Minuto de silencio por el fallecimiento de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera
Intervención de la ciudadana Maricela Téllez Jiménez, en lengua náhuatl
Comunicaciones
Efeméride, con motivo del 77 aniversario del reconocimiento de las mujeres a votar y ser votadas en el ámbito municipal
María Macarena Chávez Flores, PRD
María de Jesús Rosete Sánchez, PT
Norma Graciela Treviño Badillo, PRI
Ana Laura Sánchez Velázquez, PAN
Iniciativas
Esther Berenice Martínez Díaz, Morena
Mariana Erandi Nassar Piñeyro, PRI
José Antonio García García, Morena
Jesús Fernando García Hernández, PT
Ma. Cristina Vargas Osnaya, Morena
Martha Nabetse Arellano Reyes, Morena
Héctor Israel Castillo Olivares, PAN
Marco Antonio Mendoza Bustamante, PRI
Cecilia Anunciación Patrón Laviada, PAN
Jorge Ángel Sibaja Mendoza, Morena
María Magdalena Olivia Esquivel Nava, Morena
Protesta de la diputada Karina Isabel Garivo Sánchez como secretaria de la Mesa Directiva
Kevin Angelo Aguilar Piña, PVEM
Ciria Yamile Salomón Durán, PVEM
Amalia Dolores García Medina, PMC
José Antonio Zapata Meraz, PAN
Antolín Guerrero Márquez, Morena
Otoniel García Montiel, Morena
Merary Villegas Sánchez, Morena
Miguel Ángel Pérez Navarrete, Morena
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Solicito a la Secretaría que haga de conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: Señora presidenta, se tienen registrados 360 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo (12:53 horas): Se abre la sesión ordinaria del martes 13 de febrero de 2024, en modalidad presencial.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, honorable asamblea. Honorable asamblea esta Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento y concede un minuto de silencio en honor de Flor de María Pedraza Aguilera.
A los 18 años se integró al Partido Acción Nacional, fue diputada federal en la LXII Legislatura, en la que se distinguió por impulsar un número importante de iniciativas a favor de las mujeres y de la equidad de género.
La diputada Flor de María Pedraza Aguilera fue una de las promoventes de la reforma al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género para convertirlo en el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, que es un orgullo de esta Cámara de Diputados en materia de investigación y análisis.
Hacemos llegar a su familia y amigos nuestras más sentidas condolencias. Descanse en paz la diputada Flor de María Pedraza Aguilera. Vamos a ponernos todas y todos de pie para rendir un homenaje por la ausencia de la exdiputada.
(Minuto de silencio)
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible para consulta en cualquier dispositivo electrónico y contiene los asuntos a tratar de esta sesión.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: En el marco de la conservación e impulso de las lenguas indígenas nacionales, la Cámara de diputados da la bienvenida y otorga el uso de la tribuna a la ciudadana Maricela Téllez Jiménez, quien es hablante de la lengua náhuatl.
La ciudadana Maricela Téllez Jiménez es originaria de Calpan, Puebla, es estudiante de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y se ha dedicado a trabajar en pro de las comunidades indígenas.
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Maricela Telles Jiménez, hasta por cinco minutos.
La ciudadana Maricela Téllez Jiménez (habla en lengua náhuatl): Vengo a compartirles sobre las tradiciones y costumbres en mi comunidad y la responsabilidad del resguardado cultural del pueblo de Ozolco. Aunque la resistencia es uno de los rasgos simbólicos e históricos que caracterizan nuestra cultura, las aspiraciones económicas han desarticulado y dividido la relación histórico-cultural entre las prácticas ancestrales y la comunidad.
Por otro lado, la imposición económico-social ha causado problemas importantes como el alcoholismo y la drogadicción en los jóvenes, quienes son orillados a practicar la delincuencia y a migrar hacia la urbanidad o hacia Estados Unidos, por las pocas condiciones de equidad social y sostenible.
Quiero compartir que mis papás son de San Mateo Ozolco, Calpan, Puebla, en donde vivieron su niñez y juventud, donde crecieron conociendo sus tradiciones y costumbres antes de tomar la decisión de migrar al Estado de México para cubrir sus necesidades económicas.
El sustento de nuestro pueblo y comunidad ha sido, ancestralmente, su relación con la naturaleza, que provee de agua, árboles forestales y frutales, cultivos y animales domésticos, en conjunto con nuestras tradiciones para el bien común, como las faenas, fiestas patronales y fiestas de pedimento o agradecimiento a los volcanes, intermediarios espirituales de lo natural. Acostumbrados a hablar el náhuatl, les ha costado trabajo pronunciar y entender el español a lo largo de los años.
Las situaciones históricas han ido cambiando con la creación de la reserva Izta-Popo y su promulgación, que corta las actividades económicas forestales, al igual que con los conflictos que ocasionaron la tenencia de la tierra ejidal y el control social; estos hechos trajeron pobreza a los abuelos, porque no había para comer ni para vestir.
La reciente industrialización de alimentos hizo que las frutas, cultivos, carnes, así como sus formas económicas (el trueque con carbón y sus productos) fueran en decremento su valor y prestigio. El desgaste de las fuentes de agua y otros recursos se debe a una explotación desmedida que obliga a nuestros padres a buscar formas diferentes de sustento.
Sin olvidar la discriminación y la castellanización que, por una parte, denigra nuestra lengua y cultura y, por otra, promueve su extinción para evitar la vergüenza que se sufre y llegar a modernizarse. Es una inequidad total en nombre de la igualdad social.
Ahora se ha hablado mucho de los cambios que han sucedido en la comunidad. La pobreza que se vivía ya no se ve como antes, al contrario, el pueblo ha cambiado en las viviendas, en la vestimenta, en la comida. Ya no se echan tortillas en el comal y se come de todo.
En el campo ya no se siembra bien, además de la existencia de la drogadicción y la delincuencia en los jóvenes que han perdido el objetivo de mantener las actividades culturales que realizaban nuestros padres y abuelos.
Mis papás me comentaron hace unos días, justo después de visitar el lugar donde crecieron, que las tradiciones y costumbres se están perdiendo, como la lengua náhuatl, que ya no está tan presente. Los únicos hablantes son adultos mayores, mientras que los niños, los jóvenes y los jóvenes adultos ya no son ni hablantes ni oyentes. Esto es la modernidad y la igualdad social, ¿lo permitiremos?
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias. Gracias a la ciudadana Maricela Téllez Jiménez.
Agradecemos la presencia en este salón de sesiones de una delegación de parlamentarios de la República de Austria, integrantes del Grupo Bilateral para México y Centroamérica del Consejo Nacional de Austria.
Saludamos individualmente al diputado Martin Graf, presidente del Consejo. Bienvenido. Al diputado Ernst Gödl, a la diputada Petra Bayr, al diputado Alex Kassegger, a la diputada Elisabeth Gödze y al senador Karl-Arthur Arlamovsky, del Consejo Federal de Austria.
Nos acompaña la excelentísima señora Elisabeth Kehrer, embajadora de la República de Austria, en México. Esta delegación sostuvo una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el diputado Alfredo Femat Bañuelos. Un saludo, diputado Bañuelos, Alfredo Femat. Y, la Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida y les desea que su visita contribuya al fortalecimiento del diálogo, la colaboración y los lazos de amistad entre nuestras naciones. Es cuanto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Consulte la Secretaría, a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Se dispensa la lectura. Consulte ahora, la secretaría, si es de aprobarse el acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Aprobada el acta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: Se recibió solicitud de la diputada Yessenia Olua González, para retirar iniciativa que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: De enterada y actualícense los registros parlamentarios. Continúe.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: La Cámara de Senadores, remite los siguientes asuntos:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura. Acuerdo...
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: De ente... Perdón, continúe, continúe.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: Disculpe, presidenta. Acuerdo por el que la senadora Claudia Edith Anaya Mota causa baja como secretaria de la Mesa Directiva.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: De enterada.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: La Cámara de Senadores, comunica que se designaron como representantes, titular y suplente, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a los senadores Christian Gregorio Díaz Carrasco y Antonio García Conejo
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: De enterada y comuníquese.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación copias de las evaluaciones de impacto presupuestario emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las siguientes iniciativas que remitió el presidente de la República el 5 de febrero de 2024.
Primero. Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral.
Segundo. Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial.
Y tercero, con proyecto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de austeridad republicana y remuneraciones de personas públicas.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: De enterada. Túrnese a las comisiones correspondientes para su conocimiento y atención e intégrese en los expedientes respetivos.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: Se recibió de la Secretaría de Gobernación contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en relación con la actividad pesquera en las inmediaciones de las instalaciones petroleras de la zona de Campeche.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Túrnese a la Comisión de Pesca para su conocimiento.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: Se recibió de la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a realizar una mayor implementación de unidades de cuidados paliativos.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Túrnese a la Comisión de Salud para su conocimiento. Proceda la Secretaría a dar cuenta con la solicitud de licencia del diputado Horacio Fernández Castillo.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: Se concede licencia al licenciado Horacio Fernández Castillo, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito 10 del estado de Jalisco, del 13 de febrero al 26 de abril del año en curso.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Llámese al suplente.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Aprobada y comuníquese.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Honorable asamblea, se encuentran en este salón de sesiones los ciudadanos Karina Isabel Garivo Sánchez, diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal y Álvaro Jiménez Canale, diputado federal electo en el distrito 10 del estado de Jalisco. Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputada María Leticia Chávez Pérez y diputada Edna Gisel Díaz Acevedo.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Esta Presidencia saluda a alumnos de la Universidad Regional Integral del municipio de Tequila, invitados por el diputado Gustavo Macías Zambrano. Sean bienvenidas y bienvenidos a este recinto legislativo, la Cámara de Diputados, la casa del pueblo.
(La comisión cumple su encargo)
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Ciudadana Karina Isabel Garivo Sánchez y ciudadano Álvaro Jiménez Canale, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
La ciudadana Karina Isabel Garivo Sánchez y el ciudadano Álvaro Jiménez Canale: Sí, protesto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: Se invita a los presentes a tomar asiento.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 77 aniversario del reconocimiento de las mujeres a votar y ser votadas en el ámbito municipal a cargo de los grupos parlamentarios. Y tenemos la intervención hasta por cinco minutos de la diputada María Macarena Chávez Flores, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada María Macarena Chávez Flores: Buenos días, compañeras, compañeros. Con el permiso de la Mesa.
El 12 de febrero de 1947, fecha trascendental que marca el primer ejercicio del voto a nivel municipal, el cual es producto del esfuerzo y la lucha incansable de las mujeres derivadas de una iniciativa que reforma el artículo 115, fracción I de la Constitución federal, se estableció la participación de la mujer mexicana en las elecciones municipales, el derecho de votar y ser votada en igualdad de condiciones frente al hombre.
Derecho que derivó de la suma de diversas batallas que generaron una reacción de gobierno y el reconocimiento de este derecho a nivel constitucional, tales como la iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas en 1937, la cual reforma el artículo 34 constitucional para permitir el voto a la mujer. Sin embargo, a pesar de su aprobación en ambas Cámaras, nunca vio su aplicación, pues no se realizó la declaratoria de publicación y su vigencia nunca concluyó, bajo los falsos argumentos que señalaban que el voto de la mujer podría verse influenciado por la religión.
La materialización del voto de las mujeres se consolidó hasta diciembre de 1946, cuando la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que reforma el artículo 115 constitucional, logrando finalmente que de manera legal se hiciera efectivo el derecho de la mujer, reconociéndole los derechos de ciudadana. Teniendo como consecuencia que el 12 de febrero de1947 se publicara en el Diario Oficial de la Federación el decreto de adición al artículo 115 que permite la participación de las mujeres como votantes y como candidatas.
No obstante, a más de 80 años, aún queda mucho por hacer entre los países miembros de la OCDE. México tiene uno de los porcentajes de participación femenina más baja, el 11 %, en comparación con algunos países de la región de Latinoamérica, como Colombia, 13 %. De acuerdo con el Inegi, el 19 % de las personas emprendedoras en México son mujeres, de las cuales el 49 % tienen entre 18 y 34 años, y el 41 % tienen entre 35 y 54 años de edad, demostrando su fortaleza e iniciativa para hacer frente a la economía familiar.
En cuanto a nivel de escolaridad, 65 % de las mujeres emprendedoras tienen estudios universitarios, contra un 53 %, lo que nos recuerda la brecha de oportunidad laboral que existe entre los género. Las mujeres componen 51.2 % de la población total mexicana, equivalente a más de 64 millones de personas, acorde con el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Inegi. Y, sin embargo, mucho aún consideran a las mujeres como una cuota y no como la población mayoritaria de este país.
En el Centro de Investigaciones de la Mujer, en la Alta Dirección, señala que las empresarias destinan más del 70 % del ingreso a su comunidad y familia. Los hombres sólo inyectan a este rubro entre el 30 y 40 % de sus recursos. Las mujeres, por el contrario, cuentan con planes de negocios más sólidos y buscan los canales de financiamiento como los necesitan. De cada 100 mujeres que solicitan un préstamo para invertir en una empresa, el 99 % salda su deuda por completo.
En México, según el Centro de Investigaciones de la Mujer, en la alta dirección indica que las mujeres inyectan más del 70 % de sus ganancias a su comunidad y a su familia. Por otro lado, los hombres solo aportan entre el 30 y 40 %. Por tanto, es necesario celebrar las fechas destacadas que recuerdan la lucha de miles de mujeres, pero más importante aún es garantizarles espacios seguros y de inclusión en todo el país. Es cuanto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada María Macarena Chávez Flores.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Mirza Flores Gómez: Presidenta, muy buenas tardes. Con tu venia.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
La diputada Mirza Flores Gómez: Compañeras diputadas, compañeros diputados, la efeméride a la que el día de hoy estamos haciéndole honor es el voto de las mujeres y el derecho a ser votadas en los municipios.
Este voto no fue una concesión, es el resultado de luchas en todo el mundo, levantamientos de las mujeres en países en donde las mujeres exigían la justicia de votar, pero también de ser electas. A este movimiento se le llamó el sufragismo.
El sufragismo fue un movimiento internacional de reivindicación del derecho de las mujeres a ejercer el voto, y no solamente por el hecho de que quisieran que las mujeres votaran y participaran, por el ejercicio pleno de la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que poner en el centro de la discusión, del debate y de esta fecha: el derecho pleno de las mujeres a ser ciudadanas.
Este voto fue originario en Estados Unidos a finales de la década de 1840, con una fuerte implantación en el Reino Unido. Desde 1865 el movimiento se extendió a gran parte de los países europeos. El objetivo del movimiento sufragista era obtener las reformas legales necesarias para que contemplaran en los diversos países del mundo el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, es decir, a ser elegidas para desempeñar cargos públicos.
Era la década de los 20 en el siglo pasado y en diversos países las mujeres iban conquistando el voto. En 1923, las mujeres obtienen el voto en Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Australia, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Lituania, Estonia, pero al mismo tiempo en México se cocinaba desde 1917 una iniciativa que Venustiano Carranza y el resto de los constituyentes dejaron en un cajón. Una iniciativa que Hermila Galindo presentó con un grupo de mujeres sufragistas en México para que las mujeres también tuviéramos el derecho pleno de ejercer nuestra ciudadanía con el voto. Claro, dicha iniciativa queda guardada en un cajón y no ve la luz sino hasta muchos años después.
La Liga Panamericana para la Elevación de las Mujeres se celebra con el primer congreso feminista en México. ¿Cuáles eran sus objetivos? Igualdad de derechos políticos, civiles y del trabajo. En 1925 en el estado de Chiapas se otorga el voto a las mujeres en elecciones municipales, 1927 se revisa el Código Civil y los cambios tienen unos propósitos muy específicos: igualar el estatus legal de hombres y mujeres y al mismo tiempo ofrecer la protección a la mujer casada. En 1936 Puebla otorga el voto a la mujer en elecciones municipales, 1938 Sinaloa otorga el voto a la mujer en elecciones municipales, 1953, el 17 de octubre, se publica la ley que reforma el artículo 34 que dice: La mujer puede votar y ser electa en las elecciones municipales, estatales y federales.
Ninguna de estas reformas fue concesión. Todas y cada una de ellas fue el resultado de la lucha sufragista de las mujeres en el mundo y de las mujeres mexicanas, que con mucho valor dieron la pelea para que hoy el 50 % más 1 ocupemos las mujeres en esta Cámara de Diputados.
Esa historia tiene que cimbrarnos en los huesos, tiene que cimbrarnos en nuestro ADN para poder representar lo que las mujeres pelearon tanto. Debemos de representar los intereses de niñas y mujeres en este país y no solo porque sea una política diferenciada, sino porque niñas y mujeres en este país requieren de cosas diferentes, que sean atendidas con un acceso a la salud diferenciado, un acceso a la educación, acceso a los apoyos a las mujeres en el campo, acceso de las mujeres con apoyos de manera diferenciada en el deporte.
¿Y por qué digo diferenciada? Porque de entrada las discriminaciones todos los días se dan en todas las áreas de nuestro país por el único hecho de ser mujer. Por eso se exige hoy más que nunca que las mujeres en esta Cámara tengamos plena conciencia y absoluto compromiso con las niñas y mujeres que en este país están requiriendo que hablemos por ellas, no por las locuras que vienen de Palacio Nacional. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada Mirza Flores Gómez.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada María Rosete, del Partido del Trabajo.
La diputada María de Jesús Rosete Sánchez: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
La diputada María de Jesús Rosete Sánchez: Esta lucha es una lucha por la emancipación y soberanía de nuestras vidas, por un México donde ser mujer no signifique ser menos, porque no podemos hablar de democracia legítima sin las mujeres.
La Constitución del 17 no tuvo madres, los hombres fundadores proclamaron la igualdad de todos los mexicanos. Fue así como las mujeres quedamos excluidas de los derechos políticos un gran periodo, hasta 1953, sin embargo, es en 1955 cuando las mujeres pudimos participar de forma efectiva en una jornada electoral en nuestro país.
La incorporación formal de las mujeres a la vida política trajo consigo el inicio de los cambios en el sistema jurídico en materia de igualdad. El voto de la mujer en México es la consecuencia del despertar democrático nacional. Hoy somos la voz de las mujeres que nos han antecedido y que muchas veces fueron silenciadas en la lucha por la igualdad.
La historia de la humanidad y de México ha estado marcada por la constante lucha de las mujeres de forma individual y colectiva en la promoción, procuración, protección y realización de los derechos humanos. Nuestro rol es fundamental como agentes de justicia y de cambio.
La discriminación de género y las múltiples violencias se siguen manifestando en sus diferentes formas hacia nosotras en la casa, en la escuela, en la calle y el trabajo. Al día de hoy los espacios seguros para nosotras son todavía un privilegio más que un derecho. Por ello, abrazo la sororidad, abrazo con sororidad a las mujeres de esta la legislatura de la paridad. Todas ustedes desafiaron estereotipos que cuestionaban nuestra participación democrática en México.
Reconozco en ustedes compañeras el valor que cada una ha tenido y puedo decir con toda seguridad que detrás de cada una de nosotras hay una gran historia de lucha por ejercer nuestro derecho para acceder a un espacio de representación popular. 70 años han pasado desde aquel decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación donde se nos concedía a las mujeres el derecho a votar y a ser votadas para cargos de elección popular.
Y hoy tenemos por primera vez en el Congreso la representatividad que por muchos años no existió, pero yo pregunto, ¿es esto suficiente? ¿Cuántas gobernadoras, cuántas alcaldesas, cuántas diputadas locales hay en las entidades federativas? ¿Es entonces la igualdad una realidad? Hoy hablamos del tiempo de las mujeres, sin embargo, para que sea el tiempo de las mujeres tiene que ser también el tiempo de la dignidad.
Vivimos en una sociedad profundamente desigual que excluye y violenta sistemáticamente a las mujeres. Vivimos un México donde 11 mujeres no van a regresar a casa este día. Donde las madres siguen buscando y no hay institución ni política pública que responda al grito desesperado de ayuda de esas familias que perdieron lo que más amaban. Una sociedad donde la maestra rural trabaja en condiciones precarias, donde la campesina sigue siendo explotada en el campo y violentada en la casa. Una sociedad donde el machismo está profundamente arraigado en la cotidianeidad de nuestro día a día, ese al que las mujeres representamos, más del 50 % de la población en México.
