Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Solicito a la Secretaría dar cuenta con el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Señora presidenta, se encuentran registrados 408 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (12:38 horas): Se abre la sesión ordinaria vespertina el martes 20 de octubre de 2026, en modalidad presencial.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: El orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas instaladas en las curules de las diputadas y los diputados y contiene los asuntos a tratar en esta sesión.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones transitorias del decreto por el que se expide e Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: En términos del artículo 104, numeral 1 del Reglamento, se concede el uso de la palabra al diputado Julio César Moreno Rivera, para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión, hasta por diez minutos.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Justicia vengo a fundamentar un dictamen que tiene un propósito muy claro, garantizar que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se lleve a cabo de manera ordenada, eficiente y, sobre todo, en beneficio de las personas que acuden a los tribunales en busca de justicia.

Recordemos que el 7 de junio del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación este Código Nacional aprobado por unanimidad, con el objetivo de transformar la manera en que se imparte justicia civil y familiar en nuestro país.

Su aprobación representó un avance histórico, por primera vez contamos con una legislación procesal que busca establecer reglas comunes en las 32 entidades federativas y dejar atrás procedimientos que durante muchos años hicieron que obtener justicia fuera complicado y tardado.

El artículo segundo transitorio estableció como fecha límite para su entrada en vigor en todo el país el 1 de abril del 2027. A partir de esta reforma que estamos proponiendo, se amplía el plazo al de la entrada en vigor hasta el 1 de abril del 2030, para que la transición al nuevo sistema se realice de manera gradual, con mayor preparación y sin afectar los derechos de quienes requieren justicia.

Con la aprobación de este dictamen estamos dando las condiciones para que el nuevo sistema funcione correctamente desde el primer día. Además, aquellas entidades que estén preparadas, podrán comenzar a aplicar el Código antes de esta fecha.

Compañeras y compañeros, la impartición de justicia no se transforma solamente cambiando las leyes, también debemos cambiar la manera en que trabajan nuestros tribunales.

Esta ampliación permite que juezas, jueces y personal judicial continúen capacitándose, conozcan a fondo los nuevos procedimientos y unifiquen criterios para ofrecer una atención más ágil y eficiente.

También permite adecuar los espacios destinados a los juicios orales, contar con salas de audiencias apropiadas y fortalecer las herramientas necesarias para garantizar que todas las partes puedan ser escuchadas en condiciones de igualdad. Para todas ellas, la justicia debe ser cercana, clara y oportuna.

Otro aspecto fundamental es la incorporación de la tecnología. Hoy resulta indispensable que la impartición de justicia avance de la mano de las herramientas digitales. El propio Código Nacional, en su articulado contempla la posibilidad de realizar notificaciones mediante medios electrónicos y sistemas de justicia digital conforme a las disposiciones aplicables.

Esto puede significar notificaciones más rápidas, menos traslados innecesarios y procedimientos más sencillos para las personas, pero para lograrlo necesitamos que los tribunales cuenten con sistemas adecuados y, principalmente, con personal preparado para utilizarlos. No se trata solamente de digitalizar expedientes, se trata de aprovechar la tecnología para acercar la justicia a la ciudadanía.

Y existe otro tema, que debemos reconocer la transformación también tiene que llegar a quienes ejercen la profesión jurídica. Como lo han señalado los promoventes, este periodo permitirá que las y los litigantes se preparen para una nueva cultura de litigio que privilegia la oralidad.

Debemos dejar atrás las prácticas que durante años complicaron los procedimientos, las maniobras dilatorias y los espacios que favorecían la corrupción. Queremos que los juicios se resuelvan por la fuerza de los argumentos y las pruebas, no por la capacidad de prolongar indefinidamente un procedimiento.

Este es precisamente el sentido del artículo 17 de nuestra Constitución: garantizar a todas las personas una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.

Quiero destacar también que este dictamen es resultado del análisis de tres iniciativas presentadas por integrantes de distintos grupos parlamentarios. Sus propuestas encontraron un punto de coincidencia: la necesidad de asegurar una implementación gradual, responsable y coordinada del nuevo sistema de justicia civil y familiar.

Por ello, los integrantes de la Comisión de Justicia construyeron una propuesta que amplía los plazos, fortalece la coordinación institucional y da certeza a la transición sin modificar los derechos y procedimientos fundamentales de este Código Nacional.

Compañeras y compañeros diputados, el verdadero éxito de esta reforma no se medirá por la fecha en que entre en vigor, sino por los resultados que ofrezca a las mexicanas y los mexicanos.

Se medirá cuando una madre obtenga una respuesta oportuna a su demanda de alimentos. Cuando una familia pueda resolver un conflicto sin pasar años en tribunales, y cuando cualquier persona, sin importar dónde viva, encuentre una justicia accesible y confiable.

Por eso, compañeras y compañeros, les invito a votar a favor de este dictamen. Hagamos que esta transformación llegue preparada, con instituciones coordinadas, personal capacitado y herramientas modernas. Por tal motivo, los invitamos a votar a favor.

Es cuanto, diputada presidenta. Y muchas gracias a mis compañeras, diputados y diputados que me acompañaron a presentar este dictamen. Gracias.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado Moreno.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Ahora se otorgará el uso de la palabra a los grupos parlamentarios para fijar postura, hasta por cinco minutos, en orden creciente. Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther: Con su venia, presidenta. Uno de los elementos indispensables de todo sistema democrático es el acceso a la justicia. Y, sin duda, una de las formas más relevantes, más cercanas a la población es, justamente, la justicia cotidiana. La justicia cotidiana que se ocupa de las pensiones alimenticias, de las adopciones y de los divorcios. La justicia cotidiana que se ocupa de que las herencias se puedan ejecutar de manera expedita. La justicia cotidiana que implica para una persona recuperar una casa, definir un arrendamiento o regularizar una propiedad. La justicia cotidiana que permite cobrar una deuda o hacer que se cumpla un contrato.

Por eso, en 2023 el Congreso de la Unión aprobó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: para buscar juicios más ágiles, audiencias orales, expedientes electrónicos, notificaciones a distancia y, desde luego, mecanismos alternativos para la solución de controversias.

Como pocas leyes que procesa el Congreso, esta ley tuvo en su momento el acopio de las opiniones de expertos, se tomó el tiempo necesario para construir una legislación de gran visión y que resolviera la grave problemática, el grave rezago de la justicia cotidiana. Sin embargo, pasaron los años y no se tomaron las medidas para que pudiera entrar en vigor.

Y ahora se propone, sin más, posponer por otros tres años, de 2027 a 2030, su entrada en vigor. Se dice fácil tres años, pero son tres años más de espera para miles y miles de justiciables que están sufriendo la tortura de un procedimiento que no llega a sentencia o una sentencia que no se puede ejecutar.

Y la pregunta obligada es por qué llegamos aquí. ¿Por qué no se pudo estar listos para que esta ley tan relevante pudiera aplicarse cuando debió haberse realizado? Por una sencilla razón, porque a la mayoría, a quienes han gobernado desde 2023 hasta acá no les importa la justicia, primero se ocuparon de destruir el Poder Judicial con jueces profesionales y de carrera en el ámbito federal y en los ámbitos locales, jueces y secretarios que se estaban preparando ya, que se estaban capacitando para poder aplicar este Código y que fueron sustituidos por personajes sin ninguna experiencia y que en el nodo principal de la imposibilidad de ponerlo en función es justamente la falta de preparación de quienes hoy son las personas juzgadoras.

Pasan los años, pasó así 23, 24, 25 y 26 y no hay recursos suficientes para que este Código de avanzada pueda implementarse. No se destina presupuesto en el pasado y no se considera en el Proyecto de Presupuesto 2027 los recursos necesarios para que de verdad se pueda implementar.

No hubo en estos años ni se está previendo para el 27 el dinero necesario para la infraestructura, para los sistemas, para la capacitación. Se calcula que se requieren 10 mil millones de pesos como mínimo por año para que realmente el sistema de justicia conforme a este Código pueda funcionar.

Y así sin más, sin prever recursos simplemente se nos plantea hoy patear otra vez el bote. No se plantean recursos, insisto, en el Proyecto de Presupuesto para que esto pueda ser una realidad.

Por eso, porque es simplemente posponer, sin dar soluciones, es que nuestro voto será en contra, porque esta postposición sin recurso, hay que decirlo, es una traición a la justicia, una traición a las mujeres que esperan una pensión alimenticia, una traición al niño que espera una adopción, una medida cautelar.

Esta postposición es una traición a las familias que esperan lograr la certeza de su patrimonio heredado o el que no está escriturado, una traición al inquilino o al arrendador que no pueden resolver una controversia, una traición a quien quiera regularizar su propiedad. Para decirlo en pocas palabras, es una tradición a la justicia, una traición a la democracia. Es cuanto.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Esta Presidencia saluda a Humbelina de Jesús Guzmán Barba, síndico municipal de Atotonilco el Alto, a Alfonso Cerda Padilla, artista plástico, de Atotonilco el Alto y al licenciado Manuel Lozano Tinoco, director de Cultura, atentamente..., perdón, invitados por el diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez; sean bienvenidos a este salón de sesiones.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra el diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Emilio Suárez Licona: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, una reforma que pretenda cambiar y mejorar la realidad sin recursos es discurso, es demagogia. Desde el 2018, en este Congreso se aprueban reformas que establecen cambios que terminan siendo una colección de buenas intenciones, porque en el fondo no se le asignan recursos para poder implementarse. En abril de 2023, ambas Cámaras revisamos un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La expedición de este nuevo Código pasó por un proceso integral de investigación y consulta pública que llevó al Poder Legislativo a configurar un instrumento legal, que en la práctica facilita el acceso de las y los mexicanos a una justicia efectiva, sobre todo, en temas tan sensibles, como lo es el ámbito, la competencia civil y familiar.

Los objetivos de este nuevo instrumento fueron muy claros, unificar los procedimientos civiles y familiares en todo el territorio nacional; agilizar los procedimientos en materia civil y familiar, ámbitos en los que la justicia está más cerca de las personas; concebir el Código como un instrumento menos formalista, que facilite la comprensión de los procesos para la ciudadanía; dar un papel relevante al uso de la tecnología como medio para agilizar los procedimientos; incorporar principios como la perspectiva de género, el interés superior de la niñez y la reparación integral del daño a las víctimas, entre muchos otros.

En ese momento, las y los legisladores del PRI votaron a favor de una reforma que, sin duda, se pensaba que iba a contribuir a mejorar nuestro sistema de justicia, un Código civil que mejore la justicia más cercana a la gente, esa justicia que da tranquilidad a las familias y que permite a las y los mexicanos sostener una mejor convivencia.

Como en otros procesos de la transformación de las instituciones de nuestro sistema de justicia, se estableció un plazo para que se llevara a cabo una transición ordenada con el objetivo de proporcionar certidumbre a la ciudadanía que buscaba acceso efectivo a la justicia en todas sus vertientes.

Hoy, después del desastre que ha sido la reforma judicial y sus efectos perjudiciales en nuestro sistema de justicia, el gobierno y Morena quieren, como coloquialmente se dice, patear el bote, presentan una ampliación al periodo de cuatro años que se estableció en el régimen transitorio y dicen que hay por ahí otra reserva más.

Si bien se establece un tiempo más amplio para que las instituciones lleven a cabo los cambios administrativos y operativos necesarios para que las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares puedan aplicarse con certeza jurídica, se establecen también candados a disposiciones presupuestarias. Sí, se modifica el artículo sexto transitorio para que los presupuestos destinados a garantizar la transición no afecten la asignación de recursos a los programas sociales.

¿Qué sentido tendría esa salvedad? ¿A caso se trata de retrasar una verdadera justicia cotidiana para la gente a cambio de la permanencia de los programas sociales? La respuesta es no. El Estado mexicano debería garantizar ambos, garantizar los programas sociales y la justicia.

Una reforma que no considera los recursos necesarios para su implementación o que los condiciona es a lo mucho una buena intención. Sin dinero suficiente pasarán otros tres años y la gente seguirá en espera de esa justicia que tanto les aqueja en su vida cotidiana, porque estamos hablando de familias fragmentadas en espera de acordar custodias o pensiones alimenticias, de conflictos entre particulares que ponen en litigio sus patrimonios. Compañeras y compañeros, cuántos años más tendrán que esperar las y los mexicanos por una justicia que tanto reclaman.

Por esas razones, y porque la justicia sin presupuesto no es justicia, las y los diputados del PRI no podemos acompañar un dictamen que retrasa la justicia de nuestro país y la hace vacía. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado Suárez.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene ahora la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT.

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muchísimas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros legisladores, lo que el día de hoy discutimos no es una cosa menor, ya que es parte de la justicia cotidiana en nuestro país y se han realizado esfuerzos enormes por facilitar los procesos a quien hace uso de esta justicia.

Comentar que no es que estemos pateando el bote, como lo ha venido a comentar la oposición, eso es completamente falso. ¿Qué más quisiéramos nosotros que esta curva de aprendizaje fuera mucho más efectiva, mucho más ágil y mucho más rápida? Pero no podemos aventurarnos a que este código entre en vigor cuando no se cuentan con los recursos e instrumentos suficientes para que así sea. Porque si no, entonces, no estaríamos cumpliendo nuestro objetivo.

Y es que recordemos que cuando entraron en vigor los famosos juicios orales, que no fue en esta administración ni en este sexenio, pues tardamos aproximadamente 16 años, 16 años en que quedara completamente consolidado este sistema de justicia oral en la materia penal. Y es que tampoco deseamos que este tema de justicia cotidiana se amplie tanto tiempo, pero sí se necesitan y si se requieren generar las condiciones necesarias para que así sea.

El objetivo principal de este código, no lo debemos olvidar, es que se homologuen los criterios para las 32 entidades federativas. Eso continúa, solamente que lo tenemos que hacer de manera más eficiente y de manera planeada. Tiene que existir un solo jurídico.

Otra cosa importante que podemos destacar de este código es los juicios orales y hacia la primacía de las audiencias. Tenemos que sustituir los expedientes en papel por las audiencias orales. Tiene que haber una justicia centrada en los derechos humanos, eso es importantísimo. Aquí se tiene que ponderar el interés superior de la niñez, que de pronto es donde hay más debate, sobre todo, en los temas familiares. Tiene que haber eficiencia y agilidad, tiene que haber mecanismos alternativos de solución. Y es que hay algunos mecanismos que ya han entrado en vigor en algunas entidades federativas. Sin embargo, se trata de homologar el criterio en nuestros 32 estados.

Justicia digital, tenemos que hacer uso de las firmas electrónicas, de los expedientes electrónicos, de las audiencias virtuales, de los trámites en línea y bueno, pues esto también lleva su tiempo. Tenemos que comenzar, por ejemplo, de dotar de Internet a todos nuestros tribunales, llegar hasta el último rincón de nuestro país para que este código realmente entre en vigor y pues sea efectivo.

También para que las sentencias o las resoluciones judiciales no queden solamente en papel. Es muy triste y es muy lamentable que de pronto podamos tener hasta años en un procedimiento civil o en un procedimiento familiar con una sentencia a favor, pero ¿qué pasa con la ejecución de las sentencias? Muchas veces se quedan en papel y no, ese no es el objetivo de este código. El objetivo es que se cumplan a la brevedad, pero insisto, eso lleva su tiempo.

No es malo tomar tiempo para hacer las cosas bien. No es malo tomar tiempo para generar condiciones a los juzgados, a los tribunales, por supuesto que se requiere capacitar a todo el personal que opere en los tribunales para que este código entre en vigor.

Y también importante, damos oportunidad a que los abogados postulantes, abogadas, abogados litigantes, abogadas también litigantes, pues puedan capacitarse en este nuevo sistema de justicia, porque es algo novedoso, es un código ambicioso que pretende acercar la justicia cotidiana a las y los mexicanos.

Porque este tiempo adicional tiene que servir para preparar mejor la justicia en nuestro país, no para aplazarla indefinidamente, escúchenlo bien, no para aplazarla indefinidamente, que la gradualidad sea una herramienta de cumplimiento y no una excusa para la inacción.

Porque cuando hablamos de justicia civil y familiar, no hablamos solamente de expedientes o procedimientos, hablamos del patrimonio de las familias o la protección de las niñas y los niños, de personas que requieren apoyos y de ciudadanos que esperan una respuesta de nuestras instituciones.

En el Partido del Trabajo seguiremos defendiendo que las reformas legales se traduzcan en derechos efectivos y en mejores condiciones de vida para el pueblo de México. Así que, compañeras y compañeros legisladores, votemos con confianza, votemos tranquilos, estamos haciendo las cosas bien, y como diría el lema de mi instituto político: unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Saludamos a los alumnos del bachillerato del colegio Sara Alarcón, invitados por la diputada Margarita Zavala, sean bienvenidos a este salón de sesiones.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene ahora la palabra el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy se somete a nuestra consideración responde a la necesidad de adecuar las disposiciones transitorias del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con el propósito de ampliar el plazo máximo para su implementación gradual del 1 de abril de 2027 al 31 de abril de 2030.

Esta modificación busca que la entrada en vigor del nuevo ordenamiento se lleve a cabo de manera ordenada y progresiva, tomando en consideración las capacidades institucionales, presupuestarias, tecnológicas y operativas de los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas.

En este sentido, la ampliación del plazo permitirá contar con un periodo adicional para realizar las adecuaciones normativas y administrativas, fortalecer la infraestructura judicial, avanzar en la digitalización de los procedimientos y garantizar la capacitación del personal encargado de aplicar el nuevo sistema de justicia civil y familiar.

Es importante señalar que esta reforma no modifica el contenido ni los alcance del Código Nacional, sino que ajusta los tiempos previstos para su implementación con la finalidad de establecer condiciones que permitan una transición institucional adecuada, preservando la certeza jurídica, la continuidad de los procedimientos y el derecho de todas las personas a una justicia pronta, completa e imparcial.

Las modificaciones propuestas parten del reconocimiento de que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa una transformación profunda del sistema de impartición de justicia en nuestro país, cuya ampliación requiere que las autoridades jurisdiccionales cuenten con el tiempo y las condiciones necesarias para llevar a cabo las adecuaciones normativas, administrativas, tecnológicas y de infraestructura, así como los procesos de capacitación y profesionalización del personal judicial.

Debemos reconocer que los poderes judiciales de las entidades federativas presentan distintos niveles de avance y capacidades institucionales para adoptar el nuevo modelo procesal.

Mientras algunas entidades han logrado avances importantes en su preparación, otras todavía enfrentan desafíos relacionados con la disponibilidad de recursos, la modernización de sus instalaciones, la incorporación de herramientas digitales y la formación especializada de sus operadores jurídicos.

Por ello, la ampliación del plazo busca atender estas diferencias y evitar que una implementación apresurada genere deficiencias operativas, retrasos en la tramitación de los asuntos o afectaciones a los derechos de las personas justiciables.

El propósito no es postergar la modernización de la justicia civil y familiar, sino establecer las condiciones necesarias para que su implementación sea efectiva, homogénea y acorde con las capacidades de las instituciones responsables, garantizando en todo momento la continuidad de los servicios jurisdiccionales, la seguridad jurídica y el acceso efectivo a la justicia.

Por todo lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, al considerar necesario ampliar el plazo para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a fin de que el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de las entidades federativas cuenten con el tiempo suficiente para concluir las adecuaciones normativas, administrativas, tecnológicas y operativas que exige este nuevo modelo de justicia.

Estamos convencidos de que esta ampliación debe traducirse en una oportunidad para fortalecer las capacidades institucionales de nuestros tribunales, consolidar la modernización de los procedimientos judiciales y garantizar una transición ordenada que no comprometa la continuidad de los servicios de impartición de justicia.

Con esta reforma reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un sistema de justicia civil y familiar más accesible, eficiente y cercano a las necesidades de la población, en el que la certeza jurídica, el debido proceso...

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputado.

El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: Concluyo, presidenta. Y la protección de los derechos de las personas constituyan los principales fundamentales fundamentos de su implementación. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado Delgado.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene ahora la palabra la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo: Nada más con una advertencia, presidenta. El Partido Acción Nacional va a presentar reservas para que se destinen recursos para que las personas con discapacidad no sean tratadas como interdictas, tal como lo menciona el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y no se traslade hasta el 31. Y también para que las actuaciones frente a notarios, por herencias, por ejemplo, eso no se traslade hasta el 30 o 31, según ustedes lo vean.

Con su venia, presidenta –ya están empezando medio tarde, pero bueno. Se nos pide, con razón, que votemos por diferir la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hasta el año 2030, y creo que por unas reservas se irán hasta el 31. Con razón, quizá, pero no por las mejores razones, porque no le dan presupuesto ni lo tienen previsto para este año.

Los motivos derivan de la incapacidad, de la impericia, de la parcialidad, de la timorates de las judicaturas locales que hoy están llenas del veneno de la reforma del Poder judicial del 2024 y de su terrible implementación en el 2025.

No me quieran creer a mí, no. Es la Unión Internacional de Magistrados, fundada en 1953, que hasta el día de ayer pertenecían 92 países, y que hoy expulsan ya a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Ese organismo que agrupaba a los 32 Poderes Judiciales locales, pero gracias a la necedad de esa reforma judicial, se ha hecho el ridículo internacional y han manchado el nombre de México.

