Análisis del Tercer Informe de Gobierno
Mensaje del presidente de la Comisión de Vigilancia, Pablo Guillermo Angulo Briceño
Mensaje del presidente de la Comisión de Transparencia, Juan Carlos Romero Hicks
Formato de la comparecencia y protesta del funcionario
Presentación del secretario Roberto Salcedo Aquino
Posicionamientos
Noemí Berenice Luna Ayala, PAN
Alma Carolina Viggiano Austria, PRI
María del Carmen Pinete Vargas, PVEM
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, PMC
Primera ronda de preguntas, respuestas y réplicas
Elizabeth Pérez Valdez, PRD, respuesta del secretario, réplica de la diputada
Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, PMC, respuesta del secretario, réplica del diputado
Francisco Amadeo Espinosa Ramos, PT, respuesta del secretario, réplica del diputado
Patricia Terrazas Baca, PAN, respuesta del secretario, réplica de René Figueroa Reyes
Juan Guadalupe Torres Navarro, Morena, respuesta del secretario, réplica de Azael Santiago Chepi
Segunda ronda de preguntas, respuestas y réplicas
Marcelino Castañeda Navarrete, PRD, respuesta del secretario, réplica del diputado
Amalia Dolores García Medina, PMC, respuesta del secretario, réplica de la diputada
Jorge Armando Ortiz Rodríguez, PT, respuesta del secretario, réplica del diputado
Valeria Santiago Barrientos, PVEM, respuesta del secretario, réplica de la diputada
Jaime Bueno Zertuche, PRI, respuesta del secretario, réplica de Karla Ayala Villalobos
Sonia Murillo Manríquez, PAN, respuesta del secretario, réplica de Iván Arturo Rodríguez Rivera
Inés Parra Juárez, Morena, respuesta del secretario, réplica de José Guadalupe Ambrocio Gachuz
Mensaje final del presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
Mensaje final del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría de la Federación
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Muy buen día. Sean todos y todas bienvenidas a este ejercicio republicano de rendición de cuentas entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Hoy tenemos la comparecencia del señor secretario de la Función Pública, el maestro Roberto Salcedo Aquino, ante Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside el diputado Pablo Angulo, y de Transparencia y Anticorrupción que preside el de la voz.
Hemos acordado un formato de una Presidencia colegiada y en el espíritu republicano de ética, civilidad y crítica propositiva, en ese ámbito es como queremos desarrollar esta reunión.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muy buenos días, compañeras, compañeros. Se informa que hay un registro previo de 18 diputadas y diputados de manera presencial y 7 diputadas y 7 diputados de manera telemática por parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y 16 diputadas y diputados de manera presencial, 4 diputadas y diputados de manera telemática por parte de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por lo tanto, hay quórum.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Se abre la reunión.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Voy a dar lectura al orden del día que hemos aprobado para el día de hoy, para esta comparecencia del maestro Roberto Salcedo Aquino.
1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. El mensaje de bienvenida de parte de las comisiones, de las Presidencias.
4. La lectura del formato de la comparecencia.
5. La protesta por parte del señor secretario de decir verdad.
6. La presentación a cargo del compareciente, hasta por quince minutos, aunque tendremos flexibilidad para el tiempo que usted requiera, señor secretario. Y, luego entraremos a...
7. Una ronda de posicionamientos, hasta por cinco minutos, de los grupos parlamentarios en orden decreciente.
8. Dos rondas para pregunta, respuesta y réplica en orden creciente. Pregunta, hasta por tres minutos, respuesta del funcionario o compareciente, hasta por cinco, y la réplica por tres minutos.
Y finalmente, un mensaje breve de cierre por parte de las Presidencias y la clausura de la comparecencia. Si realizara su mensaje, por favor, diputado presidente.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Sí. Muy buenos días, compañeros legisladores, compañeras y compañeros. A nombre de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación doy la más cordial bienvenida al maestro Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, y a los integrantes de su equipo que lo acompañan, quien comparece ante esta soberanía como parte de los trabajos del análisis del Tercer Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo federal.
Hago votos porque este ejercicio de rendición de cuentas sea un diálogo provechoso entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, que nos permita evaluar con objetividad los avances en temas y asuntos relacionados con el combate a la corrupción y a la impunidad y con el control interno de las dependencias de la administración pública federal. Le reitero la bienvenida. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Señor secretario, uno de los valores que la sociedad mexicana reclama de sus personas e instituciones es la confianza, que significa depositar mi fe en alguna persona. Usted tiene una trayectoria académica muy significativa. Fue de la primera generación del proyecto del rector Soberón y de Raúl Vejar, en la Fundación de la ENEP Acatlán, y fue director de las escuelas de Ciencia Política Administración Pública, entre otras.
Tiene 52 años en el servicio público del Calendario Azteca, y conoce muy bien la tarea que el día de hoy está ejerciendo. Participó en el diseño de la Auditoría Superior de la Federación y durante 18 años estuvo como auditor responsable de las auditorías de desempeño. En conversaciones que tuvimos antes de llegar aquí, en una traducción más amplia del inglés, sería la auditoría de los resultados.
Hoy tenemos tres sistemas que tendríamos que revisar a profundidad de amplitud, uno el Sistema Nacional Anticorrupción, segundo, el Sistema Nacional de Transparencia, y tercero, el Sistema Nacional de Fiscalización.
En este encuentro republicano, en el diálogo es lo que queremos hacer, fortalecer las las instituciones, el Estado de derecho y a lo que la población aspira, resultados, resultados y más resultados. Sea usted bienvenido.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Pasamos al siguiente orden del día en este sentido, doy lectura al orden del día.
El pasado 5 de octubre el pleno de esta Cámara de Diputados aprobó el acuerdo por el que se aprueba el calendario y el formato de las comparecencias ante el pleno y comisiones de los funcionarios de la administración pública federal y de empresas productivas del Estado con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República, mismo que en su punto resolutivo segundo establece el siguiente formato para el desarrollo de las comparecencias:
1. El funcionario rendirá protesta de decir verdad.
2. Presentación a cargo del funcionario compareciente hasta por 15 minutos.
3. Una ronda de posicionamientos hasta por 5 minutos de los grupos parlamentarios, en orden decreciente.
4. Dos rondas para preguntas, respuestas y réplica en orden creciente:
a. Pregunta del grupo parlamentario
b. Respuesta del funcionario compareciente hasta por 5 minutos, y
c. Réplica del grupo parlamentario hasta por 3 minutos.
5. Al finalizar las rondas antes mencionadas la Mesa Directiva o las Juntas Directivas de las comisiones podrán emitir un mensaje institucional de cierre. Es cuanto.
En estricto seguimiento al acuerdo aprobado por el pleno de esta Cámara pasamos a la toma de protesta de decir verdad a cargo del señor secretario de la Función Pública, maestro Roberto Salcedo Aquino, a quien le ruego ponerse de pie.
Ciudadano Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, en términos de los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le pregunto, ¿protestan usted decir verdad ante estas Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción ante las que comparece?
El secretario Roberto Salcedo Aquino: Sí, protesto.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello si así no lo hiciere que la nación se lo demande. Muchas gracias. Puede tomar asiento.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Señor secretario, esta es la primera comparecencia con motivo de la glosa del Informe presidencial que se hace en comisiones. Es una gran oportunidad para todos nosotros. Tendrá usted el uso de la voz, está determinado un tiempo de hasta quince minutos, pero hemos platicado que se lleve el tiempo que usted considere. Adelante, por favor.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: Saludo con respeto al ciudadano diputado Pablo Angulo Briceño, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Y al ciudadano diputado Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, así como a todos los ciudadanos y ciudadanas diputados, integrantes de estas dos comisiones de esta LXV Legislatura.
En el marco de la glosa del Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, comparezco ante ustedes, a efecto de presentar los trabajos realizados por la Secretaría de la Función Pública en el cumplimiento de su mandato de ley.
El artículo 134 de nuestra Constitución dispone que los recursos públicos se emplearán para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y se administrarán conforme a cinco principios: eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reglamentaria del artículo 134, establece que los ejecutores del gasto son los responsables del cumplimiento de las metas y objetivos, consignados en los programas presupuestarios, y están obligados a rendir cuentas.
Esta misma ley faculta a la Secretaría de la Función Pública con las funciones de control necesarias para que el mandato popular expresado en el presupuesto se cumpla y se obtengan los resultados previstos.
Las funciones preventivas de control que ejerce la Secretaría de la Función Pública aseguran, por tanto, que en la ejecución de las políticas públicas prevalezca la cultura de la eficacia, que consiste en la administración por resultados. Esta es la primera y fundamental misión de la Secretaría, que la maquinaria gubernamental funcione y funcione correctamente y produzca los resultados esperados.
Los controles que se articulan en normas, manuales y procedimientos deben estar enfocados en los resultados esperados, los cuales se centran en la satisfacción de los ciudadanos. Logro de resultados y satisfacción ciudadana, son los dos conceptos claves de la misión de la Secretaría.
La eficacia administrativa se produce con una visión clara de los objetivos buscados, más que por el cultivo facto y dogmático de las normas procedimentales. Este es el paradigma que es preciso robustecer en el proceso de implementación del presupuesto. Además, se sabe, por la experiencia adquirida y las buenas prácticas, que la eficacia cierra los espacios a la corrupción. Si hay que cumplir metas y alcanzar objetivos, las oportunidades de que ocurran acciones irregulares se reducen a su mínima expresión.
A los conceptos claves se agrega el de la honradez, un valor que obliga a conducirse de manera honesta, de conformidad con los principios de la ética pública. La eficiencia en el proceso administrativo que nos toca vigilar, es la decisión de hacer las cosas con la calidad establecida y el menor tiempo posible.
La economía no solo consiste en obtener el mejor precio, sino las mejores condiciones para el Estado. Y la transparencia es la obligación de informar de manera sistemática a los ciudadanos, no solo sobre qué hace el gobierno y por qué lo hace, sino también, qué resultados se obtienen de las políticas públicas.
Los cinco principios constitucionales quedan contenidos en el lema de la Secretaría, que lo público funcione con probidad. Este es el espíritu de trabajo de la Función Pública.
El fortalecimiento del control interno es una tarea permanente, ya que por medio de él es posible evitar los riesgos que dan lugar a la ineficacia y a la comisión de ilícitos. Con este propósito, en el último año la Secretaría participó en 718 sesiones de comités de Control y Desempeño Institucional de 219 de las 241 instituciones públicas. Lo que representó un incremento de 192 por ciento respecto al año anterior.
El objetivo fundamental de nuestra intervención en estos órganos de control fue la identificación y administración de los riesgos de corrupción e ineficacia, la promoción de la gestión por resultados y la salvaguarda del patrimonio público.
Asimismo, mediante visitas de control acompañamos a 20 de los 35 programas y proyectos prioritarios del gobierno federal, con objeto de prevenir irregularidades, identificar áreas de oportunidad, mejorar procesos e impulsar una gestión eficiente y austera.
En términos del presupuesto, este acompañamiento significó una cobertura del 74 por ciento. Es decir, estuvimos atentos a 400 millones de pesos del ejercicio de los 542 mil asignados a los programas.
En el mismo sentido, para vigilar y dar seguimiento a los apoyos por 504 mil millones de pesos, medio billón, otorgados a 37 millones de personas, se dispuso del sistema integral de información de padrones gubernamentales, que permite homologar las características y temporalidad de la información, generar confrontas y verificar la dispersión de los recursos a los beneficiarios inscritos en 160 padrones con 37.1 millones de beneficiarios.
Junto a las tareas preventivas están las de fiscalización. La mayoría de los estudios concluyen que el 80 por ciento de los actos de corrupción ocurren en la obra pública y en las compras. Con el propósito de detectar irregularidades en ambas materias, se ha estructurado una unidad administrativa especializada en estos rubros. Además, hemos fortalecido la bitácora electrónica del seguimiento de la obra pública, sistema informático en el cual se consignan todos los procesos importantes para el seguimiento de las obras. Tenemos así la huella de todo lo que ocurre en el proceso constructivo, lo que nos permite planear con precisión las visitas y las auditorías.
En cuanto a las compras, el primero de octubre de este año pusimos en operación la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones con el mismo propósito que la bitácora de obra, tendremos todas las huellas de las adquisiciones que haga el sector público.
Por cuanto hace a la protección público federal, se dictaminaron los estados financieros de 353 entidades –el total que nos toca vigilar– y 16 proyectos financiados por organismos financieros internacionales, además de ocho fideicomisos en proceso de extinción. El universo de los recursos, objeto de dictaminación fue de aproximadamente 12 billones, 6.1 billones de activos, 4.8 billones de pasivos y 1.3 billones de pesos de patrimonio.
En materia de combate a la impunidad, sancionamos a 155 licitantes y proveedores, las multas impuestas ascendieron a 154 millones, 300 por ciento superiores al período anterior. Las faltas más recurrentes consistieron en proporcionar información falsa o actuar con dolo en los procedimientos de contratación, así como incumplir obligaciones contractuales.
Por lo que respecta a los procedimientos de responsabilidad administrativa, el universo fue de 9 mil expedientes, de estos, 5 mil 800 se resolvieron y 3 mil estamos en la sustanciación.
De los resultados, 300 expedientes se remitieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por tratarse de faltas graves, principalmente desvío de recursos y abuso de funciones.
En el mismo período, se impusieron más de 3 mil sanciones administrativas a 2 mil 467 personas servidoras públicas, las cuales consistieron en mil 351 inhabilitaciones, 705 amonestaciones, 599 suspensiones y 216 destituciones, además de 219 sanciones económicas por montos de 3 mil 658 millones de pesos.
Por otra parte, la Secretaría presentó 134 denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, falsificación de documentos. Ilícitos vinculados en su mayoría con adquisiciones, bienes y servicios y obra pública.
Asimismo, hemos abierto la puerta de las denuncias ciudadanas, en cumplimiento del mandato constitucional de erradicar las prácticas deshonestas, así como de los acuerdos suscritos con la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
Cabe puntualizar que, en todo momento, se ha respetado la presunción de inocencia y el debido proceso. En esta misma vertiente, la Secretaría promovió la vigilancia de 66 programas con la colaboración de 68 mil comités de Contraloría Social, conformados por 275 mil personas, es decir, hay una gran actividad ciudadana. El monto de estos programas que cuidó la Contraloría Social fue de 221 mil millones de pesos, con un número aproximado de 24 millones de beneficiarios.
En cuanto a la incorporación del sector privado en la lucha anticorrupción, se instituyó el padrón de integridad empresarial, plataforma que busca fomentar la ética y la honestidad en las empresas que tienen relaciones comerciales con el gobierno.
La Secretaría, además, es uno de los siete integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Para su óptimo funcionamiento y eficaz coordinación, el sistema requiere de una intercomunicación que permita saber a cada uno de sus integrantes, lo que hacen los otros seis. La Secretaría pondrá su mejor esfuerzo para afinar el funcionamiento del sistema.
No puedo rendir un informe completo, si no destaco que el trabajo de la Secretaría se ha desarrollado en torno a los siete instrumentos que articulan nuestra política anticorrupción. Tres corresponden a acuerdos internacionales ratificados por México. Cuatro a instrumentos nacionales de carácter programático emitidos en los últimos dos años.
El primero de los acuerdos internacionales, es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El segundo, emitido por la Organización de los Estados Americanos. Es la Convención de Estados Interamericana contra la Corrupción. Y el tercer instrumento es la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Habrá que añadir el entendimiento sobre seguridad, salud pública y comunicaciones seguras, llamado Entendimiento del Bicentenario, recientemente acordado.
Por cuanto hace a los documentos que conforman la política interna de combate a la corrupción, el primero es el Plan de Desarrollo. El segundo, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad 2019-2024. El tercero, el Programa Sectorial de la propia secretaría 2020-2024. Y el cuarto, la Política Nacional Anticorrupción, aprobada por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
El esfuerzo desplegado por la secretaría en la aplicación de estos instrumentos comienza a apreciarse en los indicadores del Inegi. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción disminuyó 4 puntos porcentuales entre 2017 y 2019. Este resultado se reflejó en la percepción de corrupción en el gobierno federal, que presentó una reducción de 20 puntos, así como en la confianza en este orden del gobierno, la cual aumentó 25 puntos porcentuales.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2020 evidenció que los porcentajes de unidades económicas que consideró frecuentes los actos de corrupción por parte de servidores públicos disminuyó 10 puntos porcentuales de 2016 a 2020. Esta medición reveló que la tasa de víctimas de actos de corrupción por cada 10 mil empresas se redujo de 561 a 510, y que la confianza en el gobierno federal creció en 35 puntos porcentuales.
Este mes se publicó el Latinobarómetro 2021. Lo más significativo es que en 2018 el 74 por ciento de los mexicanos opinaba que la corrupción aumentaba. Ahora, en 2021, solo el 49 por ciento piensa lo mismo. Avanzamos 25 puntos.
Perfeccionar y ampliar las mediciones oficiales con las que contamos sobre el fenómeno de corrupción representa una tarea compleja que requiere la acción conjunta de los distintos órganos que atienden esta problemática.
Con este propósito se constituyó el Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción en el seno del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, coordinado por el Inegi.
Los esfuerzos de los ciudadanos, de la sociedad civil organizada y de la política gubernamental contra la corrupción y la impunidad están dando resultados positivos. Por supuesto, no estamos satisfechos, se ha alcanzado ya el punto de inflexión. Ciertamente no estamos satisfechos con la situación, pero el combate contra estos flagelos ha arreciado y confiamos en que seguiremos avanzando.
El principio de responsabilidad nos impele a continuar en la lucha que hemos emprendido y a fomentar de manera universal la ética pública en el manejo de los recursos que nos pertenecen a todos. El nombre de la secretaría nos indica el rumbo que en lo público funcione y lo haga con probidad. Muchas gracias por su atención.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias por su presentación, señor secretario.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Continuando con el formato que rige la presente comparecencia, daremos paso a los posicionamientos de los grupos parlamentarios. En ese tenor, tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Lidia Pérez Bárcenas: Bienvenido, maestro Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública.
Señoras legisladoras y legisladores, el presidente de la República ha expresado en distintos momentos una frase lapidaria, cuál es su plan de gobierno: acabar con la corrupción y la impunidad. Transformar al país, moralizar la vida pública, evitar el estancamiento y la decadencia dependían en primer lugar de enfrentar el grave problema de la corrupción y de contraponer la virtud de la honestidad. Ese fue su propósito al asumir el cargo.
El aparato de gobierno del periodo neoliberal estaba dedicado a reproducir el sistema de complicidades en que se finca la corrupción y la impunidad. Ni siquiera con la primera alternancia fue desmontado este sistema que produjo grandes negocios al amparo del poder público.