Este día es un llamado a la reflexión de vida de las mujeres en México, porque sigue siendo agenda pendiente legislar la despenalización del aborto, el trabajo de cuidados, la igualdad laboral, la vivienda asequible para las mujeres, la impartición de justicia con perspectiva de género. Fin de la violencia por razón de género, la violencia familiar y política.
Como decía la gran feminista Julieta Kirkwood: “las mujeres queremos democracia en el país, en la casa y en la cama”. Es cuanto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada María Rosete.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan González Lima, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan González Lima: En la búsqueda del reconocimiento y respeto a los derechos de las mujeres se han consolidado varios avances en beneficio de la igualdad entre estas y los hombres. Poco a poco ha quedado atrás la idea de la defensa y sus garantías como un ejercicio meramente teórico y discursivo.
Hoy, vivimos una realidad que le apuesta al ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres. En la conmemoración del 37 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas en el ámbito municipal, retoma especial relevancia una de las premisas prioritarias de la actual administración de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, resaltando la importancia de las mujeres en la toma de decisiones, especialmente de aquellas que históricamente habían sufrido algún grado de marginación.
Sirva esta conmemoración no solo para exaltar y aplaudir los logros alcanzados, de lo loable que fue y sigue siendo la lucha que se inició muchos años antes de que se diera el primer sufragio de las mujeres en México, sino también para visualizar aquellas deudas que aún tenemos con sectores de la población femenil que siguen luchando por ser escuchadas, respetadas y consideradas en su ejercicio político.
El 12 de febrero de 1947 fue la fecha en que entró en vigor la edición del artículo 115 en nuestra Constitución, para garantizar la participación de las mujeres como votantes y como candidatas, quedando establecido literalmente que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas.
Dicha reforma permitió visualizar con claridad los actos discriminatorios que históricamente habían aquejado las mujeres, dando paso no a un beneficio, sino a un derecho de la igualdad entre las personas.
Quienes en su momento lucharon para poder emitir un voto, no imaginaron el impacto que tendrían sus acciones por el resto de la historia. Hoy tenemos claro que la participación de las mujeres no es un tema ideológico, sino una realidad que ha mostrado los beneficios de la participación de la mujer en la vida política de cualquier nación.
Hoy las mujeres no solo participan en las elecciones, hoy las mujeres son motores impulsores de innovaciones y de los cambios que cualquier administración necesita. Jefas de gobierno, diputadas, policías, directoras, maestras, presidentas, alcaldes y cualquier encargo puede ser dirigido con responsabilidad y profesionalismo, porque de eso se trata, de capacidad y no de oportunidad.
Los avances son muchos, pero debemos seguir trabajando mientras siga existiendo una sola mujer que necesite y que se reconozca y que se respeten sus garantías, que es en sentido, mi partido, refrenda su compromiso, con el tema presentado, hondo, propuestas de reforma, que las proteja y que se haga justicia ante la violencia, pero, sobre todo, para garantizar su participación en la democracia.
Es urgente dejar de ver a cada logro alcanzado como una simple batalla ganada, se necesita del compromiso y trabajo conjunto para que mujeres y hombres adoptemos el tema de igualdad como una obligación compartida, como un rubro normal o como cumplir y no un invencible reto ante la realidad adversa para quienes aspiran a ejercer libremente sus derechos.
Y aunque nuestro país ya funciona bajo un sólido marco jurídico con leyes generales de partidos, de instituciones y de procedimientos electorales que sustentan la paridad en beneficio de las mexicanas, no podemos dar por terminada la tarea que nos exige seguir vigilando que se cumpla la ley, somos parte de la legislatura de la paridad y eso, además de orgullo, nos compromete a dirigir nuestros trabajos legislativos para consolidar la participación de las mujeres en la vida profesional y política de nuestro país.
Cada conmemoración está representando la oportunidad de hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que se ha logrado. Pero, sobre todo, para definir con claridad las acciones que debemos realizar para continuar consolidándonos con una nación verdaderamente igualitaria e incluyente, con leyes que garanticen el ejercicio político sin cuestionamientos.
Que esta fecha nos sirva para hacer un reconocimiento a quienes fueron punta de lanza para empezar una lucha que hoy garantiza la participación de las mujeres en la vida política de México.
Yo me siento honrado porque todas las participaciones para esta conmemoración y esta fiesta, que tenemos que tomarlo como una fiesta, yo soy el único hombre que habla con respecto a la mujer. Y eso es lo que debemos hacer, los hombres debemos hablar más de los derechos de las mujeres, más que las mujeres. Estamos seguros que vamos avanzando muy grandemente en este rubro, sobre todo porque pronto tendremos una mujer que dirija los destinos de este país y seguramente será una gran mujer y esa sería Claudia Sheinbaum.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, favor de concluir.
El diputado Juan González Lima: Gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Juan González Lima.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Graciela Treviño Badillo, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada Norma Graciela Treviño Badillo: Buenas tardes. Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
La diputada Norma Graciela Treviño Badillo: Compañeras y compañeros legisladores, esta fecha ha sido clave para la vida democrática de México, pues marcó un avance significativo en nuestra lucha por la igualdad y la justicia social. Recordemos que el derecho al voto es fundamental en cualquier democracia del mundo, es el pilar sobre el cual se construyen sociedades más justas y equitativas. Sin embargo, durante mucho tiempo este derecho fue negado a más de la mitad de nuestra población, las mujeres.
La lucha por el libre sufragio de las mujeres fue ardua y persistente. Su valentía desafió la injusticia y la opresión y su coraje y determinación fueron clave para que las mujeres de hoy ejerzan, ejerzamos plenamente nuestros derechos cívicos y políticos.
Y hoy celebramos el fruto de esas décadas de lucha, el reconocimiento de que cada voz cuenta, sin importar el género. Reconocemos que la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones es esencial para construir un futuro más justo y próspero para todas y todos.
Sin embargo, debemos ser conscientes de que aún queda mucho por hacer, a pesar de los avances logrados persisten barreras que obstaculizan la plena participación de las mujeres en la vida política.
La discriminación, la violencia de género y la desigualdad económica continúan siendo realidades que enfrentan muchas mujeres en nuestro país. La conmemoración de esta fecha tiene que fortalecer nuestro compromiso de trabajar juntos para superar estos obstáculos que siguen mermando la calidad de vida de las mujeres.
Resulta urgente garantizar que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos, sin miedo ni discriminación. Debemos promover políticas que fomenten la igualdad de género y la inclusión y debemos crear espacios seguros y accesibles para que las mujeres puedan participar activamente en la vida pública.
En este día honramos el legado de las mujeres que lucharon por el sufragio femenino y nos inspiramos en su valentía y determinación. Sigamos adelante con la convicción de que juntos podemos construir un México más justo e igualitario para todas y todos.
Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito político.
Resulta necesario continuar creando más espacios inclusivos y equitativos donde las mujeres puedan participar activamente en la toma de decisiones, aportando su visión única y su experiencia en la construcción de un futuro mejor para todas y todos. Recordemos, que la democracia solo puede ser verdaderamente representativa cuando todas las voces son escuchadas en igualdad de oportunidades para contribuir al debate público y a procesos electorales plurales que sean justos y equilibrados.
Sigamos trabajando juntos para hacer realidad el ideal de una sociedad más justa, igualitaria y democrática para las presentes y futuras generaciones. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias diputada Norma Graciela Treviño Badillo.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Partido Acción Nacional.
La diputada Ana Laura Sánchez Velázquez: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
La diputada Ana Laura Sánchez Velázquez: Compañeras diputadas, compañeros diputados. El derecho al voto es el derecho esencial de la democracia. Si una persona no puede votar ni ser votada, simplemente no podemos hablar de democracia. Este derecho debe ser para todos, porque todos somos iguales ante la ley.
Hombres y mujeres por igual tenemos derecho a votar y ser votados, aunque esto no siempre haya sido así. Este derecho no siempre nos ha sido reconocido a las mujeres en México. Hace siete décadas, la realidad era que a las mujeres no se nos reconocía en igualdad de condiciones con los hombres y se nos tenía en un segundo plano. Ajenas a las tomas de decisiones y ajenas a ocupar cargos de elección popular. Fue gracias a una larga, ardua e incansable lucha que libraron las mexicanas de la época que hoy se nos reconoce este derecho elemental.
El 12 de febrero de 1947, se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas a nivel municipal. Una lucha que inició décadas atrás en México y el mundo para lograr que a la mujer se le reconociera ese derecho. Ciertamente, había temores, rechazos y desacuerdos al respecto, sin embargo, las mujeres hemos demostrado que podemos. Hemos demostrado que aportamos de manera valiosa y decidida, que nuestras decisiones han impactado de manera positiva en nuestras comunidades y que nuestras opiniones nutren los debates.
Desafortunadamente, aunque la participación de las mujeres en las elecciones es un hecho, la violencia política en nuestra contra también lo es. Vemos un clima de violencia que en nada abona y, por el contrario, solo causa división, rencores y odio. Vemos candidatas que son amenazadas y obligadas a dejar la contienda, y candidatas que son cobardemente asesinadas. Lamentablemente incluso vemos que a pesar de que una mujer gana una elección siguen siendo amenazadas y violentadas. Una cruda realidad que muchas mujeres vivimos día a día.
Ante este escenario y aunque haya quien nos quiera frenar, quien nos quiera callar y dejar fuera, no lo lograrán. A quienes quieran someter a las mexicanas y limitar nuestros derechos políticos, les decimos fuerte y claro: no lo van a lograr.
Hoy podemos decir que la mentalidad de la mayor parte de la sociedad ha cambiado. Hoy no solo votamos. Hoy hacemos nuestra la participación política y la democracia de forma activa, de forma paritaria. Cada vez normalizamos más que las mujeres ocupemos importantes cargos en los gobiernos, en la administración pública.
Una muestra muy clara de que existe una evolución en la inclusión y aceptación de las mujeres en la vida política y toma de decisiones en México es la nominación de mujeres como candidatas a la Presidencia de la República por parte de las principales alianzas políticas.
Hace 77 años algo así era impensable, era difícil de creer que una mujer pudiera ser presidenta de México. Hoy es cada vez más probable. Son dos mujeres las que encabezan los dos proyectos políticos más importantes en este proceso electoral.
Queremos hacer un llamado al gobierno federal para que garantice la seguridad de todas las candidatas a los distintos puestos de elección popular. Hoy son tiempos inéditos, en los que la paridad de género se hace presente y es deber de todos cuidar que tanto hombres como mujeres podamos competir en la arena electoral en un entorno de respeto y bajo un clima de seguridad en todo el país.
No podemos permitir que los grupos delincuenciales se apoderen de nuestros espacios democráticos. Debemos de alzar la voz, juntas, como lo hicieron las sufragistas el siglo pasado, para exigir seguridad y un piso parejo en las próximas elecciones. Nuestra apuesta es que las mujeres podamos seguir participando en la política, con la confianza de que nuestra voz no va a ser callada por nada ni por nadie. 2024 debe ser el año de las mujeres. 2024 debe ser el año en el que demos la mayor de las batallas culturales en nuestro país, para cuidar y fortalecer nuestra democracia.
Que nadie nos dicte la plana. Que nadie les imponga ni les marque su agenda, mucho menos quien ha fracasado en su fugaz intento por transformar a México. Seamos constructoras de una nueva historia, la de las mujeres libres, valientes, capaces, las mujeres que vamos a sacar a México adelante. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada Ana Laura Sánchez Velázquez.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Noemí Salazar López, de Morena, hasta por cinco minutos. Esta Mesa Directiva saluda cordialmente a docentes del nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Especialmente a la doctora Silvia Mendoza Vergara, directora del nivel medio superior; al psicólogo Miguel Agustín Rubio Vallejo, quien es el director de la Preparatoria número 1 de Cuernavaca; a la ingeniera química Silvia Adriana Herrera Díaz, coordinadora del Sistema Universitario de Educación Mixta y Docente; así como a la doctora Eliza Lugo Villaseñor, secretaria Académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quienes conmemoran el 85 aniversario de la Preparatoria número 1, invitadas e invitados por la diputada Jessica Ortega de la Cruz.
La diputada Noemí Salazar López: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
La diputada Noemí Salazar López: El día de hoy conmemoramos un día histórico para la igualdad y la justicia de género. El 12 de febrero de 1947 se reformó el artículo 115 constitucional, en su fracción I, con el firme objetivo de establecer la participación de las mujeres mexicanas en las elecciones municipales, concediéndoles el derecho de votar y ser votadas en igualdad de condiciones que los varones.
Sin embargo, esta lucha empieza muchos años atrás. Y hoy quiero honrar a la historia que comienza en 1922, con las sufragistas posrevolucionarias que lograron el voto femenino en Yucatán, donde fue electa la profesora Rosa Torres como regidora del ayuntamiento en Mérida, y como diputada al Congreso local Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib Cicero y Beatriz Peniche de Ponce.
En 1923, en San Luis Potosí, se expidió el decreto que modificaba la ley electoral para reconocer a las mujeres como electoras, con derecho a ser inscritas en el censo electoral. En 1925, en Chiapas, las sufragistas Fidelia Brindis Camacho y Florinda Lazos León lograron que la Constitución reconociera a las chiapanecas con el derecho a votar y ser votadas. Y es así que en 1926 la joven Florinda Lazos León logra ser la primera mujer electa en Chiapas con el cargo de diputada local.
Ese mismo año en Tabasco se lograba el reconocimiento del voto femenino. En 1936 se logra el voto femenino en Puebla. Y, finalmente, es en 1947 que durante el gobierno del presidente Miguel Alemán se le reconoce a la mujer el derecho a votar y ser votada en procesos municipales.
La primera mujer en aspirar a este cargo de elección pública fue Rosa Torres González, quien se postuló para ser regidora del ayuntamiento en la ciudad de Mérida y ganó en las elecciones efectuadas el 7 de noviembre de 1922 con el consentimiento del gobernador, convirtiéndose en la primera mujer de México en ocupar un cargo de elección popular en esa época en la que las mujeres todavía no teníamos igualdad de derechos políticos.
La participación de las mujeres en la vida política del país ha sido siempre cimbrada por el machismo, pero nuestra lucha incansable por la igualdad de derechos nos ha permitido de manera progresiva tomar el lugar que nos corresponde. Y quiero subrayar que el ámbito más cercano de una mujer para ejercer su derecho a ser escuchada y a tomar decisiones por su comunidad es el municipio.
Hablar hoy de la participación política de las mujeres en México es hablar de la lucha permanente. Cuando las mujeres decidimos que no se nos ha otorgado nada y no se nos ha regalado nada, lo que estamos diciendo es que lo que las mujeres logramos es por la lucha de voz, de manera plural, que se levanta para ser... para que nos escuchen, nos vean y se nos tome en cuenta.
Hoy a 102 años de que la primera mujer fuera electa en México, a 77 años de que la Constitución reconozca que las mujeres podemos votar y ser votadas en el ámbito municipal y a 70 años de que se reconociera finalmente a las mujeres como ciudadanas mexicanas con el derecho a votar y ser votadas en todos los espacios de participación, todavía hay muchos retos para lograr la igualdad sustantiva.
Esta legislatura de la transformación ha sacado adelante reformas que permiten avanzar para que nunca se llegue a más espacios de elección popular a agresores, acosadores ni deudores alimentarios. No los queremos tomando decisiones ni diseñando políticas públicas. Porque también en 2024 la primera mujer presidenta será de izquierda, la primera mujer presidenta del país será la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es cuanto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada Noemi Salazar López.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Pasamos al capítulo de iniciativas. Tiene el uso de la palabra para tal efecto la diputada Esther Berenice Martínez Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 422, 423 y adiciona un artículo 423 Bis al Código Civil Federal.
La diputada Esther Berenice Martínez Díaz: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
La diputada Esther Berenice Martínez Díaz: El maltrato infantil es una grave enfermedad social que no solo rompe vidas, rompe el tejido social y contamina la sociedad. Todas las personas tienen el derecho a crecer y desarrollarse en un ambiente libre de violencia. La niñez es la etapa de la vida en la que nos formamos y desarrollamos y la forma en la que nos eduquen resulta fundamental.
La Constitución y la Ley específica de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el interés superior de la niñez y el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Sin embargo, la crianza, educación y formación de niñas, niños y adolescentes no siempre transcurre en condiciones adecuadas en un ambiente libre de violencia y respeto a su dignidad e integridad.
Bajo el erróneo e injusto argumento de corregir, se han vulnerado los derechos de niñas y niños, esta forma de educar que ha prevalecido en la sociedad y en la cultura mexicana ha mermado en su desarrollo físico y psicológico y ha repercutido negativamente en la sociedad en la que vemos que la violencia es una constante.
De esta manera, los malos tratos infringidos a las personas menores de edad en los hogares mexicanos siguen subiendo las estadísticas registrándose en 2020, 27 mil 526 personas de entre 1 y 17 años que fueron atendidas en hospitales de México por haber sido víctimas de violencia familiar o no familiar, pues de estas formas violentas de corregir y educar se trasladan a las escuelas y a nuestra sociedad.
La UNICEF en el informe anual de 2022 reportó que en México 5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 14 años fueron sometidos a por lo menos una forma de castigo en sus hogares, mientras que 1 de cada 2 de los adolescentes vivieron actos violentos, como golpes, patadas, puñetazos y en este último año 8 de cada 3 adolescentes de entre 15 y 17 sufrió violencia psicológica en su escuela en el último año.
Las niñas y niños que se han formado bajo conductas violentas por parte de padres, madres, maestros, instructores y otros cuidadores es posible que se conviertan en adolescentes con problemas de conducta.
La crianza positiva es la vía adecuada para desactivar el maltrato infantil, para desnaturalizar la violencia en los hogares, crear nuevas formas de resolver problemas y conflictos dando seguridad y confianza a las niñas y niños, educándolos en libertad, paz y respeto hacia sí mismos y hacia los demás.
Un cuidado sensible y sin maltratos implica una serie de interacciones cálidas y empáticas basadas en el buen trato y promotoras de apego seguro. Estos asegurarán las condiciones para un sano desarrollo.
La iniciativa que hoy propongo tiene el propósito de eliminar los preceptos negativos que continúan justificando el maltrato infantil en el marco jurídico, como en el Código Civil Federal, que en su numeral 423, desde 1928 a la fecha continúa refiriéndose a la facultad de los padres de corregir a los hijos.
De acuerdo con las normas vigentes de la facultad de padres, madres, tutores, educadores, entre otros, es propiciar las condiciones que permiten un desarrollo adecuado, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, así como establecer estilos de vida que rechacen la violencia y se privilegie el diálogo y la negociación tomando en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes.
En este sentido, la propuesta de reforma al Código Civil tiene el propósito de eliminar el entramado jurídico de permisión para el uso de cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes y propiciar el ejercicio de crianzas positivas y participativas y estar ante la posibilidad real de garantizar a la niñez mexicana el ejercicio pleno de sus derechos y transformar en positivo las relaciones familiares.
El dolor que un niño sufre hoy se convierte en cicatriz mañana, no permitamos que esa cicatriz defina su futuro, pongamos fin al maltrato infantil. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Martínez Díaz. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 66 y 67 de la Ley General de Protección Civil en materia de desastres naturales.
La diputada Paulina Rubio Fernández: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada Paulina Rubio Fernández: Muy buenas tardes compañeras y compañeros, el día de hoy presento ante ustedes una reforma muy importante que le da la oportunidad al oficialismo de reivindicar alguna de las muy malas decisiones que han tomado, de esas decisiones que no solo le han dolido al pueblo de México, sino que el pueblo mismo las ha padecido.
Hoy encontrarán en la Gaceta Parlamentaria la propuesta de nuestro grupo parlamentario, del Partido Acción Nacional, para restituir el llamado Fonden, el Fondo de Desastres Naturales.
