Intervención del ciudadano Randhy Jarev Díaz Miniaga, en zapoteco
Actas de las sesiones anteriores
Comunicaciones
Declaratoria de reforma constitucional, en materia electoral
Iniciativas
Carlos Ignacio Mier Bañuelos, Morena
Noemí Berenice Luna Ayala, PAN
Erubiel Lorenzo Alonso Que, PRI
Carlos Arturo Madrazo Silva, PVEM
María Isidra de la Luz Rivas, PT
Margarita Corro Mendoza, Morena
Arturo Roberto Hernández Tapia, Morena
Lucero Higareda Segura, Morena
Zoraya Villacis Palacios, Morena
Raymundo Vázquez Conchas, Morena
Jesús Antonio Nader Nasrallah, PAN
Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, PVEM
José Alejandro Aguilar López, PT
Christian Mishel Castro Bello, PRI
Laura Irais Ballesteros Mancilla, PMC
Francisco Adrián Castillo Morales, Morena
Rosario del Carmen Moreno Villatoro, Morena
José Luis Cruz Lucatero, Morena
Omar Antonio Borboa Becerra, PAN
Luis Orlando Quiroga Treviño, PVEM
César Alejandro Domínguez Domínguez, PRI
Gerardo Villarreal Solís, PVEM
Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, PAN
Mónica Herrera Villavicencio, Morena
Eunice Abigail Mendoza Ramírez, Morena
Elizabeth Cervantes de la Cruz, Morena
Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Morena
Adriana Belinda Quiroz Gallegos, Morena
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
Clausura de la sesión y cita para la próxima
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría dar a conocer el resultado del registro de asistencia de las y los diputados.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Señora presidenta, se tienen registrados 333 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (12:02 horas): Se abre la sesión ordinaria del martes 14 de abril de 2026 en la modalidad presencial.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: El orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas de las curules, y contiene los asuntos a tratar en esta sesión.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Honorable asamblea, damos la bienvenida a esta tribuna al ciudadano Randhy Jarev Díaz Miniaga, originario de Santa María Salinas del Marqués, Oaxaca, hablante de zapoteco.
Randhy es un joven zapoteco y estudiante de ingeniería naval en el Instituto Tecnológico de Boca del Río, Veracruz. Formado bajo los valores de tenacidad y unión familiar, Randhy ha hecho de su identidad cultural el motor de su superación.
Como hablante de la lengua zapoteca del Istmo, mantiene vivo el legado de la abuela materna, practicando y preservando su idioma con orgullo, incluso lejos de su hogar. Su fascinación por el mar y las embarcaciones lo llevó a elegir una carrera técnica exigente, en donde demuestra que los desafíos son la mayor motivación para crecer, además de su formación profesional.
Randhy encuentra equilibrio en deporte y la música, destacándose como saxofonista. Su historia es un testimonio de cómo la herencia indígena y la ingenieria moderna se entrelazan para honrar sus raíces y construir un futuro de eéxito para él y para su familia. Agradeciendo su presencia en esta Cámara de Diputados, le concedemos el uso de la palabra, hasta por 15 minutos. Muchas gracias.
El ciudadano Randhy Jarev Díaz Miniaga: (Habla en zapoteco del Istmo). Amo a mi tierra y amo a mi lengua.
Agradezco profundamente la oportunidad otorgada por el honorable Congreso, en especial a la Comisión de Pueblos Indígenas, por brindarme el espacio para participar y aprender en este importante proceso. De igual manera, expreso mi reconocimiento a la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez, por su compromiso, apoyo y dedicación en favor de la sociedad.
Agradezco al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar acciones que benefician a la ciudadanía y fomentan el desarrollo de nuestro país. También pido un fuerte reconocimiento al Tecnológico Nacional de México (TecNM) y con fuerte cariño al que estoy representando: el Instituto Tecnológico de Boca del Río, en Veracruz, el cual me brindó las condiciones y el apoyo necesarios para poder expresar mi voz ante este público presente.
De manera muy especial, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis padres, quienes, con su amor, esfuerzo y valores, han sido el pilar fundamental en mi vida y en mi formación académica y personal. Gracias por su apoyo incondicional, por motivarme a seguir adelante y por enseñarme a no rendirme ante las dificultades. A mi familia, por su comprensión, paciencia y constante ánimo, que me ha permitido alcanzar cada una de mis metas.
Finalmente, agradezco a todas aquellas personas que, de una u otra manera, contribuyeron a este logro, brindándome su apoyo, consejos y confianza. Sin duda, este resultado no habría sido posible sin la ayuda y acompañamiento de todos ustedes.
Muy buenos días a todos los presentes. Es para mí un honor dirigirme a ustedes para hablar sobre un tema que representa no sólo nuestras raíces, sino también nuestra identidad: la lengua zapoteca istmeña, una de las múltiples expresiones culturales que enriquecen el estado de Oaxaca.
Oaxaca es reconocido como una de las regiones con mayor diversidad cultural y lingüística en México. En sus comunidades viven tradiciones ancestrales que han resistido el paso del tiempo y entre ellas destacan las lenguas originarias. Dentro de este vasto patrimonio lingüístico, el zapoteco istmeño ocupa un lugar especial, al ser una lengua viva que se habla en la región del Istmo de Tehuantepec.
El Istmo de Tehuantepec no solo es una región geográfica, es un espacio lleno de historia, identidad y cultura; sus fuertes vientos, su clima cálido y, sobre todo, su gente, lo convierten en un lugar único. En localidades como Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, La Venta, La Ventosa, Unión Hidalgo e Ixtepec, el zapoteco istmeño sigue siendo parte fundamental de la vida cotidiana.
Hablar de esta lengua es también hablar de sus costumbres. En el Istmo, las tradiciones son el corazón de la comunidad. Las Velas Istmeñas, por ejemplo, son celebraciones llenas de vida, en las que la música, la danza, la gastronomía y la vestimenta tradicional, como el hermoso huipil, reflejan el orgullo de pertenecer a esta cultura. Asimismo, prácticas como el tequio, que representa el trabajo comunitario en beneficio del pueblo, fortalecen los lazos sociales y el sentido de responsabilidad colectiva.
El respeto a los mayores, las tradiciones religiosas y el uso de la lengua materna son valores que aún se conservan. La gastronomía, con platillos como el mole, los tamales y los totopos, también forma parte esencial de esta riqueza cultural.
El zapoteco istmeño es hablado por personas de todas las edades, aunque principalmente por adultos y personas mayores. Se utiliza en los hogares, en los mercados, en las comunidades y en eventos culturales. Sin embargo, es importante reconocer que existen diversas variantes del zapoteco y cada una de ellas posee características únicas en su pronunciación y vocabulario.
Hoy en día, enfrentamos una realidad preocupante: cada vez son menos las personas interesadas en aprender y hablar esta lengua. En muchas comunidades, su uso se está reduciendo, lo que pone en riesgo su permanencia, y debemos entender algo fundamental: cuando una lengua desaparece no sólo se pierden palabras, se pierde historia, conocimiento, tradiciones y una forma única de ver el mundo.
Desde mi experiencia personal, he reflexionado sobre la importancia de preservar el zapoteco istmeño. Durante el tiempo que estuve en mi comunidad, tuve la oportunidad de apoyar en pequeñas escuelas en las que se enseña la lengua. Con mucho gusto participé enseñando a niños desde temprana edad, convencido de que ellos son el futuro y la esperanza para mantener viva esta herencia cultural.
Promover el zapoteco istmeño en las escuelas, utilizarlo en casa, hablarlo en la comunidad y difundirlo a través de medios de comunicación y actividades culturales son acciones fundamentales para su conservación. Aprender esta lengua no nada más fortalece nuestra identidad, sino que también mejora la comunicación, preservar nuestras tradiciones y abre la puerta al aprendizaje de otros idiomas. Además, genera un profundo orgullo cultural.
El zapoteco pertenece a la familia lingüística oto-mangue y tiene sus raíces en las civilizaciones prehispánicas de Oaxaca. A lo largo del tiempo, ha evolucionado en distintas variantes, adaptándose a los cambios sin perder su esencia.
Hablar zapoteco istmeño permite integrarnos mejor en nuestras comunidades, participar activamente en nuestras tradiciones y fortalecer los lazos familiares y culturales. Es una herramienta de identidad, pero también de unión.
Por ello, hoy quiero hacer una respetuosa, pero firme, petición a las organizaciones encargadas de la protección de las lenguas maternas, a las instituciones educativas, a las autoridades culturales y a la sociedad en general, es momento de actuar.
Es necesario implementar más programas de enseñanza de lenguas originarias en las escuelas, apoyar a los hablantes, crear espacios en los que estas lenguas sean valoradas y difundidas, así como impulsar proyectos culturales y educativos que fomenten su uso. También es fundamental brindar recursos a las comunidades para que puedan seguir transmitiendo su lengua a las nuevas generaciones.
La preservación del zapoteco istmeño, así como de todas las lenguas originarias de nuestro país, no es sólo responsabilidad de quienes las hablan, sino de todos nosotros como sociedad. Es un compromiso colectivo.
Finalmente, quiero invitarlos a reflexionar: cada palabra en zapoteco es una historia, cada expresión es una herencia y cada hablante es un guardián de nuestra cultura. No dejemos que esa voz se apague.
En conclusión, el zapoteco istmeño es una de las lenguas fundamentales para la identidad cultural de Oaxaca. Su conservación depende del uso constante, del compromiso y del interés de las nuevas generaciones. Promover su aprendizaje y práctica es clave para mantener viva la riqueza cultural de nuestro país.
Un hombre sin sueños es como un pájaro sin alas, dicho popular istmeño. Muchísimas gracias por su atención.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a Randhy Jarev Díaz Miniaga, por su presencia aquí en esta Cámara de Diputados el día de hoy. Muchas, muchas gracias a él y a su familia, quienes lo acompañan.
Tengo la solicitud de la diputada Paola Tenorio Adame, del Grupo Parlamentario de Morena, para un minuto de silencio y pregunto si algún otro legislador o legisladora hará una solicitud en estos términos, para que nos informen y, posteriormente, tenemos la intervención de la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada Paola Tenorio Adame. Muchas gracias.
La diputada Paola Tenorio Adame (desde la curul): Gracias a ti, diputada presidenta. Solo para comentarle a la coordinadora de Movimiento Ciudadano, decirle que los y las veracruzanas votamos por las zacatecanas, como ella denosta a nuestra gobernadora, gran gobernadora, Rocío Nahle García, y decirle que no nos arrepentimos haber dado la confianza a una mujer que en estos momentos estamos todos y todas orgullosos de su gran trabajo, como nunca nadie había hecho cosas por Veracruz. Y, cabe mencionar que ninguno de sus antecesores lo había hecho, todos varones y veracruzanos de nacimiento.
Lamentablemente, la coordinadora no puede decir lo mismo, porque ella la fue gobernadora de Yucatán y los yucatecos han decidido no volverle a dar el voto de confianza. Es por lo que ella actualmente tiene que estar en esta Cámara de Diputados como plurinominal.
Y, también comentarle que en Veracruz cuando llega una llegan todas. Que en Veracruz las mujeres somos las que defendemos a las mujeres, y que cuando nos pegan a una, nos pegan a todas. Y, por último, decirle que me da muchísima pena la falta tan grande de valentía. Es cuanto, presidenta, gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora. Adelante, diputada.
La diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora (desde la curul): Gracias, presidenta. Solo para comentar que el día de ayer subieron las casetas en todo el país, con un incremento cercano al 5 %. Y esto no es un ajuste menor, es un golpe directo a quienes todos los días se trasladan para trabajar, para producir y para sostener a sus familias.
Y lo más grave: se cobra más, pero no se ve reflejado en mejores condiciones. Ahí están las carreteras en mal estado, ahí están los tramos inseguros y ahí están también las quejas constantes por la falta de respuesta cuando ocurre un accidente, aun cuando el peaje supuestamente incluye un seguro.
Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que se está pagando? Y este impacto no se queda solamente en la caseta: se está trasladando a toda la cadena. El propio gremio de la tortilla, al día de hoy, a nivel nacional, ya lo advirtió: en los próximos días, el precio de la tortilla podría aumentar entre 2 y hasta 4 pesos por kilo. Así es como se está encareciendo la vida en estos momentos.
En Tlaxcala, como en el resto del país, esto se siente de inmediato. Se siente definitivamente cuando el dinero ya no alcanza.
Esta representación no puede guardar silencio. Exigimos que estos incrementos se revisen, que haya condiciones dignas en las carreteras y que se deje de trasladar el costo de las malas decisiones a las familias.
Las familias tlaxcaltecas, como de todo el país, no pueden seguir pagando más por recibir menos. Es cuanto, presidente.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, diputada.
La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (desde la curul): Buenos días, diputada. Buenos días a todos los diputados. Quiero denunciar un ecocidio que está sucediendo en Oaxaca.
Desde hace varias semanas venimos denunciando la construcción de una plaza comercial en el centro de la ciudad de Oaxaca y resulta que esta plaza comercial no cuenta con los permisos requeridos por parte de Semarnat, del gobierno del estado ni del gobierno municipal.
Y, aun así, lo están construyendo. Pero no es el primer desarrollo que se está realizando: también se construyó así el estadio de béisbol. Y próximamente tienen proyectado construir la presa Margarita Maza sin ningún estudio.
Yo no sé dónde están las autoridades de Semarnat para revisar todos los atropellos del gobernador Salomón Jara; del presidente municipal, Raymundo Chagoya, que emerge del Partido Verde Ecologista y está derrumbando árboles. ¿Dónde están estas personas y dónde está el compromiso real con el medio ambiente?
Por otro lado, quiero decirle a la secretaría de Semarnat que, cuando no existe vigilancia, pasa lo que pasó con la autopista que se dirige al istmo de Tehuantepec donde hay derrumbes por no hacer los estudios pertinentes de geotecnia.
Por eso se derrumbó el túnel de El Tornillo y ahora dicen que lo van a reparar y, ¿quiénes van a pagar esa reparación? Pues nosotros, los oaxaqueños y los mixes, porque pasa por nuestro territorio y nos incrementan la cuota que se debe de pasar, cuando nada más nosotros transitamos 32 kilómetros, 32 kilómetros y pagamos más de 200 pesos. Eso es un atropello. Y pasa sobre territorio indígena, territorio mixe.
Entonces, le pedimos a la presidenta de la República que voltee a ver todos estos atropellos que está cometiendo el gobernador Salomón Jara y sus presidentes municipales.
Por otro lado, también incrementaron la cuota para la autopista que va a la costa, una autopista totalmente destruida es de las más caras del país. Yo no sé si no tienen analistas, les ayuden con los estudios, pero hacen puras porquerías, en verdad estamos cansados de todos los atropellos que realizan en Oaxaca. Es cuanto. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita García García, posteriormente el diputado Pablo Vázquez Ahued y cerramos, si les parece bien, la lista, para iniciar con las iniciativas. Adelante, diputada.
La diputada Margarita García García (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Bueno, pues aquí pedirle a Capufe que ojalá y pueda comparecer ante esta Cámara y que nos explique por qué nuevamente el incremento a las casetas de peaje, donde las carreteras están en pésimo estado.
Yo transito seguido de aquí a Oaxaca y la verdad que es pésimo viajar por la súper carretera, pero eso sí el cobro es inmediato y pues nos preguntamos, ¿dónde está el dinero que recuperan entonces, si están en pésimas condiciones?
Y lo que está pasando en la súper carretera de Puerto Escondido a Oaxaca, es la carretera más cara de todo el país, pero que además está también los derrumbes donde inclusive ha habido accidentes y que Capufe no hace nada.
Escuché hace unos días al secretario de Gobierno, donde por el berrinche de una persona no se puede hacer la rehabilitación de esta carretera. Yo creo que no estamos para cumplir antojos y berrinches de ciudadanos que solamente piden dinero para ellos.
Pero sí hoy quiero levantar la voz, que no es posible que estos incrementos se sigan dando y que la canasta básica y todo cada día sean más caras. Entonces, pido a Capufe que venga y que nos explique dónde está el dinero de las casetas y por qué no hay rehabilitación de las carreteras. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Pablo Vázquez Ahued.
El diputado Pablo Vázquez Ahued (desde la curul): Gracias, presidenta. En unos minutos más, conforme al orden del día, se formulará una declaratoria de constitucionalidad de la reforma constitucional aprobada la semana pasada, y como he sabido, el Senado de la República lleva más de un año sin emitir la declaratoria de constituconalidad de la reforma aprobada por unanimidad por todos los órganos legislativos para aumentar el salario del personal de educación, de salud y de seguridad pública de todo México. Un acto inédito e inconcebible.
Me parece importante informarle a la asamblea, que por fin hemos logrado judicializar este asunto, llegando a las instancias judiciales un amparo en el que solicitamos al Poder Judicial analice a fondo este caso para que el Senado de la República acate su obligación constitucional de formular la declaratoria de constitucionalidad cuanto antes, porque es verdaderamente de no creerse el nivel de arbitrariedad y opacidad de una sola persona, en este caso, quienes han encabezado la Presidencia del Senado de la República, de no cumplir con la declaratoria de constituconalidad de esta reforma ya aprobada.
Por eso es importante que esto ya se encuentre en las instancias judiciales y estaremos atentos a lo que se resuelva.
E insistir, en la necesidad de que esta Cámara de Diputados analice hacer un extrañamiento al Senado de la República para que nos explique por qué, como colegisladora, no ha hecho esta declaratoria tan importante.
Y, respecto a lo que comentaba una de las preopinantes sobre la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, simplemente decir que ella fue gobernadora del estado de Yucatán, una gobernadora muy reconocida, que hoy puede regresar a su estado viendo a los ojos a las y los yucatecos con mucho orgullo, con resultados, cosa que no pueden decir algunos gobernadores actuales de Morena, como efectivamente la gobernadora de Veracruz, que veo muy difícil que por ejemplo, se enfrente hoy por hoy a un proceso de revocación de mandato.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En votación económica consulte la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura del acta de la sesión vespertina del 8 de abril, la sesión anterior del 9 de abril del año en curso, toda vez que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura de las actas de las sesiones vespertina del 8 de abril y de la sesión del 9 de abril del año en curso. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación)...
(Sigue turno 9)
... por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se dispensa la lectura. En votación económica consulte la Secretaría si se aprueba.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban las actas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se aprueban.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, secretario.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Se recibieron comunicaciones de los diputados Daniel Murguía Lardizábal y David Alejandro Cortés Mendoza, por las que informan la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 10 de abril del año en curso.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Se recibió de la Secretaría de Gobernación el informe estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al cuarto trimestre del 2025.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a las Comisiones de Economía, –permítame, diputada–.
La diputada Miriam de los Angeles Vázquez Ruíz: Eso es violencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Permítame, diputada.
La diputada Miriam de los Angeles Vázquez Ruíz: Eso es violencia. Se lo digo de una, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Permítame, diputada. Túrnese a las Comisiones de Economía, Comercio y Competitividad, y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento. Adelante, secretario.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: La Cámara de Senadores remite los siguientes acuerdos:
1. Por el que se designa a las personas senadoras que integrarán la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Por el que se designa a las personas senadoras que integrarán la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
3. Respecto a la integración de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención. Solicito a la Secretaría dar cuenta con la solicitud de licencia del diputado Fernando Jorge Castro Trenti.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Acuerdo único. Se concede licencia al diputado Fernando Jorge Castro Trenti, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal, solo por el día 15 de abril del año en curso.
En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobada. Comuníquese. Adelante, secretario.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Se recibieron del Congreso del Estado de Chihuahua las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para proteger las fuentes de trabajo de mujeres víctimas de violencia que se vean en la necesidad de resguardarse en refugios de protección.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su dictamen.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el artículo 116 de la Ley General de Educación.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: 3. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo 13 Ter, denominado De las personas trabajadoras distribuidoras de vales, al título sexto de la Ley Federal del Trabajo.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su dictamen.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: La Cámara de Senadores remita las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 93 y el párrafo tercero del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentada por el senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
3. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Procederemos a realizar el proyecto de declaratoria de reforma constitucional en materia electoral. Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Señora presidenta, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 115, fracción I, párrafo primero; y 116, fracción II, párrafo segundo, y se adiciona el artículo 134 un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Secretaría da fe de la recepción y cómputo de 19 aprobatorios, correspondientes a las legislaturas de los estados de:
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y de la Ciudad de México. Se pide a todas y a todos los presentes ponerse de pie.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite el siguiente proyecto de declaratoria:
El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformados los artículos 115, fracción I, párrafo primero; y 116, fracción II, párrafo segundo, y adicionado el artículo 134, con un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales. Pueden tomar asiento.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Pasamos al capítulo de las iniciativas. Iniciamos con el diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley de Coordinación Fiscal en materia de suficiencia policial municipal.
El diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos: Con su venia, presidenta, legisladoras, legisladores, hoy presento una iniciativa que parte de una realidad que no podemos seguir ignorando. México, la seguridad pública comienza en sus municipios y ahí también se encuentra la mayor debilidad del sistema de seguridad nacional.
Mientras discutimos estrategias nacionales de coordinación institucional, hay municipios que operan con muy pocos policías, en algunos casos cercanos a un elemento por cada mil habitantes. Esto es insuficiente y limita la capacidad de prevenir y responder. La seguridad se construye desde lo local, desde el primer respondiente, desde el policía que está más cerca de las y de los ciudadanos, y ese es el policía municipal.
Esta iniciativa propone algo concreto: establecer en la ley un parámetro mínimo de suficiencia de policía municipal. Tres elementos por cada mil habitantes, tres policías preparados por cada mil habitantes. Esto está fundamentado en las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, tal es el caso de Brasil, Chile, Perú, países de Latinoamérica que tienen promedio de dos policías por cada mil habitantes. En México contamos apenas con un policía promedio por cada mil habitantes.
Ante esta realidad, esta iniciativa cobra relevancia, no como una carga inmediata, sino como un objetivo progresivo y alcanzable. No solo es inflar las cifras, se trata de garantizar capacidades, de asegurar que cada municipio cuente con una base mínima y capacitada para atender a su población. También lo digo con claridad, no se puede exigir sin dar herramientas, no puede haber proyecto sin presupuesto.
La presente iniciativa vincula de manera no potestativa para que el Fortamun, que es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, de ahí se prioricen los recursos financieros para el cumplimiento de la presente.
Legisladoras y legisladores, la seguridad pública no puede depender únicamente de la presencia de las fuerzas federales, necesitamos instituciones municipales sólidas, es decir, suficientes y capacitadas. Fortalecer a los municipios es también fortalecer la seguridad nacional. La presente iniciativa es financieramente asequible, políticamente responsable y socialmente urgente.
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 12 Bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el párrafo al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. Por su atención, muchísimas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público para su dictamen. Ha solicitado el uso de la palabra, por un minuto, la diputada Miriam de los Angeles Vázquez del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Miriam de los Angeles Vázquez Ruíz (desde la curul): Le agradezco presidenta por facilitarme la palabra y creo que no había necesidad de llegar a pedírselo hasta la tribuna. Hace unos días, antes, efectivamente, por el conflicto que está pasando en Oaxaca con los petistas, usted les ha dado margen a los compañeros diputados del PT y a nosotros nos aísla para darnos voz y de poder hablar de lo que realmente está pasando en nuestro estado.
Hoy, nuevamente escucho a la compañera diputada hablar temas que no son reales en lo que está pasando. Dejemos, yo le pido a la diputada que dejemos de desinformar.
Y si hay queja existente, instancias legales, y pues quien tenga una inconformidad que la presente, pero con pruebas y no con chismes. Realmente en Oaxaca se están trabajando con la cuarta transformación de la mano de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum.
Hoy Oaxaca tenemos a un gobernador que está trabajando con el pueblo y para el pueblo. Todo lo que han venido a decir aquí las compañeras diputadas petista son falsos. Yo les invito que vayan a Oaxaca y que conozcan la verdad. Yo, diputada presidenta, yo le pido que no compre pleitos. Aquí somos libres de opinar y que no se nos niegue la palabra. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchísimas gracias, diputada. Todo el pleno y todo México sabe que este micrófono está abierto para usted, para todos los legisladores, todas las legisladoras. Entiendo que usted sabe que han fijado su posición previa a usted cinco compañeros de distintos partidos políticos: de Morena, de MC y del PT. Así es que, con todo respeto, no voy a entrar a una discusión.
Por supuesto, entiendo que es una discusión regional o del estado, si le parece bien, por supuesto, y usted cuantas veces quiera hablar y está usted aquí en el pleno, nosotros estaremos siempre a sus órdenes. La diputada, entiendo, está solicitando el uso de la palabra Martha Aracely Cruz Jiménez, obviamente por alusiones. Si es tan amable, y con eso damos por concluido este pequeño o gran debate de Oaxaca.
La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Por alusiones personales, cuando yo afirmo algo es porque sucede. Y yo acompaño a los vecinos de la colonia Reforma, a los movimientos que exigen transparencia en la construcción de la infraestructura.
