Bienvenida de la magistrada Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre
Intervenciones
Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz
Gobernadora electa Rocío Nahle García
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez
Receso
Hortencia María Emilia Molina de la Puente
Ronda de preguntas
Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo
Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
Senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara
Diputado Santiago Torreblanca Engell
Diputado Hamlet García Almaguer
Ronda de respuestas
Ronda de preguntas
Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
Diputada Mary Carmen Bernal Martínez
Diputada Claudia Tello Espinosa
Diputado Santiago Torreblanca Engell
Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo
Diputada Ivonne Cisneros Luján
Ronda de respuestas
Hortencia María Emilia Molina de la Puente
Clausura del diputado Leonel Godoy Rangel
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Muy buenos días. La Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados, en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz, les da la más cordial bienvenida al Quinto Diálogo Nacional para las Reformas Constitucionales al Poder Judicial, denominado “Reforma al Consejo de la Judicatura Federal”, con los subtemas “Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración” que se lleva a cabo en la sede del Tribunal Superior de Justicia, en el estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa.
En el presídium de este acto tenemos el honor de contar con la presencia del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del estado de Veracruz. Bienvenido gobernador. Nos acompaña también la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Veracruz. Bienvenida magistrada. El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en el Senado de la República. Sea usted bienvenido, senador. El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz. Bienvenida. El diputado Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, en representación del diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario. Bienvenido, vicecoordinador. Damos también la bienvenida a la ingeniero Rocío Nahle García, gobernadora electa del estado de Veracruz. Bienvenida. A la diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien coordinará y moderará este quinto diálogo. Sea usted bienvenida.
Queremos, por supuesto, dar la bienvenida, y agradecer a los ponentes y especialistas, que el día de hoy estarán formando parte de este diálogo: Laurence Pantin, directora general de Fundación para la Justicia; Manlio Fabio Casarín León, investigador y doctor en derecho público; Hortensia María Emilia Molina de la Puente, magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Primer Circuito de la Asociación Mexicana de Juzgadoras; María Gabriela Rolón Montaño, magistrada, secretaria ejecutiva de disciplina del Consejo de la Judicatura Federal; Nadia Villanueva Vázquez, magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito; Jacobo Mérida Cañaveral, doctor en derecho e investigador; Marco Barrera Vázquez, abogado y activista en derechos humanos; Flor de Rocío Méndez Arrieta, catedrática de la Universidad Euro Hispanoamericana de Xalapa; Luis Tapia, profesor en la Escuela Judicial y en la Universidad Iberoamericana; Lilia Mónica López Benítez, magistrada, consejera de la Judicatura Federal; Selina Haidé Avante Juárez, magistrada de circuito; y, por supuesto también agradecemos también agradecemos la presencia de los coordinadores, vicecoordinadores y representantes de los grupos parlamentarios. Por Movimiento Ciudadano el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, por el Partido del Trabajo el diputado Gerardo Fernández Noroña, por el Partido Acción Nacional el diputado Santiago Torreblanca Engell y por Morena el senador electo Manuel Huerta.
Agradecemos la presencia de diputadas, diputados, senadoras y senadores del honorable Congreso de la Unión, coordinadores y vicecoordinadores de los grupos parlamentarios y presidentes de las comisiones ordinarias, así como de diputadas y diputados de los Congresos estatales, en especial del Congreso del Estado de Veracruz. Magistrados, jueces y representantes del Poder Judicial y de los tribunales federales y locales, de las y los legisladores electos federales y locales, y por supuesto los representantes de colegios, barras de abogados, corredores públicos, abogados litigantes, consultores, representantes de los trabajadores sindicales, así como de toda la comunidad del estado de Veracruz. Extendemos también un cordial agradecimiento a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, destacando el invaluable apoyo brindado para la realización de este diálogo.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: A continuación, para dirigir el mensaje de bienvenida, dejaremos en el uso de la palabra a la magistrada Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre. Si es usted tan amable, magistrada presidenta.
La magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre: Con respeto, saludo y doy la más cordial de las bienvenidas al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del estado de Veracruz; a la ingeniera Rocío Nahle García, gobernadora electa de Veracruz; diputado Leonel Godoy Rangel, vicecoordinador de los diputados federales de Morena; senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República; diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados; diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presidenta del Congreso local; senadores, senadoras, diputadas, diputados y ponentes que hoy nos acompañan. Además, sean bienvenidos magistradas, magistrados, consejeros, juezas, jueces, secretarias, secretarios y demás personal que conforman nuestra institución, y que día a día realizan una labor comprometida en favor de los justiciables. Por cierto, aprovecho la ocasión para felicitar a todos los abogados hoy, en su día.
Gracias por su presencia el día de hoy y a todo el público en general que nos distingue en esta ocasión. Al Poder Judicial del estado de Veracruz le honra ser la sede del quinto Foro de los Diálogos Nacionales, donde abordaremos los siguientes tópicos: la reforma al Consejo de la Judicatura Federal y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, así como del órgano de administración.
Hasta el momento he asistido a tres encuentros que se desarrollaron en la Ciudad de México, Toluca y Tuxtla Gutiérrez. En ellos se aportaron ideas, análisis y reflexiones que enriquecen la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin duda, este también será un ejercicio en donde surgirán planteamientos que abonarán a la construcción de un proyecto integral. El mensaje que envió la sociedad mexicana el pasado 2 de junio no tiene precedentes, pues otorgó las condiciones para realizar las transformaciones estructurales que el país necesita.
En ese panorama el Poder Judicial del estado de Veracruz se encuentra ante una gran oportunidad para iniciar un proceso de autocrítica, reflexión y aprendizaje, reconociendo nuestros aciertos y desaciertos que nos permitan ser una mejor institución.
Hemos ido evolucionando a la par de las necesidades y reclamos de la sociedad, buscando convertir frontalmente la corrupción, modernizar la justicia y acercarla a los veracruzanos. Además, las magistradas y magistrados que integramos el Tribunal Superior de Justicia desde hace tres años adoptamos un plan de austeridad que incluye una disminución razonable de nuestras percepciones de acuerdo con lo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También, preocupados por la integridad de las víctimas, señalamos públicamente la falta de sensibilidad de algunas juezas y jueces de distrito, que concedieron la suspensión provisional y ordenaron el cese de la prisión preventiva por delitos de alto impacto.
Hay que reconocer, sin temor a equivocarnos, que estamos ante la antesala de un cambio de paradigma del quehacer judicial. Es inminente la reforma, a la cual debemos sumarnos con responsabilidad, objetividad y profesionalismo, anteponiendo los derechos humanos de los justiciables.
Los escenarios venideros son positivos, pronto contaremos con un Poder Judicial cuya independencia será producto del respaldo de la sociedad. Que sea una jornada fructífera en la que el contraste de las ideas permita alcanzar la reforma que México reclama. Muchas gracias.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Muchas gracias, magistrada presidenta. Queremos dar la bienvenida al senador electo Raúl Bolaños-Cacho Cué, por el Partido Verde Ecologista de México. Sea usted bienvenido.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Le pedimos ahora al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, sea tan amable de dirigirnos su mensaje, por favor.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Señor gobernador, señora gobernadora, representantes del Congreso de la Unión de la Cámara de Senadores y de Diputados, señora presidenta que nos recibe aquí del Tribunal de Justicia de Veracruz, representante del Congreso local, compañera Raquel. Buen día a todas y a todos.
En el año 95 se creó el Consejo de la Judicatura Federal con la intención de que disciplinara, vigilara, administrara y cuidara los recursos del Poder Judicial federal y el desempeño profesional y probo de los integrantes de la Judicatura. Pocos años después se hizo una modificación que le dio mayoría a los componentes internos del Poder Judicial federal. Originalmente eran cuatro externos y tres internos.
Muy recientemente se expidió una Ley de Carrera Judicial. Establece obligaciones, derechos, requisitos de ingreso para promoverse, para desempeñarse, para evaluarse e incluso para ser removido. Establece un escalafón de cargos que van desde el oficial judicial hasta las magistraturas de los diversos tribunales federales que hay en el país.
Los ministros de la Corte no han pertenecido nunca a la carrera judicial, los jueces y los magistrados sí y se hizo pensando en ellos. Sin embargo, además de representantes de la impartición de la justicia federal, son altos funcionarios de uno de los Poderes constitucionales, tan es así que están en el régimen de protección por el fuero constitucional y sujetos a juicio político. Son mucho más que simples jueces y magistrados, son los representantes en quienes se deposita el Poder Judicial Federal.
Esa carrera está diseñada para que haya ingreso de externos a los puestos de jueces, de juezas y de internos. De los años que tiene de vida el Consejo de la Judicatura, encargado, entre otras cosas, de conducir la carrera judicial, pues ha habido prácticamente un porcentaje mayoritario, muy mayoritario de procedimientos internos. Es decir, que para llegar a ser juez y magistrado se necesita necesariamente estar, se necesita obligadamente estar en los primeros y secuentes en la jerarquía de los cargos de ese escalafón el Poder Judicial. No se ha abierto la carrera judicial al mundo externo del Poder Judicial.
Hoy se propone que haya una instancia de jueces para juzgar a los jueces, tarea doblemente difícil. Deberá hacerlo con apertura, con transparencia, con mucha probidad, serán escogidos por el voto popular, serán propuestos por algún procedimiento similar al que va en la iniciativa principal de esta gran reforma judicial que estamos estudiando, analizando, discutiendo y que se va a votar pronto en la siguiente legislatura, aunque el trabajo inicial para que empiecen a discutirse los va a dejar la Comisión de Puntos Constitucionales de esta legislatura en la Mesa Directiva de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados y la recibirá la siguiente.
Ese tribunal de disciplina es como una primicia para llegar a lo que tienen otros países con éxito, un tribunal de cuentas, un tribunal que fiscalice, que vigile, pero que sancione y resuelva las impugnaciones por las sanciones, por el desempeño de todos los servidores públicos, no nada más del Poder Judicial y por el uso de recursos públicos.
Para allá quisiéramos ir, el diseño que se propone para este tribunal de disciplina judicial es muy sencillo y podrá tener éxito en la medida en que nos empeñemos los mexicanos, las mexicanas en que lo estamos haciendo sea una acción pensando en el bien del país. Creo que podrá ser exitoso con esa condición. Este es un tema que hoy discutimos, venimos a escucharlos y a tomar nota. Enhorabuena, muchas gracias.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Muchas gracias, diputado Robledo Ruiz.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Escucharemos ahora la intervención del diputado Leonel Godoy Rangel. Si es usted tan amable, vicecoordinador, por favor.
El diputado Leonel Godoy Rangel: Buenos días, amable auditorio, buenos días, integrantes del presídium. Agradezco la anfitrionía de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz y, por supuesto, la presencia de nuestro gobernador Cuitláhuac García y de la gobernadora electa, nuestra querida amiga Rocío Nahle.
Muchas gracias, senador Ricardo Monreal, presidenta del Congreso del Estado de Veracruz. Amigos Juan Ramiro y Raquel, diputadas, diputados, senadoras, senadores federales, locales en funciones y electos.
Gracias a los ponentes que nos acompañan hoy. Muchas gracias a este selecto auditorio. Cuando llegué vi que hay pantallas para los que no cupieron aquí, también les damos un saludo, igual a los que nos están viendo por las plataformas del Canal del Congreso.
El día de hoy, en este quinto foro vamos a debatir el tema del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración. Son órganos novedosos que sustituirán al Consejo de la Judicatura. Que como bien dijo Juan Ramiro, se instauró en 1995 y recuerdo, yo era diputado federal, que tenía que ver con el que ya se había constituido en España, fundamentalmente.
Efectivamente, este Consejo de la Judicatura buscaba dos cosas, a mi juicio, no solo los temas administrativos sino fundamentalmente, una distribución de jueces y magistrados en el territorio nacional que permitiera una justicia pronta y expedita, gratuita.
Sin duda que se ha quedado a deber, como también ocurre con los órganos de justicia, tanto del fuero federal como del fuero común. Y, por cierto, vale la pena aclarar que el último foro va a tratar sobre el Ministerio Público y la seguridad pública, no quedarán afuera estas instituciones tan importantes en la administración y procuración de justicia del país.
Y también habrá un foro, ojalá nos acompañe la magistrada presidenta, ha estado en todos, en el que va a haber, sobre las autoridades locales en materia de administración de justicia.
Nosotros lo hemos dicho y lo repetimos en este auditorio ante los Poderes del Estado, que venimos a escuchar, a dialogar, a tomar nota, porque es mentira que las 18 iniciativas del presidente en materia de reforma constitucional, entre ellas las reformas al Poder Judicial Federal y local no vayan a sufrir modificaciones, que no se vaya a mover ni una coma. No es así, se va a tomar en cuenta todo aquello que sirva para que esta justicia prevista en la Constitución expedita, pronta y gratuita se dé en nuestro país.
Vamos a estar muy al pendiente de todo aquello que ayude, no nos gustan las chicanadas, no nos gusta que se pongan obstáculos por ponerse, tampoco nosotros queremos hacerlo.
Y repito los tres temas que, a mi juicio son los importantes, que se van a debatir sobre la reforma del Poder Judicial, los requisitos de elegibilidad, la gradualidad y el sistema de artículos transitorios. Creo que hay mucho qué decir al respecto y yo confío que como nosotros actuamos de buena fe, todos hagan lo mismo, porque lo merece el país. El voto popular del 2 de junio dijo claramente que debería de haber una reforma al Poder Judicial Federal.
Algunos de los que estamos aquí acompañamos en muchas partes del país a la candidata, hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum y ella siempre, en todas las plazas públicas decía: quiénes están a favor de que los jueces sean magistrados y ministros sean designados por el Senado y quiénes están a favor de que sean electos por el pueblo. No hubo una sola plaza donde abrumadora mayoría, como los votos que tuvimos, dijeron que hubiera esta reforma.
Ese es nuestro mandato y acudimos con dignidad. Pero, al mismo tiempo, con humildad para escuchar, para dialogar, porque esa es la tarea del político, el diálogo, extender la mano y a eso venimos hoy a este gran estado de Veracruz, aquí venimos y vamos a estar escuchando atentamente y tomando nota. Felicidades por todas y todos ustedes que tienen este quinto foro de los diálogos por la reforma al Poder Judicial. Gracias y buenos días.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Agradecemos por su mensaje al diputado Godoy Rangel.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Tiene ahora el uso de la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila. Si es usted tan amable, senador.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Muchas gracias. Saludo con respeto al gobernador Cuitláhuac García. Saludo con respeto y afecto a la gobernadora electa Rocío Nahle, augurándole a este histórico lugar un proceso de desarrollo y progreso en su gobierno. Estoy seguro que combinará talento, capacidad y amor a Veracruz.
Ciudadanos representantes de los tres Poderes en Veracruz. La presidenta del Tribunal, que a su vez es anfitriona, muchas gracias por recibirnos en su sede. También a la presidenta de la Cámara de Diputados. Hay un augurio muy claro en esta mesa y en este estado de Veracruz, porque los tres Poderes del estado estarán encabezados por tres mujeres, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, algo histórico, sin precedentes en la república.
Estimados abogados, litigantes, dirigentes, colegios, a los diputados federales electos con quienes me reuní hace unos momentos, una charla amigable, objetiva, clara. También a los senadores electos, con respeto y con afecto, hoy corresponde en este foro revisar y analizar la propuesta de reforma al Consejo de la Judicatura Federal, al Tribunal de Justicia del Tribunal de Disciplina Judicial y órgano administrativo.
Estos foros y diálogos los ha venido coordinando la Comisión de Puntos Constitucionales y ambas cámaras que coordina esta comisión Juan Ramiro Robledo, con eficiencia y con talento.
Como es sabido, el Consejo de la Judicatura se encarga de la administración, vigilancia y disciplina en el Poder Judicial federal y sus facultades tienen que ver con la designación, adscripción y promoción de magistrados y jueces.
Si bien posee facultades disciplinarias y sancionadoras, en pocas ocasiones se ha investigado o sancionado al personal judicial que incumple con sus deberes e incurre en conductas impedidas. Asimismo, tiene un vicio de origen -desde mi punto de vista-: que es presidida por el titular o la titular del Poder Judicial. En este caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, se concentran la función jurisdiccional y la función administrativa, cuyas naturalezas son, desde mi punto de vista, incompatibles.
El Consejo de la Judicatura cuenta además con la institución de la defensoría pública, la cual proporciona asistencia jurídica a quienes no cuentan con los recursos para contratar los servicios de un abogado o abogada particular. A pesar de estas propuestas, adolece de deficiencias.
Es un órgano opaco y, desde nuestro punto de vista, ineficiente. Es un sistema lento y burocrático, a pesar de que el Congreso de la Unión le ha otorgado un aumento creciente de recursos que se traducen que del 2010 al 2023 se le aumentaron 45 mil millones de pesos al año, repito, de incremento 45 mil millones de pesos. Sin que se haya observado mejora significativa en la impartición de justicia.
Por esa razón, el pueblo mexicano exige una administración de justicia más eficiente para todos y para todas. Un sistema de justicia pronta y expedita, gratuita, como reza la Constitución. Nadie es ajeno a que el Consejo enfrenta serios problemas en la gestión de denuncias presentadas por los trabajadores del Poder Judicial contra sus superiores jerárquicos.
El Consejo ha recibido denuncias en forma creciente, denuncias por faltas administrativas, acoso y abuso, que casi siempre concluyen con responsabilidades administrativas no graves.
Derivado de lo anterior, se ha sancionado a 106 servidores públicos, pero si ya... está cifra es baja, se ve empañada con el hecho de que el 0.6 corresponde a sanciones económicas, el 99.4 a sanciones administrativas, más del 30 por ciento fueron solo amonestaciones.
Estos y otros datos relevantes, falta de rigor en la eficiencia, el Consejo actúa solamente como una barrera y protege a los infractores con ello, desincentiva la denuncia de conductas irregulares. También hay falta de transparencia y rendición de cuentas, los exámenes de oposición son amañados y hay dudas respecto de la imparcialidad objetiva, inclusión y participación equitativa en los concursos, ya que la mayoría de ellos son cerrados porque se promueve la exclusión y el favoritismo.
La metodología de los exámenes no es transparente, la evolución no es adecuada ni se verifican los plagios en los trabajos escritos que se presentan. La judicatura actúa como juez y parte en los procesos disciplinarios y administrativos, es decir, está minada la legitimidad de las decisiones jurisdiccionales.
La red de corrupción y nepotismo que se ha generado en los circuitos es enorme la opacidad, la complicidad, el tráfico de influencias, la rendición de cuentas. Esta creación de redes de intereses clientelares entre servidores públicos y despachos, se genera una discrecionalidad en la toma de decisiones, se minan los cimientos de un estado constitucional democrático y los juzgadores no inspiran confianza ciudadana.
Las Naciones Unidas se pronunció por la independencia de los poderes y afirma ningún motivo más allá de lo judicial. La guía sobre principios internacionales de dependencia de abogados, de independencia de abogados y fiscales, señala que todos los estados tienen el deber de establecer las salvaguardias necesarias para que los jueces puedan establecer causas de manera independiente, es decir, generar un entorno libre de influencias, libre de redes, de nepotismo, de chantajes.
Quiero mostrar solo un ejemplo, tengo el estudio completo, ojalá y se pueda agrandar en la pantalla. Un ejemplo de gran circuito del Poder Judicial, es un circuito donde el 66 % de circuitos, donde el 66 % del personal es de parientes. La corrupción asociada al soborno al peculado de altos funcionarios que poseen parientes en este alto porcentaje.
Tengo todos los estados incluyendo Veracruz, pero no lo hago porque estoy en casa, todos los estados, y no soy yo, no soy yo, no soy yo y voy a dar la cifra completa; las 32 entidades. Pero no creen que es nuevo, no es nuevo, este estudio lo hizo un consejero de la judicatura en el 2017, o sea, no crean que yo estoy inventando el hilo negro, lo hizo el consejero Felipe Borrego en el 2017, y ya advertía del grave problema que tenía la judicatura, el nombramiento de jueces y magistrados y las redes clienterales de corrupción; y lamentablemente nada se hizo, se dejó dormir.
Claro, se quejan que me los afecten, pero eso es lo que la gente quiere, una limpieza, una sacudida al sistema de justicia. Les voy a proporcionar en mi página este estudio, que no es de mi obra, sino del consejero Felipe Borrego.
Por eso, otro aspecto importante de la reforma es la inclusión del Instituto de Defensoría Pública del nuevo órgano de administración judicial. Este garantizará una formación continua y especializada del Poder Judicial y una defensa pública robusta y eficiente para la ciudadanía.
Resulta innovadora la propuesta para la formación de un tribunal de disciplina judicial con independencia técnica y amplias facultades para recibir denuncias e investigar, sustanciar, procedimientos de responsabilidades y sancionar. Esto es lo que dijo el mandato popular en la última elección. A nadie sorprende que la gente haya decidido votar por una reforma al sistema de justicia.
Sí, estamos celebrando estos diálogos, queremos enriquecer la iniciativa, pero tenemos un mandato popular, y lo vamos a llevar a cabo. Por eso el pueblo nos dio mayoría calificada, la facultad del poder reformador. Es normal que en estos foros haya quienes no estén de acuerdo. Es parte de la democracia. Así fue la votación, pues hay que respetarla. Gracias.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Muchas gracias por sus palabras, senador Monreal.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: A continuación, le pedimos atentamente al ingeniero Rocío Nahle García que nos dirija su mensaje.
La gobernadora electa Rocío Nahle García: Buenos días a todos, a todas. Agradeciendo a la magistrada presidenta, su anfitrionía. Saludo, con todo respeto y cariño a nuestro gobernador Cuitláhuac García. Por supuesto, al diputado Leonel Godoy, al senador Ricardo Monreal, a nuestra presidenta del Congreso, al diputado representante de Puntos Constitucionales y, por supuesto, a la diputada Raquel Bonilla. A todos ustedes, un saludo fraterno.
Es nada más para dar la bienvenida y agradecer al Poder Legislativo que uno de los diálogos nacionales de esta reforma tan importante se lleve a cabo aquí en nuestro estado. Y uno de los temas, no menos importante, yo diría que es un tema mayúsculo, que es de la reforma al Consejo de la Judicatura Federal. Tal como lo mencionaron aquí, llamado el juez de jueces. Un tema en el que hay que profundizar dentro de la reforma. Un tema en el que es tan importante la transparencia, la igualdad, la justicia para todos.
A mí nada más me resta darles la bienvenida. Agradecerles a todos ustedes y que este diálogo, estas mesas de trabajo sean de éxito y esto socializarlo con la población, porque, como bien se dijo aquí, el mandato lo dio el pueblo en una forma contundente y expresó que también para este poder judicial, también el pueblo esté informado, participe y opine, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Muchas gracias, y felicidades por los trabajos.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Muchas gracias por su intervención, ingeniera Nahle.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Para dirigir su mensaje y realizar la declaratoria de inauguración de este quinto diálogo nacional, dejaremos en el uso de la palabra, al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Por favor, gobernador.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez: Muy buenos días. Saludo con gusto a todos los integrantes del presídium y a los integrantes del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Gracias por recibirnos.
Y especial reconocimiento a los 23 magistrados, magistradas y miembros del Consejo de la Judicatura de este estado, por su postura a favor de que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial federal y que trascienda en las modificaciones necesarias para los Poderes Judiciales de los estados. Felicito a quien encabeza esta postura reflexiva, propositiva y comprometida con la justicia en Veracruz y el país, a la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien es la presidenta del Tribunal de Justicia aquí en el estado.