Miren, vale la pena recordar que allá por el 2020 cuando ustedes decidieron eliminarlo el PNUD alertaba que frente a nuestra vulnerabilidad como país ante los desastres naturales debía conservarse este fondo, porque de no hacerlo harían más grande la brecha para regresar a una nueva normalidad para las comunidades que padecieran un suceso como este.
Y, diputadas y diputados, la realidad nos alcanzó y honestamente no me da gusto decirlo, por el contrario, al PAN nos preocupa decirlo y es por eso que hoy nos ocupamos del tema. Ustedes creyeron que no pasaría nada, pero sí pasó. El huracán Otis tocó tierra en categoría 5, el pasado 25 de octubre y devastó a Acapulco, hoy los acapulqueños viven una realidad paradójica entre la lentitud de la reconstrucción y la terrible violencia que azota al estado.
Todos hemos sido testigos de cómo se ha paralizado el estado, ahora no solo a causa de los daños de Otis, sino también de la violencia que prevalece en el estado de Guerrero. En ese estado en donde la gente no puede ir a trabajar, en donde los transportistas no pueden salir y, por lo tanto, no dan servicio y todo esto ahuyenta el turismo y con ello la posibilidad, cada vez más remota, de poder regresar a una normalidad, a esa normalidad de la que nunca debieron salir los acapulquenses y los guerrerenses.
Seamos honestos, diputadas y diputados, la posibilidad de que algo así vuelva a suceder en cualquier parte del país es latente. Por eso, estamos obligados a discutir la reintegración de este fondo, para los apoyos inmediatos, para la fluidez de los apoyos y no que tengan que pasar cuatro meses y las comunidades siguen en la incertidumbre de la devastación.
Miren, compañeras y compañeros, restituir el fondo no representaría un esfuerzo mayor al de recuperar los 20 mil millones de pesos que se robaron de Segalmex, o quizás los 50 mil millones de pesos que ha perdido Pemex a causa del huachicol.
Si ese recurso lo pusiéramos en un fideicomiso seguro, en un fideicomiso transparente y con las reglas suficientes para que nadie, absolutamente nadie se pudiera robar nada, México podría estar tranquilo para responder ante adversidades tan grandes como estas. Este tipo de adversidades, este tipo de problemas que no avisan, pero cómo se arrastran en consecuencia.
Diputadas y diputados, es una buena oportunidad para reflexionar y para echar para atrás lo que se hizo mal. Hoy el Partido Acción Nacional pone sobre la mesa el que podamos restituir al Fonden para beneficio de las familias mexicanas. Es cuanto.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Rubio Fernández. Túrnese a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.
Esta Presidencia saluda a paisanos del estado de Tlaxcala, provenientes de Los Ángeles, California, al licenciado Francisco Sansporo y Gabilondo, director de la fundación Amigos de Ronald Hogar. Abel García Hernández, presidente y fundador de la Organización de Tlaxcaltecas USA INC. José Hernández Castillo, cronista del municipio de Huamantla, Tlaxcala, que son invitados por el diputado José Alejandro Aguilar López. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados, un gusto recibirlos.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra la diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 201 Ter al Código Penal Federal.
La diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro: Con la venia de la presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro: Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy las cifras y datos que voy a poder exponer aquí en esta tribuna, la más importante de nuestro país, no deben de ser ajenas a ninguna y a ninguno de nosotros, pues estamos hablando del futuro de nuestro país, nuestras niñas, niños y adolescentes.
En 2019 el Estado mexicano se comprometió a la detección y prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia organizada como parte del Plan de Acción 2019-2024 de México, en la alianza global para poner fin a la violencia contra la niñez.
De acuerdo con el estudio, reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, realizado por la Redin y el Observatorio Nacional Ciudadano, en nuestro país existen 145 mil 250 mil niñas, niños y adolescentes que están en riesgo de ser reclutados o utilizados por estos grupos delictivos, aprovechándose de una serie de condiciones de vida que tienen la gran mayoría de los reclutados, estas son: desintegración familiar, violencia familiar, falta de acceso a servicios básicos en sus viviendas y en sus colonias, bajo nivel educativo, deserción escolar y, por supuesto, la falta de reconocimiento y en muchas veces afecto por parte de sus familias.
El reclutamiento es una muestra de que la delincuencia organizada se ha especializado en detectar las condiciones de vulnerabilidad de miles de niñas y niños y adolescentes que viven a diario para incorporarlos a las actividades delincuenciales. Lo han encontrado como una ruta viable de trabajo y como una ruta viable para que muchas de estas familias, muchos de estos adolescentes encuentren una opción para poder vivir o para poder sobrevivir en nuestro país.
Los programas sociales destinados a la posibilidad de empleo o a la permanencia en las escuelas deben de ser revisados a fondo, pues dejan mucho qué desear en el impacto que tienen en su población objetivo.
Recordemos que uno de los principales objetivos era que los niños acudieran a la escuela, que bajáramos las cifras de deserción escolar y, por supuesto, evitar y bajar las cifras tan alarmantes del reclutamiento que han tenido los grupos delictivos en esta etapa tan importante para nuestra niñez.
El reclutamiento es una actividad que, lamentablemente, no ha sido tampoco lo suficientemente visibilizada por los mecanismos de prevención de la violencia en sus tres órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y, por supuesto, también el federal.
Hacemos un llamado para que todos los estados, para que todos los tres niveles de gobierno puedan emplear, puedan hacer políticas públicas específicas para que terminemos con este reclutamiento que, lamentablemente, muchas veces acaba con las vidas.
Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño determina que los estados miembros deben implementar medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas, para impedir que las niñas, niños, adolescentes sean objeto de explotación sexual, laboral o víctimas de tráfico de drogas.
Aquí sin duda alguna tenemos un tema muy pendiente con nuestra niñez. Y es por esta razón que el Estado mexicano tiene una enorme tarea ante las graves estadísticas que arroja la encuesta del Inegi y los altos índices delictivos que actualmente existen en nuestro país.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos preocupados, pero también ocupados por el interés superior de la niñez y queremos que las niñas, niños y adolescentes vivan una vida libre de toda violencia. Que se protejan sus derechos humanos, especialmente su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.
Por lo que esta iniciativa tiene como objetivo tipificar y sancionar el reclutamiento y utilización de las niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos por parte de la delincuencia organizada o por parte de cualquiera de los delitos referidos en este ordenamiento o en alguna ley especial. Espero contar con su apoyo, compañeras y compañeros. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Erandi Nassar. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra el diputado José Antonio García García, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El diputado José Antonio García García: Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
El diputado José Antonio García García: Compañeras y compañeros diputados, vengo a exponer la siguiente iniciativa con motivo de que las comunidades indígenas representan una parte integral de nuestra identidad cultural, histórica y lingüística y que es, además, invaluable y desempeñan un papel crucial en la construcción de una sociedad más inclusiva diversa y justa.
En nuestro país, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, en el 2020 –del Inegi– hay 11.9 millones de personas que viven en hogares indígenas, los cuales representan el 9.5 % de la población total del país. Asimismo, se identifican 7.4 millones de habitantes de lenguas indígenas que significa el 6.1 % de los habitantes mayores de 3 años en nuestro país.
Los pueblos indígenas se caracterizan por la relación especial con sus tierras, territorios y recursos naturales donde han desarrollado culturas, lenguas, artes, medicinas y formas propias de organización, entre otras características más.
Pese a la gran riqueza de sus recursos y formas de organización social, la mayoría de las personas indígenas aún carecen del acceso y disfrute de muchos de sus derechos, tales como el derecho al servicio de salud, educación y de movilidad.
Respecto al derecho humano de movilidad, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial contempla a las y a los indígenas como un sector de la población que enfrenta barreras para ejercer su derecho a la movilidad, con seguridad vial como resultado de la desigualdad. Las personas indígenas a menudo enfrentan obstáculos para movilizarse, ya sea para acceder a servicios básicos de educación o de empleo.
Muchas de las personas indígenas que requieren recibir servicios de salud tienen que trasladarse en ocasiones, necesariamente, a los centros con mayor nivel de urbanización, pues para poder ser atendidos adecuadamente, lo que realizan a través de grandes esfuerzos familiares por no contar con suficientes ingresos económicos ni transporte y, en su mayor parte, terminan trasladándose a pie.
Desafortunadamente derivado de la pobreza que sufre este sector, en ocasiones les resulta imposible el poder adquirir o pagar el servicio de transporte público para poder desplazarse.
Las tarifas de transporte son una carga adicional para muchas familias indígenas que ya luchan contra la pobreza y la marginación social.
En este sentido, resulta necesario establecer medidas que beneficien y otorguen tarifas preferenciales, como descuentos a las personas indígenas, con el fin de apoyar su economía familiar.
Por ello, la presente iniciativa que proponemos mi compañero diputado Rommel Pacheco y un servidor, ante esta tribuna, busca establecer un descuento de hasta el 60 % en las tarifas de autotransporte para las personas indígenas. Este descuento no solo aliviará a la carga económica que enfrenten estas comunidades, sino que también promoverá la inclusión social y económica.
Como representante del pueblo, es nuestro deber legislar en favor de aquellos que más lo necesitan y las personas indígenas merecen nuestra atención y todo nuestro apoyo.
Desde el Grupo Parlamentario de Morena tenemos claro, que debemos implementar medidas concretas para garantizar que las personas indígenas tengan acceso equitativo a los servicios básicos y el transporte es un competente clave para lograr y cumplir este objetivo. Y, desde luego, que este 2024 es el año de las mujeres y, desde luego también, que es el año de Claudia Sheinbaum Pardo. Es cuanto, presidenta. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias. Gracias diputado García García. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, con el propósito de diferenciar y delimitar el ejercicio de la cirugía plástica y reconstructiva, así como de la cirugía estética o cosmética. Adelante, diputado.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: Ánimo. Ánimo, ánimo. Desde Navolato vengo. Ya llegó, ya llegó. Con el permiso del pueblo de México, con el permiso de la Mesa Directiva.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: “Donde quiera que se ama el arte de la medicina se ama también a la humanidad”. Platón.
México ha sido clasificado como un gigante en la práctica de las llamadas cirugías estéticas. La demanda de este tipo de procedimientos convierte a nuestro país en uno de los líderes mundiales, posicionándose en tercer lugar con el 4.5 % de los procedimientos totales solo detrás de Estados Unidos y Brasil.
Sin embargo, en México, la falta de regulación de la especialidad, la falta de precisión y distinción clara entre la llamada cirugía estética y la cirugía denominada plástica y constructiva genera confusiones de gravedad en perjuicio de las personas. Surgen así las famosas clínicas patito, que por una falta de regulación ofrecen servicios de cirugías estéticas que resultan en un completo fraude, provocando daños irreversibles a la salud y hasta la muerte de pacientes, en su mayoría mujeres.
Médicos y pesudos cirujanos irresponsables y faltos de preparación levantan clínicas por todo el país ofreciendo estos servicios hasta en modalidad de cundinas, sin asumir compromiso de garantía a la salud de los pacientes. Ya hasta se habla del cártel de las cundinas, donde mujeres que demandan estos servicios pagan en tandas sus cuotas.
En la práctica de la cirugía estética se carece de especialidad y certificación, lo que motiva que algunos practicantes o falto de conocimiento en la rama y sin el más mínimo respeto por la vida del ser humano se atreven a realizar intervenciones quirúrgicas.
Es imperativo distinguir entre cirugía estética y cirugía plástica reconstructiva, ya que existe gran confusión entre lo que es una y la otra. Y frecuentemente se llega a creer que es la misma disciplina médica, cuando la realidad demuestra que no es así.
Resulta necesario advertir que muchos d ellos procedimientos de cirugías estéticas son realizados por médicos no capacitados o, peor aún, por quienes ni siquiera cuentan con la licenciatura en medicina.
De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se ha identificado un crecimiento en la prestación de servicios de cirugía estética a través de establecimientos o locales privados, sin que cuenten con los avisos ni las autorizaciones sanitarias conducentes.
La Cofepris y el Sistema Federal Sanitario han verificado un total de 4 mil 322 clínicas con prestación de servicios de cirugía estética, identificando con anomalías a 510 y suspendido a 264 de ellas. La institución continúa realizando visitas de verificación a establecimientos que ofertan cirugía y tratamiento estético, encontrando que algunos de ellos no cuentan con autorización ni condiciones sanitarias para prestar los servicios que promocionan.
La cirugía plástica y reconstructiva y la cirugía estética han sido diferenciadas y separadas en todos los países que pueden considerarse como potencias médicas. La cirugía estética o cosmética se realiza a un paciente sano que persigue cambiar zonas de su cuerpo únicamente con fines de belleza, mientras que la cirugía plástica y reconstructiva se enfoca en atender a un paciente que sufre de secuelas por un accidente, enfermedades y otras afecciones en su cuerpo, principalmente visibles en todos los fines que se persiguen, que son la restauración del aspecto físico y, desde luego, la función corporal.
Resulta fundamental corregir la denominación de la especialidad médica que restaura la funcionalidad de partes del cuerpo que han sido afectadas por accidentes o enfermedades congénitas o adquiridas, e incluirla expresamente en la Ley General de Salud, lo que permitirá determinar su importancia y evitar errores de interpretación y de sus efectos. Debe ser penado e inclusive regulado el tipo penal en la legislación correspondiente para garantizar, mediante la coerción y coacción, la inhibición de esta práctica por pseudocirujanos o carentes de profesionalización.
Desde esta tribuna va un llamado a la población en general a no caer en el juego de charlatanes de la medicina, que sin escrúpulos amenazan la salud y la vida de las personas, con el único objetivo de enriquecerse mezquinamente. “El médico que no entiende de almas no entiende cuerpos”, José Narosky. Por su atención y apoyo a la presente iniciativa...
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Concluya, por favor.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: ... unidad nacional. Todo el poder al pueblo. Ánimo. Y sáquense un 10. Es cuanto.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado García Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra el diputado Andrés Pintos Caballero, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El diputado Andrés Pintos Caballero: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el permiso de la Mesa Directiva.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
El diputado Andrés Pintos Caballero: El derecho al medio ambiente significa que es para todas y para todos, y por eso el día de hoy venimos aquí a presentar una propuesta para modificar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Esto con la finalidad de fortalecer a las entidades que integran la República Mexicana, al momento de determinar qué acciones se deben tomar ante situaciones que afectan al medio ambiente y, por supuesto, a la salud de nuestros representados.
Por tomar un ejemplo, nos vamos a enfocar en Nuevo León, el estado al cual represento. En los últimos años, derivado del cambio climático y a las constantes emisiones de la refinería de Cadereyta, nos encontramos en la disyuntiva de que la calidad del aire se ha vuelto sumamente baja y perjudicial para todos los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey.
Esto, a pesar de que en diversas ocasiones hemos hecho el llamado a las autoridades federales para dar mantenimiento a la misma y evitar las emisiones hacia el medio ambiente, sin embargo, no hemos logrado mucho y la contaminación continúa y continúa.
No vamos a politizar en una situación que a futuro se puede convertir en un tema de salud pública. Por el contrario, busco que a través de darles mayores facultades a los estados se puedan ejercer sanciones a cualquier empresa que esté contaminando y no cumpla con las normas necesarias para operar, y no esperar a que desde el gobierno central se tomen cartas en el asunto. Es un tema de suma importancia, considerando la situación ambiental que se está atravesando en gran parte del territorio nacional.
No omito mencionar que en nuestra Constitución Política, en su artículo 4o., expresa que todas las personas tenemos derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Pero hoy, como representantes populares, les estamos fallando y nos estamos quedando muy cortos. Por lo que es necesario realizar acciones que permitan solucionar esta problemática en corto y mediano plazo.
Nuestro estado se ha comprometido con diversas acciones para mitigar los efectos del cambio climático, como la política de impulsar el uso de vehículos eléctricos con la llegada de Tesla al estado, pero también reconocemos que es necesario que se sumen los demás estados para obtener mejores resultados. Porque estoy convencido de que trabajar por una transición energética ordenada les permitirá a nuestros hijos disfrutar y crecer en muchas mejores condiciones.
Tenemos que dejar de tomar a la ligera la situación ambiental que se avecina. Aquí en la zona metropolitana del Valle de México se avecina una falta de agua nunca antes vista, y si los gobiernos, tanto de la Ciudad de México como del estado de México no emprenden acciones para solucionar la situación, se dará una situación crítica sin precedentes.
No podemos tampoco que desde Palacio Nacional solucionen todo, eso es condenar a nuestras familias a sufrir y tenemos la oportunidad histórica para tomar el problema en nuestras manos. Tenemos que comprometernos con el futuro del país y ese futuro solo cabe dentro del cuidado del medio ambiente.
Es por lo anterior que invito a todas y a todos los legisladores a sumarse a esta propuesta, porque reitero, no es politizar un tema que debe ser de interés nacional y que debe ser puesto al centro de la agenda pública para todas y para todos. Es cuanto.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Gracias, diputado Pintos Caballero. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante.
La diputada Gabriela Sodi Miranda: Una vez más vengo a presentar ante esta máxima tribuna la iniciativa que reconoce a los animales urbanos de compañía, adiestrados o de servicio, como seres dotados de sensibilidad, por lo que tienen derecho a que se procure su bienestar y protección, evitando el maltrato, abandono o la muerte cruel innecesaria.
Asimismo, me permito recordarles que el 30 de marzo de 2023 aprobamos el dictamen que la Comisión de Puntos Constitucionales contenía la reforma de la fracción XXIX-G del artículo 73, con el propósito de facultar al Congreso a legislar en materia de bienestar y trato digno hacia los animales.
Esta minuta se turnó al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo, esperando que ahora que el Ejecutivo se ha interesado en el tema animalista, se pueda concluir con el proceso e inmediatamente podamos tener un nuevo ordenamiento que regule el régimen de protección y posesión responsable de los animales para garantizar el trato digno dentro y fuera de su entorno.
Como sabemos, el 5 de febrero el presidente remitió a esta Cámara 20 iniciativas, dentro de las cuales se encuentra la reforma constitucional de los artículos 3o., 4o. y 73 en materia de protección y cuidado animal, con el propósito de incluir dentro de los planes y programas de estudio la protección de animales de acuerdo con su naturaleza, característica y vínculos con personas, así como la prevención y prohibición del maltrato de la crianza, y el aprovechamiento de animales de consumo humano.
Asimismo, hemos propiciado en esta Cámara la capacitación para el buen trato y manejo de los animales en sus tres categorías: Urbano, de compañía y de servicio. También nos indica el Ejecutivo prohibir el maltrato a los animales, garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación, el cuidado y la protección de los animales dentro del artículo 4o., y facultar al Congreso a legislar en materia de protección.
Al facultar al Congreso a legislar en materia de protección y cuidado lo hemos votado en esta Cámara, se encuentra en minuta en el Senado, y permitamos y pedimos que verdaderamente se tome en cuenta a ocho de los diputados que hemos insistido sobre este tema.
Asimismo, cuando el Ejecutivo nos comenta sobre el cuidado y la protección de los animales dentro del artículo 4o., pediríamos que se añada la sentencia de seres sintientes en las tres características que hemos insistido en esta legislatura: la de compañía, la urbano y la de servicio.
En este sentido quiero expresar a las y los diputados oficiales, que el Grupo Parlamentario del PRD está a favor de esta iniciativa, de lo que no podemos estar a favor es que no se reconozca el trabajo de ocho diputados de esta legislatura que hemos insistido en el tema. Pedimos que se tome en cuenta el trabajo de los ochos diputados de todas las bancadas que hemos insistido en el 4o. y el 73 constitucional.
En esta legislatura se ha buscado reconocer a los animales como seres con sensibilidad, algo que no establece la iniciativa del Ejecutivo. Este reconocimiento permitirá dejar de ver a los animales como mascotas, que de acuerdo a la definición de la Real Academia Española quiere decir talismán, una vez más hacerlos objeto y hemos insistido en esta LXV Legislatura que dejen de ser objetos para que tengan una tipificación jurídica como seres sintientes.
Con esta iniciativa el Grupo Parlamentario del PRD continuará refrendando su compromiso ecológico con el medio ambiente y con los animales, proponiendo un nuevo paradigma de convivencia y sobre todo que estas tres especificaciones de animales tengan la protección de los tres Poderes de la Unión. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Sodi. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para opinión.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra la diputada María Cristina Vargas Osnaya del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 13 de octubre como el Día Nacional de la Salud Pública.
