo que decimos con palabras.
Para concluir mi intervención, quiero dirigirme a las niñas y niños valientes que enfrentan tratamientos difíciles, a familias que no dejan de amar, acompañar y luchar para superar esta enfermedad, así como al personal de salud que con dedicación y compasión trabajan para darles una oportunidad de vida.
A todos ellos les digo que las y los diputados del Movimiento Ciudadano vamos a seguir luchando hasta que todas las niñas y niños con cáncer de nuestro país tengan una atención universal, integral y gratuita, como ya lo están haciendo los gobiernos naranja.
Hoy nos comprometemos a seguir luchando juntos para que ninguna niña o niño tenga que enfrentar esta enfermedad sin los recursos, el amor y la esperanza que merece. Que cada acción, cada gesto y cada palabra sea un paso más hacia un futuro donde el cáncer infantil sea curable para todos sin excepción. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada.
La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes, cada 15 de febrero recordamos con profundo respeto a quienes enfrentan la más dura de las batallas nuestras niñas y niños, que luchan contra esta enfermedad terrible que es el cáncer.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en niños de 5 a 14 años en nuestro país y más de 2 mil 300 menores pierden la vida cada año por neoplasias malignas, esta cifra no puede leerse sin escuchar el clamor de madres y padres que han visto cómo se interrumpe el tratamiento de sus hijos por el terrible desabasto de medicamentos esenciales para sus tratamientos.
La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer ha denunciado que en menos de un año más de mil 500 niñas y niños han perdido la vida por falta de tratamiento oncológico oportuno, debido a la escasez prolongada de medicamentos contra el cáncer infantil.
Esto debemos decirlo claro y fuerte, se debe a una falla estructural en los gobiernos de Morena, desde 2019 la falta de medicamentos oncológicos pediátricos como metotrexato, cisplatino y otros insumos críticos de quimioterapia han obligado a familias a manifestarse, bloquear avenidas y demandar lo elemental que sus hijos no mueran por falta de medicinas.
Frente a esta realidad no nos podemos quedar callados, no es adversario quién cuestiona, es la conciencia de una sociedad que observa cómo las políticas públicas desvanecen cuando los más vulnerables claman por ayuda.
Este gobierno es totalmente insensible al negar la evidente realidad, cuando miles de familias siguen enfrentando la angustia de ver a sus hijos sin acceso a tratamientos que pueden salvarles la vida.
Se nos dice que hay avances y que el abasto ha mejorado, pero voces especializadas como la Alianza por una Niñez sin Cáncer, asegura que la disponibilidad real de medicamentos es insuficiente y muchas veces intermitente, que esto compromete seriamente los protocolos de tratamiento que aumentan la probabilidad de curación.
Compañeras y compañeros diputados de todos los colores, partidos y filiaciones, en el PRI exigimos que se realicen con urgencia políticas públicas con resultados concretos, como garantizar protocolos clínicos completos y sostenidos, asegurar la cadena de suministro de medicamentos oncológicos, pediátricos, sin intermediaciones que retrasan su llegada a los hospitales.
Ampliar la infraestructura y la capacitación médica en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más rezagadas. Evitar las reducciones presupuestales a este tema. No podemos ni debemos resignarnos a que nuestra infancia pague el costo de la negligencia de Morena. El cáncer infantil existe, la cura está nuestras manos cuando hay voluntad política y respeto a la vida.
Hoy, desde esta tribuna, en el PRI lo decimos firmemente: exigimos empatía con las y los niños con cáncer. No permitiremos más omisiones y no toleraremos más muertes que pudieron evitarse por los malos gobiernos. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, diputada.
La diputada Margarita García García: Con su venia, diputada presidenta. Hoy nos reunimos para conmemorar el Día Internacional contra la Lucha del Cáncer Infantil, una causa que nos convoca como representantes del pueblo y como seres humanos comprometidos con la salud, la igualdad y los derechos de la infancia.