Como lo ha sostenido Morena la corrupción tiene un impacto directo en el desarrollo del país, en la calidad de su democracia y en el bienestar colectivo. Afecta el ejercicio de los derechos humanos y específicamente el derecho al acceso a la impartición pronta, completa e imparcial de la justicia.
La corrupción alienta la impunidad y la comisión de los delitos en la esfera gubernamental y en las actividades privadas, hace inalcanzable el Estado de derecho. En esta tarea, la Secretaría de la Función Pública ocupa un lugar central, por ello, consideramos adecuado que en el informe el Ejecutivo identifique como objetivos torales de su gobierno erradicar la corrupción y la impunidad, mejorar el servicio público y recuperar el Estado de derecho.
Una lectura cuidadosa del Tercer Informe de Gobierno arroja resultados que es preciso destacar. En materia de fiscalización las acciones realizadas han permitido identificar irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos como en el Tren Interurbano México-Toluca, de los que se derivaron observaciones correctivas y recomendaciones preventivas, con un monto por aclarar o recuperar de 2 mil 222 millones de pesos.
Para combatir los niveles de impunidad en el ámbito administrativo federal, se iniciaron procedimientos sancionatorios derivados de conductas como el incumplimiento a leyes y reglamentos o por abuso de funciones.
Asimismo, observamos el impulso a la participación ciudadana en la vigilancia y el combate a la corrupción con el Sistema de Ciudadanos Alertadores y Externos de la Corrupción. Una parte relevante del informe está dedicada a la puesta en marcha de un sistema de contrataciones públicas, del que se destaca el establecimiento y operación de un modelo de compras consolidadas.
Apreciamos que la Secretaría a su cargo, ha buscado ser garante de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos, ello, se ve reflejado en los reportes de organismos internacionales que se dedican a dar seguimiento al avance de la lucha en contra de la corrupción. En nuestra región geográfica, por ejemplo, el Latinobarómetro reconoce en su informe 2021 que México ha reducido el índice de percepción de incremento de la corrupción con referencia al 2018. Un dato similar de la reducción de la percepción de la corrupción refleja el informe de Transparencia Internacional de 2020. Ahí están las evidencias de observadores externos.
Este es el resultado de la determinación del actual gobierno de aplicar el régimen de responsabilidades a servidores públicos y ex servidores de dependencias, como la Comisión Reguladora de Energía, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores o del sistema eléctrico de peaje, solo por citar casos emblemáticos, quienes han sido inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública.
Morena va a contribuir con el Ejecutivo desde el Poder Legislativo a erradicar la corrupción y la impunidad, así como a mejorar el funcionamiento de la administración pública en beneficio del pueblo. Ese es el camino que creemos, por eso es necesario revisar la ley en materia de responsabilidades para optimizar sus procedimientos, también la Ley de Adquisiciones para ajustarla a las mejores prácticas gubernamentales.
Señoras y señores, ningún gobierno se propuso un desafío tan grande como erradicar la corrupción y la impunidad en nuestro país, al hacerlo la administración del presidente de la República ha tocado grandes intereses, esos intereses están claramente identificados con un régimen que se niega a morir. Separar el poder político del poder económico no ha sido fácil.
Cuenta usted, señor secretario, con todo nuestro apoyo decidido en esta lucha. El Grupo Parlamentario de Morena tiene la firme determinación de instaurar una nueva ética en el servicio público, de poner el poder al servicio de la gente. Ese fue el mandato que el pueblo nos dio. Acabemos con la corrupción y la impunidad, es cuanto.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Con su venia, diputados presidentes. Maestro Roberto Salcedo Aquino, sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados.
El ejercicio de rendición de cuentas que estamos llevando a cabo en esta ocasión contribuye a fortalecer las acciones realizadas en la dependencia que ahora tiene usted a su cargo. Como estudioso de las ciencias políticas y la administración pública que es, usted sabe que el andamiaje democrático es pieza fundamental de lo que sucede en la función pública.
La vigilia constante de que los servidores públicos se apeguen a la legalidad durante su encargo, la sanción para quienes así no lo hicieran. El promover el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, y demás tareas que le competen a la Secretaría que usted representa.
Señor secretario, usted en alguna ocasión expresó que tenía una loza muy pesada sobre su espalda y es así, la tiene y mucho más cuando en gran medida el bono de legitimidad con que llegó el actual presidente de la república se debió a que usó la bandera de la lucha contra la corrupción, aún cuando lo ha hecho de manera falaz.
Falaz porque este gobierno más que combatir la corrupción se ha esforzado en simular que así lo hace y para eso cuenta lo que aquí nos ha venido a rendir como informes, lo que sucede es percepción y no realidad, pues es de todos conocidos los diversos escándalos que dan clara muestra de la falta de vigilancia, son muchos los casos de funcionarios públicos que se han visto involucrados en casos de corrupción en el pasado y en el presente, y que parecieran que quedan absueltos simplemente porque se cobijan bajo el manto protector de la cuarta transformación.
El gobierno federal ha reiterado en numerosas ocasiones su prioridad de construir una nueva ética pública que recupere la confianza de la ciudadanía y está basada en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, pero para cumplir este objetivo sin lugar a duda la Secretaría de la Función Pública es pieza clave y es difícil creer que se pretenda edificar con cimientos y con ladrillos de los que ustedes mismos se quejaban. De ahí que resulta extremadamente cuestionables nombramientos como el de Fernando Felipe Laveaga quien durante su gestión como comisionado del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información fue acusado de votar en contra de transparentar la masacre de San Fernando y las condonaciones fiscales al servicio del SAT, como el de Vicente Agustín Mercado Zúñiga y un largo etcétera de personajes ligados al pasado del que tanto se quejan en el gobierno actual al cual usted pertenece.
Y, es que señor secretario como ya lo decía George Orwell, en la década de los 40, en aquella famosa sátira todo régimen autoritario sigue el mismo camino y se va dando una transformación de quienes lucharon por un ideal para convertirse en lo mismo por lo cual lucharon y estamos a tiempo de detenerlo.
Y eso sucede cuando hay un poder que sí tiene límites, que sí tiene controles. Y justo para que eso no suceda y para que sí haya límites y controles, usted carga con esa loza. Y si su trabajo es realmente apegado al marco jurídico, si realmente hay control interno, si de verdad hay rendición de cuentas sabremos reconocerlo. Y con el respeto de la división de Poderes, también sabremos coadyuvar con ustedes.
El combate a la impunidad, del que pretende darse cuenta en el Informe de Gobierno presentado por el presidente de la República, queda limitado a desarrollar acciones de defensoría de oficio, lo cual claramente resulta insuficiente para la debida sanción de los servidores públicos.
En ese tema, una de las organizaciones internacionales más importantes, que sirve de referencia en el combate a la corrupción, como lo es Transparencia Internacional, ha recomendado que la Fiscalía General de la República y las instituciones de impartición de justicia deben concentrarse en dar resultados concretos, como lo es a través de sentencias reales y sentencias a las redes de corrupción.
Situación a la cual, la Secretaría de la Función Pública, a través de los órganos internos de control, tiene un papel fundamental, tanto para la investigación de primera base de los asuntos, como en formular la denuncia correspondiente.
Lo anterior ayudará a que nuestro país ocupe un mejor lugar en el Índice de Percepción de Corrupción, en el que, en el año 2000, con 31 puntos de 100 ocupó el lugar 124 de 180 países evaluados, y que aún continúa siendo el país con la codificación...
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Concluya, diputada.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala: ... más baja de los países que integran la OCDE. De ahí la importancia de que su trabajo sea con eficacia, con eficiencia y con pulcritud. Es cuanto, señores presidentes.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada alma Carolina Viggiano Austria: Con permiso de los presidentes de las Comisiones Unidas que hoy convocan esta reunión. En el Grupo Parlamentario del PRI celebramos esta oportunidad de dialogar con usted y conocer las acciones que se han realizado para crear un servicio público responsable, eficaz y transparente, pues la Secretaría que usted preside tiene la importante responsabilidad de vigilar el trabajo de todas y todos los funcionarios del gobierno federal. Bienvenido, maestro Roberto Salcedo.
Señor secretario, usted está a cargo de diseñar, planear y ejecutar, coordinar todas las políticas públicas en materia de control interno y gestión de gobierno. Inspeccionar el gasto público y expedir normas de vigilancia. Y observar que los planes y programas de gobierno sean cumplidos bajo los principios de honradez y vigilancia.
Nos preocupa que, a la fecha, a pesar del esfuerzo que usted nos ha narrado aquí, no se han logrado las metas propuestas en materia de transparencia y combate a la corrupción. Por el contrario, se observa que el fenómeno sigue presente y en aumento.
Al Grupo Parlamentario del PRI nos preocupa que, durante el primer trimestre del 2021, el gobierno federal otorgó 55 mil 691 contratos por asignación directa, por un monto de 74 mil 639 millones de pesos.
De acuerdo con datos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el 80 por ciento de los contratos del gobierno federal son adjudicados directamente a pesar de que nuestras leyes señalan que debe priorizarse la licitación pública para evitar opacidad y corrupción.
Por ello le pregunto, ¿cómo vamos a corregir esto? Hemos creado cuatro sofisticados sistemas para prevenir, atender y sancionar a los malos servidores públicos, pero la gente del pueblo no entiende cómo funcionan ni tampoco siente que las cosas mejoren.
Tenemos un Sistema Nacional de Fiscalización, un Sistema Nacional Anticorrupción, un Sistema Nacional de Transparencia y un Sistema Nacional de Archivos que, por cierto, fueron creados en las gestiones anteriores a la presente administración. Sin embargo, parecería que hay un intento de debilitarlos y no de eficientarlos y fortalecerlos. Aunque a veces se percibe, también, el intento de usarlos como instrumentos políticos.
México es un gran país, merece un gobierno eficaz y eficiente que le sirva al pueblo. Sin embargo, vemos con preocupación que el costo de la corrupción en trámite se incrementó en un 64 por ciento durante el 2019.
Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Asimismo, el Índice de Opacidad para Combatir la Corrupción reportó que, en 2021, México disminuyó su eficacia en los procesos para combatirla.
Sin duda estos datos revelan que la corrupción no se ha combatido de manera eficaz. También advierten una falta de acciones ante uno de los fenómenos que más aquejan a nuestro país.
En el PRI estamos conscientes de que la corrupción es un fenómeno estructural que aqueja y daña a todos los niveles de gobierno. Precisamente por ello, creemos fundamental que un organismo, como la Función Pública, debe actuar de una forma más eficiente y eficaz, con verdaderas acciones que permitan erradicar la corrupción. Pero, sobre todo, sancionar a los funcionarios que incurren en ella.
Por otro lado, el Tercer Informe de Gobierno señala como una de las prioridades de esta administración el combate a la impunidad en el mal ejercicio del gobierno público.
No dudamos que este sea un compromiso genuino del presidente de México. Sin embargo, aún no hemos logrado las metas propuestas. Como muestras tenemos que el sistema integral de responsabilidades administrativas recibió un total de 9 mil 82 expedientes, de los cuales refiere haber resuelto solo 5 mil 800. Es decir, se resolvieron el 63 por ciento de los casos. Sin embargo, desconocemos cómo terminaron, en cuáles hubo sanciones y de qué tipo.
Quiero aprovechar para mencionar que la Auditoría Superior de la Federación es una instancia que forma parte de este sistema nacional y cumple con funciones para auditar el control de transparencia. Siendo un órgano de excelencia en su rama, puede ser una guía y un aliado de la Función Pública.
Ciudadano secretario, el propósito más importante es que los funcionarios y servidores públicos se apeguen a la legalidad y la transparencia. De tal manera, que no tengamos necesidad de gastar y pagar tantas auditorías. Tal vez debemos darnos la tarea de revisar los sistemas para ver si los renovamos, los rediseñamos y cómo los eficientamos. Muchas gracias a todos.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias, diputada Carolina Viggiano.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.
La diputada María del Carmen Pinete Vargas: La poeta inglesa y defensora de la libertad política de las mujeres, Eliza Cook, sentenció: “El orden es la cordura de la mente, la salud del cuerpo, la paz de la ciudad y la seguridad del Estado.”
Compañeras y compañeros diputados, saludo cordialmente al maestro Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a quien el día de hoy recibimos para que, desde esta alta tribuna del Estado, realice uno de los actos de mayor trascendencia en sociedades democráticas como la nuestra. Es decir, el análisis del estado que guarda la administración pública federal y de la conducción que en materia de gestión pública y combate a la corrupción realiza la dependencia a su digno cargo.
Sin duda, la Secretaría de la Función Pública tiene encomienda de realizar una función muy estratégica, no solo como ente fiscalizador de la administración pública, sino como impulsor de la transparencia y la rendición de cuentas. Sin estos factores es impensable la consolidación de un gobierno que genere igualdad para todas y todos los mexicanos y que propicie una administración pública más ética, profesional y eficiente.
El proceso de transformación iniciado hace tres años por la actual administración, está a mitad del camino. Los cambios estructurales establecidos se encuentran encaminados a lograr recuperar la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos, así como hacer frente a la corrupción y la impunidad que, como lo dijo hace unos días el señor presidente de la República, es uno de los mayores males que aquejan al pueblo de México.
Nuestro compromiso como representantes populares es, el de garantizar que el manejo de la gestión pública federal sea provechoso y benéfico para todos los mexicanos. Nuestra convicción como legisladores, que formamos parte de la transformación de México, es que se dé prioridad a las acciones que obliguen el actuar prudente, eficaz y ético del servicio público, mantener distancia entre los intereses políticos y económicos, porque ese mandato ha expresado en las urnas, el pueblo de México.
Señor secretario, hace unas semanas tuve la oportunidad de encontrarme en las instalaciones de la Secretaría que tan atinadamente usted dirige, con la intención de establecer una sana interacción entre la representación popular que ostentamos y las importantes acciones que ustedes realizan.
Así pude tener conocimiento de la conformación de 800 procesos sustantivos en donde presumiblemente se incurrió en responsabilidad y en donde destacan también la realización de 17 mil 293 acciones de difusión de temas vinculados a la ética pública y a la capacitación virtual, a 32 mil 131 personas, servidores públicos.
Agradezco por la apertura que se ha dado por parte de la Secretaría de la Función Pública, para que esta LXV Legislatura, misma que estoy segura seguirá fortaleciéndose con la única teleología de dirigir las acciones comunes por el rumbo que México exige.
En el Partido Verde entendemos que el mandato que nos dieron los ciudadanos fue el de conformar un gobierno austero, pero sin dejar de ser eficaz y eficiente. Un gobierno honesto y sin privilegios. Un gobierno cercano a la gente y empático con sus problemas.
En este sentido, celebramos las acciones que ha emprendido el gobierno federal en aras de enfrentar y atender las demandas ciudadanas y los retos en el ámbito público, así como erradicar los espacios que propicien la corrupción y castigar cualquier irregularidad en la administración pública federal.
Finalmente, señor secretario, quiero expresarle el respaldo del Partido Verde, para seguir reforzando la transformación del país y lograr que las oportunidades de progreso lleguen a todas y todos los mexicanos. Es cuanto.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Trabajo. Adelante, diputado.
El secretario diputado Victoriano Wences Real: Con su venia, señores presidentes, compañeros diputados. Maestro Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, sea bienvenido a esta Cámara de Diputados.
La corrupción es el gran cáncer que ocasiona desigualdad social, concentración económica, pobreza, impunidad, así como marginación y desprotección de las grandes mayorías sociales. El Partido del Trabajo, al cual represento, respalda la gestión del presidente López Obrador y reconoce los importantes avances en la política anticorrupción, así como la gestión de un gobierno basado en la honestidad, la eficiencia y la cercanía con el pueblo. Lo anterior, sin dejar de señalar los pendientes y las insuficiencias que siguen existiendo, y que es necesario superar para que acreditar que la lucha contra la corrupción y la impunidad es auténtica y efectiva.
En el Tercer Informe de Gobierno se da cuenta de acciones congruentes con el objetivo de transformar la función pública para encabezar una lucha por la integridad y la moralización del servicio público, y mantener la sana distancia entre los intereses políticos y los económicos que permita consolidar la recuperación de lo público.
Destaca la estrategia de focalizar los actos de fiscalización en las áreas proclives a irregularidades y corrupción, donde se ejecutaron 684 actas de fiscalización, las cuales dieron lugar a mil 890 observaciones. Es importante que la auditoría financiera y de cumplimiento haya generado observaciones por un monto de 17 mil 19 millones de pesos por presuntas irregularidades relacionadas con la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, entre otras irregularidades.
Del mismo modo, es digna la mención de fiscalización a las contrataciones públicas referentes a la obra pública y a las adquisiciones, misma que ha permitido identificar irregularidades relevantes en el ejercicio de los recursos públicos. Tal es el caso, por ejemplo, del Tren Interurbano México-Toluca, donde se determinaron 22 observaciones correctivas y 22 recomendaciones preventivas, con un monto por aclarar, por recuperar, de 2 mil 22 millones de pesos.
En esas tareas de la Secretaría de la Función Pública juega un papel importante la coordinación entre distintas unidades administrativas para identificar y sancionar actos de corrupción. Por eso es relevante que recibieran 26 mil 312 promociones o avisos, se brindaran 14 mil 691 asesorías a las dependencias, se otorgaran 912 asesorías a los órganos internos de control y se atendieran 8 mil 647 solicitudes de cambio de sistema de denuncia ciudadana. En materia de denuncias, fueron presentadas 20 mil 391, de las cuales se concluyeron 2 mil 730. De esta última cifra fueron remitidas a las áreas de responsabilidades 264 para el inicio de los procedimientos sancionatorios.
También es notable el impulso a la participación ciudadana en el combate a la corrupción, el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción contribuyó en la ciudadanía, a alertar sobre presuntos hechos de cohecho, peculado y desvío de recursos públicos.
Mucho ayuda que se hayan recibido 874 alertas, de las cuales 566 de estas están en proceso y 47 se encuentran en investigación por las autoridades investigadoras.
He de reconocer que se avanza en el combate a la impunidad, toda vez que, de acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados, se recibieron 227 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales se concluyeron 122 procedimientos, que significa imponer 43 sanciones.
En cuanto a los expedientes de alerta, en el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas se recibieron 9 mil 82 expedientes de procedimientos de responsabilidades administrativas, de los cuales se resolvieron 5 mil 800.
Estas acciones de revisión, auditoría y fiscalización son indispensables para combatir la corrupción y erradicar la impunidad. Por ejemplo, podemos mencionar el manejo del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. A diciembre de 2020 se registraron 160 padrones de beneficiarios, mediante los cuales se dispersaron 504 mil 703 millones de pesos. De este tamaño son los retos de la Secretaría de la Función Pública.