La diputada Ma. Cristina Vargas Osnaya: Con permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputada.
La diputada Ma. Cristina Vargas Osnaya: Buenas tardes a todos y todas mis compañeras diputadas y diputados, a quienes tienen la amabilidad de seguir en los medios informáticos la presente sesión, el objetivo de la propuesta de iniciativa que vengo a plantear es declarar el día 13 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Salud Pública.
La iniciativa responde a la necesidad de visibilizar, reconocer y rendir homenaje a las personas que han dedicado sus estudios, capacidades, patrimonio e incluso su vida en pro de los servicios de salud pública y el acceso a los mismos como un derecho universal.
De inicio comentaré que la salud pública se define como la disciplina dedicada al estudio de la salud y la enfermedad en las poblaciones, es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud de la comunidad y prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad. Estos conceptos son reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y de manera general por instituciones de salud a nivel nacional e internacional.
A nivel mundial existieron varios exponentes en materia de salud pública como Louis Pasteur, John Snow, Edward Jenner, Rudolf Virchow. Sin embargo, se considera al médico alemán Johann Peter Frank, el padre de la salud pública y figura médica de primer orden en el desarrollo y establecimiento de la medicina social.
En México el doctor Eduardo Liceaga es considerado el padre de la salud pública, entre las principales proezas del doctor Eduardo Liceaga se contempla fue el director responsable de la construcción del Hospital General de México, institución que hasta el día de hoy lleva su nombre inscrito, fue presidente del Consejo Superior de Salubridad, regularizó obras de drenaje, introdujo tuberías de agua potable y prohibió el establecimiento de nuevos asentamientos sin servicios de agua, drenaje, luz y jardines y desarrolló la primera vacuna antirrábica en México.
Nuestro país cuenta, con mucho orgullo, con una larga lista de profesionales salubristas, incluso, se encuentra establecida una academia especializada, me refiero a la Escuela de Salud Pública de México, es la institución educativa con mayor antigüedad y tradición en la materia en América latina, ya que al momento de emitir la presente iniciativa ha cumplido ya 102 años de existencia.
Otras instituciones de educación superior, como la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, imparten como licenciatura, maestría y especialidad la carrera de Salud Pública y, entre otras más, se imparte como especialidad o posgrado de las áreas médicas, como en el estado de México, la UAEM.
En definitiva, las y los salubristas han comprobado su vocación de servicio en todo momento histórico de nuestra nación. Generalmente, con reducidos implementos, insumos, prestaciones laborales, pero siempre presentes con profesionalismo durante guerras civiles, invasiones, desastres naturales, accidentes, epidemias, pandemias, crisis económicas y ante cualquier vicisitud.
Por ello, es más que merecido el reconocimiento que aquí se plantea. Finalmente, es de destacar que se propone el 13 de octubre de cada año como Día Nacional de la Salud Pública, por ser fecha de nacimiento del doctor Eduardo Liceaga, lo anterior debido a que fue quien realizó los aportes para que en México existiera un sistema universal de salud, para que todas y todos los mexicanos puedan tener acceso a los servicios de salud, independiente de su nivel socioeconómico, género o edad, lugar de residencia, credo y condición laboral.
De igual manera, con mi reconocimiento y afecto, a mis compañeros salubristas que en otro momento han realizado esfuerzos porque se trajera a esta tribuna la propuesta, Ignacio Magaña y Mariana Paniagua, integrantes de Salud Pública sin Fronteras. Y Mario Noé Gómez Jiménez, integrante de Identidad Salubrista. Espero me puedan acompañar con la aprobación de tan merecido homenaje. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Vargas Osnaya. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra la diputada Martha Nabetse Arellano Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335 y 336 del Código Penal Federal.
La diputada Martha Nabetse Arellano Reyes: Con el permiso de la presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
La diputada Martha Nabetse Arellano Reyes: Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a ustedes para presentar esta iniciativa en materia de abandono de hogar, la cual propone reformas necesarias en el Código Penal Federal, específicamente en los artículos 335 y 336.
Es imperativo, es imperativo reconocer que el abandono de hogar no debe de ser visto como un acto delictivo que viole la integridad de la sociedad, sino como una evasión de responsabilidades familiares que demanda una regulación más eficiente.
La propuesta enfoca sus modificaciones en casos donde se incumplen deberes de asistencia legalmente establecidos, destacando la importancia de atender situaciones de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar. Además, aborda la necesidad de sancionar a aquellos que eluden el pago económico en caso de separación legal, divorcio u otros procesos familiares.
La realidad de nuestro país nos presenta una constante problemática familiar relacionada con el abandono de hogares, lo cual deja a las familias vulnerables ante la falta de intervención económica.
Esta iniciativa busca abordar esta problemática de manera efectiva, reconociendo las diferentes formas de vulnerabilidad que puedan surgir, ya sea económica, social, psicológica o física.
Cuando uno de los cónyuges abandona especialmente al otro y se encuentra vulnerable, las problemáticas se multiplican. La falta de un apoyo confiable coloca a los individuos en un sesgo de vulnerabilidad.
Es importante señalar, que las sanciones se incrementen como medida de prevención y en caso de abandono contribuyan lo suficiente para que la pareja abandonada pueda satisfacer sus necesidades básicas hasta encontrar la autonomía necesaria.
Es esencial destacar la intervención de los cónyuges, que no necesariamente procrean, enfrentan enfermedades que limitan su libre albedrío en asuntos laborales, sociales y físicos, implementar un apoyo es esencial para no dejar vulnerable a la persona afectada en la relación.
En el caso de que uno de los cónyuges abandone a una familia con infantes, las sanciones deben ser inmediatas. Las capacidades mínimas de un infante, para valerse por sí mismo, tanto física como psicológicamente hacen que las consecuencias del abandono sean potencialmente irreparables tras la ausencia de uno de los padres.
El abandono no solo afecta al núcleo familiar, sino que impacta directamente a los niños en términos económicos, alimenticios, sociales, escolares y de vivienda. La vulnerabilidad aumenta cuando se depende económicamente de un solo progenitor que trabaja, mientras que el otro se dedica al hogar.
La afectación económica es solo uno de las muchas problemáticas que el abandono de hogar puede desencadenar. Las dificultades económicas abarcan el apoyo a la vivienda, incluyendo gastos de agua, luz y predio, así como la alimentación, educación y vestimenta. Por ello es esencial resaltar que la iniciativa reconoce el impacto económico directo del abandono que aquel que busca salir del núcleo familiar o lo abandone, asuma parte de la responsabilidad económica, especialmente con respecto a los infantes.
Además de las consecuencias económicas, las afectaciones sociales son profundas y, en ocasiones, generan trastornos emocionales en la pareja y los tipos. Las estadísticas demuestran un aumento en el número de hogares dirigidos por mujeres, acción que propiamente no está mal, pero es fundamental respaldar estos hogares para asegurar un desarrollo pleno.
México, en comparación con los otros países tiene medidas más ligeras y, por tanto, la propuesta de aumentar las sanciones busca prevenir el abandono de hogares y procurar la salud familiar de manera íntegra y ética. Concluyo solicitando a cada uno de ustedes a respaldar esta iniciativa que busca fortalecer las leyes y proteger a las familias mexicanas. Es cuanto.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Arellano Reyes. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra el diputado Héctor Israel Castillo Olivares, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y de la Ley de Petróleos Mexicanos, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante.
El diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante.
El diputado Héctor Israel Castillo Olivares: Compañeras y compañeros legisladores, nada hay más democrático que el aire que respiramos todos. Por tal motivo es la contaminación del aire un desafío ambiental y de salud pública que esta legislatura está llamada a poner en el centro de la discusión.
Nuestra economía nacional, al dependen en gran medida de la exportación de petróleo y gas, contribuye a la contaminación atmosférica y desde el 2021, con la rehabilitación de las seis refinerías y plantas coquizadoras que se construyen los porcentajes que han elevado considerablemente.
En nuestro país, la lista de enfermedades derivadas de la contaminación del aire es larga, las cifras son alarmantes y afecta en mayor proporción a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y, aunque se insista en lo contrario, si no, pregúntenle a Nuevo León.
Tan solo durante los meses de enero a septiembre de 2023, en el área metropolitana de Monterrey padecimos 270 días por encima de los parámetros permitidos por la OMS, lo que nos llevó al Top 10 de las ciudades más contaminadas del planeta, por alta concentración de partículas PM 2.5 y la número uno a nivel mundial, Cadereyta Jiménez, donde se ubica la refinería Pemex.
La situación es insostenible, ha provocado un sinnúmero de reacciones de la sociedad y de las autoridades locales, desde marchas, denuncias penales a trabajadores de la propia refinería, solicitudes de excepción extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex e, incluso, se ha llegado a decir que es culpa de las carnes asadas, la calidad del aire, y hasta el presidente han dicho que la contaminación en Nuevo León no es culpa de la Refinería, sino de las demás empresas.
Así pasa cuando se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Cuando esto sucede no se dice qué, desde final del 2018 la austeridad republicana ocasionó el despido del 50 % de los inspectores que tenía Profepa en Nuevo León y que ahora apenas operan con 7, que sin vehículos y sin gasolina deben supervisar más de 5 mil empresas.
Se guarda silencio sobre la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, principal responsable de vigilar las operaciones de la refinería. Que aunque depende de Semarnat, no tiene personal en Nuevo León y opera desde la Ciudad de México.
No se reconoce que el proceso de modernización en la infraestructura de la refinería en Cadereyta tendrá que esperar, debido a que la mayoría en esta Cámara aprobó el Presupuesto de Egresos 2024, 32 millones de pesos, cuando se requería por lo menos 4 mil millones para una adecuada actualización de los procesos de producción y de sus instalaciones industriales.
Por ello, ante esta problemática, como diputado por el Distrito 1 de Santa Catarina y San Pedro e, integrante de Acción Nacional, es necesario adicionar y reformar la LGEEPA, la Ley de la ASEA, la Ley de Pemex, para establecer una reforma en materia de federalismo ambiental y otorgar atribuciones a entidades federativas para, entre varios puntos, decretar la suspensión temporal de sus operaciones como medida cautelar ante contingencias o emergencias atmosféricas, en coordinación con la ASEA y previa notificación del Consejo de Administración de Pemex.
Entre otras, establecer como facultad del Consejo de Administración de Pemex, atender las notificaciones de suspensión temporal de operaciones por contingencia o emergencia ambiental y los requerimientos de cumplimiento de límites máximos permitidos de emisiones de contaminantes.
Por el derecho a respirar aire limpio de quienes vivimos en México y los más de 5 millones de habitantes en Nuevo León, la presente iniciativa pretende contribuir a la solución de una problemática en la que todas y todos somos responsables. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Gracias diputado. Túrnese a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía para dictamen.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y suscrita por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Adelante, diputado.
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante: La salud es un elemento fundamental para que una sociedad pueda funcionar y prosperar, todo aspecto de nuestra vida está determinado por la ausencia de enfermedad, por el bienestar físico, mental y social.
Ante esta afirmación y a nombre del coordinador de mi bancada, el diputado Rubén Moreira Valdez, vengo a presentar ante ustedes esta iniciativa a fin de que en verdad se garantice la salud de nuestros adultos mayores, otorgando medicamentos de forma gratuita.
No podemos olvidar que la mala salud afecta significativamente a los individuos, en su vida, en el aprendizaje, en el trabajo, en la comunicación y en la formación de relaciones en comunidad.
A finales del año pasado, se difundió el Índice de Inclusión en Salud, elaborado por una unidad de un grupo de economistas. El Índice de Inclusión en Salud evalúa los esfuerzos gubernamentales de 40 países para hacer accesible la buena salud.
Para calificar a un país se analiza, la situación que guardan las políticas de inclusión en salud, la disponibilidad de sistemas e infraestructuras esenciales y las acciones para empoderar a individuos y comunidades en el manejo de la salud.
Dentro de este índice nuestro país se ubica en el lugar 29 por obtener bajas calificaciones en cuanto a su infraestructura y la calidad y cantidad de sus médicos y enfermeras. Lo anterior es un reflejo de los graves problemas de salud que enfrenta la población mexicana y que –está– ha demandado.
El propio Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, señala que las personas que presentaron carencia por acceso a los servicios de salud pasaron de 16.2 % a 39.1 % entre 2018 y 2022, es decir, cerca de 50.4 millones de personas no cuenta con acceso a un sistema de salud en nuestro país.
El gasto de bolsillo en salud aumentó cerca del 30 % con respecto a 2018, lo cual impacta enormemente en la economía de las familias y su bienestar. El desabasto de medicamentos se transforma en un drama de salud pública. Entre 2019 y el 2020, 20.9 millones de recetas no fueron surtidas de forma efectiva. Durante 2021 la cifra fue de 24 millones y un año más tarde, en 2022, el registro fue de más de 15.2 millones de pesos.
Se estima, con base en un análisis de estadísticas oficiales, que la causa de muerte de aproximadamente el 20 % de las personas fallecidas en México durante 2022 fue por que no recibió atención médica o no encontró los medicamentos necesarios.
Frente a este grave problema, los adultos mayores en especial son vulnerables, adicionalmente sufren un abandono social. Se estima que 6 de cada 10 personas de esta edad consideran que la sociedad no la ayuda, porque no conoce sus problemas, y casi el 60 % está de acuerdo con la idea de que en México no se respetan sus derechos.
Es por lo anterior la importancia de la iniciativa que hoy presento a nombre del diputado Rubén Moreira, la cual busca elevar a rango constitucional la obligación del Estado mexicano a brindar los medicamentos a los adultos mayores.
El objetivo es sentar las bases para garantizar a la población adulta mayor de un sistema de salud digno, pues mientras más años tenga una persona aumenta el riesgo de padecer o desarrollar enfermedades crónicas que llegan a representar un costo muy alto para este sector de la población, especialmente para aquellos que se encuentran en situación de pobreza.
Debemos reconocer que una sociedad justa, equitativa y comprometida con el bienestar es aquella que reconoce la dignidad y el valor de sus adultos mayores. Que este derecho se encuentre dentro de nuestra Constitución General no sólo refleja el compromiso del Estado mexicano con la protección de los derechos fundamentales, a los que son acreedores todas y todos los mexicanos, sino que también establece las bases para un sistema de salud accesible, integral y de calidad. Es cuanto.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Tiene la palabra el diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El diputado Armando Corona Arvizu: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Adelante, diputado.
El diputado Armando Corona Arvizu: Buenas tardes, amigas y amigos diputados. El día de hoy estoy aquí en tribuna presentando una propuesta que quiere visibilizar un tema que es de suma importancia, como lo es la regulación del sistema automático denominado ponchallantas. Es fundamental que para garantizar la seguridad vial en las carreteras de México se tenga que hablar de este tema que ha beneficiado, pero también ha afectado a muchos ciudadanos.
Actualmente las empresas concesionarias que operan las casetas de cobro en las carreteras utilizan de manera desigual y no coordinan adecuadamente estos dispositivos, y pueden dañar los neumáticos de los vehículos de las personas que circulan por dichas vías. Esta situación puede generar daños a las llantas de los vehículos, pérdida de tiempo, y también representar un riesgo para la seguridad de los usuarios y un costo adicional para los propietarios de dichos vehículos.
Las casetas de cobro son infraestructuras que en carreteras de nuestro país existen, y que la seguridad y la operatividad son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del transporte terrestre y la seguridad de estas carreteras. En los últimos meses ha ocurrido una falla en los dispositivos conocidos como ponchallantas, principalmente casos dados a conocer en el Circuito Exterior Mexiquense del Bicentenario, en el estado de México, donde se colocaron en las casetas de cobro con la finalidad de reducir la velocidad de los vehículos y así evitar escapar sin pagar.
Surge esta preocupación de los usuarios de estas vías de comunicaciones, en donde muchas ocasiones se hizo la regulación del Sistema de Distribución... de Evasión de Peaje en las casetas de cobro de México, pero que tenemos que analizarlo más a fondo por algunas razones.
En primer lugar, la evasión de peaje reduce los riesgos de las empresas concesionarias y, por lo tanto, afecta su capacidad para mantener y mejorar las carreteras de las autopistas. Además, la evasión de peaje puede resultar un argumento en los costos de operación de las infraestructuras y esto puede repercutir en los usuarios en las carreteras y autopistas.
En segundo lugar, la evasión de peaje puede fomentar la corrupción y la impunidad en las casetas de cobro. Si los usuarios pueden evadir el pago de peaje fácilmente, es posible que también acepten sobornos para permitir la entrada sin pagar.
Es nuestra responsabilidad, como legisladores y también como sociedad, garantizar la seguridad de nuestras carreteras. Debemos exigir que se realicen cambios en la forma en la que los sistemas funcionan, para que no dañen los neumáticos de los conductores que sí pagan un peaje.
En conclusión, la regulación de los sistemas automáticos de evasión de peaje, conocidos como ponchallantas, se necesita esencialmente garantizar la equidad como conocemos la seguridad vial y la sostenibilidad financiera de nuestra infraestructura del transporte.
Al abordar esta problemática no solo estamos protegiendo los recursos destinados al mantenimiento de nuestras carreteras, sino también promovemos un ambiente más justo para todas las, y los, ciudadanos.
La implementación de la regulación efectiva no solo desincentiva la evasión de peaje, sino también contribuye a la construcción y mantenimiento adecuado de nuestras vías, que sí se vienen promoviendo y se hace una mejor eficiencia en el sistema del transporte y un traslado seguro de un lugar a otro.
Al respetar estas normativas, todos los usuarios comprenden de manera equitativa la responsabilidad de financiar y preservar nuestra infraestructura, promoviendo un sentido de comunidad y de compromiso hacia el bienestar colectivo.
Además, la regulación de estos sistemas automáticos no solo trata de castigar la evasión, sino de fomentar la adopción de comprobar algunos acontecimientos cívicos y responsables. Y, al establecer un marco normativo y claro alentamos así al ciudadano a cumplir con las obligaciones promoviendo una cultura de respeto con las normas, con una convivencia en la sociedad que, asimismo, la hemos planteado día con día.
Por este motivo, yo les pido a las y los diputados que apoyen y que se sumen a esta gran iniciativa que beneficiará a todo el país de nuestro querido México. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Tiene la palabra la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada: Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Adelante, diputada.
La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada: Saludo a todas las mujeres mexicanas que trabajan y cuidan de sus hijos amorosamente. Hoy tengo el gusto de presentar ante todas y todos ustedes una propuesta que impulsará la justicia social e impactará positivamente en la vida de millones de mujeres de nuestro país. Como representantes de las y los mexicanos es nuestra responsabilidad velar por políticas públicas que atiendan las necesidades fundamentales de la sociedad a la cual servimos.
Las madres solteras se enfrentan a desafíos diarios que demandan un equilibrio entre el trabajo y la crianza brindando respaldo. Reconoce esa valentía y dedicación a la par que promueve un ambiente que fomenta la igualdad de oportunidades. Apoyar a las madres solteras genera un impacto positivo en la vida de las mujeres que se encuentran en esta situación y de sus hijos, contribuyendo con esto al bienestar de nuestro país y al futuro de las nuevas generaciones.
En México hay más de 4 millones de mujeres madres solteras, donde 7 de cada 10 son jefas de familia y cargan con la responsabilidad de sostener a toda una familia con su esfuerzo, trabajo y dedicación.
Esta iniciativa surge de la necesidad de adaptar nuestra legislación laboral a la realidad cambiante y a los desafíos que enfrentan las madres solteras en nuestra sociedad. Estas mujeres valientes que desempeñan roles fundamentales tanto en el ámbito laboral como en el hogar. Se encuentran a menudo en la encrucijada de conciliar las responsabilidades profesionales con las de la crianza.
La propuesta de hoy tiene como objetivo reconocer y respaldar a todas las madres solteras, garantizándoles la posibilidad de trabajar desde casa cuando se vea y se enfrente ante situaciones específicas que requieran la presencia de las madres con sus hijos, como es el caso de una situación de salud.