Tan es así que, en días pasados, el regidor de Protección Civil de la ciudad de Oaxaca fue y se entrevistó con los encargados de la obra. Y ahí le manifestaron que no había ningún permiso, que no habían ingresado ninguna solicitud de permiso.
Con mi experiencia profesional, que soy ingeniero agrónomo, que trabajo, he trabajado haciendo manifestaciones de impacto ambiental, estudios técnicos justificativos de cambio de uso de suelo.
Sé que cualquier obra que pasa y/o está a un lado de un afluente de un río, de un arroyo, tiene que solicitar la manifestación de impacto ambiental, porque es un terreno federal. Le corresponde a la Semarnat dar un resolutivo.
Nadie está en contra de la presidenta, nadie está hablando de eso, pero sí estamos hablando que el gobernador Salomón Jara, en contubernio con estas empresas y de manera oculta está violentando la ley, flagrantemente.
Por eso, yo le exijo a la titular de la Semarnat a que mande a los inspectores allá, estas construcciones y que también no se viole a los pueblos indígenas en su territorio para la construcción de la presa Margarita Maza, que ya la están proyectando sin ningún permiso, porque luego pasa que se derrumban los túneles, como pasó en la autopista, porque el gobernador Salomón Jara, que es un corrupto, lo ha permitido.
Y sí, hay muchas pruebas de su corrupción y yo no me tardo, para que a mí me den aquí indicaciones de cómo voy a responder, porque yo sí defiendo al pueblo y no a un gobernador ratero y corrupto y misógino. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley General de Víctimas, de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, del Código Penal Federal, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de protección a personas víctimas de desaparición forzada, suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, vicecoordinadora.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, presidenta. Lamento interrumpir el pleito de lo mal que se gobierna en los estados morenistas, pero bueno, vamos a las propuestas.
Compañeras y compañeros, imaginen que todo el Estadio Azteca, hoy ya conocido como Estadio Banorte, se encuentra completamente lleno, más de 80 mil personas, una multitud que estremece. Ahora, imaginen que todas esas personas desaparecen, aún así, esa cifra es menor que la cantidad en los registros oficiales de desaparecidos en México. Y, pese a eso, el gobierno lo minimiza.
Tan solo en los sexenios de Morena han desaparecido más de 72 mil mexicanas y mexicanos, casi el total de personas con el que se llena el estadio. Y la respuesta del oficialismo, la de siempre: minimizar, desacreditar a quien señala, culpar al pasado.
Las de hoy son cifras escandalosas, más aún cuando existen señalamientos serios que cuestionan la consistencia y confiabilidad de los datos oficiales. Y eso, por sí solo, ya constituye otra tragedia. Ni siquiera sabemos con certeza la dimensión real del horror. Estamos frente a una crisis humanitaria, una crisis provocada por quienes todavía se atreven a decirse humanistas, pero que han fallado en lo más básico: proteger la vida.
Por eso, el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas ha encendido todas las alertas y ha activado el mecanismo más grave en desapariciones forzadas. El mundo ya entendió la magnitud del problema; el gobierno mexicano, no.
Aquí tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha renunciado a su papel; una institución que debería estar del lado de las víctimas, pero que ha optado por proteger al poder; una comisión que niega la realidad como si con negarla la desapareciera, y que, aparte, se contradice.
Porque fíjense ustedes: el 18 de abril de 2023, esa misma comisión, la de Piedra, pidió a este Congreso tipificar las desapariciones forzadas como delito de lesa humanidad. Hoy, cuando el mismo planteamiento proviene del ámbito internacional, se indignan, se ofenden, retroceden; pero mientras aquí se incomodan por el señalamiento internacional, allá afuera las madres siguen buscando, sin protección, sin recurso, sin Estado.
Y la pregunta es inevitable: ¿por qué se molestan?, ¿por qué rechazan la ayuda internacional? Lo que propone el Comité de las Naciones Unidas no es intervención: es respaldo, cooperación técnica, apoyo financiero, asistencia forense, investigación seria, protección a víctimas y buscadores.
¿Por qué la resistencia? Solo hay una explicación posible, porque no quieren romper el pacto, porque han decidido colocarse del lado de la omisión, de la negligencia y, en demasiados casos, de la complicidad.
Mientras el oficialismo se incomoda con la verdad, evita confrontarse con quienes hoy dominan territorios, vidas y destinos y prefieren cerrar los ojos ante el crimen, el PAN no. El PAN asumimos nuestra responsabilidad.
En Acción Nacional hemos actuado. Tras el hallazgo del rancho Izaguirre, ese campo de concentración que debiese darnos vergüenza a todas y todos, solicitamos una comisión especial para analizar el caso de desapariciones. Después, fuimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar lo que aquí se ha querido ocultar y señalamos incluso algo inaceptable, en los últimos años se dejaron de ejercer más de mil millones de pesos destinados a la búsqueda de persona.
Entiéndase esto, no solo no se le destina el recurso necesario a las personas que buscan a sus seres queridos, incluso se deja de ejercer lo ya presupuestado y hoy insistimos en que debemos actuar. Por eso, nuestro coordinador Elías Lixa pidió en la Jucopo que este Poder no fuera omiso, que nos reuniéramos con el comité para conocer a fondo los detalles.
Y hoy proponemos reconocer la desaparición forzada como delito de lesa humanidad. Proponemos un fondo permanente de reparación del daño, protección real para familias y buscadora, acceso efectivo a las investigaciones, fortalecimiento institucional con recursos suficientes, es decir, proponemos que el Estado enfrente la crisis y no se hagan los locos. Proponemos que hoy por hoy se hagan responsables de lo que está sucediendo en México, porque si no le seguiremos llamando por su nombre, narcomorenos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Adelante, vicepresidente.
El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada presidenta. Quiero comenzar agradeciendo al coordinador de la mayoría, al doctor Ricardo Monreal, y a mi coordinador Carlos Puente Salas, la oportunidad que me dan de presentar esta iniciativa que presentamos entre los tres, pero que tengo el honor de exponer ante ustedes para –ojalá– lograr el consenso necesario.
Pues este tema que traemos a la tribuna es un tema que nos alcanzó como sociedad y frente al cual no hemos sabido estar a la vanguardia. Nuestras hijas e hijos ya no solo juegan en las calles o en los parques, hoy también viven en un mundo digital, en redes sociales, en aplicaciones, en espacios que deberían de ser seguros pero que no siempre lo son.
El problema que hoy pongo a su consideración comienza de forma aparentemente inofensiva, con un hola, con un like o con un simple mensaje. Pero puede escalar hasta convertirse en una de las formas más atroces de violencia contra la niñez: el grooming.
El grooming es la serie de conductas de persuasión, engaño, manipulación o acoso que una persona adulta ejerce sobre una niña, niño o adolescente a través de medios digitales con el propósito de generar confianza para obtener contenido sexual, inducir actos de carácter sexual o captar a la víctima con fines de explotación u otra. Se trata de una forma de abuso que no siempre es física, pero que puede ser profundamente dañina en lo psicológico y emocional, incluso sin salir de una pantalla.
Las cifras no solo preocupan, nos alarman. En 2024, más de 10 mil niñas, niños y adolescentes fueron atendidos por violencia sexual en hospitales públicos. Solo el 2 % de los casos se denuncia y menos del 1 obtiene justicia. México es señalado como un foco relevante en redes internacionales de abuso sexual infantil con miles de víctimas de trata.
En el entorno digital la situación no es distinta, más del 20 % de adolescentes que usan internet han sido víctimas de acoso cibernético. Se estima que uno de cada cinco niños ha sufrido algún tipo de daño sexual en línea y en América Latina, siete de cada diez menores ni siquiera saben qué es el grooming.
Compañeras y compañeros legisladores, la realidad es clara. La sociedad ha evolucionado, pero nuestro marco jurídico no lo ha hecho al mismo ritmo. Este fenómeno ocurre todos los días y, sin embargo, en muchos casos no está debidamente abordado ni enfrentado con la contundencia necesaria.
Por eso acudo ante esta, la más importante soberanía de nuestro país, para proponer la creación de una estrategia integral de prevención y protección contra la explotación sexual infantil, con especial énfasis en el entorno digital. ¿Qué propone esta iniciativa?
Primero. Establecer una coordinación efectiva entre autoridades de los tres niveles de gobierno.
Segundo. Impulsar protocolos en plataformas digitales como mecanismos de reporte, control parental y verificación de datos.
Tercero. Fortalecer la atención a las víctimas garantizando su rescate, protección, atención psicológica y reintegración.
Y cuarto. Reforzar acciones de prevención, particularmente frente al grooming.
Para ello, se plantean reformas a tres ordenamientos distintos que den sustento jurídico a esta iniciativa tan trascendente.
La primera, una reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Personas, y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
Segundo. A la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Crear un nuevo artículo 69 Ter, que obligue a las autoridades federales, estatales y municipales, a implementar de manera coordinada las políticas y acciones y protocolos derivados de esta estrategia.
Y cuarta. A la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para brindar a la Secretaría de Gobernación la responsabilidad de coordinar toda esta estrategia.
Legislar para proteger a las futuras generaciones es, sin duda, el legado más importante que podemos dejar a nuestro país, a nuestra sociedad, pero, sobre todo, a nuestras hijas e hijos. Porque este problema no es ajeno, puede tocar a cualquier familia, puede tocar a cualquiera de nuestros familiares, a cualquiera de nuestros menores.
Esta iniciativa constituye el punto de partida para ordenar la acción pública y obligar al Estado a diseñar e implementar una estrategia integral.
En una segunda etapa, buscaremos fortalecer el marco penal para endurecer sanciones, aumentar penas y, en su caso, construir un tipo penal específico. Y es que, si la sociedad evoluciona, nuestro marco normativo debe de hacerlo con la misma velocidad.
Hoy el problema ya nos alcanzó, pero estamos aquí para hacer lo que nos corresponde, dar soluciones, prevenir riesgos y proteger a quienes más lo necesitan. Hagámoslo con responsabilidad, hagámoslo con firmeza, hagámoslo ahora. Es cuanto, ciudadana presidenta. Y sabedor de su talento legislativo, espero tenga a bien sumarse a esta iniciativa, así como muchas y muchos de nuestros compañeros legisladores. Gracias por su atención.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, vicepresidente. Después de tan extraordinaria ponencia, cuente usted con que así será. La diputada Paulina Rubio, adelante.
La diputada Paulina Rubio Fernández (desde la curul): Gracias, presidenta. Solicitarle al vicepresidente si me permite adherirme a su iniciativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: A dicho el vicepresidente que sí. Muchas gracias, diputada vicepresidenta. Para usted y para las y los diputados que deseen hacerlo, estará la iniciativa en la Secretaría de esta Mesa Directiva y, quienes deseen respaldarla, aquí estaremos a sus órdenes. La diputada Lilia Aguilar, por favor.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): ¿Le grito? Ah, ya. Solamente felicitar al diputado y sumarme como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a esta iniciativa, que además es urgente, porque la tecnología ha avanzado, como lo ha dicho, de una manera rapidísima y la legislación tiene que alcanzar. Felicidades, diputado.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. El diputado Mario Zamora, por favor, si son tan ambles, y posteriormente el diputado Pablo Vázquez Ahued.
El diputado Mario Zamora Gastélum (desde la curul): Para pedirle a nuestro distinguidísimo diputado Bolaños sumarnos a esta extraordinaria iniciativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. El diputado Ahued.
El diputado Pablo Vázquez Ahued (desde la curul): Gracias, presidenta. Porque en Movimiento Ciudadano sostenemos que por el bien de México primero las niñas y los niños es que solicitamos también sumarnos a la iniciativa que presenta el vicepresidente, el diputado Raúl Bolaños Cacho, a un tema tan importante que diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano también respaldamos y que es urgente atender. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ha sido turnada esta iniciativa a las Comisiones Unidas de derechos Humanos y de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su dictamen.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida al director general del periódico AM León, Enrique Gómez Zermeño. Muchísimas gracias por estar aquí en esta Cámara de Diputados, invitado por el diputado Alan Sahir Márquez, del Partido Acción Nacional. Gracias por estar aquí. Buenas tardes.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 312 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de reuniones de comisiones en modalidad semipresencial. Adelante, diputada.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, presidenta. Y con la venia de la asamblea. Antes de entrar en el tema de la iniciativa, creo que es válido decir que me da un poco de ternurita que vengan aquí os panistas a subir temas sobre las personas desaparecidas, que es un tema que además tengo cercano a la vida y al corazón, pero se les olvida decir que justo en este informe de la función especial de personas desaparecidas se aclara que este problema de personas desaparecidas empezó en 2006 con la guerra contra el narco, supuesta guerra contra el narco que inició Felipe Calderón.
Y se les olvida decir también que están denunciados ahí de manera estatal algunos estados, entre ellos Chihuahua, gobernado por el Partido Acción Nacional. Así que no hay que venir acá a desgarrarse las vestiduras de un problema que ustedes crearon.
Además, presentaré iniciativa que tiene que ver con la salida de empresas maquiladoras de México que, en su problema que se presentó en Ciudad Juárez, de donde yo soy diputada, el año pasado la salida estrepitosa de una maquiladora denominada First Time, First Brands Group, donde afectó además a otras cinco empresas más.
De la noche a la mañana el año pasado se quedaron sin empleo 5 mil personas, en una ciudad que en que el 60 % del trabajo depende de las maquiladoras Ciudad Juárez donde, además, por muchos años fue el corredor maquilador más importante de América latina, con 300 empresas trabajando al unísono en esta ciudad.
En Ciudad Juárez se han quedado ya, a consecuencia de este cierre de esta empresa, casi 10 mil personas y en la afectación que ha tenido en todo el país la industria maquiladora se han perdido cerca de 65 mil empleos en todo el país, pero específicamente en Ciudad Juárez, siendo Chihuahua la entidad más afectada en el tema del empleo.
Pero ¿por qué es característico este cierre de esta empresa? ¿Por qué se fueron de la noche a la mañana? Porque de un día para otro las personas que laboraban en esta empresa maquiladora simplemente ya no encontraron nada al día siguiente que llegaron a trabajar.
Los trabajadores no tienen ninguna garantía, ninguna, ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ni el gobierno del estado, ni absolutamente nada puede darles una respuesta, porque la entrada en afiladoras como una forma que, sobre todo, inauguró el priismo desde 1965 y que lo presentaron como la gran panacea, pero que ha presentado ya diversas crisis que todo el mundo se acordará de la crisis de 1994 y la crisis de 2000, donde ha afectado profundamente en la calidad y en la cantidad de empleos en este país.
Esta empresa First Brands Group se fue de la noche a la mañana y no hay quien pueda hacerla que se responsabilice ni a pagar los sueldos y salarios que quedaron pendientes y mucho menos a pagar indemnizaciones. Personas que tenían laborando 28 años con esta empresa simplemente se quedaron sin trabajo. Y este tema no solamente sucedió en Ciudad Juárez, sino que se generalizó a otros estados fronterizos como Tamaulipas, Baja California, Coahuila y Nuevo León.
¿Qué es lo que hace esta iniciativa? Primero crea un fondo registrado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que tenga la suficiencia, una vez que, entre una empresa maquiladora en México, de que pueda liquidar a los empleados, entendiéndose que si se va de la noche a la mañana ese fondo tendrá que utilizarse como un despido injustificado. Además, fija una multa de 70 mil unidades de medida en caso de que una empresa simplemente desaparezca y salga del país de la noche a la mañana. Esto no es para castigar a los inversores, sino para garantizar el trabajo de las y los trabajadores de este país que simplemente se quedan como meros espectadores viendo cómo esta empresa se declara en bancarrota en Estados Unidos.
Y fíjense que, si se acepta que está en bancarrota con un cambio de nombre, esta empresa que debe 6 mil millones de dólares así de la noche a la mañana, automáticamente será salvada por el gobierno de los Estados Unidos, así de injusto. Mientras los trabajadores que han sido despedidos en diversos estados de la república, todos fronterizos, se quedarán no solamente sin empleo, sin salario, sino además sin una remuneración, donde estos trabajadores han tenido que acudir al gobierno del estado, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y han tenido que hacer marchas y manifestaciones para que alguien les pueda responder sobre lo que han perdido, su patrimonio.
Desgraciadamente no hay hoy en la legislación algo que les pueda responder. Lo que nosotros como Partido del Trabajo estamos proponiendo es que esto se subsane y que sea la legislación de nuestro país quien cuide los derechos de las y los trabajadores de este país.
Ojalá que la Comisión de Trabajo, pero, sobre todo que integrantes de todos los grupos parlamentarios puedan sumarse a esta iniciativa que simplemente asume con responsabilidad que la inversión de lo que antes en los 80, 90 se conocía como los capitales golondrinos se regule, que vengan, que sí den empleo, pero que al mismo tiempo asuman con responsabilidad los derechos laborales vigentes en este país. Esto debe ser una de las causas centrales de la cuarta transformación. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Tenemos en el registro que su iniciativa es sobre el Reglamento de la Cámara de Diputados. Digamos, el registro que se tiene es de otra iniciativa y yo estaría obligada a darle turno a la iniciativa registrada que fue la leída... exacto y a la iniciativa, una vez, esta que acaba de mencionar será en un proceso distinto, efectivamente así es. Túrnese la iniciativa enlistada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Permítame, diputado. Disculpe, un segundo, diputado, Alonso Erubiel. La diputada Lilia Aguilar tiene el uso de la palabra, entiendo para precisar el tema de su iniciativa. Adelante.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Solo para solicitar entonces a esta Presidencia que por favor se pueda ampliar el turno a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, dada la confusión y que esta es una iniciativa, la que acabo de presentar, 100 % relacionada con temas laborales y la modificación a la Ley Federal del Trabajo.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Sí, diputada. Solamente para dar, digamos, transparencia. La iniciativa enlistada por el Grupo Parlamentario fue una iniciativa para reformar el artículo 312 del Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de reuniones de comisiones en modalidad presencial. Así, le dimos lectura y esa iniciativa que está registrada, acordada, digamos, por la Mesa para hoy deberá tener un turno exprofeso, ese turno es a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
Cuando se presente la iniciativa, a propósito de lo referido en la tribuna, por supuesto daremos el turno correspondiente, incluyendo a la comisión que solicita, por supuesto. Y, evidentemente, si pide incluso que sea turnada exprofeso se hará en su momento. Solamente para, digamos, alinear la publicación con el turno. Muchísimas gracias, adelante, diputado.
El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que: Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, con la venia de nuestra presidenta. En esta tarde vengo a presentar una iniciativa que busca garantizar la justicia en México, que no sea una simulación, sino una realidad para quienes han sido víctimas de algún delito.
Esta reforma a la fracción V, del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que obliga al Ministerio Público acredite que ha realizado todos y cada uno de los actos de investigación antes de terminar el archivo de una carpeta.
Esto no es un exceso, es una exigencia mínima en un Estado de derecho. Durante muchos años, miles de víctimas han enfrentado comentarios recurrentes sobre las carpetas de investigación que se archivan sin claridad, sin transparencia; y, en muchos de los casos, sin haber agotado las diligencias necesarias comprendiendo la realidad económica, social, cultural de cada víctima o de cada ofendido.
El archivo se convierte así en una forma de impunidad institucionalizada. Lo que estamos viviendo las y los mexicanos tiene que abrirnos los ojos y por eso presentamos esta iniciativa, esta reforma que busca cambiar esa realidad. Que en cada decisión de no continuar una investigación esté debidamente sustentada, documentada y comprobada que el Ministerio Público actúe la diligencia que la ley y la sociedad le exige.
Pero, sobre todo, busque devolver la confianza en las instituciones de procuración de justicia. No podemos seguir permitiendo que el archivo de investigaciones sea una puerta fácil para evadir responsabilidades. La justicia no puede depender de criterios discrecionales ni de prácticas opacas.
Votar a favor de esta iniciativa es defender el derecho de las víctimas a conocer la verdad, combatir la impunidad desde su raíz. Fortalecer el debido proceso y la legalidad, la justicia que no se investiga no es justicia, es una simulación. La justicia que se archiva sin fundamento es abandono y es el abandono a una víctima.
Hoy tenemos la oportunidad tenemos la oportunidad de corregir esta falla estructural, que sea con responsabilidad, con convicción y del lado de quienes esperan respuesta. Es momento de fortalecer la justicia en nuestro país.
En el 2023 se iniciaron más de 2.2 millones de carpetas de investigación en todo el territorio nacional, alrededor de 949 mil fueron determinadas, resueltas o cerradas.
Dentro de ese grupo, casi el 50 %, es decir, más de 550 mil carpetas fueron enviadas al archivo temporal. Esto significa que aproximadamente 6 de cada 10 investigaciones hoy en México terminan en el archivo.
Y, en términos absolutos, más de medio millón de casos al año se guardan y se resguardan. ¿Qué implica? Que solo el 3.9 % de las investigaciones llegan a vinculación del proceso, una tasa muy baja. Más de 55 % siguen en trámites sin resolución, es decir, el sistema no investiga a fondo, no judicializa y no resuelve.
En Sinaloa, por decir, cerca del 84 % de las carpetas resueltas terminan en un archivo, solo 16 son investigadas. En Tamaulipas el 74.8 % también se mandan a un archivo. En Tabasco 6 de cada 10 se mandan a un archivo.
Esta es una forma que busca recuperar la confianza ciudadana, garantizar procesos justos y avanzar en un sistema penal que verdaderamente sea eficaz, eficiente, legal, objetivo, claro y que tenga la certeza jurídica que todas y todos buscamos.
Porque la justicia no puede depender de interpretaciones, la justicia debe sustentarse en hechos, en pruebas y en responsabilidad institucional, hoy tenemos la oportunidad de dar paso firme para reducir la impunidad y dignificar el acceso a la justicia en todo el país.
Yo les quiero pedir, presidenta, que podamos mandarlo a las comisiones pertinentes y podamos verdaderamente trabajar en un Estado de derecho, para que cada día en nuestro país tengamos una justicia que atienda a todas y a todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Sergio Gil Rullán, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de protección de pesca ribereña frente a contingencias ambientales, suscrita por la diputada Ivonne Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.
El diputado Sergio Gil Rullán: Con el permiso de la Presidencia. Hoy venimos a presentar la iniciativa de reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de protección a la pesca ribereña frente a contingencias ambientales.
No es de poca cosa decir lo que ha pasado en tantos meses y aquí mismo en la Cámara de Diputados. Desde febrero sabíamos que había un problema en el Golfo: se detectó una y otra vez la mancha creciente.
Desde entonces, no hubo ningún dispositivo, ningún protocolo, porque no encontraron culpables de cómo atenderlo. Ante ello, proponemos fortalecer la protección ambiental, social, ante los desastres, obligando a las autoridades a evaluar, monitorear, los impactos ambientales sobre la sustentabilidad de recursos pesqueros, los ecosistemas marinos. Para ello, se requiere establecer mecanismos para la contaminación, para la contención y, sobre todo, para la garantía del trabajo de estas personas. Y es muy sencillo.
Una mancha en el Golfo de 46 kilómetros, 900 kilómetros afectados desde Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Solo en el estado de Veracruz, el propio censo de Bienpesca reporta 35 mil beneficiarios... 24 mil de ellos, pescadores ribereños, que se dedican a salir todos los días a pequeñas distancias para pescar el sustento. Y, ante ello, nadie les previno, nadie les afectó, nadie les dijo que esto podía pasar. Y todas esas familias no han podido salir a pescar. Sus redes, sus embarcaciones y los animales que pescan están contaminados.
Ante ello, proponemos esta modificación para tener certezas. Porque una desgracia que pudo haber sido avisada con tiempo, también pudo haberle dado otra circunstancia a la gente.
La desgracia ambiental se ha vuelto una desgracia económica y en los datos del propio gobierno de Veracruz, 24 mil pescadores ribereños, porque el censo está cerrado y le vamos a pedir a Bienpesca que lo amplíe, porque según las cooperativas son cuando menos 38 mil, 14 mil pescadores que no han querido censar.
Por cierto, la presidenta solo va a ayudar a 800 de ellos con 15 mil pesos, sin protocolo, sin sustento y con un concierto multimillonario de entre 8 a 13 millones de pesos el artista y los pescadores, pues bien, gracias.
Los propios datos de evitar esto antes de la Semana Santa y tener protocolos antes de la Semana Santa, le hubiera dado alivio económico a las familias. Los datos del gobierno del estado son estos. En el 2025 tuvimos 2 millones y medio de visitantes, según el informe de la gobernadora, en el 2026 solo un millón 200 mil. En el 2025, 3 mil 400 millones de derrama económica, en el 2026 solo mil 400 millones.
La ocupación hotelera para la Semana Santa, 100 % en el 2025, 83 % en el 2026 y para acabarla la gobernadora de Veracruz hecha de cabeza al gobierno federal y la política económica, porque dice que la gente tiene menos dinero para gastar. Mientras que en el 2025 gastaban mil 300 pesos por persona, en el 2026 solo gastaron mil 200.