En México, el cáncer infantil es una realidad urgente y significativa, ya que cada año se registran aproximadamente 6 mil 900 nuevos casos de cáncer en menores de 18 años, lo que convierte en una de las principales preocupaciones de salud pública en nuestra nación.
Las formas más comunes de este padecimiento son las leucemias agudas que constituyen cerca del 50 % de todos los casos diagnosticados, seguidas por linfomas y tumores del sistema nervioso central.
A pesar de los esfuerzos de nuestros profesionales de la salud, la supervivencia a 5 años para los niños con cáncer en México se aproxima al 57 %. Investigaciones recientes señalan que, en algunos casos de leucemia linfoblástica aguda, las tasas de supervivencia pueden variar entre 45 % y 73 %, dependiendo del acceso a tratamientos de calidad, diagnóstico oportuno y recursos médicos... especialidades.
La otra cara de esta lucha es que el cáncer infantil en México es la segunda causa de mortalidad en niños de 4 a 15 años, lo que nos obliga a redoblar esfuerzos legislativos, institucionales y sociales para proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos.
Por eso, quiero reconocer a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que inició el Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia, programa que inició el 29 de enero.
No podemos omitir el desafío que enfrentan muchas familias mexicanas: diagnósticos tardíos y acceso desigual a tratamientos especializados. En nuestras numerosas regiones del país, especialmente en comunidades rurales y zonas con recursos limitados, las barreras de acceso reducen significativamente las posibilidades de recuperación.
El avance científico y médico ha demostrado que el diagnóstico temprano y el acceso integral a tratamientos oncológicos salvan vidas. Por ello, desde este espacio legislativo debemos impulsar políticas públicas y programas que fortalezcan la atención oncológica pediátrica en todos los estados de la República. Que se asegure el abasto de medicamentos y esenciales y terapias especializadas en todos los hospitales públicos. Que se promuevan campañas de detección temprana y educación continua. Garantizar acompañamiento psicológico integral para las niñas, niños y sus familias.
No hay mayor inversión que la que hacemos en la vida y en el futuro de nuestros niños. El cáncer infantil no distingue género ni origen social, pero afecta profundamente a quienes tienen menos recursos.
Me viene a la mente, la semana pasada una señora me llamó desde el hospital del niño y la niña, de Oaxaca, me decía: diputada, haga algo por los niños, no hay medicamentos en el Hospital de la Niñez aquí en Oaxaca. Y yo creo que eso es un tema que los medicamentos a veces los esconden, no se le da la atención que se requiere.
Por eso, desde esta tribuna, el Partido del Trabajo hacemos un llamado para que todas y todos trabajemos con decisión, solidaridad y humanidad. Honremos este día y a diario comprometiéndonos hacer de México un país donde ningún niño y niña pierda la oportunidad de vivir, crecer y soñar, por falta de atención médica o apoyo efectivo.
Aprovecho a hacer un llamado muy enérgico a las autoridades, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud, para que sean humanos, para que se pongan en el zapato de los papás y de las mamás de las niñas.
Porque antier o ayer, también, denuncié un caso de una señora que en el Incan no se le quiere atender y afortunadamente hoy se le está atendiendo, pero no puede ser que solamente denunciando casos atroces de cáncer puedan atender a la gente, donde es una obligación que tenemos todos y todas desde nuestra trinchera.
Aprovecho también este espacio para hacer un llamado a las autoridades, para que se le dé seguimiento a la problemática que aqueja a los menores del DIF estatal en Oaxaca, donde es terrorífico lo que están viviendo, en donde se está violentando el derecho superior de los menores, mismo que se encuentra debidamente contemplando no solamente en los lineamientos locales, sino es un tema de carácter internacional, con alcances incluso de jurisdicción de la Corte Interamericana, cuidar a nuestra infancia siempre es y será nuestra prioridad, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
Quiero agradecerle al doctor Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez porque, por la denuncia están atendiendo a doña Carmen en el Incan, pero eso no puede suceder. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Paola Espinosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Paola Milagros Espinosa Sánchez: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Paola Milagros Espinosa Sánchez: Hoy subo a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para conmemorar la efeméride del Día Internacional del Cáncer Infantil, una realidad que duele y que exige respuestas claras.