Con un 80 % de los votos se sacó a la Conatrib, se expulsó a este órgano de México. Y recibieron una respuesta fulminante, además, de la jueza Adriana Orocú Chavarría, presidenta del Grupo de Análisis Iberoamericano y vicepresidenta de esta Unión.

En esta respuesta uno puede ver que los países como Francia, como España, como Argentina, que todos los países aún no conciben cómo le hicimos para construir el sistema judicial y el entreguismo de quienes lo dirigían. Ha incumplido los deberes de apoliticidad e independencia frente al Poder Ejecutivo y el Legislativo: eso es lo que señalan de nuestros tribunales locales.

Y la Conatrib, además, dice en su escrito, ni niega ni rechaza ni explica los pronunciamientos públicos reseñados en la adición y, en su lugar, su comunicado... el de, precisamente, de este órgano de tribunales locales... en su comunicado se limita a afirmar que los Poderes Judiciales estatales participaron activamente en los espacios de diálogo convocados y que aportaron propuestas técnicas, experiencias prácticas y, sin embargo, esta afirmación, lejos de constituir una defensa, lo que hizo fue confesar el entreguismo de este órgano.

Ni siquiera hicieron una denuncia valiente por la falta de presupuesto a los órganos del Poder Judicial local para implementar este Código. En cambio, sí, otras asociaciones como la Jufed señalaron precisamente que en esos mismos espacios advirtieron y cuestionaron y se opusieron a los riesgos de la reforma.

Y, en cambio, la Conatrib se limitó, como lo dijeron, a respaldar públicamente el proyecto señalado por el Ejecutivo. Qué falta de decoro, qué lamentable, porque, además, hacen pensar que solo fue un tema federal cuando bien saben que miles de juzgadoras y juzgadores locales perdieron su cargo y dejó a los Poderes Judiciales locales en grave predicamento. Hizo bien esta Unión Internacional de expulsar a quienes no defienden la independencia del Poder Judicial.

Lo vamos a votar a favor, está bien, pero no hay presupuesto ni ahorita ni posteriormente. Pero, además, debieron haberse revisado varios temas que pudieron no haberse pospuesto como en el caso de las personas con discapacidad. Lo votaremos para ver si por lo menos ahí en el 2030, aunque parece que hay una reserva que se irá al 2031, las condiciones de nuestro país hayan cambiado radicalmente y se haya revertido la nefasta reforma judicial y podamos aspirar a judicaturas independientes y dignificantes de la justicia. Muchas gracias.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene ahora la palabra la diputada Carina Piceno, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Carina Piceno: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.

La diputada Carina Piceno: Hoy me trae a esta tribuna la discusión del dictamen que nos permitirá implementar de mejor manera el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es decir, no es cosa menor, toda vez que el nuevo sistema de justicia civil y familiar exige de todas las personas operadoras, magistradas, juezas, asesoras, defensores docentes y estudiantes nuevos conocimientos, competencias, habilidades y destrezas, en virtud de que constituye un cambio radical a la nueva forma de administrar justicia en nuestro país.

Esta reforma ha sido ampliamente solicitada por operadores jurídicos a lo largo y ancho del país, que han requerido del Poder Legislativo Federal la sensibilidad de posponer un poco la entrada en vigor de este Código Nacional y es que se trata de una de las reformas de mayor calado en nuestro país.

De la importancia que tuvo en aquel lejano 2008, aquella que creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, aquella tuvo una vacatio legis que permitía su implementación gradual entre 2008 y 2016, es decir, ocho años se concedieron entonces para que el total de las entidades federativas pudieran estar en condiciones de operar correctamente el nuevo sistema.

Ahora respecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se concedieron originalmente cuatro años para su entrada total en vigor, pero yo creo que no es tiempo suficiente y los hechos nos lo han demostrado.

Cambiar de un sistema escritural, vertical, centrado en la figura de las personas juzgadoras, en donde la gente conoce del asunto a través de un expediente, para pasar a un sistema de audiencias. Un sistema horizontal, democrático y transparente, que permitirá a toda la gente tener cara a cara a la persona que atiende y resuelve el problema, con un lenguaje sencillo y un lenguaje cotidiano, así como con un modelo de gestión centrado en las personas que reclaman justicia. Es un reto fundamental e histórico que difícilmente se repetirá.

Por eso las decisiones que se tomen de aquí en adelante tienen que hacerse, con toda oportunidad, que permita realizar bien las cosas.

Hoy en día, la justicia civil y familiar representa aproximadamente, en promedio, entre el 70 al 75 % de los conflictos que se dirimen en los poderes judiciales de las entidades federativas. Por tanto, es evidente que garantiza la paz y la estabilidad social, pues se ocupa de aquellos conflictos que impactan a la familia, el patrimonio, la vivienda, las personas en condiciones de vulnerabilidad, así como en las reparaciones jurídicas derivadas de la responsabilidad civil, objetiva y subjetiva.

También resalta que solo tres de 32 entidades federativas han emitido sus respectivas declaratorias, mientras que el resto siguen en etapas de preparación a menos de seis meses del vencimiento del plazo. Es fundamental que entre la toma de posesión de las personas juzgadores que serán electas en 2028 y la implementación de este Código, existe un plazo razonable que permita capacitarlos y actualizarlos en el nuevo sistema de justicia, a fin de contribuir a elevar la calidad del trabajo jurisdiccional, mediante la construcción de estándares homologados que satisfagan los sistemas de gestión y electrónicos.

Así como la consolidación de la infraestructura tecnológica, que permita el intercambio de información e interconexión entre todos los poderes judiciales y autoridades del país, a fin de aprovechar los beneficios de la justicia digital y contribuir a una gestión de calidad de los recursos públicos, permitiendo agilizar los trámites procesales.

Es importante señalar que la prórroga del plazo máximo para aplicar este Código de ninguna manera con en riesgo a ninguna persona, como tampoco pone en riesgo el trabajo que están realizando los poderes judiciales que ya están aplicando dicho Código, tales como Ciudad de México, Baja California y Quintana Roo, ni aquellos que están trabajando para su próxima aplicación, sino que por el contrario, tendrán mayor oportunidad para aplicar un proceso de implementación mucho más armonioso, así como consolidar sus planes de trabajo e infraestructuras.

De lo que se trata es de tener una justicia de calidad, no justicia al vapor. Es por eso, por todo lo anterior, que adelanto que el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Muchas gracias, diputada. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas, está a discusión en lo general. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Suficientemente discutido en lo general. Se informa a la asamblea que para la discusión en lo particular se han presentado propuestas de modificación del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, a los artículos transitorios segundo, sexto, séptimo, decimoprimero, decimocuarto, decimoquinto, decimoséptimo, así como al artículo unió transitorio del proyecto de decreto.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de lo no reservado.

La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular de lo no reservado.

(Votación)

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación. ¿Falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto? Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 363 votos en contra, 363 votos en pro, 57 en contra y 0 abstenciones.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Aprobado en lo general por 363 votos.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Pasamos ahora a las intervenciones para presentar propuesta de modificación. Se informa a la asamblea que se recibió propuesta de modificación, solicito a la Secretaría dé lectura a la misma, dicha propuesta de modificación ha sido presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila. Adelante, la Secretaría.

La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: Propuesta de modificación. Artículo segundo. La aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares previsto en el presente decreto entrará en vigor gradualmente como sigue: en el orden federal, de conformidad con la declaratoria que indistinta y sucesivamente realicen las Cámaras de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, sin que la misma pueda exceder del 1o. de julio de 2031.

En el caso de las entidades federativas, el presente Código Nacional, entrará en vigor en cada una de estas de conformidad con la declaratoria que al efecto emita el Congreso local, previa solicitud del Poder Judicial del estado correspondiente, sin que la misma pueda exceder del 1o. de julio de 2031.

Entre la declaratoria a que se hace referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, deberán mediar máximo 120 días naturales en todos los casos, vencido el plazo, sin que se hubiera emitido la declaratoria respectiva. La entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional sin que la misma pueda exceder el día 1o. de julio del 2031.

Artículo décimo primero. Los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas deberán concluir, a más tardar el 1o. de julio de 2031, los ajustes normativos orgánicos, tecnológicos y operativos necesarios para la plena implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

A partir de dicha fecha, el Código entrará en vigor de manera automática en todo el territorio nacional.

En caso de que alguno de los poderes judiciales no hubiere concluido los ajustes referidos dentro del plazo señalado, las disposiciones del Código serán aplicables de manera directa y obligatoria, debiendo sus respectivos órganos de administración judicial implementar de inmediato medidas provisionales de operación que garanticen la continuidad del servicio de impartición de justicia, la atención de los asuntos y el acceso efectivo a la justicia. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se admite a discusión. No habiendo oradores inscritos para su discusión, solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si se acepta.

La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: En votación económica se pregunta si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se acepta.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación, hasta por cinco minutos. Esta Mesa Directiva saluda a los alumnos del bachillerato del Colegio Sara Alarcón, invitados por la diputada Margarita Zavala. Sean todas y todos bienvenidos a la Cámara de Diputados.

La diputada Laura Hernández García: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares exige condiciones institucionales reales. Su entrada en vigor de forma precipitada, sin infraestructura, sin tecnología, sin capacitación, sin presupuesto, sin capacidad operativa suficiente, puede afectar el acceso efectivo a la justicia de manera real para todas las personas.

Sin embargo, es precisamente por eso que el dictamen que hoy discutimos no puede ser acompañado por la bancada naranja en sus términos actuales. El propio documento justifica la ampliación del plazo hasta el 1 de abril del 2030, a partir de señalar las carencias que todavía deben de ser superadas. Por lo tanto, si esas insuficiencias explican la necesidad de tres años adicionales, la superación de las mismas también tiene que ser comprobable y verificable.

Esta Cámara no debe limitarse a modificar una fecha y a confiar en que las capacidades necesarias estarán ahí por arte de magia. Por ello, subo a esta tribuna a presentar dos reservas que buscan corregir una insuficiencia que el dictamen aún no resuelve, contar con elementos verificables que permitan acreditar que existen las condiciones necesarias para implementar el Código.

La primera, propone adicionar un párrafo quinto al artículo segundo transitorio, para que toda solicitud de entrada en vigor anticipada se acompañe de un informe técnico, público y documentado sobre el grado real de avance.

En caso de que existieran pendientes, deberán identificarse las acciones necesarias y el calendario previsto para concluirlos, de tal manera que la declaratoria solo puede emitirse cuando existan elementos objetivos que permitan constatar que los requisitos indispensables han sido satisfechos o que los trabajos pendientes podrán terminarse antes de la fecha en vigencia.

La segunda reserva establece que, si una entidad federativa o el Poder Judicial de la Federación implementan anticipadamente el Código, los ajustes normativos, orgánicos y operativos, la infraestructura física y tecnológica, así como la capacitación del personal, deberán estar concluidos antes de la entrada en vigor en el ámbito correspondiente. Esto es fundamental y no debe estar a discusión, al contrario, tenemos que hacer que ocurra.

Si pese a ello existen incumplimientos, no se abrirá una nueva prórroga. El Código entrará en vigor y deberá activarse de inmediato las medidas provisionales necesarias para garantizar la continuidad del servicio y el acceso efectivo a la justicia, porque estamos hablando, no de cuestiones teóricas, no de cuestiones que estén en el universo; estamos hablando de personas, de la afectación o la justicia que se debe de impartir a cada persona, a hombres, mujeres, a los grupos tradicionalmente vulnerables como son indígenas, personas LGBT, afrodescendientes y a las infancias.

La tutela judicial efectiva que deriva del artículo 17 constitucional exige instituciones capaces de hacerla realidad, no se satisface con una reforma en el papel y un simple cambio de fecha.

Somos conscientes de que una implementación responsable puede recurrir más tiempo. Sin embargo, lo que no podemos acompañar es una ampliación, que no se traduzca ese plazo adicional en obligaciones suficientes, verificables y que estas sean transparentes.

Una prórroga de este tipo puede ser razonable y justificada únicamente cuando el tiempo adicional se convierte en capacidades institucionales reales, en presupuesto suficiente y que esto y cada uno de nosotros estemos comprometidos para que sea real, y así no lo es.

Es cuanto.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión.

El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Esta Presidencia saluda al grupo de mujeres integrantes del Comité de Arte y Cultura de la Comunidad Monte Sinaí, parte de la comunidad judía en México. Sean bienvenidas a este salón de sesiones. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Buenas tardes a todas, a todos. ¿Sí, le pregunto a la mayoría, sí saben lo que votaron? Me da la impresión de que no. En 2017... 2017... después de una amplia consulta pública, se hizo una reforma constitucional para que tuviéramos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares... 2017, hace nueve años.

Cuatro años después, esta Cámara, 2023, esta Cámara, muchos de nosotros, eh, como 150 de nosotros, votamos ese Código. Se votó porque la Barra Mexicana, Colegio de Abogados presentó un amparo y le dijo a la Cámara: oye, tienes en falta desde el 17, cinco años, tienes en falta y no has emitido el Código que se te ordenó. Algo parecido con lo que nos sucede con el rezago que tenemos. Y el juez nos dio un término para elaborar el Código. Y lo hicimos y se firmó por los coordinadores de todas las bancadas... de todas las bancadas. Y salió por unanimidad. Y en el debate dijimos que, para que funcionara el Código, requería presupuesto. Pero no solamente se votó aquí por unanimidad: se votó en el Senado de donde vienen varios de ustedes y lo votaron a favor y qué bueno.

Ahora resulta que se va a patear el balón, por no decir otra cosa, hasta el 2031. Yo le pregunto a la mayoría: ¿14 años para que entre en vigor ese Código? Pues vaya, eh. Qué manera de burlar la voluntad popular y al Constituyente Permanente.

Pero eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que, en el debate del Presupuesto, no se va a plantear qué hacer, a diferencia de la reforma al Código Penal cuando se instrumentó el nuevo sistema de justicia oral, entonces se fue destinando recurso para que pudiera entrar en vigor esa reforma, ahora no se hace nada, nada absolutamente. Van a pasar 14 años, 14 años de que hubo esa reforma.

Por eso votamos en contra, ¿por qué? Porque lo que van a hacer ustedes es dejar nugatoria esa reforma constitucional, guardarla en el cajón. Mañana en las escuelas de derecho, incluyendo las que les gustan a ustedes, van a decir: ya vieron a los diputados. Pues hoy, muchachos, ustedes están estudiando en un Código que no va a entrar en vigor, porque lo volvieron a patear, del 27 al 31. Qué falta de responsabilidad con el derecho y con la historia.

Pero de todo sale una experiencia, seguramente en los libros de texto los van a poner a ustedes como ejemplo de un mal legislador y a México, que le está yendo muy mal en el mundo con la reforma al Poder Judicial, pues lo pondrán, obviamente, como esos casos donde no hay certeza jurídica, porque ya hay cuatro estados, compañeros, ya hay cuatro estados: Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo y Baja California que hicieron la tarea. Y ahora tendremos un problema a partir del año 31, unas entidades con un Código con procedimientos, y otras con los códigos anteriores.

No cabe duda que no reflexionaron lo que votaron y esto se suma a esa votación que hicieron todos. Presidenta, te pediría que si por favor le dices al respetable público.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Por favor, solicitar a las y los diputados que podamos guardar el debido respeto y silencio. Y también a quienes no son diputados, que se encuentran en este salón de sesiones, nos ayuden a guardar silencio, por favor. Adelante, diputado.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Y aquí aprovecho para recordarles otra cosa que hicimos y votamos todos, es el salario mínimo profesional para los médicos, enfermeras, maestras, maestros, policías, militares, soldados, Guardia Nacional. Se votó por ustedes, ni por nosotros, y hay excelentes discursos aquí diciendo que venía lo mejor para estos profesionistas, se votó en Cámara, de Diputados, Senadores, las 32 legislaturas locales, ¿en dónde está? ¿No lo guardaron? Está guardado ahí en el Senado la declaratoria de constitucionalidad.

Yo les pido que reflexionen lo que hicieron, porque esto es lo que está meditando la certeza jurídica en este país. No es posible, amigas y amigos, que hace tres años votáramos un Código que salió de una consulta nacional, que salió de una reforma constitucional, que fue obligado por un amparo y ahorita se pase su entrada en vigor hasta el 2031, ¿qué burla es esta?

¿Saben que va a pasar el 2031? Pues que no van a estar preparados los estados, eso va a pasar, eso va a pasar. Y va a pasar porque aquí no hay responsabilidad, deberíamos de obligar a las entidades federativas. Sabe usted, que tanto grita allá atrás, de cuánto es presupuesto del Poder Judicial Federal, 70 mil millones de pesos. Nominalmente en lo mismo que en el 2018, en pesos reales, el presupuesto del Poder Judicial Federal debería ser 120 mil millones de pesos. Por eso no hay justicia en este país.

Pero les voy a dar otra cifra, los tribunales locales, sumados todos, no pasan de 60 mil millones de pesos. Aquí hay bonitos discursos, ahí afuera está la realidad, por eso no hay justicia. Deberíamos en el próximo presupuesto reflexionar sobre estas cosas, las cosas que le dan profundidad a la función de ser legislador, lo demás son bonitos rollos, bonitos discursos.

Deberíamos trabajar en esa parte, pues sino no va a haber justicia, va a haber discurso, va a haber arengas, pero mientras acá estamos relativamente cómodos, mucha gente está batallando porque no hay jueces. Muchas gentes van a estar batallando porque los procedimientos civiles son distintos en Coahuila y en Nuevo León, cuando no nos separa nada de distancia.

Aquí en la Ciudad de México y en el estado de Hidalgo, aquí en la Ciudad de México y en el estado de México, y ustedes lo patearon hasta el 2031. ¿Y saben por qué lo patearon hasta el 2031? Porque lo pidió la Conatrib, que es este consejo de todos los tribunales. ¿Saben que los acaban de expulsar de la Asociación Mundial de Tribunales a estos, de la Conatrib? Los acaban de expulsar.

Yo termino diciéndoles, qué bonita manera de engañar a las y los mexicanos. No cito la frase de Porfirio Muñoz Ledo, porque ustedes la conocen, pero me adhiero a la misma. Qué manera de legislar tienen. Gracias.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT.

Esta Presidencia saluda la presencia de jóvenes integrantes del movimiento CNOP México, Ciudad de México, invitados por la diputada Fuensanta Guerrero Esquivel, secretaria de la Mesa Directiva. Sean bienvenidos a este salón de sesiones.

El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Con su venia, presidenta. El dictamen de la Comisión de Justicia que hoy se presenta para ampliar los plazos de la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa una decisión de responsabilidad legislativa para que la nueva justicia civil y familiar que busca el pueblo de México tenga los instrumentos y las capacidades suficientes para llevarse a cabo de manera adecuada.

Cuando se reformó el sistema penal y se transformó en el nuevo sistema acusatorio penal. Se creó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. También se dieron plazos, también se tuvo que buscar que pudiera entrar en vigor de la mejor manera.

La reforma se aprobó constitucionalmente en el 2008 y entró en vigor en el 2016. Y también hubo estados que fueron pioneros y que iniciaron esta ruta para visibilizar en el ejemplo y en la acción lo que debía corregirse en su implementación.

Lo que se busca es un nuevo modelo procesal civil congruente, operativo y que pueda llevarse a cabo en todos los estados del país. Si lo plantearon los tribunales de justicia locales, pero también abogados, estudiosos, debe ser una propuesta que se debe atender por esta legislatura y los plazos que se están planteando son racionales.

El Código se publicó en el 2023 y el plazo que se fijó en un primer momento fue insuficiente. No hay que caer en el dogmatismo y si se tiene que modificar para que pueda aterrizar de la mejor manera es necesario, porque incluso a nivel civil las cargas son mayores que a nivel penal. Ahí se resuelve cualquier asunto y no queremos que por una prisa injustificada se empiece a denegar en los hechos la justicia a los mexicanos.

También los temas familiares son de la mayor importancia y por eso consideramos que es procedente esta reforma, pero además habría que actuar con congruencia por lo que aquí dijo la oposición. Cuando reformamos y creamos la Ley General para el Fortalecimiento y la Armonización Catastral y Registral se aterrizó una reforma que venía del 2013, y en ese momento la oposición dijo no, hay que seguirlo discutiendo, hasta el infinito y más allá.

Cuando la realidad era que el cúmulo de intereses que hay atrás de los registros públicos y los catastros, los despojos, los fraudes, pues hay quien quiere que eso siga, y, finalmente se tomó la decisión de avanzar, y ahí la oposición votó en contra, porque todavía faltaba tiempo. Y, aquí se quejan porque se está dando más tiempo al tema de temas que es la justicia civil y familiar en nuestro país.

Por esa razón nosotros consideramos que es atendible esta propuesta, necesitamos la interoperatividad de todas las plataformas, la infraestructura tecnológica, física, la capacitación, que esto permee en todas las instituciones, en todos los círculos de abogados, estudiosos del derecho, litigantes y consideramos que es adecuado. Lo demás es simplemente estar en contra de todo y nosotros consideramos que esta reforma ayudará a la justicia.