Al adicionar la fracción III y recorrer las subsecuentes del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, Acción Nacional proponemos establecer un marco legal que permita la flexibilidad laboral para las madres solteras, otorgándoles la posibilidad de desempeñar sus labores desde el hogar en caso de que es necesite su presencia física en el hogar. Hacer home office. Esto no solo contribuye al bienestar de las madres solteras, sino que también fomentará un entorno laboral más inclusivo para las mujeres, los millones de mujeres luchonas de este país.
Esta propuesta, además de reflejar la comprensión de las complejidades que enfrentan las madres solteras, también aborda la necesidad de adaptar nuestras políticas laborales a la realidad de la vida cotidiana.
Reconocer la diversidad de las circunstancias familiares es un gran paso en la lucha por brindar bienestar a todas y todos. Necesitamos trabajar muy fuerte por las mujeres, hoy más que nunca debemos redoblar los esfuerzos en la lucha de los derechos de las mujeres para garantizarnos condiciones dignas en todos los ámbitos, desde la seguridad hasta la laboral.
Quiero decirles que además de esta propuesta, vamos a recuperar las estancias infantiles, vamos a recuperar las escuelas de tiempo completo que son de gran ayuda para estas madres, que además de trabajar cuidan y protegen a la familia. Así que cuenten con nosotros, las mujeres madres solteras de este país, vamos a trabajar para regresarles estos programas que cuidan y protegen lo más sagrado, que son a nuestros hijos. Así, así seguiremos luchando y trabajando por el bienestar de las mujeres mexicanas. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias, tengan un extraordinario día.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Tiene la palabra el diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en materia de tiempo de duración de los juicios agrarios.
El diputado Bruno Blancas Mercado: La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Con la venia de la Presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados, el día de hoy presento una iniciativa que tiene como objeto que todos los juicios agrarios se resuelvan en la primera instancia dentro de los dos primeros años.
La impartición de justicia agraria sigue siendo un problema en nuestro país. Hay casos desde 1936 que no se han resuelto, existen ejidos, familias que, aunque están luchando por la tenencia de la tierra y que lamentablemente el problema no lo han podido resolver por generaciones y todo esto porque los Tribunales Agrarios se tardan demasiado tiempo.
Recordemos que la reforma al artículo 27 Constitucional, de enero de 1992, fue para dar certeza jurídica a los núcleos poblacionales, a los ejidatarios, a los pequeños propietarios, por eso se expidieron la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, precisamente para resolver los juicios agrarios de manera rápida.
Lamentablemente, los ejidatarios aún siguen padeciendo la falta de justicia rápida, ya que los juicios agrarios resueltos por los tribunales unitarios agrarios, tardan hasta 6 años o más. Esto, sin duda, no es justicia.
En ese sentido fue concebida la Reforma Agraria de 1992, para que los juicios orales se tramitaran de forma rápida, pero lamentablemente hoy en día aún no es así.
Con la aprobación de la presente iniciativa estaremos ayudando a alcanzar el anhelo de los sujetos de derecho agrario, de los campesinos, de los ejidatarios a que realmente reciban una justicia pronta y expedita, anhelo de Emiliano Zapata y anhelo de todos los mexicanos.
Por otra parte, cabe señalar que en el paquete de iniciativas que recientemente envió el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la relativa a la reforma del Poder Judicial, es precisamente para agilizar la impartición de justicia.
En dicha iniciativa, la exposición de motivos, literalmente el presidente Andrés Manuel indica que finalmente la presente reforma propone, vincula a las autoridades responsables de impartir justicia a emitir resoluciones de manera fundada y motivada en un periodo de tiempo razonable, satisfaciendo los principios inherentes al derecho de acceso a la justicia pronta y expedita.
En este sentido, esta ley que se pretende cambiar, se reforman los artículos 163 y 189 de la Ley Agraria, así como los artículos 9 y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Si autorizamos esta ley, compañeros, compañeras, estaríamos cubriendo una pequeña parte del compromiso que tenemos con la tierra, con los ejidos, con los campesinos en este nuestro tan golpeado México.
Los invito a que se sumen, necesitamos que los juicios agrarios no duren tanto. Recordemos que tenemos juicios desde el siglo pasado, con esta propuesta se reducirían estos juicios a no más de dos años. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria para dictamen.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Tiene la palabra el diputado Gerardo Peña Flores, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Gerardo Peña Flores: Gracias, presidenta, con tu permiso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aprovecho esta oportunidad y la presentación de esta iniciativa, para llamar a una profunda reflexión a todo el sistema político mexicano, a que el momento de actuar, si bien es tarde, es aquí y ahora en que no podemos y no debemos dejar pasar más tiempo en aprobar leyes que verdaderamente pongan un alto al crimen organizado. A elevar las capacidades institucionales del Estado mexicano, de estados y de municipios. A que hoy, yo creo que todas y todos vamos a coincidir en que el México que conocimos en nuestra niñez ese México hoy ya no existe, ese México de libertades, ese México de tranquilidad simplemente se ha perdido. Por eso es que es aquí y ahora en donde debemos de tomar acciones verdaderamente contundentes, firmes y claras.
Que se mande ese mensaje a los generadores de violencia, en que es el Estado mexicano y es la sociedad la que manda. En que no se debe de seguir tolerando que nuestras libertades se sigan cada vez limitando más y más, en donde son los criminales los que fijan el precio del pollo, el precio de la tortilla, que te roban los camiones de carga en las carreteras y así un sinnúmero más de actividades económicas que ahora las controla el crimen organizado.
Hemos insistido en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en una generación de iniciativas, que créanme, no son ocurrencias, está demostrado con eficacia que estas funcionan.
Pusimos en marcha en Tamaulipas y dieron resultados, ahí están los índices de la propia Secretaría del Ejecutivo, seguridad pública federal que, de estar en los últimos tres lugares de estados más inseguros, se pudo llevar a estar dentro de los cuatro más seguros del país las carreteras, de acuerdo a Canacar en su momento, las más seguras del país.
Sí es posible, compañeras y compañeros, hagámoslo por responsabilidad con nuestro país y, si no lo hacemos por ello, hagámoslo por amor a nuestra familia, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a las generaciones por venir. Dejémosles un México en paz, un México de tranquilidad, un México de libertades.
El primer requisito lo hemos insistido una y otra vez, es cerrarle la llave al financiamiento de los criminales en las campañas político-electorales. Es ahí donde ellos se apoderan de los territorios, es ahí donde ellos se convierten en los amos y señores.
Y por supuesto que tienen que recuperar su inversión y ¿cómo lo hacen? Pues desde luego a través de las extorsiones, de los secuestros, del cobro y tránsito y tráfico de personas, del huachicol, del contrabando comentado y toda una serie de ilícitos que ustedes y yo sabemos son generadores de violencia. Si no actuamos aquí, ahora, si la autoridad electoral no pone un alto firme, esto difícilmente podrá corregirse, compañeras y compañeros.
Yo llamo a la sociedad civil a que se organice, a que levante la voz y que exijan que México merece vivir en paz. Es aquí y es ahora. Levántate, México, despierta, este es el momento. Muchas gracias.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Tiene la palabra el diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza: Hago uso de la voz para presentar ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Nuestras niñas, niños y adolescentes son pilar fundamental en nuestra sociedad. El cumplimiento efectivo de sus derechos es requisito esencial para lograr su desarrollo integral. Por ello, el objetivo de esta propuesta de iniciativa es el de pugnar por el reconocimiento del derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud igualitaria y justa, en apego a los señalado en nuestra Carta Magna.
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce su derecho a disfrutar del más alto nivel de salud, así como tener acceso a los servicios médicos y de rehabilitación con especial énfasis en aquellos relacionados con la atención primaria de salud.
Entre 2012 y 2020, la Conapred recibió 712 quejas relacionadas con más presuntos actos de discriminación hacia niñas, niños y adolescentes. Dos de cada cinco casos tuvieron como causa una discapacidad, mientras que una de cada ocho fue a causa de una condición de salud. Según los datos del Inegi, la población indígena en nuestro país de 12 años y más, refirió haber sido víctima de discriminación, la causa fue ser persona indígena o afromexicana.
En cuanto a la población con discapacidad, de 12 años y más, refirieron haber sido víctimas de discriminación, declarando que el motivo fue por tener alguna discapacidad. Esos datos son muestra de alguno de los retos que enfrentamos para garantizar el acceso y goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Por lo anterior señalado, resulta oportuno realizar la modificación al artículo 50 de la Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, ya con ello se garantiza la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, sin ningún tipo de discriminación, contar con una ley que privilegie la prestación de asistencia médica y sanitaria para las niñas, niños y adolescentes, desde un enfoque intercultural y con perspectiva de género, haría posible seguir avanzando en las dinámicas de inclusión e interacción entre las diferentes culturas de manera respetuosa, favoreciendo la integración, el diálogo horizontal, la empatía, la sinergia y la diversidad de creencias de las poblaciones.
La interculturalidad debe privilegiar el conocimiento y experiencias médicas de nuestras culturas, así como su independencia y autonomía, lo cual favorecería el enriquecimiento de nuestro sistema de salud.
Compañeras y compañeros, sigamos trabajando para asegurar la prestación de servicios de salud para niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género. Esto permitiría seguir avanzando en la igualdad de condiciones para ejercer plenamente su derecho a la salud, de manera justa, eliminando las inequidades y obstáculos de acceso a los servicios de salud aplicando estas prácticas, las niñas, niños y adolescentes contarían con servicios de salud más inclusivos y a la altura de las circunstancias que nadie quede fuera.
Nuestro compromiso con la infancia de nuestro país se debe redoblar, ya que esta propuesta se funda en el legítimo anhelo de garantizar el otorgamiento de servicios médicos sin discriminación alguna, con perspectiva de género e interculturalidad para quienes son nuestro presente y futuro. Reconociéndonos, como iguales de derechos, hacemos valer nuestra Carta Magna y caminamos juntos hacia un México más justo. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Tiene la palabra la diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar dos iniciativas. La primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y; la segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Adelante, diputada.
La diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava: Compañeras y compañeros. Presento hoy dos propuestas de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La primera, tiene como finalidad adecuar los términos de modalidades y ámbitos utilizados en los artículos 5 y 6, así como la denominación del Título II y su Capítulo I de la referida ley.
La segunda, es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de ampliación del espectro de perpetradores de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Respecto al primer planteamiento tenemos que la fracción V del artículo 5 de la referida ley se define a las modalidades de violencia contra los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres. Por su parte, el artículo 6 de a misma norma establece cuáles son los tipos de violencia, es decir, violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualesquiera otras formas, análogas, que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
En cuanto al título dos, éste se denomina: Modalidades de la violencia. Y su Capítulo Uno, De la violencia en el ámbito familiar. Como se puede apreciar, se utilizan los términos modalidad, tipo y ámbito sin una clara diferenciación. En tal virtud, se propone agregar una fracción V Bis al artículo 5o. de dicha ley., a fin de que se definan los ámbitos.
Por lo que hace al título dos, se propone establecer una nueva denominación para que sea: Título Dos, Ámbitos de la violencia. Por lo que hace al capítulo uno del título dos, debe denominarse: De la Violencia familiar, en el entendido de que un ámbito es el espacio físico donde ocurre la acción u omisión que causa el daño o sufrimiento.
Respecto al artículo 20 Bis de la referida ley, éste define en su primer párrafo a la violencia contra las mujeres en razón de género y en su tercer párrafo establece a quienes se consideran perpetradores de violencia contra las mujeres en razón de género.
La lista es amplia, pero insuficiente. Existen perpetradores no señalados directamente en el artículo en estudio. En efecto, son notorios y públicos los casos en que las mujeres han sufrido violaciones a sus derechos por su condición de género en las Fuerzas Armadas o policiales, con independencia de que sean superiores iguales o inferiores en grado jerárquico, por ministros de culto religioso e incluso por familiares de la víctima, o sea, por consanguineidad o afinidad, con independencia del grado.
Los pretextos son variados y van desde la supuesta lealtad, hermandad, fe, tradición, y otros, pero el resultado es el mismo: la vulneración de los derechos por el simple hecho de ser mujeres. Mi propuesta es que se establezca en la ley de manera clara los conceptos que definan a los sujetos activos, pasivos o víctimas de la violencia de género. Por tanto, propongo reformar el tercer párrafo del artículo 20 Bis de la citada ley, especificando la lista de perpetradores. Quedando así:
Artículo 20 Bis, tercer párrafo. Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, precandidatos, precandidatas, militantes, simpatizantes, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares, por miembros de las Fuerzas Armadas o policiales, por ministros de culto religioso y por familiares por consanguinidad o afinidad, sin importar el grado de parentesco, que bajo ese concepto y con conocimiento de tal hecho lo hagan.
La construcción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aún es perfectible. Hay que seguir trabajando para evitar esas lagunas que permiten a los violentadores evadir la acción de la justicia.
Son estas mis propuestas. Espero contar con el apoyo de mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y, en su momento, de este pleno para su aprobación. Muchas gracias.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Túrnense ambas iniciativas a la Comisión Igualdad de Género para dictamen.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Se informa a la asamblea... Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria acuerdo de los grupos parlamentarios relativo a la integración en las Secretarías de la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura. Pido a la Secretaría dar cuenta con los resolutivos del mismo.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Acuerdo.
Primero. Se somete a consideración del pleno la designación de la diputada Karina Isabel Garivo Sánchez para que ejerza el cargo de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir de la aprobación del presente acuerdo y hasta la conclusión del tercer año de ejercicio de la presente legislatura.
Segundo. La elección de la secretaria de la Mesa Directiva se realizará utilizando el sistema electrónico de votación, en términos de lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción IV del numeral 1 del artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Tercero. El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reconoce la plena, total y absoluta validez y certeza jurídica de los actos, disposiciones, resoluciones, trámites y decisiones que emanen y sean dictados o instruidos por la Mesa Directiva.
Cuarto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Se instruye a la Secretaría que haga la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del acuerdo.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del acuerdo.
(Votación)
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Consulte la Secretaría si hace falta algún diputado o diputada para emitir su voto.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 332 votos en pro, 3 en contra y 0 abstenciones. Es mayoría calificada.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Aprobado el acuerdo por 332 votos. En consecuencia, se designa a la diputada Karina Isabel Garivo Sánchez para que ejerza el cargo de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura a partir de esta fecha y hasta la conclusión del tercer año de ejercicio de la presente legislatura.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios acompañe a la diputada Karina Isabel Garivo Sánchez a la Secretaría de esta Mesa Directiva para proceder a tomar la protesta de ley.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Diputada Karina Isabel Garivo Sánchez, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretaria de la Mesa Directiva a partir de esta fecha y hasta la conclusión del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
La diputada Karina Isabel Garivo Sánchez: Sí, protesto.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Continuamos con la segunda ronda de iniciativas. Tiene la palabra el diputado Kevin Angelo Aguilar Piña hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y suscribe el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Kevin Angelo Aguilar Piña: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: Adelante, diputado.
El diputado Kevin Angelo Aguilar Piña: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Nuestro país posee una gran riqueza natural en sus regiones oceánica y costera, producto de su singular fisiografía y posición geográfica intertropical, alcanzando una extensión de más de 11 mil kilómetros de litoral a lo largo de 17 entidades que tienen acceso al mar, lo que representa el 56 % del territorio nacional.
Es por ello que los mares y costas mexicanas representan una prioridad ante su relevancia para la soberanía, la seguridad y el desarrollo sustentable del país, permitiendo las relaciones favorables con otras naciones y regiones altamente desarrolladas en todo el mundo.
Estas regiones marinas superan en extensión a la parte terrestre de México, resguardan una gran riqueza natural que debe de ser conservada permitiendo el desarrollo responsable y el bienestar de sus poblaciones sin comprometer a las generaciones futuras.
Los 17 estados costeros contribuyen con casi la mitad del producto interno bruto, lo que refleja la relevancia de los océanos como una importante fuente de ingresos y alimentos para gran parte de la población.
Dada su importancia, nuestro país como miembro de la Organización Marítima Internacional ha participado activamente en la firma de múltiples convenios y tratados internacionales relacionados con asuntos marítimos, siendo uno de los más importantes la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que introduce el concepto de guardia costera como una función reconocida según el derecho internacional.
Lo anterior, implica para nuestro país la adopción de diversas responsabilidades incluidas las relacionadas con las operaciones de búsqueda y salvamento, la salvaguardia de las instalaciones marítimas y portuarias, la vigilancia de las zonas marinas y las costas, el cumplimiento de las normas legales en los territorios marinos y la protección del tráfico y los recursos marítimos.
En ese sentido, actualmente la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en el ejercicio de las funciones de guardia costera, implementa las acciones necesarias dirigidas a brindar seguridad y protección marítima, así como la aplicación del marco legal a través de acciones de vigilancia, verificación, visita, inspección u otras acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables para las embarcaciones tanto nacionales como extranjeras en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios.
Lo anterior, debido a que cuenta con la organización, personal, medios y la capacidad de presencia permanente en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios para ejercer funciones de guardia costera, por lo que la presente propuesta no implica la creación de un nuevo servicio.
En virtud de ello, la iniciativa que se presenta tiene como finalidad dotar al personal naval de un instrumento normativo claro, mediante la implementación de un protocolo de actuación del personal naval en funciones de guardia costera, pera servir como una herramienta la cual pueda guiar su actuación ante un hecho que la ley señale como delito, estableciendo las directrices de coordinación con las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia para garantizar la seguridad marítima y a su vez investigar ilícitos cometido en las zonas marinas mexicanas.
Por lo antes expuesto, a nombre de mi compañero el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, promovente de la presente iniciativa presento ante esta soberanía la reforma al artículo 10 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que la vigilancia e inspecciones que lleve a cabo la Secretaría de Marina en las zonas marinas mexicanas cumplan con la legislación nacional, el protocolo de actuación del personal naval en funciones de guardia costera, así como los tratados internacionales vigentes de los que México sea parte.
Se trata de una sencilla modificación que cumple con la obligación de armonizar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, expresando la obligación de la Secretaría de Marina de observar y cumplir el referido protocolo de actuación en sus acciones de inspección y vigilancia.
Indudablemente, con la implementación de este protocolo se abona a enfrentar las amenazas a la seguridad pública que representa la trata de personas, la piratería, el tráfico ilícito de drogas, armas, migrantes, flora o fauna silvestre, entre otros delitos cometidos en la superficie marítima del Estado mexicano. Muchas gracias, es cuanto.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Pesca para dictamen.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra el diputado Román Cifuentes Negrete, hasta por diez minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Acceso al Agua, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Román Cifuentes Negrete: Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Honorable asamblea, compañeros, compañeras, hoy acudimos, este grupo de compañeros diputados, integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, a saldar una deuda que como Congreso de la Unión tenemos desde hace más de once años.
Me refiero, precisamente, a la necesidad de reglamentar el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional, obligación que deriva de la vigencia del decreto que reconoce en México el derecho humano de acceso al agua y al saneamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, cuyo artículo tercero transitorio, en ese entonces concedió al Congreso de la Unión un plazo de 360 días para expedir la Ley General de Aguas, Ley General que nos ha puesto en omisión legislativa, toda vez que están cumpliéndose más de doce años y no hemos dado cabal cumplimiento a esto.
Hoy, por eso quiero compartirles que asumiendo nuestra responsabilidad henos aquí atendiendo también a la grave crisis que hoy estamos viviendo, a culminar la construcción de este proyecto que es fundamental.
Todos hemos sido testigos, a lo largo de esta legislatura, de las carencias y dificultades que día a día se tienen que enfrentar personas en diferentes centros y núcleos de población en comunidades, en centros urbanos, para acceder al agua potable. Pero, también somos testigos de los grandes retos, de los grandes obstáculos que tienen las autoridades encargadas de cumplir esta obligación para poder ponerla a disposición.
Aquí nosotros somos muy conscientes de que independientemente del partido, de la preferencia electoral, todas las autoridades, todos los órdenes de gobierno sufren para cumplir con esta obligación constitucional a su cargo y la principal causa no solamente es la falta del presupuesto, también lo es la falta de unas políticas públicas claras, constantes y específicas que puedan regular y hacer posible esta garantía.