Hablar de cáncer infantil no es hablar de un tema distante, es hablar de niñas y niños que deberían estar jugando, aprendiendo y soñando, y que en cambio pasan sus días en hospitales sometidos a tratamientos agresivos y luchando por su vida con una fortaleza que muchas veces supera la de los mismos adultos.
Es hablar también de madres y padres que reorganizan su vida entera para acompañar a sus hijos e hijas, enfrentando no solo la enfermedad, sino también la incertidumbre económica, emocional y social.
Creemos firmemente que la persona es el centro de toda acción pública y cuando hablamos de niñas y niños, esta convicción se vuelve una responsabilidad que no podemos evadir. El interés superior de la niñez no admite excusas, retrasos ni omisiones. Cada día que pasa sin atención adecuada es un día que pone en riesgo una vida.
El cáncer infantil es una de las principales causas de muerte por enfermedad en niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Sin embargo, esta realidad convive con una verdad esperanzadora, muchos tipos de cáncer infantil pueden ser curables si se detectan a tiempo y si los tratamientos se aplican de manera continua y con calidad.
Pero el derecho a la salud no se limita únicamente a la atención médica, implica también prevención, bienestar físico, salud mental y condiciones que permitan a las niñas y a los niños desarrollarse integralmente, aun en contextos de enfermedad.
En este enfoque, el deporte y la actividad física juegan un papel fundamental. El deporte es salud, es movimiento, es fortalecer el cuerpo, es generar hábitos que acompañan a las personas durante toda su vida.
El deporte también es emoción, disciplina y esperanza, inculca constancia, impulsa una mentalidad positiva y enseña a no rendirse frente a la adversidad.
Para muchas niñas y niños que viven con cáncer, el deporte –por supuesto adaptado y supervisado– puede convertirse en una herramienta de acompañamiento durante su tratamiento, les permite mantener la motivación, recuperar la confianza y, sobre todo, seguir creyendo, seguir soñando y seguir queriendo sanar. El deporte les recuerda que su vida es más grande que una enfermedad.
Pero para que estas herramientas realmente funcionen, primero debe garantizarse lo esencial, una atención médica oportuna y continua. La esperanza no puede sostenerse solo cuando fallan los servicios de salud o se interrumpe el tratamiento.
Lamentablemente, los gobiernos han sido indiferentes a la situación de carencia de medicamentos y tratamientos, indiferentes ante el dolor, preocupación e impotencia que sienten cientos de familias mexicanas. Cuando un niño o una niña o adolescente no tiene acceso a un diagnóstico certero y posteriormente a un tratamiento adecuado, se pone en riesgo a ese menor.
Desde el PAN, sostenemos que el derecho a la salud debe ser real y efectivo, no una promesa escrita en la ley. No podemos normalizar que haya tratamientos incompletos, listas de espera interminables o carencias en hospitales que atienden a la población infantil con cáncer. Ninguna niña, ningún niño debería quedarse sin tratamiento. Ninguna vida debería quedarse en espera.
Conmemorar esta efeméride implica asumir compromisos concretos, implica fortalecer la detección temprana desde el primer nivel de atención, garantizar el abasto oportuno y suficiente de medicamentos, invertir en hospitales especializados, capacitar de manera continua al personal médico y promover políticas públicas que integren la actividad física y el deporte como parte de una atención integral a la niñez, incluyendo a quienes enfrentan enfermedades graves.
También implica ejercer con responsabilidad una de nuestras principales funciones como legisladores, definir presupuestos con sentido humano. Defender la vida es también defender recursos suficientes, reglas claras y políticas públicas evaluables. No hay austeridad que justifique la falta de medicamentos y la ausencia de programas de prevención y bienestar para niñas y niños con cáncer.
