Intervención del ciudadano Federico Ramos Ramos, en totonaco
Actas de las sesiones anteriores
Comunicaciones
Iniciativas
José Guillermo Anaya Llamas, PAN
Ricardo Astudillo Suárez, PVEM
José Alejandro Aguilar López, PT
Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Morena
Francisco Javier Velázquez Vallejo, Morena
Evangelina Moreno Guerra, Morena
Amparo Lilia Olivares Castañeda, PAN
Deliamaria González Flandez, PVEM
Ofelia Socorro Jasso Nieto, PRI
Antonio de Jesús Ramírez Ramos, PVEM
Ernesto Sánchez Rodríguez, PAN
Gilberto Herrera Solórzano, Morena
María Magdalena Rosales Cruz, Morena
Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, Morena
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
Clausura de la sesión y cita para la siguiente
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Solicito a la Secretaría dar a conocer el resultado del registro de asistencia de las y los diputados.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Señora presidenta, se tienen registrados 333 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (10:17 horas): Se abre la sesión ordinaria del jueves 19 de marzo de 2026 en modalidad semipresencial.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los dispositivos móviles de las y los diputados, conteniendo los asuntos a tratar de esta sesión de hoy.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Honorable asamblea, en el marco de Las lenguas toman la tribuna, esta Cámara de Diputados da la bienvenida al ciudadano Federico Ramos Ramos, hablante de lengua totonaco, originario de Nanacatlán, Zapotitlán de Méndez, Puebla. Es educador indígena por la Universidad Pedagógica Nacional y realizó estudios de ingeniería química en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Su vida está profundamente ligada a sus raíces en Nanacatlán, Puebla, donde se desempeña como tallador de mascaras de cedro y violinista de la Danza de los Negritos de su comunidad. Su carrera destaca por un fuerte compromiso social, trabajando en instituciones como Conafe, el IMPI y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios.
Federico es un referente de la revitalización de las lenguas indígenas y el acompañamiento educativo, uniendo el conocimiento técnico con la riqueza de las tradiciones comunitarias. Agradeciendo su presencia en esta Cámara de Diputados, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos. Adelante.
El ciudadano Federico Ramos Ramos: (Habla en totonaco) Como estudiante. Era el año 1996, había regresado a mi pueblo para cursar mi primer año de primaria, me dirigía con mamá porque el recreo en mi pueblo es para comer en casa, corría deprisa entre lo que más quería: la tierra húmeda cubierta de hojas secas y esquivando helechos. Mi comunidad es bosque con niebla y en ella se trabaja el café más rico que he probado.
En el salón de clases no se permitía hablar en totonaco, aunque cuando el maestro se ausentaba, la negación de algunos de mis compañeros hacía brotar el totonaco como las hormigas que anuncian la lluvia. Para entonces, la escuela ya había impuesto la idea de hablar únicamente en español.
Yo representé el éxito de ese proyecto, porque hasta ese momento no había podido intercambiar una sola palabra con mi abuela: ambos éramos monolingües, ella en totonaco y yo en español. No había podido decirle que la quería o que la extrañaba, y, frente a su fogón, solo nos mirábamos en silencio.
No sabíamos que la educación indígena se había forjado con frases como “la instrucción es el medio, el libro, el arma y el maestro, el conquistador”. No dimensionamos que ideologías sobre “no adoptar sus costumbres” y “sus formas inferiores de vida” se encarnarían en personas que protegieron su lengua con el silencio. Años después, entendí que no fui yo quien no pudo hablarle a mi abuela, sino una escuela que me había procurado erradicar lo que venía del monte.
La escuela puede ser territorio de cuidado o de despojo: puede proteger palabras o arrancar una lengua de raíz. Desde ese momento decidí estudiar educación indígena y entretejer mi experiencia para ofrecer un espacio en el que la forma de pensar, de hablar, de hacer y de sentir no fueran menospreciadas.
Como educador. El salón de clases estaba hecho con dos paredes de tabique, una de cartón negro y la del fondo, construida con ocho tablas viejas, separadas por rendijas que permitían la entrada de los rayos del sol y del viento frío de la montaña.
Aquel escenario era un síntoma de lo poco que importa la escuela en las comunidades más alejadas y de lo mucho que le importa a uno que la levanta con lo que tiene: un espacio para que sus hijos puedan ejercer el derecho a la educación.
Recientemente había ingresado como educador comunitario. Estaba emocionado, aún llevaba encarnado el escenario de la primaria enclavado en la sierra totonaca al que asistí de niño.
Aunque como educador me daban 4,800 pesos al mes, trataba de ignorarlo. Constantemente me preguntaba si ellos sabían que ese dinero representaba el límite para aferrarse al sueño de ser maestro.
“Qué poco prioritaria resulta la educación comunitaria indígena”, pensaba. Sobre todo, porque en México, la distancia de la escuela, pertenecer a un pueblo indígena o ser hablante de alguna lengua originaria significan “elementos que excluyen y discriminan a 13.6 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (nnaj) de ejercer plenamente su derecho a la educación”.
Decidimos quedarnos porque no podemos ser indiferentes a las necesidades educativas de la comunidad. Tal vez, el subsistema de educación comunitaria funciona porque el compromiso social es tan grande que permite dejar de lado las condiciones básicas de los educadores.
El educador comunitario vive, colabora y padece junto a la gente a la que atiende. Se convierte en un maestro al enfrentar la realidad cotidiana. No obstante, ese compromiso comunitario parece no tener valor presupuestal dentro de un modelo educativo que, al menos en el discurso, afirma poner a la comunidad en el centro.
No basta con garantizar el derecho de acceso a la educación, también importa quién está a cargo de un grupo educativo. A esa conclusión llegué cuando desistí y dejé a mi grupo sin educador. Entonces me pregunté si esta sería una de las razones por las que 4 de cada 10 personas indígenas en edad escolar no van a la escuela, o si estas condiciones influyen para que solo uno de cada 10 personas hablantes de lengua indígena accedan a la universidad.
Como educador indígena, lo que sostengo. Nos aferramos a la escuela porque representa un refugio de posibilidades. La educación no puede avanzar bajo la angustia de quien no llega a fin de mes. Se requiere materializar en condiciones básicas el discurso de que la educación importa en las comunidades más alejadas.
En la lengua de la educadora y del educador habitan conocimientos que no figuran en las visiones educativas estandarizadas, pero que estructuran su comprensión del mundo. En totonaco, el monte se vincula con un dueño espiritual, se domina un sofisticado sistema numérico vigesimal con al menos veinte clasificadores de forma, se concibe que cada persona nace con un compañero animal del monte, se lleva tixmole para comer en la tierra sembrada y se reconoce al pájaro carpintero como el ser sagrado que entregó el maíz a los totonacos. Cuando estos conocimientos son negados, no sólo se pierde contenido cultural, se desecha una visión del mundo de respeto hacia quienes habitan el territorio.
Revalorizar al educador indígena implica garantizar, por lo que sabe y hace, condiciones económicas dignas para ejercer una profesión. Una educación comunitaria indígena no se limita a llevar aulas a las comunidades más alejadas, reconoce que en las comunidades indígenas ya existen sistemas de pensamiento complejos. Cuando los educadores, las niñas y los niños pueden nombrar el mundo desde su lengua y tienen un respaldo institucional, la escuela deja de ser espacio de despojo y se convierte en sistema educativo de calidad humana.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchísimas gracias a Federico Ramos Ramos por su presencia en esta Cámara de Diputados el día de hoy. Gracias, Federico, por estar aquí.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura de las actas de la sesión matutina y la vespertina del miércoles 18 de marzo del año en curso, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura de las actas de las sesiones del miércoles 18 de marzo del año en curso. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se dispensa la lectura. En votación económica, consulte la Secretaría si se aprueba.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: En votación económica, se pregunta a la asamblea si son de aprobarse las actas de las sesiones anteriores. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Es aprobada.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Pido a la Secretaría dar cuenta con la comunicación de la Mesa Directiva en relación a la modificación de turno de iniciativa.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno del siguiente asunto: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 3 de marzo de 2026.
Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión. Ciudad de México a 19 de marzo de 2026. Diputada Kenia López Rabadán, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el trámite de dicha iniciativa. Actualícense los registros, por favor. Adelante, secretario.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Se recibió solicitud de la diputada María Graciela Gaitán Díaz para retirar iniciativa que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Se recibió de la Cámara de Senadores minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para su dictamen.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Se recibieron de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Infraestructura y de Hacienda y Crédito Público para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Vamos a pasar ahora a la presentación de iniciativas. Tiene la palabra el diputado Guillermo Anaya Llamas hasta por cinco minutos para presentar las siguientes iniciativas: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Educación, para crear el sistema nacional de atención integral de salud mental infantil.
2. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de protocolos de prevención, detección y atención de la violencia escolar. La tercera iniciativa es con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de formación dual y empleo juvenil. Estas iniciativas están suscritas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, subo el día de hoy a esta tribuna a hablar de algo que ningún número puede resumir del todo, ninguna cifra, ninguna estadística.
Subo a hablar de algo mucho más importante, hablar de las niñas y de los niños en nuestro país, de las niñas y niños que van a la escuela y regresan golpeados, de los adolescentes que cargan depresiones que nadie detecta y nadie escucha, de las y los jóvenes que quieren trabajar y no consiguen un empleo porque el sistema les pide experiencia que nadie les ha dado.
Tres realidades, un mismo origen: un Estado que ha mirado, que ha volteado hacia otro lado. Hoy, vengo a presentar tres iniciativas que son cada una de ellas una respuesta concreta para dar solución urgente a esta grave omisión gubernamental.
El primer tema es la violencia en las escuelas, México ocupa el primer lugar de la OCDE en acoso sexual, en acoso escolar. Siete de cada uno de ellos, de nuestras niñas y niños han sufrido violencia en sus planteles. El 65 % de los casos no se denuncian porque no hay a quién decírselo, o porque la experiencia anterior demostró que decirlo prácticamente no sirve de nada.
¿Cuál es la respuesta institucional? La creación del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que cubre solo el 32 % de las escuelas, con un presupuesto que en 2024 se recortó el 18 %.
Nuestra iniciativa reforma la Ley General de Educación con cuatro artículos precisos, el artículo 74 hace obligatorios los protocolos en las 233 mil escuelas de nuestro país públicas y privadas; el 74 Bis define sus 11 componentes mínimos: detección temprana, denuncia confidencial, atención psicológica, perspectiva de género, coordinación interinstitucional; y el 74 Ter establece capacitación gratuita y certificación para los 2.1 millones de docentes en nuestro país; y el 74 Quáter crea el sistema nacional de información con informes semestrales a este Congreso.
Nuestra segunda iniciativa habla sobre algo muy grave que sucede en nuestro país. El suicidio es una de las primeras causas de muerte entre los 10 y los 24 años. La Ensanut documenta que más del 50 % de los trastornos mentales de un adulto comenzaron, incluso, desde antes de los 14 años. El 50 % de los adolescentes presenta síntomas de depresión o ansiedad. Y el Estado mexicano no tiene hoy un sistema nacional integral para atender todos estos casos de depresión o de salud mental.
Hoy, la atención en nuestro país depende de si la familia tiene dinero para pagar un psicólogo privado, depende de si en la localidad hay un especialista, depende de si la escuela tiene voluntad de actuar. No hay protocolos nacionales obligatorios de intervención en crisis. No hay una ruta de canalización clara. No existe un registro nacional de casos integrados.
¿Qué ocurre cuando el Estado no actúa? Amigas y amigos, cuando niños en pobreza sufren en silencio, los adolescentes sin redes de apoyo son captados, incluso, en muchas ocasiones, por el crimen organizado. La crisis no atendida se transmite muchas veces, desgraciadamente, de generación en generación.