Hasta ahora, ningún otro grupo de magistrados, magistradas, incluidos todos los consejeros de la Judicatura, así de grande, así de mayoritario y numeroso, se habían manifestado a favor del conocido plan C. Retomo la idea principal que en el desplegado nacional publicado en el periódico La Jornada del viernes 5 de julio dieron a conocer. Son consecuentes con el voto abrumador de la gente en las urnas a favor de reformar el Poder Judicial.
Y es que en Veracruz las propuestas a las diputaciones federales y las senadurías, hoy legisladores electos, que abiertamente se expresaron a favor del plan C, alcanzaron el 60 % de las preferencias electorales, contra el escaso 28 %, en promedio, de sus detractores. Hay, pues, una legitimidad y un mandato popular para llevar a cabo esta reforma. Quien no lo quiera ver así de claro se quedará marginado y desdeñado por la historia.
Adicionalmente, para este gobierno de Veracruz es imperante que se transforme el Poder Judicial federal. Hace casi un año, el 16 de agosto del 2023, recurrimos a dar una conferencia de prensa a la Ciudad de México para levantar la voz a nivel nacional, a fin de denunciar una escalada de liberaciones de verdaderos delincuentes por la vía del amparo concedida por jueces federales de los distritos judiciales en Veracruz.
En ese entonces afirmé que la corrupción se solapa desde el Poder Judicial Federal y que es precisamente desde este Poder donde se está liberando a delincuentes. Sí, esos precisamente que asesinan, secuestran y matan. Esos que hoy tienen un manto de impunidad de la justicia federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No se podía entender de otra forma porque con un documento machote, un formato base el Poder Judicial de la Federación liberó a 33 delincuentes en Veracruz, entre ellos estaban 21 homicidas pederastas y secuestradores.
En ese entonces se puso en contexto el esfuerzo que hacemos como autoridad responsable de la seguridad y la irresponsable, por decirlo menos, actitud de unos jueces federales. Nosotros, como encargados de la seguridad y la producción de justicia ponemos a los delincuentes en la cárcel y ellos los liberan.
Así de grotesco y hasta perverso fue que los asesinos acariciaron la posibilidad de estar nuevamente en la calle porque el Poder Judicial Federal los liberó. Y nadie reflexionaba que en todo el país los homicidas observaban con gusto tener un salvoconducto, un mensaje de parte de la Suprema Corte: “No te preocupes, si te meten a la cárcel, al rato nuestros jueces te sacan”.
Lo sostengo con toda responsabilidad, estaban avalando la liberación de delincuentes por consigna, en perjuicio y daños irreparables a la sociedad veracruzana. Así lo sostuve en aquella ocasión, porque específicamente denuncié que dicho Poder Judicial optó por conceder libertad inmediata, en diferentes modalidades jurídicas, para 33 presuntos delincuentes, de los cuales, insisto y subrayo, 21 eran homicidas, pederastas, violadores y secuestradores. No se nos escuchó, a los pocos días ese Poder corrompido liberó a otros 11 delincuentes más.
De acuerdo fundamentalmente a los principios constitucionales del derecho, los jueces de distrito en cuestión se excedieron en sus resoluciones. Se negaron a reconocer la gravísima situación en que pusieron a las víctimas, al saber estas que sus secuestradores y violadores ahora estaban libres.
En aquella ocasión cuestioné la vulnerable situación de un caso y pregunté: ¿qué dirá la niña que fue violada al saber que su abusador sigue viviendo al lado de su casa porque lo liberó un juez federal? No lo invento, es el caso penal 586/2023, con juicio de amparo 645/2023 del Juzgado Cuarto de Distrito de Veracruz. ¿Por qué la Suprema Corte del Poder Judicial tolera que pase esto?
El titular del Ejecutivo federal, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, acertó en sostener que el Poder Judicial federal no tiene remedio, daña irreparablemente a los mexicanos. Hoy lo reitero con estos deleznables hechos a que he hecho referencia y que provocaron en Veracruz la justicia, supuesta justicia federal. Y es triste concluir que la corrupción imperante al interior de los máximos tribunales de justicia no deja ver a algunos ministros de la Suprema Corte el daño que hicieron.
Tengo otros ejemplos, solo por citar uno más, el de la Torre Centro del Puerto de Veracruz, el adefesio que pone un manchón a la imagen histórica de la heroica ciudad porteña. Ahí un juez federal le tocó defender a su propia familia, quienes extrañamente o entendiblemente poseen cinco departamentos de lujo en el mismo edificio y ante lo que se percibe como un cártel inmobiliario más, porque también son dueños de la constructora que hizo el edificio sin permisos de construcción, sin permisos necesarios para hacer un edificio de tal tamaño, el Poder Judicial ante este hecho, varias veces referido en las conferencias de prensa del presidente y por un servidor, guardó silencio cómplice.
Sin embargo, el pueblo sí supo cómo modificar esta situación y por eso ejerció su otro poder, el de su voto, el que de la organización y su masiva expresión en las urnas surgió dejando un claro y contundente mensaje, el plan C, va. Muchas gracias.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Agradecemos el mensaje del gobernador Cuitláhuac García, y por supuesto también a las personalidades que conformaron este presídium, por habernos honrado con su presencia. A continuación, haremos una breve pausa de dos minutos para realizar el cambio del presídium e iniciar el diálogo.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez: Y, antes hacemos la declaratoria. Si nos acompañan nos ponemos de pie.
Es un honor para mí como gobernador constitucional del estado de Veracruz, siendo ya las 12 horas de este día, 12 de julio de 2024, declarar formalmente inaugurado los Diálogos Nacionales para la reforma al Poder Judicial Federal. Estoy seguro que el intercambio de ideas y experiencias contribuirán a mejorar el sistema de justicia en el país. Éxito. Muchas gracias.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Muchas gracias, gobernador. Le pedimos a todos nuestros asistentes mantener sus lugares en lo que se realiza el cambio del presídium, por favor.
(Receso)
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: ... judicial de nuestro estado, ejercicio que se está desarrollando en todo el país, analizando una iniciativa sumamente ambiciosa, que reconoce el imperativo de acercar el Poder Judicial a las personas.
Quiero agradecer la anfitrionía y facilidades otorgadas para el uso de este espacio a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la magistrada Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, muchas gracias por todas sus atenciones. Así como la presencia de nuestro distinguido gobernador constitucional del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y la gobernadora electa, Norma Rocío Nahle García, que nos estuvieron acompañando en el acto protocolario e inaugural.
Honorable presídium, representantes del Poder Judicial, academia, barras de abogados, legisladores y todas las personalidades que hoy se encuentran, agradecemos su asistencia y damos nuevamente la cordial bienvenida a los Diálogos Nacionales, Reforma a la Constitución, en materia del Poder Judicial, donde estaremos abordando como eje la reforma al Consejo de la Judicatura Federal, que propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración.
En todo sistema democrático es indiscutible contar con un Poder Judicial independiente, que sus miembros estén preparados con el conocimiento de leyes, pero que también estén cercanos a las problemáticas de la población.
La maestra de ceremonias Laura Estrada García: Bajo esta premisa daremos inicio a la ronda de participaciones, agradeciendo a nuestros ponentes invitados, haciendo del conocimiento que podrán hacer uso, hasta por cinco minutos, para expresarse en la materia. En este sentido, daremos la bienvenida y el uso de la voz a nuestra primera ponente, que es Laurence Pantin, y ella es directora general de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Anteriormente trabajó en México Evalúa, donde coordinó el programa de justicia, Justicia Abierta y Justicia Digital. Es doctora en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso México. Maestra en Periodismo por la Universidad de Nueva York y licenciada en Comunicación por el Instituto de Estudios Políticos de París. Bienvenida, le damos el uso de la voz, hasta por cinco minutos.
La ponente Laurence Pantin: Muchas gracias. Pues, muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de participar en este diálogo. La Fundación para la Justicia que represento, es una organización de la sociedad civil, apartidista, independiente, sin fines de lucro, que representa a víctimas de violaciones graves a derechos humanos y trabaja para consolidar el Estado democrático de derecho.
Por esta razón, la fundación y varias organizaciones hemos analizado la reforma y el aspecto que analizaré hoy es el relativo a la disciplina, un tema que nos parece central, porque –la siguiente, por favor– el actual sistema de disciplina en el Poder Judicial nos parece que presenta limitaciones, en particular por su opacidad.
Creemos que la idea –la siguiente slide, por favor–, creemos que la idea de un Tribunal de Disciplina Judicial, independiente de la Suprema Corte y de los órganos de administración y que por ser tribunal debería garantizar la publicidad de los procedimientos disciplinarios, podría representar ciertas ventajas, aunque la manera en que está planteado en la iniciativa implica algunos graves riesgos, para los cuales proponemos alternativas.
–La siguiente, por favor, la siguiente–. El primer y principal problema es que las causales propuestas en la iniciativa para investigar y, en su caso, sancionar a los funcionarios judiciales son muy generales y ambiguos, ya que contemplan actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la inadecuada administración de justicia, que incluyen, entre otros, actos u omisiones de complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes.
También abre la posibilidad de investigar a las personas juzgadoras cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia.
Nos parece preocupante esta redacción, porque es claramente contraria al principio de taxatividad de las normas sancionadoras, según el cual la normatividad debe describir con mucha precisión las conductas que están prohibidas y las sanciones que se impondrán a las personas responsables de tales conductas.
En ese caso, los términos interés público o adecuada administración de la justicia son tan fríos que cada quien puede entender lo que quiera, abriendo la puerta a que el tribunal realice una especie de cacería de brujas. Lo anterior permitiría que los jueces sean en los hechos investigados, por el sentido de sus sentencias, algo que reprueban los estándares internacionales.
El término interés público nos parece especialmente problemático, porque la principal responsabilidad de las personas juzgadoras es velar por los derechos humanos de las personas y no por el interés público.
Así, tomemos el ejemplo de un gobierno municipal que podría expropiar los terrenos de una comunidad indígena por la construcción de una obra pública. El interés público podría ser que el Estado pague la menor cantidad de recursos públicos para ese terreno, pero si la comunidad acude a un juzgador para hacer valer sus derechos, la responsabilidad de esta persona juzgadora será garantizar que reciban una justa indemnización.
Por ello proponemos que se quiten esas causales y se haga referencia más bien a las causales referidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
–La siguiente, por favor–. El segundo problema es que la iniciativa se ve que las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial sean inatacables, cuando los estándares internacionales reconocen el derecho de las personas funcionarias a contar con un mecanismo que revise las resoluciones de cualquier órgano disciplinario.
Además, esto también rompe con la lógica de la reglamentación vigente en materia de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, que prevé la existencia de dos instancias en caso de faltas administrativas graves.
Por ello, proponemos que en realidad el Tribunal de Disciplina Judicial sea el Tribunal de Apelación después de una primera instancia, donde la Unidad General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas sea la autoridad investigadora, la Contraloría fungiría como autoridad sustanciadora y el pleno del órgano de administración, ya separado en su presidencia de la Suprema Corte sería la autoridad resolutora de primera instancia.
–La siguiente, por favor–. Y para que esto funcione también proponemos de hecho que la titularidad de la Contraloría sea designada de manera externa al Poder Judicial de la Federación, como ocurre ahora en los órganos autónomos que existan.
–La siguiente, por favor–. Otro problema y con independencia de la discusión que se tendrá por supuesto en otros foros con respecto al método de nombramiento para las personas juzgadoras, creemos que el método de nombramiento propuesto en particular para los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial presenta muchos riesgos.
Pese a que en su exposición de motivos se señala que la intención de la reforma es despolitizar la justicia, en todos los países donde se elijen a las personas juzgadoras mediante el voto popular, estudios académicos han demostrado que la consecuencia de esta elección es su politización. Es especialmente problemático en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, porque es el más alto tribunal, está por encima de la Suprema Corte y del órgano de administración y su tarea se centrará en analizar si hubo o no una mala conducta.
Por eso consideramos clave que sus integrantes sean nombrados mediante un proceso que permita asegurar que tengan conocimiento en particular de la materia administrativa. Por ello, proponemos...
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Doctora Laurence, le pedimos por favor, si puede concluir.
La señora Laurence Pantin: Sí. Por ello, proponemos justamente que se realice su nombramiento mediante un proceso donde se designe un comité técnico de evaluación integrado por siete personas reconocidas por su prestigio e independencia, nombradas por el Senado, el Poder Ejecutivo, la Escuela de Formación Judicial y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y que se desarrolle de ahí un examen en tres etapas. Muchas gracias por su atención.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Doctora Laurence Pantin, muchísimas gracias por su valiosa participación.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: A continuación, celebremos el uso de la voz al doctor Manlio Fabio Casarín León. Él es doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, investigador de tiempo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, de la cual fue director de mayo del 2006 a mayo del 2014. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, conferencista invitado en diversas universidades. Dentro de su obra destaca La facultad reglamentaria, publicada por editorial Porrúa, Derecho administrativo del estado de Veracruz y Constitución, administración pública y derechos fundamentales.
Ha participado como articulista en revistas especializadas sobre el tema de derecho constitucional, procesal y derecho administrativo en México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, España, Francia, Perú y Costa Rica.
Es miembro del Instituto Iberoamericano y Mexicano de Derecho Constitucional, así como del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de las Asociaciones Internacional Mexicana e Interamericana de Derecho Administrativo. Le recordamos, doctor Manlio, que cuenta usted hasta con cinco minutos para expresarse. Le cedemos el uso de la voz.
El ponente Manlio Fabio Casarín León: Muchas gracias. Muy buenos días, tardes, tengan todos ustedes. Distinguidos compañeros de panel, distinguida concurrencia, inicio esta reflexión recordando al jurista italiano Luigi Ferrajoli cuando se pregunta por el futuro de los derechos fundamentales.
Abro comillas “Una regresión o expansión del paradigma de la democracia constitucional dependerá del papel regulador que la política quiera confiar al derecho y de su capacidad de adecuarlo a los nuevos desafíos”. En su concepto, el constitucionalismo democrático no representa sólo una conquista y una herencia del pasado, sino ante todo un programa para el futuro.
Lo anterior, le da sentido y razón de ser al papel de la jurisdicción y su legitimación en el Estado constitucional y democrático de derecho. Por un lado, la tutela de los derechos fundamentales, desde la vida y la libertad personal hasta aquellos de carácter social para garantizar el bienestar y calidad de vida digna en la comunidad, y por el otro, la sujeción de los poderes públicos a la Constitución y a la ley como máxima garantía contra la arbitrariedad derivada de su violación, lo cual constituye los dos principales valores donde reside el carácter democrático de la jurisdicción, haciendo posible reforzamiento de la división de poderes con las garantías de independencia e imparcialidad de los juzgados.
Para el tema en concreto al cual fuimos convocados a continuación, expongo de manera puntual algunos inconvenientes, para mi juicio, para la creación de un tribunal de disciplina judicial.
Primero, se parte de un proceso de elección popular para magistrados y magistradas que integran este tribunal, tanto a nivel federal como a nivel estatal, cuya duración en el cargo coincide con el periodo de las autoridades políticas que los postula, aunque la iniciativa se habla de la sustitución escalonada de estos, su elección popular compromete y vulnera las garantías y estándares nacionales e internacionales de dependencia e imparcialidad, así como la capacidad técnica, autonomía e independencia de la rama judicial.
Segundo, los procedimientos de disciplina judicial deben respetar las garantías sustantivas y adjetivas del acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva a partir, precisamente de la independencia y parcialidad de los magistrados. Al respecto, el derecho constitucional y convencional señala, sin excepción, que toda persona que enfrenta un procedimiento que pudiera afectar su esfera personal tiene derecho a las garantías judiciales, esto es, el derecho a una defensa adecuada y a ser juzgada por un tribunal imparcial e independiente.
Dichas garantías procesales son aplicables al ámbito disciplinario y contienen estándares específicos de acuerdo con normas de comportamiento establecidas en procedimientos justos que aseguran la competencia, objetividad e imparcialidad del órgano disciplinario. A este respecto, dentro de los aspectos más preocupantes de la iniciativa destacan la privación del derecho a un recurso efectivo y la intocabilidad de las determinaciones del Tribunal de Disciplina Judicial, lo que además de representar un modelo primitivo, comprometería la responsabilidad internacional del Estado mexicano al violar convenciones y tratados de derechos humanos, generándose sistemáticamente Estados de indefensión del personal judicial.
A este respecto, surge una pregunta legítima bajo el título propuesto, ¿quién controlaría los actos y resoluciones del Tribunal de disciplina judicial? ¿Cómo garantizar que las resoluciones no sean arbitrarias y que obedezcan a motivaciones vinculadas por intereses políticos?
A mi juicio, con el sistema de nombramiento de sus magistrados se crean incentivos perversos para la aplicación selectiva de la ley y la justicia, esto es expedientes para sancionar a personas juzgadoras cuyas decisiones no se ajusten a las preferencias políticas del régimen en turno o la parálisis ante coincidencias de afinidades políticas entre magistrados y magistradas o funcionarios judiciales sujetos a procedimientos sancionadores, evadiendo o evitando la aplicación efectiva de sanciones por la Comisión de Faltas Disciplinarias.
Tercero. Los supuestos o hipótesis de sanción disciplinaria constituyen cláusulas abiertas y en algunos casos subjetivas y ambiguas, lo que constituye una violación al principio de seguridad jurídica sobre todo en su vertiente de taxatividad aplicada a los procedimientos sancionadores. Ante la exigencia de qué textos normativos legales deben describir con suficiente precisión las conductas prohibidas y las sanciones a imponerse para quienes incurran en ellas.
Por cierto, en la iniciativa no se menciona el quórum necesario para la imposición de las referidas sanciones, lo que abre aún más el margen de discrecionalidad para actuar. Por ejemplo, en la iniciativa se establecen sanciones para castigar conductas contrarias a la ley, de donde surge la pregunta de si los jugadores podrán ser sancionados por el sentido de sus resoluciones y no por aspectos relacionados con su comportamiento.
Otros supuestos son las conductas contrarias al interés público, desconociéndose que en la actualidad el ejercicio de los poderes y ... por el ordenamiento jurídico al poder público no se justifican en abstracto, ya sea en la ley o cualquier instrumento normativo diverso, sino que habrá de argumentarse con motivos y justificaciones concretas de interés general.
Termino diciéndoles, a mi juicio, que esta reforma pretende crear dos estructuras orgánicas paralelas con diferentes cabezas, lo cual sumado a la que detenta la Corte puede propiciar una fragmentación peligrosa del Poder Judicial traducida en una multiplicidad de disfuncionalidades. Tan solo pensar en que la rama del derecho, en este caso, de la justicia constitucional de la Corte, otra que administra la organización y funcionamiento de tribunales federales y otra más que vigile el correcto del cumplimiento de su actividad de jueces y magistrados se perfila en los hechos compleja y difícil de operar no solamente por sus mayores costos financieros, sino en la debida coordinación e interlocución de estos para alcanzar los fines esenciales del impartición de justicia en favor de las y los justiciables. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias, doctor Manlio Fabio Casarín León, por su valiosa participación.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Es el turno de ceder el uso de la palabra a la magistrada de circuito en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Hortencia María Emilia Molina de la Puente. Ella es licenciada en derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Cuenta con dos especialidades, una en Derecho de las Sociedades Mercantiles y otra en Derecho Constitucional y Amparo, ambas por la Universidad Panamericana.
Ha sido docente de la Universidad Autónoma de Guadalajara impartiendo la materia de Jurisprudencia Administrativa. Así también, ha impartido la materia de Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica de Guadalajara.
Se ha desempeñado como oficial y actuaria judicial en materia civil en el estado de Jalisco, así también como secretaria y jueza en las materias administrativas, civil y de trabajo. Actualmente, desde febrero del 2020, ocupa el cargo de magistrada de circuito. Bienvenida. Cuenta con cinco minutos para hacer el uso de la palabra. Gracias.
La ponente Hortencia María Emilia Molina de la Puente: Gracias. Buenas tardes. Sigo queriendo creer que nos convoca la verdadera intención de mejorar la justicia de nuestro país. Entre mayor poder nos ha sido otorgado, mayor responsabilidad de ejercerlo en beneficio no solo de las mayorías, sino sobre todo de las minorías desventajadas, es decir, de todas y todos.
Tener un cargo público implica que el pueblo de México ha depositado en cada uno de nosotros la confianza de que ejerceremos nuestras facultades constitucionales para mejorar las condiciones de nuestro país, no para utilizar la tribuna para argumentar falazmente.
No es verdad que los jueces liberen delincuentes, primero porque en este país todas las personas tenemos presunción de inocencia y segundo porque quien no cumple con sus obligaciones legales son las fiscalías; y es a los jueces federales a quienes, por mandato constitucional, corresponde revisar la actuación también de esas autoridades.
No cabe duda que se requiere una reforma, no de los poderes judiciales, del sistema de justicia en general, pero una estructural, seria, responsable, sin prisas ni sesgos. En 1994 se llevó a cabo una de las reformas estructurales más importantes de la historia moderna de México, reforzando el control de constitucionalidad desde el Poder Judicial de la Federación; y con la intención manifiesta de consolidarlo como un poder más independiente y eficaz, se creó el Consejo de la Judicatura Federal, que constituye una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano.
El gobierno judicial es uno de los desafíos más importantes de un sistema democrático de división de Poderes. Esto ocurre porque en la idea de gobierno subyace una estructura jerárquica, y en este tipo de estructuras, quien la encabeza suele detentar un cúmulo de poder y delegarlo en sus subalternos, lo que se contrapone con la noción de independencia judicial que persigue asegurar la imparcialidad de cada persona juzgadora, que significa evitar cualquier tipo de injerencia en la forma como determina las resolución de los asuntos sujetos a su consideración, por lo que garantizar esa independencia se vuelve el reto de todo sistema de gobierno institucional.
Existen diversas soluciones a nivel mundial. En nuestro hemisferio, la respuesta ha sido la creación de consejos de magistratura o de la judicatura. Como organismos especializados en gobierno y gerencia judicial, con una integración plural, tanto en los distintos poderes del Estado, como en algunos casos, también de la sociedad civil, que además en México tiene un importante componente disciplinario buscando evitar la vulneración de la independencia de las personas juzgadoras al exterior del Poder Judicial, como sucede si su gobierno se encuentra en manos del Poder Ejecutivo o del Legislativo y a la vez preservar las depresiones internas que pueden ocurrir cuando se concentra el gobierno en manos de una corte suprema.
Solución que, desde luego, es perfectible, pero que es adecuada para mantener un sistema de gobierno al interior del Poder Judicial que garantice la independencia de las personas juzgadoras, para evitar que estas sean objeto de represalias judiciales o políticas por el contenido de sus decisiones y que permita el desarrollo de su función como fiel de la balanza en el equilibrio de los poderes.
En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, basta ver la implementación de mecanismos de combate a la corrupción, al nepotismo y las políticas de igualdad de género. De hecho, fue parte de una reforma judicial que la legislatura actual llevó a cabo.
En este último tema llevamos un largo camino que comienza a ser relativamente exitoso en materia de igualdad de género. Recientemente se ha reflejado aumento de mujeres juzgadoras, lo que implica un avance notorio en la implementación de políticas tendientes a lograr la paridad de género.