Además, un dato, concluyo presidenta, esto va de la mano de un cambio de régimen político con la reforma al Poder Judicial, son varios temas que en la materia se sobreponen y hay que atender todos con la misma dedicación. Por eso, nos parece pertinente el plazo y por esa razón estamos a favor. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Retiro la reserva, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No hay materia de consulta. Tiene la palabra la diputada Ana Erika Santana González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Ana Erika Sanana González: Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, vengo a hablar con ustedes en mi calidad de abogada y como compañera diputada para exhortarlos a un razonamiento jurídico, porque a veces las leyes parecieran ser muy lejanas a nuestra vida cotidiana, sin embargo, son muy cercanas, especialmente cuando se trata de la familia y de temas que nos afectan directamente en nuestros hogares.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa una de las transformaciones más importantes de nuestra justicia cotidiana. Su aplicación incide en las decisiones fundamentales como proteger a nuestras familias, cómo transmitimos nuestros patrimonios y cómo ejercemos nuestros derechos.

Implementarlo exige preparación, capacitación y recursos. Reconocemos estos retos que enfrentan los poderes judiciales y la necesidad de establecer condiciones que nos permitan cumplir con esta tarea de la mejor manera.

Por ello, la reserva que presento permite que avance la prórroga general, pero propone exceptuar del aplazamiento dos materias prioritarias: 1. Los derechos de las personas con discapacidad. Y 2. La actuación notarial en los asuntos expresamente autorizados por el Código Nacional.

En la primera, nos obliga a colocar en el centro la dignidad humana. El artículo 1o. de nuestra Carta Magna y los artículos 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad sustentan la obligación de garantizar la capacidad jurídica en igualdad de condiciones y en el acceso efectivo a la justicia.

Hablamos del derecho de cada persona a decidir sobre su vida, sobre sus bienes y sus relaciones jurídicas. A recibir los apoyos que requiera para poderlo hacer y contar con las salvaguardas que respeten su voluntad y sus preferencias. No hacerlo es violentar doblemente sus derechos humanos. Y si estas personas con discapacidad son mujeres o indígenas o afrodescendientes o menores de edad, le va sumando dos o tres o cuatro violaciones a sus derechos humanos.

La discapacidad no debe convertirse en una razón para sustituir la voluntad de una persona, ni para impedirle ejercer sus derechos. El artículo décimo noveno transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, contempla la derogación de los procedimientos de interdicción que restrinjan la capacidad jurídica de las personas mayores de edad conforme a su régimen de entrada en vigor, ya existe. Legislar en contra es crear controversias, hoy lo estamos haciendo.

Esta transición requiere coherencia legislativa y para eso estamos aquí, para armonizar, para estudiar y proponer leyes que sean coherentes. Debemos asegurar que la eliminación de las restricciones esté acompañada de mecanismos necesarios para que las personas puedan actuar y decidir con los apoyos correspondientes.

Aplazar estos instrumentos genera un riesgo de desprotección práctica, puede prolongar obstáculos para administrar un patrimonio, celebrar un acto jurídico o acudir a la justicia. El reconocimiento de un derecho debe estar acompañado de las condiciones efectivas para ejercerlo.

Y la segunda es de materia de actuación notarial. El Código Nacional contempla la intervención de las y los notarios en determinados asuntos sin controversia, entre ellos las sucesiones testamentarias e intestamentarias y el divorcio bilateral, dentro de los supuestos y requisitos legalmente autorizados.

Preservar esta vía mientras que aplazamos todo lo demás, puede facilitar una atención más ágil, brindar seguridad jurídica y evitar la judicialización innecesaria. Les doy un ejemplo práctico. Un juicio testamentario puede durar tres años y si se hace ante notario son seis meses. Un divorcio igual de mutuo acuerdo.

También permite que los juzgados concentren su capacidad en asuntos litigiosos y que requieren una decisión jurisdiccional. Con ello contribuimos al mandato de justicia pronta y expedita del artículo 17 constitucional, respetando las competencias de cada autoridad y salvaguardias legales. Compañeras y compañeros, la propuesta es concreta, mantener para estas dos...

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.

La diputada Ana Erika Santana González: Concluyo, un momento. Para estas dos materias los plazos originalmente previstos para no violentar los derechos de las personas con discapacidad y establecer expresamente que la falta de armonización legislativa no impida aplicar las disposiciones exceptuadas. La excepción debe comprender el orden federal y las entidades federativas, dentro de sus respectivas competencias, para asegurar una transición nacional clara y jurídicamente coherente.

Por esto, solicito su respaldo para esta reserva. Tenemos la responsabilidad de atender las necesidades de las instituciones y simultáneamente garantizar que las personas cuenten con medios efectivos para ejercer sus derechos. Somos responsables de hacerlo.

Que la transición del sistema de justicia tenga como medida la dignidad de las personas, la certeza jurídica y el acceso oportuno...

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.

La diputada Ana Erika Santana González: ...a la justicia. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Consulte a la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión.

El secretario diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias. No se acepta a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo: Vengo a presentar dos reservas: la primera, presentada además, por el diputado José Elías Lixa, por nuestro coordinador, en la que señala que en los transitorios debe preverse, precisamente, el Presupuesto de Egresos, es decir, el presupuesto que se necesita para decir todas las bellezas que ustedes dicen por las cuales se pospone esta ley.

En ese sentido, desde el Presupuesto, desde el 2027, es decir, el que vamos a discutir en las próximas semanas, hasta lo necesario para implementar este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Por eso, le voy a pedir a la presidenta que sometamos la votación en dos puntos: una, la que tiene que ver con garantizar el Presupuesto de Egresos para que todo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues, se implemente como se debe implementar; segundo, es otra propuesta muy parecida a la que presentó Ana Erika Santana, que creo que ni el Verde se la votó a favor, pero... y es exactamente eso: cómo es posible que mandemos al 2031, porque acaban de votar que ya no les gustó el 2030, sino el 31... cómo es posible que mandemos al 2031 un derecho que ganaron las personas con discapacidad, el reconocimiento a que no deben ser consideradas como interdictos. Esa no necesita presupuesto.

Eso, incluso, ya la Corte había dicho precisamente que se trataba de que las personas con discapacidad estén en condiciones de igualdad y que el Estado debe garantizarlo para que esté en condiciones de igualdad. Y eso me lo mandaron al 2031. Es absurdo.

Es que ni siquiera vieron las materias que estábamos mandando al 2031. Eso ni presupuesto. Es una más... la aplicación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Es lo que ya había dicho la Corte. Es lo que ustedes aprobaron. Pero lo quieren mandar hasta el 2031 cuando se trata de personas con discapacidad en donde no se requiere nada de presupuesto. ¿Por qué lo mandaron al 2031 y no se aplica de una vez?

Esta es una de las reservas y la otra también tiene... tiene también el fundamento en que todo lo que no causa controversia y que es una materia que se puede llevar a cabo frente a notarios, es decir, que no necesita presupuesto, que va a aligerar la carga de los tribunales, pues, eso no lo manden al 31.

Por ejemplo, una herencia, pero por qué vamos a esperar los años del Poder Judicial, de los juzgados familiares, para tramitar la herencia si se puede tramitar ante notario. Y ustedes lo mandaron ya no al 30, al 31. Y no me digan que no sabían que esto iba a pasar.

Este Código Nacional fue aprobado en el 2023 gracias a un amparo, la verdad, de la Barra Mexicana de Abogados que ya fue mencionada en esta tribuna por el diputado Moreira. Y entonces se cumple esa disposición y resulta que a la fecha todavía no la podemos actualizar... algunos, porque hay estados que ya lo hicieron. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Y entonces cuál va a prevalecer?

Realmente me parece que esto hace un desorden y por eso estamos presentando también esta reserva. La primera, que tiene que ver con el Presupuesto y garantizar el Presupuesto del 2027 y de los siguientes años para que se implemente este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para todo aquello que dicen que capacitar, etcétera, etcétera.

Y segundo, segundo también, que las personas con discapacidad ya dejen de ser consideradas como interdictas, lo diga o no el Código correspondiente del Estado, y eso no tiene razón alguna para pasarlo al 2031.

Y la otra, todo aquello que no hay controversia y pueda presentarse ante notario, pues demos facilidad, flexibilicemos las cosas, quitemos la carga de trabajo a los tribunales locales en materia local.

Esas son las tres reservas. Lo único bueno, lo único esperanzador es que la implementación de este Código no va a estar a cargo de los vasallos del oficialismo, sino que espero que para el 2031 otras sean las condiciones de este país. Muchas gracias.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Gracias, diputada Zavala. Vamos a realizar la votación en dos momentos. Uno, respecto a la reserva presentada por la diputada Zavala. Y la otra, respecto a la reserva presentada por la diputada Zavala y el coordinador Lixa. Someta la Secretaría a consideración de la asamblea si se admite o no a discusión la reserva presentada por la diputada Margarita Zavala.

El secretario diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Zavala. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: No se admite a discusión. Ahora, solicito a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Margarita Zavala y el coordinador Elías Lixa.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Olga Sánchez Cordero Dávila, para presentar propuesta de modificación, hasta por cinco minutos.

La diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Adelante.

La diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Compañeros y compañeros, hoy he traído a esta tribuna la voz de miles de ciudadanas y ciudadanos que tienen alguna discapacidad y que con asombro han conocido que se va a posponer la entrada de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Nos piden, de la manera más encarecida, que no incluyamos en esa postergación temas tan relevantes, como en la eliminación de los juicios de interdicción que lesionan directamente sus derechos y compromete a sus intereses. La presente solicitud me la hicieron llegar colectivos de organizaciones defensoras de derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores, como el Colectivo Decidir es mi Derecho.

Consecuentemente, pido ustedes su voto a favor de esta reserva, no solo porque la justicia asiste a estas organizaciones en su petición, sino también porque en términos técnicos jurídicos han hecho un planteamiento que transmito en esta reserva y que consta de una visión a los párrafos quintos, sexto, séptimo y octavo, al artículo segundo transitorio del decreto contenido en el artículo único de este dictamen.

Lo anterior buscando no congelar el logro del derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica que está explícitamente dispuesta en el Código y que se sustenta en el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, como les decía, esta reserva busca también mantener la derogación de los procedimientos de interdicción que está implícito en el Código Nacional de Procedimiento civiles y familiares.

Y en el mismo sentido busca evitar un vacío procesal que implicaría aprobar el dictamen de hoy sin la reserva que presento, debido a que la derogación de los procedimientos de interdicción no ha estado acompañada de la entrada en vigor generalizada de los nuevos mecanismos judiciales de designación de apoyos.

Derivado de lo anterior, podemos afirmar que el aplazamiento de la implementación del Código Nacional hasta el 2030 o 2031 prolongaría este vacío procesal y podría comprometer la protección del patrimonio, el acceso a la justicia y el ejercicio de otros derechos fundamentales de las personas con discapacidad y de las personas mayores.

Además, propusieron esta reserva ante la necesidad de exceptuar el procedimiento de designación extraordinaria de apoyo, dispuesto en los artículos 445 y 454 del código que hoy nos ocupa. Ello aunado a que se considera que se debe distinguir el procedimiento judicial de designación extraordinaria de apoyos de los mecanismos ordinarios mediante los cuales una persona puede elegir voluntariamente a quienes le brindarían apoyo para ejercer su capacidad jurídica.

La designación ordinaria podrá realizarse mediante figuras jurídicas disponibles en la legislación civil aplicable, incluso ante notario público, siempre que se establezcan las salvaguardas adecuadas y se respete plenamente la voluntad y preferencias de la persona. Estos mecanismos no deben quedar condicionados a la intervención judicial ni a la implementación general del código.

En resumen, compañeras y compañeros, la ampliación de los plazos de implementación del Código Nacional debe garantizar una transición ordenada, sin generar contradicciones normativas ni afectar derechos fundamentales.

Por ello, resulta necesario establecer un régimen de excepción al régimen de entrada en vigor gradual respecto del procedimiento de designación extraordinaria de apoyos, previsto en los artículos 445 y 454. Esta excepción permitirá que dicho procedimiento entre en vigor inmediatamente en todo el territorio nacional, sin modificar el calendario general de implementación del código.

Durante el periodo de transición, las solicitudes podrían tramitarse ante las autoridades jurisdiccionales, civiles o familiares competentes mediante la aplicación supletoria de las disposiciones locales, relativas a jurisdicción voluntaria exclusivamente en lo que resulte compatible con el procedimiento extraordinario y sus salvaguardas.

Esta medida permitirá dar coherencia al ordenamiento jurídico, observar los criterios de la Suprema Corte y evitar que el aplazamiento prolongue la ausencia de mecanismos judiciales indispensables para garantizar el ejercicio de la plena capacidad jurídica.

Si la razón, la aceptación de la realidad y la buena fe mueven esta postergación, esas mismas características son las que deberán guiar esta reserva. Yo sostengo mi reserva, la sostengo para que se vote. Gracias.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La diputada Olga María Sánchez Cordero Dávila: No la retiro.

El secretario diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: No se admita a discusión. Esta Presidencia instruye que el resto de las propuestas de modificación registradas para su discusión en lo particular y que no hayan sido presentadas en tribuna, sean inscritas íntegramente en el Diario de los Debates.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la asamblea.

La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la asamblea.

(Votación)

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Dag Nylander, embajador del Reino de Noruega en México, así como a la delegación que lo acompaña, quienes asistieron a la instalación del Grupo de Amistad México-Noruega, que preside el diputado Hugo Manuel Luna Vázquez. Sea usted bienvenido, señor embajador. Esta Cámara de Diputados hace votos por el fortalecimiento de las relaciones de amistad, diálogo y cooperación entre nuestras naciones. ¿Falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto? Ordene la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.

La secretaria diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 367 votos en pro, 60 en contra y 2 abstenciones.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Aprobados por 367 votos los artículos reservados en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones transitorias del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Honorable Asamblea, se encuentra en este salón de sesiones el ciudadano Arturo Alonso García, diputado federal electo en el Distrito 4 del Estado de San Luis Potosí. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir protesta de ley a las y los siguientes diputadas y diputados: diputada Briceyda García Antonio, diputado Gabino Morales Mendoza, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, diputado Juan Antonio Meléndez Ortega.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Se invita a todas y a todos los presentes a ponerse de pie.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Ciudadano Arturo Alonso García, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Arturo Alonso García: Sí, protesto.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Si así no lo hiciere que la nación se lo demande.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Se invita a todas y a todos los presentes a tomar asiento.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en materia de reclutamiento criminal.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: En términos del artículo 104, numeral 1 del Reglamento, se concede el uso de la palabra al diputado Julio César Moreno Rivera, para fundamentar el dictamen, a nombre de la comisión, hasta por diez minutos.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hoy presentamos un dictamen que busca hacer frente a uno de los problemas más graves que afectan la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas, que es el reclutamiento de niñas, niños, jóvenes y personas adultas por parte de organizaciones criminales.

Estamos hablando de personas que, mediante engaños, amenazas, violencia o aprovechándose de sus necesidades son incorporadas a organizaciones delictivas, personas a quienes les arrebatan su libertad, sus oportunidades y, en muchos casos, también su futuro.

Por eso, este dictamen tiene un propósito muy claro: castigar a quienes reclutan personas para la delincuencia organizada y proteger a quienes son víctimas de estas conductas.

Quiero destacar que este tema ha despertado la preocupación y el compromiso de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, que los distintos grupos parlamentarios han presentado iniciativas para combatir el reclutamiento criminal, con propuestas y enfoques diferentes, pero con una preocupación compartida para proteger a nuestra niñez y nuestra juventud.

Por lo que reconozco las iniciativas, que son muchas, y también la gran perseverancia de algunos de los promotores como: el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del PT; el diputado Reginaldo Sandoval, la diputada Mary Carmen Bernal, del PT; el diputado Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano; la diputada Kenia López Rabadán, Annia Sarahí Gómez, José Guillermo Anaya, del PAN; el diputado Rubén Moreira, del PRI; el diputado Felipe Miguel Delgado y Julio Javier Scherer, del Partido Verde; el diputado Óscar Brito de Morena y un servidor; y así como todos los integrantes de esta comisión y entre otros, no quisiera dejar de mencionar a nadie compañeras y compañeros.

Pero hoy tenemos la oportunidad de convertir esas coincidencias en una respuesta legislativa conjunta, porque la seguridad de nuestras familias debe de estar por encima de cualquier diferencia partidista.

En abril pasado, la Comisión de Justicia aprobó una propuesta para incorporar este delito al Código Penal Federal, sin embargo, después de analizar sus alcances y sostener reuniones de trabajo con la Fiscalía General de la República, consideramos que había una alternativa jurídicamente más adecuada e incorporarlo a la Ley General en Materia de Trata de Personas. Compañeras y compañeros, les comento lo anterior para que tengan el contexto y la importancia de estos cambios.

Con este avance legislativo tenemos una ley que permite combatir este delito en todo el país. Recordemos que el reclutamiento criminal no distingue entre estados y municipios, por eso necesitamos una legislación que permita actuar, tanto a las autoridades federales como a locales, cada una dentro de sus competencias con reglas claras y una respuesta coordinada. No podemos permitir que un delincuente aproveche vacíos legales o problemas de competencia para escapar de la justicia.

A través de esta reforma, las autoridades podrán investigar sin esperar a que la víctima presente una denuncia, ya que muchas personas reclutadas viven amenazadas, tienen miedo o están bajo el control de sus agresores.

Con el marco de esta ley general, la investigación puede iniciarse de oficio cuando las autoridades tengan conocimiento del hecho que puedan constituir este lamentable delito, porque no podemos exigirle a una víctima que arriesgue su vida para que el Estado haga su trabajo.

Cuando legislamos en temas tan sensibles como este, no basta con castigar al responsable, también tenemos que proteger a las víctimas.

La Ley General en Materia de Trata de Personas contempla mecanismos para proteger su identidad, recibir sus declaraciones en condiciones de seguridad y evitar que ellas o sus familias queden expuestas a nuevas amenazas. Y quiero detenerme en un punto que considero fundamental: la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Un menor de edad reclutado por una organización criminal no puede ser visto de la misma manera que quien organiza, dirige o se beneficia de ese reclutamiento. Por eso el dictamen establece que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se entenderá y sancionará como reclutamiento forzado. Asimismo, dispone que cuando sean imputados por este delito, se atienda y salvaguarde su interés superior, garantizando sus derechos conforme a la legislación aplicable.

Con esta reforma buscamos, además, identificar mejor cómo operan las redes de reclutamiento, fortalecer las investigaciones y generar información que permita prevenir nuevos casos.

Compañeras y compañeros legisladores, detrás de cada persona reclutada hay una historia que merece ser escuchada. Hay niñas, niños y jóvenes que debían estar en las escuelas aprendiendo y jugando, cumpliendo sus sueños y no siendo utilizados por organizaciones criminales. No podemos devolver el tiempo a quienes ya han sufrido este delito, pero sí podemos trabajar y legislar para evitar que otras familias vivan el mismo dolor.

Por eso hoy les pido que respaldemos este dictamen no solamente como legisladores, sino como mexicanas y mexicanos comprometidos con la vida, la libertad y la dignidad de las personas.

Que nuestras diferencias políticas nunca sean más grandes que nuestra responsabilidad de proteger la niñez. Que ningún grupo criminal decida el destino de nuestros hijos. Que ningún joven tenga que elegir entre obedecer a un delincuente o poner en riesgo su vida. Y que ninguna familia mexicana tenga que acostumbrarse a vivir con el miedo de no volver a ver a uno de los suyos.

Hoy tenemos la oportunidad de dar un gran paso importante para que la justicia llegue antes que la tragedia porque defender a nuestras niñas, niños y jóvenes es defender el futuro de nuestro hermoso país. Es por eso, compañeras y compañeros diputados, que los invito a votar a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Se otorgará el uso de la palabra a los grupos parlamentarios para fijar postura, hasta por cinco minutos, en orden creciente. Tiene la palabra el diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Esta Presidencia saluda a un grupo de mujeres invitadas por la diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, quienes asistieron al foro El alcohol y el cáncer de mama en México. Sean bienvenidas a este salón de sesiones.

El diputado Pablo Vázquez Ahued: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputado.

El diputado Pablo Vázquez Ahued: En Movimiento Ciudadano queremos empezar que, en torno a este dictamen, a esta reforma, para combatir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, también adultos, por parte de la delincuencia organizada, pues, primero, dimensionando que, efectivamente, se trata de un fenómeno, de un problema, muy complejo que, desde luego, ya le ha costado el futuro, le ha cortado la vida a cientos de miles de jóvenes a lo largo de todo México.

Pero, además de esto, la responsabilidad de este Poder Legislativo de combatir este fenómeno también radica en entender la magnitud, la importancia de este problema en el desarrollo, evolución y consolidación de la delincuencia organizada en México.