Nuestra iniciativa reforma la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Educación. Reconoce a la salud mental como un derecho fundamental explícito. Obliga al Estado a crear unidades de atención psicológica en escuelas públicas, centros de salud y DIF. Establece tamizajes emocionales anuales obligatorios en cada plantel.
Crea el protocolo nacional de crisis con ruta institucional clara: escuelas, salud, DIF y Fiscalía para casos de ideación suicida, autolesiones, incluso, violencia, y crea con ello el Registro Nacional de Casos que hoy simplemente no existe.
La Organización Mundial de la Salud calcula que cada uno, cada uno de siete adolescentes tiene un trastorno mental. En España, Canadá y Australia tienen sistemas integrales, el principio es el mismo de todos, la salud mental se atiende en la escuela y en la comunidad, no solo en el hospital.
La formación dual y empleo juvenil, que es nuestra tercer y última iniciativa, vengo a hablar hoy aquí, amigas y amigos, de una paradoja que nos debería indignar y al mismo tiempo entusiasmar. México tiene frente así una oportunidad histórica, lo que muchas veces se ha hablado aquí, el nearshoring promete convertir a nuestro país en un importante centro de manufactura avanzada de nuestro continente.
Hoy el 60 % de nuestros jóvenes inicia su vida laboral en la informalidad, sin seguridad social, sin ahorro para el retiro y muchas veces sin futuro, ¿por qué? Porque se les dice que no tienen experiencia, pero nadie al mismo tiempo les da la oportunidad para adquirirla. Este círculo vicioso tiene nombre y también tiene solución, se llama formación dual.
Nuestra iniciativa reforma la Ley Federal del Trabajo, para crear el contrato de formación dual, una figura jurídica que hoy no existe en México. Hoy todo depende de convenios voluntarios, de fuerza sin ley, sin certeza jurídica. Por eso, con esto le damos una reforma al aprendiz, que recibe una beca misma equivalente al salario mínimo y acceso a la seguridad social y desde el primer día, antes de graduarse, tiene título académico, años de experiencia certificada. Las empresas también tienen un estímulo fiscal del 25 % sobre lo pagado a aprendices duales.
Para el PAN, el trabajo es la expresión de la dignidad humana. Esta iniciativa da oportunidades y dignifica el esfuerzo, porque no hay mejor programa social que un buen trabajo.
No legislar también es una decisión. Cada día que pasa sin protocolos obligatorios en las escuelas, un niño es acosado y nadie actúa. Cada día sin un sistema de salud mental, un adolescente lleva su crisis en silencio. Cada día sin formación dual, un joven entra a la informalidad y quizás nunca lo abandone.
La respuesta, amigas y amigos, la tenemos aquí, la única pregunta es si vamos a estar a esta altura, a nuestra altura. Para Acción Nacional la respuesta es sí y convoco a todas las bancadas a que también sea una respuesta clara a favor de la niñez, de los niños, de los adolescentes de nuestro México. Por su atención, muchísimas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese la primera iniciativa a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Educación para dictamen. Y la segunda iniciativa a la Comisión de Educación para dictamen. Y la tercera iniciativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público para su dictamen. La diputada Anita González, a sus órdenes.
La diputada Ana Isabel González González (desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente felicitar a nuestro compañero diputado por estas propuestas, estas tres propuestas que acaba de presentar en la tribuna más alta del país. Reconocer que la salud, tanto física como mental, de nuestras niñas, niños y adolescentes tiene que ser una prioridad para nuestro país.
Quisiera pedirle al promovente si puedo sumarme a sus iniciativas, ya que en materia de educación y en materia de salud mental nos falta mucho por hacer y, como lo digo de manera coloquial, en nuestro país todavía estamos en pañales en esta materia y necesitamos unir fuerzas para realmente hacer un buen trabajo para lo que exigen nuestras niñas, niños y adolescentes, y específicamente en el tema de la salud mental. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Entiendo que el diputado Guillermo Anaya, proponente de esta iniciativa, está de acuerdo en la suscripción. Muchas gracias, de todas y todos los legisladores que así deseen hacerlo. El diputado Gibrán, ¿con qué objeto?
El diputado Gibrán Ramírez Reyes (desde la curul): Lo mismo, presidenta. Yo quiero adherirme a la segunda de las iniciativas, la que se turnó a Educación, que creo que además se podría dictaminar junto con una que propuse en materia de Sistema Nacional de Atención al Trauma Infantil, que plantea algo similar en lo que tiene que ver con la detección en las escuelas y con la canalización.
Hay pocos, pero muy sólidos ejemplos a nivel internacional de que esto cambia la vida de los niños y creo que es urgente. Tenemos una generación, que es la que nos va a llevar al 2050 cuando seamos una nación de ancianos que crecieron bajo la violencia que empezó después de 2006 y que son hijos o huérfanos del desplazamiento interno, del conflicto armado, de las desapariciones y del coronavirus. Hay que ir por ellos y salvarlos porque son los únicos que podrán salvar el futuro del país. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Por supuesto, está la iniciativa para usted y para quien desee firmarla aquí en la Secretaría.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transición energética. Suscrita por diputadas y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Buenos días a todas y a todos. Con el permiso de la Presidencia hago uso de esta tribuna para presentar a nombres de las diputadas y diputados del Partido Verde, una iniciativa para elevar a rango constitucional la transición energética de nuestro país.
La lucha por un medio ambiente sano no es una tarea que tenga un punto final, siempre tenemos que tener ese compromiso permanente en el presente para poder tener un mejor futuro. A lo largo de los años las propuestas del Partido Verde han sido y contribuido de manera eficaz a poder tener leyes mucho más adecuadas a la protección de los recursos naturales.
Transitar a un modelo energético más limpio, más justo y más sostenible, es una de las responsabilidades que tenemos hoy los legisladores y las legisladoras del Partido Verde. ¿Qué es lo que proponemos? Estamos proponiendo reformar el artículo 27 de nuestra Constitución, para establecer que el Estado coordine la transición energética y fomente el uso sustentable de todas las fuentes de energía de la nación, con el objetivo de reducir todas las emisiones que contaminan nuestros recursos naturales.
Porque el estado de bienestar que estamos construyendo, no estará completo si no garantizamos plenamente el derecho de todas y todos a vivir en un entorno mucho más sano.
No puede haber justicia social si no tenemos una verdadera justicia ambiental. Ese es el fundamento real de esta propuesta, buscar tener energías limpias y renovables con la participación de todos los sectores y de todas las instituciones del gobierno federal, estatal y municipal.
Esa ha sido una bandera de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en donde ha sido una promotora de las energías limpias, ha sido una promotora de las fuentes renovables, que representan un porcentaje muy alto para poder generar, por ejemplo, la electricidad en nuestro país.
Los proyectos estratégicos que tenemos como ejemplo en nuestro país, como el Plan Sonora, marcan el camino, pero necesitamos ir más allá, necesitamos consolidar esa transformación desde la Constitución para dar certeza, para dar rumbo y continuidad, que es lo más importante, es decir, que las siguientes legislaturas y las siguientes generaciones puedan ver esta iniciativa con la convicción profunda que lo presenta hoy nuestro grupo parlamentario.
Cuidar nuestro entorno es cuidar también a la población, es pensar a largo plazo, es pensar en el bienestar de todos los estados, del estado de Querétaro, que yo represento, y de todo el país por supuesto. Este es un ejemplo más de cómo se construye la cuarta transformación con una visión ambiental, de cómo se construye la cuarta transformación a la queretana para todo el país.
Hoy tenemos esa gran oportunidad de dar un paso que no solo impactará al presente, va a impactar el futuro por las próximas décadas y a favor de las nuevas generaciones. Esa es la postura que hoy tenemos los representantes, legisladoras y legisladores del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Adelante, diputado.
El diputado José Alejandro Aguilar López: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la justicia hacia los pueblos indígenas también se construye desde la certeza jurídica y la coherencia institucional.
Hoy someto a la consideración de esta soberanía una iniciativa que tiene un propósito claro: adecuar el artículo 24 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a fin de armonizar su contenido con la estructura actual de la administración pública federal.
El pasado 28 de noviembre de 2024 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dentro de estas reformas se sustituyó la denominación de la Secretaría de la Función Pública por la de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Sin embargo, en el artículo 24 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas aún se mantiene la denominación anterior, generando una inconsistencia normativa que debemos corregir.
Y aquí quiero ser muy puntual, no se trata únicamente de actualizar su nombre, se trata de garantizar que nuestras leyes hablen el mismo lenguaje institucional y brinden certeza jurídica a las y a los ciudadanos, particularmente a los pueblos indígenas de nuestro país.
El artículo 24 establece la integración del órgano de vigilancia del instituto, señalando que el comisario público será designado por una secretaría que, en términos legales ya no existe bajo esa denominación.
¿Podemos permitirnos esa contradicción? La respuesta es no. Como legisladores, tenemos la responsabilidad de mantener un marco jurídico claro actualizado y coherente. No hacerlo implica generar vacíos, ambigüedades y posibles problemas en la aplicación de la ley.
Pero, además, esta reforma tiene un trasfondo político importante: la transición hacia la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno no es un simple cambio administrativo, representa el compromiso del Estado mexicano con un nuevo modelo de gobierno, uno basado en la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo respaldamos plenamente este enfoque porque estamos convencidos de que no puede haber justicia para los pueblos indígenas sin instituciones limpias, sin vigilancia efectiva y sin combate frontal a la corrupción.
Actualizar esta disposición es consecuencia. Fortalecer el funcionamiento del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas garantizando que su órgano de vigilancia opere bajo el marco institucional vigente.
Compañeras y compañeros, los pueblos indígenas han sido históricamente relegados, invisibilizados y, en muchos casos, víctimas de decisiones tomadas desde estructuras burocráticas alejadas de la realidad.
Hoy, en el segundo piso de la cuarta transformación tenemos la oportunidad y la obligación de construir instituciones que realmente les respondan. Y eso empieza por tener leyes claras, coherentes y actualizadas. Esta iniciativa es un paso en esa dirección. Les invito a respaldarla no como una corrección técnica, sino como un acto de responsabilidad legislativa y de compromiso con los pueblos originarios de México. Porque cuando armonizamos nuestras leyes, fortalecemos el Estado y cuando fortalecemos al Estado con honestidad, fortalecemos al pueblo.
Que quede claro, en esta transformación, el buen gobierno no es un privilegio, es un derecho de todas y todos, especialmente de quienes históricamente han sido olvidados. Hoy tenemos la oportunidad de hacer lo correcto, es decir, un paso más en la construcción de un Estado congruente, honesto y verdaderamente al servicio de quienes más lo necesitan.
A las y los pueblos indígenas de México les debemos respeto, claridad y legalidad. Y esa deuda también se pone desde esta tribuna, legislando con responsabilidad. Que no se nos olvide, cada palabra en la ley importa porque detrás de ella hay derechos, hay instituciones y hay personas. Y nosotros estamos aquí para estar a la altura de esa responsabilidad. Unidad nacional, todo el poder a los pueblos indígenas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para su dictamen. Muchas gracias, diputado.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Noel Chávez Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de innovación tecnológica agropecuaria. Adelante, diputado.
El diputado Noel Chávez Velázquez: Con su permiso, presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de innovación tecnológica agropecuaria.
El campo mexicano ha demostrado históricamente una notable capacidad de adaptación, desde la transformación agraria derivada del movimiento revolucionario de 1910 hasta la apertura comercial de las últimas décadas. Cada generación de productores rurales ha enfrentado condiciones cambiantes y ha respondido integrando nuevos conocimientos y herramientas a sus procesos productivos.