Hoy la discusión de una reforma judicial, que destaca la destitución masiva de juezas y magistradas, jueces y magistrados, pareciera hacernos retroceder, no solo décadas en la impartición de justicia, también nos rebota a espacios ganados como la meta de alcanzar designaciones paritarias en los órganos de justicia.
En los últimos 30 años, sin lugar a dudas se ha avanzado. No quiero con esto evitar la autocrítica, indispensable en cualquier ejercicio para mejorar las instituciones, sino simplemente destacar que lo que se ha desarrollado a través de tres décadas de implementación y evaluación constante tiene bases sólidas desde las cuales podría continuar construyéndose, eliminando aquellas prácticas o marcos legales que impiden el mejoramiento del ejercicio administrativo y disciplinario a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
No podemos desconocer los logros en la capacitación y formación de personal jurisdiccional y de selección de jueces, juezas, magistrados y magistradas. La carrera judicial es pilar básico de nuestra institución y de nuestra función, y lejos de desconocerse debe reforzarse.
Por cierto, por disposición expresa de los legisladores, en la reforma judicial de 2021, no puede accederse al cargo de magistrado federal, sin antes ser juez de distrito. Para evitar que el sistema judicial y sus integrantes se vean sometidos a posibles a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial, se debe garantizar la función de las personas juzgadoras mediante un adecuado proceso de nombramiento, así como su estabilidad e inamovilidad en su cargo para la protección contra presiones externas, tal como lo ha señalado la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La elección popular, además de posibilitar la existencia de conflictos de intereses, no ha garantizado en los otros dos poderes la ausencia de corrupción en las personas electas.
La creación del Tribunal de Disciplina, en los términos propuestos en la iniciativa, implica una amenaza latente para las personas juzgadoras, que atentaría directamente contra la independencia judicial. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la división de poderes y deposita en el Poder Judicial de la Federación la responsabilidad de salvaguardar los derechos fundamentales.
Es imperativo trabajar de manera conjunta en la construcción de un nuevo modelo de justicia, en aras de derechos y libertades que todas y todos queremos en nuestro país. Para ello se requiere analizar los objetivos que se buscan alcanzar con la reforma, así como valorar y discutir cuál es el mejor camino para lograr las propuestas.
Coincidimos en que abatir la corrupción y juzgar con perspectiva social, así como garantizar una impartición de justicia pronta y expedita, son objetivos loables para buscar una justicia que garantice los derechos humanos de todas las personas, que sin duda nuestra sociedad requiere. México merece que el análisis sea real y no político, que dejemos atrás posturas políticas y egos mal entendidos...
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Magistrada Hortencia, le pedimos que culmine, por favor.
La ponente Hortencia María Emilia Molina de la Puente: ... Que las propuestas sean serias y se alejen de soluciones simplistas. Que participemos todas y todos los involucrados, porque las personas que habitamos este país merecemos las garantías propias de un sistema democrático y vivir en un Estado de derecho que garantice la paz social. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente, agradecemos sus expresiones vertidas.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Cedemos el uso de la voz a María Gabriela Rolón Montaño. Ella es licenciada en derecho por la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en administración de justicia por el Instituto de la Judicatura Federal, una maestría en derecho por la Universidad de Guadalajara, así como un doctorado en derecho por la Universidad Anáhuac.
Ha sido catedrática a nivel superior en el Instituto de la Judicatura Federal y en la Universidad Anáhuac, así como a nivel posgrado en la UNAM, en la Universidad Panamericana, y en la Escuela Libre de Derecho y en el ITAM.
Ha recibido distinciones, como el Premio Mariano Otero por Excelencia Académica, con mención honorífica en sus estudios de doctorado, entre otros reconocimientos. Su experiencia profesional la ha desarrollado principalmente en el Poder Judicial de la Federación, como oficial judicial, actuaria judicial y secretaria de juzgado, así como jueza de distrito. Actualmente es secretaria ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal a partir del 2023. Bienvenida. Cuenta hasta con cinco minutos para desarrollar su ponencia.
La ponente María Gabriela Rolón Montaño: Gracias. Buenos días a las personas, o buenas tardes a las personas aquí presentes. Agradeceré tengan apertura para escuchar a quienes somos parte integrante del Poder Judicial de la Federación. Por ello, con la responsabilidad social que nos corresponde, hagamos un diálogo abierto, profundo y propositivo.
Pero antes de continuar, permítanme decirles que crecí en una zona ejidal, que mi padre trabajó como obrero, mi madre en un hotel. Con mucho esfuerzo lograron que yo fuera a la universidad. Historias similares tenemos los que conformamos el Poder Judicial de la Federación. Hemos llegado a ser incluso personas juzgadoras gracias a la carrera judicial y a nuestro esfuerzo cotidiano.
Ahora me enfocaré en hablar del Tribunal de Disciplina que se propone citar y también en tratar de evidenciar que mucho de lo construido en la disciplina judicial es funcional, sin dejar de reconocer, por supuesto, que, como todas las instituciones, esto es perfectible y mejorable.
Se dice, por ejemplo, lo escuché hace rato, que del Poder Judicial no se investiga a jueces y magistrados. Eso no es del todo cierto, pues si bien es verdad muchas quejas se desechan –y me consta porque actualmente soy secretaria ejecutiva de disciplina–, eso se debe a varios factores que yo pidiera que se analizaran.
Uno de ellos es la falsa creencia de la mayoría de la población de que a través de la queja administrativa se puede modificar o revocar una decisión jurisdiccional, lo cual es inexacto, puesto que el procedimiento disciplinario no puede tener ninguna influencia en el procedimiento jurisdiccional, percibe una finalidad de orden público, que es la regulación de la función jurisdiccional.
Otro factor es que los escritos de queja solo contienen argumentos genéricos, como que el juez o jueza resolvió con parcialidad, que fue injusto, que liberó un delincuente, pero no dan elementos específicos que nos pongan en evidencia alguna conducta jurídicamente reprochable. Menos aún aportan pruebas que demuestren un actuar incorrecto del servidor público. Como todo procedimiento necesita haber evidencias, cuando menos indiciarias, para iniciar un procedimiento.
¿Esto a qué se debe? La respuesta podría ser, y les pido que lo analicemos, si a través del procedimiento disciplinario no se puede modificar una decisión jurisdiccional, ¿qué tan atractivo resulta para un abogado postulante llevar un procedimiento en donde su cliente no tendrá una ganancia o una ventaja procesal en los procedimientos jurisdiccionales?
La respuesta sería: muy poca, ¿verdad? ¿Qué interés tendría? Por eso la mayoría de las quejas que se presentan son sin la asesoría de un abogado, en su mayoría incluso por personas privadas de la libertad, que de puño y letra expresan solamente su sentir, pero sin el conocimiento necesario jurídico para evidenciar específicamente en qué consiste una irregularidad, lo que nos llevaría como autoridad disciplinaria a especular o inventar en dónde está de manera específica la irregularidad.
Por eso todas las quejas deben llevar, como todo procedimiento, los elementos mínimos indispensables para que se inicie una investigación.
Pero bueno, sería importante para mejorar el sistema de justicia, quizás en la actualidad, que un ente público asesore a los denunciantes o víctimas en la elaboración de las quejas y durante el procedimiento administrativo. Yo les pregunto: ¿cuántos de los abogados postulantes aquí han llevado un procedimiento administrativo del lado del denunciante, de la víctima? Siempre es de parte del servidor público.
Ello tendría la finalidad de que se proporcionen elementos idóneos para la investigación y sanción de conductas reprochables y con ello mejorar el servicio de administración de justicia, que debo aclarar y hacer énfasis lo dicho a lo dicho ya por los ministros y ministras, no es lo mismo que la labor que desempeñan los policías y el Ministerio Público, cuya función y capacitación para que haya una verdadera justicia es una cuestión prioritaria.
Debo resaltar también en defensa del sistema actual que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, que en el procedimiento disciplinario actualmente tenemos y se ha priorizado la utilización de medios tecnológicos para la celebración de las audiencias a través de videoconferencias, lo que permite hacer fácil el acceso a los procedimientos de todas y todas las personas involucradas y en todas las regiones del país. Se tiene un sistema de justicia en línea que también facilita la interacción de las partes. La comunicación con los órganos jurisdiccionales auxiliares se lleva a través de medios electrónicos.
Como se ve, no todo está mal en el procedimiento actual, aunque como ya lo dije es perfectible, pero para ello hay que reconocer los aspectos funcionales de lo que actualmente existe.
Concluyo haciendo una reflexión nuevamente a algo que se ha dicho, pero seré muy breve. Un punto a tomar en cuenta en esta reforma que se propone es lo dispuesto en los artículos 19 y 20 constitucionales. Conforme al texto propuesto, se pudiera vulnerar el derecho a no autoincriminarse, puesto que obliga a los tribunales y a sus servidores públicos a dar aviso al tribunal de disciplina cuando excedan el plazo para dictar sentencia en asuntos fiscales y penales, y a justificar las razones de la demora.
También me remito a los tipos abiertos que ya han sido tratados con anterioridad y que son peligrosísimos jurídicamente hablando. También el tema de que las decisiones del tribunal sean inatacables, lo que actualmente sí se permiten recursos contra las decisiones del Consejo de la Judicatura, de manera que la propuesta pudiera significar un gran retroceso jurídico.
Por ello, reflexionemos con profundidad y con responsabilidad y conciencia colectiva esta reforma constitucional, pues es evidente que nos permitirá, que es lo que todos queremos, dejar un mejor México para nuestros hijos. Los invito a hacerlo. Gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Doctora María Gabriela Rolón Montaño, magistrada, agradecemos mucho su participación.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Daremos el uso de la voz a Nadia Villanueva Vázquez, quien es magistrada de circuito del Primer Tribunal Colegiado, en materia civil del Séptimo Circuito con residencia en Xalapa.
Es licenciada en derecho por la Universidad Tecnológica de México, tiene una maestría en derecho constitucional y amparo en la Barra Nacional de Abogados. Cursa el doctorado en derecho judicial en el Centro de Estudios de Postgrado. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación.
Ha sido docente en la Universidad Tecnológica de México y en la Universidad Veracruzana, impartiendo las cátedras de clínica del derecho de amparo y pláticas sobre igualdad de género, respectivamente. Se ha desempeñado como oficial judicial, secretaria ejecutiva, actuaria judicial y jueza de distrito.
Les recordamos que tienen hasta cinco minutos para hacer su participación y les recomendamos visualizar el tiempo en las pantallas que tienen al frente. Bienvenida. Adelante.
La ponente Nadia Villanueva Vázquez: Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero iniciar mi intervención diciendo que los integrantes del Poder Judicial de la Federación no somos corruptos, si bien es cierto que han existido fallas en el desarrollo de nuestra institución, esos actos de corrupción, nepotismo o algunos abusos han sido materia de investigación y sanción correspondiente por parte del Consejo de la Judicatura Federal.
Estas sanciones están públicas en las páginas de esta institución y que cualquier persona puede llevar a cabo y ver cómo es que se ha sancionado y a cuántos son los servidores públicos que se han sancionado, los cuales si ustedes pueden verificar el porcentaje es mínimo. Afortunadamente, ese tipo de personas que han formado parte de nuestra institución actualmente están fuera o sancionadas.
Esto quiere decir precisamente que son casos aislados, sin embargo, también quiero mencionar que dentro de los tres Poderes también existe corrupción, actos de nepotismo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.
Ha sido de dominio público cómo a través también en el Ejecutivo familiares de nuestro actual presidente de la República están involucrados en este tipo de actos, no sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo, sin embargo, a los integrantes del Poder Judicial de la Federación se nos han señalado con señalamientos simplemente genéricos y por eso se quiere llevar a cabo una destitución o cese de casi mil 700 juzgadores federales, sin que se nos haya oído y vencido en un juicio previo.
Esto es delicado, es delicado porque somos personas que venimos en una carrera judicial de 10, de 20, de 30 años en el servicio en el Poder Judicial de la Federación.
No somos personas que no estemos creadas, somos personas que hemos trabajado y hemos dedicado nuestra vida. Hemos sido parte de procesos de selección en exámenes que se nos examina a fondo. Somos personas también que conformamos órganos jurisdiccionales a cargo de personas que también entregan su vida y su dedicación al trabajo jurisdiccional.
Se nos ha señalado como personas que hemos sido ajenas al pueblo. Quiero señalar aquí que nosotros no estamos ajenos al pueblo. El primer momento en que nosotros tenemos el contacto con el pueblo es cuando presentan su demanda ante los órganos jurisdiccionales, demandas que son analizadas, que son admitidas, llevamos el proceso jurisdiccional adelante a través del Juicio de Amparo.
Personas que acuden a las instalaciones de los juzgados de distrito, tribunales colegiados, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación son atendidos desde el oficial que nos ayuda en la limpieza del órgano jurisdiccional, los oficiales administrativos, los actuarios judiciales, los secretarios proyectistas y los operadores jurídicos, quienes los recibimos, los atendemos a través de sus alegaciones y emitimos sus sentencias, estamos cerca del pueblo a través de nuestras sentencias, las cuales son emitidas con base en un estudio exhaustivo de cada una de las constancias que estos se refieren.
Somos un Poder también transparente, no somos opacos. Toda nuestra función está publicada en las páginas del Consejo de la Judicatura Federal. Cada mes rendimos una estadística en donde se establece cuáles son nuestros ingresos y egresos de asuntos.
Cada año el Consejo de la Judicatura Federal nos visita para ver nuestra función, en donde ahí las personas pueden presentar quejas o denuncias o alguna inconformidad en contra de cualquier servidor público.
Quiero mencionar aquí que si bien es cierto estamos de acuerdo en que debe de existir una reforma para el mejoramiento y fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, pero no para su desmantelamiento.
Y el único beneficio que nosotros tenemos como integrantes del Poder Judicial de la Federación es que estamos orgullosos de pertenecer a una gran institución que es protectora de los derechos humanos.
Ya se ha mencionado en diferentes foros, efectivamente, cuáles han sido los casos en que nosotros hemos sido intervinientes en protección, que las personas tienen que venir ante nosotros, ante los juzgados, los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si bien es cierto, han existido fallas y estamos abiertos a que exista una reforma al Poder Judicial de la Federación, es para la mejor impartición y administración de la justicia.
Somos transparentes, este tipo de reformas atenta también contra la carrera judicial. Los servidores públicos que vienen de nuestra institución han servido ante ellas y quieren llegar a ser operadores jurídicos –gracias–, quieren llegar a ser operadores jurídicos, pero basado precisamente en la carrera judicial.
Han ocupado diferentes cargos, desde el oficial judicial hasta ahora secretarios proyectistas y esto atenta precisamente contra la carrera judicial. Es un derecho laboral, a la estabilidad laboral y también a una estabilidad para ellos, para seguir adelante y que sean personas con la experiencia, con capacidades y con integridad, porque estamos siempre basados nosotros en la entrega, la dedicación y el compromiso a la justicia. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias a la participación de la doctora Nadia Villanueva Vázquez, magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Ahora daremos el uso de la voz a Jacobo Mérida Cañaveral, quien es originario de Tapachula, Chiapas. Es abogado, maestro en derecho público y doctor en estudios regionales, por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es autor de varios libros y artículos de derecho indígena, temas de justicia e integración centroamericana. Ha impartido clases a nivel superior y de postgrado en derecho judicial, derecho indígena, derecho electoral e integración centroamericana, entre otros.
En el servicio público se ha desempeñado como magistrado local, juez constitucional local y director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es presidente de la Red Centroamericana de Intercambio Académico de Derecho Internacional, Capítulo México y otras asociaciones y sociedades en materia jurídica. Actualmente es candidato investigador nacional por el Conacyt y desde el año 2022 imparte la materia de derecho indígena en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Le recordamos que tienen hasta cinco minutos para hacer el uso de la voz, recomendándole visualizar su tiempo en la pantalla, por lo cual, adelante, si gustan también pueden utilizar los atriles. Tiene hasta cinco minutos. Bienvenido Jacobo Mérida Cañaveral.
El ponente Jacobo Mérida Cañaveral: Gracias. Agradezco mucho la invitación de la Cámara de Diputados. En realidad, a mí me gustaría plantear que mi participación va dirigida a dar insumos a los señores diputadas y diputados que en el mes de septiembre van a discutir esta reforma tan importante para el Poder Judicial.
Y lo que voy a comentar el día de hoy, pues es parte de un trabajo mucho más extenso que ya presenté de manera electrónica a la Cámara de Diputados y esperemos que se discutan esas ideas y otras más que se han señalado en estos foros de gran éxito a nivel nacional. A mí me gustaría pedirles que me permitan hacer dos reflexiones generales de la reforma y, a la vez, con esas dos reflexiones ya dirigirme al tema que nos convoca el día de hoy.
La primera reflexión es comentar qué tipo de reforma tenemos. ¿Esta reforma es laboral? Evidentemente no, lo menciona en los transitorios de la misma iniciativa. ¿Es una reforma de justicia? Considero que tampoco, porque no incluye otros órganos del ecosistema de justicia, como tendrían que ser las fiscalías, las policías. Entonces, tenemos una reforma que tiene que ver específicamente con el Poder Judicial, y considero que en este caso es una reforma política.
¿A qué se refiere con la cuestión política? Se refiere que es el ejercicio del poder del Estado mexicano, a través de la función judicial. Y yo creo que esto nos permite ver esta iniciativa que ha presentado el señor presidente el 5 de febrero de este año, desde el ámbito de cuál va a ser el impacto en todo el sistema de justicia. O sea, hablar del Poder Judicial cuál va a ser el impacto en todo el sistema de justicia. Yo creo que esa es la primera reflexión que tengo que hacer de la iniciativa que nos convoca, en general.
La segunda reflexión es un tema que ha generado muchas discusiones. A mí me gustaría abordarlo y creo que se ha abordado de manera errónea, permítanme decirlo, porque se trata de la elección de jueces, ministros, magistrados del Poder Judicial. Yo creo que en vez de preguntarnos cuál es el método, si el método está bien o está mal, yo creo que tenemos que preguntarnos qué tipo de juez queremos, qué tipo de juez estamos tratando de crear con la reforma.
Y yo creo que, por un lado, tenemos algo que ha funcionado, habremos de reconocer, ha funcionado el sistema de méritos y exámenes de oposición. Ha generado certeza con los problemas que se han mencionado en este foro, pero también por otro lado, los que estamos desde afuera del Poder Judicial estamos claros que el Poder Judicial se requiere una reforma amplia y profunda, y considero que el elemento del tema de la elección nos lleva a dos cuestiones que me parecen muy interesantes.
Primero, el tema de la legitimación, hemos escuchado aquí voces más autorizadas que la mía, que hablan de la legitimación del Poder Judicial bajo otras condiciones que busca legitimación popular, y no quiero entrar a ese tema, que me parece muy importante y creo que lo pueden abordar de otra forma. Pero, hay un tema de legitimación que se está dando.
Y otra cuestión que me parece también muy interesante, es el tema de la sensibilidad social. Yo creo que esos dos puntos, creo que sí hay que reconocer que se deben de incluir en el ámbito y tal vez no perder la parte del proceso de reforma que está. -Con esas dos cuestiones aterrizo porque ya nada más me queda un minuto-. Y en este punto quisiera establecer que el tema del tribunal de disciplina lo veo como una cuestión de especialización de la función de la Corte. ¿Cuáles son los puntos negativos que tiene la iniciativa?
Uno, lo que se ha mencionado acá, el tema de que son inatacables las resoluciones del tribunal; considero que esto es importante revisarlo. Y segundo, el que esté constituido por órganos o por integrantes que de alguna forma tienen otra concepción de la justicia. Y considero que eso también es importante plantearlo.
Y, por otro lado, el tema de la carrera judicial me parece interesante y le corresponde al órgano de administración judicial. Me parece interesante que el elemento electivo se debe de incluir –esa sería mi opinión y sería mi propuesta–, dentro o a la par del tema del mérito y los exámenes de oposición.
Yo creo que los jueces y magistrados son muy capaces y plantean un proceso de reforma muy interesante. Agradezco nuevamente la invitación de la Cámara de Diputados y, reitero, esta es una presentación que es mucho más amplia y que ya se ha dado a los señores diputados y diputadas, se ha entregado a la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
El presidente diputado Juan Ramiro Robledo Ruíz: Una información a las señoras y señores ponentes y a todo el auditorio. Son muchos los expositores y por eso la restricción del tiempo, pero después de que se termine su primera exposición vendrá una ronda de legisladores que van a preguntarles, replicarles y preguntarles y exponer ideas. Y tendrán una segunda oportunidad todos para poder exponer y pudiera haber, si el tiempo y el vigor nos lo permiten, más rondas de preguntas y de respuestas. Para la tranquilidad, pues, por el tiempo de todos.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Gracias por la aclaración, presidente diputado Juan Ramiro. Doctor Jacobo Mérida Cañaveral, muchas gracias por su participación.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Cedemos el uso de la palabra a Marco Barrera Vázquez, que en México es abogado y activista en derechos humanos, en colaboración especial con las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el plano internacional es consultor en derecho fiscal con práctica en Milán, Viena y Londres. Ha trabajado en los tres poderes federales y ha participado en más de 400 casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ha sido profesor en la facultad de Derecho de la UNAM, Master of Laws por la Universidad de Economía y Negocios de Viena, diplomado en Métodos Legales Ingleses por la Universidad de Cambridge. Especialista en Derecho Fiscal por la UNAM y se autodenomina apartidista. Le damos la bienvenida a Marco Barrera Vázquez, quien cuenta hasta con cinco minutos para expresarse y le recomendamos tener muy presente el reloj que aparece en sus pantallas. Bienvenido.
El ponente Marco Barrera Vázquez: Muchas gracias. Comenzaré retomando una idea central, que creo que mi antecesor ha planteado bastante bien.
La presente reforma no es orgánica, ya hubo en su momento reformas judiciales orgánicas en área contemporánea, que fue la reforma del 99, fundamentalmente y la reciente del ministro Zaldívar, tampoco es judicial, ya fue la reforma del 06 de junio del 2011 constitucional a la Ley de Amparo y la ley respectiva. Esta es una reforma política y, hay que entender que va a cambiar el Poder Judicial federal y yo tengo el privilegio, como ciudadano, no soy autoridad, de observar algunas cuestiones que creo puedan contribuir.
Y quiero comenzar un poco describiendo lo que yo vi desde adentro, que es la Carrera Judicial. La Carrera Judicial efectivamente hace honor a los principios constitucionales de excelencia, profesionalismo, imparcialidad, objetividad que deben reunir los servidores públicos, noto que es el único servidor público en la Constitución al que se le exige que sea excelente. Y sí, son expertos, obviamente son honestos, claro, empiezan con grandes sacrificios en su carrera, toda la vida por años, yo he visto cómo terminan al final algunos hasta después de 50 años de carrera judicial en el anonimato, recibiendo un homenaje, entregando sus vidas y con grandes sacrificios, pero ¿qué es lo mal?
Han sido entrenados para manejar expedientes, eso es básicamente lo que han sido entrenados, tan luego se convierten en titulares el primer problema que hay, entendible y lógico, porque su visión es esa, esa es su práctica, su entrenamiento de años, es que ese confronta al personal. Obviamente no todos, pero es un problema sistémico que ya lo percibe inmediatamente la sociedad, hay crueldad, incluso, en el trato de titulares con el personal.