A partir de estas estrategias se han podido detectar importantes insuficiencias que se resumen en lo siguiente: incumplimiento a leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas, incumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas. Descuido o falta de atención en el cumplimiento de las obligaciones, abuso de funciones y abuso de autoridad.
Todavía falta mucho por hacer si realmente requerimos garantizar que el presupuesto se destine adonde debe ir y no se comentan abusos ni regularidades que lo reduzcan. La austeridad y la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos son fundamentales para garantizar que se ejerzan con apego a los principios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honestidad.
Para lograrlo, debe refrendarse la voluntad política de fiscalizar cada peso en cada dependencia, en cada ventanilla, en cada municipio, en cada programa, para cumplirle al pueblo el compromiso de barrer la corrupción de arriba hacia abajo. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Con su venia, presidentes. Roberto Salcedo Aquino, bienvenido a este palacio legislativo. En el informe que nos acaba usted de brindar no encuentro un resumen o algún dato referente al trabajo de la política nacional de vacunación, siendo este un tema prioritario a nivel nacional, ya que estamos inmersos en la pandemia.
Han sido ya diferentes momentos donde algunos jueces han pedido y exigido al gobierno que se vacunen a niños con discapacidades. Primero y hoy tenemos ya para la vacunación, también pidiendo que se vacunen a los mayores de 12 años hasta 19. ¿No será momento de hacer ajustes en la política nacional que tenemos en el sistema de salud?
Me parece que ahí, la Función Pública puede jugar un papel preponderante. La evaluación del desempeño es una de sus funciones básicas y me parece que ahí pudiera haber grandes hallazgos de ajuste que podrían llevarnos a eliminar las pérdidas que hasta este momento hemos tenido y, con ello, también quiero decir las pérdidas humanas.
Me parece que esa es la parte que hace falta por revisar. Hay otro dato importante. En el regreso a clases, también la Función Pública juega un papel importante. Las irregularidades administrativas en este regreso a clases me parece que tendrían que ser revisadas y ver si hay sanciones o no, no sé si las tenga, en la búsqueda de este regreso transitorio que estamos teniendo y hago un paréntesis, porque desde el inicio de la pandemia la clase trabajadora ha tenido que seguir trabajando y hoy, en un segundo momento de la pandemia mandamos a nuestros niños a las escuelas y esta que es una actividad esencial, el Legislativo, seguimos en trabajo semipresencial. Yo haría un llamado por la cordura y que regresáramos a los trabajos presenciales. Paréntesis aparte.
Pero, bueno, me parece que esa parte habría que revisarla como se está llevando a cabo, y prioritariamente dar cuenta de si hay algunas irregularidades importantes y que nos pudiera usted dar cuenta de cómo ajustarlas.
Un tercer elemento tiene que ver con el fortalecimiento. Ya aquí lo mencionaron de manera muy amplia, los sistemas que tenemos en México, pero principalmente me voy a abocar al Sistema Nacional Anticorrupción. Ha habido un desdén importante por las siete sillas importantes que se ocupan ahí, en donde la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública ocupan un papel preponderante, son la columna vertebral.
Yo veo en su programa que mostró al iniciar sus trabajos y sus labores, como prioridad el fortalecimiento de lo mismo. Decía ahí, generar sinergias. No encuentro en este posicionamiento que usted hace cuáles han sido esas sinergias, cómo han contribuido a que el Sistema Nacional Anticorrupción se fortalezca. Hay una plataforma que está funcionando a medias, ya son más de cinco años que no hemos podido echar a andar este sistema.
Entiendo que no es su responsabilidad única, hay siete elementos ahí importantes, pero las sinergias, me gustaría saber qué es lo que están haciendo en la parte que le corresponde a la Secretaría de la Función Pública.
La Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han generado en materia de austeridad algunas estrategias. No encuentro algunos elementos y cifras que usted nos pudiera dar acerca de los hallazgos que se tienen en cuanto a si se siguen teniendo gastos en viáticos, asignación de automóviles, oficinas, etcétera, en esta materia. Me gustaría saber un poco más en ese sentido, cómo vamos en esa estrategia.
Establecieron un acuerdo por medio del cual establecen los lineamientos para la promoción y operación del Sistema de Alertadores Internos y Externos. También me gustaría saber, sé que hay por ahí más de 5 mil quejas donde se ha dado alerta o señalamientos en casos de corrupción. ¿Cuál ha sido el tratamiento que han tenido y cuál ha sido la protección que se le ha dado en este programa? Tampoco sabemos mucho de cómo se ha abundado en este tema.
Otra parte importante que me parece señalar y destacar antes que se me acabe el tiempo. El T-MEC nos exige algunas reformas legislativas. ¿Tiene usted algo que sugerirnos, si esa es tarea para nosotros, que nos pudiera dar para cómo le ayudamos en actualizar el marco legislativo de acuerdo a lo que marca el capitulo referente al combate a la corrupción en este tratado comercial, para que podamos contribuir, también coadyuvar?
No solamente es pedirle, sino también es colaborar, y en ese sentido me gustaría escuchar en qué materia, en qué ámbito pudiéramos contribuir para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción en todo lo que tiene que ver con lo que ustedes hacen.
Por último, ya nada más señalar que nos pudiera un poco ampliar sobre el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad en algunos de los rubros que tienen que ver con los trámites susceptibles y operaciones. Iban a hacer un inventario y nos iban a dar el dato de ese inventario de esos trámites susceptibles a malos manejos en la administración pública. Me gustaría que nos dieran un poco más de información y la publicación de los resultados positivos o negativos de las políticas públicas, que por ahí también lo abarcaban en su programa de planeación. Muchísimas gracias y es cuanto.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias diputado.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. Adelante, diputada.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Gracias. Buenos días. Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, bienvenido. Con la venia, diputados y diputadas, la corrupción de nuestro país es un cáncer, erradicar la corrupción y ser transparentes son banderas políticas, pero cuando se accede al poder se olvidan.
Hoy, se protege a la corrupción, se protege a los amigos y se persigue con este pretexto a los enemigos políticos todos del Ejecutivo. Este gobierno no es diferente, así lo ha demostrado ya. En una sola semana hemos visto a Emilio Lozoya protagonista del caso Odebrecht en nuestro país, cenando en un lujoso restaurante y lleno de impunidad, muy bien el señor sentado en una cena toda lujosa, llena de impunidad.
También hemos visto nuevamente a toda la familia Bartlett, pero en lo particular a la pareja sentimental de Manuel Bartlett inmiscuida ahora en un nuevo escándalo llamado los Pandora Papers, eso es lo que tenemos en este gobierno.
Nos queda claro que la lucha del Ejecutivo en contra de la corrupción no solo es discrecional, sino que perjudica la vida diaria de todas y todos los mexicanos, al distraer recursos que son propiedad de toda la nación y sobre todo de aquellos que pagamos impuestos, con arrogancia hemos visto a Ana Gabriela Guevara desfondando a la Conade, a su predecesora Irma Eréndira Sandoval tratando de justificar sus múltiples propiedades y a los hermanos presidenciales recibiendo fajos y mares de dinero en efectivo.
A pesar de eso, la corrupción constituye un elemento diario del discurso presidencial, no podemos señalar ni un solo hecho que ponga en evidencia el compromiso del presidente para combatir la ilegalidad y, por supuesto, la corrupción.
Desde el inicio de este gobierno, el Estado de derecho se ha vulnerado, la aplicación de la ley se ha puesto a consulta, la información privilegiada se entrega a los amigos del Ejecutivo. Y se estigmatiza y denuesta a los adversarios desde el púlpito presidencial. La autoridad aplica la ley a conveniencia. Reiteradamente se ha negado el acceso a la justicia y a la reparación del daño de las víctimas, garantizando la impunidad de los delitos cometidos por los amigos del Ejecutivo y de la cuarta transformación.
De nada sirve la prisión preventiva oficiosa que tanto pregona el presidente y que violenta el debido proceso y los derechos humanos si todos los grandes corruptos de este gobierno son protegidos por el régimen y sus actos siguen lesionando al erario público y al pueblo de México.
En el Índice de Percepción de la Corrupción del 2020, la Organización de la Transparencia Internacional señaló que México mejoró 2 puntos su calificación respecto al 2019, pasando de 29 a 31 puntos. En términos relativos escaló 6 lugares, pasando de la posición 130 en 2019 a la 124, en 2020, entre los países evaluados. No obstante, seguimos siendo el país peor evaluado de la OCDE y nos encontramos lejos de como estábamos calificados en el 2014.
La falta de transparencia en la contratación pública, que a pesar del compromiso establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, para prohibir las adjudicaciones directas, hoy 3 de cada 4 contratos del gobierno no son licitados, poniendo en juego un monto anual cercano a los 200 mil millones de pesos.
El Sistema Nacional Anticorrupción surgió como una demanda de la sociedad civil que obligó al Congreso de la Unión, entre 2016 y 2017, a generar un mecanismo eficiente de vigilancia del servicio público y de las empresas particulares con las que se contratan obras y servicios.
En ese contexto, la Secretaría de la Función Pública que usted aquí representa, desempeña un papel fundamental para la prevención y detección que desarrolla el sistema en su conjunto.
Esta Secretaría es responsable de vigilar a los funcionarios públicos federales y el proceso de contratación del gobierno federal. Auditar la aplicación de recursos y coordinar a los órganos internos de control de las dependencias federales. Todo ello con el objeto de que el sistema pueda cooperar para evitar la comisión de este tipo de conductas.
El 25 de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se aprueba la Política Nacional Anticorrupción, producto de la confluencia de miles y múltiples de esfuerzos, con el objeto de diseñar un instrumento de política pública de amplio espectro que incide en el ejercicio público federal de estados y municipios.
En ella, la actuación de la Secretaría de la Función Pública es fundamental y su éxito depende en gran parte del compromiso político de su titular...
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Concluya, diputada.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez: ... del que hemos visto muy poco. En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos de la necesidad de limpiar el ejercicio del servicio público de prácticas nocivas. Sin embargo, más allá de la retórica no hay ninguna acción concreta de su gobierno en contra de la corrupción.
Secretario, usted tiene por delante todavía tres años para marcar la diferencia, esperamos que desde el Ejecutivo se lo permita. Por un último, condenamos la represión gubernamental en contra de los trabajadores de la construcción de Dos Bocas, Tabasco, quienes reclaman mejores condiciones para elaborar...
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Concluya, diputada.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez: ... sueldos y prestaciones de ley. Hoy preguntamos, para las y los trabajadores, ¿sí hay balazos y no abrazos? Gracias. Buenas tardes.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias. Con esta intervención damos por concluida la etapa de posicionamientos de los grupos parlamentarios.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Vamos a dar paso a continuación a dos rondas, en donde tendremos pregunta, respuesta y réplica. La pregunta, que es hasta por tres minutos. La respuesta del funcionario, hasta por cinco. Y la república por tres minutos. Esto se hará de manera creciente en el tamaño de los grupos parlamentarios. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del grupo del Partido de la Revolución Democrática. Hay un cambio, si nos avisa. Ah, pasará Elizabeth Pérez Valdez. Sí, gracias por la precisión.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Secretario, el que usted ocupa es uno de los puestos con mayor trascendencia en el quehacer administrativo federal, debido a las facultades en materia de seguimiento y control del gasto. Sin embargo, su gestión y el de su predecesora, no solo han sido poco eficientes en el combate a la corrupción, sino que han encubierto y protegido a personajes sobresalientes de la cuarta transformación, como Ana Gabriela Guevara, Manuel Barttlet y la propia Irma Eréndira Sandoval y sus allegados. Todos ellos han sido señalados por actos poco transparentes y para los que no han dado explicación alguna.
Desde la perspectiva de nuestro grupo parlamentario hay gestiones grises que pasan por la administración si pena ni gloria. En el caso de quien encabezaba la titularidad de esta Secretaría, es lo contrario, sirvió para contribuir a sus secuaces con la encomienda de construir una cortina de humo que oculte la arrogante desfachatez con la que la cuarta transformación le roba a la nación.
En el caso de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, desgraciadamente hemos visto un fraude tras otro, un desvío tras otro, después de que se denunciaran irregularidades en 280 millones de pesos ejercidos en el 2018 por Alfredo Castillo y que ocasionaron el congelamiento de las cuentas de la comisión. Después nos enteramos de un nuevo daño patrimonial al fideicomiso Fodepar por 106 millones de pesos que, sumados a los 50.8 millones señalado en el primer semestre de 2019, arrojarían casi 150 millones de pesos malversados en la gestión de la señora Guevara.
Adicionalmente, si bien los funcionarios a quienes se les atribuyen estos manejos fueron destituidos, no ha habido información pública que nos permita decir que se ha ejercido acción penal. Por lo cual, estos actos siguen en la impunidad.
Por lo anterior, le pregunto, ¿cuáles fueron las acciones preventivas y de seguimiento que se han implementado en la Conade para evitar la malversación de estos fondos? ¿Cuántas de las denuncias que se han presentado ante la FGR con estos hechos y cuál ha sido su resultado?
¿Cuántas personas han sido detenidas por estos hechos? ¿Cuántas personas se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa y cuántas se encuentran bajo proceso? Obvio es decir que estos hechos van en detrimento del deporte de alto rendimiento, del que tanto pregonan sentirse orgullosos. Nosotros sí reconocemos a las y los deportistas, pero también sabemos que les falta más.
Adicionalmente, secretario, quisiera preguntar, ¿cuáles han sido las acciones que, en el marco del sistema nacional anticorrupción ha desarrollado para iniciar con la lucha en contra de la corrupción en nuestro país. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Señor secretario.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: Agradezco las consideraciones de la diputada Pérez Valdez, y su preocupación, porque esta Secretaría a mi cargo funcione, y le comento que estamos muy atentos a lo que sucede en la Conade y tenemos varias denuncias en la Fiscalía, en el Tribunal de Justicia Administrativa y también en nuestro órgano interno de control en la Conade.
Tenemos una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada de varios funcionarios de la Conade por enriquecimiento ilícito y, por supuesto, y aquí aprovecho también para comentar el asunto que nos decía la diputada del Partido Acción Nacional, sobre Gerardo Laveaga, las decisiones se toman de manera conjunta, es un grupo colegiado y el voto era un voto de cinco y él voto, porque el sigilo procesal lo exigía. Esta es la razón, no se puede dar información de lo que está en las investigaciones en proceso. Esa es la explicación correspondiente a esto, y está atento del Estado de derecho.
Y tenemos también varias carpetas integrando varios ilícitos en esto, y por el sigilo procesal no le podría decir, pero puede estar usted segura de que estamos actuando en esto. Además, tenemos, por supuesto en la Conade, viendo la entrega indebida de apoyos económicos a entrenadores, deportistas y otros sujetos que no eran, por más de 77 millones de pesos.
También tenemos, de faltas no graves derivaron 14 sanciones destacando la destitución, inhabilitación, por seis meses, del subdirector de Calidad, así como del director de Alto Rendimiento, una suspensión de seis meses.
Tenemos también las costumbres graves, están ya consignadas en el Tribunal de Justicia Administrativa y se les está dando seguimiento, como es nuestra obligación. Y tenemos otras investigaciones por 9.5 millones de recursos asignados, sin las comprobaciones correspondientes
Teníamos también en estudio 71 contratos de prestadores de servicios que nosotros tenemos duda sobre ellos y tenemos una abierta, unas auditorías a cada uno de estos. Estamos con la lupa en la Conade. Tenga usted la certeza y varios asuntos ya están en la Fiscalía como deben.
Respecto del Sistema Nacional Anticorrupción, que yo creo que ese era un tema recurrente el día de hoy. Puedo decirle que son siete y la responsabilidad son de siete. Yo tengo un séptimo de responsabilidad y creo que se puede potenciar esa responsabilidad para que también los otros seis séptimos puedan.
La primera cuestión que se realizó fue sacar adelante la política nacional anticorrupción, que era el primer compromiso conceptual de qué se iba a hacer y esta ya se publicó y ahora lo que necesitamos es implementarla.
En dónde tenemos un trabajo muy concreto. Tenemos un trabajo muy concreto en el Sistema Nacional de Fiscalización. Un servidor con los 32 contralores estatales, que es el control interno y la Auditoría Superior de la Federación son los auditores superiores de los estados. Creo que ahí tenemos un trabajo muy concreto por hacer para integrar realmente el Sistema Nacional de Fiscalización.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Gracias, secretario. Corresponde la réplica a la misma legisladora, por favor.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Gracias. Muy breve secretario. Se agradecen los datos vertidos. El tema es que los mismos no resuelven el problema de fondo. Los titulares de las instancias, en este caso de la Conade, no tienen ninguna investigación y al final, ella, es quien debe de responder por las actuaciones de las personas que le colaboran a su alrededor.
Lo que sí es que esperamos, y le reiteramos, que desde nuestro grupo parlamentario realmente estamos convencidos de la necesidad de limpiar el ejercicio público de las faltas y de las prácticas nocivas.
También esperamos que estos tres años que tenga por delante a usted y a todo lo que le rodea se le permita trabajar con eficiencia, para que esto que hoy nos presenta la próxima comparecencia tenga realmente, además de los datos sólidos, sí la posibilidad de investigar a quienes son los titulares de cada una de las instancias de gobierno. Muchas gracias.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Gracias, diputada.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en voz del diputado Rodrigo Herminio Samperio.
El diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro: Muy buenos días a todas y a todos. Secretario Roberto, me da mucho gusto que estés presente en esta Cámara de Diputados. Sobre todo, porque estamos hablando de principios y valores tan importantes como son la honestidad y la transparencia. Como representantes ciudadanos tenemos el deber de vigilar el correcto uso de los recursos públicos. En otras palabras, debemos estar muy atentos a que los que somos empleados de la gente cumplamos con nuestra chamba.
Entro en materia. Distintos informes de las Cuentas Públicas 2019 y 2020 arrojan aspectos muy importantes para el análisis y la mejora administrativa. Me refiero específicamente a uno que involucra a mi generación, que somos las juventudes. La tercera revisión de la Cuenta Pública 2019, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, señaló que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiende a irregularidades que impactarán al erario por un monto de más de 50 millones de pesos. Esto resulta del probable uso de empresas fantasmas, de registros indebidos, de entrega de recursos a jóvenes que ya recibían apoyos para estudiar y de otros que ya habían fallecido. Esta situación ha sido investigada por medios periodísticos como Animal Político. Y también amerito la respuesta de la secretaría del Trabajo y Previsión Social, que elaboró una respuesta basada en el muestreo y no en el fondo del asunto.