Esa capacidad constituye uno de los fundamentos sobre los que se ha sostenido el desarrollo rural del país. No obstante, las condiciones actuales imponen desafíos de una magnitud sin precedentes. De acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, del Inegi, 8 de cada 10 productores, 8 de cada 10 productores, señalaron que los altos costos de insumos y servicios fueron el principal problema que enfrentaron, afectando directamente la producción, la productividad y las ventas.
A estas presiones económicas se suman las condiciones cada vez más restrictivas en materia de disponibilidad del agua. De acuerdo con el monitoreo que realiza la Conagua, en los últimos 10 años se han registrado dos momentos de niveles críticos de almacenamiento en las principales presas del país: uno en 2021 y el más reciente en el 2024.
Este panorama evidencia que el sector agropecuario enfrenta un proceso de transformación en el que producir más con menos recursos se ha convertido en una condición inevitable. La disponibilidad de agua, el incremento de los costos de producción y las crecientes exigencias del mercado están redefiniendo las condiciones bajo las cuales se desarrolla la actividad rural del país.
En este contexto, fortalecer la eficiencia productiva deja de ser una aspiración y se convierte en una necesidad para garantizar la continuidad de la producción agropecuaria. Para lograrlo, resulta indispensable impulsar mecanismos que faciliten la incorporación de innovación tecnológica en el trabajo productivo del campo, así como esquemas de capacitación y acompañamiento técnico que permitan a los productores optimizar el uso de los recursos disponibles.
Ahora bien, la presente iniciativa se inscribe en los compromisos que México asumió en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, de manera directa contribuye al cumplimiento del Objetivo del Desarrollo Sustentable, Hambre Cero, cuya meta establece la obligación de los Estados de implementar sistemas de producción de alimentos sostenibles y cuya meta llama expresamente a aumentar las inversiones en infraestructura rural y tecnología agrícola.
Finalmente, la iniciativa guarda congruencia con el ODC 13, Acción por el clima, en tanto que la adopción de tecnologías productivas más eficientes contribuye a reducir la presión sobre los recursos naturales y a construir sistemas agropecuarios más resilientes frente a los efectos del cambio climático.
En tal virtud, esta iniciativa propone los siguientes cambios a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Artículo 7, se adiciona la fracción VII, es impulsar la innovación tecnológica y la mejora continua de los procesos productivos en las actividades agropecuarias.
Artículo 15. Se propone adicionar XIX, que es extensión, capacitación e innovación tecnológica orientadas al desarrollo rural sustentable.
Artículo 42. Se adiciona la fracción XI, promover la capacitación en materia de innovación y transferencia tecnológica para el mejoramiento y desempeño de las actividades agropecuarias y de desarrollo rural.
Artículo 118. Se adiciona la fracción VIII, apoyos para la capacitación técnica, la innovación tecnológica y la mejora de procesos productivos en el medio rural, tales como cultivos, riegos, cosechas, transformación industrial y sus fases de comercialización. Es cuanto, gracias por su atención.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Gildardo Pérez Gabino, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para presentar las siguientes iniciativas:
Uno, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de tarifas de estacionamiento y accesibilidad económica en los servicios de movilidad.
Dos, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; del Código Civil Federal, y del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente al abandono y el incumplimiento de obligaciones alimentarias y garantizar la corresponsabilidad familiar en su cumplimiento. Adelante, diputado.
El diputado Gildardo Pérez Gabino: Gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la bancada naranja, a su equipo de asesores, de la bancada naranja y de Movimiento Ciudadano. Mi agradecimiento.
Compañeras y compañeros diputados, en Movimiento Ciudadano partimos de una convicción muy clara: la ley debe servir para equilibrar las relaciones sociales, corregir abusos y garantizar derechos en la vida cotidiana de las personas.
No estamos aquí para hacer leyes que se queden en el papel. Estamos aquí para responder a realidades que se viven todos los días en millones de hogares y en las calles de este país.
Este día presentamos dos iniciativas que parten justamente de esa lógica: poner al centro a las personas y atender problemas concretos que afectan directamente la vida de millones de familias mexicanas.
La primera tiene que ver con una de las deudas más sensibles del Estado: garantizar de manera efectiva el derecho de alimentos de niñas, niños y adolescentes, adicionando en la ley la figura del deudor alimentario solidario.
En nuestro país, el derecho de alimentos está garantizado en la Constitución, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el Código Civil Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El problema no es la ausencia del Derecho; el problema es que la ley no se cumple. Este incumplimiento tiene dos caras que debemos reconocer: hay casos donde no se cumple, porque no se quiere, personas que evaden su responsabilidad, que ocultan ingresos, que se deslindan y utilizan el propio sistema para no pagar, esa realidad existe y genera un daño directo a niñas, a niños y adolescentes.
Pero también, hay casos donde no se cumple, porque no se puede, personas sin capacidad económica real, en situación de vulnerabilidad, personas privadas de la libertad, enfermas o, incluso, desaparecidas.
Y el sistema actual no distingue con eficacia entre estas dos situaciones, en ambos casos el resultado es el mismo. La obligación no se cumple y quien absorbe el impacto es la niñez, mientras el sistema responde tarde o no lo hace. Las necesidades siguen ahí todos los días en la alimentación, falta de educación, salud y estabilidad social.
Entonces, se propone incorporar de manera efectiva la figura del deudor alimentario solidario. Esto significa que cuando el obligado principal no cumple o no puede cumplir, otros integrantes de la familia deben asumir la obligación de manera subsidiaria y proporcional, siempre bajo control de la ley y conforme a su capacidad económica.
No se trata de trasladar responsabilidades de forma arbitraria ni de alterar la estructura familiar ni de generar derechos de custodia o convivencia. Se trata de algo muy básico, que el derecho se cumpla en tiempo real, porque el derecho de alimentos no puede depender de si la persona está ahí o no está.
Cuando esa persona falla y porque el tiempo de la niñez no puede esperar a que termine un juicio, hoy cuando alguien no paga, la carga recae casi siempre por completo en quien cuida y que generalmente es la mujer, lo que genera desigualdad, precariedad y sobrecarga.
Esta propuesta corrige esa falla estructural y hace operativa la corresponsabilidad familiar, para que ninguna niña o niño quede desprotegido por omisiones del sistema.
La segunda iniciativa aborda un problema distinto, pero igualmente cotidiano, las tarifas en los estacionamientos de acceso público y privado. Los estacionamientos forman parte de la movilidad diaria, son el punto de inicio o de llegada de miles de personas para trabajar, acudir a servicios de salud, llevar a los hijos a la escuela o realizar trámites básicos.
Sin embargo, hoy operan bajo esquemas sin reglas claras. Hoy se cobra una hora completa por minutos, no hay proporcionalidad, se aplican redondeos al alza sin transparencia en las tarifas. No hay claridad para el usuario y esto genera un desequilibrio evidente entre quien presta el servicio y quien lo paga.
Esto no es solo un tema comercial, es un tema de justicia porque afecta principalmente a quienes realizan viajes breves, a quienes tienen menos margen económico y a quienes acuden a servicios esenciales. En la práctica, quienes usan menos tiempo el servicio, terminan pagando más proporcionalmente. Esto es regresivo y es injusto.
El problema de fondo es que existe un vacío normativo. No hay criterios claros que obliguen a que las tarifas sean proporcionales al tiempo real que se utilizó el estacionamiento, lo que permite prácticas arbitrarias y abusivas que afectan directamente a miles de familias. Por eso, esta iniciativa propone establecer reglas mínimas: que las tarifas sean proporcionales, que sean transparentes, que se eliminen cobros arbitrarios y que exista claridad para el usuario.
Regular no significa frenar la actividad económica, significa generar condiciones justas, dar certeza y evitar abusos. Un mercado con reglas claras es un mercado más equilibrado.
Amigas y amigos diputados, estas dos iniciativas responden a una misma idea, cerrar la brecha entre lo que la ley reconoce y lo que la realidad permite en alimentos para que la niñez no dependa de una persona y también para que, en caso de los estacionamientos, los servicios no operen bajo esquemas abusivos que afecten la economía familiar.
No estamos creando derechos nuevos, estamos haciendo que los derechos que ya existen funcionen de verdad, porque el problema de México no es la falta de leyes, es que muchas veces la ley no se cumple. Y es aquí, como en la bancada naranja y Movimiento Ciudadano, venimos a proponer. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado.
El diputado Gildardo Pérez Gabino: Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese la primera iniciativa a la Comisión de Movilidad para su dictamen. Y, la segunda iniciativa, a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Justicia, para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Olivares Cerda, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 de la Constitución, y de la Ley Federal de Trabajo, en materia de protección social durante el periodo de lactancia extendida y garantía de estabilidad laboral. Suscrita por las diputadas y diputados: Anais Miriam Burgos Hernández, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Patricia Mercado Castro y Pedro Mario Zenteno Santaella, integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.
El diputado Arturo Olivares Cerda: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Arturo Olivares Cerda: El día de hoy nos reunimos desde las diferentes bancadas legislativas para presentar una reforma estructural que busca saldar una deuda con las mujeres trabajadoras de México.
Este proyecto de iniciativa es resultado de la suma de esfuerzos entre legisladores y ciudadanas que pretende edificar los cimientos para la renovación del sistema de seguridad social mexicano.
Las modificaciones propuestas a la Ley del Seguro Social, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo, significan un cambio de paradigma, la transición de un modelo basado en la productividad a costa de la dignidad humana, hacía uno que la revalorice y reconozca el cuidado como el motor en la sostenibilidad social y económica.
En nuestro país la maternidad ha sido durante mucho tiempo un factor estructural de discriminación. La evidencia muestra una tendencia en la que se criminaliza la maternidad, traduciéndose en pérdida de empleos y reducción de ingresos.
Actualmente, nuestra legislación limita la protección de la lactancia a solo seis meses, esto no solo es insuficiente, sino que ignora los estándares internacionales y la evidencia científica que recomienda la lactancia hasta los dos años vida, siendo la leche materna en la infancia el principal alimento en el primer año, y después del segundo año hasta que la madre desee continuar con la lactancia.
Se ha demostrado que la leche materna es el único alimento compuesto por mil 800 diferentes elementos y crean anticuerpos que protegen a los lactantes contra diferentes tipos de enfermedades en toda su vida.
El vínculo que se construye entre madre e hijo al amamantar forja los cimientos de la salud pública. En los centros de trabajo, donde se apoyan políticas de lactancia, obtienen beneficios como el aumento de la retención de empleados, el rendimiento y la productividad de las empresas.
Con la reforma que estamos presentando buscamos introducir cambios fundamentales que garanticen una igualdad sustantiva para las mujeres madres trabajadoras a partir de:
1. El reconocimiento expreso del derecho a la lactancia extendida, que permita continuar la alimentación con leche materna hasta los dos años;
2. Establecer que cualquier recisión laboral durante el embarazo o en etapa de lactancia deba ser ratificada por un judicial para prevenir despidos por motivos de discriminación;
3. La extensión del derecho de licencia de cuidados y estabilidad laboral para las personas adoptantes, viudas o que asuman de manera exclusiva el cuidado de menores de dos años;
4. Garantizar que los centros de trabajo cuenten con áreas privadas, seguras e higiénicas para la extracción y conservación de la leche materna;
5. Armonizar nuestra legislación con los Convenios 111, 156, 183 y 190 de la OIT.
La maternidad jamás debe ser una limitante para los derechos laborales de las mujeres, al contrario, se debe promover un desarrollo profesional. De esta forma, también se apoya al crecimiento económico colectivo e individual de las mujeres trabajadoras, fortaleciendo su autonomía financiera y plena conquista de los derechos reproductivos, de planeación, esparcimiento familiar y derechos laborales.