Esto es muy grave porque los ciudadanos de afuera yo creo que tendríamos que tener derecho a saber quiénes son y qué hicieron. Cuando vamos a los tribunales, pues quisiéramos saber honestamente con quién estamos parados porque hay unos que son impecables, hay unos que son inmaculados, sin mácula, pero no lo sabemos.
Luego con esta creación del consejo en 94, que dijo que mayoritariamente tenía que ver cuatro funcionarios de adentro del Poder Judicial federal que los convierte en juez y parte, es evidente que, si su entrenamiento viene de manejar expedientes y casos, no van a tener capacidad para manejar dineros, recursos públicos, políticas públicas. Son juez y parte en los procedimientos disciplinarios, yo lo he visto.
Me dio la tarea básicamente, y lo digo muy respetuosamente porque esto me duele, pero lo tengo que decir, si como anuncia el Consejo de la Judicatura Federal, este año se espera que resuelvan o que atiendan 1 millón 300 mil asuntos, y si tienen un presupuesto para este año de 69 mil millones de pesos, ¿saben cuánto nos cuesta cada sentencia a nosotros? Nos cuesta 53 mil pesos.
Y esto incluye sentencias de mero ingreso, resoluciones que a veces por la propia dinámica de las cargas de trabajo del pobre personal que se parte toda su alma, es más difícil ir al fondo ya. Esto, en serio, requiere un remedio, necesitamos obviamente que haya otro modelo, se propone el democrático y creo que no va a haber de otra porque hay que respetar la voluntad popular.
Podrá haber otro tipo de modelos idóneos y no hay que espantarnos, desde afuera es muy fácil ver que hay otros sistemas de justicia. No es necesaria absolutamente la carrera judicial, les puedo explicar mucho cómo es el sistema anglosajón, les puedo explicar cómo es en Italia, cómo es en Francia. Digamos simplemente que en Italia y en Francia son absolutamente minoritarios los jueces.
Hay que escucharlos, pero la integración es plural, las preside la independencia judicial, está encomendada al presidente de Estado, a Macron y a Sergio Mattarella, y nadie se espanta. ¿Por qué? Pues porque es muy delicada la función que hacen, es absolutamente más importante para nosotros que lo que hace la Corte, porque el Consejo de la Judicatura Federal es el que verdaderamente impacta en los circuitos.
Casi nadie llega a la Corte. Eso es excepcional. Quienes llegan realmente en el uso cotidiano y silencioso pues son los circuitos, a través de los 919 órganos jurisdiccionales; y yo con esto... Creo que todavía tengo tiempo, no, volvió a empezar, ¿verdad? Vale. Gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Gracias, abogado Marco Barrera Vázquez.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Continuamos con el orden del día, dando el uso de la palabra a Flor del Rocío Arrieta Méndez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo por la Universidad de Xalapa, doctora en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública de Veracruz.
Ella es catedrática en la Universidad Eurohispanoamericana de Xalapa, secretaria coordinadora ejecutiva del Comiré Directivo Estatal, la CNOP de Veracruz, secretaria coordinadora ejecutiva, en funciones de secretaria general, la CNOP, y entre otros cargos dentro de la administración pública estatal de Veracruz; recordándole nuevamente que tenemos hasta cinco minutos para realizar su exposición. Bienvenida, Flor del Rocío. Adelante.
La ponente Flor del Rocío Arrieta Méndez: Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Valoro participar en este foro convocado por la Cámara de Diputados. Agradezco a la diputada federal Lorena Piños Rivera por la oportunidad de expresarme el día de hoy.
Como académica universitaria especializada en Constitucional y Amparo, además de la experiencia profesional que tengo, no puedo estar de acuerdo en que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.
Yo soy una mujer de leyes, gracias. por ello afirmo que la justicia no se politiza ni puede ponerse a subasta electoral porque la justicia debe ser la meta de todo juzgador imparcial cuando un derecho le asista a un solo individuo contra una multitud o bien contra el poder avasallante del Estado.
La votación popular compromete el papel esencial de Poder Judicial federal como rama separada e imparcial del gobierno, que solo debe su actuación a la Constitución, a la ley y, subrayo, a nadie más.
La propuesta de reforma al Consejo de la Judicatura Federal para que transmute en un tribunal disciplinario, más que una mejora, es una demolición del sistema actual. Busca alterar los principios fundamentales que garanticen que nuestros órganos de justicia operen con la independencia requerida.
Presentaré hoy diez propuestas de reforma con razonamientos de derecho comparado, pero, por lo abreviado del tiempo, solo expresaré de viva voz cuatro, ya que las restantes las dejaré por escrito.
Primera. Ampliar la representación del Consejo de la Judicatura Federal, para incluir académicos, representantes de la sociedad civil y colegios de profesionales. El Consejo de Europa recomienda una composición mista.
Segunda. Garantizar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, para evitar presiones desde otros poderes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la autonomía presupuestaria es esencial para la independencia judicial.
Tercera. Implementar más medidas para garantizar la paridad de género. La Comisión Interamericana de Mujeres, ha instado a los Estados a adoptar medidas para garantizar la paridad de género en el Poder Judicial.
Cuarta. Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas del Consejo de la Judicatura Federal, ante la sociedad, sin comprometer la independencia judicial. La presidenta de la Corte Suprema de Canadá sugirió un sistema basado en indicadores de desempeño judicial, de este modo incluiría los siguientes indicadores:
a) Deficiencia. Esto es tiempo de resolución de casos y número de casos resueltos.
b) De calidad. Tasa de revocación de sentencias, claridad en la redacción, etcétera.
c) De integridad. Cumplimiento de normas éticas, declaraciones patrimoniales, entre otras.
d) De accesibilidad. Facilidad de comprensión de las sentencias, atención a grupos vulnerables, etcétera.
Así se permite una evaluación objetiva del desempeño judicial, facilitando la rendición de cuentas sin interferir en la independencia de las decisiones judiciales. La independencia de la magistratura es el principal contrapeso democrático frente a los demás poderes. El constitucionalista, Héctor Fix-Zamudio, argumentó que la selección de jueces debe basarse en criterios de mérito y capacidad, no en popularidad. Es reprochable que la carrera judicial sea anulada en la propuesta de reforma judicial que estamos deliberando.
Por otra parte, la necesidad de financiar campañas electorales puede generar conflictos de interés, los jueces electos podrían estar menos inclinados a proteger los derechos de las minorías por ser impopulares. La necesidad de volver a ocupar el cargo puede llevar a los jueces a tomar decisiones populares a corto plazo, en lugar de decisiones jurídicamente correctas.
El relator especial de la ONU, sobre la independencia de magistrados y abogados, ha enfatizado que la selección de jueces debe basarse en criterios objetivos y transparentes, que garanticen la cualificación profesional de los candidatos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la independencia implica que los jueces no deben estar sujetos a destitución por sus decisiones judiciales. Por ello confío en que el Tribunal Disciplinario no sea una santa inquisición persecutoria. Es cuanto.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias a la doctora Flor del Rocío Méndez Arrieta, catedrática de la Universidad Euro Hispanoamericana de Xalapa, por sus participaciones.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Continuamos con el licenciado Luis Tapia. Él es licenciado en derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en derechos humanos y democracia por la Flacso México, maestro en derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario en American University Washington College of Law. Fue abogado durante más de ocho años en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC.
Actualmente es profesor en la Universidad Iberoamericana, campus Torreón en México. En la Universidad Madero de Puebla y en la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, es consultor legal en temas relacionados con el sistema de justicia en organizaciones de derechos humanos en Washington DC y en México. Cuenta hasta con cinco minutos para hacer uso de la voz.
El ponente Luis Eliud Tapia Olivares: Agradezco la oportunidad de participar en este foro de discusión. La invitación que me hizo la Cámara de Diputados. Las participaciones anteriores me permitieron eliminar varias partes de mi discurso, para concentrarme en un aspecto muy preocupante relacionado con el Tribunal de Disciplina Judicial que se propone.
Primero quiero decir que nuestro sistema de justicia requiere una reforma. Eso es innegable. El llamado de las urnas fue fuerte el 2 de junio. Es evidente que existe una situación de discriminación estructural en el acceso a la justicia. Esto es, las personas que menos tienen ven a la justicia como lejana a su realidad cotidiana. Sin embargo, una reforma al sistema de justicia que se precie ser seria requiere partir de la evidencia, de un diagnóstico sustentado y no de iniciativas irreflexivas o, peor aún, de propuestas que lejos de mejorar el sistema de justicia lo empeoren.
Quiero referirme al contenido de la propuesta de crear un Tribunal de Disciplina Judicial que está en el artículo 100 de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, pero especialmente al contexto en el que se produce. Primero preguntaría: ¿hay corrupción en Poderes Judiciales? Yo diría: sí. Y también hay poder de corrupción en Poderes Ejecutivos y en Poderes Legislativos.
¿La corrupción cómo se combate? Con mecanismos diseñados para ello, como el Sistema Nacional Anticorrupción o como los mecanismos que existen. Pero, por cierto, no se combate con voto popular, porque si no, no habría corrupción en funcionarios hoy electos por voto popular.
Ahora bien, es necesario reformar la manera en que se investigan las posibles responsabilidades en que pudieran incurrir jueces y juezas al realizar labores jurisdiccionales.
Evidentemente sí, la ciudadanía debe ser informada de cómo puede denunciar actos de corrupción judicial, los mecanismos deben ser sencillos y de fácil acceso. Los Poderes Judiciales deben informar a la sociedad el resultado de las investigaciones. Se deben documentar los bienes de personas juzgadoras y sus posibles conflictos de interés.
También es necesario uniformar mecanismos de rendición de cuentas de personas juzgadoras en los Poderes Judiciales locales, pero la regla debe ser la presentación de evidencia y no acusaciones sin sustento.
El principio guía debe ser este: los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños, debido a su trabajo o al contenido de sus decisiones y sentencias independientes.
Acabo de citar a la relatora de independencia judicial de las Naciones Unidas en una comunicación dirigida a México, que hizo pública el 17 de junio pasado. La relatora expresó su seria preocupación por el presunto uso abusivo de canales gubernamentales de comunicación masiva, por parte del Ejecutivo, para estigmatizar y calificar a los operadores de justicia como corruptos o delincuentes en un contexto en que las consecuencias de tales declaraciones incluirían previsiblemente hostigamiento y abuso dirigido a influir en la toma de decisiones judiciales.
El que un fallo no beneficie a determinadas autoridades no significa que sea ilícito y siempre puede ser sujeto a revisión, porque hay mecanismos para ello. La relatora se refirió en específico a la sección de La Mañanera que se llama: jueces que favorecen a los delincuentes.
No podemos desligar la propuesta de ese contexto. El Tribunal de Disciplina Judicial propone sancionar a jueces que ocurran en diferentes conductas. Dichas causas de responsabilidad parecen adecuadas, más allá de referirme a que algunas que son contrarias, que son muy abiertas y que ya se refirieron. Quiero decir en específico que hay una que me causa preocupación: la causal del encubrimiento de presuntos delincuentes.
No desestimo que haya casos donde jueces y juezas hayan sido presionados o hayan recibido dinero para decidir en un sentido que favorece a personas acusadas de delitos, el problema es acusar a jueces de encubrir a personas imputadas sin presentar pruebas de que incurrieron en actos de corrupción, en situaciones descontextualizadas y faltando a la verdad o manipulándola.
El anterior relator de independencia judicial de Naciones Unidas se refirió a sanciones encubiertas por parte de instituciones ajenas al Poder Judicial o incluso realizadas por el propio Poder Judicial. El tribunal de disciplina judicial no se debería concebir bajo la idea de que toda orden de libertad de una persona es un acto de corrupción. La propuesta actual surge en ese ambiente. Una parte fundamental de la actuación de Poderes Judiciales implica que sean garantes de los derechos humanos. Las personas juzgadoras no deberían tener temor de declarar ilegales detenciones cuando policías privaron de libertad a personas, torturaron, ingresaron a casas sin orden judicial, intervinieron comunicaciones ilegalmente.
Termino aquí, pero me preocupa que esta reforma en realidad de la que estamos dialogando no es una reforma al sistema integral de justicia, sino es una reforma incompleta que queda a deber por sus ausencias y además es riesgosa para los derechos humanos de las personas. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Maestro Luis Tapia, profesor en la Escuela Judicial y en la Universidad Iberoamericana, muchas gracias por su participación.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Cederemos el uso de la voz a la magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal. Ella estudió en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es doctora en ciencias penales y política criminal, maestra en ciencias jurídico-penales, grados obtenidos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Maestra en gobierno y políticas públicas por la Universidad Panamericana. Ha cursado diversos diplomados y especialidades en México y en universidades de prestigio de España, Italia y Chile.
Se ha desempeñado en diferentes espacios dentro del Poder Judicial de la Federación y actualmente como magistrada de circuito integró el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Noveno y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Penal en el Primer Circuito.
Fue secretaria Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal. Presidió el Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales en el Consejo de la Judicatura Federal. El Pleno de Circuito en Materia Penal del Primer Circuito y, actualmente, es magistrada consejera de la Judicatura Federal. Bienvenida. Tiene hasta cinco minutos para hacer uso de la voz.
La ponente Lilia Mónica López Benítez: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. La iniciativa de reforma al Poder Judicial propone sustituir al Consejo de la Judicatura Federal en un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial.
La propuesta de división se centra solo en las funciones de disciplina y administración, perdiendo de vista las de vigilancia, inspección, contraloría e investigación. El consejo realiza estas funciones a través de dos órganos de gobierno: las Comisiones de Vigilancia y Disciplina con el auxilio de tres órganos auxiliares: visitaduría judicial, contraloría y la unidad general de investigaciones de responsabilidades administrativas.
En la Cámara de Diputados, apenas el mes pasado, presenté cifras globales de las sanciones y medidas impuestas por los tres órganos auxiliares encargados de la vigilancia y disciplina del consejo.
Hoy me refiero específicamente a los datos de la Comisión de Disciplina que entre 2018 y 2024, es decir, en esta administración, sancionó a 264 personas con funciones jurisdiccionales entre las que se encuentran 49 jueces de distrito y 62 magistrados de circuito con sanciones que van desde apercibimientos hasta destitución e inhabilitación, y se presentaron en este periodo ante el Ministerio Público 20 denuncias por diversos hechos con apariencia de delito.
Cabe destacar que la ciudadanía puede presentar quejas o denuncias en contra de personas servidoras públicas de la Judicatura Federal a través de un buzón disponible en Internet. Es decir, que contrario a lo que señala la exposición de motivos no se trata de una facultad reservada para la Suprema Corte, sino para toda persona interesada.
Es necesario alertar que con la división del consejo en un órgano de disciplina o consejo disciplinario y un órgano de administración o consejo de administración se pierde integralidad en las determinaciones, cohesión de información y gobernanza.
Las determinaciones del consejo atienden problemáticas multifactoriales e interdisciplinarias que en la mayoría de los casos se resuelven con una perspectiva integral, resultado del ejercicio de más de una función como vigilancia con carrera judicial, seguridad con adscripción, disciplina con administración y creación de nuevos órganos con inspección.
Lo más preocupante es que la iniciativa pretende que el Tribunal de Disciplina revise si las y los juzgadores se excedieron en el ejercicio de la función jurisdiccional, no atendieron el interés público o por la percepción de que sus resoluciones invaden competencias del Ejecutivo y Legislativo. Las personas juzgadoras estamos obligadas a resolver con fundamento en el marco constitucional, legal y convencional.
La creación de un Tribunal de Disciplina no cambiaría esta obligación, por ende, este órgano no debe revisar el criterio jurisdiccional pues existe todo un sistema recursal con instancias y mecanismos de impugnación.
Pretender lo contrario constituiría al Tribunal de Disciplina en un órgano inquisitorio y de persecución que atente contra los principios constitucionales y tratados internacionales que establecen la obligación de los Estados de garantizar la independencia judicial, entendida como un componente esencial de derecho humano a un juicio justo y a la protección judicial efectiva.
Sin menosprecio de la buena intención de materializar una justicia pronta, la reforma pretende establecer plazos para que los órganos jurisdiccionales resuelvan. En este aspecto, se carece de un diagnóstico adecuado y soporte estadístico pertinente, ya que en la mayoría de los casos se debe tomar en cuenta la complejidad de los asuntos, su volumen y el incremento de litigios que generan una exorbitante carga de trabajo que solo podrá abatiré con recursos presupuestales suficientes para instalar más juzgados y tribunales y contar con personal capacitado.
La reforma también erige al Tribunal de Disciplina como órgano terminal, lo cual vulnera el derecho a un recurso efectivo y deja en estado de indefensión a las y los servidores públicos judiciales.
Lo anterior no impide advertir áreas de oportunidad, aunque se torna complicado con la elección de sus integrantes por voto popular al ser inevitable generar consignas y compromisos que restarán objetividad al investigar y sancionar.
Ahora bien, en relación con la integración del órgano de administración el que a sus integrantes no se les exija experiencia jurisdiccional pone en riesgo la comprensión del acceso a la justicia y carrera judicial que, dicho sea de paso, es necesario preservar.
Concluyo. Como se puede advertir, para la sustitución del Consejo por dos nuevos órganos, uno disciplinario y otro de administración, no basta con repartir personal, inmuebles y recursos, pues el que la iniciativa de reforma parta de datos y estadísticas que ya no corresponden a la realidad, como el padrón de familiares de 2017, se sustente en un diagnóstico sesgado y que carezca de un diseño funcional, generará dispendio de recursos y falta de claridad para una adecuada armonización legislativa, lo que invariablemente impactará en la justicia social que hoy, señoras y señores, México reclama. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Magistrada consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, muchas gracias por su participación.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Cederemos el uso de la palabra a la magistrada de circuito Selina Haidé Avante Juárez. Ella es egresada de la Universidad de La Salle, con mención honorífica. Maestra en derecho procesal constitucional, por la Universidad Panamericana, con mención honorífica. Es especialista, en esta misma universidad, en amparo, derecho penal, administrativo y fiscal. Certificada en sistema acusatorio adversarial, por la Universidad de Sevilla, España, así como derecho penal, general y especial... En la Universidad de Salamanca. Especialista en derechos humanos, por la Universidad de FLACSO y en materia tributaria por la UNAM.
Tiene estudios de doctorado en la Universidad Anáhuac México Sur y es docente en el curso de especialización judicial por 16 años consecutivos en materias de amparo, suspensión metodológica, argumentación, ética judicial, pensamiento crítico, derechos humanos y análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora y conferencista en universidades diversas. Columnista en materia de derechos humanos y obras publicadas en derecho penal y derechos humanos.
Su trayectoria profesional en el Poder Judicial de la Ciudad de México y Poder Judicial Federal, donde ha sido magistrada federal por 16 años en diversas adscripciones en todas las materias. Actualmente adscrita al Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Jalapa. Bienvenida, magistrada de Circuito, Selina Haidé Avante Juárez, tiene hasta cinco minutos.
La ponente Selina Haidé Avante Juárez: Muchas gracias. Hoy tengo la honrosa oportunidad de ver reunido un momento histórico, los tres Poderes estamos aquí y estamos aquí porque el objetivo es el mismo, el bien de México.
Vamos a empezar por partir de que una reforma seria, tan seria como todos nosotros, requiere partir de premisas verdaderas y para ello suscribo todo lo que han dicho ya quienes me han antecedido en el uso de la palabra en esta mesa, todos ellos brillantes, el diagnóstico actual determina en las cifras actuales, que de los 53 mil 160 servidores públicos, 391 han sido denunciados de manera incluso anónima.
Y en materia de corrupción, para abreviar, 0.7 % del total del Poder Judicial de la Federación ha tenido algún indicio de corrupción, 0.7 %.
El nepotismo. ¿Sabían ustedes que tenemos un Comité de Integridad, a través del cual informamos permanentemente a quién vamos a nombrar y que tenemos que hacer del conocimiento del Consejo, si vamos a nombrar al familiar de algún compañero o compañera? Y que además, ¿son revisados de manera muy estricta estos nombramientos? Tampoco hay tráfico de influencia, para eso está la colegiación y la vigilancia permanente.
¿Sabían que tenemos un sistema electrónico SISE por el que somos monitoreados todos los días en toda la jornada laboral y que puede ser abierto desde el Consejo en cualquier momento? Estos son los controles estrictos, correctos y funcionales que existen para los juzgadores federales.
Nuestra actualización tampoco está en juego, tenemos que realizarla permanentemente y con altos niveles de exigencia. Esto, ¿qué significa? Las premisas de la reforma no son tales y no se van a solucionar si sacas lo que funciona.
Dice un principio empresarial, lo primero que tienes que hacer cuando empiezas es dejar lo que sirve y sirve bien. Si mi licuadora funciona, no la voy a tirar a la basura. Eso es lo que hay que hacer.
Bueno y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar en equipo con un sistema integral, fiscalías, justicia local. Nosotros revisamos a las autoridades arbitrarias y, ¿sabes qué? No es rezago es saturación. Porque todo lo que no funciona viene a dar al Poder Judicial Federal.
¿Qué hay que hacer? Es sistema de oralidad, tenemos que darle más juego. Tenemos que establecer sistemas de arbitraje, tenemos que evitar que las cosas no funcionen abajo, para que no todo termine en terapia intensiva del sistema de justicia, que somos nosotros, la justicia constitucional. Y para eso necesitas jueces de excelencia, que han dedicado la vida al estudio, al trabajo, al trabajo serio, a la responsabilidad. Porque, ¿saben algo? Para nosotros los juzgadores esto no es un trabajo, es una vocación de servicio.
Concluyo diciéndoles aquí hay hombres y mujeres de Estado. Aquí solamente hay gente inteligente, que sabe perfectamente que destruir no construye en nada. Vamos haciendo equipo, vamos haciendo una reforma que verdaderamente sirva para servir al pueblo.
Por cierto, nosotros trabajamos por los derechos humanos y hemos sido premiados desde hace muchos años como institución por la tutela de los derechos de todos, mujeres embarazadas, mujeres sometidas a violencia, niños, adultos mayores, pobreza extrema, poblaciones lésbico gay, matrimonios del mismo sexo, autodeterminación. Hemos protegido a todos por igual y siempre en suplencia de la queja por los más vulnerables, a través de lo cual tenemos también tratados internacionales.
Todo esto nos convierte en la gente que se ha formado día a día en la Judicatura. Nosotros no, no estamos para hacer reír a nadie. No, no somos chistosos ni populares. Somos las personas a las que el pueblo acude cuando la situación es grave, igual que el médico que te opera a corazón abierto o que opera tu cerebro.
El bisturí de los derechos humanos es tan peligroso, que no se puede poner en manos de ningún aprendiz ni de ninguna persona que no esté comprometida con los derechos de la gente. Si hay un poder cercano al pueblo, somos nosotros. Claro que tenemos que mejorar cosas, pero la forma de mejorarlo es hacerlo juntos. Yo los invito a que construyamos puentes y no muros, a que trabajemos juntos porque el pueblo lo que quiere es esta justicia –de verdad– pronta y expedita de todo el engranaje.