Sé que coincidirás conmigo, secretario, en que cada peso destinado a las juventudes debe valer bien y debe llegar completito. La corrupción debe combatirse, especialmente cuando se habla del futuro de México. En ese sentido, te pregunto lo siguiente:
¿Qué acciones concretas se han realizado desde la Secretaría de la Función Pública, por sí misma, y en coordinación con otras instituciones para atender las observaciones puntuales que la Auditoría Superior de la Federación ha realizado al programa Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Y qué medios periodísticos han dado a conocer a la opinión pública? Específicamente, ¿qué acciones se han implementado para garantizar la plena integridad en la ejecución del programa? ¿Se ha sancionado a alguien por algún hecho de corrupción o no se han detectado irregularidades? Por tus respuestas honestas, muchas gracias.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Señor secretario, adelante.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: Debo decir que todas mis respuestas serán honestas, he jurado decir la verdad y nada más que la verdad. Respecto a los Jóvenes Construyendo el Futuro, estamos dando seguimiento a este programa puntualmente y precisamente hemos visto el perfeccionamiento de todos los manuales de organización y procesos para evitar las irregularidades. También estamos viendo el incumplimiento de las reglas de operación.
Tenemos acciones preventivas, reuniones de trabajo, asesorías y seguimiento de aspectos operativos del programa. También en las correctivas tenemos radicados expedientes de investigación por posibles faltas administrativas relacionadas con la operación del programa. Están en investigación.
Tenemos, en números concretos, 102 expedientes de investigación, de los cuales se están substanciando las evidencias y se actualizaron precisamente los indicadores de desempeño del programa para ver sus resultados.
Al 30 de septiembre, estamos hablando de 2019, se vinculó a 837 mil jóvenes a un centro de trabajo, con una beca de 3 mil 600, como ustedes saben. La cobertura a la que se piensa llegar con este programa es de un millón 120 mil jóvenes y en 2019 íbamos al 70 por ciento.
¿Qué es lo que está haciendo la Secretaría de la Función Pública? Es estudiar las reglas de operación y los controles para prever el adelanto de pago a los beneficiarios en todos los casos. La supervisión de los centros de trabajo para asegurar que efectivamente la empresa recibe a los jóvenes y que los jóvenes asisten. Y, estamos viendo la elegibilidad y tenemos el padrón de todos los Jóvenes Construyendo el Futuro, es decir, con una desviación del 0.03 por ciento nada más. Y estamos realizando las confrontas, tanto para la elegibilidad como para la veracidad de los datos.
Esto es todo lo que estamos haciendo, estamos acompañando el programa y debo decirle a usted que todas las acciones, todas las observaciones de la Auditoría Superior fueron solventadas con oportunidad, incluso ya se estaban, ya anunciamos que el 99 por ciento de todas las observaciones que hizo la Auditoría Superior en su última entrega han sido solventadas por el Poder Ejecutivo.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Corresponde la réplica al propio legislador. Rodrigo, por favor.
El diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro: Gracias, señor presidente. Muchas gracias, secretario, pero me gustaría que hablemos de datos. Un millón 120 mil jóvenes ingresaron al programa en su primer año y de estos, solo el 0.8 por ciento logró un contrato tras su etapa de capacitación, dejando al resto sin un plan de seguimiento.
De acuerdo a cifras de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del millón 713 mil beneficiarios inscritos al programa, solo 795 mil concluyeron satisfactoriamente sus 12 meses de capacitación. La deserción asciende a un preocupante 54 por ciento. Sin duda, la situación es compleja, pero también hace evidente la necesidad de garantizar mayor apertura y mayor transparencia.
Las acciones que usted señala no han sido suficientes para erradicar o aminorar el problema de marginación que uno de cada cuatro jóvenes vive en relación al sector productivo. Hay que atender el problema de raíz, que es la falta de coordinación de incentivos para garantizar una efectiva vinculación a los aprendices con el sector productivo. Los más de 20 mil millones de pesos que anualmente destinamos a este programa requieren de un ejercicio de evaluación, seguimiento detallado público y extenuante.
Aprovecho este momento para hacerle entrega de un oficio que vengo con una propuesta en concreto para que hagamos equipo y nos pongamos los guantes por las juventudes. Propongo que la Secretaría a tu cargo realice las acciones necesarias para implementar, y en su caso mejorar, los mecanismos de participación ciudadana e integridad del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Si este programa es prioridad para ustedes, hoy tenemos que tomar en serio la atención de aprendices y tutores para mejorar la coordinación de incentivos de cada una de las etapas del proceso. ¿Qué dice, señor secretario? ¿Nos ponemos los guantes? Yo espero que sí. Muchas gracias. Le hago entrega.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Corresponde ahora al Partido del Trabajo, en voz del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, quien tendrá la pregunta y también la réplica.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Muy buenos días a todos. Con el permiso de los ciudadanos presidentes. Maestro Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, bienvenido a este recinto.
Como se consigna en el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 28 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de ética, que tienen por objeto establecer mecanismos para el fortalecimiento en materia de ética pública y prevención de la actuación bajo conflicto de intereses, a fin de evitar conductas contrarias a las disposiciones que rigen el ejercicio del servicio público.
Sabemos que la corrupción, como los grandes problemas nacionales, no se van a acabar de un día para otro por arte de magia, pero también sabemos que la implementación de lineamientos y estrategias como la ética pública son de gran utilidad para orientar el actuar de los servidores públicos.
Por ello, me permito preguntarle, ¿cuáles son los alcances que tienen los comités de ética en la identificación y prevención de eventuales conflictos de interés de los servidores públicos y cuáles han sido las reacciones y la disposición de los funcionarios que han incurrido en esa hipótesis?
En la misma vertiente, el Tercer Informe indica que el 5 de noviembre de 2020 se publicó el acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales para la realización del proceso de fiscalización, el cual tiene por objeto dictar las disposiciones que se deberán observar en los actos de fiscalización practicados a las dependencias y entidades de la administración pública federal, los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos, las entidades federativas, los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México con la finalidad de verificar si los recursos públicos federales se aplicaron de conformidad con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad.
Le pregunto, ¿la fiscalización realizada desde la Secretaría de la Función Pública qué tanto ha mejorado con esta normatividad, en qué consiste las principales innovaciones en los procesos de fiscalización respecto al pasado y cuáles son los resultados que cabe esperar en la mejora del servicio público y la integridad en la Función Pública? Por sus respuestas, muchas gracias.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Señor secretario.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: Muchísimas gracias, señor diputado Amadeo Espinosa. Hemos de tener conciencia de que tres son los elementos fundamentales para el servicio público. Ya todas las personas que trabajan en el sector deberían de tener.
La primera es tener capacidad para ejercer el cargo. Yo creo que empieza la corrupción cuando alguien acepta un cargo que no puede desempeñar por ineficacia, por falta de capacitación.
El segundo es el código, el código de ética. Todas las dependencias deben apelar a la integridad de las personas. El código de ética es una apelación a que se... conforme, de acuerdo a la ética pública.
Debo recordar que estos códigos son los que permiten, sobre la base de la confianza, creer en la persona que lo firma, lo acepta, se va a conformar así, en dos términos: uno, no tiene conflicto de intereses para desempeñar su trabajo. Y dos, se desempeñará de acuerdo a las normas de conducta y a las normas éticas. Esto es de buena voluntad y de integridad.
Pero, como sabemos que puede haber algunos que lo firmen y no lo cumplan, entonces hay que establecer los controles. Todos los controles necesarios y para eso está toda la... las investigaciones y la fiscalización.
La divisa es poner a los hombres que son probos, que deciden firmar sus códigos de ética, no por la firma, de la rúbrica, sino porque finalmente hay una convicción de cuidar los recursos que son de todos para el bien de todos.
Entonces, aquí es una condición que se apega al espíritu y a la probidad y a la integridad de la persona. Y, por supuesto, cuando nosotros vemos que alguien tiene irregularidad y se comporta de manera distinta al código de ética, pues tenemos que tener todos los controles y también todas las acciones punitivas necesarias.
Hemos encontrado y hemos sancionado por conflicto de intereses a varias personas que dijeron no tener ningún conflicto y de repente fuimos encontrando... investigación. Y también, el romper el código de ética es romper también los principios fundamentales del servicio público. Esto es fundamentalmente.
Ahora, ¿qué es lo que hace la Secretaría? Pues está fortaleciendo todos los comités de ética en cada una de las dependencias y que en cada una se emitieron todos los lineamientos para cómo deben ser los códigos de ética y todos tienen su Código de Ética. Y hay un Comité de Ética en cada una de las dependencias y que tiene que sesionar para ver si no hay ninguna irregularidad.
Tenemos, además, actos de fiscalización. En los órganos internos de control teníamos más de 2 mil 500 actos de fiscalización para ver el cumplimiento de los códigos de ética y la falsedad de no declarar que hay conflicto de intereses.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Diputado, proceda a su réplica, por favor.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Gracias por sus respuestas, maestro Roberto Salcedo Aquino. Es claro que la lucha contra la corrupción y la impunidad tiene que darse con todos los elementos posibles.
La corrupción siempre ha sido un lastre para el pueblo de México, incluso, hay quienes las han llegado a caracterizar como un rasgo cultural del ser mexicano, como lo hizo ni más ni menos que el anterior presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, hay quienes estamos convencidos de que, a partir de esta postura ética, una visión honesta y socialmente comprometida del Estado es posible lanzar una cruzada contra la corrupción y la impunidad. Creo que esta ha sido una consigna que incluso, creo yo, llevó a la Presidencia al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin duda, señor secretario, usted tiene, por su función, una de las principales responsabilidades en el quehacer de este sexenio. Yo, de veras, le deseo todo el éxito. Sé que no es una tera fácil la que usted le encomendaron. Pero, creo que usted es un hombre honrado, honesto, que sabrá estar a la altura de esta circunstancia. No solo hay que hacerlo, sino dejar convencida a la gente de que se están haciendo las cosas, con decisión y con firmeza.
Hoy hay la percepción en la ciudadanía, tienen confianza en el presidente, tienen confianza en que las cosas van a cambiar. Pero, necesitamos darle fuerza a esta Secretaría que usted desempeña, porque creo que es un pilar importante para el desarrollo de este gobierno. Muchas gracias.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Corresponde ahora al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. La pregunta será por el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo y la réplica, por el diputado Gilberto Hernández Villafuerte.
El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Señor secretario, maestro Roberto Salcedo Aquino, bienvenido. Compañeros todos. Con el permiso de la Presidencia. Como bien sabemos, el Programa Anual de Fiscalización se diseñó como una herramienta de prevención y mejora continua y permanente de la gestión pública. El objeto de este instrumento es combatir la corrupción y abatir la impunidad, así como verificar que la administración de los recursos públicos se realice con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, reordenamiento, control y equidad de género.
Al respecto, me permito exponer algunas consideraciones respecto a la política en materia de fiscalización y su situación actual.
De acuerdo con lo señalado durante el 2021 en el Programa Anual de Fiscalización, se realizaron 723 actos enfocados a las áreas susceptibles a la corrupción y en proyectos prioritarios del gobierno. En lo que respecta a auditorías a la operación regional, se llevaron a cabo 96 de estos ejercicios pertenecientes a 32 gobiernos estatales y 3 más a instancias federales.
Asimismo, desde el inicio de la presente administración el combate a la corrupción ha sido una prioridad en las labores de la Secretaría de la Función Pública. Reconocemos que se han promovido los criterios administrativos necesarios para sancionar las faltas administrativas y que se ha fortalecido el marco normativo para evitar la simulación.
Como bien sabemos, la Secretaría de la Función Pública es la responsable de fomentar el mecanismo necesario para mejorar la gestión pública, que es la encargada también de impulsar el uso eficiente, austero y transparente de todos los procesos y actividades de los servidores públicos federales.
En este orden de ideas, durante los últimos meses y teniendo presente los estragos de la crisis sanitaria, esta Secretaría respondió a las demandas ciudadanas y reafirmó el compromiso del combate a la corrupción.
Sabemos que el Programa Nacional de Vacunación ha permitido reabrir las actividades económicas y lograr que la población se reincorpore paulatinamente a sus actividades. Gracias a esto se ha hecho posible lograr el regreso a las labores presenciales de todos los servidores públicos.
Es por esto que le pregunto, señor secretario, ¿cuáles son las medidas preventivas que se han aplicado para la continuidad del Programa Anual de Fiscalización? Y, ¿cómo ha impactado el regreso a las actividades presenciales que paulatinamente se está dando en este gobierno? Muchas gracias, secretario.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Señor secretario.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: Agradezco al diputado Rubio Montejo, sus consideraciones sobre la política de fiscalización. Para contestarle quisiera darle el, la primera tarea de la Secretaría es el –como usted bien lo menciona– es mejorar la gestión pública. A la medida que se perfecciona la gestión pública, hay menos espacio para la ineficacia y para la corrupción. En estas tareas de mejorar la gestión pública, nosotros tenemos la tarea de ver el diseño administrativo para realizar las funciones que tienen encomendadas las dependencias.
Por lo tanto, revisamos todas las estructuras y revisamos la capacidad de gestión de cada una de las dependencias y entidades. Además, se ve que los perfiles del puesto sean los correctos de acuerdo, y que estén de acuerdo a la Ley Orgánica y a los reglamentos interiores, y de esta manera vemos que haya una estructura para enfrentar todas las metas y los propósitos que tienen los programas presupuestales.
Frente a esto, nosotros tenemos un análisis de riesgos. El análisis de riegos está en dónde es posible, se tiene que contestar esta pregunta, dónde es posible que las cosas no se hagan o se hagan a la mitad o se hagan mal. Riesgos de ineficacia.
Y tenemos también los riesgos de corrupción, de dónde es posible que haya actos corruptos. Con esto se conforma todo el Plan Nacional de Fiscalización. Y lo primero como les decía yo en mi intervención primaria, que el 80 por ciento de los actos de corrupción y de ineficacia se dan en las compras y en la obra pública, que es donde centramos nosotros la parte fundamental.
También en una proporción mucho menor, se da en todos los recursos que son recursos federales que son transferidos a los estados y que por medio de un convenio se acuerda estado y federación hacer determinadas cosas, se firman y después no se cumplen y los estados en algunos estados con esos recursos realizan otras cosas o actos de corrupción.
Entonces todo esto es lo que es la operación regional en donde estamos muy atentos y tenemos reuniones con cada uno de los gobernadores para mostrarles cada una. Mucho de mi trabajo es hablar con los gobernadores para cerrar estos espacios ineficaces de corrupción.
Con la fiscalización que tenemos con todos los actos de fiscalización, de la parte central, como de los órganos internos de control. Nosotros establecemos todo el rediseño de las políticas de controles, si nos están fallando las normas, los procedimientos, las reglas de operación, para hacer un perfeccionamiento de esto y que la fiscalización sea no solamente sancionar a quien haya cometido una irregularidad, sino el perfeccionar los procedimientos de la gestión pública.
Entonces, estas son las medidas preventivas, después de las correctivas tenemos que poner las medidas preventivas para evitar la recurrencia. Esta es fundamentalmente nuestro trabajo.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: La réplica corresponde al diputado Gilberto Hernández Villafuerte. Adelante.
El diputado Gilberto Hernández Villafuerte: Con su venia, señores presidentes. Señor secretario, le agradezco mucho por sus amables respuestas. Y de nueva cuenta le reitero nuestro reconocimiento por su apertura al diálogo con esta soberanía.
En el Partido Verde reconocemos el papel esencial que juega la Secretaría de la Función Pública no solo en el manejo de la gestión gubernamental del país, sino en la búsqueda por impulsar el actuar eficiente y transparente en todas las actividades y procesos que lleven a cabo los servidores públicos federales.
Por lo anterior, la incorporación de estas nuevas herramientas de prevención y mejora continua de la gestión pública busca disminuir las conductas indebidas, el riesgo de incumplimiento, así como el mal manejo de los recursos públicos. Coincidimos en que la implementación de mejoras en la gestión pública permitirá que el gobierno cuente con elementos que puedan prevenir la corrupción y la impunidad, cerrando con ello los espacios a las prácticas indebidas.
En el Partido Verde es prioridad que México continúe con el impulso de una nueva ética pública en la transformación del país, así como de la austeridad republicana, a efecto de distribuir de forma más efectiva los recursos públicos, sin que esto afecte la operación de las entidades públicas ni los programas presupuestarios del gobierno.
En el Partido Verde seguiremos apoyando el esfuerzo de la Secretaría de la Función Pública en promover una auténtica transformación de la gestión pública que nos permita garantizar la rendición de cuentas, con la finalidad de asegurar la consecución de objetivos y metas de las entidades que conforman la administración pública federal. Es cuanto, señor secretario.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Corresponde ahora al Partido Revolucionario Institucional, en voz del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante. Y la réplica estará a cargo de María del Socorro Alcalá Ruiz Blanca... Perdón... Ah, perdón, es Blanca. Es su nombre completo. Blanca Alcalá.
El secretario diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Señor secretario, sea bienvenido a este recinto legislativo.
La corrupción es uno de los problemas históricos más graves del país, fomenta la desigualdad, impide el crecimiento económico y debilita el Estado de derecho. Esta constituye el mal uso del poder en favor de los intereses personales. Para combatir la corrupción hace falta más que buenas intenciones o discursos, para lograrlo es fundamental construir un marco jurídico que permita regular las actuaciones del gobierno, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Por ello, desde 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre distintas autoridades encargadas de prevenir, detectar y sancionar el mal ejercicio de la administración pública. Con este sistema publicamos cuatro leyes nuevas y reformamos otras tres. Construimos un aparato de control jurídico que esta Cámara votó por unanimidad, que incluso las y los diputados de la mayoría avalaron bajo el argumento de que la lucha contra la corrupción es su bandera.
A pesar de esto, hoy pareciera que el sistema se encuentra olvidado. Se utiliza la corrupción como bandera para eliminar fideicomisos, las reglas de operación y también, por qué no, para atacar y descalificar. Pero, más allá del discurso, los datos revelen otra realidad. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, como ya se ha dicho, el costo de la corrupción en trámites se incrementó en un 64 por ciento.
La corrupción es enemiga del Estado, se opone al desarrollo, obstruye la gobernanza y corrompe a la patria. Gobierno y ciudadanía debemos combatirla decididamente.
Señor secretario, ante su reciente llegada a la Secretaría de la Función Pública, le preguntamos: ¿cuál ha sido la estrategia del gobierno para consolidar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción? Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, y ¿cuál es la ruta a partir de su nueva gestión para garantizar su desempeño? Muchas gracias.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Señor secretario.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: Muchas gracias, señor diputado. Hay una cuestión muy importante, lo vería yo en dos puntos. La primera, cada uno de los siete elementos del Sistema Nacional Anticorrupción está trabajando en sus atribuciones, en su parte y en su responsabilidad. El sistema lo que quiere es potenciar los resultados en la lucha anticorrupción, coordinando a estas siete partes, es decir, la premisa y la estrategia fundamental del sistema es que estemos coordinados las siete partes y esta coordinación nos dará la potencialidad para abatir la corrupción.