Estamos dando un paso firme hacia la construcción de un sistema nacional y progresivo de cuidados, donde la responsabilidad se distribuya de manera justa entre el Estado, el mercado y las familias. La maternidad no puede seguir siendo una causa de exclusión laboral, debe ser una condición que reciba la protección que su relevancia social merece, sin distinción en colores o posturas ideológicas, nos une un deber superior: el bienestar de las mujeres madres mexicanas y nuestras infancias.
Por ello, hago un llamado enérgico pero respetuoso a esta honorable soberanía para que hagamos de esta reforma algo tangible, que beneficie a un pilar esencial de la sociedad mexicana. A nombre de todos los que firmamos esta iniciativa y de todos los partidos. Es cuanto, presidenta, y solicitamos su apoyo. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Olga María Sánchez Cordero Dávila, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de neuroderechos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Ramírez Cuéllar, Leonel Godoy Rangel y diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del PAN, del PRI, del PT, del Partido Verde Ecologista de México y de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputadas.
La diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Muchísimas gracias, presidenta. Honorable pleno, en esta ocasión vengo a plantearles el reconocimiento, reconocimiento de una nueva categoría de derechos humanos: los neuroderechos, como derechos humanos de cuarta o tal vez de quinta generación.
En 2012, ante el contexto de la competencia tecnológica entre las potencias, el presidente Barack Obama, de Estados Unidos de Norteamérica anunció el inicio del programa BRAIN. Este programa ha sido la apuesta tecnológica más ambiciosa de nuestros vecinos del norte, desde la carrera espacial en la década de los sesenta.
El eje de este campo, que lleva 14 años desarrollándose, en la neurotecnología, entendía como el uso de tecnologías multipropósito diseñadas para operar a través de la interacción directa con el sistema nervioso mediante métodos o dispositivos.
Fíjense ustedes, pensemos, por ejemplo, en sonidos imperceptibles que condicionan nuestro comportamiento, en imágenes subliminales que se incorporan a nuestro inconsciente, dispositivos auditivos –esto es positivo, por ejemplo, para las personas con discapacidad auditiva– o en la ciencia de frontera, dispositivos electrónicos que se conectan directamente a nuestro sistema nervioso y que pueden impactarnos en diversas maneras, ya sea mejorando las condiciones de personas, en este caso positivamente con Parkinson o discapacidad visual, hasta la expansión sensorial cognitiva del individuo.
Hasta este punto todo va bien. Sin embargo, ¿qué pasa si ponemos en la ecuación el hecho de que la información, los estímulos, nuestras reacciones y microrreacciones son registradas por este tipo de tecnologías y dichos registros son procesados digitalmente, interactuando con la inteligencia artificial, con algoritmos o en el ciberespacio en general?
Esto abre una nueva brecha de posibilidades, de riesgos. Sí, también de desarrollo de oportunidades, pero de vulnerabilidades para los seres humanos. Consecuentemente, surge una nueva esfera de protección de derechos humanos denominada neuroderechos.
Este ámbito de actividades no es una ciencia ficción, es una realidad en campos de desarrollo tecnológico de potencias como Estados Unidos, como China, y si bien en nuestro país pareciera que está distante de desarrollar capacidades nacionales en esta materia, que creo que no lo está, también es cierto que la globalidad tecnológica, los flujos humanos y las dinámicas de comercio estarán exponiendo a nuestra población, exponen a nuestra población a este tipo de estímulos en el mediano plazo, yo diría incluso en el corto plazo.
Esta afirmación la hago a partir de conocer la Ley Modelo de los Neuroderechos para América Latina y el Caribe presentada en Parlatino, la Declaración de Principios Interamericanos en Materia de Neurociencia, Neurobiología y Derechos Humanos de la OEA, los Fundamentos y principios para la regulación de neurotecnologías y el tratamiento de neurodatos desde el derecho a la privacidad que presentó en 2025 la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y las opiniones de científicos, tanto destacados como el neurobiólogo español Rafael Yuste, adscrito a la Universidad de Columbia y especialista directamente involucrado en el programa BRAIN.
En consecuencia, si bien no es un ámbito de emergencia o impacto en el corto plazo, sí resulta un área importante de protección de derechos que en el mediano plazo puede impactarnos y en el que sería prudente ir generando el marco constitucional que nos permita ir protegiendo a nuestra gente.
Chile ya lo hizo en su marco constitucional y con una ley secundaria. Colombia está trabajando en reformas en el mismo ámbito y la Unión Europea está debatiendo un documento modelo en esta materia.
Por estos motivos, a nombre propio y de las compañeras y compañeros que firmaron esta iniciativa, presentamos esta iniciativa para adicionar dos párrafos en el artículo 4o. de nuestra Constitución y reconocer los neuroderechos, así como la obligación del Estado de su protección. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales para su dictamen. Sí, adelante, diputado, por favor. Si son tan amables de ponerle el audio al diputado Ricardo. Gracias.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, presidenta. Preguntarle a la diputada y ministra Olga Sánchez Cordero si me permite adherirme a su iniciativa, que me parece que es vanguardista, necesaria, de nueva generación de derechos, que tenemos que avanzar en México. Mi reconocimiento, diputada; y, si me lo permite, pues suscribirla también, como adherente.
La diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero: Gracias. Gracias, claro que sí. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, exministra. Sí, ha autorizado la diputada proponente, diputado. Para usted y para quien desee hacerlo, estará en la Mesa Directiva para su firma. El diputado Santiago, a sus órdenes.
El diputado Guillermo Rafel Santiago Rodríguez (desde la curul): Gracias, presidenta. En el mismo sentido, consultarle a la ministra diputada si me puedo suscribir a su iniciativa; y de la misma manera con el diputado Olivares que anteriormente presentó. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Ha autorizado la diputada y el diputado Olivares también. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Velázquez Vallejo, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Adelante, diputado.
El diputado Francisco Javier Velázquez Vallejo: Muy buenos días, compañeras, compañeros. Con su venia, presidenta. Hoy vengo a hablar de un tema que no es menor, que no es accesorio y que no puede seguir siendo invisible. Vengo a hablar de nuestras personas adultas mayores, de quienes construyeron México con su trabajo, con su esfuerzo, con su experiencia y que hoy, muchas veces siguen enfrentando una forma silenciosa de exclusión.
Porque sí, hemos avanzado, hemos reconocido derechos, pero hay algo que aún no tenemos resuelto de fondo, su derecho a participar plenamente en la vida política de este país. Los datos son claros, en México habemos más de 17 millones de personas adultas mayores, casi el 14 % de la población, un sector que crece y que requiere que ese crecimiento se vea reflejado en su participación en la vida pública del país.
Y, sin embargo, compañeras y compañeros, hoy podemos decir que sí hay personas adultas mayores en los espacios de representación y aquí hablo también a título personal. Aquí mismo, en esta Cámara habemos quienes siendo adultos mayores hemos tenido la oportunidad de llegar a tener esa representación.
Pero también lo digo con toda claridad, nuestro caso no es la regla, es la excepción. Nadie nos ha quitado el derecho a participar, eso es cierto, pero en la actualidad hemos ido quedando rezagados frente a otros grupos que hoy en la ley cuentan con acciones afirmativas que impulsan y garantizan su representación. La ley no excluye a las personas adultas mayores, pero tampoco las está integrando afirmativamente.
Lo que hoy proponemos a la consideración de esta soberanía es claro: primero, adicionar un párrafo al artículo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer que, en la integración de los órganos legislativos, Senado, Cámara de Diputados, congresos locales, se deberá considerar a las personas adultas mayores.
Segundo. Reformar el artículo 26 de esta misma ley, para que, en el registro de candidaturas a los ayuntamientos, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, así como alcaldes y concejales de la Ciudad de México, también sean consideradas las personas adultas mayores.
No se trata de obtener privilegios: se trata de avanzar en lo que ya hemos hecho como país, reconocer que hay sectores históricamente relegados y generar condiciones reales de igualdad.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado muestras claras de su apoyo a estos grupos vulnerables. Ya lo hemos hecho para mujeres, para pueblos indígenas y afrodescendientes, y eso ha fortalecido nuestra democracia. Hoy, toca dar ese paso con las personas adultas mayores. Porque excluirlos empobrece nuestra democracia, pero incluirlos la fortalece.
Compañeras y compañeros, no podemos permitir que quienes han dado toda una vida a este país lleguen a una etapa en donde no tengan una participación plena en la vida pública. No podemos normalizar que la experiencia se convierta en invisibilidad y no podemos aceptar que la edad sea motivo de exclusión.
Hoy tenemos la oportunidad de responder con hechos. Hagamos que la participación política no tenga edad. Hagamos que la representación tampoco la tenga. Y hagamos que quienes contribuyeron al desarrollo de nuestro país también tengan la oportunidad de participar en las decisiones sobre su futuro. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Reforma Política-Electoral para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Adelante, diputada.
La diputada Evangelina Moreno Guerra: Con su venia, presidenta. Estimadas y estimados diputados, saludo con mucho afecto al pueblo de México y a esta soberanía que se integra por representantes de todas las regiones de nuestra República Mexicana.
Estimados colegas, como bien sabemos, todas las semanas en que sesionamos tenemos que desplazarnos desde nuestros distritos a esta ciudad que es la capital del país y sede de los Poderes de la Unión. Las y los legisladores venimos a este Poder Legislativo con entusiasmo y con convicción de incidir y concretar avances legislativos que abonen al bienestar de toda la población mexicana.
En ese sentido, mi natal Tijuana se caracteriza por su diversidad cultural, por ser la ciudad mexicana más alejada de la Ciudad de México, por tener el mayor cruce fronterizo en el mundo, por ser el municipio más poblado de todo el país, pero sobre todo por ser la puerta de México y el lugar donde inicia la patria, como también nos conocen en el hogar de cientos de miles de familias migrantes, que han llegado buscando oportunidades que en otros lados se las negaron.
Diputadas y diputados, hoy vengo a este pleno, precisamente, a presentarles una propuesta de reforma de Ley del Seguro Social, en materia de cuidados, que mejoren las condiciones y amplié el reconocimiento de derechos a las familias mexicanas.
Ya se ha manifestado en esta máxima tribuna la importancia de visibilizar y dignificar la labor de las personas cuidadoras y la importancia que el cuidado tiene para nuestra sociedad.
La falta actual de legislación en materia de cuidados, diluye la responsabilidad del Estado y fomenta que sean los familiares quienes tengan que asumir esa tarea de forma precaria e invisibilizada, mayoritariamente desarrollada por las mujeres.
No solo hay omisión en reconocer el cuidado como un derecho humano en nuestra Carta Magna, lamentablemente en otras legislaciones secundarias siguen permeando visiones tradicionales y restrictivas.
Sobre este punto, es importante aclarar que la iniciativa que hoy presento ante esta soberanía, nace de una realidad que ya reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, que las relaciones familiares son amplias y son diversas.
En el amparo directo en revisión 3320/2025, la Suprema Corte dejó de manifiesto que la familia no solo es el núcleo tradicional, es también esa red de afecto, solidaridad y cuidado mutuo, que se activa cuando falta el sostén principal.
El máximo tribunal reconoció que las relaciones familiares son diversas y que el acceso a la seguridad social no puede limitarse solo a ciertos familiares, según el parentesco tradicional. Por ello, declaró inconstitucional el artículo... Reglamento de jubilaciones y pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que restringe el acceso a la pensión por ascendencia únicamente para padres, abuelos o bisabuelos. Eso deja claro a personas que en la práctica han brindado cuidados, afecto, asistencia mutua y son dependientes económicos del trabajador fallecido.
Con base a este criterio, toda persona que demuestre haber cumplido ese rol podrá acceder a la pensión. En el caso concreto de la sentencia en comento, una mujer, tía de un trabajador fallecido del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó la pensión por ascendencia al acreditar que lo crio como si fuera su hijo y dependió económicamente de él durante años. El IMSS negó la pensión por no ser ascendiente en línea recta, pero la Corte reconoció su derecho, marcando un precedente sobre el reconocimiento de vínculos familiares.