Vamos trabajando juntos para hacer lo que el himno nacional nos dice. Dice que en cada uno de los mexicanos hay un soldado. Seamos los soldados del pueblo, seamos los soldados de México. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias, maestra Selina Haidé Avante Juárez, magistrada de circuito.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Y daremos el uso de la palabra a nuestro último ponente. Él es el licenciado en Derecho, Enrique Galicia López, quien ha participado en diversos diplomados, cursos y seminarios impartidos por la Condusef, por la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral y la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde 1998 a la fecha es secretario de Tribunal de Base en el ahora Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito en Villahermosa, Tabasco. Y ocupa el cargo de secretario general del Comité Ejecutivo Local de la Sección 34 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, licenciado Enrique Galicia López, tiene usted hasta cinco minutos.
El ponente Enrique Galicia López: Muchas gracias, buenas tardes. Hoy, en el Consejo de la Judicatura Federal, tenemos el siguiente panorama, visto desde la representación sindical. Si un titular es denunciado por el personal subordinado, solo se le cambia de adscripción y, entonces, su mala conducta continúa afectando a su nuevo personal. Y si el titular es separado del puesto, continúa en la nómina ordinaria en tanto no se emita una resolución en los años dilatorios del procedimiento.
Eso no sucede con el personal operativo y de mandos medios, a quienes inmediatamente se les separa del cargo mediante el famoso artículo 51 Bis de uno de los acuerdos generales del Consejo, en el que se desconoce el procedimiento exprofeso de la legislación laboral burocrática.
Cuando valientes trabajadoras y trabajadores han denunciado acoso u hostigamiento de su titular, el desechamiento de sus escritos o la dilación en acordar su admisión es un claro mensaje de que los titulares son protegidos y entonces se inhibe a potenciales afectados para denunciar y la historia se repite constantemente.
Con el pretexto de la austeridad no se sustituyen muchas licencias médicas, dejando que entre el personal activo se cumplan las funciones de quien esté de licencia, lo que trae mayor carga de trabajo para la persona que deba cumplirla. Hay órganos y unidades que carecen de suficiente material de oficina y de equipo mobiliario.
Se creó la plaza de secretario proyectista, que es de confianza y, desplaza a las actuales plazas de secretario de juzgado o secretario de tribunal, que son de base eso en detrimento de la estabilidad en el trabajo.
No se pagan las horas extraordinarias realmente laboradas, no se atiende la solicitud de un apoyo económico y vale de gasolina para las personas actuarias judiciales, quienes además trabajan con mucho riesgo diariamente debido al carácter de sus funciones, incluyendo realizar notificaciones en la madrugada.
No se garantiza la estabilidad en el empleo de compañeros con plazos a disposición del Consejo, que pueden ser movidos de ciudad de un momento a otro, generando el perjuicio de la desintegración familiar.
En procedimiento especial sumario seguido en la Comisión de Conflictos Laborales, por razón de que la persona titular denunciada impugne, el Consejo no resuelve en meses, perdiéndose así el objetivo de la inmediatez en perjuicio de quien ya obtuvo un fallo favorable.
Al personal de mandos medios desde hace 10 años no se le autoriza un incremento salarial, lo que sí ha sido autorizado para el nivel operativo, pero solo en la medida inflacionaria, lo cual no alcanza para recuperar el poder adquisitivo suficiente.
En abril pasado, la ministra presidenta aceptó reunirse con la dirigencia sindical, donde previamente fueron recogidos y resguardados nuestros teléfonos móviles para después sustancial y definitivamente negarnos el incremento de prestaciones económicas debido al recorte de presupuesto, pero contenta dijo: a la Corte, nos fue muy bien en el presupuesto.
En incongruencia con lo anterior, hemos constatado que los altos mandos y titulares, además de la nómina ordinaria, reciben puntualmente sus incrementos en las prestaciones extraordinarias en UMA´s de alimentos, gasolina, telefonía, bibliografía, check up médico y pago de riesgo. Asimismo, jueces y magistrados con la facultad legal de otorgar los nombramientos al personal subordinado y cumplidos los seis meses interrumpidos, pueden otorgar la base, pero en muchos casos, no en todos, ¿verdad? hay sus honrosas excepciones, en muchos casos suspenden la continuidad de los nombramientos para evitar conceder las bases e impedir que prospere el reclamo legal.
Estas prácticas obligan a quienes aspiran a obtener su estabilidad con la basificación a mantenerse sumisos y obedientes y tener el sentimiento de gratitud o lealtad obligada a la persona titular que lo favorece con nombramientos, primero, y después con la base. Esto, solicitamos que, en la inminente reforma, por favor, sea revisado.
Por otra parte, si bien el plan establecido contra el nepotismo evitó que un titular tuviera a sus familiares en su mismo órgano de acreción, ahora la práctica se extendió a más órganos porque entre titulares intercambian propuestas de personal no sólo familiares, sino de otros tipos de relaciones personales dejando de lado el sistema de listas de acceso y promoción en la carrera judicial, puesto que no están obligados a nombrar en orden de excelencia académica, sino con que sólo estén en la lista correspondiente.
Apreciados compañeros del Poder Judicial porque sé que nos están escuchando, sindicalizados, nosotros como personal operativo, unos, y de mandos medios otros, debemos ver esta iniciativa de reforma a través del órgano de administración judicial propuesto como una enorme oportunidad de obtener mejores condiciones de trabajo, con verdadera justicia y equidad al interior del PJF, con la posibilidad de que el presupuesto tenga una administración eficiente y así recibir puntualmente cada año un progresivo incremento salarial con poder adquisitivo.
Y que a través de la auténtica vigilancia del Tribunal de Disciplina Judicial que se proyecta, no haya pretexto de tener otras funciones para que resuelva con autonomía, justicia, equidad y prontitud los asuntos acumulados que hoy existen. Ya termino, perdón.
La carrera judicial no debe de desaparecer y eso lo saben los legisladores, tanto salientes como entrantes porque está dispuesta en la ley expresa y recién creada, porque ellos han manifestado, los legisladores, la necesidad de respetar la carrera judicial como la experiencia previa para tener buenos jugadores.
Además, el tema de la elección también nos dará la valiosa oportunidad para elegir como jueces, magistrados y ministros a personas que, teniendo evidente capacidad técnica y profesional para la judicatura, igual hayan demostrado respeto y trato humano hacia los justiciables y a sus subordinados que, en este caso, no es la base trabajadora.
Y, sobre todo, para el caso de verse a la base trabajadora como potenciales titulares, es necesario desde ahora entender que ser una buena persona también es parte esencial y característica de quien desea juzgar. Muchas gracias por su paciencia.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Agradecemos mucho la participación del licenciado Enrique García López. En este sentido, agradecemos a todas y a todos nuestros ponentes por sus valiosas participaciones y expresiones vertidas en este espacio, en este ejercicio de democracia participativa donde todas las voces son escuchadas.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Daremos, a continuación, paso al desarrollo de estos diálogos con la etapa de preguntas y respuestas. Bajo los criterios del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, cada grupo parlamentario podrá tener un representante que será mencionado de manera ascendente y podrá realizar una pregunta o cuestionamiento dirigido a cualquier ponente, el cual dispondrá hasta de tres minutos, por lo cual les pedimos claridad y precisión en su intervención, respetando, por supuesto, el tiempo establecido.
Hago de su conocimiento que se realizará la ronda de preguntas en conjunto para posteriormente permitir a cada uno de nuestros ponentes el desahogo de las mismas. Los participantes podrán hacer uso de palabra desde su espacio o podrán hacer uso de los atriles que se encuentran a los costados de esta mesa.
Les pedimos que nos hagan mención, así también, de hacia quién va dirigida su pregunta. Para dar inicio a este ejercicio, le pediría a nuestro compañero representante de Movimiento Ciudadano, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, hacer uso de la voz.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muy buenas tardes a todos y a todas, que nos acompañan el día de hoy. Yo no comparto la idea polarizada del bien contra el mal porque en una lucha, cuando todo está bien y otra parte está mal, creo que hay imperfecciones y hay un abuso tanto del bien como del mal.
Yo creo que lo que hace falta ver es que la reforma es necesaria, sí, pero no porque esté mal. Yo creo que hay cosas que se pueden corregir, pero si partimos de esa idea de que todo está mal y hay que modificarlo, también le estamos dando un efecto con una connotación negativa que a la postre se va a traducir evidentemente en que la gente inducidamente pueda tener una opinión de esa magnitud.
Que quien tiene los votos, en este momento, para encargarse de llevar esta reforma tiene la legitimidad, eso es indiscutible. Eso no está a discusión; sin embargo, creo yo que tanto los votos que le fueron otorgados a la mayoría como los que no le fueron dados forman parte de esa legitimidad, y por lo tanto merecen ser escuchados.
Esa es una parte fundamental, es decir, quien gana no gana para solo los que votaron por él, gana para todos los que legitimaron la elección y entiéndase a ellos los que también pudieron estar en contra. Por lo tanto, el principio fundamental de esta reforma tiene que velar las dos partes: entender que en el Poder Judicial hay cosas y hay personas que valen la pena y que no hay que desacreditarlas porque no todo está mal, como también, hay que decirlo, hemos coincidido en cada uno de estos foros en que es necesaria la reforma, partiría de ese principio.
Yo diría que hay dos cosas fundamentales que resolver, la corrupción, por un lado; la eficiencia y la eficacia del Poder Judicial. Sin embargo, comparto lo que aquí el compañero Tapia decía, no me queda claro si la elección va a resolver en determinado momento esos dos problemas y los que se derivarían de ellos.
¿Cuáles, por ejemplo? Nosotros nos enfrentamos en la Cámara de Diputados hoy a un nuevo problema, el asesinato de compañeros en campaña, una discusión que no, que discutimos, que atendimos, pero que no está resuelta y que puede escalar al Poder Judicial. Eso es un problema que nos puede acompañar en una elección abierta.
Me parece también, que lo que tendríamos que hacer es, no solamente abrir una campaña de votación, si eso es lo que se prefiere. Me parece aquí, y aquí lo he escuchado, tendríamos que integrar la participación ciudadana, gente con competencias académicas, con probidad, en términos judiciales, que pudieran acompañar el proceso, en esa parte me parece fundamental.
Y, por cuestiones de tiempo, yo diría rápidamente, también habría que integrar en esta reforma un presupuesto constitucional para que pudiera ser la autonomía más viable. Y dejaría una pregunta rápidamente para tratar de qué es, quien trató este tema. ¿Esto resuelve, cómo podríamos resolver cómo avanzar a una elección que nos permita realmente generar eficiencia y reducción de la corrupción? Esta es la pregunta directa. Gracias. Gracias ponente.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Le cedemos el uso de la palabra a nuestro compañero diputado, Gerardo Fernández Noroña, hasta por tres minutos. Recordándoles que nos puedan apoyar con la mención hacia quien va dirigida su pregunta.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero, mis felicitaciones a los abogados, abogadas, hoy en su día. Don Emilio Krieguer, que era doctor en derecho constitucional, me invitaba siempre a las asambleas de la Anade, y yo le decía: don Emilio, pero yo no soy abogado. –Y me decía: tú abogas por la gente ¿no? –Sí. –Entonces, eres abogado. Así es que me incluyo en la celebración.
Miren, he estado escuchando con mucha atención. Yo soy ateo, es público. Martin Luther King tiene un discurso bellísimo que se llama “El instituto del bastonero”. Está Jesús, y 12 apóstoles le dicen: queremos sentarnos a la siniestra y a la diestra tuya. Y él les dice: eso yo no lo puedo decidir. Quienes se van a sentar a la diestra y a la siniestra, quien va a ser el mejor va a ser el que más sirva a todos y a todas.
A mí me parece que cuando se habla del mérito personal, de la carrera, del esfuerzo, del origen... Eran pescadores los apóstoles, surgidos del corazón del pueblo. Ése no era su mérito. El mérito que se les estaba exigiendo era que sirvieran. Y hoy el Poder Judicial no está otorgando justicia. Aquí se dijo que una licuadora que sirve no se tira. No, no es una licuadora, es una trituradora de carne el Poder Judicial.
Y nosotros lo que pedimos es justicia. Y no les pedimos que sean ni chistosos ni populares. Porque quienes estamos en el origen del voto popular no estamos ahí por chistosos o populares. O, en todo caso, estamos por populares por compromiso con el pueblo, por entrega, por firmeza, por combate a las injusticias, por impulsar el proceso de transformación.
Nunca, nunca va a ser retroceso la democracia. El que el pueblo decida a las personas juzgadoras se llama democracia. Y a quien no le guste la democracia está en el lugar equivocado. Porque ése es el sistema que la humanidad ha desarrollado como el más adecuado. Donde todas y todos valemos lo mismo, donde se respeta la dignidad y el criterio de cada uno y donde la mayoría decide. Y la mayoría decidió. Ése no era el tema, pero en todos los foros es el tema, que si es incorrecto que se elija. No es incorrecto o correcto, es la decisión del pueblo el 2 de junio y la vamos a cumplir.
Y en la medida que los integrantes del Poder Judicial... mi respeto para todos aquellos que sirven con honor, con compromiso, con justicia... hagan bien su tarea van a ser reelegidos. Tienen pase directo todos para ir a la elección. Ni uno solo será excluido de poder ir a ser ratificado por nueve años en su espacio.
Termino. Nadia Villanueva Vázquez dice que los familiares del presidente son corruptos. La emplazo a que presente las denuncias correspondientes. El Poder Judicial no es parte nuestra. Y evidentemente que cualquier persona haga una acusación de este tipo es temerario, pero que una magistrada diga eso, sin hacer nada, me parece una irresponsabilidad.
Todos los actos que haya de corrupción presenten las denuncias correspondientes, que ustedes siguen dominando el Poder Judicial y sancionarán a los familiares del presidente que estén incurriendo en esta circunstancia. Pero, si no es así, exijo la disculpa pública correspondiente. Muchas gracias por su atención.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias al diputado Gerardo Fernández Noroña.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Le daremos el uso de la voz al senador electo Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Buenas tardes. Yo también me pronuncio por que no se vuelvan estos diálogos unos monólogos alternados y, mucho menos, monólogos alterados.
He platicado en estos días con muchos miembros del Poder Judicial, consta en la reunión. He acudido a dialogar, escuchar que están pensando, buscando encontrar lo mejor de sus inquietudes, de sus propuestas para tratar de que este diálogo tenga algún beneficio para lo que hoy ya es un hecho.
Yo parto de una idea que les decía ayer, antier, en Veracruz a los magistrados, a los jueces con los que estaba platicando: no se lo tomen a personal. Y qué bueno que aquí ya miembros de la academia, de la defensa de los derechos humanos ubican el contexto de esta reforma como eminentemente política, en términos de que se está tomando una decisión histórica de que el pueblo va a decidir. Eso ya se entienda que así va a ser, el pueblo va a decidir por el voto popular, que es la esencia de la reforma.
Ya todo lo demás está planteado. Yo sí acredito que la democracia y la vocación del pueblo y el conocimiento del pueblo va a hacer que el Poder Judicial se perfeccione. En el tema de hoy, que inclusive también pone que los nuevos miembros de este Tribunal de Disciplina vayan también al voto popular para ser nombrados.
A mí me llama la atención como debate de fondo, porque hay un tamiz central que es lo que yo también escucho no nada más en los magistrados y los miembros del Poder Judicial, sino en el sentimiento popular que es el que yo represento y hay una base central de la necesidad de esta reforma, el tema de la corrupción.
Y en ese sentido yo la pregunta que le dejo a la compañera que es de la Judicatura, Lilia, es por el dato que nos da el senador Monreal de los 45 mil millones de pesos que se le autorizan anualmente a la Judicatura, que es un dato brutal para este país que se gaste tanto dinero y que los resultados que nos vengan a presumir como si fuera un éxito es que hay el 0.7 % de resoluciones en contra de la corrupción, que esto no será que están haciendo un pésimo trabajo en la materia, que no están funcionando, porque hay que ser realistas, la justicia en este país está muy corrompida y de lo que se trata es que el pueblo pueda decidir de manera franca, directa, quiénes tienen que practicar. Ojalá lo pudiera responder. Gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias al senador electo Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Daremos el uso de la palabra al diputado Santiago Torreblanca Engell.
El diputado Santiago Torreblanca Engell: Quiero primero hacer un pequeño corolario, a ver si me da tiempo de hacer las preguntas después, sino en la siguiente ronda, pero primer punto, el respeto a los derechos fundamentales y la labor del juez constitucional por esencia es contramayoritario, sino no habría defensa a las minorías, por eso resulta un contrasentido someter el voto popular tanto al Tribunal de Justicia Militar como a jueces de distrito, colegiados y colegiados de apelación, hace un sinsentido porque se deja a las mayorías.
El día de mañana si las mayorías están en contra de la comunidad LGBT, pues se anularían sus derechos, aparte de que se pondría en riesgo la seguridad jurídica de las personas. ¿Qué pasaría si el día de mañana un gobernador en esta tribuna acusa a alguien de pederasta y la gente lo considera tal? ¿Ustedes creen que ese juez que se está jugando la reelección aún sin tener un solo elemento de prueba en la carpeta de investigación se atrevería a absolverlo?, lo más seguro es que no.
Y, ¿qué pasaría si a este juez lo someten a este tribunal de disciplina militar, militar digo, judicial digo, santa inquisición o cómo lo quieran llamar?, pues este tribunal buscaría sancionar a ese juez, buscando que la gran mayoría no lo castigara, es delicadísimo para las minorías y una democracia no solo la representación de la mayoría, sino la defensa de los derechos fundamentales de cada individuo y de las minorías.
Se habla mucho de corrupción en el Poder Judicial Federal, yo dónde he visto la corrupción es en las Fiscalías, en todas, todas de cualquier color porque eso de la Fiscalía Autónoma no sirvió de nada, todo siguen ninguneados a los gobernadores, son corruptos, ineficientes, aparte de que no hemos cumplido con la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso Digna Ochoa de que los servicios periciales deben de ser autónomos, eso sí no lo hemos cumplido y en los Poderes Judiciales locales.
Pero, en los Poderes Judiciales locales los actuarios piden dinero para ir a notificar, para un embargo ya hasta tarifa tienen, ya como arancel, ya como si fueran notarios. Yo nunca he visto que en el Poder Judicial Federal pase eso.
Ahora, dicen, es que la mayoría nos pidió eso, pues sí, porque la mayoría confunde los términos, les hablo de consulta indígena, ¿a poco no, en el tema de consulta indígena y no sé, por aquí estaba la diputada Irma, que sabe mucho del tema, y aquí hay un experto en derecho indígena, no se pide que la consulta sea previa e informada?, ¿saben por qué se pide que sea informada?, para que un grupo de poder no llegue a engañarlos como en este momento un grupo de poder está llegando a engañar a la ciudadanía. Lo dejo por aquí, por este momento. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias a la participación del diputado Santiago Torreblanca Engell. Recordándoles que este espacio va dirigido, particularmente, para preguntas y respuestas, por lo que les pediríamos a los siguientes oradores puedan realizar una pregunta y nos puedan hacer mención hacia quién va dirigida la misma.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Daremos el uso de la palabra al diputado Hamlet García Almaguer, que cuenta hasta con tres minutos para hacer su pregunta.
El diputado Hamlet García Almaguer: Muchas gracias, senadora, buenos días, tardes ya, al presídium y por supuesto a la audiencia quienes ven la transmisión a través de las plataformas del Congreso. Primero, este es un ejercicio serio y es un ejercicio de diálogo entre Poderes que me parece efectivo. Además, de saludar en general, magistrada Selina Avante, quisiera solicitarle encarecidamente que remita un saludo a su hermano, el magistrado Alejandro David Avante.
En cuanto a las preguntas a los ponentes, quisiera preguntar sobre un foro, bueno no fue foro, fue un curso, celebrado el 13 de junio de este año, a las 18 horas, a través de una plataforma virtual webex, impartido por Fernando Rivera González, secretario técnico. Esta pregunta es para las consejeras de la Judicatura, y el tema fue cese de los efectos del nombramiento, actas administrativas y etapas del procedimiento laboral.
Es decir, el Consejo de la Judicatura impartió a los jueces y magistrados federales un curso para que aprendan a cesar a sus subordinados, al personal de carrera del Poder Judicial federal.
Aquí, en esta invitación dice que el evento no fue grabado para su retransmisión. Preguntarles si el curso se realizó, si los trabajadores pudieron acceder al curso o solo jueces y magistrados y por qué la secrecía frente a esta materia tan relevante.
Muy importante lo que mencionó aquí Marco Barrera. Preguntarle si pudiera ahondar en el derecho comparado, me parece relevante. Y enfocar en el Tribunal de Disciplina Judicial, en ocho ocasiones nuestra Constitución política establece que determinadas decisiones de los órganos y de los poderes son inatacables.
Una materia que agrada a muchos de los presentes, y por eso también el saludo al magistrado David, que es magistrado electoral, es precisamente la materia electoral y la Sala Superior es la única instancia, por ejemplo, que puede calificar la elección presidencial, no hay un recurso en esta materia y me parece que nada altera al sistema.
De todas formas, valorando la convencionalidad y los argumentos que se han vertido aquí, me parece que se resuelve si el Tribunal de Disciplina Judicial tiene salas regionales unitarias o colectivas, colegiadas y una sala superior. Preguntarles qué opinan sobre que este Tribunal tuviera dos instancias. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias al diputado Hamlet García Almaguer por su participación.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Ahora daremos el uso de la palabra a los ponentes a quienes han sido dirigidas estas preguntas y, posteriormente, quien guste de los ponentes puede hacer uso de la palabra. Empezaremos por el profesor de la Escuela Judicial y en la Universidad Iberoamericana, Luis Tapia.
El ponente Luis Eliud Tapia Olivares: Muchas gracias. Primero, quiero empezar por la parte final de mi mensaje, diciendo que desafortunadamente estamos discutiendo una reforma al Poder Judicial incompleta.
Es buena noticia saber que habrá un foro sobre procuración de justicia, pero eso esperemos que lleve a incluir a las fiscalías en esta discusión. Se denuncian aproximadamente 3 de cada 100 delitos en este, 8 de cada 100 delitos en este país y la mitad de esos llegan al Poder Judicial y las fiscalías están riéndose mientras discutimos aquí sobre el sistema de justicia.
Las fiscalías corruptas, las fiscalías ineficientes, las fiscalías que hacen esperar a víctimas, las fiscalías que no atienden a familiares de personas desaparecidas, mientras estamos discutiendo sobre despedir a todas las personas juzgadoras, las locales también, por cierto, artículo 116 de la propuesta de reforma al Poder Judicial, 116. Se van a ir todos, porque luego se piensa, eso dice el artículo 116, diputado. Se van a ir, se van a ir todos y entonces van a ir a una propuesta. No, se van, se van primero y después a elección, un grupo.
Caben todos, caben todos, diputado Noroña, ¿caben todos los que están actualmente en el sistema de elección? No, no caben. Entonces, tenemos que aceptar lo que está pasando. Eso es importante decir.
Dos. Claro que hay mecanismos para perseguir la corrupción judicial, esa fue la pregunta que me hacía el diputado. Hay algunos estándares internacionales que vienen justamente de la relatora sobre independencia judicial de cómo deberían ser diseñados procedimientos disciplinarios y de rendición de cuentas de la actuación judicial acordes con los derechos humanos, que son compromisos vinculantes para el Estado mexicano.
Debe estar a cargo de un tribunal independiente, integrado por jueces y por personas expertas en otras disciplinas, pero en ningún caso deben ser integrantes de Poderes Legislativo o Judiciales.