En nuestro caso, pongo el ejemplo, cuando nosotros tenemos una investigación, una sustanciación que va a la Fiscalía Especializada en Corrupción, esta Fiscalía, debemos de tener una muy buena coordinación para que el expediente vaya correctamente y tener también la retroalimentación de la Fiscalía al respecto. Esto mismo con el Tribunal de Justicia Administrativa, también con el Consejo de la Judicatura, en procesar qué es lo que se puede decir a la opinión pública y qué es lo que requiere el sigilo procesal y se sepa que no se puede dar información hasta el final con el Inai.
Entonces, con cada uno de los siete, si esto se da de manera, de uno a uno, es decir, como se da normalmente, esto no se potencia, pero si los siete sabemos qué están haciendo los demás y en qué pueden ayudar, creo que esta es la potencialidad que se requiere.
En otro caso, en la parte que nos corresponde, es tener una buena coordinación con la Auditoría Superior de la Federación para que el proceso de control y fiscalización, el control externo que son ellos y el control interno que somos nosotros, se lleve a cabo y que los dos controles coadyuven precisamente a que no haya ninguna irregularidad, ningún delito, etcétera y que haya eficacia. Pero también, se requiere, como es nacional, se requiere que la Auditoría Superior de la Federación se coordine y haga afines todo el proceso del control externo con los 32 estados y nosotros con los 32 contralores, y después juntarlo y crear el Sistema Nacional de Fiscalización.
Esto es, parece una tarea fácil, no lo es. Hay que convencer cuál es la metodología que todos vamos a tener, de tal manera que los entes auditados, cualquiera que sea, desde un municipio hasta la federación sepan qué van a hacer con una metodología aprobada por el Sistema Nacional Anticorrupción, y que toda la metodología de la investigación también tenga el mismo rigor y la misma robustez para cuando lleguen a los tribunales o a la Fiscalía.
Entonces, este es un trabajo muy arduo y de convencimiento. Es un trabajo de estar convenciendo de cuál es lo mejor, cuáles son las mejores prácticas.
Tenemos nosotros toda la voluntad de que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, porque eso nos ayuda a todos. Eso nos ayuda a todos. Esa es fundamentalmente, y por supuesto en el Sistema Nacional de Información, de Transparencia, etcétera, hacer lo mismo. Necesitamos coordinación.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: La réplica corresponde a la diputaba Blanca Alcalá.
La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, presidentes. Señor secretario, siempre es un gusto coincidir con quien, como en su caso, ha hecho del ejercicio pública de su empeño profesional y convicción de compromiso personal.
En el Grupo Parlamentario del PRI tenemos numerosas preguntas e insuficiente el espacio para formularlas. Enunciaré algunos ejemplos de algo que se repite en la evaluación del ejercicio del gasto público en programas vigentes del gobierno federal, y que de conformidad con diversos informes de la Auditoría Superior de la Federación, se identifican como observaciones cualitativas, pero que al final del día y como usted lo ha dicho, pueden acabar siendo desviaciones, o bien en dinero o bien en el impacto que del ejercicio de este dinero debe existir para la población objeto del mismo y para el país mismo.
Usted ha señalado, muchas veces la corrupción se da en las compras, otras en las obras, pero también en la operación y eso es parte de lo que nos preocupa. Pondré algunos ejemplos.
El Programa Sembrando Vida. El diseño del programa identificó deficiencias, se benefició a sujetos que no cumplían con criterios de elegibilidad, se otorgaron apoyos económicos por un monto inferior al establecido en las reglas de operación del programa y los apoyos en algunas ocasiones se entregaron hasta 11 meses después. Un retraso cuando deberían de ser mensuales.
Otro programa, Adquisición de Medicinas. La gestión de la Secretaría de Salud y de Hacienda para 2019 en materia de adquisición de medicamentos fue deficiente al no asegurarse que en la planeación y en la operación de compra y distribución se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado, ni de su acceso al Estado universal y gratuito.
El informe señala que no se garantizó el derecho a la protección de la salud y que los recursos del sector no se ejercieron tampoco con los criterios de eficiencia, eficacia y honrades.
La pregunta, secretario, es ¿qué medidas se han diseñado para que se corrijan este tipo de deficiencias, toda vez que para el Presupuesto 2022 son rubros que destacan con montos importantes para el ejercicio del gasto?
Finalmente, no puedo dejar este micrófono sin preguntar algo en relación en materia de desastres, usted ha sido un gran experto en cómo manejar este tipo de contingencias, me consta, en mi tierra, en Puebla, en Teziutlán cuando hubo un enorme problema con los deslaves de cerros se tuvo que hacer un programa sistemático, ordenado, organizado.
Y, que hoy la verdad nos preocupa, nos preocupa mucho que con la desaparición del Fonden con lineamientos que aún no han acabado de legislarse en la materia, con una agencia que no ha acabado de instalarse y con muchas de las tragedias que ocurren, con una cancelación de más de 25 mil millones de pesos no se tenga ni el mecanismo adecuado ni la oportunidad para poder dar respuesta a lo que sucede en este tipo de tragedias en un país como México, en donde los desastres, los ciclones, los huracanes y los terremotos son cosa de todos los días. Muchas gracias.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Gracias por la réplica. Las preguntas que dejó ella se abordarán en otro momento para su manifestación.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Corresponde al Partido Acción Nacional en la voz de la diputada Patricia Terrazas Baca.
La diputada Patricia Terrazas Baca: Buenas tardes a todos y a todas. Presidentes, secretario, bienvenido a esta legislatura a la casa del pueblo de los mexicanos. En Acción Nacional iniciamos esta legislatura con una disposición de aportar en el tema de erradicación a la corrupción ante el cual mucho le agradeceré que sus respuestas sean puntuales a los cuestionamientos.
Me queda muy claro que usted tiene la sensibilidad de saber que en el tema de compras es donde existe la mayor, la mayor corrupción en este país y no nada más en el área estatal, municipal, sino también en la federal. Y, ahí es donde no han cambiado mucho las cosas, al contrario, creo que estamos en un enorme retroceso porque poco se informa, porque se hace erróneamente respecto a las fechas al informar que durante el periodo de septiembre al 30 de junio de 2020, se realizaron 2 mil 529 contrataciones por adjudicación y 492 contrataciones por invitación cuando menos a 3 personas.
Aún así, se reconoce la aplicación de las adjudicaciones directas como regla general en la presente administración. ¿Cuándo se dejará de aplicar esta forma de contratación? ¿En realidad, no se ha realizado alguna acción que desaliente que se siga contratando bajo esta figura?
Usted mejor que nadie debe saber los espacios de corrupción que se generan con este tipo de contratación. ¿Por qué no se ha actuado en consecuencia, señor secretario? Porque mucho se dice, pero poco se hace. Y a mí me consta que cuando hay voluntad se pueden hacer muchas cosas contra la corrupción. Y yo lo que pediría de este gobierno es que existiera voluntad y que se actuara en consecuencia.
Vemos muchos decires de que se ataca la corrupción, pero no vemos detenidos ni vemos las denuncias. O son denuncias que no prosperan. También seguimos esperando el combate a la corrupción porque no se ha tomado en serio, o al menos así no lo vemos. Porque también seguimos en los peores indicadores, México ante la corrupción seguimos en el fondo de los indicadores.
También estamos viendo que 93 de cada 100 contratos por esa vía, así como el otorgamiento de 52 contratos a empresas fantasmas, por un monto de 162 millones de pesos. Esa parte también, que ha señalado mexicanos contra la corrupción, pues también, no vemos que se hayan tomado acciones al respecto.
También exigimos que cesen en su práctica de registrar bajo el rubro de otras contrataciones algunos procedimientos. Sí, cómo no. La figura de la cual se han realizado investigaciones a través de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. En este punto, ¿quién nos puede informar al respecto y qué seguimiento se le ha dado a ese estudio tan puntual que ha hecho la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey? Muchísimas gracias por sus respuestas puntuales.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Secretario.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: Para corresponder a este requerimiento, bueno, si me pregunta, hay una pregunta de la diputada Alcalá, Blanca Alcalá, que quisiera...
Bueno, tuvimos con ella, a partir de ciertos desastres que hubo en Puebla, por lluvia, terremotos, etcétera, pudimos establecer una serie de mecanismos que nos pudieron hacer más eficiente la atención de los damnificados. Y después este mismo método llegó a todos los estados y concluyó con lo que era el Fonden, para evitar que se trastocara el presupuesto ya establecido por un desastre. Ahora es otra la modalidad y lo que buscamos es la eficacia.
Puntualmente, primero, lo de las compras. Primer punto. Yo creo que aquí hay una idea de la opinión pública muy positiva, de que el método natural para las compras, debe ser la licitación. Y que esta licitación es el método natural y el que debe realizarse en cada una de las compras.
Pero, también hay una clasificación errónea, cuando se hace una licitación y queda de cierta, se vuelve a hacer y queda de cierta, ya se puede adjudicar y está en la clasificación de adjudicación directa, y no debe ser.
Cuando hay un contrato marco en donde se dan todas las condiciones y alguien se adiciona a ese contrato marco, ya se hizo la licitación y eso no debería estar en esta clasificación. Y cuando sucede algún caso de fuerza mayor o un caso fortuito, la ley dice, este es el método más importante. Sin embargo, le doy algunas cifras para que se vea que estamos trabajando en ese sentido.
Por ejemplo, en 2020, la licitación pública, sí, ocupó el 40 por ciento del gasto en compras. En este año, en lo que vamos, ya llevamos 55 por ciento, o sea, lo movimos 15 puntos hacia la licitación pública. Este es un cambio importante en 15 puntos porcentuales.
La adjudicación directa por montos de actuación. En 2020 fue de 7 por ciento. En 2021 va al 1.5 por ciento. La adjudicación directa por excepción, que es la que todo mundo cree, ¿verdad?, que debe eliminarse. En 2020 fue de 35 por ciento. Ese es el punto crítico que tenemos que atender. Y para 2021, llevamos ya el 27 por ciento, ya hemos bajado estos asuntos.
Ahora, en los casos fortuitos. Tres cosas son muy importantes, el caso fortuito nos lleva 14 por ciento en 2020 de los gastos en este asunto. Ahora llevamos el 21 por ciento. En costos sí, la ley establece que si no se tienen los recursos inmediatamente puede haber costos adicionales. Se gastó el 17 por ciento en este y ahora estamos en el mismo 17.
Cuando hay una patente no se puede comprar en ningún otro lado, es obligatorio comprar el que tiene la patente. Fue de 18 por ciento. Este año le bajamos un punto, va 17 lo que llevamos. Y el peligro de salubridad, 18 por ciento el año pasado y llevamos 16 este año. O sea, que estamos cuidando esta situación. Tenemos ya las estadísticas y las cifras. Y nos vamos a meter a la parte cualitativa, cuáles son las razones que dijeron los compradores para no llevarla a licitación. Y creo que eso es una tarea muy importante.
¿Cuándo se dejará? Yo creo, así en términos tajantes, nunca, porque es una posibilidad que se tiene y es legal y si hay alguien con patente, si hay un caso fortuito, entonces lo que tenemos que hacer es que efectivamente, la causa que nos permite la ley sea expresada cuando se hace la adjudicación directa. Para eso obviamente hay una voluntad de hacerlo.
El segundo punto que me dice usted, que hay, entiendo yo que hay muchos discursos sobre el combate a la corrupción. Pero, cuántas denuncias, cuántos detenidos, cuáles son los indicadores, etcétera. Esta es la preocupación.
En mi intervención le daba yo los indicadores, que no son nuestros, son de la sociedad civil y de organismos especializados que están indicando que hay una inflexión en este punto. Y no son indicadores nuestros, son indicadores de organizaciones civiles y del Inegi.
¿Cuántos detenidos? Esta cifra ya es de la Fiscalía, por eso está el sistema nacional anticorrupción. Lo que sí, las denuncias sí es nuestra y tenemos todas las cifras de las denuncias y las anuncié en este. Pero ya lo que dice la Fiscalía y la relación con los jueces ya esta es otra característica.
El caso de las empresas fantasmas, obviamente esta es una tarea primordial que se está haciendo con el SAT, con la UIF y con la Secretaría de la Función Pública, hay todo un programa. Estos son los puntos fundamentales.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Gracias, secretario. Corresponde la réplica al diputado René Figueroa Reyes. Adelante, por favor.
El diputado René Figueroa Reyes: Muy buenas tardes. Con su venia, presidentes, compañeros diputados. Señor secretario, no puedo dejar de reconocer su experiencia y trayectoria, usted es un excelente servidor público. Sin embargo, el día de hoy hemos escuchado nuevamente cómo en la actual administración, por su conducto, evade su responsabilidad de combatir la corrupción. Sí, señor secretario, usted también tiene la responsabilidad de combatir los actos y hechos de corrupción de la administración presente.
Ejemplos, ya hemos escuchado algunos, Ana Gabriela Guevara, Manuel Bartlett y sus 25 propiedades, a quien además ahora pretenden entregarle el monopolio de la luz a través de la ley Bartlett, pero déjeme recordarle algunos más que comprueban, una vez más, que para esta administración cuenta más el discurso que los hechos.
En junio de 2019, el ahora exdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, fue señalado por ser el eje detrás de una red de empresas farmacéuticas que venden a gobiernos y que buscaba ser contratista de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la mega licitación de medicinas que convocó la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Y qué decir de su antecesora, Irma Eréndira Sandoval, quien después de una investigación periodística, se vio en el ojo del huracán junto con su esposo John Ackerman, luego de que se revelara que cuentan con propiedades millonarias adquiridas en tan solo nueve años, cuando ambos se desempeñaban como académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, todas ellas fueron pagadas de contado y se encuentran ubicadas en zonas de alta plusvalía de la capital del país y en el municipio de Tepoztlán, Morelos.
Pero la corrupción al interior de ese gobierno también se dan los programas, es tarea de la actual administración, ya se mencionó por acá las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación en el diseño, operación y resultados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los cuales se evidenciaron otorgamientos de becas a servidores de la nación, centros de trabajo fantasmas y bases de datos poco confiables que repercutieron en el padrón de beneficiarios, es más, había servidores que cobraron aún ya fallecidos.
Pero, además también se había mencionado que no habría más impunidad en adquisiciones y contrataciones que hiciera el gobierno, y aquí señor secretario, permítame darle, decirle que yo tengo otros datos.
En este 2021 la adjudicación directa sigue siendo la forma favorita de connotación, ya que el 81.6 por ciento, repito, 81.6 por ciento de los contratos han sido entregados por esta vía, dando un total de 74 mil 639 millones de pesos. Mientras que, por licitación pública, solo se ha utilizado el 11.9 por ciento.
Recordemos también al doctor Jaime Cárdenas, quien apenitas cien días después al frente del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, presentó su renuncia acusando actos de corrupción en el organismo, manipulación en subastas electrónicas para apoyar a ciertas personas y la subvaluación de joyas y bienes ofertados al público.
Y qué me dice de el caso Pío-López Obrador, hermano del presidente, quien recibió el dinero de manos de quien iba a ser nombrado el zar anticorrupción.
Compañeras y compañeros diputados, las y los mexicanos exigimos funcionarios públicos comprometidos con México, por encima de caudillos o mesías. Nuestro país merece que este combate en contra de la corrupción pase de los dichos a los hechos. Si usted, señor secretario, está dispuesto a ser verdaderamente un funcionario que actúe.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Concluya, por favor.
El diputado René Figueroa Reyes: Cuente con las y los diputados de Acción Nacional. Precio su camino a seguir la demagogia y discurso vacío, entonces a nosotros encontramos esas críticas que le exijan cumplir con el juramento que hizo al tomar el cargo. Es cuanto. Muchas gracias.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Corresponde ahora la última rotación de esta ronda al Partido Morena. Tiene el uso de la palabra el doctor Juan Guadalupe Torres Navarro, para hacer sus preguntas. Diputado, proceda por favor.
El diputado Juan Guadalupe Torres Navarro: Con el permiso de las presidencias. Bienvenido, maestro Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública. El gasto federalizado es la asignación de recursos por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios, que se les da cada año a los estados y a los municipios, siendo para la mayoría su principal fuente de ingresos.
Sin embargo, en los gobiernos neoliberales la corrupción se hizo presente en la asignación y administración de dicho gasto. No es difícil saber cuál fue el resultado del gasto federalizado en administraciones estatales en los últimos 12 años, basta con mencionar algunos nombres para saberlo con claridad: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Guillermo Padrés. Ellos y 10 exgobernadores más del PAN, PRI y PRD fueron acusados de corrupción entre 2012 y 2017. En todas esas administraciones hubo anomalías en la transferencia de los recursos para la operación de programas regionales o municipales. Recursos que llegaron incompletos, o lo que es peor, nunca llegaron.
En ese mismo periodo, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones por casi 500 mil millones de pesos respecto a las Cuentas Públicas de esos 14 gobiernos. Cantidad equivalente a 2.5 veces el presupuesto para el ramo de salud, 1.6 veces el presupuesto de Bienestar propuesto para el 2022. Es claro que, para combatir el desfalco, el dispendio y la impunidad de los gobernantes debe existir una real y efectiva coordinación entre la federación y los gobiernos estatales. Además, una efectiva coordinación con los 32 órganos estatales de control, para homologar criterios y procedimientos. El gobierno de la 4T debe seguir trabajando arduamente para prevenir la corrupción, mediante el fortalecimiento de la vigilancia, la fiscalización y la transparencia. Y debe seguir trabajando para que la cárcel sea el único destino de los corruptos.
De ahí que le pregunto, señor secretario, cuál es la competencia de la Función Pública en la fiscalización del gasto federalizado. Cuál es la atención de los montos observados por parte de los gobiernos estatales. Por último, en qué consisten las principales observaciones formuladas en ese rubro por la secretaría a su cargo. Muchas gracias.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Señor secretario.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: Muchas gracias. Aquí requerimos una aclaración conceptual. Llamamos gasto federalizado a todo lo que va a los estados, pero no todo es federalizado. Son 2 billones de pesos, 2 billones los que van al gasto federalizado. De estos 2 billones la Secretaría de la Función Pública solo tiene atribuciones para fiscalizar aquellos gastos, aquellas inversiones que tienen recursos federales, que son transferidos mediante convenios con los estados. No tenemos las atribuciones porque esta es una discusión teórica de que sí, estos recursos son de los estados. Por lo tanto, la Secretaría de la Función Pública no puede intervenir porque eso sería atentar a la soberanía de los estados.
Quien sí tiene las facultades para fiscalizar la mayoría de estos recursos es la Auditoría Superior de la Federación, cuando se ha dado la Cuenta Pública, no antes. De esos 2 billones nosotros tenemos la posibilidad de fiscalizar 268 mil millones de pesos, que es mucho, pero es sobre 12 por ciento de todos los recursos que se van a los estados.