Tenemos claro, y aquí consideramos que lo hablamos por todos los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que una de las principales características precisamente que tiene que tener la lucha por este vital líquido del agua, es precisamente su falta de color. Y así lo entendemos y así nos hemos comprometido al trabajar al interior de la Comisión de Recursos Hidráulicos, sin distingos partidistas, buscando siempre el beneficio colectivo.
En esta iniciativa, compañeros y compañeras, no habrán de encontrar quejas, reclamos, insultos, rencores o venganzas, nada de esto, ningún tipo de este tipo de expresiones. Quienes suscribimos esta ley sabemos que esto no resuelve los problemas, por el contrario, los magnifica.
Ahora bien, queremos reconocer y asumir la responsabilidad que a cada uno como integrantes de esta legislatura y especialmente a cada uno de los integrantes de la comisión nos toca y nos corresponde.
Está claro hoy nuestro marco constitucional, que en tres de los artículos señala precisamente la fundamental importancia de regular todo el esquema de lo que tiene que ver con el agua. Por un lado, el artículo 115 constitucional que establece la obligación precisamente y la responsabilidad de la autoridad municipal, para precisamente prestar el servicio de agua potable.
Está el artículo 27 constitucional en el que la nación se asume como propietaria, originaria y legítima del agua y en el que se faculta al Estado para regular el uso y el aprovechamiento, todo esto lo cual se consigna en la Ley de Aguas Nacionales.
Y este párrafo sexto del artículo 4o. constitucional, el cual ahora proponemos regular, establecer y encausar en esta ley general, en el cual se consigna el derecho humano al agua. Todos estos tres ordenamientos efectivamente tienen como fin regular el esquema del agua, confluyen y están relacionados entre sí. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que establecer claramente en la ley este esquema de complementación.
La ley general que se presenta reconoce la existencia y finalidad de la Ley de Aguas Nacionales y que, como sabemos, faculta al Estado a través de sus autoridades para, entre otros aspectos, garantizar la preservación y sustentabilidad del agua.
De hecho, en esta iniciativa se señala con toda claridad el uso del agua respecto de empresas de negocios de compañías y sus similares, así como para el uso en actividades que tienen que ver con el comercio agrícola o industrial. Todas estas cuáles se siguen rigiendo por la Ley de Aguas Nacionales.
Este señalamiento es importante hacerlo para evitar confusiones y dejar muy en claro que el marco normativo que hoy queremos cumplimentar a través de esta iniciativa es, precisamente, darle cabal cumplimiento a un derecho humano de todos los mexicanos consagrado en la Constitución.
¿Qué es esta nueva ley? Bueno, pues esta nueva ley que contiene 32 artículos en siete títulos, está considerando disposiciones generales que rigen, precisamente, principios y definiciones fundamentales que rigen esta ley para el consumo personal, para lo que viene siendo el acceso al agua para el consumo personal doméstico, señalando lo que es prioritario y que el vital líquido debe suministrarse en formas suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Siguiendo el marco constitucional incorpora la participación de la federación, de las entidades y de los municipios y de las alcaldías y, por supuesto, la participación ciudadana precisamente para ser posible y conseguir este fin.
También tiene un título denominado Acceso al Agua Potable, en el cual se toman en cuenta lo que son los estándares y recomendaciones internacionales, considerando también incluso los criterios y lineamientos que nos ha hecho el Poder Judicial de la Federación para establecer los niveles, los mínimos vitales que deben de proporcionarse a cada ser humano para la subsistencia diaria.
Y con esta ley efectivamente buscamos asegurar la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano que, en términos del proyecto, son aquellas que son indispensables para la vida, para la salud, para la convivencia, para el bienestar de las personas, para beber, para cocinar, para la higiene personal, la limpieza de vivienda, de sus utensilios, de la ropa, la eliminación por supuesto de excretas y residuos líquidos del cuerpo humano.
Aquí también establecemos la creación de un fondo, un fondo progresivo, permanente, precisamente que permita garantizar recursos suficientes que establezca la posibilidad de que este derecho humano cada vez se vaya incrementando más y cuente con los recursos mínimos necesarios. También establecemos un título de políticas públicas para la regulación, modernización y tecnificación de los servicios de suministro, disposición y saneamiento.
También establecemos, por supuesto, en estas políticas públicas, el fortalecimiento de las instituciones, de las dependencias y de los organismos facultados, precisamente para la gestión de recursos hídricos y, sobre todo también, algo muy importante, que lo vimos en las constantes reuniones de la comisión, la profesionalización de todo el personal, el establecimiento de códigos de ética y el fortalecimiento de todos los organismos operadores del agua y, por supuesto, de sus órganos de control interno.
También hablamos de la implementación de la figura del testigo social en los procesos de licitación y contratación pública para prevenir y combatir la corrupción en la gestión del agua, el desarrollo tecnológico en la gestión y uso del agua, actividad fundamental, que por supuesto, se lleva a cabo a través del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua.
También, por supuesto, nosotros consideramos las características que debe contener este suministro, que debe ser segura, debe ser asequible, debe ser eficiente, debe ser continuo, debe ser uniforme, debe ser equitativo, debe ser sostenible, debe ser suficiente.
También se integra un título en el cual se promueve una cultura del agua y, por supuesto, también establecemos como un esquema fundamental de justicia social un título en el cual se establecen las acciones para erradicar la desigualdad, para dar prioridad también, a las comunidades en situaciones de vulnerabilidad, a personas de la tercera edad o con discapacidad o que sufran una enfermedad incapacitante que les haga difícil poder acceder a este vital líquido para su subsistencia.
Por supuesto, también, incorporamos el esquema de la queja ciudadana. Establecemos un esquema de sanción y responsabilidad administrativa cuando se viole este derecho. Establecemos también, por supuesto, que se tenga que recurrir, precisamente, a la Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias.
Así pues, en esta ley que hoy ponemos a su disposición y que aquí la queremos poner como un punto de arranque, un documento de trabajo que precisamente nos ayude a hacer posible, fundamentar y a reglamentar y dejar por alto esta omisión legislativa que tenemos como Cámara de Diputados, aquí está este primer documento, este primer punto de partida para nosotros seguir trabajando.
Obviamente incorpora las recomendaciones internacionales, los tratados, las recomendaciones del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, se trata de un documento, un documento de trabajo que puede fortalecerse con la participación de todos, pero, sobre todo, que nos deja muy en claro que no es necesario estar hablando como un candado de solamente querer pretender regular, modificar la Constitución. Aquí hay un tema de legislación en el cual, con voluntad política, podemos subsanar esta omisión legislativa sin rencores, sin odio, sin violencia, es un tema de justicia para todos los mexicanos. Es cuanto, Presidencia.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra el diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones.
El diputado Yerico Abramo Masso: Buenas tardes tengan todas y todos, compañeras y compañeros legisladores. Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de ley que viene a dar cumplimiento al mandato ciudadano que las y los habitantes de Coahuila tuvieron para un servidor en pasado evento en la Colonia Zaragoza, después en la Colonia Provivienda, La Madrid y unas otras más donde tuvimos nuestras audiencias ciudadanas.
Las y los saltillenses me pedían como su representante popular, que trajéramos una modificación a la Ley de Salud. Una modificación a la Ley de Salud que permitiera que las aseguradoras y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas pudiera encargarse de dar garantías a todas aquellas personas que hoy sufren de un tema de enfermedad de tipo mental, ya sea depresión, ansiedad o muchas otras enfermedades que están triplicando el número de problemas en hogares, en individuos, en mujeres y hombres que todos los días sufren con estos malestares y que a veces no están bien dictaminados medicamente.
De acuerdo con el INEGI, a lo largo del territorio nacional hay un millón 590 mil 583 personas con algún problema o condición mental, de los cuales 54 % son hombres y 46 % son mujeres. En México, solo 2 de cada 10 mexicanos con algún problema o condición mental que requieren de atención la obtiene y aquellas que logran ser atendidas no siempre reciben la atención adecuada.
Es una lástima, amigas y amigos legisladores, que las y los mexicanos tengan que gastar en salud privada para acceder a psicólogos, psiquiatras y tener medicamentos que les ayuden a llevar y a mantener disminuida sus afecciones de tipo mental.
En México, amigas y amigos, en el 2018 el primer decil de ingresos quiere decir que el 10 % de los hogares más pobres del país gastaron entre mil 285 a mil 400 pesos anuales en su salud. Esta cifra, si la actualizamos al año 2024 con datos de enero, subió en un 74 % de costo por familia, 2 mil 243 pesos es lo que una familia está invirtiendo anualmente en recuperar o en mantener su salud, mil 285 gastaban hace apenas 6 años y hoy tienen que gastar 2 mil 243 pesos. Amigas y amigos legisladores, los más pobres de este país se están gastando casi el doble de lo que gastaban hace seis años. Eso no es ser resilientes con la salud.
Con todos los problemas de salud en nuestro país, compañeras y compañeros legisladores, hoy tenemos la posibilidad que desde esta Cámara de Diputados hagamos un cambio a la Ley de Salud y permitamos que las aseguradoras de este país garanticen en sus reglas de operación atención psicológica, asesoría telefónica para cualquier persona que esté desesperada y requiera orientación cuando tenga un verdadero estrés y pueda cometer algo grave en su persona o en su familia y no se está atendiendo.
Por eso esta iniciativa de ley que planteo obliga a las aseguradoras de nuestro país a que tengan que garantizar a todas aquellas personas que pagan por un seguro de gastos médicos a que se le atienda inmediatamente en su salud mental, se le receten todos los medicamentos que requiera el psiquiatra o el especialista en la materia y se dignifique su salud individual, colectiva y familiar.
Por eso y muchas otras cosas más, compañeras y compañeros legisladores, les pido que seamos resilientes, que toquemos nuestra mente y nuestro corazón y que realmente garanticemos a millones de mexicanos que hoy quieren combatir se estrés interior, esa ansiedad, ese trauma o shock que tengan en lo individual o en lo familiar para poder volver a estabilizarnos como sociedad. México ocupa atención inmediata en la salud mental. Es un compromiso que hice con las y los coahuilenses, con las y los saltillenses, y aquí traigo su orden comunitaria, aquí traigo su indicación social para presentarla en esta iniciativa de ley ante ustedes y que pueda ser dictaminada lo más pronto posible. Muchas gracias. Es cuanto. Y estamos para servirles. Buenas tardes.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73 y 75 de la Ley Federal de Protección de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
La diputada Ciria Yamile Salomón Durán: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante.
La diputada Ciria Yamile Salomón Durán: Compañeras y compañeros diputados, vengo ante esta soberanía con el ánimo de someter a su consideración la propuesta que plantea salvaguardar el arte popular mexicano, mismo que se expresa a través de las manos y obras de nuestras artesanas y artesanos. Sin lugar a dudas, su trabajo condensa la profunda herencia cultural de México y expresa la identidad y creatividad del pueblo mexicano.
Por esa razón, la presente iniciativa busca la protección y conservación de nuestras tradiciones, usos y costumbres, que en los tiempos de la globalización y el libre intercambio comercial se ven amenazadas por los agresivos y desleales procesos industriales que sostienen algunos países asiáticos, como China.
Por todos es conocido que los juguetes artesanales y las artesanías en general tienen un rasgo distintivo, son hechos a mano, lo que les da un grado de genialidad único y excepcional. Cada vez que compramos y regalamos un juguete tradicional elaborado por las manos de nuestros artesanos no sólo fomentamos el sano esparcimiento de las niñas y niños, sino que también preservamos años de técnica artesanal.
Por desgracia, la niñez mexicana cada vez está más alejada de los trompos, los yoyos o los baleros. Y ni qué decir de aquellas cocinitas de hojalata, las vajillas tradicionales de barro o las muñecas de trapo. Son artesanías casi en peligro de extinción. Por si no fuera suficiente, el ingreso a nuestro país de imitaciones burdas, que en realidad son elaboradas de manera industrial en el extranjero, pone de manifiesto la seria amenaza que enfrenta la cultura popular mexicana y en particular nuestros artesanos.
Es lamentable que los bordados tradicionales o piezas únicas, como los juguetes artesanales, sean comercializados en nuestro país sin ser hechos por manos artesanas mexicanas. La distribución y comercialización de supuestos juguetes artesanales o imitaciones muy similares generan no solo un efecto nocivo para las tradiciones artesanales mexicanas, sino también una competencia económica desleal.
La venta de estos productos de manufactura industrial puede asemejarse a una epidemia que hace que se pierda la esencia del arte popular. Hoy no hay un producto que podamos adquirir sin que tengamos la legítima duda de si será original o chino. Y que quede claro: no tenemos nada en contra del noble pueblo chino, pero no podemos permitir que nuestra cultura sea producto de una apropiación ilegal y poco ética.
Nadie puede negar que las imitaciones en grado de confusión lo único que afectan son la reputación de nuestras artesanías y, desde luego, también la confianza del consumidor. Es cierto, existen diversos mecanismos para garantizar no solo la preservación de nuestra cultura, sino también para propiciar la recompensa económica justa a los artesanos.
Están los llamados derechos de autor, la denominación de origen. Asimismo, están las marcas registradas y las patentes de diseño. Sin embargo, en todos los casos la protección legal que pueden buscar los artesanos nacionales requiere una asesoría legal especializada, que es prácticamente inaccesible para las comunidades y organizaciones, o productores de estas artesanías.
Por ello, es preciso que protejamos los derechos de las y los artesanos y promovamos la comercialización de productos auténticamente artesanales. Necesitamos acciones que de manera contundente inhiban la comercialización de productos de mala calidad.
Por ello, proponemos que se considere como delito de uso y aprovechamiento indebido del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el importar con propósitos de comercialización cualquier tipo de imitaciones o réplicas de juguetes artesanales, o cualquier otro tipo de copia de artesanías o manualidades que contengan elementos del patrimonio cultural de nuestra nación.
Estamos convencidos de que necesitamos sanciones ejemplares por el bien de nuestros artesanos y nuestra cultura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para dictamen.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: A continuación, tiene la palabra la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5o. y 6o. de la Ley Federal de la Defensoría Pública.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Con su venia, estimada presidenta. Compañeras, compañeros, ponerse las gafas de género, es decir, las gafas violeta como le decimos, es indispensable. Debe ser un requisito sine qua non al aplicar las leyes, sobre todo, cuando se trata de personas servidoras públicas cuya misión es procurar justicia.
En los últimos años, la lucha por la igualdad de género ha logrado algo formidable: transformar el lenguaje jurídico y se ha construido un nuevo andamiaje legal inédito hasta hace unos lustros, que abarca normas secundarias, leyes generales y la Constitución.
Uno de los casos más recientes al respecto tuvo lugar en esta Cámara, culminando el 29 de mayo de 2023, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley 3 de 3 contra la violencia de género, siendo esta una de las reformas más significativas para el movimiento feminista en México, porque pone de relieve que para las mujeres y las niñas, para nosotras, para nosotros todos y nuestra sociedad la violencia no puede ser admisible en modo alguno, que tenemos derecho de ser respetadas tanto en el ámbito público como en el privado, que merecemos vivir sin miedo y en paz.
Es cierto que el avance en la modificación a las leyes con el objetivo de lograr igualdad de derechos ha sido lento. Hace más de 56 años, 1967, se aprobó la Convención contra toda Forma de Discriminación hacia las Mujeres, la CEDAW como la conocemos por sus siglas, y en 1994 la Convención Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.
A 30 años de la misma, sí, ahora en 2024 serán 30 años y ya con la tres de tres aprobada estas modificaciones requieren personas servidoras públicas encargadas de procurar y administrar justicia con la formación, la capacitación, el conocimiento en materia de derechos humanos de las mujeres, de las convenciones y las leyes que las amparan para hacerlas valer.
Lo que planteo es que nuestras conquistas en materia jurídica no sean letra muerta o se traduzcan en impunidad por falta de formación y capacitación en dichos instrumentos y falta de perspectiva de género al aplicar la ley.
Preciso, hemos avanzado en el lenguaje jurídico y la construcción de un nuevo andamiaje legal, pero ello no empata con su aplicación. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha dado cuenta de cómo el delito que más se denuncia es el de abuso sexual, pero estos delitos que violentan, agravian a las mujeres y a las niñas mayoritariamente, en su gran mayoría han quedado en la impunidad. Solo 8.6 % de dichos delitos se sancionó en México.
Una parte de las causas de la impunidad tiene que ver con los prejuicios hacia las víctimas, a las que se les culpabiliza en muchos de los casos con cuestionamientos acerca de cómo vestían, el lugar y la hora donde se encontraba, si acaso quedó paralizada, por qué no se defendió. La revictimización y el maltrato a la víctima es una constante por parte de personas servidoras públicas, hay que decir que no de su totalidad, pero de una gran mayoría.
Avanzar en casos que involucran violencia en razón de género para que sean sancionados requiere que las personas servidoras públicas tengan sensibilidad y empatía, pero sin duda, sin duda el conocimiento para defender y representar con perspectiva de género, que tengan gafas violeta, conocimiento y capacidad, por lo que propongo que las personas servidoras públicas encargadas de la defensoría pública tengan como requisito para ingresar y permanecer como personas defensoras públicas o asesoras o personas asesoras jurídicas, acreditar que realizaron un curso, taller o diplomado sobre perspectiva de género, el cual puede ser emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o instituciones públicas afines a la mencionada, las mismas cuentan con diplomados y cursos que no tienen costo alguno, tendrían con esta capacitación las herramientas para que la víctima acceda a la justicia.
Por lo que propongo modificar el numeral IV, del artículo 5o. y el numeral VII del artículo 6o. de la Ley Federal de la Defensoría Pública, que la ley se convierta en realidad, derechos efectivos para niñas y mujeres. Muchas gracias.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputada. Pidió la palabra la diputada Jessica Ortega, adelante, diputada.
La diputada Jessica Ortega de la Cruz (desde la curul): Gracias, presidenta. Solo para consultarle a la diputada Amalia García, ¿si me permite suscribir su iniciativa?
La diputada Amalia Dolores García Medina: Con muchísimo gusto y me encantaría que la suscribieran diputadas, diputados y los que están alzando la mano de Movimiento Ciudadano, pero por supuesto de todos los grupos parlamentarios de esta legislatura. Muchas gracias.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputada. Entiendo, entonces, que además de la diputada Jessica Ortega se incorpora la diputada Ivonne Ortega, el diputado Braulio y la diputada Tere Ochoa, también para esta iniciativa. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra el diputado Javier Huerta Jurado del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, Universidad Autónoma Metropolitana.
El diputado Javier Huerta Jurado: Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante, diputado.
El diputado Javier Huerta Jurado: Compañeras y compañeros legisladores, al pueblo de México: La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, Paulo Freire.
En esta ocasión subo a esta tribuna para presentar una iniciativa muy especial, a través de la cual pido a esta soberanía respalde la propuesta de que se inscriba en letras doradas en el Muro de Honor de este recinto legislativo el nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana y al mismo tiempo se programe una sesión solemne con el fin de conmemorar los 50 años que esta institución abrió sus puertas para la juventud mexicana.
En los 50 años de la Universidad Autónoma Metropolitana se han consolidado como una de las mejores universidades del país, resultando de una visión que apuesta por la educación como una fuente de desarrollo social y humano para hacer del Estado un ente incluyente, equitativo y democrático.
La Universidad Autónoma Metropolitana abrió sus puertas en 1974, ofreciendo 32 licenciaturas distribuidas en cuatro divisiones académicas: ciencias básicas, ingenierías, ciencias sociales y humanidades, ciencias biológicas y de la salud y ciencias de artes para el diseño.
La institución nació con tres unidades académicas. En Iztapalapa, en Azcapotzalco y Xochimilco, en las cuales se ofrecen carreras novedosas y adelantadas a su tiempo, como Ingeniería Ambiental en esa época, Ingeniería de Recursos Energéticos, Diseño de Asentamientos Humanos y Diseño de la Comunicación Gráfica.
La UAM continúa innovando su oferta académica. En 2005 creó dos divisiones académicas, la división de Ciencias de la Comunicación y Diseño, la división de Ciencias Naturales e Ingeniería y con la apertura de la Unidad Cuajimalpa. Para 2009 se sumaron otras carreras con enfoque interdisciplinario, derivado de la apertura de la Unidad Lerma en el estado de México.