La competencia para recibir denuncias y realizar investigaciones para resolver casos de disciplina judicial debe conferirse a divisiones diferentes del órgano u órganos distintos. La propuesta actual hace que el mismo órgano en realidad reciba, sustancie y decida.
Los procedimientos disciplinarios contra jueces deben asegurar todas las garantías del debido proceso, incluyendo contar con un abogado y que las decisiones sean motivadas y que estén sujetas a un recurso.
En ninguna parte de esta propuesta se dice que la elección por voto popular es un mecanismo para perseguir la corrupción. Y si así fuera, nosotros podríamos haber revisado que en México ya no tuviéramos corrupción en los demás puestos de elección popular.
Nadie está diciendo que no haya que reformar al Poder Judicial incluyendo al sistema de justicia, incluyendo al Poder Judicial. El problema es resolver y decidir con información sesgada y no completa sobre lo que está sucediendo en el país.
La pregunta que yo dejo en realidad para diputados y diputadas, porque son quienes deciden es, ¿de qué manera va a haber más juzgados disponibles en las comunidades con esta propuesta de reforma al Poder Judicial?
¿Ahora las personas de las comunidades alejadas a Veracruz van a poder ir a un juzgado con esta reforma? ¿En realidad eso se está resolviendo? ¿Hay dinero para defensorías de oficio? En Veracruz hay 10 defensores penales para todo el estado, ¿eso se está resolviendo en la reforma? Porque yo no lo he visto hasta este momento. Ojalá no se engañe a las personas que esto en realidad no es una reforma integral al sistema de justicia, es una reforma incompleta y hay que asumirlo así. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Agradecemos mucho la participación del maestro Luis Tapia. Compañeros, considerando y respetando el orden del día, posteriormente se tomará la consideración de si hay participaciones más adelante. Por el momento les pediría a los compañeros continuar con el programa por este momento.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Y cederemos el uso de la palabra a la doctora Nadia Villanueva Vázquez.
La ponente Nadia Villanueva Vázquez: Muchas gracias. Sí, si bien es cierto que se hizo una manifestación de mi parte, quiero señalar que de la misma manera se han hecho señalamientos directos por parte del titular del Poder Ejecutivo en contra de más de mil 600 juzgadores operadores jurídicos como corruptos, así como de más de 50 mil integrantes del Poder Judicial de la Federación, sin sustento y sin una denuncia correspondiente que esté basada en pruebas. Por eso, de la misma manera, yo solicitaría una disculpa pública porque mancha no solo mi imagen...
No solo mancha mi imagen, sino la de mi propia familia y la imagen de todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y ello ha sido una constante durante seis años consecutivos. Y solo por el hecho de que realizamos nuestro trabajo honesto y porque no resulta acorde a sus intereses lo que resolvemos en los juicios que tenemos a nuestro conocimiento.
Sabemos precisamente que nuestro trabajo se sustenta basado en las denuncias y en el trabajo que se hace en las Fiscalías que, como ya se mencionó aquí, también está sustentado en actitudes corruptas y que dejan libres o que sustentan sus investigaciones simplemente sin pruebas.
Además, se nos ha señalado como flojos e irresponsables en nuestro trabajo cuando realmente no se tiene conocimiento de lo que hacemos. Yo les invitaría amablemente a que ustedes acudan a nuestros órganos jurisdiccionales. Realmente conozcan cuál es la función que desempeñamos. Aquí se hablaba precisamente que uno de los electos senadores ha acudido ante nosotros y se ha podido dar cuenta realmente cuál es la función que nosotros desempeñamos.
De la misma manera, quiero señalar que no nada más eso es. La propuesta del voto popular está basada en esos señalamientos de corrupción que no tienen ningún sustento ni ninguna prueba y que dejan a la sociedad una idea incorrecta de lo que es el desempeño de los servidores del Poder Judicial de la federación. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Gracias a la doctora Nadia Villanueva Vázquez.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Continuando, dando el espacio de réplica, le cederemos el uso de la voz a la magistrada consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez.
La ponente Lilia Mónica López Benítez: Pues nuevamente, buenas tardes. Voy a dar respuesta, con mucho gusto, a los dos cuestionamientos que se me plantearon. Quiero iniciar con el que hizo el diputado Hamlet al final. Y me encantaría contestarle, diputado -y créame que no suelo esconder ningún tipo de información-, pero yo no estuve en esa reunión, nunca fui convocada ni estoy enterada de ello. Si no, con todo gusto estaré aquí aportándole cualquier dato que fuera necesario.
Voy ahora con el senador Ladrón de Guevara. A ver, senador, estamos hablando de un presupuesto, efectivamente el presupuesto impacta cuando escuchamos el número de miles de millones de pesos que se otorga al Poder Judicial de la federación, pero me gustaría que la sociedad se entere que el Poder Judicial de la federación tiene presencia en 32 circuitos judiciales. Es decir, abarca toda la República mexicana, cuenta con 9 mil, perdón, con 931, aproximadamente, juzgados y tribunales, juzgados de distrito y tribunales de circuito y aproximadamente un promedio de 50 mil empleados a nivel también nacional.
Este presupuesto, pues se utiliza para muchas cosas, pero creo que una parte importante del presupuesto es que este se ha utilizado para la creación de órganos, que implica generar cercanía con las usuarias y los usuarios del sistema de justicia.
Se ha utilizado también para la capacitación de quienes estamos hoy en la Judicatura Federal y no solamente las personas juzgadoras, todo el personal puede acceder a este tipo de capacitación.
Importante también destacar que mucho de ese presupuesto ha sido utilizado para generar una nueva justicia, para darle una cara diferente a la justicia y me estoy refiriendo a la oralidad. Fíjese, en 2017 hubo una reforma a la materia laboral muy importante, sale del Ejecutivo para venir al Poder Judicial de la federación. No podemos negar que la cara de la justicia laboral ha cambiado.
Se han implementado salas de justicia oral, se ha capacitado al personal para poder lograr esta justicia y se ha invertido más de 6 mil millones de pesos. Actualmente estamos en la consolidación de la reforma penal 2008, estamos ya en 2024 más de 6 mil millones de pesos, justo para evitar todo lo que se ha manejado, opacidad, corrupción y una serie de situaciones que no me permite el tiempo destacar y, sin embargo, le genera duda el poco porcentaje de investigaciones de corrupción.
Si quiero destacar y lo dije en mi intervención, que ahora iba a dar los números exclusivamente de la Comisión de Disciplina y lo hice así, solamente para destacar ya las personas sancionadas, que no solamente son personas juzgadoras, pero sí quiero recordar los números que manejé en mi exposición de la Cámara de Diputados, porque eso nos da otro nivel de interés, porque recordemos que la disciplina no implica exclusivamente sancionar, la disciplina implica también investigar.
Y a través de la Comisión de Vigilancia se impusieron 9 mil 284 medidas, y lo estoy destacando de 2018 a la fecha porque es importante señalar que es en esta administración federal; 9 mil 284 medidas que implican una serie de solicitudes, indicaciones preventivas, recomendaciones correctivas. Y se han presentado sólo por visitaduría judicial mil 577 quejas. Y en disciplina, bueno, ya dije los números, no me generó a ello.
Ahora, ¿necesariamente tenemos que partir de pensar en que las personas o en la mayoría de las personas somos corruptas? Porque no pensar que existe gente que trabaja, que estudia, que da una respuesta a la sociedad, que requiere de nuestros servicios. Y parece poco el porcentaje de corrupción, pero aquí hablé no de investigaciones, sino de personas sancionadas.
Para eso hay que presentar denuncias y las denuncias tienen que acompañarse con la aportación de pruebas porque como en todo sistema de investigación, siempre tenemos que partir del principio de presunción de inocencia. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Agradecemos mucho la participación de la magistrada consejera de la judicatura federal, Lilia Mónica López Benítez.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Cederemos el uso de la voz al abogado y activista en derechos humanos, Marco Barrera Vázquez, hasta por cinco minutos.
El ciudadano Marco Barrera Vázquez: Sí, bueno. Muchas gracias por la pregunta al diputado Hamlet. Y yo quiero partir este análisis comparado muy rápido porque yo creo que hay muchas cosas que aclarar realmente en la opinión pública y desmitificar este diálogo de sordos que, en posiciones como la mía, que son más neutras, pareciera como si todo se quiere referir a Bolivia y todo se quiere referir a una cuestión personal de ataques, etcétera.
Y yo creo que esta reforma que se va a dar realmente se va a dar, es una oportunidad, como dijo el líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y aquí es muy importante que nos ilustremos en términos comparados. Quiero partir de que World Justice Project es el organismo internacional que evalúa el estado de derecho entre 142 naciones.
En primer lugar, está Canadá, y México es el lugar 116. No ha mejorado, ha ido en descenso desde la reforma del 94. Solo le ganamos a 5 países latinoamericanos, que son Bolivia, Venezuela, que es el último, por cierto, a Honduras, a Nicaragua y a Haití.
Quien no pueda ver esto no podrá entender que esta es la real oportunidad. Jueces democráticos, en muchas naciones, es cierto, en Estados Unidos, en el foro común, en 13 entidades es full, en 8 es parcial; en Suiza hay 2 sistemas para ministros, ese no es democrático, pero el de los cantones sí, es democracia directa; en Japón es un ejercicio bastante interesante porque ahí los ministros de la corte, ellos tienen esta idea muy inteligente, fíjense, ellos parten de la idea de que nosotros los cuidadanos realmente no somos expertos en designar quién es el idóneo para un cargo.
Ellos dicen: Pues eso se los dejamos a los expertos, a los tecnócratas, a los políticos, allá ellos; pero todos los ciudadanos sí tenemos la capacidad de evaluar. En nuestro sistema actual en México, ningún ciudadano evalúa el desempeño de los jueces.
El Consejo de la Judicatura Federal es un organismo tan cerrado, tan autoritario hacia adentro del Poder Judicial de la Federación, hacia sus miembros, que inhibe la independencia judicial interna. Imagínense hacia afuera, no hay organismo alguno. El remedio solo es electoral.
Bueno, y pues en Japón dicen: No. En Japón, a los diez años, los jueces constitucionales van a refrendo. Ah, pues todos, muy pocos jugadores... Todos en México, yo creo que ahorita, bueno, en terminos laxos, sabemos quiénes son los ministros de la corte, y ya los podemos evaluar; y a algunos pues, francamente, yo me entrego a ellos; y a otros, no tengo modo.
Yo creo que cualquier persona puede identificar eso, y esta es una oportunidad que quizá no se dé en 30 o 50 años. Por eso, yo creo que esas discusiones son las que deberíamos estar haciendo ahorita porque se va a reformar.
Hay otros sistemas de selección de jueces. La carrera judicial es una de ellas. En México, por cierto, siguen contrario a los discursos que se han estado dando, porque los ministros, aunque muchos de ellos son de carrera judicial, el constituyente dijo que muchos de ellos pueden ser de cualquiera; y la prueba de que son tan buenos, y en mi opinión, yo creo que mejores para el cargo de jueces constitucionales, no para el cargo de jueces, digamos, de amparo, es el propio Ignacio Luis Vallarta Ogazón. Él, pues venía de afuera, no venía de carrera judicial; Francisco Hacha Ruiz, Felipe Tena Ramírez, pero Vallarta escribía sus sentencias al estilo anglosajón.
En el sistema anglosajón no hay carrera judicial. ¿Saben de dónde vienen? De abogados postulantes. Abogadas y abogados que conocemos de fondo cosas, que el hermetismo de la carrera judicial no nos permite a los de adentro. Yo no los puedo juzgar, porque no tienen tiempo de nada. Y bueno, en serio, cómo, o sea, no los puedo criticar tan feo, porque yo sé que son víctimas de un sistema que bien señala el líder sindical, está totalmente –yo veo dos clases sociales en el Poder Judicial de la Federación.
Veo muchos privilegios, muchas componendas, obviamente gente de gran nivel arriba, pero que hasta para ellos es injusto el excesivo control que se ejerce contra ellos. ¿Por qué? Porque la carrera judicial eso es lo que les generó. Una escuela de presión, a través de la unidad estadística judicial, a través de las visitas extraordinarias, a través de las restricciones, a través de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia.
Todas esas cuestiones comprometen la independencia interna y es injusto hasta para los que sí valen la pena y que los hay y bien. Perdón.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Agradecemos la participación del abogado y activista en derechos humanos Marco Barrera Vázquez. A continuación, cederemos el uso de palabra, hasta por tres minutos, si nos apoyan en la pantalla a coordinar por tres minutos, a la maestra, por alusiones personales, a la maestra Selina Haidé Avante Juárez, magistrada de Circuito.
La ponente Selina Haidé Avante Juárez: Muchísimas gracias. Bien. En realidad, la intervención no es para realizar alguna confrontación, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Lamento haber herido las susceptibilidades, compañero diputado Fernández Noroña, no es mi intención. Y, reitero, únicamente ese es mi objetivo. Aquí hay gente inteligente y tenemos que dialogar así. No podemos perdernos en las calificaciones y descalificaciones, porque es demasiado importante lo que estamos trabajando: la democracia, el pueblo y el servicio deben ser nuestros objetivos.
Entonces, yo los invito a todos, de verdad. Creo que si todos ponemos lo mejor que tenemos vamos a hacer un sistema de justicia integral, eficaz y casi, casi perfecto. Trabajemos por México. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias, maestra.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: A continuación, en el mismo sentido, por alusiones personales, cederemos el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña hasta por tres minutos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias. A ver. Yo creo que es incorrecto que se diga que el compañero presidente dice que las mil 600 personas juzgadoras son corruptas. Eso es falso. Tan no es así que todos podrán ir a elección por voto universal, secreto y directo, y reelegirse hasta el final de sus días las personas juzgadoras. No así magistrados, no así ministros de la Suprema Corte, ministras de la Suprema Corte.
Yo reiteraría mi reconocimiento a todos los servidores públicos del Poder Judicial que hacen su trabajo con entrega, con honestidad, con compromiso, con vocación de servicio.
Segundo. Yo creo... este... sí hay que hacer más juzgados. La Defensoría del Pueblo... Yo tengo una propuesta de Defensoría del Pueblo. No está considerado en la iniciativa. El 6 de agosto hay un foro sobre defensores de oficio, que es parte. Se va también a discutir una reforma a las Fiscalías y a la Fiscalía General de la República.
Y yo de verdad insistiría: sí, sí tenemos que escucharnos. Porque no es un asunto de descalificación. Y tampoco nadie está planteando que porque se elijan las personas juzgadoras va a desaparecer la corrupción. Nadie ha dicho eso. Lo que estamos haciendo es una revolución del Poder Judicial, porque el que puede lo más puede lo menos. Si el soberano, que es el pueblo, puede decidir el Ejecutivo y el Legislativo, puede decidir el Judicial también, no hay ni una razón para que esto no sea.
Yo sigo recordándole a la gente que les negaban el voto a las mujeres diciendo que no estaban preparadas. Hasta 1955 se les reconoció su derecho a las votaciones federales, porque estaban preocupados de su criterio. Por primera vez en 200 años habrá una mujer presidente de la República, nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Nos habíamos tardado.
Entonces que el pueblo decida pues es una determinación que ya tomamos. Y en la medida que se enriquezca esta iniciativa será mejor. Pero yo termino diciendo: En el siglo XIX el mejor presidente de la República que ha habido en nuestro país, Benito Juárez García, abogado. Fue elegido presidente de la Corte por voto del pueblo. Indirecto, dirán. Todas las críticas que quieran hacer, pero fue por el voto del pueblo.
Y me parece que descalificar esto, decir que no es una propuesta seria, plantear... Inclusive se plantea: es una reforma política. Toda reforma lo es. Como si fuera una descalificación en este sentido. Sí es una determinación, es una determinación del pueblo el 2 de junio. Y estamos escuchando a todo mundo. Casi todos los que aquí intervinieron hablaron en contra de la reforma.
Entonces, yo termino planteando: la arrogancia no le hace bien a nadie, y yo veo mucha arrogancia. Veo una negación a reconocer lo que es un hecho, que la reforma se va a hacer y que en 2025 se va a elegir por voto universal, secreto y directo de la gente a las personas juzgadoras. Así será. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Agradecemos la participación. Vamos a dar continuidad a lo programado por respeto no solo a nuestros ponentes, sino también a los asistentes. Compañero, le pediríamos amablemente que tome asiento para continuar con lo programado. Compañeras, compañeros asistentes, nuestros ponentes, debido al interés que se tiene en este debate disponemos abrir la segunda ronda de preguntas, donde dispondrán hasta de tres minutos los diputados y representantes de los diferentes grupos parlamentarios, para lo cual les pedimos claridad y precisión en su intervención, respetando el tiempo establecido.
Recordemos que en esta segunda ronda se realizarán nuevamente todas las preguntas y al finalizar se permitirá el desahogo por parte de nuestros ponentes. A los participantes les pedimos encarecidamente que nos puedan proporcionar la mención de hacia quien va dirigía su pregunta. Daremos... Sí, si alguien gusta participar, al finalizar de la ronda nos pueden hacer llegar para que tengan su participación.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Con muchísimo gusto daremos paso a esta segunda ronda con la diputada Mary Carmen Bernal, hasta por tres minutos.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a estos foros denominados Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial.
En mi caso, escuché con especial atención a todas y todos, cada uno de los ponentes que el día de hoy tuvieron a bien realizar algunas reflexiones. A mí me gustaría hacer un algunas precisiones que consideré importantes.
La primera es precisar algo muy importante, que es: no se pretende despedir absolutamente a nadie. Ese no es el sentido de esta reforma al Poder Judicial, al contrario, se pretende que quien está dentro del Poder Judicial y haya tenido y siga teniendo un buen desempeño pueda tener la oportunidad de bien reelegirse o participar dentro de estos procesos. Eso es muy importante hacerlo, incluso quien no es juez, es magistrado, quien es trabajador al servicio del Poder Judicial federal también puede participar. Abogadas, abogados postulantes que por algún motivo no han podido acceder a este tipo de posiciones, lo podrán hacer.
¿Por qué? Porque si bien es cierto el Consejo de la Judicatura en su momento tuvo una función importante y seguramente funcionó de manera adecuada y pertinente, también es secreto a voces de los que somos abogadas y abogados que realmente el Consejo de la Judicatura ya no cumple su función esencial o su función principal para lo cual fue creado.
Y es precisamente lo que nos tiene en este momento en estos foros y en estos diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial. Es precisamente los señalamientos graves que existen al interior del Consejo de la Judicatura lo que busca generar una nueva figura. No se pretende desplazar absolutamente a nadie, se pretende generar una nueva figura, el tribunal de disciplina judicial, que realmente sí cumpla con los estándares, con la función y dé paso y dé oportunidad a las nuevas generaciones para que puedan ocupar estos espacios tan importantes al interior del Poder Judicial.
Comentar algo que de pronto ha pasado de vista en estos diálogos nacionales y es una cosa muy importante. El Poder Judicial de la Federación tuvo en su momento la oportunidad de elaborar y presentar su propia reforma al Poder Judicial y no lo hizo. Tuvo en su oportunidad el momento de lanzar su propia propuesta, porque se suponía que eran ellos quienes conocían las entrañas y el funcionamiento de este Poder.
Me gustaría comentar algo que también creo que no se ha tocado y que bien suscribo los comentarios del compañero Gerardo Fernández Noroña. Considero que oponer resistencia tampoco ayuda ni abona a la elaboración de esta iniciativa, de este dictamen a futuro. Comentarles que tenemos un mandato popular, un mandato popular que vamos a llevar a cabo, porque no es que nosotros queramos esta reforma al Poder Judicial, porque es un mandato que el pueblo mexicano nos ha determinado, nos ha dictado y que tenemos que cumplir a cabalidad.
Estos foros son para que participemos todas, todos, trabajadoras, trabajadores, ministros, jueces, magistrados, para que podamos elaborar esta iniciativa en su conjunto. Lejos de oponer resistencia, yo invito, las invito, los invito a que con su experiencia y su conocimiento puedan abonar en la medida de lo posible para que pueda ser una iniciativa y un dictamen a futuro en beneficio del pueblo de México. Hasta aquí mi participación, es cuanto. Muchas gracias. De verdad e insisto hay que elaborar una iniciativa que sirva al pueblo de México. Muchísimas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Agradecemos mucho la participación de la diputada Mary Carmen Bernal. Sin embargo, recordarles a todos los participantes que esta es la dinámica de preguntas para lo cual les pediríamos ser puntuales, claros y precisos en la formulación de esta, así como ser correspondiente al tiempo asignado, y nos permitan conocer hacia quién va dirigida su pregunta.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: A continuación, le daremos el uso de la palabra a la senadora electa Claudia Tello Espinosa para hacer el uso de la palabra, hasta por tres minutos.
La diputada Claudia Tello Espinosa: Buenas tardes a todos, a todas, mi pregunta es tenemos tres Poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo, ya se dijo, hace unos días acabamos casi con 36 millones de votos elegir a quien será la primera mujer presidenta de México, pero también senadores y diputados, ¿por qué no podríamos elegir a jueces, magistrados y ministros? ¿Cuál es la diferencia?
En segundo lugar, para la magistrada Selina, efectivamente, aquí habemos muchos inteligentes, pero también allá afuera en la calle, la gente, el pueblo es muy inteligente y estos diálogos están apoyados y están cimentados en las asambleas que se están haciendo en los parques, en la calle, ahí en donde la población levanta al final la mano para decirnos vayan y voten a favor de la reforma judicial, nos hace falta conocer quiénes van a ser los jueces, esos juzgadores, porque necesitamos no solamente saber cuál es su perfil académico, sino también cuál es el perfil ético.
Así que la diferencia en esta transformación se ve en todo momento, así como hizo Peña Nieto, que 12 reformas las impusieron aún y cuando tenían a miles de personas que estábamos en contra de ellas y que nos manifestábamos en la calle, hoy la transformación está en los diálogos y en las asambleas con una mayor intención, que la población participe, conozca y se manifieste. Y qué mayor manifestación a favor de todo esto, que fue la votación a favor del plan C, que hoy nos permite decir vamos por la reforma al Poder Judicial. Muchas gracias. Cuándo van a considerar al pueblo y le van a preguntar a él si están o no de acuerdo con esta reforma. Gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Agradecemos mucho la intervención de la senadora electa Claudia Tello Espinosa.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Y daremos el uso de la palabra al diputado Santiago Torreblanca, hasta por tres minutos.
El diputado Santiago Torreblanca Engell: Ahora sí, vienen las preguntas. Primero, hablando de World Justice Project ¿sí sabían que, de todos los indicadores, únicamente dos corresponden al Poder Judicial? El resto de los indicadores son contrapesos al poder, ausencia de corrupción en los tres niveles de gobierno, gobierno abierto, respeto a los derechos fundamentales, seguridad y orden, regulator impeachment, cumplimiento a la ley obligatorio y solo dos, justicia civil y justicia criminal corresponden al Poder Judicial.
La calificación baja de México, cuánto se les dará a los otros factores o a los estatales o a los gobiernos estatales y cuánto al Poder Judicial, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿ustedes creen que porque la Constitución diga que los asuntos se van a resolver en seis meses, mágicamente así va a ser? Porque así lo fuera, ¿por qué no de una vez en la Constitución ponemos que en México no habrá homicidios, no habrá violaciones y mágicamente dejará de haberlos?
¿O por qué seis meses? ¿Por qué no ponemos una semana de una vez? Digo, ¿para qué esperar seis meses? Mejor hay que ver cómo lo hacemos.