Porque estos grupos de la delincuencia organizada en México, como es sabido, ya a lo largo de más de tres décadas se han convertido, pues, en corporaciones dedicadas a la extracción de recursos de nuestras comunidades, de los recursos económicos a través de la extorsión y las economías ilícitas, de los recursos sociopolíticos a través de la captura de territorios y la extracción ilegal de recursos.

Y también de la extracción de recursos humanos a través de esta figura del reclutamiento, que es un fenómeno que se ha documentado ya desde hace más de dos décadas su presencia en distintas latitudes de México y explica en gran parte esta consolidación y expansión de varios de los grupos de la delincuencia organizada en México, por lo que esta reforma, además de poner en el centro a las niñas y niños de México, también es un imperativo estratégico para desarticular y combatir a los grupos de la delincuencia organizada.

Y la relevancia de este dictamen en concreto también hay que traerla a colación con las reflexiones que ha hecho el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha señalado que los dos delitos que aún siguen siendo los principales retos para México son, por una parte, la extorsión, de la cual pues ya aprobó esta legislatura una ley general para combatirla, y la desaparición de personas, un fenómeno que también está vinculado estrechamente al fenómeno del reclutamiento.

Y esta reforma es muy relevante, porque desde el Poder Legislativo, después de dos años de que se han presentado varias propuestas y varias iniciativas de todos los grupos, que se ha discutido con instituciones y autoridades, pues se ha logrado un dictamen de cómo sí, cómo sí enfrentar de manera efectiva el reclutamiento por parte de la delincuencia organizada con una reforma a la Ley General en Materia de Trata de Personas, que va a ser una legislación que nos va a servir para que todas las fiscalías, tanto la Fiscalía General como las fiscalías estatales asuman sin ambigüedades sus responsabilidades, con un marco de investigación y persecución de este delito.

Ojalá el ejercicio con el que se construyó esta reforma de reclutamiento sirva también para otras reformas tan importantes en este Congreso que están pendientes. Por eso, venga un reconocimiento al presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, por articular estos esfuerzos, a los legisladores y legisladoras de todos los grupos parlamentarios, sin excepción, que hemos presentado a lo largo de estos dos años iniciativas para combatir el reclutamiento.

Y también a mi coordinadora y los coordinadores de los grupos parlamentarios. Y al propio equipo de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política, que fueron un gran enlace para articular esta importante reforma, que esperamos pues llegue a buen puerto en el Senado de la República próximamente, concluya su trámite legislativo y pueda transitar una reforma tan importante en el combate a los grupos de la delincuencia organizada y que, sobre todo, se ancla en un trabajo plural, de consenso, de diálogo profesional y con visión de largo plazo por todas las fuerzas políticas.

Y también concluir, pues desde Movimiento Ciudadano, celebrando que se avanzó en este gran tema del combate al reclutamiento que es, como decía, un imperativo estratégico para combatir a los grupos de la delincuencia organizada y que se siga poniendo en el centro la agenda de primero las niñas y los niños, como lo ha sostenido Movimiento Ciudadano y nuestro dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, y la construcción de una nueva agenda de construcción de paz que nos permita recuperar la justicia en todos los rincones de México. Muchas gracias, presidenta, y enhorabuena.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra el diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes: Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.

El diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes: Compañeras y compañeros legisladores, hay una forma de violencia que comienza a arrebatándole a la niñez la posibilidad de decidir sobre su propia vida y sobre su futuro, los separa de la escuela, de su familia y de sus aspiraciones, para obligarlos a servir a quienes se aprovechan de su vulnerabilidad.

A una edad en la que deberían levantar la mano para preguntar en un salón de clases, tienen que aprender a obedecer, a guardar silencio para protegerse y para proteger a los que aman. Esa es la tragedia de reclutamiento forzado que vivimos en México y que debemos enfrentar con total determinación.

Es por ello que la bancada del PRI votará a favor de este dictamen para incorporar el reclutamiento forzado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y establecer penas de 10 a 20 años de prisión a quien reclute a una persona o más por parte de un grupo delictivo, adicionando, además, diversas agravantes.

En el PRI, como ha sido nuestro compromiso, distintos integrantes hemos sido promoventes impulsores de esta iniciativa, entre ellos, nuestro coordinador Ruben Moreira y un servidor. Reconocemos que representa un importante avance, pero aún queda una tarea fundamental, tipificarlo en el Código Penal Federal como un delito autónomo, una responsabilidad para la Comisión de Justicia y para esta Cámara, que no admite excusas ni pretextos.

Detrás de cada menor reclutado, hay una historia que debió ser distinta, un niño que quería seguir jugando y estudiando, un joven que buscaba trabajo para ayudar en su casa, unos padres esperaban verlo regresar. Hoy permanece un lugar vacío en la mesa de miles de hogares y una madre sigue pendiente del teléfono esperando escuchar nuevamente la voz de su hija o de su hijo.

El crimen organizado se aprovecha de la pobreza, del aislamiento y de la falta de protección. Una oferta de empleo puede convertirse en una trampa; la promesa de un ingreso, en sometimiento. Ninguna niña o adolescente debería tener que obedecer a un criminal.

El daño alcanza también a las madres que recorren agrestes caminos y oficinas sin encontrar respuesta, que vencen al cansancio, se exponen al peligro y llevan consigo la fotografía de la hija o el hijo al que siguen esperando reencontrar o por lo menos tener la esperanza de arrancarle a la tierra un puñado de huesos para abrazarlos, lavarlos en lágrimas y decirle hija, hijo, haz vuelto a casa, porque para las madres buscadoras dejar de buscar nunca es una opción.

La dimensión del riesgo es profundamente preocupante, la Red de los Derechos de la Infancia en México y la Unicef estimaron que entre 145 mil y 255 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en nuestro país. Con este dictamen damos un paso importante para hacer realidad la tipificación del reclutamiento forzado, atendemos así una exigencia que durante mucho tiempo quedó pendiente frente al sufrimiento de las víctimas y de sus familias.

Reconozco el trabajo de la Comisión de Justicia y de las legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios que contribuyeron a este avance, pero nuestra responsabilidad continua después de esta votación. Quienes han sufrido reclutamiento necesitan que el Estado reconozca la violencia que se ejerció contra ellos y que haya un castigo ejemplar y contundente para los agresores.

Antes de juzgar la conducta de un adolescente sometido por una organización criminal, las instituciones deben identificar las amenazas y los engaños que pudieron llevarlos hasta ahí para garantizar adecuadamente la protección de sus derechos. El dictamen que discutimos debe formar parte de una respuesta efectiva que incluya otras reformas y presupuestos etiquetados para una atención integral a las víctimas del reclutamiento.

Compañeras y compañeros, los invito a votar a favor, porque proteger a la infancia y a la juventud es una responsabilidad que no admite indiferencia, no se trata de leyes solamente, se trata de vidas, de niñas y niños, adolescentes, que aún pueden ser salvados, que aún pueden soñar, crecer y construir un presente y un futuro apartado de la violencia.

Hagamos que la justicia llegue a quienes hoy son sometidos y violentados para garantizarles su legítimo derecho a un porvenir próspero y en paz. Es cuanto.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Con su venia, presidenta. Este dictamen que hoy se somete a esta soberanía es sin duda una de las más grandes satisfacciones legislativas que he tenido porque fue producto de un trabajo arduo, de debates, de consensos en la Comisión de Justicia, que atinadamente preside Julio César Moreno.

Quiero reconocer a los diferentes grupos parlamentarios que todos presentaron iniciativas para sancionar con fuerza este flagelo, este delito tan grave como es el reclutamiento forzado de personas.

No fue fácil. Primero había que distinguir que es un delito autónomo muy diferente a la trata de personas y a la corrupción de menores, y buscar su ubicación en la legislación como un delito con sus propias características.

De ahí surgió un primer dictamen para reformar el Código Penal e incorporar este delito. Sin embargo, opiniones diversas y, sobre todo, de la Fiscalía General de la República llamaron la atención de que dejarlo solo en la legislación federal iba a dejar intocado todo el aparato de procuración de justicia del país. Por eso la salida legislativa que se construyó nos parece de la mejor manera, una gran hechura que permite resolver este dilema.

Al mismo tiempo que felicito a los grupos parlamentarios, quiero agradecer a mi coordinador parlamentario, Reginaldo Sandoval, a Mary Carmen Bernal, a Lilia Aguilar, a Diana Karina y a los diferentes integrantes de la comisión, porque hubo voluntad y hubo impulso, pero también destacar el apoyo del coordinador Ricardo Monreal, porque se logró establecer una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la República y ahí la fiscal general Ernestina Godoy abrió los espacios para discutir con los diferentes fiscales, con la consejera jurídica Claudia Luengas y con el fiscal de coordinación regional David Boone.

Y logramos llegar a esta solución, reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata, pero con un capítulo específico para el reclutamiento forzado que, además, como aquí se ha dicho nos permite también aprovechar todas las bondades de esta ley general. Ya lo decía Julio César Moreno, que este delito se persiga de oficio, por ejemplo.

Aprovechar todo el tratamiento de víctimas que tienen quienes han sido víctimas de este delito tan deleznable. Tener la garantía del interés superior de la niñez, es decir, fue la mejor salida posible, y esto nos va a permitir cerrar los vacíos legales, combatir el reclutamiento criminal desde su origen y dejar claro que ninguna organización criminal puede estar por encima de la libertad, la dignidad y la vida de las personas.

Esta actividad es tan grave que es la base del potencial de los grupos delictivos, junto con el lavado de dinero y el tráfico de armas. Es una leva forzada a través de engaños, de falsas ofertas de trabajo, de redes sociales donde inducen a la juventud a buscar una opción y cuando son enganchados, resulta que aprovechan esta inocencia o esta fuerza de la juventud para darles tareas de sicarios, de halcones, de mensajeros del crimen. Ahí está el caso paradigmático del rancho Izaguirre, en Jalisco, pero hay muchos casos más. El delito de reclutamiento forzado es la puerta para desapariciones, tortura, homicidios y otros delitos de mayor envergadura.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputado.

El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Por eso, esta legislación va a ayudar a combatir a la criminalidad. Por eso estamos a favor de este dictamen y por eso hacemos votos porque con ese mismo espíritu se cierren otros vacíos legales que todavía tiene la criminalidad para cometer los delitos. Pero hoy hemos dado un gran paso y por eso, el Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene ahora la palabra la diputada Liliana Carbajal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Liliana Carbajal Méndez: Con su venia, presidenta. Este dictamen ha sido un reflejo de este trabajo responsable de cuando sí queremos que nuestro México, ante esta situación tan dolorosa que vive del reclutamiento forzado, se hagan cosas por el bien y por combatir este delito tan grave.

Reconozco a todos los grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario de Morena, del PT, del PAN, del PRI, de MC y, sobre todo, también a las iniciativas de todos los promoventes de estas bancadas.

Y yo, a nombre de mi bancada del Partido Verde Ecologista agradezco las iniciativas que fueron presentadas ante la Comisión de Justicia por parte del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del diputado Juan Luis Carrillo y el diputado Julio Scherer, dentro de las muchas iniciativas de todos los promoventes de las diferentes bancadas.

Fue un trabajo muy responsable también y de mucho profesionalismo por parte de nuestro presidente Julio César Moreno y todos nuestros compañeros miembros de la Comisión de Justicia.

No podemos permitir que quienes se dedican a cometer delitos encuentren en la vulnerabilidad el engaño, la intimidación o la violencia un mecanismo para ampliar las estructuras criminales. Tampoco podemos aceptar que niñas, niños y adolescentes sean convertidos en instrumentos de delincuencia privados de su derecho a vivir con libertad.

Esta propuesta de modificación a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, representa un paso necesario para cerrar los espacios a la impunidad y reconocer con claridad jurídica una conducta que ha sido utilizada por organizaciones criminales.

La propuesta establece, en primer lugar, penas de 10 a 20 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días de multa para quien, con cualquier medio, mediante engaño o incluso sin él, reclute a una o más personas para formar parte de un grupo delictivo o para realizar cualquiera de las actividades delictivas previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Este punto es fundamental, porque el reclutamiento no comienza necesariamente con un arma, con una agresión física o con una amenaza directa, en muchas ocasiones comienza con la invitación o una propuesta de oferta laboral que pretende presentar una oportunidad. El reclutador puede usar también las redes sociales, aplicaciones de mensajería, anuncios, llamadas telefónicas.

Ante esta realidad, la respuesta del Estado debe ser clara y establecer que reclutar a personas para fortalecer sus estructuras criminales debe de ser un delito grave y debe ser sancionado como tal.

En estos casos se establece también que una pena mayor de 15 a 20 años de prisión y de 10 a 80 mil días de multa cuando existiere particularmente las circunstancias graves en la que la víctima es anulada mediante intimidación, amenaza, coacción, violencia física, moral o abuso de poder.

Este dictamen contempla también la protección importantísima de nuestras niñas, niños y adolescentes, como lo han mencionado aquí nuestros diferentes compañeros. Establece que se entenderá y se sancionará como un reclutamiento forzado a quienes empleen a este sector tan vulnerable. Ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente debe ser reclutado, manipulado, ni incorporado a una organización delictiva.

Compañeras y compañeros, nuestra obligación como legisladores y legisladoras es construir un marco jurídico que esté a la altura de los desafíos que enfrenta nuestro país, que proteja a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y que permita a las instituciones actuar con mayor contundencia a quienes pretenden utilizar a las personas para fortalecer sus estructuras delictivas.

En mi bancada, la bancada del Partido Verde, con ese sentimiento de responsabilidad y de compromiso con nuestro país, votaremos a favor de este dictamen porque las familias merecen vivir con tranquilidad. Por las niñas, por los niños y por nuestros adolescentes. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputado.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Compañeras y compañeros diputados, hoy es un gran día. Empiezo por felicitar a todas y todos los miembros de la Comisión de Justicia, pero además también a todas y a todos los iniciantes –los que presentaron iniciativas respecto de este tema– de todos los grupos parlamentarios.

Porque, amigas y amigos, hoy no estamos discutiendo solamente una reforma legal. Estamos hablando de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a quienes les están arrebatando su infancia, sus sueños, su libertad.

Y detrás de cada joven reclutado por la delincuencia hay una familia que vive una auténtica pesadilla: una madre que no sabe dónde está su hijo, un padre que recorre hospitales y fiscalías buscando respuestas, hermanos que esperan escuchar una llave en la puerta, y familias que todos los días se preguntan si volverán a abrazar a quien aman.

No hay dolor más profundo que buscar un hijo sin saber si está vivo, dónde está o si algún día regresará a casa. Por eso este problema exige mucho más que una sola indignación. Exige responsabilidad de Estado, instrumentos jurídicos eficaces, voluntad para proteger a quienes más lo necesitan.

La propia presidenta de la República ha informado que se identificaron mil 800 cuentas y páginas utilizadas para reclutar jóvenes, de las cuales 800 ya fueron inhabilitadas. Es una señal de una dimensión inexplicable, enorme, que ha alcanzado este fenómeno, particularmente en las redes sociales donde nuestros jóvenes pueden ser capturados mediante engaño, falsas ofertas de trabajo, amenazas o, incluso, coacción.

Celebro que esta iniciativa, este dictamen, reconozca esta realidad, pero debemos decirlo con claridad: retirar cuentas es necesario, perseguir delincuentes es urgente, detener a los responsables es indispensable, pero también necesitamos una ley que permita perseguir eficazmente a quienes reclutan y a la vez proteger integralmente a quienes son reclutados, es decir, a nuestras niñas y a nuestros niños.

Fue por ello como uno de los temas más importantes, más sensibles y urgentes de atender fue que presenté varias iniciativas precisamente para proteger a nuestra niñez y encarcelar a quienes atentan en contra de ellos, dándole al Estado las herramientas más eficaces para que no haya ninguna excusa para combatir al crimen organizado, a quienes reclutan a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes.

No podemos permitir que esta tragedia se normalice ni que la respuesta institucional llegue cuando el daño ya es irreversible. Por ello, este dictamen que hoy discutimos y que estoy seguro de que aprobaremos por unanimidad representa un paso muy relevante para fortalecer nuestro marco jurídico.

Debemos asegurar que la respuesta penal alcance a quienes capten, inducen, manipulan e incorporan a menores de edad a las estructuras criminales y que la protección de las víctimas no quede subordinada a su participación en hechos delictivos derivados del reclutamiento.

A nuestras niñas y niños debemos protegerlos. A nuestros jóvenes debemos ofrecerles oportunidades. Y a quienes los reclutan debemos exigirles cuentas ante la justicia: que se refundan en la cárcel.

Votar a favor de este dictamen significa avanzar, pero también asumir compromisos: prevención en las escuelas y comunidades, vigilancias en las plataformas digitales, coordinación entre autoridades, atención a las familias, búsqueda inmediata a las personas desaparecidas y mecanismos efectivos de restitución de los derechos.

Compañeras y compañeros, no permitamos que el crimen organizado decida el futuro de nuestra niñez, que ningún padre o madre tenga que elegir entre el miedo de denunciar y el temor a perder un hijo. México necesita a sus jóvenes para que construyan proyectos de vida y que no sean obligados a favor de formar parte de proyectos criminales.

Por eso, es que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor. Por su atención, muchísimas gracias.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputado Anaya.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene ahora la palabra la diputada Elena Edith Segura Trejo, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Elena Edith Segura Trejo: Con su venia, diputado... diputada, perdón, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputada.

La diputada Elena Edith Segura Trejo: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Quiero iniciar esta participación poniendo a consideración la importancia de tipificar un delito que hasta el día de hoy ha permanecido en gran medida invisibilizado, el reclutamiento de personas por grupos criminales. Una problemática que afecta tanto a personas adultas como de manera particular y preocupante a niñas, niños y adolescentes.

La falta de una tipificación específica no significa que el reclutamiento no exista, significa que durante años hemos enfrentado un vacío jurídico que ha dificultado el poder identificarlo, investigarlo y sancionarlo como realmente es. Cuando una conducta no cuenta con un tipo penal propio, los hechos pueden terminar siendo investigados bajo figuras distintas, como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada.

Esta dispersión puede fragmentar los casos, dificultar su registro y permitir que la conducta específica de quienes captan, inducen o incorporan personas a estructuras criminales queden diluidas dentro de otros delitos.

El reclutamiento puede llevarse a cabo mediante engaños, falsas ofertas de empleo, amenazas, violencia, coacción o aprovechándose de las condiciones de vulnerabilidad de las personas y de comunidades con altos niveles de pobreza y marginación.

Una niña o un niño o adolescente captado por la delincuencia, no puede ser visto únicamente desde los delitos que pudiera cometer posteriormente, también debemos investigar quién lo captó, cómo lo incorporó, si existieron amenazas o violencia, y de qué manera se aprovecharon de sus condiciones de vulnerabilidad.

La reforma también reconoce circunstancias que agravan la conducta, entre ellas, el uso de tortura, violencia sexual, privación de la libertad o lesiones. El aprovechamiento de conocimientos especializados de las víctimas inclusive, la pertenencia de éstas a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas y su situación de movilidad humana.

Asimismo, contempla consecuencias específicas cuando intervienen personas servidoras públicas, no solo van a presión, incluye su destitución o inhabilitación en los términos establecidos en el artículo 36 Ter. De igual manera, se prevé la posibilidad de reducir las penas, hasta en una tercera parte, cuando los autores o partícipes proporcionen información relevante, corroborada mediante otros datos o medios de prueba, que contribuyen a esclarecer los hechos o identificar a otros responsables.

Combatir este acto significa impedir que la delincuencia organizada encuentre en la pobreza, el miedo y la vulnerabilidad, una oportunidad para fortalecerse. Significa proteger la libertad, la dignidad y los derechos humanos de quienes son captados y garantizar una atención especial a nuestras niñas, niños y adolescentes. Lo que inicia como una búsqueda de empleo no debe terminar como un reclutamiento forzado.

Finalmente, quiero explicar algo muy importante, al establecer este delito en una ley general, garantizamos que pueda perseguirse en todo el país, sin importar dónde ocurrió el reclutamiento o dónde se obligó a delinquir a la víctima. Así evitamos que los delincuentes aprovechen los límites entre los estados para evitar la justicia.

Quiero recalcar que este delito no es nuevo, lo nuevo es que por fin lo estamos enfrentando. Por estas razones, en Morena nuestra postura es a favor del dictamen. Y quiero hacer un especial reconocimiento al presidente de la Comisión de Justicia, a los miembros que integramos dicha comisión, pero sobre todo a las fuerzas políticas, porque esto es un ejemplo de que cuando hay algo en común, que vaya en beneficio de las y los mexicanos, todos estamos votando a favor. Y eso me llena de alegría y de orgullo.

Ninguna persona debe ser tratada como instrumento de la delincuencia y ninguna víctima de reclutamiento debe quedar fuera de la protección del Estado. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Y pasamos a la discusión en lo general. Tiene la palabra la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante, diputada.

La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Por el bien de México primero las niñas y los niños. Esta es una máxima que nos hemos puesto desde Movimiento Ciudadano, desde la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez, en donde trazamos como una visión de país, de un México nuevo, que no tenía que haber una sola decisión política y de Estado que no pasara por garantizar el bienestar los derechos y el futuro de las niñas y los niños de nuestro país.