Por lo anterior, propongo reformar los artículos 5-A, 84 y 137 de la Ley del Seguro Social para reconocer como beneficiarios a aquellos familiares o personas que demuestren ante autoridad judicial o administrativa dos cosas sencillas pero profundas: la primera, que dependían económicamente del asegurado o pensionado. Y, la segunda, que mantuvieron con él un vínculo basado en el afecto, la solidaridad y el cuidado mutuo.
Con esta propuesta de reforma se pretende reconocer algo que ya ocurre en la realidad. Así que protegemos a las personas cuidadoras, mayoritariamente mujeres, que han sostenido hogares enteros sin recibir jamás un reconocimiento formal.
Diputadas y diputados, mi intervención recordando que legislar en materia de cuidados es una urgencia de justicia social, como Congreso de la Unión aún tenemos pendiente reconocer el derecho a cuidar y a ser cuidado, y al autocuidado en el artículo que protege a la familia, es decir, el 4o. constitucional, y con ello honrar el trabajo invisible que mantiene de pie a nuestro México.
Desde Baja California, mi reconocimiento y cariño para todas y todas las personas cuidadoras de México. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del PAN. Adelante, diputada.
La diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda: Todos hemos escuchado en las noticias que viene una ola de calor, que se aproxima una tormenta fuerte, que existen riesgos de inundaciones.
Sin embargo, en muchas ocasiones no tenemos claridad de qué es lo que se debe de hacer. Las familias siguen con su rutina diaria, salen a trabajar, van a la escuela, a una cita médica, usan el transporte público, hacen su vida totalmente normal, y es hasta que el fenómeno ya está presente cuando se dimensiona su impacto.
Ahí es donde está el problema, en México sí existe información, sí hay monitoreo constante y sí hay pronósticos, pero esa información no siempre llega a tiempo, no siempre es clara y muchas veces no se traduce en acciones concretas para la población. Cuando eso ocurre la información pierde su utilidad como herramienta de prevención.
Entre el 2010 y el 2023, se registraron al menos mil 735 muertes asociadas a estos fenómenos. Tan solo en el 2023 más de 200 personas fallecieron por temperaturas extremas, lo que presentó un aumentó superior al 2 mil 200 % respecto al año anterior.
Y no es algo aislado, lo hemos visto en distintos momentos y en distintas regiones del país. En el norte durante las olas de calor recientes en estados como Nuevo León, Coahuila y Sonora, se registraron temperaturas por arriba de los 45 grados. Hubo reportes constantes de personas afectadas por golpes de calor, saturación en los servicios de salud y casos en los que la gente no sabía en qué momento el riesgo era extremo, ni cómo protegerse adecuadamente.
En Nuevo León y su zona metropolitana, las lluvias intensas han provocado inundaciones repentinas que en cuestión de horas paralizan la ciudad. En la Ciudad de México y el estado de México, cada temporada de lluvias vemos imágenes similares: vialidades colapsadas, estaciones de transporte inundadas y viviendas afectadas.
En Tabasco, durante las inundaciones del 2020, miles de familias perdieron parte de su patrimonio al quedarse en sus casas bajo el agua durante días. En Guerrero, el impacto del huracán Otis mostró como un fenómeno puede intensificarse rápidamente y tomar por sorpresa a la población.
En Veracruz también lo hemos visto recientemente. En octubre del 2025 lluvias extraordinarias provocaron inundaciones severas, en el norte del estado municipios como Poza Rica, Tuxpan y Álamo, resultaron fuertemente afectados. Ríos desbordados, viviendas bajo el agua, comunidades incomunicadas y pérdidas humanas.
En Poza Rica, el desbordamiento del Río Cazones dejó calles completamente inundadas, viviendas cubiertas de lodo y familias que prácticamente lo perdieron todo de un día para otro. Y lo más preocupante es que a la fecha la recuperación no ha sido completa, ni de sus hogares, ni del municipio. Meses después del desastre todavía hay viviendas dañadas, afectaciones económicas y comunidades que siguen tratando de reconstruir su vida.
Todos estos casos tienen algo en común, la información existía, pero no siempre llega de manera adecuada, oportuna y útil para las familias y para la coordinación de las dependencias involucradas. Y, frente a este escenario seguimos teniendo el mismo problema, reaccionamos tarde.
Se trata de lograr que esa información llegue de forma clara, oportuna y útil para las personas y sus familias, se trata de que en una alerta realmente funcione, de que le permita a una familia prepararse, mover su vehículo a tiempo, resguardar documentos importantes, evitar salir, proteger a sus hijos o apoyar a los adultos mayores.
Se trata de que una persona pueda tomar decisiones informadas, antes de que el riesgo esté encima, de que una comunidad pueda organizarse y de que las autoridades actúen de manera coordinada.
Por eso, esta iniciativa plantea establecer en la ley la obligación de contar con un sistema de alerta temprana ante fenómenos hidrometeorológicos, que sea claro, coordinado y funcional. Se trata de ordenar lo que ya existe, de definir responsabilidad, de mejorar la coordinación entre autoridades y de asegurar que la información fluya correctamente entre quienes la generan y quienes la necesitan.
Se trata de que las alertas no se queden en reportes o comunicados, es que se conviertan en herramientas de prevención, que lleguen a las personas de forma clara y que en los momentos más críticos puedan marcar la diferencia entre prevenir o lamentar, porque, cuando una alerta funciona, protege y cuando no, las consecuencias las pagan las familias. Es cuanto, presidenta. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Deliamaria González Flandez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de armonización legal de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Adelante, diputada.
La diputada Deliamaria González Flandez: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hoy presento ante este pleno una iniciativa que, aunque pudiera parecer de forma es en realidad de fondo, una iniciativa que no solo actualiza expresiones dentro del Código Penal Federal, sino que responde a una exigencia constitucional, reconocer plenamente a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.
Durante muchos años nuestro marco jurídico utilizó el término menores para referirse a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, hoy sabemos que este término resulta insuficiente y además inadecuado. No se trata solamente de una discusión semántica, se trata de la forma en que el Estado nombra, reconoce y protege. Cuando una ley utiliza expresiones que parten de una visión disminuida de la infancia reproduce una lógica que ya ha sido superada por nuestro orden constitucional.
Hoy el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con toda claridad que el principio del interés superior de la niñez, este principio obliga a que en toda decisión y actuación del Estado se garantice de manera plena la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por México, reconoce que las niñas, niños y adolescentes no son objeto de asistencia ni simples receptores de protección, sino personas titulares de derecho.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la nación ha sido clara al señalar que debe abandonarse el término menores para referirse a niñas, niños y adolescentes, precisamente para respetar el principio de su interés superior y su derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Esto es muy importante, porque el lenguaje jurídico no es neutro. El lenguaje en la ley no solo describe, también construye realidades, orienta interpretaciones y define el alcance de la protección del Estado.
Por eso, cuando una norma sigue empleando categorías que no reconocen plenamente la condición de niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derecho, llega tarde, llega incompleta o llega mal.
La presente iniciativa busca justamente armonizar diversas disposiciones del Código Penal Federal. Esta reforma, de manera concreta, en primer lugar, sustituye de manera expresa la referencia a menores con la de niñas, niños y adolescentes en diversos artículos del Código Penal Federal.
No es una sustitución aislada, es una armonización integral en múltiples disposiciones para que el lenguaje penal sea congruente con el modelo de derechos humanos que hoy rige nuestro país.
En segundo lugar, actualiza denominaciones de capítulos y títulos completos del propio Código. Por ejemplo, donde todavía se habla de delitos cometidos contra personas menores de 18 años de edad, se propone precisar que se trata de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Eso ocurre en capítulos relacionados con corrupción, pornografía, turismo sexual, trata y cohabitación forzada.
También se actualizan disposiciones sobre reparación del daño, prescripción, agravantes, abandono, lesiones, privación de la libertad y otros supuestos en los que hoy el texto legal sigue utilizando terminología ya rebasada por la evolución constitucional de los derechos de la infancia, el término menores.
Estamos ante una revisión amplia del lenguaje penal para ponerlo a la altura de la Constitución, de los tratados internacionales y del desarrollo jurisprudencial de nuestro país.
Esta reforma no crea nuevos delitos ni incrementa penas, pero sí fortalece algo esencial: la certeza jurídica, la congruencia normativa y la protección reforzada que merecen las niñas, niños y adolescentes.
Hablar de niñas, niños y adolescentes no es una concesión discursiva, es reconocer explícitamente su dignidad, su individualidad y su condición de titulares plenos de derecho. Ese reconocimiento importa en sede judicial, importa en la interpretación ministerial, importa en la argumentación de las Fiscalías, importa en las resoluciones de los tribunales, porque cuando el derecho nombra bien, también protege mejor y cuando el Estado armoniza sus leyes con el principio del interés superior de la niñez, no solo corrige palabras, corrige inercias, visiones y fortalece la justicia.
Este pleno tiene hoy la oportunidad de avanzar hacia un marco penal más congruente, más respetuoso y más humano. Un marco que reconozca a la infancia y a la adolescencia desde la dignidad. Un marco que haga visible también desde el lenguaje de la ley, que las niñas, niños y adolescentes son personas con voz, con derechos y con protección reforzada por parte del Estado.
Por ello, les invito a acompañar esta iniciativa, porque armonizar el Código Penal Federal con la Constitución, con los tratados internacionales y con los criterios de la Suprema Corte de Justicia no solo actualizamos términos, fortalecemos el estado de derecho, la protección de la infancia y damos un paso firme hacia una justicia más igualitaria, más sensible y más congruente. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto decreto por el que se adicionan los artículos 13 y 27 de la ley General de Salud, en materia de neurodivergencia. Adelante, diputada.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, presidenta, y con la venia de la asamblea. Esta iniciativa que hoy presento tiene la intención de adicionar una fracción XXVII Ter al artículo 3o. y una fracción XII al artículo 27 de la Ley General de Salud para incluir un término específico, que es la neurodivergencia, trastorno de déficit de atención, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, hiperactividad, autismo, dislexia, dispraxia o las altas capacidades es lo que se denomina como, neurodivergencia.
Y la neurodivergencia reconoce la existencia de distintas formas de pensar, sentir y percibir el mundo de distinta manera a lo que socialmente se considera como neurotípico, es decir, es una variación natural del cerebro, no es una enfermedad; pero sí requiere de una detección oportuna, intervención especializada y no está plenamente reconocida como prioridad de salubridad general ni como una condición de nuestro sistema nacional de salud.
Hablamos de personas con grandes habilidades como: creatividad, hiperfoco, pensamiento no lineal; pero con grandes retos también, como la atención, la socialización y la regulación emocional.
En esta iniciativa, primero reconocemos a los neurodivergentes, que no son pocos; y no se trata de curar o arreglar el cerebro, sino de entender y adaptar el gobierno a los distintos tipos de mentes que existen en nuestra sociedad. Busca reconocer la atención integral de las neurodivergencias como materia de salubridad general y establecer la obligación de la detección temprana en servicios de salud.
Esta iniciativa, además, valga a decir que no es idea mía, es idea de un grupo de jóvenes que utilizaron mi conducto para presentar este reconocimiento a sus distintos tipos de reconocimiento del mundo. Incorporar el enfoque de derechos y de inclusión es una necesidad, sobre todo para las juventudes.
Fíjense nada más los datos, alrededor de 1.5 millones de niñas y jóvenes, niñas, niños, adolescentes tienen TDA o déficit de atención, alrededor de 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes podrían tener TDA e hiperactividad, es decir que uno de cada 30 niños y niñas en este país, hoy nacen con un síndrome de neurodivergencia en atención e hiperactividad y menos del 10 % está diagnosticado y menos del 5 % recibe un tratamiento.
¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que exista una detección temprana de la neurodivergencia, porque hasta 46 % de los niños y niñas con autismo sufren acoso escolar, generada por rezago académico y abandono escolar.
En casos no diagnosticados existe mayor riesgo de ansiedad y depresión, hasta un 77 %, que terminan en diagnósticos psiquiátricos asociados. Entre 75 y 90 % de adultos con autismo están desempleados o con un empleo precario en el mundo, porque se considera que están enfermos mentales.
Hasta 9 de cada 10 adultos con TDA, con déficit de atención o hiperactividad no tienen empleo, y en el caso del Asperger, menos del 20 % tiene empleo de tiempo completo.
El diagnóstico tardío, frecuentemente después de los 5 o 7 años cuando la neuroplasticidad del cerebro no es la máxima que se presenta antes de esa edad, causan problemas en la adultez que pueden llevar un diagnóstico y un tratamiento mucho más complicado.
Las señales tempranas pueden identificarse desde los 18 meses de edad y hoy, en nuestro sistema de salud estamos completamente a oscuras. Lo que planteamos no solamente es un tratamiento, sino una detección temprana que puede darse desde la primera instancia.
La iniciativa tiene un enfoque de justicia social, atendiendo la desigualdad y disminuir un impacto en la carga económica familiar de terapias privadas, de madres que dejan de trabajar para cuidar a los niños y las niñas y de una reducción del ingreso escolar que, además, impacta la vida laboral de, literalmente, millones de mexicanas y mexicanos.
Este planteamiento es solamente justo. No solamente estamos a obscuras en el tema de neurodivergencia y de entender que lo otro sí existe y que debemos legislar para ellos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de vivienda adecuada. Adelante, diputada.
La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenos días todavía a todas y todos ustedes. En principio, agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan, así como a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas digitales y el Canal del Congreso.
La vivienda es un elemento básico en la vida de cualquier persona, ya que es el espacio donde se vive, se descansa y se desarrolla una vida cotidiana. Por ello, contar con una vivienda en buenas condiciones brinda seguridad e influye directamente en la calidad de vida.
Este derecho ha sido reconocido tanto en nuestra Constitución como en instrumentos internacionales donde se establece que todas las personas deben tener acceso a una vivienda digna. Esto implica contar con un espacio que sea seguro, funcional y que permita vivir en condiciones apropiadas.
Sin embargo, cuando hablamos de las personas adultas mayores, esta realidad adquiere una dimensión distinta, ya que existen necesidades específicas que deben ser atendidas para garantizar su autonomía, seguridad y dignidad.
No es un secreto que, con el paso de la edad, es común que la movilidad se vea reducida debido a condiciones propias del envejecimiento como enfermedades crónicas o limitaciones funcionales. Esta situación hace que muchas personas requieran apoyos, como bastones, andaderas o sillas de ruedas u otros implementos.
El problema surge cuando las viviendas no están diseñadas para responder a estas necesidades, como espacios reducidos, ausencia de rampas, pasillos estrechos, pisos inseguros, puertas pequeñas o accesorios de baño, así como la falta de adaptaciones básicas, se convierten en barreras que los limitan. Pero atendiendo a estas observaciones, con estas adecuaciones, se facilitaría muchísimo su movilidad.
Esto incrementa el riesgo de accidentes, particularmente caídas, además de restringir su independencia de las personas adultas mayores. Aunado a ello y de acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, en México existen más de 17 millones de personas adultas mayores, lo que representa el 13 % y se prevé que para 2030 sean más del 15 %.
Además, el Censo de Población y Vivienda de 2020, donde se señala que más del 26 % de las personas de 60 años y más presenta alguna limitación para caminar, subir o bajar escaleras, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a las condiciones inadecuadas de la vivienda.
A su vez, se ha documentado que los accidentes domésticos, especialmente las caídas, representan una de las principales causas de lesiones en este grupo, con impactos directos en su salud y en el sistema sanitario.
Por ello, la propuesta que hoy presento, busca adicionar una fracción XIII a su artículo 3o. en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para establecer que vivienda adecuada es aquella que cumple con los criterios de habilidad, previstos en la Norma Oficial Número 007-Sedatu-2024, y además disposiciones aplicables, garantizando condiciones de seguridad, accesibilidad funcional y servicios básicos en favor del bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos.
Esta incorporación representa una armonización normativa que fortalece la coherencia del sistema jurídico y da contenido material a un derecho ya reconocido.
Definir jurídicamente la vivienda adecuada permitirá orientar la actuación de las autoridades, fortalecer el diseño de políticas públicas y garantizar que las necesidades específicas de las personas adultas mayores sean consideradas en la planeación y adecuación de los espacios habitacionales.
Compañeras y compañeros legisladores, esta iniciativa responde a una realidad que estamos viviendo y a la necesidad de adecuarla a nuestro marco jurídico. Se trata de dar claridad a la ley y de incorporar nuevos criterios que permitan garantizar mejores condiciones de vivienda para las personas adultas mayores con base en estándares ya existentes.
Muchas gracias e invito a las y los señores diputados que deseen sumarse a esta importante, y en beneficio de todos nosotros, porque habrá un momento en que vamos a llegar, para enriquecerla y aprobarla. Muchas gracias por su apoyo. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en materia de regulación de patines y motocicletas de motor de baja potencia. Adelante, diputado.
El diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos: Con su venia de la presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos: Compañeras y compañeros legisladores, hoy me presento ante esta soberanía con una firme convicción: atender uno de los retos más urgentes de nuestras ciudades, la movilidad urbana, la seguridad vial y la necesidad de adaptar nuestro marco jurídico a nuestras nuevas realidades del transporte en México.
La movilidad no es solamente trasladarse de un lugar a otro, es un derecho fundamental que impacta directamente en la calidad de vida, en la economía y en la sostenibilidad de nuestras ciudades.
Diversos análisis internacionales señalan que las ciudades que invierten en infraestructura, electrificación y en transporte eficiente están mejor preparadas para enfrentar los retos del futuro. Sin embargo, en nuestro país la realidad es distinta.
El crecimiento acelerado de nuestras ciudades ha traído consigo un incremento desmedido en la demanda de transporte. Hoy enfrentamos problemas graves como el tráfico vehicular, que afecta particularmente en las zonas metropolitanas, como la Ciudad de México, la de Guadalajara, la de Monterrey, entre otras.
Tan solo en la Ciudad de México las personas pierden más de 150 horas al año en el tráfico, lo que además genera emisiones contaminantes que impactan en la salud pública y en el medio ambiente.
Esto se suma a un dato contundente, en México circulan más de 58 millones de vehículos, una cifra que ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas. Ante esta realidad han surgido nuevas alternativas de movilidad, particularmente los vehículos de baja potencia, como son: los patines eléctricos, las motocicletas de baja velocidad.
Estos medios representan una opción accesible, eficiente, y en muchos casos resulta más sustentable para millones de personas. Pero aquí radica el problema central, hoy estos vehículos se encuentran en un vacío legal, no son plenamente considerados vehículos motorizados, pero tampoco pueden tratarse como vehículos no motorizados. Esta ambigüedad ha generado un desorden y riesgos, y lamentablemente, muchos accidentes.
El crecimiento de estos vehículos ha sido exponencial, específicamente a partir de la pandemia. Sin embargo, su uso carece de una regulación clara que garantice la seguridad de quienes lo conducen y quienes comparten el espacio público con ellos.
Las cifras son alarmantes. Durante el 2025 se registró un aumento significativo en accidentes fatales de motocicletas, donde muchos conductores no cuentan con capacitación, ni un equipo adecuado de protección. Solo 9 % tiene una licencia formal, y han documentado prácticas de alto riesgo como el exceso de velocidad o las invasiones a carriles.
Esto no es un tema menor, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de la seguridad de los peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios de estos nuevos medios de transporte.
Por ello, la iniciativa que hoy someto a su consideración, tiene un objetivo, actualizar nuestra legislación para reconocer y regular de manera adecuada los patines y las motocicletas de baja potencia, que pueden superar los 25 kilómetros por hora. ¿Qué propone esta iniciativa?
1. Incluir a estos vehículos dentro de la categoría de vehículos motorizados, cuando superen velocidades de 25 kilómetros por hora.
2. Establecer obligaciones claras de tránsito, incluyendo el uso obligatorio de casco para sus conductores y sus pasajeros.
3. Prohibir su circulación en banquetas, aceras, ciclovías, garantizando que transiten por carriles adecuados para evitar riesgos.
4. Incorporarlos en políticas de educación vial, fomentando la cultura de respeto y responsabilidad en las vías públicas.
Compañeras y compañeros, esta iniciativa no busca frenar la innovación ni limitar las nuevas formas de movilidad, al contrario, reconoce que estos medios llegaron para quedarse, que son parte de la solución de los problemas de transporte y que pueden contribuir a ciudades más sostenibles, pero también reconoce que, sin reglas claras, sin orden, sin responsabilidad cualquier avance puede convertirse en un riesgo.
Hoy tenemos la oportunidad de legislar con visión a futuro, de construir ciudades más seguras, de proteger la vida de millones y millones de mexicanas y mexicanos, y dar certeza jurídica en una realidad de nuestras calles. Por ello, les invito a acompañar esta iniciativa, analizarla con responsabilidad y dar un paso firme hacia la movilidad más segura, ordenada y sostenible en nuestro país. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Movilidad para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Alma Laura Ruiz López, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15 y 16 del Código Penal Federal, en materia de legítima defensa con perspectiva de género. Adelante, diputada.
La diputada Alma Laura Ruiz López: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Alma Laura Ruiz López: Compañeras y compañeros legisladores, hoy presento una iniciativa que busca proteger a las mujeres que han sido violentadas al punto de correr peligro su vida y que después son castigadas por sobrevivir.
Alina Mariel Narciso, mujer policía, vivía en un contexto de violencia constante por parte de su pareja, que además era su superior. Una relación marcada por el abuso del poder, por el miedo y por la violencia cotidiana, hasta que un día este círculo de violencia escaló. El agresor, bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, la agredió e intentó matarla con su propia arma. En ese momento Alina no tenía opciones, no había tiempo para pensar, no había autoridad que la protegiera. Solo había una decisión: sobrevivir.
En medio del miedo, del estrés y de la desesperación, Alina desarmó a su agresor y sobrevivió. Ante esta situación, la justicia mexicana decidió castigarla: la condenó a 45 años de prisión, 45 años por no dejarse matar.
Este no es un caso aislado, es el reflejo de un sistema que durante años ya ha fallado en proteger a las mujeres y que, además, las castiga cuando no tienen otra opción más que salvar su vida.
Años después se reconoció que Alina actuó en legítima defensa, pero el daño ya estaba hecho, años de su vida perdidos por un sistema que no supo o no quiso entender. Y entonces la pregunta es inevitable: ¿cuántas mujeres han sido castigadas por sobrevivir? ¿Cuántas están hoy en prisión por haberse defendido? ¿Cuántas más tendrán que pasar por lo mismo si no hacemos nada hoy?
Hoy presento esta iniciativa porque ya no podemos seguir callando esta injusticia. En Baja California se dio un paso histórico: se aprobó la Ley Alina, impulsada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, hoy presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y presidenta del Congreso de Baja California.
Desde esta tribuna reconozco ese trabajo valiente, comprometido y profundamente humano. La Ley Alina establece algo fundamental: que en los casos de violencia de género las autoridades fiscales y jueces tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género, es decir, dejar de castigar a las víctimas y empezar a protegerlas.
Esta iniciativa busca llevar la Ley Alina al ámbito federal y propone reformar los artículos 15 y 16 del Código Penal Federal, para reconocer la presunción de legítima defensa en contextos de violencia de género.