Menos lana, menos turismo, menos derrama económica y menos riqueza para los pescadores ribereños, porque nadie les avisó, porque no hay un protocolo y los que deberían dar la cara, pues aquí no han venido. El titular de la CEA ni sus luces, la titular de la Semarnat atendiendo esto, pero solo ha ido una vez a Veracruz y ni una sola vez a la Cámara.
El chapopote regado por la costa y los pescadores sin poder salir y ustedes dicen que no son los culpables de la falta del turismo en el estado. Nada más le recortaron a la Secretaría de Turismo de Veracruz 300 millones de pesos, tenía 500 y la dejaron con 200, para que vean cómo no promover y no invitar a la gente les costó desde el año anterior el recorte de la austeridad falsa, que quién sabe a dónde se fue.
Les faltan protocolos, le falta seriedad y le falta altura y le falta que eso no quede a discreción de ustedes. Que quede a partir de la ley y de la claridad que beneficia a todas y a todos y no nada más a los que quieren empadronar.
Esta ley nos va a permitir tener certeza y no quedar en el abandono, como los han dejado a los pescadores y muy sencillo, esta desgracia hoy le pasó al Golfo de México y si llegara a pasar en el Pacífico, y si llegara a pasar en las costas de Quintana Roo, y si llegara a pasar en el Caribe, no vamos a estar listos y no vamos a estar preparados.
Hoy no han reparado el daño, hoy no han limpiado las playas, hoy no han limpiado ni ayudado a los prestadores de servicios ni a los pescadores. Con esto espero que sí los apoyen y que no vengan a derramar el chapopote que Morena regó en el Golfo y que aquí en la alfombra de la Cámara de Diputados sigue sucia y manchada porque tampoco la levantaron.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Pesca para su dictamen. Esta Mesa Directiva envía un saludo a los estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Iberoamericana campus Torreón, invitados por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias por estar aquí en esta Cámara de Diputados.
Saludamos a los integrantes del movimiento Acción Social, invitados por la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Gerardo Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Educación y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de prevención y atención temprana y obligatoria del riesgo suicida, al fortalecimiento de la salud mental comunitaria y de la protección al principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes. Adelante, diputado.
El diputado Gerardo Ulloa Pérez: Estimada presidenta. Compañeras y compañeros, propongo y pongo a consideración esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Salud, de la Ley General de Educación y de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en materia de prevención del suicidio.
Por lo que subo a esta tribuna para hablar de una realidad que lastima, preocupa y ocupa, y que exige una respuesta firme de los tres niveles de gobierno. El suicidio se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más grave y silencioso en nuestro país.
De acuerdo con datos oficiales de nuestro gobierno, en los últimos años más de ocho mil personas mueren por suicidio, y lo más alarmante es que se presenta en un alto porcentaje entre adolescentes y jóvenes.
Diputadas y diputados, detrás de cada cifra hay una historia, hay una familia rota, hay un proyecto de vida interrumpido, hay una sociedad que no supo llegar a tiempo.
Por eso la iniciativa que hoy nos ocupa es una reforma legal, es una propuesta de transformación preventiva para que el Estado Mexicano reaccione y empiece a anticiparse.
Actualmente nuestra legislación reconoce la importancia de la salud mental, invención a la prevención del suicidio en distintos ordenamientos. Sin embargo, lo hace de manera dispersa, programática y sin mecanismo obligatorio de coordinación.
No existe en todo el territorio nacional un modelo jurídico integral que articule la prevención comunitaria, la detección temprana, la información epidemiológica especializada y la actuación interinstitucional obligatoria. Este vacío es el que esta iniciativa busca llenar.
Se proponen dos áreas fundamentales:
1. Creación de un sistema nacional de prevención del suicidio, que permita coordinar esfuerzos entre autoridades de salud, educación, desarrollo social y protección de derechos humanos.
2. También establecer un protocolo nacional, identificación y atención del riesgo suicida en instituciones educativas, porque sabemos que en la escuela es uno de los primeros espacios donde pueden detectarse señales de alarma.
Esta iniciativa fortalece el modelo comunitario de salud mental ya reconocido en nuestra legislación, no plantea la construcción de nuevas instituciones costosas ni la duplicación de estructuras.
Hoy, al presentar esta iniciativa, vengo a hablar de vidas que se están apagando en silencio, de familias que nunca vuelven a ser las mismas. No estamos hablando de ideología, no estamos hablando de partidos, no estamos hablando de humanidad. Estamos hablando de cifras, estamos hablando de personas, no de cifras. Esta os hablando de historias que podrían tener otro final si actuamos a tiempo.
Imaginemos por un momento un país donde cada joven en crisis encuentre una mano tendida y que lo apoye, donde cada escuela tenga herramientas para detectar el sufrimiento.
Hoy tenemos la oportunidad de decirle a México que la salud mental importa, que la vida importa, que nadie debe sentirse solo frente al dolor. Diputadas y diputados, no dejemos que más silencios se conviertan en muertes, actuemos ya. Es cuanto. Gracias, diputada presidenta, diputadas y diputados. Gracias. Buena tarde.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Educación para dictamen, y a la Comisión de Derechos Humanos para opinión.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 53 y la fracción III del artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de garantía de asistencia humana en mecanismos de atención al consumidor en comercio electrónico. Adelante, diputada.
La diputada Marcela Michel López: Pocas cosas son tan molestas para cada uno de nosotros como usuarios de algún servicio o al realizar una compra en línea que el que traigan de grabación en grabación, en grabación.
Nunca te atiende una persona de carne y hueso, y te saques la misma, con el coraje de no haber podido resolver nada. Todos hemos pasado por este calvario, ¿cierto? Pues hoy quiero presentar ante ustedes una iniciativa que busca garantizar el derecho de las y los consumidores de las compras en línea.
Primeramente, saludo a mis compañeras y compañeros legisladores, así como a los invitados en este recinto y al pueblo que nos observa a través del Canal del Congreso. Gracias por su atención y acompañamiento.
El avance a escala global de las tecnologías de la comunicación y la información, así como las herramientas de inteligencia artificial es permanente, no va a parar y, la verdad, qué bueno que sea así.
Cuando los avances científicos y tecnológicos se traducen en mejoras en la calidad de vida y los servicios del pueblo, esto es sin duda una bendición. Un buen ejemplo de ello es el comercio electrónico, que en México ha dejado de ser una modalidad de compra alternativa para consolidarse como un componente estructural de la economía nacional.
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta on Line, el comercio electrónico minorista alcanzó un valor de 789 mil millones de pesos en 2024, consolidando a nuestro país como uno de los mercados digitales de mayor crecimiento a nivel mundial, con una base superior a 65 millones de consumidores digitales.
Reitero, me da muchísimo gusto que así sea, me alegra presentar estas cifras y estoy convencida de que próximamente, con la estabilidad económica que ha generado la cuarta transformación y el gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estas cifras se elevarán aún más y alcanzarán máximos históricos. Ya lo verán.
La digitalización del comercio trae muchos beneficios, cierto. Sin embargo, las ventajas que ofrecen los proveedores nunca, bajo ninguna circunstancia, deben traducirse en una merma de los derechos del consumidor.
No resulta aceptable que la innovación tecnológica genere vacíos normativos que permiten a los proveedores escudarse en la automatización para eludir una atención personalizada y efectiva.
Entonces, ¿nos oponemos a la automatización o al uso de la inteligencia artificial en la atención a los usuarios del comercio virtual? No, para nada. A lo que nos oponemos es a que la autonomía del consumidor se vea vulnerada cuando se le obliga a interactuar exclusivamente con sistemas automatizados.
Cuando los proveedores sustituyen la atención efectiva por sistemas automatizados que carecen de facultades para resolver controversias, imponiendo al consumidor trabas para ejercer derechos básicos como la rescisión contractual, la devolución de pagos o la corrección de errores en la prestación de un servicio es cuando se vulneran los derechos de los consumidores y esto sí no lo debemos permitir.
Analicemos el comportamiento de las reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Datos del Buró Comercial de la Profeco muestran que los sectores con mayor volumen de transacciones digitales concentran también los mayores índices de quejas relacionadas con la negativa de rescisión de contratos, reembolsos y deficiencias en el servicio postventa.
En ese contexto, la presente iniciativa parte de una premisa fundamental: la modernización tecnológica no puede ni debe sustituir la responsabilidad humana, particularmente cuando están en juego decisiones con efectos patrimoniales o jurídicos irreversibles.
¿Qué busca específicamente esta iniciativa? Simple, que el proveedor en línea garantice que cuando las gestiones involucren decisiones o acciones de carácter complejo o irreversible, tales como la cancelación de un contrato, el reembolso de un cargo o un cambio esencial en un servicio o producto, el consumidor tendrá siempre la opción de ser asistido por un operador humano de forma expedita para obtener una solución efectiva. Tal cual.
Buscamos que sea el consumidor quien determine libremente si quiere ser atendido por una máquina o por un ser humano, recuperando así su autonomía frente a la frialdad de los algoritmos. No queremos eliminar los sistemas automatizados en el comercio electrónico, que siga, qué bueno que existe, pero queremos fortalecer también los mecanismos de protección al consumidor, garantizando una vía accesible y efectiva de aclaración cuando la naturaleza de la gestión así lo requiera.
Todos somos usuarios, todos somos consumidores. Por el bien común, estoy segura que contaremos con su apoyo para sacar adelante esta reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Montserrat Ruiz Páez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 27 y 77 Bis 37 de la Ley General de Salud. Adelante, diputada.
La diputada Montserrat Ruiz Páez: Muchas gracias, presidenta. Saludo al pueblo de México, a quienes nos siguen por medio del Canal del Congreso y las redes sociales.
En este segundo piso de la cuarta transformación nuestra brújula es clara: por el bien de todos primero los pobres y los olvidados. No puede haber transformación verdadera si nuestras instituciones de salud siguen siendo espacios donde se reproduce el estigma, la exclusión y el maltrato hacia quienes son diferentes.
Esta iniciativa, que presento el día de hoy, no es solo una reforma técnica, es un acto de justicia social y un paso firme hacia la humanización del servicio público. Como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos una máxima que guía cada uno de nuestros pasos, muera la discriminación y muera el clasismo. Esta iniciativa que presento hoy no es simplemente una reforma técnica o administrativa, es ante todo un acto de justicia social y un paso firme hacia la humanización profunda del servicio público.
La ley mexicana al mantener este enfoque incurre en una práctica de patologización indirecta que produce efectos nocivos en la atención médica. Existe un sesgo diagnosticado, el personal médico condicionado por una ley que sitúa la identidad de género en el ámbito psiquiátrico, tiende a interpretar cualquier dolencia física de una persona trans o no binaria a través de prismas de su identidad, fenómeno conocido como atribución errónea trans.
Existe violencia institucional, la falta de protocolos específicos en medicina general permite que persistan prácticas de trato indigno como la negación de acceso a áreas de hospitalización adecuadas o el cuestionamiento de la identidad en procesos de urgencia médica.
Existe invisibilidad en la salud primaria al no estar considerada la atención especializada como un servicio básico en el artículo 27, las instituciones no están obligadas a desarrollar programas de prevención específicos para esta población en el ámbito como la oncología, la cardiología, la geriatría dónde existen necesidades diferentes.
El humanismo mexicano que defendemos nos obliga a garantizar que el Estado sea el principal garante ante la dignidad humana. Esta reforma a los artículos 27 y 77 Bis, 37 de la Ley General de Salud establece que la atención a la diversidad sexual sea un servicio básico y que ningún servidor público pueda escudarse en el perjuicio para negar un trato digno e inclusivo.
Queremos que la atención médica especializada sea considerada un pilar de bienestar, que todo personal sea médico o administrativo actúe con perspectiva de igualdad y respeto absoluto a la identidad de género.
En este proyecto de nación el poder solo tiene sentido y legitimidad cuando se pone al servicio de los demás, especialmente de quienes han sido históricamente marginados y silenciados.
Compañeras y compañeros legisladores, cuidar los derechos de las personas que sufren discriminación es, en el fondo, cuidar el corazón mismo de nuestro México. Una democracia que no incluye a todos es una democracia incompleta.
Que se escuche fuerte desde esta tribuna, en cada rincón de este México que estamos construyendo con esperanza y voluntad nadie atrás y nadie fuera. Es momento de que la ley refleje la humanidad que nuestro pueblo ya practica. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado Fernando Torres Graciano, hasta por diez minutos, para presentar las siguientes iniciativas. Uno, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Y dos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Promoción al Consumo y Fomento a la Competitividad del Calzado Mexicano, ambas suscritas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
El diputado Fernando Torres Graciano: Gracias, presidenta, con su venia. El día de hoy venimos a presentar estas dos propuestas de iniciativas que nos parece son, en el fondo, propuestas que vienen a incentivar nuestra economía en dos sectores muy importantes.
Y que también creemos que son iniciativas que no tienen ningún problema para que puedan ser procesadas en la comisión porque no tienen ninguna implicación de carácter ni el impacto económico y mucho menos de carácter político.
Todo lo contrario, son, me parece a mí, iniciativas propuestas no solamente nobles, sino importantes, necesarias y que vendrán a dar un beneficio a estos dos sectores. Y me refiero primero a la propuesta para poder incentivar, apoyar, en ciertas circunstancias, a la pequeña empresa, a las Mipymes, a la mediana empresa.
Todos conocemos y hemos sabido por datos del Inegi, de la propia Secretaría de Economía que es ahí donde se da el mayor empleo en este país, que es en las Mipymes, que no es otra cosa más que ese pequeño comercio; ese pequeño negocio familiar en el que se da la posibilidad de que muchas de nuestras familias mexicanas encuentran ese camino de emprendimiento.
Cuando hablamos de una Mipyme, de un pequeño comercio, de un pequeño negocio estamos hablando de un joven que quiere emprender, que está saliendo quizá de la universidad, de estudiar, o que quizá dejó de estudiar y empieza a trabajar, incluye su vida laboral a partir de un propio esfuerzo y un negocio.
Cuando hablamos de una Mipyme o de un pequeño comercio estamos hablando quizá de una pareja que empieza a hacer su patrimonio, o quizá de una familia donde se emplean o autoemplean los propios integrantes de esa familia.
Cuando hablamos de esta pequeña y mediana empresa estamos hablando del esfuerzo de emprendedores que le dan dos, tres, cinco, siete, diez empleos a personas y que ahí es donde se genera esa comunidad de emprendimiento. Por eso, creo que es importante que sigamos apoyando e incentivando a estas unidades económicas conocidas como las Mipymes.
¿Y en qué consiste la propuesta? En que cuando haya circunstancias, condiciones que se ven afectadas, como las que vivimos con el tema del Covid, pero que también se viven en algunos lugares, como ha pasado en Guerrero con el tema de los ciclones o efectos naturales que se dan y que se afecta de manera importante a este tipo de comercios, de negocios, que puedan tener ese apoyo para que en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales puedan acceder a condonaciones, a descuentos, a plazos, en fin, al apoyo para que puedan mantenerse y subsistir estos pequeños negocios que están iniciando y que están en crecimiento.
En eso consiste esta primera propuesta de reforma a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, concretamente al artículo 12 de esta ley.
De la segunda propuesta, la siguiente iniciativa que presento, es una propuesta que expide la Ley de Promoción al Consumo, Fomento a la Competitividad del Calzado Mexicano.
Vengo de la ciudad de León, una ciudad que se distingue porque su industria principal es precisamente la del cuero, calzado, y que es un ejemplo de desarrollo y crecimiento. Tenemos grandes ejemplos de grandes empresarios, marcas que han no solamente conquistado el territorio nacional, sino han conquistado el mundo y que compiten con las mejores marcas y con los países que son líderes en lo que es la fabricación de calzado, países como Italia o países como Brasil.
Sin duda que tenemos una gran oportunidad para poder seguir creciendo y dando ejemplo de lo que es una industria mexicana, como es la del calzado. Por eso, esta ley lo que busca es, como en otros casos, como en otras leyes, la promoción y el fomento para el consumo del calzado mexicano, para que podamos tener de esta industria no solamente mayor empleo, sino también un renombre, como lo he dicho, porque a nivel internacional es reconocida la mano de obra mexicana y concretamente la mano de obra en el calzado.
Y quiero dar algunos datos. Miren: por datos de la propia cámara del calzado, tenemos conocimiento de que muchas de las empresas y plantas instaladas de los empresarios que tienen y se dedican a la fabricación de calzado, en León, sí, y en los pueblos del rincón, como les decimos allá en Guanajuato, que es San Francisco, Purísima y algunos otros municipios, tenemos un gran empresariado en este tema de la fabricación del calzado.
Sin embargo, no solamente es Guanajuato: también el Estado de México y en otros estados hay fabricación, en Jalisco, del calzado. Y somos un ejemplo en cuanto a diseño, en cuanto a moda, en cuanto a la industria y en cuanto a su calidad y en cuanto a su mano de obra.
Pero, sin duda, también esta industria ha tenido grandes retos y enfrenta hoy en día todavía importantes retos porque hay una competencia desleal con el calzado que se importa, sobre todo, de China.
Y, sin duda, también, que nos viene a ayudar lo que se acaba de aprobar y promover por parte de la Secretaría de Economía para el arancel al calzado chino. El calzado, la industria textil, la industria de juguete, particularmente, han sido muy afectadas por esta competencia desleal con productos que vienen de China.
Por eso, creemos importante seguir avanzando y que, si bien nos ayudarán, aún no se refleja, pero estoy seguro de que se reflejará este tema de los aranceles al calzado chino, también es importante que sigamos promoviendo el consumo de nuestros productos que son ejemplos a nivel nacional.
Por eso, hoy, con esta propuesta, lo que queremos es que pronto nuestra industria del calzado, que nuestros empresarios del calzado puedan tener al 100 % laborando sus plantas, porque hoy hay una capacidad instalada que está funcionando poco más del 50 %.
Y no es falta de talento, no es falta de diseño, no es falta de moda, no es falta de emprendimiento: es la competencia desleal. Por eso, tenemos que seguir ayudando y apoyando a industrias que, como la del calzado, pueda seguir creciendo y siendo un referente a nivel mundial.
Y hay otros ejemplos de estas leyes de promoción a ciertos sectores. Por ejemplo, tenemos una ley de promoción a la industria de la vitivinicultura o, por ejemplo, de la industria del libro, a la de la industria editorial. Tenemos ejemplos de leyes concretas para promover el fomento y el crecimiento y la competitividad de ciertas industrias.
Y hoy, con esta propuesta, lo que queremos es que podamos discutirla, primero, obviamente, en comisiones. Insisto: no vemos que vaya a haber ningún problema porque son propuestas que solamente vienen a beneficiar a ciertos sectores para que podamos seguir creciendo en nuestra economía.
Es necesario señalar también que esta propuesta ya desde la anterior legislatura se había presentado y quiero dar su crédito a un excompañero de la anterior legislatura, el diputado Román Cifuentes Negrete que, junto con varios compañeros, en ese momento, del estado de Guanajuato, se presentó esta iniciativa. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y demás se fue la legislatura y estamos retomando esta propuesta, para que podamos en esta legislatura actual sí sacar adelante este proyecto de esta ley.
Es necesario señalar que esta ley lo que busca es que podamos tener una industria del calzado fuerte, competitiva y que siga siendo una industria del orgullo de México. Para mí es un orgullo, como leonés, presumir siempre en diferentes lugares lo que hacemos en la industria del calzado, lo que hay como grandes marcas, grandes fábricas, grandes empresarios que han puesto, de León y de Guanajuato, de los pueblos del Rincón, que han puesto en el terreno internacional lo Hecho en México y concretamente lo Hecho en Guanajuato, lo Hecho en León.
Por eso, hoy venimos a pedir y a solicitar el apoyo de esta asamblea, para que pronto podamos tener esta Ley de Promoción al Consumo y Fomento a la Competitividad del Calzado Mexicano, porque seguro estoy que así como en el calzado hay muchos otros productos y manufacturas en diferentes partes del país que son orgullo de México y seguramente en el norte, en el sur, en varios lados hay diferentes productos de altísima calidad que tenemos que seguir promoviendo y fomentando y apoyando, y hoy le toca al calzado que cuente con el apoyo de esta asamblea para que tengamos esta Ley de Fomento al Consumo y Competitividad de la Industria del Calzado. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese la primera iniciativa a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su dictamen. La segunda iniciativa túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Continuamos ahora, con el diputado Carlos Arturo Madrazo Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 del Código Penal Federal. Adelante, diputado. Gracias.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva: Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. En México actualmente existen más de 38.5 millones de personas viviendo en situación de pobreza, lo que equivale al 26.9 de la población total.
En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno federal para reducir dicha brecha. Según los últimos datos del Inegi, entre los años 2022 y 2024 se tuvo un gran avance, pues 8.3 millones de personas lograron salir de una situación de pobreza multidimensional.
La población en situación de pobreza extrema se redujo de 9.1 a 7 millones de personas. El Estado debe seguir atendiendo las causas estructurales de la pobreza a través de políticas públicas conducentes, pero en paralelo debe sancionar jurídicamente actos que alteren el orden público.
Derivado de esto, me permito presentar ante esta soberanía, iniciativa con proyecto de reforma a fin de sancionar una conducta que se ha vuelto recurrente en nuestro país en diversos momentos y me refiero a la rapiña.
Como una consecuencia de accidentes, principalmente carreteros, desastres naturales o disturbios sociales, se generan conductas que consisten en el apoderamiento colectivo y muchas veces violento de mercancías o bienes que representan un grave problema para la seguridad pública, la economía y el Estado de derecho.
Estos actos, comúnmente conocidos como rapiña, no se encuentran debidamente señalados en la legislación federal, lo que genera impunidad y dificulta la actuación de las autoridades por lo que, mediante esta propuesta, se pretende fortalecer el marco jurídico con la finalidad de reconocer el delito de rapiña en todo el territorio nacional.
El Estado mexicano, en ejercicio de su potestad punitiva, tiene la obligación constitucional de proteger los bienes jurídicos fundamentales de las personas y de la colectividad, así como preservar el orden público y la seguridad jurídica.
En este sentido, el fenómeno conocido como rapiña constituye una manifestación delictiva que se presenta en contextos extraordinarios de vulnerabilidad social o material, tales como accidentes, catástrofes, desastres naturales, emergencias públicas o alternaciones del orden, en los cuales se produce el apoderamiento ilícito de bienes, aprovechando la incapacidad temporal del titular para protegerlos o la ausencia de una autoridad
Si ven el Código Penal Federal contempla agravantes para el delito de robo cuando se comete en condiciones de confusión, derivado de estas situaciones la redacción vigente de la fracción VIII del artículo 381 resulta restrictiva frente a la diversidad de supuestos fácticos que actualmente se presentan.
El artículo 14 de nuestra Constitución consagra el principio de legalidad penal de sus vertientes de reserva de ley y taxatividad, este principio exige que las normas penales describan con claridad y precisión las conductas sancionables y las circunstancias que agravan su comisión, a fin de garantizar certeza jurídica y evitar interpretaciones extensivas en perjuicio del gobernado.
La redacción vigente de la fracción VIII del mencionado artículo se limita a referir: condiciones de confusión que se produzcan por catástrofe o desorden público. Lo cual genera márgenes interpretativos que pueden resultar insuficientes para abarcar dichos supuestos.
Esta reforma tiene por objeto dotar de mayor precisión normativa a la agravante ya existente, incorporando elementos objetivos que delimiten con claridad los supuestos que la conducta debe ser sancionada con mayor severidad, sin crear un tipo penal autónomo, ni vulnerar el principio de legalidad.
En México, los fenómenos de rapiña han sido recurrentes en diversos contextos, y no es un tema menor, ya que no puede considerarse como un simple robo, y debemos resaltar que dichos actos generan múltiples daños:
Económicos. Pues afectan directamente a transportistas, aseguradoras y comercios, ocasionando pérdidas millonarias.
Sociales. Al fomentar una cultura de impunidad y normalizar el saqueo como práctica aceptada en situaciones de caos.
Y de seguridad. Ya que suelen ir acompañados de violencia contra conductores, autoridades o particulares que intentan impedirlos.
Visibilizar jurídicamente los actos de rapiña implicaría brindar certeza jurídica y facultades claras a las autoridades para actuar de inmediato. Homologar criterios en la procuración y administración de justicia. Prevenir la impunidad al evitar que estas conductas se juzguen solo como robo, lo que no refleja su verdadera gravedad. Y proteger de manera más efectiva la propiedad.
La reforma contribuye a la homologación de criterios interpretativos y la coherencia del sistema penal, evitando vacíos normativos que pueden traducirse en impunidad.
Todos hemos escuchado de muchos casos de rapiña, en los cuales se da cuenta de cómo pobladores, aprovechando la situación de emergencia, se apropian de mercancías o bienes que definitivamente no pueden ser considerados como de primera necesidad.
Ejemplo de lo anterior, lo ocurrido en abril del 2025, cuando un tráiler cargado de motocicletas volcó sobre la autopista Arco Norte, a la altura del municipio de Jilotepec, en el Estado de México.