El modelo educativo de la UAM es novedoso. Se rige por su forma organizacional, con un esquema departamental y una estructura académica que impulsa una visión interdisciplinaria al incorporar en sus carreras un tronco general, un tronco profesional y áreas de concentración. Los cambios de carrera con una figura novedosa, como es el profesor investigador con un sistema trimestral.
Asimismo, el proceso de titulación a nivel licenciatura, al obviar la escritura y la defensa de una tesis como parte de la estructura curricular con los proyectos terminales vinculados a las áreas de investigación. De la misma forma para estudios de posgrado, limitando así la tesis para los estudios a nivel doctorado.
Hoy, a 50 años, la universidad ha tenido un incremento considerable en su oferta educativa. Ofrece 82 planes de estudio a nivel licenciatura y 120 a nivel posgrado. Ha formado a más de 200 mil jóvenes profesionistas, 49 % mujeres y 51 % hombres. Más de 17 mil egresados de nivel posgrado.
Los universitarios formados en la Universidad Metropolitana han destacado en todas las ramas del conocimiento y del quehacer profesional en diversas disciplinas, cuenta entre sus egresados a dos miembros del Colegio Nacional y más de 100 egresados con trayectorias distinguidas, reconocidos en universidades internacionales.
La universidad metropolitana es un crisol cultural dado que ha sido la casa de miles de mexicanos de todas partes del país y de también un buen número de extranjeros que se han formado en sus aulas.
La universidad tiene como ejes articuladores la docencia, el desarrollo de la investigación, la difusión y la preservación de la cultura, pero también su vinculación con la sociedad, ejemplo de ello es la presea que fue recibida como reconocimiento por la participación activa de su comunidad en la reconstrucción después de los sismos ocurridos en 1985. También un ejemplo de ello es el proyecto del Programa Universitario de Desarrollo Metropolitano que tiene por objeto central el estudio y la comprensión de los aspectos que conforman los fenómenos territoriales a efecto de contribuir a la solución de problemas específicos que experimentan los asentamientos humanos.
Por lo anterior expuesto, va nuestro reconocimiento a la UAM por la formación de profesionistas, por el desarrollo y sus aportes en la investigación científica y desde luego por el papel preponderante que tiene con el compromiso social a través de programas dirigidos a resolver los problemas latentes como lo establece su Ley Orgánica.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Diputado, le pido si puede ir...
El diputado Javier Huerta Jurado: Muchas gracias, señora presidenta.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias. Muchas gracias. Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen. La diputada Elizabeth Pérez, ¿con qué objeto, diputada?
La diputada Elizabeth Pérez Valdez (desde la curul): Gracias, presidenta. Si a través de su conducto, le puede preguntar al proponente si nos podemos sumar a su iniciativa.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Diputado, le pregunta la diputada Elizabeth Pérez, si puede sumarse a su propuesta.
El diputado Javier Huerta Jurado: Claro que sí, desde luego, adelante.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Muy bien. Tiene a continuación la palabra la propia diputada Elizabeth Pérez Valdez, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 51 Bis y 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por el diputado Héctor Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Con la venia, presidenta.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Compañeras y compañeros legisladores, me permito proponer a ustedes la iniciativa con proyecto de decreto que se adiciona el artículo 51 Bis y la fracción XXII Bis al artículo 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, misma que es presentada por una servidora y suscrita por mi compañero de bancada, el diputado Héctor Chávez Ruiz. Lo anterior, por considerar de suma importancia el costo que los reemplacamientos generan a los bolsillos de las y los ciudadanos.
Sin duda alguna el emplacamiento es fundamental para generar elementos que permitan contar con un registro nacional de vehículos, ya que las placas de los automóviles sirven, entre otras cosas, para circular en cualquier parte del territorio nacional y contar con registro fidedigno de los automóviles en el país.
Sin embargo, además del emplacamiento también existe el reemplacamiento, el cual se resume en la acción de pagar un impuesto que ya se había pagado con anterioridad, pero ahora con la justificación de que este impuesto es necesario para mantener las bases de datos que el registro público vehicular necesita para su actualización.
De esta forma, las entidades federativas imponen la obligación al contribuyente de tramitar nuevamente un par de placas con un nuevo costo.
En este sentido, es necesario analizar el costo que implica el reemplacamiento para las y los mexicanos a nivel nacional. Esto debido a que el costo de un juego de placas varía de acuerdo a cada entidad federativa.
Y si en resumen hacemos un balance, el promedio que se cobra a nivel nacional por este impuesto es de mil 703 pesos, dinero que las y los mexicanos destinan por el pago de esta imposición administrativa, que resulta realmente oneroso.
Y si a esto le agregamos que es un impuesto que no está debidamente regulado, debido a que cada entidad federativa fija el monto de sus propios derechos de reemplacamiento, los cuales son aplicados de forma no muy clara y que parecieran obedecer principalmente a una mayor recaudación fiscal, sin que el excedente sea invertido en mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos, lo que ha desencadenado que cada vez más algún gobierno anuncia un nuevo reemplacamiento, la ciudadanía se inconforme y promueva diversas medidas legales, como los amparos.
Lo anterior, debido a que no existe una norma explícita que determine tanto el costo, así como la vigencia que deben tener las placas, lo que general el reemplacamiento.
Por lo que con la intención de eliminar un impuesto excesivo que genera el reemplacamiento de automóviles particulares debido al gasto que genera, afectando directamente los bolsillos de millones de personas en nuestro país, que es exactamente excesivo, ya que este derecho debe pagarse por única vez y no como actualmente se realiza al refrendarse dos o más ocasiones, pues no existe una justificación que valide su realización al tratarse de un mismo vehículo y ser el mismo registro vehicular. No hay claridad de su reemplacamiento más que generar un cobro extra con serias implicaciones económicas en nuestras familias mexicanas.
Por esta razón se propone adicionar al artículo 51 Bis, una fracción al artículo 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para que el pago de las placas de automóviles particulares se realice única y exclusivamente por una vez.
Esta es la propuesta que, desde el Grupo Parlamentario del PRD, suscrita por el diputado Héctor Chávez Ruiz y una servidora, presentamos ante este pleno. La necesidad de cuidar el bolsillo de la ciudadanía debe de ser una prioridad en esta LXV Legislatura. Gracias presidenta.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Movilidad, para dictamen.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene, a continuación, la palabra la diputada Martha Robles Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 299 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Adelante, diputada.
La diputada Martha Robles Ortiz: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, las leyes son instrumento con los que debemos contar la sociedad para conocer los aspectos importantes, relevantes y de impacto de la vida cotidiana del país.
Estas tienen que ser emitidas a través de diferentes procesos y, con ello, generar cambios de importancia que interactúen en el desarrollo social a través del conocimiento preciso de lo que verdaderamente significa y dice un párrafo, una fracción, un artículo o toda la ley, para que los ciudadanos o los interesados en dicha materia tengan los alcances indispensables para su correcta aplicación e interpretación.
Aquí me refiero a esos aspectos, los medios de comunicación son de vital importancia, ya que son materia regulada y reguladora por nuestras leyes y para cumplir con ello han adoptado principios constitucionales para que el Estado mexicano complemente la rectoría en el rubro de las telecomunicaciones.
A través de los medios de comunicación y difusión, el informante desempeña un papel fundamental al momento de dar a conocer los datos que pretende revelar al receptor quien espera que los mismos sean veraces y confiables.
El método para informar tiene que cumplir con un sinnúmero de normas encaminadas a la libertad de expresión y esta mediante sus programas y contenidos que deben ser creíbles, que deben ser por consecuencia en la narración propia y verdadera, aunque solo para el informante y el medio de comunicación representa, de que una noticia mal informada puede causar desencanto y frustración hacia el individuo, hacia el personaje, hacia la institución a la que se refiere.
No quiero abundar más en este tema tan, pues polémico en la actualidad, lo que hago en este trabajo legislativo es actualizar un artículo, en el que las condiciones del pago de multas aún se aseveran al Distrito Federal, como entidad recaudadora y no como Ciudad de México. Al final, queremos que los medios contribuyan a la democracia y al bienestar de los mexicanos y que en su primera y más importante obligación en materia informativa sea la verdad.
El conocimiento integral de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que aspiramos y podemos llegar a ser, será el resultado de una buena gestión. De los informados, de los entrevistadores, de los periodistas, de los comentaristas, de los editores, de los propietarios de los lectores, de los radioescuchas, de los telespectadores, ello formará un México más enterado, asimismo y de su entorno.
Diputadas y diputados, vamos por una nación con verdades para trascender históricamente en nuestro México. Muchas gracias.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transporte para dictamen.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra la diputada Brenda Ramiro Alejo, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 75 de la Ley General de Salud.
La diputada Brenda Ramiro Alejo: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante.
La diputada Brenda Ramiro Alejo: El consumo de drogas adictivas constituye un problema de salud pública que cada día parece agravarse más, lo que conlleva a que los servicios públicos de salud para atender las adicciones prácticamente se encuentren rebasadas en el número de personas con problemas de adicciones que requieren dicho servicio para su rehabilitación y recuperación.
En mayo de 2022 se reformó la Ley General de Salud para instituir un servicio integral de salud mental, tratamientos de adicciones que proponen la transición progresiva del modelo de hospitales psiquiátricos de internamientos forzosos a clínicas generales, a una atención de primer nivel, de forma comunitaria y respetuosa a los derechos humanos de los pacientes.
No obstante que la reforma del plan atiende las recomendaciones de la OMS, es innegable que en nuestro país el problema de las adicciones se ha agilizado desde hace varias décadas, lo que genera la proliferación de centros residenciales para atender las adicciones, lo que se conoce popularmente como anexos o granjas, los cuales han sido auxiliares en la atención a los problemas causados por las adicciones.
Si bien ahora se cuenta con el requisito de consentimientos informados para que los usuarios cuenten con la garantía de que su libertad personal debe ser respetada, actualmente se encuentran cientos de personas internadas en este tipo de centros residenciales y muchos de ellos funcionando bajo clandestinidad y vulnerados en los derechos humanos de los internos.
Ahora bien, se reconoce que tanto las autoridades federales como estatales y municipios han coordinado esfuerzos para regular estos centros de rehabilitación para las personas con problemas de adicciones.
El 22 de agosto de 2022 se llevó a cabo la segunda reunión institucionalidad para generar trabajos en conjunto a beneficio de atención de problemas prioritarios coordinados con el DIF. Contando con la participación de instituciones, como la Comisión Nacional contra las Adicciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, explicó en algunos de los resultados en las visitas a establecimientos especializados el tratamiento de las adicciones como parte de los acuerdos. Se establece que la necesidad de generar desde instituciones generales un protocolo integral de supervisión en centros residenciales, rehabilitaciones y tratamientos de adicciones.
En el tenor, debe tomarse en cuenta que ante la situación mencionada a nivel nacional para el funcionamiento de los anexos o granjas de rehabilitación es imperiosa la necesidad de que las autoridades sanitarias y los órganos protectores de los derechos humanos emitan protocolos para prevenir, investigar y sancionar a los maltratos inhumanos.
Es por ello que es oportuno que debe hacerse la ley que mandata la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de Salud... se coordinen esfuerzos para prevenir, sancionar los tratos crueles e inhumanos hacia la prevención de los problemas a adictos. (Habla en náhuatl.) Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra el diputado José Antonio Zapata Meraz, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Antonio Zapata Meraz: Con el permiso de la Mesa Directiva.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante, diputado.
El diputado José Antonio Zapata Meraz: Compañeras y compañeros, el desabasto de medicamentos es una realidad en México, así lo ha aceptado el presidente López Obrador en sus mañaneras.
Este gobierno desatendió los derechos fundamentales de las y los mexicanos. El ejemplo más claro es el derecho a la salud. El resultado de esto ha sido un alto número de decesos por falta de atención médica y un desabasto de medicamentos, que se ha venido acrecentando durante este gobierno.
A esta situación hay que agregar las fallidas políticas de salud de este gobierno. Una de ellas es la eliminación del Seguro Popular, que por casi 20 años atendió a más de 53 millones de mexicanos. Como consecuencia de esto se dejaron de realizar más de 40 millones de consultas externas, más de 7.5 millones de consultas de alta especialidad, 1.3 millones de mastografías y 1.6 millones de Papanicolaous.
Con el pretexto de que este programa ni era seguro ni era popular, echaron a la basura años de trabajo y en su lugar este gobierno implementó el sistema de salud Insabi, el cual era un sistema de salud sin planeación, sin los recursos financieros ni humanos requeridos para ofrecer estos servicios de salud.
Con dicho programa de salud el presidente López Obrador prometió que en tres años se tendría un sistema de salud de primer nivel, comparado con los países de Noruega o Dinamarca.
Hoy, a casi seis años, el tiempo nos ha dado desafortunadamente la razón: las y los mexicanos no tienen ningún sistema de salud de primer nivel y tampoco acceso a una atención médica gratuita, pues el Insabi terminó por desaparecer y ahora el famoso plan B, el IMSS Bienestar no se sabe ni cómo opera ni a cuantos mexicanos atiende o va a atender.
Ahora, ante la crisis en materia de salud que arrastra este gobierno, el presidente ha tenido una nueva ocurrencia: invertir poco más de 2 mil millones de pesos en una farmaciototota para combatir el desabasto de medicamentos que, por su culpa, ha prevalecido durante todo este sexenio.
Desmanteló el suministro de medicamentos que había funcionado durante décadas y ahora, mediante una política de amiguismos, el gobierno realiza compras directas de medicamentos e insumos a sobrecostos, lo que ha hecho que la situación del desabasto no se solucione con una mega farmacia, la cual, por cierto, opera con solo el 0.9 % del total de medicamentos que puede almacenar, es decir, solo puede surtir uno de cada 100 fármacos solicitados.
Es más, gracias a este sistema de 2019 al 2022 el gobierno federal dejó de surtir poco más de 42.7 millones de recetas de derechohabientes, lo que ha ocasionado que las familias mexicanas tengan que gastar en promedio poco más de mil 300 pesos al mes para atender la deficiente atención de salud que tiene por parte del gobierno.
Por eso, para apoyar a todas estas familias mexicanas que se han visto afectadas por las deficiencias de las políticas emprendidas por este gobierno, hoy el PAN propone que si el gobierno no tiene los medicamentos que necesitas que te los pague. Asimismo, subo a esta tribuna para proponer modificar el artículo 151 de la Ley de Impuesto sobre la Renta para que lo que gastes en medicamentos sea deducible de impuestos. Con esta propuesta se estará apoyando a todas las, y los, mexicanos que ahora tienen que costear sus gastos de salud, en especial en la adquisición de medicamentos que este gobierno ha dejado de brindar y que ni con su mega farmacia va a poder solucionar.
En Acción Nacional seguiremos planteando soluciones que realmente ayuden a garantizar una mejor calidad de vida de las familias mexicanas, impulsando propuestas que realmente procuren su bienestar, su salud y mejoren su economía familiar. Es cuanto.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y de la Ley General de Educación.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: Gracias, presidenta. Con su venia.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante, diputada.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: Compañeras y compañeros legisladores, la palabra cultura se refiere según la Real Academia Española, al conjunto de costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial. Por su parte, la Academia Mexicana de la Lengua define la palabra arte como la actividad humana para crear cosas bellas.
En la actualidad, las y los jóvenes buscan espacios en donde se les permita expresar de alguna forma su sentir con respecto a distintos temas, ya sean sociales o personales, siendo el arte urbano una de las formas para lograrlo, aunque también es uno de los medios de expresión no reconocidos como tal.
El arte urbano contempla todo el arte que se expresa en la calle, como son los murales, pinturas en espray, pegatinas, mosaicos, esculturas, entre otros. Este tipo de creaciones, a pesar de su grado artístico la mayoría de las veces es contemplada ante autoridades administrativas como ilegales, siendo que es una forma de expresión creativa que toma como lienzo o escenario un entorno citadino para comunicar ideas, emociones o visiones del mundo llevando el arte a la vida cotidiana de las personas.
Desde su llegada a la Ciudad de México en los años 80, el arte urbano se ha convertido en una parte esencial de la identidad de las diversas comunidades que la conforman y posee grandes artistas urbanos que han puesto en alto el nombre de nuestro país, nuestra cultura e historia, manteniéndola viva y promoviéndola en otros países.
Sin embargo, en muchas ocasiones el arte urbano es confundido con el grafiti ilegal, siendo totalmente diferentes, ya que el arte urbano busca la coexistencia entre el individuo, su arte y su entorno, creando muros con fines más artísticos y de expresión en espacios previamente autorizados.
Con esta iniciativa que propone reformar la Ley General de Cultura y Derechos Culturales así como la Ley General de Educación buscamos promover la difusión, desarrollo y reconocimiento del arte urbano atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones.
Presento esta iniciativa a nombre de las y los jóvenes artistas que practican el arte urbano y que en muchas ocasiones son criminalizados porque las autoridades no distinguen entre una obra artística y un grafiti ilegal. Paso a esta tribuna a presentar esta iniciativa a nombre de esos jóvenes que deben ser reconocidos y apoyados como cualquier otro artista.
El arte urbano puede ayudar a recuperar con color y arte el paisaje urbano, la difusión y los apoyos a estos artistas genera un ambiente sano, además de que su práctica sirve como estrategia para prevenir delitos y genera una actividad constructiva para el desarrollo de nuestros jóvenes.
Compañeras y compañeros diputados, los invito a sumarse a esta iniciativa para reconocer estas expresiones callejeras realizadas con fines artísticos, porque como decía Salvador Dalí, un verdadero artista no es quien se inspira, sino quien inspira a otros, y sin duda el arte urbano nos inspira a todas y a todos. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y de Educación para dictamen.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra, a continuación, el diputado Antolín Guerrero Márquez del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley Agraria.
El diputado Antolín Guerrero Márquez: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante, diputado.
El diputado Antolín Guerrero Márquez: Desde que el hombre renunció a su libertad primitiva y decidió vivir en sociedad escribiendo el acuerdo por el cual conviviría ha ido evolucionando en sus términos y buscando la forma de poderlos perfeccionar. Nuestro país no ha sido ajeno a esto y desde entonces nuestro país ha ido evolucionando teniendo diferentes puntos de acuerdo para poderse entender y desarrollar el mismo.
Hoy a mucha distancia que nos hayamos constituido como país, los gobiernos en turno o el Ejecutivo en turno ha diseñado una forma de conducirse para poderle dar respuestas a la sociedad de tal suerte que ha creado diversas instituciones y secretarías para lo mismo, en este contexto, un país que tenía una inmensa extensión rural fue creando los núcleos de poblaciones que se transformaban en ejidos y que para ello desarrollaron diversas secretarías, entre ellas la Secretaría de Reforma Agraria.
Esto permitió que cumpliera con su fin en su momento, y en los últimos 18 años esta Secretaría, desde Felipe Calderón hasta Enrique Peña Nieto, en el 2013, que decidieron acomodar este acuerdo para poder darle respuesta a la sociedad.
Sin embargo, en este contexto, lo limitado de las acciones de la Secretaría y al ser la única dependencia con una incidencia en el sector que no contaba con atribuciones en la ley, requería de un ajuste institucional, lo cual quedó plasmado en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 2 de enero del 2013, y esto dio lugar al surgimiento de la Sedatu, que integró atribuciones de la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Social en materia territorial, urbana y de vivienda.
Durante ese sexenio lo agrario pasó a ser la última prioridad de la recién creada Sedatu y solo destacó la importancia que se dio a la enajenación de terrenos nacionales, desde una perspectiva de especulación.
La creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano vino a concluir un proceso de declinación creciente de la Secretaría de la Reforma Agraria, extinta de facto, a partir de la reforma de 1992 y con la expedición consecuente de la Ley Agraria, fue un tópico recurrente hablar de una nueva institucionalidad agraria constituida por los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Fondo para el Desarrollo y el Fomento Ejidal.