¿Qué ha hecho la mayoría oficialista desde entonces con esto? ¿Qué hemos hecho todos desde los distintos grupos parlamentarios desde entonces con esto? Porque las cifras para la niñez mexicana no mejoran. Mientras se presumen avances en otros rubros, niñas y niños siguen sin tener garantizados todos sus derechos.

Y cuando nos vamos a los problemas de violencia profunda, por supuesto ligada con el crimen organizado en las comunidades, nos damos cuenta de que les estamos fallando. Por eso esta reforma es tan importante, por eso desde Movimiento Ciudadano la hemos acompañado desde siempre, porque ha sido una propuesta que ha nacido también desde nuestro grupo parlamentario.

Es una propuesta también que ha sido impulsada y aprobada en el Congreso Estatal de Jalisco, porque nosotros les damos la cara a los problemas, porque le vamos a decir a la gente siempre que aquí estamos para resolverlos, que nosotros no nos vamos a esconder, que nosotros nos los vamos a negar, nosotros los vamos a resolver con ustedes porque para eso sirven los gobiernos.

Y niñas, niños y adolescentes están siendo reclutados, amenazados, utilizados por organizaciones criminales que se aprovechan de su vulnerabilidad en sus comunidades y también ante la ausencia de oportunidades y ante la ausencia del Estado, ausencia de gobierno.

¿Por qué no decirlo también? Por esos presuntos e innegables lazos de políticos con criminales organizados, de largas listas de impresentables que se van a elecciones con dinero irrastreable y que llegan a gobernar comunidades, estados, alcaldías sin que nadie haga nada.

¿Cuál es la relación de estos políticos con lazos criminales, con el aumento de reclutamientos en nuestro país, con el aumento de asesinatos, de feminicidios o desapariciones? El caso de Rocha Moya, por ejemplo, en donde en los años que estuvo de gobernante aumentaron en un 400 % las desapariciones en el estado de Sinaloa, en donde aumentaron en un 200 % los feminicidios, en donde es innegable que o no quieren hacer o hacen que hacen.

Y por eso resulta fundamental también, como lo ha hecho Movimiento Ciudadano, denunciar desde los órganos conducentes, estas coordinaciones hechizas que lo que buscan es poner al frente precandidatos que no responden con la ley y que no están rastreados en el dinero que puedan recibir por las autoridades electorales. Y no lo vamos a dejar de señalar, porque todo este problema es sistémico y nos corresponde a todos resolverlo.

Con este dictamen estamos dando un pequeño paso para garantizarle a las niñeces mexicanas y a las juventudes que puedan tener al Estado mexicano de su lado para protegerles.

En el 2025, mi compañero Pablo Vázquez Ahued presentó una iniciativa para sancionar el reclutamiento de personas menores de edad por organizaciones criminales. Pero esta discusión tiene también otra dimensión indispensable, no basta sancionar a quienes reclutan, que es fundamental, tenemos también que proteger a las infancias que han sido reclutadas, no podemos abandonarlas a su suerte porque fueron capturadas por el crimen organizado.

Por eso, desde Movimiento Ciudadano presentamos dos iniciativas complementarias para construir una respuesta integral desde los derechos de las infancias y la justicia para adolescentes. En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reformamos para reconocer expresamente el reclutamiento, la captación, la utilización y la instrumentalización por grupos delictivos como situaciones que requieren prevención y protección especial. Que esto no suceda, que no lleguen ahí.

Esta propuesta fortalece a las autoridades para detectar riesgos, intervenir oportunamente y facilitar la desvinculación segura de las organizaciones criminales y garantizar la restitución integral de los derechos vulnerados.

También estamos reformando la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuando una persona adolescente involucrada en un proceso penal presenta indicios de haber sido reclutada o utilizada por grupos delictivos, el sistema de justicia debe reconocer también su posible condición de víctima. No los podemos abandonar a su suerte, ni en manos de un Poder Judicial que no está generando justicia en el país.

No estamos proponiendo impunidad, estamos proponiendo una justicia que reconozca el contexto en el que viven la niñez y la adolescencia en nuestro país. El Estado no puede abandonar a nuestras infancias que durante años han sido abandonadas y, después, aparecer únicamente para castigarlas.

Concluyo, presidenta. Tenemos la obligación de prevenir el reclutamiento, proteger a sus víctimas y garantizar que ninguna niña, ningún niño o adolescente sea condenado a permanecer dentro de una organización criminal y fuera del alcance de un Estado que debería de protegerles y les está fallando. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos desde Movimiento Ciudadano para lograrlo y por eso nuestro voto a favor de este dictamen. Es cuanto.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Tiene la palabra la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del grupo parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes, subo a esta tribuna como parte de las y los proponentes de este importante dictamen, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada es una de las formas más graves de violencia contra la infancia en nuestro país, porque les arrebata la posibilidad de crecer en un entorno seguro, continuar sus estudios y construir un futuro alejado de la criminalidad.

Hablamos de menores de edad que mediante amenazas, engaños o falsas promesas de empleo son incorporados a organizaciones criminales para desempeñar actividades como vigilantes, mensajeros, transportistas o incluso participar directamente en actos de violencia.

La magnitud de este problema es preocupante, porque de acuerdo con estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos, mientras que la organización Reinserta ha señalado que más de 30 mil menores de edad han sido incorporados a esta estructura criminal.

Estas cifras reflejan una realidad que no podemos ignorar, especialmente cuando sabemos que muchas de las víctimas provienen de comunidades afectadas por la pobreza, la violencia familiar, el abandono escolar y la falta de oportunidades, condiciones que son aprovechadas por los delincuentes para acercarse a ellos y ganar su confianza.

El reclutamiento puede comenzar a través de las redes sociales, donde los grupos criminales ofrecen supuestos empleos, dinero o mejores condiciones de vida. Dichos medios digitales les permiten acercarse a los menores sin que sus familias vean el peligro en que se encuentran.

Por ello, el dictamen que hoy discutimos establece medidas para sancionar a quienes reclutan personas para incorporarlas a grupos delictivos, contemplando penas de 10 a 20 años de prisión que aumentarán de 15 a 25 años cuando se utilicen amenazas, intimidación, violencia o cualquier otro tipo de coacción.

Uno de los aspectos más importantes de esta reforma es que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes sea considerado como reclutamiento forzado, reconociendo que ninguna persona menor de edad debe ser utilizada por organizaciones criminales independientemente de los medios empleados para incorporarlos a estas actividades.

Esta disposición permite fortalecer su protección jurídica y reconocer que detrás de muchos adolescentes involucrados en hechos delictivos pueden existir historias de amenazas, manipulación y violencia que deben ser investigadas y atendidas por las autoridades correspondientes.

Asimismo, el dictamen contempla la aplicación del principio del interés superior de la niñez y la restitución de derechos cuando existan menores de edad involucrados en estos delitos. Una medida necesaria para garantizar que reciban la protección que corresponde a su condición es, en efecto, el reclutamiento infantil requiere mucho más que establecer penas de prisión, porque la verdadera responsabilidad del Estado comienza antes de que una niña, niño o adolescente sea captado por la delincuencia.

Necesitamos endurecer las acciones de prevención en las escuelas y comunidades, identificar oportunamente los factores de riesgo y ofrecer alternativas educativas, culturales y deportivas, que permitan a las nuevas generaciones desarrollar sus capacidades en condiciones de seguridad.

De igual manera es indispensable que los tres órdenes de gobierno cuenten con instituciones de seguridad y procuración de justicia capaces de investigar estos delitos, sancionar a los responsables y brindar atención integral a quienes hayan sido víctimas para que puedan recuperar sus proyectos de vida e integrarse a sus familias y comunidades.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respaldará este dictamen, la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes debe estar por encima de cualquier diferencia política, pero también hacemos un llamado a las autoridades para que esta reforma cuente con los recursos, la coordinación y acciones necesarias para garantizar absolutamente su cumplimiento.

No permitiremos que la delincuencia organizada continúe aprovechándose de la vulnerabilidad de los menores...

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.

La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Concluyo. Quitándole su infancia y convirtiéndolos en instrumentos de actividades criminales que ponen en peligro su integridad y su vida. Compañeras y compañeros, debemos garantizar que la niñez tenga la oportunidad de estudiar, convivir con su familia y crecer sin el temor de ser reclutado por la delincuencia. Muchas gracias.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada Jasso. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil: El reclutamiento forzado que, debo decir por insistencia del Partido del Trabajo, estamos hoy discutiendo este tema en este pleno.

Había sido invisibilizado durante mucho tiempo y había sido invisibilizado porque pareciera que solo afecta a los más pobres y a los niños, niñas y adolescentes. Aunque en la realidad el reclutamiento forzado, como dejó en evidencia el rancho Izaguirre, es un mal que se ha dispersado en todos los niveles de la sociedad y en todos los estados.

Ya ha hablado aquí el diputado Ricardo Mejía, en esta tribuna, sobre el tema del rancho Izaguirre, del que hay que reconocer que, junto con el presidente de esta comisión, Julio César Moreno, han empujado este tema con gran pericia política.

¿Y por qué lo digo así? Porque había quienes teníamos duda, todavía, de que esto debía de ser incluido en el Código Nacional Penal y de Procedimientos Penales, pero en la lógica no solamente de una aplicación general en el país para el reclutamiento forzado, sino en no depender de las fiscalías de los estados y de los estados que nos quedan mucho a deber.

El ejemplo muy claro: Chihuahua, en el tema de feminicidio, siendo vergonzosamente el primer estado que no ha legislado en el tema de feminicidio a pesar de ser gobernado por una mujer. Así que esas deudas se subsanan incluyéndose en la Ley Nacional de Trata.

¿Qué es lo que hoy estamos discutiendo? Bueno, no solamente que el reclutamiento forzado se reconozca y se visibilice, porque no podemos atender un problema si no aceptamos que existe.

Segundo, y esta es otra de las dudas que yo he dejado sobre la mesa de esta discusión, porque lo vivimos todos los días quienes somos de estados como Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que hacen el reclutamiento forzado de niños que, apenas alcanzando la edad de siete, ocho años, sobre todo en mi estado, como pueden correr por la sierra baja, conocen perfectamente las montañas y son ágiles, los meten al tema del negocio de la siembra de amapola.

Y esos niños no son delincuentes, están ahí porque es eso o los matan. Y esos niños son víctimas no solamente de trata, sino de un secuestro abierto y que muchas veces lo hacen, justamente, acabando con la vida de sus padres que se resisten a esta tragedia a la que serán condenados.

Así que el reclutamiento forzado que, por mucho tiempo, como dije, ha sido invisibilizado, hoy hacemos desde esta Cámara de Diputados un reto al crimen organizado diciéndoles que nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes no se tocan y que, además del delito que comete el crimen organizado o delitos en contra de la salud, hoy también enfrentarán otro delito que tiene que ver con este reclutamiento forzado.

Reconozco, insisto, el esfuerzo que ha llevado de esta comisión el diputado Ricardo Mejía y el diputado Julio César Moreno para que esto sea una realidad inmediata y felicito a los grupos parlamentarios que en cosas trascendentes como esta nos podemos poner de acuerdo.

Ojalá que la oposición tenga la altura de miras para no solamente sacar adelante dictámenes como estos, sino muchos otros que tienen que ver, y lo discutíamos hoy en la Comisión de Justicia, con los fraudes digitales porque el reclutamiento forzado también se hace, como lo vimos en el caso del rancho Izaguirre, a través de plataformas digitales y a través del engaño o la amenaza.

Solamente dejo una duda y una salvedad, que lo hice en la Comisión de Justicia: aquellos niños y niñas que son obligados y secuestrados no pueden ser tratados como delincuentes: tienen que ser tratados como víctimas porque desgraciadamente son víctimas del crimen y de un sistema que, por muchos años, había invisibilizado este problema.

Enhorabuena para la Comisión de Vigilancia. Enhorabuena para todos... Perdón: la Comisión de Justicia. Enhorabuena para todas y todos aquellos que trabajaron para que este dictamen sea una realidad y, sobre todo, enhorabuena para México y para mi estado, Chihuahua, que es uno de los que más sufre reclutamiento forzado de niñas y niños en la sierra Tarahumara. Muchas gracias.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Fatima Almendra Cruz Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Fatima Almendra Cruz Peláez: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El reclutamiento forzado de personas constituye una de las manifestaciones más preocupantes de la violencia vinculada con la delincuencia organizada en nuestro país.

Se trata de una problemática cuya creciente ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos legales para prevenir, investigar y sancionar estas conductas, así como garantizar la protección de quienes son víctimas de dicho fenómeno delictivo.

Esta situación afecta de manera particular a las niñas y niños, adolescentes, quienes debido a sus condiciones de vulnerabilidad se encuentran más expuestos a las estrategias de captación, utilizada por los grupos criminales, factores como la pobreza, la desigualdad social, la desintegración familiar, el abandono escolar y la falta de oportunidades educativas y laborales pueden ser aprovechados por estas organizaciones para incorporarlos a sus estructuras delictivas.

Asimismo, debemos de reconocer que el reclutamiento no siempre se lleva a cabo mediante el uso directo de la fuerza, las amenazas o la intimidación, sino también a través del engaño, falsas ofertas de empleo, promesas de remuneración económica y otros mecanismos de manipulación que, incluso, mediante redes sociales y plataformas digitales buscan atraer a personas en situación de vulnerabilidad.

La gravedad de este fenómeno se acentúa por su estrecha vinculación con otros delitos de alto impacto, como el homicidio, la extorsión, el secuestro, la desaparición de personas, la tortura, la explotación y el tráfico de drogas, lo que muestra que el reclutamiento de personas no constituye una conducta aislada, sino que forma parte de las estrategias utilizadas por las organizaciones criminales para fortalecer sus estructuras y ampliar sus actividades ilícitas.

En muchos casos, las personas reclutadas son obligadas o inducidas a participar en actividades delictivas que ponen en riesgo su integridad física, su libertad e incluso su vida.

Esta situación resulta especialmente preocupante cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes, quienes pueden ser utilizados para realizar labores de vigilancia, transporte de sustancias ilícitas o actividades de mayor gravedad, quedando expuesto a entornos de violencia, amenazas y sometimiento.

Por lo anterior, el presente dictamen parte del reconocimiento que el reclutamiento de personas por parte de grupos delictivos constituye una problemática que requiere un tratamiento jurídico específico y una respuesta integral por parte de las autoridades.

En este sentido, la reforma plantea tipificar el delito de reclutamiento forzado de personas como aquel cometido por cualquier medio, mediante el engaño o sin él, que evite, induzca, incorpore o reclute a una o más personas para formar parte de algún grupo delictivo.

Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen, conscientes de la necesidad de atender una problemática que representa una grave amenaza para la seguridad, la libertad y la integridad de las personas, particularmente de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Consideramos fundamental que nuestro marco jurídico evolucione para responder a las nuevas modalidades de operación de la delincuencia organizada, mediante disposiciones que contribuyan a combatir la impunidad, fortalecer la actuación de instituciones encargadas de procurar justicia y garantizar una mayor protección a las víctimas.

Desde el Partido Verde, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando en la construcción de un marco jurídico, que contribuye a garantizar la seguridad de las familias mexicanas, proteger a nuestra niñez y juventud, y fortalecer el derecho del Estado. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

La diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Adelante.

La diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Hace tiempo, una mujer seria, trabajadora, una madre de familia, me dijo algo que jamás voy a olvidar: Noemí, llevó años buscando a mi hermano y hay días que honestamente le pido a Dios que me digan que lo encontraron, –aunque sea muerto–, porque no saber dónde está ni en qué lo tienen trabajando, ni qué le están haciendo, es un dolor insoportable.

Y es que lamentablemente la esclavitud no es solamente una tragedia del pasado, la esclavitud en México sigue siendo una tragedia del presente. Y muchas veces esa esclavitud comienza con una mentira, una oferta de trabajo, una promesa de dinero fácil, un mensaje en redes sociales o hasta una invitación en un videojuego.

El crimen organizado ha encontrado terreno fértil en la pobreza, el abandono escolar, la desintegración familiar y la falta de oportunidades para reclutar forzosamente a miles de mexicanas y mexicanos, y sus víctimas más indefensas son nuestras niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con datos citados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al me nos 30 mil menores de edad participan en México en actividades vinculadas con la delincuencia organizada, 30 mil infancias que deberían estar construyendo sueños, no aprendiendo a cometer delitos.

Y un dato igual de aterrador, se calcula que entre 155 mil y 250 mil menores de edad viven hoy en riesgo alto de ser captados por el crimen organizado. Y de ese dolor sabemos muy bien en Zacatecas.

Cuando el crimen organizado recluta a un niño no solamente le arrebata su libertad, le roba su infancia, su inocencia y su futuro. Y celebro, celebro que hoy los grupos parlamentarios vayamos a votar por unanimidad este dictamen. En particular reconozco a mis compañeros de Acción Nacional, Agustín Rodríguez, Margarita Zavala, Paulina Rubio, Memo Anaya, César Israel Damián y Alfonso Rubalcaba, porque fueron parte de los promoventes.

Pero, a ver, así como nos ponemos de acuerdo para legislar, hagámoslo para actuar, porque de nada va a servir la unanimidad aquí si en Jalisco grupos parlamentarios, como Movimiento Ciudadano y Morena, siguen impidiendo que el fiscal vaya a comparecer al Congreso Estatal para dar cuenta de lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre, porque el Rancho Izaguirre abrió la puerta para entender que en México sigue habiendo campos de concentración real.

Hoy podemos coincidir más allá de nuestras diferencias políticas, pero, insisto, de nada sirve la unanimidad y de nada sirve crear un tipo penal autónomo y específico que castigue la invitación y reclutamiento, y que establezcamos un principio de protección absoluta cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, si siguen sucediendo hechos como el de Michoacán, en donde se encuentra una fosa clandestina con más de mil 600 dientitos de leche, niñas y niños que fueron asesinados y que quién sabe qué hicieron con ellos antes de asesinarlos, si la fiscalía de ese estado simplemente dice que no tiene registro de ese hecho.

De nada serviría la unanimidad de hoy si Evelyn Salgado se aferra a presumir resultados en seguridad, mientras un niño suplica en redes sociales de forma desgarradora que le devuelvan con vida a Domingo, su padre en Guerrero.

De verdad necesitamos ponernos de acuerdo para que ningún gobierno se aparte del narcotráfico y siga permitiendo esta esclavitud del presente. Y no politicemos con la tragedia, no vengan a decir aquí que en Chihuahua no existe el feminicidio cuando se tipificó en el artículo 126 Bis del Código Penal en el 2020, justo cuando mi compañera Carmen Rocío era legisladora local. Pongámonos de acuerdo para que ustedes por fin se atrevan a romper el pacto y de verdad hagamos algo contra la reclutación forzosa. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Diputada Lilia Aguilar, ¿con qué objeto?

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Por alusiones implícitas. Habló de justamente lo que yo dije en mi discurso.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No hubo alusiones, diputada.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Sí lo hay, presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: No hubo alusiones, diputada.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Yo le pido que haya imparcialidad. Ella hizo referencia a lo que yo dije en tribuna y solamente yo lo he dicho.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Diputada, con todo respeto no hubo alusiones porque en todo caso tendrían que sentirse aludidos todos los diputados de Chihuahua. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Julieta Kristal Vences Valencia... permítame, diputada Lilia Aguilar que continuemos con la sesión.

Esta Mesa Directiva... tiene la palabra la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Diputada Lilia Aguilar, no hubo alusiones, mencionó el estado de Chihuahua, pero en todo caso entonces todos los diputados de Chihuahua tendrían que sentirse aludidos.

Tiene la palabra la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada Vences. Diputada, permítanos continuar con la sesión. No, no se le aludió, porque en todo caso cada vez que se mencione un estado, cada quien nos vamos a sentir aludidos. Adelante, diputada Vences Valencia con su intervención, por favor. Permítannos continuar con la sesión, revisamos el discurso, permítanos continuar con la sesión. Diputada Vences, adelante con su intervención en lo que revisamos el discurso. Gracias. Diputada Lilia Aguilar es esta, es esta Presidencia quién define si hay alusiones, no hubo alusiones, continúe la oradora. Diputada Julieta Vences, por favor, adelante con su intervención. Se va a revisar el discurso. Gracias.

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, compañera diputada Lilia Aguilar, ojalá que ahorita puedan permitirte la palabra para aclarar el tema de Chihuahua, por alusiones personales, ya que te he mencionado en esta tribuna y en el momento de mi participación.

Compañeras y compañeros, hablar de la niñez es hablar de lo más preciado que tiene nuestro país que son nuestras niñas, niños y adolescentes, hoy vienen a hablar en esta tribuna de los acontecimientos que ocurren en este momento.

Pero, seamos honestos y seamos realistas, hoy al hablar de los niños y niñas que son obligadas al adiestramiento forzado es hablar del pasado, es hablar de los orígenes, es hablar que esos niños, niñas y adolescentes fueron niños que vivieron en comunidades, en hogares, sin oportunidades.