¿Ustedes no creen que la corta temporalidad contemplada para jueces y magistrados afecten su independencia judicial? ¿Por qué van a tener que estar sometidos para su próximo trabajo a grupos de poder, inclusive ciudadanos?
Ahora bien, yo no me opongo, me parece bien, en dividir la parte administrativa, de vigilancia y de disciplina. A mí no me parece mala la idea del Tribunal de Disciplina Judicial. Yo no sé por qué traigo ahí un...
A ver, a mi juicio y quiero planteárselo a ustedes, ¿cómo verían esto? Que el nombramiento de la parte administrativa y de vigilancia siguiera un procedimiento parecido al actual, ampliando, como bien lo decía la maestra, la posibilidad de que hubiera colegios de abogados, facultades de derecho, etcétera y fuera este órgano quien a través de exámenes nombrara al Tribunal de Disciplina Militar, abriéndolo no únicamente a miembros del Poder Judicial, sino a abogados postulados, pero mediante un examen de oposición, y la legitimidad devendría de que este Consejo de Administración y Vigilancia precisamente participarían en su elección todos los Poderes. Lo pongo al aire, a mí no me parece una mala idea.
Y solo, finalmente, estoy de acuerdo en que sea biinstancial y creo que podremos copiar el esquema administrativo, los procedimientos solucionadores en materia electoral. Es decir, que dentro del área administrativa hubiera un órgano encargado de la investigación y sustanciación y fuera el Tribunal Judicial quien resolviera, porque a quién le dan la facultad de investigar, entonces ya después, si parte tú investigas y tú resuelves, me parece muy peligroso. Y quiero ver qué les parecen estas ideas y se me acabó el tiempo.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias, al diputado Santiago Torreblanca, por su participación. Y nuevamente les reitero a nuestros participantes, que estamos en la etapa de preguntas, para lo cual nuevamente les pedimos que nos apoyen a realizar su cuestionamiento dentro de los tres minutos y nos hagan mención de quién es, hacia quién va dirigida su pregunta.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Le cedemos el uso de la palabra al diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, hasta por tres minutos.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Voy a hacer tres preguntas muy concretas. La primera, se la voy a dirigir a Flor del Rocío, que tiene que ver con esta iniciativa, ¿cómo podríamos incorporar la participación ciudadana de académicos, grupos, en estos procesos electorales, si se realizaran, que fueran transparentes, garantizando que hubiera observación de los mismos? Esa sería una pregunta concreta, en términos de que la elección fuera, ¿cómo podríamos mejorar desde la ciudadanía?
Estamos pensando en que se vote, pero la ciudadanía podría también participar no solo votando, sino dando cuenta del mismo proceso. Entonces, esa pregunta sería muy concreta.
La segunda, quiero hacérsela a Manlio Fabio, en términos de corremos el riesgo y esto se ha discutido, de que la carrera judicial se deje, se menoscabe en un momento determinado por privilegiar lo políticos, en términos de que esto pudiera llevarnos, y esta es una pregunta, llevarnos o no, a la no progresividad de los derechos ya generados en este momento. Entonces, ¿cómo poder garantizar que la progresividad de los derechos que hasta el momento tienen y que mucha gente está trabajando en esta carrera de formación para poder participar, pudieran respetarse dentro de esta reforma? Me gustaría, porque eso es una parte fundamental.
Y, tercero, quisiera hacérsela a la licenciada Lilia López, cómo delimitar, porque a final del camino decimos que hay una votación abierta, pero al final del camino hay un filtro, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, 10-10-10, para términos de magistrados y jueces. Cómo delimitar, si queremos garantizar la autonomía del Poder Judicial, en este escenario de filtro, porque no es totalmente abierto, hay esta detención, hay quién determina los perfiles, que puedan ser procesados para llegar a la votación.
Entonces, ¿cómo poder ahí darle un matiz diferente, que pudiera garantizar una participación de aquellos que tienen una formación, una carrera judicial y que pudieran ver reflejado, materializado su participación en un nombramiento, pero además que el Poder Judicial pudiera tener independencia o alguna cierta mayoría para poder decir que hay una autonomía total y plena en este sentido? Esas serían las tres preguntas. Agradecería sus respuestas.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias al diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Y cerraremos esta ronda de preguntas con la diputada Ivonne Cisneros Luján, hasta por tres... ... ronda de preguntas con la diputada Ivonne Cisneros Luján, hasta por tres minutos, recordándoles a nuestros diputados que nos hagan mención referente hacia quién va dirigido su cuestionamiento.
La diputada Ivonne Cisneros Luján: Muchísimas gracias. Primero -y con todo respeto a todos los ponentes que particularmente hablaron de que era una reforma apresurada o irresponsable, o hicieron algún otro tipo de calificativos-, comentarles que es bueno reflexionar, dialogar sin calificativos.
Pero sí me obligan a señalar que esta reforma, hecha por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no es irresponsable. Desde el día primero de diciembre de 2018, que tomó protesta nuestro actual presidente de México, dijo con mucha claridad que ese día se iniciaba la cuarta transformación de México y que por lo tanto acudíamos no a un cambio de gobierno; acudíamos a una transformación de la vida pública de México, acudíamos a un cambio de régimen.
Y sin duda eso implicaba, entre muchos otros aspectos, analizar, diagnosticar, revisar lo que implicaba la relación entre los tres poderes que conforman nuestra nación. En ese sentido, esta iniciativa de nuestro señor presidente ha estado muy bien preparada y obedece a ese compromiso de cambio de régimen.
Y si en las estadísticas no encontramos del todo un conjunto de datos que puedan probar la corrupción del Poder Judicial es, entre otras cosas, porque hasta hoy el Consejo de la Judicatura Federal, que es el tema que nos ocupa hoy, es juez y parte. Y entonces tenemos que acudir a transformar ese problema, porque no hay confianza entre muchas y muchos ciudadanos para poder poner sus quejas de posible corrupción o porque hay muchos grupos de trabajadores y trabajadoras que no comprenden la discrecionalidad.
Como presidenta de la Comisión de Seguridad Social no comprendemos la discrecionalidad respecto a su decisión en materia de pensiones y todos aquellos casos que ustedes han dictaminado desfavorables para las y los trabajadores de este país en materia de pensiones, no entendemos esa discrecionalidad, no entendemos por qué no atienden y revisan los casos contra los trabajadores que luchan porque se les regresen sus ahorros de cesantía y vejez. Aquellos que luchan porque sus aumentos no sean medidos en UMAs, sino en pesos y muchas otras cosas más.
Por lo tanto, sí estoy de acuerdo en que debe transformarse el Consejo de la Judicatura y tienen que haber dos órganos diferentes, uno que se encargue a los procesos de control y otros a los de administración, de eso se trata la reforma.
Y mi pregunta, particularmente a mi compañero, colega de la Universidad Veracruzana, doctor, que gusto saludarlo. ¿Cuál es su propuesta? Porque algo que es muy importante es que coincidimos en que sí hay que cambiar cosas, el tema es que no nos han dicho cuáles, solamente nos dicen que no, que es irresponsable, que está mal, que el diagnóstico no es, pero no he escuchado una sola propuesta.
Doctor, yo sé que usted debe de tener propuestas, como destacado académico de la Universidad Veracruzana, que es, pero también todos los que dicen que sí hay que cambiar, quisiera escuchar sus propuestas. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchísimas gracias a la diputada Ivonne Cisneros Luján por su expresión, dando paso al ejercicio que se está realizando, daremos inicio a nuestros ponentes hasta por tres minutos para sus reflexiones finales.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Le pediría a la maestra Selina Haidé Avante Juárez, magistrada de circuito, que haga el uso de la voz.
La ponente Selina Haidé Avante Juárez: Bien, hago las reflexiones finales con mucho gusto, nada más refiero a la compañera Tello, que me preguntaba ¿cuándo vamos a ir a preguntarle al pueblo sobre la reforma? El trabajo del Poder Judicial federal no es ir a preguntarle al pueblo, es defender sus derechos y eso es lo que hacemos todos los días.
En mis reflexiones finales, me permito exponer que la reforma, a diferencia de lo que se ha expresado, sí hemos hecho propuestas sobre la reforma.
La inviabilidad del documento que tenemos en la mano con toda la experiencia jurídica, académica y la experiencia roja, es que esta reforma no es viable. No tenemos los elementos para poder realizar una reforma en donde tengamos representantes populares en lugar de juzgadores calificados, México se merece gente muy estudiada para resolver los asuntos tan delicados de la judicatura.
Un tribunal de disciplina no es una opción, no necesitamos regresar a la edad media, necesitamos fortalecer a nuestro extraordinario Consejo de la Judicatura Federal...
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Le pediría a la ponente si me permite un segundo, por favor, para pedirle a la sala respeto y podamos escuchar todas las participaciones que merecen todas y todos, por favor.
La ponente Selina Haidé Avante Juárez: Muchísimas gracias. Y retomo diciendo que mientras no haya diálogo, sino descalificación, si nos escondemos en la voluntad del pueblo no estamos trabajando por ellos, por el pueblo, por los mexicanos, por la gente que se merece un trabajo serio y comprometido.
Por eso nuevamente los invito a un diálogo verdadero, a prepararnos para hacer de esta reforma algo realmente valioso y retoma lo que dije, la oralidad, las estrategias para establecer mecanismos de arbitraje, reformas a la Ley de Amparo y, sobre todo, perfeccionar este sistema integral de justicia desde las fiscalías, la justicia local y lo que haya que hacer en la justicia federal para que realmente se logre el sistema que estamos buscando. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Agradecemos su participación y cedemos el uso de la palabra al doctor Manlio Fabio Casarín León, investigador y doctor de derecho público para las reflexiones finales. Recordándoles que tenemos hasta tres minutos.
El ponente Manlio Fabio Casarín León: Muchas gracias. Quiero ser realmente muy franco con ustedes, el tiempo es un tirano en estos foros y, desde luego, hay que hablar con muchas ideas en muy poco tiempo.
Me parece que estamos absolutamente coincidentes, tenemos el acuerdo de que nuestro país en su diagnóstico necesita una transformación de su aparato de justicia en todas esas dimensiones. A mí me parece que, para estos efectos, con independencia de todo este importante pronunciamiento, empuje y, desde luego, un importante soporte que se ha generado con la expresión del electorado, debemos también de reflexionar en torno a esa hoja de ruta, en torno a esas etapas que vamos a ir agotando.
Lo primero que debo de decir como una reflexión final es que la hoja de ruta, a mi juicio, ya se encuentra consagrada en el paradigma constitucional y convencional vigente aprobado en 2011. Ahí tenemos un punto de partida.
Este paradigma, esta hoja de ruta, debe permitirnos, como lo estamos haciendo ahora, diagnosticar y discutir de manera responsable, abierta, plural, inclusiva y transparente, la construcción de la mejor iniciativa de reformas constitucionales y legales que representen avances reales y no regresiones en la impartición de justicia en México, no solamente con una visión fragmentada en la órbita competencial de Poder Judicial de la Federación, sino también con un gran modelo que transforme, ojo, privilegie y consolide la efectividad y consistencia de los demás órganos jurisdiccionales federales.
No olvidemos que tenemos un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los tribunales agrarios, los tribunales militares y lo propio en las entidades federativas con los poderes judiciales de los estados y otras expresiones jurisdiccionales; pugnando por un verdadero federalismo judicial que haga posible la descentralización de la justicia, que es una demanda permanente del pueblo, de las personas, con el ahorro de costos, tiempos y esfuerzos.
¿Qué exige lo anterior?, y aquí me voy a unas propuestas muy genéricas que podemos aterrizar después. Lo anterior exige revisar nombramientos de ministros, magistrados y jueces a partir de amplios procesos de convocatoria, escrutinio público, aquí tenemos importantes experiencias comparadas, deliberación y designación por parte de los poderes electos democráticamente.
Los poderes electos democráticamente, ellos tienen a su cargo esta importantísima tarea de procesar, en esa vía, ¿no?, la deliberación de los jueces y magistrados federales, incluyendo los ministros de la corte. Recordemos palabras de distinguidos autores en el mundo: El contexto hace la diferencia. Tomar en cuenta las características, todas, que finalmente aglutinan a nuestro país.
Estos poderes, que deben ser competencias para elegir esto, deben privilegiar la formación técnica, la trayectoria profesional e idoneidad, pues la legitimidad, vuelvo a insistir, del Poder Judicial, en tanto contrapeso de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, no puede tener su justificación en las urnas, sino única y exclusivamente en la calidad y consistencia de sus decisiones para cumplir y hacer cumplir los valores y principios consagrados en la ley fundamental, y las normas que de ella emanan, como en la garantía de los derechos humanos, la democracia sustantiva, el pluralismo político, la garantía institucional de nuestro federalismo y el combate efectivo a la corrupción y arbitrariedad, tan solo por citar algunos elementos.
Finalizo diciendo, con esto, que el acompañamiento con las garantías presupuestarias, como el acceso, permanencia y promoción de una sólida carrera judicial, resolviendo, respondiendo a la pregunta, y finalmente su escrutinio público, que ese me parece que es importantísimo, permanente, a través de la transparencia, la fiscalización y rendición de cuentas de todos y cada uno de sus actos. Eso es grosso modo, pero desde luego se requiere tiempo para que podamos en este caso individualizar o especificar más todas estas... y propuestas que desde la academia, con muchísimo gusto e interés estamos dispuestos a aportar para que se lleve a cabo este gran cambio. Gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Agradecemos mucho la intervención del investigador y doctor en derecho, Manlio Fabio Casarín León.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Para ceder el uso de la palabra, a la magistrada consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez.
La ponente Lilia Mónica López Benítez: Muchas gracias. Voy a dar respuesta al cuestionamiento del diputado Mario Alberto. Me parece que, si es que no comprendí mal la pregunta, él lo que quiere saber es cómo votación abierta, ¿sí?, pero vinculada con los mejores perfiles. Y creo que es un punto que nos debe llevar a muchas reflexiones, porque, a ver, aquí se ha expresado que la reforma va como va, y ya lo conocemos.
Lo interesante aquí es que creo que no nos queda duda a nadie que, efectivamente, queremos que existan personas juzgadoras lo mejor calificadas, que sean excelentes y que cumplan con todos los principios constitucionales que rigen para la impartición de justicia. Queremos los mejores perfiles, sí. ¿Se quiere votación abierta? Bueno, pues entonces tendríamos que pensar cómo tendremos que instrumentar esta reforma. Que no me corresponde a mí como Poder Judicial, como parte integrantes. Pero sí a quienes están legislando.
Pero si es de esta manera, habría que preparar a las personas interesadas. Supongo que habrá muchas mujeres y hombres valiosos que quieran integrarse a la fila del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues entonces tendremos que verificar que tengan las competencias para ello.
Por qué no pensar en una gran especialidad en impartición de justicia. Donde todas las personas interesadas puedan ingresar a la misma, puedan concluir un curso, puedan presentar un examen y tener una calificación mínima aprobatoria para poder realizar. Y sobre ese número de personas podríamos pensar que habría la elegibilidad para ser parte del cambio. Es decir, es un concurso de oposición, pero diseñado de una manera diferente a como los hemos tenido en la Escuela Judicial. Y estas personas que pasen esa especialidad pueden ser votadas. Pero ya tendremos la certeza de que llegarán los mejores perfiles para este efecto.
Contesto en función de la pregunta que se me realizó, para tratar de vincular estos temas. Sin embargo, no quiero dejar sobre la mesa este tema. Dado que el tiempo ya no me lo permite, creo que habría muchas cuestiones, muchos pros, muchos contras que se tendrían que discutir de una manera más hacia la sustancia del tema. Gracias.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchísimas gracias, consejera Lilia López.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: En el turno que nuestra coordinadora, la diputada y senadora electa Raquel Bonilla registró a los ponentes que han pedido la palabra para contestar también las exposiciones de los legisladores está Laurence Pantin.
La ponente Laurence Pantin: Muchas gracias.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Tiene el uso de la palabra hasta por el tiempo que establecimos.
La ponente Laurence Pantin: Muchísimas gracias. Primero la respuesta a la diputada Ivonne Cisneros Luján. Creo que sí se hicieron propuestas, de hecho, yo puedo compartirle mi presentación, donde sí vienen propuestas muy concretas.
Y en respuesta también al diputado Hamlet García Almaguer, yo creo que, efectivamente, es muy importante que haya dos instancias. La propuesta que hizo podría ser, habría que ver la factibilidad, lo de salas regionales y una sala superior. Creo que podría ser una opción.
Nosotros tenemos de nuevo otra propuesta, pero, si quiere, lo platicamos en algún momento con mucho gusto. De hecho, hay un tema importante nada más, es que es muy importante que el tribunal no sea la instancia investigadora. Si queremos respetar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esto tiene que quedar en otro órgano, porque no puede ser el mismo el que investiga, sustancia y resuelve. Entonces, por eso la propuesta que hicimos. De nuevo me remito a esta, porque ya lo mencioné todo el tiempo.
Finalmente, otro riesgo que vemos con la iniciativa, es que no quede quien investigaría y en su caso sancionaría a los propios magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial en caso de que ellos también puedan incurrir en faltas administrativas graves. Se tendría que prever también este mecanismo.
Quizá podría ser el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. En fin, habría que ver qué, quién, pero esto también se tiene que prever porque no están exentos también de ser responsables de faltas administrativas graves.
Sobre el tema de la experiencia comparada que mencionó el diputado García Almaguer, nada más comentar que el propio gobierno de Bolivia, el de Evo Morales, que en su momento propuso el tema del voto popular para las más altas Cortes, en un momento, años después de la primera elección intentó revertir este sistema. ¿Por qué? Porque a medida... ya no respondían los juzgadores al poder político, pero sí al poder económico.
De hecho, el relator especial de la ONU para la independencia de magistrados y abogados encontró que la elección por voto popular en Bolivia, de los más algos juzgadores, no resolvió los problemas de ineficiencia y corrupción, sino que más bien lo potenció.
Entonces, nada más para contestar al diputado García Almaguer sobre esa experiencia comparada.
Finalmente, y desde la Fundación para la Justicia coincidimos, quiero resaltarlo, en la necesidad de mejorar nuestra justicia y coincidimos con la iniciativa, la exposición de motivos de la iniciativa, en la parte que dice que se debe democratizar la justicia, pero precisamente para ello yo creo que hacer la justicia más eficiente y ampliar el acceso a la justicia es indispensable y es algo que desafortunadamente no veo, no encontramos en la reforma y hay muchas cosas que se pueden hacer.
Para ello tenemos de nuevo propuestas como ampliar la posibilidad de acceder a la justicia sin contar con representación legal para cierto tipo de juicios, por ejemplo, como existe, se ha desarrollado en Chile, discutir la posibilidad de tener juzgados si queremos que haya mayor participación ciudadana, fortalecer la defensoría pública, se hizo en la reforma de Zaldívar a nivel federal, pero yo creo que a nivel local esto es muy importante y esto sí permitiría mejorar y democratizar la justicia, democratizar el acceso al amparo. Hay otras, pero se me acabó el tiempo. Muchas gracias por la atención.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, Laurence Pantin.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Y ahora tenemos aquí anotado también, con la intención de expresar su punto de vista, a Enrique Galicia, que ya fue nuestro ponente hace un momento y ahora tiene de nuevo el uso de la palabra.
El ponente Enrique Galicia López: Sí, muchas gracias. Nuevamente agradezco la oportunidad. Quisiera primero, antes de responder a una pregunta, hacerle una atenta súplica al comité organizador. No sé de qué dependa, en los dos pasados foros nuestro dirigente nacional anotó a sendos compañeros seccionales y en el momento ya de realizarse, pues no se les dio acceso, que no estaban anotados, no sé qué pasaría, pero yo le pido, por favor, a usted que es el medio, y le agradezco también la oportunidad de hoy para ver si es la posibilidad, porque créame que la representación sindical, aunque bueno, muchas veces por la mala fama que a veces se nos pone, pero es un sindicato distinto porque no manejamos plazas y por lo tanto no podemos tener sentados a los compañeros representados.
Entonces, sí es muy importante que se escuche a los representantes sindicales, no solamente del Poder Judicial, sino de los otros entes que estén involucrados también en esta reforma.
Y para ello estaba también, y lo digo por esto, estaba anotado también o se pidió anotar a nuestro compañero, el licenciado Felipe Melitón López San Germán, es representante, mi homólogo, pero él en Oaxaca capital y tenía unas preguntas también a parte de la situación que le platiqué de qué es lo que sucede o cómo vemos nosotros el Consejo de la Judicatura, actualmente, también las propuestas yo espero que se hayan logrado ver.
Pero, él fue un poco más preciso y se aprovecha, y lo escuché que, si se puede por favor suprimir de la iniciativa el párrafo 100, donde no se deja recurso alguno toda vez que de aprobarse llevaría el derecho a un recurso efectivo garantizado como lo señala el artículo 25 del Pacto Internacional de San José.
Otra propuesta también de que el órgano de administración judicial se procure que elabore un Presupuesto de Egresos que permitan la creación de órganos adicionales de más plazas también de trabajo y que también siempre vele por un incremento salarial acorde a las responsabilidades, sobre todo para personal operativo y de mandos medios.
Otro es de que el mismo órgano de administración que permita a los titulares de órganos jurisdiccionales efectuar el cese de trabajadores solamente acatándose a las formalidades esenciales de procedimiento señaladas en el artículo 46 Bis de la legislación laboral, vaya el tiempo, y que...
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Le quedan unos segundos, adelante.
El ponente Enrique Galicia López: ...gracias, y que el mismo órgano se pueda modificar el sistema de contratación del personal de lo que yo les hablaba, que no dependa de titulares, puede cambiarse para quitar ese vicio del que referí y puede ser un comité, porque generalmente si está uno a disposición del mismo, de quien depende nuestra estancia o la estabilidad en el trabajo, entonces, por eso es que se ha viciado ese tiempo.
Y lo último, nada más porque no lo quiero dejar pasar, ahora sí que en consenso con nuestro dirigente nacional, el maestro Jesús Gilberto González Pimentel, que sepan los compañeros del sindicato en toda la República que estaremos atentos al dictamen que la legislatura federal presentará en comisión, porque en el mismo seguramente se reflejarán los pros y los contras que se han expuesto aquí, en este foro y les advertimos que no serán respetados nuestros derechos laborales, incluida la carrera judicial tengan la certeza de que vamos a convocarle a la manifestación, protesta a los hechos como ellos lo están planteando, pero que tengan esa seguridad y estamos trabajando por ello. Muchas gracias.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Gracias por sus expresiones. Le hemos dado oportunidad al sindicato de hablar tres veces planteando sus razones, una en cada foro, lo que hizo en el primer foro su dirigente nacional fue una posición muy completa y se la agradecemos.
No estamos de acuerdo con que nos emplacen desde ahora a que si no hay algún apunte en el dictamen que a ustedes no les parezca van a convocar a una reacción que voy a decir una palabra muy sencilla, impropia, de un entendimiento político. Creo que la principal preocupación en este dictamen es asegurar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Continuando con el programa, daremos el uso de la palabra a la magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Hortencia María Emilia Molina de la Puente, hasta por tres minutos.