La diversidad de ordenamientos jurídicos en materia de equilibrio ecológico, minería, desarrollo forestal, manejo hidráulico, pesca y acuacultura, entre estas actividades, no guardan la debida congruencia con la priorización y ejercicio del derecho por parte de los núcleos agrarios, como consecuencia de esta falta de congruencia de la institucional del derecho sobre la tierra que no garantiza el aprovechamiento de la misma, aunque se tenga la posesión de ellos.
Es así que llegamos hasta nuestros días, en el 2023, específicamente enero, se cumplieron diez años de la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, una década de cambios profundos que han transformado a esta institución en una institución clave para reducir las desigualdades que más nos lastiman a la sociedad rural. Sin embargo, existe esta incongruencia y esta es importante ponerla en sintonía, por tal motivo es necesario realizar el cambio de la autoridad responsable en esta parte. Por principio general de derecho las leyes deben conducirse o concordarse unas con las otras.
La Ley Agraria para llevar a cabo los procesos señala que se llevará ante la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora que ha sido rebasada por esta nueva institución.
Reformar el artículo 47, donde se mencionaba que la Secretaría de la Reforma Agraria, previa audiencia, ordenará una serie de encomiendas. Para poderla actualizar es necesario que esto diga la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, previa audiencia ordenará lo correspondiente.
Estamos ante un reto que necesitamos reflexionar y actuar con audacia, los tiempos actuales demandan la concordancia en esto. Es por ello, compañeros, solicito a ustedes y pongo a su consideración que se pueda tomar en cuenta este cambio. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria para dictamen.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra la diputada Yesenia Galarza Castro, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 29 y 83 del Código Fiscal de la Federación, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Yesenia Galarza Castro: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante.
La diputada Yesenia Galarza Castro: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, hoy vengo a presentar una iniciativa que considero es de gran relevancia en la vida diaria de los ciudadanos, pues todos los días se realizan millones de transacciones con motivo de la compra de un bien o servicio, pero en muchas de estas transacciones los compradores o quienes contratan un servicio se enfrentan a distintos abusos.
Uno de los más comunes es el cobro extra por expedir un comprobante fiscal. La facturación de un bien o servicio, no solo es la obtención del documento que realiza el comprador al pagar dicho intercambio, tiene muchas más implicaciones, pues debe de ser un requisito legal que debe entregar aquella persona que desarrolle una actividad comercial, ya que es la documentación imprescindible para la aplicación de los impuestos correspondientes.
Este último elemento incluye uno de carácter impositivo, pues cada que se realiza una transacción comercial esta debe estar ligada al cobro de un impuesto, que deberá entregarse a la autoridad fiscal determinado por un porcentaje del valor de lo vendido.
Con el avance tecnológico el sistema de facturación ha venido cambiando con el propósito de hacerlo más ágil para el mejor control de dicha facturación. Aunque la incorporación digital en el proceso trajo varios beneficios, también surgieron nuevos inconvenientes y retos que superar con este sistema.
Actualmente facturar en México es un proceso que todavía puede resultar complicado y lleno de obstáculos para muchas personas. Aunque la facturación electrónica se ha convertido en la norma en el país, existe una serie de problemas comunes que enfrentan los contribuyentes al intentar cumplir con esta obligación fiscal.
Entre los obstáculos al momento de facturar está la falta de conocimiento y comprensión en el proceso, la complejidad del sistema de facturación electrónica, la falta de conectividad. Todos estos son retos que deben de irse sorteando con distintas políticas vinculadas a la educación y capacitación de los contribuyentes, simplificación de procesos de facturación, ampliación de la cobertura de internet en todo el país.
Sin embargo, esos obstáculos son claramente identificados, pero existe otro casi silencioso que, al igual que los anteriores, representan una dificultad en la facturación y, por consecuencia, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con la diferencia de que este se origina desde el dolo, pues como es bien sabido existe una obligación en México para que los precios que se anuncian de un bien o de un producto sea el costo real o el costo total. Es decir, que ya incluya los impuestos.
Sin embargo, suele ser muy común que, al momento que solicitamos la factura de un bien o servicio, se requiere al comprador que cubra una cantidad extra para el pago de impuestos.
El cobro extra de impuestos para facturar es un tema que ha generado controversia y preocupación entre los contribuyentes. Aunque la facturación electrónica se ha implementado con el objetivo de facilitar y agilizar el proceso del cumplimiento fiscal, algunos proveedores de servicios de facturación han comenzado a cobrar tarifas adicionales por emitir dichas facturas electrónicas de manera injusta y representan una carga financiera e innecesaria. Además, de que en ocasiones estas tarifas son desproporcionadas en relación con los servicios que adquieren los proveedores de esta facturación electrónica.
El artículo 29 de este Código Fiscal de la Federación refiere la obligación de expedir comprobantes fiscales, asimismo, los requisitos y procedimiento para la expedición de facturas. Esta iniciativa propone incorporar la prohibición expresa de realizar cobros extraordinarios para la expedición de facturas. Del mismo modo, el artículo 83 de este mismo ordenamiento señala las infracciones relacionadas con la obligación de llevar la contabilidad, que se vinculan directamente con la obligación de expedir comprobantes fiscales.
Por lo anteriormente expuesto, presento esta iniciativa para incorporar la prohibición expresa del cobro extra por expedir facturas. Hago un llamado a todas mis compañeras y compañeros diputados legisladores a sumarse a esta importante medida, emitir facturas electrónicas sin cobro extra, es más que una obligación legal, es un paso crucial hacia un sistema fiscal más equitativo, transparente y justo, para todos los mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra el diputado Otoniel García Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por diez minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Conservación, Protección y Manejo Sustentable del Maguey.
El diputado Otoniel García Montiel: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante, diputado.
El diputado Otoniel García Montiel: La presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Conservación, Protección y Manejo Sustentable del Maguey, es el escrito que plasma el deseo de miles de productores hidalguenses y agricultores a lo largo y ancho de la República Mexicana, en donde crece y se procura el cuidado de este ejemplar y que, sobre todo, saben y reconocen su valor, no solo cultural, sino histórico, geológico, económico, político y social que esta especie nos brinda a todas y a todos los mexicanos.
La aprobación de la Ley Federal de Conservación, Protección y Manejo Sustentable del Maguey beneficia a pueblos y productores en las diversas regiones, los cuales impactarán en el diseño de proyectos, programas y políticas públicas para fomentar la producción, el aprovechamiento sustentable y la conservación del maguey.
Los agaves y magueyes durante siglos han sido aprovechados como fuente de alimento, de vida, medicina, fibra textil, combustible, ornato, abono, material para construcción de vivienda y elaboración de implementos agrícolas. De las pencas se extraen las fibras necesarias para manufacturar... y telas para la confección de huipiles nahuas, mantas y malis, estas últimas empleadas como preciados regalos a los nuevos tlatoanis, para declarar la guerra a otros señoríos o como moneda de cambio en tiempos prehispánicos.
Con la conquista y la colonización europea, los derivados del maguey tuvieron un incremento, el pulque dejó de ser una bebida ritual quedando libre de restricciones para su consumo, además de recibir un impulso considerable para venderlo. Los europeos, a su vez, iniciaron la destilación de otros agaves con los que elaboraron los denominados mescales.
El maguey al ser un ejemplar maravilloso se adapta a condiciones adversas, requiere de nuestra inteligencia y humanidad para optimizar y aprovechar todos los productos derivados, sin descuidar su mantenimiento y sus cuidados.
En materia ecológica la estabilización del carbono contenido en el bagazo de agave, en forma de carbón activado, es una alternativa viable para mitigar la contaminación ambiental por CO2 y a la vez permitir generar bonos de carbono que pueden ser comercializados en el mercado internacional. De igual manera, los agaves solos pueden extraer y almacenar una superficie de suelo equivalente en el peso seco de 30 a 60 toneladas de CO2 por hectárea.
En la actualidad nuestro país cuenta con más de 150 especies de las 200 registradas mundialmente, 18 especies pertenecientes al género de agave, 13 de ellas endémicas que se encuentran amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial debido a las actividades humanas y a los cambios en el entorno natural. Su distribución abarca más del 75 % del territorio mexicano.
Los estados de la República donde se concentra la siembra de maguey donde se extrae el henequén es Yucatán, el agave tequilero en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit. La producción de agave mezcalero en Oaxaca y el cultivo de maguey pulquero en Hidalgo, estado de México, Puebla, Tlaxcala. Estos en suma en 2022 produjeron el 96.1 % del volumen de aguamiel, el 91.3 % de la superficie y produjo el 57.5 % del volumen a nivel nacional.
La mayoría de los productores y tlachiqueros son adultos mayores, la participación de las personas jóvenes en las labores de cultivo y manejo es limitada, lo cual ha provocado que el conocimiento tradicional del cultivo y aprovechamiento del maguey pulquero se haya deteriorado.
El maguey pulquero para su aprovechamiento debe esperar al menos ocho años para su madurez, lo cual disminuye el interés en su cultivo, por lo que enfrenta una escasez de plantas debido al desinterés de las personas por la bebida, el desinterés de las personas o el desplazamiento del maguey por cultivos de ciclo corto, la inexistencia de programas de rescate y la falta de regulación de los aprovechamientos alternativos a causa de actividades clandestinas, como es el desmichotado.
Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de dar respuesta a la demanda constante de los productores de México, mismos que cuentan como único sostén de sus familias el cultivo de esta planta milenaria que permite mejorar las expectativas para el desarrollo de las entidades productoras de maguey, someto a consideración de esta asamblea esta iniciativa, esperando que sea una iniciativa favorable que ayudará a sacar de la pobreza a miles de productores en nuestro país. Por lo tanto, les pediría suscriban esta iniciativa. Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen; y, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra a continuación la diputada Genoveva Huerta Villegas hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Genoveva Huerta Villegas: Con tu venia, paisana diputada.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante. Gracias. Presidenta. Adelante.
La diputada Genoveva Huerta Villegas: La historia de México es la historia de su Congreso, la historia de sus instituciones, pero sobre todo la historia de la contención al poder absoluto. La relevancia de nuestra tarea legislativa no se limita a iniciar o reformar leyes, también tenemos la facultad para derogar o abrogar ordenamientos que contrastan con la Constitución. Y para poder hacerlo necesitamos reaprender a escuchar. Escuchar lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su sentencia, porque en ella constantemente estamos siendo calificados. Escuchar sus razonamientos como una manifestación de la inteligencia social. Y acatar, en consecuencia, sus resolutivos. Porque ellos ajustan nuestra labor a los fines de la propia Constitución.
La iniciativa que hoy presento está provocada por la sentencia de las acciones de inconstitucionalidad 62/2019 y 137/2022, por las que, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como los integrantes de la Cámara de Senadores impugnaron diversas disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional, en lo tendiente a la militarización de la seguridad pública.
En ese momento se dilucidaron los límites del poder militar sobre el poder civil y se expulsaron del ordenamiento jurídico diversas porciones normativas y diversos artículos transitorios que dotaban de preponderancia a la Sedena en tareas de seguridad pública. En ese orden de ideas, soy una convencida de que el Congreso de la Unión debe configurar nuestro marco legal a los controles de constitucionalidad del Poder Judicial de la Federación como una respuesta institucional.
Sin más, les pido, compañeras y compañeros, su generoso apoyo para poder hacer suya esta iniciativa. Es cuanto.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputada... Muy bien. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana, y de Defensa Nacional, para dictamen.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra a continuación la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Merary Villegas Sánchez: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante.
La diputada Merary Villegas Sánchez: Como bien dice nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La pérdida de más de 85 % del poder adquisitivo real del salario mínimo en el país y su estancamiento ha sido un proceso largo y acumulativo desde hace décadas. Ha sido también uno de los factores para que el porcentaje de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza aumentara.
Solo para recordarles, al inicio de esta administración el salario mínimo se encontraba en uno de los niveles históricos más bajos de nuestro país, con un poder adquisitivo equivalente al 10.4 %, el cual disminuyó a lo largo de 12 sexenios del PRI y 2 sexenios del PAN.
Durante sus administraciones estos gobiernos neoliberales olvidaron la obligación que tenían con México: la obligación de restablecer el poder adquisitivo del salario de las personas trabajadoras, controlando aún más el aumento a los sueldos, bajo el pretexto de controlar la inflación.
Según la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, a inicios de este gobierno la mayoría de la población en México no contaba con ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. Es decir, una familia podía comprar solo 34 % de productos de una canasta con un salario mínimo.
El nuevo gobierno democrático encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha cambiado la ruta del país. Durante la presente administración se ha establecido una nueva política de aumentos al salario mínimo, lo que ha significado su crecimiento en más de 100 % en términos reales. En 2018, pasando de 88.36 diarios a 248.93 diarios en 2024.
De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en 36 años no se habían registrado aumentos en los salarios mínimos como en los últimos 5 años. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado por los incrementos en los salarios mínimos que se han llevado a cabo de manera sustancial, gradual, responsable y en consenso con el sector privado.
Al quinto año de este gobierno, el salario mínimo real ha aumentado 110.18 %. Este incremento es significativamente mayor respecto al mismo periodo de los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
El gobierno de México ha expresado su compromiso de atender las demandas y necesidades de todas las mexicanas y mexicanos que trabajan imparablemente para garantizar bienestar, paz y seguridad a todas las familias, asegurándoles un proyecto de vida digno y mejores condiciones laborales y salariales.
Es evidente que la política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo implementada por este gobierno ha dado resultados. Sin embargo, deberá seguir siendo prioritario para los próximos períodos que los aumentos al salario mínimo deben cubrir, por lo menos, el mismo porcentaje que el índice de inflación anual que se tuvo durante el año.
Por ello, la iniciativa que presento el día de hoy en esta tribuna atiende a acompañar la necesidad de establecer expresamente en nuestro texto constitucional una medida de prevención para que a todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país se les garantice un salario mínimo que cubra las necesidades básicas requeridas para vivir dignamente, reconociendo y protegiendo sus derechos humanos.
Compañeras y compañeros, la cuarta transformación, estoy segura, que seguirá llevando bienestar social a las y los trabajadores en México. Es cuanto.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal.
El diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante.
El diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete: Buenas tardes, compañeros diputados. La identidad es un derecho humano fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. En ese sentido, el registro del nacimiento se configura como un acto jurídico mediante el cual el Estado cumple con la responsabilidad de salvaguardar el derecho de toda persona a la identidad, al nombre y a su conexión familiar, cultural y nacional, mismo que constituye un cimiento fundamental para la protección integral de los derechos sociales, políticos y patrimoniales.
En la actualidad vivimos una revolución tecnológica que redefine la forma en que millones de personas experimentan su vida cotidiana. El uso de dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores, tabletas electrónicas y otros dispositivos digitales han alcanzado niveles inéditos. Nos hemos desenvuelto en un entorno donde la conectividad a internet no solo está extendida, sino que se ha vuelto esencial para la mayoría de las actividades diarias. Bien aplicadas estas nuevas tecnologías brindan múltiples beneficios y oportunidades para la sociedad.
No obstante, junto con estos avances se ha generado una situación preocupante que consiste en la proliferación de nuevas formas de delincuencia, abusos que requieren respuestas legislativas adecuadas.
Uno de estos fenómenos inquietantes es la manipulación y el mal uso de la inteligencia artificial para lograr con mayor grado la sofisticación, la suplantación de identidad, que consiste en la alteración de imágenes y la falsificación de voces y la creación de videos que hoy en día resultan ser convincentes y difícil de distinguirlos de la realidad.
En algunos casos se ha utilizado para cometer conductas que lesionan la dignidad de las personas a través de la creación de imágenes íntimas, el robo de datos financieros o propósitos políticos a través de la denostación y la mentira.
Los delincuentes cibernéticos han desarrollado la clonación de voces basadas en inteligencia artificial de última generación, dando lugar a una nueva modalidad de estafa. Con tan solo una breve muestra de audio tienen la capacidad de replicar la voz de prácticamente cualquier persona, permitiéndoles dejar mensajes fraudulentos en buzones de voz o enviar grabaciones por servicios de mensajería.
En la mayoría de los casos el objetivo principal es inducir a las personas a realizar pagos de incluso elevadas cantidades de dinero, es decir, los delincuentes podrían emplear la inteligencia artificial para llevar a cabo operaciones en mayor escala y mediante nuevos modelos de criminalidad.
Para la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero, la Condusef, la usurpación de identidad es el acto de obtener, transferir, utilizar, apropiarse indebidamente de los datos personales de otra persona sin autorización, con la finalidad comúnmente de cometer un fraude o delito.
En este contexto, es imperativo proporcionar una respuesta jurídica que garantice la implementación de medidas destinadas a mitigar los riesgos asociados con la manipulación de inteligencia artificial, que permita preservar la confianza en el entorno digital y garantizar un uso ético y responsable de estas tecnologías innovadoras en el área digital en constante evolución.
Por otra parte, la Asociación Mexicana de Bancos advierte sobre diversas formas de fraude telefónico a través de la suplantación, destacando la importancia de adoptar medidas preventivas, ya que se ha observado un notorio aumento de los casos de usurpación de identidad.
Específicamente, a través de la suplantación de páginas digitales de instituciones financieras, este fenómeno afecta de manera significativa a las personas adultas mayores quienes se han vuelto las víctimas más vulnerables en esta creciente problemática.
En este sentido, la protección de este grupo etario es apremiante ya que de acuerdo a la Asociación Mexicana de Bancos la usurpación de identidad dirigida a este segmento de la población representa el 35 % de los casos registrados. Este tipo de ataques se centra más en los usuarios que en las personas, instituciones financieras según la información proporcionada por la Asociación de Bancos.
En este contexto, las estadísticas de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef, indica que las reclamaciones por este tipo de fraudes ascendieron a 49 mil 871 en 2021, representando el 1 % del total de las quejas registradas ese año, sin embargo, es importante destacar esto, se supone que el incremento del 54 % en comparación del mismo periodo de 2020.
Por otro lado, el delito de usurpación de identidad está experimentando un alarmante incremento según los datos proporcionados por el Banco de México. Nuestro país actualmente ocupa el octavo lugar a nivel mundial, en este tipo de transgresiones, un 67 % de los casos de usurpación de identidad se atribuye a la pérdida de documentos, el 66 % al robo de carteras y portafolios, el 53 % a la obtención directa de información de tarjetas bancarias...
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: ¿Sí puede ir terminado, diputado? Por favor.
El diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete: ...Termino. Es de advertir que la usurpación de identidad en la era digital no se limita en los adultos, las niñas, los niños y adolescentes también son vulnerables a esta problemática.
La Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes establece que el artículo 5o. señala que son niños y niñas los menores de 12 años y adolescentes, las personas que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. En consecuencia...
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Le apreciaría si fuera concluyendo.
El diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete: ...Termino. En consecuencia, la iniciativa propone la adición de un título vigésimo séptimo del libro segundo y se adiciona el artículo 430 al Código Penal, en materia de usurpación de identidad delineando las definiciones y alcances pertinentes, este enfoque normativo tiene por objeto fortalecer las medidas legales para disuadir, combatir y prevenir la usurpación de identidad, el cual se ha convertido en un flagelo de la era digital. Es cuanto.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Proceda la Secretaría a dar cuenta con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
La secretaria diputada Diana Estefania Gutiérrez Valtierra: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en las tabletas de las curules de las y los diputados, los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso e) a la fracción V del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de política nacional marítima.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 del Código Penal Federal.
De la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de fortalecimiento y actualización de la política nacional de suelos.
De la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 56 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 847 de la Ley Federal del Trabajo.
De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se declara el 24 de julio de cada año como Día Nacional del Tequila.
De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se declara el 17 de octubre de cada año como el Día de la Atención Oportuna del Síndrome de Rett.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 7 y la fracción II del artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se declara el 25 de agosto de cada año como el Día del Bolero Mexicano.
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracción XXXII Bis, XXXIII Ter y XXXII Quáter, del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXXIII del artículo 8 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 113 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 232 A de la Ley Federal de Derechos.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX Bis al artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo.
De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de armonización legislativa. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz (17:31 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana miércoles 14 de febrero del año en curso, a las 11 horas, en modalidad semipresencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 de las horas por medio de la aplicación instalada en el teléfono celular de las y los diputados.
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