Y cómo olvidar lo ocurrido tras el paso del Huracán Otis, el cual dejó cuantiosos daños en el Puerto de Acapulco. Miles de establecimientos quedaron en total inoperatividad, pero esto no impidió que un número importante de pobladores aprovecharan el momento para sustraer bienes que no son considerados de primera necesidad: televisiones, refrigeradores, motocicletas, y otros electrodomésticos. Y así podríamos seguir enumerando muchísimos casos.
Esta propuesta de reforma no va enfocada en afectar a quienes en un momento de necesidad pueden cometer un acto de apoderamiento de algún producto o bien de primera necesidad, sino a quienes ven en la desgracia de un accidente...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluyda, diputado.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva: ... desastre natural o acción de desorden social la oportunidad de cometer actos de rapiña y afectar gravemente a otras personas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias por su tolerancia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
La diputada María Isidra de la Luz Rivas: Gracias. Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Permítame un segundito, diputada. Diputada Nayeli, ¿con qué objeto?
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (desde la curul): Gracias, presidenta. Solo hacerle una pregunta al diputado, si me lo permite, si me permite sumarme a su iniciativa de relevante importancia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Diputado Carlos Arturo Madrazo, la diputada secretaria le pregunta si está usted de acuerdo en la adhesión a su iniciativa.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva: (Asiente).
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Acepta la adhesión y la ponemos a su disposición para quien guste firmarla aquí en la Mesa Directiva. Disculpe, diputada, ahora sí, adelante.
La diputada María Isidra de la Luz Rivas: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada María Isidra de la Luz Rivas: Gracias. Antes de dar lectura a esta iniciativa quiero comenzar, quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de nuestro connacional, Alejandro Cabrera Clemente, quien falleció el pasado 11 de abril, mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, del ICE, en el Centro Correccional de Winn, del estado de Lusiana.
Con Alejandro Cabrera Clemente suman ya 15 mexicanos muertos bajo custodia del ICE. Por ello, respaldamos plenamente la solicitud de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la cancillería mexicana para investigar estos terribles decesos y ofrecer a sus familias justicia y claridad.
No podemos seguir tolerando estos actos de lesa humanidad, que atropella a los derechos humanos. Gracias.
Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México que nos ve por el Congreso de aquí, por el Canal del Congreso, y los medios de comunicación. La política exterior de un país no es únicamente una herramienta diplomática, es un espejo de lo que somos y, sobre todo, de lo que hemos decidido ser.
Hoy más que nunca, ante el panorama de incertidumbre mundial y la coyuntura geopolítica, nuestro país y la región enfrenta una decisión crucial, si nuestra actuación en el mundo será neutral ante la desigualdad o si continuaremos asumiendo un papel firme y transformador basado en la igualdad, la no discriminación, la defensa de los derechos humanos, la perspectiva de género de discapacidad, de infancias y de grupos vulnerables.
Es por esto que incorporamos los principios ya mencionados en la Ley del Servicio Exterior Mexicano. No es un gesto simbólico, se trata de ética y congruencia. Es reafirmar que México no tolerará ni dentro ni fuera de sus fronteras prácticas que excluyen, violentan o invisibilizan a las personas por razón de género, origen, condición social o cualquier otra característica.
La perspectiva de género no es una concesión ideológica, es una herramienta indispensable para entender la realidad que hoy vivimos. Nos permite ver lo que durante demasiado tiempo se ignoró, que las decisiones internacionales tienen efectos distintos, muchas veces desproporcionados sobre mujeres y grupos históricamente discriminados.
Cuando se negocia o participa en foros internacionales y mesas de gobiernos mundiales sin esta perspectiva, se corre el riesgo de reproducir desigualdades, pero cuando estos principios se incorporan, tenemos el poder de la transformación. Además, en un escenario global donde los derechos humanos enfrentan diversos desafíos, México no puede limitarse a seguir tendencias, debe contribuir a definirlas.
Un servicio exterior con enfoque de igualdad y género reafirma a nuestro país como un actor congruente, valiente y comprometido con la dignidad humana, como hasta hoy lo hemos hecho en este gobierno.
No se trata únicamente de cumplir compromisos internacionales, se trata de honrar una convicción: que todas las personas, sin excepción, merecen las mismas oportunidades, respeto y protección.
Por ello, hoy propongo la integración de estos principios en nuestra ley del Servicio Exterior Mexicano, para que las y los miembros del cuerpo diplomático que velan por los derechos de nuestros connacionales, tanto en nuestro territorio como fuera de él, observen en todo tiempo estos aspectos.
Asimismo, para que las instituciones que atienden de primera mano a los migrantes brinden siempre una atención humana, justa, equitativa y con perspectiva de los derechos humanos.
Compañeras y compañeros, hoy tenemos la oportunidad de continuar promoviendo un servicio con calidad humana, una política exterior de protección a los derechos humanos y le estamos diciendo al mundo: México no se presta a las conductas que violentan a los pueblos, a las mujeres, niñas y niños. Y mucho menos a la soberanía y autodeterminación de cada pueblo.
Con esta iniciativa, haciendo una política exterior no un instrumento de intereses, sino un vínculo de justicia, demostramos que México no solo participa en el mundo, sino que contribuye a hacerlo más igualitario. Porque la forma en que un país se relaciona con el mundo revela sin máscaras el valor que le otorga a la dignidad humana.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo trabajamos en pro de la igualdad y la equidad para nuestros mexicanos, tanto en el exterior como los migrantes que atraviesan el territorio mexicano. Es cuanto. Muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Arturo Yañez Cuellar, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, de la Ley de Aviación Civil y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Arturo Yañez Cuellar: Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros, hoy no vengo a hablar solo como legislador, sino como un ciudadano más que conoce y padece las dificultades de una industria aérea que adolece de sentido social.
Durante muchos años nos dijeron que viajar en avión era un lujo. Hoy la realidad es otra. Para millones de mexicanas y mexicanos, volar ya es una necesidad. La necesidad de una madre duranguense que debe viajar por una emergencia familiar, la necesidad de un estudiante que busca formarse fuera de su estado o de un paciente que requiera atención médica especializada.
En un estado tan extenso como Durango, al igual que muchos de los estados de este país, donde los traslados por carretera implican tiempo y desgaste físico, el transporte aéreo se convierte en una necesidad básica, pero hoy esa necesidad es limitada por costos excesivos, por tarifas opacas, por prácticas que lastiman directamente a la ciudadanía. Por eso he presentado esta iniciativa con cuatro puntos importantes para poner a las personas en el centro.
Propongo aplicar un descuento del 50 % a personas con discapacidad y adultos mayores, así como se hace en el transporte terrestre. Eliminar impuestos injustos. Quitar el IVA del TUA para que el costo del boleto de avión al usuario sea más económico. Poner un alto a la sobreventa de vuelos. Ningún boleto de avión en vuelos nacionales debe de exceder el equivalente a 15 días de salario mínimo vigente, lo que corresponde a 4 mil 182 pesos, aún cuando el boleto de avión sea comprado a horas de anticipación. En caso de que no se utilice el boleto de avión la aerolínea deberá devolver el TUA en dinero de manera inmediata en medios digitales a las cuentas bancarias del usuario.
Amigas y amigos diputados, nuestra propuesta no busca frenar la industria aérea, se trata de hacerla más justa, más responsable y más humana. Por ello, amigas y amigos diputados, proponemos que sí vayamos al rostro humano de la industria aérea y miren, en el pasado periodo vacacional me di a la tarea de cotizar un boleto de avión de la ciudad donde soy originario, Ciudad de México-Durango y el costo del boleto de avión rebasaba 10 mil pesos, en ese mismo día a esa misma hora coticé un boleto de avión de Ciudad de México a otro país y vean el costo, mucho más económico. Así está la industria aérea.
Por ello, les pido que podamos respaldar esta iniciativa y aprovechando de este tiempo, de esta máxima tribuna, quiero platicarles también de una iniciativa que habré de presentar este día, donde hago mención de esta iniciativa para reformar la Ley de Obra Pública de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en materia de derrama económica, buscando que el dinero del pueblo efectivamente se quede en el pueblo.
Esta iniciativa consta de que toda obra pública que el gobierno federal licite, hoy, hoy este gobierno federal está concentrando el recurso y lo está enviando a obras magnas a los estados. Lo que queremos con esta iniciativa es que el recurso que vaya a la obra pública sí beneficie a los estados, sí beneficie a los municipios y sí beneficie a las comunidades.
Cada año el gobierno federal gasta más de un billón de pesos en obra pública, equivale este recurso a casi 2 millones de pesos por minuto. La pregunta es, ¿sí realmente se benefician las comunidades? ¿Sí realmente se emplean trabajadores locales? Y, ¿sí realmente la economía de esta obra pública reactiva y compra materiales a proveedores de la región?
La pregunta es sencilla, pero es importante cuándo se construya una obra del gobierno federal magna en el estado, el estado debe de ser beneficiado. Por ello, propongo dos puntos importantes en esta iniciativa. La primera de ellas, que al menos el 70 % del valor de cada contrato de obra pública se destine a empresas locales, la compra de materiales y servicios de la entidad federativa donde se realiza la obra.
Y que, al menos, el 50 % de la obra local, de la mano de obra local se destine para trabajadores que vivan en la región. Y que así el salario que ganan se gaste en la economía local.
Significa, pues, que una obra pública no debe ser nada más un con, no debe ser un asunto de concreto y acero, debe ser un instrumento de impulsar la economía de los estados y los municipios.
Los invito, pues, a sumarse para que la obra pública sí derrame riqueza, pero también sí derrame infraestructura, pero también que derrame economía local. Es cuanto a mi participación, muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público para dictaminación.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar el derecho de movilidad de niñas, niños y adolescentes frente al abandono parental.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su venia, diputado presidente, amigo Raúl Bolaños, saludo, compañeras diputadas, compañeros diputados. Y, antes que nada, quiero agradecer a todas mis amigas y amigos diputados que suscribieron esta iniciativa. Más de 50 diputadas y diputados de diferentes partidos políticos, cosa que le reconozco, les agradezco, porque ese es un compromiso con la niñez.
Hoy vengo a hablar de una injusticia que ocurre todos los días en México y que lo más grave, está permitido en la ley. Muy desde niñas y niños ven limitado su futuro, no por falta de oportunidades, sino por la ausencia de quien debería protegerlos, que normalmente son muchos padres irresponsables.
Porque hoy en México, el padre o madre que abandona a su familia todavía decide, todavía tiene derechos. Decide sobre un pasaporte, decide sobre un cambio de ciudad, decida sobre la posibilidad de acceder a mejores oportunidades y eso, compañeras, compañeros, no es justicia. Eso es una falla del Estado.
La realidad es clara, miles de hogares, millones de hogares de México son sostenidos por una sola persona, personas que trabajan, que cuidan, que educan y que están presentes todos los días. Pero cuando necesitan tomar una decisión importante la ley les exige pedir permiso a alguien que hace mucho que dejó de cumplir.
Y allí ocurre lo más injusto, quien sí está tiene que pedir autorización, y quien no está tiene el poder de decir que no, eso es absurdo. Esto no es un derecho, esto es una desigualdad legal.
Por eso, hoy presentamos esta iniciativa que presentó como exhorto la diputada, mi amiga Sandra Arreola, diputada local por Michoacán, en mi partido, y que exhortó a esta máxima tribuna, y que hoy la asumimos nosotros. Sandra Arreola, te felicitamos por esta iniciativa, de verdad, qué bueno que diste este paso, porque esto lo viven millones, principalmente de mujeres en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Porque esto no es un problema local, es una realidad estructural de México.
La que se ha llamado como Ley Cazzu no busca generar polémica, hay quienes han criticado que por qué no se le puso el nombre de alguien de México, ese no es el tema, lo importante es que a través de este caso que denunció esta artista se visibilizó este problema y lo tenemos que atender. Felicidades también por haber levantado la voz y esto es algo que nos han pedido, incluso, en otros países.
Pero hoy tenemos que poner énfasis y lo que desde un principio se ha manifestado como el interés superior de la niñez no puede depender de la voluntad de quien ha abandonado sus responsabilidades.
Lo que proponemos es claro, primero, establecer en la Constitución que debe prevalecer el interés superior de la niñez en todos los casos de movilidad. Segundo, crear mecanismos ágiles, accesibles y con control judicial para quien ejerce la custodia pueda tomar decisiones sin depender de quien incumple. Y, tercero, dejar claro que la patria potestad no es un privilegio, es una responsabilidad. Y, cuando se abandona, no se puede seguir generando poder.
Se ha dicho que esta reforma les quita los derechos a los padres. Falso, completamente falso. No se le quitan derechos a nadie. Se evita el uso abusivo de esos derechos cuando hay incumplimiento comprobado.
Se ha dicho que facilita que se lleven a un menor sin autorización. Falso también, compañeras y compañeros, siempre habrá control judicial y revisión del interés superior de la niñez.
Se ha dicho que facilita la sustracción de menores. Falso también, esta iniciativa respeta plenamente los tratados internacionales.
Se ha dicho que puede prestarse a abusos. Lo que hoy es un abuso es el sistema actual, donde quien no cumple tiene poder y quien sí cumple tiene obstáculos. Esta reforma corrige esa distorsión.
Compañeras y compañeros, el abandono parental no puede seguir siendo un instrumento de control, quien decide no estar no debe decidir por quienes sí están. Está reforma no es contra alguien, es a favor de quienes sí cumplen. Es a favor de las niñas y niños de México para que nunca más vean limitado su futuro por la ausencia de quien decidió no hacerse cargo.
Hoy tenemos la oportunidad de corregir una injusticia estructural, de poner la ley al servicio de la realidad y de dejar claro de qué lado estamos. Debe ser del lado de la niñez, del lado de la justicia, del lado de quienes sí están. En México, el interés superior de la niñez no se negocia. Y quien abandona, no decide. Es cuanto, diputada presidenta... diputado presidente. Muchas gracias a todos. Gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Esta Presidencia de la Mesa Directiva saluda a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, del campus San Juan del Río, todas ellas y ellos invitados por la diputada, su paisana, Abigail, que aquí los saluda desde la Mesa Directiva. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Cámara de Diputados.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita Corro Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de aprendizaje de lenguas extranjeras.
La diputada Margarita Corro Mendoza: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hoy en día debemos reconocer que la tecnología ha avanzado a gran velocidad, trayendo importantes beneficios, pero también nuevas formas de violencia, especialmente contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Esto representa un retroceso en el pleno ejercicio de derechos humanos como la dignidad, la libertad de expresión y la protección de datos personales. Frente a esta realidad, el Estado no puede quedarse atrás: tiene la obligación de garantizar la protección de nuestros derechos, también, en el entorno digital.
La violencia se manifiesta de muchas formas y el mundo digital no es la excepción. Hoy las plataformas digitales influyen en la construcción de identidades y en la forma en que nos relacionamos, por lo que deben ser espacios seguros, no lugares donde se permita o normalice la agresión.
El 73 % de las mujeres en el mundo ha experimentado algún tipo de violencia en internet. Ante ello, se han logrado avances importantes. En México, la ley Olimpia marcó un precedente al reconocer la violencia digital como una violación a la intimidad, derivada de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Este hecho nos deja una lección clara: cuando la realidad cambia, la ley también debe hacerlo, especialmente cuando se trata de proteger a niñas, niños y adolescentes.
Hoy enfrentamos un nuevo desafío: la inteligencia artificial está generando formas más sofisticadas de violencia, ampliando los riesgos y el alcance del daño. Actualmente no se requieren conocimientos técnicos avanzados para crear imágenes o videos falsos, esto permite que una persona sea vulnerada de manera reiterada sin control, a través de contenido manipulado o fabricado.
Si bien la tecnología puede ser una forma, una herramienta positiva, también puede utilizarse para afectar la dignidad de las personas. Las mujeres siguen siendo estadísticamente las más afectadas por estas conductas.
Por ello, someto a consideración de esta asamblea, la iniciativa para adicionar una fracción al artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, su objetivo es reconocer de manera clara la violencia digital y aquella generada mediante inteligencia artificial, como un acto de justicia y de protección a los derechos.
Se incorporan dos conceptos fundamentales, la violencia digital presente en la vida cotidiana y la violencia por inteligencia artificial entendida como el uso de tecnología para crear, manipular o difundir contenido que daña a una persona, especialmente de carácter íntimo, sin su consentimiento.
Por eso, hoy levanto la voz y legislo para proteger su dignidad, basta ya de violencia en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos una gran mujer como presidenta que apoya el movimiento en contra de cualquier tipo de violencia. Viva la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Y quiero aprovechar estos minutos que me quedan para dirigirme al hoy muy conocido chapodiputado de Veracruz, que viene a usar esta honorable tribuna para hablar de nuestra gobernadora la ingeniera Rocío Nahle García, la primera mujer gobernadora de nuestro estado y que está haciendo un magnífico gobierno. Quiero sugerirle a este chapodiputado, que primero conozca Veracruz, que conozca la generosidad de su gente, nuestra riqueza gastronómica, nuestra riqueza cultural y que también no todos los distritos tienen playa y que también vaya y camine en su cuadra, que convenza a sus vecinos para que voten por lo menos por él en la casilla y que no vaya a tener siempre esas bravuconadas que hoy viene aquí a agredir.
Venimos a decirle que se deje de sueños guajiros, porque está lejos para que llegue a lo que quiere llegar. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Asael Hernández Cerón, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7o. y 22 de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. ¿Con qué objeto, diputado?
Señor diputado, una disculpa, a criterio de esta Presidencia en funciones, no hubo ni una alusión directa ni indirecta. Se mencionó a un chapo diputado, no creo que usted se aluda directamente o se asuma como chapo diputado. Continúe, diputado Asael, con la iniciativa.
Queremos dar también la bienvenida al equipo de la diputada Ana María Balderas Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del municipio de Atizapán de Zaragoza. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta Cámara de Diputados donde su diputada trabaja todos los días por representar a su partido y su distrito.
El diputado Asael Hernández Cerón: Presidente. Compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos, jóvenes que hoy nos escuchan, vengo a hablarle a los jóvenes de algo que no está en un libro de texto ni en un informe técnico. Vengo a la tribuna para hablar de su futuro y del nuestro, de la vida que queremos vivir en México en los próximos treinta años.
Nos tocó crecer en la generación del scroll infinito, pero también en la generación de los incendios forestales cada verano, de los huracanes cada vez más fuertes, de las lluvias que ya no llegan cuando el campo las necesita y del calor que convierte a nuestras ciudades en hornos. No es una película apocalíptica, es la realidad que ya viven quienes hoy tienen 15, 20 o 25 años.
Hoy les hablo de una iniciativa para que México deje de medir solo emisiones en un documento técnico y empiece a medir la huella de carbono de la vida real, la tuya, la mía, la de cada habitante. No para culpar a nadie, sino para que el gobierno, las empresas, las escuelas y las familias tengan un mapa claro de dónde estamos dañando más al planeta y dónde podemos cambiar más rápido.
Imagina esto, que cada joven del país pueda saber desde su celular cuánta contaminación genera con su consumo diario y qué puede hacer para reducirla. No es ciencia ficción, ya hay bancos que ofrecen calculadoras de huella de carbono a sus clientes. Si una app puede hacerlo, el Estado mexicano está obligado a ir más allá.
Esta iniciativa obliga a los tres órdenes de gobierno a trabajar en serio con las empresas, las universidades y la sociedad para reducir la huella de carbono en la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios.
En palabras simples, que lo que compras, lo que se transporta, lo que estudias, lo que consumes todos los días, dejen de ser parte del problema y se conviertan en parte de la solución. Para ustedes jóvenes, esto se traduce en tres cambios concretos:
1. Campañas permanentes de educación climática en escuelas, universidades, empresas y redes sociales, para diseñar y hablarles en su idioma, no en la jerga burocrática.
2. Proyecto de colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada, para cambiar hábitos de consumo, movilidad y energía, donde ustedes sean protagonistas y no espectadores.
3. Transparencia. Que las empresas compartan los resultados de sus emisiones y lo que están haciendo para reducirlas, para ustedes decidan a quien sí le compran y a quien ya no.
No se trata solo de salvar al planeta como una idea abstracta, se trata de salvar la posibilidad de que ustedes puedan planear su vida sin miedo a que un huracán destruya la ciudad donde viven. A que la sequía deje sin agua a su colonia. A que la contaminación aumente el cáncer o los problemas respiratorios y las enfermedades cardiovasculares.
México ya se comprometió ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a medir y reducir sus emisiones. Pero hoy eso se queda en inventarios nacionales lejanos de la vida cotidiana, esta iniciativa baja ese compromiso a la vida cotidiana, esta iniciativa baja al barrio, a la fábrica, a la universidad, a la App en su teléfono.
También rompe un paradigma político, no plantea que el gobierno lo haga todo, ni que el mercado regule por sí solo, propone una alianza entre jóvenes, profesionistas, sociedad, empresas y políticos, una nueva manera de hacer política climática.
Donde el punto de unión es claro, reducir nuestra huella de carbono para mejorar su calidad de vida, porque la globalización que conocimos está cambiando, el mundo se está replegando, las cadenas de suministro se reacomodan y los países que no se tomen en serio el cambio climático quedarán rezagados.
Si queremos que las y los jóvenes mexicanos compitan en un mundo nuevo, necesitamos un país que no sea sinónimo de contaminación barata, sino de innovación limpia. Por eso está iniciativa también es una propuesta económica, menos emisiones significa ciudades más saludables, menos gasto en enfermedades, relacionadas con la contaminación y más oportunidades en empleos verdes, en energías limpias, en nuevas tecnologías que ustedes puedan liderar.
Hoy les pido a las y los jóvenes que nos escuchan que no vean esta discusión como algo ajeno, esta no es la iniciativa de un diputado, tiene que ser la causa de una generación que se niega a aceptar que su futuro ya esté escrito, que no se conforma con aplaudir las redes sociales, sino que quiere influir en cómo se producen, distribuyen y consumen los bienes y servicios de México.
Yo asumo mi responsabilidad desde esta tribuna, legislando. Les pedimos a las empresas que asuman la suya, cambiando sus procesos y rindiendo cuentas. A los gobiernos les exigimos que se coordinen y dejen de mirar para otro lado. A ustedes, jóvenes, les decimos: queremos que tengan las herramientas para que cada decisión diaria cuente a favor del clima y no en su contra.
Si esta iniciativa se aprueba no se aprueba solo un cambio de artículos a la Ley General de Cambio Climático, se aprobará la posibilidad de que cuando miren hacia atrás dentro de 20 años puedan decir fuimos la generación que frenó el daño y abrió una nueva etapa para México. Es cuanto.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inteligencia artificial.
Esta Presidencia da la bienvenida a alumnos de la Universidad de Villasunción de Aguascalientes, invitados por el diputado Alfonso Rubalcava, alumnas y alumnos. Sean bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia: La ciencia sin conciencia es la ruina del hombre. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, en el contexto mundial actual el incesante desarrollo tecnológico ha transformado radicalmente la forma en que las personas acceden a la información, participan en la vida pública y privada y ejercen sus derechos fundamentales.
La inteligencia artificial ya no es una promesa del futuro, es una realidad viva, cambiante, desafiante e incluso peligrosa. Está incidiendo en la toma de decisiones en hospitales, juzgados, empresas, campañas políticas y prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad.
Sin embargo, mientras la inteligencia artificial avanza a una velocidad vertiginosa, el derecho camina con pasos lentos, inseguros, como si no supiera por dónde empezar a legislarla.
La gran pregunta es: ¿en México estamos preparados jurídicamente para convivir con sus innovaciones a efecto de regular en beneficio de la población? Desafortunadamente, la respuesta es no, y estamos sufriendo sus consecuencias de diferentes formas.
La inteligencia artificial es ya una herramienta de gran impacto social, económico y político, capaz de modificar dinámicas de comunicación, trabajo, educación, gobierno y más.
Señalo algunos de sus impactos. La transnacional Amazon ha anunciado que recortará alrededor de 14 mil empleos corporativos, mientras aumenta su gasto en inteligencia artificial. Al tiempo que reduce costos en otras áreas.
Un estudio de Microsoft revela que la automatización impulsada por la inteligencia artificial ya transforma la naturaleza del empleo y anticipa que durante la próxima década varias ocupaciones sufrirán cambios profundos o serán reemplazadas.
Dentro de las principales profesiones en riesgo se encuentran intérpretes y traductores, historiadores, asistentes de vuelo, representantes comerciales, programadores, representantes de servicios al cliente, operadores telefónicos, empleados de agencias de viaje y taquilleros; locutores, DJs de radio y todas aquellas actividades que sean más fáciles de sistematización.
Hago un paréntesis para recordar que recientemente aprobamos un dictamen en la materia para su regulación en materia de derechos de autor, sin embargo, la rápida evolución de la inteligencia artificial requiere que nuestro marco constitucional la contemple para tener la posibilidad de tener su uso, garantizando que estas tecnologías se empleen de manera ética, transparente y en beneficio del interés público y la protección de los derechos humanos.