Ahora, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos en los estados? En ver los recursos que la Secretaría de la Función Pública tiene la obligación de vigilar. Primero es que se firman convenios con un pari passu, que significa que una parte la pone el estado y otra parte la pone la federación. Se dice que sí se firma, la federación envía la parte suya y luego el estado no pone la suya.
Técnicamente lo que debería de ser y es la tarea de la Función Pública, es retirar la parte que no puso el estado. Si el estado puso de la mitad de lo que le tocaba, entonces la federación debería quitarla. Pero en esto obviamente también mucho es sobre nómina, para pagar nóminas. Entonces, también aquí tenemos observaciones a los estados de que no cumplen lo pactado. Esa es una parte fundamental.
La segunda. Que lo utilizan, aunque lo utilicen para el sector, por ejemplo, en educación, lo utilizan, pero no para lo pactado sino para otras obligaciones que tiene el estado pero que no están convenidas en el convenio. Eso es. En ocasiones las menores también es que, de acuerdo a lo pactado, que es para educación o para agricultura, se dedica a otro ramo, que ese sí es distinto, entonces, aquí es donde nosotros exigimos el regreso de estos recursos.
En total, menciono le cierro las cifras, señor diputado, cuando nosotros llegamos en 2019 nos dejaron cerca de 55 mil millones de pesos como irregulares, es decir, hemos hecho un gran trabajo con todos los gobernadores, los gobernadores asisten a la reunión y un servidor también, y presidimos para poner en claro todo esto y ver cuál es la parte de corrupción y mandarla inmediatamente a la Fiscalía. Cuál es la parte de irregularidades y mandarlas al tribunal correspondiente, y cuando hay un daño al erario por culpa del propio Estado, que el Estado nos regrese el dinero a la federación.
De estos 55 mil millones de pesos que le estoy cerrando la cifra, ya hemos acordado más de 20 mil millones de pesos y estamos en un programa muy acelerado para que esto se aclare, porque se dejaba y se dejaba y después caducaban todas las responsabilidades. Estamos en un programa muy fuerte en este sentido.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Secretario, gracias. La réplica corresponde al diputado Azael Santiago Chepi.
El diputado Azael Santiago Chepi: (Habla en lengua originaria) Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su venia, presidentes. Sea usted bienvenido, señor secretario maestro Roberto Salcedo Aquino.
La historia de México, como todos sabemos, en las últimas décadas se caracterizó por ser un escenario donde prevalecieron los actos de corrupción e impunidad, actos que comprometieron la estabilidad política y el desarrollo económico del país.
Vengo a esta tribuna, compañeras y compañeros legisladores, a invitarlos para que sin simulación combatamos y erradiquemos la corrupción en todas las instancias de gobiernos, federal, local, municipal, para que los recursos públicos sean para combatir la desigualdad, para fortalecer el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos.
Fomentemos la cultura también de la denuncia, y para mí es un timbre de orgullo expresar que están fluyendo recursos públicos a muchos estados que antes estaban olvidados por administraciones anteriores. Prueba de ello es mi estado de Oaxaca, a los cuales les envió un cordial saludo a los 570 municipios, donde avanza. Hace falta mucho por hacer, pero se está consolidando la cuarta transformación.
Como primer eje rector del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador está la honradez y la honestidad. Para cumplir con ello, la Secretaría a su cargo, secretario, puso en marcha la implementación de nuevas tecnologías.
En octubre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emite la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones y sus lineamientos, que fortalece la fiscalización al permitir auditar en tiempo real el 80 por ciento de los recursos asignados para contratos de compras públicas en toda la administración pública federal.
Dicha herramienta permitirá vigilar y garantizar el cumplimiento de los contratos de adquisiciones de bienes y servicios por parte de la administración pública.
El gobierno de la cuarta transformación ratifica el compromiso con las y los mexicanos para continuar el combate sin tregua a la corrupción y la impunidad. Este es el gobierno del pueblo por eso avanza con paso firme hacia la renovación moral del servicio público. Este es el gobierno del pueblo por eso es cada vez y cada día más abierto y más transparente. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: Gracias, diputado Azael Santiago Chepi. Con esto concluimos la primera ronda de preguntas.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Ahora, pasamos a la segunda ronda de pregunta, respuesta y réplica. En esa virtud, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos el diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, para formular su pregunta.
El diputado Marcelino Castañeda Navarrete: Con su permiso, diputados presidentes. Bienvenido maestro Roberto Salcedo, una de las principales banderas del presidente ha sido el combate a la corrupción en el sector salud, esa fue la causa de la reforma constitucional para la creación del Insabi y la centralización en la Secretaría de Hacienda de la compra y distribución de medicamentos, así como la contratación con la Oficina de proyectos y servicios de las Naciones Unidas para este efecto, mucho han sufrido las y los mexicanos por la falta de operatividad del sistema que a la fecha no ha terminado de dar resultados y que ha causado muchísimas muertes.
En los últimos dos años, hemos visto recurrentemente la lucha de padres de familia por los niños que no tienen medicina ni tratamientos para el cáncer, los medicamentos oncológicos hacen falta a las mujeres víctimas de cáncer, hace falta los medicamentos para las personas con VIH. Las personas que tienen afectaciones renales y a muchas personas con tantos padecimientos, que han sufrido por el abandono del Estado mexicano, que no les proporciona ni atención ni medicamentos.
Reiteramos, hemos escuchado al presidente señalar que la corrupción del sector salud está presente en cada uno de sus aspectos, desde la construcción de hospitales, clínicas, la licitación y compra de medicamentos, así como su distribución, el acceso de pacientes a estudios de alta tecnología, incluso, la realización de procedimientos en centros de salud pública.
La pregunta es simple, secretario, ¿cuántas personas y empresas han sido sancionadas, denunciadas ante la Fiscalía General de la República, o presentadas ante la autoridad judicial?
Para solucionar este tremendo flagelo que afecta a todas y todos los mexicanos quisiéramos esta respuesta. ¿Cuántos millones de pesos han sido recuperados o se ha evitado que se pierdan por la corrupción?
¿Cuántas vidas se han salvado por haber combatido este terrible mal y qué tan cerca estamos de erradicar la corrupción del sector salud? Es cuanto.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: En primer lugar, el diseño de las adquisiciones, como ustedes conocen, es para romper todos los monopolios que había, de farmacéuticas que nos vendían a precios exagerados las medicinas y prácticamente teníamos que aceptar sus condiciones. Este es el modelo que se tenía a cambio de pagar una exageración en los medicamentos.
Entonces, se recurrió a la parte internacional para poder traer estos medicamentos. Se creó el Insabi como una institución especializada en las atenciones del medicamento, con todo el apoyo de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, para el acompañamiento a todas estas compras.
Por supuesto, la lucha con las farmacéuticas fue terrible, ustedes lo han visto, y por eso también nosotros, el gobierno acudió al mercado internacional con la ayuda de las Naciones Unidas, y de todas las medicinas que se tenían ya previstas están en el país, todas. El 95 por ciento de todas las medicinas ya están en el país.
Y se está haciendo toda una estrategia que ya el presidente anunció, que todas estas adquisiciones pasen a la Secretaría de la Función Pública para tener, perfeccionar la eficacia que se tiene. Esta es una. Las compras consolidadas exclusivamente, estoy hablando.
Y esto, obviamente la propuesta del presidente de la República les llegará a ustedes, de modificación a la Ley Orgánica, al artículo 37 de la Ley Orgánica. Y la idea es que la Secretaría de la Función Pública tenga la interpretación de la normatividad de adquisiciones. Esa es una parte.
Dos. Que tengamos el control de todas las adquisiciones. Y en el mes de octubre, ustedes se habrán enterado por la prensa que sacamos ya la bitácora electrónica, y el diputado anterior lo acaba de decir, la bitácora electrónica para las adquisiciones.
Esta bitácora establece desde la convocatoria a una licitación hasta el finiquito de todo el proceso, tendremos la huella de todo. Recuerden ustedes, en la parte de la mente de quien va a hacer alguna irregularidad, algún delincuente, siempre quiere borrar todas las huellas. Y nosotros, con esta bitácora tendremos todas las huellas. Esta es una cuestión muy importante.
El Insabi se está fortaleciendo. La Oficialía Mayor ha hecho un trabajo excelente en el control y en todas las negociaciones que hay. Y la Secretaría de la Función Pública ha estado inhabilitando, han quedado en firme ya siete inhabilitaciones, es decir, y con multas de varios millones de pesos.
Hemos promovido contra las empresas encargadas de varios juicios están todavía en litigio y tienen el sigilo procesal, ¿no?, y todo lo que han hecho estas empresas es retraso, en el cumplimiento de los plazos legales. Las deficiencias en las notificaciones, certificación, la falta de motivación para las sanciones correspondientes, ¿no? Entonces, con todo esto, llevamos la implementación de todo esto.
Tenemos sanciones a empresas por faltas o incumplimientos con motivo de la adquisición de medicamentos. Hemos sancionado a cinco proveedores con multas de más de 10 millones de pesos... para participar en los procedimientos con más de tres años.
Y el ISSSTE con el OIC, la Secretaría con su OIC en el ISSSTE ha impuesto 14 sanciones a proveedores con multas por un monto de 21 millones de pesos, ¿no?, entonces estamos aquí trabajando en esto.
En conclusión, el Insabi está perfeccionando, la Oficialía Mayor de Hacienda está asistiendo todas las contrataciones y la Secretaría de la Función Pública está acompañando para la regularización y la regularidad de todo el procedimiento.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Adelante, diputado Marcelino Castañeda, para la réplica.
El diputado Marcelino Castañeda Navarrete: Ojalá pudiéramos conocer esas sorpresas que están en juicio y qué proveedores fueron multados, pues erradicar la corrupción es un compromiso de todas y de todos nosotros.
Acusar sin fundamento es peligroso, pues vulnera los derechos de terceros. Esto lo comento, porque el Ejecutivo acusó y se señaló actos de corrupción con el compromiso de mostrar las evidencias en momentos breves. Han transcurrido tres años y es hora que no se han presentado o no conozco estas denuncias.
En el grupo parlamentario –no sé si tenga farmacéutica–, en el Grupo Parlamentario del PRD acompañaremos cualquier denuncia, pero tiene que estar documentada contra quien sean, contra Pío y contra quién sea, pero que esté documentado.
Nosotros exigiremos y acompañaremos siempre cualquier denuncia y castigo a quienes defrauden el erario, llámese como se llame. Nosotros jamás solaparemos la corrupción. Ojalá estos tres años que restan, sean de resultados. Muchas gracias.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Amalia Dolores García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para formular pregunta.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muy buenas tardes, maestro, muy bienvenido aquí a la Cámara de Diputados en esta comparecencia que es muy importante, porque teníamos el compromiso de luchar en contra de la corrupción, garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y hacer un mejor país.
En el caso de la Secretaría de la Función Pública, una de las tareas fundamentales que tiene, y es parte de lo que nos interesa en esta legislatura, es lo que dice la propia ley, lo que está establecido, vigilar que las servidoras y los servidores públicos se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones.
Esto es fundamental, son personas servidoras públicas las que deben apegarse a la legalidad, y en este ámbito, precisamente, hay un asunto que me parece que tenemos que poner también en el centro. Para apegarse a la legalidad se requiere investigación, pero se requiere también resultados y se requiere sancionar, de otra manera lo que se produce es impunidad.
Y yo quiero tocar aquí un asunto de la mayor relevancia, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, en un mundo globalizado, en la época de las tecnologías de la información en el que se han diseñado mecanismos extraordinariamente potentes e invasivos en la vida de las personas. Y me refiero a un caso que ha afectado no solo a México, sino a distintas naciones, el de la utilización de una herramienta, de un software, me refiero a Pegasus.
En el caso Pegasus, tenemos que poner la atención porque son instrumentos que se han aplicado, que pueden aplicarse ahora y que pueden seguirse aplicando en el futuro si no se toman medidas sustanciales.
Cuando se contrató Pegasus, que falta una información detallada de cómo se contrató, quién lo contrató, cuál fue la autorización para los recursos. Se sabe, se dice, se ha señalado, que fueron 33 millones de dólares destinados para la adquisición de esta herramienta tecnológica de este software.
La empresa israelita que es la que vende esta aplicación, lo que señaló y ha señalado, es para que se utilice en la persecución de delincuentes y frente al terrorismo. Y, sin embargo, en el caso de nuestro país, y eso es lo que preocupa, se utilizó y hubo un enorme escándalo, que además fue confirmado por Citizen Lab, una compañía canadiense de gran prestigio, que se estaba utilizando este software para el espionaje de periodistas, para el espionaje de activistas y defensores de derechos humanos, y también incluso de empresarios.
Esto resulta muy preocupante. Quiénes hicieron la denuncia. Bueno, ahí estuvo Carmen Aristegui. Y no solo Carmen Aristegui, sino Daniel Lizárraga, Salvador Camarena. Hubo otros periodistas como...
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Concluya, diputada.
La diputada Amalia Medina García: Concluyo. Loret de Mola, que hicieron la denuncia. Mario Patrón del Centro Pro Derechos Humanos, que estaba revisando el caso Ayotzinapa. Bueno, Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto para la Competitividad.
Yo deseo redondear esto con algunas preguntas. Cómo es que se dio esta adquisición para los organismos de seguridad del estado. Cuáles eran los protocolos que normaban su actuación. Quiénes decidían el manejo de este software que no era para la delincuencia ni para terroristas, sino que afectó a personas en nuestro país con un manejo político.
Y me parece sustancia señalar que esto es un asunto, no solo del pasado y no solamente tiene que concluir, sino que tiene que concluir, sino que son herramientas –reitero– que existen ya en el planeta y que tenemos que tomar medidas para que tengamos garantizada nuestra seguridad. Por sus respuestas, muchas gracias.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias. Tiene usted la palabra, señor secretario.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: Contestando a la diputada Amalia García. Pero comentarle que todo este procedimiento se realizó en los servicios de inteligencia... en los servicios de información de inteligencia de la secretaría... subsecretaría correspondiente y de la policía federal en concreto. Ahí se realizó toda esta operación, ahí se realizó toda esta operación. Y nosotros tenemos abierta la investigación, nosotros tenemos abierta la investigación para contestar precisamente las dudas que usted nos dice: quién lo adquirió, para qué se adquirió, por qué se utilizó en otras situaciones que no eran las de inteligencia. Y por supuesto nosotros estamos sustanciando este asunto y pronto lo tendrá la Fiscalía General de la República.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Adelante, diputada Amalia García, para la réplica.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Sí. Muchas gracias. Agradeciendo su respuesta, yo subrayaría que el artículo 16 constitucional establece con toda claridad que nadie puede ser molestado en su persona, excepto con mandamiento judicial. Es una garantía extraordinaria de nuestra Constitución. Pero también, como lo hemos dicho, la justicia que no es pronta y expedita no es justicia. Y este caso lleva ya un tiempo prolongado. Considero, con todo respeto, que ha habido lentitud en resolverlo.
Y además hay otra pregunta. Qué pasó con este software. Ha circulado la versión de que ya no se mantuvo la herramienta, de que cesó la licencia. Pero no tenemos ninguna información con certeza total de que sea así. Y lo que requerimos es que este tipo de instrumentos no se utilicen con nadie. México ha firmado la Alianza para los Gobiernos Abiertos, para evitar el espionaje que lesione a las personas. Además, el espionaje es un delito grave, que se castiga con una pena de 6 a 12 años de prisión. Quienes estuvieron implicados o implicadas, quiénes son, qué ha sucedido con ellos. Tiene que haber sanciones porque, como lo hemos reiterado y ayer en la instalación de esta comisión se señaló, cuando hay una investigación, cuando hay un hecho grave en materias como las que toca esta comisión, pero no hay sanciones, lo que se genera es un ámbito de impunidad. Y como se dice, cuando algo se hizo en el pasado y no se toman medidas para que se detenga, la historia se puede volver a repetir. Y no queremos que se repita ni en nuestro país ahora ni en nuestro país en el futuro. Muchas gracias.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para formular su pregunta.
El diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez: Muy buenas tardes a todos. Maestro Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, en el Tercer Informe de Gobierno se establece que el gobierno de México, como parte de la estrategia para abatir la corrupción, a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, implementó acciones para el fortalecimiento del Sistema de Contrataciones Públicas, entre los cuales destacan el establecimiento y operación de un modelo de compras consolidadas.
Esta estrategia también implica la coordinación centralizada de las Unidades de Administración y Finanzas de la administración pública federal, y la implementación de mejoras y nuevos módulos en el sistema electrónico de información gubernamental en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y obras públicas denominado Compranet.
Es evidente que el modelo de compras consolidadas ha afectado a grupos de interés que antes hacían jugosos negocios al amparo de un sistema de adquisiciones poco fiscalizado. Las adquisiciones públicas con vicios, como los concursos amañados o el cobro de comisiones irregulares eran una fuente de corrupción incontrolable.
Como se establece en el Tercer Informe, se han emprendido acciones y estrategias para mejorar los controles, los lineamientos y los procesos de fiscalización, a fin de evitar estas fuentes de corrupción e impunidad.
En este sentido, le pregunto, secretario Roberto Salcedo: ¿qué tanto ha mejorado en términos de honradez y eficiencia el sistema de contrataciones públicas en el actual gobierno federal respecto a los anteriores? ¿Cuántos y de qué naturaleza son los ahorros que el nuevo sistema de contrataciones públicas ha significado para la hacienda pública federal? Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Adelante, secretario, para su respuesta.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: Sí, gracias. Creo que hemos mejorado y las tecnologías de información nos han ayudado, señor diputado Ortiz Rodríguez. En primer lugar, la Secretaría de Hacienda, a través de su Oficialía Mayor, ha perfeccionado todo el desarrollo de una contratación consolidada.
Hoy en día no hay un cara a cara entre un servidor público y las posibles empresas o vendedores de productos que requiere el Estado. Hoy todo, todo es vía internet, todo es vía digital. No hay un contacto entre el servidor público y el ofertante. Ese es un avance enorme para contener la corrupción. Los ofertantes no saben quién le está contestando, quién está. Entonces, esto es un desarrollo de una plataforma electrónica muy importante y también en la parte de compras mayores que tienen a los testigos sociales que son expertos en compras y se les paga porque vigilen que todo esté correctamente.
Y, uno de los indicadores importantes son los procedimientos, las inconformidades en los procedimientos. Hoy en día estas han bajado, prácticamente. Tenemos también que todo el sistema de CompraNet se ha también modernizado para evitar que nadie lo pueda mover y se tengan todas las huellas, y, además, se ha puesto la bitácora electrónica para las adquisiciones que empezó a trabajar el primero de octubre de este año. Tenemos ya un control mayor y esperamos también evaluarlo para perfeccionarlo y evitar actos de corrupción.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muy bien. Diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, para su réplica.
El diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez: Maestro Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, gracias por sus respuestas. Es claro que existe una fuerte resistencia de los grupos de interés ante el nuevo sistema de contrataciones públicas implementado por el gobierno del presidente López Obrador, porque ahora el objetivo es evitar los tratos privilegiados, erradicar los sobreprecios y la complicidad de los servidores públicos en el saqueo de las finanzas públicas a través de contratos leoninos.
Los grupos de interés que amasaron enormes fortunas, creando un sistema de corrupción y saqueo en conjunto con funcionarios públicos de todos los niveles, ahora resienten las acciones correctivas de un gobierno honesto y popular. Por esa razón es de la mayor importancia que se consolide el sistema de contrataciones públicas que impulsa el gobierno de la República, ya que de esa forma se cuidan las finanzas públicas y se garantiza que en los contratos y las compras del sector público la prioridad sea el interés general y el bienestar social.
Tanto las contrataciones públicas como el modelo de compras consolidadas, junto a otras estrategias de prevención y castigo a la corrupción, contribuyen a la mejora del servicio público tanto en calidad como en integridad. Estos beneficios son ya tangibles y se conocen y entienden mejor a partir de la política de transparencia que impulsa el gobierno federal por medio del sistema electrónico de información gubernamental en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, denominado Compranet.
Es muy importante remarcar estos avances, así como acompañarlos con una estrategia más intensiva de vigilancia y prevención de cualquier riesgo de corrupción. La política de austeridad y combate a la corrupción permiten identificar, prevenir y castigar cualquier tipo de actividad ilícita.
Por eso es indispensable que la Secretaría de la Función Pública investigue a fondo todas las denuncias de conflictos de interés, todas las alertas de compras amañadas y todas las sospechas de corrupción. Con las herramientas que tiene, la Función Pública debe consolidarse como garante de la integridad, la honestidad y el bienestar. Es cuanto. Que viva la cuarta transformación.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la diputada Valeria Santiago Barrientos, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Adelante, diputada, para formular su pregunta.
La diputada Valeria Santiago Barrientos: Con la venia de los presidentes. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, maestro Roberto Salcedo Aquino, bienvenido, esta comparecencia nos permite dar cuenta del estado que guarda la administración pública federal, en específico de la conducción que en materia de gestión pública y combate a la corrupción ha realizado este gobierno.
Sin lugar a dudas, la Secretaría de la Función Pública tiene un papel muy importante en el impulso de la rendición de cuentas para lograr una administración profesional y eficiente que cumpla con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad.
El proceso de transformación social, iniciado hace tres años, ha dado cuenta de grandes avances en la percepción pública de combate a la corrupción permitiendo recuperar la confianza ciudadana en los servidores públicos, este proceso ha sido acompañado por la política de austeridad republicana que se propuso terminar con los vicios que imperaban en el pasado y que tanto laceraron la percepción ciudadana hacia el servicio público.
En nuestro grupo parlamentario entendemos que el mandato ciudadano fue el de conformar un gobierno austero al mismo tiempo que eficaz y eficiente, en este sentido le pregunto, ¿cómo ha beneficiado la política de austeridad implementada por el gobierno del presidente López Obrador al desempeño de la administración pública? ¿Cuáles han sido los avances y cuál es el objetivo de los siguientes tres años en materia de combate a la corrupción en el servicio público?
Finalmente, señor secretario, quiero expresarle el respaldo de nuestra fracción parlamentaria en la lucha por erradicar las malas prácticas gubernamentales y contar con la calidad de servidores públicos que nuestro país se merece. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Gracias. Tiene la palabra, secretario, para su respuesta.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: La política de austeridad, primero, desde el primer día el presidente prohibió que se remodelaran las oficinas, hubo una, no se podían comprar vehículos, se quitaban todos los choferes y solamente de subsecretario para arriba podía tener este servicio. Pero todos los directores, jefes de unidad no tenían.
Se quitaron todos los gastos de comidas para los funcionarios. También hubo un recorte en las estructuras gubernamentales, debo decirles el caso de la Secretaría, el último día del sexenio anterior eran 3 subsecretarios, el día 1 de diciembre éramos 2 subsecretarios: uno de Combate a la Corrupción, un servidor, y otro de Combate a la Impunidad, 2, un año después nada más quedé yo, como un subsecretario.
Y hubo en todas las secretarías también, la cancelación de muchas subsecretarías. Se quitaron, como u ustedes habrán visto, todos los viajes al extranjero, todos los viáticos se redujeron, se redujeron también los sueldos de los funcionarios y todo esto ha sido, como dirían en la parte romana, que es el que se me viene en cuanto caen los reyes se establece la República, la República es las cosas de todos, eso significa República, res publica, res, cosa, las cosas de todos. Y entonces, las cosas de todos hay que cuidarlas y no podemos tener aprovechamiento de ellas sino deben estar al servicio de las atribuciones que tenemos para servir a los demás. Por eso somos servidores públicos.
En este momento la cifra, nada más que en el periodo de 2019 al 2018 nos ahorramos 145 mil millones. En el periodo de julio de 2020 a julio de 2021, 80 mil. En total llevamos cerca de 300 mil millones de pesos de ahorro, con la sola política de austeridad.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Tiene la palabra la diputada Valeria Santiago, para su réplica, hasta por tres minutos.
La diputada Valeria Santiago Barrientos: Señor secretario, le agradezco mucho sus respuestas. Después de su exposición, nos damos cuenta de lo necesario que es seguir impulsando el combate a la corrupción y la política de austeridad en el ejercicio del servicio público.
Coincidimos con su visión y confiamos en su liderazgo para dirigir la política de combate a la corrupción. Estamos ciertos que esto exige la coordinación de distintas unidades administrativas para sancionar las conductas contrarias a la ley y que no tendrá reparo en iniciar los procedimientos correspondientes cuando así lo amerite la situación.
Verificar que los recursos públicos sean utilizados para el beneficio de la población, por supuesto que no es una tarea fácil, a pesar de su gran relevancia, por lo cual entendemos que el proceso para erradicar las malas prácticas de gobierno serán un proceso que se lleve tiempo y que requerirá grandes esfuerzos.
Estamos ciertos que las acciones hasta ahora realizadas para abatir las malas prácticas van en la dirección correcta y que en los tres años que restan a la actual administración, se seguirá impulsando un control estricto en el desempeño de la Función Pública.
En el Partido Verde estamos a favor de los mecanismos impulsados por la presente administración, en aras de una mejor gestión pública y de contar con las herramientas necesarias para lograr su eficacia.
Refrendo de nueva cuenta el compromiso de las y de los diputados de mi bancada, para cerrar filas con el gobierno federal y con la Secretaría a su cargo, para seguir poniendo énfasis en las acciones de combate a la corrupción y la impunidad, que hoy nos exigen los ciudadanos poner en un lugar prioritario de la agenda pública. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Karla... El diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del PRI, para formular su pregunta.
El diputado Jaime Bueno Zertuche: Qué tal, muy buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso de las presidencias. Bienvenido, señor secretario, celebramos mucho su presencia aquí, su disposición para dialogar, para discutir este tema, que es de suma importancia para nuestro país, que es un gran reto y que exige el compromiso y la responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros, desde cada una de nuestras trincheras.
Yo me voy a referir a un asunto muy concreto, que muchos de ustedes recordarán, compañeras, compañeros y que sucedió el pasado 30 de junio del año 2020, cuando la Secretaría de la Función Pública pues fugó información. Cerca de 835 mil registros de servidores públicos federales fueron expuestos en la red, en el internet. Cerca de 58 por ciento de compañeros trabajadores en la administración pública federal se vieron vulnerados en la protección de sus datos personales y quedaron expuestos, incluso a la comisión de delitos, como el robo de identidad.
La información, muy sensible, desde ingresos hasta bienes inmuebles, RFC, CURP, cuentas bancarias, domicilios particulares.
Por lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ordenó a la dependencia a su cargo, señor secretario, investigar los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes. Pero, a un año, a más de un año del incidente, no se ha reportado ningún resultado en concreto.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos conscientes de su reciente designación como secretario. También sabemos que ese grave error no puede imputarse a su gestión. Pero, sí debemos señalar que la institución sigue sin responderle a todos esos empleados de la administración pública federal que entregaron sus datos y, en general, al pueblo de México.
Conocemos de su trayectoria, secretario, en la Función Pública y estamos seguros de que usted también es sensible a esta situación. Por lo cual le pregunto, ¿qué medidas ha tomado para subsanar la filtración de datos? ¿Cómo ha reparado el daño de las personas afectadas? ¿Qué acciones se han realizado para encontrar al responsable de dicha filtración? Muchas gracias, secretario, gracias a todos por su atención.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias, diputado Jaime Bueno. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para su respuesta, el secretario.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: Sí. En junio precisamente de ese año, del año pasado, se estaban perfeccionando las plataformas y se estaba creando un nuevo sistema que trabajaba con datos reales, alimentado del sistema DeclaraNet y del Registro Único de Servidores Públicos, y estuvo expuesta, como dice el señor diputado, estuvo expuesta en este ejercicio de perfeccionamiento de la plataforma, estuvo expuesta y quedaron al libre acceso de quien pudiera ver.
Esta vulneración de datos fue fundamentalmente de las declaraciones patrimoniales, datos del registro federal de contribuyentes, de la Clave Única del Registro de la Población, del sexo, etcétera. Lo primero que se hizo fue notificar al Instituto Nacional de Transparencia, al INAI, la vulneración ocurrida, eso fue inmediatamente. Se iniciaron los procedimientos de investigación y resultaron varios procedimientos y que están tres expedientes abiertos.
El INAI nos dio la resolución diciendo que teníamos que cumplir diez medidas para atender esta vulneración de los datos. La Secretaría está atendiendo los diez y con una proyección de terminar el día, diciembre, antes de que termine el mes de diciembre.
Lo más importante que nos dijeron es la actualización del documento de seguridad aprobado por el propio Comité de Transparencia del INAI. Notificamos a todas las personas cuyos datos estuvieron expuestos y le notificamos lo que había sucedido y se puso también como indicación un banner en el portal de DeclaraNet, de lo que había sucedido.
Estamos concluyendo las últimas condiciones técnicas que nos puso el INAI, y estamos en contacto con él y esperamos la visita del INAI en el mes de diciembre para toda la parte técnica, qué salvar y que esto no vuelva a suceder.
A su vez, se abrieron los expedientes de investigación para ver los culpables, tenemos varios culpables que están ahí y están haciendo ya las últimas partes de la circunstanciación y también pensamos que en el mes de diciembre cerramos el caso con las sanciones a los culpables de esto. Estamos muy atentos.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Karla Ayala Villalobos, para la réplica.
La diputada Karla Ayala Villalobos: Con su venia, diputados presidentes. Muchas gracias por su respuesta, señor secretario. El error que se cometió por la Secretaría de la Función Pública el año pasado vulneró los derechos de las y los funcionarios federales, ya que los expuso a un riesgo innecesario, convirtiéndolos en posibles víctimas del delito de robo de identidad.
Por lo que acabo de comentar es fundamental establecer e implementar acciones concretas y eficaces, para que se permita castigar al culpable y que también exista la reparación del daño. De verdad creo que este tipo de situaciones no deben de repetirse. La Secretaría de la Función Pública debe emprender las medidas necesarias para proteger nuestros datos como servidores públicos.
Señor secretario, en el Grupo Parlamentario del PRI, como diputada y como joven, tengo la firme convicción y tenemos la firme convicción, de que la protección de los datos personales es fundamental para garantizar los derechos que tenemos a la seguridad y a la intimidad, porque todas y todos tenemos derecho a tener una vida privada.
Nada más para decirle que agradecemos su presencia. Agradecemos que nos esté escuchando y tomando en cuenta todos los comentarios. Y pues también agradecerle todas las medidas que se han implementado y esperamos que continúe trabajando para que se puedan esclarecer estos penosos hechos. Muchas gracias.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias, diputada Karla Ayala.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Tiene la palabra, hasta por tres minutos para formular su pregunta, la diputada Sonia Murillo, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Sonia Murillo Manríquez: Con la venia de las presidencias. Buenas tardes, señor secretario, maestro Roberto Salcedo. Bienvenido. Bienvenido a este recinto y a este ejercicio republicano. La transparencia y la rendición de cuentas son un mecanismo esencial en la gobernanza.
En Acción Nacional queremos para México un buen gobierno, que cumpla sus funciones con responsabilidad, eficiencia, eficacia, efectividad y honestidad. La administración pública debe organizarse y operar bajo criterios subsidiarios y enfocados a la generación de bienes públicos. Se debe formar una base de personas en el servicio público a partir de un sistema profesional de carrera que sustente un desempeño gubernamental imparcial y con los perfiles adecuados.
Señor secretario, los deportistas destacados en diversas disciplinas que representan al país en competencias internacionales son un orgullo nacional, por lo que deben ser apoyados por el Estado de forma transparente. En 2019 fueron publicados en diversos medios de comunicación, impresos y digitales, artículos y reportajes relacionados con anomalías cometidas por la actual administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en los que se señala que habrían gastado alrededor de 72 millones de pesos del presupuesto 2019 para contratar, de manera irregular, a amigos y familiares en 306 contratos que requerían perfiles específicos para atender a los deportistas de alto rendimiento.
En este sentido, secretario, cuál ha sido el resultado de las indagatorias correspondientes a las denuncias presentadas ante el órgano interno de control de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte relacionadas con irregularidades sobre contrataciones y pagos de prestaciones de servicios profesionales. Todo esto proveniente del Capítulo 3000.
Ahora, cuántas denuncias, quejas e investigaciones en el gobierno federal se han detectado y atendido al respecto. Asimismo, cuál es su diagnóstico de la secretaría respecto a las reglas de operación el Programa de Cultura Física y Deporte para el siguiente ejercicio, 2022, para la entrega de apoyos a atletas de alto rendimiento. Y cuáles son sus ventajas en materia de transparencia respecto del extinto Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto rendimiento.
Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública informó que inició las operaciones de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), nueva herramienta en línea, con la que vigilará de principio a fin el cumplimiento de los contratos de bienes y servicios, como bien usted lo señaló ahorita en su comparecencia. Sin embargo, ya existe la Plataforma Nacional de Transparencia, que es un instrumento informático oficial a nivel estatal y federal para gestionar solicitudes de información.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Concluya por favor, diputada.
La diputada Sonia Murillo Manríquez: Señor secretario, qué beneficio tendrá con esta plataforma y cómo evitará la secretaría a su cargo la duplicidad de funciones y sobrecarga de información con respecto al Sistema de Portales de Obligación de Transparencia. Por su respuesta, muchas gracias.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias. Tiene usted la palabra para su respuesta, señor secretario.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: Sí, efectivamente, se denunciaron por 77 millones que se habían entregado como apoyos a entrenadores, deportistas y en los programas de alto rendimiento. La secretaría realizó 3 auditorías a la Subdirección de Calidad para el Deporte, para el otorgamiento, aplicación y comprobación de esos 77 millones. Se emitieron con estas 3 auditorías 6 observaciones por un monto superior a los 50 millones. De los 77, 50 millones tenían irregulares.
Entonces, aperturamos las investigaciones correspondientes y se pasaron al área sustanciadora por el indebido ejercicio y comprobación de recursos por parte de entrenadores, así como parte de las federaciones.
De las faltas no graves derivaron 14 sanciones, destacando la destitución y posterior inhabilitación por 6 meses y un año al subdirector de calidad, así como al director de alto rendimiento y suspensión de 6 meses a la jefa del Departamento de Inversión y Evaluación.
Los expedientes de conductas graves, que yo creo son a las que usted se refiere, se remitieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución, y estamos al pendiente de cada movimiento del Tribunal. Eso es fundamentalmente y estamos atentos a lo que está sucediendo, como decía, en Conade.
La perspectiva es que pongamos reglas de operación más robustas y una supervisión más firme para que los recursos para los atletas de alto rendimiento les lleguen a los atletas de alto rendimiento y les sirvan a ellos, a los beneficiarios finales. Eso es lo que queremos y tengo dentro del... El asunto está en mi escritorio, encima. Es una de las prioridades que tengo.
Respecto a la transparencia, y a BESA. BESA no duplica a otras tecnologías, no duplica a otros sistemas, es una plataforma muy específica para las adquisiciones, tardamos en construirla un año y la hicimos con recursos propios, y ahí se va a ir dejando huella en cada uno de los pasos que son muy específicos de todo lo que dice la Ley de Adquisiciones, de tal manera que en algún momento podamos verlas en tiempo real, podamos ver las irregularidades y actuar inmediatamente, no duplica. Quizá cuando se termine el finiquito de una adquisición eso sí pase a las otras plataformas, la parte final. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias, secretario. Para hacer uso de la réplica correspondiente, tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante diputado.
El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados. Secretario de la Función Pública, maestro Roberto Salcedo Aquino, sea usted bienvenido. Señor secretario, si bien usted no es culpable de los nulos resultados hasta el día de hoy de la dependencia que recientemente encabeza, sí es corresponsable de no cumplir con el objetivo fundamental que es combatir la corrupción en el gobierno federal.
En Acción Nacional hemos señalado en múltiples ocasiones que la lucha contra la corrupción y la impunidad del presidente de la República es solo en el discurso. Que la lucha contra la corrupción y la impunidad del presidente de la República es una vil mentira. Que la lucha contra la corrupción y la impunidad del presidente de la República es una de las grandes promesas de campaña incumplidas y el tiempo, señor secretario, nos ha dado la razón y las pruebas sobran. Desde el lamentable caso del ex súper delegado del estado de Jalisco, Carlos Lomelí, sancionado e inhabilitado por su antecesora, pero a quienes nuestros tribunales absolvieron por una conveniente falla en la fundamentación de su resolución, hasta las múltiples pruebas de corrupción que el presidente ha dicho tener, pero nunca exhibir, dan cuenta de todo ello.
El 8 de octubre de 2020, el presidente de la República ofreció que en 10 días presentaría el diagnóstico de corrupción por el que se desaparecería los fideicomisos públicos que atendían las estancias infantiles, los refugios para mujeres víctimas de violencia, enfermedades catastróficas como cáncer de mama, cervicouterino, entre otros, o los desastres naturales, el Fonden.
Después de más de 365 días seguimos a la espera de ese diagnóstico y de las pruebas de corrupción, pero principalmente de los responsables de esa corrupción señalada por el titular del Ejecutivo. En cambio, las madres y padres de familia de nuestro país se quedaron sin dónde dejar a sus hijos para ir a trabajar. Las mujeres golpeadas se quedaron sin un lugar seguro donde ser protegidas. Familias enteras sin recursos para el pago de enfermedades incosteables y los estados y nuestros municipios sin recursos para atención ante desastres naturales.