Es hablar de lugares donde el Estado llegó tarde, donde el Estado les falló y, ¿cuál fue ese Estado?, pues fue la época del PRI y del PAN. Fue en la época donde no voltearon a ver las necesidades no sólo de nuestras niñas y niños, sino de la sociedad en general.

De una sociedad que vivía en la pobreza, que vivía en el rezago, que vivía en el abandono, de niñas y niños que vienen de hogares que vivían diariamente en la violencia, en donde en vez de haber una beca, de haber una oportunidad había un maleante en la esquina de su casa ofreciéndole una oportunidad de trabajo, donde le decía que era muy fácil ganarse el dinero, donde le decían, nosotros sí te queremos, para nosotros sí importa.

Y fue ese el resultado de la fallida lucha contra el narco que desató que miles de niñas y niños en este país quedarán huérfanas y huérfanos, gracias a esa guerra contra el narco de Felipe Calderón, que lo único que trajo fue un derramamiento de sangre, y donde esas niñas y niños que estuvieron solos fueran atrapados y captados por la delincuencia.

Hoy, también queremos decirles que las cifras son escalofriantes. Hoy nos dice la Red por los Derechos de la Infancia que entre 145 mil y 250 mil niñas y niños adolescentes están en riesgo de ser reclutados, no porque quieran sino porque no tienen de otra, porque no tienen dónde ir.

Y, hay que decirlo con todas sus letras, las causas de la violencia, las causas del reclutamiento, y es la pobreza, el segundo es la deserción escolar. Porque los datos nos arrojan que 6 de cada 10 adolescentes reclutados ya no iban a la escuela.

Ustedes, el Prian se cansan de votar en contra el presupuesto y los programas sociales, pero hoy esas niñas y niños que desertaban tienen, por lo menos, la oportunidad de decidir entre seguir estudiando o dejar de estudiar para ayudar a sus familias.

Antes, esa oportunidad siquiera de pensarlo, de poder decidir no la tenían, estaban obligados a irse a las garras y a las manos de la delincuencia organizada.

Hoy, también debemos de hablar que, en este estado, en este país por culpa de todas y de todos ustedes, se normalizó la violencia, un Estado donde no pone una casa de cultura, el crimen pone una base de halconeo.

Y sí, aquí hablar del origen duele, y duele porque también es tantas las formas de reclutar que hoy utilizan y que nos alarman, ya que antes, compañeras y compañeros, el reclutamiento era territorial, iban a la comunidad.

Hoy es digital, hoy las herramientas tecnológicas que deberían de usarse para el bien son utilizadas para reclutar a nuestras niñas, niños y jóvenes, porque es a través de redes sociales, a través del Instagram, a través del TikTok y del Whatsapp que les presumen diariamente a nuestras niñas y niños la vida que tienen de éxito este tipo de personas, que tienen carros, que tienen joyas, que tienen casas y viajes y que les ofrecen poder vivir una vida así.

Como ya se decía, al final el sistema del TikTok de las redes sociales te encierra en esa burbuja digital que todo el tiempo les está mostrando el mismo contenido, diciéndoles que es la única opción que tienen o que es la mejor opción que tienen. Por eso es la necesidad que tenemos de legislar.

Pero también en la cuarta transformación y en el Grupo Parlamentario de Morena, nos queda claro que no basta con legislar, que no basta con cambiar las leyes, sino que va, tenemos que echar a andar reformas y políticas públicas a favor de las comunidades, a favor de nuestros pueblos indígenas, a favor de nuestras comunidades más olvidadas.

Y es ahí donde entra la ardua labor de la mejor presidenta del mundo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo...

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Concluyo presidenta. Porque es ella quien ha impulsado políticas públicas para terminar con la pobreza, porque no es un eslogan de campaña que por el bien de todos primero los pobres, sino que es un compromiso real contigo mexicana y mexicano que nos escuchas detrás de la pantalla, es un compromiso que tiene Morena, es un compromiso de la presidenta y es un compromiso de las y los diputados de Morena.

Por eso es que les pido compañeras y compañeros, que votemos a favor de esta reforma a favor de la niñez y en contra de aquel delincuente que cometa este tipo de delitos. Todo el peso de la ley y nunca más impunidad y nunca más olvido, como sí lo hicieron ustedes en sus gobiernos. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias diputada Vences. Esta Mesa Directiva ha revisado el discurso de la diputada Noemí Luna y, efectivamente, no hubo una alusión.

El Reglamento es muy claro respecto a las generalidades, he solicitado a Servicios Parlamentarios que se lo haga llegar, diputada, y también que le haga llegar el discurso para que usted misma pueda revisarlo nuevamente. Le voy a ceder la palabra porque, efectivamente, se le aludió desde la diputada Julieta Vences. Adelante, diputada Aguilar.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidenta, le voy a decir que usted debe de poner atención a los discursos. No solamente me aludieron, sino dijeron: la diputada que dijo aquí que no hay feminicidio en Chihuahua. Le voy a llevar yo a usted el discurso para que vea que sí.

Pero como yo sí hago mi trabajo, quiero clarificar sobre esa alusión. Que en Chihuahua el feminicidio no fue legislado por años, casi ya cinco años del gobierno de María Eugenia Campos Galván, no quiso ser legislado por esta gobernadora, porque no solamente no cree en los derechos de las mujeres, sino que trató de evitar a toda costa en una agenda conservadora recalcitrante.

Es el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el haberla puesto un par de veces en, haberla exhibido públicamente en las mañaneras que entonces, hace un par de meses con ayuda de nuestras legisladoras de Morena y del PT, que se legisló el tema del feminicidio en Chihuahua. Pero antes de hace dos meses existía solamente el homicidio agravado...

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Y con esto concluyo. Yo entiendo que le quieran lavar la cara a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, cada vez es más difícil, porque ahora no solamente traiciona al pueblo de Chihuahua, sino a sus propios panistas, mandándolos a la cárcel, como lo hizo con el ex fiscal César Jáuregui. Muchas gracias.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Reiterándole que he solicitado a Servicios Parlamentarios que le haga llegar la transcripción del discurso de la diputada Luna, toda vez que personalmente lo he revisado y no hubo una alusión ni siquiera implícita. Todo esto con todo el respeto a su trabajo que usted y todos los legisladores aquí merecemos.

Esta presidencia saluda a la actriz Sandra Echeverría, así como a integrantes de la Fundación ILAS México, invitados por la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Morena. Sean bienvenidos a este salón de sesiones. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Tiene la palabra para rectificación de hechos la diputada Carmen Rocío González Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Carmen Rocío González Alonso (desde la curul): Gracias. Gracias, presidenta. Sí, me voy a dedicar a rectificar los hechos precisamente de lo que se habló y se está discutiendo en esta tarde aquí en la Cámara.

Yo era legisladora local del 2016 al 2018, en donde se empezó a discutir, en 2017, la tipificación del feminicidio en el artículo 126 Bis del Código Penal. Estaba yo en esa Comisión de Justicia, por eso tengo la plena seguridad de que se tipificó en aquel momento.

Y vino algo más todavía en el gobierno en los siguientes años. En 2020 se volvió a discutir en el Congreso local y se ratificó; incluso, se agregaron algunas otras razones... otras causales para tipificar el feminicidio, así como agravantes, por ejemplo: 40 a 60 años de prisión, 500 a mil días de salario y reparación integral del daño y de uno a 20 años más si el agresor es servidor público, entre otras agravantes. La primera inclusión, como lo dije, fue en 2017; la segunda, en 2020...

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Concluya, diputada.

La diputada Carmen Rocío González Alonso (desde la curul): ... y en abril de 2026 el Congreso local de Chihuahua... aprobaron homologar la legislación estatal con lo que aquí se determine en la discusión que vendrá las siguientes semanas. Es cuanto.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, diputada. Esta Presidencia instruye que el resto de las propuestas de modificación registradas para su discusión en lo particular y que no hayan sido presentadas en la tribuna sean inscritas íntegramente en el Diario de los Debates.

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto.

La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La presidenta diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Esta Presidencia saluda y da la bienvenida a Aristeo Zeferino Salgado, presidente de la Sedapa, Los Ángeles, y directivo de Apar, Bernardino Cruz Cardona, Erik Fuentes Martínez, Felipe Martínez, José Luis Roldán Nolasco, Miguel Juárez Zarate, Omar Roldan Rodríguez, Ricardo Salvador Martínez, Vicente Ortega, Gerardo Fuente de la Paz, Sixto Mérida Cruz y Rubén Alfonso Arredondo, ciudadanos invitados por la diputada Alma Delia Navarrete Rivera, del estado de México, sean bienvenidos a este salón de sesiones.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Ordena la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación.

El secretario diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo: Ciérrese el sistema de votación. Señor presidente, se emitieron 419 votos en pro, 0 en contra, 0 abstenciones.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Aprobado en lo general y en lo particular por 419 votos. Aprobado en lo general y en particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en Materia de Reclutamiento Criminal. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, a cargo de los grupos parlamentarios, quienes tendrán el uso de la palabra, hasta por tres minutos. Iniciamos con la diputada Patricia Flores Elizondo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. ¿Con qué objeto, diputado Godoy?

El diputado Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Presidente, es una moción de orden. Quiero protestar porque antier fue el aniversario luctuoso del fallecimiento del general Lázaro Cárdenas del Río. Él, sin duda, es un mexicano ilustre, michoacano, nacido en Jiquilpan, pero que es uno de los hombres que logró que este país avanzara en la época que el nacionalismo revolucionario estaba dando frutos para la sociedad mexicana.

La expropiación petrolera, el reparto agrario y las campañas de educación del pueblo mexicano, distinguen su mandato y lo que hizo con posterioridad una vez que dejó de ser presidente en la República. Estar al pendiente fundamentalmente de los pueblos indígenas de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, y estar al pendiente de lo que pasaba en la laguna de nuestro país.

Por eso, quiero que, aunque no fue parte de las efemérides de hoy, sea recordado el general Lázaro Cárdenas del Río por su fallecimiento el 19 de octubre de 1970. Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué: Diputado Godoy, con su pronunciamiento queda asentado en el Diario de los Debates. Sin embargo, le informo que la Junta de Coordinación Política, como la Mesa Directiva decidieron el día de mañana realizar una efeméride con motivo del aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas. Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Flores hasta por tres minutos.

La diputada Patricia Flores Elizondo: Con su venia, señor presidente. En este momento, en algún lugar de México, una mujer acaba de sentir extraño bajo la piel, una bolita, una piel que se arruga, un pezón que se contrae o quizás un ardor o comezón no común. Y en este mismo momento está pensando: no es nada, ahorita no tengo tiempo, primero los niños, luego voy. Ese luego es el enemigo.

Hoy vengo a hablar contra ese luego. Él muchas veces no grita, susurra. Y a las mujeres de este país nos hemos malacostumbrado a vivir con el volumen bajo, a cuidar a todos antes que a sí mismas, a aguantar, a no hacer drama. Hoy les pido, hagan drama, hagan ruido, hagan cita, porque los números en nuestro país sí gritan.

En 2024, 8 mil 348 mujeres murieron por cáncer de mama en México. Son casi 23 al día, casi una cada hora. Mientras sesionamos hoy varias familias van a recibir esa llamada. El cáncer de mama es la primera causa de muerte entre todos los tumores malignos en México. Y desgraciadamente estos números no va a la baja, en 10 años la tasa de mortalidad pasó de 15.7 a 18.7 por cada 100 mil mujeres.

Y no debemos pensar que esto es cosa de señoras mayores, casi mil 900 de las mujeres que murieron tenían tan solo menos de 50 años. Es más, ni siquiera es solo cosa de nosotras, 67 hombres murieron por la misma causa.

Pero aquí viene el dato que quiero que se lleven en su mente, porque realmente es muy importante, cuando el cáncer de mama se detecta en etapa temprana sobreviven casi 99 de cada 100 mujeres, cuando se detecta a tarde sobreviven tan solo más de 22, 99 contra 22. La diferencia no es la suerte, no es el dinero, es el tiempo. Y hoy en México con tristeza 3 de cada 4 mujeres llegan tarde.

El cáncer de mama no se gana en el quirófano, se gana mucho antes, en la regadera, frente al espejo, se gana escuchando a nuestro cuerpo. Por eso quiero cambiar la conversación, dejemos de pedirles a las mujeres que sean valientes cuando ya están enfermas y empecemos a insistir más en el camino de la prevención cuando aún están sanas.

La autoexploración cada mes debe hacerse desde los 20 años, revisión clínica, mastografía a partir de los 40 con la frecuencia que indique su médico y desde aquí nuestra responsabilidad que la mastografía no dependa del código postal, que el resultado no tarde meses, que el tratamiento no se interrumpa por falta de un medicamento. Detectar a tiempo y después dejar esperando no es prevención, es crueldad con trámite.

Hay una frase que en este tema se dice mucho, cáncer de mama, pero en las casas se escucha distinto, se escucha cáncer de mamá, de hermana, de hija, de prima, de sobrina, de la amiga con la que creciste, porque el cáncer nunca le da a una sola mujer, le da a toda la familia que la ama.

Y quiero hablarle a esa mujer, a la que ya escuchó a su cuerpo, a la que ya pasó por el quirófano, a la que tiene la próxima cita apuntada en el calendario para su tratamiento oncológico y el miedo en el estómago, a ella le digo: hoy no estás sola. Esa cicatriz no es una herida, es la prueba de que llegaste a tiempo. Respira, el tratamiento es un camino, no un castigo. Mañana va a doler menos que hoy y pasado menos que mañana.

Aquí en esta tribuna y en nuestra casa y estoy segura que en cada casa de tus amigas, de tus amigos, de tus seres queridos y en muchas casas de México donde no te conocen, hay quien te sostiene.

No te pido que seas fuerte todos los días, te pido que no te sueltes de la mano de quienes te quieren. Ahora toca vivir y vamos a vivir y estaremos juntas en las altas y bajas, en las alegrías y los enojos, en la vejez, pero con salud.

Compañeras, compañeros, el listón rosa se lleva en el pecho un día, la revisión se lleva en la agenda todo el año. Que nadie más diga luego voy, que nadie más confunda aguantar con estar bien, que en México ninguna mujer llegue tarde a su propia vida. Escuchen a su cuerpo, siempre avisa primero. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

La diputada Ana Isabel González González: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, un año más, aquí estamos conmemorando lo que es el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama.

Lo hemos dicho una y otra vez y con mucho orgullo, las mujeres en este mes rosa, nos ponemos los colores rosas, los hombres también, veo a los compañeros con sus corbatas también en color rosa, porque sabemos cómo se han incrementado los casos en nuestro país de cáncer de mama, y esto tiene una sola respuesta, que no se detectan a tiempo. ¿Por qué?, porque desgraciadamente seguimos hablando de cómo se incrementan los números de mortalidad en nuestro país por esta enfermedad.

Muchos de nosotros y muchas de nosotras tenemos a un familiar, a una amiga, a una conocida o quizá hasta algún conocido, porque hay que recordar que el cáncer de mama también llega, aunque en menos números a los hombres también.

¿Y qué es lo que les decimos? Cuídate, revísate, palabras de aliento y claro, en cuestión de salud mental es muy importante que apoyemos, por supuesto, a aquellas mujeres que están pasando por este tema y esta enfermedad del cáncer de mama.

Sin embargo, cuando llega la mortalidad, eso quiere decir que no se detectó a tiempo y, ¿por qué no se detectó a tiempo?, porque el Estado no brinda las oportunidades y no brinda las situaciones adecuadas para que puedas tener tu mastografía a un alcance de cualquier mujer, no estoy hablando solamente de las mujeres que puedan pagar una mastografía o una mamografía.

Por supuesto, si no se tienen los medicamentos y los tratamientos adecuados, el Estado también está fallando. Y hoy hablamos mucho de que primero se le tiene que ayudar a quienes más lo necesitan, y yo no veo que aquí estén los números y que se esté resolviendo. Yo no veo que en el Presupuesto de salud se estén incrementando los números para poder beneficiar y etiquetar directamente no solamente en materia de salud, sino también específicamente en el cáncer de mama.

Hace una semana, su servidora cortó su cabello para donarlo para pelucas oncológicas y a la hora de ir a hacer la donación de mi cabello, me topaba con sobrevivientes de cáncer de mama que estaban terminando su tratamiento y me decían, sabes lo importante que es para nosotras que estamos en tratamiento recibir una peluca, porque hasta los costos de las pelucas de cabello natural están entre 6 mil y 12 mil pesos.

¿Y saben qué me llamó la atención también de lo que nos comentaban? A Ivette, que la conocí este fin de semana pasado, me decía que a ella le detectaron el cáncer de mama a los 35 años.

Compañeras legisladoras, por muchos años a nosotras nos compartieron la información de que arriba de los 40 años teníamos que tener una mastografía o una mamografía. Yo quisiera preguntarles a ustedes, sé que no hay diálogos, y aparte porque estamos en una fecha conmemorativa, pero les hago la pregunta para que nos quede solamente en nuestra decisión contestarlo previamente, ¿ya se hicieron ustedes una mastografía? ¿Somos coherentes a la hora que les decimos a las mujeres vayan? ¿Sabemos cuánto cuesta la mastografía y reconocemos que no está al alcance de todas? Yo sí reconozco que no esta al alcance de todas.

Y sí reconozco que se siguen perdiendo vidas por no tener los presupuesto etiquetados de manera adecuada también en esta materia del cáncer de mama.

¿Por qué hablaba de la edad? Ya estoy por terminar, presidenta, pero es un tema muy importante y por respeto a la Cámara estoy por terminar. Solo concluyo, de verdad, ya se está detectando en menores edades, ya necesitamos realmente tener campañas nacionales y que se destine también presupuesto para esto, para que más mujeres tengan la oportunidad de vivir con calidad de vida, y que el cáncer de mama quede como una experiencia para compartir y que otras mujeres puedan detectarlo a tiempo.

Amigas, tóquense. Amigas, yo sé que el cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí se puede detectar a tiempo y para eso necesitamos mastógrafos, necesitamos acceso a la salud, necesitamos tratamientos, porque el día de hoy el cáncer que está llegando a las mujeres, como lo dicen estos cartelones, el cáncer que está matando a las mujeres es Morena, ¿por qué? Por el tema del presupuesto.

Mientras no haya un presupuesto etiquetado para las mujeres ni podemos hablar de violencia, de prevención, y en esta ocasión hablar de cáncer de mama, mientras no se tenga un presupuesto real etiquetado y que llegue, las mujeres van a seguir perdiendo la vida y ellas pueden ser ustedes o puedo ser yo.

¿Y saben qué? No quiero que seamos ninguna de nosotras, ni ninguna de las que están afuera, parte de la estadística. Mujeres, tóquense. Y nosotros estaremos muy pendientes, y nosotros también como bancada para lograr que tengamos un presupuesto justo y que sea votado a favor en beneficio de aquellas mujeres que son detectadas con cáncer de mama y para que puedan sobrevivir a esto.

Y a todas las familias que han perdido a una mujer, a un ser querido por cáncer de mama, toda nuestra solidaridad y seguimos en la lucha, seguimos levantando la voz. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez: Con su venia presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hoy conmemoramos una causa importante que es el cáncer, que es la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Vengo hoy muy consternada y posiblemente no tenga la oportunidad de leer, porque los servicios de salud de mi estado le acaban de fallar a una chica de 21 años, falleció hace dos horas, no por cáncer, sino porque en las comunidades indígenas de Oaxaca sigue siendo muy complicado el acceso a la salud y a la salud de calidad.

Esta chica no tuvo la oportunidad de ser trasladada al hospital de alta especialidad hace varios días. ¿Y a qué conlleva esto? Que, si a ella no la atendieron por un tema tan básico, las mujeres difícilmente, y las mujeres indígenas, no detectan oportunamente el cáncer de mama.

Maritza, de 21 años, falleció hace 3 horas en el hospital de alta especialidad de Oaxaca, porque no le dieron el pase hace 20 días. Estuvo convaleciente cerca de 4 días en una agencia de Tamazulápam del Espíritu Santo, donde no había energía eléctrica, hasta que se pudo trasladar a la ciudad de Oaxaca.

Y me duele porque es mi paisana Mixe, es mi paisana indígena y que hicimos todo lo posible porque tuviera la atención oportuna y no la tuvo. Sus padres gastaron muchísimo dinero en la salud privada.

Hoy no está Maritza, pero sí es algo que debe de sensibilizar a cada uno de ustedes, diputados y diputadas, necesitamos mayor presupuesto para la salud, no podemos dejar un año más sin darle presupuesto a la salud, y lo digo por las miles de mujeres que no atienden a tiempo esta detección oportuna del cáncer y de otras enfermedades que padecemos las mujeres indígenas en la montaña, que difícil vamos a llegar a una clínica que nos realice la mastografía.

Y más cuando el estado es inconsciente e insensible como el gobierno del estado de Oaxaca. Hace un año aquí manifesté que había retirado las detecciones de cáncer. Había una caravana, iba a las comunidades y se realizaba esto. Ahora sí se realizaba, pero no se les daba el informe o la identificación de lo que habían obtenido, los resultados.