A nivel internacional, se ha optado por diferentes iniciativas para regular la inteligencia artificial. Por ejemplo, en Estados Unidos la administración del presidente Biden emitió una orden ejecutiva en 2023, que establece principios para el desarrollo seguro y ético de la inteligencia artificial, incluyendo la exigencia de pruebas rigurosas, de seguridad para sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo antes de su despliegue, la promoción de la transparencia en el uso de inteligencia artificial por parte de agencias federales y la creación del AI Safety Institute, dentro del NIST, para desarrollar directrices técnicas.
La inteligencia artificial está transformando todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y el ámbito empresarial. Consciente de los beneficios y riesgos asociados con esta tecnología, la Unión Europea ha adoptado un enfoque regulatorio pionero mediante el Reglamento UE 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 13 de junio de 2024.
Los objetivos principales de dicho reglamento establecen mejorar el funcionamiento del mercado interior, promover la adopción de inteligencia artificial centrada en el ser humano y fiable. Asegurar un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Brindar apoyo a la innovación. Garantizar la libre circulación transfronteriza de mercancías y servicios basados en la inteligencia artificial.
Como es posible observar, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han tomado medidas legislativas que ya representan normativas secundarias y terciarias que buscan tratar de alcanzar el estrepitoso avance de la inteligencia artificial y su regulación. Sin embargo, en México aún hemos incluido en nuestra Carta Magna el concepto de la inteligencia artificial, a fin de posteriormente avanzar en su regulación secundaria.
De acuerdo con la UNESCO, actualmente México no cuenta con un plan o estrategia nacional de inteligencia artificial, por ello enfrenta desafíos significativos en el desarrollo y su implementación.
Por lo anterior, someto a su honrosa consideración mi propuesta para reformar el párrafo tercero del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, la inteligencia artificial, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha, Internet. Para tales efectos, el Ejecutivo federal, a través de las dependencias encargadas de elaborar y conducir las políticas correspondientes.
En este contexto, es necesario que México primeramente adapte a su marco constitucional la regulación de la inteligencia artificial, para posteriormente elaborar las reformas secundarias correspondientes. Por su atención y apoyo, muchas gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Esta Presidencia saluda a vecinas y vecinos del distrito cuarto federal de la Ciudad de México en Iztapalapa, invitados por la diputada y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Dolores Padierna Luna. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario... no, una disculpa.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene la palabra la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción V del artículo 116 de la Ley General de Víctimas, en materia del fomento de la cultura de la denuncia desde la edad temprana.
La diputada Lucero Higareda Segura: Buenas tardes a todos y a todas, con el permiso de la Presidencia, la ausencia de denuncias en el caso de maltrato infantil y adolescente sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo y por desgracia nuestro país no es la excepción.
Es por ello que en favor de visibilizar este problema para que exista concordancia con los tratados internacionales en la materia, como lo son la Convención sobre los Derechos del Niño emitido para su firma el 20 de noviembre de 1989 en la Asamblea General de las Naciones Unidas propongo este tema, con el desarrollo de marcos jurídicos para la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha habido avances, pero existen pruebas de que a pesar de las normas de protección los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, los delitos de abuso no disminuyen.
Por lo que, entonces, debemos pensar en alternativas para que se logre disuadir y acorralar al delincuente que gusta por violentar los derechos de la infancia y adolescencia y así lograr tener un impacto positivo en la reducción y eventual eliminación de todo tipo de abuso por medio de la denuncia que sin ningún temor lleven a cabo las víctimas.
Es por eso, que urge que se establezca la promoción y práctica de la cultura de la denuncia desde edades tempranas para que desde las instancias gubernamentales correspondientes y en extensión a los hogares se induzca a la niñez y a la adolescencia a formar parte de la solución del problema y con ello se permita de la misma forma sistemática directa a los niños, niñas y adolescentes se sientan en libertad de ejercer su derecho de ser respetados y que de forma consciente se vean empoderados y de manera responsable iniciar el cambio de paradigma para pasar a una nueva forma de atacar el problema del maltrato y abuso infantil y adolescente en nuestro país.
Que pudiera ser incluso un modelo novedoso de involucramiento activo a la infancia y adolescencia de cualquier extracto social en la solución del problema que implique el autocuidado incluyendo a los niños, niñas y adolescentes desde la educación y enseñanza los valores que impliquen el autocuidado y la cultura de la denuncia desde edades muy tempranas, incidiendo en los mecanismos que aseguren que las niñas, niños y adolescentes al conocimiento de sus derechos para que los propios infantes aprendan que son sujetos de derecho. Como el derecho a denunciar cuando son violentados y que sepan reconocer los diferentes tipos de violencia a los que pueden ser sometidos.
Por lo anterior, propongo la adición a un segundo párrafo a la fracción V del artículo 116 de la Ley General de Víctimas, por lo que tratándose de medidas preventivas del delito se deberán planear, desarrollar e implementar convenios y programas de inducción coordinados con las instituciones educativas y en conjunto con las instancias correspondientes del Poder Judicial y de procuración e impartición de justicia.
Con el fin de que ellos capaciten tanto a integrantes del sistema nacional de educación como a padres de familia y sociedad en general en la importancia de la cultura de la denuncia de cualquier tipo de abuso en los hogares o entorno familiar.
En los centros educativos o en cualquier otro sitio que pudiera significar un hecho victimizante para que desde edades tempranas la niñez y los adolescentes de nuestro país tengan la conciencia de que son sujetos de derecho. Como el derecho de denunciar cuando son violentados y que sepan reconocer los diferentes tipos de violencia a que pudieran ser sometidos.
Nuestros niños, niñas y adolescentes son el futuro de nuestro país y deben crecer sin miedo, seguros y con las herramientas para formarse un futuro digno y poder transformar nuestro país. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Zoraya Villacis Palacios, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara al 3 de enero como el Día Nacional de los Ejidos y las Comunidades Agrarias.
La diputada Zoraya Villacis Palacios: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hoy subo a esta tribuna con el firme compromiso de honrar nuestra historia y fortalecer la justicia social que dio origen a esta cuarta transformación.
Hablar del ejido y las comunidades agrarias es hablar de la raíz más profunda de nuestra identidad nacional, de la lucha por la tierra, por la equidad y por la dignidad del pueblo mexicano. El 6 de enero de 1915 Venustiano Carranza promulgó la primera Ley Agraria, antecedente directo del artículo 27 constitucional, que consagró la función social de la tierra y devolvió al pueblo el derecho a poseerla y trabajarla.
Ese día marcó el inicio del reparto agrario y la redención del campesinado mexicano. No fue un acto aislado, fue el cumplimiento del reclamo más justo de la Revolución Mexicana: la tierra es para quien la trabaja.
Por ello, propongo que el 3 de enero sea reconocido oficialmente como el Día del ejido y de las comunidades agrarias. Este reconocimiento no es simbólico, es un acto de memoria histórica y de reivindicación social.
Porque el ejido y las comunidades agrarias no son solo figuras jurídicas, sino además espacios de vida, de identidad colectiva y de soberanía alimentaria y de democracia directa.
Hoy, más de cien millones de hectáreas que integran más de la mitad del territorio nacional están bajo el régimen de propiedad social, en ellas habita una cuarta parte de nuestra población. Son núcleos agrarios que sostienen la economía rural, preservan tradiciones y fortalecen la gobernanza local en congruencia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y con los compromisos internacionales que México ha asumido en materia de derechos agrarios e indígenas.
Hoy, la administración de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha centrado su relación con los ejidos en la revalorización de la prosperidad social, y muy especialmente en el reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres.
Una meta prioritaria es defender a las mujeres ejidatarias y comuneras. Hasta marzo del 2026, del presente, se reporta la entrega de cerca de 30 mil títulos agrarios a mujeres de todo el país buscando darles certeza jurídica sobre la tierra que trabajan, porque es tiempo de mujeres.
Compañeras y compañeros, la cuarta transformación nos llama a saldar deudas históricas y a consolidar la justicia social. Reconocer el 3 de enero como Día nacional del ejido y de las comunidades agrarias es reafirmar que la tierra sigue siendo la base de nuestra estructura social y que su función es garantizar el bienestar, desarrollo sustentable y soberanía alimentaria.
Así como se celebra el Día del Trabajo, el Día del Campesino, hoy debemos dar un paso más, honrar el régimen de propiedad social, eje estructural de la Reforma Agraria y fruto de la Revolución Mexicana. Porque sin tierra no hay justicia, sin justicia no hay paz y sin paz no hay transformación.
Por la memoria de quienes lucharon por la dignidad de quienes trabajan la tierra, por el futuro de México, les pido su respaldo para que el 3 de enero sea Día Nacional del Ejido y Comunidades Agrarias.
Es tiempo de reconocer a los que nos dan identidad y sustento. Es tiempo de hacer justicia histórica. Es tiempo de seguir transformando a México. Que viva el ejido, que vivan las comunidades y que viva la cuarta transformación. Que viva nuestra presidenta. Que viva nuestra gobernadora.
Y hoy aprovecho: desde esta máxima tribuna felicito a una excelente mujer que, con su ejemplo de trabajo y compromiso, nos inspira a todas las veracruzanas. Ella es nuestra gobernadora, la ingeniera Rocío Nahle, quien hoy está cumpliendo años, deseándole mucha salud y mucha larga vida. Desde aquí, desde la bancada Morena y desde sus diputados de Veracruz, muchas felicidades, gobernadora.
Asimismo, aprovecho para comentarle a la oposición, quien busca atacar diariamente que nuestro estado de Veracruz... Basta. No vamos a permitir más difamaciones porque en Veracruz tenemos mucha gobernadora que día a día está realizando un arduo trabajo, transformando a ras de territorio, no como algunos o algunas que vienen a criticar desde ahí sentados, pero nunca van a poder entenderlo porque ¿saben qué? Porque ustedes no gobiernan. Para eso les falta convicción y amor al prójimo. Y nuestra gobernadora tiene amor a Veracruz...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputada.
La diputada Zoraya Villacis Palacios: ... Y que les quede bien claro. Y celebro también que en Veracruz aterrizó la cuarta transformación en el bello puerto. Hoy sacamos a los azules y así vamos a seguir sacando a todos. Y que viva la transformación...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Concluya, diputada.
La diputada Zoraya Villacis Palacios: ... Y que les quede claro que tenemos mucha gobernadora. Es cuanto.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen. Esta Presidencia saluda a la diputada Michel Sánchez Allende, presidenta del Congreso de Baja California; a la diputada Alejandra Gómez, presidenta del Congreso de Chiapas; a la diputada Roxanna Hernández, presidenta del Congreso de San Luis Potosí; a la diputada Rosalinda López, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de Chiapas, así como a Alina Mariel Narciso Tehuaxtle, activista social prominente de la ley Alina, invitadas todas ellas por las diputadas Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Anais Burgos Hernández y Alma Laura Ruiz López, de Morena. Sean bienvenidas a esta Cámara de Diputados.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Gloria Sánchez López, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 37, recorriendo los subsecuentes de la Ley General de Educación Superior.
La diputada Gloria Sánchez López: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante.
La diputada Gloria Sánchez López: Compañeras y compañeros legisladores, al pueblo de México, a los pueblos indígenas y afromexicanos, les saludo en mi lengua materna diidxazá, zapoteco de la región del istmo del estado de Oaxaca... (habla en zapoteco).
Me presento en esta tribuna, con la convicción de que la educación superior debe ser un derecho efectivo para todas y todos. México se reconoce constitucionalmente como una nación pluricultural, sustentada en sus pueblos indígenas y afromexicanos. Esta diversidad es una de las mayores fortalezas de nuestro país y debe verse reflejada en nuestras instituciones de educación superior.
De acuerdo al INEGI, en México 23.2 millones de personas se autoadscriben como indígenas y solamente el 17.2 % logra ingresar a la educación superior, 7.4 millones hablan una lengua indígena y 2.5 millones de personas se autoadscriben como afromexicanas. Estas cifras muestran con claridad que hablamos de una parte fundamental de nuestra nación y de la necesidad de seguir impulsando políticas concretas que permitan que las juventudes indígenas y afromexicanas lleguen a las universidades, permanezcan en ellas y concluyan sus estudios.
Esto implica fortalecer a México desde una perspectiva de derechos humanos reconociendo la inteligencia, la dignidad y la perseverancia de miles de personas jóvenes de nuestras comunidades, quienes día a día luchan para abrirse camino y construir un mejor futuro, más justo e incluyente.
Es importante reconocer que, pese a los avances en el reconocimiento en los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, aún persisten barreras estructurales que dificultan su ejercicio pleno en la vida cotidiana.
Existen obstáculos como la distancia, las condiciones económicas, las barreras culturales y lingüísticas que limitan el acceso, la permanencia y la conclusión de la educación superior ara las y los jóvenes de nuestras comunidades.
Por ello, no basta que los derechos estén reconocidos en nuestras leyes, es fundamental que se materialicen en oportunidades reales en condiciones sustantivas de igualdad y en trayectorias educativas pertinentes, accesibles y culturalmente adecuadas. En ese contexto hablar de educación implica hablar de justicia social y de igualdad de oportunidades.
Ante todo lo anterior, mi propuesta es adicionar una fracción III al artículo 37 de la Ley General de Educación Superior para que las autoridades e instituciones de educación superior implementen mecanismos de acción afirmativa para personas de origen indígena y afromexicana.
Hermanas y hermanos, cuando un joven o una joven indígena o afromexicana accede a la educación superior no solo se transforma una historia personal, se amplía el horizonte de una familia, se fortalece una comunidad y se enriquece el país entero. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Por nuestras juventudes, muchas gracias. (Habla en zapoteco).
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Muchas gracias, diputada Gloria Sánchez. Y si me permite, a título personal, adherirme a su iniciativa. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
Diputada Kristal, sonido en su curul ¿con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada Kristal, por favor. Solicito a Servicios Parlamentarios dé sonido a la curul de la diputada Kristal, por favor. Adelante, diputada. ¿Con qué objeto?
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solamente felicitar a nuestra hermana Gloria por esta iniciativa a favor de las acciones afirmativas, sobre todo, de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Y pedirle a nuestra hermana Gloria que permita poder suscribirnos a esta iniciativa que, sin duda, es extraordinaria. Muchas felicidades, compañera.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputada. La iniciativa está a disposición de las y los diputados que deseen adherirse en la Secretaría de la Mesa Directiva. ¿Con qué objeto, diputada Mónica?
La diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer (desde la curul): Para adherirme. Nuevamente también para...
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Está a disposición de ustedes en la Mesa Directiva.
La diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer (desde la curul): Sí, ya lo comentaste, presidente. Gracias.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputada Álvarez Nemer.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Raymundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal y el artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en materia de violencia digital. Sonido en la tribuna, por favor.
El diputado Raymundo Vázquez Concha: Presidente, con su venia.
El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante, diputado.
El diputado Raymundo Vázquez Concha: Muy buena tarde a todas y a todos los diputados presentes, al pueblo de México, para lo cual los encomendaron las actividades propias de un legislador para efecto e impacto de la modernización y actualización de las leyes que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también las normas y leyes secundarias. Gracias a todas y todos.
El día de hoy me honro con generar la presentación de la decimoquinta iniciativa propuesta de su servidor como parlamentario en esta Cámara de Diputados. Vengo a presentar a esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal y al artículo 20 Quater de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia digital, eco que habrá de hacer lo que nosotros aquí determinamos como herencia para generar seguridad a nuestras mujeres mexicanas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la violencia digital comprende ciberacoso, amenazas, discursos de odio, difusión no consentida de material o contenido de carácter sexual, vigilancia y la creación de imágenes o videos sexualizados de mujeres, generado con inteligencia artificial sin su consentimiento. Y un ejemplo claro es de deepfakes news.
En este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación han generado nuevas formas de violencia contra las mujeres y las niñas por razón de género. Esto impide su empoderamiento, desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos, como la dignidad de la libertad de expresión, la protección de datos personales, el no ser objeto de injerencia en la vida privada y en el acceso a la justicia.
Por otra parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha destacado que los Estados deben ser y promulgar medidas legislativas adecuadas y asegurar las debidas respuestas para hacer frente al fenómeno de la violencia en línea contra la mujer.
De acuerdo con el informe de la ONU, titulado Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, violencia contra las mujeres y las niñas facilitada por la tecnología de 2024. Asimismo, en América latina 9 de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de violencia facilitada por la tecnología.
En México, de acuerdo con el módulo sobre ciberacoso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 10.6 millones de mujeres han sido víctimas de violencia digital. Una de cada 5 mujeres.
Las mujeres reciben el doble de insinuaciones o propuestas sexuales no solicitadas en los hombres. Quienes pudieron identificar a sus agresores señalan que el 87 % proviene solo de hombres. Las mujeres entre 20 y 29 años concentran la mayor prevalencia, que son 3 de cada 10 mujeres.
La violencia digital empieza desde edades tempranas. Más de la mitad de las niñas y adolescentes que usan Internet han vivido violencia en línea y muchas reportan sus primeras experiencias de acoso en redes sociales entre los 14 y 16 años.
Es importante destacar que la Organización de las Naciones Unidas Mujeres ha alertado por el aumento desproporcionado de este tipo de violencia a nivel mundial...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.
El diputado Raymundo Vázquez Conchas: ... señalando que en gran medida dicho incremento obedece a la débil regulación del sector tecnológico, a la falta de reconocimiento jurídico de la violencia digital en diversos países, a la ausencia de responsabilidad por parte de las plataformas digitales y al anonimato de quienes cometen estas agresiones, factores que dificultan la impartición de justicia...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Concluya, diputado.
El diputado Raymundo Vázquez Conchas: ... Con su permiso, presidenta, toda vez que esta iniciativa concierne y además debe satisfacer la seguridad de nuestras mujeres en México, le pido permiso a la Cámara y a todos los presentes para dar continuación y así poder terminar mi participación...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado, le solicito que concluya en virtud de que su tiempo ha terminado, pero adelante, diputado.
El diputado Raymundo Vázquez Conchas: Es importante precisar que el término deepfake se refiere a contenido falso, ya sea imagen, audio o vídeo altamente realista, generado o manipulado mediante inteligencia artificial para mostrar a una persona diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron.
Uno de los casos más recientes se presentó en el estado de Zacatecas, donde madres de familia y alumnas de la Secundaria Técnica 1 se manifestaron para denunciar la creación y difusión de material de abuso sexual infantil...
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Diputado, le suplico que concluya si fuera tan amable.
El diputado Raymundo Vázquez Conchas: ... y generó mediante inteligencia artificial por parte de un alumno. Por lo que sancionar a quienes generan contenido manipulado de carácter sexual permite equilibrar la innovación con la protección de la sociedad reduciendo riesgos y fomentando el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género para dictamen. Esta Presidencia les recuerda que el tiempo para la presentación de sus iniciativas es de cinco minutos, por lo que obviamente se pretende que seamos tolerantes con el tiempo, pero por favor preparen la presentación de sus iniciativas pensando en que son cinco minutos.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos el uso de la palabra, ahora a la diputada Gissel Santander Soto del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de julio de cada año Día Nacional de los Bosques.
La diputada Gissel Santander Soto: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Gissel Santander Soto: Compañeras y compañeros legisladores, hoy vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa que es profundamente trascendental, declarar el 8 de julio de cada año como Día Nacional de los Bosques. Hablar de los bosques no es hablar solamente de árboles, hablar de los bosques es hablar de vida, de agua, de aire, de identidad y de futuro. En México más de la mitad de nuestro territorio está cubierto por ecosistemas forestales, bosques, selvas, manglares y otras formas de vegetación que no solo son parte de nuestra riqueza natural, sino que sostiene la vida cotidiana de millones de personas.
Son los bosques los que capturan carbono, los que regulan el clima, los que protegen nuestros suelos y los que garantizan algo esencial para la vida, el acceso al agua, sin bosques no hay agua, sin agua no hay desarrollo posible, pero también hay que decirlo con claridad, sin bosques no hay futuro.
A pesar de su relevancia estratégica nuestros ecosistemas forestales enfrentan amenazas constantes, la deforestación, el cambio de uso de suelo, la tala ilegal, los incendios forestales, la fragmentación del hábitat y los efectos que cada vez más severos hay gracias al cambio climático.
Estas problemáticas no solo afectan a la naturaleza, afectan directamente a las personas, afectan la seguridad hídrica, la producción de alimentos, la estabilidad climática y en consecuencia la calidad de vida de millones de mexicanos y mexicanas. Esta realidad no puede seguir siendo ignorada. Por ello, esta iniciativa propone una acción clara y necesaria, establecer una fecha nacional que trascienda lo simbólico y nos comprometa como Estado y como sociedad a recordar, reflexionar y actuar en defensa de nuestros bosques.
Porque lo que no se nombra no se visibiliza y lo que no se visibiliza difícilmente se protege. El 8 de julio no es una fecha elegida al azar, es una fecha que honra la historia forestal de México vinculada al legado de Miguel Ángel de Quevedo, pionero en la defensa de nuestros bosques y visionario en el desarrollo sustentable de nuestro país.
Su trabajo sentó las bases de la política forestal nacional y nos recordó desde hace más de un siglo que el cuidado de los bosques es una condición indispensable para el bienestar de la nación. El 8 de julio coincide con un momento clave en el ciclo de la naturaleza, el inicio de la temporada de lluvias en la mayoría del territorio mexicano. Es decir, es el momento en que la vida se reactiva.
Declarar el Día Nacional de los Bosques en esta fecha tiene un sentido histórico. Tiene también un profundo significado ambiental y simbólico. Esta iniciativa es una herramienta que genera conciencia colectiva, una oportunidad para fortalecer la educación ambiental para impulsar campañas de sensibilización para promover acciones comunitarias y para articular esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.
Es también una oportunidad para reconocer una cosa que para todos pasa muchas veces desapercibida. En México una gran parte de los bosques está en manos de las comunidades, de los ejidos y de nuestras comunidades originarias. En México ellos son quienes históricamente han sido guardianes de nuestro patrimonio natural.
Ellos han demostrado que es posible conservar, producir y vivir en armonía con la naturaleza. Gracias a su trabajo, México es hoy un referente internacional en manejo forestal comunitario. Por ello, esta iniciativa también es un acto de reconocimiento y de justicia hacia quienes durante generaciones han protegido nuestros bosques y han hecho posible que hoy sigan siendo una fuente de vida.
Compañeras y compañeros legisladores, México ha asumido compromisos claros en materia ambiental. Hemos dicho que queremos combatir el cambio climático, hemos afirmado que protegemos nuestra biodiversidad. Hemos señalado que buscamos un desarrollo verdaderamente sustentable.
Hoy tenemos la oportunidad de respaldar estas palabras con acciones concretas porque proteger los bosques no es una opción, es una responsabilidad compartida. Una responsabilidad con el presente, pero, sobre todo, con nuestro futuro. Con las niñas y niños de este país que merecen heredar un México con agua suficiente, con aire limpio y con ecosistemas sanos.
Esta iniciativa nos convoca a todos y todas. No tiene colores y no tiene ideologías, tiene un propósito común, proteger la vida, fortalecer la conciencia ambiental y garantizar un futuro sostenible para México.
Por ello, desde esta tribuna hago un llamado respetuoso a todas las fuerzas políticas presentes en esta Cámara de Diputados. Los llamo a que construyamos conciencia de lo esencial, a que respaldemos esta propuesta porque cuando protegemos los bosques protegemos México, protegemos el futuro de nuestros niños y de nuestras niñas. Es cuanto presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Jesús Antonio Nader, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, presentaré en esta intervención dos iniciativas en materia energética: la primera iniciativa adiciona el artículo 159 Bis y el artículo 160 Bis de la Ley del Sector Eléctrico.
Tiene como objetivo que la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional de Energía, aplique la metodología necesaria para determinar el cálculo y ajustes de las tarifas eléctricas, basadas exclusivamente en el uso doméstico, garantizando la continuidad del sistema eléctrico y la protección de los usuarios domésticos en zonas de temperaturas extremas.
Los altos costos de la energía eléctrica en México, sobre todo en zonas fronterizas del norte y sur del país, aunados a la poca red de distribución de energía eléctrica son inalcanzables para gran parte de la población mexicana, que para esta población la luz se hace muy costosa para iluminar todos sus hogares.
Aunado a lo anterior, las diferentes temperaturas en México afectan en el consumo doméstico, ya que las y los mexicanos usan ventiladores o climas para enfriar en verano, en zonas tropicales de calor muy extremo. Y, en invierno, usan calentadores eléctricos y climas, lo que afecta el consumo de la luz y las tarifas eléctricas tienden siempre al alza. Y, por lo pronto, hay afectaciones en la economía de las familias tamaulipecas.
En el Congreso ya se legisló en el tema energético. El pasado 18 de marzo del 2025 se publicó la nueva Ley del Sector Eléctrico y diversas reformas en materia de energía. Esto no ha sido suficiente. Aún podemos mejorar nuestra legislación en beneficio de la ciudadanía.