Establece que no hay exceso cuando una mujer actúa bajo el miedo, el terror y la confusión por defender su vida, y obliga a todas las autoridades a juzgar con perspectiva de género, como ya lo mandata nuestra Constitución y los tratados internacionales.
Porque tenemos a mujeres que, defendiendo su vida, están cumpliendo condenas injustas. Porque, mientras discutimos aquí, allá afuera la realidad es contundente y es dolorosa. Más de 70 de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, casi la mitad ha enfrentado violencia sexual o algún tipo de acoso y todos los días, en promedio, 10 mujeres son asesinadas.
Porque aunque la legítima defensa está reconocida, las mujeres aún enfrentan injusticias en un sistema que muchas veces archiva las denuncias, minimiza la violencia y normaliza el abuso, incluso las culpa, pero actúa con todo su peso cuando una mujer sobrevive.
Hagámoslo por Alina, pero también por Yakiri Rubio, que a los 20 años fue secuestrada, violada y atacada, se defendió y terminó acusada por homicidio calificado o por Roxana Ruiz, joven de 23 años de Oaxaca, sentenciada a más de 6 años de prisión por matar a su violador en defensa propia.
Ellas, después de largos procesos y pruebas, pudieron revertir sus sentencias. Sin embargo, casos como el de María Dolores en Puebla, quien enfrenta una posible condena de 55 años, pese a que hay pruebas que era víctima de explotación laboral y sexual, siguen esperando justicia, porque juzgar sin perspectiva de género es perpetuar la violencia, porque cuando denuncian muchas veces no pasa nada, pero cuando sobreviven, todo el peso de la ley cae sobre ellas. Por ellas y por miles de mujeres que siguen esperando justicia, por las que ya no están y por las que hoy, en este momento, están luchando por sobrevivir.
No podemos ser indiferentes, no podemos mirar hacia otro lado. Es tiempo de dignidad, es tiempo de darles justicia. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionen diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez: Con su venia, diputada presidente.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez: Hoy subo esta tribuna no a nombre propio, sino a nombre de muchas familias de este país. Mientras en el mundo se discuten algoritmos, realmente nuestros hijos enfrentan riesgos reales, grooming, fraudes, manipulación, ciberacoso, porque tenemos que entender que todos esto lastima a nuestras familias.
Por eso, desde el Grupo Parlamentario del PAN subo hoy a esta tribuna para decir que esta iniciativa no regula las redes sociales ni un contenido, no venimos a limitar la libertad de expresión, venimos a hacer algo mucho más importante que la niñez se ponga en el centro y decir que ninguna niña, niño o adolescente tenga acceso a redes sociales menores de 16 años.
Compañeros, no quiero dejar en duda que queremos que en el 4o. artículo Constitucional generemos una obligación y una sensibilización para ayudar a nuestros niños, y lo quiero dejar muy claro, hay reglas.
Primero, dejar reglas claras para que niños menores de 16 años no puedan acceder a redes sociales. Segundo, que las plataformas digitales tengan la responsabilidad para implementar mecanismos y verificar la edad, ampliar y validar sin autorización parental. Tercero, el trabajo de las familias en casa de decidir sobre qué contenido tener y qué contenido no para los niños.
Y, quiero dejar un ejemplo muy claro, plataformas que no vemos peligrosas como Airbnb significa en algunos casos el mayor potencial de hacer trata de niños y adolescentes en muchos estados y lo voy a poner ejemplo en el sureste del país, por no regular que los niños tengan una vinculación de poder decir si va a habitar en esa casa o no en un periodo determinado, porque en realidad no se hace registro de los niños.
Ha sido una problemática no solamente de esta plataforma, sino de otras plataformas en donde se vulnera a los niños y científicamente está probado que ningún niño después de utilizar una plataforma digital vuelve a agarrar la concentración en un mínimo de 20 minutos.
¿Qué quiere decir esto? Que, si un niño tiene acceso a una Tablet, a un celular le está dedicando todo el tiempo a la actividad y no se regula el contenido y, lo digo muy claro, el contenido no es parte de esta iniciativa, esa será otra iniciativa que se tendrá que ir dando, porque lo que busco es fomentar y sembrar los cimientos para que regulemos algo que ya existe en una parte importe de este mundo, ya existe la regularización de las plataformas digitales y de las plataformas, para ser exactos, en la aprobación de los padres o no para que puedan tener ingreso a estas plataformas.
Quiero dejar algo muy claro, imagínense lo que hoy tiene, si un niño de 13 años va a una tienda y compra un vino, un whisky. En realidad está prohibido, porque estamos en contra de que dañen su cuerpo. Un niño y adolescente en la normatividad, a esa edad está en el descubrimiento de su ámbito emocional, de su ámbito de generar una visión para tener una nueva vida en su etapa de adultez.
Si lo vinos están regulados para que los niños menores no tengan acceso a ellos, lo que pido es que se regulen las redes sociales porque está en los mismos algoritmos para poder generar vicios y adicciones.
Porque está científicamente claro que una red social sí genera estos algoritmos para tener adicciones, y si lo estamos haciendo con mecanismos en donde los jóvenes y niños realmente tienen la discrepancia emocional porque están en el encuentro de su emoción, también sucede con ello.
Con esto quiero decir y concluir que por encima de la niñez no debe haber nada, por encima de la niñez no debe haber razones políticas, tiene que haber congruencia. Y esta iniciativa de prohibir a los niños que tengan acceso a las redes sociales, es una iniciativa que no es un invento de este grupo parlamentario, se ha hecho ya en otros estados, se ha hecho en otras partes del mundo, porque si no aprendemos a regular lo que puede ser dañino para el futuro, para las familias, estamos condenados al fracaso.
Recordemos que el núcleo familiar es el núcleo de la sociedad. Por eso, compañeras y compañeros diputados, les pido que en las comisiones pertinentes llevemos un debate serio y de altura y le digamos a México que estamos en la avanzada y construyendo realmente leyes que beneficien a este país.
Porque en México no se improvisa y porque la niñez no puede estar por abajo de cualquier interés político de este país. Por la patria, por la familia y por la dignidad en México, no se improvisa. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Economía, Comercio y Competitividad, para su dictamen. Muchas gracias. Gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Gilberto Herrera Solórzano, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 de la fracción VIII y el numeral 4 de la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato. Adelante, diputado.
El diputado Gilberto Herrera Solórzano: Pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, en nuestro movimiento hemos luchado históricamente para fortalecer los mecanismos de democracia participativa.
La democracia en México no se limita únicamente a una elección periódica cada tres, cada seis años, de nuestras autoridades. Para tener un país cada vez más justo, necesitamos que las personas participen de manera directa en las decisiones, en la toma de las decisiones públicas.
Gracias a un extraordinario mecanismo que nos heredó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la revocación de mandato ha permitido que el pueblo de México, a la mitad del periodo, decida si las personas le otorgan la confianza para que el mandatario continúe o no en el ejercicio de sus funciones.
Lamentablemente, hasta ahora, estos mecanismos han resultado letra muerta. Me permito explicarles por qué. Actualmente, para ser vinculante la revocación de mandato o una consulta popular, se exige la participación de, al menos, el 40 % de las personas inscritas en la lista nominal. Este requisito realmente es excesivo, injustificado, una barrera muy compleja de romper.
En ningún otro proceso electoral de nuestro país se exige un umbral mínimo de participación para que el resultado sea válido. Es decir, en México las elecciones se ganan por un voto o se pierden por un voto. ¿Por qué, entonces, exigir un estándar tan alto? Para que los mecanismos que buscan precisamente que la participación ciudadana aumente, sean del 40 %.
Veamos otros datos. En las elecciones presidenciales, en los últimos años suele participar alrededor del 60, 65 % de las personas inscritas en el Padrón Electoral. En las elecciones intermedias baja la participación alrededor del 45 %. Pero en los ejercicios extraordinarios participa alrededor o menos del 35 % de las personas inscritas en el Padrón Electoral.
En los últimos años, y hay que decirlo de manera clara y contundente, a partir de la llegada del primer piso de la cuarta transformación, se ha buscado impulsar cada vez más estos ejercicios de participación ciudadana.
Por mencionar un par de casos, la consulta popular 2021, donde se le consultó al pueblo de México si se debería juzgar o no a los expresidentes, participó el 7 % del electorado. En 2022, aumentó un 11 % la participación en el tema de la consulta popular sobre la... Perdón, en el tema de la revocación de mandato. Es decir, han ido aumentado la participación de la gente con estos mecanismos.
Pongo un ejemplo de mi estado Baja California. La autoridad electoral no autorizó una consulta popular sobre el tema de una cervecera que pretendía instalarse en un desierto, en el valle de Mexicali, una ciudad con ya de por sí un estrés hídrico, la famosa cervecera Constellation Brands. Bueno, ¿qué se decidió en ese entonces? A través de la Secretaría de Gobernación llevar a cabo un ejercicio de participación ciudadana. El pueblo de Mexicali, en su gran mayoría, el 76 % de la población decidió que no se instalara la cervecera en Mexicali, aunque eso iba a tener algunos beneficios en materia de empleo, pero que iba a tener graves consecuencias en materia de agua, es decir, que el pueblo de México, el pueblo de Mexicali iba a tener menos agua. Pues se tomó, la decisión del pueblo de Mexicali se hizo valer a través de este ejercicio de participación.
Siguiendo el mismo ejemplo, en términos generales, menos del 4 % de la población de Mexicali participó, pero, sin embargo, se tomó, ese sentimiento del pueblo se recogió y se hizo válido.
Por ello, el objetivo de esta reforma que pretende reformar el numeral dos de la fracción VIII y el numeral cuarto de la fracción IX del artículo 35 constitucional, que es realmente bello, busca que el umbral de participación se reduzca para una consulta popular al 25 % del padrón electoral participante y en el caso de la revocación de mandato a un 30 %. Es decir, que se baje este umbral para que sean vinculantes tanto la consulta y la revocación de mandato.
Hay que decirlo, estamos en un momento donde se busca también transitar de una democracia representativa a una democracia cada vez más participativa. En sí, eso también busca el Plan B, que los mecanismos de participación se puedan fortalecer. En este caso la revocación de mandato, que la presidenta de México está buscando hacer un cambio constitucional para que ya sea en el 2027 o en el 2028, a través de la exigencia del pueblo de México, se decida si deseamos que continúe o no en su encargo la presidenta de la República.
Por eso, en ese sentido, estamos promoviendo que la consulta popular sea un derecho con un umbral más bajo. Es decir, que el pueblo de México sea amo y responsable de su propio destino. Es decir, que las decisiones pasen también al pueblo y que decidan, de todos los temas todo el tiempo, porque muchas veces nuestras autoridades no están conscientes de lo que sucede abajo en territorio.
Por eso les pido a los compañeros, compañeras, legisladores de la República, auténticos representantes populares, que acompañen esta iniciativa para que las consultas y la revocación de mandato sean vinculantes con un porcentaje más bajo y que esto se pueda trasladar a los hechos.
Con esto puedo decir que cuando el pueblo decide, la democracia avanza. Viva la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Viva la democracia participativa. Viva el pueblo de México. Es cuanto, señora Presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado Gilberto Herrera Solórzano, muchas gracias. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convocatoria para la elección de tres personas que ocuparán las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; y por el que se establece el proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación y se definen los criterios específicos de evaluación.
Se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación de dicho acuerdo.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, y 306 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del acuerdo.