Por eso es importante que los estados también inviertan y más los estados donde hay una gran población indígena y afromexicana, como es el estado de Oaxaca, el estado de Chiapas, Guerrero, que solo nos podemos atender en la salud pública, en el IMSS-Bienestar, lo digo así. Entonces tenemos que invertir, tenemos que ampliar esa cobertura de salud.

Tengo compañeras, amigas que estudiaron conmigo la primaria y tuvieron cáncer de mama a los 20 años. Esta enfermedad no respeta edades, condición económica, pero sí a los más pobres, a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas que están en la sierra y que nunca en su vida tendrán la oportunidad de realizarse esos estudios y que se les diagnostique a tiempo.

Necesitan del Estado mexicano, necesitan de mayor presupuesto, necesitan de la sensibilidad de cada uno de ustedes, y de ustedes diputadas, y de todos los servidores públicos. Porque quiero decirles que a esos que tenemos ahorita encargados de la seguridad social, de la salud, son personas que no se identifican con nuestra pobreza, que nunca van a tener la sensibilidad.

Por eso las mujeres indígenas seguimos abandonadas, y les apuesto que los indicadores, deben ser las más propensas a padecer el cáncer de mama, pero no solo eso, a fallecer porque no tienen un tratamiento oportuno.

En Oaxaca el único equipo que teníamos para tratar el cáncer, y que era el único equipo que teníamos a nivel sur-sureste entre Chiapas y Oaxaca, se descompuso. Estuvo en el abandono cerca de un año porque no tenían 300 millones para comprar uno o darle mantenimiento.

Eso es a lo que nos enfrentamos día a día. Es lo que ustedes van a encontrar en las comunidades, en una comunidad indígena como San Juan Cotzocón, donde por redes sociales hicieron la denuncia que una mujer necesitaba atención porque tenía cáncer de mama, ¿quién se lo iba a llevar? ¿Acaso nosotras? ¿Acaso nosotros que tenemos acceso por lo menos al ISSSTE? Y creo que no todos lo utilizan porque van a la seguridad privada.

Yo de todo corazón les pido que en este paquete económico que se va a discutir en los próximos días avalen mayor presupuesto para salud. La salud está abandonada y tenemos que darle un rumbo y que sea tener mejor calidad de salud para todas y todos. Es cuanto, presidenta, gracias.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por tres minutos.

La diputada Mayra Espino Suárez: Con permiso de la presidenta. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, el 19 de octubre no es únicamente un día para vestirnos de rosa: es un llamado a la conciencia, a la solidaridad y, sobre todo, al compromiso político y presupuestal. Este 2026 la conmemoración nos exige ir más allá de la empatía para transformar las palabras en garantías constitucionales y de salud pública.

La Organización Mundial de la Salud ha sido contundente al declarar que la detección precoz y el acceso equitativo a tratamiento son los pilares fundamentales para reducir la mortalidad por cáncer de mama a nivel global. Hoy se plantea promover la salud para la detección temprana, garantizar un diagnóstico oportuno y asegurar el manejo integral de la enfermedad.

En México el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. Año con año se diagnostican aproximadamente 20 mil nuevos casos de los registrados y cerca de 8 mil 500 mujeres pierden la vida. Además, aunque afecta principalmente a las mujeres, no debemos olvidar que entre el 0.5 % y el 1 % de los casos corresponden a la población masculina.

Estamos hablando de un promedio de 66 mujeres diagnosticadas al día, de historias de madres, de hijas y de hermanas y de compañeras cuya pérdida o avance de la enfermedad pudo haber sido evitado con un diagnóstico oportuno.

Sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad silenciosa en sus etapas iniciales. Con la mayoría de los casos, los síntomas no se manifiestan hasta que el padecimiento ha avanzado.

Frente a esta realidad, la prevención y la detección oportuna son nuestras mejores herramientas. Estrategias como la autoexploración a partir de los 20 años y la realización periódica de mastografías son acciones vitales que debemos democratizar y llevar a cada rincón del país, intensificando las campañas de sensibilización durante todo el año y no solo en una fecha del calendario.

Reconocemos que hemos avanzado en herramientas y alternativas de atención. Sin embargo, seamos claros: no podemos hablar de una verdadera prevención mientras persista la desinformación, los estigmas, el machismo y las profundas brechas de desigualdad que asfixian a nuestras comunidades rurales y zonas marginadas.

Necesitamos un modelo capaz de garantizar diagnósticos oportunos, tratamientos adecuados y un acompañamiento integral alineado fielmente y firmemente con la Iniciativa Mundial de la OMS, para reducir la mortalidad en un 2.5 % anual y salvar a 2.5 millones de vidas hacia el 2040.

La salud de nuestras mujeres jamás debe de ser un privilegio, tiene que ser un derecho plenamente garantizado para todas. Hoy reconocemos el coraje de las miles de mujeres que lucharon incansablemente. Recordamos con respeto a quienes partieron y abrazamos la determinación de quienes persisten. Muchas gracias.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Samantha Margarita Garza de la Garza, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos.

La diputada Samantha Margarita Garza de la Garza: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante.

La diputada Samantha Margarita Garza de la Garza: Compañeras y compañeros legisladores, hoy subo a esta tribuna para hablar de una enfermedad que no solamente afecta al cuerpo, sino que transforma la vida de familias enteras, el cáncer de mama.

Detrás de cada diagnóstico hay una mujer que, con sueños, con proyectos, quien es protagonista de una historia, son madres, hijas, hermanas y amigas que de un momento a otro enfrentan el miedo, la incertidumbre y una batalla que nadie debería de luchar sola.

Y aunque octubre se viste de rosa, no podemos permitir que esta lucha se quede solamente en un color, un lazo o una campaña de prevención. En México la realidad es muy dolorosa. En 2024 más de 8 mil 400 víctimas del cáncer de mama perdieron la vida en nuestro país. Les recuerdo, no estamos hablando de cifras, son familias que hoy viven una ausencia que nada podrá llenar.

Pero, además, debería de preocuparnos profundamente que en México 6 de cada 10 casos de cáncer de mama son detectados en etapas avanzadas y mientras sabemos que detectarlo a tiempo puede salvar vidas, existen mujeres que deben esperar meses, escuchen bien, meses para comenzar su tratamiento.

Imaginen por un momento la angustia de una madre que recibe un diagnóstico de cáncer y que, además, tiene que preocuparse por conseguir una cita, un medicamento o los recursos para atenderse. No es justo que las posibilidades de sobrevivir dependen del lugar donde naciste, del dinero que tienes o de la institución de salud que te corresponde.

Compañeras y compañeros, como legisladores no nos podemos hacer indiferentes a esta realidad, tenemos la responsabilidad de garantizar que la salud de las mujeres sea una prioridad en las decisiones que tomamos y en los presupuestos que aprobamos. ¿De qué sirve hablar de prevención, si no existen los recursos para hacerla posible?

No basta con promover la detección temprana, si después no podemos garantizar el tratamiento oportuno. La lucha contra el cáncer de mama necesita más que discursos y buenas intenciones, necesita voluntad, recursos y acciones que salven vida.

Hoy quiero reconocer a quienes enfrentan esta enfermedad con fortaleza admirable, a quienes han logrado superarla, a quienes continúan luchando y a las familias que han tenido que despedir a alguien que aman. A todas ellas, nuestro respeto y nuestra solidaridad y nuestro compromiso.

Que nuestro objetivo sea que ninguna mujer se sienta sola, abandonada o invisible frente al cáncer. Porque esta lucha no se conmemora solamente en un día al año, se honra todos los días cuando nos esforzamos para garantizar su atención, su acompañamiento y sus oportunidades reales para vivir. Que nuestra solidaridad se convierte en decisiones, en presupuesto y en acciones. Porque detrás de cada vida que podemos salvar, hay una historia que merece continuar. Es cuanto.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante.

La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez: Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, cada 19 de octubre nos convoca una causa profundamente humana, la lucha contra el cáncer de mama, una causa que tiene nombres, rostros e historias, que está presente en nuestros hogares, en nuestras comunidades y en la vida de mujeres que merecen ser escuchadas, acompañadas y atendidas con dignidad.

Octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Nos recuerda la importancia de conocer esta enfermedad, promover su detención temprana y garantizar el acceso oportuno a la atención. Pero también nos invita a detenernos y mirar a quienes han vivido un diagnóstico capaz de cambiar en un instante sus planes y su manera de mirar el futuro.

Hoy queremos hablarles a ellas, a quienes esperan un resultado con el corazón inquieto, a quienes a traviesan un tratamiento, a quienes han concluido una etapa y continúan con sus revisiones, a quienes viven con enfermedad avanzada y necesitan atención, alivio, compañía y esperanza.

A todas ustedes les decimos: Su vida importa, su voz importa y sus necesidades deben ocupar un lugar central en nuestras decisiones. Reconocemos la lucha de quienes han enfrentado esta enfermedad.

A las mujeres que han atravesado esta experiencia queremos decirles algo: Desde esta tribuna ustedes son mucho más que un diagnóstico, son su historia, sus afectos, sus decisiones, sus sueños. Una cicatriz no disminuye su valor, un cambio en su cuerpo no les resta identidad. Necesitar ayuda no les hace menos fuertes. Merecen amor, respeto y cuidados en todas las etapas de su vida.

Y recordamos con profundo respeto a quienes han fallecido, su ausencia merece memoria y sus familias merecen acompañamiento. Que esta conmemoración nos permita transformar la empatía en compromiso, y el compromiso en acciones que protejan la vida.

Hoy reconocemos también al personal médico, de enfermería, de psicología, de trabajo social y a todas las personas que acompañan estos procesos. Su preparación y su trato humano pueden hacer una diferencia profunda en momentos de incertidumbre.

Desde el ámbito legislativo debemos impulsar propuestas suficientes, revisar las barreras que retrasan la atención y escuchar a las pacientes para que sus experiencias orienten mejores decisiones públicas.

Este 19 de octubre renovemos un compromiso que dura todo el año, acompañar con respeto, informar con responsabilidad y trabajar para garantizar atención digna y oportuna. Es cuanto.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Muchas gracias, diputada.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: La siguiente efeméride es con motivo del aniversario del reconocimiento del Voto de las Mujeres en México a cargo de los grupos parlamentarios, quienes tendrán el uso de la palabra, hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada Anayeli Muñoz Moreno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Anayeli Muñoz Moreno: Con su permiso, presidenta. Qué pensarían Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, si vieran que en esta Cámara de Diputados y Diputadas hay 255 legisladoras, qué pensarían las sufragistas si vieran que hoy tenemos una presidenta en México, paridad en todo, 13 gobernadoras, seguramente celebrarían las sufragistas mexicanas que hoy honramos, celebrarían esta conquista, nos recordarían que es una conquista colectiva y que ningún derecho de las mujeres ha sido una concesión.

Se nos negó el derecho que debió reconocerse siempre. Cada avance que hemos tenido ha sido justamente resultado de la lucha de mujeres a quienes durante décadas le negaron su derecho a participar.

Porque posterior a la Revolución, cuando Hermila Galindo le pide al Congreso Constituyente que se reconozca el derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas, le dijeron que no, que las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico y que podría ser hasta inmoral si las mujeres debatían hasta altas horas de la noche con hombres de política. Y otro de los argumentos para negar el voto fue que el clero o los propios hombres iban a influir o manipular a las mujeres en el sentido de su voto.

Pero las mujeres siempre han trabajado por nuestra nación, participaron en la Revolución y han marcado el rumbo de nuestro país. Por este recinto han pasado generaciones de mujeres que abrieron camino, en ese camino que estaba reservado solo para hombres como Aurora Jiménez, como Griselda Álvarez, como Ifigenia Martínez y también menciono hoy a mujeres con las que comparto proyecto político, dos de las primeras gobernadoras de nuestro país, Ivonne Ortega en Yucatán, Amalia García en Zacatecas y también una de las primeras mujeres que fue candidata a la Presidencia de nuestro país, Patricia Mercado. A todas ellas, de todas las fuerzas políticas, a todas ellas les debemos los espacios que hoy ocupamos.

También hay muchas otras mujeres que lucharon para esto, pero ¿saben qué? Han abandonado la política. Desde mi punto de vista, creo que es uno de los grandes retos que hoy tenemos, compañeras, que las mujeres no abandonen la política, que las mujeres puedan hacer política en igualdad, libres de cualquier tipo de violencia, libres de violencia al interior de los partidos políticos, pero también libres de violencia, por ejemplo, en las redes sociales, donde se ataca a las mujeres por su apariencia, por su capacidad incluso o cuestionan esto sólo por el hecho de ser mujeres. Atacan la vida privada, las familias, solamente por el hecho de ser mujeres.

Y también abandonan, porque a veces las jornadas de hacer política se vuelven incompatibles con el trabajo de cuidados, eso debemos reconocerlo. Pero, es que hay que ser honestas, es un mundo escrito y construido por hombres y para hombres, las reuniones nocturnas o de madrugada, a veces hasta las formas, los pactos entre hombres o incluso el que hoy sigan tomando las decisiones aquí, en esta Cámara.

Pero, no se trata de exigir más a las mujeres o de cuestionar más a los hombres, se trata de reconocer y transformar la realidad. Hoy somos privilegiadas de estar aquí, compañeras, muy privilegiadas, con la presencia también de quien hoy preside en estos momentos la Cámara, y cada una de nuestras compañeras legisladoras, así como nuestra coordinadora de bancada, pero la paridad debe ser más que una cifra, debe traducirse en una vida más justa para las mujeres, las niñas y las adolescentes.

Estamos aquí, compañeras, para transformar la realidad allá afuera. Estamos aquí, compañeras diputadas para cambiar la política que excluye a las mayorías y que privilegia y da exactamente beneficios para unos cuantos, tenemos que acabar con eso.

Compañeras, no llegamos para hacer la vieja política, llegamos para cambiarla. Cambiar la política, pero también cambiar la realidad dolorosa que está allá afuera, los feminicidios, la violencia de género. Llegamos para no permitir agresores en el poder, ni para protegerlos. Para crear un sistema nacional de cuidados que cambiaría la vida de millones de mujeres. Estamos aquí para incidir realmente en el Presupuesto para igualdad, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas.

Y para ir concluyendo, Presidenta. Urgen alianzas entre mujeres, como ha sucedido también en otras legislaturas, no echar en saco roto la creación de un grupo plural, como sucedió hace dos legislaturas, donde más avanzó a favor de la igualdad.

Es importante decirlo, el avance de los derechos de las mujeres no implica un retroceso en los derechos de los hombres. Hoy veo con preocupación cómo resurgen voces, principalmente de la extrema derecha, que cuestionan si las mujeres hemos ido demasiado lejos en nuestros derechos. La igualdad no es un exceso, es solo eso, piso parejo.

No permitamos que nos convenzan esos discursos que señalan que un derecho más para una mujer es un derecho menos para un hombre. Eso no es real. Un país igualitario no puede ser una amenaza para nadie.

Por eso, desde Movimiento Ciudadano, nuestra responsabilidad es impulsar una agenda feminista que escuche y que visibilice a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres indígenas, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres afromexicanas, que se traduzca además esta agenda en presupuestos, autonomía económica, acceso a la justicia y una vida libre de violencia.

A quienes conquistaron nuestro derecho a votar y ser votadas, concluyo, les debemos memoria, pero a las niñas que vienen detrás de nosotras les debemos un país en el que puedan decidir, en el que puedan gobernar y vivir con libertad. Muchas gracias, es cuanto.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Muchas gracias, diputada.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Ariana del Rocio Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

La diputada Ariana del Rocio Rejón Lara: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI conmemoramos el reconocimiento del voto de las mujeres en México.

El 17 de octubre de 1953 quedó plasmada en nuestra Constitución una conquista que abrió una nueva etapa para las mexicanas. Fue en el 2014, durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto que quedó plasmada la paridad ante la ley. Detrás de aquella conquista hubo mujeres que se organizaron, que escribieron, que tocaron puertas y que nunca se rindieron. Hoy las honramos y lo hacemos asumiendo la responsabilidad de seguir en la lucha.

Lo que ahora le corresponde a esta generación es convertir la igualdad ante la ley en igualdad ante la vida cotidiana. Pero una efeméride también debe de servir para decir algo que incomoda, conquistar un derecho no significa haber eliminado todos los obstáculos para ejercerlo. Para ejercerlo a plenitud las mujeres no deben de ser violentadas, no deben de ser amenazadas y, sobre todo, no deben de ser asesinadas.

Sí, ahora ocupamos más espacios en la toma de decisiones, pero cuando hablamos de presupuesto, este gobierno les ha fallado a las mujeres, hemos retrocedido décadas y décadas en todos los sentidos.

Compañeras y compañeros, los derechos políticos incluyen poder cuestionar sin recibir amenazas, competir sin recibir acoso, denunciar sin quedar desprotegidas y sostener una opinión sin que la respuesta sea atacar a nuestra propia vida.

Una denuncia debe encontrar instituciones que respondan y una mujer amenazada debe de encontrar respaldo antes de que sea demasiado tarde. Ninguna mujer debe pagar con miedo el derecho de participar en política.

Y esto nos obliga a todos los partidos, desde el PRI abrimos más oportunidades, formar nuevos liderazgos y acompañar a quien decidan dar el paso. Escucharlas cuando aspiran, respaldarlas cuando compitan y respetarlas cuando deciden. Así se demuestra la convicción democrática de un partido y ahí, ahí es cuando debemos responder.

La democracia tiene una deuda con las mujeres, y esa deuda se paga con poder efectivo, libertad y respeto. Y a quienes ya ocupamos una responsabilidad nos corresponde tender la mano, compartir experiencias, abrir puertas y defender a la compañera que enfrenta violencia, aunque piense distinto. Desde esta tribuna el PRI asume este reto y esta responsabilidad.

Que esta conmemoración nos comprometa con las que abrieron camino, con las que resistieron y con las niñas que merecen crecer sabiendo que podrán conducir su propia vida libremente. Es cuanto.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias diputada. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo dividió el tiempo y tendrá la diputada Ana Luisa del Muro García, la oportunidad de hablar hasta por un minuto con treinta segundos.

La diputada Ana Luisa del Muro García: Con tu permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, desde mi tierra, Zacatecas, las mujeres hemos sido ejemplo de resistencia y dignidad.

Las mujeres zacatecanas heredamos una tradición de lucha, hemos demostrado históricamente que la política y la defensa de los derechos se tejen con valentía desde las trincheras locales, hasta el corazón de la República. Hoy las mujeres seguimos haciendo historia en las calles, en las aulas, en los laboratorios, en los campos y en las leyes que transforman este país.

La lucha de aquellas sufragistas del 53 resuena y se materializa cuando rompemos los techos de cristal que durante siglos nos negaron el ejercicio del poder público. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sostenemos con absoluta firmeza que la emancipación de las mujeres no es una concesión del Estado, sino una conquista histórica y un acto de estricta justicia social.

Refrendamos nuestro compromiso con la igualdad sustantiva, sabiendo que la paridad en todo no es una meta cumplida, sino un punto de partida para erradicar la violencia política por razón de género, la desigualdad salarial y la opresión sistemática.

Por eso, este aniversario tiene un gran significado, pues se reescribe la historia porque por primera vez en dos siglos de vida independiente, una mujer encabeza la Presidencia de México.

La llegada de la doctora Claudia Sheinbaum en 2024 es símbolo vivo de que el voto conquistado en 1953 florece hoy en el ejercicio del poder transformador, humanista y con perspectiva de género. Es el homenaje más alto a todas las abuelas, madres y sufragistas que soñaron con ver a una mujer gobernar a México.

Conmemorar 73 años del sufragio femenino es recordar que la patria se construye con la fuerza de las mujeres. Que viva las mujeres de México y que viva las mujeres de Zacatecas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra la diputada Irma Yordana Garay Loredo, hasta por un minuto con 30 segundos.

La diputada Irma Yordana Garay Loredo: Gracias, presidenta, con su venia.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.

La diputada Irma Yordana Garay Loredo: A mis compañeras y compañeros diputados, a las mujeres de nuestro querido México y muy especial a las mujeres de mi bella Tlaxcala.

Hoy nos convoca una fecha que nos invita a mirar nuestra historia con orgullo, pero también con conciencia. Una fecha que nos recuerda que los derechos de los que hoy gozamos no fueron concesiones ni regalos, sino conquistas alcanzadas gracias a la lucha incansable de miles de mujeres que se atrevieron a desafiar las barreras de su tiempo.

Durante mucho tiempo prevaleció la idea de que el destino de las mujeres debía limitarse al matrimonio, al cuidado de los hijos y a las responsabilidades del hogar. Se pretendía que viviéramos apartadas de la vida pública, como si nuestras voces, nuestras ideas y nuestras capacidades no tuvieran lugar en la construcción de la nación.

Desde esta tribuna, y ante el pueblo de México, lo sostengo con firmeza y con mucha claridad: las mujeres somos símbolo de valentía, fortaleza y perseverancia. Somos la campesina que trabaja la tierra y alimenta a nuestra nación, la obrera que transforma con sus manos el presente, la trabajadora que contribuye al desarrollo de nuestro país, la ama de casa que sostiene, la estudiante que sueña con un futuro distinto, la maestra que siembra conocimiento y la madre que lucha todos los días por brindar mejores oportunidades a sus hijas e hijos.