Ante esta situación, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, tiene un esquema llamado subsidio de verano o también conocido como tarifa de verano. Esto no es suficiente, ya que es temporada de verano y la que estoy proponiendo es que, derivado de los constantes cambios climatológicos, se ajusten a estos las tarifas eléctricas. Con esta propuesta, este ajuste... la CFE tendrá que realizar sus ajustes tarifarios, sin importar si es temporada de verano o es temporada de invierno.
Un claro ejemplo de la problemática de los altos costos de energía eléctrica de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en Tampico y la zona sur del estado de Tamaulipas, reportan durante el presente año cobros excesivos en las tarifas por dicho suministro, con recibos que llegan hasta los 20 mil pesos de manera bimestral, situación donde deben intervenir siempre la Procuraduría Federal del Consumidor, llamada Profeco. Es por lo tanto expuesto que presento ante esta tribuna la presente iniciativa.
La segunda iniciativa: se deroga del artículo 2, inciso d), fracción I, y se eliminan los números 3 y 5 del inciso h) y se recorren los demás en sus términos y se deroga el artículo 2-A; todos ellos a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Es referente el impuesto especial sobre producción y servicios, ese gravamen que se paga por la generación e importación de ciertos productos tales como gasolina y diésel, entre otros bienes, así como la prestación de ciertos servicios. Los sujetos obligados que pagan el llamado IEPS son todas aquellas personas físicas y morales, es decir, todos los ciudadanos.
El IEPS influye directamente en el precio que pagamos por gasolina, aunque el impuesto ha sido siempre fijo por litro, su incremento anual puede elevar el costo operativo de las empresas que dependen del transporte, por ejemplo, si en el 2024 el IEPS para la gasolina magna era de 6 pesos con 18 centavos por litro, el aumento ha sido a 6 pesos con 45 centavos en el 2025, que representa un incremento de punto 27, 55 centavos por litro.
Es imperante eliminar el IEPS de la gasolina y del diésel, es el espíritu de esta iniciativa que hoy presento. Ya basta de promesas vacías, como lo han hecho siempre, eliminemos el 100 % del IEPS a gasolinas y de diésel. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 220 del Código Penal Federal, en materia de prevención de actos de extorsión y abuso de autoridad.
El diputado Héctor Alfonso de la Garza Villarreal: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Un segundito, permítame. Una disculpa, diputado. Adelante, por favor.
El diputado Héctor Alfonso de la Garza Villarreal: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante.
El diputado Héctor Alfonso de la Garza Villarreal: Compañeros y compañeras diputados, me dirijo a esta soberanía para presentar una iniciativa que surge directamente de la realidad que viven los ciudadanos en nuestro país, la extorsión disfrazada de autoridad.
Hoy en muchas carreteras y ciudades de México, incluido mi estado de Nuevo León, los transportistas, comerciantes y ciudadanos enfrentan a servidores públicos que no usan el poder para servir, sino para cobrar. No con una pistola en la mano, con una grúa, con un reglamento mal aplicado, con la amenaza del corralón. Esto también es extorsión y no está suficientemente tipificado en nuestra ley.
La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, con más de 30 años de representación en el sector, ha documentado una crisis real en Nuevo León y en México, elementos de tránsito municipal que amenazan con remolcar y presionar a sus vehículos exigiendo pagos indebidos. Operativos de la fiscalía que se convierten en retenes sin sustento legal, tarifas de corralón que alcanzan miles de pesos en pocos días con cobros por maniobras que jamás existieron.
Esto no es una excepción, es un patrón y nuestro Código Penal Federal no lo alcanza de manera clara y efectiva. La gravedad del problema ha sido reconocida públicamente por organismos empresariales y de representación en México como la Coparmex, Caintra, Canaco, Canacar. La Confederación Nacional de Transportistas y la Antac han alzado la voz ante autoridades municipales, ante el gobernador del estado de Nuevo León y la presidenta de la República, señalando el alza sistemática de extorsiones como una amenaza al Estado de derecho y a la actividad económica de la región.
Transportistas y traileros han identificado al menos 20 puntos del área metropolitana de Monterrey y de carreteras donde opera una red de extorsiones involucrando no solo a elementos de tránsito municipal, sino también a agentes de movilidad en el estado.
La convergencia de múltiples organizaciones en este acto, evidencian que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón, de una estructura que exige una respuesta legislativa.
La doctrina penal es categórica, si no tiene tipo penal, no hay delito. Si la conducta no está descrita en la ley con claridad y con precisión, no puede sancionarse, aunque sea socialmente reprochable. Eso genera impunidad, eso quiebra la confianza en nuestras instituciones.
Esta iniciativa propone reformar el artículo 220 del Código Penal Federal para agregar dos nuevas fracciones. La tercera, que hablaría de exceso o desviación de atribuciones y sancionaría a todo servidor público que, usando sus atribuciones o excediendo las que tiene, realice u ordene actos arbitrarios para obtener un beneficio indebido o causar perjuicio a una persona o al servicio público.
Y la fracción IV, que es la retención indebida de bienes o derechos. Está sancionaría al servidor público que retenga o restrinja indebidamente el uso de bienes o derechos, como cuando pasa que nos retiren un vehículo sin un fundamento legal para generar un beneficio económico o causar un perjuicio a alguien.
No pedimos impunidad para nadie. Si un transportista infringe la ley que se le sancione conforme a derecho, lo que no puede tolerarse es que las facultades del Estado se conviertan en una herramienta de extorsión.
La Constitución es clara, toda autoridad tiene la obligación de promover, respetar, proteger los derechos humanos, nadie puede ser privado de sus bienes sin procedimiento legal fundamentado y motivado. Y la seguridad pública debe ejercerse con legalidad, honradez y respeto a los derechos. Esta iniciativa no es ideológica, es de sentido común, es constitucional y es urgente.
Le doy la voz a los transportistas de Nuevo León, al sector productivo que mueve este país, y a cualquier ciudadano que alguna vez ha sentido el peso del abuso de autoridad sobre este tema. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedamos ahora el uso de la palabra al diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El diputado José Alejandro Aguilar López: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado José Alejandro Aguilar López: Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna a presentar una iniciativa de reformas al artículo 3, fracción XXIII y XXIV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Como integrantes del Poder Legislativo tenemos la gran responsabilidad de mantener en armonía las leyes que integran nuestro sistema jurídico, con la intención de que los gobernados tengan la convicción de que cuando requieran utilizar alguna ley el contenido de la misma sea acorde con todo el sistema legal.
En el caso de las reformas propuestas, planteo a esta soberanía el cambio de denominación de la Secretaría de Despacho, que se prevé en las fracciones XXIII y XXIV, ya que en ambas se menciona a la Secretaría de la Función Pública.
Sin embargo, debemos tomar en consideración que el 28 de noviembre del 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a distintos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Para el caso de la presente iniciativa, fueron reformados los artículos 26, fracción XIII, y 37, a efecto de cambiar la denominación de la Secretaría de la Función Pública, por lo que actualmente se encuentra en vigor Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Quiero enfatizar que para quienes formamos parte del gran movimiento nacional, que es la cuarta transformación, este no es solo un cambio semántico, sino que encierra una profunda visión de cómo debe ejercerse el manejo de los recursos públicos y realizar la función de gobierno en beneficio de la sociedad mexicana.
En la cuarta transformación tenemos un imperativo ético, político y legal que consiste en combatir de manera frontal cualquier indicio de corrupción, porque el pueblo de México se cansó del ejercicio patrimonialista de los recursos públicos que se dio en otras administraciones y que aun concediéndolo las autoridades encargadas de perseguir y sancionar esta conducta fueron omisas en el mejor de los casos, si es que no cómplices en su realización.
Este tipo de consecuencia desde el poder público se cubriría con el manto de la impunidad a los corruptos. Esta es la visión que debemos erradicar. Nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, plasmó en su iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública –municipal, perdón– Federal.
Ahora bien, en mi opinión, es necesario, armonicemos la Ley General de responsabilidades administrativas, particularmente el artículo 3, fracciones XXIII y XXIV, y que se sustituya la denominación de Secretaría de la Función Pública por Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, porque no se trata únicamente de actualizar una denominación, se trata de honrar el compromiso que tenemos con el pueblo de México, se trata de consolidar un Estado que no tolera la corrupción, que no la normalice y que no la encubra.
Hoyd amos un paso más en la construcción de un andamiaje jurídico coherente con los principios de la cuarta transformación, un gobierno honesto, transparente y al servicio de la gente. Que nuestras leyes reflejen con claridad el rumbo que hemos decidido formar como nación, donde la ética pública no sea una aspiración, sino sea una realidad palpable en cada institución. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Christian Mishel Castro Bello, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 40 B de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de entidades federativas impactadas por la extracción petrolera. Perdón, hago una corrección, es al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal. Adelante, diputado.
El diputado Christian Mishel Castro Bello: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy vengo a esta tribuna para hablar con toda claridad como se habla en tierra petrolera, como se habla en Campeche.
Vengo a hablar de justicia, porque durante décadas este país se ha sostenido en buena medida gracias al petróleo. Y ese petróleo tiene nombre, tiene historia y tiene territorio. Se llama Campeche, se llama Ciudad del Carmen, se llama también Tabasco, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas.
Estados que le han dado todo a la nación y que hoy siguen esperando que la nación les cumpla, porque mientras México recibe riquezas, desarrollo y crecimiento, nuestras comunidades recibían otra cosa: desgaste social, impacto ambiental, problemas de salud, inseguridad y ahora abandono.
Esa es la verdad y hay que decirlo aquí de frente. Miren, no estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo justicia elemental, porque no es posible que los estados que más han aportado y que aportan desarrollo energético al país hoy tengan que estar mendigando recursos, dependiendo de si sube o de si baja la producción de petróleo. Eso no es justo.
Y, peor aún, ahora resulta que en registros oficiales Campeche ya ni siquiera aparece como un estado productor, sino como aguas territoriales. ¿De verdad vamos a borrar la historia de un plumazo? ¿Vamos a ignorar lo que han dado nuestras tierras a nuestro país? No lo podemos permitir, compañeras y compañeros.
Pero, además, a esta realidad se suma otro agravio que no puede ignorarse: el incumplimiento del compromiso del expresidente Andrés Manuel López Obrador de trasladar las oficinas directivas de Petróleos Mexicanos a Ciudad del Carmen. Se anunció como un acto de justicia territorial, como un paso para descentralizar el poder y reactivar la economía local, pero no ocurrió.
Por eso presento esta iniciativa, que es una propuesta sencilla, pero profundamente justa. Es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo octavo al artículo 4o., inciso B de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de entidades federativas impactadas por actividades de extracción de petróleo.
De lo que se trata es de garantizar que los estados históricamente petroleros tengan participaciones permanentes del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, independientemente de la producción actual, porque el impacto no desaparece cuando baja la producción, las afectaciones ahí siguen, las deudas ahí siguen, las necesidades ahí siguen y el Estado mexicano no puede voltear hacia otro lado.
Hoy estamos diciendo algo muy claro: el desarrollo de México no puede construirse sobre el abandono de nuestras regiones, no podemos seguir centralizando la riqueza y socializando los problemas, no podemos seguir teniendo estados que le dieron todo a la nación y que hoy reciben migajas. Esta iniciativa no es solo para Campeche y Ciudad del Carmen, es por todas las entidades federativas que han sido motor energético de nuestro país.
Por ello invito a todas las diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de los estados petroleros de nuestro país a que sin regateo se sumen a esta importante iniciativa que hoy proponemos y ponemos a consideración de ustedes. Es por las miles de familias que dependen de esta actividad, es por los negocios que cerraron por falta de pagos, es por los trabajadores que perdieron su empleo, es por una deuda histórica que ya es momento de empezar a saldar.
Y se los digo con toda claridad, no es un tema técnico, no es un tema administrativo, es un tema de justicia, de dignidad, de reconocer que México no sería lo que hoy sin estas tierras y sin su gente.
Compañeras y compañeros, hoy tienen y tenemos la oportunidad de corregir una omisión histórica, de mandar un mensaje claro, que este país sí reconoce a quienes lo han sostenido, que este país sí cumple y que este país no abandona a su gente, porque cuando le va bien a Campeche, le va bien a México, cuando le va bien a nuestras regiones petroleras, le va bien a nuestra nación. Es momento de actuar, es momento de hacer justicia, es momento de trabajar juntos por México. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Cedemos ahora el uso de la palabra... diputado Sergio Gil, ¿con qué objeto?
El diputado Sergio Gil Rullán (desde la curul): Para consultarle al orador si me permite suscribirme a su iniciativa.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Me consultan, diputado Castro, si acepta la adhesión del diputado Gil a su iniciativa. El diputado Castro acepta, así que se pone a consideración de ustedes si quisieran firmar la iniciativa estará aquí a sus órdenes en Mesa Directiva.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia para las Víctimas de estos Delitos, para fortalecer las acciones de prevención de la captación digital de niñas, niños y adolescentes. Suscrita por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: A nombre de mi coordinadora parlamentaria Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y de nuestra bancada naranja presento hoy ante ustedes el proyecto de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el objetivo de fortalecer el programa nacional y también de incorporar acciones específicas de prevención y concientización sobre los riesgos de captación y enganche de nuestras niñas, niños y jóvenes a través de entornos digitales, particularmente a los más vulnerables, a los más pequeños.
Lo hacemos así, por considerarlo una grave violación de derechos humanos hacia todas las niñas y los niños y las juventudes de nuestro país por parte de un Estado omiso que no enfrenta la crisis de derechos humanos que hoy está claramente documentada, como está documentada la alarmante y ineludible crisis en materia de desapariciones en nuestro país, la cual ha sido denunciada por años por las familias de personas desaparecidas y madres buscadoras.
Misma que ha sido analizada por el reporte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, como crímenes de lesa humanidad. Dicho comité ha solicitado que la situación de México sea elevada a la consideración de la Asamblea General ante la persistencia y gravedad de este fenómeno. Tan solo en el periodo del 23 al 25 se documentaron más de 20 mil personas desaparecidas sin que el Estado mexicano haga su trabajo para determinar de manera definitiva y sancionar a quienes sean responsables.
Estos crímenes no pueden quedar impunes y se debe otorgar a la comunidad y a las víctimas una reparación integral del daño y garantías de no repetición con una defensa irrestricta de sus derechos humanos.
Sin embargo, lejos de eso, lo que ha hecho la responsable de defender de manera autónoma los derechos humanos de las y los mexicanos, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, Rosario Piedra Ibarra, es sacar la matraca una y otra vez para desestimar este informe o el que sea y ser vocera del gobierno de Morena en turno.
En lugar de condenarlo, invisibiliza a las víctimas, igual como lo hizo el gobierno de Morena desde el primer minuto que este informe de la comisión salió, como si ella fuera parte de ese partido y de ese gobierno. Ah, no, perdón, sí es parte. Rosario Piedra es militante del partido de Morena y falsificó en su aplicación y documentación en su primera vez para ser electa en la Cámara de Senadores esa militancia.
Y eso es penal, como si ella no fuera responsable de esta crisis, salió a hacer el trabajo que los voceros de Morena hacen una y otra vez en todas las mesas de discusión en nuestro país. Su respuesta ante la crisis entera ha sido negligente y de absoluto solapamiento de la criminalidad del Estado mexicano por encubrimiento y falta de medidas efectivas para resolver la crisis, viendo aumentar esta cifra una y otra vez.
Y no solo ha encubierto y solapado al Estado mexicano, su gobierno, su ejército, las Fuerzas Armadas. Está también encubriendo y solapando al crimen organizado porque está documentado el contubernio que existe en muchos de los casos entre el Estado mexicanos y los criminales organizados para desaparecer personas en casos en donde uno ya no sabe quién trabaja para quién.
Tal es el caso, por ejemplo, de los 43 normalistas de Ayotzinapa o el reciente y escandaloso caso Hernán-Barrera del cártel de La Barredora. De Hernán Bermúdez, del cártel de La Barredora, quien acaba de ser sentenciado por desaparición de personas. Una persona que fue secretario de Seguridad del estado de Tabasco en un gabinete de quien después fue secretario de Gobernación de principio de aquiescencia.
¿Para quién trabaja entonces Rosario Piedra? ¿Para quién trabajan entonces ustedes desde la bancada mayoritaria de Morena? Por eso la renuncia de Rosario Piedra Ibarra es urgente e inaplazable, por responsabilidad, por decoro, por ética y porque miles de madres buscadoras víctimas y mexicanos se lo exigen. Y porque la Constitución se lo demanda.
Por eso, desde esta tribuna, reiteramos que, en acompañamiento a todas las víctimas, a todas y a todas las personas víctimas de detenciones arbitrarias, de tortura; de ejecuciones extrajudiciales, de violencia y de feminicidio, a las niñas mexicanas que el Estado ha dejado solas frente a la violación y matrimonios infantiles.
A las víctimas de abuso de autoridad, de ataques y asesinatos a periodistas y migrantes. A las víctimas de impunidad y también a las de las violaciones históricas a los derechos humanos; a los estudiantes asesinados y desaparecidos del 68 y del 71.
Por todas y todos ellos iniciaremos un proceso para pedir el juicio político correspondiente a Rosario Piedra, en términos de los artículos 102 y 110 de la Constitución.
El pueblo de México y sus familias merecen recuperar su Comisión. La autonomía de la Comisión es hoy el principio del fin de esta tragedia para miles de personas que viven bajo el yugo de la desaparición y la complicidad del Estado mexicano. Y, por eso mismo, estaremos presentando en próximos días el juicio.
Concluyo, presidenta. Este instrumento estará a las órdenes de las víctimas y sus derechos. No es un instrumento político, es un instrumento ciudadano para exigir que la responsable de hacerle un marcaje personal al Estado mexicano para frenar esta crisis rinda cuentas ante la gente.
Y, por eso, mi compañero Sergio Gil y yo la semana que entra estaremos presentando, con ellas y con ellos para presentación de este juicio político para todas y todos. Es cuanto.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 182 Bis de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El diputado Francisco Adrián Castillo Morales: Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Con su venia, diputada presidenta. El día de hoy presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 182 Bis de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que deriva en la necesidad de solicitar identificación oficial para la creación de cuentas electrónicas.
En la era digital en la que vivimos el correo electrónico se ha convertido en una herramienta fundamental para la comunicación personal, económica, profesional y gubernamental. Sin embargo, junto con su masificación han surgido desafíos importantes como el anonimato, la suplantación de identidad y los delitos informáticos. Es por ello que hoy resulta relevante reflexionar sobre la importancia de vincular los correos electrónicos a una identificación oficial.
¿Qué es lo que sucede? El auge de las redes sociales genera un sinfín de preocupaciones y peligros, los principales son: la desinformación, las redes sociales facilitan el acceso a la información falsa de todo tipo, lo cual llega a ser tan bien estructurado que es difícil percibir su autenticidad.
Fraudes. La delincuencia ha evolucionado gracias al impacto de las redes sociales, generando una nueva amenaza para la población: la ciberdelincuencia. Como lo hemos visto, el riesgo es alto debido a que la vida diaria se realiza a través de los dispositivos electrónicos, lo que facilita a los delincuentes obtener información para perjudicar a las y los usuarios.
Cuentas falsas. En las redes sociales se pueden colocar todo tipo de nombre de usuario: el real, el apodo, un personaje de ficción, actores o, incluso, familiares. En estos últimos, se hace pasar para obtener un beneficio, principalmente económico, al solicitar dinero para apoyos ante situaciones de estrés y al ingresar a enlaces de dudosa procedencia, los cuales pueden vulnerar la seguridad de los aparatos y obtener información personal.
La sextorsión. Un perfil falso con fotos tomadas de otros perfiles, dándole ilusión de ser el auténtico con el fin de atraer a usuarios, generando un acercamiento para obtener información como imágenes privadas de carácter sexual para, después, extorsionar al individuo exigiendo dinero con la amenaza de hacer pública esta información o compartirla con el círculo social de la persona.
Adicciones. El impacto en la salud mental en niñas, niños y adolescentes y jóvenes... son los más afectados al desarrollar dependencia compulsiva a los aparatos electrónicos como a las redes sociales, lo que provoca bajo interés educativo, deporte, cultura y, simplemente, pasar tiempo en el aire libre, dando más interés e importancia en su vida digital que fuera de ella.
Contenido inapropiado. Conforme a lo anterior, los menores de edad están expuestos no solo a contenido de su interés, sino también al inapropiado para su edad, los cuales pueden perjudicar su desarrollo como lo es la pornografía, violencia, alusión al consumo de drogas, juegos online o caer en conductas que agravan, incluso, su salud, lo que difícilmente sea algo que busquen, principalmente llega a través de alguien de mayor edad y con o son el conocimiento de quiénes serán los receptores.
¿Qué es lo que se pretende lograr con esta iniciativa? En primer lugar, esta medida fortalecería la seguridad digital. Al asociar cada cuenta de correo con una identidad verificada, se reduciría significativamente la creación de perfiles falsos utilizados para fraudes, extorsiones o desinformación. Esto no solo protegería a los usuarios, sino que también generaría un entorno más confiable para las transacciones y comunicaciones en línea.
En segundo lugar, la vinculación con una identificación oficial fomentaría la responsabilidad en el uso de las plataformas digitales cuando las personas saben que su identidad está respaldada por un documento oficial, es más probable que actúen de manera ética y respetuosa, esto contribuiría a disminuir prácticas como el acoso digital, la difusión de noticias falsas y otros comportamientos nocivos.
Asimismo, esta estrategia podría facilitar la labor de las autoridades en la investigación de delitos cibernéticos, contar con registros verificables y permitir rastrear con mayor precisión a quienes cometen estos actos ilícitos, agilizando los procesos judiciales y fortaleciendo el Estado de derecho en el entorno digital.
No obstante, es fundamental reconocer que esta propuesta también plantea retos importantes, especialmente en materia de privacidad y protección de datos personales. La implementación de un sistema de este tipo debe ir acompañada de marcos legales sólidos, transparencia en el manejo de la información y garantías claras para evitar abusos o vulneraciones a los derechos de los y de las ciudadanas.
En conclusión, vincular los correos electrónicos con una identificación oficial puede representar un paso significativo hacia un entorno digital más seguro, confiable y responsable, solo así podremos avanzar hacia una sociedad digital más justa y protegida. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 50 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de prevención de accidentes por transporte de materiales peligrosos en áreas urbanas.
La diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro: Con el permiso del pueblo de México.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro: Compañeras y compañeros legisladores, hace poco una tragedia sacudió a nuestro país, un accidente relacionado con el transporte de materiales peligrosos cobró vidas, dejó familias destrozadas y nos puso frente a una realidad que no podemos ignorar.
Porque hay que decirlo claro, cuando uno de estos vehículos se accidenta no estamos hablando de cualquier accidente, estamos hablando de fuego, de explosiones, de sustancias tóxicas, de familias corriendo con miedo, de madres abrazando a sus hijos sin saber qué está pasando, y lo más preocupante es que estos vehículos pasan todos los días donde vive nuestra gente, pasan cerca de las escuelas, cerca de los hospitales, de los mercados, de colonias enteras donde miles de familias hacen su vida todos los días.
Claro que el transporte de estos materiales es muy necesario. Nadie lo niega, el país necesita mover mercancías, producir y seguir creciendo, pero crecer nunca puede significar poner en riesgo a nuestra gente.
El desarrollo, sí, claro, por supuesto, pero siempre con responsabilidad. Por eso, esta iniciativa propone adicionar el artículo 50 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para que se establezcan rutas y horarios específicos para el tránsito de materiales peligrosos en zonas urbanas, privilegiando el uso de los libramientos, vías de circunvalación y corredores de riesgo controlado.
Y ¿qué estamos planteando con esto? Algo muy simple, más orden, más planeación, más seguridad para nuestra gente, porque cualquier madre o padre de familia quiere saber que mientras sus hijos están en la escuela están seguros, porque cualquier persona merece caminar por su colonia, ir al mercado, trasladarse a su trabajo sin estar expuestos a riesgos que sí podemos reducir.
Compañeras y compañeros diputados, la política tiene sentido cuando sirve para cuidar a la gente, la ley tiene sentido cuando se ayuda a proteger la vida. Legislar vale la pena cuando nuestras decisiones mejoran la vida de nuestras familias mexicanas.
Hoy tenemos la oportunidad de hacer justamente eso, de actuar con responsabilidad, de fortalecer la seguridad de nuestras ciudades y de demostrar que aquí legislamos pensando en el pueblo.
Por la seguridad y la vida de nuestras familias mexicanas les pido su respaldo con esta iniciativa. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado José Luis Cruz Lucatero, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 22 de octubre de cada año, como Día Nacional de la Constitución de Apatzingán de 1814.
El diputado José Luis Cruz Lucatero: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado José Luis Cruz Lucatero: Compañeras y compañeros legisladores, hoy presento ante está soberanía una iniciativa para saldar una deuda con nuestra historia y reconocer uno de los momentos fundacionales del constitucionalismo mexicano.