(Votación)
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Facultad de derecho de la Universidad Autónoma de México, invitados por la diputada Rosario del Carmen Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? El sistema está abierto aún, no por mucho.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Esta Presidencia saluda a Dinise Rodríguez de la Hoya, Sofía Olguín Reyes, Valentina Aragón Concha y Elisa Rodríguez Álvarez, del municipio de Guadalupe Victoria, del estado de Durango, campeonas de basquetbol. Muchísimas gracias por estar aquí en esta Cámara de Diputados, invitadas por las diputadas Verónica Pérez Herrera y Silvia Patricia Jiménez Delgado, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias por su presencia. Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 408 votos en pro, 35 votos en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Aprobado el acuerdo por 408 votos. Comuníquese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra para continuar con las iniciativas la diputada María Magdalena Rosales Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho al cuidado materno-infantil correspondiente a la licencia de maternidad. Adelante, diputada.
La diputada María Magdalena Rosales Cruz: Con su permiso, presidenta. Diputadas, diputados, público que nos ve a través del Canal del Congreso, la iniciativa que voy a presentar es de vital importancia para las mujeres de nuestro país. La iniciativa con proyecto de reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho al cuidado materno-infantil correspondiente a la licencia de maternidad.
El 5 de diciembre de 1960 se decretó como derecho constitucional la licencia de maternidad y, a más de 65 años, sin modificación, es importante que se revise y que se reforme este artículo constitucional.
La licencia de maternidad es producto de una lucha por los derechos de las mujeres en el país, como lo fue el derecho al voto, la igualdad de salarios, la educación y la participación activa en la vida política.
Nuestra convicción y principios políticos nos exigen responder a la exigencia de la actualidad: revisar, analizar y proponer la modificación del periodo de 12 semanas de la licencia de maternidad es una tarea que demanda claridad y responsabilidad en todos los sentidos
Esa iniciativa pone sobre la mesa la consideración de 16 semanas bajo una serie de justificaciones científicas y estadísticas concretas. El IMSS estimó que en 2025 un gasto financiero aproximado de mil 386 millones de pesos se dio por cada semana otorgada a las mujeres derecho que garantiza el goce de la licencia de maternidad.
Actualmente, 16 mil 624 millones de pesos es el gasto aproximado que destina el Seguro Social para garantizar la licencia de maternidad en su periodo de 12 semanas garantizadas como un derecho constitucional.
Actualmente más de 9 millones de mujeres son trabajadoras aseguradas, las cuales representan el 40 % del empleo formal. Una licencia de maternidad reconocida en el marco del cuidado materno infantil representa un cambio profundo en el paradigma, priorizando la dignidad y la vida de todas las mujeres.
Esta iniciativa es el resultado de un análisis minucioso y la realización de un diagnóstico transversal que pone en la mesa la congruencia y factibilidad de nuestras necesidades, el cuidado materno infantil como método de medicina preventiva.
En las instancias de la atención médica de primer nivel, la atención médica prenatal representa una de las 10 principales causas con mayor demanda de la medicina preventiva.
Los beneficios en materia de cuidado materno infantil influyen una disminución de complicaciones en el parto, anemia materna, parto prematuro, defecto del tubo neural, muerte fetal o durante los primeros 30 días, bajo peso al nacer y mortalidad durante los primeros 6 meses. La recomendación 191 de la OIT revela que la licencia prolongada contribuye a la nutrición adecuada, al impacto positivo de la reducción de índices de trastornos de depresión postparto, al seguimiento oportuno de la aplicación de vacunas para la salud infantil y la lactancia materna exclusiva reconocida científicamente como un método de inmunización. La Organización Mundial de la Salud fijó la meta del 70 % de lactancia materna exclusiva para 2030, de la cual México está por debajo de alcanzar los objetivos.
Los índices de muerte materna infantil en México, en el área de Ginecobstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirman que entre 2016 y 2021 murieron en nuestro país 5 mil 99 mujeres por causas relacionadas con la atención obstétrica, es decir, cerca de 850 mujeres al año, aproximadamente 2 al día.
Según el Informe Semanal de Notificación Inmediata de Muerte Materna, la mortalidad materna preliminar calculada es de 22.8 defunciones por cada mil nacidos. Las principales causas de defunción son hemorragia obstétrica, enfermedad hipertensiva, edema, proteinuria en el embarazo, el parto o el puerperio. Todas estas complicaciones pueden ser prevenidas a partir de la licencia de maternidad.
En México la tasa de mortalidad infantil de menores de un año se situó en 12.65 defunciones por cada mil nacidos vivos en 2021, según los datos más recientes de la Organización Panamericana de la Salud. Me resulta puntualmente importante resaltar que la comparación de estos datos está estrechamente vinculados con el mayor número de semanas que garantice el Estado para el cuidado materno infantil.
Finlandia quien tiene el menor número de decesos infantiles garantiza 41 semanas para el cuidado, Japón 22 semanas, Noruega hasta 49 semanas, Islandia 52 semanas. Por otro lado, el contrapeso se ubica en el mayor número de decesos infantiles que acontecen en naciones que apenas cumplen con la recomendación del Convenio 183 de la OIT.
La licencia de maternidad favorece la lactancia materna exclusiva. Las mujeres que amamantan tienen un 32 % menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, un 26 % menos de riesgo de tener cáncer de mama y un 37 % menos de riesgo de tener cáncer de ovarios. En México solo una de cada 10 mujeres que trabajan amamantan a sus bebés y el resto dan fórmulas infantiles, lo que representa una brecha laboral preocupante.
Las mujeres con empleo remunerado tienen casi la mitad de probabilidad de mantener la lactancia exclusiva, lo que constituye aproximadamente el 14.3 % al 23.3 % en comparación con el 29.5 al 40 % de aquellas que no trabajan fuera del hogar. Esta diferencia no obedece a falta de información, sino a condiciones estructurales que dificultan su continuidad.
También influye esta licenciada de maternidad con la pirámide de reemplazo generacional y el cuidado materno infantil. La pirámide poblacional de México ha experimentado una transformación drástica pasando de una base muy ancha de población joven a mayor número de adultos mayores que indica un rápido envejecimiento de población y una caída por debajo del nivel de reemplazo generacional.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria arrojó que para el 2010 por cada pensionado había 8.2 trabajadores que cotizan en alguna de las diferentes instituciones. Actualmente, México vive un momento histórico, por medio de una revolución pacífica y profunda, que responde categóricamente a la redención histórica de las deudas con los que menos tienen.
El cuidado materno-infantil forma parte sustancial de la propuesta de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el derecho universal a un sistema nacional de cuidados y su impacto transversal para la construcción de un Estado de bienestar y prosperidad. Este proyecto de iniciativa forma parte del esfuerzo gradual que debería de estar interconectado con las leyes en materia de salud y de seguridad social. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29 y 49 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de incorporación de criterios de vulnerabilidad territorial y riesgo en la determinación de las zonas de atención prioritaria. Adelante, diputada.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los jóvenes que son seleccionados nacionales, categoría juvenil de la Federación Mexicana de Basquetbol. Muchas gracias por estar aquí en la Cámara de Diputados.
La diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación y pueblo de México, comparezco ante este honorable pleno para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29 y 49 de la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de incorporar criterios de vulnerabilidad territorial y riesgos en la determinación de las zonas de atención prioritaria.
¿Por qué es importante esta reforma? Porque durante año hemos entendido la vulnerabilidad, casi exclusivamente a partir de indicadores económicos y sociales. Y sí, desde luego que esos indicadores son importantes, pero hoy la realidad nos exige ver más allá.
Hay comunidades que, quizás, no aparecen como las más rezagadas en una estadística con base en esos indicadores, pero que sí viven todos los días bajo la amenaza de una inundación, de un deslave, de una sequía, de un sismo o de alguna contingencia ambiental, social y/o química. Y, cuando eso sucede, cuando lo que era una amenaza se convierte en una terrible realidad, lo que esta pone en riesgo su vida, su seguridad y su salud y su dignidad.
Por eso, esta iniciativa parte de una idea muy clara: la vulnerabilidad no solo se mide en el ingreso y en la dimensión económica: también se mide en el territorio, se mide en el lugar donde vive una familia, en las condiciones del suelo que pisa, en la cercanía de un río que se desborda, en la ladera que puede colapsar, en la ausencia de prevención frente a fenómenos que todos sabemos que pueden ocurrir en cualquier momento.
Lo digo de manera contundente: esta propuesta no busca sustituir los mecanismos existentes, sino fortalecerlos. No pretende burocratizar más las decisiones públicas, sino hacerlas más inteligentes, más sensibles y más eficaces.
Se trata de pasar de una lógica reactiva a una lógica preventiva. Ya no más aquello de que después del niño ahogado el pozo tapado. Prevenir es un acto de justicia. Prevenir es proteger derechos. Prevenir es salvar vidas.
Compañeras y compañeros, de contar con su apoyo, esta reforma permitirá que, al menos de definir las zonas de atención prioritaria, también se tomen en cuenta elementos fundamentales como son los atlas de riesgo, los diagnósticos preventivos y la participación de instancias especializadas en protección civil. Con ello, fortalecemos la coordinación institucional y mejoramos la planeación pública.
Quiero decirlo fuerte y claro, las leyes no pueden permanecer inmóviles mientras la realidad cambia todos los días. Hoy enfrentamos fenómenos naturales y condiciones territoriales que impactan cada vez más a la población. Si esa realidad cambia, entonces nuestra legislación también, indudablemente, tiene que cambiar.
Yo hablo desde el territorio, hablo desde lo que he visto y escuchado caminando con la gente, hablo desde Michoacán, desde el distrito 4, donde municipios como Sahuayo, Jiquilpan, Pajacuarán, Tangamandapio y Villamar conocen de cerca lo que significa vivir con riesgos permanentes, como son inundaciones, zonas susceptibles o deslaves, con la incertidumbre de no saber si las instituciones llegarán a tiempo para apoyarles.
Por eso, hoy vengo a pedir que esta Cámara de Diputados mire de frente a las comunidades que históricamente han sido invisibilizadas por los criterios tradicionales. Vengo a defender la idea de que ninguna familia debería quedar fuera de la atención del estado solo porque su vulnerabilidad no cabe por completo en una tabla estadística.
Estamos aquí para legislar y legislar es prevenir, legislar es cuidar. Esta iniciativa ayudará a reducir daños futuros y a construir condiciones de vida más seguras para miles de personas. A las y los michoacanos del distrito 4 quiero decirles con firmeza, tienen una diputada que camina con ustedes, que escucha sus preocupaciones y que las trae hasta esta Cámara de Diputados, para convertirlos en causas legislativas.
Por las familias que viven con miedo cada temporada de lluvia, por las comunidades que necesitan un estado más cercano, más sensible y más preparado. Por un México que no espere a la tragedia para actuar. Por todo esto, les pido su respaldo a esta iniciativa. Muchas gracias. Y que viva Michoacán. Es cuanto.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. El diputado José, adelante, por favor. José Hinojosa. Si son tan amables poner audio, ahí está. Adelante, diputado, a sus órdenes.
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez (desde la curul): Preguntarle a la diputada, si me puedo adherir a su iniciativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado Hinojosa.
La diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio: Muchas gracias, diputado, le agradezco.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Así está, para el diputado José Hinojosa, de Michoacán y para las y los legisladores que deseen hacerlo, esta iniciativa de la diputada Ortega Tiburcio estará en la Mesa para su acompañamiento. Túrnese a la Comisión de Bienestar para su dictamen.
Esta presidencia saluda a funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México, Adrián Osiel Millán, Raúl Garrido Ortiz, Erik Odín Vives, todos invitados por la diputada Julieta Villalpando Riquelme, del Grupo Parlamentario de Morena. Sean bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En términos del artículo 100, 102 y 299 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (13:01 horas): Se levanta la sesión y cito para la próxima que tendrá lugar el lunes 23 de marzo del año en curso a las 12 horas en modalidad semipresencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 10 horas a través de la aplicación instalada en los teléfonos de las diputadas y los diputados.
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