Señor secretario, en los hechos el combate a la corrupción y la impunidad simple y sencillamente no existe en este gobierno. El día de ayer durante la instalación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el auditor superior ha señalado en múltiples ocasiones el centenar de denuncias de corrupción interpuestas ante la Fiscalía General de la República, y además más del 80 por ciento de los contratos que se celebran son adjudicados de manera directa como otros ejemplos.
Señor secretario, todo esto es corrupción. Ojalá y usted esté decidido a realizar el trabajo que su antecesora no hizo. En Acción Nacional deseamos sea usted un verdadero motor del cambio de nuestro país cumpliendo con su deber, y si es así, cuente con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional para trabajar conjuntamente. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena, para formular su pregunta. Adelante, diputada.
La diputada Inés Parra Juárez: Buenas tardes a todos. Hablar de cambio de régimen y de la cuarta transformación es referirse al combate frontal contra la corrupción y estar en contra de los vicios del viejo régimen, como el nepotismo, clientelismo, autoritarismo, condicionamiento, compadrazgo, etcétera.
Lamentablemente, aún persisten inercias, señor secretario. A tres años del gobierno del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, las escaleras se empezaron a barrer en los peldaños de arriba, en lo más alto, no así en los peldaños medios y bajos. Aún quedan muchos pendientes por barrer y me refiero, señor secretario, a los pendientes que hay que limpiar y corregir en la Secretaría del Bienestar.
Aún en esta Secretaría se continúa con las viejas mañas del condicionamiento en la entrega de los programas sociales con fines de promocionar candidaturas locales, el clientelismo y sectorización a través de los necios intermediarios que se niegan a desaparecer a pesar de que estos son delitos electores sin derecho a fianza, según la última reforma al artículo 19 constitucional.
Se continúa con el nepotismo en la asignación de los cargos de base de la Secretaría del Bienestar y en el desvío de los recursos públicos, y a las pruebas me remito, en octubre de 2019 le presenté en comparecencia a la entonces secretaria del Bienestar, María Luisa Albores copias de un expediente de denuncias contra funcionarios del bienestar de nivel distrital.
Se me turnó a la Secretaría de la Función Pública que aún encabezaba Irma Eréndira Ballesteros y hasta la fecha no se han hecho caso a las denuncias, se tuvo una actitud evasiva por parte de la exsecretaria Eréndira y no se ha tenido respuesta hasta el momento por parte de la Secretaría de la Función Pública que no ha corregido la corrupción y no se ha sancionado a los funcionarios públicos señalados, bueno ni siquiera amonestado y continúan campantes corrompiendo al servicio público para el combate a la corrupción se debe sancionar y castigar a los funcionarios corruptos si esto no se hace la Secretaría de la Función Pública mera instancia de simulación.
Le comento el modelo preventivo para corregir la corrupción, ya un modelo agotado se debe pasar al modelo punitivo y de sanción ejemplar contra todo aquel funcionario detectado como corrupto, castigo ya.
Señor secretario, ¿se están corrigiendo los vicios al interior de la Secretaría del Bienestar que aún persisten del viejo régimen? ¿Se tiene la intención de corregir el nepotismo en la asignación de cargos medios y de base de la Secretaría del Bienestar? ¿Se está castigando al funcionario del Bienestar que sigue condicionando los Programas del Bienestar con fines electorales? ¿Cuántos funcionarios de la Secretaría del Bienestar están ya en un proceso penal por actos de corrupción detectados? ¿Cuántos funcionarios del Bienestar han sido separados del cargo por hechos de corrupción?
Hay un confuso debate al interior de Morena, como partido en el gobierno sí se debe de ser crítico o no a los hechos de corrupción detectados en la Función Pública. Yo soy partidaria por la crítica y los señalamientos puntuales de hechos de corrupción, esto para su corrección y castigo.
Señor secretario, no dé argumentos a la oposición de que no hay cambios en el combate a la corrupción, en este cambio de régimen mano dura contra todo aquel funcionario corrupto, la Secretaría de la Función Pública debe ser, y lo diré de manera dura, la instancia de caza corruptos, o el combate a la corrupción será mera simulación y un catálogo de buenas intenciones. La crítica, cuando se sabe procesar, ayuda a combatir la corrupción.
Señor secretario, no tenga miedo, tenemos que actuar. Tome nota y actúe para mejorar y limpiar el servicio público federal de corruptos. Gracias, buena tarde.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Gracias, diputada. Tiene usted la palabra, secretario, para su respuesta, hasta por cinco minutos.
El secretario Roberto Salcedo Aquino: Muchísimas gracias a la diputada Inés Parra. Debo decirle a la diputada y a todos ustedes que la lucha contra la corrupción es real, es muy concreta y empieza desde que se dice, la parte de la Fiscalía General de la República, que nadie lo había querido hacer, queda como un ente autónomo para evitar que la política se meta en los asuntos de la corrupción y esta se sancione.
Debo también recordar que ha habido muchos embates contra la Secretaría de la Función Pública y dos muy concretos para desaparecerla. En un primer caso ya se quería desaparecer totalmente, y en otro, mejor no se le nombró a nadie, solo un subsecretario encargado del despacho para mantener a la Secretaría.
Ahora tenemos una Secretaría que ha sido fortalecida, todos los servidores, teníamos mil 200 que pagábamos nosotros y los demás los pagaban los entes a los que revisábamos. Ahora tenemos 2 mil 500 y los pagamos nosotros. La Secretaría en términos presupuestales ha crecido. En términos también de apoyo del presidente, tenemos todos los apoyos del presidente para las tareas contra la corrupción y la impunidad. En eso no tenemos nosotros... Y creo yo que, las inflexiones que yo decía al principio, no son gratuitas, no son porque hay una inercia. No. La inercia era al revés, es decir, era hacia mayor corrupción, mayor impunidad. Y el punto de inflexión nos ha sido realmente muy complicado, pero ya lo dimos, ahora es continuar con esta situación.
Para los asuntos de bienestar. Tenemos nosotros 79 denuncias de presuntas faltas administrativas atribuibles a funcionarios de la Secretaría. Y tenemos ya 75 en investigación, 75; de estas 76 ya se abrieron 75, nos falta solamente uno por falta de evidencias, que las estamos buscando.
Las denuncias con mayor incidencia son incumplimiento de las reglas de operación de los programas sociales, fundamentalmente, conflictos de intereses, nepotismo y desvío de recursos públicos. Hemos clasificado las 75, esté usted tranquila, que la lucha contra la corrupción es de verdad, es concreta.
Y tenemos nosotros, también, otras investigaciones sobre otros desvíos en comedores comunitarios. Entonces, vamos en concreto y vamos sobre los hechos irregulares, porque estamos combatiendo a la corrupción con seriedad, con pasión. Muchas gracias.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Gracias, secretario. Para hacer uso de la réplica correspondiente tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado José Guadalupe Ambrocio, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz: Gracias. Con su venia, diputados presidentes de las comisiones que coordinan y que han hecho posible esta importante comparecencia. Maestro Roberto Salcedo Aquino, le agradecemos sus puntuales respuestas y también esa apertura al diálogo, que lo caracteriza y que hoy nuevamente hace patente. Diputadas, diputados, representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos, todos.
Yo quisiera iniciar haciendo un recuerdo a diciembre de 2018, cuando inició el gobierno de la cuarta transformación, en la entrega-recepción que se hizo de los gobiernos nos llevamos varias sorpresas y una de ellas tiene que ver con temas que se han hablado hoy, en este día y solamente señalaré alguno de ellos. No había padrones de los programas sociales federales que se ejercían en todo el país.
Y dice un dicho que, En arca abierta, hasta el más justo peca. Ahí sí, compañeros, compañeras, había y todos sabíamos, era un secreto a voces, de que había una gran cantidad de nombres de personas ya fallecidas, pero que seguían cobrando en los programas. Que había también personas que cobraban dos o tres veces en un mismo programa, avalado con alguien, con el que se decía que tenían buena amistad y que seguro había algún moche. Y hoy ese es uno de los grandes avances de los que tiene y presenta este gobierno de la cuarta transformación.
Debemos de reconocerlo, porque es una realidad. El combate a la corrupción es de a de veras y hoy, con lo que nos ha dicho el maestro Roberto, de las herramientas que tiene, una que yo reconozco es el SIIPP, que es el sistema integral de información de padrones de programas federales.
Hoy podemos contar con programas, con padrones de programas como Sembrando Vida, por decir alguno, Sembrando Vida, en el que tenemos de carne y hueso, podemos investigar y saber a quiénes se les hacen llegar esos recursos que, por cierto, este gobierno hoy está entregando de manera personal, ahora ya no se necesitan padrinos para recibir los recursos.
Quisiera hacer la invitación a todos los que hemos participado y a los presidentes de las comisiones, que pudiéramos tener un calendario acordado con el secretario de la Función Pública, porque yo veo que hay pues mucha inquietud y ganas de participar en estas tareas.
Yo les pediría que si así lo consideran y lo tienen a bien, que pudiéramos armar este calendario para tener una comunicación permanente con el secretario de la Función Pública y pudiéramos aprovechar todo ese bagaje y esa riqueza intelectual y académica que aquí hemos escuchado.
Y, para terminar, señor secretario, a nombre de la fracción parlamentaria de Morena, le reiteramos nuestro respaldo para que continue el combate a la corrupción y a la impunidad, que tanto ha perjudicado a los mexicanos. Muchas gracias.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Muchas gracias, diputado. Con la intervención hemos finalizado la segunda ronda de preguntas y respuestas y réplicas.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Continuando con el orden del día, daremos paso al mensaje de cierre de las presidencias de las comisiones unidas. Tiene usted la palabra, presidente Romero Hicks, para emitir su mensaje.
El presidente diputado Juan Carlos Romero Hicks: En todos los parlamentos serios del mundo, la función más estratégica y enfática es la de control parlamentario y control político, y lo que los mexicanos no quieren es que seamos un querer legislativo, quieren que seamos un Poder Legislativo. Y hoy hemos escuchado la pluralidad y se han tomado reconocimientos muy importantes.
Partiendo de los principios que establece la Carta Magna, artículo 134, el gasto debe ser eficiente, eficaz, económico, transparente y honesto. ¿En qué medida se logra? Esa es la respuesta que tenemos en búsqueda.
El propio secretario, y agradezco su trayectoria y su sencillez y su compromiso, nos advierte que el 80 por ciento de la corrupción está principalmente en las adquisiciones y en obras públicas, ya nos desliza una posible agenda para lo que tenemos que trabajar de manera colegiada.
El presidente de la República tiene ese compromiso, ha establecido el anuncio de equidad a Naciones Unidas, al igual que lo han hecho diez presidentes de la República, para establecer el tema de la corrupción. Pero hay que huir de los espejos, de las percepciones y la realidad. Lo importante es entregar resultados.
El señor secretario ha asistido ya a ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Primero, hace poco, en el Senado de la República, en donde estableció temas de control interno, fiscalización, la investigación de actos de corrupción, evitar conflictos de interés en la administración pública federal, el cumplimiento de metas presupuestales, la profesionalización.
Sin embargo, flotan y siempre se pueden mejorar los temas que tiene una preocupación colectiva, las compras públicas, la alta prevalencia de adjudicaciones directas, seguramente es un tema que tendremos que evaluar con prudencia y con seriedad. La compra de medicamentos, los controles en la entrega de apoyo y las reglas de operación en su aplicación en la política social. Algunos escándalos de corrupción que hoy han sido mencionados y que esperemos que opere el Estado de derecho.
Nosotros hemos recibido algunas sugerencias que seguramente se plasmaran en su oportunidad en los programas de trabajo de ambas comisiones. Y además quiero destacar, que hay personas que están, afortunadamente, en ambas comisiones, y así las cosas habremos de clasificarlas en diferentes categorías. Uno, lo que es política pública. Dos, lo que es legislación. Tres, lo que es rediseño institucional. Y cuatro, lo que tendrá que ver con financiamiento, en su momento.
Aquí se han establecido aspectos de necesidades muy importantes. Uno, la revisión del Sistema Nacional Anticorrupción, si funciona a la altura del diseño que muchos del Senado de la República trabajamos hace años. Dos, el Sistema Nacional de Transparencia. Tres, el Sistema Nacional de Fiscalización. Cuatro, todo lo que tiene que ver con los archivos y el Archivo General de la Nación y el acompañamiento de instituciones autónomas, como es el caso del Inegi, que mide temas de percepción y de realidad de corrupción o es el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información, entre otros.
Hay muchos aspectos donde tendremos que trabajar de manera muy activa, en la transparencia, el gobierno abierto y los datos abiertos. En la parte de la detección a tiempo de los actos de corrupción. El control de la impunidad. El mejor rediseño de los sistemas ya mencionados.
Y en todo esto podríamos establecer aspectos como los siguientes: primero, necesitamos un diagnóstico sobre cómo la administración pública federal nos garantiza, a todos, el derecho a la información y lo mismo los demás órdenes de gobierno. Segundo, modificar los formatos de declaración de situaciones patrimoniales, para asegurar el cumplimiento del principio de máxima publicidad. Tercero, la revisión de un catálogo de puestos, de que algunos de ellos son sensibles y están sujetos a mayor riesgo y hacer la investigación de la evolución patrimonial de los funcionarios. Cuarto, lo que mucho podemos aprender son las mejores prácticas internacionales para la debida verificación de temas, como el que acabo de mencionar, como es el caso de la evolución patrimonial. Quinto, abrir esto cada vez más a la sociedad civil, a grupos especializados, a organizaciones que nos pueden ayudar mucho en el mejor trabajo que se espera para el Congreso mexicano.
Sexto. Retomar las buenas prácticas de establecer la obligación de presentar informes trimestrales, tanto físicos como financieros.
Séptimo. Y sé que el secretario estará viéndolo ya desde ahora. Habrá que ir previendo, y no es un anticipo ocioso, la entrega-recepción del señor presidente de la República. Y que se documenten las acciones de gobierno para la historia y para la sensibilidad crítica a que aspiran todos los mexicanos.
Octavo. También se necesita revisar el estándar de contrataciones abiertas, para que otros organismos y las mejores prácticas puedan acompañar. Asimismo, es muy importante establecer el principio de protección a denunciantes. Pero no como el caso que vivimos el fin de semana, que es una vergüenza para los mexicanos, del ex director de Petróleos Mexicanos como testigo protegido.
Y finalmente. Una de las grandes tareas será, entre otras, revisar estos sistemas. Ya existen en Constitución las dos grandes reformas, la de 2014, la de Transparencia, y la de 2015, la Anticorrupción y las leyes reglamentarias. No queremos excusas. La ciudadanía lo que quiere son resultados, resultados y más resultados. Y estos asuntos se convierten en un tema de Estado, y no debe admitir sesgos ni de partido ni de ideología. Es un tema muy serio. Algún día esto se revisará y a todos nos preguntarán: dónde estabas, qué hiciste, qué dejaste de hacer. México es un gran país, necesita a sus hijas y a sus hijos para poder trabajar con la dignidad de que lo más claro es lo más decente. Cuánto vale la verdad en este país, cuánto vale la legalidad, cuánto vale la confianza que nos debemos entre mexicanos.
Señor secretario, usted tiene un gran reto. Nosotros también. Cada quien en el camino nos vamos a seguir encontrando. Esperamos cada vez más resultados, más contundencia. Muchas gracias.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Señor secretario, deseo en primer término reconocer su disposición para realizar este ejercicio de rendición de cuentas de nuestro régimen republicano.
Maestro Roberto Salcedo Aquino, la comisión que me honro en presidir reconoce su trayectoria profesional, en particular su paso por la Auditoría Superior de la Federación, en la cual fungió como auditor especial de desempeño.
Usted conoce y comprende perfectamente los alcances y las limitaciones de las tareas de fiscalización. Sabe que el éxito o el fracaso en el combate a la corrupción y a la impunidad no puede ser mérito o responsabilidad de una sola persona o de una sola institución, sino que es el producto de una auténtica coordinación de cooperación entre un conjunto de diversas instituciones de los tres Poderes de la Unión.
Reconocemos los esfuerzos que la Secretaría de la Función Pública ha realizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, pero es del interés de esta comisión que presido hacer las gestiones necesarias para que se profundice el diálogo y las sinergias entre la secretaría a su cargo y la Auditoría Superior de la Federación. Porque ambas instituciones, desde sus respectivos ámbitos de competencia, concurren hacia un mismo fin: cerrar el paso a las prácticas de corrupción y terminar con la impunidad.
Asimismo, consideramos que para lograr los avances más sustanciales en el combate a las múltiples formas de corrupción es necesario que la Secretaría de la Función Pública profundice su vinculación con otras instituciones. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera. Los esfuerzos aislados no suelen dar resultados sólidos, estos se logran solo con el concurso y el compromiso de diversas instituciones del Estado.
Sobre los avances que usted nos ha expuesto como parte del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, debemos reconocer que aún hay importantes retos por atender, en especial lo relacionado con las adquisiciones del gobierno federal a través del mecanismo de asignación directa. Por ejemplo, todavía quedan muchas dudas en la ciudadanía acerca de los posibles hechos de corrupción en las compras públicas de diversos insumos durante la contingencia sanitaria del Covid-19.
Consideramos que, a partir del análisis de la información proporcionada por la Encuesta sobre Retos de Fiscalización, aplicada a los 64 integrantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Fiscalización, se pueden identificar áreas de oportunidad para consolidar los avances en materia de fiscalización.
Con motivo de la emergencia sanitaria, el 61 por ciento de las entidades de fiscalización locales manifestaron como la principal problemática para el desempeño de sus actividades la falta de acceso a la información. La instrumentación de la tecnología de la información y comunicación en los procesos de auditoría es un área en la cual todas las entidades fiscalizadoras deben avanzar aún más y de manera acelerada.
Señor secretario de la Función Pública, a nombre de las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, los invitamos a reflexionar sobre las observaciones que las legisladoras y legisladores han vertido este día y que, en un ejercicio honesto de autocrítica, retomen aquellas que pudieran contribuir a mejorar el desempeño de la Secretaría a su encargo.
Estamos convencidos que el combate a la corrupción no basta solo con la voluntad política, sino con instituciones sólidas para dar resultados a los mexicanos. Muchas gracias, señor secretario.
El presidente diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Al no haber más asuntos por tratar, se da por concluida la comparecencia del maestro Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción, siendo las 14 horas con 24 minutos, del miércoles 13 de octubre de 2021.
De conformidad con lo que establece el artículo 70, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de la comparecencia será remitida al presidente de la República para su conocimiento. Muchas gracias por su asistencia.
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