Que esta efeméride nos recuerde por qué estamos aquí, que detrás de cada cifra hay un nombre, una historia y un futuro que merece ser protegido. Que legislar no es solo aprobar leyes, sino defender la dignidad humana especialmente la de quienes más lo necesitan.
Porque la vida es el valor más alto que debemos resguardar, y porque ninguna infancia debería enfrentarse sola a la batalla contra el cáncer. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Agradecida con el Partido Verde Ecologista de México, la diputada Ana Erika Santana González, tiene el uso de la palabra. Adelante, diputada.
La diputada Ana Erika Santana González: Buenas tardes. Con le permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Ana Erika Santana González: Gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Este 15 de febrero es el día en que unimos nuestras voces, nuestro actuar contra el cáncer infantil. Es una jornada en la que a nivel colectivo e individual el mundo se suma a la tarea de sensibilizar y concientizar sobre la importancia de realizar acciones concretas para combatir esta enfermedad y sobre todo la necesidad que estos niños tienen para acceder a un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, factores clave para aumentar su esperanza de vida.
El cáncer infantil no es solo una estadística, es una realidad que viven miles de familias mexicanas. Actualmente el cáncer se ha transformado en una epidemia que afecta a niñas y niños en distintos lugares del planeta y México no es la excepción.
En nuestro país constituye la segunda causa de muerte y la primera enfermedad de niños y niñas entre 5 y 14 años, cada año se diagnostican 4 mil y 6 mil nuevos casos de cáncer infantil, a los que se suman aproximadamente 23 mil menores en tratamiento activo o en vigilancia.
Desafortunadamente persisten condiciones de marginación y pobreza que dificultan el acceso oportuno a los servicios especializados, a ello se suma que en muchos casos el cáncer infantil no es considerado una enfermedad emergente en el primer nivel de atención, lo cual provoca que los diagnósticos se realicen de manera tardía.
Como consecuencia, cerca del 75 % de los casos se detectan en etapas avanzadas, cuando el tratamiento es más complejo y las posibilidades de curación disminuyen. El cáncer infantil suele presentarse de forma no específica, puede confundirse con otros padecimientos.
Por ello, es fundamental no desestimar las señales de alerta y escuchar a nuestros niños. Lo que puede parecer un malestar menor, pudiera marcar la diferencia entre un diagnóstico oportuno y temprano a uno tardío.
En este contexto, los grandes retos que enfrenta México son claros, es mejorar la detección temprana, garantizar el acceso oportuno a tratamientos efectivos, integrales y de calidad, fortalecer la capacitación del personal de salud para que tengan una referencia adecuada en esos casos y optimizar el registro nacional, para contar con la información completa y actualizada de esta enfermedad.
A pesar de los desafíos, también hay esperanzas. En las últimas décadas se han logrado avances significativos en el tratamiento del cáncer infantil. Un ejemplo es la leucemia aguda, que hoy presenta tasas de supervivencia cercanas al 75 %, demostrando que el cáncer infantil sí puede curarse cuando se detecta a tiempo y se brinda atención adecuada.
Este día no es solo para conmemorar, es un día para comprometernos. Comprometernos a garantizar diagnósticos oportunos, tratamientos integrales y acceso efectivo a servicios de salud dignos y de calidad para todas y todos nuestros niños.
Nos debemos comprometer a que la condición económica, la comunidad rural o indígena no determinen las posibilidades de vivir o de morir a nuestros menores. En este Día Internacional del Cáncer Infantil debemos tener en cuenta que hay que cambiar los paradigmas que nos han llevado hasta hoy.
Este día se conmemora bajo el lema: demostrando impacto del desafío al cambio. Hagamos el cambio. En este marco es indispensable reiterar que la lucha eficaz contra el cáncer infantil requiere de un firme compromiso con las políticas públicas y el financiamiento necesarios.