La ponente Hortencia María Emilia Molina de la Puente: Gracias, de todas maneras, yo espero que sean tan laxos con el tiempo como con el compañero del sindicato. Se dijo, nada más para aclararlo, que no se prevé en la iniciativa de reforma ningún cese de ningún trabajador. Y yo quiero recordar que los jueces, juezas, magistrados y magistradas también somos trabajadores al servicio del Estado y el artículo segundo transitorio de la iniciativa dice que jueces de distrito, jueces de distrito, magistradas y magistrados que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanan de la elección extraordinaria, es decir, sí se prevé.
Después de eso, yo quisiera comentar, ¿cuál es la razón que se pregunta acá? Porque las personas que integran el Legislativo o el Ejecutivo sí pueden ser electas a través de un mecanismo de elección popular y las personas juzgadoras no.
Y no es un tema de quién es mejor persona o quién es peor persona, ni tampoco de quién es más capacitado o menos capacitado para la función concreta. Lo que se trata es que tenemos trabajo distinto y nuestro trabajo y nuestras funciones son distintas por la naturaleza misma de poder.
En el Ejecutivo y el Legislativo se permite, y esta es la razón de ser, que se generen políticas públicas nuevas. Entonces, precisamente, lo que se propone desde la campaña ese la elaboración de políticas públicas.
Las personas juzgadoras no podemos proponer políticas públicas. Las personas juzgadoras nos limitamos a juzgar aquellas cuestiones que nos presentan las partes, conforme a las leyese que establecen los propios legisladores.
Y solo como ejemplo, porque me parece muy ilustrativo, en la NFL, para elegir a los jugadores de los equipos hay drafts, donde se compran a los jugadores de cada uno. Las formas en que se eligen y se compran y se negocian es totalmente a aquella actividad que tiene la propia NFL respecto de los árbitros.
Dice la página de la NFL que de los miles de árbitros de fútbol americano de todo el país, solo 124 con experiencia, las habilidades técnicas, el atletismo y el carácter necesario para arbitrar partidos del más alto nivel, dirigen actualmente la Liga Nacional de Fútbol Americano y con el fin de garantizar que siempre haya árbitros calificados listos para unirse a la NFL, los cazatalentos de todo el país evalúan árbitros en todos los niveles de fútbol, para identificar a los potenciales árbitros de la NFL.
Y yo me pregunto, si un equipo de fútbol y un juego merece eso, ese nivel de expertise, ese nivel de elección, ¿México no lo merece? ¿México no merece que tengamos una elección de personas juzgadoras, con todas las habilidades de manera absolutamente técnica? No estoy diciendo que no haya reforma, de hecho todas las personas aquí, dijimos que sí.
El punto es que cuando se nos cita a un diálogo en aparente parlamento abierto, se dice en el diálogo: la reforma va, porque va como va. Y eso yo no entiendo que sea un diálogo. Me parece que cuando hablamos va con una aplanadora, por cierto, una aplanadora que tanto se impugnó y se criticó cuando la aplanadora lo tenía otro partido, creo que eso no es diálogo.
El diálogo tendría que partir de nuevas propuestas para mejorar el sistema de justicia y eso es lo que hemos dicho acá, incluyamos a todos los operadores del sistema de justicia, hagamos un análisis serio y profundo de cada una de las actividades de todos los operadores del sistema de justicia y una vez que hagamos ese análisis, pongamos cuáles son los obstáculos y respecto de esos obstáculos cuáles son las posibles soluciones.
No me parece que una forma de solucionar algo sea destruirlo completamente, tengamos mejor cómo empezar desde lo que ya tenemos, qué es lo que tenemos bien, mejorémoslo, qué es lo que tenemos mal, y arreglémoslo.
Sin independencia judicial, y con esto concluyo, la justicia se ve comprometida, los ciudadanos pierden la confianza en el sistema legal y la sociedad se perpetúa como un espacio de violencia y discriminación. Ojalá todos lo entendamos. Gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Agradecemos la participación de la magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: A continuación, cederemos el uso de la palabra al doctor en derecho e investigador Jacobo Mérida Cañaveral, recordándoles que tienen hasta tres minutos para expresar las reflexiones finales.
El ponente Jacobo Mérida Cañaveral: Gracias. Seré muy breve. Primero yo creo que hay que tomar en cuenta que cuando decimos reforma política y señalamos que no es una reforma de justicia, es porque parece que los argumentos, todos los problemas de un sistema de justicia, fiscalías, policías, pareciera que a todo está enfocado el Poder Judicial.
Entonces, por eso decimos esta reforma es política, para enfocarlo realmente a cómo debe de priorizarse en el análisis. Hay cuestiones que se están mencionando en estos foros y que de alguna forma el Poder Judicial solamente es receptor del trabajo de otras partes del ecosistema de justicia. Por eso decimos, es una reforma política, básicamente. No es una manera de descalificar, sino es una forma de centrar el estudio en estas condiciones.
En el caso de cómo generar la participación, yo remitiría al tema de la justicia abierta, que el Poder Judicial Federal y otros tribunales locales han trabajado desde hace muchos años, en donde México es pionero. Y eso es lo que ahorita se está viendo la necesidad de que se implementen en realidad ya políticas de justicia abierta, para poder tener esta participación ciudadana.
Otra propuesta que queremos dejar, también puntualizar, es el hecho de que, no es que esté inacabada la reforma, yo creo que el trato que se le da a la justicia constitucional no es muy clara. La justicia constitucional está ahí y creo con todas las reformas que se le han hecho, todas las propuestas de reforma, está surgiendo un producto que no se le está encontrando de una forma alguna manera de aplicarlo. Creo que tiene más frenos que maneras de cómo echarlo a andar.
Por eso uno de los planteamientos es que pues realmente se analice el tema de la justicia constitucional en esta reforma.
Y por último y con eso cierro, el tema del Tribunal de Disciplina, bueno, habría que verlo como –y lo mencioné en mi primera participación–, como una especialización, un tipo de justicia que se puede generar, ¿por qué? Porque como lo estamos viendo, tiene varias cuestiones que aun no se precisan de que son inatacables las resoluciones.
Bueno, quién va a castigar a estos ministrados si cometen un error, o cometen una falta. Son temas que no se tendrían que tocar, si es que realmente se ve como una especialización de la justicia. Nuevamente agradezco a la Cámara de Diputados, gracias, muy amable.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias, doctor Jacobo Mérida Cañaveral.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Y a continuación cedemos el uso de la palabra a la doctora María Gabriela Rolón Montaño, magistrada secretaria ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, hasta por tres minutos.
La ponente María Gabriela Rolón Montaño: Gracias. Yo quiero concluir mi participación solamente diciendo o siendo congruente con lo que se ha dicho de la reforma que se propone de que sean inimpugnables las decisiones del Tribunal Disciplinario.
Esto sería inconvencional y además regresivo, lo decía hace rato, actualmente el acuerdo en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas que tiene el Consejo de la Judicatura Federal prevé recursos para todas las partes. En el caso del desechamiento de una queja, se prevé el recurso de inconformidad. Si se emite un dictamen conclusivo, también hay un recurso de inconformidad para que el denunciante o la víctima puedan impugnarla.
Si hay una resolución que sanciona o que declara infundado el procedimiento, procede el recurso de reconsideración, del cual conoce el pleno y lo pueden hacer valer en el caso de un procedimiento infundado, el denunciante o la víctima y del fundado o el servidor público. En el caso de que se deseche un recurso, procede el recurso de reclamación. El hecho de dar oportunidades de impugnación es acorde a los tratados internacionales.
Otra cuestión que creo que debe dejarse puntual es que la ineficiencia que atribuyen al sistema de justicia no solo nos es atribuible a los juzgadores. Yo solicito a los legisladores que hagan también su chamba en concordancia con estos problemas que se generan.
Un ejemplo de ello es que yo soy magistrada en materia administrativa antes de estar en la secretaría ejecutiva y se reformó la Ley Federal de Justicia Administrativa para que los asuntos de cuantía menor lo resuelvan los magistrados de las salas fiscales, si lo decimos así, de manera unitaria. Sin embargo, en congruencia nos hizo la reforma a la Ley de Amparo para que los recursos y los amparos los resuelvan los magistrados de circuito de manera unitaria, lo que implica que en cada asunto de cuantía menor se gastan los recursos públicos y se saturan los tribunales colegiados de circuito.
Otra cuestión que genera mucha problemática es que actualmente ninguna ley dice que la jurisprudencia debe ser obligatoria para las autoridades administrativas, solo es obligatoria para los tribunales. Esto genera que todo termine judicializado. Los invito a que vean las estadísticas en materia administrativa de cuántos asuntos en materia de pensiones se reciben en los tribunales colegiados porque las autoridades administrativas no aplican las jurisprudencias, se van los jubilados al juicio de nulidad, la sala declara la nulidad, no obstante eso, promueven juicios de amparo, recursos de revisión y esto sobresatura.
Si la jurisprudencia fuera obligatoria para las autoridades administrativas, se quedaría en serie administrativa este problema ya resuelto por jurisprudencia. Y bueno, también que el Poder Judicial pueda opinar respecto del cambio de leyes. En materia de amparo he advertido que hay muchos problemas en el cumplimiento de las sentencias de amparo, y sin embargo se hacen reformas que no resultan muy prácticas porque en ocasiones quien las elabora no está en un órgano jurisdiccional.
Yo les pidiera, les pido tener la apertura para que haya un diálogo constructivo y podamos juntos mejorar el sistema de impartición de justicia. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Agradecemos su participación, magistrada María Gabriela Rolón Montaño.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Y cedemos el uso de la palabra a la catedrática de la Universidad Euro Hispanoamericana de Xalapa, Flor de Rocío Méndez Arrieta, hasta por tres minutos.
La ponente Flor de Rocío Méndez Arrieta: Gracias. En atención y en respuesta a la pregunta que me hiciera el diputado Mario Rodríguez, ¿cómo incorporar a la sociedad civil dentro de los mecanismos del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la federación para la vigilancia de la impartición de justicia?
Siempre es bueno que la sociedad civil sea participativa en todos los ámbitos de la vida pública, no solamente en la impartición de justicia, pero cómo se va de incorpora, tienen que ser especialistas en la materia, sociedad civil que abarque barras de abogado que tengan el perfil jurídico, obviamente, para vigilar al Consejo de la Judicatura o al Poder Judicial en general.
También existe, por ejemplo, en México tenemos el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muy acreditados.
Si va a ser algo o algún participante de la sociedad civil que tenga alguna especialidad que lo acredite como especialista de derecho, ¿por qué? Porque es muy bonito el término democracia, vamos a elegir a los jueces, la democracia, lo que diga la mayoría, pero es muy importante no confundir la democracia con la impartición de justicia ¿por qué? Porque no siempre, cuando no eres especialista, cuando no tienes conocimiento jurídico en la materia lo que diga la mayoría no siempre es lo mejor.
Estamos viendo y cuántas veces leemos en noticias o vemos en la televisión, por decir así, los linchamientos, la mayoría del pueblo enardecida diciendo que se muera el delincuente, que se muera y no les asiste la razón ni el derecho, es pueblo también, pero están equivocados, están equivocados en su enfoque, eso es gravísimo.
Entonces, incorporando, yo no estoy en contra de que se reforme el Poder Judicial federal, tenemos que mejorar, tenemos que implementar mecanismos de vigilancia, estoy en contra de la forma en que se pretende hacer de decir, ahora voy a resolver y para que a mí me reelijan tengo que resolver como la mayoría del pueblo piensa, que yo debería resolver, porque si no, no les voy a hacer simpático, les voy a hacer adverso.
Y en México tenemos muchos casos, pero muchos de ejemplo, en donde no siempre la resolución del juez fue lo que la gente esperaba que él resolviera. Y en un caso no perdamos de vista que siempre va a haber una parte que va a estar muy agradecida y otra parte que va a estar enojada porque no le favoreció.
Bueno, y volviendo al tema de incorporar, pues hay que hacer mecanismos de selección. Por ejemplo, en el caso de los catedráticos, un catedrático que pueda intervenir en el Poder Judicial y en la vigilancia, pueden ser a través de convocatorias en las universidades públicas. Esto, principalmente tiene que llevar o conllevar el acuerdo de las bancadas porque esto para que sea legal tiene precisamente que insertarse en la ley como un complemento, es una propuesta. Es cuanto.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Agradecemos su participación de la catedrática Flor de Rocío Méndez Arrieta.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Y cedemos el uso de la voz al profesor Luis Tapia, hasta por tres minutos.
El ponente Luis Eliud Tapia Olivares: Muchas gracias. Solo voy a tomar el tiempo para contestar la pregunta de la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján que nos preguntó por propuestas.
Voy a referirme a un artículo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una ONG que, por cierto, ha sido denostada por el presidente de la República más de 20 veces por su trabajo en el caso Ayotzinapa, en la que trabajé casi 9 años.
Como sí reformar la justicia, 10 temas esenciales que no se resuelven eligiendo jueces. Número uno, reconstruir a las fiscalías incluyendo a la Fiscalía General de la República. Número dos, fortalecer la justicia local, tanto los principales problemas de la justicia como los más graves de la falta de independencia e imparcialidad se encuentran sobre todo en los Poderes Judiciales locales.
Tres, rediseñar todo el esquema de las policías encargadas de investigar delitos, tenemos en México policías con capacidades para investigar los delitos científicamente. Cuatro, incrementar las capacidades técnicas de la independencia de los servicios periciales, en el caso de Digna Ochoa la Corte Interamericana condenó a México que presentará una reforma constitucional para que los servicios periciales fueran independientes; ya son casi dos años y no se ha presentado la reforma.
Acrecentar las capacidades, recursos y personal de las defensorías sobre la base de lo que ha logrado el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Por cierto, sería importante saber si ya invitaron a la defensoría pública a los foros del día 6 de agosto para que participe.
Seis, mejorar la carrera judicial, tanto a nivel federal como a nivel estatal; la falta de carrera judicial justo permite decisiones discrecionales políticas en los estados y hay varios ejemplos de cómo sucede eso. Sí hay que repensar la distribución territorial de la justicia. La localización de juzgados federales y estatales a menudo responden a criterios políticos y mercantiles más que a una intención de acercar la justicia a quienes más lo necesitan. Habría que pensar en esquemas de justicia itinerante, como en Colombia.
8) Ampliar el acceso al juicio de amparo. Claramente, la reforma de Ley de Amparo del 2011 no ensanchó la puerta de la justicia federal para grupos más vulnerables. Las razones son múltiples y entre ellas están la complejidad del juicio de amparo y la insuficiente disponibilidad de servicios jurídicos.
9) Mejorar el monitoreo patrimonial oficioso a personas juzgadoras tanto a nivel estatal como a nivel federal.
10) Regular el ejercicio de la abogacía. Estamos celebrando hoy el día de las personas abogadas. En su búsqueda de justicia, las personas más pobres de México no solo son víctimas de un aparato ministerial y judicial indiferente, sino también de profesionistas del derecho, así es, colegas míos, que ejercen sus funciones con negligencia, irresponsabilidad y abuso sin ninguna consecuencia.
¿De dónde van a obtener los nuevos jueces y juezas que van a ser electas con voto popular? De ahí, de las escuelas de derecho. Si no se atiende la regulación de la abogacía, no va a resolverse el problema, se va a agravar la situación respecto a la justicia en México. Muchas gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias al profesor Luis Tapia por esta participación.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Y continuando, cederemos el uso de la palabra al abogado Marco Barrera Vázquez.
El ponente Marco Barrera Vázquez: Gracias. Pues considero que es una reforma política porque lo que está en juego es que el Poder Judicial ya no va a ser un poder con preeminencia sobre el Legislativo, sino que ahora va a ser el tercer poder.
Ese es el sentir de una reforma y ese es el caldo de lo que tenemos que discutir. Hay que tener mucho cuidado, y es una responsabilidad que va a tener el nuevo gobierno constituyente, pues, sí, los temas de democracia.
Obviamente, son temas normales que a priori cuestionan dudas. Hay que recordar que Jesús y Sócrates fueron condenados democráticamente, pero pues obviamente que es parte de una discusión normal y que obviamente en estas etapas de civilización pues vamos a tener que probar otros caminos, dado que en los actuales ya hubo una decisión popular en las elecciones pasadas y es irreversible.
Yo quisiera que se centre más la discusión no en el tribunal de disciplina porque el tribunal de disciplina es verlo como el castigo, porque siento que esa es la visión actual del gobierno de los jueces. El gobierno de los jueces controla a los 55 mil y a sus resoluciones con esta visión y yo creo que la clave de esto, respetuosamente, debe ser el órgano de gobierno, no el de castigo, que no tenga prioritariamente, que sea como en Francia, como en Italia, que sean minoría los funcionarios de carrera judicial, porque ellos no están preparados para funciones que no sean las que la propia carrera judicial les ha enseñado.
La prueba, por ejemplo, es una incapacidad interna endogómica, perdón, para no comprender los grandes avances sociales. Por ejemplo, los derechos humanos en muchos países nacieron en sede judicial. En México, sí fue en sede judicial, pero extranjera, fueron en convenios del sistema interamericano, no vinieron de aquí y es entendible, porque no hay tiempo de pensar.
No sé si ustedes sepan, pero el servidor público que más primas de seguro paga por siniestro en el país, es el servidor público del Poder Judicial de la Federación. Cómo les podemos exigir a ellos que transformen las políticas públicas, son los responsables los que desde 1994 hasta ahora, son ellos los que no lo supieron manejar y pues obviamente que el principio de juez y parte pues ha tenido consecuencias y a veces también en riesgos derechos que el diputado Torreblanca bien ha señalado, las minorías corren riesgos.
Y solo para terminar golden joystick proyect, perdón, no quise corresponsabilizar únicamente al Poder Judicial Federal, incluyo a los abogados postulantes que no estamos colegiados, fundamentalmente a las universidades, son muchos aspectos, pero obviamente que como nosotros nos regimos por el sistema de amparo fundamentalmente dato para en 1998 el relator de Naciones Unidas ya dijo que también está reprobado el Poder Judicial de la Federación en esa evaluación y obviamente ahorita hay que discutir esa parte y cuando sea oportunidad en las otras también. Bueno, gracias.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Muchas gracias, al abogado Marco Barrera Vázquez. Esta ha sido la última intervención en el marco de las reflexiones finales. Sabemos que el tiempo es insuficiente para el debate y análisis en esta materia, sin embargo, por hoy han culminado el diálogo nacional de las Reformas a la Constitución en materia del Poder Judicial, donde estaremos abordando como eje de la reforma al Consejo de la Judicatura Federal, que propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración.
Agradecemos a todas y a todos los presentes. A quienes han seguido la trasmisión a través del Canal del Congreso y las diversas plataformas digitales.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Me permito así dar por terminados los trabajos, solicitarle a nuestro vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados, al diputado Leonel Godoy Rangel, nos pueda dirigir sus palabras de cierre y, al mismo tiempo, la clausura de este diálogo nacional.
El diputado Leonel Godoy Rangel: Quiero iniciar mi intervención rechazando calificativos. No puede haber un diálogo serio si nos llaman que no tenemos propuestas serias. No puede haber un diálogo serio si llaman que éste es un aparente parlamento abierto. Lo digo con mucho respeto.
Por eso, la democracia es el mejor sistema. Todos los Poderes del Estado, les tengo malas noticias, son electos. Actualmente los ministros, los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros del INE, los consejeros de la Judicatura tienen una elección indirecta. Qué es lo que se planteó en la campaña. Una elección directa. Así de sencillo, así de simple.
Nosotros creemos en la democracia. Fíjense que hoy, si este auditorio hubiera votado habría ganado Xóchitl Gálvez, 9 de los 12 ponentes fueron opositores a la reforma del Poder Judicial. Y tienen todo su derecho y tenemos que escucharlos con mucha seriedad. Creo que a nadie debe de asombrar señalamientos. Debemos de evitarlos, pero los hay. Al presidente le han llamado narcopresidente, le han llamado corrupto. A Claudia Sheinbaum la han llamado narcocandidata, así ha ocurrido.
Debemos, sin duda, elevar el nivel del debate. Y no solo aquí, por cierto. Que en las propuestas que se hicieron llaman a que se integre al Consejo de la Judicatura, a abogados, a órganos colegiados, pero a nadie se le ocurrió invitar a un campesino, a un trabajador. ¿Por qué no? O acaso...
Quiero decirles que soy doctor en derecho y no de universidad patito, soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo creo que no somos superiores, como nadie es superior a nadie.
Ayer tuvimos una desagradable noticia: se dejó, se decidió dejar en libertad condicional al presidente municipal de Iguala, uno de los principales responsables del caso de Ayotzinapa, de los masacrados normalistas. Y, bueno, pues así es la justicia.
Por eso, también reclamo el que la convencionalidad no puede hacer que la última instancia sean los tribunales internacionales. Aquí luego luego nos amenazan, en todos los foros ha ocurrido, de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos qué va a decir.
Me recuerda cuando Alito, cuando Marko Cortés y Zambrano fueron a ver a Almaguer a la OEA a pedirle intervención. ¿Almaguer? Perdón, ya, por alusiones personales. Almagro, efectivamente, el secretario general de la OEA.
Yo, con todo respeto, siempre creeré en la superioridad, en la supremacía de la Constitución sobre cualquier tratado internacional. Para mí eso está muy claro en el artículo 1o., y si no, hay que clarificar para que no quede ninguna duda. Nosotros no podemos dejar en manos de la justicia extranjera la última decisión en cualquier materia de justicia en México.
Es cierto que la última instancia siempre puede cometer errores, pero así es la Corte, así es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿por qué no este tribunal de disciplina judicial?
Pero al final del día, lo más importante es que debe de haber debate. Reitero lo que dije al principio, quizás no me escucharon. Uno de los temas son los requisitos de elegibilidad. Los requisitos de elegibilidad, ahí hay que discutirlo. Mucho hablan de la carrera judicial.
Yo vengo de otros tiempos donde no había carrera judicial, y sí eran, había como ahora, jueces probos y va a haber siempre, como va a haber jueces corruptos, y como va a haber legisladores corruptos, y como va a haber servidores públicos corruptos. Esto no es la panacea, es el inicio de un modelo diferente.
Por eso nosotros decimos que el 2 de junio se hizo una revolución pacífica, una revolución de votos, y nos vamos a atener a ella, pero debemos de participar todos y debemos de tener propuestas. Aquí ya se presentaron algunas, y hay que ver en qué lugar se adecuan en estas iniciativas presentadas por el presidente de la República y que hemos decidido hacer nuestras el Grupo Parlamentario de Morena.
Por eso, si ustedes me permiten, les pediría ponernos de pie. No es parte, no es parte. No es parte. No es parte. Es extranjera. Es extranjera. Es extranjera.
Otra cosa, otra cosa, otra cosa. Los derechos humanos no es la única garantía que debe de tener este sistema. Te vi aplaudir mucho al PAN. Te vi aplaudir mucho al PAN.
La moderadora diputada Raquel Bonilla Herrera: Les pedimos a todos los asistentes el respeto al tiempo de nuestros ponentes y a cada una de las personas que se encuentran aquí. Vemos la finalización de los trabajos a través de la clausura en palabras del diputado Leonel Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel: Imagínense si hubiera ganado el PAN, tendríamos este tipo de personalidades, arrollando, atropellando.
Siendo las siendo las 3:37 horas del día hoy, 12 de julio del año 2024, damos por clausurados los Diálogos por la Reforma del Poder Judicial con los temas del tribunal de justicia, de disciplina judicial y del órgano administrativo. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia.
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