Por eso, el reconocimiento del sufragio femenino marcó un antes y un después de nuestra historia. Fue una conquista que abrió las puertas de la participación política y que dejó claro que las mujeres no podíamos seguir siendo espectadoras de las decisiones nacionales. Teníamos y tenemos el derecho de ser protagonistas de ellas.

En el Partido del Trabajo creemos que cada mujer que llega a un espacio de decisión abre una puerta. Cada mujer que ejerce un cargo público con responsabilidad demuestra que el liderazgo no tiene género. Y cada mujer que acompaña, impulsa y respalda a otra mujer fortalece una red de sororidad que nos permite avanzar juntas. Es cuanto. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Blanca Estela Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por tres minutos.

La diputada Blanca Estela Hernández Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy conmemoramos 73 años del reconocimiento del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas. Setenta y tres años pueden parecer mucho tiempo, pero significa nuestras abuelas y muchas de nuestras madres. Nacieron en un México donde las mujeres no podían decidir en igualdad de condiciones quién debía gobernarlas.

Este derecho no fue un regalo ni una concesión del poder: fue resultado de décadas de lucha...

(Sigue turno 86)

... del poder: fue resultado de décadas de lucha de mujeres valientes, como Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo y muchas otras que se organizaron y levantaron la voz para conquistar nuestros derechos políticos.

Gracias a esas luchas, el 17 de octubre de 1953 se reconoció constitucionalmente nuestro derecho al voto y en 1955 las mujeres participamos por primera vez en una elección federal, desde entonces nuestra democracia comenzó a transformarse, llegaron las primeras diputadas, senadoras, gobernadoras y presidentas municipales, conquistamos la paridad y en 2024 México eligió por primera vez a una mujer como presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Pasamos de luchar por el derecho a votar a participar directamente en las decisiones que definen el futuro de la nación. Hoy las mujeres representamos aproximadamente el 52 % del Padrón Electoral, somos más de la mitad de la ciudadanía registrada para ejercer sus derechos políticos, sin embargo, todavía enfrentamos obstáculos.

La violencia política contra las mujeres sigue siendo una realidad, pregúntenmelo a mí que fui la primera presidenta municipal de mi municipio de Paso del Macho y la crítica es más la destructiva que la constructiva, persisten amenazas, agresiones y descalificaciones que buscan limitar nuestra participación.

Y frente a los discursos que pretenden devolvernos a épocas en las que nuestra voz no era escuchada, debemos responder con absoluta claridad: las mujeres mexicanas no vamos a dar ni un paso atrás, no renunciaremos a nuestra voz, a nuestros derechos ni a nuestra participación en el futuro de México.

Compañeras y compañeros, reconocer la importancia de las mujeres en la política no significa afirmar que somos mejores gobernantes simplemente por ser mujeres, pero sí para una democracia donde participamos mujeres y hombres en igual de condiciones es una democracia más completa, representativa y justa.

Desde el Partido Verde reafirmamos nuestro compromiso con esta causa. Hoy más de 681 mil...

(Sigue turno 87)

...con esta causa. Hoy más de 681 mil mujeres forman parte del padrón de militantes de nuestro partido, lo que representa el 64 % de la militancia registrada.

Por ello, seguiremos impulsando su participación y combatiendo cualquier forma de violencia a discriminación que pretende alejarla de la vida pública. Porque la igualdad no debe quedarse solamente en las leyes, debe reflejarse en las oportunidades y en la posibilidad real de tomar decisiones.

Hace 73 años conquistamos el derecho a decidir quién gobernaría México. Hoy tenemos la responsabilidad de asegurar que las mujeres sigamos participando en la construcción de su futuro. Que vivan las mujeres que abrieron el camino, que vivan las mujeres que hoy transforman México, que viva la mujer mexicana. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada María Isabel Rodríguez Heredia, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por tres minutos.

La diputada María Isabel Rodríguez Heredia: Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Adelante, diputada.

La diputada María Isabel Rodríguez Heredia: Muchas de las mujeres que nos enseñaron a vivir en libertad no vivieron en un país que les reconociera esa misma libertad para elegir a sus gobernantes. Pensemos en nuestras madres, abuelas, mujeres que decidieron el futuro de sus familias, que nos enseñaron a tener carácter y a defender nuestras convicciones, pero que nacieron sin poder incidir en el futuro político de México.

Ellas podían enseñarnos a votar, pero no habían nacido con el derecho de hacerlo. De esa magnitud es la dimensión humana de esta fecha, no estamos conmemorando solamente una reforma constitucional, estamos recordando a miles de mujeres que fueron adultas, que trabajaron, que sostuvieron a este país y que durante décadas tuvieron que mirar la democracia desde fuera.

Los hombres votaron en 1824, las mujeres mexicanas ejercieron por primera vez el voto, 131 años después. Una vida entera multiplicada por generaciones, en la que un México de hombres tomó decisiones sobre el rumbo del país, sin permitirles a las mujeres participar plenamente en ellas.

¿Cuántas mujeres, piensen, tuvieron que acatar leyes en las que su opinión no fue tomada en cuenta? ¿Cuántas vieron pasar gobiernos sin que su voluntad contara en las urnas? Yucatán tiene razones de sobra para sentirse orgullo de las mujeres que desafiaron esta exclusión, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Dzib no esperaron a que la historia les abriera la puerta, se atrevieron a cruzarla y demostraron que la ciudadanía de las mujeres no era una aspiración feminista, sino una exigencia de justicia.

Y algo que debemos tener presente, el voto les dio a las mujeres el derecho de elegir a quienes nos gobiernan, pero no le garantizó que quienes nos gobiernan eligieran defenderlas. Por eso, que hoy México tenga una presidenta mujer es un hecho histórico, pero también debe ser una oportunidad para demostrar que la igualdad se debe traducir en resultados, que ninguna mujer tenga que vivir con miedo al salir a la calle o con sueños truncados en razón de género o con desesperación por sus hijos desaparecidos.

No basta con que las mujeres lleguen al poder, el poder tiene que llegar a las mujeres. Hace 73 años las mujeres que nos precedieron fueron reconocidas para posteriormente conquistar una voz en las urnas, la deuda que tenemos nosotros, nuestra generación, es conseguir que esa voz tenga fuerza y validez en cada decisión, protección en cada derecho y libertad en cada rincón de nuestro país.

Que el día en que las mujeres conquistaron el voto no sea recordado solamente como el día en que México les permitió elegir, sino como el comienzo de la historia en que nuestro país aprendió por fin a escucharlas, aprendió por fin a escucharlos. Gracias.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Tiene la palabra la diputada Gloria Sánchez López, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

La diputada Gloria Sánchez López: Con su permiso, presidenta. (Habla en zapoteco). Compañeras y compañeros, legisladores, queridas hermanas, el 17 de octubre se cumplieron 73 años del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser electas para ocupar cargos de representación popular.

La participación política de las mujeres tiene una larga historia. Antes de la conquista en los pueblos de Mesoamérica hubo mujeres que ocuparon importantes posiciones de autoridad, como la señora 6 Mono de la cultura mixteca y Xiuhtlaltzin de la cultura tolteca. Durante la colonia destacaron Sor Juana Inés de la Cruz y María Ignacia de Azlor. Durante la Independencia, Josefa Ortiz y Leona Vicario. Durante la Revolución Mexicana, Hermila Galindo y Dolores Jiménez, entre otras mujeres.

Sus luchas y aportaciones contribuyeron al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en 1953. Décadas después de aquella reforma constitucional, se aprobaron las primeras medidas destinadas a promover las candidaturas de mujeres, cuotas obligatorias y acciones afirmativas hasta alcanzar la paridad en las candidaturas legislativas en 2014.

Estos avances recientes fueron resultado de la lucha de los movimientos feministas, de mujeres organizadas y de muchas compañeras que desde distintos espacios impulsaron el reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos.

Hoy podemos decir con orgullo que la paridad en el Congreso de la Unión es una realidad. En los Congresos estatales las mujeres ocupan el 53 % de las diputaciones, 13 de las 32 entidades federativas tienen gobernadoras, no así en las presidencias municipales, donde solo 718 de 2 mil 246 presidencias son ocupadas por mujeres.

En 2024 vivimos un acontecimiento histórico sin precedentes. Por primera vez en 200 años de vida republicana una mujer fue electa presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Su llegada a la Presidencia representa un avance histórico en la participación política de las mujeres mexicanas. Hoy nuestras niñas y jóvenes saben que una mujer puede llegar a ocupar la más alta responsabilidad de gobierno en nuestro país.

Compañeras y compañeros, desde esta tribuna expreso mi reconocimiento a las generaciones de mujeres que lucharon por nuestros derechos, a las primeras legisladoras que hicieron historia y a las compañeras que hoy continúan trabajando por nuestra participación política.

Estas conquistas que hoy celebramos nos comprometen a seguir luchando por nuestros derechos y ampliar la participación política de las mujeres en los gobiernos estatales, municipales y en la representación de nuestros pueblos y comunidades. Sin la participación política de las mujeres no hay democracia. Muchas gracias. (Habla en lengua originaria).

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias diputada.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Honorable asamblea, el 17 de octubre de 1953 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoció el derecho de las mujeres en nuestro país a votar y ser electas para cargos de elección popular en el ámbito federal.

La efeméride de este día nos recuerda a mexicanas valientes que alzaron la voz cuando hacerlo significaba enfrentar prejuicios, exclusión e indiferencia. Mujeres que entendieron que la democracia estaba incompleta mientras la mitad de la población permaneciera sin participación política.

En diferentes momentos Elvia Carrillo Puerto, Laureana Wright González, Hermila Galindo, María del Refugio García, Esther Chapa Tijerina, Amalia González Caballero, entre otras estaban convencidas de que la igualdad es un derecho y no un privilegio, gracias a su lucha incansable, las mujeres mexicanas accedieron a las urnas y abrieron las puertas de la representación política para las generaciones futuras.

En la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a 73 años de distancia, estamos convencidos de que la historia de México no puede entenderse sin la participación de las mujeres, que sin duda ha fortalecido a nuestras instituciones y la vida democrática de nuestro país.

Que este aniversario inspire esta soberanía a seguir fortaleciendo a un México en donde las infancias crezcan, sabiendo que sus sueños no tienen límites, en donde las mujeres continúen participando plenamente en la vida económica, social y política, y donde también la igualdad deje de ser una aspiración para convertirse en parte de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: El diputado Francisco Pelayo Covarrubias, sonido a su curul, hasta por un minuto.

El diputado Francisco Pelayo Covarrubias (desde la curul): Muy buenas tardes, con su permiso, presidenta. En Cabo San Lucas, Baja California Sur hay una profunda preocupación e indignación, pescadores, comerciantes, prestadores de servicios turísticos, harineros enfrentan nuevos incrementos a las tarifas portuarias que amenazan, por cierto, golpear drásticamente su economía, poner en riesgo sus fuentes de empleo y afectar el sustento de cientos de familias.

Quiero hacer, desde esta Cámara, un exhorto, un llamado a la Secretaría de Marina y a la administración del Sistema Portuario Nacional en Cabo San Lucas, para que suspendan los incrementos a las tarifas portuarias que están generando una gran preocupación entre los sectores turísticos, pesquero y náutico de Los Cabos.

Exigimos que la administración del Sistema Portuario de Los Cabos explique por qué solicitó estos aumentos y la Secretaría de Marina los justifique, por qué los autorizó.

Queremos cuentas claras, transparencia, exigimos saber cuánto se recauda actualmente por estos conceptos y en qué se van a invertir, que nos muestren un programa de rehabilitación, modernización y de proyectos para mejorar las instalaciones de nuestra Marina.

Desde aquí les pedimos que consideren que la gente de Los Cabos vive del turismo, de la pesca y del esfuerzo de miles de familias y desgraciadamente hoy por el abandono en temas de seguridad se están viendo afectados en sus ingresos.

Primero, que escuchen, que escuchen a nuestros sectores productivos y luego justifiquen los aumentos, pero con realidades que verdaderamente puedan beneficiar pues a nuestro sector turístico.

Muchas gracias, desde aquí les digo a todos los prestadores de servicios turísticos en Los Cabos que no están solos, Acción Nacional está con ustedes. Vamos a defenderles sus derechos. Es cuanto, presidenta. Gracias.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Isidro Enrique Villegas García, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por un minuto. Gracias, diputado.

El diputado Isidro Enrique Villegas García (desde la curul): Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. Quiero aprovechar este espacio para expresar mi solidaridad con las familias de Coatzacoalcos, Veracruz y de todo el distrito 11 federal, que hoy enfrentan las consecuencias de los desastres naturales que han afectado a nuestras comunidades y alterado la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

A todas las personas que están pasando por momentos difíciles, quiero decirles que no están solas, desde esta representación popular tienen un diputado que está atento a sus necesidades y dispuesto a trabajar para reforzar los esfuerzos de atención y apoyo y recuperación que hoy requiere nuestra gente.

También hago un llamado respetuoso a la ciudadanía para que atienda las indicaciones de protección civil y de las autoridades competentes. En una contingencia, la prevención, la información oportuna, la colaboración de todas y de todos son fundamentales para proteger la vida y la integridad de nuestras familias.

Quiero reconocer el trabajo y el esfuerzo que encabeza nuestra gobernadora de Veracruz, la ingeniera Rocío Nahle García, y al presidente municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, al doctor Pedro Miguel Rosaldo García, así como de los cuerpos de emergencia y de todas las personas que están trabajando para atender esta situación, así como la implementación del Plan DN-III por nuestras Fuerzas Armadas.

Desde esta Cámara de Diputados, reitero mi compromiso de sumar esfuerzos, acompañar a las familias afectadas y contribuir para que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan. Porque un representante popular significa estar cerca de la gente, especialmente en los momentos más difíciles.

Las familias de Coatzacoalcos, Veracruz y de todo nuestro distrito 11, les digo: cuentan conmigo, vamos a trabajar unidos con solidaridad, responsabilidad y compromiso para salir adelante. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por un minuto. Adelante.

El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo (desde la curul): Muchas gracias presidenta, con su permiso. Quiero leer un pronunciamiento sobre la solución de un conflicto entre el Ejido de Río Frío y la Estación Experimental Zoquiapan, perteneciente a la Universidad Autónoma Chapingo.

La Estación Experimental Forestal Zoquiapan, es un área protegida propiedad de la nación, que desde 1972 ha estado bajo la administración de la Universidad Autónoma Chapingo, y en 1993 la universidad ha recibido del gobierno federal formalmente el acta de entrega-recepción sobre este predio.

Este documento otorga la acreditación legal plena y la legítima posesión de la universidad sobre las mil 640 hectáreas de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, ubicada en el municipio de Ixtapaluca, estado de México.

Zoquiapan es un laboratorio vivo, es un centro de enseñanza y de investigación y es un área de prácticas de campo para la formación de profesionales relacionados con los recursos naturales, el bosque, la ecología, no solamente de Chapingo, sino también presta servicios a otras instituciones nacionales e internacionales.

Se trata de una zona boscosa que se preserva gracias a que está en manos de la universidad. Es un importante pulmón verde para toda la región. Presta servicios ambientales invaluables, entre ellos la filtración de agua para las comunidades cercanas.

Desde hace un año hay un conflicto entre ejidatarios de Río Frío, estado de México, y la institución, que ha derivado en que los habitantes de esta comunidad impiden el acceso de estudiantes y de profesores al área experimental, afectándose con esto el propósito de educación, investigación y manejo del área natural.

Desde este recinto, desde esta Cámara de Diputados, reitero mi apoyo a las acciones que las autoridades de la universidad han llevado a cabo ante distintas instancias de gobierno para la solución de este conflicto y ofrezco de nueva cuenta mi apoyo y mi colaboración como legislador, para alcanzar una solución.

Hago un llamado respetuoso a las autoridades correspondientes para que mediante su intervención se solucione este problema, pero sobre todo, hago un llamado nuevamente, de manera respetuosa, a la comunidad de Río Frío para que se restablezca el diálogo con los representantes de la UACH y se alcance un acuerdo que no afecte la posesión de la universidad sobre este invaluable centro educativo y que esto sea en favor de la conservación y también de la enseñanza forestal de los recursos naturales que es por el bien de todo México. Ofrezco nuevamente mi contribución para que se restablezcan las mesas de diálogo entre ambas partes.

Concluyo señalando que Chapingo es la máxima casa de estudios de enseñanza sobre el campo que da educación a miles de estudiantes que provienen principalmente de todas las zonas campesinas de México y que forma agrónomos por el bien de esta nación. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Magdalena Rosales Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por un minuto.

La diputada María Magdalena Rosales Cruz (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. La situación en Palestina cumple tres años de intensificación del conflicto desde octubre de 2023, un periodo en donde diversas organizaciones internacionales y comisiones de la ONU han clasificado formalmente como genocidio, con un enfoque deliberado en el ataque contra niños y destrucción de la población palestina.

El bloqueo de ayuda humanitaria, la desnutrición severa y el ataque de Gaza y de Cisjordania continúan afectando gravemente a la población civil. Las estimaciones señalan decenas de miles de víctimas mortales, incluyendo un alto porcentaje de mujeres y menores, más de un millón de desplazados internos y una crisis generalizada de hambruna y falta de servicios médicos operativos.

El día de ayer en este recinto laico del Estado mexicano fue recibido y homenajeado en compañía de la Embajada de Israel a la asociación religiosa cristiana evangélica, la Policía Celestial, que vive bajo el lema: Fuerza armada al servicio de Dios y la sociedad. La relación entre Israel y los grupos evangélicos, particularmente aliados con el llamado sionismo cristiano, es una alianza estratégica y geopolítica determinante.

El crecimiento de las comunidades evangélicas en la región de América latina ha configurado la política local. El gobierno de Israel ha implementado de forma activa la diplomacia de la fe, estrechando lazos diplomáticos con pastores, líderes religiosos y legisladores latinoamericanos, incluyendo esta Cámara de Diputados, para asegurar votos y apoyo en foros internacionales. En resumen, se trata de un pacto simbólico donde Israel obtiene un escudo político y financiero incondicional en Occidente.

Leonel Guillermo Prieto, conocido como el Comandante Chihuahua, fundó la asociación, detenido en 2007 en Estados Unidos por tráfico de drogas. Realizan los llamados operativos celestiales mediante pláticas motivacionales de trasfondo religioso en diversas comisarías de este país. Los primeros registros de actividad iniciaron en 2015 por medio del Congreso Nacional de Policías al Servicio de Dios y la Sociedad. En 2017 celebrarían su primer acuerdo de colaboración con la Comisión Especial contra la Trata de Personas, de la Cámara de Diputados y su presidenta la diputada del PRI, Julieta Fernández Márquez, del estado de Guerrero, para impartir estas...

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Concluya, diputada.

La diputada María Magdalena Rosales Cruz (desde la curul): ... charlas religiosas en 10 estados de la República. Ha habido muchos mártires para lograr la separación de la Iglesia y el Estado.

Por ello, este Estado laico, esta Cámara de Diputados se rehúsa a aceptar que continúe la presencia de grupos religiosos en este recinto, que es un homenaje también a los héroes de la patria. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por un minuto.

La diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez (desde la curul): Gracias, presidenta. Mi participación es para exponer un acontecimiento insólito, suscitado en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Este recinto es la casa del pueblo de México y el artículo 40 de nuestra Carta Magna establece que México es un estado laico, por eso no podemos permitir que sus instalaciones se usen para actos políticos y religiosos de grupos particulares.

Y quiero rectificar, quizá para eventos políticos, sí. Pero religiosos, jamás. Nuestra Constitución se respeta y debe ser inviolable. Ayer se dio a conocer que un grupo evangélico, a solicitud del diputado priista, Israel Betanzos, premió en el salón Verde de este Palacio Legislativo de San Lázaro, a alcaldes de la oposición y a la embajada de Israel, quienes son genocidas, pues han asesinado a más de 74 mil palestinos y han herido en menos de tres años a más de 175 mil pobladores de Gaza, esto tan solo refleja su inhumanidad y lo que ellos son, genocidas.

Premiar eso en el salón Verde, de Legisladores, es una ofensa a la memoria de las víctimas y a la dignidad que esta Cámara debería y debe representar. Al soberano, que somos los legisladores del pueblo de México y el pueblo de México.

Nadie les niega su derecho a reunirse y a pensar como quieran, pero háganlo en otro lugar. Este espacio no es suyo, es del pueblo de México y es para la defensa de los derechos humanos.

Hago un llamado a las autoridades administrativas de esta Cámara, en especial al área de eventos, para que revisen cómo se autorizan estos actos que detectan estas anomalías y garanticen que nuestras instalaciones no se presten a estos fines. Muchas gracias, les invito a que respetemos la histórica tradición diplomática del pueblo de México. Gracias. Que viva el pueblo palestino.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, diputada.

La presidenta diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (17:37 horas): Se levanta la sesión y cito para la próxima semana, que se llevará a cabo mañana miércoles 21 de octubre del año en curso a las 11 horas en modalidad presencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas, a través de las tabletas instaladas en las curules de las diputadas y de los diputados.

---o0o---