No puede llevarse el lema de que no hay dinero, debe haber dinero para esos casos de nuestros niños. Es fundamental avanzar en la plena implementación de la Ley General Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Es una herramienta clave para cambiar la historia de miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Por favor, que no sea una letra muerta. La consigna es clara: seguir luchando para que las niñas, niños y adolescentes con cáncer, así como sus familias, reciban del Estado y de la sociedad el acompañamiento, la atención y la protección que por derecho les corresponde.
Por un futuro donde el cáncer no sea sinónimo de miedo, sino de lucha, esperanza y vida. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Alejandra Chedraui Peralta: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Alejandra Chedraui Peralta: Buenas tardes. Hoy subo aquí no solo como legisladora, subo como mujer, como mamá y como alguien que ya vivió el miedo de oír la palabra cáncer. Es por eso que para mí estar aquí hoy es un honor. Me mueven muchos sentimientos, el corazón en la mano y el corazón dolido también.
Hoy como Día Internacional de Cáncer Infantil, quiero que esto no sea un discurso más, quiero que esto sea una exigencia no solo a nosotros como legisladores, pero también a la sociedad, porque es un hecho que en algo estamos fallando.
Es increíble, les quiero dar unos números clave, pero anualmente más de 280 mil niñas y niños son diagnosticados con cáncer en el mundo. En México anualmente son 7 mil de estos niños y niñas diagnosticados con cáncer. Y bueno, estos son solo los que se diagnostican, porque hay muchos que no. Lo que vienen siendo 600 niños al mes, 600 familias, sí, digo familias porque las familias también están viviendo esta lucha. Son familias que sin previo aviso están en una batalla constante. Son familias que también necesitan acompañamiento.
Es por eso que hace unos meses como legisladora subí una iniciativa en el que exijo que hayan más medicamentos, muchas más oportunidades y muchos más avances y cosas para todos estos niños que hoy tienen esta enfermedad.
Los niños no pueden estar buscando en qué hospital van a ser atendidos. Hay familias tiradas afuera de los hospitales, familias que no tienen dónde acceder y que saben que tienen cáncer y que hoy esta enfermedad realmente se ve una desigualdad increíble. ¿Por qué? Porque el 80 % de los casos se pueden curar, pero depende mucho de dónde naciste, de en qué hospital te atendieron o de cuántos recursos tienen tus familias para poder acceder. Y esto tiene que parar.
Es por eso que dejemos los colores y que nos unamos como personas y como sociedad, como legisladores para que hagamos un cambio. Ya no quiero ver más de estos niños sufriendo. Hablo como mamá, los niños tienen que estar en escuelas, tienen que estar jugando, tienen que estar disfrutando y soñando. No tienen que estar pensando en cómo sobrevivir a un cáncer, en qué es una quimioterapia o qué es recaer o qué es una complicación grave.
Ayúdenme a que esto se haga realidad, a que alcemos la voz todos por estas niñas y niños, porque hoy somos su voz. Y hoy quiero decirles que con todo mi amor y compromiso lucho por ustedes, que tienen aquí mi palabra y mi compromiso para que pueda haber realmente un cambio.
Acabo como empecé, como mujer y como mamá, para que seamos una sociedad más unida y que realmente le demos oportunidad a estos niños de vivir una vida que merecen. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Honorable asamblea ante la próxima recepción de la minuta del Senado que reforma el artículo 123 Constitucional, en materia de reducción de la jornada laboral, solicito a la Secretaría consultar en votación económica si se autoriza que una vez recibida la minuta se turne de inmediato a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social para dictamen; se publique en la Gaceta Parlamentaria y se formalice oficialmente el trámite en la siguiente sesión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que en cuanto se reciba de la Cámara de Senadores la minuta que reforma el artículo 123 Constitucional, en materia de reducción de la jornada laboral se turne a comisiones, se publique en Gaceta Parlamentaria y se formalice el trámite en la próxima sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, secretaria. Se autoriza.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: (17:10 horas): Se levanta la sesión y cito para la próxima que tendrá lugar el martes 17 de febrero del año en curso, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas a través de las tabletas instaladas en las curules de las diputadas y los diputados. Muchas gracias.
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