La presente iniciativa tiene por objeto declarar el 22 de octubre de cada año como Día Nacional de la Constitución de Apatzingán de 1814, con el propósito de reconocer el primer esfuerzo del pueblo mexicano por establecer un orden constitucional propio basado en los principios de soberanía popular, división de poderes y representación política.
Este documento emanado del movimiento insurgente encabezado por José María Morelos y Pavón, y aprobado por el Congreso de Anáhuac, sentó las bases del constitucionalismo mexicano y del futuro Estado independiente.
Conmemorar su promulgación permitirá fortalecer la memoria histórica, promover la cultura cívica y reconocer el origen de las instituciones democráticas que hoy rigen a los Estados Unidos Mexicanos.
La historia constitucional de México tiene uno de los momentos fundacionales en la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, aprobado el 22 de octubre de 1814, en la ciudad de Apatzingán, durante el proceso de lucha por la independencia nacional.
Este documento conocido como la Constitución de Apatzingán, representó uno de los primeros esfuerzos formales del movimiento insurgente por dotarse de un marco jurídico y político propio, sustentado en principios fundamentales como la soberanía popular, la división de poderes, la representación política y la protección de derechos.
Inspirada en los ideales de libertad, justicia e igualdad, esta Constitución estableció que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, y que la organización del gobierno debía sustentarse en un sistema representativo con instituciones capaces de garantizar el ejercicio de la ley y la justicia.
Uno de sus aportes más relevantes fue la adopción de un modelo de gobierno dividido en Tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con atribuciones claramente definidas, lo que representó un avance significativo frente al sistema colonial vigente en la Nueva España.
Asimismo, incorporó principios jurídicos profundamente innovadores para su época, entre ellos: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la abolición de la esclavitud y de las castas, el reconocimiento del derecho a la propiedad y a la libertad de expresión, el establecimiento de la soberanía popular como fundamento del poder político, la división de poderes para evitar la concentración del poder en una sola persona, todos estos principios representaron, pues, una ruptura con el orden colonial y expresaron la voluntad de los insurgentes de construir una nación basada en la justicia, la libertad y la representación política.
Incluso, en medio de las difíciles circunstancias de la guerra, el proyecto constitucional insurgente logró materializar algunas de sus instituciones como el Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana, instalado en 1815, en Ario de Rosales, Michoacán uno de los primeros intentos de establecer un sistema judicial independiente.
Aunque las condiciones de la lucha armada impidieron su plena aplicación, la importancia histórica y jurídica de la Constitución de Apatzingán es indiscutible. Este documento marco el tránsito de México de la vida colonial a la vida independiente y sentó las bases del constitucionalismo que posteriormente se reflejaría en las Constituciones de 1824, 1857 y la vigente de 1917.
Por todo lo anterior, reconocer esta fecha en el Calendario Cívico nacional constituye un acto de memoria histórica y de reafirmación de los valores democráticos que han guiado la construcción del Estado mexicano.
Consecuentemente resulta pertinente que el 22 de octubre de cada año sea reconocido oficialmente como Día Nacional de la Constitución de Apatzingán de 1814, con el propósito de fortalecer la conciencia histórica de la nación, promover el conocimiento del constitucionalismo mexicano y honrar el legado de quienes aún en medio de la lucha por la independencia sentaron las bases jurídicas y políticas del México libre y soberano.
Hoy México necesita memoria, necesita identidad, necesita recordar que antes de ser una nación consolidada fue una idea, un proyecto y una lucha. Por eso, reconocer el 22 de octubre como el Día Nacional de la Constitución de Apatzingán no es solo mirar el pasado, es reafirmar nuestro compromiso con los principios que dieron origen a esta nación. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Omar Borboa Befcerra, hasta por cinco minutos, para presentar las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servidores Financieros, en materia de consentimiento de referencias personales en trámites de crédito.
2. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Ambas suscritas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra: Muchas gracias, presidenta Paulina Rubio.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado Omar Borboa.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra: Compañeras y compañeros legisladores, hoy vengo a presentar dos iniciativas. La primera, sobre la modificación a los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
En la actualidad, el estar en el Buró de Crédito limita el acceso a oportunidades y castiga más allá de lo justo. El crédito debe ser un motor de desarrollo, no una condena permanente. Sin embargo, hoy vemos cómo la información negativa permanece durante años en los historiales, incluso cuando las personas ya cumplieron con sus obligaciones.
Esto genera un impacto real en la vida de las personas, impidiéndoles acceder a financiamiento, emprender o simplemente reconstruir una estabilidad económica. En la actualidad, el estar en el Buró de Crédito representa no poder acceder a una vivienda digna, a un crédito de automóvil, o ni siquiera poder comprar a crédito algún electrodoméstico para su hogar. Esto es en muchos casos injusto, porque limita el acceso a mejorar un estilo de vida.
Esta propuesta dará certeza jurídica porque establece que, liquidando el adeudo, se actualiza la información en un plazo no mayor a cinco días hábiles y se elimina definitivamente en un periodo de seis meses. Con ello se generan incentivos reales para que se reduzca el litigio.
Esta iniciativa propone reglas claras y equilibradas. Primero, establece un plazo máximo de tres años para la permanencia de la información crediticia, garantizando la proporcionalidad y el tratamiento de los datos. Además, impide que los créditos sin fecha cierta o con antigüedad excesiva sigan afectando injustamente a los ciudadanos.
Compañeras y compañeros, esta no es una iniciativa contra el sistema financiero, es una propuesta para hacerlo más justo, más transparente, más eficiente. Porque el sistema crediticio sano no es el que castiga indefinidamente, sino el que permite la reinserción económica.
En pocas palabras, lo que se propone en esta iniciativa es reducir de plazo de 5 años a 3 años a las personas que estén en el Buró y la eliminación pronta después de haber pagado el adeudo.
Vayamos a la segunda propuesta. Muy bien, esa es la que reforma la Ley Federal de Protección de Datos Personales en la Posesión de los Particulares, de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de consentimiento de las referencias personales o trámites de crédito.
¿A cuántos de ustedes no les ha llamado alguna vez del banco, alguna financiera o un despacho de cobranza y decirnos o decirles que alguno de sus familiares tiene alguna deuda sin pagar? Hoy presento esta iniciativa que atiende una práctica común, pero muy incorrecta, el uso de las referencias personales en trámites de crédito sin consentimiento de quienes son señalados.
En México, millones de personas entregan datos de familiares, amigos, conocidos como referencias. El problema es que la mayoría de los casos, en la mayoría de esos casos, esos terceros nunca son autorizados para que usen esta información. Esto vulnera a su privacidad y expone a llamadas y a gestiones de cobranza sin tener ninguna relación alguna con la deuda.
En esta iniciativa se pone orden, establece que ninguna referencia personal podrá ser utilizada sin consentimiento y sin un previo libre específico, informando el verificable de su titular. Además, apruebe expresamente estos datos se utilicen para fines de cobranza o para cualquier finalidad distinta a la autorizada. También obliga a las instituciones financieras y a sus despachos a verificar y conservar la evidencia de dicho consentimiento. Sin este requisito, simplemente no se podrá usar ni contactar a esas referencias.
Compañeras y compañeros, se trata de proteger a quienes están indefensos frente a las prácticas abusivas. Se trata de garantizar el respeto a los datos personales. Se trata de la dignidad de las personas. Regular no es obstaculizar ni dar certeza. Debemos dar este paso al sistema financiero responsable y más humano.
Esta iniciativa que hoy presento me la pidieron varias vecinas y vecinos de distintas colonias de mi distrito, donde dicen que es muy incómodo que cualquier persona por el simple hecho de tener tus datos personales, tu teléfono celular y tu nombre completo, te puedan hacer como una referencia para un crédito de un automóvil o de cualquier carro o cualquier cosa que quieras financiar y cuando el deudor se atrasa, te hablan por teléfono como si tú fueras el que debes, te hablan a pelar con ganas de que le compres, aún cuando uno les dice que tienes años que por razones personales o por razones de trabajo ya no conoces o no ves a la persona, pero te siguen hablando y esto se da en muchos casos y es una incomodidad para todos los mexicanos que sin la previa autorización del referenciado les tengas que entregar, tienen que entregar tus datos y que te estén llamando y te estén molestando por un crédito que tú no debes.
Entonces, yo creo que esto en todos los sectores, en todos los niveles económicos en todo el país, en todo el distrito lo que menos queremos es que molesten a la persona con sus datos personales. Es cuanto. Muchas gracias a todos.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado Omar Borboa. Túrnese la primera iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Y la segunda iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 8 Bis a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares en materia de protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes.
El diputado Luis Orlando Quiroga Treviño: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Luis Orlando Quiroga Treviño: Compañeras y compañeros legisladores, hoy acudo a esta tribuna con la firme convicción de que estamos frente a uno de los retos más importantes de nuestra época, proteger la privacidad y la dignidad de nuestras niñas, niños y adolescentes en un mundo cada vez más digitalizado.
La iniciativa que someto a su consideración no es menor, se trata de reconocer una realidad que ya nos alcanzó. Nuestros menores de edad están creciendo en un entorno donde su información personal se genera, se comparte y en muchas ocasiones se explota sin que existan mecanismos suficientes para protegerlos.
Nuestra Constitución es clara, en sus artículos 6 y 16 reconoce el derecho humano a la protección de datos personales, no obstante, aunque contamos con una ley que regula esta materia en posesión de particulares hoy existe un vacío que no podemos ignorar, no hay disposiciones específicas que atiendan la vulnerabilidad particular de nuestras niñas, niños y adolescentes, y esto es especialmente muy preocupante. Hoy en día aplicaciones móviles, redes sociales, videojuegos y hasta juguetes inteligentes recopilan información sensible.
Dos, ubicación, hábitos de consumo, preferencias e incluso patrones de comportamiento. Estamos hablando de datos que pueden ser utilizados para influir, perfilar y condicionar decisiones futuras de personas que aún no concretan su madurez suficiente para comprender el alcance que están compartiendo.
La niñez debe defenderse de todos estos riesgos. Por eso el principio de interés superior de la niñez consagrado dentro de nuestra Constitución, nos obliga a legislar, actuar de manera más inmediata.
Esta iniciativa propone algo muy concreto, pero profundamente necesario, incorporar un artículo 8 Bis a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares para establecer reglas claras, firmes y específicas cuando se trata de datos personales sobre menores de edad.
Primero se establece que el tratamiento de sus datos requeriría el consentimiento expreso de quienes ejerzan la patria potestad o tutela. No más consentimientos implícitos ni ambiguos. Segundo, se obliga a los responsables a verificar la identidad de quien otorga este consentimiento. No basta con un clic, se requiere mayor certeza.
Tercero, se reafirma que en todo momento deberá privilegiarse el interés superior de la niñez. Este principio deja de ser declarativo y se convierte en una guía obligatoria para la toma de estas decisiones.
Cuarto, se establece una previsión fundamental, no se podrá utilizar los datos de niñas, niños y adolescentes para publicidad personalizada ni para perfilamiento de algún sujeto. Esto significa poner un alto a prácticas que buscan influir conducta desde edades tempranas.
Y quinto y último, pero no por eso menos importante, se garantiza que los avisos de privacidad sean claros, sean sencillos y adecuados a su edad. Porque el derecho a la información también implica comprender lo que se está aceptando.
Compañeras y compañeros legisladores, esta iniciativa no busca frenar la innovación tecnológica ni obstaculizar el desarrollo integral. Todo lo contrario, busca que avancemos con responsabilidad, poniendo en el centro a las personas y en especial a quienes más necesitan la protección.
A nivel internacional ya existen estándares que van en esta dirección, países y organismos que han reconocido que los menores requieren más seguridad. México no puede quedarse atrás, no podemos permitir que la información de nuestras niñas, niños y adolescentes se conviertan en una mercancía. No podemos normalizar que desde temprana edad se construyan perfiles que condicionen su futuro. Y no podemos seguir legislando como si este problema no existiera.
Hoy tenemos la oportunidad de cerrar una brecha legal y de enviar un mensaje claro, en México la privacidad de la niñez se respeta, se protege y se garantiza. Legislar en favor de las niñas y niños y adolescentes no es una obligación jurídica, es un compromiso ético con el presente y con el futuro de nuestro país. Los invito a respaldar esta iniciativa, porque proteger sus datos es proteger su libertad, su dignidad y su desarrollo. Muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Ramón Angel Flores Robles, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de reconocer y garantizar los derechos de la naturaleza.
El diputado Ramón Angel Flores Robles: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy vengo a presentar a este pleno una iniciativa de gran calado constitucional, una propuesta que reforma los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 25, 26, 27, 31, 35, 36, 73, 89, 115, 116, 117 y 122 de nuestra Constitución Política para reconocer por primera vez a la naturaleza como sujetos de derecho. Y no se trata de un ajuste técnico, se trata de replantear la relación del Estado mexicano con la vida misma.
Hoy no venimos a presentar reformas más, hoy venimos a plantear un cambio de civilización, porque durante siglos hemos construido un modelo donde la naturaleza es vista como objeto, como recurso, como mercancía, y ese modelo hoy está colapsado frente a nuestros ojos.
La crisis climática ya no es una advertencia, es una realidad, sequías históricas, mares contaminados, selvas devastadas, especies desapareciendo a un ritmo alarmante. No es un fenómeno aislado, es el resultado de una lógica de explotación irracional que ha puesto al Planeta al borde del colapso.
Y México no es ajeno, somos una de las naciones con mayor biodiversidad del planeta, pero también una de las que enfrenta una de las mayores tasas de degradación ambiental: más de 2 mil 600 especies en riesgo, ecosistemas perdiéndose año con año y comunidades enteras viendo comprometido su futuro.
Por eso, esta iniciativa no es menor: es profundamente transformadora. Lo que proponemos es reconocer algo que durante mucho tiempo se negó: que la naturaleza no es propiedad: es sujeto de derechos; que los ríos, que los bosques, los mares, los ecosistemas, tienen derecho a existir, a regenerarse y a mantenerse; que no podemos seguir hablando de derechos humanos sin reconocer que estos dependen esencialmente de los derechos de la naturaleza. Porque sin agua no hay vida, sin biodiversidad no hay equilibrio, sin planeta no hay futuro.
Esta reforma constitucional plantea un cambio de fondo: transitar del antropocentrismo donde el ser humano es el centro de todo al biocentrismo donde entendemos que somos parte de un sistema interdependiente.
No es una ocurrencia: es una tendencia global. En Ecuador ya se hizo. Bolivia está avanzando en ese camino. Tribunales internacionales y cortes constitucionales han comenzado a reconocer derechos a ríos, a bosques y ecosistemas.
Y México, que ha sido pionero de derechos sociales, no puede quedarse atrás, porque así como en 1917 fuimos vanguardia en derechos laborales, hoy debemos ser vanguardia en derechos ambientales.
Compañeras y compañeros, no se trata de romantizar la naturaleza: se trata de sobrevivir como especie. Se trata de entender que el modelo de producción y consumo que hemos normalizado ya no es sostenible. Se trata de asumir una responsabilidad histórica.
Porque lo que está en juego no es una agenda ambiental: es el futuro de nuestras hijas, hijos, de nuestras comunidades. Y también es justicia: justicia para los pueblos que han defendido sus territorios, justicia para las comunidades que han cuidado los ecosistemas mientras otros los saquean, justicia para las generaciones que aún no nacen.
Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso firme hacia un nuevo paradigma jurídico: un paradigma donde el desarrollo no esté peleado con la vida, donde el crecimiento económico no signifique destrucción ambiental, donde el Estado asuma su responsabilidad de proteger no solo a las personas, sino a la vida de todas sus formas. Esta iniciativa no es el final del camino, es el inicio de una nueva relación en el ser humano y la naturaleza. Una relación basada en el respeto, en la interdependencia, en la justicia.
Compañeras y compañeros legisladores, la historia nos va a juzgar por lo que hagamos o dejemos de hacer frente a esta crisis. Hoy tenemos la oportunidad de estar del lado correcto de la historia, de dejar atrás la lógica de la destrucción y contribuir a un México que defienda la vida. Es cuanto.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de incremento de penas en delitos de violencia en contra de adultos mayores.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Gracias. La iniciativa que vengo a presentar el día de hoy, compañeras y compañeros, tiene como propósito adicionar un artículo 300 Bis al Código Penal Federal y modificar el artículo 307, con la finalidad de atender una problemática que tiene que ver con la atención al daño en materia de lesiones a los adultos mayores y el daño que se produce cuando se priva de la vida en homicidio simple a los adultos mayores.
Si bien es cierto la ley prevé que un adulto mayor debe vivir una vida libre de violencia, pero no cierra la pinza esta legislación al establecer un tipo penal agravado, en el cual podamos sancionar no solo estas lesiones, sino cuando se trata de una persona adulta mayor poder incrementar la penalidad cuando es un homicidio simple intencional, o bien, cuando son delitos de lesiones, se puedan incrementar las penas en una cantidad más de la cual actualmente se tienen.
Decimos y se dice bien, que quien no respeta la vejez no honra su propio futuro. Debemos de plantear esta defensa de los adultos mayores a partir de su dignidad, pero también a partir del trabajo que ellos vinieron realizando durante mucho tiempo.
Buscamos que la justicia alcance de manera ejemplar a quien cause un daño al adulto mayor, buscamos que se sancione de manera ejemplar a aquella persona o a aquellas personas que de manera cobarde lesionan a un adulto mayor, o bien, que de manera cobarde lo privan de la vida.
Por eso la modificación a estos dos numerales, al artículo 300, creando un artículo 300 Bis –reitero– con la finalidad de incrementar la penalidad cuando la víctima es adulto mayor en un tanto más, y el artículo 307, para que el homicidio simple intencional pueda tener también esta característica.
Esto se trata de tener cero tolerancia frente a la violencia con los adultos mayores. No podemos cerrar los ojos ante la problemática del maltrato, de las lesiones y de la vulnerabilidad que tienen los adultos mayores en nuestro país. La Constitución y la ley – decía– reconoce el derecho de los adultos mayores a vivir libres de violencia, pero deja la ley muy claro, que esta sanción debe ser ejemplar con esta reforma.
Decíamos también, y decían bien nuestros adultos mayores: se es joven hoy, se será anciano en el mañana. Y debemos, nosotros, en este momento, de poder perfilar estas reformas que sean ejemplares a la sanción a quienes están lastimando a aquellas personas que han hecho un gran esfuerzo para sacar adelante los retos que tienen o los retos que tuvieron en la vida y en la actividad productiva de nuestro país.
Una sociedad que tolera el abuso, las lesiones, los homicidios contra los adultos mayores, se condena a sí misma. Hoy cuidamos al adulto mayor, sí, pero mañana seremos nosotros ese adulto mayor.
Hagamos, pues, ejemplar, la sanción por respeto, por reconocimiento, por solidaridad a quienes nos dicen, cuando hablamos con ellos: como te ves me vi, como me ves te verás. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen. Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Gerardo Villarreal Solís, del grupo... perdón. Diputado Noel, ¿con qué objeto?
El diputado Noel Chávez Velázquez (desde la curul): Para solicitarle, por medio de usted, al diputado Alejandro, y felicitarlo por esta gran iniciativa por nuestros adultos mayores, si nos permite adherirnos como grupo parlamentario.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Diputado Alejandro Domínguez, ¿acepta usted la adhesión de su grupo parlamentario?
El diputado Alejandro Domínguez Domínguez: Claro.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, está a su disposición para todos los que quieran firmarla aquí en Mesa Directiva.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra al diputado Gerardo Villarreal Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia en materia de actualización de los umbrales y plazos para la eliminación de información crediticia.
El diputado Gerardo Villarreal Solís: Con permiso de la presidencia.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputado.
El diputado Gerardo Villarreal Solís: Compañeras y compañeros diputados, en México miles de familias enfrentan un problema del que se habla muy poco, pero que frena sus oportunidades de desarrollo, un problema que no se ve en las calles pero que pasa o que pesa, mejor dicho, todos los días en la vida de las familias, tener una deuda, incluso pequeña, puede marcar su historial crediticio durante años.
Y esto tiene consecuencias reales, porque el acceso al crédito no es un lujo, es una herramienta para salir adelante, para poner un negocio, para enfrentar una emergencia, para construir un patrimonio.
Pero ese acceso no depende solo de cuánto ganas o de cuánto necesitas, sino de cómo te evalúa un sistema que muchas veces no distingue y eso, obviamente, no es justo. Y no es justo que una persona que tuvo un tropiezo, que se atrasó con un crédito pequeño cargue durante años con una marca en su historial.
Porque hay que decirlo con claridad, muchas de esas deudas nacen de momentos de dificultad: de una enfermedad, de la pérdida de un empleo o de información poco clara sobre tasas y condiciones. Porque también hay que decirlo, muchas tiendas e instituciones financieras insisten en colocar tarjetas y créditos de manera agresiva sin explicar con claridad cuánto se va a pagar realmente y en qué condiciones.
La Ley para Regular Sociedades de Información Crediticia no se ha actualizado por años, quedó congelada en una realidad que ya no es la de hoy, y eso genera, obviamente, distorsiones.
Porque actualmente una deuda relativamente baja puede permanecer en el historial hasta por seis años, seis años, el mismo tiempo que pueden permanecer deudas muchísimo mayores. ¿Puede permanecer el mismo tiempo una persona que debe nueve mil pesos, a la que debe millones? ¿Dónde está la proporcionalidad? ¿Dónde está la justicia para quien menos tiene?
Cuando el sistema no distingue acaba castigando injustamente, y eso se traduce, indudablemente, en algo muy concreto, puertas cerradas para el desarrollo. Se cierra el acceso al crédito, se limita la posibilidad de emprender, se frena la recuperación de las familias.
Por eso esta propuesta es profundamente social, lo que plantea es sencillo, actualizar el sistema para hacerlo más justo. Primero, aumentar el umbral para eliminar la información de créditos pequeños, pasando de mil a 2 mil UDIS. Es decir, de poco más de 8 mil 500 pesos a 17 mil 500 pesos.
En términos claros, que más personas con deudas bajas puedan salir antes del historial negativo. Y, en segundo, introducir un criterio intermedio para que las deudas de hasta 20 mil UDIS, es decir, 175 mil pesos, no se traten igual que las grandes y tengan un plazo menor.
Esto obviamente no va a eliminar la responsabilidad del deudor, no borra las deudas, no afecta la certeza del sistema financiero. Lo que hace es únicamente equilibrarlo, porque el crédito debe ser un motor de desarrollo y no una condena, debe ser una oportunidad para avanzar, no una barrera que te persigue durante años por un tropiezo.
De eso se trata fundamentalmente esta iniciativa, de entender que las personas pueden equivocarse, pero también pueden recuperarse y que el sistema debe dar segundas oportunidades y no cerrarlas, porque cuando facilitamos el acceso al crédito no solo ayudamos a una persona, impulsamos a una familia, fortalecemos una pequeña empresa, movemos la economía desde abajo.
Hoy tenemos la oportunidad de corregir esa distorsión que ha afectado a la economía de miles de familias en el país, porque un país que castiga igual a quien debe poco y a quien debe mucho es un país que no está haciendo justicia, porque un país que cierra el crédito le cierra el futuro a su gente.
Y hoy lo que estaríamos haciendo, una vez que se vote esa propuesta, es volver abrir ese futuro para millones de mexicanas y mexicanos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos el uso de la palabra a la diputada Rocío López Gorosave, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 65 Ter 2 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de consumo de agua en eventos públicos.
La diputada Rocío López Gorosave: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Rocío López Gorosave: Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que presento ante ustedes tiene el objetivo de consolidar nuestros derechos humanos, el derecho humano al agua, el derecho humano al acceso a la cultura y, especialmente para las niñas y los niños de México, el derecho al sano esparcimiento.
De acuerdo con el artículo 4o. de nuestra Constitución, todos tenemos derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
También en ese mismo artículo constitucional, que establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado, así como el ejercicio de sus derechos culturales.
Estos derechos, aunque no parezcan estar conectados, deben garantizarse por igual, sin importar el contexto ni el lugar, y no deben ser excluidos por terceros o por actores privados. Deben contar con la garantía de medidas necesarias para que ambos puedan disfrutarse en todo momento.
Es por estas razones que propongo reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, para garantizar que eventos culturales masivos como conciertos, festivales o eventos deportivos se permita el ingreso y consumo personal de agua potable en envases cerrados, como alternativa a la obligación de únicamente adquirirlas dentro de los establecimientos a precios muy elevados.
Por la naturaleza de la mayoría de los eventos culturales o deportivos, las personas asistentes pueden enfrentar deshidratación, sed intensa, boca seca, fatiga, dolor de cabeza, mareo, debilidad. Y, si la deshidratación progresa, pueden presentarse síntomas de confusión, calambres musculares, taquicardia e incluso desmayo o pérdida del conocimiento. Hasta un golpe de calor, condición que ya constituye una emergencia médica.
Un claro ejemplo de las altas temperaturas y sus efectos negativos son las que presentan algunos municipios del estado que represento, Baja California, en donde alcanzamos más de 40 grados centígrados y debemos estar en constante hidratación, sobre todo en el exterior, cuando acudimos a eventos culturales o deportivos públicos o privados.
Además, existen ejemplos de reforma al respecto en países de Latinoamérica, donde se han presentado experiencias legislativas similares: en Perú, Brasil y Argentina. Esas naciones han hecho cambios para permitir a las personas consumidoras ingresar a conciertos, festivales y partidos de fútbol con sus propios alimentos y botellas de agua cerradas.
Estas acciones responden al principio de protección al consumidor y al deber de garantizar condiciones adecuadas de bienestar en espectáculos públicos para proteger la salud, la seguridad y la dignidad de las personas asistentes.
Cabe mencionar que no solo se trata de hidratarse en eventos masivos al aire libre o con altas temperaturas, en la reforma se busca que el ingreso de agua potable permita mantener la constante hidratación en todo el recinto.
Y, finalmente, garantizar el acceso a agua potable para consumo personal en todos los espacios donde se celebren espectáculos masivos, conciertos, festivales y cualquier evento cultural, deportivo o recreativo, público o privado en México, constituye una medida esencial para proteger la salud, la seguridad y la dignidad de las personas.
En conclusión, establecer disposiciones claras que obliguen a facilitar el acceso al agua potable en esos espacios, representa una acción responsable, preventiva y congruente con los principios de salud pública, protección civil y bienestar social que deben regir la organización de cualquier evento público o privado en el México de la cuarta transformación, que tiene como objetivo principal el bienestar del pueblo, donde garantizamos los derechos humanos. Muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa, con proyecto decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de eficiencia en el cobro de peaje, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Adelante, diputada.
La diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: Compañeras y compañeros diputados, hoy venimos a hablar del costo de moverse en este país al que millones de mexicanas y mexicanos vivimos todos los días y justo en el día de hoy que aumentaron el precio de las casetas, el poder transitar por carreteras importantes porque hay una verdad aquí en México que no podemos ignorar, moverse cada vez es más caro y más injusto.
Por un lado, tenemos una gasolina que no bajó. Que en 2018 costaba poco más de 18 pesos por litro y hoy ya supera los 24 pesos. Eso de que nos dijeron que la gasolina iba a costar 10 pesos, es falso y todavía tienen el descaro de venir a decirnos que consumamos la Magna porque es más barata en vez de la Premium y, ¿qué es lo que están entregando? Movilidad todavía más cara, encima suben los precios de la canasta básica, de los servicios en todo México. Esto no solo afecta a quien tiene automóvil, afecta al transportista, al comerciante, al productor y termina impactando en el costo de vida de todas las familias.
Pero, además hay otro problema que las autopistas de cuota que deberían de garantizar eficiencia, porque por eso uno se supone que las transita, hoy se convierte eso en un obstáculo porque pagas por circular, pero vemos las filas interminables, pagas por ahorrar tiempo, pero en realidad lo pierdes.
En México hay muchas casetas donde se cobra como autopista, pero en realidad se vive casi como estacionamiento porque no avanza y no hay eficiencia, y lo más grave es que aumentan los costos, los cobros de las casetas como ya lo vimos el día de hoy y no mejoran el servicio, no ofrecen una solución real a las familias. Es decir, se paga más por un servicio que no responde.
Y aquí hay que decirlo claro, esta iniciativa propone que haya reglas claras, porque hoy quien opera una caseta, que cobra siempre debe cobrar, pero debe también garantizar el servicio y cuando cobran, más bien, cuando fallan estas casetas ellos siguen cobrando, sin embargo, ellos no dejan de cobrar aunque el servicio falle. Es decir, cobran sin fallar, aunque fallen todos los días.
Por eso, esta iniciativa es parte de algo básico, que sí se cobra, sí los concesionarios cobran deben cumplirle a la gente. ¿Y de qué va esta iniciativa?
Primero es que no se deben de esperar más de 20 minutos en una caseta, con reglas claras. Y me ha pasado gracias a los emprendedores de mi distrito, a los pequeños y medianos negocios que se tienen ahí el 50 % de mi distrito es industrial y el otro 50 % es agrícola. De San Francisco del Rincón, donde soy originaria, distribuyen los sombreros, por eso somos la capital mundial del sombrero.
Y a la hora de esta distribución a todo México e incluso al extranjero, en Estados Unidos, pues tienen que transitar por carreteras de cuotas para lograr que su producto sea entregado de manera más rápida. Y esto, pues les atrasan, no solo en el cumplimiento de sus entregas, sino para que también puedan llegar con sus familias.
Y segundo es que, si este tiempo se rebasa, el paso pueda ser totalmente libre, que, si no te cumple el de la caseta, pues que no te cobre, que así sea de claro. Y tercero, se obliga a modernizar el sistema con telepeaje, que haya medición verificable y supervisión real.
Porque no se trata solo de cobrar, se trata de cumplirle a la gente. Porque cada minuto detenido es dinero que no regresa y tiempo que no vuelve. Y el tiempo de la gente también cuenta.
Reducir estos tiempos también significa que haya menos gastos para las familias, que haya incluso menos contaminación, también es un tema medioambiental porque se emiten menos emisiones de carbono. Contaminamos menos y hay menos presión en los precios, hay más tiempo para que las familias puedan disfrutarse. Y eso también es política social.
Hoy perder tiempo no le cuesta a quien cobra y con esta reforma se pretende que sea justo. Porque gobernar no es recaudar, es responder a soluciones reales. Y en México el moverse no debería ser caro e ineficiente, debería de ser algo digno, ágil y justo para todas y todos.
Y por eso el día de hoy que aumentaron el cobro de las casetas a nivel federal y que no están dando una solución real ante infraestructura, aquí en el PAN les hemos puesto propuestas para que se dignifique el tema de transitar las carreteras libremente con seguridad.
Y les seguiremos poniendo propuestas para darle alternativa a las personas de nuestros distritos, de nuestros estados y de todo México. Aquí seguimos las y los diputados de Acción Nacional, teniendo propuestas para que mejore verdaderamente la calidad de vida de las familias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo una cuota de contratación obligatoria de personas con discapacidad del 5 % de sus trabajadores a todas las empresas con más de 50 trabajadores.
La diputada Mónica Herrera Villavicencio: Antes de hacer uso de la voz y presentar mi iniciativa, quiero felicitar a nuestra gobernadora, Rocío Nahle, por su cumpleaños el día de hoy, como mujer veracruzana me siento muy orgullosa del trabajo que ha estado realizando, y sobre todo, en nuestro distrito. Estoy segura que los veracruzanos no nos equivocamos Muchas gracias.
Presidenta, con su venia. Agradezco, principalmente, a mi coordinador, Ricardo Monreal, por permitirme hacer uso de esta tribuna una vez más, para presentar esta iniciativa que representa la vida de miles de personas con discapacidad, que a pesar de tener una formación profesional nos hemos quedado sin una oportunidad laboral por prejuicios sociales y falta de empatía.
Pues hoy no subo a esta tribuna únicamente como legisladora, sino también como una mujer con discapacidad, como alguien que ha vivido en carne propia lo que significa que te cierren, no solamente una puerta, sino también una oportunidad por falta de capacidad y más bien por un prejuicio social.
En México, más de 9.5 millones de personas vivimos con alguna discapacidad. Más o menos, para que se den una idea, la cantidad de población que tiene el estado de Veracruz, incluso un poco más. Y Veracruz es el cuarto estado con mayor población a nivel nacional.
Y cuando hablamos de empleo la desigualdad se vuelve muy evidente, y esto es gracias a los gobiernos anteriores, neoliberales, que nunca pensaron en la inclusión de las personas con discapacidad.
Fíjense, solo alrededor del 38 % de las personas con discapacidad en edad productiva participan en el mercado laboral, en contraste con el 65 % de las personas con discapacidad. Esto quiere decir que seis de cada diez personas con discapacidad estamos excluidas de la actividad económica. De quienes sí trabajan, cerca del 70 % lo hacen en la informalidad, sin seguridad social, sin prestaciones y sin estabilidad. Además, las personas con discapacidad podemos llegar a ganar menos del 30 % que una persona sin discapacidad.
En empresas, existen empresas nacionales y extranjeras que han implementado acciones a favor de las personas con discapacidad para eliminar esto e integrarlas en el área laboral con programas de inclusión y socialmente responsables, como Femsa, Cinépolis, BBVA, entre otras, y que a través de iniciativas como la Éntrale se han facilitado más de 50 mil contrataciones con un enfoque de accesibilidad y capacitación.
Otro dato clave es que en países de la OCDE que han implementado cuotas laborales obligatorias como Alemania o España, la inclusión laboral de personas con discapacidad ha aumentado significativamente, alcanzando niveles superiores al 50 % de la participación laboral.
Esto quiere decir que sí funcionan estas iniciativas cuando el Estado actúa. Por eso, es necesario que nosotros como legisladores tengamos voluntad política para priorizar una agenda nacional que garantice el derecho de las personas con discapacidad a la inclusión laboral y reconocer que es una obligación del Estado garantizar todos los derechos de las y los mexicanos, incluyéndonos a las personas con discapacidad.
Hoy hablamos de derechos a la identidad, a la salud, a la vivienda, a la educación, y debemos de dar un paso firme hacia el derecho a un trabajo digno e incluyente, siendo congruentes con el gobierno que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y priorizando a quienes más lo necesitan.
Por eso, esta iniciativa que presento propone adicionar una fracción XVI Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para establecer que las empresas con más de 50 trabajadores contraten como mínimo a un 5 % de personas con discapacidad.
No pedimos privilegios: corregimos desigualdades históricas. Porque cuando la ley no interviene, la exclusión se normaliza. Compañeras y compañeros, la discapacidad no solamente está en nuestros cuerpos, en nuestras mentes: está en las barreras, en los prejuicios, en los espacios que no han sido pensados para nosotros.
Esta iniciativa a nadie le quita nada, nos abre las puertas a millones, no obliga a las personas a perder competitividad: las invita a ganar talentos, a la diversidad y humanidad. Porque cuando una empresa incluye, no solo transforma vidas: se transforma a sí misma.
Termino, presidenta. No es solo el 5 %: son personas, personas que queremos trabajar, que queremos aportar, que queremos sostener a nuestras familias, que queremos vivir con dignidad.
Yo soy una de ellas y, por eso, hoy hablo desde la exigencia legítima de nuestros derechos, porque la justicia no se pide: se garantiza. Y hoy tenemos la oportunidad de decidir de qué lado de la historia queremos estar: del lado de la invisibilización y la exclusión o del lado de la inclusión que nos dignifica.
Así que, compañeras y compañeros, les invito a suscribirse, no por mí y por los millones de personas que ya vivimos con una discapacidad, sino también siendo conscientes de que esta condición que hoy vivimos nosotros, no es ajena a nadie. La discapacidad no excluye. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su dictamen. Tiene la palabra la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. La diputada Margarita Zavala. Diputada Mónica, pregunta la diputada Margarita Zavala si autoriza se adhiera a su iniciativa.
La diputada Mónica Herrera Villavicencio: Sí, claro.
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (desde la curul): Muchas gracias.
La diputada Mónica Herrera Villavicencio: Muchas gracias, diputada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. La diputada Patricia Jiménez, ¿en el mismo sentido? Así es. Muchas gracias.
La diputada Mónica Herrera Villavicencio: Sí, gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada Mónica. Sí, para quienes decidan suscribir las iniciativas estarán aquí. Diputado, ¿para el mismo sentido?
La diputada Mónica Herrera Villavicencio: Sí, gracias. Gracias a todos.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado Enrique Villegas, también la diputada Mónica autoriza, a todos y a todas. Muchas gracias a quienes están firmándola en este momento en la Mesa Directiva, aquí estará la iniciativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 9o. de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en materia de enfoque preventivo del ámbito situacional, por medio del uso de espacios públicos para el desarrollo de actividades deportivas, culturales, artísticas y de esparcimiento. Adelante, diputada.
La diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez: Gracias, presidenta, con su venia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, diputada.
La diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez: Saludo con agrado y con respeto a mis compañeras diputadas y diputados que se encuentran en este recinto tan importante, como al pueblo del estado de Hidalgo y de forma especial al pueblo indígena del Valle de Mezquital.
Como es del conocimiento de todas y todos, la violencia, la delincuencia ha constituido fenómenos complejos y multifactoriales que afectan de manera directa la cohesión social, la convivencia comunitaria y el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Durante décadas los gobiernos neoliberales privilegiaron una visión de seguridad centrada en el control y la reacción punitiva, al tiempo que abandonaron la inversión social, la planeación urbana con enfoque comunitario y el fortalecimiento de los espacios públicos en colonias populares y en zonas de alta marginación.
Este abandono tuvo muchas consecuencias directas en la desarticulación del tejido social, el deterioro del entorno urbano y la pérdida de espacios de convivencia colectiva, la falta de parques, canchas, centros culturales y espacios de esparcimientos adecuados, así como el deterioro de los existentes dejó amplios sectores de la población, en particular a niños, niñas, adolescentes, jóvenes sin ninguna alternativa.
El deporte, la cultura y la recreación, han generado condiciones propicias para la reproducción de violencias y conductas delictivas, en ese entonces. Pero en este contexto, desde la llegada de la cuarta transformación, el Estado mexicano ha transitado hacia un enfoque de prevención social de la violencia y la delincuencia, reconociendo la necesidad de intervenir de manera anticipada sobre los factores de riesgo mediante políticas públicas integrales que fortalezcan el tejido social, promuevan la convivencia pacífica y recuperen el espacio público como un lugar seguro de inclusión, de encuentro y de desarrollo comunitario.
Descrito lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer el enfoque preventivo del ámbito situacional mediante la reforma de la fracción VI del artículo 9o. de la Ley General de la Prevención Social de Violencia y la Delincuencia, a fin de reconocer de manera expresa que los espacios públicos constituyen herramientas estratégicas de prevención social cuando son accesibles, seguros y utilizados de manera permanente para el desarrollo de actividades deportivas, culturales, artísticas y de esparcimiento.
Esta precisión normativa permite consolidar una visión integral del espacio público como un componente activo de la construcción de entornos seguros y en la reducción de factores de riesgos asociados a la violencia y a la delincuencia.
De manera específica la reforma busca precisar que la prevención social situacional no se limita a la recuperación física o material de espacio público, sino que comprenda también su mejoramiento continuo, su mantenimiento y de manera fundamental su aprovechamiento social, y bajo esta lógica los espacios públicos dejan de concebirse únicamente como infraestructura urbana y se reconoce como lugares vivos de encuentro, interacción y convivencia comunitaria, cuyo uso cotidiano incide directamente en las generaciones de dinámicas sociales positivas.
De igual forma, reconoce la participación comunitaria como un elemento indispensable para la apropiación social de los espacios públicos, la involucración activa a la comunidad en los procesos de recuperación, uso, cuidado de estos espacios, fortaleciendo el sentido de pertenencia promoviendo la corresponsabilidad ciudadana y contribuyendo a la sostenibilidad de las acciones preventivas en el mediano y largo plazo.
Finalmente, esta iniciativa busca también fortalecer la convivencia y la cohesión social, así como la prevención de conductas violentas mediante la promoción de actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas, que favorezcan el desarrollo integral de las personas y la reconstrucción del tejido social.
Diputados y diputadas, esta iniciativa que presento contribuye de manera significativa a la construcción de comunidades más seguras, incluyentes y cohesionadas, al fortalecer el papel del espacio público como un eje fundamental de la prevención social de la violencia y la delincuencia. Por ello, los invito a apoyarla en todo este trámite legislativo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 113 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz: Lo que le hacemos al mundo nos lo hacemos a nosotros mismos. Mahatma Gandhi.
Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México, hoy estoy ante ustedes, no solo para presentar una iniciativa, sino para hacer un esfuerzo en favor de nuestro entorno, nuestro presente y nuestro futuro como país.
Esta iniciativa nace de un compromiso profundo con la salud pública, el bienestar animal y la protección del medio ambiente. Quiero ser clara, mi objetivo no es atacar tradiciones, ni ignorar la riqueza cultural que los fuegos artificiales representan para millones de mexicanas y mexicanos.
Lo que sí pretendo es traer al debate una pregunta que no podemos seguir postergando ¿Hasta cuánto seguiremos pagando con vidas y con daño ambiental el costo de una práctica que puede y debe regularse con mayor rigor?
La pirotecnia es una tradición arraigada en fiestas patronales, celebraciones cívicas y festejos comunitarios. Ese valor cultural es innegable, sin embargo, debemos observar sus consecuencias. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, entre 2003 y 2021 se registraron 649 accidentes relacionados con la pirotecnia, dejando 469 personas fallecidas y más de 2 mil personas lesionadas.
Más allá de las explosiones, la pirotecnia genera daños silenciosos: el humo incrementa el riesgo de enfermedades pulmonares, el ruido alcanza 190 decibeles, superando, incluso, a los disparos de armas de fuego.
Para los animales cada detonación es una experiencia de dolor extremo. Además, es preciso mencionar que los metales pesados emitidos contaminan suelo, agua y aire, perturbando incluso la formación de nubes y las precipitaciones.
En ese sentido, actuamos desde una obligación normativa, ya que el artículo 4o. constitucional, reformado en diciembre de 2024, eleva a rango constitucional la prohibición del maltrato animal y reconoce el derecho a la salud y a un medio ambiente sano. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos obliga a proteger la integridad física de las personas.
Por otro lado, la normativa vigente, contenida en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es insuficiente ante la magnitud de estos riesgos. Por ello, propongo adicionar el artículo 113 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 3 ejes:
1. Que los gobiernos garanticen la no utilización de pirotecnia en eventos públicos,
2. Que se establezca como condición en permisos para espectáculos y salones de eventos,
3. Que, en bienes de uso común, plazas, parques, paseos, quede prohibido su uso.
Tan solo observemos el ejemplo de China, donde la regulación de fuegos artificiales redujo hasta el 8 % la concentración de partículas contaminantes, lo cual nos demuestra que implementar estas medidas es posible.
La fiesta no tiene por que costar vidas, la celebración puede ser memorable sin ser peligrosa y el Estado es quien tiene la responsabilidad de marcar este camino, porque cuidar de nuestro entorno es cuidar de nosotros mismos. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley en Materia en Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia a través de contenidos culturales mediáticos y digitales. Adelante, diputada.
La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo: Compañeros, muy buenas tardes. Con la venia, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo: Esta iniciativa a diversas disposiciones federales, una es al Código Penal Federal, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley en Materia en Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia a través de contenidos culturales mediáticos y digitales.
Esta iniciativa que hoy se presenta atiende una de las formas que se perciben más sutiles, pero son altamente peligrosas. Se trata de la violencia mediática y digital contra, específicamente contra mujeres, niñas y adolescentes, particularmente, aquella violencia que se transforma en entretenimiento, y eso es a través de diversas expresiones.
En la era de la hiperconectividad la música no es solo un entretenimiento, es también un vehículo cultural que, cuando se utiliza para musicalizar la violencia hacia las mujeres, entonces normaliza feminicidios, abusos y degradación como personas.
Y es que está plenamente comprobado que la adicción masiva de contenidos que glorifican la violencia hacia la mujer, tanto en redes sociales como en medios tradicionales, tiende a amplificar las conductas misóginas.
Detrás de esta masificación no solo hay indiferencia, hay también un negocio millonario de plataformas de streaming y disqueras que lucran con la violencia feminicida, promoviendo en sus listas de reproducción y algoritmos canciones que banalizan el feminicidio y el abuso, el control coercitivo sobre las mujeres.
Mientras más polémico y explícito es el contenido, más reproducciones genera y más ganancias dejan a estas empresas, convirtiendo el dolor y la muerte de mujeres en un producto más de entretenimiento y lucro.
Esta es la razón por la que presento estas cinco reformas a diferentes ordenamientos, que pretender fortalecer el acceso a un entorno digital más libre, libre de violencia en razón de género. Esta iniciativa, debo decirles que nace de la participación social, a quienes les agradezco, por cierto, y porque hay una genuina preocupación ciudadana y es congruente.
Además, con los compromisos internacionales que México ha suscrito en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, en el que se destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la cual establece que los países parte firmantes deben adoptar medidas legislativas y la implementación de políticas públicas destinadas a eliminar toda forma de violencia hacia la mujer, incluyendo las del contenido musical y audiovisual.
Es un tema muy difícil porque hay quien lo malinterpreta porque puede llegar a rozar, según algunas interpretaciones, una contradicción constitucional. Y es que debemos de entender que la violencia en razón de género no solamente se manifiesta mediante agresiones físicas o de manera directa, sino también a través de expresiones simbólicas y de narrativas culturales y cuya tragedia es el normalizar, trivializar y glorificar conductas violentas contra cualquier persona, pero muy en particular contra las mujeres, las niñas y las adolescentes.
Es importante dejar claro algo, que nuestro objetivo no es restringir la libertad artística, sino garantizar que el derecho a la libre expresión no se utilice como escudo para promover el odio.
Y es concientizar que quienes utilizan una letra o imagen que de alguna forma justifique la violencia contra la mujer, incluyendo, ocasiones incluso llegan al feminicidio, a decirlo explícitamente, invitan al feminicidio, también ellos son cómplices indirectos de lo que están normalizando. Que la música no nos violente, porque eso no es ni arte ni cultura ni entretenimiento, porque el respeto no es una cuestión de ritmo, sino de valores.
Compañeras y compañeros, les invito a reflexionar y a leer con detenimiento la propuesta, porque si la letra promueve odio, agresión y violencia feminicida, no merece ser escuchada. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género para dictamen y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para opinión.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 501 y 502 de la Ley Federal de Trabajo para fortalecer el reconocimiento de beneficiarias y beneficiarios con discapacidad. Adelante, diputada.
La diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hoy subo a esta tribuna con un sentido grande de responsabilidad y empatía. Lo hago para hablar de una realidad que duele, que lastima y que lamentablemente sigue marcando vidas y millones de mujeres en nuestro país. La violencia cotidiana que enfrentan simplemente por el hecho de que somos mujeres.
De acuerdo con la Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, 2021, elaborada por el Inegi, el 70.1 % de las mujeres en México ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, en la calle, en el transporte público, en su escuela, en su trabajo y sobre todo en su hogar.
Espacios que deberían de ser seguros y que para muchas se han convertido en escenarios de riesgo constante, muchas mujeres salen de su casa todos los días con miedo, miedo a no regresar, miedo a no ser escuchadas, miedo a que si algo sucede nadie llegue a tiempo para rescatarlas y cuando una agresión es realmente inminente, cuando no hay patrullas cerca ni auxilio inmediato cada segundo cuenta. En esos momentos críticos defenderse puede significar la diferencia entre sobrevivir o no.
Por ello, en esta administración de nuestra querida presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se ha colocado en el centro de la vida erradicar la violencia contra las mujeres como una prioridad de nuestro Estado, creando la Secretaría de las Mujeres que inició funciones en enero del 2025 con el objetivo de coordinar y fortalecer las políticas públicas de prevención, atención y acceso a la justica con perspectiva de género.
Por eso, esta iniciativa propone reformar el artículo 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para reconocer de manera expresa que las mujeres pueden justificar y ejercer la legítima defensa mediante herramientas no letales, siempre bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y con una clara perspectiva de género, colocando a la mujer siempre en su debida protección.
Quiero decirlo con toda claridad, esta propuesta no promueve en ningún momento la violencia, no autoriza el uso indiscriminado de la fuerza, pero sí fortalece el enfoque de derechos humanos y brinda certeza jurídica a quienes en una situación extrema utilice medios no letales para proteger su integridad, su libertad y su vida.
La experiencia internacional nos ha demostrado que estos dispositivos cuando están regulados pueden ser herramientas efectivas para disuadir agresiones sin causar daños permanentes.
En muchos casos, incluso, evitan consecuencias irreversibles. Esta reforma también envía un mensaje claro a las autoridades, deben actuar con debida diligencia analizar el contexto, comprender el riesgo real que enfrenta la víctima y aplicar la ley con sensibilidad.
Y, sobre todo, con la perspectiva de género, defender no puede seguir siendo un motivo de castigo ni sospecha automática. Compañeras y compañeros, una vida libre de violencia no es solo un enunciado legal, es una exigencia ética y una obligación del Estado garantizar que las mujeres puedan protegerse sin miedo a ser criminalizadas. En un acto de justicia es un acto de humanidad, de responsabilidad y es también un acto de esta casa del pueblo.
Por eso, los invito a acompañar esta iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 52 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias en materia de justificación del uso de herramientas no letales de defensa personal, que busca salvar vidas, proteger agresiones y que las mujeres permanezcan siempre en el centro de nuestras decisiones. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose en turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Paulina Rubio Fernández (17:11 horas): Se levanta la sesión y cito para la próxima que tenga lugar mañana miércoles 15 de abril del año en curso a las 11 horas en modalidad presencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas a través de las tabletas instaladas en las curules de las y los diputados.
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